Capítulo 1 D - Corte Suprema Gobierno

D. La Corte Suprema como 'estructura de gobierno' de la Constitución

La Constitución contiene normas redactadas en términos muy generales pero cuyas consecuencias son variadas y precisas, expresiones como *"usar y disponer de su propiedad"* o *"bienestar general"* han sido los fundamentos para decisiones que han definido la extensión de los derechos individuales. Lo que caracteriza a estas normas tan generales es que delegan la autoridad para definir su contenido en las personas que administran la aplicación de esas normas, es decir en los jueces. Podemos entonces describir a la Corte Suprema como el agente de la presente generación, si bien limitado por el texto de la Constitución, para hacer cumplir un contrato social que nos une en una sociedad de convivencia. Es decir que la Corte Suprema cumple con esta función en lugar de ser el agente de los constituyentes. Esto último no sería realista porque los constituyentes históricos han muerto y las instrucciones que dejaron son extremadamente vagas. Aun los textos modernos pierden actualidad con el paso del tiempo. Existe por lo tanto un incentivo muy débil para ser un agente fiel del pasado.

Los incentivos judiciales son de baja intensidad, ya que al tener estabilidad en su empleo y mantener la integridad de su salario, los jueces tienden a reducir la función del interés propio en la toma de decisiones. Por esa razón confiamos en la protección que nos brindan los jueces(26) ya que tendrían incentivos para apoyar nuestras demandas, antes que a la mayoría gubernamental que generalmente tiene intereses en la protección de sus propios intereses políticos . La estabilidad tanto en el cargo como en el salario, permite a los jueces dar soluciones independientes de la influencia política y en este caso pueden proteger a las minorías "discretas e insulares" que no tienen protección en el proceso legislativo. La independencia es la principal fuente de legitimación del control judicial de la legislación.

Utilizar la analogía de un contrato de largo plazo para definir la Constitución no supone considerar a las constituciones como similares al consentimiento estricto que dos adultos adecuadamente informados prestan al incorporarse a un contrato. En gran medida debido ya que la Constitución no es ratificada por el voto popular y que los votantes tienen una información fragmentaria y no podrían llegar a una solución unánime. Como ciudadanos apoyamos la Constitución porque es mejor que la anarquía o la dictadura, sus alternativas no demasiado lejanas en nuestra historia. Pero la aquiescencia no es necesariamente consentimiento y podemos decir que si bien la analogía del contrato es útil, la Constitución no es estrictamente uno. Ello no impide que utilicemos el modelo del contrato social para interpretar al Estado constitucional.

La interpretación constitucional plantea costos, debidos a la inflexibilidad si las normas son demasiado precisas o costos de agencia si las normas son demasiados generales. Pero esos costos son aceptables cuando la característica súper mayoritaria que separa a la norma constitucional de otras normas legales es la que permite extraer ciertos temas de la agenda política habitual.

Si tomamos por ejemplo, una norma constitucional inflexible pero de fácil interpretación, la que establece tres Senadores por cada provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría, si este tema se dejara a la política de voto mayoritario llevaría a la búsqueda de rentas que serían muy costosas.

Porque si el voto de una mayoría simple permitiera variar la representación política o expropiar la riqueza de una minoría, se dedicarían recursos enormes para lograr esa legislación o para evitarla. Imaginemos que se pudiera variar el número de senadores por una decisión legislativa, se investirían montos enormes para obtener una decisión favorable. Baste recordar las consecuencias que para el erario público tuvo la reforma constitucional para lograr la reelección presidencial en 1994. La existencia del requisito súper mayoritario que tiene la norma constitucional, limita el debate legislativo a cuestiones de menor importancia, donde el riesgo para la libertad o los bienes de las personas no permite por su magnitud el gasto desproporcionado de recursos para redistribuir la riqueza entre las personas.