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|---|---|
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Juez: SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
Fecha: 06/03/2017 20:32:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO CIVIL - Sede Jr. Ausejo Salas N° 387
EXPEDIENTE : 00141-2006-0-1308-JR-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Secretario: SILVA GONZALES
ALVARO ROMEL ESPECIALISTA : SILVA GONZALES ALVARO ROMEL
Fecha: 07/03/2017 10:20:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMPRESA DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTES EL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL BARQUITO S.A.C ,
DEMANDANTE : NESTLE PERU S.A ,
Resolución Nro. Trece
Huacho, tres de febrero
Del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO:
1. Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016, NESTLE PERU S.A., solicita se declare al
ejecutado como Deudor Judicial Moroso y su inscripción en el Registro de Deudores
Judiciales Morosos.
2. De la revisión de los autos se observa que por Sentencia de fojas 63/65 se declaró
fundada la demanda, disponiéndose el pago de la suma de S/. 55,224.01, más los
intereses legales a favor del demandante.
3. Mediante Resolución N° 09 de fojas 79 se requirió a la demandada Empresa
Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el plazo de 3 días cumpla con
pagar a favor del demandante la suma adeudada, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, mediante Resolución N° 10 de fojas 90 se requirió a la ejecutad para que
señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados.
4. La empresa deudora hasta la fecha no ha hecho efectivo el pago a favor de la
demandante, por lo que se debe proceder conforme a lo normado por el Artículo 692-A
del Código Procesal civil establece lo siguiente:
“Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera
instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se
requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes
parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo
apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en
el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de
ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.”
(subrayado agregado)
5. Al no haberse decretado el apercibimiento conforme a ley, se debe requerir por última
vez a la deudora para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de
gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla
el mandato de pago.
6. Asimismo, mediante Oficio N° 238-2016-ALC/MDCL de fecha 26 de setiembre de 2016 de
fojas 103, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor solicita variar el domicilio legal de
la Empresa Distribuidora y Transporte el Barquito SAC. , porque en Calle Guillermo
Velásquez N° 184 – Huacho funcionan las oficinas de la Municipalidad Distrital de Santa
Leonor.
7. Habiéndose conferido traslado a la parte demandante con el Oficio N° 238-2016-
ALC/MDCL, esta no ha cumplido con pronunciarse al respecto. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor no es parte en el proceso y no indica donde se
encuentra el nuevo domicilio de la empresa demandada, quien no ha variado su
domicilio procesal; por lo que es improcedente lo solicitado.
Por estas consideraciones, se Resuelve:
a) Requerir a la Empresa Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el
plazo de Cinco días cumpla con señalar uno o más bienes libres de gravamen o
parcialmente gravados, para que con su realización se cumpla el pago a favor de la
demandante, Bajo Apercibimiento de ordenarse su Inscripción en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos de conformidad con lo establecido en el Artículo 692-
A del Código Procesal Civil.
b) Declarar Improcedente lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Santa Leonor.
Interviniendo el Secretario Judicial que autoriza por disposición superior.-
Notifíquese.- |
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Juez: SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
Fecha: 06/03/2017 20:32:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO CIVIL - Sede Jr. Ausejo Salas N° 387
EXPEDIENTE : 00141-2006-0-1308-JR-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Secretario: SILVA GONZALES
ALVARO ROMEL ESPECIALISTA : SILVA GONZALES ALVARO ROMEL
Fecha: 07/03/2017 10:20:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMPRESA DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTES EL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL BARQUITO S.A.C ,
DEMANDANTE : NESTLE PERU S.A ,
Resolución Nro. Trece
Huacho, tres de febrero
Del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO:
1. Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016, NESTLE PERU S.A., solicita se declare al
ejecutado como Deudor Judicial Moroso y su inscripción en el Registro de Deudores
Judiciales Morosos.
2. De la revisión de los autos se observa que por Sentencia de fojas 63/65 se declaró
fundada la demanda, disponiéndose el pago de la suma de S/. 55,224.01, más los
intereses legales a favor del demandante.
3. Mediante Resolución N° 09 de fojas 79 se requirió a la demandada Empresa
Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el plazo de 3 días cumpla con
pagar a favor del demandante la suma adeudada, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, mediante Resolución N° 10 de fojas 90 se requirió a la ejecutad para que
señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados.
4. La empresa deudora hasta la fecha no ha hecho efectivo el pago a favor de la
demandante, por lo que se debe proceder conforme a lo normado por el Artículo 692-A
del Código Procesal civil establece lo siguiente:
“Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera
instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se
requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes
parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo
apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en
el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de
ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.”
(subrayado agregado)
5. Al no haberse decretado el apercibimiento conforme a ley, se debe requerir por última
vez a la deudora para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de
gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla
el mandato de pago.
6. Asimismo, mediante Oficio N° 238-2016-ALC/MDCL de fecha 26 de setiembre de 2016 de
fojas 103, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor solicita variar el domicilio legal de
la Empresa Distribuidora y Transporte el Barquito SAC. , porque en Calle Guillermo
Velásquez N° 184 – Huacho funcionan las oficinas de la Municipalidad Distrital de Santa
Leonor.
7. Habiéndose conferido traslado a la parte demandante con el Oficio N° 238-2016-
ALC/MDCL, esta no ha cumplido con pronunciarse al respecto. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor no es parte en el proceso y no indica donde se
encuentra el nuevo domicilio de la empresa demandada, quien no ha variado su
domicilio procesal; por lo que es improcedente lo solicitado.
Por estas consideraciones, se Resuelve:
a) Requerir a la Empresa Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el
plazo de Cinco días cumpla con señalar uno o más bienes libres de gravamen o
parcialmente gravados, para que con su realización se cumpla el pago a favor de la
demandante, Bajo Apercibimiento de ordenarse su Inscripción en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos de conformidad con lo establecido en el Artículo 692-
A del Código Procesal Civil.
b) Declarar Improcedente lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Santa Leonor.
Interviniendo el Secretario Judicial que autoriza por disposición superior.-
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00155-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
EMPLAZADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO REPR POR EL PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, Y PROMOCION
DEL EMPLEO
REPRESENTANTE : SRA MARTHA DELGADO DE RIVERO PRESENTANTE
DE ESSALUD, TACNA
DEMANDADO : ESSALUD TACNA ,
DEMANDANTE : DELGADO DE LA FLOR CASTILLO, MARIA JESUS
Resolución Nro. 69
Tacna, doce de abril
del año dos mil dieciocho.-
DE OFICIO: VISTO Y CONSIDERANDO.- PRIMERO: Que la abstención es un acto inherente
al magistrado cuando se presentan motivos que perturban su función, con el objeto de
apartarse de conocer un determinado caso, en salvaguarda del principio jurisdiccional de
imparcialidad. SEGUNDO: Conforme al artículo 313° del Código Procesal Civil establece que
“Cuando se presentan motivos que perturban la función del Juez, éste, por decoro o
delicadeza, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada, remitiendo el
expediente al Juez que debe conocer de su trámite (…)”. TERCERO: Que, la parte
demandante en el presente proceso María Delgado de la Flor Castilllo presenta escrito con el
cual solicita cumplimiento de sentencia, siendo firmado por el abogado Raúl Santiago Oxacopa
Quispe, el mismo que vendría ser compadre de Rogelio Zea Catacora Juez del Juzgado de
Trabajo Transitorio, por ser padrino de confirmación del hijo mayor del abogado. CUARTO:
Bajo tales premisas, se concluye que Raúl Santiago Oxacopa Quispe compadre del magistrado
que suscribe, por lo que corresponde al Juzgador abstenerse por decoro, dado que existe
perturbación para poder conocer este proceso. QUINTO: Que es deber del magistrado
apartarse del conocimiento del proceso, incluso cuando se generen motivos fundados en
decoro o delicadeza, pues la razón de la disposición legal en comentario es que el Juzgador
que tenga motivos que le perturben para conocer un proceso deba apartarse, máxime cuando
es un principio de la función jurisdiccional la imparcialidad; en tal sentido deben pasar los autos
al magistrado llamado por ley, en atención del artículo 313 del Código Procesal Civil, en
consecuencia SE RESUELVE: ABSTENERME del conocimiento del presente proceso,
debiendo en consecuencia remitirse los actuados al Juzgado Especializado de Trabajo de
Turno de Tacna (Primer o Tercer Juzgado de Trabajo de Tacna) para su conocimiento y el
trámite correspondiente de la presente causa, debiendo prescindirse de la notificación de la
presente resolución por razones de celeridad y economía procesal. Asimismo en atención al Escrito Nº 006683-2018, mándese reservar a fin que sea atendido por el juzgado que conozca
el presente proceso. Hágase Saber.- |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01 - TOMO II
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : SAN ROMAN AQUIZE, LUIS MIGUEL
ESPECIALISTA : MENDOZA NUÑEZ, CARLOS
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A.
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN
Resolución N° 97
Tacna, trece de Julio del
Año dos mil veinte.-
VISTOS: La observación a la liquidación de intereses formulado por la demandada, a
fojas 920/921; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2019, el demandante
Robinson Adan Cuba Díaz, a través de su abogado patrocinante presenta propuesta de
intereses legales generados en la presente causa según señala. En tal sentido solicita se
requiera el pago por el monto de S/. 6,933.72 Soles.
SEGUNDO: La parte demandada Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. a
través de su Abogado, formula observación a la propuesta de liquidación de intereses
legales presentado por el demandante, se declare fundada la observación y se remita el
proceso al perito para que efectue la liquidación correspondiente, señalando lo
siguiente: 1) En la liquidación solo se ha indicado el monto de la deuda, fecha inicial y
día de pago, sin señalar que en diversas fechas se ha consignado pagos a cuenta,
teniendo estos efectos cancelatorios y no se puede indicar que el día de pago ha sido el
07 de enero del 2019. 2) En la liquidación de intereses presentada de S/. 6933.72 Soles
no se precisa ni se indica que tipo de interés, si es legal o laboral, no se indica la tasa o
el factor que se ha colocado para el cálculo de los intereses, tampoco se indica las fecha
del cálculo, es decir es una liquidación subjetiva. 3) La observación deviene infundada
y corresponde remitir el proceso al perito, para que proceda a efectuar la liquidación
correspondiente, teniendo en cuenta que en este caso de trata de intereses laborales.
TERCERO: Que, conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley N° 26636, ley
Procesal de Trabajo, el cálculo de intereses y otros similares se liquidan por la parte
vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario, en caso la otra parte
observe dicha liquidación deberá sustentarla en una liquidación de similar
naturaleza; asimismo, teniendo controversia sobre ello, el Juez decide cuál es la
liquidación correcta y en caso sea indispensable podrá recurrir a los peritos
contables con los que cuenta el juzgado o los que designe.
CUARTO: Que, el artículo tercero de la Decreto Ley N° 25920, dispone que el interés
que corresponde pagar por adeudo de carácter laboral es el fijado por el Banco Central
de Reserva del Perú, que taxativamente señala: “El interés legal sobre los montos
adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente día en que se produjo
el incumplimiento y hasta el día de su pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al
empleador o prueba haber sufrido algún daño.” QUINTO: Que, revisado la propuesta de intereses legales presentado por el
demandante, así como la observación formulada a dicha liquidación por el Abogado de
la parte demandada, se aprecia que no se han precisado y fundamentado la fórmula que
han utilizado para establecer el monto propuesto, no se ha indicado los pagos
efectuados para establecer el día de pago, no se indica el tipo de interés y no se indica
las fechas del cálculo de los intereses.- En consecuencia, en atención a lo dispuesto en el
artículo 78 de la Ley 26636, debe remitirse los autos al perito judicial de Turno
adscrito al Módulo Corporativo Laboral de Tacna, a fin que practique pericia contable
de los intereses, teniendo en cuenta la sentencia emitida en autos, lo actuado en el
proceso y las observaciones formuladas a la propuesta de liquidación. Consideraciones
por las cuales;
SE RESUELVE:
REMITIR los actuados al perito judicial de Turno adscrito al Módulo Corporativo Laboral de
Tacna, a fin que practique pericia contable de los intereses conforme a la sentencia y lo actuado
en el presente proceso.- TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A ,
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN
Resolución Nro. 87
Tacna, uno de octubre
del año dos mil dieciocho.-
I. ASUNTO:
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 023269-2018.-
II. FUNDAMENTOS:
1. Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 50º del
Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y velar
por su rápida solución.
2. Que estando a la revisión de autos se tiene la sentencia expedida mediante
resolución número setenta y uno de fecha once de noviembre del dos mil
dieciséis, declarando Fundada en Parte la demanda, siendo confirmada por el
Superior mediante Sentencia de Vista resolución número setena y nueve de
fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, revocando en el extremo del
monto a pagar por compensación por tiempo de servicios, vacaciones y
gratificaciones legales, señalando como nuevo monto la suma de
S/.19,361.80 soles.
3. Que estando al requerimiento efectuado mediante resolución número ochenta
y uno de fecha catorce de mayo del dos mil dieciocho, se tiene que la entidad
mediante escrito de fecha cuatro de julio del dos mil dieciocho adjunta el
Deposito Judicial Nº 20180151030577 por la suma de S/. 5,000.00 soles,
como pago a cuenta, señalando que el saldo se estará depositando en el
transcurso del mes, sin embargo a pesar del tiempo transcurrido y el
requerimiento efectuado con resolución numero ochenta y seis de fecha
veinte de agosto del dos mil dieciocho, la entidad no da cumplimiento en su
totalidad a lo ordenado por el juzgado, por lo tanto resulta procedente
efectuar el requerimiento en mérito a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda persona
o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales, en consecuencia y estando a las consideraciones antes expuestas;
III. DECISION:
REQUERIR NUEVAMENTE a la entidad demandada EMPRESA DE
TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L., CUMPLA con lo dispuesto en
la sentencia de vista expedida en autos, y abone al demandante la diferencia
restante ascendente a la suma de S/. 14,361.80 soles por concepto de pago
de beneficios sociales, debiendo remitir documentación actualizada sobre la
oportunidad de pago de los adeudos ordenado a favor del demandante, todo
ello en el plazo de 10 días y bajo apercibimiento de imponérsele multa
ascendente a DOS (02) Unidades de Referencia Procesal en caso de
incumplimiento. AL PRIMER OTROSI: Téngase presente. Notifíquese a las
partes.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A ,
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN APO JOSE LINARES
CORNEJO
Resolución Nro. 81
Tacna, catorce de mayo
del año dos mil dieciocho.-
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 008921-2018.- AL PRINCIPAL.- VISTOS: Estando
al escrito presentado por José Salomón Linares Cornejo apoderado de Robinson Adán Cuba
Diaz parte demandante en el presente proceso y en relación al requerimiento se provee como
sigue; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1
del artículo 50º del Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y
velar por su rápida solución. SEGUNDO: Que de la revisión de autos se tiene la sentencia
expedida mediante resolución número setenta y uno de fecha once de noviembre del dos mil
dieciséis, declarando Fundada en Parte la demanda, posteriormente al ser apelada la
sentencia es confirmada por el Superior mediante Sentencia de Vista resolución número setena
y nueve de fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, asimismo revoca en el extremo del
monto a pagar por compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones legales,
señalando nuevo monto; en consecuencia, se tiene que la sentencia de vista tiene calidad de
cosa juzgada de conformidad con el artículo 123° del Código Procesal Civil, el cual es de
aplicación supletoria. TERCERO.- Por otro lado, la parte demandante solicita se requiera a la
entidad demandada a fin de que cumpla con lo dispuesto en la sentencia de vista expedida en
autos, ya que la misma ha quedado firme y a la fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto
resulta procedente efectuar el requerimiento en mérito a lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda persona o autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en consecuencia y estando a
las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE: REQUERIR a la entidad demandada
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L., CUMPLA con lo dispuesto en
la sentencia de vista expedida en autos, que señala textualmente: “CONFIRMARON la sentencia
número setenta y uno de fecha once de noviembre del año dos mil dieciséis, que obra de folios setecientos sesentiseis a
folios setecientos setenticuatro, que resolvió declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 69 a 72 interpuesta
por Robinson Adan Cuba Diaz representado por su apoderado José Salomón Linares cornejo, en contra de la Empresa
de Transportes Flores Hermanos S.R.L, sobre indemnización por despido arbitrario y cobro de beneficios sociales, más
los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia; Infundada la demanda en el extremo de
trabajo extraordinario. REVOCARON en el extremo que ordena pagar por Compensación por Tiempo de Servicios S/. 2,343.86, vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/. 4,007.51, y el extremo que
resuelve sin costas ni costos. REFORMÁNDOLA, la Empresa Flores Hermanos S.R.L, deberá pagar al demandante,
por el concepto de Compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 5,472.99, por Vacaciones Legales S/.
4,596.96, y por Gratificaciones legales S/. 9,291.85, que suman un total de S/.19,361.80. Con el pago de costos y
costas del proceso. ”, todo ello en el plazo de 10 días hábiles de recibido el oficio respectivo y
bajo apercibimiento de imponérsele multa compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento.
Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
RELATOR : LUIS BUSTINZA SAIRA
DEMANDADO : TRANSPORTES FLORES HERMANOS SRL
DEMANDANTE : JOSÉ SALOMON LINARES CORNEJO APODERADO DE
ROBINSON ADAN CUBA DIAZ
SENTENCIA DE VISTA
Resolución N° 79
Tacna, cuatro de diciembre
Del año dos mil diecisiete.
VISTOS:
El proceso laboral (Ley 26636), seguido por José Linares Cornejo apoderado
de Robinson Adán Cuba Díaz, en contra de la Empresa de Transporte Flores
Hermanos, sobre pago de compensación por tiempo de servicios, vacaciones,
indemnización vacacional, gratificaciones, horas extras, despido arbitrario. Con
la inconcurrencia de las partes al informe oral. Interviniendo como ponente el
señor Juez Superior Ayca Gallegos.
Objeto del recurso:
Es Materia de revisión por esta Sala, en Grado de Apelación la sentencia
número setenta y uno de fecha once de noviembre del año dos mil dieciséis,
que obra de folios setecientos sesentiseis a folios setecientos setenticuatro,
que resolvió declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 69 a 72
interpuesta por Robinson Adan Cuba Diaz representado por su apoderado José
Salomón Linares Cornejo, en contra de la Empresa de Transportes Flores
Hermanos S.R.L, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y Cobro de
Beneficios Sociales. En consecuencia: a) Se dispone que la demandada
cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 9,755.11 (NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 11/100 NUEVOS SOLES) por los
siguientes conceptos: Compensación por tiempo de servicios la suma de S/.
2,343.86, vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma
de S/. 4,007.51, más los intereses legales laborales que se calcularán en
ejecución de sentencia; b) Infundada la demanda en el extremo de trabajo
extraordinario. Sin costos ni costas.
Pretensión Impugnativa y expresión de agravios del demandante (folio
781/785):
1 El demandante, presenta recurso impugnatorio de apelación, alegando,
esencialmente, lo siguiente: i) Que, no ha considerado los medios de prueba
que acreditan que las labores iniciaron el 30 de enero del 2001 hasta el 08 de
agosto del 2005; ii) La remuneración que percibía el demandante ha sido
probada con el acta de inspección especial, donde la propia demandada
mediante su representante declara que el sueldo era de S/. 1,106.00, por lo
que no debió considerar la cantidad de S/. 460.00 para hacer la liquidación de
beneficios sociales; iii) La CTS, fue considerada solamente hasta el mes de
abril del 2005 debiendo ser hasta el mes de agosto del 2005; iv) Para el pago
de las vacaciones, se consideró S/. 506.00, debiendo ser S/. 1,106.00; v)
Pago de horas extras, ha sido probado mediante el manifiesto de pasajeros
donde aparece la fecha y hora de salida de los viajes que efectuaba, fuera de
la región sur, especialmente a la ciudad de Lima e intermedios, como son Ica y
otros lugares lejanos, laborando ininterrumpidamente más de ocho horas
diarias de trabajo.
FUNDAMENTOS:
Delimitación del Petitorio.
1. El presente proceso tiene por objeto el pago de la remuneración adeudada
de un mes S/. 658.00, compensación por tiempo de servicios, vacaciones
legales, indemnización vacacional, gratificaciones, horas extras. Refiere, que
ha laborado en calidad de chofer profesional interprovincial desde el 30 de
enero del 2001 hasta el 08 de agosto del 2005, con la remuneración total de S/.
1,152.00.
Marco Normativo:
2. Decreto Supremo N° 003-97-TR, artículo 5° señala: ”Constituye
remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por
sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación
que tenga, siempre que sea de su libre disposición (…)”.
3. La CTS se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios (Decreto Supremo Nº 001-97-TR) y
Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (Decreto
Supremo Nº 004-97-TR) y normas complementarias; establece: La
compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de
previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción
del trabajador y su familia.
4. Las Vacaciones se encuentran reguladas en el Decreto Legislativo Nº 713
(Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de
2 la Actividad Privada) y Decreto Supremo Nº 012-92-TR (Reglamento sobre
Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de
la Actividad Privada), establece: El trabajador tiene derecho a treinta días
calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios.
5. Las gratificaciones, encuentran reguladas en la Ley Nº 27735, Decreto
Supremo Nº 005-2002-TR, Decreto Supremo Nº 005-2002-TR y Decreto
Supremo Nº 007-2009-TR. Establece: La ley se aplica a los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, entendiéndose por las
modalidades de contrato de trabajo referidos por el artículo 1° de la ley a los
contratos de trabajo a plazo indeterminado, los contratos de trabajo sujetos a
modalidad y de tiempo parcial. También tienen derecho los socios –
trabajadores de las cooperativas de trabajadores.
Antecedentes:
6. El accionante mediante su apoderado, reclama mediante su demanda
subsanada (folio 69/72, 464/466) el pago de sueldo insoluto de 8 días S/.
307.20; la compensación por tiempo de servicios, S/. 4,606.16; vacaciones
legales, S/. 4,608.00; indemnización vacacional, S/. 4,608.00; gratificaciones,
S/. 4,608.00; y horas extras, S/. 77,640.00. Refiere, que ha laborado en calidad
de chofer profesional interprovincial desde el 30 de enero del 2001 hasta el 08
de agosto del 2005, con la remuneración total de S/. 1,152.00 (comprende
1,106.00 más 46.00 de asignación familiar).
7. La Empresa de Transporte Flores Hermanos, contesta la demanda (folio
317/335) deduciendo las excepciones de caducidad, prescripción extintiva de la
acción, falta de legitimidad para obrar del demandado y Oscuridad o
Ambigüedad en el modo de proponer la demanda. En cuanto al fondo de
asunto, señala que el actor ingresó a laborar el 01 de diciembre del 2004 hasta
el 30 de abril del 2005, desempeñándose como conductor, no habiendo sido
despedido arbitrariamente, pues a partir del 01 de mayo del 2005 empezó a
laborar para la Empresa CETUR S.R.L, de manera voluntaria, conforme lo
acredita con la boleta de pago del mes de agosto del 2005, habiendo percibido
S/. 460.00 mensuales, conforme obra de las boletas de pago, siendo falso que
se le pagara S/. 1,152.00.
8. La sentencia de primera instancia (folio 766/774) declara fundada en parte la
demanda, ordenando pagar por los siguientes conceptos: Compensación por
tiempo de servicios la suma de S/. 2,343.86, vacaciones la suma de S/.
3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/. 4,007.51, más los intereses
legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia. Infundada la
demanda en el extremo de trabajo extraordinario. Sin costos ni costas.
Considerando el tiempo de servicios desde el 30 de enero del 2001 al 30 de
3 abril del 2005, y como monto remunerativo la suma de S/. 506.00 (460 más
46.00 de asignación familiar).
Análisis del Caso:
9. De lo expuesto por las partes, se colige que existe acuerdo que, mientras
mantuvieron la relación laboral entre el actor Robinson Adan Cuba Diaz y la
demandada la Empresa de Transportes Flores Hermanos, fue en calidad de
chofer. Siendo la cuestión controvertida, el tiempo de servicios, la
remuneración percibida, y finalmente si le corresponde los beneficios sociales
demandados, las horas extras y la remuneración insoluta.
10. En relación a los conceptos estimados en la sentencia, tenemos, que la
parte demandada no ha apelado de la recurrida, por lo que presumimos, que se
encuentra conforme con la sentencia, teniendo el carácter de cosa juzgada
para la Empresa emplazada; mientras que el actor se encuentra disconforme
con la apelada, en los extremos del tiempo de servicios, y la remuneración
percibida que sirvió de cálculo para la liquidación de la CTS, las gratificaciones
y las vacaciones; para tal efecto, examinaremos los medios de prueba en su
conjunto, así tenemos: i) Manifiesto de pasajeros (folio 1/44) que tienen la
fecha más antigua del 30 de abril del 2001 y del 08 de agosto del 2005 (folio
348/408), el más antiguo tiene la fecha del 25 de Mayo del 2001 y del 19 de
julio del 2005, laborando como chofer (copiloto), observándose el
correspondiente sello de SUNAT-ADUANA-TACNA - TOMASIRI.; ii) Informe N°
243-2005 (52/56) de la Dirección Regional de Trabajo de Tacna, advirtiéndose
que se verificó que el actor ingreso a la Empresa el 30 de enero del 2001 hasta
el mes de abril del 2005, con la remuneración de S/. 1,106.00; iii) Documentos
de orden de traslado (folio 63/64) de fecha 30 de enero del 2001 y del 18 de
febrero del 2001; iv) Liquidación de beneficios sociales efectuada por la
Dirección Regional de Trabajo de Arequipa, siendo a instancia de parte; v)
Parte de los Boletos de viaje a Lima, del cual no aparece el nombre del
demandante; vi) Boleta de pago (folio 305) emitida por la Empresa CETUR
SRL, correspondiente al mes de agosto del 2005, apareciendo el nombre del
actor y que ingresó a trabajar para dicha empresa el 01 de mayo del 2005; vii)
Boleta de pago (folio 304) emitida por la empresa de Transporte Flores
Hermanos, correspondiente al mes de abril del 2005, apareciendo la
remuneración de S/. 460.00 de básico, como bonificación S/. 600.00 y como
Asignación familiar S/. 46.00, sumando S/. 1,106.00; viii) Boletas de pago (folio
306/309), de los meses de diciembre del 2004, enero y febrero del 2005,
aparece como básico S/. 460.00 y como asignación familiar S/. 46.00 sumando
S/. 506.00, no apareciendo el pago de la bonificación que se pagó en el mes
de abril del 2005.
4 11. En primer lugar, es necesario determinar el tiempo de servicios y la
remuneración percibida por el actor. Respecto, a la remuneración, tenemos de
los medios de prueba señalados en el considerando precedente, además, que
en la Audiencia Única de ley (folio 509/515) en la etapa referida a la “Actuación
de los medios probatorios de la parte demandante”, en donde la demandada
debería exhibir la original de la boleta de pago por el monto de S/. 1,152.00, en
ese acto dijo: “Que, han presentado como recaudo a su contestación de
demanda el documento solicitado que corresponde al mes de abril del
2005 cuyo monto correcto es de S/. 1,106 nuevos soles y que en autos
corre a fojas 304, documento que corre en copia legalizada.- El Juzgado.-
Téngase por cumplido el mandato”. Revisados los autos, tenemos que
efectivamente dicha boleta de pago señalada en la audiencia, obra a folios 304
del que aprecia que al actor se le pagó en el mes de abril del 2005, la suma
total de S/. 1,106.00, señalando la propia demandada que, es el monto
correcto. Lo que implica que es este monto remunerativo que deberá tenerse
en cuenta para efectos de los cálculos correspondientes, tomando en cuenta lo
expresado por la emplazada y corroborado con la boleta de pago citada.
12. Relativo al tiempo de servicios, tenemos que existe discrepancia entre las
partes, respecto a este punto; por un lado la demandada reconoce que el actor
laboró hasta el 30 de abril del 2005; sin embargo el demandante señala que
trabajó hasta el 08 de agosto del 2005, como así aparece también en el
manifiesto de pasajeros de folios uno, pero sin sello alguno de haber pasado
por los controles de la SUNAT (Bus Interprovincial), sin ello no nos da certeza
de su validez, en contraste con los otros manifiestos que si tienen sello de la
SUNAT, por tanto, solamente se considerará hasta el 25 de junio del 2005,
como así aparece del manifiesto de pasajeros de folios cinco, en donde sí se
aprecia el logo de Transportes Flores Hermanos S.R.L, estando como chofer al
demandante Cuba Díaz Robinson Adan, con el respectivo sello de la
Intendencia SUNAT-ADUANA-TACNA –Tomasiri. Consecuentemente, queda
establecido que el actor ingresó a laborar para la empresa Flores Hermanos
SRL, desde el 30 de enero del 2001 al 25 de junio del 2005.
13. Habiendo quedado determinado la remuneración percibida y el tiempo de
servicios prestados por el demandante, es procedente efectuar la liquidación de
beneficios sociales, de compensación por tiempo de servicios, vacaciones
legales, y gratificaciones, que fueron admitidas por la demandada al no apelar
de la recurrida. Debiendo ser de la manera siguiente:
Cálculo de la Compensación por Tiempo de servicios desde el 30/01/2001
al 25/06/2005
PERIODO REMUNERACION 1/6 REMUNERACION TIEMPO CALCULO IMPORTE
GRATIFICACION COMPUTABLE TOTAL
5 30-01-01/30-04-01 1106.00 1106.00 91 días 1106.00/360*91 279.57
01.05.01/31.10.01 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.01/30.04.02 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.02/31.10.02 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.02/30.04.03 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.03/31.10.03 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.03/30.04.04 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.04/31.10.04 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.04/30.04.05 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.05/25.06.05 1106.00 184.33 1290.33 55 días 1290.33/360*55 197.13
5638.04
Depósi to US$ 63.48 Cta. N° 740-901375 4 el 26/12/2005 a fjs. 311 165.05
5472.99
Cálculo de las Vacaciones Legales desde el 30/01/2001 al 25/06/2005
PERIODO REMUNERACION TIEMPO CALCULO VACACIONES VACACIONES TOTAL
LEGALES TRUNCAS
30-01-2001/29-01-2002 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2002/29-01-2003 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2003/29-01-2004 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2004/29-01-2005 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2005/25-06-2005 1106.00 116 días 1106.00/360*116 356.38 356.38
4780.38
Depósito Judicial N° 200515102265 a fjs. 312 183.42
4596.96
Cálculo de las Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad desde el
30/01/2001 al 25/06/2005
REMUNERACION
CALCULO
COMPUTABLE CALCULO BONIF EXTR.
PERIODO FIESTAS TOTAL
FIESTAS NAVIDAD LEY 29351
NAVIDAD PATRIAS
PATRIAS
30-01-2001/31-12-2001 1106.00 1106.00 921.67 1106.00 2027.67
01-01-2002/31-12-2002 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2003/31-12-2003 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2004/31-12-2004 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2005/25-06-2005 1106.00 921.67 921.67
9585.33
Depósito Judicial N° 2005015102494 a fjs.
315 293.48
9291.85
Resumen:
Importes
Detalle
Adeudados
6 C.T.S 5472.99
Vacaciones Legales 4596.96
Gratificaciones legales 9291.85
Totales 19,361.80
14. Como es de verse de la liquidación de beneficios sociales, al actor le
corresponde por Compensación por Tiempo de Servicios, la suma de S/.
5,472.99, por Vacaciones Legales S/. 4,596.96, y por Gratificaciones legales S/.
9,291.85, que sumados son S/. 19,361.80. Al no haber documentación alguna
de haberse cancelado dichos beneficios sociales, salvo algunos adelantos que
se han descontado; la Empresa Flores Hermanos S.R.L, debe dar
cumplimiento con el pago de estos conceptos demandados y estimados.-
Absolviendo el Grado:
15. Al respecto, tenemos que el señor Juez efectúa un examen exhaustivo de
los beneficios sociales estimados, resaltando lo mismo que el colegiado; que el
demandante al ser chofer de los omnibuses interprovinciales de la Empresa
Flores Hermanos SRL, le corresponde los beneficios sociales de compensación
por tiempo de servicios, vacaciones legales y gratificaciones legales; a
excepción de la remuneración y el tiempo de servicios sobre la base que se
calculó los beneficios sociales, el cual ha sido corregido; merituándose, lo
demás, con los numerosos medios de prueba relativos al tema. Por tanto, es
procedente confirmar en parte la sentencia venida en grado.
16. El demandante, impugna la recurrida en cuanto al monto remunerativo y el
periodo de tiempo utilizado para el cálculo del pago de la compensación por
tiempo de servicios, las vacaciones, las gratificaciones al no haberse
considerado la remuneración de S/. 1,106.00 para efectos del cálculo de los
beneficios sociales; además, cuestiona el no pago de horas de sobretiempo. Al
respecto, siendo objetivos, se debe considerar el monto remunerativo que
aparece de la boleta de pago de folios 304; tal como lo ratificó la demandada
en la audiencia única de ley, manifestando que, el pago mensual era de S/.
1,106.00; y en cuanto al tiempo de servicios, debemos considerar que el actor
laboró hasta el 25 de junio del 2005, tal como aparece del manifiesto de
pasajeros, que tiene el sello respectivo de Aduanas, que se infiere que el actor
se encontraba efectivamente laborando en dicho día; siendo procedente
estimar este agravio. En cuanto a las horas extraordinarias de trabajo, que
alega el demandante, que debe pagársele. Al respecto, existe jurisprudencia
uniforme de la Corte Suprema, en relación a las horas extras de choferes de
vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros, en cuanto realizan
servicios intermitentes; pues la Segunda Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria se ha pronunciado entre los años 2016 y 2017 por lo menos
en seis oportunidades, en las casaciones de la Libertad 13294-2015, 3780-
7 2014, 10009-2015, 2096-2016, 15102-2015, y en todas ellas han resuelto que
no le corresponde horas extras a dichos choferes.
17. Costos y Costas del proceso.- Procede el pago de costos y costas de
proceso, en cuanto la empresa demandada, ha utilizado las herramientas
procesales que la ley le permite, y habiendo sido vencida en el presente
proceso, le corresponde al pago de las costas y costos del proceso, previstos
en el artículo 48. Numeral 4) la Ley 26636 y el artículo 410 y 411 del Código
Procesal Civil.-
CONFIRMARON la sentencia número setenta y uno de fecha once de
noviembre del año dos mil dieciséis, que obra de folios setecientos sesentiseis
a folios setecientos setenticuatro, que resolvió declarando FUNDADA en parte
la demanda de fojas 69 a 72 interpuesta por Robinson Adan Cuba Diaz
representado por su apoderado José Salomón Linares cornejo, en contra de la
Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L, sobre indemnización por
despido arbitrario y cobro de beneficios sociales, más los intereses legales
laborales que se calcularán en ejecución de sentencia; Infundada la demanda
en el extremo de trabajo extraordinario. REVOCARON en el extremo que
ordena pagar por Compensación por Tiempo de Servicios S/. 2,343.86,
vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/.
4,007.51, y el extremo que resuelve sin costas ni costos. REFORMÁNDOLA, la
Empresa Flores Hermanos S.R.L, deberá pagar al demandante, por el
concepto de Compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 5,472.99,
por Vacaciones Legales S/. 4,596.96, y por Gratificaciones legales S/. 9,291.85,
que suman un total de S/.19,361.80. Con el pago de costos y costas del
proceso. Y los devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
TITO PALACIOS
AYCA GALLEGOS
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario De Sala: HUANCA LUPACA LILA NORAH
Fecha: 20/02/2017 11:09:35
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
RELATOR : BUSTINZA SAIRA, LUIS AMERICO
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN APO JOSE LINARES CORNEJO
Resolución N° 73
Tacna, dieciséis de Febrero
Del año dos mil diecisiete.-
Por recibido el expediente. AUTOS Y VISTOS: El Pedido de inhibición formulado por el señor
Magistrado Flores Alanoca; PRIMERO: Que la abstención es un acto inherente al Magistrado
cuando se presentan motivos que perturban su función, con el objeto de apartarse de conocer
un determinado caso en salvaguarda del principio jurisdiccional de imparcialidad. Asimismo
conforme a lo prescrito en el artículo 305° (inciso 5) del Código Procesal Civil, ha previsto que
un Juez se encuentra impedido de dirigir un proceso cuando ha conocido el proceso en otra
instancia, salvo que haya realizado únicamente actos procesales de mero trámite. SEGUNDO:
Que en el presente caso, se desprende que el Juez Superior Flores Alanoca, se abstiene de
conocer el presente proceso debido a que ha intervenido como magistrado en primera
instancia (folios seiscientos treinta y seis a seiscientos noventa y nueve), habiendo emitido
fallo conforme es de verse de la Sentencia expedida mediante resolución número cuarenta y
nueve, de fecha dos de octubre del dos mil doce, obrante de folios seiscientos cuarenta y dos a
seiscientos cuarenta y nueve. TERCERO: En tal sentido, conforme al marco normativo antes
descrito, se tiene que la causal invocada se encuentra acreditada en autos, en la medida que el
señor Juez Superior abstinente ha interviniendo en un acto procesal de trascendencia, como es
la emisión de la sentencia que resuelve declarar Fundada en Parte la demanda incoada,
evidenciándose que ya tiene una posición determinada sobre el cauce del presente proceso.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 306° del Código
Procesal Civil; RESOLVIERON: APROBAR la abstención formulada por el señor Juez Superior
Flores Alanoca, llamaron para integrar Sala al llamado por Ley. Tómese Razón y Hágase Saber.
Avocándose al conocimiento de la causa los señores magistrados que suscriben por disposición
del superior.-
GORDILLO COSSIO
BEGAZO DE LA CRUZ. Señores:
He conocido el presente proceso como Juez de Primera Instancia y siendo así he expedido
actos procesales que rebasan el mero trámite en la prosecución del proceso, conforme se
verifica de autos de fojas 642 a 649 (Sentencia de fecha dos de Octubre del dos mil doce); en
consecuencia, a fin de que no se dude de mi imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 305.5 del Código Procesal Civil, me abstengo de intervenir en el presente
proceso por tener impedimento, debiendo pasar los autos al llamado por ley.
Tacna, 16 de Febrero del 2017.
Dr. Jael Flores Alanoca
Juez Superior |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00174-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 40, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 60/100 SOLES, más los intereses devengado, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 de mayo de 2007 (folios 41-42), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00174-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 40, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 60/100 SOLES, más los intereses devengado, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 de mayo de 2007 (folios 41-42), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00186-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 18, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra MIK CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES, más los
intereses devengado, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 y 17 de mayo de 2007 (folios 19-20), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00186-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 18, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra MIK CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES, más los
intereses devengado, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 y 17 de mayo de 2007 (folios 19-20), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00188-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00188-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00220-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MANCORA TRADING SA ,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
Resolución N° DIECISIETE (17)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 13 de fecha 26 de febrero
de 2008, a folio 304 al 306, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por MARINA DE
GUERRA DEL PERÚ contra MANCORA TRADING SA; en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UNO SOLES CON 25 /100
SOLES, más los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso, Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, conforme se observa de
la constancia de notificación de folio 338, se debe disponer el archivo
provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del Juzgado; toda
vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo se remiten los
proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA SUPERIOR MIXTA DE LA PROVINCIA DE PISCO
_____________________________________________________________________________
EXPEDIENTE N°: 000293-2006-51-1411-SP-LA-01
DEMANDANTE : HUGO FELIX OCHOA LA ROSA
DEMANDADO : FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC.
MATERIA : NULIDAD DE DESPIDO
PROCEDENCIA : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE PISCO.
JUEZ : MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI
A U T O D E V I S T A
RESOLUCIÓN N° 09
Pisco, quince de mayo
Del dos mil diecinueve.
AUTOS Y VISTOS; Con observancia de las formalidades
previstas en el artículo 138° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; interviene como ponente la señora Juez Superior (p) Martha Ruiz
Pérez; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución número cuatro de
fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho, obrante de fojas ciento
cuarenta y seis a ciento cincuenta y uno, que resuelve declarar infundado el recurso
de oposición a la medida cautelar decretada mediante resolución número dos, de
fojas ciento dos, que realiza la empresa demandada Fabrica Tejidos Pisco SAC,
mediante escrito de fojas ciento treinta, con lo demás que contiene y es materia de
grado.
SEGUNDO: RECURSO DE APELACION
2.1. De conformidad con lo establecido por el artículo 364° del Código Procesal
Civil, (de aplicación supletoria al presente caso), el recurso de apelación tiene por
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de
tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente. Por su parte el artículo 366° del mismo
cuerpo legal prescribe que es requisito de procedencia del recurso de apelación, la
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en
la resolución impugnada y precisando su naturaleza.
2.2. Debe tenerse presente que los medios de impugnación configuran los
instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales1 para corregir, modificar,
revocar o anular los actos y las resoluciones tanto judiciales como administrativas
cuando éstas adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia. La finalidad
1 Artículos 35° y 36° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, concordados con Artículo 364° del Código Procesal Civil
de aplicación supletoria al presente proceso.
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SALA SUPERIOR MIXTA DE LA PROVINCIA DE PISCO
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como podemos ver es demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los
motivos que se tiene para considerarla errónea y como dicha suficiencia se relaciona
a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre
los errores incurridos por el juzgador; son inadmisibles las apelaciones planteadas
que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto y en modo
alguno se hacen cargo del enfoque jurídico utilizado por el A quo para resolver la
cuestión controvertida.
2.3. También debe tenerse en cuenta que “El Juez Superior tiene la facultad de poder
revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior; sin embargo,
cabe precisar que la extensión de los poderes de instancia de alzada está presidida por un postulado
que limita su conocimiento recogido por el aforismo tantun appelatum, quantum devolutum, en
virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios
que afectan al impugnante”.2 A ello debe agregarse que al amparo del “principio de
limitación aplicable a toda actividad recursiva le impone al Tribunal (…) la
limitación de sólo referirse al tema de la alzada”3.
