AMNISTIAS

Para poner fin a un conflicto internacional o interno, las negociaciones a menudo deben celebrarse con los mismos líderes que son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sucede muchas veces que una de las argumentaciones que generalmente plantean estos participes  está vinculada a que los procesos penales pueden prolongar el conflicto, lo que resulta en más muertes, destrucción y sufrimiento humano.

Reflejando este punto de vista, los acuerdos de paz alcanzados en las últimas dos décadas en Argentina, Camboya, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Sierra Leona, Sudáfrica y Uruguay han otorgado amnistía a los miembros de regímenes anteriores que supuestamente habían cometido crímenes internacionales.

Con respecto a Camboya, El Salvador, Haití y Sudáfrica, las Naciones Unidas presionaron, ayudaron a negociar y / o respaldaron la concesión de la amnistía como un medio para restaurar la paz y el gobierno democrático.

El término amnistía se **deriva de la palabra griega amnestia, una medida “excepcional”  que permite impedir en un período de tiempo el juzgamiento**. La palabra viene del griego voz ( griega compuesta de la *a* privativa y de *memoria*, es decir, **sin memoria u olvido mutuo** y general de las cosas pasadas) .

**Legalmente, la amnistía es un acto de poder soberano que inmuniza a las personas del enjuiciamiento penal por delitos pasados**. El equivalente práctico de la amnistía ocurre cuando un estado vecino concede asilo a un ex líder, como en el caso del ex gobernante ugandés Idi Amin en Arabia Saudita, el ex líder haitiano Jean Claude "Baby Doc" Duvalier en Francia, el exlíder etíope Megistu Haile Mariam en Zimbabwe, el ex líder haitiano general Raoul Cedras en Panamá, y el ex líder liberiano Charles Taylor en Nigeria.

**Intereses que favorecen la amnistía**

Los líderes de todas las partes en un conflicto deben aceptar cooperar para poner fin a los combates y detener las violaciones del derecho internacional humanitario. Sin embargo, no tienen ningún incentivo para acordar un acuerdo de paz si, tras el acuerdo, podrían encontrarse a sí mismos o sus asociados más cercanos con posibilidad de cadena perpetua. Tres estudios de caso-Haití, Sudáfrica y Liberia-muestran que la oferta de amnistía o asilo puede inducir a los violadores de los derechos humanos a aceptar la paz y renunciar al poder.

#### HAITI

De 1990 a 1994, Haití fue gobernado por un régimen militar, encabezado por el general Raoul Cedras y EL brigadier general PHILIPPE BIAMBY, ejecturaon a mas de 3000 opositores políticos y practicaron la tortura a muchísimos más.

Las negociaciones  fueron mediadas por las Naciones Unidas en Governors Island en el puerto de Nueva York, durante las cuales los líderes militares de Haití acordaron renunciar al poder y permitir el regreso del presidente democráticamente elegido Jean-Bertrand Aristide a cambio de una amnistía total para los miembros del régimen militar y de las sanciones económicas impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Bajo la presión de los mediadores de la ONU, Aristide aceptó la cláusula de amnistía del Acuerdo de Governors Island. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el acuerdo, que luego dijo, "constituye el único marco válido para resolver la crisis en Haití". Cuando los líderes militares inicialmente no cumplieron con el Acuerdo de Governors Island, el 31 de julio de 1994, el Consejo de Seguridad dio el paso extremo de autorizar una invasión de Haití por parte de una fuerza multinacional. En vísperas de la invasión, el 18 de septiembre de 1994, el general Cedras acordó retirar su mando "cuando el parlamento haitiano votará una amnistía general". La amnistía permitió a Aristide regresar a Haití y reinstaurar un gobierno civil, los líderes militares abandonaron el país, gran parte de los militares entregaron sus armas, y la mayoría de los abusos contra los derechos humanos cesaron.

SUDAFRICA

Hasta 1994, los sudafricanos negros eran objeto de abusos rutinarios bajo el sistema segregacionista, entonces operativo, conocido como **apartheid**.

Enfrentando la posibilidad de una guerra civil, la administración saliente, entonces encabezada por F. W. de Klerk, hizo de alguna forma de amnistía una condición para la transición pacífica del poder. Los líderes de la población negra mayoritaria decidieron que el costo a  pagar  era un precio justo por una transición relativamente pacífica a la democracia plena.

