Ley 6970

Honorable Legislatura Tucumán

P.L. 33-5/99.-

La Legislatura de la Provincia de Tucumán,
sanciona con fuerza de

L E Y:

LEY DE ADMINISTRACION FINANCIERA

TITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La presente
ley establece y regula la administración financiera y ¡os sistemas de control
del sector público provincial.

Art. 2°.- La administración
financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos
administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su
aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

Art. 3°.- Los sistemas de
control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector
público provincial y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado
en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

Art. 4°.- Son objetivos de
esta ley y, por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su
interpretación y reglamentación, los siguientes:

a)
Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera,
legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de
los recursos públicos,

b)
Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los
recursos del sector público provincial;

c)
Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el
comportamiento financiero del sector público provincial, de forma tal que resulte
útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión
de los responsables de cada una de las áreas administrativas;

d)
Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción
o entidad del sector público provincial, la implantación y mantenimiento de:

1) Un sistema contable adecuado a las
necesidades del registro e información y acorde con su naturaleza jurídica y
características operativas;

2) Un eficiente y eficaz sistema de control
interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la
auditoría interna;

3) Procedimientos adecuados que aseguren la
conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la
evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los
que es responsable la jurisdicción o entidad.

Esta responsabilidad se extiende al
cumplimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente
para desempeñar con eficiencia las tareas que se les asignen en el marco de
esta ley.

e)
Estructurar el sistema de control externo del sector público provincial.

Art. 5°.- La administraci6n
financiera estará integrada por los siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados
entre sí:

-- Sistema presupuestario;

-- Sistema de crédito público;

-- Sistema de tesorería;

-- Sistema de contabilidad.

Cada uno de estos sistemas
estará a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente del órgano que
ejerza la coordinación de todos ellos.

Art. 6°.- El Poder
Ejecutivo Provincial establecerá el órgano responsable de la coordinación de
los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá y
supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos.

Art. 7°.- Las disposiciones
de esta ley serán de aplicación en todo el sector público provincial, el que a
tal efecto está integrado por:

a)
Administración provincial, conformada por la administración central y los
organismos descentralizados y Comunas Rurales;

b)
El Poder Legislativo y el Poder Judicial, en cuanto la ley expresamente se
refiera a ellos.

Serán aplicables las normas
de esta ley, en lo relativo a la Rendición de Cuentas documentada de las
organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las
Instituciones o Fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo
del Estado Provincial a través de sus jurisdicciones o entidades.

Art. 8°.- En el contexto de
esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personería jurídica
y patrimonio propio y, por jurisdicción, a cada una de las siguientes unidades Institucionales:

a)
Poder Legislativo;

b)
Poder Judicial:

c)
Gobernación. Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 9°.- El ejercicio
financiero del sector público provincial comenzará el primero de enero y terminará
el treinta y uno de diciembre de cada año.

TITULO II

Del Sistema Presupuestario

CAPITULO I

Disposiciones generales y organización del
sistema

SECCION I

Normas técnicas comunes

Art. 10.- El presente título
establece los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el
proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el
sector público provincial.

Art. 11.- Los presupuestos
comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los
cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones
entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones
programadas para ese periodo, en sus cuentas corrientes y de capital, así como
la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

Art. 12.- Los presupuestos
de recursos contendrán la enumeración da los distintos rubros de ingresos y
otras fuentes de financiamiento. Incluyendo los montos estimados para cada uno
de ellos en el ejercicio. Las denominaciones de los diferentes rubros de
recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las
respectivas fuentes.

Art. 13.- En los
presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar
el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y
servicios de los organismos del sector público provincial, así como la incidencia
económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los
mismos con sus fuentes de financiamiento. La reglamentación establecerá las técnicas
de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que
serán utilizados.

Art. 14.- Cuando en los
presupuestos de las Jurisdicciones y entidades públicas se incluyan créditos
para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución
exceda al ejercicio financiero, se deberá incluir en los mismos información
sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el
futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas
de ejecución física. La aprobación de los presupuestos que contengan esta información,
por parte de la autoridad competente, implicará la autorización expresa para contratar
las obras y/o adquirir los bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo
con las modalidades de contrataciones legales vigentes.

SECCION II

Organización del sistema

Art. 15.- La Dirección
Provincial de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario del
sector público provincial.

Art. 16.- La Dirección Provincial
de Presupuesto tendrá las siguientes competencias:

a)
Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política
financiera que, para el sector público provincial, elabore el órgano
coordinador de los sistemas de administración financiera;

b)
Proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera los
lineamientos para la elaboración de los presupuestos del sector público
provincial;

c)
Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones
y evaluación de los presupuestos de la administración provincial;

d)
Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos
de las empresas y sociedades del Estado;

e)
Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la administración
provincial y proponer los ajustes que considere necesarios;

f)
Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y
presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo
provincial;

g)
Preparar el proyecto de ley de presupuesto general y fundamentar su contenido;

h)
Aprobar, juntamente con la Tesorería General de la Provincia, la programación
de la ejecución del presupuesto de la administración provincial preparada por
las jurisdicciones y entidades que la componen;

i)
Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector público
provincial regidos por esta ley y difundir los criterios básicos para un
sistema presupuestario compatible a nivel de las municipalidades;

j)
Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración
provincial e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de
acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación;

k)
Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios
establecidos por esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas;

l)
Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

Art.
17.- Integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de cumplir con
esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Dirección
Provincial de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones
presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del sector
público provincial. Estas unidades serán responsables de cuidar el cumplimiento
de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan las
autoridades competentes.

CAPITULO II

Del Presupuesto de la Administración
Provincial

SECCION I

De la Estructura de la Ley de Presupuesto
General

Art. 18.- La Ley de
Presupuesto General constará de tres títulos cuyo contenido será el siguiente:

Título I - Disposiciones
generales;

Título II - Presupuesto de
recursos y gastos de la administración central;

Título III - Presupuesto de
recursos y gastos de los organismos descentralizados.

Art. 19.- Las disposiciones
generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán
para cada ejercicio financiero. Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente
con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte.
En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no
podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir
tributos u otros ingresos. El título I incluirá, asimismo, los cuadros
agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.

Art. 20.- Para la
administración central se considerarán como recursos del ejercicio todos aquellos
que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo, oficina o
cualquier otra unidad administrativa autorizada a percibirlos en nombre de la
administración central, el financiamiento proveniente de donaciones y
operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al
Tesoro, los excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la
fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta, los montos que correspondan
a la coparticipación de impuestos nacionales y los aportes del mismo origen que
posean destino específico.

Se considerarán como gastos
del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo, se traduzcan o no
en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

Art. 21.- Para los
organismos descentralizados, la reglamentación establecerá los criterios para
determinar los recursos que deberán incluirse como tales en cada uno de esos
organismos. Los gastos se programarán siguiendo el criterio del devengado.

Art. 22.- No se podrá
destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente
el pago de determinados gastos, con excepción de:

a)
Los provenientes de operaciones de crédito público;

b)
Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado
provincial, con destino específico;

c)
Los que por leyes especiales tengan afectación especifica.

SECCION II

De la Formulación del Presupuesto

Art. 23.- El Poder
Ejecutivo Provincial fijará anualmente los lineamientos generales para la
formulación del proyecto de ley de presupuesto general.

A tal fin, practicará una
evaluación del cumplimiento de los planes y políticas provinciales y del
desarrollo general de la Provincia, preparando una propuesta de prioridades que
enmarque la política presupuestaria en general y, los planes o programas de inversiones
públicas, en particular.

Art.24.- Sobre la base de
los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados
y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Dirección Provincial de
Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general.

El proyecto de ley deberá
contener, como mínimo, las siguientes informaciones:

a)
Presupuesto de recursos de la administración central y de cada uno de los
organismos descentralizados, clasificados por rubros:

b)
Presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentralizado
los que identificarán la medición de los resultados en términos físicos y los
créditos presupuestarios;

c)
Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que
se prevén ejecutar;

d)
Las cuentas corriente y de capital para la administración central, para cada
organismo descentralizado y para el total de la administración provincial;

e)
El reglamento establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser
presentadas a la Legislatura Provincial tanto para la administración central
como para los organismos descentralizados.

Art. 25.- El Poder
Ejecutivo Provincial presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la
Legislatura antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá,
acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se
propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones
de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los
documentos que señala el art. 23, así como las demás informaciones y elementos
de juicio que estime oportunos.

Art. 26.- Si al inicio del
ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá
el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que
deberá introducir el Poder Ejecutivo Provincial en los presupuestos de la
administración central y de los organismos descentralizados:

1.-
En los presupuestos de recursos:

a) Eliminar los rubros de recursos que no puedan
ser recaudados nuevamente;

b) Suprimir los ingresos provenientes de
operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron
utilizadas;

c) Excluirá los excedentes de ejercicios
anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el
presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;

d) Estimará cada uno de los rubros de
recursos para el nuevo ejercicio;

e) Incluirá los recursos provenientes de
operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá
en el ejercicio.

2.-
En los presupuestos de gastos:

a) Eliminará los créditos presupuestarios
que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron
previstos;

b) Incluiré los créditos presupuestarios indispensables
para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de
compromisos derivados de la ejecución de tratados a los que la Provincia haya
adherido;

c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables
para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;

d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones
en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a
los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

Art. 27.- Todo incremento
del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el
Poder Ejecutivo Provincial, deberá contar con el financiamiento respectivo.

SECCION III

De la Ejecución del Presupuesto

1) Ejecución de los Recursos.

Art. 28.- La recaudación de
las rentas de la Provincia está a cargo de la Dirección General de Rentas,
salvo que la ley haya establecido un régimen de excepción.

El Director de Rentas es el
funcionario responsable de la recaudación e ingreso de los recursos que se
verifiquen a través del organismo a su cargo y está obligado a rendir cuentas
en el tiempo y forma que le fija esta ley.

Art. 29.- Los recursos cuya
recaudación no está a cargo de la Dirección General de Rentas serán percibidos
por los agentes o empleados autorizados por el Poder Ejecutivo en el lugar,
tiempo y forma determinados en las leyes y reglamentos.

Art. 30.- La
responsabilidad de los agentes encargados de la recaudación de la renta pública
o de la gestión de los créditos de igual o semejante naturaleza, se hace
extensiva a las sumas que dejaren de percibir, salvo que se justifique fehacientemente
que no ha existido negligencia de su parte.

Art. 31.- La percepción de
los recursos se efectuará por intermedio del Agente Financiero designado por el
Estado Provincial.

Art. 32.- Quienes recauden
rentas de la Provincia como agentes, gestores o a cualquier otro título, deben
efectuar el depósito respectivo, dentro de las 48 horas subsiguientes.

Art. 33.- Excepcionalmente
el Poder Ejecutivo podrá autorizar el ingreso al Tesoro en plazos superiores al
fijado por el artículo 32, pero no mayores a siete días hábiles.

Las transgresiones a los
plazos legales, determinarán la aplicación de una multa equivalente a la que
resulte de aplicar al tiempo de mora el interés que cobra el Banco Nación para
las operaciones de descuento, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que
procedan y de la actualización, en su caso, según el índice previsto en el artículo

a)
Devoluciones.

Art. 34.- El Director de Rentas
está facultado a ordenar la devolución de sumas que se requieran por acción de
repetición o ingresos indebidos, bajo su responsabilidad y la de los funcionarios
intervinientes en las actuaciones.

En estos casos, la devolución
se ordenará contra la cuenta bancaria destinada a este objeto.