TERCERO: FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
Fluye de autos que por escrito de fojas ciento cincuenta y tres a ciento cincuenta y
ocho, la demandada Fabrica de Tejidos Pisco SAC, interpone recurso de apelación
contra la decisión anotada en el primer acápite, por considerar puntualmente que:
(cid:1)
Argumenta que en la resolución treinta y cuatro de fecha 23/12/2008
expedida, por la Sala Mixta de Pisco, mediante dicha resolución se declaró
fundada la petición del demandante de ser repuesto en Fabrica de Tejidos
Pisco S.A.C., hecho que se puede verificar con una simple leída de la copia
que adjuntan o de la propia resolución que obra en autos también, quedando
claro que de ninguna manera se ordena que se incorpore al proceso a Fabrica
de Tejidos Pisco SAC., como sucesora procesal de COTTONIFICIO
SURPERU S.A.C., como extrañamente alega el demandante, por lo cual
resulta ser falso el argumento que se sustenta en el pedido cautelar, no
habiendo en la indicada resolución la incorporación que temerariamente
alude como argumento de su petición.
(cid:1)
El juez tuvo en cuenta que el demandante después de la expedición de la
resolución número treinta y cuatro, en claro entendimiento que dicha
resolución no les obliga a pago alguno, solicitó al juzgado mediante escrito de
fecha 20/04/2009 se declare la sucesión procesal de la empresa Cottonifício
SURPERÚ S.A.C. a favor de Fabrica de Tejidos Pisco S.A.C. pedido que fue
declarado improcedente por el juzgado mediante resolución número treinta y
nueve de fecha 22/04/2009, dicha resolución fue apelada por el demandante
y la Sala Mixta de Pisco mediante resolución número dos de fecha
27/11/2009 confirmo lo resuelto en la resolución número treinta y nueve,
quedando sumamente claro de esta manera que Fabrica de Tejidos Pisco
2 Casación N° 626-01-Arequipa
3 STC. Expediente N° 04492-2008-AA/TC.
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SALA SUPERIOR MIXTA DE LA PROVINCIA DE PISCO
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S.A.C. no es sucesora de Cottonifício SURPERU S.A.C., ni mucho menos es
parte en el proceso, menos aún obligada a pago alguno.
(cid:1)
Argumenta que, el escrito de oposición no ha sido resuelto por el juzgado en
la resolución número cuatro ha omitido severamente, en no pronunciarse
sobre los fundamentos y pruebas de la oposición, que de manera
contundente demuestran que su empresa no es parte del proceso y así lo han
demostrado las resoluciones que hacen referencia, que corren en autos y que
han sido expedidas por el juzgado y la Sala Mixta de Pisco, por lo que resulta
claro que se ha perjudicado a su empresa con la medida cautelar dictada en su
contra, cuando está debidamente acreditado que no es parte en el proceso.
(cid:1)
También señala que nada de lo que ha sustentado y probado en su oposición
ha sido tomado en cuenta en el pronunciamiento del juzgado, resolución que
evidencia falta de motivación sobre los hechos denunciados.
(cid:1)
El juzgado no ha tenido ni un solo argumento ni prueba para establecer la
responsabilidad de nuestra empresa sobre pago alguno, por lo que mal ha
hecho en conceder la presente medida cautelar, en base a solo conjeturas o
deducciones.
(cid:1)
También señala que se encuentra evidenciado de lo resuelto en autos, que el
demandante actuó con temeridad, argumentando mentiras e induciendo a
error al juzgado con la finalidad de obtener la resolución de embargo, pese
que tiene conocimiento de lo resuelto en autos por distinta instancias que ha
determinado la no inclusión de Fábrica de Tejidos al proceso que no es parte
del mismo, y que no tiene responsabilidad alguna sobre la deuda que se
pretende hacerle responsable.
(cid:1)
Finalmente señala que, resultan claros los errores incurridos por el juzgado al
momento de expedir la resolución número cuatro, y la falta de motivación de
la misma, es por ello que interponen la presente apelación a fin que el
superior con mayor criterio, seriedad y análisis de los actuados, revoque la
resolución número cuatro, declarando fundada la oposición e improcedente
la medida cautelar concedida indebidamente al demandante, entre otros
argumentos que ahí expone que sólo refuerzan lo antes expuesto.
CUARTO: DEL PRINCIPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APELLATUM
4.1. Este principio a decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de
apelación se hallan limitados por la extensión del recurso; por ello, sufre una
limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada
de la sentencia, pues entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que
es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum
apellatum, o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la
extensión del recurso.
4.2. El órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional, tiene una
limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por
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SALA SUPERIOR MIXTA DE LA PROVINCIA DE PISCO
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los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de
absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona;
cabe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante, debe estar en
concordancia con lo que se propuso en la demanda, y lo que se argumentó en la
contestación de la misma, básicamente a los puntos controvertidos sujetos a prueba.
4.3. Este principio pone la limitación al órgano revisor, para que se pronuncie sobre
el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el
recurrente. Sólo lo que cuestiona el apelante (principio dispositivo) del acto procesal
impugnado, es materia de conocimiento del tribunal superior, lo que dejó
consentido o lo que no atacó ya no debe ser materia de pronunciamiento por el
revisor.
QUINTO: DE LA MEDIDA CAUTELAR
5.1. Una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el
derecho a la ejecución de resoluciones judiciales, para lo cual el ordenamiento
procesal provee al ciudadano de la medida cautelar, por eso se afirma que
básicamente está destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva a
recaer en un proceso, conforme lo preceptúa la parte final del Artículo 608 del
Código Procesal Civil: “(…) La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el
cumplimiento de la decisión definitiva”.
5.2. Como lo afirma Marianella Ledesma Narváez: “La función de la tutela cautelar es
evitar que la duración del proceso, donde el demandante busca obtener la protección mediante una
situación jurídica de ventaja, termine por convertirse en irreparable la lesión que ella sufre; o,
hacerla más gravosa (sin necesidad de que la lesión produzca consecuencias irreparables); o, permitir
que se consume la lesión que en la situación anterior a la del inicio del proceso era una mera
amenaza”.4
5.3. La medida cautelar puede solicitarse fuera del proceso o dentro del mismo,
cumpliéndose los requisitos previstos en los artículos 611° y 613° del referido
Código. Los mismos que se encuentran referidos; a) La verificación de la
apariencia del derecho invocado, que es el resultado al que llega el Juzgador luego
de efectuar un juicio de probabilidad sobre los medios probatorios que sustentan la
demanda cautelar, puesto que quien solicita la medida cautelar deberá demostrar que
la pretensión principal tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada en la
sentencia; b) la existencia de un peligro en la demora, entendida ésta como la
amenaza de que el proceso se torne ineficaz durante el tiempo que transcurra desde
el inicio de la relación procesal hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva,
en perjuicio de la actora; y c) Que la medida cautelar solicitada resulte
adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión.
4Marianella Ledesma Narváez. Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil. Gaceta Jurídica. Primera Edición,marzo 2013. Pág.131.
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SEXTO: DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE
RETENCIÓN
6.1. Se encuentra contemplada en el artículo 657 del Código Procesal Civil que
señala: “Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros,
cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del
Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor
asume las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición del
Juez (…)”.
6.2. La retención es la acción y el efecto de retener o sea de detener, conservar,
guardar en sí. Tienen además otras aceptaciones que carecen de sentido jurídico. En
Derecho se habla también de retener en el sentido de suspender en todo o en parte
el pago del sueldo, salario u otro haber que uno ha devengado hasta que satisface lo
que debe por disposición judicial o gubernativa y asimismo asumir un Tribunal
superior la jurisdicción para ejercitarla por sí con exclusión del infierno. Para Devis
Echandía, “embargo es el acto judicial mediante el cual se pone fuera del comercio una cosa y a
órdenes de la autoridad que lo decreta”.
6.3. En consecuencia, la retención puede tener tanto el carácter de una
obligatoriedad como el de un derecho. Así, por ejemplo, constituye una obligación
cuando la ley impone a una persona individual o jurídica el deber de conserva en su
poder una cosa o cantidad para darle posteriormente el destino que marque la Ley
6.4. La retención es una obligación que por mandato judicial se exige a quien debe
hacer entrega de bienes o pagos al deudor, debiendo el retenedor reservarlos a orden
y disposición de la autoridad jurisdiccional que decretó esta medida preventiva. Esta
medida supone la inmovilización de bienes y valores del afecto que efectúa un
tercero, quien se encuentra en posesión de ellos (no siempre en calidad de deudor).
SÉPTIMO: DEL SUSTENTO DOCTRINARIO Y NORMATIVO.-
7.1. Debemos tener en cuenta que, el Juez, al calificar una demanda o solicitud de
medida cautelar debe analizar que los requisitos de admisibilidad y procedencia estén
indefectiblemente ya que de su cumplimiento dependerá se le de o no el trámite que
por ley corresponde. En tal sentido, toda solicitud de medida cautelar debe estar
revestida de los rigores y requisitos que exige la norma. Caso contrario no puede
admitirse a trámite.- Cas. 1691-99-Callao. Normas Legales. T. 286.
7.2. Al respecto el Tribunal Constitucional en la STC N° 0023-2005-PI/TC ,
refiriéndose a los presupuestos de la medida cautelar en los procesos
constitucionales ha señalado: “(…) en cuanto a los presupuestos que debe contener
toda medida cautelar dictada en un proceso constitucional, destacan, prima facie:
a) El fumus boni iuris. (…) Lo que se exige del juzgador en este caso es un juicio
simple de verosimilitud, es decir, que mediante los documentos
acompañados por el solicitante de la medida cautelar se genere en el
juez la apariencia razonable de que si se pronunciase la sentencia se
declararía fundada la demanda. (negrita nuestro) No se le exige al juez un
juicio de certeza, pues éste es exigible al momento de sentenciar.
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SALA SUPERIOR MIXTA DE LA PROVINCIA DE PISCO
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Lo que constituye un análisis distinto a la probanza de la existencia del
derecho alegado por el actor, dado que la titularidad de los derechos
fundamentales recae en toda persona humana. De lo cual se deriva una
importante consecuencia procesal; que la apariencia de buen derecho es algo
que, en principio, podría deducirse del hecho mismo de haber sido admitida
a trámite la demanda. Pero junto a esa inicial apariencia de buen derecho, lo
esencial es la justificación del peligro que representa el perjuicio que, de no
acordarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en
amparo, se ocasionaría al demandante.
b) El periculum in mora. Este presupuesto se encuentra referido al daño
constitucional que se produciría o agravaría, como consecuencia del
transcurso del tiempo, si la medida cautelar no fuera adoptada, privando así
de efectividad a la sentencia que ponga fin al proceso.
Si bien la carga de la prueba, recae en el demandante, es necesario matizar
esta afirmación a nivel de los procesos constitucionales, pues de lo que se
trata es que se acredite, al menos, un principio razonable de prueba al
respecto. (…)
c) Adecuación. Este presupuesto exige que el juzgador deba adecuar la medida
cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la
medida que de menor modo afecte los bienes o derechos de la parte
demandada o en todo caso, dictar la medida que resulte proporcional con el
fin que se persigue.
OCTAVO: DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR
8.1. El Artículo 637 del Código Procesal Civil señala: “La solicitud cautelar es
concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los
fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega
la medida cautelar. En este caso, el demandado no es notificado y el superior
absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. En caso de medidas cautelares
fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su incompetencia territorial. Una
vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de
un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución
cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la
oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez
deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es
apelable sin efecto suspensivo.”
8.2. En este orden de ideas se tiene pues que, la figura de la oposición como tal,
brinda al Juzgador la posibilidad de verificar de manera horizontal la legalidad,
idoneidad y razonabilidad de sus propias decisiones, sin que ello importe una
variación arbitraria del criterio inicialmente adoptado, puesto que una de las
limitaciones de la característica in audita et altera pars en el otorgamiento de
medidas cautelares, es que el Juez resuelve en un primer momento con aquella
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información brindada por una de las partes - solicitante-, lo cual como es lógico
brinda un punto de vista favorable a quien lo solicita.
NOVENO: DE LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
LEGALES
9.1. El actor solicita medida cautelar de embargo en forma de retención, mediante
escrito de fojas ochenta y siguientes, y mediante resolución número dos de fecha
quince de agosto del año dos mil dieciocho de fojas ciento dos a ciento cinco, el juez
ampara dicha pretensión concediendo la medida cautelar en forma de retención,
auto contra el cual, la demandada formula oposición, solicitando que se deje sin
efecto; el juez de la causa mediante resolución número cuatro de fecha veintiocho
de diciembre del año dos mil dieciocho obrante a fojas ciento cuarenta y seis declara
infundado el recurso de oposición, posteriormente mediante escrito obrante a fojas
cientos trece y siguientes la demandada formula apelación contra la resolución
número cuatro, siendo ésta materia de pronunciamiento.
9.2. Al respecto debemos tener en cuenta, la procedencia de las medidas cautelares
está sujeta a presupuestos específicos distintos de los requisitos para la acción, en
procura de la declaración del derecho material. Tales requisitos son la verosimilitud
del derecho y el peligro en la demora. La prestación de la caución o contracautela,
más que un presupuesto de las medidas cautelares constituye un requisito de la traba
efectiva de las mismas; la caución es entonces un requisito intermedio entre el
derecho que ordena dicha traba y su efectivización.
9.3. Ahora bien, en un orden lógico y razonable de análisis jurisdiccional, los
requisitos de apariencia de verosimilitud del derecho, real peligro de irreparabilidad
en la demora del proceso principal y adecuación, son los que, con carácter
prioritario, se evalúan para establecer si el pedido de dictado de medida cautelar
resulta procedente o no, constituyendo el examen de la suficiencia o no de la cautela
una segunda etapa que tiene como exclusivo propósito, otorgar garantía de
resarcimiento a quien pueda verse perjudicado con la ejecución de la concedida.
9.4. Estando a lo antes señalado, precisamos que las decisiones más delicadas y
exigentes para un magistrado –a la par de importantes para el justiciable-, son la
sentencia y el dictado de medidas cautelares. La complejidad y exhaustividad que
ello reviste, hace que tengamos especial cuidado en su expedición. Sin embargo
debemos tener en cuenta que, en el caso de las medidas cautelares, su concesión
permite garantizar que la sentencia futura no sea lírica y que la decisión judicial final
sea cumplida. En tal sentido -y sin alejarnos de la intención de la ley, porque
finalmente la caución debe ser regularmente ofrecida por el solicitante y graduada
por el Juez- debería evitarse que las disposiciones que emita el juez, sean generales,
exigiéndose escrupulosamente una evaluación rigurosa y razonable respecto a la
cautela ofrecida, permitiéndose que el aseguramiento de la reparación de los daños y
perjuicios que ocasione su ejecución pueda ser satisfecho luego de la respuesta
judicial que la concede, pero nunca antes de su ejecución, porque eso sí generaría un
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desequilibrio que menoscaba el derecho del demandado a ser también protegido por
el órgano jurisdiccional.
9.5. Considerando lo anterior, este Colegiado evidencia que se bien se concedió la
medida cautelar, sin embargo, conforme se observa de la resolución que se revisa,
atendiendo a la evaluación que efectúa el juez en el considerando quinto señala “que
la resolución de la Sala Mixta de Pisco, si bien es cierto se pronuncia respecto del lugar en donde
debe ser repuesto el actor, también es cierto que fundamenta de que al haberse producido la escisión
parcial del bloque patrimonial por la empresa PISCOTEX ésta asume todas las
obligaciones dejadas por COTTONSUR con sus trabajadores. Además, la citada
Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, se refiere a dos obligaciones una de hacer que es la
reposición del trabajador en el centro de labores, y otra obligación de dar una suma de dinero (pago
de beneficios sociales) sin embargo, dicha resolución no distingue que empresa demandada debe
cumplir con dichas obligaciones, entendiéndose que ambas deben ser asumidas por la empresa
Fábrica de Tejidos Pisco SAC. Asimismo, dichas resoluciones no fueron impugnadas ni
cuestionadas por la demandada Fábrica de Tejidos Pisco SAC.”,
9.6. Analizando los fundamentos que han sido tomados en cuenta por el juzgador, y
si bien es cierto que la presente se encuentra en ejecución de sentencia, también es
cierto que se debe tener en cuenta la persecutoriedad laboral en caso que la nueva
empresa haya trasferido el derecho y las acciones, como en este caso
9.7. Para lo cual precisamos que como medida de protección a los trabajadores
respecto a sus derechos laborales, estos tiene prioridad frente a cualquier otra
obligación del empleador.
9.8. Así, el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 856, en armonía con el segundo
párrafo del artículo 24° de la Constitución, ha previsto diversos supuestos en los que
la preferencia del crédito laboral puede ejercerse con carácter persecutorio del
patrimonio del empleador. Al respecto debe precisarse que el fenómeno de la
persecutoriedad, es una característica asignada sobre todo a las garantías reales, las
que mediante la afectación pública de determinado bien, admiten la posibilidad de
“perseguirlo”, es decir que la garantía puede hacerse valer, no importando si es el
deudor u otra persona, la que actualmente se encuentra en posesión o propiedad del
bien.
9.9. La persecutoriedad, permite considerar como inoponibles o ineficaces frente al
acreedor garantizado, los actos de disposición que sobre el respectivo bien haya
realizado el deudor. Sin embargo, dicha persecutoriedad también puede asignarse de
manera excepcional a otro tipo de derechos, siendo uno de estos casos el de los
créditos laborales, que si bien no generan un derecho real de garantía, sí permiten
que ante determinadas circunstancias se active el efecto persecutorio, principalmente
en casos de disposiciones fraudulentas o probada insolvencia del empleador-deudor.
9.10. De allí que, la persecutoriedad asignada a nivel legal, a favor de los créditos
laborales, permite que frente a dichos créditos, resulten ineficaces los actos de
disposición patrimonial fraudulentos, realizados por el empleador tendientes a burlar
el pago laboral, o que en caso de liquidación por insolvencia de dicho empleador se
asegure el pago preferente del crédito laboral. En el caso de la persecutoriedad
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laboral, debemos entender que lo que quiso el legislador es asignar una protección
especial a los créditos laborales, disponiendo la persecutoriedad en casos de probada
insolvencia del empleador o en supuestos de disposición fraudulenta o dolosa de su
patrimonio.
9.11. En este caso nos encontramos frente a la ejecución de la sentencia que,
contiene un mandato que debe ser cumplido por la empresa demandada,
Cottonificio SURPERÚ S.A.C., toda vez que esta tiene la calidad de cosa juzgada,
que implica su inmutabilidad e invariabilidad; así, en autos obra la sentencia
contenida en la resolución numero ciento –fojas cincuenta y dos y siguientes- en la
que resuelve ordenar que la demandada le abone al actor la suma de ochenta mil
novecientos dieciséis con 80/100 nuevo soles (S/. 80,916.80), por concepto de
remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios sociales, siendo notificada la
empresa cotonificio, fábrica de tejidos y el demandante, y ante ello ninguna de las
partes formularon recuso impugnatorio, tal es así que mediante resolución número
ciento cuatro –fojas setenta y tres- se declara consentida, requiriéndose el
cumplimiento del mismo.
9.12. Sin embargo debemos tener en cuenta que el acuerdo de escisión que fue
celebrado por la empresa Cottonificio SURPERÚ S.A.C. y Fábrica de Tejidos Pisco
S.A.C., en la cláusula tercera pactaron: “(…) las empresas COTTONSUR y
PISCOTEX han decidido mediante junta de accionistas de fecha 15 de noviembre del 2007,
respectivamente, escindir un bloque patrimonial de COTTONSUR que será asumido por
PISCOTEX”; asimismo, en su cláusula cuarta se señaló: “El bloque patrimonial que será
escindido de COTTONSUR y asumido por PISCOTEX, estará constituido por los activos y
pasivos que se detallan en las respectivas actas de las sociedades participantes (…)”; agregándose
también en su cláusula sétima que: “PISCOTEX declara que asume todas las obligaciones
que le corresponden a COTTONSUR respecto a los trabajadores que a la fecha fijada para la
escisión figuren en la planilla, asimismo respetará los derechos laborales adquiridos por los
trabajadores el tiempo de servicio generado, las categorías, los derechos vacacionales y demás
beneficios sociales que se hayan generados como trabajadores de COTTONSUR (…)”; y por
último, para los fines de mejor resolver, se debe tener en cuenta el inserto N° 1, de
la referida escritura pública, donde se señaló que debido a las múltiples incidencias,
procesos y controversias suscitadas entre Cottonificio SURPERÚ S.A.C., sus socios
y sus principales acreedores, los que han devenido en múltiples procesos judiciales y
arbitrales, con fecha 31 de octubre de dos mil siete, esta empresa suscribió un
contrato de transacción y ejecución de prestaciones recíprocas, en el que también
participó, entre otras empresas Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., acordándose a
acordar en dicho contrato, poner fin a las controversias, pactando para ello la
escisión parcial de un bloque patrimonial negativo que ahora nos convoca.
9.13. De las citadas cláusulas y el inserto N° 01, podemos obtener que válidamente
la empresa Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., tenía conocimiento de la existencia de
diversos procesos judiciales en materia laboral, promovidos por aquellos ex
trabajadores pretendiendo la nulidad de sus despidos, su reposición, así como el
pago de sus remuneraciones devengadas y CTS ordenado en autos (resolución
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número ciento tres), lo que permite evidenciar que en autos, no se configura
ninguna afectación del derecho a la defensa alegado por la empresa recurrente.
9.14. Ello es así, porque si bien, la escisión parcial o impropia, tiene como
característica principal, que la sociedad escindida no llega a extinguirse a diferencia
de la escisión total, por la que seguirá con sus actividades económicas, conforme lo
señala el artículo 367° inciso 2) de la Ley General de Sociedades: “la segregación de uno
o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o más
sociedades nuevas, o son absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad
escindida ajusta su capital en el monto correspondiente”; también lo es que, el artículo 389°
de la misma normativa legal, señala: “Desde la fecha de entrada en vigencia de la escisión, las
sociedades beneficiarias responden por las obligaciones que integran el pasivo del bloque patrimonial
que se les ha traspasado o han absorbido por efectos de la escisión. Las sociedades escindidas que no
se extinguen, sólo responden frente a las sociedades beneficiarias por el saneamiento de los bienes que
integran el activo del bloque patrimonial transferido, pero no por las obligaciones que integran el
pasivo de dicho bloque. Estos casos admiten pacto en contrario”; por lo que claramente
tenemos que nada obsta para que la empresa recurrente, Fábrica de Tejidos Pisco
S.A.C., asuma las obligaciones de pago pendientes en el presente proceso, de
acuerdo al artículo mencionado líneas arriba.
9.15. Además debemos precisar que en sendas resoluciones de otros expedientes se
ha determinado que Fabrica de Tejidos Pisco es continuadora jurídica de de la
empresa CONTTONIFICIO, si bien cada caso es diferente, pero también es cierto
que el juez como director del proceso controla los expedientes que se encuentran a
su cargo a fin no emitir resoluciones contradictorias.
9.16. En tal razón, la resolución que ordena la medida cautelar y proseguir la
ejecución en la empresa Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., privilegiando el principio
de persecutoriedad, no resulta lesiva del derecho de cosa juzgada ni el de defensa
invocados por la apelante; a lo que habría que agregar, la aplicación de los principios
de primacía de la realidad y el protector, los cuales resultan acorde con el derecho de
ejecución de resoluciones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada.
9.18. En estos linderos de razonamiento, esta Sala Superior de Justicia considera
pertinente confirmar la venida en grado, agregando además que los agravios
expuestos por la empresa apelante en nada enervan los fundamentos expuestos, así
como tampoco llega a cuestionar el importe ordenado a pagar, el mismo que quedó
establecido en la resolución número ciento tres, resolución consentida al no haber
sido impugnada en su oportunidad cuestionando dicho extremo.
9.19. Así pues, también está presente otro de los requisitos que es el peligro en la
demora, que es lo que en realidad sustenta la finalidad y función de la medida
cautelar, lo que justifica que, sin contar con certeza del derecho invocado, se
proceda a modificar la esfera jurídica de la contraparte. Por eso, en el presente caso,
el órgano jurisdiccional debe considerar que, de no actuar ya, existen probabilidades
de que no puedan ser materializarlo con eficacia. Esto implica que el peligro debe
tener la característica de inminente, pues se está ante un pedido de tutela de
urgencia, por la propia naturaleza del caso de autos, pues se trata de derechos
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Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 04/01/2019 18:10:16
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
EXPEDIENTE : Nº 00293 – 2006 - 51 – 1411 – JR – LA - 01
CORTE SUPERIOR DE ICA MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO JUEZ : MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI
Fecha: 04/01/2019 18:13:11
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO SECRETARIO : JOSÉ ROLANDO PINEDA ESPINO
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : HUGO FELIX OCHOA LA ROSA
DEMANDADO : COTTONIFICIO SUR PERU SAC
FABRICA TEJIDOS PISCO
CUADERNO CAUTELAR
RESOLUCIÓN Nº 04
Pisco, veintiocho de Diciembre del
Año Dos Mil Dieciocho.-
VISTO; el recurso de oposición a la medida cautelar de
embargo en forma de retención, formulado por la empresa demandada FABRICA TEJIDOS
PISCO SAC, mediante escrito de fojas ciento treinta; y puestos los autos en despacho para
resolver, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: DE LA TUTELA CAUTELAR
“La tutela cautelar más que estar dirigida a defender los
derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por así decirlo la seriedad de la
función jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el imperio iudicis, o sea a impedir que la
soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e
inútil expresión verbal, (…)»”1 de allí que la concesión de las medidas cautelares en el Derecho
Procesal Civil, implique la materialización de la prevención que ejerce el órgano jurisdiccional
a través de la tutela procesal efectiva. Por ello que el artículo 608º del Código Procesal Civil
modificado por Ley Nº 29384 prevé, que el juez puede, a pedido de parte, dictar medida
cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, siendo su finalidad garantizar el
cumplimiento de la decisión definitiva, por lo cual toda medida cautelar importa un
prejuzgamiento de conformidad a lo previsto por el artículo 612º del acotado cuerpo legal.
SEGUNDO: DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR
1 CALAMANDREI, Piero. INTRODUZIONE ALLO STUDIO SISTEMATICO DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI, Traducción al castellano de Santiago Sentis Melendo, editorial Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires 1945. Pág. Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
El segundo párrafo del artículo 637º del Código Procesal Civil,
aplicable al proceso laboral de manera supletoria, según la tercera disposición derogatoria,
sustitutoria y final de la Ley Nº 26636, prescribe que “Una vez dictada la medida cautelar, la
parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde
que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa
pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. (…) De
ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve
la oposición es apelable sin efecto suspensivo.”
TERCERO: DE LA MEDIDA CAUTELAR MATERIA DE
AUTOS.
A fojas ciento dos, obra la RESOLUCIÓN Nº DOS, del quince de
agosto del año dos mil dieciocho, que resuelve: “CONCEDASE MEDIDA CAUTELAR DE
EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN, bajo cuenta costo y riesgo del
demandante HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; y dispongo trabar EMBARGO EN
FORMA DE RETENCIÓN, sobre las cuentas ahorro y/o cuentas corrientes que
pudiera tener la demandada COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC hasta por la suma
de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/.80,916.80), a nivel
nacional, que cubra el monto total embargado; sobre los fondos que
mantuviere los ejecutados en cuentas corrientes, depósitos en custodia,
derechos de crédito u otros bienes, ya sea en moneda nacional o extranjera, de
los cuales la demandada FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. y COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC, sea la titular en el BANCO CONTINENTAL, BANCO DE CRÉDITO,
INTERBANK y BANCO SCOTIABANK; NÓMBRESE como depositario a la misma
entidad crediticia, a fin de que cumpla con la retención correspondiente a la
orden de éste juzgado, bajo la sanción y responsabilidad pertinente de ley,
debiendo de poner a disposición del Juzgado el monto retenido, consignándolo
mediante certificado de depósito judicial, y EJECUTADO QUE SEA EL EMBARGO,
NOTIFÍQUESE AL AFECTADO.
En ejecución de la medida cautelar concedida, el Banco
Continental, mediante escrito de fojas ciento trece, puso a disposición del juzgado, la
suma de S/.80,916.80 mediante certificado de depósito judicial que en original obra a
fojas ciento doce vuelta. También el Banco de Crédito del Perú - BCP, mediante escrito de
fojas ciento treinta y siete, puso a disposición del juzgado, la suma de S/.80,916.80
mediante certificado de depósito judicial que en original obra a fojas treinta y seis vuelta. Corte Superior de Justicia de Ica
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También por RESOLUCIÓN Nº TRES, de fojas ciento cuarenta
y tres, se resolvió dejar sin efecto la retención efectuada por el Banco de Crédito del Perú, por
cuanto se retuvo dos veces la misma suma, oficiándose con tal fin.
CUARTO: DEL RECURSO DE OPOSICIÓN A LA CAUTELAR
DICTADA EN AUTOS.
Mediante el recurso que se indica en el visto, la empresa
demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, viene en formular oposición a la medida cautelar
de embargo en forma de retención ordenada en autos, con la finalidad de que se declare
fundada la oposición y se declare improcedente la medida cautelar concedida, expone como
fundamentos de hecho de la oposición que:
Que se desprende de la Resolución Nº 2 que el argumento
sustentado por el demandante en su solicitud cautelar es lo dispuesto en la Res. Nº 34 de
fecha 23/12/2008 expedida por la Sala Mixta de Pisco, mediante la cual, según el
demandante, se declaró fundado la petición realizada por el demandante (reposición) y se
ordenó incorporar como sucesor procesal a la empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC, ser
repuesto en Fábrica tejidos Pisco. Que éste argumento es totalmente falso, porque conforme
se desprende de la Resolución 10 de fecha 20703/2007 se declaró fundada la demanda de
nulidad de despido interpuesta contra Cottonificio Sur Perú SAC; resolución que fue
confirmada por la Sala Mixta de Pisco, mediante Resolución Nº 14 de fecha 04/06/2007,
encontrándose de esta manera la presente causa con resolución ejecutoriada. Que en dicha
resolución queda claro que de NINGUNA MANERA SE ORDENA QUE SE INCORPORE AL
PROCESO A FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC., COMO SUCESORA PROCESAL DE COTONIFICIO
SURPERU SAC., como extrañamente alega el demandante por lo cual resulta ser FALSO el
argumento en que se sustenta el pedido cautelar, no habiendo en la indicada resolución la
incorporación que temerariamente alude como argumento de su petición. Que la Resolución
Nº 35, expedida en autos, su parte final no se condice con lo resuelto por la Sala Mixta de
Pisco, mediante Resolución 34, pues esta última sólo establece que la petición del
demandante, de ser repuesto en Fabrica Tejidos Pisco, es fundada, pero de ninguna forma se
determina que fabrica de Tejidos Pisco SAC, es la obligada a pago de suma alguna, no
obstante ello la propia resolución Nº 35 no permite de ninguna forma realizar
interpretaciones antojadizas o deducciones de ningún tipo, solo repite lo dispuesto la Sala
“que se reponga al demandante en Fabrica Tejidos Pisco SAC., y agrega al final se le pague las
remuneraciones dejadas de percibir, PERO EN NIGUN SENTIDO REFIERE QUE SEA FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, LA QUE DEBA PAGAR. Corte Superior de Justicia de Ica
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Por Resolución Nº TRES, de fojas ciento cuarenta y tres, se
tiene por formulada la oposición, y se confirió traslado al demandante, por el término de tres
días; y con su absolución o sin ella se dispuso poner los autos en despacho para resolver.
QUINTO: Atendiendo a los hechos expuestos en el recurso de
oposición que realiza la demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, de fojas ciento treinta,
tenemos que la controversia se centra en establecer: Si la resolución que concede la medida
cautelar cumple con explicitar los requisitos en particular lo referido en el séptimo
considerando de la resolución cautelar, referido a la obligación que tiene la afectada de
responder patrimonialmente de la obligación pecuniaria establecida en la sentencia.
Revisados los autos tenemos que en el cuaderno principal, a
fojas cuatrocientos ochenta y ocho, obra la Resolución Nº 34, del 23 de diciembre de 2008, la
que en el quinto considerando señala:
“QUINTO: Que, tal como se aprecia de autos, la empresa demandada
con fecha treinta y uno de diciembre del dos mil siete conjuntamente
con el representante de la Fábrica de Tejidos Pisco SAC., suscribieron
ante Notario Público el contrato de Escisión parcial del bloque
patrimonial, fecha en la que ya se encontraba pendiente la ejecución
de la sentencia dictada en autos; contrato en que en el cláusula
séptima señala que “PISCOTEX declara que asume todas las
obligaciones que le corresponden a COTTONSUR respecto a los
trabajadores que a la fecha fijada para la escisión figuren en la
planilla, asimismo respetará los derechos laborales adquiridos por
los trabajadores el tiempo de servicio generado, las categorías, los
derechos vacacionales y demás beneficios sociales que se hayan
generado como trabajadores de COTTONSUR”.
“SEXTO: Al respecto cabe señalar que el demandante ante la
autoridad jurisdiccional interpone demanda de nulidad de despido
contra la emplazada COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC., el mismo que fue
declarada fundada ordenándose que el actor sea repuesto en su
puesto habitual de labores, o en otro puesto de categoría análoga con
el pago consiguiente de todas las remuneraciones dejadas de percibir
desde la fecha del despido y hasta su reposición efectiva del trabajo y
que la CTS del periodo precitado sea depositado en una entidad
bancaria con arreglo a ley, más intereses legales, costas y costos;
resolución, que fuera posteriormente conformada en Sala Superior y Corte Superior de Justicia de Ica
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finalmente la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema de la República declaró improcedente el recurso de
casación. Consecuentemente el despido efectuado al actor fue
declarado nulo, reponiéndose el estado en que se efectúo la
vulneración, entendiéndose con ello que el demandante continúa con
dependencia laboral del demandado y que en la actualidad al haberse
producido la escisión parcial del bloque patrimonial por la empresa
PISCOTEX ésta asume todas las obligaciones dejadas por COTTONSUR
con sus trabajadores, correspondiéndole que el actor sea repuesto en
dicha empresa; (…)” SIC.
Al ser devueltos los autos del Superior, el juez de la época
dictó la Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, a fojas cuatrocientos noventa y dos, la
que dice:
“(…) CÚMPLASE LO EJECUTORIADO en consecuencia, Notifíquese a la
demandada COTONIFICIO SUR PERU SAC., para que en el acto de la
notificación REPONGA a don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA en las
labores que desempeñaba, debiendo ser repuesto en la empresa
Fábrica de Tejidos Pisco SAC y además que le pague las
remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del cese hasta su
reposición efectiva en el trabajo; (…)”.
Nótese que la resolución de la Sala Mixta de Pisco, si bien es
cierto se pronuncia respecto del lugar en donde debe ser repuesto el actor, también es cierto
que fundamenta de que al haberse producido la escisión parcial del bloque patrimonial por la
empresa PISCOTEX ésta asume todas las obligaciones dejadas por COTTONSUR con sus
trabajadores. Además, la citada Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, se refiere a
dos obligaciones una de hacer que es la reposición del trabajador en el centro de labores, y
otra obligación de dar una suma de dinero (pago de beneficios sociales) sin embargo, dicha
resolución no distingue que empresa demandada debe cumplir con dichas obligaciones,
entendiéndose que ambas deben ser asumidas por la empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC.
Asimismo, dichas resoluciones no fueron impugnadas ni cuestionadas por la demandada
Fábrica de Tejidos Pisco SAC., de ahí que podemos concluir, que el recurso de oposición a la
medida cautelar no puede ampararse.
En consecuencia por los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en precedencia; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADO el recurso de oposición a la
medida cautelar decretada mediante Resolución Nº DOS, de fojas ciento dos, que realiza la Corte Superior de Justicia de Ica
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empresa demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, mediante escrito de fojas ciento treinta;
y REQUIÉRASE a la demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC para que dentro del PLAZO DE
TRES DÍAS cumpla atender el pago de la suma de S/.80,916.80, ordenada mediante
resolución Nº 103, bajo apercibimiento de que el demandante se haga cobro con el dinero
retenido por el Banco Continental, y puesto a disposición del juzgado mediante certificado
de depósito judicial que obra en autos a fojas ciento doce vuelta. Tómese Razón y Hágase
Saber.- |
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Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 08/11/2018 09:06:55
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE VILLA
EXPEDIENTE : 00293-2006-51-1411-JR-LA-01
MATERIA : REPOSICION
JUEZ : MIGUEL CAYO FALCONI
CORTE SUPERIOR DE ICA
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO ESPECIALISTA : PINEDA ESPINO JOSE ROLANDO
Fecha: 08/11/2018 11:17:32
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMP COTTONIFICIO SUR PERU SAC
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC
DEMANDANTE : OCHOA LA ROSA, HUGO FELIX
RESOLUCIÓN NRO.03
Pisco, cinco de noviembre
Del año dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA al escrito N° 4528-2018 presentado por
el Banco INTERBANK: A lo informado, téngase presente y agréguese a los autos.
DADO CUENTA al escrito N° 4628-2018 presentado por la demandada Empresa
FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.: Al Principal: Téngase POR FORMULADA
LA OPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 02, en consecuencia, a
conocimiento de la parte demandante por el termino de TRES DÍAS, y con su
absolución o sin ella PÓNGASE los autos a despacho para resolver. Al Otrosí Digo:
Téngase presente. DADO CUENTA al escrito N° 4623-2018 presentado por el
BANCO CONTINENTAL: POR RECIBIDO el certificado de depósito judicial N°
2018056104552, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles), en consecuencia, agréguese a los autos y póngase a conocimiento de las
partes. DADO CUENTA al escrito N° 4738-2018 presentado por el BANCO DE
CREDITO DEL PERU: POR RECIBIDO el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles), en consecuencia, agréguese a los autos y póngase a conocimiento de las
partes. DADO CUENTA al escrito N° 4740-2018 presentado por el demandante Hugo
Felix Ochoa La Rosa: A lo solicitado, resérvese su proveído hasta que se resuelva el
pedido de oposición contra la resolución N° 02. DADO CUENTA al escrito N° 5233-
2018 presentado por la demandada Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.:
AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO; Al Principal: Primero.- Que mediante
resolución N° 02 de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, se declaró
fundada la medida cautelar presentada por la parte demandante el cual ordeno trabar
embargo en forma de retención hasta por la suma de S/ 80,916.80, respecto a las
cuentas de ahorro y/o cuentas corrientes que pudiera tener la demandada FABRICA DE
TEJIDOS S.A.C., cursándose los oficios pertinentes al banco de Crédito del Perú,
BBVA Banco Continental, Banco INTERBANK y Banco SCOTIABANK; Segundo.-
Que, mediante certificado de depósito judicial N° 2018056104644, el Banco de Crédito
del Perú da cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° 02, y pone a disposición del
Juzgado la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles),
suma retenida de las cuentas de FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C., identificada
con RUC N° 20517336492; Tercero.- Que, mediante su escrito N° 5233-2018 de fecha
03 de octubre del presente, la Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C., solicita el levantamiento de la retención contenida en el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, toda vez, que ya existiría una retención primigenia por el BBVA
Banco Continental y consignada ante este despacho con el certificado de depósito
judicial N° 2018056104552, por la misma suma. Cuarto: Que, estando a que existen
dos retenciones efectuadas por diferentes banco en las cuentas de la Empresa Fabrica de
Tejidos Pisco S.A.C., y estando a que ambos certificados retienen la suma solicitada por
este despacho, corresponde devolver el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles) retenido por el Banco de Crédito del Perú, por estas consideraciones; SE
RESUELVE: DEVOLVER el certificado de depósito judicial N° 2018056104644, por
la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles) a la parte
demandada Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C; en consecuencia, ordeno
se ENDOSE Y ENTREGUE el mencionado depósito judicial a la parte solicitada.
Notifíquese con las formalidades de ley. |
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Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 06/09/2018 13:08:54
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE VILLA
EXPEDIENTE : 00293-2006-51-1411-JR-LA-01
MATERIA : REPOSICION
JUEZ : MIGUEL CAYO FALCONI
CORTE SUPERIOR DE ICA
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO ESPECIALISTA : PINEDA ESPINO JOSE ROLANDO
Fecha: 24/09/2018 08:47:00
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMP COTTONIFICIO SUR PERU SAC
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC
DEMANDANTE : OCHOA LA ROSA, HUGO FELIX
RESOLUCIÓN Nº 02
Pisco, quince de agosto
Del año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con el escrito de subsanación
presentado por Hugo Felix Ochoa La Rosa;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El demandante viene en solicitar MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN sobre los valores,
fondos en cuentas corrientes, depósitos en custodia, derechos de créditos u otros bienes,
ya sea en moneda nacional o extrajera, de los cuales los demandados FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC ( EX COTTONIFICIO SUR PERU SAC) sean los titulares;
y que se encuentren en las instituciones del sistema bancario y financiero del país, como
BANCO CONTINENTAL, BANCO DE CRÉDITO, BANCO INTERBANK y
BANCO SCOTIABANK, hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles, (S/ 80,916.80) expone como fundamentos de hecho que, el recurrente
interpuso demanda de nulidad de despido, contra la empresa COTTONIFICIO SUR
PERU SAC, proceso que culminó con sentencia, resolución Nº 10, del 20 de marzo del
2007, confirmada por resolución de vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que ordena la
nulidad del despido, que el recurrente sea repuesto en un puesto habitual u otro de
categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir desde la
fecha del despido hasta la reposición efectiva en el trabajo con el depósito de la CTS.
También señala que por Resolución Nº 34 del 23 de diciembre del 2008, la Sala Mixta
de Pisco, declaró fundada la petición del demandante y ordenó incorporar como sucesor
procesal a la empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC.
