Capítulo 1 F 3 - Normas óptimas

## 3. La elección de normas óptimas

Al emplear estas dos funciones: es decir los costos para evitar una decisión que se nos quiere imponer y los costos de la decisión que deseamos obtener; cada una de las cuales relaciona los costos esperados del individuo con el número de personas que se requiere que se pongan de acuerdo antes de que se tome una decisión por el grupo, podemos discutir las reglas de la elección del individuo. Estas pueden definirse mejor en términos de la proposición del grupo total que se va a requerir para llevar a cabo una decisión. Para una actividad dada, el individuo completamente racional en el momento de la elección constitucional tratará de elegir aquella norma de toma de decisiones que minimizará el valor presente de los costos esperados que debe soportar. Es decir el costo más bajo resultante del equilibrio entre los costos de la decisión que se le impone y los de los costos para organizar la decisión que quiere obtener. Él lo hará así minimizando la suma de los costos externos esperados y de los costos esperados de la toma de decisiones.

Puede servir de ayuda una discusión más general del modo en el cual el individuo busca una decisión concerniente a la elección de una regla de la toma de decisiones colectiva. Se puede decir que se impone un costo externo sobre un individuo cuando su valor neto es reducido por el comportamiento de otro individuo o grupo y cuando esta reducción en el valor neto no se reconoce específicamente por parte de la estructura jurídica existente como una expropiación de un derecho humano defendible o de un derecho de propiedad. El individuo dañado no tiene ningún recurso, no puede evitar que la acción ocurra, ni puede reclamar una compensación después que ha ocurrido. Es la existencia de tales costos externos lo que explica racionalmente el origen tanto de la actividad voluntariamente organizada, cooperativa, de acuerdos contractuales, como de la actividad colectiva o del Estado. El individuo que busca maximizar su propia utilidad puede encontrar ventajoso entrar en contratos voluntarios dirigidos a eliminar la externalidad o bien soportar las disposiciones constitucionales que permitan que las decisiones particulares sean reemplazadas por las decisiones colectivas. El individuo conocerá que cualquier restricción de su libertad privada de acción impondrá costos sobre él. Cada individuo en el curso del tiempo impondrá, si se permite una libertad sin restricción dentro de los límites de la estructura del derecho, ciertos costos sobre las otras partes, y en lo que concierne a su propia posición tomada, solo él preferirá permanecer perfectamente libre para imponer costos sobre los otros cuando lo desee. Por otra parte, reconocerá también que en muchas ocasiones se verá afectado negativamente por las acciones de los demás, sobre quienes no puede ejercer compensación. Sabiendo que estará más a menudo en la segunda situación que en la primera el individuo completamente racional sondeará la posibilidad de acuerdos contractuales delineados para protegerle de los costos externos junto con los procesos constitucionales y las disposiciones que pueden eliminar las acciones del ámbito de la decisión privada y situarlas dentro del ámbito de la decisión pública. Los únicos medios por los que el individuo puede asegurarse que las acciones de otros nunca impondrán costos sobre él, es a través de la aplicación estricta de la regla de la unanimidad para todas las decisiones públicas o privadas. Si el individuo sabe que debe aprobar cualquier acción antes que se lleve a cabo podrá eliminar todo temor de daño o costos esperados. Si todas las decisiones sociales se tomaran por la regla de la unanimidad, no haría falta la existencia de la Constitución, ya que ninguna decisión estatal, ni siquiera la decisión sobre los gastos públicos, podría tomarse sin mi consentimiento.

Sin embargo, como ya se ha sugerido, deben también considerarse los costos en que puede esperar incurrir a través de la aplicación de esta norma. En los grupos pequeños el logro del consenso sobre los temas incorporados en el ámbito de la elección colectiva pueden no implicar costos de recursos excesivamente altos, pero en los grupos de tamaño sustancial los costos de negociación sobre la relación real de intercambio que puede requerirse para lograr el acuerdo a menudo ascenderán a más de lo que el individuo está dispuesto a pagar. El individuo racional en el período de elección constitucional hace frente a un cálculo no distinto del que debe hacer frente al hacer sus elecciones económicas cotidianas. Al acordar las reglas más inclusivas está aceptando el gravamen adicional de la toma de decisiones a cambio de la protección adicional contra las decisiones contrarias. Trasladándonos en dirección opuesta hacia una regla en la toma de decisiones menos inclusiva el individuo está intercambiando parte de su protección contra los costos externos de un costo rebajado en la toma de decisiones. Este equilibrio individual es la base de la decisión constitucional de cada persona.