En todos los casos deberá
darse intervención a la Contaduría General de la Provincia.

Queda facultado asimismo el
Director de Rentas a disponer la compensación de tales ingresos indebidos con
otros créditos exigibles.

Art. 35.- Las facultades
que el artículo anterior acuerda al Director de Rentas son extensivas a la
autoridades de los organismos descentralizados, que sean recaudadores de todo o
parte de sus recursos.

b)
Valores fiscales.

Art. 36.- La impresión o
confección de valores fiscales, como su entrega a las oficinas y organismos
encargados de su distribución, venta o cobro, se hará con intervención previa
de la Contaduría General, la que llevará la contabilidad o cargos pertinentes.

Los valores sobrantes
deberán ser incinerados.

A tal efecto, se labrará un
acta que será suscrita por el Presidente del Tribunal de Cuentas, el contador
general de la Provincia y el director general de Rentas haciendo constar, con
todos los datos de individualización, los valores incinerados.

Cuando fuere conveniente,
la incineración se suplirá por la inutilización de los valores, siguiéndose el
procedimiento del párrafo anterior.

c)
Registro de la recaudación.

Art. 37.- Diariamente el
Agente Financiero como así también las oficinas recaudadores, cursará a la
Dirección General de Rentas, o al organismo descentralizado y a la Tesorería
General un parte analítico de la recaudación, el que posteriormente será
remitido a la Contaduría General de la Provincia.

En el parte se clasificarán
los recursos de modo que puedan ser apropiados al cálculo respectivo del
presupuesto general. El parte que se envíe a la Dirección General de Rentas o
al organismo descentralizado, irá acompañado de la documentación de
recaudación.

Art. 38.- Quincenalmente la
Dirección General de Rentas practicará balance de los ingresos depositados a su
orden en el Agente Financiero. De inmediato procederá a su distribución de conformidad
con la norma de origen y con arreglo al cálculo del presupuesto.

Las transferencias a la
cuenta bancaria de la Tesorería o a la que corresponda de los organismos
descentralizados se efectuarán diariamente con comunicación a la Contaduría
General de la Provincia, a la que se le enviará copia del balance y de la pertinente
distribución de fondos.

Art. 39.- Sin perjuicio de
llevar su propia contabilidad, la Dirección General de Rentas deberá confeccionar
mensualmente un estado informativo que contenga, ordenado por rubro, por lo
menos lo siguiente:

a)
Total calculado en el presupuesto;

b)
Recaudación del período; y,

c)
Recaudación equivalente del año anterior.

d)
Apropiación de los recursos.

Art. 40.- La contabilidad
de los recursos está a cargo de la Contaduría General de la Provincia, la que
apropiará al ejercicio los ingresados al Tesoro o en sus respectivas cajas recaudadoras
hasta el 31 de diciembre, separando lo afectado a destinos determinados o a
fondos especiales.

e)
Leyes impositivas.

Art. 41.- Las disposiciones
legales sobre recursos no caducarán al fenecer el ejercicio en que fueron
dictadas y serán aplicadas en tanto no se deroguen o modifiquen, salvo que indiquen
término de vigencia.

f)
Créditos incobrables.

Art.42.- Las sumas a
recaudar que no pudieren hacerse efectivas por resultar incobrables podrán ser
declaradas tales por el Poder Ejecutivo Provincial o por los funcionarios que
determine la reglamentación, una vez agotados los medios para lograr su cobro.
La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del
Estado ni de la responsabilidad en que pudiera incurrir el funcionario o
empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuera imputable. Tal
declaración sólo tiene efecto respecto de la previsión y/o ejecución
presupuestaria.

2) De los Gastos.

Art. 43.- Los créditos del presupuesto
de gastos, con los niveles de desagregaci6n que haya aprobado la Legislatura
Provincial según las pautas establecidas en el art. 24 de esta ley, constituyen
el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.

Art. 44.- Una vez
promulgada la ley de presupuesto general, el Poder Ejecutivo Provincial decretará
la distribución administrativa del presupuesto de gastos.

La distribución
administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada
hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de
programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de
Presupuesto General. El dictado de éste instrumento normativo implicará el
ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el
uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios
para su financiamiento.

Art. 45.- Se considerará
gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto,
cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación
establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo
y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación de los demás
aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.

Art. 46.- Las
jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están obligadas a llevar los
registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije la
reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el momento en
que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y. en materia de
presupuesto de gastos, además del momento del devengado, según lo establece el
artículo precedente, las etapas de compromiso y del pago. El registro del compromiso
se utilizara como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de
los créditos presupuestarios y el del pago, para reflejar la cancelación de las
obligaciones asumidas.

A los efectos de su
registro contable, se entenderá por compromiso el acto de autoridad competente,
ajustado a las normas legales de procedimiento, que de origen a una relación jurídica
con terceros y que en el futuro origine la eventual obligación de pagar una
suma determinada de fondos y/o valores, referidos por su importe y concepto a
aquellos créditos.

Exceptuase del régimen señalado
a aquellos gastos cuyo monto solo puede establecerse al momento de su devengamiento.

Art. 47.- No se podrán
adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos
presupuestarios, ni disponer de los créditos para una f1nalldad distinta a la
prevista.

Art. 48.- A los fines de
garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los
resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y
entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y
financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la
reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten
los órganos rectores de los sistemas presupuestario y de tesorería.

Dicha programación será
ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la
forma y para los períodos que se establezca.

El monto total de las
cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto
de los recursos recaudados durante el mismo.

Art. 49.- Los órganos de
los tres poderes del Estado determinarán, para cada uno de ellos, los límites
cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer compromisos
por sí o por la competencia especifica que asignen, al efecto, a los
funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable.

La reglamentación
establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las
habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley.

Art. 50.- Facúltase al
órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a afectar los
créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos descentralizados,
destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine
la reglamentación.

Art. 51.- La reglamentación
establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley
de Presupuesto General que resulten necesarias durante su ejecución. Quedarán
reservadas a la Legislatura Provincial las decisiones que afecten el monto
total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los
cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los
gastos de capital o de las aplicaciones financieras y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.

Art. 52.- Toda ley que
autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las
fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

Art. 53.- El Poder
Ejecutivo Provincial podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en
la Ley de Presupuesto General para atender el socorro inmediato por parte del
gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza
mayor.

Estas autorizaciones
deberán ser remitidas para su aprobación a la Legislatura Provincial en el
mismo acto en que se las disponga, acompañando los elementos de juicio que
permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron
dentro de las revisiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros
presupuestarios imputables.

Art. 54.- Las
autorizaciones para gastar aprobadas por el Presupuesto General de la Provincia
en las partidas específicas a las que se imputan los gastos en personal de los
tres poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones serán
distribuidas analíticamente por sus autoridades naturales. Dicha distribución
asignará la totalidad de estipendios, tengan o no carácter remunerativo, que
les correspondan a las autoridades, miembros integrantes y personal de cada uno
de los tres poderes, incluidas las Comunas Rurales en concepto de asignación
del cargo, categoría, clase, grado o nivel, adicionales generales o
particulares o cualquier otro tipo de retribución o remuneración.

Respecto a los actos de
administración, disposición e imputación de los créditos presupuestarios que se
aprueben por Ley de Presupuesto General para los Poderes Legislativo y
Judicial, los mismos serán adoptados mediante decretos o acordadas de sus respectivas
presidencias, en uso de las facultades que les son propias.

Asimismo, la rendición de
los gastos de funcionamiento dispuestos en función de las atribuciones
conferidas en el párrafo anterior, se hará mediante recibos de la percepción de
los importes liquidados, igual facultad tendrá el servicio administrativo de la
gobernación para los gastos de funcionamiento realizados exclusivamente en esa
jurisdicción.

Régimen de Contrataciones

1 - Compras.

Art. 55.- Toda compra así
como las contrataciones sobre trabajos, suministros de especies, locación,
arrendamiento y servicios que se realicen por cuenta de la Provincia, será
efectuada mediante licitación pública. No obstante podrá contratarse por
licitación privada o concurso de precios cuando el importe estimado de la operación
no sea superior a PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-).

El Ministerio de Economía
deberá actualizar mediante resolución los montos consignados en el presente
artículo y en los artículos 56 y 59, inciso 1°, en base al incremento del nivel
general del índice de precios al consumidor de bienes y servicios en San Miguel
de Tucumán, experimentado en el trimestre anterior y suministrado por la
Dirección Provincial de Estadística. Dichas resoluciones deberán emitirse antes
del día quince (15) del mes siguiente al vencimiento del trimestre y serán aprobadas
por el Poder Ejecutivo.

Art. 56.- El Poder
Ejecutivo aprobará las contrataciones que excedan los PESOS DOS MILLONES ($
2.000.000.-) quedando facultado a determinar los funcionarios que autorizarán
los actos respectivos cualquiera sea su importe y los que aprobarán aquellos
menores de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-).

Art. 57.- Podrán aceptarse
ofertas en las licitaciones, aun cuando se trate de propuestas únicas, si
aquellas se ajustaron a las normas vigentes y éstas resulten convenientes al interés
fiscal.

También podrán rechazarse
todas las propuestas sin que ello genere derecho alguno de parte del oferente.

Art. 58.- Las licitaciones
públicas se anunciarán por lo menos en el BOLETIN OFICIAL y durante un máximo
de diez (10) días.

El reglamento establecerá
otros medios y fijará los plazos de anticipación de la publicación en relación
a la fecha de apertura como así también su duración y otras características.

En este sentido se regularán
los anuncios prudentemente de modo que su costo no desnaturalice el efecto
perseguido en la puja pública de precios.

Art. 59.- No obstante lo
dispuesto en el artículo 56, podrá contratarse en forma directa:

Cuando la operación no exceda los PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).

Por razones de urgencia o emergencia imprevisible y únicamente por el mínimo indispensable
hasta tanto se proceda al llamado licitatorio. Todo esto siempre que se acredite
fehacientemente el estado de urgencia y necesidad invocada.

Cuando realizada una licitación no hubiera propuestas o las habidas no fueran convenientes.
La contratación directa demostrará exhaustivamente la conveniencia de la
adjudicación propiciada.

La adquisición o locación de bienes y servicios cuya producción o prestación sea
exclusiva de quienes tengan privilegios para ello o que sólo posean una persona
o entidad y no hubiere sustituto conveniente.

La contratación de artistas, técnicos o científicos o sus obras.

Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno se mantengan secretas.

Cuando existiera escasez notoria en el mercado y siempre que se acredite
debidamente tal situación. Todas estas adquisiciones se harán por el mínimo indispensable.

Entre reparticiones oficiales o mixtas, nacionales, provinciales o municipales.

La publicidad oficial.

La compra de semovientes por selección o remate público.

Las compras o locaciones que deban realizarse en países extranjeros siempre que
no resulte posible o conveniente realizar en ellos licitación.

Las compras en remate público, previa fijación del precio máximo a abonarse en
la operación.

En los demás casos que, a criterio del Poder Legislativo expresado mediante
leyes especiales, ello sea conveniente y/o necesario por razones de bien público,
de conformidad con la letra y espíritu de la Constitución Provincial.

Salvo en el caso del inciso
1°, las demás causales de excepción serán debidamente fundadas y en cada caso
el funcionario que la invoque será responsable de su existencia u procedencia.

Las contrataciones que se
realicen al amparo de este artículo, excepción hecha de los incisos 1° y 2° y
13, serán autorizadas y aprobadas por el Poder Ejecutivo cuando su monto exceda
los PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-), quedando facultado para designar los
funcionarios que autorizarán y aprobarán los montos inferiores a PESOS DOS MILLONES
($ 2,000.000.-).

