Capítulo II - F - Como derecho público

## F. El derecho constitucional como derecho público

Menciono la distinción derecho público-derecho privado con fuertes dudas intelectuales. Considero que es una distinción heredada del Derecho Romano que hemos repetido secularmente sin demasiada reflexión. No aparece su utilidad como manifiesta al definir el contenido del derecho constitucional y contiene un resabio autoritario no coincidente con la doctrina republicana. Tiene probablemente un valor didáctico al facilitar los estudios de derecho. Considerar al derecho constitucional como público no aumenta su eficacia normativa, ni hace a una norma de derecho privado dictada de acuerdo con la Constitución menos válida.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que la distinción entre el derecho público y el derecho privado ha presupuesto una inequívoca caracterización ideológica. Se ha dicho que el derecho público es más poder que Derecho, creándose una dicotomía Poder-Derecho. Que el derecho público está dirigido a la prosecución del bien común, justificando por ello un menor grado de vinculación jurídica de este derecho en relación con el derecho privado, es decir, la supervivencia de una zona libre de control jurídico para los poderes públicos que persiguen el bien común. También se ha señalado el carácter autoritario a un cambio de "paradigmas" explicativos no siempre captada a tiempo. Unas veces sobreviven los "paradigmas" de épocas pasadas, es el inconveniente de las construcciones puramente dogmáticas del derecho constitucional que utilizan una interpretación puramente histórica de las normas. Es el caso de la utilización de los arquetipos del Estado liberal para explicar la conformación del Estado social de Derecho. Otras veces, se da el caso del derecho público y la naturaleza consensual del derecho privado.

Con respecto a la posible dicotomía derecho público-derecho privado debe tenerse presente que se verifica una convergencia de aspectos publicísticos y privatísticos en muchas relaciones jurídicas, derecho del trabajo, derecho administrativo, etcétera. En razón de ello se alienta la doctrina que considera preferible la adopción de un sistema pluralístico de relaciones jurídicas más que un dualismo simplista en derecho público-derecho privado.

Finalmente, la distinción entre derecho público y derecho privado no se asienta en categorías ontológicas apriorísticas. Frente a cada ordenamiento jurídico se deberán determinar las dimensiones publicísticas o privatísticas que asumen las relaciones jurídicas.

La *teoría de los intereses preferentemente protegidos* en una relación jurídica o mediante una norma jurídica divide al derecho privado, cuando éstas protegen intereses privados, del derecho público que es cuando protegen intereses públicos. No incluye en su descripción al espacio de lo público en la empresa, en los sindicatos y en los partidos políticos, donde confluyen intereses privados e intereses públicos ordenados por normas constitucionales.

La *teoría de la especialidad del derecho* parte de la idea de que el derecho público es un derecho especial, exclusivamente regulador de los derechos y deberes de los titulares de los poderes públicos, como es el caso de las normas de organización del poder político. Muchas de estas normas incluyen también a entidades privadas, como es el caso de las normas de derechos fundamentales y de las normas de organización económica.

No obstante la inexistencia de un criterio único para distinguir entre derecho público y privado, la caracterización del derecho constitucional como derecho público tiene una función didáctica y práctica porque permite poner en relieve algunas manifestaciones típicas de este derecho. El derecho público se caracteriza por la adopción de formas de acción unilateralmente dictadas (ley, reglamento, acto administrativo, sentencia judicial) es decir *derecho coactivo*. En el derecho privado predomina, aunque no en forma exclusiva, la autonomía privada, orden igualitario, lo que lleva a un derecho flexible.

Los poderes públicos deben actuar y sólo pueden actuar cuando tienen competencia establecida en la Constitución o en la ley, principio de la determinación constitucional de las competencias. En cambio los sujetos de derecho privado gozan de libertad en la conformación de las relaciones jurídicas. Aunque también existe una triplicación de competencias de atribuciones y de relaciones jurídicas en ciertas ramas de derecho privado como en el caso de los derechos reales, en el derecho de familia y en las sucesiones.

La actuación de los poderes públicos se subordina a principios constitucionales inderogables: principio de constitucionalidad, principio de legalidad, principio de razonabilidad, principio de publicidad, que no rigen o rigen en una medida diferente para las relaciones privadas.

El control jurisdiccional de los actos de las entidades públicas puede justificar jurisdicciones o procesos específicos, como lo contencioso administrativo.