Pero la Comisión no ha presentado una sola prueba de que el mercado interior se encuentre distorsionado, ni una sola. 
Al contrario. 
En los puntos en que está distorsionado, en la diversidad de imposición fiscal, en la regulación especial para Grecia, todo sigue siendo como antes. 
Por consiguiente, constituye una ironía que aquí se actúe, señor Comisario, como si desde la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo nada hubiera cambiado. 
Por tanto, este desconocimiento es indescriptible. 
Quiero anticipar que esta directiva va a fracasar ante el Tribunal de Justicia Europeo, y el Parlamento y la Comisión se pondrán en ridículo igual que la primera vez si no estamos dispuestos a analizar los aspectos jurídicos. 
Señor Comisario, usted es un guardián de los Tratados y no uno cualquiera que por propia iniciativa pueda saltarse competencias. 
Si usted echa mano del artículo 133 para la prohibición de la exportación, entonces hay que decir que no es función de la política comercial común dictar a estados terceros qué es lo que han de importar. 
En mi opinión, este fundamento jurídico tampoco sirve de nada y por esa razón es acertado que los sindicatos, que las empresas y que nuestros colegas de aquí se refieran a la pérdida de puestos de trabajo. 
Están en juego 10.000 puestos de trabajo sólo por la prohibición de exportación, de los cuales 8.000 están en Inglaterra. 
Procediendo así nadie alcanza objetivos, pues la prohibición no se limita, sólo se almacena. 
Nos queremos convertir en alguien que dicta a otros cómo deben vivir. 
Esto es una arrogancia y no tendrá consistencia jurídica. 
Señor Presidente, el tabaco arruina las vidas. 
Para vergüenza de esta Unión Europea, exigimos a nuestros contribuyentes que subvencionen el cultivo de este execrable producto con más de mil millones de euros al año. 
Al mismo tiempo, ponemos en peligro la adopción de medidas razonables dirigidas a disuadir del consumo de tabaco, especialmente a los más jóvenes, porque intentamos englobar al mundo entero en nuestro mercado único. 
Si insistimos en decir a los demás países qué niveles de salud pública deben fijar extendiendo a las exportaciones nuestras razonables propuestas para el mercado interior, pondremos en peligro todo el buen trabajo realizado por el Sr. Maaten. 
Y ello es así porque, tan seguro como que a la noche de las exportaciones le sigue el día de la publicidad, se presentará un nuevo recurso ante los tribunales, y esta vez se echará abajo no sólo la disposición relativa a las exportaciones, sino toda la directiva con ella. 
Desearía que el Comisario aclarase si la supresión de la exención de las exportaciones se aplica sólo a los contenidos de alquitrán y nicotina, pues tal fue la impresión dada ante la comisión, o a todas las propuestas contenidas en la directiva. 
Necesitamos saberlo, porque miles de puestos de trabajo están en juego en Darlington, Nottingham, Southampton y Belfast. 
Nuestra equivocada interpretación de la situación y nuestro voto podría destruir esos puestos de trabajo muy rápidamente. 
Quiero que las medidas razonables prosperen y no se queden en el camino. 
Quiero que se ponga fin a equívocas descripciones tales como "suave" y "light", que producen la impresión de que algunos cigarrillos son menos peligrosos: una inhalación más profunda es igualmente peligrosa. 
Esas etiquetas deben desaparecer. 
No deben hacerse excepciones con las marcas registradas, pues, en otro caso, estaremos generando nuevas distorsiones de la competencia y del mercado único. 
Quiero que se opte por las advertencias fotográficas, que se incluya una lista de ingredientes razonable, que se lleven a cabo investigaciones en toda Europa, que se adopten medidas de promoción de la salud que contribuyan a alejar a los jóvenes del consumo de tabaco, del alquitrán, de la nicotina y de la adicción. 
No quiero que todo ello se ponga en peligro por haber querido adoptar estas medidas excediendo las competencias jurídicas de esta Unión Europea y de este Parlamento. 
Señor Presidente, agradezco que mi Grupo Parlamentario me haya concedido más tiempo. 
Quisiera dar las gracias al Comisario por su observación sobre el fundamento jurídico. 
Para abreviar, me sumo a lo que han dicho los Sres. Medina Ortega y Lund al respecto. 
Quisiera hacer dos observaciones complementarias. 
En primer lugar, algo sobre el artículo 11. 
La información por parte de esta Comisión es esencial para la política del futuro. 
Me alegro también de que este Comisario sea el responsable en esta materia. 
Estoy preocupado por la capacidad de la Comisión para trabajar en este informe. 
Espero que el Comisario tenga en perspectiva reforzar los recursos humanos dentro de la Comisión. 
Señor Presidente, como punto final quiero indicarle que hace falta que se introduzcan cambios importantes en la posición común del Consejo. Eso es importante para el fundamento jurídico, para la progresiva armonización del mercado, para una mejor protección del consumidor, etcétera. 
Cada uno de estos elementos aislados carecen quizás de suficiente apoyo en este Parlamento para alcanzar una mayoría cualificada. 
Pero como paquete de medidas debería conducir a una regulación más equilibrada y más enfocada a los resultados. 
También en la Comisión de Medio Ambiente había buena disposición para llegar a un compromiso. 
Pienso al respecto en la Sra. Martens y el Sr. Sacconi y en la colaboración que hemos tenido. 
Por lo tanto, hago un llamamiento para que se adopte este paquete de compromisos. 
. (EN) Señor Presidente, quiero comenzar contando un poco la historia de cómo esta directiva llegó al Parlamento. 
El objetivo de la presentación de esta directiva era tener en cuenta el informe Valverde López del Parlamento Europeo, de 1997, en el que se recogían muchas de los elementos del texto actual y se invitaba a la Comisión a presentar una propuesta. 
El debate en segunda lectura sobre esta propuesta supone un rápido avance. Pone de manifiesto la urgencia con que el Consejo de Ministros y el Parlamento han tratado este asunto. 
Asimismo, me gustaría subrayar los esfuerzos del ponente, el Sr. Maaten, por avanzar con este informe de una forma equilibrada y consciente. 
Hoy día se reconocen abiertamente los efectos sobre la salud del consumo de tabaco, y tanto los legisladores como la opinión pública comparten la sensación de que ha llegado el momento de adoptar normas y reglamentos estrictos en esta materia. 
La propuesta recoge algunas mejoras significativas de la normativa actual y está dirigida a la adopción de normas armonizadas sobre una serie de materias relativas a la regulación del producto. 
Por lo demás, se ha realizado el trabajo preliminar para reunir los elementos necesarios para iniciativas ulteriores. 
Una de las principales mejoras se refiere a un nuevo y menor límite máximo de alquitrán y, por primera vez, a un límite máximo de monóxido de carbono y de nicotina en los cigarrillos. 
Asimismo, se ha establecido, no sin controversias, que estos límites máximos se aplicarían a todos los productos fabricados en la Unión, sean o no destinados al consumo doméstico. 
Los argumentos formulados acerca de la posible pérdida de puestos de trabajo han sido cuidadosamente sopesados con la certeza de que si procedemos de otro modo estaríamos exportando un producto no considerado suficientemente bueno para los ciudadanos de la Comunidad. 
Querría igualmente señalar que el asunto de las cifras presentadas sobre la potencial pérdida de puestos de trabajo es un asunto que ya se trató cuando ya hace diez años se presentó la propuesta de directivas que ahora van a ser modificadas. 
De hecho, la reducción de puestos de trabajo en este sector industrial se debe fundamentalmente a las crecientes inversiones en automatización, como las propias empresas han afirmado. 
No obstante, la Comisión tendría en consideración argumentos a favor de un período de transición más largo para la aplicación de las normas relativas los productos exportados, con el objeto de conceder más tiempo para modificar los procesos de manufacturación y aplicar nuevas formas de comercialización. 
El Sr. Bowis ha preguntado si se aplicaría la exención. 
La exención se aplicaría al artículo 3, tal y como yo entiendo la enmienda, es decir, a los niveles de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono. 
En lo que respecta a la cuestión de los descriptores, quiero subrayar que el efecto del uso de ciertos términos como "light", "bajo en nicotina" o "suave" puede inducir a error. 
La gente cambia de un tipo de cigarrillo a otro suponiendo equivocadamente que el cigarrillo "light" es más seguro para su salud. 
Esta es una razón más por la que la gente sigue fumando en lugar de intentar dejarlo. 
Por tanto, la necesidad de adoptar una normativa en interés de los consumidores es indudable. 
De hecho, en las negociaciones actualmente en marcha para la adopción de un convenio marco de la Organización Mundial de la Salud sobre salud pública, se propone la introducción de las mismas disposiciones. 
En consecuencia, las normas comunitarias encajarán perfectamente en los futuros acuerdos internacionales, evitando así el peligro de los obstáculos a los intercambios comerciales y reforzando al mismo tiempo la protección de los consumidores y garantizando un elevado nivel de protección de la salud. 
Quiero añadir a este respecto que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado en su sentencia dictada en el asunto C-376/98 que la salud pública constituye una base jurídica, además de y conjuntamente con el artículo 95 del Tratado, para la adopción de la directiva. 
De hecho, quiero centrar su atención en la sentencia del Tribunal. 
No estoy del todo seguro de que todos los que se han manifestado sobre este asunto hayan leído una copia de la sentencia. Se lo recomendaría a aquellos que no lo hayan hecho. 
Por ejemplo, en el apartado 88 de la sentencia se afirma que: " Además, si se cumplen los requisitos para recurrir a los artículos 100 A [actualmente, artículo 95] , 57, apartado 2, y 66 como base jurídica, no puede impedirse al legislador comunitario que se funde en esta base jurídica por el hecho de que la protección de la salud pública sea determinante en las decisiones que deben tomarse. 
Por el contrario, el artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, prevé que las exigencias en materia de protección de la salud son un componente de las demás políticas de la Comunidad, y el artículo 100 A, apartado 3, exige expresamente que se garantice un elevado nivel de protección de la salud de las personas en la armonización que se realice. " 
Voy a hacerles referencia también al apartado 98 de la sentencia. 
Permítanme leerlo en el contexto de la cuestión que se me ha planteado acerca de si existe o no una base jurídica sólida. 
"Por tanto, el artículo 100 A del Tratado podría permitir, en principio, la adopción de una Directiva que prohiba la publicidad de los productos del tabaco en las revistas y periódicos, con el fin de garantizar la libre circulación de estos productos de prensa, a semejanza de la Directiva 89/552, que prohibe, en su artículo 13, la publicidad televisada de los productos del tabaco con el fin de promover la libre transmisión de los programas de televisión." 
De la sentencia se desprende claramente que los jueces estiman que el artículo 95 podría emplearse como base jurídica para regular el mercado interior. 
Efectivamente, al pronunciarse en sus conclusiones sobre cuál fuera la resolución adecuada de este particular asunto, afirmaron que algunos aspectos de la regulación del mercado del tabaco y de la publicidad del tabaco eran admisibles y otros no. 
Así, pasaron a afirmar en el apartado 117 que: " Como se ha señalado en los apartados 98 y 111 de la presente sentencia, el artículo 100 A del Tratado habría permitido adoptar una Directiva que prohiba determinadas clases de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco. 
No obstante, dado el carácter general de la prohibición de la publicidad y del patrocinio de los productos del tabaco establecida por la Directiva, la anulación parcial de ésta supondría la modificación, por parte del Tribunal de Justicia, de las disposiciones de la Directiva, modificación que incumbe al legislador comunitario. 
Por tanto, el Tribunal de Justicia no puede anular parcialmente la Directiva. " 
Este es un apartado muy importante de la sentencia del Tribunal. Pone claramente de manifiesto que la decisión adoptada por el Tribunal ha venido a decir lo siguiente: algunas cosas son admisibles, otras no. 
Habida cuenta del carácter general de la directiva, no podemos separar unas partes de las otras y, por tanto, tenemos que echar abajo todo. 
Es ésta una clara indicación de cómo podemos avanzar en esta materia. 
En respuesta a la pregunta sobre las exportaciones que el Sr. Bowis me ha formulado anteriormente, es muy claro que, en el improbable caso de que la parte de la directiva que se refiere a las exportaciones sea puesta en tela de juicio y si la opinión del Tribunal- que yo no voy a predecir- es que dicha parte carece de base jurídica, tal parte puede indudablemente ser separada de la directiva. 
Por tanto, incluso en tales circunstancias, la directiva sobreviviría. 
A este respecto permítanme señalar que, desde el punto de vista de las normas internacionales y comunitarias, las marcas registradas no disfrutan de excepción alguna con respecto a las medidas adoptadas para proteger la salud pública, y aun menos en este ámbito, en el que los efectos sobre el comportamiento de los fumadores son tan dramáticos. 
Con respecto al amoniaco, permítanme decir que la Comisión considera que su prohibición es aún muy prematura y no encuentra ningún argumento científico que justifique tal planteamiento en esta fase. 
Sería preferible esperar hasta que se haya tratado la cuestión de los aditivos en su conjunto en el primer informe de la Comisión. 
Sin embargo, es asimismo evidente que la preocupación por esta cuestión es alimentada por la información empresarial interna hecha pública en el procedimiento judicial. No sería prudente ignorar este dato. 
Por ello la Comisión propone tratar el asunto del amoniaco de una forma mesurada, después de haber recabado la opinión de los científicos y de haber estudiado toda la información disponible. 
En particular, informará sobre el supuesto uso de aditivos para incrementar el potencial adictivo de los productos del tabaco. 
Con respecto a los aditivos en general, la Comisión está plenamente dispuesta a prestar una atención prioritaria a este asunto sobre la base de la información que reciba de fabricantes e importadores. 
Así se dijo en una declaración realizada en el momento de la adopción de la posición común. 
Hacerlo antes de contar con los datos necesarios sería actuar de forma especulativa y prematura. 
Necesitamos disponer del tiempo suficiente para analizar la información y para recabar la opinión de los expertos en la materia. 
Asimismo, la Comisión desea preservar su derecho de iniciativa a este respecto en los términos previstos en el Tratado. 
En lo relativo al tamaño de las advertencias, estoy seguro de que podrá alcanzarse un compromiso satisfactorio, basado posiblemente en la propuesta modificada de la Comisión, presentada en junio, que ya recogía las propuestas presentadas en la primera lectura. 
El uso de fotografías en color que acompañen a los textos quizá sea prematuro y no se ha evaluado por completo en esta etapa. 
La Comisión preferiría consultar los datos disponibles y presentar un informe al respecto a su debido tiempo. 
La estampación de una advertencia de gran tamaño en algunos cartones sería una solución adecuada. 
El Sr. Davies ha afirmado en relación con las fotografías en color que podría permitirse a los Estados miembros el empleo de esta forma de publicidad en el paquete. 
No comparto esta opinión por dos razones: en primer lugar, porque ello iría en contra de la idea de la armonización, que constituye la justificación del empleo del artículo 95 como base jurídica; en segundo lugar, porque incluso si los Estados miembros quisieran hacer publicidad de este modo, no se requiere sanción o autorización alguna en virtud de la normativa comunitaria para proceder de tal modo. 
La cuestión de las máquinas expendedoras no está comprendida en el ámbito de aplicación de este texto, pero la Comisión estaría dispuesta a estudiarlo en otro contexto con el objeto de examinar los posibles enfoques del asunto. 
Esto está ligado a la cuestión del acceso a los productos, en particular cuando las máquinas están situadas en zonas no vigiladas. 
Por lo que respecta a la enmienda que trata el asunto de los organismos modificados genéticamente, la Comisión considera que sería preferible tratarlo en un considerando adicional en lugar de mencionarlo en un artículo en sí. 
En cuanto a las pruebas de laboratorio, la enmienda relativa a la aprobación de pruebas es superflua, puesto que otro artículo prevé ya la circulación de mercancías que cumplen las disposiciones de la directiva. 
Además, tenemos que establecer disposiciones que prevean el control de los resultados siempre que sea necesario. 
En lo tocante a la frecuencia de los informes del sector, parece claro que la periodicidad anual del informe es innecesaria. 
Por cuanto respecta a la Política Agrícola Común, este es un asunto que no se trata en este texto, por lo que mencionarlo en los considerandos no sería jurídicamente razonable. 
En cualquier caso, está previsto proceder en 2002 a una revisión en profundidad de la Política Agrícola Común. 
En lo relativo al régimen fiscal, coincido plenamente en que el precio de los productos del tabaco y, por extensión, los impuestos sobre el tabaco, desempeñan un papel fundamental a la hora de reducir el atractivo del tabaco para los jóvenes. 
Sin embargo, esta cuestión no es el objeto de la presente directiva. 
Tenemos que actuar con cuidado para no introducir elementos que queden fuera del ámbito del mercado interno o de la Política Comercial Común en cuanto bases jurídicas. 
Los informes de la Comisión sobre la aplicación de las Directivas en materia de impuestos sobre el consumo abordan este problema en la forma adecuada. 
Por último, en el informe se ha presentado un total de 54 enmiendas, y me complace informarles de que la Comisión puede aceptar 33, sea total o parcialmente. 
Sin embargo, no puede aceptar las enmiendas siguientes: 6, 8, 9, 16, 19, 20, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 53 y 54. 
Las enmiendas que la Comisión ha aceptado mejorarán notablemente este texto, que recogerá de este modo las principales preocupaciones expresadas por los diputados. 
Quiero dar las gracias de nuevo a los parlamentarios por su positiva contribución, y al Sr. Maaten por el excelente trabajo realizado en este asunto. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0356/2000) de la Sra. Honeyball, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la hora de verano (COM (2000) 0302- C5-0322/2000- 2000/0140 (COD) ). 
. (EN) Señora Presidenta, este informe no reviste complicaciones: en la actualidad, las directivas sobre el horario de verano sólo están cinco años en vigor, y luego tienen que volver al Parlamento para su renovación. 
Lo que este informe propone es que esas modificaciones tengan carácter permanente, de modo que contemos para siempre con un horario de verano y no tenga que ser ratificado por este Parlamento cada cinco años. 
No hay razones de peso para no aceptar esto en principio. 
En efecto, hay muchos y poderosos argumentos a favor de contar con un horario de verano. 
Entre otros se cuentan un menor consumo de energía; el transporte; los hoteles y restaurantes, cuyas tareas de planificación se han visto así facilitadas; las actividades de tiempo libre; el incremento de la calidad de vida, y su contribución a evitar los trastornos biorrítmicos. 
La mayoría de los Estados miembros acepta y quiere el horario de verano, razón por la que este informe no suscita polémicas de ningún tipo. 
Las ventajas de convertir el horario de verano en un uso permanente consistirían en simplificar la planificación. 
Los representantes de algunos sectores afectados, como, por ejemplo, el de informática y telecomunicaciones y los de ordenadores, transportes, telecomunicaciones, aviación y ferrocarril nos han dicho a nosotros y a la Comisión que, a su juicio, sería muy útil saber que todos los años habrá horario de verano y que éste tuviera carácter permanente, de modo que pudieran planificar con la suficiente antelación. 
Hay otro buen argumento referido al mercado único en el que surgen de nuevo consideraciones similares relativas a la planificación. 
En cuanto a la sustancia de este informe, lo que se sugiere es que los actuales usos, que fijan el principio del horario de verano en el último domingo de marzo y el final en el último domingo de octubre, se mantengan y tengan carácter permanente. 
Sin embargo, las enmiendas presentadas propugnan una revisión y la elaboración de un informe una vez transcurridos cinco años. 
En mi condición de ponente, recomiendo que presten su apoyo a dichas enmiendas, pues son muy razonables. 
El principal argumento a favor de estas enmiendas y de la elaboración de un informe una vez transcurridos cinco años afecta a la cuestión de la ampliación de la Unión Europea, la cual, según se dijo en la Cumbre de Niza, es muy oportuna y adecuada. 
Lo cierto es que si se unen a nosotros nuevos Estados miembros, es posible que no cuenten actualmente con usos horarios que se cohonesten con lo que estamos proponiendo y que necesiten tiempo para ajustarse a los nuestros y llevar a cabo el tipo de armonización que proponemos. 
Habida cuenta de los cambios que muy probablemente experimentaremos, no sería una buena idea introducir ahora usos permanentes, sin posibilidad de revisión. 
Ese es el argumento de mayor peso a favor de la revisión después de cinco años y, por tanto, de apoyar las enmiendas en tal sentido. 
Hay otros asuntos que nos gustaría examinar, asuntos como el de consumo de energía, la salud y la seguridad, en la medida en que están vinculados al horario de verano, pero el argumento más poderoso es, sin duda alguna, que queremos dar a los nuevos Estados miembros la posibilidad de ajustarse a nuestros usos. 
Por tanto, pido al Parlamento que en el momento de la votación apoye todas estas enmiendas, de modo que podamos contar con los mejores usos posibles para los actuales Estados miembros y para los futuros. 
Señora Presidenta, señorías, la propuesta de directiva relativa a las disposiciones sobre la hora de verano, que hay examinamos, es una buena propuesta. 
Se basa en un amplio estudio realizado a petición de la Comisión. 
Los resultados de este estudio son interesantes en la medida en que se oponen a algunas de las ideas anteriores. 
En primer lugar, la mayor parte de los sectores de actividad han asimilado ya el principio del horario de verano. 
Algunos sectores socioeconómicos han pedido además que el cambio al horario de verano sea permanente, en concreto los sectores de la informática, los transportes, las telecomunicaciones y el turismo. 
La hora es un dato básico que dichos sectores deben incorporar a sus productos y servicios. 
Por ello tienen necesidad de conocer de antemano las disposiciones sobre el cambio al horario de verano en todos los Estados miembros. 
En segundo lugar, varias consecuencias negativas no han quedado claramente demostradas. 
Así, en materia de salud, los eventuales problemas experimentados son de corta duración y perfectamente reversibles. 
En lo que se refiere al biorritmo de los animales y a las condiciones de trabajo de los trabajadores del campo, los resultados de la investigación tampoco ponen de manifiesto efectos negativos. 
En cambio, el estudio pone de relieve otras consecuencias, menos esperadas. 
Así pues, el horario de verano está en sintonía con la evolución de los modos de vida de nuestras sociedades, debido sobre todo a los horarios de trabajo más tardíos, al retraso del horario de cierre de los comercios, los servicios y los transportes públicos. 
La hora de luz suplementaria obtenida con el cambio de horario beneficia en particular al sector turístico y de ocio, que ha registrado un aumento de actividad directamente relacionado con unas tardes más claras y largas. 
En definitiva, el horario de verano parece ir a la par con una mayor calidad de vida, de modo que los efectos positivos del periodo en que se tiene compensan sobradamente los problemas pasajeros relacionados con el propio cambio. 
El Parlamento Europeo sólo ha introducido una enmienda a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Solicita la redacción de informes quinquenales sobre la incidencia de las disposiciones de la directiva sobre el "Horario de verano". 
En el caso de que los informes mostraran que las disposiciones relativas al horario de verano deben modificarse, la Comisión podría formular propuestas apropiadas. 
El primer informe se presentará el 30 de abril de 2007 a más tardar. 
Creo que esta enmienda no se opone al objetivo de la propuesta de la Comisión. 
Permitirá garantizar un seguimiento de la aplicación del cambio de horario sin por ello poner en duda el principio en cuestión. 
No podemos, a fin de cuentas, sino congratularnos por esta propuesta de la Comisión, que hace del cambio al horario de verano un instrumento permanente de la política europea al proponer, en definitiva, que las disposiciones relativas al periodo del horario de verano se establezcan de forma indefinida. 
Señora Presidenta, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, todavía sigo constatando que existen profundas discusiones sobre los pros y contras de la hora de verano. 
En la mayoría de los casos se trata de discusiones, que, tal como las veo, son más de naturaleza filosófica, que de una política sustantiva seria y real. 
Por consiguiente, creo que en esta Asamblea no deberíamos ocuparnos demasiado tiempo de este tema, pues los Estados miembros, así como también la población, han aceptado ya en gran medida la regulación de la hora de verano y ésta ha sido reconocida como parte de nuestro ritmo anual. 
En consecuencia, no deberíamos quebrarnos más la cabeza sobre esto. 
Por esta razón, considero también los trabajos específicos de investigación, que aquí y allá se han pedido, como una pérdida de tiempo y dinero, pues, en mi opinión, en Europa hemos de solucionar problemas mucho mayores como, por ejemplo, la situación del transporte, la ampliación o también la EEB, que está de plena actualidad. 
También es obvio que en la UE tiene que haber una regulación única acerca de cuándo hay que cambiar de hora los relojes, pues cualquier otra solución- se ha dicho ya- conduciría a un embrollo sin remedio. 
Creo también que la población se preguntaría con razón sobre el sentido o el sin sentido de alguna legislación de la UE. 
Desde el punto de vista de los campesinos- esto también ha sido dicho- el cambio a la hora de verano y a la hora de invierno sigue siendo una solución no precisamente ideal para nuestras explotaciones tanto en lo que respecta a los animales como al trabajo específico en las granjas. 
No obstante, quiero afirmar con toda franqueza que hay más ventajas que perjuicios en el cambio de hora, en la regulación de la hora de verano que tenemos actualmente. 
Deberíamos darnos por satisfechos y, en mi opinión, prorrogar sin término la regulación. 
En este sentido, permítanme que en nombre de mi Grupo manifieste que no queremos aceptar ninguna enmienda. 
He dicho esto porque mi Grupo, y también yo, estamos convencidos de que Europa tiene problemas y tareas de mayor importancia. 
La hora de verano no es el problema de nuestra casa común Europa. 
Señora Presidenta, la hora de verano ha estado en vigor en muchos Estados miembros a partir de la década de 1970. 
Hace algunos años se hizo coincidir finalmente el comienzo y el final del cambio de hora, de modo que a partir de 1996 la hora de verano ha sido la misma en todos los Estados miembros de la UE. 
Ya nos hemos acostumbrado a esta práctica, tal y como acaba de indicar el orador precedente. 
En opinión de mi Grupo, la propuesta que se ha hecho ahora es acertada, y mi Grupo la apoya sin necesidad de nuevas enmiendas. 