Art. 60.- El Poder Legislativo,
el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, en sus respectivos ámbitos,
designarán los funcionarios que reglamentariamente autorizarán y aprobarán las
compras y demás contrataciones.

En los organismos
descentralizados la autorización y aprobación será dispuesta por la autoridad
que sea competente según la respectiva ley y sus reglamentos.

Art. 61.- El Poder Ejecutivo
deberá reglamentar el proceso de compras de manera que las limitaciones que la
ley establece no resulten violadas con contrataciones parciales, sucesivas o simultáneas.

Asimismo determinaré la
forma y monto de las fianzas respectivas, pudiendo exceptuar de tales
exigencias a las entidades oficiales de cualquier Estado de la República o a
esos estados mismos.

Art. 62.- Quedan
exceptuados del régimen de contrataciones los servicios públicos esenciales
prestados en forma de monopolio o a los cuales deba necesariamente recurrirse. La
conformidad y aprobación de sus créditos quedará reservada a los funcionarios
que la reglamentación señale.

2 - Ventas.

Art. 63.- Toda venta de
bienes muebles, arrendamientos y locación de inmuebles será efectuada mediante
el procedimiento de licitación pública o remate público previamente enunciado con
especificación de base, modo de pago y demás condiciones que hagan a las
contrataciones, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder
Ejecutivo.

No se dispondrá venta alguna
sin que por los organismos técnicos se haga el correspondiente justiprecio. La
base para la venta será siempre por lo menos el setenta y cinco por ciento
(75%), del justiprecio.

Las concesiones sin régimen
legal especial se adjudicarán por licitación o remate público.

Art. 64.- No obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, podrá autorizarse la venta:

a)
Por licitación privada, cuando su justiprecio no exceda de PESOS OCHOCIENTOS
MIL ($ 800.000.-).

b)
Por concurso de precios cuando su justiprecio no exceda de PESOS DOSCIENTOS MIL
($ 200.000.-).

c)
En forma directa:

1) De elementos en condición de rezago
cuando su justiprecio no exceda de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-). Este monto,
como los consignados en los incisos a) y b), será actualizado por el procedimiento
establecido en el artículo 55.

2) De elementos que provengan o intervengan
en la producción que realizan los organismos que tengan carácter de empresa o
que persigan fines de experimentación o fomento, con excepción de los bienes de
uso.

3) De elementos perecederos que deban
enajenarse en forma inmediata.

4) A organismos nacionales, provinciales o
municipales o entidades en las que las provincias tengan participación.

5) De los bienes para los cuales en el acto
de licitación o remate no hubiere habido proponentes u ofertas admisibles o
convenientes. En tales casos la venta se hará como mínimo por la base y deberá
operarse dentro de un lapso posterior al remate o licitación, no mayor de seis
meses.

6) De bienes fuera de uso o en condición de
rezago, previa tasación por organismos técnicos o funcionarios competentes, a
entidades de bien público con personería jurídica debidamente acreditada.

Art. 65.- La autorización y
aprobación de las contrataciones a que se refieren los artículos 63 y 64
corresponde al Poder Ejecutivo o a las autoridades que éste determine
reglamentariamente.

La autoridad facultada para
contratar podrá rechazar todas las ofertas sin lugar a indemnización alguna.

El Poder Legislativo, el
Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas podrán, en sus respectivos ámbitos, designar
los funcionarios que autorizarán y aprobarán las ventas y demás contrataciones
a realizar.

En los organismos
descentralizados la autorización y aprobación serán acordadas por las autoridades
que sean competentes según esta ley y su reglamento.

Art. 66.- La venta de inmuebles
a la Nación, provincias, municipios y particulares sólo podrá efectuarse por
ley.

Art. 67.- Los remates
podrán efectuarse por intermedio de oficinas especializadas en la materia, sean
del Estado Nacional, provincial o municipal.

Art. 68.- Mediante el
régimen establecido en este apartado podrá autorizarse la entrega a cuenta de
precio de bienes muebles o semovientes. En tal caso el Estado fijará en la
forma dispuesta la base mínima, que no podrá ser rebajado por los oferentes. Al
concretarse la operación con el adjudicatario el Estado percibirá el bien nuevo
y entregará el bien ofertado pagando la diferencia según está establecido en la
propuesta.

SECCION IV

Del Cierre de Cuentas

Art. 69.- Las cuentas del
presupuesto de recursos y gastos se cerrarán el 31 de diciembre de cada año.
Después de esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto
vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la
obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de
diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con
cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

Art. 70.- Los gastos
comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio.

Los gastos devengados y no
pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelarán durante el año siguiente
con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.

Art. 71.- Al cierre del
ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y
captación de recursos de la administración provincial y se procederé al cierre
del presupuesto de recursos de la misma.

Del mismo modo procederán
los organismos ordenadores de gastos y pagos con el presupuesto de gastos de la
administración provincial.

Esta información, junto al
análisis de correspondencia entre los gastos y la producción de bienes y servicios
que preparará la Dirección Provincial de Presupuesto, será centralizada en la
Contaduría General de la Provincia para la elaboración de la cuenta de inversión
del ejercicio que. de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial, debe
remitir anualmente el Poder Ejecutivo a la Legislatura Provincial.

SECCION V

De la Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria

Art. 72.- La Dirección
Provincial de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la
administración provincial tanto en forma periódica, durante el ejercicio, como
al cierre del mismo.

Para ello, las jurisdicciones
y entidades de la administración provincial deberán:

a)
Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus
presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes;

b)
Participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Dirección
Provincial de Presupuesto.

Art. 73.- Con base en la información
que señala el artículo anterior, en la que suministre el sistema de
contabilidad gubernamental y otras que se consideren pertinentes, la Dirección
Provincial de Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos
y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, interpretará
las variaciones operadas con respecto a lo programado, procuraré determinar sus
causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades superiores
y los responsables de los organismos pertinentes.

La reglamentación establecerá
los métodos y procedimientos para la aplicación de las disposiciones contenidas
en esta sección.

CAPITULO III

Del Presupuesto Consolidado del Sector
Público Provincial

Art. 74.- La Dirección
Provincial de Presupuesto preparará anualmente al presupuesto consolidado del
sector público, el cual presentará información sobre las transacciones netas
que realizará este sector con el resto de la economía y contendrá, como mínimo,
la siguiente información:

a)
Una síntesis del presupuesto general del Sector Público Provincial;

b)
La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en
agregados institucionales útiles para el análisis económico;

c)
Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el
sector público provincial;

d)
Información de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos
que se estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos
financieros;

e)
Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados
sobre el resto de la economía.

El presupuesto consolidado
del sector público provincial será presentado al Poder Ejecutivo Provincial,
antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder
Ejecutivo Provincial será remitido para conocimiento de la Legislatura
Provincial.

TITULO III

Del Sistema de Crédito Público

Art. 75.- El crédito
público se rige por las disposiciones de la Constitución de la Provincia, esta
ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.

Se entenderá por crédito
público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar
medios de financiamiento para realizar inversiones, para atender casos de
evidente necesidad provincial, para reestructurar su organización o para
refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.

Art. 76.- El endeudamiento
que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y
puede originarse en:

a)
La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano
plazo, constitutivos de un empréstito;

b)
La emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el
ejercicio financiero;

c)
La contratación de préstamos con instituciones financieras;

d)
La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial
se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero
posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan
devengado anteriormente;

e)
El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el
periodo del ejercicio financiero;

f)
La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.

No se considera deuda pública
la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del art. 107
de esta ley.

Art. 77.- Ninguna entidad
del sector público provincial podré iniciar trámites para realizar operaciones
de créditos público sin la autorización previa del órgano coordinador de los
sistemas de administración financiera.

Art. 78.- Las entidades de
la administración provincial no podrán formalizar ninguna operación de crédito
público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año
respectivo o en una ley específica.

La Ley de Presupuesto
General debe indicar como mínimo las siguientes características de las
operaciones de crédito público autorizadas:

- Tipo de deuda;

- Monto máximo autorizado
para la operación;

- Plazo mínimo de
amortización;

- Destino del financiamiento.

Si las operaciones de
crédito público de la administración provincial no estuvieran autorizadas en la
Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley que las
autorice expresamente.

Art. 79.- El órgano
coordinador de los sistemas de administración financiera fijará las características
y condiciones no previstas en esta ley, para las operaciones de crédito público
que realicen las entidades del sector público provincial.

Art. 80.- Los avales, fianzas
o garantías de cualquier naturaleza, que cualquier ente público otorgue a
personas ajenas a este sector, requerirán de una ley.

Art. 81.- El Poder Ejecutivo
Provincial podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la
deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la
medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de
las operaciones originales.

Art. 82.- Las operaciones
de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la
presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad
personal de quienes las realicen.

Las obligaciones que se
derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a
cualquier otra entidad contratante del sector público provincial.

Art. 83.- El órgano
coordinador de los sistemas de administración financiera tendrá la facultad de
redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante
operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las condiciones de
la operación respectiva y las normas presupuestarias.

Art. 84.- La reglamentación
determinará el órgano rector del sistema de Crédito Público, con la misión de
asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento
que se obtengan mediante operaciones de crédito público.

Art. 85.- En el marco del
artículo anterior dicho órgano rector tendrá competencia para:

a)
Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política
financiera que; para el sector público provincial, elabore el órgano
coordinador de los sistemas de administración financiera;

b)
Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito;

c)
Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público
provincial;

d)
Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito
público;

e)
Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos,
así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo
el ámbito del sector público provincial;

f)
Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen
para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;

g)
Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado
al sistema de contabilidad gubernamental;

h)
Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la
deuda pública y supervisar su cumplimiento;

i)
Todas las demás que le asigne la reglamentación.

Art. 86.- El servicio de la
deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los
intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido
en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las
entidades del sector público deberán formularse previendo los créditos
necesarios para atender el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo
Provincial podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan
en término el servicio de la deuda pública, el monto del mismo conforme a lo
convenido.

TITULO IV

Del Sistema de Tesorería

Art. 87.- El sistema de
tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos
que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran
el flujo de fondos del sector público provincial, así como en la custodia de
las disponibilidades que se generen.

Art. 88.- La Tesorería General
de la Provincia será el órgano rector del sistema de tesorería y como tal
coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que
operen en el sector público provincial, dictando las normas y procedimientos
conducentes a ello.

Art. 89.- La Tesorería
General tendrá competencia para:

a)
Elaborar juntamente con la Dirección Provincial de Presupuesto la programaci6n
de la ejecución del presupuesto de la administración provincial y programar el
flujo de fondos de la administración central;

b)
Centralizar la recaudación de los recursos de la administración central y distribuirlos
en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las
obligaciones que se generen;

c)
Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar
su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de
acuerdo con la Ley General de Presupuesto;

d)
Administrar el sistema de cuenta única o de fondo unificado de la
administración provincial que establece el art. 94 de esta ley;

e)
Emitir Letras del Tesoro, en el marco de esta ley;

f)
Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito
del sector público provincial;

g)
Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el
seguimiento y evaluación de su ejecución;

h)
Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realicen
las entidades del sector público provincial en instituciones financieras del
país o del extranjero:

i)
Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de
terceros que se pongan a su cargo;

j)
Todas las demás funciones que en el marco de esta ley, le adjudique la
reglamentación.

Art. 90.- La Tesorería
General estará a cargo de un tesorero general que será asistido por un subtesorero
general. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Para ejercer ambos cargos
se requerirá título universitario en alguna de las ramas de las ciencias
económicas.