De conformidad con el acuerdo negociado entre los principales partidos, el **19 de julio de 1995**, el Parlamento sudafricano creó una Comisión de Verdad y Reconciliación, compuesta por un Comité de Violaciones de Derechos Humanos, un Comité de Amnistía y un Comité de Reparación y Rehabilitación. Bajo este proceso, la amnistía estaría disponible solo para las personas que personalmente la solicitaran y que revelaron completamente los hechos de sus crímenes del apartheid.

Después de conducir 140 audiencias públicas y considerar 20,000 presentaciones escritas y orales, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica publicó un **informe de 2.739 páginas de sus hallazgos el 29 de octubre de 1998**. La mayoría de los observadores creen que la amnistía en Sudáfrica ayudó a calmar las tensiones y evitar una guerra civil . Otros creen que fue un medio para que ambas partes cubrieran los crímenes que habían cometido.

LIBERIA

A partir de 1980, Liberia experimentó una serie de golpes sangrientos. Las luchas entre facciones se encendieron repetidamente durante los años noventa. El conflicto bajo la presidencia de Charles Taylor dejó más de **100.000 liberianos muertos entre 1997 y 2002**. En agosto de 2003, Taylor fue acusado por el Tribunal Especial para Sierra Leona por el cargo de "MAYOR RESPONSABLE" por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Sierra Leona, que comparte una frontera con Liberia.

Con las tropas rebeldes a punto de apoderarse de la populosa capital liberiana de Monrovia, Taylor fue inducido a renunciar al poder y abandonar Liberia a cambio de una garantía de asilo en Nigeria. Esta acción inmediatamente detuvo la lucha en Liberia, y de ese modo pudo haber salvado la vida de cientos de miles de civiles en Monrovia que de otro modo habrían quedado atrapados en el fuego cruzado si Taylor y sus seguidores hubieran sido forzados a hacer una última resistencia contra el rebeldes.

### AMNISTIA CON RESPONABILIDAD?

**Tanto en Haití como en Sudáfrica, la oferta de amnistía estuvo vinculada a ciertos mecanismos de rendición de cuentas.**

En algunos casos los gobiernos interesados han realizado reparaciones monetarias a las víctimas y sus familias, han establecido comisiones de verdad para documentar los abusos (en oportunidades llegan a  identificar a los perpetradores por su nombre) o han instituido prohibiciones y purgas laborales (llamadas "depuraciones") que evitan que tales criminales se mantengan en puestos de gestión pública.

Si bien no es lo mismo que el enjuiciamiento penal, estos mecanismos pueden abarcar gran parte de lo que la justicia pretende lograr: prevención, disuasión, castigo y rehabilitación. De hecho, algunos expertos creen que estos mecanismos no constituyen simplemente "un segundo mejor enfoque" cuando el enjuiciamiento es impracticable, sino que en muchas situaciones pueden ser más adecuados para alcanzar los objetivos de la justicia.

Si bien a veces se puede considerar que proporcionar amnistía o asilo a los perpetradores es necesario para lograr la paz, existen varias **consideraciones compensatorias importantes que favorecen el enjuiciamiento**. En particular, enjuiciar a las personas responsables de las violaciones del derecho internacional humanitario puede servir para desalentar futuros abusos contra los derechos humanos, disuadir la justicia de los vigilantes y reforzar el respeto por la ley y el nuevo gobierno democrático.

Aunque tales procesamientos inicialmente podrían provocar resistencia, muchos analistas creen que la reconciliación nacional no puede llevarse a cabo mientras la posibilidad de justicia esté clausurada. El profesor Cherif Bassiouni, presidente de la Comisión investigadora de la ONU para Yugoslavia y autor de “**Búsqueda de paz y logro de la justicia: la necesidad de rendir cuentas”**, ha dicho *que "si la paz no pretende ser un breve interludio entre conflictos, debe venir acompañada por la justicia*”

**Si no se procesa a los líderes responsables de los abusos contra los derechos humanos se puede generar desprecio por la ley y alentar futuras violaciones.** La Comisión de Derechos Humanos de la ONU y su Subcomisión publicaron un Informe sobre las consecuencias de la impunidad en el que concluyeron que la impunidad es uno de los principales motivos de la continuación de las graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Los informes de investigación sobre Chile y El Salvador indican que la concesión de la amnistía o la impunidad en esos países ha conducido a un aumento de los abusos.