Lo fundamental es que la hora de verano se aplique en todos los Estados miembros y que el comienzo y el final del cambio de hora sigan coincidiendo. 
A mi juicio, es conveniente que las cuestiones relacionadas con las franjas horarias y con la aplicación de las regulaciones de la hora de verano queden, según establece la propuesta, en el ámbito de decisión de los Estados miembros. 
La armonización es necesaria únicamente a la hora de la aplicación práctica, o sea, que la hora de verano debe adoptarse al mismo tiempo en todos los Estados miembros. 
La existencia de una hora de verano armonizada contribuye tanto a eliminar los obstáculos para la libre circulación de mercancías, servicios y personas, como a impulsar la eficacia operativa del mercado interior. 
Los estudios realizados sobre las influencias de la hora de verano no proporcionan una imagen clara sobre si las repercusiones en la agricultura son negativas o positivas. 
Los mayores motivos de preocupación se relacionan con el bienestar de los animales y con las condiciones de trabajo de los agricultores. 
La adopción de la hora de verano ha contribuido al ahorro de energía, si bien este ahorro ha sido bastante escaso por lo que se desprende de los estudios. 
Según las investigaciones, se ha demostrado que la seguridad vial ha mejorado gracias a la prolongación de la claridad por las tardes. 
Las tardes más largas y luminosas también ofrecen posibilidades en conexión con el aumento del tiempo libre. 
Señora Presidenta, estimados colegas, la hora de verano, que sin duda se ha acreditado, va a comenzará ahora con carácter vinculante en toda Europa el último domingo de marzo y terminará el último domingo de octubre. 
Así lo prevé la propuesta de la Comisión relativa a la regulación de la hora de verano. 
En segundo lugar, la directiva va a tener por vez primera un periodo de vigencia ilimitado. Esto es necesario y bueno. 
La Comisión queda únicamente obligada a presentar dentro de cinco años un informe acerca de los efectos de la directiva. 
El funcionamiento fluido de la economía europea, en especial en los ámbitos del transporte, de la comunicación, del turismo y de la informática, necesita una planificación estable y a largo plazo. 
De numerosas opiniones de los sectores de la industria se desprende que esta estabilidad a largo plazo en las fechas de la hora de verano es estrictamente necesaria para el armónico funcionamiento del mercado interior. 
Por razones económicas y sociales es sencillamente imprescindible que la regulación sobre la hora de verano sea clara, inteligible y concebida para largo plazo, de suerte que se pueda planificar por anticipado y no haya que temer que esta política pueda tornarse súbitamente en su contraria. 
Por consiguiente, en mi opinión, las enmiendas que han sido presentadas por el Parlamento y por la ponente no son muy útiles, pues conducen más hacia la inseguridad que a acrecentar la confianza. 
Una revisión única por parte de la Comisión dentro de cinco años es suficiente. 
Por consiguiente, soy partidario de que nos comportemos en el Pleno de la misma manera que en la Comisión de Política Regional, es decir, en el sentido de confirmar la propuesta no modificada de la Comisión y rechazar así las enmiendas. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, al acercarse la época más oscura del año, levanta el ánimo hablar del verano o, al menos, de la hora de verano. 
En cualquier caso, quiero fijar mi atención en este ritual de sincronización de relojes de cada otoño y primavera, sobre cuya conveniencia se pueden tener muchas opiniones. 
He recibido mensajes de los ganaderos en los que se resalta la cuestión del bienestar de las vacas lecheras, bienestar que hay que garantizar también si pensamos en la producción láctea. 
La tranquilidad de los rumiantes se está viendo perturbada ya por la enfermedad de las vacas locas. 
Ahora no deberíamos provocarles un estrés adicional alterando su ritmo habitual. 
Las vacas no se acostumbran al cambio de ritmo en un par de días. 
También es entorpecedor para la agricultura el hecho de que en otoño, en la época de la trilla, la humedad del rocío debería haber desaparecido a una hora determinada, pero, milagro y prodigio, la naturaleza no cumple la directiva. 
Un problema adicional es que, además, el ritmo natural de los animales se ve alterado también por el exceso de actividad humana que, en parte, proviene de la luminosidad. 
Considero que en la Comunicación de la Comisión no se demuestra de forma irrefutable la necesidad de la hora de verano. 
Por consiguiente, la continuación de este sistema debería, en mi opinión, volver a revisarse lo antes posible. 
También es discutible que el período de la hora de verano deba finalizar algo antes de principios de noviembre. 
En la blanca y nevada Europa del Norte, el recuerdo del verano se ha enfriado ya para entonces. 
Estaría más justificado que la hora de verano terminase a finales de septiembre, a unos seis meses de su comienzo. 
No estoy totalmente en contra de la hora de verano, ya que también tiene aspectos positivos. 
Con todo, pido a la Comisión que haga una evaluación crítica sobre la necesidad de la hora de verano en el futuro. 
Yo creo que es posible arreglárselas sin la existencia de la hora de verano, aunque no por ello esté dispuesto a renunciar a veranos más cálidos. 
Pero, afortunadamente, eso no lo deciden los políticos. 
. 
(EN) Señora Presidenta, señoras y señores, la propuesta que estamos debatiendo hoy está dirigida a ampliar las actuales disposiciones relativas a las fechas y horas en que el horario de verano comienza y acaba, a saber, el último domingo de marzo y el último domingo de octubre a la 1 de la mañana en la hora de Greenwich. 
Permítanme en primer lugar felicitar a su ponente, la Sra. Honeyball, por su excelente trabajo y por el informe que ha elaborado. 
Ya se habrán apercibido de que, en comparación con las anteriores directivas, los usos propuestos son de carácter indefinido. 
El estudio encargado por la Comisión en 1999, en virtud de su compromiso asumido ante el Consejo y el Parlamento Europeo cuando se adoptó la Octava Directiva, concluye que los usos gozan de una amplia aceptación entre la opinión pública y entre los diversos sectores de actividad. 
Sin embargo, es un hecho evidente que la adopción de usos para un período comparativamente más corto crea dificultades a ciertos sectores. 
Por ejemplo, el sector del transporte en particular, al igual que otros sectores industriales, exige una planificación estable a largo plazo, debido a las exigencias técnicas que suscita la elaboración de horarios de transporte. 
Por otro lado están las exigencias de los fabricantes de ordenadores o de tacógrafos electrónicos, o de calendarios y agendas. 
Por último, pero no por ello menos importante, debe evitarse, tanto a nivel comunitario como nacional, la cara repetición y la gran cantidad de tiempo que requieren los procedimientos legislativos en intervalos tan cortos. 
Si bien son todas éstas razones aducidas en favor de la adopción de usos con carácter indefinido, la Comisión ha dispuesto, con fines preventivos, la elaboración, a más tardar cinco años después del año de entrada en vigor de la directiva, de un informe sobre la base de la información comunicada por cada Estado miembro. 
A este respecto me complace señalar que la propuesta de la Comisión ha sido recibida favorablemente por el Parlamento Europeo. 
Por cuanto respecta a las enmiendas presentadas, la Comisión puede aceptar las enmiendas 3 y 4, puesto que están dirigidas a hacer más transparente el sistema e inciden sobre el principio preventivo. 
En lo relativo a la enmienda 1, la Comisión no puede aceptar la parte de la misma que la obliga a elaborar un informe periódico cada cinco años ni la referencia al proceso de ampliación. 
Sí puede aceptar la presentación de propuestas adecuadas sobre la base de las conclusiones del informe de 2007 a que se refiere el artículo 5. 
En lo que respecta a la enmienda 2, relativa al considerando 6 A, la Comisión no puede aceptarla por dos razones: por un lado, el alcance de las investigaciones no debe restringirse a unos pocos requisitos; por otro, la enmienda del considerando 6 A propuesta no se refiere a ningún artículo específico de la directiva. 
No obstante, me gustaría aliviar sus preocupaciones diciéndoles que la Comisión informará a los Estados miembros en tiempo oportuno, de modo que éstos puedan enviar toda la información y datos relativos a los diversos sectores afectados por este asunto. 
A modo de conclusión, quiero señalar que deseo que la directiva propuesta se adopte rápidamente, para así garantizar que no surgirán dificultades en los sectores afectados. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Ensayos clínicos de medicamentos de uso humano 
Señora Presidenta, señorías, la directiva, que hoy debatimos por segunda vez, se inscribe en un contexto delicado de competencia internacional en materia de investigación farmacéutica, de cuestiones sanitarias de primer orden, sobre todo en el ámbito de la pediatría, y permite solucionar el problema de los ensayos clínicos que se realizan a la vez en varios Estados miembros y en varios lugares. 
La posición común que nos ha transmitido el Consejo supone una mejora real de la propuesta de la Comisión y, sobre todo, de la primera lectura de nuestro Parlamento. 
Hay varios puntos sobre los que podemos dar nuestra conformidad. 
Así, el principio elegido para que se pueda iniciar un ensayo clínico es la autorización tácita tanto del comité ético como de las autoridades competentes de los Estados miembros. 
De esta manera el dictamen del comité ético es determinante, ya que se produce en primer lugar y la ausencia de un dictamen negativo permite que se inicie el ensayo inmediatamente sin pérdida de tiempo. 
Finalmente, estamos de acuerdo con las propuestas del Consejo en lo que se refiere al etiquetado de los medicamentos utilizados en estos casos. 
Por el contrario, algunos otros puntos de la posición común debieran ser mejorados y tengo entendido, de lo cual me alegro, que el Consejo está dispuesto a llegar a varios compromisos. 
El primer punto me parece esencial y no habría que transigir en la materia. El consentimiento de los participantes en un ensayo clínico se debe formular necesariamente por escrito y, si ello no es posible, por ejemplo en caso de incapacidad temporal para escribir, debe estar presente un testigo en el momento de darse el consentimiento. 
En segundo lugar, dicho consentimiento debe ser claro, lo que significa fundamentalmente que el participante debe haber sido informado de las condiciones en las que se va a desarrollar el ensayo, de los riesgos potenciales que corre y de la posibilidad que tiene de retirarse del ensayo en cualquier momento sin restricciones. 
Finalmente, y esto me parece fundamental, hay que procurar garantizar la mayor protección posible de aquellos que no estén en condiciones de dar su consentimiento, es decir, los más débiles, los niños y los adultos incapaces desde el punto de vista jurídico. 
Es preciso que obtengan un beneficio directo del ensayo clínico. 
La opinión de los menores, en particular, debe al menos escucharse debido a las características clínicas y psicológicas que han de tenerse en cuenta. 
Me parece justo no incluir a adultos incapaces en ensayos clínicos que se podrían realizar sobre adultos capaces. 
Finalmente, los adultos incapaces sólo deben participar en ensayos referidos a la enfermedad que tengan y que sea el origen de su incapacidad. 
Así, aunque siga habiendo algunos puntos de discrepancia con el Consejo, quisiera recordar que el resultado que queremos obtener mediante la aprobación de esta directiva es fruto de un largo y fructífero trabajo de compromiso por parte del Sr. Liese, nuestro ponente, al que agradezco y felicito por su gestión participativa y constructiva, y por parte del Consejo, que se ha mostrado cooperativo y abierto a las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente en segunda lectura. 
También tengo grandes esperanzas, después de lo que acaba de decirnos el Sr. Liese, de que alcanzaremos rápidamente un acuerdo que permitirá evitar una conciliación larga y al final poco productiva. 
Señora Presidenta, quisiera unirme a la Sra. Patrie en dar calurosamente las gracias a nuestro ponente, Sr. Liese, por los numerosos esfuerzos que ha dedicado a la búsqueda de un consenso. 
Es entonces una directiva especialmente importante la que nos ocupa. 
Puede contribuir a mejorar la investigación clínica en Europa y, por consiguiente, el bienestar de millones de enfermos. 
El sector es delicado. 
Es cuestión de avances científicos, pero también de ética y moral; en resumen, de juicios de valor. 
Tras la primera lectura, nuestro Parlamento se centró en la protección de las personas incapaces de dar su consentimiento claro a dichos ensayos clínicos: los niños y los mayores disminuidos mentales. 
Excluirlos supondría impedir las investigaciones sobre las enfermedades que les afectan específicamente. 
Las investigaciones científicas y experimentales son a veces, en algunos casos, sus únicas esperanzas. 
Por otra parte, sabemos que separar empíricamente la posología destinada a adultos para tratar a niños ha provocado tragedias en el pasado. 
Y qué decir del caso contrario, de los niños no atendidos porque el medicamento específico existente que les podría curar no ha sido comprobado para ellos. 
Deseamos por tanto que esos grupos se beneficien de los progresos en la investigación, a la vez inscribimos esos ensayos en un marco lo más riguroso y estricto posible. 
Es lo que hacemos fundamentalmente con las enmiendas 36 y 37: información completa, objetiva y adaptada al niño, algo que me parecía muy importante; consentimiento claro y por escrito de los padres o representantes legales; exclusión de toda ventaja financiera; control del protocolo por parte de comités éticos. 
Igualmente, en estas enmiendas recordamos, y no sólo una vez sino dos, que los intereses del paciente priman siempre sobre los de la ciencia y la sociedad. 
Los niños y los incapacitados son personas frágiles que necesitan una máxima protección. 
No obstante, no es precisa la prohibición: dichos enfermos no deben verse excluidos de la esperanza que constituye para ellos la investigación, que es a veces el último hilo del que pende su vida. 
Sólo unas palabras sobre otra cosa muy importante desde mi punto de vista: me refiero a la enmienda nº 30, que se refiere a los ensayos clínicos no comerciales. 
Es crucial que la directiva tenga en cuenta dichas investigaciones académicas. 
Tampoco es preciso que las penalice. 
Son particularmente beneficiosas para los pacientes en cuestión, y ello en múltiples sectores. 
Pienso sobre todo en la investigación en el marco de la lucha contra el cáncer, pero hay muchas otras. 
Señora Presidenta, celebro que tantos colegas hayan puesto de relieve cuán importante nos parece, y creo que éste es también el punto central de este debate, que se proteja a los grupos de personas especialmente necesitadas de protección, es decir, los niños y los que carecen de capacidad de consentimiento, y que no deba existir ninguna investigación sin beneficio directo. 
Pero también quisiera recordar que fue el Grupo de los Verdes, el que presentó esto aquí en la primera lectura en contra de muchas resistencias- lamentablemente, también del actual ponente- es decir, nuestra enmienda de entonces, que muchos colegas y muchas colegas apoyaron aquí y que preveía que no debe practicarse ninguna investigación sin beneficio directo con personas que no están en situación de dar su consentimiento. 
En mi opinión sólo gracias a esta enmienda presentada por nosotros ha sido posible este debate tan importante. 
Quisiera poner de relieve una vez más lo siguiente: celebro que en este punto se haya movido el ponente, de tal manera que creo que hemos logrado un compromiso verdaderamente bueno. 
Este compromiso, que, naturalmente, puede ser sobrepasado aún por cada uno de los Estados miembros, representa un mínimo para que en la Unión Europea no tengamos una especie de dumping ético, es decir, que en un país miembro se pueda practicar la investigación en personas carentes de capacidad para el consentimiento, y en otros no se pueda. 
Quisiera destacar una vez más que este compromiso va más allá de lo que propone el Convenio de bioética del Consejo de Europa, pues nosotros tenemos una protección mayor de los pacientes, una conexión mucho más fuerte a sus propios intereses; así, por ejemplo, el consentimiento a través de representante es revocable en todo momento. 
Pero celebro también que hayamos logrado echar un cerrojazo a la terapia génica. 
Debe quedar muy claro que la investigación clínica que tenga por objetivo abrir puertas traseras a la manipulación de la línea germinal no debe darse, pues esto constituye una transgresión contra la dignidad humana. 
Por esta razón creo que es muy bueno este compromiso, sobre todo si se considera que los Estados miembros pueden introducir incluso reglas más estrictas. 
Con esto ponemos en claro lo siguiente: en el plano europeo no debe darse ningún dumping moral y no debe existir ninguna investigación en personas incapaces de dar su consentimiento que beneficie a terceros. 
Para terminar quisiera pedir amablemente al Consejo que estudie una vez más nuestra enmienda relativa a los placebos. 
En la misma hemos propuesto que la investigación con placebos sólo debe practicarse cuando se demuestre que no puede darse otro control de eficacia, pues aquí queremos evitar que se llegue a la investigación sin beneficio directo, pero al mismo tiempo queremos hacer posible la investigación. 
De aquí esta propuesta, y quisiera pedirle amablemente que recuerde a la Presidencia francesa del Consejo que conteste esta cuestión. 
Señora Presidenta, la salud como bien supremo se debe salvaguardar y restaurar sea como sea. 
Para este fin, la ciencia médica debe disponer de todo medio que garantice un nivel elevado en la salud individual y pública. 
Desgraciadamente, a pesar de las medidas relativas, aparecen nuevas amenazas y enfermedades, y en muchas ocasiones los medicamentos con que contamos no bastan para erradicarlas. 
Es un deber de la comunidad médica buscar formas actualizadas o más eficaces contra estos desafíos. 
Así, es necesario realizar ensayos clínicos; basta con que se realicen de manera que garantice la dignidad individual y la integridad psicosomática. 
Hoy en día, las diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en los Estados miembros crean obstáculos e incluso competencia entre las industrias farmacéuticas por poner a la disposición de los pacientes los medicamentos oportunamente. 
Por esta razón se debe llevar a cabo una armonización en el ámbito europeo. 
El Parlamento Europeo, reconociendo la importancia de esta directiva, intenta superar estas diferencias para no retrasar el procedimiento legislativo, enfocando las condiciones seguras mencionadas posteriormente para la realización de los ensayos clínicos: consentimiento por escrito de los sujetos de ensayos clínicos, consentimiento de los tutores o de los responsables legales, así como del médico que les asiste sobre la participación de personas discapacitadas psíquicas. Una condición es que el beneficio al que se aspira de los medicamentos en prueba sea mayor que las posibles reacciones secundarias; la participación de niños en los ensayos clínicos debe realizarse con la seriedad debida puesto que se trata de un sector vulnerable. 
Finalmente, y aquí expreso mi disgusto porque esto no está incluido en las propuestas conciliatorias del Consejo, creo que el principal investigador para la investigación de los ensayos clínicos debe ser médico. 
Porque sólo los médicos tienen los conocimientos y la experiencia para evaluar el beneficio y hacer frente a las reacciones secundarias y los peligros durante el ensayo médico. 
Por supuesto, en el grupo que investiga el ensayo médico pueden participar también otros especialistas que tengan relación con el tema. 
Quisiera dar mi enhorabuena al ponente, Sr. Liese, por su informe y agradecerle su esfuerzo por conciliar las posturas contrarias. 
. (FR) Señora Presidenta, deseo dar las gracias y felicitar al ponente, Sr. Liese, por el excelente informe que ha presentado, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por el trabajo realizado. 
La Comisión se alegraría mucho de que después de tantos esfuerzos por parte de todos los interesados fuera posible lograr, a nivel comunitario, la armonización de los requisitos aplicables a la realización de ensayos clínicos, algo que resulta particularmente importante a efectos de protección de la salud pública. 
Como ustedes saben, desde 1965 la legislación farmacéutica comunitaria estipula que los medicamentos deben obtener una autorización antes de poder ser comercializados. 
La emisión de dicha autorización se basa en el respeto de tres criterios fundamentales: calidad, seguridad y eficacia. 
Esta exigencia responde a dos objetivos esenciales: protección de la salud pública y libre circulación. 
La realización de ensayos clínicos, de acuerdo con los principios de buenas prácticas clínicas, permite verificar la eficacia y la seguridad de los medicamentos. 
Las buenas prácticas clínicas han sido objeto de una armonización internacional en forma de directrices aprobadas en el marco de la Conferencia Internacional de Armonización, que agrupa a representantes de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 
No obstante, al no ser esas directrices jurídicamente vinculantes, se aplican de manera muy diferente en los Estados miembros. Esto crea dificultades tanto para los participantes en los ensayos clínicos como para los industriales que desean llevar a cabo esos ensayos en la Unión Europea. 
Por ello la Comisión se vio obligada a proponer en septiembre de 1997, sobre la base del artículo 95 del Tratado, un marco legislativo destinado a armonizar los procedimientos establecidos para los ensayos clínicos en el seno de la Unión Europea. 
La Comisión modificó su propuesta en abril de 1999 para tomar en consideración el dictamen del Parlamento Europeo. 
La posición común del Consejo, adoptada en julio de 2000, se basa esencialmente en la propuesta modificada de la Comisión e incorpora la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo e incorporadas por la Comisión, la cual comprende perfectamente el deseo del Parlamento Europeo, cuyas enmiendas tienen en su mayoría como objetivo mejorar la protección de los sujetos que participan en los ensayos clínicos y, sobre todo, los que no pueden dar su consentimiento, esto es, los niños y los mayores de edad incapacitados. 
En la medida en que esas poblaciones tienen una absoluta necesidad de medicamentos adaptados, el reto es entonces el de poder realizar ensayos a la vez que se garantiza plenamente su protección. 
Un trabajo a fondo, realizado en perfecta colaboración entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, ha permitido preparar un compromiso que tiene en cuenta todos los aspectos planteados y señala unas posturas a veces divergentes. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas del compromiso, que responden a los objetivos perseguidos por la Comisión, es decir, la protección de la salud pública, teniendo en cuenta a los participantes de los ensayos clínicos, la necesidad de facilitar la realización de ensayos clínicos dentro de la Unión Europea y la necesidad de que la industria farmacéutica sea competitiva a escala internacional. 
En conclusión, la Comisión puede aceptar las enmiendas de compromiso 28 a 43. 
También puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23 y 24. 
Puede además aceptar en principio las enmiendas 5, 11, 15, 17, 25, 26 y 27, pero, en cambio, no puede aceptar las enmiendas 4, 18, 20 y 22. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Señora Presidenta, celebro que la Comisión diga que en principio puede aceptar la enmienda 25. 
Sin embargo, si es posible, me gustaría saber del Consejo una vez más si éste puede aceptar esto. 
El Consejo no tiene al parecer intención de darle una respuesta, señora. 
Supongo que podrá ponerse en contacto con el representante fuera de la sesión, de aquí a las 12.30 horas de mañana, puesto que la votación se realizará mañana. 
Programas en el ámbito de la salud pública 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0377/2000) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prolongación de determinados programas de acción comunitaria en materia de salud pública, adoptados por las Decisiones nº 645/96/CE, nº 646/96/CE, nº 647/96/CE, nº 102/97/CE, nº 1400/97/CE y nº 1296/1999/CE y por la que se modifican dichas Decisiones (COM (2000) 0448- C5-0400/2000- 2000/0192 (COD) ). 
Señora Presidenta, para empezar quisiera expresar mi disgusto a la Comisión por haber retrasado injustificadamente la presentación al Parlamento de la propuesta sobre la ampliación de seis programas de acción sobre la salud pública. 
Estos programas están relacionados con la lucha contra el cáncer, con la prevención del SIDA, la prevención de la drogodependencia y la promoción en materia de salud; y su interrupción significaría el fin de los proyectos relativos y de la labor de las redes que se crearon a este fin. 
El procedimiento de codecisión para poner en vigor el nuevo programa de acción para la salud pública para los años 2001 a 2006 va a retrasarse más allá del 12 de diciembre de 2000, fecha en que expira el plazo de cuatro de los seis programas. 
Por eso es tan urgente aprobar su ampliación a un año para empezar, y a un segundo año si no entra en vigor el nuevo plan de acción. 
Así pues, en este sentido estoy de acuerdo con la propuesta del ponente de acelerar los procedimientos y evitar las dos lecturas, mediante un acuerdo con el Consejo y con la Comisión sobre los fondos. 
Espero que en el futuro no volvamos a encontrarnos con un retraso tal, en sectores tal vitales como es éste de la salud pública. 
Señora Presidenta, para empezar quisiera señalar que los programas cuya ampliación estamos debatiendo, cuatro programas para una formación bienal y dos programas para una formación anual, tienen relación directa con el programa que se está debatiendo en este momento en la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Política del Consumidor, que es el nuevo programa de salud. 
Desgraciadamente, este nuevo programa que va a estar en vigor desde el año 2001 hasta el año 2006, todavía no esta preparado, y no está previsto que entre en vigor durante algún tiempo aún. 
Así pues, era lógico que se solicitara la ampliación de los programas anteriores que, por supuesto eran programas importantes sobre el cáncer, sobre el SIDA, sobre enfermedades como por ejemplo las enfermedades vinculadas con la contaminación, o incluso sobre el seguimiento de enfermedades transmisibles, y en general, programas de gran importancia para la salud pública. 
Dicha ampliación era importante porque, de otra forma, se crearía un gran vacío en los temas y programas de salud pública. 
No debemos olvidar que el acervo comunitario de estos programas básicamente va a pasar al nuevo programa sobre la salud, que se está elaborando actualmente y por consiguiente su ampliación es correcta. 
Lo que acordamos con el Consejo y con la Comisión y, naturalmente, con la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento, para evitar una segunda lectura y poder continuar sin obstáculos estos programas y que no se crearan vacíos, fue que sí, que se ampliaran en dos años los cuatro programas, tal como había solicitado la Comisión, pero que el dinero se diera anualmente, de modo que, si mientras tanto teníamos la aprobación y entraba en vigor el nuevo programa sobre la salud, no fuera necesaria la ampliación ni que se utilizara el dinero para el segundo año. 
Naturalmente si no se ha iniciado aún el nuevo programa, que no lo creo, entonces avanzaremos y tendremos también el dinero para el segundo año. 
Así pues, hemos llegado a un acuerdo en estos temas; hemos acordado también que para los dos programas que finalizan en diciembre de 2001 haya una ampliación de un año, y hemos acordado también la cantidad, que no es distinta, puedo decir que es algo menor, que la que inicialmente había solicitado la Comisión Europea. 
Por tanto, quiero creer que hemos avanzado muy rápido y en óptima colaboración. 
Diría que quizás hemos inaugurado también una nueva forma de funcionamiento en los temas de codecisión. 