SEGUNDO: “la tutela cautelar más que estar dirigida a
defender los derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por así decirlo
la seriedad de la función jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el imperio iudicis,
o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la
justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, (…)»”1 De allí que la
1
CALAMANDREI, Piero. INTRODUZIONE ALLO STUDIO SISTEMATICO DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI, Traducción al castellano de Santiago Sentis Melendo, editorial Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires 1945. Pág. concesión de las medidas cautelares en el Derecho Procesal Laboral, implique la
materialización de la prevención que ejerce el órgano jurisdiccional a través de la tutela
procesal efectiva. Por ello que el artículo 96º de la Ley Procesal Laboral Ley Nº 26636
prevé, que “Todo Juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un
proceso, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva”.
TERCERO: El artículo 97º de la acotado ley, también
sanciona como requisitos de la pretensión cautelar: “1. Exponer los fundamentos y
modalidad de la pretensión cautelar. 2. Indicar, si fuere el caso, los bienes sobre los que
debe recaer la medida y el monto de su afectación. 3. Ofrecer contracautela. El Juez,
tomando en consideración la condición económica del solicitante, puede considerar
suficiente la caución juratoria. 4. Designar el órgano de auxilio judicial
correspondiente”. Anotándose en el artículo 99º, como un caso especial de procedencia,
la procedencia de la medida cautelar cuando la sentencia de primera instancia ha sido
favorable al demandante, aunque la misma fuera impugnada.
Vale decir, el Juez atendiendo a la naturaleza de la
pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, puede dictar
medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de
lo que expuesto y la prueba presentada por el demandante aprecie: 1) La verosimilitud
del derecho invocado; 2) La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por
constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable; y 3) La
razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión; que en tal
sentido la acotada norma prevé lo que necesita el juzgador para hacer lugar a una
medida cautelar;
CUARTO: De lo anotado en el primer considerando se
advierte que el solicitante ha cumplido con los requisitos que prevé el artículo 97º de la
Ley Procesal de Trabajo, además en cuanto a la contracautela, al haber obtenido
sentencia favorable confirmada por el superior, ésta no es exigible, en aplicación
supletoria del artículo 615º del Código Procesal Civil.
Como tenemos dicho, el primer presupuesto de la cautelar
es el referido a la verosimilitud del derecho invocado o el llamado Fomus Bonis Juris,
pues, se tiene que “la medida cautelar se otorga con la sola exigencia de que existan
elementos suficientes como para considerar que la posición del actor será estimada con
la sentencia final, es decir que al menos exista una probabilidad de que la demanda
pueda ser declarada fundada. (…)” “Por lo que se refiere a la investigación sobre el
derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades
y de verosimilitud. (…) en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca
verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de
probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en
sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar” De allí que la cognición
cautelar no sólo queda limitada al pedido cautelar, sino en particular al cuaderno
principal en donde se podrá establecer “la probabilidad” o chance de que se declare
fundada la demanda; QUINTO: Que, sobre el primer presupuesto referido a la
verosimilitud del derecho se tiene que en el cuaderno principal, a fojas 311 y siguientes,
obra la Resolución Nº 10, del 20 de marzo del 2007, sentencia que declara fundada la
demanda interpuesta por don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la
empresa COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre nulidad de despido; en
consecuencia ordena que el mencionado trabajador sea repuesto en su puesto habitual de
labores, o en otro puesto de categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones
dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de su reposición efectiva en
el trabajo. Sentencia que al ser apelada fue confirmada por el Superior mediante
Resolución de Vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que obra de fojas 350, y siguientes.
También, por Resolución Nº 93, del 13 de junio del 2016,
que obra a fojas 859, y siguientes, se estableció como remuneraciones dejadas de
percibir y demás beneficios sociales la suma de S/ 55,261.8196,153.58; y se ordenó a
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, que abone dicha suma dentro del término de ley.
Que, la resolución N° 93 fue materia de apelación y
declarada NULA por el Superior en grado, ordenando se emita nueva resolución, así las
cosas, mediante Resolución N° 103 de fecha 10 de noviembre del 2017, este despacho
resuelve ORDENAR que la demandada le abone sal actor la suma de OCHENTA MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 80/100 SOLES (S/ 80,916.80), pro concepto de
remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios sociales.
Respecto del PELIGRO EN LA DEMORA; tenemos que
la demandada COTTONIFICIO SUR PERU SAC, a pesar de conocer de la existencia
del presente proceso judicial, no ha atendido el pago de los beneficios sociales
reclamados, de ahí que la cautelar se justifica no sólo por una posible insolvencia de la
deudora, sino por su falta de voluntad de pago de lo ordenado mediante resolución
judicial.
Sobre la RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA
CAUTELAR O ADECUACIÓN, como es de ver en autos, mediante resolución Nº
103, del diez de noviembre del 2017, que obra a fojas 927 y siguientes (cuaderno
principal), se estableció como remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios
sociales la suma de S/ 80,916.80; en consecuencia la medida cautelar deberá dictarse de
tal forma que afecte un monto dinerario con el que se pueda atender dicha deuda, lo que
pone de manifiesto la razonabilidad o adecuación de la medida cautelar proferida en
autos.
SEXTO: conforme a lo desarrollado, en autos se presenta la
concurrencia de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar, teniendo
presente que por el lado del demandante se ha dictado sentencia que declara la certeza
del derecho reclamado, y por el lado de la demandada el no pago voluntario de lo ordenado en sentencia causa incertidumbre en el acreedor, respecto de si al final logrará
cobrar su crédito o no.
SÉPTIMO: Finalmente, respecto del extremo en que el
acreedor solicita que el embargo también afecte bienes de la empresa FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, tenemos que la sentencia, Resolución Nº 10, del 20 de marzo
del 2007, confirmada por Resolución de Vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que
declara la nulidad del despido, y ordena que el recurrente sea repuesto en un puesto
habitual u otro de categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones dejadas de
percibir desde la fecha del despido hasta la reposición efectiva en el trabajo con el
depósito de la CTS, comprende como demandada a la empresa COTTONIFICIO SUR
PERU SAC y no a la empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC. Sin embargo,
de fojas cuatrocientos ochenta y ocho a fojas cuatrocientos noventa obra la Resolución
de Vista Nº 34, que revoca la Resolución Nº veintisiete, y reformándola declara fundada
la petición efectuada por el actor para que la reposición se realice en FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC; asimismo a fojas cuatrocientos noventa y dos, obra la
Resolución Nº treinta y cinco, que tiene por devueltos los actuados judiciales de la Sala
Mixta de Pisco, y dispone que se reponga al actor en la empresa FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, y además que se le pague las remuneraciones dejadas de
percibir desde la fecha de cese hasta la reposición efectiva en el trabajo, de lo que se
deduce solidaridad en el extremo del cumplimiento de la obligación, de las dos
empresas antes citadas.
DECISIÓN
Por las tales consideraciones y conforme a lo previsto por
los artículos 96º, 97º y 99º de la Ley Procesal Laboral Ley Nº 26636; SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA en parte, la solicitud cautelar, presentada por el demandante
don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; en consecuencia CONCÉDASE MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN bajo cuenta, costo y
riesgo del demandante don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; y dispongo
TRABAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN sobre las cuentas de ahorro
y/o cuentas corrientes que pudiera tener la demandada COTTONIFICIO SUR PERU
SAC hasta por la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON
80/100 SOLES (S/ 80,916.80), a nivel nacional, que cubra el monto total embargado;
sobre los fondos que mantuviere los ejecutado en cuentas corrientes, depósitos en
custodia, derechos de créditos u otros bienes, ya sea en moneda nacional o extrajera, de
los cuales la demandada FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC y COTTONIFICIO
SUR PERU SAC sea la titular; en el BANCO CONTINENTAL, BANCO DE
CRÉDITO, BANCO INTERBANK y BANCO SCOTIABANK; NÓMBRESE como
DEPOSITARIO a la misma entidad crediticia, a fin de que cumpla con la retención
correspondiente a la orden de este Juzgado, bajo la sanción y responsabilidad pertinente
de ley, debiendo de poner a disposición del Juzgado el monto retenido, consignándolo
mediante certificado de depósito judicial; y EJECUTADO QUE SEA EL
EMBARGO, NOTIFÍQUESE AL AFECTADO. Tómese razón, Hágase Saber.- CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0295-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO CONTINENTAL - SUCURSAL PISCO
Calle Pérez Figuerola N° 194 – Pisco (plaza de armas)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal. Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0296-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO DE CRÉDITO - SUCURSAL PISCO
Calle Pérez Figuerola N° 162 – Pisco (plaza de armas)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal. Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0297-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO INTERBANK - SUCURSAL PISCO
Plaza de armas de pisco
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal. Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0298-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO SCOTIABANK - SUCURSAL PISCO
Esquina de Calle Independencia y Perez Figueroa (frente al Banco Continental)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal. Atentamente. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS Y OTROS.
Resolución Nro. 70
Pisco, nueve de abril del año dos mil veintiuno.
Puesto los autos al Despacho para
resolver. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
Que, prima facie cabe precisar, el estado del proceso es de ejecución de
sentencia1 que declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago;
preexiste resolución judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia en cuando
a pago de Intereses de Intereses Legales, resolución última que quedó firme
mediante auto de vista N° 35 de folios 346 que declaró nulo el concesorio de
apelación e improcedente el recurso de apelación de FUSIA COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
Que, por escrito de fojas 925 Claudio Narciso La Rosa Palomino refiere que
procede a presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 921
a 924 por la suma de S/ 17,599.74 soles.
TERCERO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, es de ver de autos que no hay observación contra la propuesta de
liquidación de Claudio Narciso La Rosa Palomino.
CUARTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
4.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula
el numeral II del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo
Juez dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas
convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal, tal
como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código Procesal Civil.
4.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre
Preferencia de Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de
la Empresa Fabritex Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por
la Empresa COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver
del tránsito del proceso, demandaron a esas dos Empresas para que se les
reconozca derecho preferente de pago dado que contaban con documentación
donde las demandadas les reconocían adeudar sumas de dinero por concepto
de Compensaciones por Tiempo de Servicios, montos de dinero que corren
1 Fojas 298 a 305. señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11,
instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que declaró
fundada la demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de
beneficios laborales por cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y
urgente, relievándose al efecto el Principio Protector del Derecho Laboral. Por
lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito
judicial para determinar los intereses legales, máxime cuando en la actualidad
se cuenta con Sistema Integrado Judicial del cual es posible extraer reporte de
pago de depósitos judiciales de los cuales ha de constatar la cantidad de
depósitos judiciales que fueron presentados al Expediente Judicial N° 132-2005
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido por la ejecutante FUSIA
COMERCIAL S.A. contra COTTONIFICIO SURPERU SAC (proceso judicial
que a decir de los recurrentes es donde se les ha pagado sus CTS), los montos
consignados por las Empresas involucradas en el pago de las acreencias
laborales en el Expediente N° 132-2005, las fechas de pago por ante el Banco
de la Nación de esas acreencias consignadas en el Expediente N° 132-2005.
Igualmente es posible calcular los intereses legales laborales con el programa
INTERLEG2, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio
para los órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e
Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses
legales y financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a
partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área
Técnico Pericial una herramienta eficaz para el cálculo de los
intereses legales y la verificación de los factores aplicados; este
sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral (D.
Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés
financiero (aplicable a la CTS no depositada oportunamente),
interés de deudas previsionales (AFP) y actualización de deuda
utilizando como factor de actualización las remuneraciones
mínimas, el índice de precios al consumidor o el tipo de cambio.
4.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución
que la integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular
en el presente caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta
que las Compensaciones por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la
Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11 en favor de
los demandantes constituyen ADEUDOS DE CARÁCTER LABORAL; se
concluye que en el presente caso corresponde liquidar los intereses legales de
acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El Peruano:
03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por
adeudos de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva
del Perú.” En cuyo artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005. “El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir
del día siguiente de vencida la obligación hasta el día del pago,
sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o
extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
4.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que
corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés
legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El
referido interés no es capitalizable.”
4.5.- Que, en concreto don Claudio Narciso La Rosa Palomino pide se le pague
intereses legales en la suma de S/ 17,599.74, al efecto solo adjunta una hoja
de liquidación de parte efectuada al parecer liquidado por contador público que
obra a de folios 921 a 923 de lo cual se aprecia que la pericia de parte está
desarrollada sobre la base siguiente:
(cid:1) Que la liquidación debería correr desde la fecha de escritura pública de
escisión parcial y reducción de capital y transferencia de bloque
patrimonial y aumento de capital de fecha 29-04-2002 que otorgó la
Empresa Fabritex Peruana SA a favor de COTTONIFICIO SUR PERU
SAC documento donde se reconocía importes por compensación por
tiempo de servicios de trabajadores de la Empresa Fabritex Peruana
SA; y,
(cid:1) Que la fecha límite de cálculo de intereses debe ser hasta el día 30-09-
2016 en que se efectúa el depósito judicial n° 2016056104340.
El hecho precitado es en sustancia las razones por las que Claudio Narciso La
Rosa Palomino peticiona el pago S/ 17,599.74.
4.6.- Que, es del caso recordar que para mejor resolver la solicitud de Claudio
Narciso La Rosa Palomino, por resolución n° 51 fue solicitado tener a la vista y
n° 57.
(cid:1) Constancia de retiro de depósito judiciales de las sumas de dinero de S/
4,400.82 y S/ 22,534.52 soles que don Claudio Narciso La Rosa
Palomino habría cobrado en el expediente 132-2005.
(cid:1) Copias fotostáticas de los Certificados de Depósitos Judiciales n°
2016056104340 y 2016056103822, de los cuales se habría pagado las
sumas de dinero antedichas a favor de Claudio Narciso La Rosa
Palomino.
4.7.- Que, las constancias de pago o de endoso de dinero por las sumas de S/
4,400.82 y S/ 22,534.52 soles cobradas por Claudio Narciso La Rosa
Palomino, corren a folios 1089 y 1090, presentadas con escrito de folios 1093;
y, las copias fotostáticas de los Certificados de Depósitos Judiciales n° 2016056104340 y n° 2016056103822 corre a fojas 1288 y 1289, presentados
por escrito de fojas 1287.
4.8.- Que, para resolver la solicitud de Claudio Narciso La Rosa Palomino, se
debe tener presente que las acreencias laborales han sido pagadas por la
continuadora jurídica Fábrica de Tejidos Pisco SAC intra Expediente 2005-132
sobre Obligación de dar suma de dinero a mérito de ejecución de Medida
Cautelar que se concediera contra las cuentas bancarias de la Fábrica de
Tejidos Pisco SAC en favor de los trabajadores despedidos entre los que se
encuentra el ciudadano Claudio Narciso La Rosa Palomino. Ello se corrobora
de la copia de la resolución N° 02 del 13-10-2016 que han adjuntado los
demandantes de este proceso lo que generó que el Banco de Crédito del Perú
retuviera de las cuentas bancarias de Fábrica de Tejidos Pisco SAC la suma de
S/ 727,713.21 soles, en otros casos, la misma Fábrica de Tejidos Pisco SAC ha
realizado el pago de los adeudado por CTS mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por las sumas globales de S/ 80,000.00 soles (tres
depósitos), todo ello se corrobora del Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente del proceso 132-20015-12 y 132-2005-0, documentos que han sido
extraídos del Sistema Integrado Judicial y corren glosados de folios 975 a 986,
asimismo se corrobora de las copias simples los Certificados de Depósitos
Judiciales n° 2016056104340 y n° 2016056103822 corr e a fojas 1288 y 1289,
presentados por escrito de fojas 1287.
4.9.- Teniéndose en cuenta la precitada información, se colige que al caso
corresponde liquidar intereses legales a partir del día siguiente de la fecha de la
emisión de la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 sobre
“Escisión Parcial, Reducción de Capital Social, Transferencia de Bloque
Patrimonial y Aumento de Capital que otorga FABRITEX PERUANA S.A. a
COTTONIFICIO SUR PERU SAC”3, toda vez que dicho documento fue
valorado en sentencia de este proceso de tercería de preferencia de pago, y es
el documento que reconoce mediante documento de fecha cierta las sumas de
dinero por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios que no es otro
que ADEUDOS DE CARÁCTER LABORAL; CTS que - entre otros- se
reconoció al hoy recurrente Claudio Narciso La Rosa Palomino la suma de S/
26,935.34 según documento de fojas 37, monto de dinero que según
Constancias de Pago y Certificados de Depósito Judicial, fotocopiados a folios
a folios 1089 y 1090 y 1288 y 1289, ha sido cancelado en el Expediente N°
132-2005.
4.10.- Que, por lo que para los fines de determinar la liquidación correcta, debe
tenerse en cuenta este punto de partida (día siguiente al 29 de Abril del año
2003 ) y hasta la fecha en la que a Fábrica de Tejidos Pisco SAC se le logra
retener suma de dinero por el Banco de Crédito del Perú (sucursal Pisco) y/o
fechas en las que dicha Empresa de Tejidos Pisco SAC de mutuo propio
deposita ante el Banco de la Nación sumas de dinero mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por constituir el día de pago de la obligación.
4.11.- Que, ahora bien:
3 Fojas 37. 1) Del contexto del Certificados de Depósitos Judiciales n° 2016056103822
y n° 2016056104340 que obran en copias simples a fojas 1289 y 1288,
se tiene que Fábrica de Tejidos Pisco SAC consigna el primer depósito
el día 02-09-2016 y el segundo depósito el día 30-09-2016 por ante el
Banco de la Nación.
2) Es de ver de las constancias de pago obrantes a folios 1089 y 1090 que
a don Claudio Narciso La Rosa Palomino cobró S/ 4,400.82 del
Certificado de Depósito Judicial n° 2016056103822, y S/ 22,534.52 con
el Certificado de Depósito Judicial 2016056104340.
3) Haciendo un total de S/ 26,935.34 de su CTS
4) En consecuencia el cálculo de los intereses legales laborales debe
realizarse del día siguiente al 29/04/2003 (día siguiente de vencida la
obligación) hasta el día 30/09/2016 (fecha de pago total de la
obligación).
4.12.- Que, teniéndose en cuenta los datos precitados ha de hacer uso del
programa INTERLEG4, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y
obligatorio para los órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios
Sociales e Intereses Legales. aprobados por Resoluciones Administrativas N°
026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ; istrumento que resulta factible utilizar al
caso que los factores que genera el INTERLEG se condice con las
regulaciones establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú.
4.13..- En consecuencia, se llega a la determinación que respecto a Claudio
Narciso La Rosa Palomino, el cálculo de sus intereses legales es como sigue:
4 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005. 4.14.- Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de
Cálculo de líneas supra y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el
INTERLEG ha arrojado como consecuencia de la Liquidación de Intereses:
descripcion f_origen f_liquid dias factor monto interes
CLAUDIO LA ROSA PALO 30/04/2003 30/09/2016 4903 0.35 26935 9,438.7
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE: I.- APROBAR EN PARTE
LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES
LEGALES, presentada por Claudio Narciso La Rosa Palomino; SE APRUEBA
POR EL JUZGADO CIVIL DE PISCO la suma de S/ 9,438.7 soles INTERESES
LEGALES. REQUIÉRASE a Fábrica de Tejidos Pisco SAC presentar
Certificado de Depósito Judicial por la suma de S/ 9,438.7 soles por concepto
de intereses legales dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, bajo
apercibimiento de ejecución forzada que deberá instar en la forma establecida
por ley por la parte beneficiada Claudio Narciso La Rosa Palomino.
NOTIFÍQUESE.- |
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EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : REYNA CATALINA CAHUAS BARRIENTOS
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC; y EMPRESA
FUSIA COMERCIAL SA
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS y otros
Resolución Nro. 57.-
Pisco, cuatro de Julio del año dos mil diecinueve.-
Puesto los autos al Despacho para resolver. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
1.1.- Antecedentes que dieron lugar a la sentencia: Que, por demanda del 19 de
Diciembre del año 2016:
1) Pio Ñañez Salgado.
2) Gregorio Vega Navarro.
3) Adrian Salcedo Calcina.
4) Miguel Angel Hurtado Martinez.
5) Sosimo Víctor Carbajal Melgar.
6) Lino Andrés Torres Melgar.
7) Máximo Gregorio Fonseca Vasquez.
8) Carlos Jesús Lurita Carbajal.
9) Victor Molina Lurita.
10) Juan Carlos Ramos Carrasco.
11) Angel Gabriel Rojas Toledo.
12) José De Jesús Sánchez Romero.
13) Víctor Jesus Ríos Carpio.
14) Hugo Ochoa La Rosa
15) Jesus Antonio Ormeño Giraldo, y
16) Jorge Rómulo Moreno Hernández (por derecho propio y en representación de los
precitados demandantes).
Solicitaron declaración judicial de tercería de derecho preferente de pago, contra la
Empresa COTTONIFICIO Sur Perú SAC y contra Empresa FUSIA COMERCIAL S.A. a
fin de que por sentencia se disponga el pago preferente respecto al importe de sus
compensaciones por tiempo de servicios como trabajadores de la “planta Pisco” a;
precisando la parte actora que “sus acreencias están reconocidas por Escritura Pública
de fecha 29 de Abril del año 2003” sobre Escisión Parcial – Reducción de Capital Social-
Transferencia de Bloque Patrimonial y Aumento de Capital que otorgó FABRITEX
PERUANA S.A. a COTTONIFICIO SUR PERI SAC.
1.2.- Por resolución N° 23, se integran como litisconsortes activos a:
1) Claudio Narciso La Rosa Palomino.
2) Freddy Richard Muñoz Contreras.
3) Javier Enrique Galliquio Tuppia.
4) Roger Domingo García Diaz.
5) Juan Nazario Velásquez Barrial.
6) Los precitados representados por Jorge Rómulo Moreno Hernández. De la firmeza de la sentencia: Que, el estado del proceso es de ejecución de sentencia N°
271 que declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago; preexiste resolución
judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia en cuando a pago de Intereses de Intereses
Legales, resolución última que quedó firme mediante auto de vista N° 35 de folios 346
que declaró nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación de
FUSIA COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
2.1.- Por escrito de fojas 379, don Juan Carlos Ramos Carrasco presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, por la suma de S/ 14,870 soles. Al efecto adjunta Hoja de
Liquidación obrante de fojas 373 a 378. Expone el precitado en su Hoja de Liquidación de
Parte, que la liquidación de intereses lo practica del 29 de Abril del 2003, esto es de la fecha
de reconocimiento mediante Escritura Pública de su Compensación por Tiempo de
Servicios, hasta el 28 de Febrero del 2018 en que se le endosó certificado de depósito
judicial.
2.2.- Por escrito de fojas 385, don Hugo Félix Ochoa La Rosa presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, por la suma de S/ 9,250.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de
Liquidación obrante de fojas 381 a 384.
2.3.- Por escrito de fojas 1093, la abogada de Javier Enrique Galliquio Tuppia, Juan Nazario
Velasquez Barrial, Claudio Narciso La Rosa Palomino precisan que proceden a cumplir el
mandado del Juzgado contenido en la resolución judicial N° 51, anexando a su escrito
copia de la resolución tres del Expediente N° 132-2005-78 y copias de órdenes de pago y
liquidación de depósitos judiciales; los que se verifica corren de fojas 1084 a 1092.
Es de recordar que Javier Enrique Galliquio Tuppia, Juan Nazario Velasquez Barrial,
Claudio Narciso La Rosa Palomino presentaron propuestas de Liquidación de Intereses
Legales con sus escritos obrantes de folios 900, 914 y 925.
(cid:1)
Indica Javier Enrique Galliquio Tuppia con su Informe Pericial de Parte de fojas
888 y siguientes, que le correspondería S/ 18,470.97 soles del 29 de Abril del
2003 (Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre
del 2016 (fecha de pago).
(cid:1)
Indica Juan Nazario Velasquez Barrial con su Informe Pericial de Parte de fojas 902
y siguientes que le correspondería S/ 19,094.30 soles del 29 de Abril del 2003
(Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre del
2016 (fecha de pago).
(cid:1)
Indica Claudio Narciso La Rosa Palomino con su Informe Pericial de Parte de fojas
921 y siguientes, que le correspondería S/ 17,599.74 soles del 29 de Abril del
2003 (Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre
del 2016 (fecha de pago).
2.4.- Por escrito de fojas 1106, Freddy Richard Muñoz Contreras precisa que procede a
cumplir el mandado del Juzgado contenido en la resolución judicial N° 51, anexando a su
escrito copia de la resolución tres del Expediente N° 132-2005-70 más constancias de retiro
de depósito judicial y vauchers de pago del banco de la nación; los que se verifica corren de
folios 1098 a 1105.
1 Fojas 298 a 305. Es de recordar que Freddy Richard Muñoz Contreras presentó propuesta de Liquidación
de Intereses Legales con escrito obrante de folios 955; y con Hoja de Liquidación de
Intereses Legales de fojas 950:
(cid:1)
Indica que le correspondería S/ 19,837.70 soles, calculado del 18 de Marzo del 2000
al 25 de Noviembre del 2018.
TERCERO: Observación de las Empresas COTTONIFICIO Sur Perú SAC y
contra Empresa FUSIA COMERCIAL S.A.
Que, los pedimentos de don Juan Carlos Ramos Carrasco y Hugo Félix Ochoa La Rosa
fueron proveídos por decretos N° 41 y N° 42 de fechas 18 y 24 de Mayo del año 2018. NO
HAY observación al respecto.
CUARTO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escrito de fojas 962 y 967, Fábrica de Tejidos Pisco SAC, indica que se le ha
puesto de conocimiento las propuestas de liquidación de Juan Nazario Velásquez Barrial y
Javier Enrique Galliquio Tuppia, y de Freddy Richard Muñoz Contreras.
Observa las liquidaciones de parte expresando que la liquidación carece de la aplicación del
factor al periodo calculado, el factor por cada periodo calculado, que no se explica cómo se
determina el monto final de la liquidación.
Del análisis de los mencionados escritos de la Empresa, NO hay observación en cuanto a la
propuesta de liquidación de Claudio Narciso La Rosa Palomino.
QUINTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
5.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula el numeral II
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo Juez dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización
y procurar la economía procesal, tal como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código
Procesal Civil.
5.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre Preferencia de
Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de la Empresa Fabritex
Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por la Empresa COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver del tránsito del proceso, demandaron a
esas dos Empresas para que se les reconozca derecho preferente de pago dado que
contaban con documentación (Escritura Pública) donde las demandadas les reconocían
adeudar sumas de dinero por concepto de Compensaciones por Tiempo de Servicios,
montos de dinero que corren señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año
2003 de folios 11, instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que
declaró fundada la demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de
beneficios laborales por cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y urgente,
relievándose al efecto el Principio Protector del Derecho Laboral.
Por lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito judicial
para determinar los intereses legales, máxime cuando se tiene que los proponentes de las
liquidaciones de intereses legales han presentado a su turno documentación con la que
pretenden demostrar que en el Expediente Judicial N° 132-2005 sobre Obligación de Dar
Suma de Dinero seguido por la ejecutante FUSIA COMERCIAL S.A. contra
COTTONIFICIO SURPERU SAC se le ha pagado como derecho preferente de pago sus
correspondientes CTS establecidas en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año
2003 y que cuentan con otras documentaciones como por ejemplo constancias de órdenes
de pago de certificados de depósito judicial de las cuales se podría extraer la fecha de su
pago y/o del cumplimiento de pago por parte de Fábrica de Tejidos Pisco SAC como actual responsable de los pagos de las acreencias laborales de los demandantes de esta
Causa. Por lo que cabe entrar verificar dichos documentos y determinar los intereses legales
en los casos que en este acto resulte aplicable, máxime si el Juzgado cuenta con el programa
INTERLEG2, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio para los
órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses legales y
financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a partir de la necesidad
de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial una herramienta eficaz
para el cálculo de los intereses legales y la verificación de los factores
aplicados; este sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral
(D. Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés financiero
(aplicable a la CTS no depositada oportunamente), interés de deudas
previsionales (AFP) y actualización de deuda utilizando como factor de
actualización las remuneraciones mínimas, el índice de precios al
consumidor o el tipo de cambio.
5.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución que la
integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular en el presente
caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta que las Compensaciones
por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril
del año 2003 de folios 11 en favor de los demandantes constituyen ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL; se concluye que en el presente caso corresponde liquidar los
intereses legales de acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El
Peruano: 03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos
de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.” En cuyo
artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir del día siguiente de
vencida la obligación hasta el día del pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
5.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por
adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del
Perú. El referido interés no es capitalizable.”
5.5.- DE LA LIQUIDACIÓN DE JUAN CARLOS RAMOS CARRASCO:
5.5.1.- Juan Carlos Ramos Carrasco presenta propuesta de liquidación de intereses
legales, por la suma de S/ 14,870.00 soles. Del análisis de su escrito como de la su Hoja de
Liquidación obrante de fojas 373 a 378, solicita que la liquidación de intereses deba
practicarse del 29 de Abril del 2003, esto es de la fecha de reconocimiento mediante
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005. Escritura Pública de su Compensación por Tiempo de Servicios, hasta el 28 de Febrero del
2018 en que se le endosó certificado de depósito judicial.
5.5.2.- La liquidación propuesta debe aprobarse en parte, pues se constata que con
demanda fue precisado que las “acreencias están reconocidas por Escritura Pública de
fecha 29 de Abril del 2003”, lo que fue amparado por sentencia de autos; Escritura Pública
donde es de ver fue reconocido a favor de Juan Carlos Ramos Carrasco el monto de S/
22,061.82 soles. Por lo que de conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 es desde
el día 30 de Abril del 2003 que debe correr los intereses legales.
5.5.3.- La Hoja de Seguimiento de depósitos judiciales glosada a folios 975 en
relación al Expediente N° 132-2005-123, acredita que a don Juan Carlos Ramos Carrasco le
fue pagado S/ 22,061.22 soles a mérito del Depósito Judicial N° 2017056100815 de fecha
de emisión (pago) 28 de Febrero del 2017; esto es, esta última fecha es la fecha de pago de
la obligación principal, por lo que de conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 es
hasta donde debe liquidarse los intereses legales.
5.5.4.- Debe precisarse que se aprueba en parte la Propuesta de Liquidación, porque
Juan Carlos Ramos Carrasco intenta liquidar los intereses del 29-04-2003, lo que resulta
incorrecto, pues debe ser del día siguiente: 30-04-2003; e, intenta liquidar los intereses hasta
el 28-02-2018 cuando no hay prueba que respalde esa afirmación, dado que el Depósito
Judicial del que se ha hecho cobro de su capital es de fecha de pago 28-02-2017.
5.5.5.- Considerándose que la fecha la fecha de inicio: 30 de Abril del 2003 y la
fecha límite 28 de Febrero del 2017, es la que resulta aplicable a los intereses legales, cabe
entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de intereses legales que
proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.5.6.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
de línea supra. Del cual se tiene que en favor de Juan Carlos Ramos Carrasco se le adeuda
3 Que a mérito de la resolución N° 512, fue extraído del sistema judicial para mejor resolver la liquidación
de intereses legales. S/ 7,976.23 soles por intereses legales, y no S/ 14,870.10 soles que se pretende; de ahí que
el monto de aprueba en parte.
5.6.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE HUGO FÉLIX OCHOA LA
ROSA:
5.6.1.- Analizado el Informe Pericial de Parte de folios 381-384, don Hugo Felix
Ochoa La Rosa señala que le fue reconocido un adeudo laboral de S/ 13,313.79 soles; lo
cual es cierto por cuanto se verifica del folios 37 vuelta de la Escritura Pública de fecha 29
de Abril del 2003; señala el recurrente que se le debe por intereses legales S/ 9,250.42 soles,
sin embargo se detecta que no explica de manera convincente cómo así es que en su caso la
liquidación de intereses se devenga desde el mes de Agosto del 2003 y cómo así es que
debería liquidarse hasta el día 24 de Enero del 2018.
5.6.2.- La liquidación de intereses legales, conforme ya se explicó en el ítem 4.5.2.
debe liquidarse a partir del día siguiente al reconocimiento de la obligación contenida en la
Escritura Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 11 y siguientes, tal cual fue expresado en
demanda y amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de
conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los
intereses legales corre a partir del día 30 de Abril del 2003.
5.6.3.- De acuerdo al reporte de seguimientos de depósitos judiciales glosado a
980, está acreditado que a don Hugo Felix Ochoa La Rosa le fue pagado S/ 13,313.79
soles, en el Expediente 132.2005-12 y a mérito del Certificado de Depósito Judicial N°
2017056100815 de fecha de pago o depósito judicial ante el Banco de la Nación, 28 de
Febrero del año 2017, por tanto esta es la fecha límite de liquidación de intereses legales
conforma al artículo 3º de la Ley N° 25920.
5.6.4.- Cabe entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de
intereses legales que proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.6.5.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Hugo Félix Ochoa La Rosa se le adeuda S/ 4,813.60 soles por intereses legales, y no S/ 9,250.42 soles que se pretende; de
ahí que el monto de aprueba en parte.
5.7.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES LEGALES DE FREDDY
RICHARD MUÑOZ CONTRERAS:
5.7.1.- Freddy Richard Muñoz Contreras, acredita con la copia de la resolución
judicial N° 03 de fecha 16 de Noviembre del 2018 del Expediente 132-2005-70 (glosado a
folios 1098), que en dicho proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero se le hizo valer
su sentencia sobre derecho preferente de pago en la suma de S/ 31,461.39 soles,
ordenándose en ese proceso que el pago debía efectuarse de cualquiera de los Certificados
de Depósito Judicial N° 2016056103822, 2016056104340 y 2016056104901.
5.7.2.- Del Sistema Integrado Judicial – Depósitos Judicial BN, que maneja el
Poder Judicial y que en este acto se hace uso para extraer información relevante en relación
al certificado de depósito judicial del cual se ha hecho pago a Freddy Richard Muñoz
Contreras y que se manda agregar a los autos, se logra extraer “hoja de seguimiento de
Depósitos por Expedientes” que acredita que, efectivamente, al precitado le fue pagado S/
31,461.39 soles mediante el Certificados de Depósito Judicial N° 2016056103822;
certificado que fue emitido por el Banco de la Nación el día 02 de Setiembre del 2016 a
mérito del pago efectuado por Fábrica de tejidos Pisco SAC para el Expediente 132.2005-0.
Pago efectivizado en el Banco de la Nación según se corrobora de los documentos
obrantes a folios 1096 y 1097 presentados por Freddy Richard Muñoz Contreras.
5.7.3.- Ahora bien, del análisis de la Hoja de Liquidación de Intereses Legales
presentado por Freddy Richard Muñoz Contreras y que obra a folios 950 y siguientes, se
detecta que no hay una explicación clara y concreta de cómo así el precitado llega a
establecer que la liquidación de intereses debe correr del 18-03-2000 hasta el 25-11-2018.
Lo descrito en esa Hoja de Liquidación solo refiere a operaciones numéricas de tasa anual,
factor diario, factor mensual, deuda capital e interés legal. Menos se tiene justificación
razonable en el escrito de fecha 03 de Diciembre del 2018 de fojas 955 presentado por
Freddy Richard Muñoz Contreras sobre el porqué utiliza esas fechas como parámetros de
la liquidación de intereses devengados.
5.7.4.- De ahí que este Juzgado debe entrar a determinar el monto exacto de la
liquidación de devengados por concepto de intereses legales, tomándose como base el día
siguiente al reconocimiento de la obligación contenida en la Escritura Pública del 29 de
Abril del 2003 de fojas 11 y siguientes, tal cual fue expresado en demanda y amparado en
sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con el artículo 3º
de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre a partir del
día 30 de Abril del 2003; y como fecha de pago de la obligación ha de considerar el día 02
de Setiembre del 2016 por estar debidamente acreditado con “hoja de seguimiento de
Depósitos por Expedientes”.
5.7.5.- Cabe entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de
intereses legales que proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente: 5.7.6.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Freddy Richard Muñoz Contreras
se le adeuda S/ 10,959.26 soles por intereses legales, y no S/ 19,837.42 soles que se
pretende; de ahí que el monto de aprueba en parte.
5.7.7.- La oposición formulada por Fábrica de Tejidos Pisco SAC deviene
infundada por cuanto lo afirmado en su escrito de fojas 967, son apreciaciones subjetivas,
no viene respaldado con medio de prueba alguno como por ejemplo pericia de parte que
coadyuve al Juzgador a determinar cuál sería el monto devengado por intereses legales.
5.8.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES LEGALES DE JAVIER
ENRIQUE GALLIQUIO TUPPIA Y JUAN NAZARIO VELASQUEZ BARRIAL:
5.8.1.- Javier Enrique Galliquio Tuppia, acredita con la copia de la resolución
judicial N° 03 de fecha 16 de Noviembre del 2018 del Expediente 132-2005-78 (glosado a
folios 1084), que en dicho proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero se le hizo valer
su sentencia sobre derecho preferente de pago en la suma de S/ 28,237.84 soles,
ordenándose en ese proceso que el pago debía efectuarse de cualquiera de los Certificados
de Depósito Judicial N° 2016056103822, 2016056104340 y 2016056104901.
5.8.2.- Javier Enrique Galliquio Tuppia, acredita a folios 1091 con la Hoja de
Liquidación de Depósito Judicial, que mediante Certificado de Depósito Judicial N°
2016056104340 le fue pagado S/ 28,237.84 soles; Certificados de Depósito Judicial emitido
por el Banco de la Nación el día 30 de Setiembre del 2016. Pago efectivizado en el Banco
de la Nación.
5.8.3.- Está acreditado en autos que el reconocimiento de la obligación de Javier
Enrique Galliquio Tuppia por S/ 28,237.84 soles se encuentra contenida en la Escritura
Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 36 vuelta, tal cual fue expresado en demanda y
amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con
el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre
a partir del día 30 de Abril del 2003; y la fecha límite es la del pago ante el Banco de la Nación que generó el Certificado de Depósito Judicial N° 2016056104340, esto es, el día
30 de Setiembre del 2016.
5.8.4.- Juan Nazario Velasquez Barrial, acredita a folios 1092 con la Hoja de
Liquidación de Depósito Judicial, que mediante Certificado de Depósito Judicial N°
2016056104340 le fue pagado S/ 29,190.83 soles; Certificados de Depósito Judicial emitido
por el Banco de la Nación el día 30 de Setiembre del 2016. Pago efectivizado en el Banco
de la Nación.
5.8.5.- Está acreditado en autos que el reconocimiento de la obligación de Juan
Nazario Velasquez Barrial por S/ 29,190.83 soles se encuentra contenida en la Escritura
Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 38 vuelta, tal cual fue expresado en demanda y
amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con
el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre
a partir del día 30 de Abril del 2003; y la fecha límite es la del pago ante el Banco de la
Nación que generó el Certificado de Depósito Judicial N° 2016056104340, esto es, el día
30 de Setiembre del 2016.
5.8.6.- Analizadas las Hojas de Liquidación de Intereses Legales practicadas de
parte por Javier Enrique Galliquio Tuppia y por Juan Nazario Velasquez Barrial,
obrantes de folios 888 a 891 y de 902 a 905, se tiene que no se puede aprobar la fecha de
cálculo puesto que refieren que debe liquidarse del 29-04-2003 al 30-09-2016, cuando de
acuerdo al artículo 3º de la Ley N° 25920 debe ser del 30-04-2003 al 30-09-2016;
asimismo, para los fines de aplicar el factor de intereses, ha de apoyarse este Juzgado en el
INTERLEG, del cual se tiene:
5.8.7.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo
pantallazo es lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Javier Enrique
Galliquio Tuppia se le adeuda S/ 9,895.10 soles por intereses legales, y no la exorbitante
e irrazonable suma de S/ 18,470.97 soles que se pretende; de ahí que el monto reclamado
de aprueba en parte. Y, en cuanto a por Juan Nazario Velasquez Barrial se le adeuda
solamente S/ 10,229.05 soles por intereses legales, y no la exorbitante e irrazonable suma
de S/ 19,094.30 soles que se pretende; de ahí que el monto reclamado de aprueba en parte. 5.8.8.- La oposición formulada por Fábrica de Tejidos Pisco SAC deviene
infundada por cuanto lo afirmado en su escrito de fojas 962, son apreciaciones subjetivas,
no viene respaldado con medio de prueba alguno como por ejemplo pericia de parte que
coadyuve al Juzgador a determinar cuál sería el monto devengado por intereses legales.
5.9.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE CLAUDIO NARCISO LA
ROSA PALOMINO:
5.9.1.- Para mejor resolver, don Claudio Narciso La Rosa Palomino deberá
presentar, copias de los Certificados de Depósito Judicial N° 2016056103822 y N°
2016056104340; los que resultan transcendentes tener a la vista en el caso particular del
precitado, en atención a que de las copias de órdenes de pago de folios 1089 y 1090 que ha
presentado con su escrito de fojas 1093, no permite identificar la fecha de “emisión” de los
aludidos certificados. Tampoco se puede visualizar del Sistema Integrado Judicial –
Depósitos Judicial BN el reporte de “seguimiento de depósitos por expediente” en relación
al Certificados de Depósito Judicial N° 2016056104340, sólo se puede extraer lo del
Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822, pero resulta insuficiente para mejor
resolver.
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE:
I.- APROBAR EN PARTE LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN
DE INTERESES LEGALES, presentadas por:
(cid:2)
Juan Carlos Ramos Carrasco se le adeuda S/ 7,976.23 soles por intereses legales.
(cid:2)
Hugo Félix Ochoa La Rosa se le adeuda S/ 4,813.60 soles por intereses legales.
(cid:2)
Freddy Richard Muñoz Contreras se le adeuda S/ 10,959.26 soles por intereses legales.
(cid:2)
Javier Enrique Galliquio Tuppia se le adeuda S/ 9,895.10 soles por intereses legales.
