LA REPÚBLICA LIBERAL EN COLOMBIA: 1930 - 1946

II. LA REPUBLICA LIBERAL1930 - 1946

Tomado de: http://amistadesdecorazon.blogspot.com/2015/09/republica-liberal.html

A. LAS NUEVAS FUNCIONES DEL ESTADO

El Estado en Colombia había evolucionado hacia la forma unitaria y centralista a partir de la constitución de 1886 y dado pasos de avance con la reforma constitucional de 1910; no obstante ello, carecía de los instrumentos suficientes para extender su acción a los distintos planos de la vida nacional y adecuarse a las nuevas situaciones derivadas del desarrollo de la economía y de la aparición de nuevos grupos sociales.

En este sentido el Estado había realizado algunos intentos por crear organismos estatales a través de los cuales el Estado ejerciera control sobre diversas actividades vitales para el país. Esto se cumplió de manera relativa, por ejemplo, durante la administración del presidente Pedro Nel Ospina (1922 - 1926), a través de la misión Kemmerer. Bajo su orientación fue creado el banco estatal, con facultad de emisión de moneda, en la línea del intervencionismo económico.

A pesar de tales intentos por desarrollar un Estado independiente y capaz de proyectarse en su acción en los diversos niveles de la vida nacional, el hecho es que su acción tenía límites internos y externos. Esto puede verse, por ejemplo, en la autonomía con que contaban los municipios, los que podían contratar empréstitos internacionales sin la intervención de la autoridad central. En lo externo, en la medida del incremento cada, vez mayor del poderío de los Estados Unidos, se puede ver el papel del Estado, de intermediario, en lo que toca a las relaciones entre el sector externo y los grupos nacionales del poder económico.

Esta situación se manifestó agudamente en la crisis de 1928, que enfrentó a los trabajadores del banano y a la United Fruit Co., conflicto en el cual el Estado jugó un papel subordinado a los intereses extranjeros. Al llegar al poder en los años treinta, el liberalismo va a ensayar la modificación de estas relaciones, tanto en lo interno como en lo externo, pero sin alterar en lo sustancial las relaciones de dependencia con los Estados Unidos.

B. DEL GOBIERNO DE OLAYA HERRERA A LA "REVOLUCIÓN EN MARCHA"

Ya se han señalado algunos elementos que provocaron la crisis política del conservatismo y su caída del poder en 1930, con la división del partido conservador en dos candidatos a la presidencia, y el ascenso del liberalismo en el mismo año.

Se podría decir que la administración Olaya Herrera fue el momento de transición que, una vez agotado, condujo a una experiencia más radical: la experiencia política de la "revolución en marcha", como se ha conocido popularmente la primera administración del presidente Alfonso López, iniciada en 1934. Desde el punto de vista político el gobierno de Olaya no representó una ruptura con el modelo consagrado por la hegemonía conservadora que finaliza en los treinta.

Ni su actitud ante el sector exportador fue desfavorable, como tampoco su política frente a las compañías extranjeras, que se vieron favorecidas por su gobierno; quizás mucho más apoyadas que en la época de Marco Fidel Suárez y su concepción de la "estrella polar", hasta el punto que en 1931 se votó una ley que favorecía a dichas compañías con la ratificación de la concesión Barco, que había sido anulada en 1926 y 1928.

Para caracterizar el período representado por Olaya, digamos que su gobierno se define como un gobierno de "concertación nacional" en el que liberales y conservadores comparten los cargos públicos, en el que las distintas tendencias intrapartidarias coexisten sin llegar a los enfrentamientos que van a caracterizar el período del presidente Alfonso López Pumarejo, tanto dentro del liberalismo como entre el liberalismo y el partido conservador.

C. LA "REVOLUCIÓN EN MARCHA"

1. EL PROGRAMA AGRARIO

En el paquete de medidas propuestas por el liberalismo Lopista durante la campaña presidencial, un programa central fue la cuestión de cómo llevar a cabo reformas que desarrollaran la producción agraria en el país.