Art. 91.- El tesorero general
dictará el reglamento interno de la Tesorería General de la Provincia y asignará
funciones al subtesorero general.

Art. 92.- Funcionará una
Tesorería Central en cada jurisdicción y entidad de la administración
provincial. Estas tesorerías centralizarán la recaudación de las distintas
cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las
mismas y cumplirán los pagos que autorice el respectivo servicio
administrativo.

Art. 93.- Los fondos que
administren las jurisdicciones y entidades de la administración provincial se
depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del
servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus veces.

Art. 94- El órgano
coordinador de los sistemas de administración financiera instituirá un sistema
de cuenta única del Tesoro de fondo unificado de cuentas, según lo estime
conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el porcentaje
que disponga el reglamento de la ley.

Art. 95.- Los órganos de
los tres Poderes del Estado y la autoridad superior de cada una de las
entidades descentralizadas que conformen la administración provincial, podrán
autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el
régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

A estos efectos, las
tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter
de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.

Art. 96.- La Tesorería
General de la Provincia podrá emitir Letras del Tesoro para cubrir deficiencias
estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto
general. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio
financiero en que se emiten.

Art. 97.- Los organismos descentralizados,
dentro de los límites que autorizan los respectivos presupuestos y previa
conformidad de la Tesorería General de la Provincia, podrán tomar préstamos temporarios
para solucionar sus déficits estacionales de caja, siempre que cancelen las
operaciones durante el mismo ejercicio financiero.

Art. 98.- El órgano
coordinador de los sistemas de administración financiera dispondrá la
devolución a la Tesorería General de la Provincia de las sumas acreditadas en
las cuentas de las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo,
cuando éstas se mantengan sin utilización por un período no justificado.

TITULO V

Del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Art. 99.- El sistema de
contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios,
órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar,
procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar
el patrimonio de la hacienda pública.

Art. 100.- Será objeto del
sistema de contabilidad gubernamental:

a)
Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la
situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades;

b)
Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por
parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados
en la misma;

c)
Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo
ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas
internas o externas;

d)
Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público
se integre al sistema de cuentas provinciales.

Art. 101.- El sistema de
contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales:

a)
Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público
provincial;

b)
Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y
patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas provinciales;

c)
Expondré la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y
las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades
públicas;

d)
Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas;

e)
Estará basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general,
aplicables en el sector público.

Art. 102.- La Contaduría
General de la Provincia será el órgano rector del sistema de contabilidad
gubernamental y, como tal, responsable de prescribir, poner en funcionamiento y
mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público provincial.

Art. 103.- La Contaduría
General de la Provincia estará a cargo de un contador general que será asistido
por un subcontador general, debiendo ser ambos designados por el Poder
Ejecutivo Provincial.

Para ejercer los cargos de
contador general y de subcontador general, se requerirá titulo universitario de
contador público.

Art. 104.- El contador
general dictará el reglamento interno de la Contaduría General de la Provincia
y asignará funciones al subcontador general.

Art. 105.- La Contaduría
General de la Provincia tendrá competencia para:

a)
Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector publico
provincial. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la
periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros
a producir por las entidades públicas;

b)
Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados
por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas
y requerimientos de información de su dirección;

c)
Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades del sector público provincial
en la implantación de las normas y metodologías que prescriba;

d)
Coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al
registro contable primario de las actividades desarrolladas por las
jurisdicciones de la administración central y por cada una de las demás
entidades que conforman el sector público provincial;

e)
Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos
de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y
cierre necesarias y producir anualmente los estados contable-financieros para
su remisión al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia y su posterior
presentación a la Legislatura;

f)
Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita
conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como los
resultados operativo, económico y financiero de la administración central, de
cada entidad descentralizada y del sector público provincial en su conjunto;

g)
Coordinar con las municipalidades la aplicación, en el ámbito de éstas, del
sistema de información financiera que deberán desarrollar con el objeto de
presentar la información consolidada de todo el sector público provincial;

h)
Preparar anualmente la cuenta de inversión y presentarla a la Legislatura Provincial;

i)
Mantener el archivo general de documentación financiera de la administración
provincial;

j)
El control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo
Provincial y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del estado
que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas
orientativas y estructura orgánica;

k)
Intervenir las entradas y salidas del tesoro y arquear sus existencias;

l)
Intervenir en la emisión y distribución de valores fiscales y suscribir
conjuntamente con el Tribunal de Cuentas y la Dirección General de Rentas, las
actas por las que se deje constancia de la incineración o inutilización de
tales valores;

m)
Efectuar arqueos e inspecciones integrales en los servicios administrativos, informando
a las autoridades respectivas y al Ministro competente de los resultados,
proponiendo las medidas pertinentes cuando correspondan observaciones;

n)
Realizar auditorías de tipo integral en la administración central y
descentralizada;

o)
Ejercer el control preventivo de los actos de adjudicación y demás que impliquen
un compromiso de los que deben ser registrados conforme al artículo 44 de la
presente ley.  Dicho control se ejercerá necesariamente
en esa única oportunidad y cuando a raíz del mismo, o por cualquier otra vía,
la Contaduría General tomare conocimiento de un acto que implique transgresión
a normas legales vigentes;

p)
Todas las demás funciones que le asigne el reglamento.

Art. 106.- Dentro de los
tres (3) meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del sector
público provincial, excluida la administración central, deberán entregar a la
Contaduría General de la Provincia los estados contables financieros de su
gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan.

Art. 107.- La Contaduría General
de la Provincia organizará y mantendrá en operación un sistema permanente de
compensación de deudas intergubernamentales, que permita reducir al mínimo
posible los débitos y créditos existentes entre las entidades del sector público
provincial.

Art. 108.- La Contaduría
General de la Provincia coordinará con los municipios la aplicación, en el
ámbito de competencia de éstos, del sistema de información financiera que
desarrolle, con el objeto de presentar información consolidada de todo el
sector público provincial.

Art. 109.- La cuenta de inversión,
que deberé presentarse anualmente a la Legislatura Provincial dentro del
término establecido por la Constitución Provincial, contendrá como mínimo:

a)
Los estados de ejecución del presupuesto de la administración provincial, a la
fecha de cierre del ejercicio;

b)
Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la
administración central;

c)
El estado actualizado de la deuda pública;

d)
Los estados contable-financieros de la administración central;

e)
Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público
durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos
y financieros.

La cuenta de inversión
contendrá además comentarios sobre:

a)
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;

b)
El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la
producción pública;

c)
La gestión financiera del sector público provincial.

La Cuenta de Inversión
deberá elevarse al Tribunal de Cuentas hasta el 31 de mayo del año siguiente a
efectos de su competencia.

El Tribunal de Cuentas
estudiará la documentación e informará sobre los aspectos legales y contables
agregando una relación sumaria de las observaciones formuladas, como así del
uso de las facultades que le acuerda el art. 125 de esta Ley.

En la introducción a la
cuenta de inversión el Tribunal de Cuentas puntualizará los aspectos técnicos
que a su juicio sean pertinentes, tanto en relación a recursos como a erogaciones,
sean estos de la administración central o de los organismos descentralizados,
aconsejando al Poder Legislativo sobre las orientaciones que en su opinión
deben seguirse.

Concluido su informe el
Tribunal de Cuentas remitirá la cuenta de inversión al Poder Ejecutivo para ser
elevada a la Honorable Legislatura ante del 1° de octubre siguiente.

Una comisión de la
Honorable Legislatura se abocará al estudio de la cuenta de inversión a cuyo
efecto le serán suministrados todos los antecedentes que requiera de cualquier
Poder del Estado.

La comisión se expedirá
para antes del 1 de mayo siguiente, si no lo hiciera la H. Legislatura tomará
como despacho el informe del Tribunal de Cuentas.

Si dentro del segundo
periodo ordinario de sesiones siguiente la H. Legislatura no se expidiere, la
cuenta de inversión se considerará aprobada.

TITULO VI

De los Sistemas de Control

Capítulo I

Del Sistema de Control Interno

Art. 110.- Es materia de la
competencia de las jurisdicciones y los organismos descentralizados, la
estructuración de sus respectivos controles internos.

Art. 111.- Cada
jurisdicción del estado reglamentará sus métodos y procedimientos de trabajo,
normas de control interno y su estructura orgánica. A tal fin la jurisdicción podrá
delegar tal facultad en el funcionario u organización que estime conveniente.
Los mismos serán coordinados técnicamente por la Contaduría General de la
Provincia.

Art. 112.- La auditoría interna
es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las
actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace
referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de
auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán
mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

Art. 113.- El modelo de
control que aplique la auditoría interna deberá ser integral e integrado,
abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos,
la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en
criterios de economía, eficiencia y eficacia.

Capítulo II

Del Sistema de Control Externo

Art. 114.- El Tribunal de
Cuentas de la Provincia es el organismo que ejercerá el control externo en el
ámbito de la Administración Pública Provincial.

Art. 115.- El Tribunal de
Cuentas de la Provincia ejerce poder jurisdiccional en sede administrativa, con
las facultades que le confiere la presente ley y demás normas y/o resoluciones que
dicte en consecuencia. Para el desempeño de su cometido, goza de plena autonomía
funcional y presupuestaria.

Contra sus pronunciamientos
corresponde la acción contenciosa administrativa ante la justicia de la
Provincia.

Composición

Art. 116.- El Tribunal de
Cuentas de la Provincia estará integrado por tres miembros: un Presidente y dos
Vocales, los que deberán poseer título universitario en el área de Ciencias Económicas
o de Abogado, indistintamente.

Para ocupar los cargos se
requiere tener como mínimo treinta y cinco (35) años de edad, ser ciudadano
argentino o naturalizado, tener diez (10) años de ejercicio profesional o igual
tiempo de Magistrado Judicial o diez (10) años de carrera administrativa y
acreditar residencia inmediata anterior de por lo menos dos (2) años en la
Provincia.

Los miembros del Tribunal
elegirán de su seno, al Presidente, que durará dos años (2) en sus funciones y
podrá ser reelegido.

Inhabilidades

Art. 117.- No podrán ser
miembros del Tribunal los que se encuentren concursados o estuvieren inhibidos
por deuda exigibles reconocidas por resolución judicial.

Tampoco podrán ser miembros
del Tribunal, los que hayan sido condenados por delitos dolosos.

Nombramiento

Art. 118.- Los miembros del
Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la
Legislatura, durarán seis (6) anos en sus funciones, serán reelegibles y podrán
ser separados de sus cargos por la Legislatura de la Provincia, con causa
justificada y con el voto de los dos tercios (2/3) de los Legisladores
presentes.

Juramento

Art. 119.- Los miembros del
Tribunal de Cuentas deberán prestar juramento al asumir el cargo en la
siguiente forma: El Presidente lo hará ante los vocales y éstos ante el
Presidente. El juramento se prestará ante los miembros que existan en ejercicio
del cargo.

Si la vacancia fuera
absoluta, jurará previamente el Presidente y luego ante éste los vocales.

Las fórmulas del juramento
será conforme las previsiones de los artículos 4° y 62 de la Constitución de la
Provincia.

En todos los casos se
labrará acta.

Prerrogativas y Excusaciones

Art. 120.- El Presidente y
los Vocales del Tribunal de Cuentas gozarán de las mismas prerrogativas y sus
remuneraciones no podrán exceder en todo concepto a la que gozan los Vocales de
las Cámaras de Apelaciones del Poder Judicial de la Provincia.

Es incompatible el desempeño
de los cargos con el ejercicio profesional. Asimismo se aplicarán las incompatibilidades
que establecen las leyes respectivas para los Magistrados del Poder Judicial.

