Ada Zunino

**Ada Guillermina Zunino** es una abogada y jueza argentina que actualmente se desempeña como jueza de garantías del juzgado de garantías de primera denominación.

# Biografía

## Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia en Tartagal

Fue la jueza a cargo del femicidio de Romelia Pistone, ocurrido en Fortín Dragones el 6 de diciembre de 2014, cuando Zunino estaba a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia.

El 22 de septiembre de ese año, la psicóloga del Poder Judicial, Laura Guerrero Palma, remitió por mesa de entrada un informe dirigido a Zunino. Era un texto fundamental para proteger a la víctima de su pareja, un hombre violento que había sido denunciado en más de una ocasión por las agresiones y amenazas que realizaba. Zunino nunca lo leyó. En diciembre de 2014, Pistone fue asesinada. Cuatro días después, al informe de Guerrero Palma se le agregó una anotación: «Informo que el presente informe no fue agregado debido a que el Expte. se encontraba traspapelado».

También fue parte del caso de Paulino. El hombre tenía setenta años, estaba divorciado, era analfabeto y vivía de arreglar cocinas y calefones. Era el padre de una hija adicta que a su vez era madre de tres niños, dos de los cuales fueron criados por Paulino hasta el 2011 en su casa del barrio Arturo Illia de Tartagal.

En abril de 2011, Zunino, jueza de 1º Instancia de Personas y Familias de Tartagal, decretó que la Guarda Provisoria que Paulino tenía sobre sus nietos Esteban y Rocío se suspendía. Hasta el 2013 Paulino luchó para recuperar la tenencia, pero el 27 de abril de ese año, la Sala V de la Cámara de Apelaciones dictaminó que Ada Zunino había hecho bien en institucionalizar a los niños y declararlos en estado de abandono y sujetos a adopción. El tiro de gracia judicial llegó para Paulino en la Navidad de 2014: tras recorrer a pie la distancia entre su vivienda y el Hogar Gualterio Alsaldi donde estaban alojados sus nietos, le informaron que los niños ya habían sido adoptados. Desde entonces no volvió a verlos nunca más.

El proceso estuvo atravesado por la interpretación y aplicación de la ley 26.061 que busca garantizar el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de los derechos de niños/as y adolescentes. A esa ley recurrió el Defensor Oficial Luis Solorzano para pedir que Ada Zunino revocara la decisión de arrebatarle a Paulino la guarda. Argumentó que el superior interés de los niños es crecer en familia y que si la pobreza familiar dificultaba ese derecho, corresponde al Estado garantizarlo. La jueza pensó distinto: el “superior interés” de los niños también permite al Estado arrancarlos del núcleo familiar si esto amenaza los derechos de los menores.

El Defensor Oficial contratacó jurídicamente enfatizando que en vez de exigir al Estado que ayude a los niños a crecer en su núcleo familiar, Zunino optaba por lo más barato: arrebatarle la guarda al abuelo, institucionalizar a los niños y darlos en adopción. Para lograrlo ejercitó movimientos imprescindibles: sentenciar que Paulino era viejo e incapaz; que en la familia nadie estaba en condiciones de criar a los niños y que la pobreza familiar lo agravaba todo. Cuando el Defensor Oficial apeló el caso ante la Cámara, está legalizó lo actuado y dio por sentado que la exclusión es una desgracia que cae sobre muchos sin que nada se pueda hacer, salvo resignarse.

En el decreto de abril de 2012 que privó a Paulino de sus nietos, fue clave el informe de la asistente social Liliana Boglione quien en lo central dio los argumentos que luego la jueza utilizó para justificar su sentencia; aspecto que el Defensor Oficial también impugno enfatizando que Boglione nunca recabó testimonios de los vecinos de Paulino y desconoció el “Informe del Alumno” rubricado por la maestra del Jardín de Infantes y la Vice Directora del Colegio al que Esteban asistía. Allí se dejaba constancia de que el niño concurría regularmente a clases, en horario, acompañado siempre por un mayor, que su presentación era correcta en cuanto al vestir y la higiene, que su integración era buena, y que Paulino cumplía con todos los requerimientos de la institución.