(cid:2)
Juan Nazario Velásquez Barrial se le adeuda S/ 10,229.05 soles por intereses legales.
II.- REQUERIR a Claudio Narciso La Rosa Palomino, cumplir con lo ordenado en el
ítem 5.9 de la presente para mejor resolver.- Cumplido que sea dese cuenta por secretaría.
III.- INFUNDADA LA OBSERVACIÓN efectuada con escrito de folios 962 y 967 por
Fábrica de Tejidos Piscos SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentaron
Freddy Richard Muñoz Contreras, Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario
Velásquez Barrial.
IV.- ORDENO GLOSAR al proceso, “Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente” extraído del Sistema Integrado Judicial, y la Hojas de Liquidación de Intereses
extraídas del INTERLEG; que se han tenido a la vista. – Interviene en secretario Dr.
Sasieta por disposición superior y por licencia de la secretaria titular de la Secretaría “A”
Dra Cahuas.
NOTIFÍQUESE.- |
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EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS Y OTROS.
Resolución Nro. 51.-
Pisco, quince de Abril del año dos mil diecinueve.-
Puesto los autos al Despacho para resolver. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
Que, prima facie cabe precisar, el estado del proceso es de ejecución de sentencia1 que
declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago; preexiste resolución judicial N°
28 que dispone integrar la sentencia en cuando a pago de Intereses de Intereses Legales,
resolución última que quedó firme mediante auto de vista N° 35 de folios 346 que declaró
nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación de FUSIA
COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
2.1.- Por escrito de fojas 408, Víctor Molina Lurita presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 17,190.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 403 a
407.
2.2.- Por escrito de fojas 421, Víctor Jesús Ríos Carpio presenta propuesta de liquidación
de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y
por la suma de S/ 12,880.44 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas
417 a 420.
2.3.- Por escrito de fojas 435, Ángel Gabriel Rojas Toledo presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,929.59 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 430 a 434.
2.4.- Por escrito de fojas 449, Víctor Vega Navarro presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 11,828.58 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 444 a
448.
2.5.- Por escrito de fojas 462, Sosimo Víctor Carbajal Melgar presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,759.60 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 458 a 461.
1 Fojas 298 a 305. 2.6.- Por escrito de fojas 476 Lino Andrés Torres Melgar presenta propuesta de liquidación
de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y
por la suma de S/ 16,366.93 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas
471 a 475.
2.7.- Por escrito de fojas 489 Jesús Antonio Ormeño Giraldo presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 21,429.16 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 485 a 488.
2.8.- Por escrito de fojas 502 José De Jesús Sánchez Romero presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 11,501.61 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 498 a 501.
2.9.- Por escrito de fojas 516 Adrian Salcedo Calcina presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 15,589.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 512 a
515.
2.10.- Por escrito de fojas 529 Máximo Gregorio Fonseca Vasquez presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 14,634.27 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 525 a 528.
2.11.- Por escrito de fojas 543 Pio Ñañez Salgado presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 20,807.75 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 538 a
542.
2.12.- Por escrito de fojas 557 Jorge Rómulo Moreno Hernández presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 17,134.63 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 552 a 556.
2.13.- Por escrito de fojas 571 Miguel Angel Hurtado Martínez presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 11,087.46 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 566 a 570.
2.14.- Por escrito de fojas 595 Carlos Jesús Lurita Carbajal presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,409.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 590 a 594.
TERCERO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escrito de fojas 841, Fábrica de Tejidos Pisco SAC solicitó se declare
improcedente las liquidaciones de intereses relacionadas con las solicitudes detalladas en el
considerando segundo de la presente resolución. Mediante resolución N° 46 fue declarado
improcedente el pedido instado por Fábrica de Tejidos Pisco SAC, ordenándose pasar nuevamente los autos al despacho judicial para resolver lo conveniente a la Liquidación de
Intereses.
CUARTO: Otras propuestas de Liquidación de Intereses:
4.1.- Por escrito de fojas 900 Javier Enrique Galliquio Tuppia refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 888 a 891, por la suma de
S/ 18,470.97 soles.
4.2.- Por escrito de fojas 914 Juan Nazario Velásquez Barrial refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 902 a 905, por la suma de
S/ 19,094.30 soles.
4.3.- Por escrito de fojas 925 Claudio Narciso La Rosa Palomino refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 921 a 924 por la suma de
S/ 17,599.74 soles.
4.4.- Por escrito de fojas 939 Roger Domingo García Diaz presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 18-03-2000 al 25-
11-2018 y por la suma de S/ 12,768.73 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 934 a 938.
4.5.- Por escrito de fojas 955 Freddy Richard Muñoz Contreras presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 25-
11-2018 y por la suma de S/ 19,837.70 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 950 a 954.
QUINTO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escritos de fojas 962 y 967, Fábrica de Tejidos Pisco SAC, formula observación a
las liquidaciones de intereses que se han descrito en el considerando precedente; señala
concretamente, que las liquidaciones carece “de aplicación del factor del periodo calculado” “
cálculo del factor por cada periodo liquidado” que no contiene “ecuación que permita determinar cómo se
llega a la conclusión o al monto final precisado”, por lo que requiere que la liquidación lo elabore
un profesional idóneo.
SEXTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
6.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula el numeral II
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo Juez dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización
y procurar la economía procesal, tal como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código
Procesal Civil.
6.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre Preferencia de
Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de la Empresa Fabritex
Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por la Empresa COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver del tránsito del proceso, demandaron a
esas dos Empresas para que se les reconozca derecho preferente de pago dado que
contaban con documentación donde las demandadas les reconocían adeudar sumas de
dinero por concepto de Compensaciones por Tiempo de Servicios, montos de dinero que
corren señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11,
instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que declaró fundada la
demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de beneficios laborales por cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y urgente, relievándose al efecto el
Principio Protector del Derecho Laboral.
Por lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito judicial
para determinar los intereses legales, máxime cuando en la actualidad se cuenta con Sistema
Integrado Judicial del cual es posible extraer reporte de pago de depósitos judiciales de los
cuales ha de constatar la cantidad de depósitos judiciales que fueron presentados al
Expediente Judicial N° 132-2005 sobre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido por la
ejecutante FUSIA COMERCIAL S.A. contra COTTONIFICIO SURPERU SAC (proceso
judicial que a decir de los recurrentes es donde se les ha pagado sus CTS), los montos
consignados por las Empresas involucradas en el pago de las acreencias laborales en el
Expediente N° 132-2005, las fechas de pago por ante el Banco de la Nación de esas
acreencias consignadas en el Expediente N° 132-2005.
Igualmente es posible calcular los intereses legales laborales con el programa INTERLEG2,
diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio para los órganos
jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses legales y
financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a partir de la necesidad
de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial una herramienta eficaz
para el cálculo de los intereses legales y la verificación de los factores
aplicados; este sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral
(D. Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés financiero
(aplicable a la CTS no depositada oportunamente), interés de deudas
previsionales (AFP) y actualización de deuda utilizando como factor de
actualización las remuneraciones mínimas, el índice de precios al
consumidor o el tipo de cambio.
6.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución que la
integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular en el presente
caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta que las Compensaciones
por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril
del año 2003 de folios 11 en favor de los demandantes constituyen ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL; se concluye que en el presente caso corresponde liquidar los
intereses legales de acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El
Peruano: 03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos
de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.” En cuyo
artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir del día siguiente de
vencida la obligación hasta el día del pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
6.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005. “A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por
adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del
Perú. El referido interés no es capitalizable.”
6.5.- Que, en concreto los sujetos recurrentes-demandantes informan al Juzgado que sus
acreencias laborales han sido pagadas por la continuadora jurídica Fábrica de Tejidos Pisco
SAC intra Expediente 2005-132 sobre Obligación de dar suma de dinero a mérito de
ejecución de Medida Cautelar que se concediera en sus favores y contra las cuentas de la
Fábrica de Tejidos Pisco SAC. Esta afirmación es correcta según es de ver de la copia de la
resolución N° 02 del 13-10-2016 que han adjuntado los demandantes de este proceso, a
excepción de algunos otros recurrentes, pero que en definitiva la mayoría ciertamente
obtuvo Medida Cautelar de embargo en forma de retención, lo que verdaderamente generó
que el Banco de Crédito del Perú retuviera de las cuentas bancarias de Fábrica de Tejidos
Pisco SAC la suma de S/ 727,713.21 soles, en otros casos es la misma Fábrica de Tejidos
Pisco SAC que ha realizado el pago de los adeudado por CTS mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por las sumas globales de S/ 80,000.00 soles (tres depósitos), todo ello
se corrobora del Reporte de Seguimiento de Depósitos por Expediente del proceso
132-20015-12 y 132-2005-0, que en este acto se extrae del Sistema Integrado Judicial y se
manda agregar a esta Causa N° 429-2006-0 para mejor resolver.-
Teniéndose en cuenta la precitada información, se colige que no es correcto los que
afirman la mayoría de los demandantes recurrentes en relación a que la Liquidación de
Intereses deba realizarse del 17-03-2000 al 01-03-2018 pues primero no hay una motivación
convincente por aquellos de cómo así llegan a determinar que la Liquidación deba partir del
17-03-200 y cómo así debe culminar el 01-03-2018. Al caso lo que si corresponde es que la
Liquidación de Intereses debe liquidarse a partir del día siguiente de la fecha de la emisión
de la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 sobre “Escisión Parcial, Reducción
de Capital Social, Transferencia de Bloque Patrimonial y Aumento de Capital que otorga FABRITEX
PERUANA S.A. a COTTONIFICIO SUR PERU SAC”, toda vez que dicho documento
fue valorado en sentencia de este proceso de tercería de preferencia de pago, y es el
documento que reconoce mediante documento de fecha cierta las sumas de dinero por
concepto de Compensación por Tiempo de Servicios que no es otro que ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL a favor de los hoy recurrentes, montos de dinero que a decir de
ellos mismos ya han sido pagados en el Expediente N° 132-2005 como consecuencia de la
retención judicial de la cuenta bancaria de Fábrica de Tejidos Pisco SAC y por el pago
directo a través de sendos Certificados de Depósitos Judiciales presentados por esa misma
Empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC, lo que se verifica del aludido “Reporte de
Seguimiento de Depósitos por Expediente”; por lo que para los fines de determinar la
liquidación correcta, debe tenerse en cuenta este punto de partida (día siguiente al 29 de
Abril del año 2003 ) y hasta la fecha en la que a Fábrica de Tejidos Pisco SAC se le logra
retener suma de dinero por el Banco de Crédito del Perú (sucursal Pisco) y fechas en las
que dicha Empresa de Tejidos Pisco SAC de mutuo propio deposita ante el Banco de la
Nación sumas de dinero mediante Certificados de Depósitos Judiciales por constituir el día
de pago de la obligación.
6.6.- Que, ahora bien, se tiene del Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente del proceso 132-20015-12, que:
1) A Víctor Molina Lurita le pagaron S/ 28,494.63 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
2) A Víctor Jesús Ríos Carpio le pagaron S/ 21216.13 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
3) A Angel Gabriel Rojas Toledo le pagaron S/ 28,062.27 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
4) A Víctor Vega Navarro le pagaron S/ 19,606.90 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
5) A Víctor Carbajal Melgar le pagaron S/ 27,605.71 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
6) A Lino Andrés Torres Melgar le pagaron S/ 27,129.62 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
7) A Jesús Antonio Ormeño Giraldo le pagaron S/ 35,297.22 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
8) A José De Jesús Sánchez Romero le pagaron S/ 18,944.97 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
9) A Adrián Salcedo Calcina le pagaron S/ 25,678.24 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017. 10) A Máximo Gregorio Fonseca Vásquez le pagaron S/ 24,104.96 soles del Certificado
de Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de
Medida Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través
de Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
11) A Pio Ñañez Salgado le pagaron S/ 34,490.66 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
12) A Jorge Rómulo Moreno Hernández le pagaron S/ 28,402.15 soles del Certificado
de Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de
Medida Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través
de Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
13) A Miguel ángel Hurtado Martínez le pagaron S/ 18,378.44 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
14) A Carlos Jesús Lurita Carbajal le pagaron S/27,200.04 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
6.7.- Que, teniéndose en cuenta los datos precitados y considerándose la fórmula de cálculo
y factores que el INTERLEG aplica según el Banco Central de Reserva del Perú, se llega a
la determinación que respecto a los precitados demandantes, el cálculo de sus intereses
legales es como sigue: 6.8.- Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas
supra y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el INTERLEG ha arrojado
como consecuencia de la Liquidación de Intereses:
Descripción f_origen f_liquid días factor monto interés
SALCEDO CALCINA ADRIAN 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 25678.24 9283.97
FONSECA VASQUEZ MAXIMO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 24104.96 8715.15
ÑAÑEZ SALGADO PIO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 34490.66 12470.1
MORENO HERNANDEZ JORGE 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28402.15 10268.8
HURTADO MARTINEZ MIGUEL 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 18378.44 6644.72
LURITA CARBAJAL CARLOS 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27200.04 9834.17
MOLINA LURITA VICTOR 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28494.63 10302.23
RIOS CARPIO VICTOR JESUS 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 21216.13 7670.69
ROJAS TOLEDO ANGEL GABRIEL 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28062.27 10145.91
VEGA NAVARRO VICTOR 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 19606.9 7088.87
CARBAJAL MELGAR SOSIMO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27605.71 9980.84
TORRES MELGAR LINO ANDRES 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27129.62 9808.71
ORMEÑO GIRALDO JESUS A. 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 35297.22 12761.71
SANCHEZ ROMERO JOSE DE J. 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 18944.97 6849.55
6.9.- Que, con respecto a los recurrentes: Claudio Narciso La Rosa Palomino y Freddy
Richard Muñoz Contreras. Por ahora no es posible entrar al cálculo de sus Intereses
Legales, dado que se detecta del Sistema Integrado Judicial que solo aparece información
de pagos parciales en menor monto a los precisados en las Hojas de Liquidación de Parte
que han formulado estos recurrentes.
Ejemplo: don Freddy Richard Muñoz Contreras propone Liquidación sobre la base de S/
31,822.88 soles, mientras que del SIJ se logra verificar que ha cobrado S/ 31,461.39, de ahí
que se requiere mayores elementos para calcular adecuadamente la Liquidación.
Ejemplo: don Claudio Narciso La Rosa Palomino propone cálculo sobre la base de dos
montos: S/ 4,400.82 y S/ 22,534.52; sin embargo se detecta del SIJ que no hay mayor
información que el endoso de S/ 4,400.82; de ahí que se requiere tener mayor elemento de
convicción del Expediente 132-2005. Por lo que para mejor resolver, se requiere que tales sujetos procesales presenten a este
Expediente, copia simple o certificada de las Constancias de Retiro de Depósito
Judicial que debe obrar en el Expediente 132-2005 ó del Incidente respectivo donde se
haya cobrado Depósitos Judiciales; lo que permitirá verificar el monto de dinero exacto
cobrado, el N° del Depósito respectivo, la fecha en la que fue pagado el dinero consignado
en el Certificado de Depósito Judicial. Asimismo, deben anexar a esta Causa copia simple
de la resolución judicial del Expediente 132-2005 ó del Incidente respectivo donde
se dispone proceder al “endoso” en favor de los precitados recurrentes, máxime
cuando ellos no fueron beneficiados con la resolución de Medida Cautelar N° 02 (fojas 929
que han presentado a sus respectivos escritos de propuesta de liquidación de intereses)
6.10.- Que, con respecto Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velasquez Barrial,
no se ha logrado identificar y/o extraer del Sistema Integrado Judicial información de
cuánto se les habría pagado en el Expediente 132-2005, por lo que, en igual forma que los
recurrentes del ítem precedente, deben presentar la misma documentación solicitada para
mejor resolver en sus casos.
6.11.- Que, en cuanto al recurrente Roger Domingo García Díaz, sí se ha logrado encontrar
información en el Sistema Integrado Judicial de cuánto es lo que verdaderamente ha
cobrado en el Expediente 132-2005. El capital que verdaderamente ha cobrado es la suma
de S/ 20,483.34 soles; monto que ha sido cobrado en dos tramos: el primero por S/
17,983.29 soles del Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822 y el segundo por
S/ 2,500.00 soles del Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901.
Datos:
- El primer Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822 es consignado el día
02/09/2016.
- El segundo Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901 es consignado el
día 29/10/2016.
- La Escritura Pública de fecha 29/04/2003 de fojas 11 le tiene reconocido CTS la
suma de S/ 20,483.11 soles; de lo que se infiere que en el Expediente 132-2005 ha
cobrado en exceso sólo en céntimos.
Por lo que la liquidación de intereses legales, en su caso particular del pago de S/ 17,983.29
soles del Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822, es como sigue: Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas supra
sin perjuicio de mandar agregar a este Expediente, el Anexo u Hoja de Cálculo que el
INTRALEG ha arrojado como consecuencia de la Liquidación de Intereses legales:
Descripción f. origen f. liquid días factor monto interés
GARCIA DIAZ ROGER DO 30/04/2003 02/09/2016 4875 0.348 17983 6264.3
Que, en cuanto al pago del saldo de S/ 2,500.00 soles del Certificado de Depósito Judicial
N° 20160566104901, pagado posteriormente al mismo don Roger Domingo García Díaz:
el punto de partida es el día 03/09/2016 (día siguiente al pago del Certificado de Depósito
Judicial N° 2016056103822), hasta el día 29/10/2016 en que se consigna el último
Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901:
Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas supra
y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el INTERLEG ha arrojado como
consecuencia de la Liquidación de Intereses:
Descripción f/ origen f/ liquid. días factor monto interés
GARCIA DIAZ ROGER DO 03/09/2016 29/10/2016 57 0.00423 2500 10.58 En consecuencia al demandante Roger Domingo García Díaz se le adeuda por intereses la
suma total de S/ 6,274.88 soles
6.12.- La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos
SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentan Javier Enrique Galliquio
Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial: debe sujetarse a lo dispuesto en ítem 6.10 de la
presente resolución.
La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos SAC en
relación a la propuesta de liquidación que presentan Freddy Richard Muñoz Contreras:
debe sujetarse a lo dispuesto en ítem 6.09 de la presente resolución.
La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos SAC en
relación a la propuesta de liquidación que presentan Roger Domingo García Díaz: No
enerva las consideraciones expuestas en esta resolución, máxime cuando se ha hecho uso
del INTRALEG para determinar la Liquidación de Intereses Legales pertinente.
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE: I.- APROBAR EN PARTE
LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES
LEGALES, presentadas por:
(cid:1) Víctor Molina Lurita, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,302.23 soles
(cid:1) Víctor Jesús Ríos Carpio, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 7,670.69 soles
(cid:1) Angel Gabriel Rojas Toledo, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,145.91 soles
(cid:1) Víctor Vega Navarro, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 7,088.87 soles
(cid:1) Sosimo Víctor Carbajal Melgar, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,980.84 soles
(cid:1) Lino Andrés Torres Melgar, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,808.71 soles
(cid:1) Jesús Antonio Ormeño Giraldo, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 12,761.71 soles
(cid:1) José De Jesús Sánchez Romero, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,849.55 soles
(cid:1) Adrian Salcedo Calcina, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,283.97 soles
(cid:1) Máximo Gregorio Fonseca Vásquez, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 8,715.15
(cid:1) Pio Ñañez Salgado, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 12,470.1 soles
(cid:1) Jorge Rómulo Moreno Hernández, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,268.8 soles
(cid:1) Miguel Angel Hurtado Martínez, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,644.72 soles
(cid:1) Carlos Jesús Lurita Carbajal, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,834.17 soles
(cid:1) Roger Domingo García Díaz, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,274.88 soles
II.- REQUERIR a Claudio Narciso La Rosa Palomino y Freddy Richard Muñoz Contreras,
y a Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial, cumplir con
presentar documentación adicional, conforme a lo precitado en el punto 6.9 y 6.10 de la
presente resolución para mejor resolver en sus casos. Cumplido que sea dese cuenta por
secretaría.
III.- INFUNDADA LA OBSERVACIÓN efectuada con escrito de folios 962 por Fábrica
de Tejidos Piscos SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentó Roger
Domingo García Díaz. Se reserva el pronunciamiento de la Observación que realiza dicha
Empresa en cuanto a los actores Freddy Richard Muñoz Contreras, Javier Enrique
Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial, sujetándose a lo dispuesto el ítem 6.9 y
6.10 de la presente resolución.
IV.- ORDENO GLOSAR al proceso, “Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente” extraída del Sistema Integrado Judicial, y la Hojas de Liquidación de Intereses
extraída del INTRALEG; ambas que se han tenido a la vista. –
V.- EXHÓRTESE a los demás demandantes que no han peticionado intereses legales, que
para mejor resolver, deberán presentar adicionalmente constancia de pago de sus respectivas acreencias por CTS que se haya generado en el Expediente 132-2005.
NOTIFÍQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : SOTELO SOLARI JESUS ENRIQUE
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
INTERVINIENTE : FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC FTP ,
LISTISC. ACTIVO : CLAUDIO NARCISO LA ROSA PALOMINO Y OTROS
LITISCONSORTES NECESARIOS ACTIVOS REPRESENTADOS POR EL
APODERADO, JORGE ROMULO MORENO HERNANDEZ
TERCERO : JUAREZ CARDENAS, LUIS ALBERTO
DEMANDADO : EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
DEMANDANTE : SANCHEZ ROMERO, JOSE DE JESUS Y OTROS
DEMANDANTES REPRESENTADOS POR EL APODERADO JUDICIAL, JORGE
ROMULO MORENO HERNANDEZ
Resolución Nro. 46.-
Pisco, veinte de Noviembre del año dos mil dieciocho.-
ATENDIENDO los escritos de fechas 15 de Noviembre del año en curso, presentados
independientemente, por Miguel Ángel Hurtado Martínez, Ángel Gabriel Rojas Toledo,
Jorge Rómulo Moreno Hernández y Jesús Antonio Ormeño Giraldo: Mediante los
cuales absuelven el traslado de la solicitud de improcedencia de intereses que formula la
parte contraria. Y, teniéndose en cuenta el pedido de improcedencia de liquidación de
intereses, instado por la Fábrica de Tejidos Piscos SAC; se expide la presente. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO.
PRIMERO: Que, mediante escrito del 13 de Setiembre del 2018, Fábrica de Tejidos
Piscos SAC se apersona al proceso y solicita se declare improcedente la liquidación de
intereses, tras considerar que es cierto que los demandantes tienen sentencia que ampara
la demanda pero que es lamentable que por resolución N° 28 el Juzgado haya dispuesto
integrar a la sentencia el extremo de pago de Intereses, lo que de acuerdo a la
jurisprudencia resulta improcedente pues en la acción de tercería preferente de pago
solo tiende a establecer la preferencia de pago de un derecho de crédito frente a otro que
se encuentra ejecutando los bienes del deudor común. Entre otros extremos que ahí
señala la Empresa recurrente.
SEGUNDO: Que, a través de escrito del 15 de Noviembre del 2018, presentados
independientemente, por Miguel Ángel Hurtado Martínez, Ángel Gabriel Rojas Toledo,
Jorge Rómulo Moreno Hernández y Jesús Antonio Ormeño Giraldo; absuelven y
sostienen que el pago de intereses legales fue impuesto por resolución N° 28, resolución
notificada a la Empresa Fábrica de Tejidos Piscos SAC quien apela en forma
extemporánea como consta del auto de vista N° 35.
TERCERO: Que, al respecto cabe precisar por este Despacho Judicial, que el estado
del proceso es la de ejecución de sentencia1 que declaró fundada la demanda de tercería
preferente de pago, preexiste resolución judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia
en cuando a pago de Intereses de Intereses Legales. Resolución que quedó firme al
declararse nulo el concesorio de apelación interpuesto por FUSIA COMERCIAL S.A., e
improcedente el recurso de apelación, a través de auto de vista N° 35 de folios 346.
CUARTO: Que, teniéndose encuentra los antecedentes procesales, resulta claro que la
1 Fojas 298 a 305. solicitud sobre improcedencia de la liquidación de intereses legales, que opone Fábrica
de Tejidos Piscos SAC, deviene improcedente, por cuanto se trata de un tema resuelto
que no está sujeto a cuestionamiento, por tener dicho pronunciamiento la calidad de
cosa juzgada al haber quedado firme en su oportunidad; máxime cuando de
conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Toda persona y
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales (…), en
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa
que la ley señala.”; asimismo, “(…). No se puede dejar sin efecto resoluciones
judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecución, (…) bajo la responsabilidad (…) civil y penal que la ley determine en cada
caso.” (sic).
Por estas consideraciones, éste Despacho Judicial no puede entrar a dirimir sobre los
cuestionamientos que formula Fábrica de Tejidos Piscos SAC, al estar orientados a
tratar de enervar el fallo de la sentencia. En tal contexto, SE DISPONE:
1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido formulado mediante escrito del 13
de Setiembre del 2018 presentado Fábrica de Tejidos Piscos SAC. Y, siendo el estado
del proceso, ORDENO: PONER LOS AUTOS AL DESPACHO PARA
RESOLVER lo pertinente al pedido de Liquidación de Intereses Legales.-
AVOCÁNDOSE al conocimiento de la Causa el señor Juez Supernumerario que
suscribe por disposición superior e interviniendo el cursor por disposición del Despacho
y por Licencia del secretario titular de la secretaría “A”. HÁGASE SABER.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL
EXPEDIENTE : 01279-2006-0-2501-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LI RIOS CARLOS ARTURO
ESPECIALISTA : TANIA CHACON PUERTAS
REPRESENTANTE LEGAL: PANDO BORJA, ALFONSO
DEMANDADO : GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU SIPESA ,
DEMANDANTE : CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR ,
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIUNO
Chimbote, quince de diciembre del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito 8987-2017: Agréguese a los autos; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, a través del escrito que se provee, la entidad demandante solicita se fije los
costos del proceso, indicando que no pueden acreditar los gastos incurridos por concepto de
costos, en razón que los Abogados apoderados laboran en la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador en Liquidación, bajo una relación de subordinación.
SEGUNDO: Que, de la revisión de los actuados, se advierte que por sentencia de fojas 103/105,
se declaró fundada la demanda, disponiendo entre otros que la demandada cumpla con pagar las
costas y costos del proceso; siendo así, y encontrándose pendiente regular los costos del proceso,
se debe fijar la misma.
TERCERO: Que, el artículo 412 del Código Procesal Civil establece: "La imposición de la condena
de costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración
judicial expresa y motivada de la exoneración..." y de forma particular el artículo 418 del Código
acotado señala que: "Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar el
documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como, los tributos que
correspondan. Atendiendo a los documentos presentados el Juez aprobará el monto".
CUARTO: Que, en el presente caso, y si bien los Abogados apoderados de la entidad demandante,
no han cumplido con presentar el recibo por honorarios profesionales, conforme lo dispone el
artículo 418 del Código Procesal Civil; pero se debe tener en cuenta también, que éstos han
manifestado que con la demandante mantienen una relación en la que existe subordinación;
siendo así, el Juzgado debe tener en cuenta este hecho, y fijar un monto prudencial por dicho
concepto.
QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y utilizando un criterio razonable,
verificándose la labor realizada por los abogados de la entidad demandante, hasta la culminación
del proceso, el Juzgado considera que el monto por los costos del proceso debe fijarse en la suma
de S/ 1,500.00 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa en S/ 75.00 soles;
resultando por ambos conceptos la suma de S/ 1,575.00, que debe pagar la entidad demandada
por dicho concepto.
Por estas consideraciones, SE RESUELVE:
(cid:1) FIJAR por concepto de costos del proceso a favor de la entidad demandante la suma de
S/ 1,500.00 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa ascendente a S/
75.00 soles.
(cid:1) REQUIERASE a la demandada para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, cumpla con
abonar dichos montos, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE LIMA
Juez: SANCHEZ MEDINA, DOMINGO
Fecha: 18/05/2017 10:52:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
14° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00137-2006-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE
NORMAS LABORAL
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: MANTILLA HUAMAN,
YHALYN KATTYA JUEZ : SANCHEZ MEDINA, DOMINGO
Fecha: 03/06/2017 16:17:39
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : MANTILLA HUAMAN, YHALYN KATTYA
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : CORPORACION DEL MAR S.A. CORMAR,
DEMANDANTE : GARCIA IBAÑEZ, LUCIANO ENRIQUE
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIOCHO
Lima, ocho de mayo
Del año dos mil diecisiete.-
Dando cuenta en la fecha debido a las recargadas labores; De
conformidad con lo dispuesto en la resolución administrativa 178-2016-CE-PJ:
Téngase por recibido los presentes actuados remitidos por el 22° Juzgado
Especializado de Trabajo Transitorio de Lima el mismo que contiene la Casación N°
1728-2016: A lo expuesto: Estando a que el Órgano Supremo mediante Casación N°
1728-2016 de fecha 05 de setiembre del 2016 ha declarado FUNDADO el recurso de
casación interpuesto por la demandada, en consecuencia CASARON la Sentencia de
Vista contenida en la resolución de fecha 01 de octubre del 2015 que revocó la
Sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, y actuando en sede de instancia:
CONFIRMARON la Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha 31 de julio
del 2014 que declaró INFUNDADA LA DEMANDA, en consecuencia: CÚMPLASE
LO EJECUTORIADO y ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE los de la materia, en
los autos seguidos por LUCIANO ENRIQUE GARCIA IBAÑEZ contra
CORPORACION DEL MAR SA - CORMAR por tanto REMÍTANSE los presentes
al Archivo Central de La Corte Superior de Justicia de Lima, haciéndose entrega de los
anexos presentados dejándose copias certificadas en su lugar, entendiéndose la entrega
de los mismos con el letrado y/o demandante del proceso. AVÓQUESE al conocimiento
de la presente causa el Señor Magistrado que suscribe e interviniendo la Especialista Legal que
da cuenta por Disposición Superior. Notificándose.- |
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Juez: CUMBAY JIMENEZ CEFERINO
Fecha: 15/09/2016 08:03:39
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
13° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00153-2006-73-1801-JR-LA-05
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: GUILLEN
ECHEVARRIA, JAVIER ECONOMICOS
Fecha: 15/09/2016 08:40:07
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : GUILLEN ECHEVARRIA, JAVIER
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : MIRTHA GUADALUPE LOAYZA VIUDA DE AYALA ,
LUIS ENRIQUE SERAFIN AYALA, VILCHEZ
MIRTHA GUADALUPE AYALA, LOAYZA
LUIS SERAFIN AYALA, LOAYZA
JORGE GUSTAVO AYALA, LOAYZA
LUIS DANIEL SERAFIN AYALA, VILCHEZ
DEMANDANTE : ANGULO ORMEÑO, JOSE MARTIN
Resolución N° Catorce (14)
Lima, catorce de setiembre
Del dos mil dieciséis.
Dando cuenta del cuaderno remitido por la Primera Sala
Laboral de Lima a fojas 143: Que mediante resolución de vista N° 03 de fecha
09 de junio del 2016 expedida por el superior jerárquico, se dispone
CONFIRMAR la sentencia N° 173-2015-13°JETL de fecha 26 de junio del 2015
que declara fundada en parte la pretensión del letrado contra la sucesión sobre
incidente de pago de honorarios, en consecuencia CUMPLASE LO
EJECUTORIADO; Teniendo en cuenta la retención efectuada mediante la
resolución N° 22 de fecha 02 de noviembre del 2011 en el expediente
principal, ENTREGUESE debidamente endosado al actor la suma de S/.
11,372.82 nuevos soles del certificado de depósito judicial N° 2011004605273
por concepto de honorarios profesionales, dejándose constancia de la entrega en
autos. Asimismo teniendo en cuenta que existe un saldo a favor del
demandado, se dispone DEVOLVER a la sucesión procesal del actor la suma
de S/. 8,469.55 nuevos contenido en el certificado de depósito judicial N°
2011004605273 el cual será entregado a favor de doña Mirtha Guadalupe
Loayza Viuda de Ayala la suma de S/. 4,940.55 nuevos soles y a sus hijos Luis
Daniel Serafin Ayala Vilchez, Luis Enrique Serafin Ayala Vílchez, Mirtha
Guadalupe Ayala Loayza, Luis Serafin Ayala Loayza y Jorge Gustavo Ayala
Loayza la suma de S/. 705.80 nuevos soles dejándose constancia de la entrega en
autos. |
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SEGUNDA SALA LABORAL
TRIBUNAL UNIPERSONAL
EXP. Nº 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
Demandante : Pablo Barrera Barreno
Demandado : Corporación Pesquera Inca S.A. (absorvente de Fishing Business S.A.C.)
Materia : Indemnización por Despido Arbitrario y Otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SEIS
Lima, dos de octubre del año dos mil diecinueve.-
VISTOS
En Audiencia Pública; dando cuenta en la fecha debido a la carga procesal que soporta esta Sala
Liquidadora; e interviniendo como Juez Superior ponente en Tribunal Unipersonal la señora
Delcy Maricela García Román.
ASUNTO
1. Recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante escrito que obra a fojas 338 a
340, contra la Resolución N° 28, de fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 335, en el extremo
que hace efectivo el apercibimiento decretado por resolución numero veinticinco y declara
téngase presente la conducta procesal del demandado.
2. Recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante escritos que obran a fojas 373 a
375, contra la Sentencia (contenida en la resolución número treinta y uno) de fecha 27 de julio
de 2016, de fojas 353 a 365, que declara fundada en parte la demanda.
Agravios de la Parte Demandada
La demandada expresa los siguientes agravios:
i) En cuanto a la Resolución N° 28, señala que no se ha considerado que ya no es empleador
de los testigos, ni del señor Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, por lo que le es imposible buscar a los
testigos y llevarlos al Juzgado a declarar, al carecer de contacto con las referidas personas.
La demandada en cuanto a la apelación de la sentencia expresa los siguientes agravios:
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i) La sentencia apelada establece erróneamente que corresponde amparar el extremo de pago de
utilidades respecto a los ejercicios económicos 2004 y 2005; desconociendo que cumplió
oportunamente con pagar a favor del demandante dicho concepto por tales periodos, conforme
se acredita con las liquidaciones de participación en las utilidades de los ejercicios económicos
2004 y 2005 que obrante en autos, los cuales están debidamente firmados en señal de recepción
por parte del demandante, no realizando una valoración conjunta de los medios de prueba.
FUNDAMENTOS
1. De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su
tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse
únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el
órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya
que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o
tercera, según el caso) instancia.
En cuanto a la Apelación de Resolución N° 28
2. Es preciso acotar, que el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo
N° 767, establece: "(…) Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con
apercibimientos, multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas
que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y, en
general, cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, así como cuando incumplan sus
mandatos. Esta facultad comprende también a los abogados (…)" (énfasis agregado); de lo cual se
puede apreciar la facultad coercitiva establecida por la ley, a efectos que los litigantes cumplan
con los mandatos que dispongan los magistrados en los procesos que dirigen.
3. En el presente caso la parte demandada señala como agravios que en la resolución N° 28,
materia de apelación no se ha considerado que no es empleador de los testigos, ni del señor
Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, siéndole imposible buscar a los testigos y llevarlos al Juzgado al
carecer de contacto con las referidas personas.
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4. Al respecto, es de apreciarse de la revisión de autos que mediante Resolución N° 241, de fecha
22 de mayo de 2014, se dispuso dejar sin efecto el mandato contenido en la resolución numero
veintidós, que dispuso poner los autos en despacho para sentenciar, y se ordenó a la demandada
la exhibición de sus libros de planillas desde mayo de 1999 hasta junio del 2006, y se citó en
calidad de testigos a los señores Don Juan Carlos Garrido Mego (Contador General de la
demandada) y Doña Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, requiriendo a la recurrente a efectos de que
en el plazo de tres días cumpla con proporcionar la dirección domiciliaria de la primera de las
personas bajo apercibimiento de extraerse conclusiones en contra de sus intereses.
5. Este mandato le fue notificado el 29 de mayo del 2014, al domicilio procesal de la emplazada
conforme al cargo de notificación que obra de fojas 259 (vuelta); sin embargo, la demandada sin
formular observación alguna o indicar que la citada persona (Juan Carlos Garrido Mego), ya no
era su trabajador, no acató el mandato, ni señaló alegación alguna a efectos de poder continuar
con el proceso, faltando a su deber de probidad, buena fe y a prestar su diligente colaboración
para las actuaciones procesales conforme lo dispone el artículo 109° del Código Procesal Civil
de aplicación supletoria a los procesos laborales; por lo que al haberse impuesto el
apercibimiento decretado en la resolución número veinticinco citada, el A-quo ha sujetado su
accionar a lo establecido por ley, debiendo confirmarse la venida en grado, desestimándose el
agravio formulado por la recurrente.
En Cuanto a la Sentencia
6. Conforme se verifica del Acta de Audiencia Única de fecha 17 de julio del 2007 [27-28], la
controversia se centra en determinar la naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes,
el récord de servicios y remuneración percibida por el actor; si corresponde ordenar el pago por
indemnización por despido arbitrario a favor del actor, y si le corresponde el pago por
utilidades de los años 1999 a 2005.
7. Es preciso acotar, que en la sentencia recurrida, se ha declarado infundada la pretensión de
indemnización por despido arbitrario, decisión con la que se habría encontrado conforme la
parte demandante, al no haber interpuesto recurso de apelación contra la misma.
1
Fojas 259
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8. La demandada señala como agravios contra la sentencia que no se ha realizado una valoración
conjunta de los medios de prueba, respecto del único extremo que ha sido amparado en el
proceso, referido al pago de las utilidades de los ejercicios económicos 2004 y 2005.
9. A efectos de resolver la presente controversia resulta necesario tener en cuenta lo señalado por
la Corte Suprema de la República en la Casación N° 212-2005 La Libertad, publicado el 31 de
julio del 2006, al indicar: "(…) Cuarto: Que, existe contravención de las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han
respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimientos,
la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales; Quinto: Que,
en este contexto la arbitrariedad fáctica que constituye un supuesto que vulnera la
adecuada motivación de las resoluciones judiciales se configura cuando el órgano
jurisdiccional que resuelve la causa llega a una conclusión sobre los hechos que no
corresponden al material probatorio, vale decir, se desconocen o alteran los hechos
acreditados con los medios de prueba que se trate. De esta manera sobre la base de hechos que no
se ajusta al merito de lo actuado, se emite una resolución judicial que debido a ello resulta ser equivoca e injusta
(…)" (énfasis agregado).
10. En cuanto a la carga de la prueba, cabe señalar que en el proceso laboral, la ley establece en su
artículo 27°, que: "(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los
convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo (…)"
11. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico exige a cada una de las partes que quien alega un hecho
debe probarlo; sin embargo, ello en el proceso laboral está en función a las labores propias de
cada una de las partes; otorgando una distribución racional y equilibrada de ésta, que en el caso
del trabajador se encuentra ceñido a probar el vínculo laboral; relación laboral que se encuentra
establecido en lo dispuesto por el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº
003-97-TR, que señala: "(…) En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se
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presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)"; presunción que busca
equiparar las desigualdades que se presentan en una relación laboral, y en la cual el empleador
tiene mayores posibilidades de acreditar o probar el tipo, la forma y el tiempo de servicios
prestados por cualquier trabajador, carga probatoria que la doctrina ha denominado inversión
de la carga de la prueba.
12. En cuanto al agravio formulado, es de apreciarse que en el numeral 6.3, de la recurrida se
indica: "(…) se puede advertir que por los ejercicios correspondientes a los años 1999-2003, el resultado del
ejercicio es de perdida, por lo que no corresponde el pago durante este periodo; asimismo, en lo referido al ejercicio
económico 2004 y 2005 se debe tener en cuenta el Informe Pericial N° 00096-2009-REQB-PJ-1°JLL,
obrante de fojas 140 a 143, el cual refiere que en el año 2004, correspondía al accionante la suma de S/899.54
Nuevos Soles y por el año 2005 le correspondía S/.798.22 Nuevos Soles; y no obstante ello, se tiene que la
demanda indica que solo obtuvo utilidades en el año 2004, sin embargo, tampoco ha presentado medio probatorio
respecto de dicho pago; asimismo, se debe precisar que, el citado informe pericial lo peticionado por el accionante
solo en el periodo antes indicado por la suma de S/.1,697.76 Nuevos Soles (…)"; conclusión que no se
condice con los actuado en el proceso.