En caso de inhabilidad
impedimento o ausencia serán remplazados, cuando sea necesario integrar el
Tribunal en la forma que se determina en la presente ley.

El Presidente deberá
excusarse cuando se juzgue las rendiciones de cuentas del Tribunal.

Los miembros del Tribunal
de Cuentas no podrán aceptar ni desempeñar comisiones o funciones Públicas
encomendadas por ningún otro organismo del estado. Podrán llevar a cabo estudios
e investigaciones de su especialidad como asimismo ejercer la docencia en todos
sus grados.

Jurisdicción sobre responsables

Art. 121.- Todo funcionario
o agente de la Administración Provincial y los terceros ajenos a la misma, sean
organismos, instituciones y/o personas, a quienes se les haya confiado el
cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o
custodiar fondos, valores y otros bienes de pertenencia del Estado, o puesto
bajo su responsabilidad, como así también los que sin tener autorización para
hacerlo tomen injerencia en las funciones o tareas mencionadas, estarán obligados
a rendir cuenta de su gestión y por lo tanto quedan sujetos a la jurisdicción
del Tribunal de Cuentas. Esta responsabilidad se extenderá a la gestión de los
créditos del Estado por cualquier título que fuera, a las rentas que custodia y
a la pérdida o sustracción de los mismos, salvo que justificaren que no medió
negligencia de su parte.

Los funcionarios que violen
el artículo 43 y concordantes de esta ley, responderán por el importe gastado
que exceda el crédito puesto a su disposición, salvo que la autoridad
competente proceda al ajuste presupuestario antes del fallo del Tribunal.

Los actos u omisiones violatorias
de disposiciones legales o reglamentarias, comportarán responsabilidad
solidaria para quienes lo dispongan, ejecuten o intervengan. Los funcionarios o
agentes públicos que reciban órdenes de hacer o no hacer, deberán advertir por
escrito a su superior jerárquico, sobre toda posible infracción o perjuicio que
traiga aparejado el cumplimiento de dichas órdenes, como única manera de eludir
la responsabilidad solidaria establecida en el primer párrafo del presente artículo.
En particular, cesará la responsabilidad de los contadores fiscales que hubiesen
observado el acto irregular sometido a su intervención.

Art. 122.- Los jefes de los
Servicios Administrativos son responsables de su gestión ante el Tribunal de
Cuentas.

Fianzas

Art. 123.- El Poder
Ejecutivo determinará el monto, tiempo y forma de las fianzas que deberán
presentar los agentes de la administración comprendidos en el artículo 121 de
esta ley.

Competencia del Tribunal de Cuentas

Art. 124.- El Tribunal de
Cuentas ejercerá:

El control preventivo de todo acto administrativo que implique el empleo de
fondos públicos realizados por los distintos organismos dependientes del Estado
Provincial, organismos descentralizados u otros que se crearen.

En este ámbito de su
competencia, su gestión deberá orientarse en el sentido de aconsejar las
soluciones a las cuestiones propiciadas por la administración. Este contralor
preventivo será realizado:

a) Normalmente, por intermedio de
contadores fiscales.

A tales efectos, el Tribunal de Cuentas
podrá destacar contadores fiscales delegados en los organismos respectivos o indicará,
en la sede del Tribunal, contadores fiscales que actuarán con igual función que
los contadores fiscales delegados para aquellos organismos que los tuvieran
destacados;

b) Excepcionalmente, en forma directa, lo que
tendrá lugar cuando la autoridad de la que emane el acto opte por esta vía de
contralor o cuando el tribunal decida intervenir de oficio por conocimiento que
tenga del acto por otras vías.

El control de los procesos, la recaudación de los recursos fiscales, según un
sistema permanente que instaurará el Tribunal de Cuentas.

El contralor posterior previsto en el artículo 126.

Art. 125.- En casos de
urgencias que no admitan dilaciones, el Tribunal podrá proponer soluciones a la
autoridad correspondiente o aprobar procedimientos o medidas que ésta someta a su
consideración, tendientes a evitar situaciones irregulares que puedan acarrear
perjuicio fiscal, o bien hacer cesar los efectos de las que se están
produciendo.

Estas decisiones se
adoptarán pese al silencio de la ley en la materia y el Tribunal las comunicará
oportunamente a la Honorable Legislatura al elevar la cuenta del ejercicio.

Art. 126.- El Tribunal de
Cuentas ejercerá el contralor posterior o de juzgamiento de las cuentas de
percepción e inversión de las rentas públicas, como también de todo acto
administrativo o hecho que interese al patrimonio fiscal, realizados por
funcionarios o agentes públicos o imputables a los mismos.

Esta facultad
jurisdiccional la ejercerá por medio de juicio de cuentas o por el juicio de responsabilidad
según el caso y conforme a los procedimientos establecidos en esta ley.

La intervención decisoria
del Tribunal la hará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 de la
Constitución Provincial, a cuyo efecto deberá remitir a la Honorable
Legislatura la cuenta de inversión en los términos del artículo 109 de la
presente ley.

Art. 127.- A los fines del
contralor preventivo del artículo 124, inciso 1° de la presente ley todos los
actos administrativos referidos a la hacienda pública deberán ser comunicados,
antes de entrar en la ejecución, al Contador Fiscal Delegado o indicado, en
original o copia autenticada, con todos los antecedentes que lo determinen. La
autoridad que genera el acto, podrá prescindir de la intervención de dicho
Contador Fiscal, disponiendo la comunicación directamente al Tribunal.

No será necesaria la
comunicación cuando el acto fuere la consecuencia prevista de uno anterior
comunicado y no observado, o cuando la excepción hubiere sido consagrada por disposiciones
legales, o cuando por impedimentos o inconvenientes materiales, justificando a exclusivo
juicio del Tribunal de Cuentas, éste haya dispuesto previamente la exención o
la haya consentido a solicitud de los respectivos organismos.

Cuando el análisis fuere
realizado por el Contador Fiscal delegado o indicado, éste, dentro de los dos
(2) días de habérsele comunicado el acto, si considerare que existen transgresiones
legales o reglamentarias, formulará la observación pertinente que hará saber a la
autoridad que generó el acto, quedando éste, desde entonces, suspendido en su
cumplimiento. La autoridad que no se conformare con la observación deberá
sostener el acto ante el Tribunal de Cuentas, acompañando circunstanciada
fundamentación conjuntamente con los antecedentes respectivos. Excepcionalmente
y cuando circunstancias que puedan comprometer la hacienda pública, lo justifiquen,
el Tribunal podrá establecer que esa observación y la efectuada en virtud del
artículo 128, no tendrá efectos suspensivos.

Cuando el análisis fuere
efectuado directamente por el Tribunal de Cuentas, éste tendrá un plazo de
cinco (5) días para expedirse y la observación que formulare tendrá el carácter
de formal oposición. Este plazo podrá extenderse cuando el Tribunal dispusiere
medidas para mejor proveer que demanden la obtención de informaciones o
antecedentes complementarios, por el tiempo requerido para ello, que no podrá
exceder de diez (10) días.

De iguales plazos dispondrá
el Tribunal cuando conociere en segundo grado, por impulso de la autoridad de
la cual emanó del acto, de una observación ya formulada por un contador fiscal delegado
o indicado, o un jefe de servicio administrativo, o cuando se sometiere a
ratificación una observación de Contaduría General de la Provincia a tenor del
artículo 105. Cuando el pronunciamiento del Tribunal fuere manteniendo o
ratificando la observación, ello tendrá el efecto de formal oposición.

En todos los casos en los
que medie formal oposición del Tribunal de Cuentas, el acto sólo podrá
cumplirse mediando insistencia del Poder Ejecutivo por decreto firmado en
acuerdo de ministros. Para ello, el Poder Ejecutivo gozará de un plazo de
quince (15) días a contar desde la notificación de la oposición legal,
transcurrido el cual sin emitirse el decreto-acuerdo de insistencia, el acto
observado perderá eficacia definitivamente.

En los ámbitos de los
poderes legislativo y judicial, la facultad de insistencia corresponde al Presidente
de la Legislatura y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Emitido el decreto-acuerdo
de insistencia, el Tribunal cursará de inmediato copla del mismo a la
Legislatura acompañado de una sumaria relación de las actuaciones e incorporará
los antecedentes a la cuenta del ejercicio. El decreto de insistencia no enerva
las facultades del Tribunal para la sustanciación del pertinente juicio de
responsabilidad y aplicación de las sanciones que correspondieren.

La observación del Contador
Fiscal delegado o indicado, la de la Contaduría General de la Provincia y la
formal oposición del Tribunal de Cuentas quedarán sin efecto cuando la
autoridad emisora del acto corrija, modifique o desista del mismo en los
términos de la observación u oposición.

Art. 128.- Cuando el
Contador Fiscal delegado o indicado, o la Contaduría General, o el Tribunal de
Cuentas tuviera noticias, por cualquier vía, de que se ha ejecutado un acto que
contraríe o viole disposiciones legales o reglamentarias, sin el debido
contralor preventivo, pero que ha dado origen a una prestación cumplida, no
formularán observación ni oposición formal en su caso, a que prosiga el trámite
hasta la liquidación y pago consecuente, siempre y cuando la imputación del compromiso
fuere correcta, y se limitarán a adoptar las medidas necesarias para la instrucción
de un sumario a los efectos del juicio de responsabilidad.

Exceptúense los casos en
que se cuestione la legitimidad del derecho invocado, ya sea por tratarse de
servicios, trabajos, obras o suministros que no han sido realizados para y en
beneficio del Estado o porque en el trámite de su contratación se haya
establecido o se presuma la existencia de dolo, de quien contrató con la
administración, en cuyos supuestos, además de la instrucción del sumario, se
formulará observación u oposición según  corresponda.

Art. 129.- Todo
funcionario, agente público o particular responsable de bienes públicos, responderá
de los daños que, por su culpa o negligencia, sufra el patrimonio fiscal y
estará sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, al que compete, con
carácter exclusivo, determinar las responsabilidades, formular alcances o
aplicar sanciones en la forma y medida que establece esta ley.

El Tribunal de Cuentas es
la única autoridad en sede administrativa que puede aprobar o desaprobar de
modo definitivo todo acto o procedimiento relativo a la recaudación o empleo de
fondos públicos, sin perjuicio de las atribuciones que el artículo 63, inciso
3) de la Constitución Provincial, asigna al Poder Legislativo.

Igualmente es de su
competencia exclusiva en sede administrativa, el juzgamiento de todo hecho o
acto de un funcionario, agente público o particular responsable, de los que se
derive un daño al patrimonio fiscal y en cuanto a la determinación del monto de
la indemnización o resarcimiento que corresponda.

Art. 130.- El Tribunal de
Cuentas será, asimismo, el órgano administrativo competente a los fines de
determinar la responsabilidad de los agentes y funcionarios de las municipalidades
respecto a irregularidades en la administración de fondos y bienes comunales,
con las mismas facultades que esta ley le señala para el juzgamiento de la
administración provincial.

El Concejo Deliberante y no
habiéndolo, el Ministro de Gobierno o en su caso el Secretario de Estado del
Interior, cuando el acusado sea el Intendente Municipal, o éste último cuando
se inculpe a un funcionario o agente de su dependencia, formularán acusaciones
ante el Tribunal de Cuentas, con remisión de todos los antecedentes del caso.

El juzgamiento de los
funcionarios a que se aluden en el presente artículo se sustanciará conforme a
las normas establecidas para el juicio de responsabilidad.

