Consecuencias Ambientales a partir de la explotación del Arco Minero del Orinoco

El pasado 24 de febrero de este año, apareció publicado en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión del territorio nacional. En opinión de Provea el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

En vista de que el país está atravesando una baja del precio del petróleo (de casi el 75%), el gobierno bolivariano ha generado quince "Motores de producción" a ser desarrollados y articulados de suma urgencia, buscando con ello satisfacer la demanda nacional de insumos y productos, así como producir una oferta suficiente que garantice las exportaciones tan necesarias para obtener divisas e impulsar las importaciones de bienes y servicios, que como ya se conoce son de mucha importancia para cubrir el déficit crónico que ha mantenido Venezuela.

Entre esos 15 “Motores de producción”, se encuentra "El Motor Minero", el cual está sustentado en el denominado "Arco Minero del Orinoco" ubicado al sur de Venezuela.

Primeramente, debemos entender que el “Arco Minero del Orinoco” fue denominado el decreto que permitirá el desarrollo minero de una vasta área al norte del Estado Bolívar, parte del estado Amazonas y otra de Delta Amacuro, para una extensión total de 111.843,70 kilómetros cuadrados (duplicando la Faja Petrolífera del Orinoco y cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial) en el que se otorgarán en concesiones a unas 150 empresas mineras de diversas partes del mundo. Esto constituye aproximadamente 12% del territorio nacional.

Se trata de una amplia zona de gran biodiversidad que abarca gran cantidad de bosques, selvas que están protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3 millones 800 mil hectáreas, La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico.

Este decreto, que abarca una extensión del territorio dos veces el tamaño del Estado Zulia, constituye el sacrificio ecológico de una gran parte del territorio que afectará a generaciones presentes y futuras. De allí que califique este decreto como un “crimen ecológico” solo comparable al efectuado por la desaparecida Unión Soviética en el Mar de Aral (en aquel caso emblemático para el mundo, se sacrificó el espacio marítimo en función del desarrollo agrícola para la producción de algodón) pero los efectos posteriores  resultaron más dañinos que el beneficio económico perdiéndose gran parte del mar, volviendo sus aguas estériles y provocando la desaparición de unas 150 especies que vivían en el mar y ríos afluentes, como consecuencia de la contaminación.

Explotar minerales en la zona contemplada para el AMO implica, eliminar, simplificar y alterar las diversas funciones de los ecosistemas existentes en las cuencas mencionadas. Además, cabe destacar que esos minerales, por ser no renovables y escasos, se les están arrebatando a las generaciones futuras; quienes, para reponerlos tendrán que invertir inmensos recursos en:

1. La explotación de las pocas reservas que queden en las grandes profundidades de la litosfera.

2. la restauración ecológica de las zonas intervenidas. Por otra parte, la imposibilidad de reponer o reciclar los ya usados, distribuidos en diversos lugares del mundo.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.

Además de ignorar los requisitos establecidos por la Carta Magna para la realización de un proyecto de esa envergadura, el decreto del AMO lesiona diferentes garantías en materia de derechos humanos. El artículo 25 elimina tanto los principios de universalidad y progresividad como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la zona, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares: “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. Este artículo también establece nociones que pueden interpretarse como la proscripción del derecho a la manifestación pacífica -“los sujetos que ejecuten o promuevan  actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados-” y el derecho a la huelga –“los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”.

Por todo lo señalado, antes de modificar cualquiera de los componentes de un ambiente, se debe valorar primero la diversidad y relaciones que se conozcan entre ellos, a través de estudios previamente realizados; ya que el ambiente, aun restaurado ecológicamente, nunca puede ser devuelto a su estado original, debido a la complejidad de las relaciones entre los elementos (naturales y culturales) que lo integran y la gran incertidumbre en su comportamiento al ser alterados. En caso de ausencia de algunos estudios, se debe aplicar el principio de precaución que aparece en el artículo 4, numeral 3, de la Ley Orgánica del Ambiente que establece que, "La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar negativamente el ambiente". Lo anterior debe contemplarse en la ejecución de cualquier instrumento de planificación (políticas, planes, programas, proyectos, etc) si se desea que el ambiente sea sustentable para las presentes y futuras generaciones de formas de Vida que alberga la Madre Tierra… incluyendo la humana, que alpaso que vamos, corremos hacia la extinción.

by Orianna Gutiérrez Parra.  C.I.:25466848