En lugar de esperar a llegar a la conciliación después de mucho tiempo, básicamente hemos creado la conciliación a priori. 
Yo también propondría esto a la Comisión Europea, al Consejo y a las comisiones del Parlamento. 
Es algo muy bueno poder allanar el terreno a priori, de modo que, aún en el caso de que sea necesario realizar una segunda lectura, estar muy cerca del punto en el que se toman las decisiones. 
Por supuesto, quisiera dar las gracias a mis señores colegas, y también a los de los otros partidos, y claro, también dar las gracias a mis señores colegas de la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Política del Consumidor, porque, verdaderamente, hemos contado con esta convergencia de opiniones digna de mención, y hemos podido avanzar rápidamente para que no haya vacíos en los temas de la salud pública. 
Y quiero creer que vamos a seguir avanzando de la misma manera, utilizando este método también para el nuevo programa de salud, para poder avanzar realmente en estos temas, que la integración europea sobre la que tan frecuentemente debatimos y mencionamos todos nosotros no es algo abstracto, no es una integración que se da sólo en las relaciones exteriores, sólo en la defensa. 
Es una serie de convergencias. 
No es posible imaginar una Unión Europea unificada si no hay convergencias en el sector de la salud, de la educación y en otros sectores. 
Por supuesto, todos sabemos que la salud es responsabilidad de los Estados miembros, pero claro, la Comisión Europea tiene una gran responsabilidad, por los Tratados, en la salud pública del ciudadano europeo. 
Así, vamos por muy buen camino. 
Veo un principio de convergencia con estos programas, y diría que es una labor deseable. Porque realmente los ciudadanos europeos van a beneficiarse mucho de las acciones en el ámbito de la salud pública. 
Señora Presidenta, digámoslo de entrada, vamos a votar a favor del informe Trakatellis. 
Sin embargo observamos, una vez más, un mal funcionamiento en la Unión Europea, puesto que aprobamos, con urgencia, un enlace entre dos programas como si fuera una sorpresa que los programas deban terminar en el año 2000, cuando el hecho es que terminan en el año 2000. 
Creo que no se puede jugar- lo ha dicho el Sr. Trakatellis- con la salud de los enfermos, que esperan nuestra ayuda, ni con las organizaciones no gubernamentales, que necesitan esos presupuestos comunitarios para aplicar sobre el terreno las políticas en materia de salud. 
De una manera general, ya es hora de que los países miembros se pongan de acuerdo en dar a la Unión Europea, sobre un tema legítimamente supranacional, un mayor margen de maniobra y un presupuesto apropiado: las enfermedades no conocen fronteras. 
Sobre todo, un programa marco no debe, con el pretexto de la concentración, olvidar las acciones específicas. 
Por ejemplo, aunque la lucha contra el sida ya no esté de moda, debe seguir siendo prioritaria, ya que esta enfermedad dramática sigue muy presente, sobre todo en los futuros países candidatos. 
Como conclusión, digamos que el objetivo de una futura estrategia europea debiera ser la integración de las cuestiones sanitarias en todas las demás políticas comunitarias, de modo que se ponga fin a las incoherencias actuales: mientras se conceden 50 millones a la lucha contra el cáncer, ¡a la industria tabaquera se la subvenciona con 1.000 millones! 
Señora Presidenta, nuestro Grupo apoya el informe muy bien realizado por el señor Trakatellis y también el trabajo en la Comisión de Medio Ambiente; pensamos que, como decía muy bien el señor Trakatellis, hace falta una tarea de previsión para poder avanzar en el cumplimiento de programas en marcha. 
Cuando el conjunto de ciudadanos europeos está siendo afectado por causas comunes en alimentación, en trabajo, en cuestiones diversas, es lógico que haya programas comunes europeos que cada vez tengan más importancia para la lucha, prevención, conocimiento y la acción conjunta en estas cuestiones. Por ello, es de desear que el esfuerzo dedicado a estas cuestiones aumente. 
Precisamente, es en este tema donde nosotros pensamos que se nota la insuficiencia de la orientación de la Unión Europea, del Consejo y de la Comisión que, con los recortes presupuestarios, al no querer alcanzar el techo del 1,27 % que permiten actualmente las normas en vigor, está haciendo que se sufran acciones como éstas cuando, cada vez, tiene más importancia la coordinación entre los distintos Estados miembros. 
También estimamos en el informe del señor Trakatellis la necesidad de equilibrar los distintos programas y actuaciones que están en marcha. 
Además, debemos tomar en consideración que tanto la prevención y promoción como la vigilancia van a ser cada vez más importantes y, por ello, habría que dotarlas de más presupuestos y darles más importancia. 
Por último, creemos que hay que procurar que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como las que hemos vivido, de falta de agilidad por parte de la Comisión para acceder a tiempo a la renovación del conjunto de actuaciones. 
Yo creo que esto es preocupante, ha habido alerta por parte de muchas organizaciones que están comprometidas y el problema debería resolverse de una vez. 
Señora Presidenta, apoyo sin restricciones la ampliación de los programas comunitarios en materia de salud hasta el 31 de diciembre de 2002. 
La continuación de ciertos programas en materia de salud pública hasta finales de 2002 costará 80 millones de euros. 
Ello significará que puedan emprenderse acciones comunitarias en los ámbitos de la promoción de la salud, la información, la educación y la formación; en el programa de lucha contra el cáncer, el programa de acción comunitaria en materia de prevención del SIDA y de otras enfermedades transmisibles, así como en el programa de toxicomanía. 
A mi juicio, las Instituciones europeas, fundamentalmente la Comisión Europea y el Parlamento, han de recibir competencias más amplias para la promoción de programas de salud dentro de la Unión Europea. 
Sin duda alguna, el programa de acción comunitaria de prevención del SIDA ha contribuido de forma notable a reducir el número de personas que contraen esta terrible enfermedad en la Unión Europea. 
Es más, pretendo desempeñar un papel fundamental y activo para asegurar que dentro de la Unión Europea se destine una mayor cantidad de recursos a la investigación sobre el cáncer. 
Es imprescindible que este presupuesto aumente, de modo que podamos por fin encontrar el origen del cáncer y curar a aquéllos que lo padecen. 
Asimismo, los programas de prevención de la toxicomanía no deben centrarse únicamente en las zonas de mayor conflictividad, sino también en muchas regiones de toda la Unión Europea. 
En efecto, organizaciones internacionales como Europol han afirmado que la importación de drogas a la Unión esta aumentando. 
La guerra que acabe con el tráfico internacional de drogas y con la importación de drogas a la Unión constituye todo un desafío para los próximos años. 
El Gobierno irlandés gestiona con gran éxito un programa llamado "Fondo para Instalaciones y Servicios para la Juventud" que fomenta el desarrollo de instalaciones y servicios para la juventud en zonas desfavorecidas. 
Tiene por objetivo las zonas que sufren o pueden sufrir importantes problemas relacionados con las drogas. 
Este es un asunto que puede considerarse en el contexto del nuevo programa de acción comunitaria en materia de salud pública cuya aplicación esta prevista para un futuro próximo. 
Por último, quiero felicitar al ponente y elogiar su informe. 
Señora Presidenta, con motivo del informe Trakatellis sobre la prórroga de los programas europeos existentes en el ámbito de la salud pública, quisiera expresar mi preocupación sobre cómo y en qué sentido evoluciona la política europea en materia de salud pública. 
Los puntos de partida para una política europea de salud pública los podemos leer en el artículo 152 del Tratado de Amsterdam: " la acción de la Comunidad (que) complementará las políticas nacionales (... ). 
Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas. " 
Además, quisiera señalar el principio de la subsidiariedad, lo cual significa que los Estados miembros deben realizar las tareas que no traspasen el ámbito nacional. 
Sin embargo, en mi opinión la salud pública se está perfilando últimamente como un tema relevante de integración de Europa, mientras que esa evolución va en contra del Tratado. 
La política europea de salud pública sólo se hace relevante si se trata de un tema de carácter transfronterizo o cuando los Estados miembros por si solos no pueden realizar una determinada tarea. 
Ejemplos de ello son la legislación en materia de tráfico de órganos, tejidos y sangre de origen humano y el programa de medicamentos genéricos. 
Como los Estados miembros se necesitan el uno al otro en los ejemplos mencionados, soy partidario de un enfoque europeo común. 
En la lucha contra los problemas como el cáncer, el SIDA o la drogodependencia no nos hace falta tal enfoque. 
El valor añadido en comparación con los esfuerzos de los Estados miembros no es particularmente grande. 
Sobre todo en cuanto a la información y educación es preferible el nivel de los Estados miembros que el nivel europeo. 
La Unión Europea podría hacer más por fomentar la salud pública en los países candidatos a la adhesión, donde incluso el sistema de salud básico es deficiente. Además, algunas enfermedades relativamente fáciles de curar no se pueden combatir por falta de dinero y otros medios. 
Aparte de esto, estoy preocupado por el hecho de que dentro de poco se sometan a debate las nuevas propuestas sobre los diferentes sistemas de salud de la Unión Europea. 
Posiblemente, ahí serán objeto de discusión los sistemas nacionales o incluso se verán afectados en el futuro, cosa que me parece una evolución indeseable. 
Señora Presidenta, para resumir he de decir que me parece que las evoluciones en el sector de la salud pública en la Unión Europea van demasiado lejos. 
La salud pública es parte de la política nacional y debe seguir siéndolo. 
Por lo tanto, no soy partidario de que se utilicen los programas en el ámbito de la salud pública en detrimento de la política nacional en este ámbito, cuando los programas aquí presentados apenas tienen un valor añadido a los esfuerzos de los Estados miembros individuales. 
. (EN) Doy las gracias al Parlamento, en particular a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y sobre todo al ponente, el Sr. Trakatellis, por los grandes esfuerzos realizados para asegurar que esta propuesta pueda ser adoptada en una sola lectura y en tiempo récord. 
Este es un ejemplo de lo mucho que puede conseguirse cuando todas las Instituciones colaboran eficazmente. 
El texto acordado hoy, relativo a la prolongación de seis programas en materia de salud pública, refleja lo que las Instituciones han pactado informalmente. 
Por tanto, la Comisión puede aceptar todas las enmiendas presentadas por el Sr. Trakatellis. 
Tengo entendido que el Consejo también ha dado en principio su consentimiento. 
La prolongación acordada es importante por dos razones. 
En primer lugar, porque permitirá la continuación de algunas actividades de importancia en materia de salud pública y el cumplimiento de sus objetivos. 
En segundo lugar, porque nos proporciona el respiro necesario para poder impulsar los debates sobre nuestra propuesta de nuevo programa en materia de salud pública. 
El trabajo que debe realizarse en los programas prolongados, y por supuesto en todos los programas actuales en materia de salud, se orientará hacia la preparación de algunas de las acciones fundamentales previstas en el nuevo programa. 
En el marco de las decisiones relativas a los programas individuales, sus programas de trabajo se adaptarán a estas necesidades. 
En lo que respecta al texto que tienen ante ustedes, espero que, una vez haya sido votado por el Parlamento, la decisión sea adoptada por el Consejo de Ministros de Sanidad de 14 de diciembre. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas 
Estatuto de la víctima en el proceso penal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0355/2000) de la Sra. Cerdeira Morterero, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción de una Decisión marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (9650/2000- C5-0392/00- 2000/0813 (CNS) ). 
Señor Presidente, quiero en primer lugar empezar mi intervención felicitando la iniciativa de la Presidencia portuguesa, que después ha continuado- bajo mi punto de vista, con toda corrección- la Presidencia francesa. 
Señorías, como ustedes conocen, vivimos en una sociedad donde los movimientos transfronterizos son cada vez mayores, de unas proporciones verdaderamente gigantescas y absolutamente desconocidas en otras épocas de la humanidad. 
A este respecto, baste simplemente recordar, por ejemplo, que durante el año 1997, dentro del territorio de la Unión Europea, más de 200 millones de personas cruzaron las fronteras de sus Estados de residencia para dirigirse hacia el territorio de otros Estados miembros. 
La Unión Europea y la creación de un mercado único implican a su vez la creación de un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales debe estar garantizada dentro del territorio de los Estados de la Unión, según dispone el artículo 14 del Tratado de la Comunidad Europea. 
Todos estos factores, actuando de forma separada, pero multiplicando sus efectos cuando actúan conjuntamente, han hecho que diariamente y de una forma natural millones de personas crucen las fronteras de su Estado de residencia hacia otro Estado de la Unión Europea, bien sea para vivir, para trabajar, o simplemente para viajar. 
Esta realidad, cuyas consecuencias desde el punto de vista político y económico serán incalculables a medio o largo plazo, tiene, sin embargo, unas implicaciones negativas para los ciudadanos que se desplazan; una de ellas es el riesgo de llegar a ser víctima de un delito, tanto fuera como dentro del territorio de su Estado de residencia, yendo desde el robo personal hasta los, a veces, delitos de terrorismo, cuya lacra todavía golpea cruel e inhumanamente a determinados Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, incomprensiblemente, la Unión Europea, hasta el momento, ha sido incapaz de crear fórmulas adecuadas para luchar unitariamente contra este azote que desconoce las fronteras nacionales porque los Estados continúan cerrados dentro de 15 fronteras nacionales en los ámbitos judiciales. 
En la Unión Europea se produce actualmente la paradoja de que la abolición de las fronteras interiores para la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales debe convivir con el mantenimiento de 15 fronteras en los ámbitos policiales y judiciales penales, que los Estados miembros ponen dificultades en eliminar. 
Esta situación tiene consecuencias injustificables para los ciudadanos europeos que se mueven libremente en el espacio territorial de la Unión Europea. 
Cuando se produce la desgraciada circunstancia de ser víctima de un delito en otro Estado distinto del de su residencia habitual, el ciudadano tiene la mala experiencia de comprobar la insoportable indefensión que se deriva de la incapacidad de los Estados de construir un auténtico espacio judicial europeo. 
Por ello, es necesario que a todas las víctimas de delitos, sea cual sea su lugar de residencia o nacionalidad, se les garantice el respeto de sus derechos y la seguridad de que recibirán el mismo trato, una indemnización rápida y segura, como todo ser humano merece por el simple hecho de serlo. 
Este trato se le debe dispensar en cualquier Estado miembro en cuyo territorio ha sido víctima del delito. 
Por esta razón, es inexcusable la creación de un auténtico estatuto de las víctimas de los delitos, estatuto común para el conjunto de los Estados miembros. 
Es un objetivo principal de esta iniciativa garantizar una indemnización mínima para las víctimas en todos los Estados miembros, garantizando, al menos, un mínimo común. 
Del mismo modo, creo necesario destacar que la legislación penal europea de los Estados siempre ha prestado atención y esfuerzos a la figura del delincuente, tanto en la vertiente de la prevención de la delincuencia y de los delitos como en lo que se refiere a los programas y medidas de reinserción y rehabilitación dirigidos a los delincuentes. 
Esta iniciativa es la primera que concede especial atención y protagonismo a la figura de la víctima. 
Podemos calificar esta iniciativa como novedosa y, en cierto modo, revolucionaria en lo que se refiere al trato a la víctima. 
Es, sin lugar a dudas, una nueva pieza del sistema jurídico europeo, en el que, por primera vez, la figura de la víctima tiene reconocido un status jurídico propio y no, como hasta ahora, derivado del delito. 
En bastantes ocasiones, la víctima es objeto del delito en el territorio de un Estado distinto de su residencia habitual, con lo que los problemas y sufrimientos en estos casos se agravan y complican por la suma de circunstancias negativas, pero habituales y constantes, en el trato dado a las víctimas: su incomunicación por desconocimiento de la lengua, su falta de información, su abandono, su falta de protección en unos ámbitos en los que cada Estado ha preservado su propio sistema jurídico. 
Por ello, y con el objeto de poder responder adecuadamente a las necesidades de este tipo de víctimas, también se han ido elaborando normas a escala internacional que tienen en cuenta la defensa de los derechos e intereses de las víctimas. 
De esta iniciativa sólo quiero destacar dos aspectos en este momento: el Convenio europeo nº 116 del Consejo de Europa de 24 de noviembre de 1983 sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos. 
Y quiero subrayar que, pese a su importancia y a ser un punto de referencia obligado en Europa, el Convenio todavía no ha sido ratificado, a 18 de septiembre de 2000, por los siguientes Estados miembros de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España. 
Otra iniciativa a nivel internacional es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y abusos de poder, aprobada mediante la Resolución 40/34 de la Asamblea General el 29 de noviembre de 1985. 
Señorías, por lo dicho anteriormente y siguiendo los mandatos del cuarto guión del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que fija como uno de los objetivos de la Unión mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas, debemos lograr que este espacio de libertad, justicia y seguridad asegure un verdadero acceso a la justicia para que los ciudadanos puedan beneficiarse de una protección jurídica adecuada en cualquier lugar del territorio de la Unión. 
Por esta razón, la Europa de los ciudadanos no tendrá sentido si antes no se adoptan, entre otras, las medidas necesarias que mejoren y tengan en cuenta también los derechos de las víctimas de los delitos, enfocados desde una perspectiva global que contemple todos sus derechos e intereses, por una parte, y que, desde una óptica comunitaria, aproxime las legislaciones de los 15 Estados miembros. 
Es necesario que toda persona, incluidos los nacionales de terceros países que han sido víctimas de un delito en el territorio de cualquier Estado de la Unión Europea, reciba un trato mínimo similar. 
La Unión Europea no puede aceptar que las personas puedan recibir un trato diferente dependiendo del Estado en que han sido víctimas del delito o de su nacionalidad. 
Sin lugar a dudas, esta discriminación es totalmente inadmisible. 
Para terminar, la iniciativa supone un avance importante en la creación de un espacio judicial penal europeo, aunque parcial y limitado, pero responde a las necesidades reales de una enorme masa de ciudadanos europeos que, hasta el momento, han estado prácticamente desamparados cuando han sido víctimas de un delito fuera del territorio de su residencia habitual. 
Como elementos positivos de esta iniciativa destaco la definición del concepto de víctima y la adopción de medidas que están intrínsecamente unidas a la atención global que debe prestárseles. 
Por todo ello, la mayor parte de las enmiendas que se contemplan en este informe se han realizado con el objetivo de que a la persona que ha sido víctima de un delito se la respete y reconozcan sus derechos, se tengan en cuenta sus intereses y circunstancias particulares. 
En definitiva, que a la persona que ha sido víctima de un delito se le garantice el mismo mínimo trato, que se preserve su dignidad, que se le garanticen sus derechos a informar y a ser informado, acceso a la justicia y que la indemnización por los daños sufridos sea inmediata, integral y efectiva. 
Señor Presidente, señoras y señores, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, competente para opinión, dos cuestiones relativas a esta propuesta han jugado un papel decisivo. 
La primera cuestión fue la de hasta qué punto existía un fundamento jurídico para esta propuesta. 
Como ponente, mantuve la opinión de que, si bien es loable esta empresa que se nos ha presentado aquí, sucede, lamentablemente, que en el seno de la Unión Europea y, también, en la relación con los Estados miembros, existen reglas relativamente claras acerca de quién tiene qué competencias. 
Mi opinión, como ponente, es que las cuestiones de la organización de la persecución penal y del Derecho procesal penal no inciden en la competencia del Tratado de la UE, sino que estas cosas se solucionan en el ámbito de los Estados miembros. 
Lamentablemente, en mi caso concreto la Comisión no ha seguido mi propuesta, pero, no obstante, quisiera manifestar aquí, como ponente, esta opinión. 
El segundo aspecto que ha desempeñado un cierto papel ha sido la cuestión de la toma de declaración en vídeo. 
Ustedes recordarán quizá el debate que se celebró hace algún tiempo en esta Asamblea sobre el llamado Informe Di Pietro. 
Entonces éste era ya un tema altamente disputado. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en consonancia con la propuesta del ponente, era de la opinión de que esta declaración en vídeo no debería ser un medio apropiado del estado de Derecho y, por esta razón, eliminó las grabaciones de video del apartado correspondiente del artículo correspondiente. 
Pido que esto se tenga también en cuenta en los debates que sigan. 
Por lo demás, la propuesta es digna de elogio. 
Sólo que hubiera sido mejor que se la hubiera tratado en el lugar que le corresponde, es decir, en el ámbito del legislador nacional, el cual podría decidir de manera excelente en estas cosas. 
No todo ha de ser regulado a nivel europeo, pues, de lo contrario se habría incluido en el Tratado la competencia universal. 
Sin embargo, esto no se hizo. 
Por consiguiente, quizá deberíamos reflexionar también en este tema acerca de si es correcto que votemos a favor. 
Señor Presidente, me parece, en efecto, que es de suma importancia que se garanticen unos derechos mínimos a las víctimas de delitos sin estar limitados por las fronteras. 
Esto es lo que defiende este informe. 
En nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hemos dado una opinión a la Comisión encargada. 
Nos parecía muy importante que quedara reflejada en el informe la situación específica de las mujeres, así como la de otras víctimas vulnerables. 
Y si digo otras víctimas vulnerables, me refiero por ejemplo a los menores de edad y niños, aunque no tiene que limitarse sólo a ellos. 
Hay en nuestra sociedad también otros grupos que son muy vulnerables tratándose de temas de violencia. 
Me refiero a personas con otra orientación sexual y también pienso en los inmigrantes que son, asimismo, un colectivo muy vulnerable. 
¿Qué hemos pedido para este grupo de personas? 
En primer lugar, hemos dicho que las personas especialmente vulnerables deben ser tratadas con el más absoluto respeto. 
Me refiero a este respecto, por ejemplo, a la situación específica de mujeres y niños que son víctimas de la violencia sexual o física en el núcleo familiar. 
Para ellos es de gran importancia que, si se llega a juicio, se haga efectivamente a puerta cerrada de modo que se dé la menor publicidad posible a la identidad de esas víctimas que muchas veces están avergonzadas sobre el hecho de ser víctimas. 
Porque, no nos engañemos, así es la situación en nuestra sociedad. 
Asimismo, creo que es muy importante que las mujeres que han sufrido malos tratos puedan conseguir información de adónde pueden ir, dónde pueden encontrar alojamiento y cómo pueden conseguir una dirección secreta. 
Me di cuenta entonces de la poca formación e información que estas dos instituciones tienen, tanto la policía como el poder judicial, para acoger de forma respetuosa a las víctimas de violencia sexual, para interrogarles, para proveerles unas dependencias especiales, o sea, un espacio aparte para no interrogarles en un sitio por donde pase todo el mundo, por ejemplo para mujeres violadas que tienen que pasar un reconocimiento médico. 
Es realmente muy importante que para este grupo de personas, estas víctimas especiales, se haga un tipo de actuación específica. 
Afortunadamente, esto queda reflejado en el informe. 
Estoy muy agradecida de que la Comisión haya adoptado las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer y, por lo tanto, votaremos a favor de este informe. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy examinamos es consecuencia de una iniciativa de la Presidencia portuguesa y se enmarca en un conjunto de medidas destinadas a promover la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia para dar una respuesta útil a las preocupaciones de la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. 
Muchas veces, al abordar las cuestiones de la justicia, dedicamos demasiado tiempo a las tipificaciones penales, al sistema penitenciario, a las fuerzas de represión de la delincuencia, a los códigos de enjuiciamiento e incluso a las reivindicaciones de los agentes judiciales. 
Tal vez hayamos dedicado menos tiempo a las víctimas, que son muchas veces la parte más débil de ese universo. 
Esta iniciativa presenta tres aspectos fundamentales: el derecho de la víctima a la información, el acceso a la justicia y el derecho a indemnización por daños. 
En efecto, esta propuesta de decisión-marco pretende prioritariamente promover la protección y la materialización efectiva de los derechos de las víctimas en el proceso, en particular en lo relativo a la simplificación del acceso al derecho, a los tribunales y a la información jurídica, así como promover y proteger sus derechos en materia de indemnización por pérdidas y daños. 
Es esencial que exista un instrumento jurídico que permita aproximar las diversas legislaciones nacionales en lo relativo al estatuto de la víctima. 
Seguramente existen varios aspectos que mejorar e incluso corregir, pero es importante que votemos a favor de esta decisión-marco, bastante equilibrada. 
En efecto, no podemos hablar en serio de una Europa de los Ciudadanos, si no tenemos en cuenta los derechos de las víctimas. 
Y se debe conceder atención particular, como ya ha recordado la Sra. Smet, a ciertas categorías de ellas, como los menores, los extranjeros, las víctimas de agresiones sexuales y las de actos terroristas. 
Al mismo tiempo, se debe garantizar una formación especial a los profesionales que tendrán a su cargo el contacto directo con las víctimas. 
También se deben garantizar las medidas necesarias para que las víctimas puedan restablecer su vida normal, no sólo desde el punto de vista económico, sino también para que reciban, en caso necesario, ayuda jurídica, psicológica, médica o asistencia social. 
Por último, quisiera felicitar a la ponente, la Sra. Cerdeira Morterero, por el trabajo que ha hecho y por las mejoras que ha introducido en la Comisión de Libertades Públicas, y también me congratulo de las resultantes de los informes de la Sra. Smet y del Sr. Lehne. 
En la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos fue posible un trabajo conjunto que subrayo y agradezco. 
Me gustaría que un consenso idéntico fuera posible en el Pleno. 
Las pocas propuestas de enmienda que presentamos tienen que ver sobre todo con cuestiones de rigor jurídico y con nuestro entendimiento de que los servicios que prestan el apoyo a las víctimas no deben ser exclusiva o preferentemente públicos: muchas veces, en servicios que se desean humanizados, las experiencias con instituciones de solidaridad social y otras organizaciones no gubernamentales son las mejores. 
Globalmente, el PPE acoge con beneplácito el informe de la Sra. Cerdeira Morterero, a favor del cual votamos ya en comisión. 
Señor Presidente, yo también quisiera subrayar la importancia de la iniciativa legislativa portuguesa contenida en el informe de la Sra. Cerdeira que se somete al Parlamento. 
Es importante por muchos motivos: ante todo porque se da un paso adelante en la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, según el programa de Tampere, un programa cuyo desarrollo es difícil, ya que se enfrenta con la multiplicidad de los sistemas estatales y de las resistencias nacionales. 