Art. 131.- Para el debido
ejercicio de sus funciones, serán atribuciones del Tribunal de Cuentas:

Fiscalizar los ingresos y egresos por cualquier concepto de los organismos
dependientes del Estado provincial, entidades autárquicas, descentralizadas o
mixtas;

Examinar los libros de contabilidad y documentación existentes en las oficinas respectivas,
realizando arqueos de caja y toda clase de intervenciones tendientes a controlar
la administración de los fondos y patrimonio fiscales, sin perjuicio de la
facultad que el artículo 105 inciso m) otorga a la Contaduría General;

Fiscalizar las cuentas de inversión de las instituciones privadas que reciban
fondos del Estado;

Comprobar sumariamente toda irregularidad, falta o hecho delictual cometido en
la percepción o empleo de fondos públicos;

Interpretar las leyes, decretos y resoluciones, fijando la doctrina aplicable,
en cuanto concierne a la recaudación o inversión de recursos fiscales, siendo
sus pronunciamientos obligatorios para la administración pública;

Hacer comparecer a funcionarios o agentes públicos o a particulares para que suministren
las informaciones que fueren necesarias en las funciones que les competen;

Designar, por sorteo, peritos que serán tomados de las listas que confeccione
el propio Tribunal y subsidiariamente de las listas que tuviere el Poder Judicial,
fijándoles los honorarios conforme a los aranceles respectivos. Cuando se trate
de personas que se desempeñen en la administración pública, podrán designarlos
de oficio y en tal caso no tendrán derecho a percibir honorarios cuando los
mismos sean a cargo del fisco;

Requerir de los organismos oficiales o entidades privadas. Los informes a que
se refiere el apartado 6);

Dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento como así también las
normas supletorias a que deberán ajustarse las funciones contables de la
administración provincial. A estos fines deberá actuar el Cuerpo en pleno;

Confeccionar su presupuesto anual;

Ejecutar su presupuesto en la forma que indica esta ley;

Dirigirse directamente a los poderes públicos en la forma que señala esta ley;

Asesorar a los poderes públicos en la materia de su competencia;

Traer a juicio de cuenta o de responsabilidad a todo funcionario o agente
público o particular responsable de bienes públicos;

Fijar la escala de viáticos de su personal y dictar el reglamento respectivo;

Aprobar o desaprobar en los juicios de cuentas los procesos de recaudación o inversión
de los fondos públicos y consiguientemente los actos administrativos
respectivos y sentenciar en los juicios de responsabilidad, indicando en cada
caso los responsables, el monto de los alcances y demás sanciones que
correspondan;

Decretar las ferias en coincidencias con las del Poder Judicial de la Provincia
dejando guardias y designando al o a los miembros que quedarán a cargo para la
atención de asuntos urgentes.

Art. 132.- Todos los
magistrados judiciales y funcionarios o agentes de la administración pública
provincial y comunal, están obligados a suministrar al Tribunal, dentro del
término prudencial que éste señale, los informes, antecedentes, documentos
originales o copias autenticadas y demás comprobantes que requiera. Si no
fueren facilitados, el Tribunal podrá obtenerlos encomendando a un empleado la
tarea que en cada caso corresponda, sin perjuicio de sancionar disciplinariamente
la desobediencia en que pudiera haberse incurrido y de formular el cargo
pertinente por los gastos que irrogue el procedimiento.

La Corte Suprema de
Justicia de la Provincia dirimirá los conflictos de atribución que pudieran producirse
en la aplicación del párrafo anterior.

Art. 133.- Las faltas de
respeto al Tribunal, la obstrucción al desempeño de sus funciones, como así
también la desobediencia a sus resoluciones, podrán ser sancionadas con
apercibimiento y/o multa de hasta un importe igual al del sueldo menor que se
abone en la Administración Central, solo reconsiderables ante el propio
Tribunal. La falta de pago de la multa aplicada, determinará su cobro por vía
de apremio, con intervención del funcionario que indique el mismo tribunal.
Para el cumplimiento de sus resoluciones, el Tribunal podrá hacer uso de la
fuerza pública.

Funcionarios del Tribunal

El Tribunal de Cuentas
organizará su funcionamiento interno y dictará los reglamentos respectivos.

Sin perjuicio de contar con
los funcionarios y empleados que demande su organización y funcionamiento, el
Tribunal de Cuentas tendrá: Un asesor jurídico, un contador fiscal general y un
cuerpo de contadores fiscales.

Para ocupar el cargo de
asesor jurídico o contador fiscal general, se requiere las mismas condiciones
exigidas que para ser vocal del Tribunal.

Para ser contador fiscal se
requerirá título de contador público nacional.

La cesantía del asesor jurídico,
del contador fiscal general o de los contadores fiscales será resuelta por el
Tribunal mediante sumario con audiencia del inculpado.

A los contadores fiscales
corresponde:

Seguir el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales del
organismo respectivo, a fin de informar al Tribunal;

Producir la información necesaria para que el Tribunal ejerza sus funcionas de
control;

Practicar arqueos periódicos y especiales y demás verificaciones ordenadas por
el Tribunal;

Observar por escrito todo acto administrativo que importe empleo de fondos o
afecte al patrimonio fiscal, cuando a su juicio, se contravengan disposiciones
legales o reglamentarias.

Art. 134.- El Tribunal
deberá deliberar con la presencia del Presidente y un Vocal, sus decisiones
podrán ser adoptadas con el voto de la mayoría de los miembros presentes en el acuerdo,
teniendo doble voto el Presidente en caso de empate.

Excusaciones y Recusaciones

Art. 135.- Los miembros del
Tribunal pueden ser recusados por las causales legales previstas en el Código
de Procedimientos Civiles de la Provincia.

La recusación debe ser invocada
en oportunidad de presentarse el primer escrito o en su defecto dentro del
término de cinco (5) días de notificada la providencia de “autos para sentencia”,
bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho término, no podrá cuestionarse
la constitución del Tribunal.

En las mismas condiciones,
también podrá recusarse sin causa y por una sola vez.

Art. 136.- Por cualquiera
de las causas previstas en el artículo 120 y 135 de esta ley, que origine la
necesidad de integrar el Tribunal, éste designará al reemplazante. La
designación se hará de la lista de conjueces que anualmente confeccionará el
Tribunal con los profesionales que reúnan las condiciones exigidas en el artículo
116, de la presente ley. El desempeño del o los mismos será ad-honorem.

No se podrá renunciar ni
declinar la designación salvo causa justificada a criterio del Tribunal.

Art. 137.- Para sustituir
al Presidente del Tribunal en los casos de inhabilidad, ausencia u otro impedimento
corresponderá que anualmente el Cuerpo establezca el orden de prelación de los vocales
que lo reemplazarán, siguiéndose en lo demás lo prescripto en el artículo
anterior.

Prejudicialidad

Art. 138.- Si el Juez lo
considera necesario a los fines de la investigación, en los casos de irregularidades
en el manejo de fondos o bienes públicos, o en todo hecho, acto u omisión,
relativo a la recaudación, empleo o disposición de los mismos, requerirá del
Tribunal de Cuentas las pruebas, pericias y/o actuaciones que correspondan.

Atribuciones del Presidente

Art. 139.- El Presidente
del Tribunal ejerce la representación del Cuerpo ante los poderes públicos y
demás terceros. Sus atribuciones son:

Presidir los acuerdos del Tribunal, debiendo firmar toda resolución o sentencia
para que tenga validez. En los asuntos de mero trámite podrá delegar la firma
en los secretarios, en cuyo caso los autorizará expresamente;

Es el jefe del personal del Tribunal. Otorga licencias especiales hasta treinta
(30) días y aplica suspensiones por igual término. Cuando se excedieren dichos
plazos, las decisiones corresponden al Tribunal;

Tener doble voto en los casos previstos en el artículo 134;

En materia de presupuesto del Tribunal, ejerce las facultades que la presente
ley concede al Poder ejecutivo, en materia de disposición de los créditos;

Nombrar y remover el personal, con Intervención del Tribunal;

Formular, con participación del Tribunal, el proyecto de presupuesto que regirá
en el Organismo.

Art. 140.- Cuando el
Presidente no pueda concurrir al Tribunal por un término mayor de diez (10) días,
lo hará saber estableciendo la causa y plazo. En este caso será reemplazado en
la forma prescrita por el artículo 137.

Cuentas fiscales

Art. 141.- Los responsables
de las distintas jurisdicciones de los Poderes del Estado, obligados a rendir
cuentas, deberán presentar las rendiciones de los respectivos servicios administrativos,
para su inclusión en la rendición universal que éstos elevarán periódicamente
al Tribunal de Cuentas.

Dichas rendiciones deberán
presentarse dentro de los plazos que fije reglamentariamente el Tribunal de Cuentas
según el caso y se ajustarán a los modelos e instrucciones que expida dicho Organismo.

Las cuentas de comisiones
especiales serán presentadas dentro de los treinta (30) días siguientes al
término de la comisión, pero si esta durara más de un trimestre, lo serán al
fin de cada uno de esos periodos, dentro del mismo plazo de treinta (30) días.

El tribunal podrá ampliar
dichos plazos, autorizar verificaciones “in situ”, con el examen integral de la
documentación, o mediante pruebas selectivas, según las circunstancias de cada
caso y cuando así convenga a la terea de contralor.

En caso de morosidad en la
presentacl6n de las rendiciones de cuentas, el Tribunal fijará un plazo breve y
perentorio, vencido el cual procederá, sin más trámite, a la sustanclacl6n del
juicio de cuentas, comunicando el hecho a la autoridad respectiva a los fines
disciplinarios que correspondan y sin perjuicio de las sanciones que establecen
los artículos 170, 171 y 172. Todo retraso injustificado en la presentación de
las rendiciones de cuentas será considerado falta grave.

Art. 142.- El funcionario o
agente público que cese en sus funciones por cualquier causa, quedará eximido
de responsabilidad una vez aprobada la rendición de cuentas de su gestión. Sus reemplazantes
deberán incluir en sus rendiciones las que correspondieran a dicho agente.

Todo cambio de responsable
por la administración, tenencia, conservación, uso o consumo de dinero, valores
u otros bienes, deberá hacerse bajo inventario y formalizarse en acta, con comunicación
e intervención del Tribunal de Cuentas.

Art. 143.- Si los servicios
administrativos formularan reparos al examinar las cuentas de sus responsables,
éstos deberán subsanarlos dentro del plazo de treinta (30) días, que podrá ser ampliado
por el Tribunal de Cuentas por motivos justificados. En caso de morosidad, los
servicios administrativos los harán saber al Tribunal de Cuentas, el que
conminará al responsable en los términos de los artículos 132 y 141.

Juicios de cuentas

Art. 144.- Toda rendición
de cuentas que llegue a conocimiento del Tribunal será girada al departamento
de Rendición de Cuentas para que, en un término de treinta (30) días, se expida
sobre el aspecto contable, numérico, documental o formal de las mismas.

Para completar con la
documentación correspondiente se podrá acordar un plazo de hasta quince (15) días,
sin perjuicio de las facultades para requerir los elementos probatorios que
pudieran obrar en las oficinas públicas.

Art. 145.- De las
observaciones formuladas por el departamento, se concederán diez (10) días al
responsable para que complete o subsane las observaciones. Vencido dicho plazo
sin que se haya regularizado, se formulará el débito respectivo para que en el término
de cinco (5) días regularice la rendición. Vencido dicho término, se emitirá la
resolución conminatoria por cuarenta y ocho (48) horas, formulando el cargo
correspondiente en el supuesto de incumplimiento y abriéndose el correspondiente
Juicio de Cuenta, con citación al responsable para que comparezca a estar a
derecho en el término de cinco (5) días bajo apercibimiento de rebeldía.