Ya antes de la caída de la hegemonía conservadora algunos pensadores liberales se habían referido al problema del campo y de la alimentación del creciente aumento de la población colombiana y, en particular, al problema de las condiciones de vida del campesino dentro del contexto de la estructura de la tenencia de la tierra a que nos hemos referido en páginas anteriores. Alejandro López, uno de los primeros escritores que intentara analizar la realidad nacional en términos modernos, en su libro Problemas Colombianos, publicado en 1927, había hecho énfasis en la necesidad de que el campesino accediera a la tierra y a formas de crédito por parte del Estado. La llegada al poder del reformismo liberal planteó la situación del campesino en general del sector agrario, en términos concretos.

La ley 200 de 1936, o "ley de tierras", como se la conoció, fue el instrumento jurídico mediante el cual se llevó a cabo un tipo de reforma agraria. Esta ley en esencia, implicaba para el país la puesta en marcha de un proyecto económico con las siguientes implicaciones: Por un lado, se consideraban baldíos los terrenos que no eran explotados económicamente y la revisión del dominio para los predios que estuviesen dentro de estas condiciones. En este sentido la filosofía de la ley 200 se inscribía dentro del concepto de la "función social de la propiedad", y excluía la expropiación de tierras en manos de propietarios privados, la orientación de lo que es en la actualidad propiamente una Reforma Agraria Socialista.

De otro lado, los baldíos cultivados se reconocían como propiedad del colono, a menos que se comprobase la existencia de títulos de propiedad expedidos con anterioridad. Las tierras que durante diez años no fuesen explotadas pasarían al dominio de la nación. Al ocupante se le reconocerían las mejoras efectuadas en ellas para los casos en que los propietarios tuviesen derecho a recuperarlas. Y a los campesinos que de buena fe hubiesen trabajado tierra ajena, se les reconocería la propiedad al cabo de cinco años.

En el contexto, de un país con clases sociales fuertemente conservadoras y tradicionalistas, el reformismo agrario del presidente López Pumarejo determinó una fuerte oposición de tales sectores así como agitación campesina e incremento de la organización de los sindicatos y ligas agrarias.

La reacción de la clase terrateniente se hizo ver, entre otras cosas, en el hecho de que los hacendados no permitieron que sus arrendatarios poseyeran cultivos en sus tierras con el temor de que este hecho condujera al cuestionamiento, por parte del campesino, de la propiedad sobre sus tierras. Y en un plano más general, la reforma agraria lopista se constituía en una disminución de su influencia en el poder del Estado y de la sociedad.

La Iglesia fue una de las instituciones que con más decisión defendió el orden imperante, el inmovilismo social y de grupos, sin conciencia de una política adecuada para realizar cambios en la orientación de la sociedad.

2. EL SECTOR INDUSTRIAL

Se ha señalado que el régimen de Alfonso López Pumarejo expresaba la necesidad de las nuevas clases emergentes en la nación para reformar en algún sentido los diversos aspectos de la vida económica o social. La reforma agraria, por ejemplo, era un imperativo para modificar las condiciones del atraso agrario, que provocaban insuficiencia! de producción agrícola e inconformidad social, esta última expresada en la agitación campesina de los años treinta. En términos de sectores sociales, se puede decir que López Pumarejo era la personificación del interés por el cambio de la burguesía nacional.

En los años treinta, como ya se dijo, la burguesía, es decir el capitalismo, había crecido. Pero su crecimiento se hallaba obstaculizado entre otras cosas, por ejemplo, por la ausencia de un movimiento obrero libre del paternalismo en que se encontraba durante el largo régimen conservador, sometido además a la política de represión del Estado y al desconocimiento, por parte de la élite gobernante y de los patronos, de su rol significativo en el desarrollo social y económico. La intervención económica del Estado, como en el caso del campo, se hacía indispensable para liberar obstáculos del camino de la burguesía nacional en su proceso de desarrollo.

Sin embargo, al mismo tiempo contemplaba un intervencionismo que limitaba la actuación libre de los industriales mediante la puesta en marcha de lo que podríamos llamar una política social que condujera al aumento del consumo de la clase trabajadora y" en consecuencia, beneficiosa para el desarrollo de la industria, al permitir la expansión del mercado interno. Debe quedar claro que la política intervencionista del régimen lopista no implicaba ni la nacionalización ni la apropiación sino la cooparticipación entre Estado y empresa de la dirección en algunas actividades económicas.

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