13. De fojas 124 y fojas 126, obran copia de las liquidaciones de distribución de las utilidades de los
ejercicios económicos 2004 y 2005, que se encuentran firmados por el demandante, por el cual
la demandada le canceló la suma de S/609.32 soles y S/1,870.34 soles, respectivamente; medios
probatorios que no han sido materia de cuestionamiento por parte del actor; asimismo en el
Informe Pericial N° 024-LCR-PJ-1°JLL2, se indica lo siguiente: "(…) en el periodo 2004 le abonan
monto menor a lo calculado por la suscrita pero; en el periodo 2005 la emplazada le abona monto mayor a lo
calculado por la suscrita. Además debe existir Rectificatoria de las Declaraciones Juradas presentadas por Sunat
que justifiquen el cálculo realizado por la demandada lo cual no me han exhibido (…)"; informe que si bien
fue observado por el demandante, sus observaciones fueron absueltos por el Informe Pericial
N° 00096-2009-REQB-PJ-1°JLL3, de lo cual se puede concluir que la suma que efectivamente
adeuda la demandada por los dos periodos en los cuales se acredita utilidades y que han sido
materia de apelación por parte de la emplazada, se determina conforme al siguiente cuadro:
2
Fojas 127 a 130
3
Fojas 140 a 143
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CONCEPTOS PERIODOS
2004 2005
RENTA ANTE DE IMPUESTOS 3,889,013.00 3,560,460.00
10% Participación de Trabajadores 388,901.00 356,046.00
50% del total a repartir por días laborados 194,450.50 178,023.00
Días Laborados por el total de trabajadores 44,321 41,605
Factor aplicable 4.387322037 4.278884749
50% del total a repartir por remuneraciones 194,450.50 178,023.00
total de remuneraciones percibidas 6,529,120.00 7,028,656.62
Factor aplicable 0.029782038 0.025328169
Días laborados por el actor 84 65
Factor aplicable 4.38732 4.24825
Participación por días trabajador 368.53 276.14
Remuneraciones percibidas por el trabajador 17,831.00 20,611.14
Factor aplicable 0.02978 0.02533
Participación por remuneraciones trabajador 531.01 522.08
TOTAL 899.54 798.22
CANCELADO POR LA DEMANDADA 609.32 1,870.34
ADEUDADO POR LA DEMANDADA 290.22 0
14. En consecuencia, efectuado el cálculo por este extremo, le corresponde al demandante la suma
de S/290.22 soles por reintegro de utilidades del año 2004; monto que debe ser cancelado por la
parte demandada; y si bien de la liquidación efectuada se aprecia que la demandada en el
periodo 2005 canceló una suma superior a la que le corresponde al actor por el indicado
periodo, no se puede considerar el exceso cancelado como pago a cuenta de un periodo
anterior, al no existir norma que así lo disponga, por lo que le corresponde el pago de la suma
establecida en la presente resolución, más los intereses legales que deben correr desde la fecha
del pago de las utilidades efectuadas en forma diminuta; correspondiendo modificar el monto
ordenado en la sentencia.
DECISIÓN:
Por tales consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 5° de la Ley
Procesal del Trabajo – Ley Nº 26636, la magistrada ponente, actuando en calidad de Tribunal
Unipersonal, y con las facultades conferidas en la Constitución Política del Perú; ha resuelto:
1. CONFIRMAR la Resolución N° 28, de fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 335, en el
extremo que hace efectivo el apercibimiento decretado por resolución numero veinticinco y
declara téngase presente la conducta procesal del demandado.
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2. CONFIRMAR la Sentencia (contenida en la resolución número treinta y uno), de fecha 27
de julio de 2016, de fojas 353 a 365, que declara fundada en parte la demanda;
MODIFICÁNDOLA en el monto ordenado a pagar; en consecuencia, se ORDENA que la
demandada CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. (antes PACIFIC FISHING
BUSINESS S.A.C.), pague a favor del demandante PABLO BARRERA BARRENO la
suma de S/. 290.22 (DOSCIENTOS NOVENTA CON 22/100 SOLES), por concepto de
Reintegro de Utilidades del ejercicio económico 2004; más los intereses legales que serán en
ejecución de sentencia, costas y costos. En los seguidos sobre Indemnización por despido
Arbitrario y Otros.
Notifíquese y Devuélvase.-
GARCÍA ROMÁN
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EXPEDIENTE : 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
DEMANDADO : COPEINCA EMPRESA ABSORBENTE POR FUSION DE PACIFIC FISHING BUSINESS
SAC ,
DEMANDANTE : BARRERA BARRENO, PABLO
Señores:
VALENZUELA BARRETO
BURGOS ZAVALETA
CUNYAS ZAMORA
Resolución N° 34
Lima, 23 de Agosto del 2018.
Por recibido los autos y ATENDIENDO: Primero:
Es materia de revisión la sentencia expedida en autos de fecha veintisiete de
julio del dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda y
ordena pagar al demandante la suma de S/.1,697.76 nuevos soles;
Segundo: Mediante Resolución Administrativa N° 182-10-CE-PJ, de fecha
veinte de mayo del dos mil diez, publicada en el Diario Oficial el Peruano el
día cuatro de junio del dos mil diez, se dispone el desdoblamiento de las
Salas Laborales en Tribunales Unipersonales, la misma que resolverán en
última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no
supere las 70 URP; Tercero: Asimismo, debe tenerse presente el último
Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral realizado en la ciudad de
Lima, lo días 08 y 09 de mayo del dos mil catorce, en la que se acordó por
unanimidad que los tribunales unipersonales pueden conocer de los
recursos de apelación en causas cuya cuantía reconocida en la sentencia no
supere las 70 Unidades de Referencia Procesal (URP); aún cuando exista
reconocimiento de una pretensión no cuantificable; Cuarto: Siendo ello así,
no obstante haber sido resuelto anteriormente por un Tribunal Colegiado y
estando a la cuantía determinada en la sentencia expedida en primera
instancia, corresponde su conocimiento a los Tribunales Unipersonales
prevista en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley N° 29497, vigente
desde el dieciséis de enero del año dos mil diez y ratificada por el II Pleno
Jurisdiccional Supremo en materia Laboral de mayo del dos mil catorce;
más aún , si la Corte Suprema en la Casación N° 11482-2013 La Libertad
modificó el criterio jurídico adoptado en casos anteriores, en atención a la
exigencia de duración razonable de un proceso judicial más célere, con
prevalencia de los principios de economía y celeridad procesal; por lo que
teniendo en cuenta la carga procesal asumida por la Sala en el presente año
judicial, de conformidad con lo previsto por el articulo 131 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; SEÑÁLARON la Vista de la Causa para el día
DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO; en audiencia
pública que se iniciará a las DIEZ de la mañana, con el Magistrado
designado por ley. Asimismo, en atención a la Resolución N° 012-2016-P-
CSJLI/PJ, que dispone la implementación del SINOE: NOTIFÍQUESE a las
partes en las casillas electrónicas señaladas en autos.- |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00001-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADOPRES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 15 de
setiembre de 2009, a folios 10, se declaró FUNDADA la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por
SERVICIOS DIESEL EXPRESS EIRL contra JOSE RUIZ MARTINEZ, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA SOLES CON 50/100 SOLES, más los intereses, costas y costos
del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de octubre
de 2009 (folios 11-13), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 15 de setiembre del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00001-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADOPRES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 15 de
setiembre de 2009, a folios 10, se declaró FUNDADA la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por
SERVICIOS DIESEL EXPRESS EIRL contra JOSE RUIZ MARTINEZ, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA SOLES CON 50/100 SOLES, más los intereses, costas y costos
del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de octubre
de 2009 (folios 11-13), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 15 de setiembre del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00013-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 30 de
marzo de 2007, a folios 29, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
02/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 10 y 12 de abril de 2007 (folios
30-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 30 de marzo del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00013-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 30 de
marzo de 2007, a folios 29, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
02/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 10 y 12 de abril de 2007 (folios
30-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 30 de marzo del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00045-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 31 de
julio de 2007, a folios 20, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PRIMA AFP contra M.I.K.
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 23 y 24 de
agosto de 2007 (folios 21-22), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 31 de julio del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00083-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 17 de
marzo de 2008, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS TRES CON 15/100 SOLES, más los intereses devengados,
costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 28 de marzo y
02 de abril de 2008 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 17 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00083-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 17 de
marzo de 2008, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS TRES CON 15/100 SOLES, más los intereses devengados,
costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 28 de marzo y
02 de abril de 2008 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 17 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00099-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 04 de
marzo de 2008, a folios 37-38, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISEIS MIL SETENTA Y
CUATRO CON 26/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de marzo
de 2008 (folios 39-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 04 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00099-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 04 de
marzo de 2008, a folios 37-38, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISEIS MIL SETENTA Y
CUATRO CON 26/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de marzo
de 2008 (folios 39-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 04 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00115-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
febrero de 2008, a folios 29-34, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 54/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 13 de marzo
de 2008 (folios 35-36), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de febrero del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00115-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
febrero de 2008, a folios 29-34, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 54/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 13 de marzo
de 2008 (folios 35-36), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de febrero del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE ILO
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SALA MIXTA - Sub Sede Juzgado Ilo
EXPEDIENTE : 00140-2007-39-2802-JM-LA-02
MATERIA : Cobro de Reintegro de Remuneraciones
RELATORA : Hazzel Coraly Urquiaga Avalos
DEMANDANTE : López Pérez, Mariela
DEMANDADO : Empresa GER Export S.A.
Resolución : Nro. 02
AUTO DE VISTA
Ilo, veintiséis de octubre
De dos mil veintidós. -
VISTOS: El recurso de apelación en contra de la Resolución Nro.141 formulado por
la ejecutada COPERSA y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Antecedentes
1.1. Con auto de vista de fecha 17 de noviembre de 2017, contenido en la Resolución
Nro. 02, la Sala Mixta de Ilo, declaró fundado el pedido de sucesión procesal
respecto a la empresa Copersa S.A.1
1.2. Con Resolución Nro. 98, de fecha 07 de diciembre de 2017, se REQUIERE a la
Empresa COPERSA S.A. a fin que, en el término del tercer día, cumpla con pagar
a favor de los demandantes Pedro López Alberto la suma de S/ 100,613.45 Soles
y Bruno Zeballos Colana la suma de S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento de
continuarse con la ejecución forzada en caso de incumplimiento.
1.3. Con escrito de registro 1035-2022 de fecha 09 de marzo de 2022, el apoderado de
Bruno Zeballos Colana, ha solicitado –en otrosí- se requiera a la empresa GER
EXPORT pague la suma de S/ 100,613.45 y S/ 90,814.70, bajo apercibimiento de
ejecución forzada.
1 Sucesora procesal en lugar de la empresa Pesquera Salve SRL. PODER JUDICIAL DEL PERU
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SEGUNDO: Lo resuelto por el a quo
Con Resolución Nro. 141, de fecha 21 de abril de 2022, el a quo, requirió a la Sucesora
Procesal Empresa Ger Export S.A. para que, en el término del quinto día de
notificada, cumpla con pagar a favor de la Sucesión de Pedro López Alberto la
cantidad de S/ 100,613.45 Soles y a favor del demandante Bruno Zeballos Colana la
cantidad de S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada, en
caso de incumplimiento.
TERCERO: Apelación y agravios
La ejecutada, ha formulado recurso de apelación en contra de la Resolución Nro. 141,
siendo concedida con Resolución Nro. 145 de fecha 27 de julio de 2022.
La pretensión impugnatoria es de revocatoria y nulidad; como argumentos recursivos
ha expuesto los siguientes:
a) El requerimiento es una clara vulneración del debido proceso, en merito que la
corte suprema ha determinado en forma clara y consistente que PROMASA no es
PEEA y por tanto si no hay obligado principal no puede haber pago solidario de
una deuda inexistente.
b) No existe el pago por vinculación económica. El pedido –de incorporación- se ha
hecho con una intención dolosa de perjudicar los derechos del demandante, no
ha precisado el fraude –tipo-, y es importante definirlo.
c) Se ha vulnerado los derechos constitucionales de los recurrentes al debido
proceso, en sus aceptaciones al Derecho de Defensa, a la debida motivación de las
resoluciones judiciales y a la Cosa Juzgada.
d) Nunca ha sido citada al proceso.
CUARTO: Competencia de la sala superior.
Conforme a lo previsto en el artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le
produce agravio con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente. PODER JUDICIAL DEL PERU
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Asimismo, por el principio quantum devolutum tantum apellatum, este Colegiado
superior, al resolver la apelación, debe pronunciarse solamente sobre aquellas
pretensiones o agravios señalados por el impugnante en su recurso; siendo que,
además, conforme a lo dispuesto en el artículo 370° del Código Adjetivo anotado, no
puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante.
QUINTO: Fundamentos de la decisión
5.1 Marco jurídico
a) El art. 62 NLPT establece que:
Artículo 62.- Incumplimiento injustificado al mandato de
ejecución
Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose
resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple,
sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la
ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y
crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla
el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a
denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o
resistencia a la autoridad.
Artículo 57.- Títulos ejecutivos. Se tramitan en proceso de
ejecución los siguientes títulos ejecutivos:
a) Las resoluciones judiciales firmes.
Artículo 61.- Multa por contradicción temeraria
Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales
señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una
multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50)
Unidades de Referencia Procesal (URP).
Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber
impuesto en otros momentos procesales.
b) El Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente caso tiene
señalado –sobre el recurso impugnativo2- que:
Artículo 366.- Fundamentación del agravio
2 Primera disposición complementaria de la Ley Procesal de Trabajo: En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del
Código Procesal Civil. PODER JUDICIAL DEL PERU
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El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error
de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la
naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.
Artículo 367 –in fine-:
El superior también puede declarar inadmisible o improcedente la
apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para
su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.
Artículo 370.- Competencia del juez superior
(…)
Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior
sólo alcanza a éste y a su tramitación.”
Artículo 690-C.- Mandato Ejecutivo
El mandato ejecutivo, dispondrá el cumplimiento de la obligación
contenida en el título; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución
forzada, con las particularidades señaladas en las disposiciones
especiales. En caso de exigencias no patrimoniales, el Juez debe
adecuar el apercibimiento.
Artículo 690-D.- Contradicción
Dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el
ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones
procesales o defensas previas.
En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios
pertinentes; de lo contrario, el pedido será declarado inadmisible.
Sólo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la
pericia.
La contradicción sólo podrá fundarse según la naturaleza del título
en:
1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el
título;
2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo éste
un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido
completado en forma contraria a los acuerdos adoptados,
debiendo en este caso observarse la ley de la materia;
3. La extinción de la obligación exigida; PODER JUDICIAL DEL PERU
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Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza
judicial, sólo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día,
si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la
obligación, que se acredite con prueba instrumental.
La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada
liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto
suspensivo.
Artículo 690-E.- Trámite
Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas
previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla
dentro de tres días proponiendo los medios probatorios
pertinentes. Con la absolución o sin ella, el Juez resolverá
mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento
procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta.
Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el
Juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de
una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para
la audiencia única.
Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más
trámite, ordenando llevar adelante la ejecución.
c) La Nueva Ley Procesal de Trabajo:
5.2 Análisis del Caso
a) La decisión recurrida del a quo es clara, se requiere al sucesor procesal
cumpla con efectuar el pago de una suma de dinero a los demandantes,
conforme se liquidó en la Sentencia Resolución Nro. 58 de fecha 20 de enero
de 2014.
b) Bien, la norma autoritativa habilitante es la ley especial en su artículo 57,
merced al cual debe existir una resolución judicial firme. En la parte
considerativa de la Resolución Nro. 67 de fecha 18 de setiembre de 2015, ya
se le dio dicho merito a la decisión, por lo que se cumple el primer
requisito. PODER JUDICIAL DEL PERU
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c) Luego, y aplicando la norma supletoria; al tratarse de una decisión en
ejecución -atendiendo al plazo razonable3-, corresponde al intimado
formular contradicción conforme el artículo 690 –D del Código Procesal
Civil; la cual sólo puede fundarse –por tratarse de una sentencia judicial- en
el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que deberá
de acreditarse con prueba instrumental. Caso contrario, será rechazada
liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto
suspensivo.
d) Bien, el apelante no ha formulado contradicción, solo ha recurrido la
decisión intimatoria, cuestionando la incorporación como sucesor procesal,
tema que ya fue materia del debate y cuya decisión tiene la calidad de firme
con el dictado del auto de vista del 17 de noviembre de 2017.
e) Existe, en consecuencia, defecto en el concesorio, pues correspondía su
rechazo al no haberse interpuesto previamente la contradicción fundada en
cualquiera de los únicos supuestos contenidos en la norma procesal:
cumplimiento del pago o extinción de la obligación.
f) Dichas limitaciones resultan razonables –la contradicción-, pues como lo ha
venido a sostener el Tribunal Constitucional4 “…el derecho a la ejecución de
las resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada forma parte del derecho
fundamental de la tutela judicial efectiva. Así, en caso no se cumpla con lo
ordenado por una sentencia o resolución judicial firme, el derecho a la efectividad
de las resoluciones judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento, a solicitar
la adopción de las medidas y providencias necesarias para que se ejecute lo
dispuesto en la resolución firme…”
g) A mayor abundamiento, si es que nos proyectáramos, hipotéticamente, que
se concedió el recurso, luego de una argumentación suficiente del a quo y su
apartamiento del mandato legal, pues la única forma de cuestionamiento es
la contradicción; resultaría que los argumentos expuestos por el apelante
no guardan relación alguna con los supuestos que se exigen sobre agravio y
razones de hecho y derecho, tendientes a cuestionar la decisión del a quo.
3 Se trata de la ejecución de una decisión que data del año 2014
4 Sentencia de PLENO Expediente 00011-2014-P1/TC Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 30137, mediante la cual se
establecen criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. PODER JUDICIAL DEL PERU
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Los argumentos esgrimidos, cuestionan decisiones anteriores que tiene la
calidad de firmes, nos referimos a la incorporación como sucesor procesal.
h) La decisión, atendiendo al principio de legalidad, debe decantar por la
improcedencia del recurso por el supuesto contenido en el artículo 690 D
del Código Procesal Civil, pues emitir pronunciamiento sobre el otro
supuesto normativo, comportaría asumir tácitamente que si es posible
impugnar un auto de pago.
5.3 Conclusión.
La única decisión jurisdiccional posible, es la improcedencia del recurso y la
nulidad del concesorio.
SE RESUELVE:
Declarar IMPROCEDENTE el recurso impugnativo en contra de la Resolución Nro.
141, de fecha 21 de abril de 2022, que requirió a la Sucesora Procesal Empresa Ger
Export S.A. para que, en el término del quinto día de notificada, cumpla con pagar la
obligación pendiente de S/ 100,613.45 Soles y S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento
de iniciarse ejecución forzada, en caso de incumplimiento; NULO el concesorio
contenido en la Resolución Nro. 145 de fecha 27 de julio de 2022. Intervino como
ponente la señora magistrada Ruth Daysi Cohaila Quispe. Regístrese y Comuníquese.
S.S.
LOO SEGOVIA
RUIZ NAVARRO
COHAILA QUISPE |
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Exp. N° 00604-2007-95-1201-JR-CI-02 PROCEDE: HUÁNUCO
SALA CIVIL - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00604-2007-95-1201-JR-CI-02
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
RELATOR : HERBERT M. RAMOS DUEÑAS
DEMANDADO : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISONAL ONP,
QUEJOSO : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL,
DEMANDANTE : CARTAGENA CALVO, AGUSTIN
QUEJADO : JUEZ DEL SEGUNBDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO,
RESOLUCIÓN NÚMERO: 02
Huánuco, veintiuno de noviembre
del año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Puesto los autos a despacho para emitir la resolución
correspondiente, se emite el siguiente pronunciamiento.
I. ASUNTO:
Viene en grado de queja, la Resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018 (fs. 12), la misma
que resuelve:
“NO HA LUGAR a lo solicitado por ser un decreto la resolución número veintitrés y no es un auto, en
contra de los decretos procede el recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del
Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE con las formalidades de ley”.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
La abogada de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, mediante escrito de fecha 09 de
octubre de 2018, (fs. 13 a 20), interpone recurso de queja contra la indicada resolución, indicando
básicamente lo siguiente:
- Con fecha 28 de setiembre de 2018, procedió a impugnar la resolución N° 23, de fecha 03 de julio de
2018; sin embargo, mediante resolución N° 25, el Juzgado sin realizar una debida verificación de la
materia de impugnación en lo referido al apercibimiento de ley, declaró no ha lugar el referido recurso,
vulnerando el principio de doble instancia, así como, el derecho al debido proceso; por lo que, debe
procederse a conceder la respectiva apelación.
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
1. Que, el artículo 401° del Código Procesal Civil –aplicable supletoriamente-, establece que “el
recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que declara inadmisible o
improcedente un recurso de apelación, también procede contra la resolución que concede apelación
con efecto distinto al solicitado”. El recurso de queja ha sido instituido para garantizar la pluralidad de
instancia y evitar que la decisión del magistrado se convierta en irrevisable por su sola voluntad de
que así sea, situación que produciría indefensión y que tendría lugar si no existiera el mencionado
medio impugnativo y se dejara al arbitrio de quien emitió una resolución cuestionable la posibilidad de
su reexamen por el órgano jurisdiccional superior en grado.
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2. La doble instancia representa una garantía para los justiciables habida cuenta que un reexamen
de la decisión judicial o del proceso permite la superación de los errores del inferior; de otro lado cada
instancia está confiada a jueces diferentes y de jerarquía distinta; constituye asimismo una de las
garantías del debido proceso y una protección al derecho de defensa.
3. De otro lado la tutela es la protección que se brinda a un determinado interés ante una situación
en la cual la misma [situación jurídica] ha sido lesionada o insatisfecha; ante dicha eventualidad el
ordenamiento jurídico ha establecido una serie de mecanismos para la tutela de nuestras situaciones
jurídicas, siendo la forma de tutela por excelencia la tutela jurisdiccional1. Por ello, se dice que, el
derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre
los que destaca el acceso a la justicia; es decir, el derecho por el cual cualquier persona puede
promover la actividad jurisdiccional del estado, sin que se le obstruya, impida o disuada
irrazonablemente. Asimismo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como todo derecho
constitucional, implica que las normas procesales han de ser interpretadas de conformidad
con el contenido de este derecho fundamental [artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política
del Estado].
4. Razón por la cual el derecho constitucional al debido proceso no solo implica que el proceso
revista las mínimas garantías, sino que cada una de las actuaciones de las partes y del Juez se ciña a
lo dispuesto en la ley, así como también a que las peticiones formuladas por las partes [entiéndase
cuando estas contengan un pedido trascendente] deben de ser atendidas o rechazadas mediante
resolución debidamente fundamentada, pues lo contrario implicaría la vulneración del debido proceso
[artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado] y del principio constitucional de la doble
instancia [artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado].
5. Siendo así, la interposición de un medio impugnatorio se efectuará cumpliendo las formalidades
y plazos previstos por la ley para cada uno; lo que significa también que tratándose del requisito del
plazo, la presentación del medio impugnatorio o su subsanación por alguna omisión o defecto debe
efectuarse dentro del mismo plazo establecido por la ley, toda vez que tanto derecho tiene la parte
vencida de impugnar la resolución que le causa agravio como la parte vencedora de procurar su
consentimiento cuando no se han satisfecho los requisitos de ley. [Cas. N° 1537-98-Cañete].
IV. ANÁLISIS JURÍDICO POR EL COLEGIADO:
6. Del estudio de autos, se tiene que mediante resolución N° 23, de fecha 03 de julio de 2018 (fs.
09 a 10), se resolvió “Requerir por última vez a la entidad multada Oficina de Normalización Previsional-ONP,
a fin de que cumpla con pagar la multa de DOS UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL, más intereses
legales y costas de la multa, en el termino de tres días de notificado con la presente resolución, la suma restante
de cuarenta y siete soles con trece céntimos, bajo apercibimiento de embargo en forma de retención de sus
cuentas de la entidad multada, vía ejecución forzada ordenado en autos, sin perjuicio de reiterar oficio a la
entidad multada para el pago de la multa”, acto procesal que fue materia de apelación a través del escrito
de fecha 28 de setiembre de 2018, tal y como se observa del Sistema Integrado Judicial [en adelante
SIJ], la misma que mediante resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018 (fs. 12) –materia de
queja-, fue declarado “NO HA LUGAR por ser un decreto la resolución número veintitrés y no es un auto, y en
contra de los decretos procede el recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del Código
Procesal Civil”, acto procesal que viene siendo materia de recurso de queja.
1 La tutela jurisdiccional, en Materiales de enseñanza de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Pág. 12.
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7. Ahora bien, analizada la resolución N° 23, de fecha 03 de julio de 2018 (fs. 09 a 10), se tiene
que si bien fue expedida a través de un decreto; sin embargo, no tendría tal condición, toda vez que
de acuerdo a lo regulado en el primer párrafo del artículo 121° del Código Procesal Civil –aplicable
supletoriamente-, “mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso disponiendo actos
procesales de simple trámite”, dado a que no viene disponiendo una situación de mero trámite, sino
que ha tenido como finalidad realizar un requerimiento a la Oficina de Normalización Previsional-
ONP, a efectos de que cumpla con pagar la multa de dos unidades de referencia procesal, más
intereses legales y costas de la multa, en el término de tres días, la suma restante de cuarenta y siete
con 13/100 soles (S/47.13), bajo apercibimiento de embargo en forma de retención de sus cuentas de
la entidad multada, vía ejecución forzada, atendiendo a que la citada entidad multada hasta la fecha
no ha cumplido con pagar la multa ni ha puesto a conocimiento sobre el trámite administrativo que
viene realizando para el pago de la multa dentro del plazo de seis meses conforme lo ordena el
artículo 47° incisos 1, 2, 3 y 4 de la Ley N° 27584, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067,
circunstancia que le da la categoría de un auto.
8. En este sentido, al haberse vulnerado el derecho a la doble instancia y con ello el debido
proceso, y estando a que el recurso impugnatorio de apelación contra la resolución N° 23 (fs. 09 a
10), ha sido presentado dentro del plazo de ley –tercer día-, esto el 28 de setiembre de 2018, en
atención a que la entidad multada (quejosa) fue notificada en su casilla judicial el día 25 de setiembre
de 2018, conforme se aprecia del SIJ, debe ampararse la queja de derecho formulada contra la
resolución N° 25, que la deniega (fs. 12), que fue interpuesta en el plazo de ley, al haber sido
notificada el 03 de octubre de 20182 y presentada el 09 de octubre de 2018 (fs. 13), y en aplicación
del artículo 404° del Código Procesal Civil, debe concederse la apelación contra la resolución de
requerimiento en el extremo del apercibimiento decretado, la misma que debe ser con efecto
suspensivo, de conformidad al artículo 371° de la norma adjetiva, más aún si el cuaderno de multas
recaído en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, se encuentra según el SIJ en esta
instancia superior por haberse impugnado otra resolución.
V. DECISIÓN:
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 401° y 404° del Código
Procesal Civil.
DECLARARON: FUNDADO el recurso de queja de derecho interpuesto por la abogada de la Oficina
de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito del 09 de octubre de 2018 (fs. 13 a 20), contra
la resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018, que declara “NO HA LUGAR lo solicitado por ser
un decreto la resolución número veintitrés y no un auto, y que en contra de los decretos procede el
recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del Código Procesal Civil” (fs. 12),
emitido en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, sobre cuaderno de multas; en
consecuencia,
CONCEDIERON: El recurso de apelación interpuesto por la abogada de la Oficina de Normalización
Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2018, contra la resolución N° 23, de
fecha 03 de julio de 2018 (fs. 09 a 10), CON EFECTO SUSPENSIVO, y estando a que el cuaderno de
multas recaído en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, se encuentra según el SIJ en esta
2 Véase el SIJ
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instancia superior por haberse impugnado otra resolución, AGRÉGUESE la presente resolución en
copias certificadas al referido expediente, para procederse conforme corresponda.
ORDENARON: PONER en conocimiento de la Juez Coactivo de Multas el contenido de la presente
resolución; y, SE ARCHIVE por esta secretaría conforme corresponda.
NOTIFIQUESE con las formalidades de ley. Juez Superior Ponente: señor Berger Vigueras.-
Sres.
Carrillo Rodríguez.
Santos Espinoza.
Berger Vigueras.
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SSSSAAAALLLLAAAA CCCCIIIIVVVVIIIILLLL DDDDEEEE PPPPUUUUNNNNOOOO....
PROCESO DE CONOCIMIENTO:
REIVINDICACIÓN.
1° SALA CIVIL - SEDE PUNO.
EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
DEMANDANTE : Juan Alberto Pizarro Pérez.
DEMANDADA : Marina de Guerra del Perú.
MATERIA : Reivindicación.
PROCEDE : Tercer Juzgado Civil de Puno.
PONENTE : JS. Percy Lozada Cueva.
_______________________________________________________________
__
SSSSEEEENNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA DDDDEEEE VVVVIIIISSSSTTTTAAAA
Resolución N° 082
Puno, once de diciembre
de dos mil dieciocho.
&. MATERIA:
1. Es materia de apelación la Resolución número sesenta y ocho
(Sentencia número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de
dos mil dieciséis, EN EL EXTREMO QUE FALLA: I.- DECLARANDO
FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por
JUAN ALBERTO PIZARRO PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA
DEL PERU representada por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la PRETENSIÓN de
REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENA que la MARINA DE
GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante JUAN ALBERTO
PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado en la avenida El Puerto
número setecientos cincuenta con un área de quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), que colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40
metros lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea recta de
21.45 metros lineales con propiedades particulares; por el Este, con una línea
recta de 28.70 metros lineales con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras
propiedades particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95 metros
lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y, RECONOCIENDO EL
DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, en tal
sentido, DISPONE: la adjudicación de las construcciones edificadas en el área
materia de reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub materia
(páginas 658 a 670).
&. ANTECEDENTES:
1. Que, la demandada: Marina de Guerra del Perú, a través del
Procurador Público Adjunto de la Marina de Guerra del Perú, interpone
Página 1 de 12 apelación en contra de la Resolución número sesenta y ocho (Sentencia
número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de dos mil
dieciséis, en el extremo correspondiente a efecto de que sea revocada y
reformándola se declare infundada en todos sus extremos.
2. Que, la Resolución de Vista debe referirse a los fundamentos de
contradicción formulada por el apelante, esto es examinar los errores o vicios
denunciados por el apelante, exigencia derivada del inciso 5) del artículo 139
de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos VII del Título
Preliminar y 366 del Código Procesal Civil.
2.1 LOS SUSTENTOS DE APELACIÓN PRINCIPALMENTE SON LOS
SIGUIENTES:
A) Que, al expedir la sentencia ha vulnerado el principio constitucional de la
tutela jurisdiccional efectiva, al no determinar que la decisión es arbitraria, toda
vez que tenía conocimiento que a la presentación de la demanda de
reivindicación, ya estaba en trámite con una antigüedad mayor a 3 años el
expediente Nº 2004-278-02101-JM-CI-02 sobre prescripción adquisitiva
iniciada por la Marina de Guerra ante el Segundo Juzgado Mixto de Puno, por
estar en posesión del bien desde el año 1978.
B) Que, al momento de sentencia ha contravenido el derecho de defensa y
la tutela jurisdiccional efectiva vulnerando el valor superior del ordenamiento
jurídico como es el de la justicia, en ese sentido debió hacerse la reserva del
fallo disponiendo la suspensión judicial del proceso.
C) Que, el A Quo no ha valorado la falta de acreditación del demandante,
asimismo del proceso se evidencia la falta de interés y legitimidad para obrar
del demandante, por no acreditar documentariamente la relación que el
demandante tendría con los propietarios fallecidos Juan Alberto Pizarro Pizarro
y Lucía Pérez de Pizarro.
D) Que, no se ha valorado que su representada está en posesión de un
bien inmueble en abandono por parte de sus propietarios primigenios, además
el Juzgado no ha valorado que el demandante no ha ofrecido medio de prueba
que lo relacione directamente con el bien objeto de reivindicación, no presente
título de propiedad que lo acredite como tal (páginas 674 a 680).
&. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
BASE NORMATIVA.-
CÓDIGO CIVIL.-
Artículo 923.- Noción de propiedad.- “La propiedad es el poder jurídico
que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la
ley”
Página 2 de 12 Artículo 927.- Acción reinvindicatoria.- “La acción reivindicatoria es
imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió el bien por
prescripción”
Artículo 979.- Reinvindicación y defensa del bien común.-
“Cualquier copropietario puede revindicar el bien común. Asimismo,
puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de
desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la ley”
(resaltado nuestro).
1. Que, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar,
disponer y reivindicar un bien, de conformidad al artículo 923 del Código Civil.
Empero, para hacer uso de tal derecho, es presupuesto esencial que el
propietario presente título inobjetable.
1.1 El derecho de reivindicar es el derecho que asiste al propietario de
recurrir a la justicia reclamando el objeto de su propiedad, evitando la
intromisión de un tercero ajeno; para ello, el reclamante debe probar ser el
propietario del bien cuya titularidad ostenta y que el demandado posea
sin tener derecho oponible al demandante; el atributo de la reivindicación
sólo puede ser ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno o
frente a un poseedor no propietario.
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE LA
REPÚBLICA.-
“Que, la acción reivindicatoria es la acción real por excelencia,
siendo procedente que mediante esta acción pueda dilucidarse el
concurso de derechos reales, cuando dos o más personas alegan
derecho de propiedad respecto de un mismo bien inmueble, en razón de
que el atributo de la reivindicación puede ser ejercido por el propietario
respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un poseedor no propietario o
bien contra quien posea sin tener derecho oponible al demandante”. “La
reivindicación es la acción del propietario no poseedor contra el
poseedor no propietario, y quien niegue tal derecho o lo contradice debe
probarlo. Para amparar la acción reivindicatoria, es necesario que el actor
justifique la propiedad del bien reclamado con documento indubitable de
dominio, que demuestre la identidad del bien y que acredite que los
mismos se hallan poseídos o detentados por la parte demandada”
(Expediente N° 7842-98. Lima. Explorador Jurisprudencial. 2007-2008-
Gaceta Jurídica) (resaltado nuestro).
“La acción de reivindicación supone la existencia de un propietario,
con un título ya declarado sobre un determinado bien, en virtud del
cual puede ejercer todos los derechos inherentes a dicha condición”
(Expediente N° 4845-98. Lima. Explorador Jurisprudencial. 2007-
2008-Gaceta Jurídica) (resaltado nuestro).
Página 3 de 12 “Para que proceda la acción reivindicatoria no solamente basta
acreditar que el demandante tenga un título de dominio sobre el
bien, sino que también los demandados poseen el bien sin contar con un título
que justifique su posesión” (Casación N° 2241-2001-Ayacucho. Data
30,000. El Código Civil en su Jurisprudencia. Diálogo con la
Jurisprudencia. Primera Edición. Mayo 2007. Página: 327. Gaceta
Jurídica SA) (resaltado nuestro).
“La procedencia de la acción reivindicatoria se define por la
concurrencia de los siguientes elementos: A) Que la ejercite el
propietario que no tiene la posesión del bien. B) Que esté destinada
a recuperar el bien, no el derecho de propiedad. C) Que el bien esté
poseído por otro que no sea el dueño. D) Que, el bien sea una cosa
determinada” (Casación N° 3436-2000- Lambayeque. Data 30,000. El
Código Civil en su Jurisprudencia. Diálogo con la Jurisprudencia.
Primera Edición. Mayo 2007. Página: 327. Gaceta Jurídica SA) (resaltado
nuestro).
“(…) La reivindicación es una acción que la dirige el propietario de un
bien contra el ocupante que lo posee indebidamente, para lo cual se
requiere que el actor acredite la propiedad del bien, que el demandado
posea indebidamente, y que se identifique el bien, teniendo por objeto
principal dicha acción la restitución del bien, empero para que ello
ocurra debe existir un examen previo que conduzca a la
declaración jurisdiccional del derecho de propiedad del actor y si
este resulta oponible en forma evidente al demandado, pudiendo
discutirse en este caso el mejor derecho de propiedad, toda vez,
que la reivindicación es la acción real por excelencia (…)” (Casación N°
43-2007-Tacna. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. El
Peruano: 3 de julio de 2007. Págs.: 20015-20016) (resaltado
nuestro).
&. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:
DE LA PARTE DEMANDANTE.-
1. Que, la pretensión principal es: “La reivindicación del área de
quinientos noventa metros cuadrados (590 m2) del bien inmueble sito en la
última cuadra del jirón El Puerto signado con el número setecientos cincuenta
que se encuentra en actual posesión de la Marina de Guerra del Perú a través
de su Villa Naval II”; las pretensiones accesorias son: “a) La adjudicación de
la construcción edificada de mala fe en el terreno objeto de reivindicación, b) El
cobro de frutos dejados de percibir por el recurrente e indebidamente
percibidos por la demandada por el usufructo ilegal que viene ejerciendo hasta
por la suma de trescientos sesenta mil nuevos soles (S/. 360,000.00), más los
intereses que se generen hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, y, c)
El pago de costas y costos del proceso” (páginas 15 a 23).
Página 4 de 12 1.1 LA PARTE DEMANDANTE ALEGA PRINCIPALMENTE LO
SIGUIENTE.-
A) Que, el 6 de setiembre de 1966, Inocencio Mamani Mamani y esposa,
Saturnina Mamani de Mamani, dieron en venta y enajenación perpetua a favor
de sus padres, Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de Pizarro, dos
fundos, uno ubicado en el barrio Orkapata (hoy barrio Mañazo) y otro ubicado
en el sector llamado Muelle Pampa en la parte Este de la población –materia
de reivindicación- cuya medición originaria era de 40 metros de largo por 40
metros de ancho, el mismo que se elevó a escritura pública y se encuentra
inscrita en los registros públicos, en el tomo número 48, folio 17, partida II y
asiento número 1 del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad.
B) Que, el área cuya reivindicación se pretende asciende a 590 metros
cuadrados (590 m2), que se encuentra en posesión de la Marina de Guerra del
Perú a través de Villa Naval II.
C) Que, habiendo fallecido su padre y siendo uno de sus sucesores
legales, venía ejerciendo la posesión de manera pacífica y pública del bien
junto con los demás copropietarios del mismo bien, hasta que la Marina de
Guerra del Perú ilegalmente los despojó de la posesión.
D) Que, la Marina de Guerra del Perú planteó una demanda de
prescripción adquisitiva, la misma que se viene ventilando ante el Segundo
Juzgado Mixto de esta ciudad y que a la fecha no cuenta con sentencia
consentida ni ejecutoria, lo cual permite la viabilidad de la presente acción.
E) Que, la Marina de Guerra del Perú, a sabiendas que se encontraba en
posesión del bien y que éste se encuentra inscrito en el registro, procedió a
edificar una construcción de dos plantas, haciendo mal uso del poder naval
que les ha concedido el Estado, por lo que, dicha construcción debe
adjudicársele sin obligación de pagar su valor.
F) Que, respecto de los frutos dejados de percibir por la demandada, se
acreditan por cuanto la Marina de Guerra del Perú, a través de su Villa Naval II,
durante varios años ha hecho uso y disfrute del bien materia a reivindicar para
su funcionamiento, la misma que brinda servicios al personal de dicha
institución (páginas 15 a 23).
DE LA PARTE DEMANDANDA.-
2. Que, la parte demandada: Marina de Guerra del Perú, representada
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio
de defensa relativos a la Marina de Guerra del Perú, absuelve el traslado de
la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada o improcedente.
2.1 LA PARTE DEMANDADA ALEGA PRINCIPALMENTE LO SIGUIENTE.-
A) Que, la Marina de Guerra del Perú, se encuentra en posesión pacifica,
continua, pública del inmueble materia de litis desde el año 1978, a través de la
Página 5 de 12 capitanía del puerto de Puno, constituyendo anteriormente la Comandancia de
Flotilla Patrulleras Lacustres.
B) Que, las construcciones existentes en el inmueble sub litis datan de
hace 30 años, época en la que el terreno se encontraba deshabitado, razón
por la cual se realizó la posesión pacífica y pública del mismo, asimismo, se
realizó la declaración de impuestos y arbitrios ante la autoridad municipal.
C) Que, se encuentran en posesión del bien inmueble por más de treinta
años, por lo cual se presentó la demanda de prescripción adquisitiva de
dominio, debiendo considerarse que el derecho de propiedad que alega el
demandante se extinguió, dado que, al pasar más de veinte años de abandono
del bien, éste pasa a ser propiedad del Estado.
D) Que, el pago de usufructo solicitado, resulta improcedente, pues no se
justifica en razón objetiva, constituyéndose en un medio de enriquecimiento
coyuntural (páginas 49 a 56).
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.-
3. Que, el derecho de reivindicar es el derecho que asiste al propietario
de recurrir a la justicia reclamando el objeto de su propiedad, evitando la
intromisión de un tercero ajeno; para ello, el reclamante debe probar ser el
propietario del bien cuya titularidad ostenta y que el demandado posea
sin tener derecho oponible al demandante; el atributo de la reivindicación
sólo puede ser ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno o
frente a un poseedor no propietario.
3.1 En tal sentido, a fin de determinar el derecho del demandante a
reivindicar el bien inmueble materia de proceso, ubicado en la última cuadra
del jirón El Puerto Nº 750 que tiene un área de 590 m2.
DERECHO DE PROPIEDAD DE LA PARTE DEMANDANTE.-
4. Que, de la revisión del proceso se aprecia que la parte demandante
acredita su derecho de propiedad con los siguientes medios probatorios:
4.1 El Tracto Sucesivo del derecho de propiedad del inmueble, materia
del proceso, se acredita de acuerdo al siguiente detalle:
A) La Escritura Pública de Compraventa, de fecha 6 de setiembre de
1966, otorgada por don Inocencio Mamani Mamani y doña Saturnina
Mamani de Mamani, como vendedores, a favor de don Juan Alberto
Pizarro Pizarro y de doña Lucía Pérez Ochoa de Pizarro, como
compradores. Acto jurídico en el que expresa la venta de dos lotes, el
primero: Fundo ubicado en el barrio Orcopata hacía la parte oeste de la
población de Puno; y, el segundo: lote -materia de reivindicación- ubicado
en el sector llamado Muelle Pampa, en la parte este de la población, que mide
40 metros de largo por 40 de ancho y colinda por el Norte con propiedades de
la Peruvian Corporation y la línea del ferrocarril por medio, por el Sur, con
Julián Cruz Calsin, por el Este con el lago Titicaca y por el Oeste con el resto
Página 6 de 12 de sus propiedades, dejando constancia que en el lado este tiene un accesorio
al lago (ver páginas 3 a 6).
B) Inscripción Primera de Dominio de fundo urbano llamado “Muelle
Pampa”, ubicado en el sector este de la población de Puno, de fecha 26 de
enero de 1970, inscrita en la Partida Nº 02000276, Tomo 48 Foja 17 en el
Registro de Propiedad Inmueble, inscrita a nombre de Juan Alberto Pizarro
y Lucía Pérez de Pizarro (ver página 350).