Es importante asimismo porque esta votación llena una laguna, una laguna que causa inaceptables perjuicios a los ciudadanos europeos que circulan libremente en el territorio de la Unión pero que, cuando son víctimas de un delito, topan con las barreras de sistemas judiciales distintos, de difícil acceso desde todos los puntos de vista, que les penalizan más aún, si cabe, mientras favorecen a sus ofensores. 
Por último, este voto es importante porque el Parlamento tiene la ocasión de aportar mejoras significativas a la propuesta legislativa como las sugeridas en el excelente informe de la Sra. Cerdeira y aceptadas por la Comisión de Libertades Públicas. 
Sin embargo, en mi opinión, el aspecto más significativo es el hecho de que por fin se toma conciencia, también en la esfera de la Unión, de la necesidad de cambiar el punto de vista respecto a la intervención del Estado frente a los delitos. 
Hasta ahora, sobre la base del acertado principio según el cual es necesario evitar que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano, nos hemos limitado a garantizar al Estado el monopolio de condenar a los culpables olvidando que no es sólo ésta la función del Estado, ya que en cualquier parte del mundo una víctima pide justicia, todos sabemos lo que pide, incluso cuando los sistemas judiciales son totalmente diferentes: pide la reparación de un daño que si no sería intolerable, y el Estado que cumple la función de garantizar la seguridad de los ciudadanos, cuando no ha sido capaz de protegerles, debe asegurar a las víctimas toda la ayuda posible mostrando así que la colectividad se alinea con quien ha sido víctima del delito y por esto mismo condena la ofensa y al ofensor. 
Con la aprobación de este informe la Unión Europea da una primera respuesta a una demanda de justicia que hasta la fecha ha sido desatendida. 
Señor Presidente, en primer lugar quería felicitar también sinceramente a nuestra colega Cerdeira por su intervención y su informe. 
Las víctimas no deben convertirse en personas doblemente perjudicadas, primero a causa de un delito y a continuación por culpa del sistema. 
Por lo tanto, el derecho más importante de la víctima durante el procedimiento judicial es el derecho a declarar en un juicio. Esto es también de una importancia esencial. 
A esto se hace referencia en muchos documentos internacionales sobre víctimas de delitos y es fundamental que la víctima tenga acceso a su propio proceso judicial. 
Asimismo, por el interés de la víctima el juicio se tiene que celebrar con rapidez ya que la lentitud puede desembocar en una segunda, aún mayor sensación de ser víctima. 
Las víctimas de delitos sexuales no deberían sufrir más la obligación de testificar en repetidas ocasiones. 
Me parece que, en relación con niños que han sido víctimas de abusos sexuales, las grabaciones en vídeo podrían ser muy útiles. 
Por este motivo, el debate sobre estos temas no está cerrado todavía. 
Es sumamente importante que se preste una ayuda especializada dependiendo del carácter del delito, como ha señalado también nuestra colega Smet. 
Por eso es importante que se eliminen una serie de prejuicios al respecto, ya que se da otro trato a determinados tipos de delito dependiendo de los países. 
Además, se constata que en la denuncia de la víctima se actúa de forma discriminatoria. 
Se debería obligar a los Estados miembros a que fundaran unidades especiales de la policía para las víctimas de delitos. 
Aparte de esto, es igualmente importante que haya un fundamento jurídico y una armonización de las medidas para la protección de las víctimas. 
El estudio hecho por An Weghers en el marco del Programa Grotius nos ofrece la necesaria información básica al respecto. 
La experiencia tan útil que existe en relación con las medidas que ya están implementadas en determinados Estados miembros, puede jugar un papel importante en la armonización de un paquete común de medidas. 
Esta iniciativa es también el primer paso para poner en marcha un programa de prevención de delitos. 
Pero esta iniciativa, tomando en cuenta que el crimen organizado transfronterizo aumenta, debería desembocar en una programa de prevención común a nivel europeo e internacional. 
A la espera de que haya un instrumento armonizado para una protección transfronteriza de las víctimas, los Estados miembros y los países candidatos a la adhesión deberían mejorar, en colaboración con las ONG, la protección de las víctimas, y, en caso de estar justificado, estudiar en qué condiciones la víctima tendría derecho a una ayuda para volver a su país de origen o a la concesión de un permiso de residencia temporal, como se concede en Bélgica un estatus especial a las víctimas del tráfico de inmigrantes. 
La indemnización a la víctima debería tener prioridad al pago de la sanción y de los gastos judiciales al Estado. 
Los Estados miembros deberían vigilar que los intermediarios representen todos los estamentos de la sociedad, tanto hombres como mujeres, que tengan una visión clara de la cultura local y de las comunidades. 
Asimismo, a este respecto es importante que se les informe de una manera discreta y profesional a los parientes, o sea, a los familiares de la víctima, de los hechos si así lo desean, y que puedan contar con la ayuda necesaria para que no se tengan que enterar de todo a través de la prensa. 
Señor Presidente, la iniciativa portuguesa en favor de la protección jurídica de la víctima en el proceso penal es aceptable y extraordinariamente urgente. 
La ponente, a quien felicito, ha hecho bien en poner en evidencia la inaceptable paradoja que, por una parte, ve a una Europa sin fronteras donde circulan libremente mercancías y personas, una Europa que se encamina hacia la unión monetaria, la unión de las finanzas y de la economía y, por otra, a una Europa con quince sistemas judiciales penales totalmente diferentes entre sí. 
Existe un potencial de 350 millones de personas a las que se les anima a viajar y a trabajar en nombre de la Europa unida, pero si se sufre un delito, una injusticia, Europa desaparece. La tan ensalzada ciudadanía europea se esfuma, el ciudadano se convierte en una persona sin derecho y debe enfrentarse con un Estado extranjero, con frecuencia enemigo, que no informa, crea mil problemas y no indemniza los posibles daños. 
¿A cuántos de nosotros, en nuestra calidad de diputados, se nos pide que formulemos preguntas sobre este tipo de casos? 
Y la Comisión nos responde puntualmente que no puede entrar en el fondo de los sistemas judiciales nacionales, incluso en los casos de injusticia manifiesta. 
Sólo en los últimos meses se me han sometido dos casos. 
El primero es el caso de dos pilotos italianos de Alitalia, Alberto Nassetti y Pierpaolo Racchetti, que murieron en Francia víctimas de un accidente ocurrido, en circunstancias no aclaradas, durante los ejercicios de prueba de un avión. 
Han transcurrido seis años y, tras muchos problemas y gastos judiciales prohibitivos, las familias aún esperan justicia, esperan conocer las causas de estas muertes y quiénes son los posibles responsables. 
El segundo es el caso de un estudiante griego, Mikis Mantakas que murió hace unos 25 años en Roma como consecuencia de un atentado terrorista de las Brigadas Rojas. 
El culpable, Arturo Lojacono, fue identificado y condenado, pero se refugió en el extranjero. 
Italia ha pedido en reiteradas ocasiones la extradición de este asesino múltiple a Francia, donde Lojacono se encuentra libre, para que pueda por fin cumplir su pena. 
Pues bien, aún esperamos una respuesta. 
Por lo tanto, bienvenido sea, junto con el euro, también el estatuto de las víctimas de los delitos para crear un auténtico espacio judicial europeo. 
Señor Presidente, el trabajo para fortalecer la situación de las víctimas de delitos es una verdadera historia con final feliz. 
Al principio, la mayoría estaba en contra. 
No obstante, actualmente casi todos estamos de acuerdo, cosa que me parece provechosa. 
Celebro la propuesta de Portugal para fortalecer la situación procesal penal de las víctimas de delitos, aunque respeto plenamente los criterios jurídicos a que aludió el Sr. Lehne recientemente. 
Las personas que han sido víctimas de delitos cuando hacen uso de la libre circulación no necesitan sufrir dos veces, en la medida en que reciben peor trato. 
Esto vale independientemente del delito que se haya cometido. 
Hay que fortalecer la situación de las víctimas, pero no es posible hacerlo sin hablar también de medidas para la prevención de delitos. 
La mejor manera de ayudar a las víctimas es conseguir que no se cometan delitos y la mejor prevención es la información. 
Las medidas de prevención de delitos tienen que orientarse a la eliminación de la delincuencia organizada. 
Las víctimas de delitos tienen que conocer sus derechos y las posibilidades de obtener ayuda. 
La mayoría de los Estados miembros dan alguna forma de ayuda de urgencia a las víctimas. 
A veces, los viajeros necesitan otras ayudas, y quizás mayor, que los lugareños. 
Puede ser ayuda psicológica, ayuda con el idioma u otras cosas. 
Puede ser difícil para las víctimas extranjeras seguir los procedimientos legales y es evidente que se necesitan medidas especiales. 
Las víctimas deben estar en el centro de la atención. 
Ya que no son los autores de los delitos los que deban concentrar la atención, resultan inquietantes las tendencias nacionales a empezar a establecer concesiones por el sólo hecho de que el autor se encuentre con la víctima. 
No respaldo este tipo de medidas. 
Los delitos deben ser esclarecidos y, en caso contrario, se amenaza a largo plazo el sistema democrático. 
¿Quién quiere participar y elegir si los problemas se dejan de lado? 
En mi país aumenta el número de agresiones, de las cuales sólo se esclarece el 20 por ciento. 
Este porcentaje es demasiado bajo. 
El delito no es un accidente. 
Las penas conllevan también respeto para las víctimas. 
Jamás, en el ámbito de los Estados miembros ni en el comunitario, hay que abandonar el principio básico de que los individuos siempre deben asumir la responsabilidad de sus actos. 
En último término, el estado debe asumir su responsabilidad por fracasar en la protección de las víctimas. 
Por eso, celebro que la ponente haya redactado este informe, que respaldo plenamente. 
Quisiera darle las gracias por contribuir a fortalecer la unidad de criterios respecto a las víctimas de delitos en los Estados miembros. 
. (EN) Señor Presidente, en una época en que se está avanzando en la creación de un espacio europeo sin fronteras interiores, es importante, como ha subrayado su ponente, no olvidar a las miles de personas que cada año son víctimas de delitos en sus viajes por el territorio de la Unión Europea. 
A menudo se hallan en una difícil situación, porque están lejos de casa y no conocen ni el sistema jurídico ni el idioma del país en que se ha producido el delito. 
La decisión marco propuesta por Portugal y apoyada por la presidencia francesa constituye un primer paso para tomar en cuenta la situación de las víctimas en la Unión Europea, circunstancia que la Comisión acoge con satisfacción. 
La cuestión de la situación de las víctimas de delitos en Europa se mencionó por primera vez en el Plan de Acción de Viena e incluyó en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. 
Además, fue objeto de una comunicación de la Comisión de 14 de julio de 1999. 
Parte de las propuestas enunciadas en esta comunicación, dirigidas a mejorar los niveles y la asunción de la responsabilidad por las víctimas, se incluyeron en el proyecto de decisión marco presentado por la presidencia portuguesa y que les es presentada. 
Reconozco los méritos del trabajo realizado en este texto por la Sra. Cerdeira Morterero, su ponente. 
Fue objeto de acalorados debates en el Consejo. 
Como han señalado, el proyecto de decisión marco contiene tres diferentes tipos de medidas: en primer lugar, establece normas mínimas relativas a los derechos de las víctimas; en segundo lugar, establece normas específicas dirigidas a tener en cuenta la situación particular de aquellas personas que son víctimas de un delito en un Estado miembro distinto del de su Estado de origen y, en tercer lugar, invita a los Estados al desarrollo de medidas de apoyo a las víctimas. 
Puede estarse particularmente satisfecho con ciertas disposiciones, por ejemplo la posibilidad de que las víctimas interpongan una demanda en su lugar de residencia cuando no pueden hacerlo en el estado en que se ha cometido el delito. 
La Comisión no pone objeciones a la mayoría de las enmiendas propuestas por el ponente. 
No obstante, quisiera centrar su atención en tres cuestiones. 
Varias enmiendas se refieren a las lenguas oficiales de la Unión Europea, de modo que prevén el derecho de las víctimas de comunicarse en una de estas lenguas. 
Sin embargo, este mecanismo no parece que sea adecuado. 
Es importante permitir a la víctima que obtenga información en una lengua que entienda. En ciertos casos ésta podría no ser una lengua de la Unión Europea. 
En otros casos podría obtenerse la información que se necesita en una lengua de la Unión que no es la propia. 
Por tanto, resulta más apropiado no hacer referencia a una lengua de la Unión, sino, de un modo más pragmático, conferir a la víctima el derecho de acceso a la información necesaria en una lengua que entienda. 
Ello podría implicar en ciertos casos poner un intérprete a su disposición. 
En segundo lugar, la enmienda 49 dispone que los Estados miembros garantizarána la víctimaque lo desee permanecer en el Estado miembro en que tiene lugar el proceso cuando ello fuere necesario para el correcto desarrollo del mismo. 
Esta disposición es muy interesante. 
Requiere, no obstante, un estudio más detallado de la normativa europea relativa al asilo y a la inmigración a la Unión de los nacionales de terceros países. 
Por ello se retiró este texto de la versión debatida en el seno del Consejo. 
La Comisión estudia en la actualidad un texto específico sobre este importante asunto con el fin de proteger a las víctimas, así como de- en ciertos casos- facilitar las inspecciones. 
En tercer lugar, el texto invita a los Estados miembros a crear un "número de teléfono verde europeo" que funcione las24 horas del día en todas las lenguas oficiales de la Unión al objeto de permitir a las víctimas ponerse en contacto con los servicios de apoyo a las víctimas. 
Esta es sin duda una buena idea, puesto que permitiría al ciudadano europeo víctima de un delito percibir en términos concretos el valor añadido a nivel europeo cuando viajen por el territorio de la Unión. 
Sin embargo, la decisión marco no es, por un lado, el instrumento apropiado en este contexto y, por otro, su ejecución entraña una cuestión bastante compleja. 
¿Implica que deba tenerse el mismo número de teléfono en todos los Estados miembros con arreglo al modelo del servicio de bomberos o de la policía? 
¿Implica que deba existir un centro a nivel europeo que funcione las 24 horas del día para informar sobre las posibilidades de apoyo a la víctima? 
¿Implica la creación de un servicio en cada Estado miembro? 
La Comisión desea continuar con el estudio de la viabilidad de tal proyecto. 
Ya está trabajando en la interconexión a nivel europeo de los servicios nacionales de apoyo a las víctimas con el objeto de garantizar una atención adecuada de las víctimas, en particular si no residen en el lugar de comisión del delito. 
La idea de un "teléfono verde" será examinada en este contexto. 
En la actual fase es quizá preferible dar paso a una relación de colaboración con los servicios de apoyo a las víctimas, en lugar de llevar a un texto el principio del "teléfono verde", que podría no ser viable. 
La decisión marco sobre la que ustedes van a decidir hoy constituye el primer paso para tener en cuenta la situación de las víctimas a nivel europeo. 
Cono acabo de decir, con el objeto de llegar más lejos en el marco del desarrollo de su Comunicación de 14 de julio de 1999, la Comisión trabaja en la adopción de medidas concretas de apoyo a las víctimas, en particular mediante el apoyo previsto al Foro europeo para los servicios de la víctima. 
Además, en lo que respecta a la indemnización de las víctimas, la Comisión presentará un Libro Verde el año que viene. 
Me alegra mucho la positiva respuesta del Parlamento ante el primer texto sobre un asunto tan importante, de modo que el espacio de libertad, seguridad y justicia que estamos construyendo progresivamente pueda ofrecer a nuestros conciudadanos apoyo en situaciones que a menudo resulta difícil soportar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.46 horas) 
Señor Presidente, esta mañana se ha producido un grave incidente. Cuando el autobús del hotel Monopol iba a venir aquí, de repente no han querido recoger a los asistentes, lo que se ha hecho sin ningún problema durante 21 años. 
Quiero protestar por ello pues habríamos estado cinco diputados en un autobús y los asistentes habrían llegado demasiado tarde al trabajo. 
Esta es una regulación absurda pues entonces se habría podido sustituir el autobús ocupado con cinco personas por dos coches. 
Habrían sido entonces dos chóferes en lugar de uno. 
Esta burocracia ha debido ser elucubrada por nuestros cuestores. Ruego encarecidamente que esta situación desaparezca y que se los diputados puedan llevar a sus asistentes al trabajo. 
Señor Posselt, comunicaremos sus argumentos a la Junta de Cuestores para que adopten la resolución que crean más conveniente y sea conocida por todos los diputados. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera señalar que ayer por la noche omití firmar el registro de asistencias. 
Tomamos nota de ello. 
(El Acta queda aprobada) 
Votación sobre la solicitud de urgencia 
Tiene la palabra el Sr. Varela, presidente de la Comisión de Pesca, para expresar su opinión. 
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) , presidente de la Comisión de Pesca. Señor Presidente, quiero señalar que la Comisión de Pesca ha decidido no aceptar esta solicitud de urgencia puesto que no tuvimos conocimiento de la propuesta de la Comisión hasta el día 20 de noviembre, cuando ya no teníamos tiempo para incluirla en nuestra agenda, y, por lo tanto, no nos ha sido posible tramitarla con la urgencia que se nos ha pedido. 
No obstante, haremos todo lo posible para que en el próximo período parcial de sesiones del año que viene podamos debatirla aquí. 
Muchas gracias, señor Varela. 
Al no haber otras intervenciones, tiene la palabra la Sra. Comisaria. 
Señor Presidente, Señorías, el reglamento sobre las medidas de control para el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en el sector de la pesca en el Atlántico Norte determina que las disposiciones sobre la ejecución de estas medidas de control solamente son aplicables al año 2000. 
El Consejo no se pudo poner de acuerdo sobre una mayor duración. 
Por ello, las normas correspondientes expiran a finales de este año. 
Si al modificar este reglamento se producen retrasos, esto significará que a partir del 1-1-2001 no existirá un fundamento jurídico para los buques de control de la Unión Europea en las aguas internacionales del Atlántico Norte. 
Además, todo el sistema de control y las organizaciones de pesca debilitadas sufrirían daños. 
Pues realmente entretanto se considera al sistema de control como ejemplar. Por ello, no se deberían escatimar esfuerzos para seguir desarrollando y fortaleciendo este sistema de control. 
La Comisión apoya por ello la solicitud de urgencia del Consejo y ruega a los diputados del Parlamento Europeo que la apoyen. 
Tiene de nuevo la palabra el Sr. Varela, presidente de la Comisión de Pesca, competente para el fondo. 
. Señor Presidente, lamento mucho que la Comisión no haya tenido en cuenta antes todo esto y que no nos lo haya comunicado con el tiempo necesario para trabajar sobre ello en comisión. 
Por otro lado, las medidas internacionales mencionadas seguirán vigentes porque se trata de un acuerdo internacional. Por lo tanto, no van a verse afectadas por la demora. 
Además, como he dicho antes, espero que durante el período parcial de sesiones del mes de enero podamos votar esta propuesta. 
En todo caso, la urgencia que nos reclaman ahora, en el último momento, es lamentable pues hemos tenido todo el año 2000 para tramitar esta propuesta de reglamento. 
Yo creo que las instituciones, en este caso la Comisión, deberían trabajar con mayor seriedad para que las propuestas lleguen a esta Asamblea con el tiempo debido para que se pueda nombrar un ponente, se pueda examinar la propuesta de la Comisión, se puedan presentar enmiendas, se puedan debatir en comisión y, luego, puedan venir al Pleno, cosa que nos han pedido que hagamos en una sola sesión plenaria, lo cual es imposible. 
Tras haber escuchado las intervenciones de la Sra. Comisaria y del presidente de la Comisión de Pesca, someto a votación la solicitud de urgencia. 
(El Parlamento rechaza la urgencia) 
Presupuesto 2001 
(DE) Señora Presidenta del Consejo, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar permítanme expresar mi agradecimiento a la Presidenta del Consejo, quien ha negociado con nosotros, el Parlamento, con inteligencia y perseverancia y con frecuencia sin el apoyo de sus colegas. Hago extensivo este agradecimiento a la Comisaria, quien no ha perdido de vista en ningún momento el interés europeo general y a todas y todos los colegas que en situaciones decisivas no han negado su apoyo aunque en algún que otro momento tuviesen otra opinión pero que han sido solidarios en lo esencial defendiendo conjuntamente la posición del Parlamento. 
Mi sincero agradecimiento a todos ellos. 
Sin la cooperación de todos no habríamos logrado esta situación bastante confortable ya que jurídicamente no plantea demasiadas tensiones. 
Parece que no van a surgir más obstáculos para que el Parlamento apruebe el jueves el presupuesto de la Unión Europea para el 2001. 
El presidente de la Comisión de Presupuestos me ha dicho que es la primera vez que se logra un acuerdo en una conciliation entre el Consejo y el Parlamento. 
¡Excelente! 
Existe el refrán de que el dinero puede ser un malvado señor pero también un buen servidor. 
Los diputados, los representantes elegidos por el pueblo, han actuado siguiendo esta sabiduría popular. 
No nos hemos movido sobre principios. 
No teníamos de antemano objetivos presupuestarios a los tuviésemos que someter nuestra política. 
Queríamos un presupuesto ahorrativo, perspicaz y lógico que nos colocase en la situación de atender nuestras obligaciones políticas y ayudar además realmente a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. 
De este modo, en la noche del 23 al 24 de noviembre nos hemos puesto de acuerdo con el Consejo sobre los puntos centrales de un presupuesto que aunque no es brillante sí es razonable. 
Razonable es en cualquier caso no tirar la toalla en la lucha contra el paro en Europa. 
Por ello, también hemos dicho siempre que hay que negociar a cualquier nivel político, ya sea local, regional, nacional o europeo. 
En los cinco próximos años vamos a asignar en el presupuesto europeo 450 millones de euros para promover el empleo apoyando a las pequeñas y medianas empresas. 
Con la aplicación de las líneas de acción tal como se describen en la carta de las PYMES y la ayuda a las PYMES para que hagan uso de las nuevas tecnologías me parece que se ha encontrado el instrumento para crear nuevos puestos de trabajo. 
Con los 450 millones de euros acordados vamos a dedicar más del cuádruple de lo que la Comisión había propuesto en el anteproyecto de presupuesto. 
Con el frontloading de 100 millones de euros en el próximo año deberíamos lograr un importante impulso. 
La Comisión de Presupuestos propone al Pleno suprimir las reservas establecidas en la primera lectura, tanto la performance reserve en la Categoría de políticas exteriores como la reserva de los gastos administrativos. 
Siempre hemos subrayado que queremos apoyar la reforma de la Comisión, que aceptamos la creación de 400 nuevos puestos de trabajo junto con la creación de una regulación de jubilación anticipada pero no queríamos hacer esto sin establecer condiciones. 
Algunas de estas condiciones se han cumplido ahora. 
La Comisión ha presentado su informe con el análisis sobre las obligaciones restantes y su enfoque estratégico para la disolución de los restes à liquider. 
El último martes, en un diálogo a tres bandas hemos dado el último retoque a la declaración conjunta del Consejo y el Parlamento. 
Hemos acordado que la Comisión redacte hasta mediados del próximo año un informe sobre los progresos en la reducción de las obligaciones aún pendientes, en la aplicación de los programas, en la simplificación de los ciclos de proyectos, un informe sobre el funcionamiento de la comitología, sobre los progresos en la aplicación del paquete de reformas, informaciones sobre los objetivos de ejecución de los programas principales en la Categoría IV, por mencionar solamente algunas partes de esta declaración conjunta. 
Sólo esperamos que la Comisión empiece rápidamente su trabajo. 
Dejando de lado algunas escaramuzas que el Consejo ha iniciado o proseguido con su segunda lectura, nuestra segunda lectura no va a contener mucho material explosivo. 
Sobre todo, porque nos hemos declarado dispuestos a apoyar al Consejo a lograr el muy importante objetivo para él de reducir el aumento de los pagos a un 3,5 %. 
Lograremos esto fundamentalmente suprimiendo la reserva en los fondos estructurales establecida en la primera lectura y dedicando menos pagos a las iniciativas comunitarias que, por lo demás, tienen que ser represupuestadas. 
Naturalmente, también nos ha servido de ayuda la carta rectificativa nº 2 de la Comisión, por la que tras nuevos cálculos hay que destinar unos 900 millones de euros menos a la Categoría I. Damos la bienvenida a esta carta rectificativa. 
Se va a producir sin duda el apoyo del Parlamento al respecto también en el Consejo, pues contiene también un excedente para el presupuesto en curso de 900 millones de euros que se pueden asignar al 2001 en el lado del Debe. 
Lo que nos ha ocupado más durante todo este tiempo en el procedimiento presupuestario ha sido la financiación de nuestras políticas exteriores. 
Eramos conscientes de que nuestras previsiones financieras para la Categoría IV no eran ya correctas desde la guerra en los Balcanes. 
Por ello, la Comisión propuso una revisión por 300 millones de euros a lo que se opuso con uñas y dientes el Consejo. 
No se ha podido hablar con él realmente de un modo razonable sobre este punto. 
Ya el año pasado no se pudo y el presente tampoco. 
Ha expuesto las previsiones financieras como algo intocable aferrándose a que no se introdujesen cambios. 
Se ha convertido en su propio malvado señor por seguir utilizando la imagen del refrán antes citado. 
Hemos tenido pues que regatearle de nuevo los 200 millones de euros del instrumento de flexibilidad como si esto no fuese ninguna modificación de las previsiones financieras. 
Pero bueno, ahora disponemos de 200 millones de euros más aunque habríamos necesitado 300 millones. 
En cualquier caso, podemos financiar con ello lo que nos parece más importante: la democratización y reconstrucción en los Balcanes occidentales con una suma total de 839 millones de euros, inclusive 240 millones de euros para Serbia. 
Pero no hemos permitido que nos recortasen otras prioridades políticas. 
Podemos financiar la cooperación con la región del Báltico y nuestras fuerzas de reacción ante crisis y hemos dotado a MEDA con 40 millones más de euros de lo que había previsto el Consejo. 