**Una democracia nueva o restablecida necesita legitimidad, lo que a su vez requiere una contabilidad justa, creíble y transparente de los crímenes que pudieron haber ocurrido y quién fue responsable durante el régimen pre-democrático**. Los juicios penales, especialmente en casos de abusos generalizados y sistemáticos, pueden generar un registro tan completo de la naturaleza y el alcance de las violaciones, cómo fueron planificadas y ejecutadas, el destino de las víctimas individuales, quién dio las órdenes y quién las llevó a cabo.  Si bien hay varios medios para desarrollar el registro histórico de tales abusos, la interpretación más autorizada de la verdad se produce a través del crisol de un juicio que concede el debido proceso legal. El Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Robert Jackson, quien se desempeñó como Fiscal Jefe en los Juicios de Nuremberg, subrayó la lógica de esta proposición en su Informe al Presidente, en la que afirmó **que el legado más importante del juicio de Nuremberg era la documentación de las atrocidades nazis. "Con tanta autenticidad y con tanto detalle que no puede haber una negación responsable de estos crímenes en el futuro". Según Jackson, el establecimiento de un registro autorizado de abusos que resistiría la prueba del tiempo y resistiría el desafío del revisionismo que exigirá  pruebas "De eventos increíbles por evidencia creíble".**

También existe la responsabilidad de proporcionar justicia a las víctimas y sus familias. Los crímenes graves contra las personas, incluida la violación y el asesinato, exigen responsabilizar a los infractores por sus actos. Enjuiciar y castigar a los infractores da significado al sufrimiento de las víctimas y sirve como remedio parcial para sus lesiones. Además, los enjuiciamientos ayudan a restablecer la dignidad de las víctimas y evitan actos privados de venganza por parte de aquellos que, ante la ausencia de justicia buscarán alcanzarla por sus propios miedos.

La falta de castigo a los ex líderes que fueron responsables de los abusos generalizados contra los derechos humanos fomenta el cinismo sobre el estado de derecho y la desconfianza hacia el sistema político. **Para las víctimas de crímenes contra los derechos humanos, la amnistía representa lo último en hipocresía**. Cuando se considera que quienes tienen el poder están por encima de la ley, el ciudadano común nunca llegará a creer en el principio del estado de derecho como una necesidad fundamental en un país democrático.

Finalmente, la amnistía puede convertirse en una incentivo para  regímenes deshonestos en otras partes del mundo a cometer abusos graves.

Richard Goldstone, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, concluyó que el fracaso de la comunidad internacional para enjuiciar a Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein y Mohammed Aidid, entre otros, alentó a los serbios a lanzar su política de limpieza étnica en la ex Yugoslavia con la expectativa de que no serían considerados responsables de sus crímenes internacionales.  **Cuando la comunidad internacional alienta o respalda una amnistía por abusos contra los derechos humanos, envía una señal a otros regímenes de que no tienen nada que perder al instituir medidas represivas; si las cosas empiezan a ir mal, siempre pueden negociar sus crímenes aceptando la paz**.

### Los Convenios de Ginebra

**Cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra negociados en 1949 contiene una enumeración específica de "infracciones graves", que son crímenes de guerra para los que existe responsabilidad penal individual y por los cuales los Estados tienen el deber correspondiente de enjuiciar o extraditar**. Las infracciones graves incluyen asesinatos voluntarios, torturas o tratos inhumanos, causar dolores o lesiones graves en el cuerpo o en la salud, destruir extensamente bienes no justificados por necesidades militares, privar intencionalmente a un civil de los derechos de un juicio justo y regular, y el confinamiento ilegal de civiles.

Las Partes en los Convenios de Ginebra tienen la **obligación de buscar, enjuiciar y castigar a los autores de infracciones graves de los Convenios de Ginebra**, a menos que decidan entregar a esas personas para que sean juzgadas por otro Estado involucrado en el conflicto.

El Comentario a los Convenios de Ginebra, que es la historia oficial de las negociaciones conducentes a la aprobación de estos tratados, confirma **que la obligación de enjuiciar las infracciones graves es "absoluta", lo que significa que los signatarios de las convenciones no pueden en ningún caso otorgar inmunidad o amnistía  a los perpetradores** de estos crímenes.