C) Declaratoria de Herederos de don Juan Alberto Pizarro Pizarro,
inscrita en la Partida Nº 02034079, Tomo 8, Foja 421, de fecha 2 de mayo
de 1991, por la cual se declara el fallecimiento ab intestato del que en vida fue
Juan Alberto Pizarro Pizarro, y declara como sus herederos universales a Lucia
Pérez Ochoa viudad de Pizarro como cónyuge sobreviviente y a sus hijos
María Luisa Pizarro Pérez, Elva Tula Pizarro Pérez, Juan Alberto Pizarro
Pérez y Juana Esperanza Pizarro Pérez (ver página 7)
D) Inscripción de independización de un lote de terreno urbano sito en
la parte este de la ciudad de Puno, en la Partida Nº 05002819, Tomo 55,
Foja 16, y la Partida Nº 05003405, Tomo 59, Foja 109 de Propiedad
inmueble, en los cuales se observa que se independiza 600 m2 del área total
del bien, a favor de terceras personas (ver páginas 562 a 567).
4.2 Que, de lo señalado, se tiene que con el tracto sucesivo detallado, el
demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, ha acreditado ser copropietario
del bien inmueble ubicado en la última cuadra del jirón El Puerto de esta
ciudad de Puno, antes denominado fundo urbano “Muelle Pampa”,
ubicado en el sector este de la población de Puno, quien lo tiene adquirido
por declaratoria de herederos de quien en vida fue su padre Juan Alberto
Pizarro Pizarro, quien adquiere el bien juntamente con su esposa Lucía Pérez
Ochoa de Pizarro, y a favor de quien se realiza la primera inscripción de
dominio.
DE LA POSESIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.-
5. Que, el demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, dirige la demanda
en contra de la Marina de Guerra del Perú, señalando que el inmueble materia
de reivindicación estaría en posesión de la demandada (ver en concreto página
17), afirmación que ha sido aceptada por la demandada: Marina de Guerra
de Perú, quien al contestar la demanda señala que desde el año 1978 se
encuentra en posesión del referido bien (ver en concreto página 50).
5.1 Lo señalado por el demandante y demandada, ha sido corroborado
con la diligencia de inspección judicial, realizada por el Juez del proceso,
en el inmueble materia de reivindicación, donde se ha constatado que la
demandada: Marina de Guerra de Perú, se halla en posesión, donde existe
construcciones de cemento y ladrillo, pertenecientes a la demandada (ver en
detalle páginas 236 a 241).
Página 7 de 12 5.2 Con lo que se acredita, que la demandada: Marina de Guerra de Perú,
se encuentra en posesión del bien inmueble ubicado en la última cuadra
del jirón El Puerto de esta ciudad de Puno, antes denominado fundo
urbano “Muelle Pampa”, ubicado en el Sector Este de la población de
Puno.
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN MATERIA DE REIVINDICACIÓN.-
6. Mediante la Escritura Pública de Compraventa, de fecha 6 de
setiembre de 1966, don Juan Alberto Pizarro Pizarro y de doña Lucía Pérez
Ochoa de Pizarro, adquieren dos lotes, entre ellos el bien inmueble –materia
de reivindicación-, ubicado en el sector llamado Muelle Pampa, en la parte
este de la población de Puno, de sus anteriores propietarios Inocencio
Mamani Mamani y esposa Saturnina Mamani de Mamani, que mide 40 metros
de largo por 40 de ancho (equivalente a 1600 m2), y colinda por el Norte con
propiedades de la Peruvian Corporation y la línea del ferrocarril por medio, por
el Sur, con Julián Cruz Calsin, por el Este con el lago Titicaca y por el Oeste
con el resto de sus propiedades, dejando constancia que en el lado este tiene
un accesorio al lago (ver páginas 3 a 6).
6.1 Con tales características, el citado bien inmueble es inscrito en su
Inscripción Primera de Dominio, en fecha 26 de enero de 1970, en la
Partida Nº 02000276, Tomo 48, Foja 17 en el Registro de Propiedad
Inmueble (ver página 350).
6.2 Posteriormente del área total del bien 1600 m2, se independiza a favor
de terceros, 600 m2, conforme se acredita con las Partidas Nº 05002819,
Tomo 55, Foja 16, y la Partida Nº 05003405, Tomo 59, Foja 109 de
Propiedad inmueble (ver páginas 562 a 567).
6.3 Del área restante que asciende a 1000 m2 aproximadamente el
demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, pretende la reivindicación de
590 m2, indicando sus características en su escrito de demanda, que colinda
por el Norte con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida El Puerto, por el
Sur en línea recta de 21.45 ml y colinda con propiedades particulares, por el
Este con una línea recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL
(antes ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el Oeste con línea
recta de 27.95 ml y colinda con propiedad de señor Hernán Fernández.
6.4 De lo señalado, se observa que el bien materia de reivindicación se
encuentra debidamente individualizado, ubicado en la última cuadra del
jirón El Puerto que tiene un área de 590 m2, con las colindancias por el Norte
con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida El Puerto, por el Sur en línea
recta de 21.45 ml y colinda con propiedades particulares, por el Este con una
línea recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL (antes
ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el Oeste con línea recta
de 27.95 ml y colinda con propiedad de señor Hernán Fernández.
DEL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.-
Página 8 de 12 7. La demandada: Marina de Guerra de Perú, refiere haber iniciado
proceso de prescripción adquisitiva, ante el Segundo Juzgado Civil de
Puno, Proceso Civil – Expediente Nº 278-2004-0-2104-JM-CI-02, respecto
del bien materia de reivindicación dirigiéndola en contra de la sucesión de Juan
Alberto Pizarro Pizarro, ello en mérito por estar en posesión del bien por más
de 30 años, en forma pacífica y pública, afirmación que se acredita con las
copias del autoadmisorio, Resolución Nº 1, de fecha 30 de junio de 2004 (ver
página 377), y actuados de páginas 521 a 555.
7.1 De la revisión del Sistema Integrado de Justicia – SIJ, de la Corte
Superior de Justicia de Puno, se advierte, que en el Proceso Civil –
Expediente Nº 00278-2004-0-2104-JM-CI-02, la emisión de la Resolución N°
146, de fecha 17 de octubre de 2017, mediante la cual resuelve DAR por
concluido el presente proceso, seguido por Procurador Público de la Marina
de Guerra del Perú, en contra de Elva Tula Pizarro Pérez y otros, sobre
prescripción adquisitiva de dominio, sin declaración sobre el fondo (…),
resolución que no ha sido materia de impugnación por las partes del proceso
(ver páginas 746 a 747).
7.2 Siendo así, se determina que la demandada: Marina de Guerra de
Perú, no acredita que el referido proceso haya concluido con sentencia
favorable que sustente su derecho de propiedad respecto del bien materia de
reivindicación, por tanto no existe medio probatorio que se oponga al derecho
de propiedad del demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez.
8. En relación a la adjudicación de la construcción edificada de mala
fe en terreno ajeno, solicitada como pretensión accesoria por el demandante:
Juan Alberto Pizarro Pérez, se tiene que el artículo 943 del Código Civil.-
Edificación de mala fe en terreno ajeno: “Cuando se edifique de mala fe en
terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le causare
perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente o hacer suyo lo
edificado sin obligación de pagar su valor”.
8.1 Del análisis realizado en los fundamentos precedentes, se determina
que la demandada: Marina de Guerra de Perú, no ha acreditado su derecho
sobre el bien materia de reivindicación, en ese sentido resulta procedente
amparar la pretensión accesoria del demandante, al haberse acreditado su
derecho de propiedad.
DECISIÓN A ADOPTAR.-
9. Por lo expuesto, la acción de reivindicación es procedente, por cuanto
en el presente caso, han concurrido los siguientes elementos: A) Que, la
ejercite el propietario que no tiene la posesión del bien. B) Que, esté destinada
a recuperar el bien, no el derecho de propiedad. C) Que, el bien esté
poseído por otro que no sea el dueño. D) Que, el bien sea una cosa
determinada” (criterio jurisdiccional expuesto en la Casación N° 3436-
2000-Lambayeque).
Página 9 de 12 9.1 Que, por tanto, al presentarse los elementos concurrentes para la
procedencia de la acción de reivindicación, de acuerdo a los fundamentos
expuestos en la presente Resolución de Vista, corresponde estimar la
pretensión de reivindicación y por ende confirmar la resolución impugnada, en
sus propios fundamentos.
DE LOS SUSTENTOS DE APELACIÓN.-
10. Que, en cuanto a los sustentos de apelación del Acápite A): Que, al
expedir la sentencia ha vulnerado el principio constitucional de la tutela
jurisdiccional efectiva, al no determinar que la decisión es arbitraria, toda vez
que tenía conocimiento que a la presentación de la demanda de reivindicación,
ya estaba en trámite con una antigüedad mayor a 3 años el expediente Nº
2004-278-02101-JM-CI-02 sobre prescripción adquisitiva iniciada por la Marina
de Guerra ante el Segundo Juzgado Mixto de Puno, por estar en posesión del
bien desde el año 1978.
En cuanto a los sustentos de apelación del Acápite B): Que, al momento de
sentencia ha contravenido el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional
efectiva vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico como es el de la
justicia, en ese sentido debió hacerse la reserva del fallo disponiendo la
suspensión judicial del proceso.
De los sustentos de apelación del Acápite C): Que, el A Quo no ha valorado
la falta de acreditación del demandante, asimismo del proceso se evidencia la
falta de interés y legitimidad para obrar del demandante, por no acreditar
documentariamente la relación que el demandante tendría con los propietarios
fallecidos Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de Pizarro.
Y de los sustentos de apelación del Acápite D): Que, no se ha valorado que
su representada está en posesión de un bien inmueble en abandono por parte
de sus propietarios primigenios, además el Juzgado no ha valorado que el
demandante no ha ofrecido medio de prueba que lo relacione directamente con
el bien objeto de reivindicación, no presente título de propiedad que lo acredite
como tal.
Se tiene que, los sustentos de apelación carecen de amparo legal, en mérito a
los fundamentos ampliamente señalados en la presente Resolución de Vista.
Por tanto, los sustentos de apelación quedan desvirtuados.
11. Que, de conformidad al artículo 196 del Código Procesal Civil: “Salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando
nuevos hechos”.
Asimismo, el artículo 197 del Código acotado que prescribe: “Todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.
Página 10 de 12 12. Que, por lo demás, no se advierte que durante la tramitación del
presente proceso, se haya afectado y/o vulnerado el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva y el debido proceso, consagrados en el inciso 3) del
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo
7 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, por lo que de acuerdo a los artículos 196
y 197 del Código Procesal Civil y, por estos fundamentos, se toma la decisión
siguiente.
&. DECISIÓN:
1. CONFIRMARON la Resolución número sesenta y ocho (Sentencia
número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de dos mil
dieciséis, EN EL EXTREMO QUE FALLA: I.- DECLARANDO FUNDADA EN
PARTE la demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por JUAN
ALBERTO PIZARRO PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL
PERU representada por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la PRETENSIÓN de
REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENA que la MARINA DE
GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante JUAN ALBERTO
PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado en la avenida El Puerto
número setecientos cincuenta con un área de quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), que colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40
metros lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea recta de
21.45 metros lineales con propiedades particulares; por el Este, con una línea
recta de 28.70 metros lineales con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras
propiedades particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95 metros
lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y, RECONOCIENDO EL
DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, en tal
sentido, DISPONE: la adjudicación de las construcciones edificadas en el área
materia de reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub materia.
2. DISPUSIERON a Secretaría de Sala que los actuados del Proceso N°
Nº 00278-2004-0-2104-JM-CI-02, que han sido visualizados e impresos por
este Colegiado, y que han servido de sustento para la decisión de la presente
Resolución de Vista, sean foliados y agregados al proceso principal, con
arreglo a Ley; y los devolvieron. TR y HS.
S.S.
LOZADA CUEVA
DIAZ HAYTARA
APAZA GONZALES.
Página 11 de 12 EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
Demandante : Juan Alberto Pizarro Pérez.
Demandada : Marina de Guerra del Perú.
Materia : Reivindicación.
Resolución N° : 081
Puno, veintinueve de noviembre
de dos mil dieciocho.
Proveyendo el escrito de registro N° 4143-2018,
presentado por Juan Alberto Pizarro Perez: Estando la causa al voto, a
conocimiento del señor Juez Superior ponente; y, agréguese a sus
antecedentes.
S.S.
LOZADA CUEVA
DIAZ HAYTARA
APAZA GONZALES
Página 12 de 12 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE PUNO
Juez: GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
Fecha: 10/08/2016 08:51:19
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
3º JUZGADO CIVIL (EX 3º JUZ. MIXTO)
EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03
MATERIA : REIVINDICACION
CORTE SUPERIOR DE PUNO
Secretario: SOFIA GUERRA JUEZ : GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
CABRERA
Fecha: 10/08/2016 11:44:49
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : SOFIA GUERRA CABRERA
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU DIRECCION DE ASUNTOS
JURIDICOS DE LA MARINA ,
DEMANDANTE : PIZARRO PEREZ, JUAN ALBERTO
Resolución Nro. Sesenta y nueve (69).
Puno, cinco de agosto del dos mil dieciseis.-
DADO CUENTA: El escrito con registro 21795; AL
PRINCIPAL Y OTROSI DIGO: VISTOS: los autos; y,
CONSIDERANDO: PRIMERO.- REQUISITOS DE FONDO Y DE FORMA DEL
RECURSO DE APELACION.- Que, de la revisión y calificación
del Recurso de apelación interpuesta por la Marina de
Guerra del Perú representado judicialmente por el
Procurador Público Adjunto de la Marina de Guerra del Perú
David Eduardo Hidalgo Valdivia, en contra de la resolución
número sesenta y ocho (sentencia), se advierte que este
cumple con los requisitos de fondo y forma previstos en los
artículos 366º y 367º del Código Procesal Civil, es decir:
Se indica el error de hecho y de derecho en que los que se
habría incurrido en la resolución se precisa la naturaleza
del agravio, la naturaleza del agravio se sustenta la
pretensión impugnatoria, ha sido dirigida ante el juez que
expide la resolución, se ha presentado en el plazo oportuno
y se tiene en cuenta que no paga tasa judicial por estar
exonerado. SEGUNDO.- DE LA FORMA DE CONCESORIO DEL RECURSO
DE APELACION.- Que, se ha formulado recurso de apelación en
contra de la resolución número sesenta y ocho, de fecha
veinte de julio del dos mil dieciseis, a través del cual se
resuelve: Declarar fundada en parte la demanda; por lo
tanto corresponde conceder recurso de apelación con efecto
suspensivo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 371º del código acotado -Norma y aplicación supletoria al
caso – que señala “Procedencia de apelación con efecto
suspensivo contra las sentencias y autos que dan por
concluido el proceso o impiden su continuación, y en los
demás casos previstos en este Código. Por lo tanto,
RESUELVO: CONCEDER recurso de apelación con efecto
suspensivo en contra de la resolución sesenta y ocho
(sentencia) de fecha veinte de julio del dos mil dieciseis,
obrante a fojas seiscientos cincuenta y ocho a seiscientos
setenta a favor del apelante, Marina de Guerra del Perú
representado judicialmente por el Procurador Público
Adjunto de la Marina de Guerra del Perú David Eduardo
Hidalgo Valdivia, en tal sentido ordeno que los autos sean
elevados al superior jerárquico a fin de que absuelva el
grado correspondiente; remisión de expediente que debe
efectuarse observando el plazo previsto por ley, con la
debida nota de atención. Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE PUNO
Juez: GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
Fecha: 20/07/2016 10:56:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE PUNO
CORTE SUPERIOR DE PUNO
Secretario: SOFIA GUERRA
CABRERA
Fecha: 20/07/2016 11:06:38 SENTENCIA NRO. 275 – 2016
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
Expediente: 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
Demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez.
Demandada : Marina de Guerra del Perú.
Materia : Reivindicación.
Proceso : Conocimiento.
Juez : Guido Armando Chevarria Tisnado.
Secretaria: Sofía Guerra Cabrera.
Resolución: Sesenta y ocho (68).
Puno, veinte de julio del dos mil dieciséis.-
Puesto a Despacho. VISTOS; I.- Petitorio de la demanda.- La
demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por JUAN
ALBERTO PIZARRO PEREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL
PERU representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, a través de la
cual requiere como pretensión principal, la reivindicación
del área de quinientos noventa metros cuadrados (590 m2) del
bien inmueble sito en la última cuadra del jirón El Puerto
signado con el número setecientos cincuenta que se encuentra
en actual posesión de la Marina de Guerra del Perú a través
de su Villa Naval II, y como pretensiones accesorias, a) La
adjudicación de la construcción edificada de mala fe en el
terreno objeto de reivindicación, b) El cobro de frutos
dejados de percibir por el recurrente e indebidamente
percibidos por la demandada por el usufructo ilegal que
viene ejerciendo hasta por la suma de trescientos sesenta
mil nuevos soles (S/. 360,000.00), más los intereses que se
generen hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, y,
c) El pago de costas y costos del proceso.------------------
II.- Fundamentos de hecho en que se sustenta el petitorio de
la demanda y fundamentación jurídica.- El demandante alega
que, el seis de setiembre del mil novecientos sesenta y
seis, Inocencio Mamani Mamani y esposa, Saturnina Mamani de Mamani, dieron en venta y enajenación perpetua a favor de
sus padres, Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de
Pizarro, dos fundos, uno ubicado en el barrio Orkapata (hoy
barrio Mañazo) y otro ubicado en el sector llamado Muelle
Pampa en la parte Este de la población –materia de
reivindicación- cuya medición originaria era de cuarenta
metros de largo por cuarenta metros de ancho, el mismo que
se elevó a escritura pública y se encuentra inscrita en los
registros públicos, en el tomo número cuarenta y ocho, folio
diecisiete, partida II y asiento número uno del Registro de
la Propiedad Inmueble de esta ciudad; que, el área cuya
reivindicación se pretende asciende a quinientos noventa
metros cuadrados (590 m2), que se encuentra en posesión de
la Marina de Guerra del Perú a través de Villa Naval II;
que, habiendo fallecido su padre y siendo uno de sus
sucesores legales, venía ejerciendo la posesión de manera
pacífica y pública del bien junto con los demás
copropietarios del mismo bien, hasta que la Marina de Guerra
del Perú ilegalmente los despojó de la posesión; que, la
Marina de Guerra del Perú planteó una demanda de
prescripción adquisitiva, la misma que se viene ventilando
ante el Segundo Juzgado Mixto de esta ciudad y que a la
fecha no cuenta con sentencia consentida ni ejecutoria, lo
cual permite la viabilidad de la presente acción; que, la
Marina de Guerra del Perú, a sabiendas que se encontraba en
posesión del bien y que éste se encuentra inscrito en el
registro, procedió a edificar una construcción de dos
plantas, haciendo mal uso del poder naval que les ha
concedido el Estado, por lo que, dicha construcción debe
adjudicársele sin obligación de pagar su valor; y, que,
respecto de los frutos dejados de percibir por la demandada,
se acreditan por cuanto la Marina de Guerra del Perú, a
través de su Villa Naval II, durante varios años ha hecho
uso y disfrute del bien materia a reivindicar para su funcionamiento, la misma que brinda servicios al personal de
dicha institución. Ampara su pretensión en lo dispuesto por
los artículos: 2° inciso 16) de la Constitución Política del
Perú; 923°, 927° y 943° del Código Civil.-------------------
III.- Actividad Jurisdiccional.- La demanda se admite
mediante resolución número uno de fojas veinticuatro, en la
vía del proceso de conocimiento, procediéndose a notificar a
la demandada, según consta de las cédulas de notificación de
foja veinticinco.-------------------------------------------
IV.- Contestación de demanda.- MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales de Ministerio de Defensa relativos a la
Marina de Guerra del Perú, Edilberto Darío Bejarano Salas,
mediante escrito de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y
seis, contesta la demanda solicitando que la misma sea
declarada infundada o improcedente. Alega que, la Marina de
Guerra del Perú, se encuentra en posesión pacifica,
continua, pública del inmueble materia de litis desde el año
mil novecientos setenta y ocho, a través de la capitanía del
puerto de Puno, constituyendo anteriormente la Comandancia
de Flotilla Patrulleras Lacustres; que, las construcciones
existentes en el inmueble sub litis datan de hace treinta
años, época en la que el terreno se encontraba deshabitado,
razón por la cual se realizó la posesión pacífica y pública
del mismo, asimismo, se realizó la declaración de impuestos
y arbitrios ante la autoridad municipal; que, se encuentran
en posesión del bien inmueble por más de treinta años, por
lo cual se presento la demanda de prescripción adquisitiva
de dominio, debiendo considerarse que el derecho de
propiedad que alega el demandante se extinguió, dado que, al
pasar más de veinte años de abandono del bien, éste pasa a
ser propiedad del Estado; y, que, el pago de usufructo
solicitado, resulta improcedente, pues no se justifica en razón objetiva, constituyéndose en un medio de
enriquecimiento coyuntural.---------------------------------
V.- Actividad procesal.- Mediante resolución número ocho de
fojas ciento ocho y siguiente, se da por absuelto el
traslado de la demanda por parte del Procurador Público a
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa
relativos a la Marina de Guerra del Perú.-----------------
VI.- Saneamiento procesal.- A través de la resolución
número veinte, de fojas doscientos veinte, se resuelve
declarar saneado el proceso por la existencia de una
relación jurídica procesal válida.--------------------------
VII.- Fijación de puntos controvertidos y saneamiento
probatorio.- Con la resolución número veintidós dictada en
audiencia de conciliación, de fojas doscientos treinta y
siguiente, se fijan los puntos controvertidos, se admiten
medios probatorios, y se fijan fecha para la audiencia de
pruebas.----------------------------------------------------
VIII.- Audiencia de pruebas.- La audiencia de pruebas se
llevó a cabo conforme consta en el acta de fojas doscientos
treinta y seis a doscientos cuarenta y uno y, del acta de
continuación de audiencia de pruebas de fojas doscientos
ochenta y seis a doscientos ochenta y ocho.-----------------
IX.- Expediente que se tiene a la vista.- Al emitir
sentencia, se tiene a la vista el expediente judicial con
número 111-96 seguido por Elva Tula Pizarro Pérez sobre
prueba anticipada seguida por ante el Tercer Juzgado de Paz
Letrado de Puno.--------------------------------------------
X.- Llamado de autos para sentenciar.- A través de la
resolución número sesenta y seis de fojas seiscientos
cuarenta se dispone poner los autos a Despacho para emitir
sentencia, por lo que procedo a expedirla; y, CONSIDERANDO:
Primero.- CARGA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Que, conforme a
lo dispuesto por el artículo 196° del Código Procesal Civil,
la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien las contradice alegando
nuevos hechos; por su parte, artículo 197º del mismo Código
establece que todos los medios probatorios son valorados por
el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada, sin embargo, en la resolución sólo serán expuestas
las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su
decisión. Segundo.- PRETENSION DEMANDADA.- Que, Juan Alberto
Pizarro Pérez, a través de la demanda presentada –que obra
de fojas quince a veintitrés- requiere “como pretensión
principal, la reivindicación del área de quinientos noventa
metros cuadrados (590 m2) del bien inmueble sito en la
última cuadra del jirón El Puerto signado con el número
setecientos cincuenta que se encuentra en actual posesión de
la Marina de Guerra del Perú a través de su Villa Naval II,
y como pretensiones accesorias, a) La adjudicación de la
construcción edificada de mala fe en el terreno objeto de
reivindicación, b) El cobro de frutos dejados de percibir
por el recurrente e indebidamente percibidos por la
demandada por el usufructo ilegal que viene ejerciendo hasta
por la suma de trescientos sesenta mil nuevos soles (S/.
360,000.00), más los intereses que se generen hasta la fecha
de la ejecución de la sentencia, y, c) El pago de costas y
costos del proceso.” Tercero.- DE LA REIVINDICACIÓN.- Que,
la reivindicación es el mecanismo de tutela de la propiedad,
por la cual el propietario reclama la entrega del bien
cuando éste se halla en posesión de un tercero sin título
alguno; vale decir, es la acción que ejerce el propietario
no poseedor contra el poseedor sin derecho, y, ii) Que, la
reivindicación es una acción que la dirige el propietario de
un bien contra el ocupante que lo posee indebidamente, para
lo cual se requiere: a) Que el actor acredite la propiedad
del bien, b) Que el demandado lo posea indebidamente, y, c)
Que se identifique el bien; empero, para que ello ocurra
debe existir un examen previo que conduzca a la declaración jurisdiccional del derecho de propiedad del actor y si éste
resulta oponible en forma evidente al demandado (Cas. N° 43-
2007-Tacna). Cuarto.- PUNTOS CONTROVERTIDOS – DE LA
REIVINDICACIÓN.- Que, mediante resolución número ciento
veintidós, de fojas doscientos treinta y siguiente, se ha
fijado como puntos controvertidos los siguientes: 1)
Determinar el derecho de propiedad que tiene el demandante
sobre el inmueble ubicado en la última cuadra del jirón El
Puerto, signado con el número setecientos cincuenta y si
consiguientemente tiene derecho a reivindicarlo y a la
adjudicación de las construcciones edificadas en dicho
terreno; 2) Establecer si corresponde disponer el pago de
frutos civiles por el monto demandado a favor del
demandante; y, 3) Establecer si la demandada Marina de
Guerra del Perú tiene algún derecho sobre el inmueble del
proceso y si el bien materia de litis ha sido abandonado por
más de veinte años, y si ha pasado el predio materia del
proceso a dominio del Estado. Quinto.- DE LA PROPIEDAD DEL
PREDIO MATERIA DE LITIS.- Que, a efecto de determinar si el
demandante es o no propietario del inmueble sub litis, se
debe considerar lo siguiente: i) Que, la propiedad, es el
derecho real en virtud del cual una cosa, como pertenencia
de una persona, está enteramente sujeta a su voluntad dentro
de los límites provenientes de la Ley o de la concurrencia
de derechos ajenos y tiene como atributos los establecidos
en el artículo 923º del Código Civil, es decir el de usarlo,
disfrutarlo, disponerlo y reivindicarlo; ii) Que, a efectos
de acreditar la propiedad, se debe considerar si la
adquisición es originaria o derivativa, en el primer caso,
bastará con acreditar el hecho adquisitivo, mientras que en
el segundo, no sólo se debe acreditar el acto por el que
adquirió, sino también que la propiedad correspondía a su
transmitente y así sucesivamente en toda la cadena de
transmisiones anteriores; iii) Que, de la revisión del tracto sucesivo del demandante, se tiene: a) La Escritura
Pública de compraventa de fecha seis de setiembre de mil
novecientos sesenta y seis -fojas tres a seis-, otorgada por
Inocencio Mamani Mamani y esposa, a favor de Juan Alberto
Pizarro Pizarro y Lucia Pérez Ochoa, a través de la cual se
transfieren dos lotes, uno ubicado en el barrio Oekapata
hacia la parte oeste de la población de Puno, y el otro –
materia de reivindicación-, denominado “Muelle Pampa”, en la
parte este de la ciudad de Puno, que mide cuarenta metros de
largo y cuarenta metros de ancho, haciendo un total de mil
seiscientos metros cuadrados (1600 m2); b) Inscripción de
primera de dominio del inmueble objeto de reivindicación, de
fecha veintiséis de enero de mil novecientos setenta -fojas
trescientos cincuenta-, en la partida número 02000276, tomo
48, foja 17 del Registro de la Propiedad Inmueble, de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
Oficina Registral Puno, a favor de Juan Alberto Pizarro y
esposa Lucía Pérez de Pizarro; c) Declaratoria de herederos
de Juan Alberto Pizarro Pizarro, inscrita en la partida
número 02034079, Tomo 8, Foja 421, de fecha dos de mayo de
mil novecientos noventa y seis –foja siete-, que declara el
fallecimiento ab intestato del que en vida fue Juan Alberto
Pizarro Pizarro y declara como sus herederos universales a
Lucía Pérez Ochoa viuda de Pizarro como su cónyuge
sobreviviente y a sus hijos María Luisa Pizarro Pérez, Elva
Tula Pizarro Pérez, Juan Alberto Pizarro Pérez -el
demandante- y Juana Esperanza Pizarro Pérez; d)
Independización del inmueble matriz, conforme se tiene de
las partidas números 05002819 y 05003405 del Registro de
Predios, Tomo 48, Folio 17 del Registro de Predios -fojas
quinientos sesenta y dos a quinientos sesenta y siete-, en
un área total de seiscientos metros cuadrados (600 m2),
quedando un área aproximada de mil metros cuadrados del
predio primigenio; iv) Que, el artículo 979° del Código Procesal Civil, señala que, “Cualquier copropietario puede
reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las
acciones posesorias, los interdictos, las acciones de
desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la
ley”. En consecuencia, se acredita que el bien sub materia
(área resultante luego de ser independizados dos lotes de
mayor extensión) se encuentra en estado de copropiedad entre
los sucesores de Juan Alberto Pizarro Pizarro, siendo uno de
éstos el demandante, por lo que, ostentaría derechos sobre
en calidad de copropietario sobre el bien inmueble. Sexto.-
DEL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN INICIADO POR LA MARINA DE GUERRA
DEL PERÚ.- Que, dentro de los argumentos esgrimidos por la
Marina de Guerra del Perú, se tiene que dicha institución se
encontraría en posesión del bien materia de litis por más de
treinta años, en forma pacífica y pública, razón por la
cual, iniciaron el proceso de prescripción adquisitiva de
dominio ante el Segundo Juzgado especializado Civil de Puno
con el número de expediente 278-2004-0-2104-JM-CI-02,
teniéndose copias certificadas del mismo –los que obran de
fojas trescientos setenta y siete, y, quinientos veintiuno a
quinientos cincuenta y cinco-, apreciándose de los mismo o
de otros instrumentos que en dicho procesal judicial se haya
expedido la sentencia declarativa del derecho demandado
“propiedad por prescripción adquisitiva a favor de la Marina
de Guerra del Perú”, lo que se corroboraría con la
resolución número ciento treinta y cuatro, de fecha uno de
julio del dos mil dieciséis, emitida en el expediente 278-
2004-0-2101-JM-CI-02; en tal sentido, la Marina de Guerra
del Perú no cuenta con instrumento válido y eficaz que
permita establecer su derecho de propiedad u otro análogo
que le permita oponérselo a la parte demandante. Sétimo.- DE
LA POSESIÓN DEL PREDIO MATERIA DE LITIS.- Que, de la
revisión de la demanda, se aprecia que el demandante señala
que la Marina de Guerra del Perú se encuentra en posesión del bien materia de reivindicación, siendo tal argumento
ratificado por la parte demandada, conforme se tiene del
escrito de la contestación de la demanda –fojas cuarenta y
nueve a cincuenta y seis- en su numeral diez, “(…) la Marina
de Guerra del Perú entró en posesión del inmueble que ahora
es materia del presente proceso de manera permanente y
continua sin interrupción alguna, por cuanto allí funcionan
las instalaciones de la Comandancia de Flotilla Patrulleras
Lacustres (…)”, pudiendo verificarse tal situación en la
diligencia de inspección judicial realizada en el predio sub
Litis, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil
nueve, tal como consta en acta de fojas doscientos treinta y
seis a doscientos cuarenta y uno, donde se precisa que en el
inmueble materia de reivindicación se encuentran
construcciones pertenecientes a la Marina de Guerra del
Perú, apreciándose que sus miembros realizan actividades
dentro de estas instalaciones, sea de instrucción o
habitación. Por lo expuesto, se tiene que la entidad
demandada se encuentra en posesión del bien materia de
Litis. Octavo.- IDENTIFIACIÓN DEL PREDIO.- Que, conforme se
tiene de la Escritura Pública de compraventa de fecha seis
de setiembre de mil novecientos sesenta y seis -fojas tres a
seis-, otorgada por Inocencio Mamani Mamani y esposa, a
favor de Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucia Pérez Ochoa,
se transfieren dos lotes, uno ubicado en el barrio Orkapata
hacia la parte oeste de la población de Puno, y el otro –
materia de reivindicación-, denominado “Muelle Pampa”, en la
parte este de la ciudad de Puno, precisándose que éste posee
una extensión de cuarenta metros de largo y cuarenta metros
de ancho, haciendo un total de mil seiscientos metros
cuadrados (1600 m2), habiéndose independizado un área
equivalente a seiscientos metros (600 m2) aproximadamente,
conforme se tiene de las partidas números 05002819 y
05003405 del Registro de Predios, Tomo 48, Folio 17 del Registro de Predios -fojas quinientos sesenta y dos a
quinientos sesenta y siete-, siendo el área de
reivindicación equivalente a quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), cuyas características son que colinda
por el Norte con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida
El Puerto, por el Sur en línea recta de 21.45 ml y colinda
con propiedades particulares, por el Este con una línea
recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL
(ante ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el
Oeste con línea recta de 27.95 ml y colinda con propiedad de
señor Hernán Fernández; la misma que se encuentra en
posesión de la entidad demandada. Por lo vertido, es de
concluirse que la pretensión principal demandada debe ser
amparada, conforme a lo dispuesto por los artículos 70° de
la Constitución Política del Estado, 923°, 927 y 979° del
Código Civil; Noveno.- DEL PAGO DE FRUTOS DEJADOS DE
PERCIBIR.- Que, el demandante requiere como pretensión
accesoria, “(…) Cobro de frutos dejados de percibir por el
recurrente e indebidamente percibidos por la demandada por
el usufructo ilegal que viene ejercitando hasta por la suma
de S/ 360,000.00 (trescientos sesenta mil nuevos soles), más
los intereses que se generen hasta la fecha de ejecución de
sentencia”, al respecto debe considerarse lo siguiente: i)
El artículo 890° del Código Civil señala que, “Son frutos
los provechos renovables que produce un bien, sin que se
altere ni disminuya su sustancia”; ii) Los frutos pueden ser
naturales, industriales o civiles, conforme dispone el
artículo 891° de la norma glosada, sin embargo, el
demandante no precisa la clase de frutos indebidamente
percibidos, señalando únicamente que este se genera por el
usufructo ilegal, sin considerar que, el usufructo confiere
las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien
ajeno, sea por ley, acto jurídico o por testamento, siendo
un acto regulado y válido, y para cuya constitución se requiere de facultades otorgadas por persona legitimada o
por ley, no concurriendo ninguna de esas circunstancias,
además, debe considerarse que no existen mayores argumentos
que sustente tal pretensión, menos medios probatorios que
justifiquen el pago de los S/ 360,000.00 (trescientos
sesenta mil soles), por lo que, no basta una simple
aseveración, sino que ésta debe estar debidamente
argumentada y corroborada con medios probatorios, y al no
presentarse tales situaciones, debe desestimarse tal
pretensión. Décimo.- ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
EDIFICADA DE MALA FE.- Que, se tiene como pretensión
accesoria, “La adjudicación de la construcción edificada de
mala fe en el terreno del recurrente (…)”, al respecto, debe
considerarse lo dispuesto en el artículo 943° del Código
Civil, “Cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el
dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le
causare perjuicio, más el pago de la indemnización
correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de
pagar su valor. En el primer caso la demolición es de cargo
del invasor”, teniéndose que en el caso de autos, la entidad
demandada entró en posesión del bien inmueble materia de
reivindicación sin ostentar la calidad de propietaria, por
lo que, al declararse fundada la demanda, se ordenará la
restitución del bien, teniendo el propietario la posibilidad
de exigir la demolición o adjudicación, siendo así, resulta
procedente la pretensión requerida; por cuanto el derecho de
propiedad de los antecesores del demandante se halla
inscrito en registros públicos (tal como aparece de folios
trescientos cincuenta y cuatro) hecho que se entiende es de
conocimiento público conforme lo establece el artículo 2012°
del Código Civil –que señala “se presume, sin admitirse
prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del
contenido de las inscripciones.”-; en tal sentido, se
evidencia un accionar de mala fe, por parte de la demandada. Undécimo.- COSTAS Y COSTOS.- Que, conforme señala el
artículo 413° del Código Procesal Civil, tratándose la
demandada de la Marina de Guerra del Perú, se le debe
exonerarse del pago de costas y costos. Por estas
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 121° del Código Procesal Civil y artículo 138° de
la Constitución Política del Estado impartiendo justicia,
FALLO: I.- DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas
quince a veintitrés, interpuesta por JUAN ALBERTO PIZARRO
PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL PERU
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la
PRETENSIÓN de REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENO que la
MARINA DE GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante
JUAN ALBERTO PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado
en la avenida El Puerto número setecientos cincuenta con un
área de quinientos noventa metros cuadrados (590 m2), que
colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40 metros
lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea
recta de 21.45 metros lineales con propiedades particulares;
por el Este, con una línea recta de 28.70 metros lineales
con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras propiedades
particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95
metros lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y,
RECONOCIENDO EL DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES, en tal sentido, DISPONGO: la adjudicación de
las construcciones edificadas en el área materia de
reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub
materia; y, II.- DECLARANDO INFUNDADA la demanda de fojas
quince a veintitrés, interpuesta por JUAN ALBERTO PIZARRO
PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL PERU
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa; EN EL EXTREMO
referido a la pretensión de cobro de frutos. SIN COSTOS NI COSTAS del proceso. Así lo pronuncio mando y firmo en la
sala de mi Despacho, del Tercer Juzgado Especializado Civil
de Puno. Hágase saber. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EXPEDIENTE : 01409-2007-0-1903-JR-CI-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : LUIS M. ANGEL SALGADO DIAZ
ESPECIALISTA : VELA ARIMUYA TANIA LISSETTE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU,
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL,
PROCURADURIA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DEFENSA,
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSE OCTAVIO
Señor Juez: En la fecha doy cuenta a Usted los escritos N° 3935-2018 y el N°4906-2018, los mismos que
no fue proveídos en su oportunidad debido a las recargadas labores propias de esta secretaría. Asimismo,
informarle que la suscrita asumió la Primera Secretaría de este Juzgado con fecha 05.05.208, de
conformidad con el Acta de Juramentación y Memorando N° 00441-2018-OAD-CSJLO/PJ. Lo que informo
a usted para los fines pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------
Iquitos, 06 de junio del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO
Iquitos, 06 de junio del 2018.
DADO CUENTA con la razón de la secretaria cursora, téngase
presente y con el escrito N° 1409-2007, presentado por el demandante José Octavio
Icomenes Silva, Al principal: téngase por señalado la Casilla Judicial N° 191, y estando
a lo solicitado ESTESE a lo resuelto por el Superior Jerárquico mediante resolución
número dos, de fecha 19 de setiembre del 2014, que obra en autos a fojas 734 al 741,
que resuelve en el punto 2) ítem ii) Declárese fundada la observación de la hoja de
liquidación de Intereses Legales, efectuada por el apoderado de la Oficina de
Normalización Previsional (…) iii) Téngase por desaprobada la liquidación de intereses
legales practicada por la Oficina de Liquidación adscrita a la Oficina de Liquidación de
esta Corte (...) iv) Nulo al requerimiento a la demandada Marina de Guerra del Perú
para el pago de la suma de intereses legales. Al primer, segundo y tercer otrosí de su
escrito: téngase por designado como abogado defensor al letrado Percy Valles
Bardales y presente la Casilla Electrónica N° 68654. Y siendo el estado del proceso se
tiene por ejecutada la sentencia, haciéndose necesario ordenar el archivo definitivo de
los autos, debiendo de remitirse al Archivo Central de esta Sede de Corte Superior de
Justicia, para su depósito correspondiente, debiendo el demandante hacer valer su
derecho conforme a Ley y en la vía correspondiente. Al escrito N° 4906-2018,
presentado por la Oficina de Normalización Previsional, Al principal y otrosí digo:
téngase presente la Casilla Electrónica N° 1802 y ESTESE a lo resuelto en la presente
resolución. Y estando a la razón de secretaría, llámese la atención al secretario que le
precedió en el trámite y a la cursora por el retardo en dar cuenta los escritos que
anteceden. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por disposición superior.
Notifíquese. -------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SALA CIVIL-SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01409-2007-20-1903-JR-CI-01
MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATORA : RAMÍREZ REÁTEGUI, GABRIELA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSÉ OCTAVIO
S.S. ÁLVAREZ LÓPEZ
MAGALLANES HERNÁNDEZ
VARGAS ASCUE
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Iquitos, 1 de setiembre de 2020
AUTOS Y VISTOS; puestos los autos a despacho, se emite la siguiente
I. MATERIA DE APELACIÓN:
RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO – AUTO - de fecha 6 de junio
de 2018, obrante a fojas 11, que atendiendo el escrito presentado por el
demandante se resolvió; (…) estando a lo solicitado ESTESE a lo resuelto
por el Superior Jerárquico mediante resolución número dos, de fecha 19 de
setiembre de 2014, que obra en autos a fojas 734 al 741, que resuelve en el
punto 2) ítem ii) Declárese fundada la observación de la hoja de liquidación
de intereses legales, efectuada por el apoderado de la Oficina de
Normalización Previsional (…) iii) Téngase por desaprobada la liquidación de
intereses legales practicada por la Oficina de Liquidación adscrita a la
Oficina de Liquidación de esta Corte (…) iv) Nulo al requerimiento a la
demandada Marina de Guerra del Perú para el pago de la suma de intereses
legales (…). Y siendo el estado del proceso se tiene por ejecutada la
sentencia, haciéndose necesario ordenar el archivo definitivo de los autos
(…).
1 II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:
Por escrito de fecha 15 de junio de 2018 el demandante interpone recurso
de apelación contra la resolución número setenta y ocho, alega lo siguiente.
(fs. 15/19).
2.1. Que, el A-quo no ha tomado en cuenta que frente a este nuevo pedido
ya existen pronunciamientos similares por parte de la Sala Civil Mixta en
cuanto a otorgar el pago de los intereses legales producto de la deuda
devengada aun cuando no fue solicitado en la demanda ni tampoco haya
sido materia de pronunciamiento en la sentencia.