De este modo, hemos logrado una solución para el presupuesto 2001. 
Sin embargo, esta solución refleja puntos flacos en la planificación política y presupuestaria, pues no tiene en cuenta la plurianualidad de las necesidades. 
Habría deseado salir al encuentro de las necesidades plurianuales con una planificación plurianual ordinaria. 
Pues de este modo no significa otra cosa que en el próximo procedimiento presupuestario nos vamos a encontrar ante el mismo cúmulo de dificultades 
Deseo ya ahora a mi sucesor como ponente general del Parlamento y a la Presidencia belga del Consejo en el segundo semestre del próximo año mucho placer en los enfrentamientos. 
Sé por propia experiencia lo difícil que es mantener cohesionados a todos los grupos del Parlamento. 
Pero también sé por las conversaciones mantenidas que es aún mucho más difícil formular una posición del Consejo negociable, obtener un mandato y lograr que los puros egoísmos nacionales desemboquen en una decisión paneuropea más o menos razonable y defendible. 
Naturalmente, esto es aplicable no sólo a los procesos meramente presupuestarios tal como nos ha mostrado de modo tan maravillosamente evidente la Cumbre de Niza. 
De este modo nos encontramos por enésima vez al final de un año y nos preguntamos cómo podremos lograr que el Consejo entre en razón y que el malvado señor se convierta en un buen servidor. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar deseo adherirme al agradecimiento que ha expresado la Sra. Haug a todas las empleadas y empleados, a todas y todos los colegas así como a los servicios de la Comisión. 
En el caso del Consejo tengo más dificultades para hacerlo. 
Tengo el honor de poder representar los presupuestos pequeños y aquí el procedimiento está relativamente claro sobre quién tiene al final la última palabra. 
En Niza nos puede tratar relativamente mal pero en el caso del Tribunal Europeo de Justicia trastocar de nuevo todo lo que hemos hecho como Parlamento sabiendo que esta semana lo íbamos a corregir de nuevo todo, podríamos haber ahorrado muchos recursos y aportar algo a la protección del medio ambiente imprimiendo menos papel. 
Precisamente aquí habría sido deseable que hubiese salido algo al paso del Parlamento; nos habría ahorrado algo de trabajo que sin embargo he hecho gustosamente porque para mí lo importante es que en el futuro tengamos un Tribunal Europeo de Justicia eficaz que esté en situación de terminar los trabajos que debe realizar y en especial los trabajos de traducción pendientes. 
Si el Consejo hubiese mostrado aquí más flexibilidad, lo habríamos podido hacer ya conjuntamente en octubre. 
Pero como se me ha concedido tan poco tiempo, lo que lamento ya que el presupuesto habría merecido más que dos ridículos minutos y medio, tengo que limitarme a algunas pocas observaciones. 
Debemos recapacitar internamente cómo en el sector de la política de ayudas podemos lograr que todas las necesidades existentes se desarrollen en dirección a unos procedimientos transparentes. 
Saludo mucho que ahora el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas así como la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de las Regiones estén reconsiderando su política de ayudas y desarrollando un procedimiento transparente orientado a los méritos, en el que la antigüedad ya no sea el criterio decisivo sino el rendimiento que cada uno aporte. 
Creo que estamos aquí en la vía correcta y como parte de la autoridad presupuestaria- y en este caso como autoridad presupuestaria, ya que el Consejo no desempeña el papel determinante- vamos a prestar atención para que prosiga así en el futuro. 
En el Parlamento nos tendremos que plantear la pregunta de si nuestro presupuesto corresponde aún a los criterios de exactitud y claridad. 
Yo también quiero decir con total claridad que en el Parlamento tenemos un número de puestos no ocupados que nos aportan año tras año ahorros de decenas de millones de euros de modo que tenemos que recapacitar sobre si es aún correcto el modo cómo establecemos el presupuesto. 
Por ello, en las resoluciones vamos a exigir a nuestra propia administración- espero que la Asamblea lo apoye- que presente un amplio informe sobre los puestos libres en esta Asamblea para que obtengamos un presupuesto que corresponda a los criterios de exactitud y claridad. 
Espero que los trabajos para un recruitment office común, tal como se dice en el moderno alemán, es decir una autoridad de reclutamiento europea, avancen realmente para que podamos superar conjuntamente los problemas que se van a plantear en los próximos años a todas las instituciones- al Consejo al igual que a la Comisión, al Parlamento y a las demás instituciones -, es decir, la necesidad de personal de los próximos años. 
Deseo realmente que en este campo realicemos grandes progresos. 
Me he pasado ahora un minuto. 
¿He obtenido ahora más tiempo? 
Lo devuelvo gustosamente al Grupo político pues estaba preparado solamente para dos minutos y medio y me había propuesto excederme en un minuto. 
De este modo he sobrepasado mi tiempo personal asignado. 
Me permito expresar mi agradecimiento de nuevo a todas y todos los colegas. 
En lo que se refiere a las demás instituciones, creo que hemos logrado un buen resultado de un modo muy colegial por encima de todas las fronteras partidistas, de Grupos políticos, nacionales o de otro tipo. 
Si el Consejo pudiese sumarse a esto el año próximo, si escuchase más al Parlamento, podríamos lograrlo más fácilmente. 
No crean sus Señorías que mi corazón se ha ablandado ante los argumentos del Sr. Ferber. 
Es que, realmente, tenía cinco minutos para hablar y los servicios habían indicado sólo dos minutos y medio. 
Disculpe, señor Ferber. 
Y si quiere usted añadir algo después- porque le ha sobrado un minuto -, yo le daré la palabra. 
. Señor Presidente, cuando hace algún tiempo una delegación de este Parlamento visitaba la República Popular China, estuvimos en Xiamen, en el Sureste de China, y había una isla que se veía en el horizonte. 
Preguntamos su nombre y nos dijeron: "Es la innombrable". 
Se trataba de Taiwan y en China no se podía nombrar. 
Aquí lo que no podemos nombrar es la palabra "revisión de las perspectivas financieras". 
Señorías, yo creo que este tema casi lo deberíamos abordar de rodillas, porque es un tema religioso. 
En la religión del Consejo está prohibido mencionar la palabra revisión. 
Está clarísimo. 
Pero reto a mi estimada amiga, la señora Presidenta en ejercicio del Consejo, a que me explique cuál es la diferencia entre la revisión de las perspectivas financieras y la movilización del instrumento de flexibilidad: se trata de las mismas mayorías, y los importes pueden ser los mismos. 
Realmente, salvo por el culto del tabú, es difícil explicar los motivos por los que el Consejo se niega a reconocer la necesidad de una revisión de las perspectivas financieras. 
Es más, de las treinta y ocho revisiones que ha conocido la Comunidad desde 1988, que es cuando se estableció este sistema, veintitantas han sido revisiones anuales. 
O sea, que ni tan siquiera el argumento de la anualidad o plurianualidad es una excusa. 
Otro motivo para tratar del tema de rodillas es, quizá, la actitud de algunos miembros de esta Asamblea, que lo único que parecen pretender es obedecer ciegamente las instrucciones del Consejo. 
Realmente, hemos librado una gran batalla para conseguir un aumento del 0,02 % del proyecto de presupuesto del Consejo. 
Yo no sé si esto es un gran éxito de esta Asamblea. 
Se puede ver incluso en los Fondos estructurales, donde la Comisión nos dijo que hacían falta 8.000 millones de créditos de pago suplementarios y el resultado es que los hemos recortado en 340 millones, que es naturalmente la petición del Consejo, no la petición del Parlamento. 
Yo querría recordar brevemente que, cuando aprobamos las perspectivas financieras vigentes, en 1999, estábamos aún- digo estábamos por las involucraciones que tenía la Unión- bombardeando los Balcanes y, concretamente, Serbia. 
Y quedamos en que cuando acabara el conflicto revisaríamos las perspectivas financieras. 
Lo pactamos entre el Consejo y el Parlamento. 
El Consejo se niega a hacer esta revisión- parece que ahora ya deberíamos disponer de los datos- y yo le quiero prevenir: utilizar el instrumento de flexibilidad dos años seguidos, dos años consecutivos- de hecho, en menos de quince meses y el primero de ellos a menos de seis meses de la aprobación de las perspectivas- está vaciando financieramente el instrumento de flexibilidad porque impide su reposición y su posible acumulación, que está prevista hasta una altura de 600 millones. 
Pero también lo está vaciando políticamente y esto es mucho más grave, Señorías, porque esto puede llevar a la total desconfianza del Parlamento respecto del propio sistema de perspectivas financieras. 
Sinceramente, el Consejo nos está llevando a considerar que este sistema no es satisfactorio porque una de las partes contratantes no cumple los supuestos políticos implícitos en firmar un pacto. 
Las necesidades de los Balcanes no se han acabado, son plurianuales. 
Y ahora, ¿qué haremos? 
De momento, empezamos a sacrificar MEDA, que ha pasado de 980 millones de euros en 1999 a 741 en 2001. Es la primera víctima de la no revisión. 
Y me pregunto, ¿quién será la próxima víctima? 
Yo quiero saber qué curso se le va a dar a la propuesta inicial, señora Schreyer, de revisión de las perspectivas financieras. 
Ustedes no la han retirado. 
Por lo tanto, me gustaría saber qué van a hacer. 
¿Vamos a continuar financiando los Balcanes con juegos malabares, como hemos hecho ahora, al final del año 2000, "pre-presupuestando" cosas y luego introduciendo 200 millones efectivamente en el presupuesto 2001? 
¿Qué vamos a hacer en el mes de marzo? 
Ya sé que le tocará la Presidencia a Suecia, pero en marzo hay que ver las perspectivas para el año 2002 y ¿qué vamos a hacer? 
No estará resuelto el tema de los Balcanes. 
Yo, sinceramente, creo que he de recomendar a esta Asamblea que apruebe la movilización del instrumento de flexibilidad porque, en definitiva, nos permite resolver el tema de Serbia y porque es una revisión que no osa llamarse por su nombre. 
Señorías, el rey va desnudo. 
. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señora Comisaria, señoras y señores, justamente después del Consejo Europeo de Niza en el que la construcción europea ha registrado avances significativos que el Presidente de la República les presentará dentro de unos momentos, es un placer para mí presentarles hoy la segunda lectura del proyecto de presupuesto de la Unión Europea, tal como la ha establecido el Consejo el 24 de noviembre pasado. 
Es un placer pero también un honor y una emoción personal volverme a encontrar ante ustedes, en el corazón de la democracia europea. 
La segunda lectura del Consejo ha estado precedida el 23 de noviembre por una reunión de concertación entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
El resultado de esta larga reunión creo que ha constituido un doble éxito, un éxito para Europa porque hemos sabido superar nuestras divergencias iniciales y un éxito político porque este presupuesto refleja no solamente un compromiso, sino sobre todo prioridades. 
Los representantes de las tres instituciones no han escatimado, en efecto, sus esfuerzos para llegar a un acuerdo global sobre el presupuesto 2001 y, con este motivo, debo transmitir el agradecimiento del Consejo tanto a los miembros de la delegación parlamentaria como a la Sra. Schreyer. 
El Consejo ha procedido, por tanto, a la segunda lectura del presupuesto teniendo en cuenta los acuerdos suscritos con la Delegación del Parlamento, con el deseo constante de votar un presupuesto que permita financiar todas las prioridades de la Unión Europea y responder a las necesidades reales y a la capacidad real de ejecución de los créditos. 
Este presupuesto permitirá así poner en marcha la reforma de la política agrícola común y reflejar la programación de las acciones estructurales tal como se establecieron en 1999, así como también la totalidad de los grandes programas establecidos de común acuerdo por el Parlamento y por el Consejo. 
Pienso especialmente en la investigación, en las redes transeuropeas, en la cultura o en la creación audiovisual, con el programa MEDIA Plus, que ha sido objeto de un acuerdo el 23 de noviembre pasado. 
Permítanme ahora detenerme en los principales avances de la segunda lectura del Consejo. 
El primer punto de acuerdo entre el Consejo y el Parlamento se refiere a las acciones exteriores, es decir la rúbrica IV del presupuesto, para las que nuestras instituciones compartían un objetivo común, que es destinar una financiación importante para la región de los Balcanes en 2001, habida cuenta de la reciente evolución de la situación política en Serbia, pero sin que las demás prioridades geográficas de la acción exterior de la Unión tengan que cubrir los gastos. 
El acuerdo adoptado el 23 de noviembre prevé, por tanto, una dotación global para los Balcanes de 839 millones de euros, de los cuales 240 millones son para Serbia. 
Esta cantidad tan importante, que responde a la existencia de necesidades muy elevadas en 2001, podrá financiarse principalmente gracias a la movilización del instrumento de flexibilidad por valor de 200 millones de euros. 
El Parlamento conserva así, para su segunda lectura, un margen de maniobra importante para financiar la totalidad de las demás prioridades geográficas, todo ello respetando el límite de la rúbrica IV, tal como ha deseado el Consejo. 
El segundo elemento importante de la segunda lectura del Consejo concierne a la carta rectificativa no 2 que permite recoger las nuevas previsiones de la Comisión en el sector agrícola. 
El Consejo ha adoptado globalmente esta carta rectificativa, y con el mismo deseo de adaptación a los datos disponibles más recientes, el Consejo también ha aceptado las enmiendas del Parlamento Europeo relativas a los gastos de desarrollo rural, que reflejan los progresos registrados en la adopción y la puesta en marcha de los programas nacionales. 
Por último, el Consejo ha votado, tal como se había acordado en la concertación del 23 de noviembre, créditos suplementarios por importe de 60 millones de euros, para la financiación de las pruebas de prevención de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Este importe de 60 millones de euros constituye una primera respuesta presupuestaria, muy rápida, a la decisión del Consejo de ampliar las pruebas efectuadas a los bovinos. 
Por lo tanto, debe considerarse como un importe provisional. 
La crisis de la encefalopatía espongiforme bovina requerirá, en efecto, otras medidas cuya valoración en el plano presupuestario no ha finalizado al día de hoy, y cuando se defina con más precisión un dispositivo, habrá que tener en cuenta, evidentemente, su posible impacto presupuestario y destinar los créditos necesarios estudiando prioritariamente las posibilidades de reestructuración en la rúbrica I. La financiación complementaria podrá ser aportada después por un presupuesto rectificativo y suplementario, respetando las perspectivas financieras. 
Me alegro de que nuestras instituciones hayan podido ponerse de acuerdo para adoptar en una sola lectura la totalidad de elementos de esta carta rectificativa no 2, que afecta no solamente a los gastos agrícolas sino también a los acuerdos de pesca y a la inclusión del saldo de una previsión del ejercicio 2000 en el presupuesto inicial de 2001. 
El tercer elemento importante de esta segunda lectura del Consejo concierne al acuerdo alcanzado sobre la dotación del programa "Espíritu empresarial" que continúa y completa el programa "Iniciativa empleo" para los años 2001 a 2005. 
El Consejo y el Parlamento han acordado una partida muy significativa de 450 millones de euros para este período y una dotación de 100 millones de euros para el año 2001. 
Este resultado, que refleja la prioridad que la Unión Europea concede al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas así como al empleo, debe contabilizarse en el haber de la ponente, Jutta Haug, aquí presente. 
Corresponde también a una prioridad política del Consejo, tal como se expresó en las Cumbres de Luxemburgo, de Lisboa y de Feira. 
Por fin, el 23 de noviembre se alcanzó un acuerdo sobre el incremento de los créditos de pago del presupuesto para 2001, limitado al 3,5 % en relación con el presupuesto 2000. 
Ustedes saben que este objetivo es especialmente "querido" por el Consejo y debo subrayar que un incremento del 3,5 % representa un importante esfuerzo para los Estados puesto que es sensiblemente superior al aumento de sus presupuestos nacionales pero, lógicamente, soy consciente de que este acuerdo significa también un importante esfuerzo por parte del Parlamento ya que supone arbitrajes por parte de ustedes a veces delicados en relación con su primera lectura. 
Este acuerdo sobre la evolución de los pagos se ha hecho posible gracias a la propuesta de la Comisión de reprogramar en los ejercicios 2002 y siguientes un importe de 1.600 millones de euros de créditos de compromiso para los programas de iniciativas comunitarias. 
Esta propuesta, que se explica por los plazos necesarios para la adopción de estos programas, ha sido aceptada por el Consejo y el Parlamento. 
Se traduce, pues, por una disminución de 700 millones de euros de las necesidades en créditos de pago en 2001 en relación con el anteproyecto de presupuesto. 
Teniendo en cuenta este nuevo elemento, el Consejo ha votado en segunda lectura un presupuesto incrementado en un 2,5 %. 
El Parlamento dispone, por tanto, para su segunda lectura, de un margen de maniobra importante del orden de los 1.000 millones de euros para financiar sus prioridades presupuestarias, todo ello respetando un incremento global del 3,5 %. 
Entonces, está claro que el Consejo no ha limitado su segunda lectura a los cuatro puntos que acabo de mencionar. 
Ha aceptado igualmente varias enmiendas del Parlamento Europeo en la rúbrica III en relación con las políticas internas, principalmente para tomar en cuenta la evolución de la legislación. 
Ha aceptado, además, algunas acciones preparatorias y algunos proyectos piloto dentro de los límites previstos por el acuerdo interinstitucional, después de haber consultado a la Comisión sobre su viabilidad. 
Por último, la lista de puntos en los que están de acuerdo el Consejo y el Parlamento no estaría completa si no mencionara dos importantes textos adoptados este año. 
En primer lugar, una declaración común sobre la mejora de la información del Parlamento y del Consejo sobre la programación financiera de la Comisión, adoptada en julio, por iniciativa del Sr. Colom i Naval al que saludo. 
Por otra parte, muy recientemente acaba de adoptarse una declaración sobre el informe de etapa relativo a la reforma de la Comisión, por iniciativa del Sr. Elles. 
Estas dos declaraciones refuerzan la transparencia del procedimiento presupuestario y de las reformas que están en curso en la Comisión. 
Me parece que éstas pueden mejorar su eficacia, lo cual, creo, constituye un objetivo común a nuestras instituciones. 
Por mi parte, estoy muy interesado en ello. 
De forma más general, quisiera subrayar que el procedimiento presupuestario que va a finalizar dentro de unos días ha demostrado todo el interés del acuerdo interinstitucional del 6 de mayo de 1999. 
En efecto, gracias a la concertación entre las tres instituciones, que está prevista y articulada por este acuerdo, hemos llegado a entendernos sobre este proyecto de presupuesto 2001. 
Así, la movilización del instrumento de flexibilidad, que constituye una de las innovaciones clave del acuerdo de 1999, ha permitido alcanzar un acuerdo sobre la financiación de las acciones exteriores de la Unión Europea en 2001, teniendo en cuenta hechos ocurridos durante el procedimiento. 
Estos créditos suplementarios permitirán acelerar en 2001 el programa de ayuda de la Unión Europea a los Balcanes occidentales. 
Igualmente, respetando este acuerdo interinstitucional, el Consejo ha dejado márgenes importantes por debajo de los límites de las perspectivas financieras establecidas en 1999, especialmente en la rúbrica 3- políticas internas- y en la rúbrica 4- acciones exteriores-. 
Estos márgenes permiten al Parlamento Europeo, en su segunda lectura, fijar sus propias prioridades en las diferentes políticas y acciones comunitarias. 
Por último, antes de que ustedes procedan a la adopción definitiva de este presupuesto, deseo subrayar el empeño del Consejo en respetar algunas reglas presupuestarias básicas, en materia de puesta en reserva de créditos, de base legal y de clasificación de los gastos. 
En primer lugar, la puesta en reserva de créditos sólo puede efectuarla la autoridad presupuestaria cuando la correspondiente base legal no haya sido aún adoptada, de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero. 
El Consejo, por tanto, en segunda lectura ha restablecido todos los créditos puestos en reserva por el Parlamento por otros motivos distintos de la ausencia de base legal. 
A este respecto, me alegro del acuerdo alcanzado por nuestras dos instituciones para suprimir las puestas en reserva condicionales, que fueron efectuadas por el Parlamento, en primera lectura, en la rúbrica 4, la reserva de funcionamiento, y en la rúbrica 5 en lo referente a los créditos relativos a la reforma de la Comisión, en el marco de la carta rectificativa nº 1. 
En segundo lugar, deseo insistir en el cumplimiento de las reglas impuestas a las Instituciones en materia de clasificación de los créditos entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios. 
La Comisión de Presupuestos les propone, en efecto, modificar mediante enmienda dos líneas, en segunda lectura, una en relación con el sistema de prejubilaciones y otra con los gastos relacionados con los acuerdos de pesca. 
Permítanme llamar la atención del Parlamento Europeo sobre el hecho de que según los términos del acuerdo interinstitucional, estas líneas presupuestarias constituyen gastos obligatorios, lo que el Parlamento ya había reconocido en su primera lectura. 
Desde ahora, los créditos incluidos en estas líneas deben considerarse como definitivamente adoptados al finalizar la segunda lectura del Consejo, en aplicación del artículo 272 del Tratado y, por lo tanto, ya no pueden modificarse. 
Al finalizar este examen general, yo también deseo subrayar el excelente clima en el que se ha desarrollado este procedimiento presupuestario. 
Las discusiones fueron a veces reñidas, pero siempre fueron pertinentes y basadas en intercambios permanentes que han permitido comprendernos mejor mutuamente y, por tanto, llegar más fácilmente a un acuerdo, que espero sea satisfactorio para todos. 
Un buen presupuesto es un presupuesto bien discutido. 
Éste debería nacer, por tanto, con los mejores auspicios. 
Quisiera dar las gracias personalmente a Terence Wynn, Presidente de la Comisión de Presupuestos, así como a los tres ponentes, Jutta Haug, Markus Ferber y Joan Colom i Naval, y a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos que he tenido el gusto de conocer durante estos seis meses de presidencia del Consejo. 
Puedo asegurarles que el objetivo del Consejo, a lo largo de este procedimiento presupuestario, ha sido llegar a un presupuesto 2001 que permita a la Unión Europea responder a las expectativas que suscita tanto en su seno como más allá de sus fronteras. 
Creo que juntos, por encima de las prioridades de cada una de nuestras instituciones, hemos elaborado, paso a paso, un presupuesto para el ejercicio 2001 que refleja la ambición, que todos defendemos, de una Europa al servicio de los ciudadanos. 
Este resultado debe a partir de ahora recibir su aprobación. 
Deseo que ésta se produzca rápidamente. 
Señor Presidente, Señorías, al contrario que en las negociaciones de Niza, se han logrado unos resultados esenciales para el presupuesto 2001 ya tras una única sesión nocturna conjunta. 
Y al contrario que en Niza, creo que las tres instituciones- el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión- están muy satisfechas en general con el resultado. 
Es una buena base para la política comunitaria del próximo año y hay que decir también realmente que la idea comunitaria ha sido determinante durante todo el año, durante todos los preparativos. 
En nombre de la Comisión, quiero expresarle en este sentido mis felicitaciones, madame Parly, así como a sus colaboradores, pues ha sido realmente una auténtica comadrona para este presupuesto 2001 centrando los debates y negociaciones en los puntos esenciales. 
También quiero felicitar a la ponente, la Sra. Haug, por su muy interesante aportación de decisión absoluta y gran disposición para las negociaciones que han conducido a este positivo resultado. 
También quiero felicitar a los ponentes, los Sres. Ferber y Colom i Naval, al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Wynn, y a los miembros de dicha comisión por el gran compromiso mostrado lo que ha hecho posible estos buenos resultados en las negociaciones. 
El presupuesto 2001- tal como se nos ha presentado hoy- tiene un volumen financiero de 96.200 millones de euros que estarán a disposición el próximo año para nuevos compromisos y 92.600 millones para pagos. 
De este modo, la tasa de crecimiento del presupuesto, ya lo han indicado ustedes, es del 3,1 y del 3,5 % en comparación con el año anterior, con lo que es más o menos similar a las tasas de crecimiento de los presupuestos nacionales. 
Esencial es que el volumen del presupuesto representa en total sólo el 1,06 % del producto social bruto europeo, lo que expresado como cuota de gravamen o cuota estatal es inferior a la de este año. 
Esto muestra por un lado que se respeta la idea de la disciplina presupuestaria pero también que se tiene en cuenta y funciona la idea de la planificación financiera acordada en Berlín de reducción de los gastos de los Estados miembros actuales para crear sitio por otro lado para la financiación de la ampliación. 
En cualquier caso, hay que decir también que estas cifras, tal como se han presentado hoy, no incluyen el próximo presupuesto suplementario que es necesario como consecuencia de la crisis de la EEB. 
Me voy a referir a este tema enseguida. 
Primero: ¿cuál es la característica especial del presupuesto 2001? 
En opinión de la Comisión, es el hecho de que el segundo pilar de la política agrícola, el fomento del desarrollo del área rural, arroja la máxima tasa de crecimiento. 
Dicha tasa es del 10% y me parece que merece destacarse pues se dispone en total de 4.500 millones de euros. 
Cuando el presidente de la Comisión de Presupuestos dijo en una reciente entrevista concedida a un periódico que esto no es aún un segundo pilar sino un palillo, quiero contradecirle pues no refleja la auténtica dimensión: 4.500 millones es una suma considerable, es casi tanto dinero como el que disponemos en total para la política exterior. 
Hay que destacar esta dimensión y relación. 
En la política exterior se puede decir realmente que la política de la Unión Europea tiene grandes efectos también gracias a los créditos del presupuesto y estoy además plenamente convencido que es fruto de la política comunitaria que en los Balcanes tenga lugar una democratización y exista la oportunidad alcanzar la estabilidad que espero llegue pronto. 
Estoy también convencido de que con el antiguo concepto de amistades bilaterales, que se ha utilizado también para enfrentar entre si a Estados miembros, no habría sido posible este éxito. 
Es el resultado de una política comunitaria y es muy positivo que se hayan logrado asignar 839 millones de euros en el presupuesto 2001 para la región de los Balcanes. 