Paulino Mendoza, en definitiva, era culpable de ser viejo, de no haber evitado la adicción de su hija, de ser incapaz de controlarla y también de ser pobre. Lo segundo y tercero es un límite que alcanza al propio Estado que ha sido y es incapaz de controlar el flagelo de las adicciones hasta hoy. Con respecto a lo primero y lo último, dice la ley que es el propio estado quien debe asistir a la familia para lograr el pleno derecho de los niños.

## Juzgado de Garantías de Primera Nominación Distrito Centro Salta Capital

Ada Guillermina Zunino dejó el caliente Distrito Judicial de Tartagal el 2 de febrero del año 2015 y juró como jueza de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro. Ya en la ciudad Capital, también fue motivo de informes periodísticos que estaban lejos de resaltar la justeza de sus fallos. Una de esas denuncias pasó desapercibida. También era del 2015 y daban cuenta de que la magistrada estaba involucrada en operaciones comerciales que son legales para cualquier ciudadano, pero prohibidas para los jueces.

El dato que lo evidenciaba era un edicto publicado por el diario El Tribuno el 4 de marzo de ese año. En el mismo, la magistrada solicitaba junto a otra persona de igual apellido y en carácter de propietarios de un inmueble de Metán, una concesión de 350 metros cúbicos de agua pública por día “para uso pecuario, para 5.000 cabezas de ganado bovino”. Un emprendimiento bastante impresionante en lo que a riqueza se refiere, pero que contradecía el artículo 155 de la Constitución Provincial que establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.

Mayor trascendencia tuvo la noticia de junio del 2017, cuando todos los medios hablaban de una bolsa con 27.000 dólares que había sido sustraída a una jueza en la Ciudad Judicial. Todos los reportes que dieron cuenta del robo tuvieron una particularidad: evitaron dar el nombre de la magistrada.

La reticencia de los medios a dar el nombre podía explicarse por el hecho de que sobre el robo había otra irregularidad que alcanzaba a la jueza quien violó las reglamentaciones internas del poder judicial que prohíben a los magistrados tener dinero en sus despachos. El robo no sólo evidenció la falta en que incurrió Zunino, sino que la misma se dilató a lo largo de casi un mes en tanto la propia funcionaria judicial admitió en la denuncia policial que al dinero lo tenía guardado en un armario de su despacho desde el 16 de mayo de ese año cuando en una sucursal del Banco Macro compró los billetes verdes que al cambio de entonces supuso un desembolso de casi medio millón pesos.

Una vez que se supo que se trataba de Zunino, la jueza habló con FM Aries para explicar por qué violo los reglamentos internos del poder judicial. Aclaró que el dinero era de su propiedad y que iba a ser utilizado para realizar una operación inmobiliaria que se dilató en el tiempo “porque la persona que tenía que venderme el terreno se iba de viaje”. A eso agregó que por diferentes circunstancias laborales no había podido concurrir a depositar a la entidad bancaria el dinero. “Siempre tenía una cola terrible y me tenía que volver a trabajar. Yo estoy dentro del plan piloto donde entró a las 9 de la mañana y salgo entre las 6 y las 7 de la tarde” se justificó.

Con respecto a la empleada infiel que se declaró responsable del robo, la jueza declaró que “Ha sido muy difícil para mí a nivel personal. Es la persona más cercana a mí. Una joven que tenía graves problemas económicos que yo no sabía. Estaba tapada en deudas y la llevó a realizar este hecho. Para mí ha sido una situación difícil, ha sido triste porque esa persona sigue gozando de mi estima y bueno la Superintendencia deberá tomar todas aquellas medidas correspondientes con respecto a ella”.

### Caso Kuldeep Singh

En 2018, las cámaras de seguridad de una empresa registraron el momento en que el entonces diputado por Rosario de la Frontera Kuldeep Singh hizo las veces de un capo mafia que lideraba a una banda de feroces pistoleros con el objeto de cobrar a los tiros una deuda.

Los fiscales que tomaron la causa pidieron a la jueza Zunino lo obvio: un allanamiento (que llegó tarde) y el pedido para detener al legislador, para lo cual se requería que la magistrada cursara a la legislatura una solicitud de desafuero para el mismo.