El responsable puede
comparecer por sí o por apoderado, quien deberá ser abogado o contador público
nacional, inscripto en la matrícula y, en su primera presentación, está
obligado a constituir domicilio legal en el radio urbano de la ciudad de San
Miguel de Tucumán.

Art. 146.- El término de
prueba será de quince (15) días, los cinco (5) primeros, para ofrecer y los diez
(10) restantes para producirla.

El Tribunal tiene
facultades amplias para disponer y hacer producir pruebas como así también para
ordenar medidas para mejor proveer.

Art. 147.- Vencido el término
de prueba, se agregará la producida con informes de Secretaría y se pasarán los
autos a Contaduría Fiscal General para que produzca su informe final en el
término de diez (10) días.

Art. 148.- Del informe
final de Contaduría Fiscal General se correrá vista al responsable por el
término de cinco (5) días, quien podrá presentar un memorial.

Art. 149.- Cumplidos los
trámites indicados en el artículo anterior, los autos quedarán conclusos para
definitiva. En iguales condiciones quedarán los autos elevados sin observación
por Contaduría Fiscal General o cuando el responsable no haya contestado el
traslado del artículo 145. En los casos del presente artículo el Presidente
dictará la providencia de autos para sentencia y pasarán al Acuerdo del
Tribunal.

Según la importancia o dificultad
del asunto, el Presidente señalará el número de días que permanecerán los autos
en poder de cada vocal, pero en ningún caso podrá exceder de diez (10) días.

Una vez que los miembros
del Tribunal se hayan instruido de los autos y se compruebe la existencia del
quórum prescrito en el artículo 134, el Presidente señalará día y hora para que
tenga lugar el Acuerdo y la votación de la causa.

En el acuerdo se
establecerán las cuestiones que el Tribunal juzgue necesarias para la mejor solución
del asunto y la votación se efectuará por el orden que establezca un sorteo,
debiendo fundarse el voto sobre cada una de las cuestiones. En caso de
conformidad, podrá adherirse al voto de algún vocal que hubiera precedido en la
votación.

Art.150.- Concluido el
acuerdo, será redactado en el libro correspondiente y en idéntica forma se insertará
en los autos respectivos, debiendo ser firmado por los miembros del Tribunal y autorizado
por el Secretario.

Juicio de responsabilidad

Art. 151.- La
responsabilidad de los funcionarios o agentes públicos, que no sea emergente del
juicio de cuentas sino de hechos, actos u omisiones que originen danos al
patrimonio fiscal, será determinada por el presente juicio que mandará iniciar el
Tribunal de Cuentas, ya sea de oficio o por denuncia presentada.

Art. 152.- No obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, los obligados a rendir cuentas pueden ser
sometidos al juicio de responsabilidad:

a)
Antes de rendirla, cuando se concreten daños para la hacienda pública o para
los intereses puestos bajo la responsabilidad del Estado;

b)
En todo momento, cuando se trate de actos, hechos u omisiones extraños a la
rendición de cuentas;

c)
Después de aprobadas las cuentas y por las materias en ellas comprendidas,
cuando surja posteriormente un daño imputable a culpa o negligencia del
responsable.

Art. 153.- Los funcionarios
o agentes públicos que tengan conocimiento de irregularidades que ocasionen o
puedan ocasionar perjuicios pecuniarios al Fisco, deberán comunicarlo de inmediato
a su superior jerárquico, quien los pondrá en conocimiento del Tribunal de
Cuentas por escrito, el que intervendrá con su competencia de ley a los efectos
de instruir el respectivo juicio de responsabilidad.

Art. 154.- El Tribunal de
Cuentas actuará con jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente en sede
administrativa a los fines de determinar los daños que haya sufrido el Estado y
las indemnizaciones o resarcimientos a cargo del responsable.

Si en el juicio de
responsabilidad resultaren situaciones propias del Código Penal, el Tribunal de
Cuentas formulará la denuncia correspondiente ante la Justicia, sin perjuicio
de continuar su trámite.

No podrán ser sometidos al juicio
de responsabilidad las personas extrañas a la administración pública, salvo que
su responsabilidad se origine en la situación prevista en el articulo 121 de la
presente ley.

Art. 155.- El juicio de
responsabilidad se iniciará por el sumario que mandará instruir el Tribunal de
Cuentas, sea de oficio o a petición de partes.

La instrucción de sumario
estará a cargo del organismo del cual dependa el responsable o del instructor
que determine el propio Tribunal. La opción prevista en este artículo, es
facultad privativa del Tribunal de Cuentas, no existiendo contra ella recurso o
medida alguna.

Art. 156.- En el caso de
sumarios iniciados de oficio por los organismos correspondientes, éstos deberán
comunicar de inmediato la resolución que ordena instruirlos y circunstancias procesales
del caso.

En el supuesto previsto por
este artículo el Tribunal de Cuentas podrá designar un sumariante a fin de que instruya
el sumario dispuesto si la índole del asunto, la importancia del caso o las
características singulares del mismo, justificaren, a su juicio, esa intervención
directa. Esta designación será realizada de oficio por el Tribunal o bien a
pedido del respectivo organismo. En los casos de este artículo, no dispuesta la
intervención directa, se instruirá el sumario por el organismo, el que deberá
remitir al Tribunal de Cuentas las conclusiones del mismo a los fines de su intervención
de ley.

Art. 157.- Al disponer la iniciación
del sumario se emplazará al inculpado para que en el término de tres (3) días
tome intervención en el juicio y constituya domicilio legal en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, bajo apercibimiento de rebeldía.

En caso de existir denunciante,
se lo citará por el término de tres (3) días para que se apersone, constituya
domicilio legal en la ciudad de San Miguel de Tucumán y ratifique su denuncia.

Art. 158.- El instructor
sumariante es únicamente recusable por ¡as causales previstas en el Código de
Procedimientos Criminales de la Provincia, debiendo invocarla el inculpado en
la oportunidad y dentro del plazo indicado en el artículo anterior. A estos
fines, juntamente con el emplazamiento, se le hará saber quién es el instructor
sumariante.

Art. 159.- Planteada la
recusación el Tribunal dictará, previa substanciación que conceptúe necesaria,
pronunciamiento que será irrecurrible, pasando luego los autos para la efectiva
iniciación del sumario.

Art. 160.- El instructor practicará
todas las diligencias que hagan al esclarecimiento de los hechos investigados,
debiendo dejar constancia de las razones que tuvo para denegar las propuestas
por el inculpado y/o denunciante.

Asimismo podrá tenerlos por
desistido de las pruebas respectivas cuando no las haya urgido convenientemente.

En las diligencias aludidas
se aplicarán por analogía, las disposiciones pertinentes del Código de
Procedimientos Penales de la Provincia.

Art. 161.- El instructor podrá:

a)
Limitar el número de los testigos según la naturaleza del caso;

b)
Prescindir de sus declaraciones, cuando no concurrieren a la segunda citación;

c)
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar el comparendo de los
que fueren citados para proporcionar cualquier tipo de prueba;

d)
Requerir del Tribunal la designación de peritos y la fijación del plazo para
que se expidan.

Art. 162.- Una vez
cumplidas las pruebas dispuestas por el instructor u ofrecidas por el denunciante,
se correrá vista de las actuaciones al inculpado para que en el término de
veinte (20) días formule su descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su
derecho.

El ofrecimiento de las
pruebas deberá hacerse en los primeros cinco (5) días y producirse en los
restantes.

Art. 163.- Clausuradas las
diligencias sumariales, el instructor deberá formular sus conclusiones, en las
que expresará. Las irregularidades comprobadas, los que resultaren responsables
de las mismas y el monto de los daños establecidos.

Art. 164.- Elevadas las
actuaciones sumariales al Tribunal de Cuentas y previo informe del Secretario
General sobre la prueba producida, se dictará la providencia de autos para
sentencia la que será notificada al Contador, Fiscal General, al Asesor Jurídico
y al presunto responsable, quienes deberán instruirse de las actuaciones
producidas y presentar, sucesivamente, en el término de cinco (5) días a partir
de la última notificación, el informe, dictamen y memorial respectivo.

El término de cinco (5) días
no es común.

Art. 165.- El Tribunal de
Cuentas tiene amplias facultades para disponer y hacer producir pruebas como
así para ordenar medidas para mejor proveer.

Art. 166.- Cumplidos los
trámites prescriptos en el artículo anterior, los autos quedarán conclusos para
definitiva y pasarán al Acuerdo del Tribunal.

Según la importancia del asunto,
el Presidente señalará el número de días que permanecerán los autos en poder de
cada vocal, pero en ningún caso podrá exceder de diez (10) días.

Instruidos los miembros del
Tribunal y comprobada la existencia del quórum el artículo 134, el Presidente
señalará día y hora para el acuerdo y votación de la causa.

En el acuerdo se
establecerán las cuestiones que el Tribunal juzgue necesarias para la mejor
solución del asunto y la votación se efectuará por el orden que establezca un
sorteo, debiendo fundarse el voto de cada una de las cuestiones. Podrá
adherirse al voto de cualquier vocal que hubiera precedido en la votación.

Concluido el acuerdo seré
redactado en el libro correspondiente y en idéntica forma se insertará en los autos
respectivo, el que será firmado por los miembros del Tribunal y autorizado por el
Secretario.

Art. 167.- En el presente
juicio, el responsable podrá comparecer por sí o por apoderado que deber ser
abogado o contador público nacional, inscripto en la matrícula respectiva, en
lo que se refiere a los actos procesales previstos en los artículos 162 y 164
de la presente ley.

En este juicio no se
admitirá la recusación sin causa.

Art. 168.- Todo funcionario
o agente del Estado estará obligado a prestar la colaboración que se le
requiera para la investigación.

De la Sentencia

Art. 169.- La sentencia definitiva
aprobará o desaprobará los hechos o actos sometidos a juzgamiento, indicando
con precisión el motivo de las observaciones, alcances, multas y demás sanciones,
los montos respectivos, saldos y nombres de los alcanzados o sancionados y será
comunicada a la Contaduría General de la Provincia, a los efectos de su registración.

Queda ejecutoriada y firme
a los cinco (5) días de ser notificadas.

Si la sentencia fuera
absolutoria llevará aparejada la providencia de archivo de las actuaciones,
previa notificación y comunicación a quienes correspondan.

De los alcances y demás sanciones

Art. 170.- Cuando el
perjuicio fiscal pueda ser determinado, el monto del alcance será igual al de
dicho perjuicio.

Cuando el daño al
patrimonio fiscal no pueda ser determinado, el Tribunal fijará prudencialmente
el importe del alcance respectivo.

Art. 171.- Además de los
alcances previstos en el artículo anterior e! Tribunal podrá imponer, en los
supuestos de perjuicio fiscal, una multa de hasta el diez por ciento (10 %) de
la inversión originada en el acto irregular.

Art. 172.- Cuando se
compruebe la existencia de transgresiones legales o reglamentarias o de irregularidades
administrativas, que no produzca perjuicio al patrimonio del Estado, el
Tribunal podrá imponer las sanciones siguientes:

a)
Llamado de atención, apercibimiento o amonestaciones; y.

b)
Multas de hasta un importe igual al de tres veces el menor sueldo mensual que
se abone en la administración central.

El tope máximo de las
multas será actualizado anualmente por el Tribunal de Cuentas conforma al incremento
del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor de Bienes y Servicios en
San Miguel de Tucumán provisto por la Dirección Provincial de Estadística.

