Sustitución del sistema de prueba tasada por el de la sana crítica o libertad de pruebas

**D.C.- La Suprema Corte de Justicia, abandonó criterio jurisprudencial de Septiembre de 2014 y adopto nuevamente el articulo 1341 del Código Civil, en el sentido de que la prueba de las obligaciones que superen la suma de 30 pesos, debe hacerse por escrito y no se admitirán para su prueba, los testigos, sin embargo abordó, que para contradecir un acto, no puede pretenderse que se haga por testigos, sin embargo no rechazo que su prueba en ausencia de cualquier otra, se haga por testigos:**

"Considerando, que mediante sentencia del 14 de septiembre de 2014, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia sostuvo el criterio de que la regla contenida en el citado Artículo 1341 del Código Civil no es cónsona con el principio de justicia y la tutela judicial efectiva...Considerando, que no obstante, es generalmente admitido que un tribunal puede apartarse de sus precedentes, siempre y cuando ofrezca una fundamentación suficiente y razonable de su conversión jurisprudencial, lo cual se deriva de la propia dinámica jurídica que constituye la evolución en la interpretación y aplicación del derecho...Considerando, que el criterio que ha sido sostenido hasta el presente será abandonado a partir de esta ocasión en razón de que no es congruente con el derecho a la legalidad de la prueba instituido en el Artículo 69 numeral 8 de nuestra Carta Magna al establecer que: “Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley”, el cual constituye uno de los pilares del debido proceso y de la tutela judicial efectiva y ha sido garantizado en múltiples ocasiones por nuestro Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de nuestras normas fundamentales, al juzgar que: a) en virtud de dicho principio solo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se ha producido conforme a las reglas establecidas por la Constitución, la legislación procesal y los convenios internacionales en materia de derechos humanos… el cual está desarrollado, en el ámbito del derecho civil, en los Artículos 1315 y siguientes del Código Civil, así como en el Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, donde se establecen las reglas que permiten aportar y contradecir las pruebas presentadas por las partes garantizando el derecho al debido proceso que la Constitución protege… es así que el derecho fundamental a la legalidad de la prueba constituye un derecho constitucional de configuración legal, en la medida en que es la ley la que precisa la forma y momento de presentación de la prueba, así como los medios autorizados para hacer valer este derecho; b) la inaplicación de una regla probatoria imperativa sin que sea la consecuencia del ejercicio del control difuso de constitucionalidad constituye una violación al derecho de la legalidad de la prueba y c) el derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho a la prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos, en efecto, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando constituyan pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos o útiles y excesivos. Considerando, que, en ese tenor, es evidente que el derecho a la prueba comporta una doble dimensión, el derecho de todo justiciable de acceder oportunamente a todos los medios de prueba permitidos para la defensa de su pretensión, en igualdad de condiciones con su adversario y por otro lado, el derecho a la exclusión de toda prueba obtenida en violación a la ley, cuyo desconocimiento también conlleva una vulneración a la tutela judicial efectiva. Considerando, que además, si bien el Artículo 87 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978, dispone que: “El juez que realiza el informativo, puede de oficio o a requerimiento de las partes, convocar u oír cualquier persona cuya audición le parezca útil al esclarecimiento de la verdad”, el ejercicio de esa facultad está condicionado por lo establecido en el Artículo 82 de la misma Ley al preceptuar que: “El juez puede oír o interrogar a los testigos sobre todos los hechos para los cuales la ley admite la prueba…”, de lo que se desprende que las facultades conferidas a los jueces para la administración de las medidas de instrucción que consideren necesarias para el establecimiento de los hechos de la causa están limitadas o condicionadas por las normas legales que regulan el régimen probatorio, en particular por el Artículo 1341 del Código Civil.Considerando, que finalmente, las disposiciones del referido texto legal tampoco acusan un formalismo excesivo, puesto que el mismo Código exceptúa su aplicación cuando existe un principio de prueba por escrito, conforme a lo establecido en su Artículo 1347.Considerando, que por lo tanto, en la actualidad, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia considera pertinente retornar al criterio sostenido con anterioridad a la sentencia núm. 28, del 14 de septiembre de 2014, en virtud del cual se postula que en materia civil, la valoración judicial de los elementos probatorios está regida, en principio, por el método de la prueba tasada, puesto que el legislador ha asignado de antemano en los Artículos 1315 y siguientes del Código Civil, la eficacia de cada uno de los distintos medios de prueba, sobre todo cuando se trata de prueba preconstituida. Considerando, que en el texto del citado Artículo 1341 del Código Civil se verifica que el legislador ha señalado, expresamente, qué prueba no debe ser admitida para contradecir el contenido de un acto suscrito entre partes, sea ante notario, sea bajo firma privada, en consecuencia, admitir que el informativo testimonial pueda variar lo convenido entre las partes, manifestado en documento suscrito por ellos, transgrede las garantías del debido proceso y constituye una violación a la ley. Considerando, que por lo indicado, una vez fue probado mediante acto notarial de fecha 1 de febrero de 2005, que la señora "IMB" era deudora de "JMT",el contenido de dicho acto no podía ser contradicho por testigos, por lo tanto, contrario a lo señalado por la recurrente, la corte a qua interpretó correctamente el Artículo 1341 del Código Civil al rechazar el informativo solicitado con el fin de probar el pago de la deuda ya que los jueces no tienen que ordenar medidas de instrucción que no sean de utilidad para poder establecer la certeza de los hechos invocados; por las razones dadas procede rechazar el medio analizado por infundado." SCJ, Pr., Sentencia del 30 de Abril de 2019.

“La aplicación taxativa de un sistema de prueba
tarifada vulnera el principio de justicia por cuanto hace prevalecer una verdad
formal en perjuicio de la realidad de los hechos; que, de este modo se debilita
además, tanto el derecho de defensa de las partes como la tutela judicial
efectiva ya que se restringe de manera genérica la posibilidad de que las
partes puedan ejercer sus derechos en aquellos casos en que no existe el medio
probatorio específicamente establecido en la ley y, además, se coarta al juez
en su labor de esclarecer los hechos de la causa a partir de otros medios de
prueba sin que ello esté justificado en una violación concreta al debido
proceso; que, en base a dichas deficiencias, la doctrina procesalista más
reconocida ha defendido la sustitución de dicho sistema por el de la libre
convicción o sana crítica, que permite a las partes aportar todos los medios de
prueba relevantes y al juez la libre apreciación de los mismos a condición de
que exponga o motive razonadamente su admisión y valoración.” SCJ, Pr, Sentencia No. 28 del Boletín No. 1246,
Septiembre, 2014. [1]