Los Estados o los tribunales internacionales pueden enjuiciar a personas que cometan crímenes de guerra en conflictos armados internos, mientras que el deber de enjuiciar infracciones graves en virtud de los Convenios de Ginebra **se limita al contexto del conflicto armado internacional**. Hay un alto umbral de violencia necesario para constituir un verdadero conflicto armado, a diferencia de disturbios de menor nivel, como disturbios o actos de lucha aislados y esporádicos. Además, para ser un conflicto armado internacional, la situación debe constituir un conflicto armado que involucre a dos o más naciones, o una ocupación parcial o total del territorio de una nación por otra.

### LA CONVENCION CONTRA EL GENOCIDIO

La mayoría de los países del mundo son parte de la Convención contra el Genocidio, **que entró en vigor el 12 de enero de 1952**, y la Corte Internacional de Justicia determinó que las disposiciones sustantivas de la Convención constituyen el derecho internacional consuetudinario vinculante para todos los Estados. Al igual que los Convenios de Ginebra, la Convención contra el Genocidio impone la **obligación de enjuiciar a los responsables de genocidio según se define en la Convención**. Dice que todas las personas que cometen genocidio serán castigadas, independientemente de su posición oficial. Además, se requiere que los estados promulguen legislación y otorguen sanciones efectivas para los enjuiciamientos criminales de genocidio.

### Convención contra la Tortura

**Aunque la Convención contra la Tortura entró en vigencia en 1987, no ha sido ampliamente ratificada y actualmente cuenta con menos de noventa estados**. La Convención contra la Tortura exige que cada Estado parte garantice que todos los actos de tortura sean delitos en virtud de su legislación interna, establezca su jurisdicción respecto de dichos delitos en los casos en que el presunto delincuente esté presente en el territorio estatal y, en caso afirmativo, no lo extradite delincuente, la convención exige que presente el caso a sus autoridades competentes con el fin de enjuiciamiento.

Aunque no existe un tratado comparable que requiera que los estados procesen los crímenes de lesa humanidad en general, donde hay denuncias específicas de que el crimen de lesa humanidad existen también actos sistemáticos de tortura, y donde los estados pertinentes son partes en la Convención contra la Tortura, la concesión de amnistía o asilo violaría lo firmado en el tratado donde se afirma que hay que procesar o extraditar.

### Convenciones generales de derechos humanos

Las convenciones generales de derechos humanos incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien estos tratados no exigen expresamente que los estados enjuicien a los infractores, obligan a los estados a garantizar los derechos enumerados en las convenciones. Cada vez se reconoce más la jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados responsables del control de la aplicación de estas convenciones y los comentarios de respetados comentaristas de que el deber de garantizar los derechos implica el deber de responsabilizar a determinados infractores por al menos ciertos tipos de violaciones.

Sin embargo, un examen cuidadoso de la jurisprudencia de estos órganos sugiere que los métodos para obtener una rendición de cuentas específica distinta de los procesos penales cumplirían el requisito de garantizar los derechos enumerados en las diversas convenciones.

Esta jurisprudencia indica que un Estado debe cumplir con cinco obligaciones para enfrentar violaciones graves de los derechos humanos cometidas por un régimen anterior:

1. investigar la identidad, el destino y el paradero de las víctimas;

2. investigar la identidad de los principales perpetradores;

3. proporcionar reparación o compensación a las víctimas;

4. tomar medidas afirmativas para garantizar que no se repita el abuso de los derechos humanos;  5. castigar a los culpables de abuso de los derechos humanos

El castigo puede tomar muchas formas no criminales, que incluyen la imposición de multas, la destitución, la reducción de rango y el decomiso de las pensiones gubernamentales y militares u otros activos.

### JURISDICCION INTERNACIONAL

En ausencia de un tratado que contenga el deber de extraditar o enjuiciar, la llamada jurisdicción universal generalmente se considera pertinente, no obligatoria. Sin embargo, varios comentaristas y grupos de derechos humanos han adoptado recientemente la posición de que el derecho internacional consuetudinario no solo establece la jurisdicción permisiva sobre los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, sino que también requiere su enjuiciamiento y, a la inversa, prohíbe la concesión de amnistía a esas personas.

