Aranceles y Tarifas

Los aranceles son un tipo de impuesto que se aplica a los flujos comerciales entre estados soberanos. Históricamente fue una fuente de ingresos importante para los países, ya que es relativamente fácil de cobrar: basta controlar los puntos de entrada de mercancías al país. Sin embargo, dado que los aranceles restringen el libre mercado al dificultar el comercio con otros países, y a que esto conlleva pérdidas de eficiencia importantes, han perdido importancia al existir hoy en día otras maneras más eficientes de recaudo.

El impuesto se aplica con mayor frecuencia sobre los bienes y servicios que un país compra en el extranjero con el objetivo de su distribución interna, mientras que los aranceles sobre las exportaciones o sobre los productos que ingresan a un país con destino a otro son menos comunes: ejemplos de estos últimos son la tarifa que El Salvador le pagaba a Honduras sobre el tránsito de mercancías hacia Europa por el mar Caribe o el impuesto a las exportaciones agrícolas que se estableció en Argentina hace diez años para aprovechar los altos precios de los cereales por aquel entonces.

¿Cómo funcionan los aranceles en Colombia, y cuánto representan como proporción del recaudo total? En 2017, la DIAN recolectó por este concepto alrededor de 4.1 billones de pesos, lo cual equivale a menos del 3% del recaudo total por los impuestos que la institución administra: este valor es mínimo comparado con el 32% que representaba en 1970, y se redujo drásticamente desde 1992, producto de las políticas de apertura económica que empezaron a tomar forma en ese periodo.

La política de aranceles, que en Colombia recibe el nombre de derechos de aduana, se reglamenta en nuestro país a partir del estatuto aduanero (Decreto 390 de 2016) y no del estatuto tributario. El estatuto aduanero estipula que los derechos de aduana se cobran sobre el valor en pesos colombianos de las mercancías que ingresan al país, al cual se le aplica un porcentaje que determina el monto del impuesto. Los porcentajes o tarifas, consignados en el Decreto 4927 de 2011, dependen de la partida arancelaria, que responde a un sistema de nomenclatura común de bienes para los países miembros del área andina, y de acuerdos comerciales específicos con otros países: las tarifas oscilan alrededor del 5% y el 10%, aunque para algunos bienes, como la carne, pueden llegar al 80%.

Ya que los bienes que provienen del exterior no pueden ser incorporados a la economía del territorio que los recibe sin antes pagar el impuesto, el procedimiento de recaudo es relativamente fácil y se da a un bajo costo, en la medida que se logre controlar el contrabando.

Sin embargo, dependiendo de la calidad del bien objeto del impuesto y del perfil de los individuos que lo consumen, el instrumento puede crear pérdidas de eficiencia como resultado de mayores precios a los consumidores finales y posibles desviaciones de recursos que se podrían canalizar hacia el fomento de actividades con mayores ventajas comparativas. Del mismo modo, el carácter progresivo o regresivo del sistema de aranceles depende de la definición de las tarifas para los distintos bienes a los que se les aplica el tributo.