Capítulo VIII - A - Principios neutrales

## A. ¿Existen principios neutrales en la interpretación constitucional?

La competencia de los tribunales para resolver cuestiones constitucionales está basada en la Constitución y no es una mera interpolación. Wechsler lo encuentra en la cláusula de supremacía y en la norma que establece la jurisdicción federal que la extiende a *"todos los casos, de ley o equidad, que surjan de esta Constitución"*. Hamilton en *El Federalista*, número 78, llega a la conclusión de que el control de constitucionalidad resulta implícito en el concepto de una constitución escrita como ley fundamental y de la función aceptada de los tribunales como intérpretes de la ley. Marshall en "Marbury" repite estas consideraciones generales y también llama la atención sobre el texto incluyendo el artículo sobre la jurisdicción federal. Del cual dice que "confirma y fortalece el principio, supuesto como esencial a todas las constituciones escritas, de que una ley repugnante a la Constitución es nula, y que los tribunales, así como otros departamentos, están obligados por este instrumento". En la idea de Learned Hand, al no ser el control de constitucionalidad una deducción lógica de la estructura de la Constitución, no necesita ser ejercida cada vez que la Corte ve una invasión de la Constitución. Requiere de una cuestión preliminar sobre cuán inoportunamente la ocasión requiere de una respuesta. Puede ser preferible que la cuestión sea resuelta sin una solución de autoridad establecida por la Corte. Para Wechsler, por el contrario, como el control judicial está anclado en la Constitución no existe escape de la obligación judicial de actuar frente a una norma en conflicto.

El único argumento que puede llevar a una abstención de decidir por un tribunal en una causa es que la Constitución haya comisionado la determinación de la cuestión a otra agencia del gobierno diferente de los tribunales. Pero aun teniendo en cuenta la dificultad que supone hacer esa distinción correctamente, ésta presupone siempre un acto de interpretación constitucional, que debe ser efectuada con las técnicas que gobiernan el proceso interpretativo. Esto es totalmente diferente de una discreción amplia para abstenerse o intervenir. La Corte ha definido estándares para el ejercicio de su actividad discrecional, estándares establecidos en términos neutrales, solamente el mantenimiento y mejoramiento de esos estándares y, en especial, su aplicación fiel pueden proteger a la Corte contra el peligro de ser acusada de una actitud sesgada favoreciendo reclamos de uno u otro tipo en la apertura o rechazo de un recurso por inconstitucionalidad. John Marshall en *"Cohens vs. Virginia"*, dice: *"El poder judicial no puede, como puede la legislatura, evitar una medida porque se acerca a los confines de la Constitución. No podemos dejarla pasar porque es dudosa. Con todas las dudas, con todas las dificultades, un caso debe ser considerado, debemos decidirlo, si es traído a nuestra consideración. No tenemos derecho a declinar el ejercicio de la jurisdicción que nos es otorgada de la misma manera que no podemos usurpar la que no nos es*
concedida. Tanto una como otra sería traición a la Constitución"*.*

Es igualmente relevante conocer cuáles son, si existen, los criterios que deben ser seguidos en la interpretación constitucional. Es decir, criterios que puedan ser presentados y probados como un ejercicio de la razón y no meramente como un acto de voluntad. Es un problema no menos viejo que nuestra cultura. La evaluación *ad hoc* de los casos judiciales ha sido el más grave problema del constitucionalismo, no sólo en los tribunales sino también en el marco amplio en el cual las posiciones constitucionales conflictivas han jugado un papel en la política cotidiana. No estarán de acuerdo con mi posición quienes, en forma abierta u oculta, consideran la corrección de la interpretación según la decisión limite o avance los intereses o valores que sostiene. Quienes se concentran en el resultado de una interpretación constitucional pueden no darse cuenta de que su posición implica que los tribunales estarían libres para funcionar como un desnudo órgano de poder y no como jueces de Derecho. Wechsler da numerosos ejemplos de circunstancias en que se sostuvieron posiciones contradictorias simplemente porque se defendían intereses diferentes cada vez. El elemento constitutivo principal del proceso judicial es precisamente que debe ser genuinamente principista, basado con respecto a cada paso que es necesario en llegar a una decisión en el análisis y en razones que trascienden el inmediato resultado que es obtenido. Sin duda, los tribunales deciden, o deben decidir, solamente en el caso concreto frente a ellos. Pero también deben decidir sobre la base de una adecuada neutralidad y generalidad, probadas solamente por su aplicación inmediata pero por lo que los principios implican. ¿No es acaso la propia esencia del método judicial insistir en referirse a otros casos similares, preferiblemente aquellos relacionados con un interés opuesto, para evaluar el principio alegado? Necesitamos aquí una *"educación en lo obvio"* en las palabras de Holmes. Esto es particularmente necesario en la interpretación constitucional donde los tribunales en las determinaciones constitucionales enfrentan cuestiones que son inevitablemente políticas. "Políticas" en el sentido de que se refieren a la necesidad de elegir entre valores o deseos conflictivos, una elección reflejada en la acción en cuestión del legislativo o ejecutivo a la cual el tribunal debe condenar o aceptar.

Ninguna legislatura o ejecutivo está obligado por la naturaleza de su función a fundar su elección de valores por el tipo de explicación razonada que es intrínseca de la actividad judicial.