En los casos de este
artículo y de los artículos 169 y 170, el Tribunal podrá imponer la accesoria
de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, hasta un máximo de
diez (10) años. Esta sanción es inaplicable a los funcionarios de origen
electivos y a los Jueces de la Corte Suprema, representantes del Ministerio
Fiscal y demás tribunales inferiores del Ministerio Público y Pupilar.

Art. 173.- En todos los
casos en que se aplique una sanción a funcionarios o empleados, deberá ser comunicada
al organismo respectivo, a los fines disciplinarios que puedan corresponder, ya
que las decisiones del Tribunal de Cuentas no excluyen las medidas
disciplinarias que puedan adoptar los superiores jerárquicos del responsable.

Art. 174.- La renuncia, separación
del cargo, incapacidad legalmente declarada o muerte del responsable no impide
ni paraliza la substanciación de los juicios legalizados en la presente ley. En
estos dos últimos casos, los trámites se proseguirán con los representantes o
herederos del responsable, siempre que a juicio del Tribunal, existan suficientes
elementos que, con el debido resguardo del principio de defensa, permitan
emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad patrimonial del agente.

Art. 175.- Los fallos
condenatorios del Tribunal de Cuentas tendrán fuerza ejecutiva y constituirán título
suficiente para iniciar el cobro por la vía establecida para las ejecuciones de
los tributos provinciales, mediante copia legalizada del mismo.

La ejecución de las
decisiones estará a cargo del funcionario que designe el propio Tribunal.

Art. 176.- Las resoluciones
condenatorias del Tribunal de Cuentas deberán hacerse efectivas en el término
de diez (10) días, bajo apercibimiento de ser ejecutadas en la forma prescripta
en el artículo anterior.

Art. 177.- El importe de
las resoluciones condenatorias deberá hacerse efectiva mediante depósito en las
cuentas especiales que se abrirán en el Banco designado como Agente Financiero del
Estado, o bien por cheques o giro sobre la ciudad de San Miguel de Tucumán a la
orden del Tribunal de Cuentas.

El Presidente del Tribunal
dispondrá la transferencia de fondos a la cuenta de la autoridad administrativa
que corresponda.

De las notificaciones

Art. 178.- La citación y
emplazamiento para comparecer a juicio deberá notificarse en el jugar donde el
agente desempeña sus funciones y, en caso de haber cesado en las mismas, en el domicilio
real.

Se notificará en el
domicilio legal constituido, excepto en el caso previsto en el inciso d), en el
que la notificación se hará en el real:

a)
Las vistas y traslados que se ordenen en la substanciación del juicio;

b)
La apertura a prueba de la causa;

c)
El llamamiento a autos para sentencia;

d)
La citación para comparecer como testigo, informante u otro de quien deba recabarse
alguna prueba;

e)
Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales;

f)
En general todas las medidas que por razones especiales y de manera expresa así
lo disponga al Tribunal.

Art. 179.- Las providencias
que no deban ser notificadas en la forma prescripta en el artículo anterior, se
considerarán notificadas en Secretaria desde el primero de los días designados,
subsiguientes a aquel en que fue dictada, debiendo hacérselo constar por nota
que se asentará en el expediente. A estos f1nes el Tribunal designará dos (2)
días de la semana, que no sean consecutivos, en que los litigantes estarán
obligados a concurrir a Secretaria.

Art. 180.- Las
notificaciones podrán efectuarse por cédula o por telegrama colacionado. El
Tribunal podrá librar los exhortos y oficios que fueren necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones.

Art. 181.- El diligenciamiento
de las notificaciones podrá estar a cargo de empleados del Tribunal, Comisarías
de Policía, Juzgados de Paz o de cualquier otro funcionario de la
administración pública que disponga el Tribunal.

Art. 182.- Si se
desconociera el domicilio del responsable, se lo citará por edictos que se
publicarán por un (1) día en el BOLETIN OFICIAL sin perjuicio de que, si el
Tribunal lo decide, puedan colocarse edictos de citación en lugares públicos
donde el responsable desempeñó sus funciones o donde tuvo el último domicilio
conocido.

Se notificará por edictos
únicamente la citación o emplazamiento para estar en juicio y la sentencia definitiva.

Art. 183.- La rebeldía, que
será declarada de oficio por el Tribunal, tiene lugar cuando el responsable,
debidamente citado, no comparece a estar a juicio o habiendo comparecido no
designa domicilio en el radio de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La declaración de rebeldía
será publicada por un (1) día en el BOLETIN OFICIAL.

Los juicios legislados en
la presente ley no se suspenderán por ninguna causa y respecto del responsable ausente
se proseguirá en rebeldía.

Efectos del fallo

Art. 184.- Los fallos del
Tribunal de Cuentas harán cosa juzgada en sede administrativa en cuanto:

Si la percepción o empleo de los fondos públicos y los actos o procedimientos
que caen bajo su competencia, han sido efectuados con arreglo o no a la
Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos.

Al monto de las cantidades percibidas o invertidas.

Al importe de los daños y perjuicios que haya sufrido el patrimonio del Estado.

A la fijación de toda cifra o saldo.

A la determinación de personas o entidades que sean objeto de alcances o de
cualquier otro tipo de sanción.

Art. 185.- Los recursos que
concede la presente ley en contra de las resoluciones definitivas, lo son al
solo efecto devolutivo.

Ello no obstante el
Tribunal de Cuentas podrá, en casos excepcionales, disponer la suspensión de la
ejecución de sus decisiones.

Recursos

Art. 186.- Serán
recurribles ante el Tribunal de Cuentas, en el término de tres (3) días, las
resoluciones del Presidente que desestime una medida de prueba o que no haga
lugar al reclamo por vicios de procedimiento. El recurso deberá fundarse al
instante de su interposición y será resuelto sin más trámite por el Tribunal.

Art. 187.- Podrá
interponerse recurso ordinario de revisión ante el propio Tribuna, dentro de
los treinta (30) días de notificado el fallo, en los casos siguientes:

Existencia de errores de hecho o de cálculos;

Cuando nuevos elementos probatorios justifiquen los hechos condenados;

Cuando la resolución se hubiera dictado en base a documentos falsos;

Cuando no se hubiera considerado o se hubiera interpretado erróneamente la
documentación presentada.

Este recurso deberá ser
fundado en el instante de su interposición y decidida por el Tribunal la
procedencia formal del mismo, se procederá en la forma prescripta para los
juicios de cuentas o de responsabilidad, según el caso.

Dentro del mismo plazo, la
revisión podrá ser decretada de oficio por el Tribunal o a pedido del asesor
jurídico o contador fiscal general, cuando se tenga conocimiento de cualquiera
de los casos previstos precedentemente, aun cuando la resolución hubiera sido
absolutoria.

Art. 188.- Hasta diez (10)
años posteriores a la sentencia, podrá interponerse recurso extraordinario de
revisión, en los casos siguientes:

Cuando se compruebe que la decisión del Tribunal de Cuentas no podrá ser
sostenida, por haberse declarado falsa la prueba que le sirvió de base y
siempre que esa falsedad haya sido judicialmente establecida por una sentencia
posterior a la del Tribunal de Cuentas;

Cuando, con posterioridad al fallo del Tribunal de Cuentas, la justicia penal
llegue, por los hechos juzgados por aquél, a una conclusión diferente respecto
de los responsables comprendidos en el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas.

Dentro del mismo plazo, la
revisión extraordinaria podrá ser decretada de oficio por el Tribunal o a
pedido del asesor jurídico o del contador fiscal general, cuando se tenga
conocimiento de cualquiera de los hechos antes mencionados y aun cuando la
resolución hubiera sido absolutoria.

Este recurso deberá fundárselo
y ser acompañado con los testimonios legalizados de las sentencias respectivas,
al instante de su interposición.

El Tribunal decidirá la
admisibilidad formal del recurso y según ello se sustanciará en la forma prescripta
para los juicios de cuenta o de responsabilidad, según el caso.

Art. 189.- Cuando el
Tribunal de Cuentas revocara su fallo anterior y dejara sin efecto los alcances,
condenaciones u otras sanciones, lo comunicará al Poder Ejecutivo o al
Departamento Ejecutivo Municipal, según el caso, para que disponga el inmediato
reintegro de las cantidades que el responsable hubiera pagado en virtud del
fallo revocado, sin esperar que la Honorable Legislatura o el Concejo
Deliberante voten un crédito especial debiendo, en tales casos, el Poder
Ejecutivo o Departamento Ejecutivo Municipal dar cuenta a la Legislatura o
Concejo Deliberante dentro de los treinta (30) días.

Art. 190.- Para el supuesto
de que los alcances y demás condenaciones se hayan aplicado en causas en que se
hubiera controvertido la constitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos
y siempre que esto formase la materia principal de la discusión, los afectados
podrán interponer, dentro del término de diez (10) días recurso de inconstitucionalidad
en contra de la sentencia del Tribunal de Cuentas.

Este recurso deberá ser
deducido ante la Cámara Contencioso Administrativo, quien lo sustanciará
conforme al procedimiento prescripto para esta clase de reclamaciones.

Aplicación supletoria en lo pertinente

Art. 191.- Serán de aplicación
supletoria, en lo pertinente, las disposiciones de los Códigos de
Procedimientos Civiles y Comerciales y de lo Criminal.

Los plazos o términos
establecidos en la presente ley son improrrogables y sus cómputos se harán por días
hábiles.

CAPITULO III

Remoción de los miembros del Tribunal

Art. 192.- Las causales
para la remoción de los miembros del Tribunal de Cuentas serán:

Desórdenes de conducta.

Actividades incompatibles en el ejercicio de sus funciones.

Incumplimiento de los deberes a su cargo.

Negligencia o impericia manifiesta en el ejercicio de la función.

En general toda falta grave en el desempeño de sus funciones.

Art. 193.- La Legislatura,
cumplido el debido proceso donde se garantice el derecho de defensa y prueba
del imputado en cuestión, con el voto de los dos tercios de los Legisladores presentes
podrá resolver la remoción del miembro cuestionado.

Disposiciones Finales y Transitorias

Art. 194.- La presente ley entrará
en vigencia a partir del 1° de noviembre del año 1999 con excepción de lo
referido a la nueva estructura Presupuestaria y de Contabilidad que se prevé en
la misma, la que comenzará a regir a partir del presupuesto correspondiente al
ejercicio fiscal del año 2000.

Asimismo se establece que
hasta que no se produzca efectivamente la nueva integración del Tribunal,
subsistirá su actual composición, estando sus miembros en situación de
disponibilidad, en función de la reestructuración operada por la presente
norma.

Art. 195.- Derógase el
Decreto Ley N°56/17 (Ley de Contabilidad de la Provincia) y toda otra norma en
cuanto se opongan a la presente ley.

Art. 196.- Comuníquese.

Dada en la Sala de Sesiones
de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los nueve días del
mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve.

SILVIO RAFAEL MANSERVIGI

SECRETARIO

H. LEGISLATURA DE TUCUMAN

PABLO ERNESTO BAILLO

PRESIDENTE SUBROGANTE

a/c. de la PRESIDENCIA

PRESIDENTE SUBROGANTE

REGISTRADA BAJO N° 6.970.-

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 29
de noviembre de 1999.-

Promúlgese como Ley de la
Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese
en la Dirección de Archivo del Poder Ejecutivo.

C.P.N. MIGUEL ANGEL ACEVEDO

MINISTRO DE HACIENDA

Dr. RAUL ROQUE TOPA

VICE GOBERNADOR DE TUCUMAN

EN EJERCICIO DEL P.E.