Capítulo III - C 2 - Razonamiento justificatorio

## 2. El razonamiento práctico justificatorio

Otro argumento de índole lógica en favor del control judicial de constitucionalidad puede apoyarse en la estructura del razonamiento práctico justificatorio, como el que realizan los jueces. El razonamiento justificatorio debe siempre partir de proposiciones normativas que aceptemos por sus propios méritos y no por el hecho de que ellas han sido emitidas por cierta autoridad. Cuando esas proposiciones tienen el contenido apropiado ellas constituyen juicios morales. Vimos también que las que identificamos como normas jurídicas son proposiciones derivadas de estos juicios morales cuando ellos legitiman a cierta autoridad, y de descripciones de las prescripciones de tal autoridad.

En un sentido normativo puro de Constitución, que está asociado con los ideales del constitucionalismo, tales principios morales de los que arranca el razonamiento jurídico justificatorio, como el judicial, pueden constituir parte de la Constitución. Tanto el ideal del constitucionalismo asociado con los derechos como el ideal asociado con la participación democrática, pueden constituir principios que legitiman a determinadas autoridades y pueden formar parte de la Constitución en sentido normativo. Esa Constitución puede bien servir de premisa mayor de un razonamiento justificatorio de la decisión de un juez.

De este modo, si tales principios que establecen derechos y proce-dimientos democráticos no legitiman ciertas leyes, por violar derechos o por haber sido dictadas sin satisfacer las exigencias de procedimientos, el contenido normativo de las leyes en cuestión no podrá ser derivado de tales principios y de la descripción de la sanción de dichas leyes, por lo que no podrá servir como razón justificatoria de una decisión judicial.

Esto implica que, en un cierto sentido, el control judicial de constitucionalidad es lógicamente inevitable; los jueces, como cualesquiera otros individuos, no pueden justificar sus decisiones en los meros hechos constituidos por la sanción de las leyes, como pretendió hacer nuestra Corte Suprema con la jurisprudencia sobre las normas de facto, sin incurrir en un salto espurio entre ser y deber ser; necesariamente deben fundamentar tales decisiones en principios morales, que aceptan por sus méritos intrínsecos, como los que integran la Constitución en sentido normativo. Por lo tanto, *toda decisión judicial implica ejercer un control de constitucionalidad*.

Esta necesidad de la revisión constitucional de las leyes supone un concepto normativo de Constitución, que está dado por un conjunto de principios ideales cuya validez no está determinada por hechos y textos como los que están asociados con la Constitución argentina de 1853-1860. De modo que el control de constitucionalidad que se ejerce es un *control moral o valorativo* y no un control relacionado con una norma positiva.

Sin embargo, los principios ideales no se aplican directamente a decisiones sino a prácticas institucionales, a través de un razonamiento escalonado cuyo primer plano consiste en justificar esas prácticas y cuyo segundo nivel consiste en aplicar tales prácticas a las decisiones. Esto permite que una práctica como la generada por la Constitución argentina de 1853-1860, si resulta justificada de acuerdo con los principios ideales, sea relevante para justificar la decisión y deba, por lo tanto, ser tomada en cuenta necesariamente en la selección de las leyes aplicables. Si los principios que los jueces deben adoptar autónomamente les indican que la práctica constitucional vigente es preferible moralmente a cualquier alternativa asequible ellos deben necesariamente, seleccionar las leyes y otras normas jurídicas aplicables, de conformidad con la mejor reconstrucción posible de esa práctica.

Este argumento, basado en la estructura lógica del razonamiento al que necesitan recurrir los jueces para justificar sus decisiones, parece tener efectivamente éxito en fundamentar un control judicial de constitucionalidad sumamente amplio; un control que, por un lado, los conduce a hacer una profunda ponderación valorativa de la práctica institucional vigente en su jurisdicción, analizando sus posibilidades de reconstrucción, y, por el otro, supuesta una conclusión positiva de tal ponderación, a trascender una ley en particular para determinar si su reconocimiento, en el caso presente, satisface o no las condiciones para la continuidad de tal práctica.