Capítulo VIII - B 1 - Interpretación

## 1. La interpretación conforme a la Constitución

Sobre la base de un principio de economía del ordenamiento jurídico aparece la idea de la presunción de constitucionalidad de la norma dictada por los órganos de gobierno. Esto consiste fundamentalmente en discernir cuándo se está en el límite de la inconstitucionalidad de una norma, una interpretación que aunque no sea aparente en un primer análisis sea el sentido necesario según la fuerza integradora de la Constitución. Son diversas las vías que pueden seguirse y diversos los resultados a que se llega, desde la interpretación extensiva o restrictiva eliminando los elementos inconstitucionales del precepto en análisis, hasta la conversión, cuando se configura el acto bajo otro tipo constitucional. También puede existir en estos casos la interpretación integrativa cuando al analizarse una ley incompleta en cuanto a sus efectos y en esa medida eventualmente inconstitucional y se la completa con preceptos de la Constitución para transformarla en constitucional.

La interpretación conforme con la Constitución implica una posición activa por parte del juez y de relativa autonomía frente al legislador. No puede, por lo tanto, dejar de estar sujeta a un requisito de razonabilidad, tendrá que detener cuando la ley interpretada conforme a la Constitución quede privada de la función para la cual fue sancionada o cuando sea evidente que el legislador adoptó un criterio al legislar incompatible al del constituyente.

Esta forma de interpretación es útil en el control de constitucionalidad por excepción, como es el argentino, ya que en el análisis de un caso concreto la Corte Suprema en el *holding* de su decisión establece las condiciones en las cuales una norma es constitucional y cuáles son los límites de su aplicación. El efecto ejemplar de una decisión de este tipo permite conocer las posibilidades de aplicación legítima de la norma en cuestión. Es decir, el Tribunal acepta la constitucionalidad de una ley pero dentro de una interpretación concreta que es conforme a la Constitución, fuera de esa interpretación la ley sería inconstitucional. En este caso la Corte transforma la norma en constitucional al eliminar aspectos o elementos ilegítimos. Sería una norma individual pero con un carácter general por su efecto ejemplarizador.

El origen del principio que impone la interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento está en el proceso de constitucionalidad de las leyes: antes de que una ley sea declarada inconstitucional, el juez que efectúa el examen tiene el deber de buscar en vía interpretativa una concordancia de dicha ley con la Constitución. La anulación de una ley es un suceso bastante más grave que la anulación de un acto de la Administración, porque crea por sí sola una gran inseguridad jurídica. El legislador no tiene agilidad suficiente para cubrir inmediatamente el hueco que deja la norma anulada y ese hueco da lugar a una enorme confusión jurídica para los ciudadanos y para todos los poderes públicos. Con frecuencia esa anulación, que no implica por sí misma el restablecimiento de vigencia de la ley anterior a que sustituyó la anulada y la laguna que crea, puede determinar de hecho, como ha dicho alguna vez la Corte constitucional italiana, una "situación de mayor inconstitucionalidad" en la solución práctica de los problemas que la ley anulada regulaba. Es este horror al vacío el que determina el principio formulado así por la Corte Federal Constitucional alemana: "es válido el principio de que una ley no debe *ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitución*".

Ese principio es una *"presunción de constitucionalidad de las leyes"*, que no es la simple afirmación formal de que cualquier ley se tendrá por válida hasta que sea declarada inconstitucional, sino que implica materialmente algo más, lo siguiente: primero, una confianza otorgada al legislativo en la observancia y en la interpretación correcta de los principios de la Constitución; en segundo término, que una ley no puede ser declarada inconstitucional más que cuando no exista duda razonable sobre su contradicción con la Constitución; tercero, que cuando una ley esté redactada en términos tan amplios que puede permitir una interpretación inconstitucional habrá que presumir que, siempre que sea razonablemente posible, el legislador ha sobreentendido que la interpretación con la que habrá de aplicarse dicha ley es precisamente la que le permita mantenerse dentro de los límites constitucionales.

Pero este principio de la interpretación del ordenamiento conforme a la Constitución no vincula únicamente a la Corte constitucional, en el momento de la decisión del recurso de inconstitucionalidad, sino también a todas las Cortes en las funciones aplicativas de la Constitución que examinamos en el apartado precedente y que viene a cubrir, en realidad, según hemos visto, la totalidad de su actuación. Queda claro entonces que, sin perjuicio de que la regla haya nacido "en los intersticios del procedimiento", de justicia constitucional en realidad ha venido a revelar un verdadero principio general del ordenamiento que, por tanto, resulta de necesaria aplicación universal, también afectante, en consecuencia, además de a las cortes, a los operadores jurídicos públicos y privados de cualquier carácter, en cualquier aplicación del ordenamiento o de cualquiera de sus elementos.