Todo esto no ha sido sencillo pero se ha logrado gracias al empleo de la reserva de flexibilidad, lo que también ha hecho posible que, adicionalmente a lo que se puso a disposición o se acordó en Niza como base para la política de los Balcanes, -a saber, estos 4650 millones hasta el 2006- se dispongan de créditos adicionales gracias al empleo del instrumento de flexibilidad. 
Con la puesta a disposición del paquete de ayuda inmediata de 200 millones de euros, la Unión ha demostrado además que está en situación de actuar con rapidez y de cumplir plenamente con sus responsabilidades en política exterior. 
Lo esencial es que, como consecuencia de la democratización de Serbia, ningún país de la región de los Balcanes, disponga ahora de menos ayuda de la proyectada antes de que tuviese lugar dicha evolución en Serbia. 
Creo que es también un importante mensaje que apoyemos financieramente las nuevas posibilidades de cooperación que existen por fin ahora. 
Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al Sr. Kouchner, quien ha realizado un extraordinario trabajo en Kosovo, gracias también a que estábamos en situación de proporcionar una gran ayuda con los créditos del presupuesto. 
El proceso de reformas de la Comisión es de gran importancia precisamente también de cara a lograr una buena gestión financiera. 
Una buena gestión financiera necesita un personal bien preparado y en cantidad suficiente. 
Quiero expresar aquí mi agradecimiento en nombre de la Comisión a la autoridad presupuestaria por el apoyo y aprobación de 400 nuevos puestos. 
Sus Señorías han unido esto a la esperanza de que precisamente en los campos en los que los programas de ayuda financiera se han aplicado hasta ahora demasiado tarde o mal, se realicen todos los esfuerzos para mejorar la situación. Señorías, les puedo asegurar- y me dirijo en especial al Sr. Elles- que la Comisión va a hacer todo lo que esté en su mano para mejorar la aplicación de los programas financieros en comparación con el pasado. 
Pero también tenemos que decir claramente que la reducción de los antiguos compromisos no sólo exige una buena gestión financiera sino también los correspondientes créditos de pago. 
Casi una tercera parte del presupuesto se dedica a la política estructural para proporcionar ayuda en las regiones con dificultades económicas y superar dichas dificultades y recuperar terreno en sentido económico, en especial mediante los fondos de cohesión. 
El Tribunal de Cuentas ha confirmado muy recientemente en un informe especial que se va a alcanzar este objetivo y que se emplean bien los créditos del fondo de cohesión. 
Aquí la Comunidad ofrece realmente ayuda de forma solidaria con los créditos comunitarios para impulsar el desarrollo económico. Pero también debería ser algo evidente que las regiones y países que ahora se benefician de la solidaridad, en el futuro estén también dispuestos a ejercer también solidaridad con los nuevos países cuando se haga realidad la ampliación de la Unión Europea. 
Señorías, la nueva aparición de vacas enfermas de EEB hizo también necesario que se actuase inmediatamente en el sector presupuestario, en concreto para la protección de la salud, la protección del consumidor y también para la ayuda a los agricultores afectados por esta situación. 
En el presupuesto que hoy aprobamos se contienen seis mil millones de euros para la subvención de la producción de carne de vacuno y ya se han asignado en el presupuesto 60 millones para la cofinanciación de pruebas de EEB. 
En sus reuniones de crisis, los ministros de agricultura han propuesto nuevas medidas como consecuencia de la crisis de la EEB; todos hemos llegado al acuerdo de que no tendría sentido aplazar la resolución sobre el presupuesto para incluir estas nuevas medidas. Existe unanimidad en que se debe presentar lo antes posible un presupuesto suplementario que garantice financieramente las medidas necesarias. 
Se va a tratar de una suma considerable, por lo que me parece urgentemente necesario que el Consejo Ecofin se ocupe de las consecuencias político presupuestarias, pues las demandas o ideas que a veces se plantean no se encuentran en consonancia con los créditos disponibles. 
Aquí es válido lo que se subrayó también en Niza, es decir, que se deben tener en cuenta las disposiciones y límites financieros para el presupuesto agrícola. 
Nos encontramos ante la situación especial de que ahora, ante el nuevo tipo de cambio el margen de actuación es aún algo más estrecho. 
Por ello, es realmente irritante que los ministros de agricultura, siendo plenamente conscientes de la situación de la EEB, se hayan servido aún antes con rapidez de algunos platos de Navidades en los que había fruta y verduras, plátanos y nueces que exigen en total 85 millones más de subvenciones. 
Creo que si existen nuevas urgencias- y ante la crisis de la EEB tienen que marcarse nuevas prioridades en el presupuesto agrícola -, entonces esto acarrea también las correspondientes consecuencias y se tienen que adoptar resoluciones claras pues ante un volumen global del presupuesto agrícola de al fin y al cabo 44 mil millones de euros se tienen que marcar estos aspectos centrales. 
Como Comisaria competente para el presupuesto apoyo plenamente los aspectos necesarios que se deben acordar también para apoyar el mercado de la carne de vacuno, pero el hecho de que, por un lado, subvencionemos la producción de carne de vacuno con 6 mil millones de euros mientras que por otro lado subvencionemos su destrucción con cifras millonarias de tres dígitos, muestra en mi opinión la urgente necesidad de actuar en todo el sector de la política agraria y creo que precisamente en este punto debe esperarse apoyo del Parlamento Europeo. 
Muchas de las resoluciones de Niza son de gran relevancia para el presupuesto y para el proceso presupuestario. 
Las tareas en este campo no van a ser más sencillas para todas las instituciones. 
Tanto más nos debemos alegrar de que las negociaciones sobre el presupuesto 2001 hayan tenido lugar en una atmósfera tan buena y hayan conducido a unos resultados tan buenos. 
Quiero expresar por ello en nombre de la Comisión de nuevo mi agradecimiento a todos los participantes. 
Señor Presidente, este ponente agradece las amables palabras que le han dirigido tanto la Presidenta en ejercicio del Consejo como la Comisaria, pero ha formulado una pregunta concisa en su turno anterior. 
Se trata de que alguien nos explique racionalmente, por no decir de forma cartesiana, la diferencia entre una revisión de las perspectivas financieras anual y la movilización del instrumento de flexibilidad. 
Yo preferiría que hubiera una explicación. 
Si no, tengo que interpretar que el silencio es la respuesta. 
. 
(FR) Señor Presidente, desearía, en efecto, responder al Sr. Colom i Naval sobre la cuestión de la utilización del instrumento de flexibilidad en relación con la revisión de las perspectivas financieras. 
De hecho, la utilización repetida, dos años seguidos, del instrumento de flexibilidad puede considerarse, equivocadamente en mi opinión, como una forma de revisión de las perspectivas financieras. 
Por mi parte, creo que esto no es verdad ni en términos de procedimiento ni sobre todo sobre el fondo. 
El procedimiento relativo al instrumento de flexibilidad estaba previsto por el acuerdo interinstitucional y para permitir financiar, en casos excepcionales, un gasto extraordinario por encima de los límites autorizados en Berlín, todo ello sin volver a poner en entredicho las perspectivas financieras. 
Me parece, por tanto, que no existe contradicción sobre el fondo sino complementariedad entre los dos enfoques. 
Por lo que respecta a los casos particulares de aplicación que hemos conocido desde hace dos años, es decir Kosovo y Serbia, la movilización del instrumento de flexibilidad ha permitido financiar un gasto extraordinario para un esfuerzo extraordinario. 
En ambos casos, el instrumento de flexibilidad ha permitido anticiparse a las necesidades: para Kosovo se trataba de acelerar la puesta en marcha de las ayudas; para Serbia, se trataba de destinar un importe significativo, incluso antes de que se hiciera de forma definitiva la evaluación de las necesidades e incluso antes de que se hubiera establecido el reparto de las finalidades entre los diferentes proveedores de fondos. 
Por tanto, la movilización del instrumento de flexibilidad no significa, desde el punto de vista del Consejo, que se vuelva a cuestionar la viabilidad de las perspectivas financieras que se establecieron en Berlín. 
Además, el Consejo ha fijado para el programa marco de ayuda a la reconstrucción en los Balcanes occidentales un montante plurianual, evidentemente indicativo, que es compatible con estas perspectivas financieras. 
Espero haber respondido a la pregunta del Sr. Colom i Naval. 
Después de esta ilustración que- seguro- será muy útil a todos los diputados, vamos a llevar a cabo la ronda de opiniones de las diferentes comisiones parlamentarias. 
Señor Presidente, deseo comenzar agradeciendo a la Sra. Haug su denodado trabajo y su éxito en relación con las pequeñas y medianas empresas. 
Ha sido una cuestión de primer orden para la Comisión de Industria y nos complace mucho el éxito que ha logrado. 
Sin embargo, no es sólo un éxito para la Comisión de Industria y para el Parlamento; también refleja las prioridades de los Gobiernos de Europa. 
Ése es el aspecto que me causa cierta consternación en relación con la posición adoptada en este proceso por el Consejo. 
Mi comisión está muy interesada en la esfera de la investigación. 
Hemos elogiado al Comisario Busquin, que ha superado nuestras esperanzas en esa esfera. 
Hemos oído decir al Consejo en muchas ocasiones que quiere velar por que Europa llegue a ser preeminente en materia de investigación. Después vemos que el Consejo hace una reducción importante en las consignaciones para pagos, por lo que después la Sra. Haug tiene que hacer algunos cambios. 
Hoy hemos oído al Consejo decir que está dispuesto a aplicar un aumento del 3,5 %. 
Ése es el marco del proceso en el que estamos inmersos. 
Felicito a nuestra ponente. 
Sin embargo, nuestra comisión está algo decepcionada por el planteamiento del Consejo. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente, la Sra. Haug, al igual que al Presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Wyn, su extraordinaria colaboración. 
Tengo dos observaciones dirigidas al Consejo y a la Comisión en relación con la cuestión que analizamos. 
Para empezar, el presupuesto agrícola total. 
Éste asciende, por supuesto, a casi el 45% del presupuesto europeo, pero si se suma lo que destinan los Estados miembros a Europa y lo que la Unión Europea destina al presupuesto agrícola, entonces, se sitúa en el 1,9 %, del que una parte importante se emplea todavía en el desarrollo rural y en el desarrollo de la naturaleza. 
Comparado con lo que destinan otros bloques comerciales en el mundo es una nimiedad. 
Si las empresas americanas, mutatis mutandis, reciben tres veces más apoyo, y un país cualquiera como Turquía destina más del 10% de su presupuesto a la agricultura y horticultura, Europa hace todo con muy poco dinero. 
La segunda cuestión: la EEB. 
Quiero señalar que la noche del 23 al 24 de noviembre, cuando nos sentamos a la mesa con la Sra. Parly, habíamos luchado como leones por obtener más dinero para la EEB. 
La Comisión de Agricultura dijo que se utilizara el margen existente entre las perspectivas financieras y el presupuesto final que se analiza, que en aquel momento ascendía a cerca de 900 millones adicionales, es decir, utilizar 600 millones para la EEB. 
Con muchísimo esfuerzo, obtuvimos un par de millones de euros. 
Dos vacas afectadas de EEB aparecidas en Alemania y había transcurrido una semana. 
Eso significa que, de hecho, ya debía adoptarse un presupuesto complementario de 900 millones de euros. 
Eso indica que la Comisión de Agricultura ha reconocido muy seriamente lo que está sucediendo y, en este sentido, ha criticado duramente al Consejo y a la Comisión en relación con el despliegue de la política en materia de EEB. 
La adopción de decisiones más rápidas encaminadas a realizar tests, en lugar de introducir a la postre medidas draconianas, hubiera tenido un coste bastante menor. En esta política, sería de locos, también desde la perspectiva del Consejo y de la Comisión, decir: vamos a pasar la cuenta al presupuesto agrícola. 
Eso no puede ser, ya que tenemos un acuerdo con el Consejo y la Comisión para el resto del presupuesto agrícola respecto de todas la partidas existentes, y eso significa presupuestos complementarios. Ese dinero extraordinario debe proceder de los Estados miembros y no de arrebatárselo al presupuesto agrícola actual, ya que supongo que usted ha dado su palabra, lo digo tanto respecto del Consejo como de la Comisión, en relación a lo que hemos acordado. 
. (FI) Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias a la Sra. Haug por su magnífico trabajo en la elaboración de los presupuestos. 
La Sra. Haug y la Comisión de Presupuestos han tenido en cuenta las propuestas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
El objetivo principal de nuestra comisión era contar con los suficientes fondos de pago en los presupuestos del próximo ejercicio. 
De este modo, podremos liquidar los atrasos del ejercicio anterior y conseguiremos poner en marcha los nuevos programas con eficacia. 
En caso de necesidad, ha de ser posible revisar la cuestión de los fondos de pago a través del presupuesto rectificativo y suplementario en el año 2001. 
Las enmiendas presentadas en relación con la colaboración fronteriza están justificadas, si bien es verdad que no hemos alcanzado del todo los objetivos trazados para los programas INTERREG y URBAN. 
En lo que se refiere al transporte, el centro de gravedad está en el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte. 
Agradezco el impulso dado al desarrollo sostenible del transporte, pero hay que señalar, no obstante, que los fondos asignados al transporte y al turismo son de una cuantía más bien simbólica. 
Durante los próximos años será necesario un incremento notable de los mismos. 
Nuestra comisión seguirá de cerca la ejecución de los presupuestos. 
La utilización eficaz de los recursos permitirá apoyar la creación de empleo, principalmente a través de las PYME y de las nuevas tecnologías. 
Señor Presidente, en tanto ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, quiero, en primer lugar, constatar que el Parlamento Europeo ha obtenido una gran victoria porque se ha eliminado el recorte en los programas de pobreza de América Latina, Asia y África. 
Se lo agradezco muy especialmente a la Comisión y al Consejo. 
América Latina, Asia, África y los Balcanes constituyen pilares iguales para nuestra política externa, y no pilares enfrentados. 
Esto debe regularse después en el programa plurianual, tal como resulta del debate. 
En segundo lugar, quiero constatar con mucha alegría que todo el Parlamento, todos los grupos, apoyan los objetivos concretos en materia de pobreza, tal como la Comisión de Desarrollo y Cooperación propone en la actualidad en el presupuesto de 2001, basándose también en datos anteriores de la Comisión Europea, especialmente en la duplicación de los presupuestos destinados a la enseñanza básica y a la asistencia social básica en los programas regionales de América Latina, Asia, África, y del Fondo Europeo de Desarrollo. 
Resultados en lugar de ahorro. Contamos con la Comisión para que dé serias instrucciones y gaste según estos objetivos. 
Se lo agradezco sinceramente a la Sra. Haug. 
Señor Presidente, también yo quiero agradecer a la ponente, la señora Haug, el magnífico trabajo que ha hecho como ponente de fondo para el presupuesto y su esfuerzo para atender las peticiones que hemos hecho desde las distintas comisiones. 
En lo que se refiere a la Comisión de Derechos de la Mujer, el resultado final no es exactamente el que nos hubiera gustado. 
Las cantidades presupuestadas están muy por debajo de lo que nosotros habíamos solicitado, pero aceptamos que ha sido una práctica general y, por tanto, aceptamos el resultado tal y como ha quedado. 
Eso no significa que en el próximo ejercicio presupuestario no volvamos a insistir para conseguir aquello que nos parece que es lo más justo y lo más adecuado, y que nos permitirá conseguir los objetivos de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Señor Presidente, ante todo apoyo el presupuesto global, que se mantiene dentro de las Perspectivas Financieras. 
No tenemos obligación más importante que la de no superar nuestros medios. 
Me refiero a la que probablemente sea la línea presupuestaria más pequeña del presupuesto: 2.900 millones de euros para el Defensor del Pueblo. 
Es una suma de dinero muy pequeña. 
Constituye menos de un céntimo por habitante de la Unión Europea. 
Considerémosla el "céntimo del ciudadano". 
Debemos procurar escuchar a los ciudadanos y, si tienen quejas, que haya procedimientos para atenderlas. 
Ése es un dinero bien gastado. 
La Comisión de Peticiones abriga muchas esperanzas de que su presupuesto permita ahora la creación de una base de datos idónea para que los ciudadanos interesados en formular peticiones puedan ver los avances logrados. 
Esperamos que se haga realidad. 
Por último, la de la información es una preocupación importante para este Parlamento. 
Debemos procurar mantener nuestros programas de información. 
En particular, quisiera citar Euronews para que los ciudadanos puedan ver en los medios de comunicación lo que el Parlamento y la Unión están haciendo. 
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias a la señora Haug por su excelente trabajo. 
Coincido plenamente con las reflexiones de nuestro colega Joan Colom respecto a la revisión de las perspectivas financieras. 
El montante de la política común de pesca apenas alcanza el 1% del presupuesto comunitario. 
Sin embargo, esta pequeña cantidad, que resulta imprescindible para mantener la actividad del sector y la economía de las comarcas dependientes de la pesca, en su pequeñez es un bocado muy apetecible cada vez que nos planteamos dónde encontrar dinero para financiar nuevas políticas. 
El pescado, señora Comisaria, resulta un elemento primordial en cualquier alimentación sana, equilibrada y rica en proteínas. 
Cuando el consumidor europeo va al mercado con preocupación por lo que puede comprar, encuentra en el pescado un producto seguro y de calidad. 
Pensará entonces que ese 1% del presupuesto de la Unión Europea está muy bien empleado. 
En lo referente al presupuesto del 2001 la indignación de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios fue bastante grande. 
En especial, el motivo de ello fue que el 50% de la campaña de información PRINCE se colocó en la reserva. 
Esta resolución habría impedido que tenga lugar la campaña de información sobre la introducción del euro en el importante año del 2001. 
Y esto en unos tiempos en los que la inseguridad provocada por las pérdidas de cambio frente al dólar y la demanda de información derivada de la introducción del dinero físico en el año 2002 alcanzan su grado máximo. 
En los últimos días, la Comisión de Presupuestos ha acordado proponer al Parlamento sacar el 50% de la reserva y colocarlo en esta línea. 
Nuestro encarecido agradecimiento por ello a los miembros de la Comisión de Presupuestos. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios puede estar satisfecha y la Comisión tiene la necesaria seguridad de planificación. 
. (FI) Señor Presidente, este año no ha surgido ningún gran drama en torno al debate presupuestario. 
Sin embargo, ello no quiere decir que las cosas hayan sido fáciles. 
En todo caso, el método de trabajo de la ponente, Sra. Haug, ha mostrado su efectividad. 
También merece las gracias el Presidente de la comisión parlamentaria, Sr. Wynn. 
Desde el punto de vista de la cultura, es positivo el hecho de que se haya organizado a nivel presupuestario la financiación de los programas plurianuales, o sea, de SOCRATES, CULTURA, JUVENTUD y del nuevo programa MEDIA +. 
Es de esperar que hayan quedado superados los problemas aparecidos en la ejecución de los programas. 
Es importante que la Unión ofrezca un buen servicio a sus ciudadanos. 
Los presupuestos proporcionan financiación directa a las redes culturales europeas. 
Innegablemente, estas redes necesitan esta financiación. 
Pero las reglas del juego de la financiación no son aún satisfactorias. 
Hay implicada demasiada incidentalidad. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte tiene la intención de centrarse en este asunto a principios del próximo año. 
Los modestos fondos líquidos existentes deben ser utilizados de forma correcta y justa. 
Señor Presidente, hablo en nombre del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos. 
Al presentar la posición de nuestro Grupo a este respecto, quisiera acoger con beneplácito la labor llevada a cabo por la Sra. Haug y por nuestro ponente el Sr. Ferber y también expresar mi agradecimiento a la Comisaria Sra. Schreyer y también a la Presidenta del Consejo, Sra. Parly, por su importante asistencia con vistas a la consecución de un presupuesto el 23 de noviembre que, como ha señalado con razón la Presidencia, ha sido un hito por la forma como el Parlamento, el Consejo y la Comisión han podido contribuir a decidir colectivamente un presupuesto para la Unión Europea. 
Tenemos un presupuesto que es inferior al 1,06 %, tenemos un presupuesto, señor Colom, que no supera las Perspectivas Financieras. 
Sospecho que- dicho sea de forma sencilla- la flexibilidad es para las cantidades pequeñas y la revisión para las grandes, pero en los próximos años veremos cómo funciona. 
Pero quisiera agradecer a la Comisión y al Presidente en ejercicio del Consejo sus observaciones sobre la declaración conjunta que hemos formulado, porque es también una primera indicación de cómo vamos a supervisar las mejoras y el rendimiento de la gestión de los programas, en particular en la categoría 4. 
Pasando a ese asunto por un momento, tenemos mucho trabajo por delante y esperamos con interés el informe de la Sra. Schreyer, preferentemente antes del 30 de junio a fin de que podamos utilizar su contenido con vistas a dar forma al presupuesto para 2002. 
Pero, al pensar en la cuestión del retraso en los compromisos y en cómo limitar la duración de nuevos compromisos, eso entra, evidentemente, en el ámbito del reglamento financiero que tendremos que negociar todos. 
Consideramos absolutamente fundamental que se vea que este informe sobre la marcha de los trabajos restablece la confianza de nuestros ciudadanos en la forma como funcionan las instituciones de la Unión Europea. 
Unas palabras sobre la reserva, señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Ha dicho usted, si la he entendido correctamente, que no debemos utilizar la reserva, porque era una contravención de las normas. 
Utilizamos la reserva, en particular en la primera lectura, para señalar determinados aspectos de deficiencia en el funcionamiento de las políticas. 
La política de información de las instituciones en este momento es un escándalo, por lo que, en lugar de poner dinero en la línea sobre la política de información, cuando sabemos que no se está utilizando eficazmente, vamos a mantener gran parte de ese dinero en reserva en espera de que la Comisión presente las propuestas idóneas. 
Naturalmente, la solución sería la de permitirnos, como Autoridad Presupuestaria conjunta, sacar fondos que se estén gastando durante el año y ésa puede ser una innovación que podemos introducir en la revisión del reglamento financiero. 
Por último, quisiera decir, con vistas al futuro, que la Cumbre de Niza nos ha mostrado que tal vez exista la sensación de que estamos inclinándonos un poquito hacia el intergubernamentalismo, al decidir el Consejo el número de escaños de nuestro Parlamento sin que se nos haya consultado de antemano. 
Sólo se mantendrá nuestra confianza, como una de las tres instituciones- y, por tanto, se mantendrán el acuerdo institucional y las Perspectivas Financieras -, si logramos infundir una confianza mutua y se nos consulta en todas las fases sobre nuestros intereses fundamentales. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Florence Parly, quien nos tiene que abandonar ya ahora si bien creo que me puede aún escuchar mientras sale. 
Tras las experiencias del último año creo que ha creado una atmósfera muy buena en el Consejo trabajando muy intensamente durante todo el tiempo de su Presidencia. 
También quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Schreyer, quien nos ha ayudado asimismo con un modo de actuar muy constructivo y, naturalmente, también a mi amiga Jutta Haug, quien ha realizado un trabajo excelente así como a Joan Colom i Naval y a Markus Ferber. 
Nos encontramos ante la situación en que tenemos que decidir si podemos aprobar o no este presupuesto el próximo jueves. 
Naturalmente, hay que examinarlo muy atentamente. 
Como Parlamento y precisamente nosotros, como socialdemócratas en este Parlamento, vamos a hacerlo porque creemos que se pueden lograr muchas cosas buenas en el marco de los debates y podemos no sólo mantener unas prioridades decisivas sino ampliarlas. 
En vista de una tasa de desempleo que sigue siendo superior al 8% en toda Europa, es necesario que esta Unión Europea mande también con el presupuesto de que disponemos una clara señal y que pongamos manos a la obra para combatir este azote de nuestra economía y de nuestras personas. 
Por ello, es importante que el próximo año dispongamos de estos 450 millones con un importe inicial de 100 millones para este año. 
Muestra a las personas que nos tomamos en serio sus problemas y que trabajamos en ello. 
Ha sido muy positivo que en este presupuesto haya sido posible mostrar con la Categoría 4 a aquellos que viven con las máximas penurias o que se encuentran en procesos de democratización en sus Estados en todo el mundo que el Parlamento Europeo y esta Unión Europea no los olvida aunque existan también algunos problemas entre nosotros que tenemos que solucionar prestando atención también a que exista suficiente dinero. 
Tras los largos enfrentamientos bélicos, es importante para las personas en los Balcanes que sepan que también cuando se trata de la reconstrucción pueden confiar en nosotros. 
En este Parlamento Europeo se encuentran personas que prestan mucha atención para que se ponga realmente a disposición el dinero necesario cuando hace falta y no sólo se pronuncien bonitas palabras sino que se den pasos muy concretos. 
Creo que hemos visto cosas muy positivas junto a otras muchas que no voy a mencionar ahora debido a la premura de tiempo. 
También hemos redactado algunas resoluciones que incluyen mandatos. 
A modo de ejemplo quiero decir dirigiéndome a la Comisión que hemos apoyado los 400 puestos adicionales porque queremos que se mejore la aplicación de diversos programas y porque queremos que pueda trabajar mejor de lo que ha sido posible en el pasado. 
Pero también decimos muy claramente que esto significa asimismo una responsabilidad y una obligación para usted, pues va a proseguir este proceso. 
Vamos a controlar, vamos a permanecer en contacto con usted y a preguntar siempre cuál es la situación, si se han producido realmente mejoras antes de que estemos dispuestos a dar más pasos junto con usted. 
Se trata también de un compromiso frente al Consejo. 
Quiero plantear también algunas preguntas al Consejo sin que por ello quiera poner en duda el compromiso. 
Pero ¿puede ser que nos esforcemos año tras año por ver el dinero que ha sobrado el año anterior para transferirlo y dispongamos en total de suficientes fondos en regiones como, por ejemplo, Serbia y los Balcanes? 
¿Puede realmente ser que tengamos primero que mirar qué es lo que nos queda? 
¿Es la señal que mandamos a estas personas la siguiente? : lo que quede os lo damos y luego miraremos qué es lo que podemos añadir. 
¿Puede ser esta la señal? 
No. 