2.2. El A-quo mediante resolución impugnada no ha tomado en cuenta lo
señalado por ésta parte en cuanto a la realización de un nuevo pedido, ya
que tan solo se ha limitado a remitir lo solicitado a lo resuelto por la Sala Civil
de esta Corte en su resolución 02 que obra en el expediente a fojas 734 a
741, es decir no ha tomado en cuenta lo indicado en la solicitado que se
sostiene en nuevos elementos de juicio que permiten una revaloración en
cuanto al pago de los intereses legales producto de la deuda devengada.
2.3. Por otro lado, el Juez de ejecución dispone el archivamiento definitivo
del proceso señalando para ello que se tiene por ejecutada la sentencia
recaída en autos, sin embargo, no ha previsto que solo se ha cancelado los
devengados correspondientes más NO los intereses legales, es ante ello
que hemos efectuado un nuevo pedido con nuevos elementos de juicio a
efectos de un nuevo pronunciamiento que no ha sido tomado en cuenta en la
resolución impugnada.
2.4. Finalmente, no se tuvo en cuenta el artículo 3° del Decreto Ley N°
25920 que señala expresamente lo siguiente: “El interés legal sobre los
montos adeudados por el empleador se devengan a partir del día siguiente
de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago
efectivo, sin que sea necesario que el trabajador exija, judicial o
extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe
haber sufrido algún daño”. De lo que se colige que los intereses legales son
una consecuencia derivada de los adeudos laborales que el empleador
tenga con su trabajador, sea que estos versen sobre beneficios sociales,
indemnizaciones, etc.
2 III. FUNDAMENTOS DE LA SALA CIVIL DE LORETO
PRIMERO. – ANTECEDENTES.
3.1. Por escrito de fecha 27 de enero de 2011 que obra a folios 545/550
don José Octavio Icomedes Silva, interpone recurso de apelación contra la
resolución número cuarenta de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez –
SENTENCIA DE VISTA, que resolvió revocar la sentencia de primera instancia,
que declara fundada la demanda, reformándola declararon infundada la
demanda sobre reconocimiento y restitución de la pensión de cesantía
devengadas a favor de José Octavio Icomedes Silva.
3.2. Elevados los actuados a la Corte Suprema, mediante Casación Suprema
N° 1475-2011-LORETO la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declararon
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante José Octavio
Icomedes Silva, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, en
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre
de dos mil diez; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia
de primera instancia, de fecha doce de enero de dos mil diez, que declara
fundada la demanda y dispone RECONOCER Y RESTITUIR al actor la
pensión de cesantía dentro del régimen del Decreto Ley N° 20530 y
consecuentemente el pago de devengadas desde abril del año mil
novecientos noventa y nueve y hasta junio del año dos mil ocho (…).
3.3. En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema el demandado –
Marina de Guerra del Perú, emite Resolución Directoral N° 0906-2013-
MGP/DAP de fecha uno de agosto de dos mil trece, por la que resuelve:
Artículo 1°.- Reconocer el Derecho a Pensión de Cesantía bajo el régimen del
Decreto Ley N° 20530, al Empleado Civil Cesante José Octavio Icomedes
Silva, a partir del mes de abril de 1999, por la suma de equivalente al íntegro
de las Remuneraciones Pensionables que actualmente percibe un servidor que
realiza las mismas funciones, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República de fecha 11 de abril de 2013. Se adjunta
hoja de liquidación de reintegro de pensiones, la misma que se aprueba por
resolución número cuarenta y siete de fecha dieciocho de noviembre de dos mil
3 trece, en la suma de cincuenta y dos mil novecientos treinta con 68/100 soles
(S/. 52,930.68), decisión que no fuera materia de impugnación.
3.4. Por escrito de fecha tres de diciembre de dos mil trece, el demandante
solicita se practique liquidación de intereses, corrido traslado a las partes y la
oposición formulada, por resolución número cincuenta y tres de fecha
diecinueve de marzo de dos mil catorce el Juzgado resuelve entre otros,
TENER por aprobada la liquidación de intereses legales, apelada que fue la
misma, por resolución de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce,
deciden: REVOCAR la resolución apelada y REFORMANDOLA desaprueba la
liquidación de intereses legales.
TERCERO.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA.
3.5. Por escrito de fecha 14 de marzo de dos mil dieciocho, por segunda vez
el demandante solicita liquidación de intereses legales, alega lo siguiente, si
bien la demandada ya cumplió con cancelar la totalidad de los devengados sin
embargo aún queda pendiente ejecutar el pago de los intereses legales
producto de la deuda devengada, al respecto es cierto que la resolución
número dos de fecha 19 de setiembre de 2015 expedida por el Superior en
grado en el incidente 55 ordeno desaprobar la hoja de liquidación de intereses
legales basado únicamente en el hecho que el pago de los intereses legales no
fue solicitado en el escrito de demanda y en consecuencia no fue materia de
pronunciamiento en la sentencia recaída en autos; sin embargo la presente
solicitud debe tomarse como un nuevo pedido a fin de que se disponga nueva
liquidación de intereses legales con base en el artículo 3º del Decreto Ley Nº
25920, del que se colige que los intereses legales son una consecuencia
derivada de los adeudos laborales que el empleador tenía con su trabajador.
3.6. De conformidad con el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, toda
persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin
efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni
modificar su contenido, ni retarda su ejecución.
3.7. Sobre el particular, el Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan
puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de
medios impugnatorios –bien porque estos han sido agotados; bien porque ha
4 transcurrido el plazo legal para interponerlos-, sino también que su contenido
no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso1.
3.8. En ese sentido, conforme se aprecia de la revisión de autos el estado del
proceso es el de ejecutado, pues se afirma que el demandante fue satisfecho
en el integro de la pretensión demandada, como es, la restitución de su
pensión de cesantía y el pago de devengadas desde abril del año mil
novecientos noventa y nueve y hasta junio del año dos mil ocho, así aparece
de la sentencia de primera instancia y confirmada por Sentencia de Casación
N° 1475-2011-LORETO, por tanto no existiendo otro medio impugnatorio
previsto en nuestro ordenamiento civil para su cuestionamiento adquiere la
condición de cosa juzgada y con ello la obligación de ser cumplida en sus
mismos términos, por cuanto la ejecución de las sentencias en sus propios
términos, constituye una garantía a favor de las partes procesales tanto para el
ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya
finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho
reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que
fue delimitado2.
3.9. Así entonces el NO existe mandato exigible al demandado sobre pago
de intereses legales por cuanto esta pretensión no formó parte o no fue incluida
como tal en el petitorio de la demanda (fs.84 a 100 del expediente principal], así
también lo afirma y reconoce el propio demandante en su escrito denominado
“segundo pedido de liquidación de intereses legales”; no obstante el
demandante pretende que en etapa de ejecución se disponga el pago de
intereses legales amparo su pedido en el Decreto Ley N° 25920.
3.10. El artículo 3° del Decreto Ley N° 25920 establece l o siguiente:
Artículo 3°.- El interés legal sobre los montos adeudados por el
empleador se devengan a partir del día siguiente de aquél en que
se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin
que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra
judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o
pruebe haber sufrido algún daño.
1 Sentencia 04587-2004-AA/TC, FUNDAMENTO 38.
2 Sentencia 01939-2011-PA/TC
5 En principio el propósito de tal disposición legal es fijar el tipo de interés que
corresponde pagar por adeudos de carácter laboral, es decir resulta innegable
que una deuda impaga genera intereses a parir del día siguiente de su
incumplimiento, por lo que el decreto ley en cuestión lo que hizo es distinguir
aquel interés que genera adeudos laborales; sin embargo en lo referido a que
no es necesario que el trabajador lo exija sea judicial o extrajudicialmente y
como tal justificaría que en cualquier etapa del proceso pueda solicitar el pago
de intereses, como así se pretende el recurrente, contraviene distintos
principios de nuestro ordenamiento procesal, así el principio de iniciativa de
parte previsto en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que dispone: “El proceso se promueve sólo a
iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar (…)”, según
el cual, el objeto discutido, dentro del proceso, es de interés prioritariamente de
las partes, puesto que son estas las que han recurrido a la Administración de
Justicia para resolver su conflicto intersubjetivo de intereses, esto es, han
planteado una demanda y una contestación a ella, por lo que es lógico y
coherente considerar que la respuesta de los órganos jurisdiccionales debe
estar acorde a sus pretensiones; al Principio de Congruencia Procesal, al
configurarse el supuesto de ultra petita, incorporándose otras accesorias que
no forman parte de la causa pretendi, modificándose la situación de hecho en
torno a la cual se funda la demanda, entonces son las partes quienes en buena
cuenta limitan en distintos momentos los extremos del pronunciamiento judicial
claro observando estrictamente la oportunidad que tienen para hacerlo y no así
como se pretende a la conclusión del proceso.
3.11. Por las consideraciones expuesto el Colegiado no advierte infracción
alguna en la decisión contenida en la resolución recurrida, por cuanto el pedido
formulado por el demandante ya fue materia de pronunciamiento en primera y
segunda instancia y conforme a su estado de ejecutado correspondía disponer
su archivamiento en el repartición correspondiente de la Corte Superior de
Justicia de Loreto.
IV. DECISION
Por tales consideraciones, la Sala Civil de Loreto RESUELVE: CONFIRMAR
LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO de fecha 06 de junio de
6 2018, que resolvió: ESTESE a lo resuelto por el Superior Jerárquico mediante
resolución número dos, de fecha 19 de setiembre de 2014 […] Y siendo el
estado del proceso se tiene por ejecutada la sentencia […].Siendo ponente la
señora jueza superior Vargas Ascue.
MVA
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EXPEDIENTE : 01409-2007-97-1903-JR-CI-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
RELATOR : CORELY ARMAS CHAPIAMA
DEMANDADO : PROCURADURIA PÚBLICA A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DEFENSA.
MARINA DE GUERRA DEL PERU.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL.
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSE OCTAVIO
RAZÓN DE RELATORIA:
Señor Presidente hago de su conocimiento que la presente causa no se dio
cuenta en su oportunidad, debido a las recargadas labores con la que cuenta el área
de relatoría, teniendo en cuenta que esta Sala Superior, conoce de la diferentes
materia, así como los procesos con la Nueva Ley Procesal de Trabajo, y conforme a la
prelación de escritos y expedientes pendientes de resolver, sumado a ello la falta de
personal para afrontar la excesiva carga. Lo que informo a Ud., para los fines
pertinentes de Ley.------------------------------------------------------------------------------------------
Iquitos, 07 de setiembre 2018.
S.S. ALVAREZ LÓPEZ
MERCADO ARBIETO
ACEVEDO CHÁVEZ
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
Iquitos, 07 de agosto del 2018.-
AUTOS y VISTOS; Dado cuenta con la razón emitida por el
área de Relatoría y Puestos los autos en mesa para resolver el recurso de queja
interpuesto por el abogado Percy Valles Bardales, en el proceso No. 1409-2007-0-
1903-JR-CI-01, en lo seguido por José Octavio Icomena Silva contra la Marina de
Guerra del Perú sobre Acción Contenciosa Administrativa; agréguese a sus
antecedentes, y siendo el estado del proceso, se procede a resolver lo que
corresponda; I CONSIDERANDO: -----------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El recurso de queja, es aquel medio impugnatorio dirigido contra la
resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o que
concede apelación en efecto distinto al peticionado, con el fin de que el órgano
jurisdiccional superior en grado a aquel que expidió el acto procesal cuestionado – lo
examine y lo revoque (en el supuesto que se declare fundada la queja), concediendo
además el recurso denegado. -------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- El artículo 402° del Código Procesal Civil, señala los requisitos de
admisibilidad y procedencia que debe cumplir el recurso de queja por denegatoria de
apelación, los mismos que han sido satisfechos por el quejoso.
TERCERO.- El presente recurso es interpuesto contra la resolución número setenta y
nueve de fecha 20.07.2018, expedida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de
Maynas, que no ampara la apelación incoada contra la resolución número sesenta, por
corresponder a un decreto. Sustenta su pedido, entre otros: Que, el A- Quo, emite
pronunciamiento en la resolución N° 78, luego de casi tres meses, de haberse
efectuado el pedido, y con el insólito y burlesco pronunciamiento estese, es allí que
frente a la resolución, se interpone recurso de apelación en el tiempo hábil y que el
juez ejecutor lejos de advertir la falta de sustanciación de su resolución emite
resolución N° 79, declarando improcedente el recurso al único fundamento que la
resolución N° 78, constituye un decreto, mas no un auto, y por la cual el Juzgado
determino que contra la resolución N° 78, correspondía interponer un recurso de
reposición y no de apelación. ----------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- Revisados los actuados que conforman el presente cuaderno de queja, se
advierte que: i) mediante escrito de fecha 14.03.2018, el quejoso se apersona y
solicita la liquidación, al no haber cumplido la demandada con cancelar la totalidad de
los devengados, como es de verse de la resolución N° 65 de fecha 15.05.2015. ii)
mediante resolución número sesenta y ocho, de fecha 06.06.2018, él A quo, da cuenta
del escrito antes mencionado, asimismo, dispone el archivo definitivo de la presente
causa al haberse cumplido la ejecución de la sentencia; iii) mediante escrito de fecha
15.06.2018, el quejoso interpone recurso de apelación. Siendo proveida mediante
resolución número sesenta y nueve, el A quo señala que la apelación contra la
resolución número sesenta y ocho, no puede ser amparada por tratarse de un decreto,
por lo que el medio de defensa invocado por el demandante, no se sujeta al dispositivo
legal invocado en el segundo considerando. --------------------------------------------------------
QUINTO.- Los decretos suelen ser denominados también providencias o providencias
simples o providencias de mera tramitación o autos de trámite o autos de
sustanciación. Para Devis Echandía, Hernando “las providencias de sustanciación son
las que se limitan a disponer un trámite de los que la ley establece para dar curso
progresivo a la actuación, se refieren a la mecánica del procedimiento, a impulsar su
curso, ordenar copias, y desgloses, citaciones y actos por el estilo”1. En opinión de
Andrés de la Oliva y Miguel Ángel Fernández las providencias son “(…) resoluciones
de tramitación o (…) de ordenación material y por tramitación se ha de entender el
1 DEVIS ECHANDÍA, Hernando 1985: Teoría general del proceso. Tomo II: 514, Editorial Universidad
S.R.L., Buenos Aires. desarrollo procedimental, el avance de los actos conforme a la serie de ellos
abstractamente prevista en la norma procesal. Esto significa, ciertamente, un impulso
procesal (y de oficio), es decir, paso de un acto al siguiente o de una fase a la
sucesiva cuando se producen los supuestos de hecho (procesales) contemplados por
la ley…”2, siendo ello así la citada resolución no se encuentra dentro de los
presupuestos citados en el artículo 121° del Código Procesal Civil, por cuanto no está
orientada a impulsar el proceso, ni tampoco dispone la realización de actos procesales
de mero trámite sino que ha resuelto un pedido expreso que realizo el demandante
mediante escrito 14.03.2018, habiendo fundamentado tal decisión; en tal sentido dicha
resolución constituye en el fondo un auto, por ende debió concederse el recurso
impugnatorio interpuesto por el quejoso. En tal sentido y en aplicación del principio de
la doble instancia y del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el presente recurso
debe ser amparado. -------------------------------------------------------------------------------------
Por estos considerandos, el recurso de queja debe ser amparado, y conforme al
artículo 404° del Código Adjetivo; la Sala Civil de Maynas de la Corte Superior de
Justicia de Loreto RESUELVE: DECLARAR FUNDADA LA QUEJA interpuesta por el
demandante JOSE OCTAVIO ICOMEDES SILVA, en consecuencia, Concedieron el
Recurso Impugnatorio de Apelación contra la resolución número setenta y ocho de
fecha 06.06.2018, el mismo que debe ser concedido Sin Efecto Suspensivo y Sin la
Calidad de Diferida. DISPUSIERON: Poner en conocimiento del Juzgado de origen
de la presente resolución, a fin de que cumpla conforme a los considerandos
precedentes, forme el cuaderno correspondiente en atención a lo dispuesto en el
artículo 377° del Código Procesal Civil y fecho remita el cuaderno de apelación a este
Colegiado, oficiándose para tal fin, ARCHIVÁNDOSE por secretaría el presente
cuaderno. Avocándose al conocimiento del proceso los Magistrados que suscriben la
presente. NOTIFICÁNDOSE. -------------------------------------------------------------------------
2 DE LA OLIVA Andrés Y FERNÁNDEZ, Miguel Ángel 1990: Derecho Procesal Civil. Tomo II: 134,
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid. |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 1435-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : CARMEN REVILLA BYRNE DE VELA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIDÓS
Lima, cinco de abril
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS; Al principal: Respecto a que
mediante resolución número veintiuno se solicita emitir el acto procesal
correspondiente; PROVÉASE CONFORME A LEY: PRIMERO: Al Principal:
Que, mediante Sentencia Casatoria N° 15452-2015 LIMA, se resuelve declarar:
"FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Carmen Revilla
Byrne de Vela, de fojas 543 a 551; en consecuencia, CASARON la sentencia de Vista
de fojas 472 a 483, de fecha 28 de abril de 2015; y actuando en sede de instancia,
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas 347 a 351, de fecha 18 de
julio de 2013, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia Nula la
Resolución Administrativa Ficta que deniega el petitorio del demandante;
ORDENARON, que la demandada cumpla con el cálculo de la Bonificación por
Tiempo de Servicio, de acuerdo a los lineamientos efectuados en la parte
considerativa y los que serán liquidados en ejecución de sentencia, así como también
el pago de los devengados y el pago de los intereses legales" por lo que al adquirir
la acotada sentencia la calidad de cosa juzgada corresponde ser ejecutada en
todos sus términos. SEGUNDO: Que, mediante resolución número doce de
fecha 29 de agosto del 2017, se dispuso a la parte demandada que cumpla con
lo ejecutoriado; siendo ello así, mediante escrito de fecha 04 de octubre del
2017, la parte demandada adjunta la Resolución Administrativa EF/92.2336 N°
265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, en donde se resuelve reconocer a
la parte accionante la bonificación por tiempo de servicios y dispone que la
Subgerencia de Compensaciones de la Gerencia de Recursos Humanos
proceda a reajustar la bonificación por tiempo de servicios y abonar los
devengados e intereses legales a favor de la parte accionante; asimismo
1 mediante escrito de fecha 20 de octubre del 2017, la parte demandada adjunta
el Memorando EF/92.2321 N° 2484-2017 de fecha 18 de octubre del 2017, en
donde el Área de Subgerencia de Compensaciones procede a adjuntar la
liquidación de los devengados e intereses legales por el reajuste de la
bonificación por tiempo de servicios el cual calcula por concepto de
devengados la suma de S/. 39,440.98 soles y por intereses legales la cantidad
de S/. 15,833.57 soles, cuyos pagos se efectuaran a partir de la planilla del
mes de noviembre del 2017 según su cronograma establecido. TERCERO:
Que, mediante resolución número quince de fecha 06 de agosto del 2018, se
resuelve las observaciones del escrito de fecha 10 de enero del 2018,
presentado por la parte accionante, en el sentido que se indica en su cuarto
considerando: “que el cálculo de la bonificación por tiempo de servicios que le
corresponde al actor es el porcentaje del 12,5% sobre el básico, no pudiendo
exceder el tope de S/. 179.38 soles, el mismo que se condice con lo establecido en
el Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993 y en las reuniones de tracto
Directo de fecha 30 de octubre de 1995, 26 de junio de 1997 y 29 de octubre de 19981
y corroborando que dicho beneficio se calcula sobre la remuneración básica, esto es
con las boletas de pago obrantes a folios 30 y siguientes; siendo ello así, se puede
cotejar que la entidad demandada ha realizado un correcto cálculo de la
Bonificación por Tiempo de Servicios al calcular el 12.5% de su remuneración
básica de dicha data en el tiempo (S/.838.86 soles y S/.1207.86 soles) y en las
respectivas gratificaciones devengadas desde 1993; por lo que el resultado de
dicha operación no alcanza al tope de S/. 179.38 soles como pretende la parte
accionante que se le pague como bonificación por tiempo de servicios” (resaltado y
subrayado es agregado) declarándola infundada la observación en
consecuencia: “APROBAR la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EF/92.2336 N°
265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017 y el MEMORANDO EF/92.2321. N° 2484-
2017 de fecha 18 de octubre del 2017, el mismo que adjunta la liquidación de los
devengados e intereses legales por el reajuste de la bonificación por tiempo de
servicios por la cantidad de S/.39,440.98 soles …”. CUARTO: Que, la resolución
1 a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%
de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%
de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5 %
de 25 años 1 día a 30 años de servicios 18.5 %
b) Para la determinación del monto del beneficio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica
y con arreglo al tope vigente (S/. 179.38). (Resaltado y Subrayado es agregado)
2 número quince de autos no fue recurrida, quedando consentida; no obstante,
mediante escrito de fecha 03 de octubre del 2018, la parte accionante, señala
que, no se han calculado los intereses legales hasta el mes de mayo del 2018,
fecha en que se hizo efectivo el pago, pues no se tomó en consideración los
meses de diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2018, por
lo que, para verificar el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha
efectiva de pago, se dispone a remitir los autos al Área Técnica Pericial de la
Corte de Lima, puesto que en la resolución quince, no se analizó el correcto
cálculo de los intereses legales, sino solamente el cálculo de los devengados
de la bonificación por tiempo de servicios, siendo ello así mediante escrito de
fecha 11 de noviembre del 2019, el Equipo Técnico Pericial de la Corte de
Lima, remite el Informe Nº 2206-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ, en donde
realiza un cálculo no ordenado en autos, además tomando una fecha errada
(enero de 1993) para iniciar su cálculo de bonificaciones devengadas, no
dispuesto en la sentencia casatoria que confirma la sentencia de primera
instancia, que dispone que el cálculo es a partir de marzo de 1993, y más aún
tomando como bonificación por tiempo de servicios el tope máximo de S/. 179.
38 soles, sin tomar en cuenta que el cálculo debe realizarse en base a la
remuneración básica de dicha data, por lo que, el resultado de dicha operación
no alcanzaba el tope indicado, conforme se indica en la resolución número 15
de autos, por lo que, el cálculo de los intereses legales también deviene en
errado. QUINTO: Que, en razón a dicho informe pericial la parte demandada
observa dicho cálculo mediante escrito de fecha 17 de diciembre del 2019 y
reiterado mediante escrito de fecha 27 de mayo del 2020 y se ratifica en el
cálculo realizado en su oportunidad; Asimismo mediante escrito de fecha 31 de
diciembre de 2019 y escrito de fecha 23 de julio del 2020, la parte accionante,
nuevamente observa el cálculo de la bonificación por tiempo de servicios; al
respecto es necesario precisar que el cálculo de la bonificación por tiempo de
servicios ya fue determinado mediante Resolución Administrativa EF/92.2336
N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, la misma que fue aprobada
mediante resolución número quince de fecha 6 de agosto del 2018, al haberse
verificado a través de las boletas obrantes en autos, el correcto cálculo de
dicha bonificación y sus gratificaciones, por lo que, al no haberse apelado en su
oportunidad, dicha resolución adquirió la calidad de cosa juzgada, por lo que,
3 no procede cuestionamiento respecto al cálculo realizado por la entidad
demandada de las bonificaciones devengadas por tiempo de servicio; no
obstante, verificando que el perito judicial, realizó un incorrecto cálculo, no
ordenado en autos, se debe disponer la desaprobación de dicho informe
pericial, asimismo verificando que en la resolución número quince no se analizó
el correcto cálculo de los intereses legales, y verificando que la entidad
demandada realizó el cálculo de los intereses legales hasta el mes de octubre
del 2017, tal como adjunta en sus liquidaciones obrantes en autos, sin tomar en
cuenta la fecha efectiva de pago del total de los devengados, esto es, en el
mes de mayo del 2018, conforme a lo señalado en el Decreto Ley Nº 25920,
este juzgado dispone: DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL Nº 2206-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, indicar
que carece de objeto el pronunciamiento sobre la observación realizada en
fecha 31 de diciembre del 2019 y 23 de julio del 2020, debido a que ya fue
materia de pronunciamiento mediante resolución número quince de autos, y
REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE DE
LIMA, a fin de que realice el cálculo SÓLO DE LOS INTERESES LEGALES
ADEUDADOS a la fecha efectiva de pago, del concepto de devengados de la
Bonificación por tiempo de servicios determinados en la cantidad de S/.
39,440.98 soles, tomando en cuenta las constancias de pagos a cuenta
obrante en autos, de los meses de noviembre del 2017, diciembre 2017, enero,
febrero, marzo, abril y mayo del 2018, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920 (fecha efectiva de pago), y tomando en cuenta la tasa de interés
legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia Casatoria N°
14542-2015 Lima de fecha 04 de mayo del 2017 a folios 554 a 564. Exhortar
al perito judicial Javier Cabanillas Reyes, actuar con mayor celo en el
cumplimiento de sus funciones y conforme a lo ordenado por esta
Judicatura en este proceso, pues realizó un cálculo no ordenado en
autos, ni en sentencia casatoria, causando dilación en el trámite del
presente proceso, lo cual debe evitarse bajo los apercibimientos de ley.-
NOTIFÍQUESE.-
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 1435-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : CARMEN REVILLA BYRNE DE VELA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
RESOLUCÓN NÚMERO QUINCE
Lima veintit´ro de agosto
De dos mil dieciocho.-
AUTO Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandada; Al Principal: Respecto a que indica que el Área Técnica de la
Sección Remuneraciones, Pensiones y Subsidios, a través del Memorando
EF/92.2321 N° 746-2018 (28/03/2018), el mismo que anexa, hace de
conocimiento que en la Resolución Administrativa EF/92.2336 N° 265-2017 de
fecha 03 de octubre del 2017, considera que corresponde otorgar a la
demandante el reintegro de bonificación por tiempo de servicios (BTS), así
como también el pago de los intereses legales correspondientes por dicho
concepto, en ese sentido: TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley y
ESTÉSE a lo resuelto en la presente resolución; Y PROVEYENDO
CONFORME A LEY: PRIMERO: Que, mediante Sentencia Casatoria N°
15452-2015 LIMA, se resuelve declarar: "FUNDADO el recurso de casación
interpuesto por la demandante Carmen Revilla Byrne de Vela, de fojas 543 a 551; en
consecuencia, CASARON la sentencia de Vista de fojas 472 a 483, de fecha 28 de
abril de 2015; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de
primera instancia de fojas 347 a 351, de fecha 18 de julio de 2013, que declara
fundada en parte la demanda; en consecuencia Nula la Resolución Administrativa
Ficta que deniega el petitorio del demandante; ORDENARON, que la demandada
cumpla con el cálculo de la Bonificación por Tiempo de Servicio, de acuerdo a los
lineamientos efectuados en la parte considerativa y los que serán liquidados en
ejecución de sentencia, así como también el pago de los devengados y el pago de los
intereses legales" por lo que al adquirir la acotada sentencia la calidad de cosa
juzgada corresponde ser ejecutada en todos sus términos. SEGUNDO: Que,
mediante resolución número doce de fecha 29 de agosto del 2017, se dispuso
a la parte demandada que cumpla con lo ejecutoriado; siendo ello así, mediante escrito de fecha 04 de octubre del 2017, la parte demandada adjunta
la Resolución Administrativa EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre
del 2017, en donde se resuelve reconocer a la parte accionante la bonificación
por tiempo de servicios y dispone que la Subgerencia de Compensaciones de
la Gerencia de Recursos Humanos proceda a reajustar la bonificación por
tiempo de servicios y abonar los devengados e intereses legales a favor de la
parte accionante; asimismo mediante escrito de fecha 20 de octubre del 2017,
la parte demandada adjunta el Memorando EF/92.2321 N° 2484-2017 de fecha
18 de octubre del 2017, en donde el Área de Subgerencia de Compensaciones
procede a adjuntar la liquidación de los devengados e intereses legales por el
reajuste de la bonificación por tiempo de servicios el cual calcula por concepto
de devengados la suma de S/. 39,440.98 soles y por intereses legales la
cantidad de S/. 15,833.57 soles, cuyos pagos se efectuaran a partir de la
planilla del mes de noviembre del 2017 según su cronograma establecido.
TERCERO: Que, mediante resolución número trece de fecha 15 de diciembre
del 2017, se dispone correr traslado lo presentado por la entidad demandada a
la parte accionante; siendo observado por dicha parte a través del escrito de
fecha 10 de enero del 2018, en el extremo que indica que con la sentencia
dictada se le debe pagar la suma de S/. 179.38 soles, los que deben ser
consideradas en las tres gratificaciones prorrateadas por cuanto a que la
bonificación por tiempo de servicios, forma parte de la estructura de la
gratificación (D.U. 040-96) el cual debe ser considerado desde el año de 1993,
siendo puesto a conocimiento la acotada observación a la parte demandada,
mediante resolución número catorce de fecha 09 de marzo del 2018; siendo
absuelta por dicha parte, señalando que la Resolución Administrativa
EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, considera el
otorgamiento a la demandante el reintegro de bonificación por tiempo de
servicios (BTS) y el pago de los intereses legales correspondientes por dicho
concepto. CUARTO: Que, respecto a lo observado por la parte accionante, se
debe precisar que se puede verificar que en el sexto considerando de la
Sentencia Casatoria N° 15452-2015 LIMA, éste señala que el cálculo de la
bonificación por tiempo de servicios que le corresponde al actor es el
porcentaje del 12,5% sobre el básico, no pudiendo exceder el tope de S/.
179.38 soles, el mismo que se condice con lo establecido en el Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993 y en las reuniones de tracto Directo de
fecha 30 de octubre de 1995, 26 de junio de 1997 y 29 de octubre de 19981 y
corroborando que dicho beneficio se calcula sobre la remuneración básica, esto
es con las boletas de pago obrantes a folios 30 y siguientes; siendo ello así, se
puede cotejar que la entidad demandada ha realizado un correcto cálculo de la
Bonificación por Tiempo de Servicios al calcular el 12.5% de su remuneración
básica de dicha data en el tiempo (S/.838.86 soles y S/.1207.86 soles) y en las
respectivas gratificaciones devengadas desde 1993; por lo que el resultado de
dicha operación no alcanza al tope de S/. 179.38 soles como pretende la parte
accionante que se le pague como bonificación por tiempo de servicios; por
tanto este Juzgado dispone declarar: INFUNDADA la observación
presentada por la parte accionante mediante escrito de fecha 10 de enero
del 2018, en consecuencia: APROBAR la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017 y el MEMORANDO
EF/92.2321. N° 2484-2017 de fecha 18 de octubre del 2017, el mismo que
adjunta la liquidación de los devengados e intereses legales por el reajuste de
la bonificación por tiempo de servicios por la cantidad de S/.39,440.98 soles y
S/.15,833.57 soles respectivamente, en ese sentido, a su vez, se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con presentar las constancias
de pago del concepto devengados e intereses legales por bonificación por
tiempo de servicios, en el PLAZO DE VEINTE DÍAS, debido a la culminación
de su propio cronograma de pagos señalado en autos; bajo apercibimiento de
multa por 01 URP, en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE.-
1 a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%
de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%
de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5 %
de 25 años 1 día a 30 años de servicios 18.5 %
b) Para la determinación del monto del beneficio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica
y con arreglo al tope vigente (S/. 179.38). (Resaltado y Subrayado es agregado) |
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AUTO DE VISTA
S.S. ROSSELL MERCADO
NIÑO NEIRA RAMOS
MEDINA SANDOVAL
EXPEDIENTE N° : 05039-2007-80-1817-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
DEMANDADO : PORTILLO ESCOBEDO, JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO, ROCIO DEL PILAR
PORTILLO ESCOBEDO, MANUEL ALEJANDRO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, uno de setiembre del
Año dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS:
Interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Medina Sandoval y, con
el cuaderno de apelación que se tiene a la vista.
ASUNTO:
1. Es materia de grado la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de
julio de 2019 [folios 209 a 210 del cuaderno] que resuelve: “1. Declarar
INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de intereses formuladas por el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Johanna Paola Portillo
Escobedo. 2. APROBAR los intereses compensatorios pactados en la suma de US
$ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3.
APROBAR los intereses moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce
mil doscientos cinco con 12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo
pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos
setenta y tres con 98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de
convocatoria al remate, pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al
perito”; en mérito al recurso de apelación [folios 223 vuelta a 229 del
cuaderno] interpuesto por la ejecutada JOHANA PAOLA PORTILLO ESCOBEDO y
el recurso de adhesión a la apelación formulada por la parte ejecutante
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, ambos concedidos sin efecto suspensivo y sin la
calidad diferida por Resolución N° 95 y 97 respectivamente [folios 231 y vuelta y
242 a 243 del cuaderno].
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ANTECEDENTES DE LO ACTUADO:
2. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ; interpone una demanda de
EJECUCIÓN DE GARANTÍA contra Johanna Paola Portillo Escobedo, Manuel
Alejandro Portillo Escobedo y Roció del Pilar Portilllo Escobedo, a fin que
paguen la suma de US$32,786.61 dólares americanos, más intereses pactados
con costas y costos del presente proceso.
3. Mediante Resolución número Uno de fecha 04 de abril de 2007 [folios 45
y siguiente del cuaderno], se admitió demanda en la vía de Proceso Único de
Ejecución y en consecuencia se ordenó a los ejecutados Johanna Paola Portillo
Escobedo, Manuel Alejandro Portillo Escobedo y Rocio del Pilar Portilllo
Escobedo cumplan con pagar la suma de US$32,786.61, más intereses
pactados, así como las costas y costos que correspondan; bajo apercibimiento
de proceder al remate del bien dado en garantía.
4. Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012 [folios 54 del cuaderno],
la demandada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un Certificado de
Depósito Judicial N° 201200610073 de fecha 11 de enero de 2012, por el monto
de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, a cargo del Banco de la Nación, por
concepto de cancelación de deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú.
5. Por resolución número cincuenta y cuatro de fecha 16 de enero de 2012
[folios 55 del cuaderno], el juzgado tuvo por consignada la suma de US$ 33,
000.00 Dólares Americanos, efectuada y puso a conocimiento del ejecutante.
6. Por resolución número sesenta y tres de fecha 11 de junio de 2013,
[folios 58 a 64 del cuaderno], el juzgado declaró infundadas las tachas y
contradicción formuladas por la demandada JOHANNA PAOLA PORTILLO
ESCOBEDO y ordenó el remate del bien dado en garantía hipotecaria, conforme
los términos del mandato ejecutivo.
7. Por resolución número sesenta y cuatro de fecha 06 de agosto de 2013
[folios 77 a 78 del cuaderno], el juzgado declaró consentido el Auto de Remate,
al pedido de remate, se designo a dos peritos tasadores, y respecto a la
solicitud de endose del ejecutante, no ha lugar el endose solicitado.
8. Por resolución número sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013
[folios 89 a 90 del cuaderno], el juzgado resolvió declarar fundado la reposición
deducida por el Banco ejecutante, asimismo, ordenó entregar debidamente
endosado al recurrente el certificado de consignación N° 201200610073, por el
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monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, señalando que se endosaría hasta
el monto de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital.
9. Por resolución setenta y siete de fecha 14 de setiembre de 2021 [folios
95 a 98 del cuaderno], se declaró la nulidad de la resolución sesenta y cuatro y
renovando el acto viciado se ordenó realizar la liquidación de intereses
pactados, para lo cual se nombró a un perito contable.
10. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 el perito contable Roque
Gonzales López presentó la pericia contable, el mismo que se corre traslado por
resolución setenta y ocho de fecha cinco de diciembre de 2014.
11. Por escrito de fecha 05 de abril de 2015 [folios 130 del cuaderno] la
ejecutada observó la liquidación de intereses, señalando que el perito no ha
revisado los autos porque los factores empleados, en el basamento legal y
técnico utilizado, asimismo no se tomó en cuenta la cantidad cancelada por US$
33,000.00 dólares americanos realizado el 11 de enero de 2012, que
corresponde al pago del capital demandando, por lo que solo adeuda los
intereses compensatorios y moratorios.
12. Por resolución número ochenta y uno de fecha 23 de octubre de 2015
[folios 141 a 143 del cuaderno], el juzgado desaprobó el informe pericial
ordenado al perito contable realice nuevamente su dictamen teniendo en
cuenta lo señalado en los considerandos sexto y séptimo que indicaban que se
había realizado el pago del capital demandado, y el informe contable de los
intereses debía realizarse teniéndose como inicio del cálculo el 02 de mayo de
2007 hasta el 24 de setiembre de 2013.
13. Por escrito de fecha 18 de abril de 2016 [folios 162 del cuaderno] el
perito judicial Roque Willy Gonzales presentó la nueva liquidación de intereses
según el mandato de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
octubre de 2015.
14. Por resolución número ochenta y tres de fecha 25 de mayo de 2016
[folios 163 del cuaderno], el juzgado da cuenta del nuevo Informe Pericial
contable y conforme al artículo 746° del Código Procesal Civil, se puso a
conocimiento de las partes.
15. Por escrito de fecha 13 de agosto de 2015 [folios 172 del cuaderno], el
Banco de Crédito del Perú, absuelve traslado del dictamen pericial señalando
que:
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i) En primer lugar, a partir del 01/07/2012, hubo un cambio en la tasa de
Interés Moratorio, la misma que varió del 5% al 22%, lo cual indica no ha sido
considerado por el perito en su informe pericial;
ii) Otro error en el cálculo de los intereses, radica en el hecho que no se ha
considerado el orden de prelación en la rebaja de la consignación, habiéndose
rebajado directamente al capital de la deuda; y,
iii) Por último, en el punto IV. CCoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee PPeerriicciiaall, el perito ha
establecido como fecha del monto capital el 12 de diciembre de 2001, cuando
la fecha correcta es el 11 de diciembre de 2006.
Asimismo, adjuntan una pericia de parte que señala que entre el informe
pericial y la pericia de parte hay una diferencia de US$ 8,243.41 Dólares
Americanos.
16. Por resolución número ochenta y cuatro de fecha 13 de julio de 2015
[folio 174 del cuaderno], el juzgado dispuso poner a conocimiento del perito
contable las observaciones de la entidad financiera demandante.
17. Por escrito de fecha 08 de junio de 2015 [folios 179 vuelta a 181 del
cuaderno], la ejecutada Jhoanna Paola Portillo Escobedo OBSERVA el nuevo
informe pericial, señalando que el perito contable hace un mal estudio de autos
pues practica la pericia de los intereses Compensatorios y Moratorios del 02 de
mayo de 2007, hasta el 24 de setiembre de 2013, esto porque:
i) El pago lo realizó con fecha 11 de enero de 2012, por la suma de US$
33,000.00 Dólares Americanos [mediante certificado de depósito judicial N°
2016006100073], dato que debió tomarse en cuenta para establecer el valor de
los intereses compensatorios y moratorios que se adeudan;
ii) Asimismo, no explica el detalle de los basamentos Técnicos-Legales que
debe tener toda pericia; indica que sin perjuicio de ello, el criterio que el perito
ha esbozado en el informe pericial, no precisa de manera exacta la información
que dice obtenerse con la finalidad de tomarse en cuenta las tasas de interés
efectiva que van hacer usadas para practicarse la liquidación de intereses y la
que debe contener el factor correspondiente para la aplicación de los intereses,
resulta necesario que sea elaborado un nuevo dictamen con un nuevo perito.
18. Por resolución número ochenta y cinco de fecha 13 de julio de 2016
[folios 182 del cuaderno], el juzgado tiene presente las observaciones
efectuadas por la ejecutada y pone a conocimiento del perito contable.
19. Por escrito de fecha 07 de octubre de 2016, el perito contable contesta
las observaciones y señala que ha realizado su informe conforme al sexto y
séptimo considerando de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
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octubre de 2015, que le ordenó como debe realizar su informe especificando las
cifras y plazos.
20. Por resolución número noventa y dos de fecha 31 de julio de 2019
[folios 209 a 210 del cuaderno] el juzgado declaró infundadas las observaciones
a la liquidación de intereses formulados por las partes, y dispuso aprobar los
intereses compensatorios pactados [US$ 48,382.25 Dólares Americanos] y los
intereses moratorios pactados [US$ 12,205.12 Dólares Americanos], precisando
que el saldo pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 Dólares
Americanos, resolución que es materia de apelación por parte del ejecutante
Banco de Crédito del Perú y de la ejecutada Johanna Paola Portillo Escudero y
es materia del grado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTADA:
21. En su escrito de apelación la ejecutada expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
i) Señala que la resolución recurrida le causa agravio por ser resuelta con
argumentos errados y además por no estar debidamente motivado, porque la
misma no observa que en las conclusiones del informe de la pericia elaborada
por el perito Roque Gonzales López ha establecido como fecha del monto
capital adeudado del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013,
cuando debió practicar la liquidación de intereses Compensatorios y Moratorios
de la deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú desde el 26 de abril de
2007 hasta el 11 de enero de 2012, fecha en la que se canceló totalmente la
deuda capital, quedando un saldo de US$ 213,39 Dólares Americanos, aplicado
a los intereses
ii) El perito contador, Roque Gonzales Roque, dentro de sus conclusiones
considera el capital que ya fue cancelado con fecha 11 de enero de 2012, así
como capitaliza los intereses compensatorios y Moratorios hasta el 24 de
noviembre de 2013, lo cual indica debe ser corregido, en el extremo que ya se
canceló el capital, por lo que no se tiene porque determinar mayores intereses,
sobre un capital ya cancelado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTANTE:
22. En su escrito de apelación la ejecutante expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
iii) Indica que lo señalado en el cuarto considerando de la resolución
apelada no es lo correcto, por cuanto, la resolución numero ochenta y uno,
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desaprobó el informe pericial contable señalando como sus motivaciones que:
a) El perito no ha tenido en cuenta la consignación efectuada por la demandada
por la suma de US$ 33,000.00 a cuenta del capital y no habría efectuado el
descuento respectivo, b) la fecha de cálculo difiere de lo actuado en el proceso,
el perito deberá calcular los intereses, desde la fecha de interposición de la
demanda (07.05.2007) hasta la fecha de cancelación de la obligación
demandada (capital) el 24.09.2013 y que sin embargo, los argumentos de la
observación son que: 1) a partir del 01/07/2012 hubo cambio en la tasa de
intereses moratorios que vario del 5% al 22%, lo que no se ha sido considerado
en su informe, 2) No se ha considerado el orden de prelación en la relación a la
consignación, habiendo señalado directamente el capital de la deuda; y, 3) En
las conclusiones del informe pericial, el perito ha establecido como fecha el
monto capital adeudado el 12 de diciembre de 2001, cuando la fecha correcta
es el 11 de diciembre de 2006; como es fácilmente observable, las
consideraciones efectuadas por el A-quo en la referida resolución ochenta y
uno, difieren y no son iguales a las observaciones señaladas en su escrito de
observación al primer informe pericial, razón suficiente por la que el juzgado no
pueda señalar que se debió impugnar la resolución número ochenta y uno, por
cuanto sus observaciones versan sobre otros fundamentos, y por lo tanto
merecen ser atendidos en cuanto se formulan a un nuevo informe pericial
distinto.
iv) Que, el juzgado pretende limitar su derecho al contradictorio y al debido
proceso, señalando que no podrían cuestionar con sus observaciones el informe
pericial que se le puso a conocimiento mediante resolución número ochenta y
tres, por cuanto no apelaron al resolución ochenta y uno, que contenía
observaciones a un informe pericial distinto.
CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 364° del Código
Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por finalidad que el órgano
jurisdiccional superior en grado, examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea
anulada o revocada total o parcialmente; en esa línea, es necesario que, ante la
denuncia del recurrente, verifique la observancia al debido proceso, en tanto el
artículo 139º inciso 3 de la Constitución reconoce como principio de la función
jurisdiccional la observancia del debido proceso.
24. Por tanto, en atención a los agravios expresados por los recurrentes, es
de iniciar precisando que, dado que por su naturaleza, la función jurisdiccional
se caracteriza por la discrecionalidad atribuida al Juzgador a fin de resolver
sobre las pretensiones invocadas por los justiciables, dicha discrecionalidad no
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puede constituirse en un poder donde sus decisiones sean expresadas sin
motivación o con una motivación insuficiente.
25. En ese sentido, a juicio del Tribunal Constitucional, respecto al
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste derecho se vulnera, entre
otros supuestos, cuando la resolución adolece de inexistencia de motivación o
motivación aparente; precisando que la misma se configura (…) cuando la
motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no
responde a las alegaciones de las partes del proceso (…). (Cfr. STC Nº 1744-2005-
PA/TC, voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini,
fundamento 11) [resaltado agregado].
26. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 171° del Código
Procesal Civil, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida por la ley, sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad, o cuando existan actos
procesales que afecten de manera irremediable al proceso o constituyan una
infracción a las normas.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTADA.
27. En este orden de ideas, dando respuesta a los agravios establecidos en
los puntos i) y ii) descritas en la vigésimo primera consideración de la presente
resolución, referidos a que la resolución número noventa y dos apelada por la
ejecutada no se encuentra debidamente motivada, alegando que en aquella el
Juez de primera instancia no ha advertido que en las conclusiones del informe
pericial ha establecido la fecha de pago de los intereses compensatorios y
moratorios no desde del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013
sino del 26 de abril de 2007 hasta el 11 de enero de 2013, y considera que
capitaliza los intereses compensatorios y moratorios, lo cual debe ser corregido
en el extremo que, habiéndose cancelado el capital no se tiene que determinar
mayores intereses al 24 de setiembre de 2013.
Al respecto debemos señalar que, de la revisión del presente cuaderno se
aprecia que, en efecto, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012, obrante
a folios 54, la ejecutada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un
Certificado de Depósito Judicial N° 201200610073 del 11 de enero de 2012, por
el monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, y por resolución número
sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013, obrante de folios 89 a 90 del
presente cuaderno, el juzgado ordenó entregar debidamente endosado a la
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ejecutante el certificado de consignación N° 201200610073, solo hasta el monto
de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital; que sin
embargo, de la pericia realizada por el perito Roque Gonzales López, indicó que
el cálculo de los intereses ahora cuestionado se realizaría hasta el 24 de
setiembre de 2013, y los intereses compensatorios ascienden a US$. 48,382.25 y
los intereses moratorios ascienden a la suma de US$ 12,205.12.
28. De los hechos descritos precedentemente se advierte claramente que el
A-quo al emitir la resolución noventa y dos, no se percata que el nuevo
dictamen contable de los intereses compensatorios y moratorios ha confundido
la fecha de cancelación del capital demandado, señalando que se materializo el
pago el 24 de setiembre de 2013, cuando conforme al certificado adjuntado
por la ejecutada el 12 de enero de 2012, realizo el pago de la suma de US$
33,000.00 dólares americanos, apreciándose que dicha suma dineraria se pagó
el 11 de enero 2012 y no el 24 de setiembre de 2013, como erradamente
señala el Juzgado en la resolución apelada, sustentando su decisión en que la
liquidación de los intereses realizado por el perito contable se ha ceñido a las
reglas señaladas en la resolución número ochenta y uno [que desaprueba el
primer informe pericial contable], esto porque en la misma menciona que la
fecha de pago del capital demandado es el 24 de setiembre de 2013, lo cual es
un dato es errado, que deberá tener en cuenta, el A-quo a efectos de no
vulnerar el derecho al debido proceso de las partes al producirse una
capitalización de intereses como alega la misma ejecutada en su escrito de
apelación.
29. De igual forma se observa una falta de motivación que merece la
emisión de un nuevo pronunciamiento, dado que, el señor Juez deberá aclarar
respeto a si la fecha de cancelación de la deuda capital se realizó el 11 de enero
de 2012, indicando si lo referido a la fecha de pago y desde y hasta que fecha
se debe liquidar los intereses pactados, teniendo en cuenta que el capital
demandado fue cancelado el 11 de enero de 2012, asimismo, si correspondería
o no variar el intereses moratorio del 5% al 22% como indicó el ejecutante en su
observación y que ahora también plantea como agravio en la en su escrito de
apelación y, finalmente deberá corregir y/o aclarar la fecha hasta donde el
perito contable debe realizar la liquidación de intereses, toda vez que este dato
fue indicado erróneamente en la séptima consideración de la resolución
ochenta y uno, por lo cual deberá corregir dicho extremo de la resolución
aludida e integrarlo a dicha resolución.
30. Siendo así, en lo que respecta a los agravios expuestos por la ejecutada
este Colegiado considera que la resolución apelada vulnera el derecho al
debido proceso protegido por la Constitución Política del Perú, en la medida
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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que, emite una resolución resolviendo las observaciones planteada por esta
parte con una motivación aparente, señalando datos que no coinciden con lo
actuado en el presente proceso, lo que implica que el Juez de primera instancia
no ha realizado un estudio exhaustivo de los autos, a efectos de determinar si la
nueva liquidación de los intereses pactados se ha realizado con los datos
correctos.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTANTE:
31. Finalmente, respecto de los cargos iii) y iv) descritos en la vigésima
segunda consideración de la presente resolución que cuestiona la cuarta
consideración de la resolución noventa y dos que sustenta el informe pericial
observado no acoge los fundamentos de su observación al primer informe
pericial, indicando que el A-quo sustenta su decisión en que la entidad
demandante debió apelar la referida resolución número ochenta y uno, sino
resolvía sus observaciones primigenias; al respecto, debemos señalar que el
juzgado no haya dado respuesta a las observaciones realizada a la anterior
liquidación emitida por el perito contable, no es materia de análisis en esta
oportunidad, por lo cual dicho cuestionamiento a estas alturas del proceso no
es válido, de conformidad con el principio de preclusión que indica que las
partes tienen derecho a efectuar su derecho de defensa dentro de los plazos
previstos para interponer algún recurso impugnatorio y/o recurso de nulidad.
32. Sin perjuicio de ello, el Juez de primera instancia, al realizar una nueva
resolución deberá corregir algún hecho que no corresponda con la verdad, por
lo cual al haberse determinado que la fecha de cancelación de la deuda capital
se realizó el 11 de enero de 2012, el señor Juez al emitir la nueva resolución,
deberá indicar las fechas que debe tener en cuenta el perito para realizar el
cálculo de los intereses compensatorios y moratorios, y si corresponde variar el
aumento de los intereses moratorios del 5% al 22% la tasa interés moratorio,
indicando también que la suma consignada por la ejecutada canceló la deuda
capital al imputarse dicho pago a la suma capital demandado por la cantidad de
US$.32,786.61 Dólares Americanos, como se indicado en la consideración
vigésima octava de la presente resolución.
33. En este sentido, estando al análisis y fundamentos expuestos, resulta
imposible por ahora verificar una aprobación o desaprobación del informe
pericial, en la medida que el señor Juez de Primera Instancia no ha realizado un
análisis del mismo, al no resolver las observaciones planteadas por las partes, no
habiendo emitido un razonamiento y debida motivación sobre las mismas. Por
lo dicho, la resolución venida en grado de apelación deviene en nula conforme
a lo previsto en los artículos 171 y el artículo 122 incisos 3) y 4) del Código
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Procesal Civil, al no haber sido emitida con sujeción al mérito de lo actuado y al
derecho.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas y en virtud a las normas glosadas, este
Superior Colegiado resuelve:
NULA la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de julio de 2019 que
resuelve: “1. Declarar INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de
intereses formuladas por el demandante Banco de Crédito del Perú y la
demandada Johanna Paola Portillo Escobedo. 2. APROBAR los intereses
compensatorios pactados en la suma de US $ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil
trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3. APROBAR los intereses
moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce mil doscientos cinco con
12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo pendiente de pago
asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos setenta y tres con
98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de convocatoria al remate,
pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al perito”; debiendo el
Juez de Primera instancia emitir una nueva resolución teniendo en cuenta
las conclusiones de este Colegiado en los considerandos vigésimo octavo al
trigésimo de la presente resolución.
DISPONER que Secretaría proceda conforme al artículo 383° del Código
Procesal Civil, bajo responsabilidad.
En los seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO y otros, sobre Ejecución de Hipoteca. VMS/pgs.-
10 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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AUTO DE VISTA
S.S. ROSSELL MERCADO
NIÑO NEIRA RAMOS
MEDINA SANDOVAL
EXPEDIENTE N° : 05039-2007-80-1817-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
DEMANDADO : PORTILLO ESCOBEDO, JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO, ROCIO DEL PILAR
PORTILLO ESCOBEDO, MANUEL ALEJANDRO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, uno de setiembre del
Año dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS:
Interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Medina Sandoval y, con
el cuaderno de apelación que se tiene a la vista.
ASUNTO:
1. Es materia de grado la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de
julio de 2019 [folios 209 a 210 del cuaderno] que resuelve: “1. Declarar
INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de intereses formuladas por el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Johanna Paola Portillo
Escobedo. 2. APROBAR los intereses compensatorios pactados en la suma de US
$ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3.
APROBAR los intereses moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce
mil doscientos cinco con 12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo
pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos
setenta y tres con 98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de
convocatoria al remate, pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al
perito”; en mérito al recurso de apelación [folios 223 vuelta a 229 del
cuaderno] interpuesto por la ejecutada JOHANA PAOLA PORTILLO ESCOBEDO y
el recurso de adhesión a la apelación formulada por la parte ejecutante
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, ambos concedidos sin efecto suspensivo y sin la
calidad diferida por Resolución N° 95 y 97 respectivamente [folios 231 y vuelta y
242 a 243 del cuaderno].
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ANTECEDENTES DE LO ACTUADO:
2. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ; interpone una demanda de
EJECUCIÓN DE GARANTÍA contra Johanna Paola Portillo Escobedo, Manuel
Alejandro Portillo Escobedo y Roció del Pilar Portilllo Escobedo, a fin que
paguen la suma de US$32,786.61 dólares americanos, más intereses pactados
con costas y costos del presente proceso.
3. Mediante Resolución número Uno de fecha 04 de abril de 2007 [folios 45
y siguiente del cuaderno], se admitió demanda en la vía de Proceso Único de
Ejecución y en consecuencia se ordenó a los ejecutados Johanna Paola Portillo
Escobedo, Manuel Alejandro Portillo Escobedo y Rocio del Pilar Portilllo
Escobedo cumplan con pagar la suma de US$32,786.61, más intereses
pactados, así como las costas y costos que correspondan; bajo apercibimiento
de proceder al remate del bien dado en garantía.
4. Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012 [folios 54 del cuaderno],
la demandada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un Certificado de
Depósito Judicial N° 201200610073 de fecha 11 de enero de 2012, por el monto
de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, a cargo del Banco de la Nación, por
concepto de cancelación de deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú.
5. Por resolución número cincuenta y cuatro de fecha 16 de enero de 2012
[folios 55 del cuaderno], el juzgado tuvo por consignada la suma de US$ 33,
000.00 Dólares Americanos, efectuada y puso a conocimiento del ejecutante.
6. Por resolución número sesenta y tres de fecha 11 de junio de 2013,
[folios 58 a 64 del cuaderno], el juzgado declaró infundadas las tachas y
contradicción formuladas por la demandada JOHANNA PAOLA PORTILLO
ESCOBEDO y ordenó el remate del bien dado en garantía hipotecaria, conforme
los términos del mandato ejecutivo.
7. Por resolución número sesenta y cuatro de fecha 06 de agosto de 2013
[folios 77 a 78 del cuaderno], el juzgado declaró consentido el Auto de Remate,
al pedido de remate, se designo a dos peritos tasadores, y respecto a la
solicitud de endose del ejecutante, no ha lugar el endose solicitado.
8. Por resolución número sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013
[folios 89 a 90 del cuaderno], el juzgado resolvió declarar fundado la reposición
deducida por el Banco ejecutante, asimismo, ordenó entregar debidamente
endosado al recurrente el certificado de consignación N° 201200610073, por el
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monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, señalando que se endosaría hasta
el monto de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital.
9. Por resolución setenta y siete de fecha 14 de setiembre de 2021 [folios
95 a 98 del cuaderno], se declaró la nulidad de la resolución sesenta y cuatro y
renovando el acto viciado se ordenó realizar la liquidación de intereses
pactados, para lo cual se nombró a un perito contable.
10. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 el perito contable Roque
Gonzales López presentó la pericia contable, el mismo que se corre traslado por
resolución setenta y ocho de fecha cinco de diciembre de 2014.
11. Por escrito de fecha 05 de abril de 2015 [folios 130 del cuaderno] la
ejecutada observó la liquidación de intereses, señalando que el perito no ha
revisado los autos porque los factores empleados, en el basamento legal y
técnico utilizado, asimismo no se tomó en cuenta la cantidad cancelada por US$
33,000.00 dólares americanos realizado el 11 de enero de 2012, que
corresponde al pago del capital demandando, por lo que solo adeuda los
intereses compensatorios y moratorios.
12. Por resolución número ochenta y uno de fecha 23 de octubre de 2015
[folios 141 a 143 del cuaderno], el juzgado desaprobó el informe pericial
ordenado al perito contable realice nuevamente su dictamen teniendo en
cuenta lo señalado en los considerandos sexto y séptimo que indicaban que se
había realizado el pago del capital demandado, y el informe contable de los
intereses debía realizarse teniéndose como inicio del cálculo el 02 de mayo de
2007 hasta el 24 de setiembre de 2013.
13. Por escrito de fecha 18 de abril de 2016 [folios 162 del cuaderno] el
perito judicial Roque Willy Gonzales presentó la nueva liquidación de intereses
según el mandato de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
octubre de 2015.
14. Por resolución número ochenta y tres de fecha 25 de mayo de 2016
[folios 163 del cuaderno], el juzgado da cuenta del nuevo Informe Pericial
contable y conforme al artículo 746° del Código Procesal Civil, se puso a
conocimiento de las partes.
15. Por escrito de fecha 13 de agosto de 2015 [folios 172 del cuaderno], el
Banco de Crédito del Perú, absuelve traslado del dictamen pericial señalando
que:
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i) En primer lugar, a partir del 01/07/2012, hubo un cambio en la tasa de
Interés Moratorio, la misma que varió del 5% al 22%, lo cual indica no ha sido
considerado por el perito en su informe pericial;
ii) Otro error en el cálculo de los intereses, radica en el hecho que no se ha
considerado el orden de prelación en la rebaja de la consignación, habiéndose
rebajado directamente al capital de la deuda; y,
iii) Por último, en el punto IV. CCoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee PPeerriicciiaall, el perito ha
establecido como fecha del monto capital el 12 de diciembre de 2001, cuando
la fecha correcta es el 11 de diciembre de 2006.
Asimismo, adjuntan una pericia de parte que señala que entre el informe
pericial y la pericia de parte hay una diferencia de US$ 8,243.41 Dólares
Americanos.
16. Por resolución número ochenta y cuatro de fecha 13 de julio de 2015
[folio 174 del cuaderno], el juzgado dispuso poner a conocimiento del perito
contable las observaciones de la entidad financiera demandante.
17. Por escrito de fecha 08 de junio de 2015 [folios 179 vuelta a 181 del
cuaderno], la ejecutada Jhoanna Paola Portillo Escobedo OBSERVA el nuevo
informe pericial, señalando que el perito contable hace un mal estudio de autos
pues practica la pericia de los intereses Compensatorios y Moratorios del 02 de
mayo de 2007, hasta el 24 de setiembre de 2013, esto porque:
i) El pago lo realizó con fecha 11 de enero de 2012, por la suma de US$
33,000.00 Dólares Americanos [mediante certificado de depósito judicial N°
2016006100073], dato que debió tomarse en cuenta para establecer el valor de
los intereses compensatorios y moratorios que se adeudan;
ii) Asimismo, no explica el detalle de los basamentos Técnicos-Legales que
debe tener toda pericia; indica que sin perjuicio de ello, el criterio que el perito
ha esbozado en el informe pericial, no precisa de manera exacta la información
que dice obtenerse con la finalidad de tomarse en cuenta las tasas de interés
efectiva que van hacer usadas para practicarse la liquidación de intereses y la
que debe contener el factor correspondiente para la aplicación de los intereses,
resulta necesario que sea elaborado un nuevo dictamen con un nuevo perito.
18. Por resolución número ochenta y cinco de fecha 13 de julio de 2016
[folios 182 del cuaderno], el juzgado tiene presente las observaciones
efectuadas por la ejecutada y pone a conocimiento del perito contable.
19. Por escrito de fecha 07 de octubre de 2016, el perito contable contesta
las observaciones y señala que ha realizado su informe conforme al sexto y
séptimo considerando de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
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octubre de 2015, que le ordenó como debe realizar su informe especificando las
cifras y plazos.
20. Por resolución número noventa y dos de fecha 31 de julio de 2019
[folios 209 a 210 del cuaderno] el juzgado declaró infundadas las observaciones
a la liquidación de intereses formulados por las partes, y dispuso aprobar los
intereses compensatorios pactados [US$ 48,382.25 Dólares Americanos] y los
intereses moratorios pactados [US$ 12,205.12 Dólares Americanos], precisando
que el saldo pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 Dólares
Americanos, resolución que es materia de apelación por parte del ejecutante
Banco de Crédito del Perú y de la ejecutada Johanna Paola Portillo Escudero y
es materia del grado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTADA:
21. En su escrito de apelación la ejecutada expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
i) Señala que la resolución recurrida le causa agravio por ser resuelta con
argumentos errados y además por no estar debidamente motivado, porque la
misma no observa que en las conclusiones del informe de la pericia elaborada
por el perito Roque Gonzales López ha establecido como fecha del monto
capital adeudado del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013,
cuando debió practicar la liquidación de intereses Compensatorios y Moratorios
de la deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú desde el 26 de abril de
2007 hasta el 11 de enero de 2012, fecha en la que se canceló totalmente la
deuda capital, quedando un saldo de US$ 213,39 Dólares Americanos, aplicado
a los intereses
ii) El perito contador, Roque Gonzales Roque, dentro de sus conclusiones
considera el capital que ya fue cancelado con fecha 11 de enero de 2012, así
como capitaliza los intereses compensatorios y Moratorios hasta el 24 de
noviembre de 2013, lo cual indica debe ser corregido, en el extremo que ya se
canceló el capital, por lo que no se tiene porque determinar mayores intereses,
sobre un capital ya cancelado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTANTE:
22. En su escrito de apelación la ejecutante expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
iii) Indica que lo señalado en el cuarto considerando de la resolución
apelada no es lo correcto, por cuanto, la resolución numero ochenta y uno,
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desaprobó el informe pericial contable señalando como sus motivaciones que:
a) El perito no ha tenido en cuenta la consignación efectuada por la demandada
por la suma de US$ 33,000.00 a cuenta del capital y no habría efectuado el
descuento respectivo, b) la fecha de cálculo difiere de lo actuado en el proceso,
el perito deberá calcular los intereses, desde la fecha de interposición de la
demanda (07.05.2007) hasta la fecha de cancelación de la obligación
demandada (capital) el 24.09.2013 y que sin embargo, los argumentos de la
observación son que: 1) a partir del 01/07/2012 hubo cambio en la tasa de
intereses moratorios que vario del 5% al 22%, lo que no se ha sido considerado
en su informe, 2) No se ha considerado el orden de prelación en la relación a la
consignación, habiendo señalado directamente el capital de la deuda; y, 3) En
las conclusiones del informe pericial, el perito ha establecido como fecha el
monto capital adeudado el 12 de diciembre de 2001, cuando la fecha correcta
es el 11 de diciembre de 2006; como es fácilmente observable, las
consideraciones efectuadas por el A-quo en la referida resolución ochenta y
uno, difieren y no son iguales a las observaciones señaladas en su escrito de
observación al primer informe pericial, razón suficiente por la que el juzgado no
pueda señalar que se debió impugnar la resolución número ochenta y uno, por
cuanto sus observaciones versan sobre otros fundamentos, y por lo tanto
merecen ser atendidos en cuanto se formulan a un nuevo informe pericial
distinto.
iv) Que, el juzgado pretende limitar su derecho al contradictorio y al debido
proceso, señalando que no podrían cuestionar con sus observaciones el informe
pericial que se le puso a conocimiento mediante resolución número ochenta y
tres, por cuanto no apelaron al resolución ochenta y uno, que contenía
observaciones a un informe pericial distinto.
CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 364° del Código
Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por finalidad que el órgano
jurisdiccional superior en grado, examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea
anulada o revocada total o parcialmente; en esa línea, es necesario que, ante la
denuncia del recurrente, verifique la observancia al debido proceso, en tanto el
artículo 139º inciso 3 de la Constitución reconoce como principio de la función
jurisdiccional la observancia del debido proceso.
24. Por tanto, en atención a los agravios expresados por los recurrentes, es
de iniciar precisando que, dado que por su naturaleza, la función jurisdiccional
se caracteriza por la discrecionalidad atribuida al Juzgador a fin de resolver
sobre las pretensiones invocadas por los justiciables, dicha discrecionalidad no
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puede constituirse en un poder donde sus decisiones sean expresadas sin
motivación o con una motivación insuficiente.
25. En ese sentido, a juicio del Tribunal Constitucional, respecto al
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste derecho se vulnera, entre
otros supuestos, cuando la resolución adolece de inexistencia de motivación o
motivación aparente; precisando que la misma se configura (…) cuando la
motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no
responde a las alegaciones de las partes del proceso (…). (Cfr. STC Nº 1744-2005-
PA/TC, voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini,
fundamento 11) [resaltado agregado].
26. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 171° del Código
Procesal Civil, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida por la ley, sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad, o cuando existan actos
procesales que afecten de manera irremediable al proceso o constituyan una
infracción a las normas.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTADA.
27. En este orden de ideas, dando respuesta a los agravios establecidos en
los puntos i) y ii) descritas en la vigésimo primera consideración de la presente
resolución, referidos a que la resolución número noventa y dos apelada por la
ejecutada no se encuentra debidamente motivada, alegando que en aquella el
Juez de primera instancia no ha advertido que en las conclusiones del informe
pericial ha establecido la fecha de pago de los intereses compensatorios y
moratorios no desde del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013
sino del 26 de abril de 2007 hasta el 11 de enero de 2013, y considera que
capitaliza los intereses compensatorios y moratorios, lo cual debe ser corregido
en el extremo que, habiéndose cancelado el capital no se tiene que determinar
mayores intereses al 24 de setiembre de 2013.
Al respecto debemos señalar que, de la revisión del presente cuaderno se
aprecia que, en efecto, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012, obrante
a folios 54, la ejecutada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un
Certificado de Depósito Judicial N° 201200610073 del 11 de enero de 2012, por
el monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, y por resolución número
sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013, obrante de folios 89 a 90 del
presente cuaderno, el juzgado ordenó entregar debidamente endosado a la
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ejecutante el certificado de consignación N° 201200610073, solo hasta el monto
de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital; que sin
embargo, de la pericia realizada por el perito Roque Gonzales López, indicó que
el cálculo de los intereses ahora cuestionado se realizaría hasta el 24 de
setiembre de 2013, y los intereses compensatorios ascienden a US$. 48,382.25 y
los intereses moratorios ascienden a la suma de US$ 12,205.12.
28. De los hechos descritos precedentemente se advierte claramente que el
A-quo al emitir la resolución noventa y dos, no se percata que el nuevo
dictamen contable de los intereses compensatorios y moratorios ha confundido
la fecha de cancelación del capital demandado, señalando que se materializo el
pago el 24 de setiembre de 2013, cuando conforme al certificado adjuntado
por la ejecutada el 12 de enero de 2012, realizo el pago de la suma de US$
33,000.00 dólares americanos, apreciándose que dicha suma dineraria se pagó
el 11 de enero 2012 y no el 24 de setiembre de 2013, como erradamente
señala el Juzgado en la resolución apelada, sustentando su decisión en que la
liquidación de los intereses realizado por el perito contable se ha ceñido a las
reglas señaladas en la resolución número ochenta y uno [que desaprueba el
primer informe pericial contable], esto porque en la misma menciona que la
fecha de pago del capital demandado es el 24 de setiembre de 2013, lo cual es
un dato es errado, que deberá tener en cuenta, el A-quo a efectos de no
vulnerar el derecho al debido proceso de las partes al producirse una
capitalización de intereses como alega la misma ejecutada en su escrito de
apelación.
29. De igual forma se observa una falta de motivación que merece la
emisión de un nuevo pronunciamiento, dado que, el señor Juez deberá aclarar
respeto a si la fecha de cancelación de la deuda capital se realizó el 11 de enero
de 2012, indicando si lo referido a la fecha de pago y desde y hasta que fecha
se debe liquidar los intereses pactados, teniendo en cuenta que el capital
demandado fue cancelado el 11 de enero de 2012, asimismo, si correspondería
o no variar el intereses moratorio del 5% al 22% como indicó el ejecutante en su
observación y que ahora también plantea como agravio en la en su escrito de
apelación y, finalmente deberá corregir y/o aclarar la fecha hasta donde el
perito contable debe realizar la liquidación de intereses, toda vez que este dato
fue indicado erróneamente en la séptima consideración de la resolución
ochenta y uno, por lo cual deberá corregir dicho extremo de la resolución
aludida e integrarlo a dicha resolución.
30. Siendo así, en lo que respecta a los agravios expuestos por la ejecutada
este Colegiado considera que la resolución apelada vulnera el derecho al
debido proceso protegido por la Constitución Política del Perú, en la medida
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que, emite una resolución resolviendo las observaciones planteada por esta
parte con una motivación aparente, señalando datos que no coinciden con lo
actuado en el presente proceso, lo que implica que el Juez de primera instancia
no ha realizado un estudio exhaustivo de los autos, a efectos de determinar si la
nueva liquidación de los intereses pactados se ha realizado con los datos
correctos.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTANTE:
31. Finalmente, respecto de los cargos iii) y iv) descritos en la vigésima
segunda consideración de la presente resolución que cuestiona la cuarta
consideración de la resolución noventa y dos que sustenta el informe pericial
observado no acoge los fundamentos de su observación al primer informe
pericial, indicando que el A-quo sustenta su decisión en que la entidad
demandante debió apelar la referida resolución número ochenta y uno, sino
resolvía sus observaciones primigenias; al respecto, debemos señalar que el
juzgado no haya dado respuesta a las observaciones realizada a la anterior
liquidación emitida por el perito contable, no es materia de análisis en esta
oportunidad, por lo cual dicho cuestionamiento a estas alturas del proceso no
es válido, de conformidad con el principio de preclusión que indica que las
partes tienen derecho a efectuar su derecho de defensa dentro de los plazos
previstos para interponer algún recurso impugnatorio y/o recurso de nulidad.
32. Sin perjuicio de ello, el Juez de primera instancia, al realizar una nueva
resolución deberá corregir algún hecho que no corresponda con la verdad, por
lo cual al haberse determinado que la fecha de cancelación de la deuda capital
se realizó el 11 de enero de 2012, el señor Juez al emitir la nueva resolución,
deberá indicar las fechas que debe tener en cuenta el perito para realizar el
cálculo de los intereses compensatorios y moratorios, y si corresponde variar el
aumento de los intereses moratorios del 5% al 22% la tasa interés moratorio,
indicando también que la suma consignada por la ejecutada canceló la deuda
capital al imputarse dicho pago a la suma capital demandado por la cantidad de
US$.32,786.61 Dólares Americanos, como se indicado en la consideración
vigésima octava de la presente resolución.
33. En este sentido, estando al análisis y fundamentos expuestos, resulta
imposible por ahora verificar una aprobación o desaprobación del informe
pericial, en la medida que el señor Juez de Primera Instancia no ha realizado un
análisis del mismo, al no resolver las observaciones planteadas por las partes, no
habiendo emitido un razonamiento y debida motivación sobre las mismas. Por
lo dicho, la resolución venida en grado de apelación deviene en nula conforme
a lo previsto en los artículos 171 y el artículo 122 incisos 3) y 4) del Código
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Procesal Civil, al no haber sido emitida con sujeción al mérito de lo actuado y al
derecho.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas y en virtud a las normas glosadas, este
Superior Colegiado resuelve:
NULA la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de julio de 2019 que
resuelve: “1. Declarar INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de
intereses formuladas por el demandante Banco de Crédito del Perú y la
demandada Johanna Paola Portillo Escobedo. 2. APROBAR los intereses
compensatorios pactados en la suma de US $ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil
trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3. APROBAR los intereses
moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce mil doscientos cinco con
12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo pendiente de pago
asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos setenta y tres con
98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de convocatoria al remate,
pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al perito”; debiendo el
Juez de Primera instancia emitir una nueva resolución teniendo en cuenta
las conclusiones de este Colegiado en los considerandos vigésimo octavo al
trigésimo de la presente resolución.
DISPONER que Secretaría proceda conforme al artículo 383° del Código
Procesal Civil, bajo responsabilidad.
En los seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO y otros, sobre Ejecución de Hipoteca. VMS/pgs.-
10 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 05756-2007-0-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA: CHAVEZ BUSTAMANTE, OMAR MICHEL
TERCERO : OCUPANTES DEL INMUEBLE Y OTROS
DEMANDADO : JACQUES JOE FRANCO LEVY Y OTROS
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO SESENTA Y UNO
Miraflores, Nueve de mayo
Del dos mil dieciséis
Dado cuenta al escrito de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis
presentado por el demandante Banco de Crédito del Perú; Téngase por
cumplido el mandato ordenado mediante resolución número cincuenta y nueve
de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis obrante a foja 562, en
consecuencia y proveyendo como corresponde el escrito de fecha trece de abril
del dos mil dieciséis presentado por el demandante Banco de Crédito del Perú
con el arancel por concepto de solicitud de remate judicial y la Copia Literal,
téngase por cumplido lo ordenado en autos, y, ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, el recurrente solicita se proceda al remate del bien inmueble
dado materia de ejecución, en virtud a que la demandado MULTITEX DEL
PERÚ S.A.C., JACQUES JOE FRANCO LEVY y NISSO RAUL FRANCO
LEVY, no han cumplido con pagar la deuda ordenada en el mandato de
ejecución.
SEGUNDO: Que, el auto número Siete (Sentencia), de fecha treinta y uno de
octubre del dos mil siete, obrante a foja tres de agosto del dos mil quince,
obrante a fojas 107 al 111, que ordena fundada la pretensión cambiaria
contenida en la demandan de Obligación de Dar Suma de Dinero, fue
declarado ejecutoriada mediante auto de vista de fecha dieciseis de junio del
dos mil nueve obrante a fojas 181 al 185, en consecuencia y estando con la
Copia Literal completa y actualizada de la partida registral del inmueble materia
de embargo, tasaciones actualizada que obra en autos y, siendo atendible lo
solicitado por el ejecutante; en consecuencia y conforme al estado del proceso,
en atención a lo dispuesto por los artículos 731º y 736º inciso uno del código
acotado, este Juzgado; RESUELVE:
1. CONVÓQUESE a remate en PRIMERA CONVOCATORIA, del inmueble
sito: CHALET INTERIOR C-10 DE 2 PISOS Y AZOTEA NÚMERO 105, AVENIDA MARIATEGUI NÚMERO 169, DISTRITO DE JESUS MARIA,
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA; inscrita en la partida
Electrónica Nº 46835867 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, cuya
tasación en autos asciende a la suma de US$. 132,955.80 (CIENTO
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/00
DOLARES AMERICANOS); debiendo tenerse como base la postura de las
dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de
US$. 88,637.20 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 20/100 DOLARES AMERICANOS).
2. LUGAR DE LAS DILIGENCIAS: Sala de Audiencias y Remates ubicada en
el segundo sótano de la sede de los Juzgados y Salas Civiles de la Sub-
Especialidad Comercial de Lima sito en Av. Petit Thouars N°4979 del distrito
de Miraflores. LOS POSTORES: Oblarán en efectivo o cheque de gerencia
el 10% del valor base; NOMBRÁNDOSE COMO MARTILLERO PÚBLICO
a NELLY ISABEL GUTIERREZ QUISPE, quien deberá aceptar el cargo
conferido dentro de los tres días de notificado, bajo apercibimiento de
subrogársele en el cargo, facultándolo para que señale día y hora para la
realización del acto.
3. PUBLICACIÓN: PROCÉDASE a la PUBLICACIÓN EN EL DIARIO
OFICIAL “EL PERUANO” por el plazo de Seis días. FÍJESE el cartel en la
vitrina de Juzgado, así como en un lugar visible del inmueble a rematar y el
Martillero Publico elabore el edictos para la revisión y suscripción por parte
del Secretario Judicial de conformidad con el Manual de Procedimientos de
Remates de Bienes muebles e inmuebles previstos en la Resolución
Administrativa N° 167-2005-CED-CSJLI/PJ, bajo responsabilidad del
órgano de auxilio judicial; Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, deberá
el Martillero designado en autos con informar a esta Judicatura con
antelación de tres días de realizarse el remate si se ha realizado todas las
publicaciones, conforme a Ley.
4. AUTORÍCESE al Martillero Público, para que FIJE DÍA Y HORA para llevar
adelante las diligencias del Primer Remate Público de los inmuebles materia
de sub-litis; DEBIENDO el Martillero coordinar dicha diligencia con la
administración de ésta sede e informar al Juzgado de dicho acto.
5. Se advierte de fojas 570 de autos en la partida literal N° 46835867 del
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, se ha inscrito la compra venta del
presente predio a doña MARIA JESUS MUÑOZ GUERRA, identificada con
D.N.I. N° 07341525; por ello a efectos de no afectar derechos a terceros
conforme al artículo 690° del Código Procesal Civil ; REQUIERASE a los
demandados MULTITEX DEL PERÚ S.A.C., JACQUES JOE FRANCO
LEVY y NISSO RAUL FRANCO LEVY, a fin que precisen su domicilio real
en el plazo de tres días de notificada la presente resolución bajo
apercibimiento de ley. Al Único Otrosí: téngase presente. Notifíquese. |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 07203-2007-15-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LLAQUE NAPA SYLVIA PATRICIA
ESPECIALISTA : MANSILLA GARRO, RUBEN
DEMANDADO : SANCHEZ YULI, JUAN MANUEL
SABOGAL SEMINARIO, MARIA DELFINA
FANAGAS SA ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Dado cuenta el escrito que antecede presentado por el
ejecutante, con la absolución de la resolución 29 de fecha 24.07.19; Y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Se desprende en autos que mediante oficio de fecha 05.17.19 el
Registrador Público de Lima informa que los parte judiciales para la inscripción
de la media cautelar de embargo en forma de inscripción concedida por
resolución 26 de fecha 18.05.18 fueron tachados, en atención que no se
subsano en la fecha respecto a que señalaron: “…que la ejecutada MARIA
DELFINA SABOGAL SEMINARIO, ya no tiene dominio inscrito a su favor, al
haberlo transferido por compraventa a favor de María del Carmen Sabogal
Seminario (asiento C00001), y en el asiento D00002 consta la anotación de
sentencia de ineficacia de acto jurídico de la compraventa inscrita en el asiento
C00001”;
SEGUNDO: Al respecto conforme se advierte del asiento D00001 de la partida
registral N° 41164549 la ejecutada MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO
continua teniendo derechos y acciones respecto al inmueble inscrito en la
partida N° 41164549, ya que conforme se advierte en el asiento D0002 se
registro la sentencia que declaro fundada la demanda sobre ineficacia de acto
jurídico, respecto a la compra y venta inscrita en el asiento D00001, motivo por
el cual los efectos de dicho acto jurídico quedaron sin efecto, por lo que los
titulares del predio siguen siendo MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO y
Enrique Sabogal Morzan conforme se registro en la ficha 413753 seguida en la
partida N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en
consecuencia a efectos de inscribir la medida cautelar concedida 26 de fecha
18.05.18: REMITASE NUEVOS PARTES JUDICIALES al Registro de
Propiedad Inmueble de Lima, debiendo el demandante apersonarse al local del
Juzgado a recoger los partes para su debido diligenciamiento; Reasumiendo la
Juez Titular; Reasumiendo funciones la Juez que suscribe la presente
resolución. Notifíquese.- 12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Of. Nº 07203-2017-15-1817-JR-CO-12
Señor:
JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los seguidos por
CMAC PIURA S.A.C, sobre MEDIDA CAUTELAR, a fin de que se inscriba LA
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION en la
Partidas N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima,
concedida por resolución número 26 de fecha 18/05/2018, para cuyo efecto se
adjunta la citada resolución y las pertinentes con firmas digitalizadas del juez y
especialista legal a cargo a fojas ( ).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
expresarle mi mayor consideración.
Atentamente, |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 07203-2007-15-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LLAQUE NAPA SYLVIA PATRICIA
ESPECIALISTA : MANSILLA GARRO, RUBEN
DEMANDADO : SANCHEZ YULI, JUAN MANUEL
SABOGAL SEMINARIO, MARIA DELFINA
FANAGAS SA ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Dado cuenta el escrito que antecede presentado por el
ejecutante, con la absolución de la resolución 29 de fecha 24.07.19; Y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Se desprende en autos que mediante oficio de fecha 05.17.19 el
Registrador Público de Lima informa que los parte judiciales para la inscripción
de la media cautelar de embargo en forma de inscripción concedida por
resolución 26 de fecha 18.05.18 fueron tachados, en atención que no se
subsano en la fecha respecto a que señalaron: “…que la ejecutada MARIA
DELFINA SABOGAL SEMINARIO, ya no tiene dominio inscrito a su favor, al
haberlo transferido por compraventa a favor de María del Carmen Sabogal
Seminario (asiento C00001), y en el asiento D00002 consta la anotación de
sentencia de ineficacia de acto jurídico de la compraventa inscrita en el asiento
C00001”;
SEGUNDO: Al respecto conforme se advierte del asiento D00001 de la partida
registral N° 41164549 la ejecutada MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO
continua teniendo derechos y acciones respecto al inmueble inscrito en la
partida N° 41164549, ya que conforme se advierte en el asiento D0002 se
registro la sentencia que declaro fundada la demanda sobre ineficacia de acto
jurídico, respecto a la compra y venta inscrita en el asiento D00001, motivo por
el cual los efectos de dicho acto jurídico quedaron sin efecto, por lo que los
titulares del predio siguen siendo MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO y
Enrique Sabogal Morzan conforme se registro en la ficha 413753 seguida en la
partida N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en
consecuencia a efectos de inscribir la medida cautelar concedida 26 de fecha
18.05.18: REMITASE NUEVOS PARTES JUDICIALES al Registro de
Propiedad Inmueble de Lima, debiendo el demandante apersonarse al local del
Juzgado a recoger los partes para su debido diligenciamiento; Reasumiendo la
Juez Titular; Reasumiendo funciones la Juez que suscribe la presente
resolución. Notifíquese.- 12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Of. Nº 07203-2017-15-1817-JR-CO-12
Señor:
JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los seguidos por
CMAC PIURA S.A.C, sobre MEDIDA CAUTELAR, a fin de que se inscriba LA
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION en la
Partidas N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima,
concedida por resolución número 26 de fecha 18/05/2018, para cuyo efecto se
adjunta la citada resolución y las pertinentes con firmas digitalizadas del juez y
especialista legal a cargo a fojas ( ).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
expresarle mi mayor consideración.
Atentamente, |
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PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1 (ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2 Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3 Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4 Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
MPTS/jwpc
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1 (ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2 Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3 Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4 Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
MPTS/jwpc
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PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1 (ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2 Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3 Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4 Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 |
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente: I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1 PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2 Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3 judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4 actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5 actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto. En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales. SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- |