Capítulo VIII - B - Función integradora

## B. Función integradora de la Constitución e interpretación.

La función integradora de la Constitución reclama una función racionalizadora de la interpretación constitucional. Si se parte de la idea de que tiene que ser objetiva y evolutiva, de manera de asegurar la coherencia y subsistencia del ordenamiento, se pueden imaginar los puntos de mayor importancia.

(i) La Constitución debe ser interpretada en cada instante como un todo en la búsqueda de la unidad y armonía de sentido. El llamado elemento sistemático consiste aquí en buscar las relaciones recíprocas de conceptos y normas y los fines que éstos traducen, e intentar llegar a una síntesis que tenga vigencia normativa.

(ii) Esto se aplica al llamado fenómeno de "contradicciones de principios" que ocurren habitualmente en las normas constitucionales que han sido consecuencia de compromisos políticos durante su redacción. Estas contradicciones han de ser superadas en algunos casos, mediante la reducción adecuada del respectivo alcance y ámbito mediante la reducción adecuada de las concesiones hechas entre las partes. En otros casos otorgándole prioridad a ciertos principios frente al resto. Debe hacerse un esfuerzo de concordancia práctica basada en un criterio de razonabilidad. Puede también echarse mano a un criterio de jerarquización de principios constitucionales, reconociendo la existencia de valores constitucionales como criterio de interpretación.

(iii) Un esfuerzo paralelo pero para la determinación normativa debe hacerse con los llamados conceptos indeterminados y normas puramente programáticas. Éstos tienen que ser comprendidos desde la perspectiva de los principios, valores e intereses constitucionalmente relevantes... Es indispensable reconocer al legislador un margen relativamente grande de conformación del Derecho vigente pero no puede transfigurar el concepto de modo de que cubra dimensiones distintas de aquellas que caracterizan la jurídico-normativa de la norma constitucional.

(iv) Existen los que se pueden llamar conceptos preconstitucionales que provienen de otras fuentes normativas, como pueden ser los tratados internacionales, o fuera del lenguaje normativo como es cuando la legislación remite a conceptos científicos tales como "ambiente sano y equilibrado" o "diversidad biológica". Ahora bien, todos los conceptos cuando se sitúan en disposiciones de la Constitución formal se transforman en normas jurídicas que deben ser interpretadas en contexto con los demás y analizados teniendo en cuenta que a su sentido original, extranormativo, se debe agregar el que resulta de su ubicación sistemática dentro del texto jurídico.

(v) Debe tenerse siempre presente que la Constitución está integrada por verdaderas normas jurídicas que desempeñan una función útil en el ordenamiento. A ninguna de ellas se le puede dar una interpretación que retire o disminuya su carácter normativo. A una norma fundamental se le debe atribuir el sentido que más eficacia le conceda. A cada norma constitucional se le debe otorgar ligada a todas las otras normas, el máximo de capacidad de reglamentación. Interpretar la Constitución es también realizar la Constitución.

(vi) Este carácter jurídico es compartido por las normas programáticas de carácter abierto que desempeñan el papel de incorporación de objetivos y valores precisos para el intérprete y dándole márgenes mayores o menores al legislador ordinario para su concretización en consonancia con las coyunturas y opciones políticas.

(vii) Los preceptos constitucionales deben ser interpretados no sólo por lo que ostensiblemente indican sino también por lo que resulta implícito en ellos. La eficacia implícita de las normas constitucionales debe ser pensada en coincidencia con la eficacia, implícita o explícita de las otras reglas constitucionales. Ello acontece habitualmente en la distribución de competencias de los órganos de gobierno donde es habitual referirse a poderes implícitos.

(viii) Todas las normas constitucionales deben de ser interpretadas como normas de la Constitución actual y no como normas de una Constitución futura. A pesar de que por su característica toda Constitución tiene "futuridad" en el sentido de que sus normas tendrán vigencia por un largo tiempo y con lo cual variarán las interpretaciones, no puede cometerse el absurdo de imponer a sus destinatarios un compor-tamiento imposible.

(ix) La interpretación de las normas constitucionales debe hacerse en concordancia con los precedentes judiciales y con la legislación vigente. Siempre en el caso de que éstos coincidan con la norma constitucional y establezcan una interpretación entre varias interpretaciones legítimas posibles. Pero no cuando violen la norma constitucional ya que no es la Constitución la que debe ser interpretada de conformidad con la ley sino la ley la que debe ser interpretada de conformidad con la Constitución.

Cuando una ley o un tratado internacional establecen reglas sobre interpretación, ¿condicionan éstas al intérprete de la Constitución? Es el caso del artículo 16 del Código Civil que dice:

*"Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso"*.

Una norma de contenido similar existe en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratado del cual la Nación es parte, sobre el contenido del derecho internacional.

Dice el artículo 38:

*"La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:*

*"a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;*

*"b) La costumbre internacional comprueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;*

*"c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;*

*"d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59".*

Asimismo en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados existen cánones interpretativos en los artículos 31 a 33.

Para responder corresponde primero indagar por qué motivo se considera habitualmente que estos preceptos y los demás relativos a fuentes de derecho que existen en la legislación ordinaria, obligan al intérprete de la legislación común. La conclusión más verosímil es que reglas como éstas son válidas y eficaces no porque aparezcan en el Código Civil sino porque traducen una voluntad legislativa no contrariada por ninguna otra disposición, sobre los problemas de interpretación de normas que no son exclusivamente técnico jurídicos. Reglas sobre esta materia pueden considerarse sustancialmente constitucionales y pueden aplicarse a la interpretación constitucional sin necesidad de tener que explicar el fenómeno como una equiparación tácita. Todo ello sin que exista un conflicto formal entre el sistema de interpretación y alguna norma constitucional.