Como usted se niega a hablar con nosotros de modo muy concreto sobre los aspectos a largo plazo de este desafío, ha cuestionado el sentido y el espíritu del Acuerdo Interinstitucional. 
Usted dice continuamente que las previsiones financieras son intocables. 
Pero los acuerdos interinstitucionales entre las tres instituciones son también un importante bien que pretende lograr que tengamos una seguridad común de planificación. 
Los Balcanes y las demás regiones necesitan seguridad de planificación. 
El uso repetido del instrumento de flexibilidad contradice además el Acuerdo Interinstitucional pues se trataba de un instrumento que logró este Parlamento Europeo para gastar dinero en caso de acontecimientos imprevistos y poder dejar también que asciendan hasta un importe de 600 millones. 
Su finalidad no era que cada año lo utilizásemos como un elemento de urgencia en campos que tenemos que financiar de cualquier modo. 
Así se socava el Acuerdo Interinstitucional. 
Para el próximo año les digo que vamos a examinar exactamente si lo vamos a seguir apoyando. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero darles las gracias a los ponentes de los informes presupuestarios, a la Sra. Haug y al Sr. Ferber, por su excelente trabajo. 
Igualmente, doy las gracias al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Wynn, por la conciliación tan espléndida que ha llevado a cabo y por su constructiva actuación como presidente en la comisión parlamentaria. 
Los presupuestos del próximo ejercicio se basan en una estricta disciplina presupuestaria. 
A pesar de que los gastos en agricultura, que representan casi la mitad del presupuesto total, se incrementan, una vez tomada en cuenta la carta rectificativa, en más de un 5%, el aumento total del presupuesto es sólo del 3,5 %. 
Esto quiere decir que en el resto de las categorías se ha aplicado una gran austeridad en el uso de los recursos. 
Este montante sólo representa el 1,056 % del Producto Interior Bruto, cifra que hay que considerar bastante baja, ya que el techo previsto por las perspectivas financieras es del 1,11 %. 
Traducido a dinero, el ahorro asciende a más de dos mil millones de euros. 
Sin embargo, aquí se camufla un peligro. 
Los presupuestos desembocarán en una deformación estructural, puesto que el dinero destinado a los créditos de pago supera en más de 3.600 millones de euros al utilizado en los fondos de pago. 
Esto significa que aumentarán los atrasos en los pagos. 
Por consiguiente, la preocupación del Parlamento por liquidar los atrasos es pertinente, y, por esta razón, la Declaración conjunta del Parlamento y del Consejo era realmente necesaria. 
Hay que celebrar de nuevo que se haya llegado a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre el Presupuesto de la UE para el próximo ejercicio. 
Ello demuestra que ambos depositarios del poder presupuestario asumen debidamente su responsabilidad en la administración de la UE. 
En cambio, es lamentable que el Parlamento se haya visto de nuevo obligado a luchar por los fondos para los Balcanes Occidentales. 
En lo que respecta a los demás puntos, señalaría que para mi Grupo es positivo que se haya logrado acordar un plan plurianual de 450 millones de euros para la iniciativa por el empleo. 
Y en la misma línea, que se haya logrado acordar la inclusión en los presupuestos de próximos ejercicios de los recursos sobrantes no utilizados en iniciativas comunitarias, que ascienden a 1.600 millones de euros. 
Una parte importante de las vacantes del Parlamento ha estado sin cubrir durante todo este año. 
Esto revela que la administración tiene que aprovechar mejor en el futuro el uso flexible de los recursos humanos. 
Hechas estas observaciones, mi Grupo está dispuesto a aprobar el anteproyecto de presupuesto. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente y, naturalmente, a la Comisaria y a la Presidenta del Consejo por el buen trabajo realizado. 
Nuestro Grupo político va a apoyar también este presupuesto pues muestra que a pesar de la creciente presión derivada de problemas se ha encontrado de nuevo de modo ejemplar un compromiso. 
La creciente presión se refiere sobre todo al paro, a la crisis de la EEB y al pacto de estabilidad para los Balcanes. 
Para todos estos urgentes problemas hemos encontrado soluciones y elaborado un buen compromiso encontrándose en primer plano el interés de la UE. 
Queríamos garantizar la capacidad de actuación de la UE y la credibilidad entre la población. 
No obstante, quiero apoyar expresamente al orador anterior, el Sr. Colom i Naval: las previsiones financieras se están convirtiendo cada vez más en una camisa de fuerza. 
No permiten una auténtica planificación ni una auténtica plurianualidad. 
Mediante el empleo continuo de la reserva de flexibilidad, padece la transparencia del presupuesto y a la larga se producirán también pérdidas de credibilidad. 
También el procedimiento de notenboom, la transferencia de créditos financieros a las regiones críticas como la financiación del pacto de estabilidad de los Balcanes mediante el procedimiento notenboom, no garantiza realmente la transparencia del procedimiento presupuestario. 
Vemos ya el gran peligro de que en los próximos años aumente el enfrentamiento entre MEDA, proyectos de países ribereños del Mediterráneo y los Balcanes a pesar de que todos sabemos que se necesita allí urgentemente el dinero. 
Por otro lado, tomamos nota de cómo el Consejo de repente puede cuestionar las previsiones financieras cuando se trata de la EEB, cuando se trata de intereses nacionales. 
Me han parecido muy interesantes las declaraciones realizadas por Chirac en el Consejo de Niza. 
Creo que el Consejo debe recapacitar urgentemente cómo quiere proceder por su parte con las previsiones financieras. 
El Parlamento va ser el próximo año en cualquier caso un interlocutor mucho más duro. 
Estimados colegas, interrumpimos el debate en este punto para poder escuchar al Presidente de la República francesa y del Consejo Europeo. 
El debate se reanudará en el momento oportuno de acuerdo con el orden del día. 
Consejo Europeo/Presidencia francesa 
Señorías, recibimos a Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa, Presidente en ejercicio de la Unión, 
y de conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto del informe del Consejo Europeo y de la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo de Niza y de la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo sobre el semestre de actividad de la Presidencia francesa. 
Sin más dilación, tengo el gusto de conceder la palabra al Presidente Jacques Chirac. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados europeos, me es muy grato estar ante ustedes hoy para presentarles el balance de la Presidencia francesa de la Unión y también para evaluar los progresos alcanzados durante estos últimos meses. 
Ustedes conocían nuestras ambiciones. 
Las expuse en este recinto el 4 de julio pasado. 
Pienso que hemos sido capaces de cumplir nuestros compromisos. 
Ustedes lo juzgarán. 
Y soy consciente de que este resultado debe mucho, bien es verdad, a la contribución del Parlamento Europeo. 
Vuelvo de Niza después de cuatro días de intensas negociaciones, presididas con el Primer Ministro y los miembros del Gobierno. 
Estoy ante ustedes, que representan a los pueblos de Europa, para exponerles en primer lugar los resultados de la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma de las instituciones. 
Las expectativas eran considerables y estamos satisfechos de haber llegado a un acuerdo al que habría sido imposible llegar hace tres años. 
Satisfechos de haber superado las dificultades que hacían tan estrecha la vía hacia el objetivo perseguido de cumplir los compromisos adquiridos en Helsinki con los países candidatos sin deshacer la Unión, de permitir a la Europa de mañana que continúe funcionando con eficacia. 
Creo poder decir que este compromiso se ha cumplido. 
Ya sé que el Tratado de Niza no responde a todas las ambiciones del Parlamento Europeo. 
Pero creo que este Tratado es el mejor acuerdo posible, habida cuenta de las obligaciones existentes. 
Responde al reto que se nos había lanzado: dar a la Unión la capacidad de decidir y de actuar después de que Europa haya procedido a una ampliación sin precedentes. 
Está equilibrado. 
La negociación ha sido ardua, ya lo saben ustedes, pero no ha habido ni vencedores ni vencidos. 
En Amsterdam, hace tres años y medio, el difícil equilibrio entre representatividad y eficacia no se pudo alcanzar. 
Se ha alcanzado en Niza, gracias a los esfuerzos realizados por todos los Estados. 
Bien es verdad que algunos han aceptado hacer más esfuerzos que otros. 
Hay que rendirles homenaje. 
Hay que ensalzar también el espíritu europeo que ha permitido finalmente salir de Niza habiendo solucionado las cuestiones no resueltas en Amsterdam y habiendo abonado el terreno para el futuro. 
Lo habíamos prometido: no queda ningún fleco de Niza. 
Teníamos el deseo de que la Comisión siguiera siendo, en el corazón de la Unión, una institución fuerte, capaz de propuestas ambiciosas. 
Decidiendo la supresión del segundo comisario, decidiendo la limitación aplazada del número de comisarios a menos de 27 con una rotación estrictamente igualitaria, el Tratado de Niza garantiza al mismo tiempo la vocación de la Comisión de encarnar el interés de la Unión y también su eficacia. 
Ésta también se incrementará con los nuevos poderes otorgados a su presidente, que de ahora en adelante será elegido por mayoría cualificada, lo cual es un progreso real. 
El número de ámbitos en los que la votación se hará por mayoría cualificada, ya sé que era considerado por el Parlamento como una prioridad de esta negociación. 
Era también una de las cuestiones más difíciles. 
Pero se han hecho progresos. 
Son reales, aunque no vayan tan lejos como la Presidencia- que ha dado pruebas, y lo resalto, a título nacional, de una gran apertura- lo hubiera deseado. 
Les pido que, al valorar los resultados de Niza, no subestimen lo que se ha conseguido. 
Una treintena de disposiciones complementarias han sido aprobadas por mayoría cualificada y hemos avanzado en justicia y asuntos interiores, en comercio exterior y cohesión, capítulos en los que varios Estados miembros tenían, sin embargo, muchas reservas al inicio de las negociaciones. 
La Presidencia ha lamentado que no se haya podido alcanzar el mismo consenso en los ámbitos de la fiscalidad y de los asuntos sociales. 
El acuerdo alcanzado sobre el asunto del número de votos de los Estados miembros en el Consejo es equilibrado. 
La reponderación venía impuesta por la ampliación pero también tiene en cuenta el legitimo deseo de ver que los Estados menos poblados continúan aportando toda su contribución, que es esencial, para la buena marcha de la Unión. 
Añado que la legitimidad democrática de las decisiones del Consejo estará garantizada y que éste podrá funcionar bien. 
Los mecanismos establecidos, ya se trate de la cláusula de comprobación demográfica o de la cláusula llamada de la mayoría de Estados, no afectarán a la capacidad de la Unión para tomar decisiones. 
Paso ahora a uno de los resultados más positivos de la CIG. 
Corresponde al procedimiento de las cooperaciones reforzadas que se ha facilitado ampliamente en el primer y tercer pilares. 
Estas cooperaciones estarán siempre abiertas a todos. 
Respetarán, naturalmente, el acervo comunitario y el marco institucional. 
Pero flexibilizándolas, permitimos que realmente se utilicen. 
Así tenemos la garantía de que, en cualquier caso, Europa podrá ir hacia adelante a un ritmo rápido. 
La apertura de las cooperaciones reforzadas en el segundo pilar es igualmente un avance. 
Observo también que esta CIG se ha traducido por una ampliación de los poderes y de las competencias del Parlamento Europeo. 
El nuevo dispositivo previsto en el artículo 7 sobre el procedimiento de alerta en materia de derechos fundamentales reserva un papel muy importante a esta Institución. 
Se ha previsto una base jurídica nueva para el estatuto de los partidos políticos europeos y al Parlamento se le otorga el estatuto de demandante institucional previsto en el artículo 230 del Tratado. 
Son avances notables, pese a que soy consciente de que los progresos de la ampliación de la codecisión están retrasados con relación a sus expectativas, así como a las expectativas de la Presidencia. 
Por último, más allá de la CIG, se ha hecho sentir la necesidad de iniciar un debate profundo sobre algunos temas esenciales para el futuro de la Unión Europea. 
Cuanto más avance Europa, más tenemos el deber de mejorar su legitimidad democrática, la comprensión y la transparencia de sus instituciones, de clarificar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros. 
Así es como Europa responderá a las aspiraciones de sus pueblos. 
Con objeto de favorecer la consecución de estos objetivos, se va a iniciar una reflexión sobre el futuro de Europa. 
El Consejo Europeo lo ha decidido. 
El Parlamento Europeo, naturalmente, participará estrechamente en la misma. 
Debería materializarse en 2004. 
Así, responderemos a las preocupaciones que se han expresado insistentemente los últimos tiempos. 
Este proceso no constituirá en ningún caso una condición previa a la ampliación y, por tanto, no la retrasará. 
Estos son, brevemente resumidos, los resultados de los trabajos institucionales llevado a cabo en Niza. 
Harán que Europa progrese y me alegro de que los países candidatos los hayan acogido de forma muy positiva estos últimos días. 
Esta acogida demuestra que hemos respondido a sus expectativas. 
Efectivamente, es el gran asunto de Europa. 
Es a la vez un inmenso desafío y también una etapa histórica hacia la reunificación de nuestro continente. 
La Presidencia francesa ha aportado toda su contribución al progreso de las negociaciones. 
Se han cerrado treinta nuevos capítulos, en los que estaban incluidos algunos de los aspectos más complejos del acervo comunitario, y algunos países, que acaban justo de iniciar negociaciones, ya muestran su capacidad para alcanzar a los candidatos más antiguos. 
En Niza, sobre la base del excelente trabajo efectuado por la Comisión, nos hemos fijado una hoja de ruta para los próximos dieciocho meses. 
Esta es la prueba de que la Unión piensa ir hacia adelante. 
Es una señal importante que ha sido bien acogida en la reunión de la Conferencia Europea, el pasado jueves. 
Estos seis últimos meses, Europa ha progresado también en la vía del crecimiento y del empleo. 
Hemos continuado el análisis profundo de la Unión económica y monetaria, hemos reforzado la coordinación de nuestras políticas económicas en el Eurogrupo y hemos acelerado nuestra preparación conjunta para la entrada del euro en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. 
Primeramente, la conclusión de las antiguas y difíciles negociaciones sobre el paquete fiscal, con la fiscalidad del ahorro; después, la adopción de la Agenda social europea, al final de un vasto proceso de consultas, especialmente con los agentes sociales. 
La Unión se ha dotado así de un programa de trabajo fijando a cinco años sus objetivos y encuentros en los ámbitos del derecho laboral, de la protección social, de la movilidad, de la formación a lo largo de la vida y de la lucha contra la discriminación y la exclusión. 
Por último, en Niza se produjo la adopción, no sin dificultades, del aspecto social de la sociedad europea. 
Es la culminación de un proyecto de hace treinta años. 
La Presidencia francesa se alegra de haber podido desenredar los hilos de esta negociación. 
Y, además, la Unión ha comenzado a poner en marcha las decisiones de Feira sobre la nueva economía y el crecimiento. 
Habíamos acordado una bajada significativa de los costes de acceso a Internet. 
Se ha conseguido. 
La Unión decidió el acceso desagregado al bucle local. 
Queríamos instaurar una patente comunitaria, la Unión ha iniciado su establecimiento y ha introducido las disposiciones jurídicas necesarias en el Tratado. 
Señoras y señores diputados, Francia, con motivo de su Presidencia, tenía también la ambición de responder a las preocupaciones de los ciudadanos europeos. 
En Niza, hemos proclamado la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. 
En el futuro se valorará todo su alcance y rindo homenaje a esta Asamblea que ha contribuido enormemente a su elaboración. 
Gracias a esta Carta nuestra Unión se refuerza, más segura de los valores de dignidad, de libertad y de solidaridad que la fundamentan. 
Vamos a darle ahora el más amplio eco y a examinar rápidamente su estatuto. 
Sé lo volcado que está en ello este Parlamento. 
Bajo esta Presidencia, la Unión ha dado también un nuevo impulso a la Europa de la cultura y de los estudiantes. 
Hace dos meses, nuestros Ministros de Educación adoptaron un plan de acción para la movilidad- un plan con 42 medidas- y hemos acordado una dotación sustancial de 400 millones de euros para el programa Media-Plus que es tan sumamente importante para el cine y el audiovisual europeo y que, como ustedes saben, toda la profesión esperaba. 
Quizás ustedes lo recuerden. Aquí mismo expresé el deseo de Francia de que la Unión tuviera más en cuenta el carácter específico del deporte y su función social. 
Este es el sentido de la declaración adoptada en Niza y de la reflexión iniciada para coordinar a escala europea la lucha contra el dopaje. 
Arraigar la aventura europea en los corazones es también dar una apariencia humana a este conjunto que se construye. 
Preservar aquello a lo que cada uno permanece legítimamente apegado: un entorno familiar, el equilibrio de nuestros territorios, una calidad de vida- pienso en los servicios de interés económico general- y la Presidencia se alegra de que la reflexión iniciada en la Comisión y el Consejo haya desembocado en Niza en la adopción de una declaración que subraya el papel esencial de estos servicios en el mantenimiento de la cohesión social y territorial de Europa. 
Por último, durante los pasados seis meses, la Presidencia se ha comprometido decididamente a que la Unión responda mejor a las necesidades de seguridad de nuestros conciudadanos. 
Tiene una ambición: que Europa sea más protectora, en el mejor sentido del término. 
Así es como en Niza hemos sentado las bases de una autoridad alimentaria europea independiente. 
Hoy en día, todos piensan, naturalmente, en las consecuencias de la epidemia de las vacas locas. 
Primeramente, era necesario restablecer la confianza de los consumidores mediante medidas inmediatas, ardientemente defendidas por Francia y adoptadas en el último Consejo Agrícola, como la prohibición de harinas cárnicas en la alimentación animal y la generalización de las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme bovina. 
No debemos tampoco olvidar a los ganaderos y a todas las profesiones del sector bovino que están profundamente afectadas por esta crisis- y lo hemos recordado claramente. 
Todos piensan también en la seguridad marítima. 
Hace un año, el Erika se hundía a la altura de la costa francesa. 
A pesar de la formidable movilización de los voluntarios y de los poderes públicos, el litoral sufre todavía las consecuencias de este naufragio. 
Y hace unas semanas, el carguero Ievolu Sun, que transportaba productos químicos, se averiaba cerca de las islas anglonormandas. 
Catástrofes de este tipo, provocadas por la negligencia humana, no deben volver a producirse. 
Durante los últimos meses, el examen de las excelentes propuestas de la Comisión ha progresado considerablemente. 
Esta Asamblea se ha comprometido decididamente, el 30 de noviembre, a un primer paquete de medidas que se someterá nuevamente la semana próxima a los Ministros de Transportes. 
Corresponde ahora a la Presidencia sueca- a la que recuerdo que el medio ambiente es una de las prioridades- el llevar a buen término el segundo paquete de propuestas, que supone principalmente la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Con carácter totalmente extraordinario y habida cuenta de la urgencia, el Consejo de Niza ha requerido de los Estados miembros la puesta en marcha, por anticipado y como una primera etapa, de los elementos de este dispositivo que hayan sido objeto de un acuerdo político. 
Entre las amenazas, está, como todos ustedes saben, el recalentamiento climático. 
En La Haya, la Unión Europea se ha movilizado para un acuerdo creíble y eficaz, a la medida de la urgencia y de la importancia de la expectativa. 
Ha sabido demostrar su coherencia al servicio de los compromisos de Kyoto. 
Continuará sin tregua sus esfuerzos para convencer a sus socios para que se comprometan a su vez. 
El año próximo debemos llegar a un compromiso que, por fin, obligue a la necesaria reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. 
La Unión también ha progresado contra el crimen organizado: directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales; puesta en marcha de una acción concertada contra los países y territorios no colaboradores identificados por el GAFI; ampliación de las competencias de Europol en la lucha contra el dinero negro y la creación de una escuela europea de policía. 
Estos son los principales elementos de un dispositivo coherente y completo. 
Es en este contexto en el que la unidad provisional de cooperación judicial "EUROJUST" ha visto la luz, prefigurando el organismo de cooperación judicial penal cuya creación, prevista el año próximo, ya se ha incluido en el Tratado. 
Finalmente, la Presidencia francesa albergaba una ambición internacional para Europa, una ambición a largo plazo: dar a la Unión los medios para tener fuerza en los grandes asuntos del mundo, para hacer oír su voz y para ser capaz de actuar. 
Este es el proyecto de política exterior y de defensa común. 
Albergaba también una ambición más inmediata: manifestar sin demora la determinación política de los Quince de hacer valer sus propios intereses cuando las expectativas europeas están en entredicho, pienso en particular en el sureste de Europa. 
Considerando estas dos ambiciones, hemos progresado. 
Primeramente, hemos cerrado en Niza el ciclo iniciado en los Consejos Europeos de Colonia y de Helsinki. 
Nos habíamos fijado unos objetivos y se han cumplido. 
Hace un año, definimos la capacidad militar de la que debía dotarse la Unión Europea de aquí a 2003 para ser capaz de prevenir y de gestionar las crisis contempladas por el Tratado. 
Los Estados miembros ya se han comprometido a contribuir con fuerzas y medios militares. 
Además de tropas propiamente dichas, la Unión Europea dispondrá de medios de mando, de proyección y de información necesarios para dirigir operaciones interejércitos complejas. 
La Unión espera servirse de este brazo armado en plena armonía con los dispositivos de la OTAN y, llegado el caso, con el apoyo de éstos. 
Reforzándose, Europa refuerza evidentemente la Alianza Atlántica. 
Además, en Niza, la Unión Europea ha establecido las instancias permanentes necesarias para definir y dirigir una política exterior y de seguridad común: un comité político y de seguridad, un comité militar y un estado mayor europeo. 
Se ha decidido incluir en el Tratado la creación de un comité de política y de seguridad, verdadero eje del dispositivo. 
Recibirá, por delegación, el poder de decisión cuando la gestión de una crisis lo justifique. 
La revisión del Tratado en este punto confirma la importancia y el carácter irreversible de las decisiones tomadas en Niza. 
Sin esperar al establecimiento de estas instancias, deseábamos también que la Unión fuera más oída en los grandes asuntos internacionales que ponen en juego sus intereses. 
Primeramente, en relación con el sureste de Europa, había que decir más claramente cuáles eran los objetivos de los europeos y cuáles eran sus expectativas. 
Creo que este mensaje se ha entendido bien en la Cumbre de Zagreb que, por primera vez, ha reunido a los países Balcánicos occidentales y a los Quince. 
Se ha ofrecido la perspectiva de una adhesión a la Unión Europea y todos han reconocido que este camino era también el de la paz, los derechos humanos y la cooperación regional. 
La Cumbre de Zagreb no ha resuelto desde luego todas las dificultades, pero ha marcado el rumbo gracias al proceso de estabilización y de asociación; ha consolidado los progresos de la democracia; ha trazado una perspectiva conforme a los valores que fundamentan el propósito europeo 
Por otra parte, la Conferencia euromediterránea de Marsella ha demostrado a pesar, desgraciadamente, de la crisis de Oriente próximo, lo interesados que estaban todos los participantes en el mantenimiento y en la renovación del proceso de Barcelona. 
Podemos alegrarnos de que la Unión haya podido anunciar que dedicaría a ello casi 13.000 millones de euros en siete años, incluidos naturalmente los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados europeos, este semestre, creo poder decirlo hoy, ha visto a nuestra Unión reforzarse preparándose a acoger nuevos miembros, a reunir a la familia ahora que estamos seguros de poder funcionar juntos; reforzarse también en el corazón de nuestros conciudadanos en el terreno de los valores, en el del crecimiento del empleo, en el de la solidaridad, en el de la seguridad y la preservación del modelo social europeo; reforzarse y ganar en audiencia en la escena internacional. 
Estos avances deben contabilizarse en el haber de todas las instituciones. 
Quiero resaltar aquí la calidad de las relaciones de trabajo entre los Estados miembros en el Consejo. 
Quiero elogiar a la Comisión y a su Presidente, Romano Prodi, poner de relieve su determinación para que prosperaran las iniciativas y los proyectos que figuraban en el programa de la Presidencia. 
Pero aquí, en este recinto, en mi nombre, en nombre del Primer Ministro del Gobierno francés, quiero primeramente dar las gracias a esta Asamblea por su contribución. 
Era esencial que el Parlamento Europeo, que hace oír la voz y las ambiciones de los ciudadanos, estuviera plenamente vinculado a las decisiones que afectan al futuro de todos. 
Francia le ha prestado una atención especial. 
Ustedes han visto a menudo al Sr. Moscovici y a otros ministros, puesto que la Presidencia del Consejo ha intervenido en 68 ocasiones a nivel político en los períodos de sesiones plenarias y ante las comisiones. 
Por esta cooperación, por su apoyo y también por su acogida, señora Presidenta, señoras y señores diputados europeos, la Presidencia francesa les da las gracias. 
(Aplausos) 
Doy las gracias al Presidente Jacques Chirac y seguidamente concedo la palabra al Sr. Prodi, en nombre de la Comisión. 
Señor Presidente, tiene usted la palabra. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, por fin la Cumbre concluyó con un resultado. 
De momento hemos salido del paso. 
Ahora tenemos que examinar cuidadosamente el texto en el Parlamento. 
De momento, señor Presidente del Consejo Europeo, le puedo decir lo que está en el sitio Internet del Consejo, por lo menos lo que estaba a las 10.00 horas de la mañana: el Tratado estará disponible una vez que haya sido aprobado. 
Le ruego que pida a los funcionarios del Consejo que actualicen por lo menos el texto. 
Creo que se ha aprobado "algo" en Niza. 
De todas maneras, el hecho de haber llegado a un acuerdo constituye por sí mismo un logro. 
Porque no se trataba de residuos, de restos ni de flecos, de lo que se discutió en Amsterdam y sobre lo que no se alcanzó un acuerdo. 
Se trataba de cuestiones esenciales para la gobernanza de Europa, y ahora podemos empezar a trabajar en ello. 
Le tomamos la palabra sobre el contenido del acuerdo pero, por lo que vamos sabiendo, no hay grandes motivos de satisfacción. 
Conviene recordar que, en principio, la Conferencia Intergubernamental tenía por objeto conseguir una mejora del funcionamiento de la Unión para lograr la ampliación. 