Los comentaristas a menudo citan la Declaración de las Naciones Unidas sobre el asilo territorial (**Resolución 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas**) como el primer reconocimiento internacional de una obligación legal de perseguir a los autores de crímenes de lesa humanidad. La declaración establece que **"los estados no otorgarán asilo a ninguna persona respecto de la cual existan razones serias para considerar que ha cometido a. . . crimen de lesa humanidad.** "Sin embargo, de acuerdo con el registro de negociación de esta resolución, como se discutió en el Anuario de las Naciones Unidas de 1967:

**El hecho de que las propias Naciones Unidas se hayan sentido libres de restricciones legales al respaldar la reciente amnistía para los acuerdos de paz en situaciones que involucran crímenes de lesa humanidad confirma que el derecho internacional consuetudinario aún no se ha cristalizado en esta área.**

### **AMNISTIA Y LA CORTE CRIMINAL INTERNACIONAL (ICC)**

**En la conferencia preparatoria para el establecimiento del tribunal penal internacional permanente en agosto de 1997, la delegación estadounidense distribuyó una propuesta informal (o "nonpaper") sugiriendo que el tribunal permanente propuesto debería tomar en cuenta las amnistías en interés de la paz internacional y la reconciliación nacional al decidir si ejercer jurisdicción sobre una situación o procesar a un delincuente en particular**. Según el texto de los EE. UU., Las políticas  que favorecen el enjuiciamiento de los delincuentes internacionales deben sopesarse con la necesidad de cerrar "una puerta al conflicto de una época pasada" y "alentar la rendición o la incorporación de los grupos armados disidentes”, facilitando así la democracia. **Si bien la propuesta de los EE. UU. Recibió críticas de muchos sectores, el texto final del Estatuto de Roma contiene varias disposiciones ambiguamente redactadas que, para bien o para mal, podrían interpretarse como una codificación de la propuesta de los EE.** UU.

A  pesar de la forma ambigua en que escribió este acuerdo, hay varios artículos del Estatuto de Roma que podrían leerse como si permitieran al tribunal en ciertas circunstancias reconocer una excepción de amnistía a su jurisdicción. **El aparente conflicto entre estos artículos y el preámbulo refleja la naturaleza esquizofrénica de las negociaciones en Roma**: el lenguaje del preámbulo y las disposiciones de procedimiento fueron negociados por grupos de redacción completamente diferentes, y en la prisa de los últimos días de la Conferencia de Roma, el comité de redacción nunca completamente integrado y reconciliado las porciones separadas del Estatuto.

Con respecto a una posible excepción de amnistía, la disposición más importante del Estatuto de Roma es el Artículo 16. En virtud de ese artículo, la corte penal internacional tendría que someterse a una amnistía nacional si el Consejo de Seguridad adopta una resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas solicitando al tribunal que no comience una investigación o enjuiciamiento, o difiera cualquier procedimiento que ya esté en curso.

El Consejo de Seguridad tiene la autoridad legal para exigir que el tribunal respete una amnistía si se cumplen dos requisitos. Primero, el Consejo de Seguridad debe haber determinado la existencia de una amenaza a la paz, una violación de la paz o un acto de agresión en virtud del Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas. En segundo lugar, la resolución que solicita el aplazamiento del tribunal debe ser coherente con los propósitos y principios de las Naciones Unidas con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, resolver situaciones amenazantes de conformidad con los principios de justicia y derecho internacional y promover el respeto de los derechos humanos y libertades en virtud del Artículo 24 de la Carta de la ONU.

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Yugoslavia en el caso de Dusko Tadic sugiere que la CPI podría afirmar su autoridad para evaluar independientemente si estos dos requisitos se cumplieron como parte de su poder incidental para determinar la corrección de su propia jurisdicción. José Álvarez, un comentarista que escribe sobre la decisión de la apelación Tadic, dijo que esta decisión "respalda firmemente a quienes consideran que la Carta de las Naciones Unidas no es una licencia no ciega para la acción policial, sino una constitución emergente de poderes enumerados y limitados sujetos al estado de derecho "(1969, p.249**). Es posible, entonces, que el tribunal penal internacional no esté necesariamente obligado por la existencia de una Resolución del Consejo de Seguridad de dar por concluida una investigación o enjuiciamiento si descubre que una amnistía contraviene el derecho internacional.**

Si bien una amnistía acompañada por el establecimiento de una comisión de la verdad, la indemnización de las víctimas y la depuración podría ser en interés de la justicia en sentido amplio, sería contrario al derecho internacional cuando la tutela infrinja las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 o la La Convención de Genocidio es aplicable. Es especialmente notable que los Convenios de Ginebra requieren que las partes "proporcionen sanciones penales efectivas a las personas que cometan o ordenan cometer cualquiera de las infracciones graves de la Convención", la Convención contra el Genocidio exige que las partes "impongan penas efectivas a las personas culpables de genocidio, "y la Convención sobre la Tortura requiere que las partes" castiguen estos delitos con penas apropiadas que tengan en cuenta su naturaleza grave ".

