Viviana Ávila

**Viviana Beatriz Ávila** (Salta, 20 de septiembre) es una docente y política argentina que supo desempeñarse como concejal de la ciudad de Salta.

## Vida privada

Viviana Ávila es una docente argentina que se encuentra casada con el también docente Eduardo Isasmendi. Tanto ella como su marido hicieron militancia política en el Partido Renovador de Salta.

Avila con la llegada del PRS al poder a través de la alianza con el Partido Justicialista de Juan Manuel Urtubey fue designada en enero de 2008 como directora general de educación secundaria de la provincia de Salta y se mantuvo en el cargo hasta mayo de ese mismo año, teniendo así un mandato muy corto.

Luego de haber salido de la dirección general fue nombrada como asesora técnica en la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta teniendo la adscripción al cargo, dejando de lado su nombramiento como vicedirectora de un colegio secundario.

Su marido había resultado electo en las elecciones del 2007 y finalizó su mandato en el año 2009. En esa ocasión Eduardo no podía reelegir debido a que tenía un compromiso con la Universidad Nacional de Salta y en su lugar se presentó Viviana logrando la banca en las elecciones de dicho año.

Como concejal Viviana fue presidente del bloque del PRS y entre otros temas fue parte de la comisión que evaluó la situación de la venta de propiedades municipales a Lozano a cambio de un galpón en Avenida Paraguay donde actualmente se encuentra el centro cívico municipal.

Durante su mandato fue investigada por una presunta incompatibilidad de empleos públicos ya que además de ser concejal era asesora del senado provincial. Virginia Cornejo, en ese entonces diputada provincial, presentó un pedidos de informes sobre el tema para conocer la situación de Viviana y otros adscriptos. El Fiscal Correccional Nº 2 de Salta, Guillermo Akemeier, fue el encargado de investigar de oficio el tema.

La concejal afirmó que se dio por notificada de la situación a través de los medios y se hizo presente de manera espontánea en la fiscalía, en donde realizó su descargo y además presentó un escrito. La edil sostuvo que mandó una carta documento al Defensor del Pueblo Álvaro Ulloa y está mandando otra al director del Periódico El Expreso, Oscar Burgos.

En su carta al Defensor del Pueblo hace referencia a que sus denuncias "fueron calumnias que lesionan y perjudican mi buen nombre. Lo hago responsable del daño moral causado. Niego categóricamente cobrar un sueldo de la cámara alta".

En tanto que al director de El Expreso, dice: "repudio la nota publicada en su semanario porque constituye una verdadera calumnia que lesiona mi calidad moral, profesional y social; es una clara irresponsabilidad informativa...se elaboró un artículo que hace gala de la ignorancia sobre mi situación..".

En su defensa, la concejal afirmó que su “trabajo en el Senado provincial es técnico, motivado en la necesidades de servicio del órgano del cual dependo que es el Ministerio de Educación, soy una docente afectada".

Más adelante declaró que "habiendo tantas cosas importantes, lamento se distraiga la Justicia con trasfondos políticos, soy una perseguida política, pero aplaudo el trabajo de la fiscalía".

Finalmente, lanzó una acusación contra su par, Virginia López, y explicó que esta concejal la extorsionó al pedirle que retiren un proyecto contra Ulloa sino ella iba a presentar otro donde me iniciaba un juicio político. "Estoy siendo judicializada por mi voto, esto es un chantaje, una extorsión", exclamó.

Tras ese mandato como concejal, Ávila no volvió a ejercer cargos públicos.