Nada de eso ocurrió para asombro de varios diputados que se habían convencido de al menos dos cosas: la inacción de la jueza envolvería a la legislatura en una atmósfera de sospecha entre la sociedad, aun cuando para desaforar al parlamentario dependían del pedido de la jueza; y que los requerimientos efectuados por los fiscales eran sólidos. Es que según la ley, la posibilidad de que el acusado obstaculizara la investigación es motivo suficiente para detenerlo y la intercepción al teléfono de Kuldeep Singh confirmaba que el mismo extorsionaba a los dueños de la empresa que tomó por asalto con el obvio objetivo de enderezar un poco aquello que su accionar había torcido.

El diputado radical Humberto Vázquez pidió un jury contra la jueza por su accionar en este caso además de tratarla de protegida del juez de la corte Guillermo Catalano.

### Caso Sanz Navamuel

Matías Sanz Navamuel, asesor suspendido del Senado de la Provincia, fue denunciado al menos 15 veces por violencia de género. En este contexto, el abogado fue imputado y detenido, pero la jueza de Garantías, Ada Zunino, le otorgó arresto domiciliario este jueves. Al respecto, la diputada provincial en ese entonces, Silvia Varg, se manifestó en contra de la decisión que tomó la magistrada y dijo que hay instituciones que "lejos de defender a la víctima, defienden al victimario”.

“A esta jueza le cabe un jury de enjuiciamiento por incumplimiento de la ley 8099 y por tomar decisiones sin perspectiva de género”, afirmó la diputada provincial y además subrayó que esta acción es indicativa de las falencias que tiene la Justicia frente a la problemática de la violencia de género.

### 2022-2023

En su largo historial, Ada Zunino estuvo -también en 2022- en el ojo de la tormenta por sobreseer al juez Víctor Soria, quien, acusado por violencia de género, incumplió una perimetral que se había impuesto en su contra. La Magistrada no solo lo sobreseyó, sino que cargó contra la víctima y la amenazó cuando esta la cuestionó por falta de perspectiva de género.

Pero también Zunino estuvo en declaraciones polémicas y poco felices: se mostró a favor de la pena de muerte al afirmar que “hay condenas que no son lo suficientemente severas” y pidió que se “debata sin cinismo” la posibilidad de la misma. Fue en marzo de este año.

En 2023 ordenó el despeje de un corte de ruta y la detención de 19 docentes, el 25 de mayo. Además realizó una seguidilla de declaraciones públicas en las que se manifiesta con indignación hacia los docentes que protestan. Una de esas afirmaciones motivó que fuera recusada en la causa contra manifestantes acusados por desobediencia judicial.

El abogado Álvaro Arias Camacho, defensor de Fanny Quiroga, María Cristina Aparicio y Gustavo Nicolás José, pidió el 1 de junio el apartamiento de Zunino en esta causa por desobediencia judicial seguida contra docentes que participan de las medidas de fuerza que se vienen llevando a cabo en Salta desde hace cuatro semanas.

La recusación es por "adelantamiento de juicio", por las declaraciones que vertió el pasado 30 de mayo de 2023 en una entrevista en la radio CNÑ. En relación a los docentes autoconvocados detenidos y encausados, la magistrada aseguró: “No hubo represión, cometieron un delito, y ser docente no te da la patente de impunidad”. “(Si) vos sos un dirigente social, un autoconvocado, y tenés la valentía de tomar una ciudad, de secuestrar a todos sus habitantes, tené la valentía de asumir y reflexionar que no estuviste bien y que no lo podés volver a hacer. Y que cometió un delito, y que se te advirtió ¿y por qué no te voy a detener? (...) Qué, hay un halo de impunidad, todo vale, lo que sea. De ninguna manera", aseguró también.

"Dichas declaraciones significan claramente un adelantamiento de juicio sobre la causa" y, "sin lugar a dudas, una evidente manifestación extrajudicial de su opinión" sobre la causa, sostuvo el abogado defensor, quien recordó que la jueza "todavía debe entender y tomar decisiones" en este trámite judicial.