Esto sugeriría que la Corte Penal Internacional no podría ceder ante el Consejo de Seguridad de la ONU en virtud del artículo 16 del Estatuto de Roma, donde el acusado es acusado de infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, el crimen de genocidio o la tortura. Sin embargo, se puede argumentar a favor de que el Estatuto de Roma codifica solo las disposiciones sustantivas de los Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención contra el Genocidio, y no incorpora los aspectos de procedimiento de los Convenios que requieren enjuiciamiento**. En consecuencia, la naturaleza de los cargos podría constituir un factor a considerar, pero no necesariamente sería un impedimento para reconocer una amnistía.**

Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU no ha solicitado al tribunal penal internacional que respete una amnistía y, por lo tanto, resuelva un proceso, el fiscal del tribunal puede optar por hacerlo de conformidad con el artículo 53 del Estatuto de Roma. Ese artículo permite al fiscal negarse a iniciar una investigación (incluso cuando un estado ha presentado una queja) si el fiscal ha llegado a la conclusión de que existen "razones sustanciales para creer que una investigación no serviría los intereses de la justicia". Sin embargo, la decisión del fiscal en virtud del artículo 53 está sujeto a revisión por la sala de vistas previa del tribunal. Al revisar si el respeto de una amnistía y el no enjuiciamiento servirían mejor a los intereses de la justicia, la cámara de juicio tendría que evaluar los beneficios de una amnistía particular y considerar si existe una obligación legal internacional para enjuiciar la ofensa.

Cuando ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni el fiscal han solicitado a la Corte Penal Internacional que se acoja a una amnistía nacional, el estado afectado puede intentar plantear el problema en virtud del Artículo 17 (1) (a) del Estatuto de Roma. Ese artículo exige que el tribunal desestime un caso en que "el caso esté siendo investigado o enjuiciado por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, a menos que el Estado no quiera o no pueda llevar a cabo genuinamente la investigación o el enjuiciamiento". Es significativo que el artículo requiere una investigación, pero no especifica que sea una investigación criminal. El estado en cuestión podría argumentar que una comisión de la verdad (especialmente una basada en el modelo de Sudáfrica) constituye una verdadera investigación. Por otro lado, la subsección (2) del artículo sugiere que el estándar para determinar que una investigación no es genuina es si los procedimientos son "inconsistentes con la intención de llevar a la persona involucrada ante la justicia", una frase que se lee junto con el Preámbulo del Tratado, podría interpretarse como que requiere un proceso penal.

## Conclusión

Hace casi una década, David J. Scheffer, entonces Embajador en Gran Bretaña para Asuntos de Crímenes de Guerra, comentó públicamente: **"Uno debe comprender que la amnistía [y el asilo] siempre están sobre la mesa en negociaciones [de paz]".** Según su punto de vista, a menudo no existen restricciones legales para la negociación de un acuerdo de amnistía para la paz. Esto se debe a que la ley procesal internacional que impone el deber de procesar es mucho más limitada que la ley sustantiva que establece los delitos internacionales.

Pero **hay situaciones**, como los casos de Slobodan Milosevic de Serbia y Saddam Hussein de Irak -cada uno acusado de violaciones graves de los Convenios de Ginebra y el genocidio- **donde el derecho procesal internacional descarta la amnistía o el asilo como una opción legítima para los “pacificadores”** . Además, incluso en situaciones donde las amnistías no contravienen una obligación internacional aplicable para enjuiciar, los pacificadores deben reconocer que las amnistías varían mucho. Algunos, como en Sudáfrica, que están estrechamente vinculados a los mecanismos de rendición de cuentas y reparación, pueden ser una herramienta diplomática legítima; otros, como con la concesión de asilo en 2003 para Charles Taylor en Nigeria, pueden ser ampliamente vistos como solo otro caso de ex líder "saliéndose con la suya".