Capítulo 1 F 1 - Función costos externos

## 1. La función de los costos externos

La primera es la función de los costos externos, que son los costos que una persona espera soportar como resultado de las acciones de los demás, teniendo en cuenta el número de individuos que se requieren para llegar al acuerdo antes que una decisión política final sea tomada por el grupo. Sobre el ámbito de la regla de la toma de decisiones, éstas serán normalmente una función decreciente, es decir, a medida que el número de individuos requeridos para el acuerdo aumenta, los costos esperados disminuirán. Ya que cuando la regla de la toma de decisiones obliga a un acuerdo unánime, los costos esperados sobre el individuo son cero puesto que este no permitirá voluntariamente a los otros imponer costos externos sobre él, cuando él pueda efectivamente impedir que esto ocurra. Una decisión unánime requiere del consentimiento del individuo, por lo tanto, no puede haber costos externos que los demás individuos puedan imponer sobre él, como es el caso en las decisiones mayoritarias.

Cuando participa el menor número de individuos y los costos son más elevados representa los costos externos que el individuo espera que sean impuestos sobre él si cualquier individuo particular del grupo está autorizado a llevar a cabo una acción para el conjunto. Supongamos que el sistema de toma de decisiones es tal que la acción colectiva puede tomarse en cualquier momento que un miembro cualquiera del grupo lo dicte. Esta persona en particular podría entonces autorizar, en nombre del Estado, la acción que afecta desfavorablemente a otros miembros del grupo. Parece evidente que bajo tal regla cada individuo debería anticipar que tendrán lugar muchas acciones tomadas por los otros que les son desfavorables y los costos de estas acciones serán costos externos en el mismo sentido que los costos esperados de la actividad privada pueden ser externos.

El hecho que la acción colectiva bajo las reglas de la mayoría en la toma de decisiones implique costos externos de esta naturaleza es particularmente importante. Si el funcionamiento de una fábrica que arroja residuos tóxicos impone costos externos sobre el individuo que es afectado por esos residuos, este costo no es más externo al cálculo particular del individuo que el costo del impuesto que está obligado a pagar, sin su consentimiento, para financiar el suministro de servicios públicos a vecinos que viven en otra parte.

Bajo la regla extrema de la toma de decisiones que permite a cualquier individuo dentro del grupo ordenar una acción colectiva, los costos externos esperados serán mucho más elevados que bajo cualquier otra forma de actividad individual. Esto es debido a que la fijación inicial de los derechos de propiedad establece algunos límites efectivos sobre los efectos externos que los particulares pueden imponerse entre sí. En cambio, los derechos del individuo sobre su propiedad contra la acción colectiva no están tan claramente definidos en los sistemas jurídicos existentes. Los costos externos que pueden ser impuestos sobre el individuo a través de los procesos de la elección colectiva pueden ser mucho mayores que los que podrían esperar que resultaran del comportamiento puramente individual dentro de cualquier estructura jurídica.

El establecimiento de una norma por una acción individual es más común de lo que parece a simple vista. Es la característica de la decisión judicial. Habitualmente, cuando queremos utilizar recursos públicos buscamos una decisión colectiva, es decir una decisión tomada por el grupo o por sus representantes, como es una ley. Sin embargo, un individuo puede imponer sobre los demás el gasto de recursos solamente con hacer una acción judicial que le sea favorable. Es decir, quién recurre a un tribunal para que se realice una obra pública, o se efectúe un gasto en una actividad de su interés, está utilizando recursos de toda la población a través de una decisión individual. En algunos casos quienes distribuyen libertades positivas, que suponen la obligación de hacer para el gobierno, a través de ciertas decisiones judiciales no perciben el conflicto que puede haber con la utilización de esos recursos por una decisión colectiva.

La regla de toma de decisiones por la cual cualquier individuo particular puede ordenar la acción colectiva es útil como un caso extremo en nuestro análisis, pero tiene también relevancia práctica. Como ya dijimos, es el caso del particular que va a un juez para que haga una obra o le preste un servicio en el cual está interesado, obra o servicio que serán finalmente pagados por el erario público al cual contribuyeron los impuestos de toda la población.

El equivalente institucional de esta regla está también presente en las instancias donde los Estados proporcionan bienes divisibles o privados y servicios a los individuos sin la utilización de mecanismos de precios. Es decir, cobran mucho menos de lo que cobrarían en el mercado. Es el caso del Estado proveedor de bienes y servicios, no bienes públicos, por los cuales cobra un llamado 'precio político'. No me refiero al caso de una dictadura o de una monarquía, no es ese caso a lo que se refiere el ejemplo, sino a la existencia de cualquier individuo del grupo que pudiera tomar la decisión. La delegación de las decisiones exclusivas de la reparación de un camino a una figura de gobierno, es decir sin el riesgo que se tome la decisión por una decisión individual a través, por ejemplo, de un recurso judicial, serán claramente menos costosa para el contribuyente medio de la comunidad que una regla que permitiera a cualquier grupo ordenar las reparaciones de la carretera cuando les parezca.

Cuantas más personas tomen la decisión los costos externos netos esperados por el individuo tenderán a disminuir. Si dos personas cualesquiera del grupo son requeridas para alcanzar el acuerdo antes de que se autorice la decisión colectiva habrá menos decisiones contrarias a sus propios deseos que las que el individuo espera sufrir. De modo semejante nosotros podemos proceder sobre las normas de toma de decisiones inclusive en las cuales haya más gente participando. Si se requiere el acuerdo de tres personas el individuo esperará costos externos más bajos que bajo la regla de dos personas y así sucesivamente. En todos los casos la función se refiere a los costos externos esperados en los que los miembros centrales de los grupos de decisión no son específicamente identificables. En cuanto subsiste cualquier posibilidad de que el individuo se vea afectado adversamente por una decisión colectiva los costos externos netos serán positivos. Estos costos desaparecerán solamente con la regla de la unanimidad. Decir que los costos externos esperados son positivos no quiere decir que la acción colectiva sea ineficiente. La existencia de los costos externos positivos implica solamente que existen costos de interdependencia en el funcionamiento de la actividad considerada. Estos costos pueden ser minimizados por la acción colectiva, pero el valor mínimo de interdependencia no necesita ser cero.