Me temo que estamos ante un compromiso entre intereses nacionales arrancado al tirón, con nocturnidad, compromiso que dificultará aún más la toma de decisiones comunitaria en el futuro. 
Ya no es sólo que en algunos ámbitos cruciales se mantenga la regla de la unanimidad, sino que tenemos ahora tres tipos de mayoría cualificada. 
Al listón del 62% de la población se ha superpuesto, según unas versiones, el 71% y, según otras, el 73,49 % para lograr la mayoría cualificada. 
El porcentaje es tan alto que equivale a restablecer un veto, sobre todo de los países más grandes. 
Se trata de un retroceso aplicable a todas las áreas de la vida comunitaria y le vaticino, señor Presidente del Consejo Europeo, que nuestros conciudadanos- y me temo que también los parlamentarios y los Jefes de Gobierno- van a tener que volver a la escuela para recibir lecciones de cálculo aritmético. 
(Aplausos) 
Habrá que examinar muy cuidadosamente cuál es el papel que se ha asignado a la Comisión y al Parlamento en el proceso de toma de decisiones de la Unión. 
Si queremos que la Unión refleje los intereses de todos sus Estados miembros y de todos sus pueblos como una comunidad de valores, según el método comunitario, las instituciones que pueden garantizarlo son la Comisión y el Parlamento actuando en el marco de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Si se debilitan estas instituciones y la Carta se queda fuera del Tratado, ¿cómo vamos a acercar Europa a sus ciudadanos? 
Al mismo tiempo, la declaración sobre la ampliación- que es positiva- dice que los países candidatos podrán ingresar en la Unión a finales del año 2002, y los Presidentes de Gobierno de los países que están negociando han saludado Niza. 
Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa: esto es como cuando un niño invita a sus amigos a un cumpleaños y no sabe si tiene suficiente sitio en casa y si hay dinero para la merienda. 
Tenemos que ser serios en nuestros compromisos. 
¿Cómo hemos llegado a esta situación? 
Es demasiado fácil culpar a la Presidencia en ejercicio del Consejo, sobre todo porque la mayor parte de las familias políticas aquí representadas también están representadas en el Consejo. 
Y hemos llegado a esta situación simplemente porque el método de la Conferencia Intergubernamental ya no funciona. 
¿Cómo puede la Unión tomar decisiones de carácter constitucional pasando tres noches en vela? 
¿Para qué han servido once meses de Conferencia Intergubernamental, dos cónclaves e incontables reuniones del Consejo de Asuntos Generales? 
(Aplausos) 
Señalo, de paso, señor Presidente del Consejo Europeo, que los gastos los pagan los contribuyentes. 
¿Cómo se pueden tomar decisiones que reflejen la doble legitimidad de la Unión cuando las toma una sola parte? 
Yo le hago un llamamiento: no más Conferencias Intergubernamentales a puerta cerrada. 
(Aplausos) 
En la declaración sobre el futuro de la Unión- que saludo en nombre de mi Grupo- se menciona por primera vez la necesidad de renovar su método de trabajo: la necesidad de un debate más amplio en el que puedan intervenir todas las partes interesadas. 
Existe ya un método de este tipo. Es el de la convención: nueve meses, un parto feliz... 
(Aplausos) 
... mientras que, de Niza, todavía no conocemos cómo es la criatura. 
Y yo creo que conviene realmente utilizar el método de la convención para determinar el futuro de la Unión. 
En conclusión, señor Presidente del Consejo Europeo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, es cierto que, en relación con los temas de Niza que usted mismo, señor Chirac, ha señalado- el estatuto de la sociedad anónima europea, la Agenda social, las vacas locas, la seguridad marítima -, hay suficientes razones para decir que la Cumbre ha sido un éxito. 
Sobre lo institucional, en cambio, tendremos que estudiar y juzgar. 
Hoy no podemos tomar una decisión. 
Deseamos contribuir positivamente, pero ahora- y con ello concluyo, señora Presidenta -, para estar a la altura de nuestras ambiciones, lo que tenemos que hacer es pedir a la Presidencia sueca que inicie el proceso de debate, en el que tenemos que hacer relojería de precisión porque es lo que necesita esta Unión, afirmando de una manera positiva nuestra política de defensa y desarrollando el método comunitario. 
Este es el reto con que nos enfrentamos ahora. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitarle por la gran capacidad de resistencia física de la que usted ha dado pruebas en este maratón de Niza. 
Pero mis felicitaciones se quedan ahí, pues lamento que usted no haya extendido esta capacidad de resistencia a los asuntos que le fueron sometidos. 
Usted nos ha dicho que la Cumbre de Niza era un éxito pues se había conseguido alcanzar un acuerdo. 
Le responderé: ¡vaya cosa! , puesto que todo el mundo sabía, de entrada, que la Presidencia francesa estaba decidida a hacer lo que fuera, especialmente por razones de política interior, para que hubiera un acuerdo en Niza. 
Quisiera decirle, a riesgo de truncar sus ilusiones, que aquí nadie ha sido engañado. 
Los bloqueos que se han multiplicado entre los Quince durante esta Cumbre son sintomáticos. 
Para cualquier mente lúcida, son anunciadores de muy graves consecuencias a las que nos conduce el proyecto de Europa federal con 27 ó 28 Estados miembros. 
Lo más sorprendente es que usted nos prepara esta quimera cuando los sondeos indican que todos los pueblos europeos se muestran mayoritariamente hostiles. 
Hablando principalmente en nombre de los franceses de mi Grupo, diré que la contradicción es permanente entre las virtudes atribuidas a esta Europa y las aberraciones constatadas en el funcionamiento cotidiano de la Unión. 
Los responsables, entre los que usted se encuentra, han quedado reducidos a operaciones, cada vez más numerosas, de manipulación de los medios de comunicación de masas y de la opinión pública. 
La técnica ya ha se ha experimentado mucho: aplazar siempre la carga de la prueba, tomar decisiones vacías de contenido o de aplicación lejana y finalmente presentarlo todo como un magnífico éxito. 
La Cumbre de Niza constituye de algún modo la apoteosis de esta estrategia de juegos malabares. 
En primer lugar, los quince han firmado deprisa y corriendo y con gases lacrimógenos la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Este documento, monumento de ambigüedad, ha sido presentado por algunos como un texto esencial que preludia una futura constitución europea y, por otros, como una simple declaración de intenciones sin valor jurídico. 
Este texto ha sido exaltado como el avance democrático de una Europa ciudadana. 
Naturalmente, nadie se ha preocupado por saber cuál era la opinión de los pueblos. 
Este texto ha sido presentado por usted mismo, señor Presidente, y por su Primer Ministro como el triunfo de la laicidad francesa, y por el Canciller Schröder como la victoria del sentimiento religiosos alemán. 
Para ello ha sido suficiente que las versiones francesa y alemana de la Carta no digan simple y llanamente lo mismo. 
¡Habría que pensar en ello! 
Después, la Cumbre de Niza ha adoptado una Agenda social europea, pero este documento no tiene ningún valor vinculante. 
Se limita a fijar para los próximos cinco años un puñado de objetivos que los Estados son libres de alcanzar o no alcanzar según las políticas de su elección. 
Luego, la Cumbre ha anunciado que se había llegado a un acuerdo sobre seguridad marítima. 
¡Aleluya! 
¿Un acuerdo decisivo? 
Nada de eso, se trata simplemente de una decisión que invita a los Ministros de Transportes de los Estados miembros a que se pongan de acuerdo sobre las disposiciones a adoptar. 
Añadamos además a este palmarés el anuncio de la creación de una agencia alimentaria que no entrará en funcionamiento antes de 2002. 
Como remate final, los dirigentes europeos reunidos en Niza han decido la apertura de una nueva obra institucional en 2004. 
Se tratará entonces- lamento no poder decir más- de clarificar los tratados europeos, el estatuto exacto de la Carta de los Derechos Fundamentales y la limitación de competencias entre la Unión y los Estados miembros. 
Todo esto, decididamente, no marcha bien. 
Evasivas con falsos pretextos y acuerdos hipócritas con promesas solemnes sobre el futuro, hacen que esta Europa federal se esté pareciendo a un castillo de naipes cuyas cumbres son cada vez más altas pero cuya base vacila, pues la verdadera lección de la Cumbre de Niza es el enorme contrasentido histórico en el que está sumido nuestro continente desde el Tratado de Maastricht. 
Sin el apoyo popular, porque no hay un pueblo europeo, los Estados se ven forzados por sus opiniones públicas a defender de forma cada vez más encarnizada sus intereses nacionales, con riesgo de modificar el número máximo de diputados europeos fijado por el Tratado de Amsterdam ya obsolescente, con riesgo de elevar a 27 el número de comisarios europeos cuando la Comisión actual con Quince no funciona. 
Me permitirá también subrayar, señor Presidente, que después de Niza, Francia aparece otra vez como única perdedora. 
Tetanizada por el riesgo de tener menos peso que Alemania en los Consejos de Ministros, usted, en definitiva, ha cedido en todo lo demás: en el número de diputados franceses en este Hemiciclo, reducido de 87 a 74- pero, no será una gran pérdida, lo reconozco- mientras que Alemania mantendrá sus 99 diputados sin perder ninguno: al menos para los que creen que esta Asamblea sirve para algo, habría sido necesario mantener su número; en el principio denominado de la "red demográfica" que beneficia considerablemente a Alemania; en uno de nuestros dos comisarios en Bruselas y en nuestro derecho de veto en numerosos ámbitos relacionados con nuestros intereses fundamentales. 
El resultado final es un abracadabra. 
Ya nadie entienda nada de las reglas de funcionamiento de esta fábrica de gas. 
Disgusta a casi todo el mundo, empezando por los que se ha dado en llamar pequeños países. 
El único resultado claro es que los Estados-naciones europeos se están convirtiendo a su pesar en simples provincias de un Estado federal autoritario- si no nos oponemos a ello -, cuyos objetivos estratégicos y militares serían los que los Estados Unidos desean. 
Hay que parar inmediatamente esta abdicación demencial de la soberanía de las naciones de Europa. 
Esta es la razón por la que nosotros, llegado el momento, señor Presidente, solicitaremos al Presidente de la República Francesa que mediante referéndum consulte a los franceses sobre este Tratado. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, es increíble el masoquismo con el que los dirigentes políticos franceses se han dejado atrapar, una vez más, por el engaño de la Europa de las camarillas. 
Tras haberse acomodado en la cohabitación, estos profesionales de la política se han abandonado a la resignación de un Tratado que necesitaban firmar a toda costa en Niza, como si de ello dependiera la suerte de Alemania. 
En este caso, Portugal y Bélgica han tenido un peso mayor que Francia, que ha cedido en todo y no ha obtenido nada, salvo el mantenimiento de una ambigua excepción cultural, pretexto para un nuevo concepto, que el Sr. Védrine se ha inventado, por la causa, de soberanía al mismo tiempo nacional y ejercida en común. 
En un momento en el que estos supuestos dirigentes son incapaces de transponer medio centenar de directivas si no es por vía de mandato, -es decir, por decreto-ley -, he aquí que aceptan, con total seriedad, una reducción de cerca del 20% en la representación francesa ante el Parlamento Europeo, representación a la que sin embargo le han encomendado la defensa de intereses franceses al amparo de la codecisión. 
Para Francia, por desgracia, cada uno de estos tratados es peor que el anterior, pero confirma la lógica de Maastricht, una gran estratagema miterrandiana que puede acabar mal. 
¡Y el pobre Sr. Chirac, que pensaba que iba a salir fortalecido de Niza! 
¡Y el Sr. Jospin, que cree en la palabra de Gerhard, como Jaurès creía en la paz universal! 
¿A qué situación habrá arrastrado a Francia toda esta gente, cuando estalle la burbuja europea, y cuando los franceses no tengan en la boca más que el sabor amargo de haber sido engañados de nuevo por dirigentes mediocres e interesados? 
Señora Presidenta, señor Presidente Chirac, me alegra que al contrario que la última vez hoy tenga tiempo para seguir mi intervención. 
Lo interpreto como una señal positiva de la distensión que entretanto se ha producido. 
Al esperar el resultado de Niza me acordé de mi antiguo profesor de matemáticas. 
Para él no solucionar dos de cuatro problemas suponía inmisericordemente un "suspenso". 
Hasta horas muy tardías del domingo, esta era la nota que parecía que había que dar a Niza pero se llegó al final a un compromiso. 
La esencia del mismo radica en que no se ha alcanzado lo óptimo. 
Sin embargo, desde una perspectiva austríaca podemos aceptarlo. 
Personalmente, saludo sobre todo la legitimación de todas las fases del procedimiento de sanciones y en primera línea la posibilidad de control por parte del Tribunal Europeo de Justicia. 
Como austríaco sé de lo que hablo. 
El Estado de derecho ha vencido a la arbitrariedad política. 
Muchos se han quejado de los pocos progresos en el sector de la mayoría cualificada. 
Yo lo veo de un modo bastante más tranquilo. 
Cuando los Jefes de Estado y de Gobierno han mostrado en determinados campos una actitud ponderada, han hecho uso de su derecho de veto tras largas horas de negociaciones no por gusto o capricho. 
Detrás de ello se esconden más bien graves problemas y preocupaciones y el respeto a la formación de opiniones y voluntades en los países, aspecto este que no se puede dejar de lado sino tomarlo en serio. 
¿Cómo se puede mejorar el tan encarecido sentimiento europeo si no se tienen en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos? 
Para muchos ciudadanos va sencillamente aún demasiado rápido. 
Muchos no ven aún el puerto al que debe arribar en alguna ocasión la Unión Europea. 
Considero mucho más razonable dar unos pasos ponderados y bien recapacitados que posibles marchas ligeras hacia la bancarrota. 
En esta situación es preocupante que se pueda utilizar el instrumento de la cooperación reforzada como una estrategia para eludir aquellos campos en los que no se ha podido lograr una decisión con mayoría cualificada, aspecto este sobre el que ya hemos llamado la atención tanto yo como el Sr. Poettering. 
Un modo de proceder de este tipo no sólo contradiría la cláusula de la ultima ratio sino que además en mi opinión supondría un serio peligro para el desarrollo de la Unión. 
Gracias, señor Hager. 
En esta fase de nuestro debate, voy a conceder de nuevo la palabra al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, el Presidente Sr. Jacques Chirac, que desea contestar a las intervenciones de los presidentes de Grupo, tras lo cual el Presidente Chirac nos abandonará y tomará el relevo el Ministro Sr. Moscovici. 
Señor Presidente, tiene usted la palabra. 
Le agradezco al Sr. Presidente Jacques Chirac su presencia entre nosotros esta mañana, su intervención y las respuestas que acaba de aportar a los presidentes de Grupo. 
(El debate, interrumpido en este punto, se reanuda a las 15 horas) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, en primer lugar quiero rogar que antes de la votación compruebe si hay suficientes diputados en la Asamblea para alcanzar los 314 votos o si quizás adelantamos los otros informes pues se ha producido algo de confusión sobre cuánto tiempo debe durar esta interrupción. 
Sin embargo, debemos tener cuidado para que el compromiso que hemos alcanzado no se vea perjudicado porque algunos diputados no sepan sobre qué votamos ahora. 
Sobre el tema en si, quiero realizar muy brevemente una observación técnica: se trata de un tema difícil. 
Debemos apoyar los progresos en la medicina pero también tener en cuenta la protección de las personas sometidas a ensayos. 
La comisión ha aprobado unánimemente el informe. 
Sin embargo, se han presentado enmiendas tal como ha dicho con razón el Comisario. 
Se trata de enmiendas de compromiso que pretenden llegar a un acuerdo con el Consejo. 
El Consejo nos ha ofrecido aceptar la esencia del informe pero realizar modificaciones en el tenor literal en algunos puntos. 
Por ello se han presentado estas enmiendas, las llamadas enmiendas de compromiso, por parte de tres Grupos políticos. 
Creo que no es sólo la opinión de los tres Grupos políticos sino también de otros pero que no han podido firmar por razones técnicas. 
Por ello, ruego a la Asamblea que dé su aprobación a estas enmiendas de compromiso y que no lo haga con las demás nuevas enmiendas presentadas ahora por otros grupos, para no poner en peligro el compromiso con el Consejo. 
No porque esté en contra de las enmiendas en si sino porque he llegado a este compromiso con el Consejo y no quisiera que a causa de una enmienda, corriese peligro un procedimiento de conciliación complicado y arriesgado. 
Para que este compromiso sea eficaz ruego a la Presidencia que mande votar sobre la enmienda nº 22, que estaba prevista totalmente al principio de la votación, después de la enmienda nº 43, ya que ésta refleja el compromiso con el Consejo y la nº 22 refleja la posición inicial de la comisión que solamente debemos aprobar si aquí en esta Asamblea el compromiso no encuentra una mayoría. 
Antes de la votación sobre la enmienda nº 22: 
Señor Presidente, me gustaría saber si la competencia del Parlamento Europeo sobre la hora de verano es una nueva conquista de Niza. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre la regulación de los ensayos para hallar nuevos medicamentos. 
Antes de viajar de Bérgamo a Estrasburgo, informé de esto al pensionista de Bérgamo, Giuseppe Rossi, que me dijo que estaba muy contento por este reglamento, aunque me rogó encarecidamente que hiciera presente al Parlamento- cosa que hago con mucho gusto- que, en la elección de las enfermedades para cuya curación definitiva se quieren ensayar nuevos medicamentos, hay que dar prioridad a las enfermedades que afectan de preferencia a las personas mayores que no tienen tiempo para esperar el ensayo, al contrario de los jóvenes que sí disponen de dicho tiempo. 
Por lo tanto, hay que priorizar las enfermedades que afectan a las personas mayores. 
Señor Presidente, el Sr. Enrico Perniceni, pensionista de Locatello Imagna, provincia de Bérgamo, que es mi ciudad, al enterarse que íbamos a debatir esta directiva, me dijo: " Señor Fatuzzo, realmente soy muy mayor, pero no quisiera que llegase mi hora. 
Pero cuando llegue, me gustaría que fuera la misma en toda la Unión Europea. 
Por lo tanto, le pido que vote a favor "- cosa que he hecho -" porque es justo que Europa tenga también la hora europea, después de tener la moneda europea, el Parlamento Europeo, la bandera europea. 
En realidad, creo que es justo tener también y definitivamente la misma hora de verano en todos los Estados de la Unión Europea. " 
Felicito a mi colega Mary Honeyball por su primer informe para el Parlamento Europeo. 
La hora de verano debe ser un asunto propio de los Estados miembros, pero está bien que la UE armonice las fechas del comienzo y del final. 
Acojo con beneplácito el acuerdo de que la hora de verano siga comenzando el último domingo de marzo y acabando el último domingo de octubre. 
Dadas las necesidades de planificación de ciertos sectores, tales como los transportes, las comunicaciones, el turismo y la informática y otras tecnologías, acojo con beneplácito la propuesta de que esas disposiciones sean permanentes y estén sujetas a un examen de la Comisión cada cinco años. 
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(SV) En la práctica, la hora de verano ha llegado a ser el normal. 
Por este motivo, puede ser razonable cuestionar el concepto de "hora de verano", ya que comprende siete de los doce meses, es decir, la mayor parte del año. 
Señor Presidente, quiero emitir una declaración sobre el informe Honeyball. 
Disculpe estimada colega, pero no tengo ante mí ninguna solicitud de explicación de voto por su parte. Lo siento. 
Como sabe, se debe solicitar con anterioridad por escrito. 
Esto no se ha hecho y le ruego que comprenda que no puedo realizar ninguna excepción pues, de lo contrario, tendríamos considerables dificultades con las reglas de la Asamblea. 
Vamos a proceder ahora a las explicaciones de voto sobre el informe Cerdeira Morterero. 
Sorprendentemente tiene la palabra el colega Fantuzzo y tengo gran curiosidad por saber qué pensionista le ha dicho ahora qué. 
Informe Cerdeira Morterero (A5-0355/2000) 
Señor Presidente, le sorprenderé porque esta vez, antes de mi viaje, fue el Sr. Carlo Fatuzzo, turista, que le dijo al Sr. Carlo Fatuzzo, diputado, ya que esta vez hablábamos frente al espejo: " Dado que debates el tema de la protección de las víctimas, acuérdate que el verano pasado fui a España para hacer turismo y que delante de la Sagrada Familia saqué la cartera para dar una limosna para contribuir con mi óbolo a la terminación de las obras del templo, y la cartera había desaparecido con todos los documentos. 
Fui enseguida a la policía española que tramitó en un santiamén la denuncia por robo. 
Sin embargo, Sr. Fatuzzo, cuando regresé a Italia, "el turista Carlo Fatuzzo me dijo ," para conseguir un nuevo documento de identidad y un nuevo permiso de conducción tuve que repetir la misma denuncia ante la policía y los carabineros italianos. 
Por el mismo robo tuve que repetir dos veces la misma denuncia. 
Por lo tanto, bienvenida sea esta directiva que facilita los trámites. " 
No siempre la protección de la situación de las víctimas en un proceso penal es la debida. 
Desde comienzos del decenio de 1980 se examinó esa cuestión en varios instrumentos del Consejo de Europa, pero en el nivel de la Unión Europea hasta 1998 no fue objeto de examen en el Consejo. 
Desde entonces ha habido la propuesta de la Comisión durante la preparación del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, en la que se indicaban diversas medidas en las esferas de la prevención de la victimización y del auxilio y la asistencia a las víctimas, se defendía la necesidad de elaboración de normas mínimas sobre la protección de las víctimas, en particular, y sobre su acceso a la justicia y su derecho a una indemnización por daños, incluidas las costas judiciales, y también la propuesta de la Presidencia portuguesa de una decisión-marco relativa al estatuto de la víctima en un proceso penal. 
Sobre esta última propuesta versa este informe, que en lo fundamental merece nuestro acuerdo, en particular en lo relativo a la simplificación del acceso a los derechos, a los tribunales y a la información jurídica y a la promoción y protección de los derechos de la víctima en materia de indemnización por pérdidas y daños mediante dinámicas reparadoras. 
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(SV) Aplaudimos el fortalecimiento de la situación de las víctimas de delitos y por esa razón celebramos la propuesta de decisión marco presentada por Portugal. 
Nos satisface especialmente que se fijen los principios para el tratamiento de las víctimas de delitos en el ámbito europeo; no obstante, los Estados miembros deben encargarse de los detalles. 
Con todo, creemos que hay un par de asuntos que deben analizarse más profundamente y quisiéramos manifestar lo siguiente: 
La libertad de asociación es de fundamental importancia en un estado de derecho democrático, por lo que nos oponemos a la exigencia de que el estado autorice a las organizaciones sin ánimo de lucro para realizar actos de ayuda a las víctimas de delitos. 
Además, opinamos que la publicidad es una condición para que las autoridades y los tribunales tengan credibilidad ante los ciudadanos, por lo que nos oponemos a reglas de carácter general que limiten a la prensa para escribir sobre lo que ha ocurrido en un juicio público. 
Por esa razón, las excepciones a la publicidad de los actos procesales (por ejemplo, secreto en procesos por delitos sexuales o relacionados con la pornografía infantil) deben ser pocas y precisas. 
Finalmente, opinamos que puede ser provechoso que existan posibilidades de actuar a distancia (por ejemplo, conferencias a través de vídeo) si se puede presumir que un testigo o un querellante no dice libremente la verdad en presencia del acusado, por miedo o por otras razones. 
Acojo con beneplácito este informe de mi colega Carmen Cerdiera. 
El informe va encaminado a velar por que todas las víctimas de la delincuencia en cualquier Estado miembro de la UE reciban el mismo trato mínimo. 
Se deben adoptar medidas apropiadas para proporcionar a las víctimas de la delincuencia los siguientes derechos: a dar y recibir información; servicios de comunicación; participación en el procedimiento y acceso a ayuda jurídica gratuita; un nivel idóneo de protección e intimidad; la posibilidad de obtener compensación conforme al procedimiento penal y a la solución de controversias mediante mediación. 
La víctima debe ser tratada como una persona en una situación particular de desorientación y angustia... factores que probablemente resulten mucho más graves, si la víctima del delito lo es en un Estado miembro distinto del suyo. 
Aunque apoyamos el contenido del informe y sentimos mucha compasión por las víctimas de la delincuencia en toda Europa, yo, como conservador británico, abrigo reservas respecto de ciertos aspectos del informe. 
Creo que tenemos protección adecuada para esas víctimas conforme al artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa y este informe es otro ejemplo de la innecesaria interferencia europea propuesta en un sector que ya está abarcado por acuerdos entre los Estados miembros, así como otros 25 Estados del Consejo de Europa que no son miembros de la UE. 
El Partido Conservador británico no apoya las medidas prescriptivas de la UE para armonizar el derecho penal en la UE, que debe seguir siendo competencia del Estado miembro. 
Señora Presidenta, apoyo con entusiasmo este informe sobre la mejor protección para las víctimas de la delincuencia, que demuestra una vez más el compromiso de la UE con la lucha contra la delincuencia y la protección de nuestros ciudadanos. 
Estamos intentando velar por que se respeten mejor los derechos y los intereses de las víctimas de la delincuencia en todos los Estados miembros, incluso cuando se haya cometido el delito fuera del país de residencia de la víctima. 
En consecuencia, muchos viajeros y turistas se beneficiarán de esta iniciativa europea. 
Esa medida permitirá a las víctimas del delito reclamar una compensación plena, inmediata y eficaz por los daños sufridos, que deberá pagar, de ser posible, el autor del delito. 
La lucha contra la delincuencia es decisiva para los ciudadanos de mi circunscripción en North West. 
El Gobierno laborista está adoptando medidas enérgicas contra la delincuencia y el desorden. 
Con el Gobierno laborista, la delincuencia se ha reducido ya el 10% desde 1997. 
Los robos en viviendas se han reducido en un 21% y los delitos contra vehículos en un 15%, sus niveles más bajos en un decenio. 
Se ha detenido el descenso del número de agentes en los seis últimos años: con los 9.000 agentes suplementarios contratados los efectivos de la policía alcanzarán su nivel más alto hasta ahora. 
En el discurso de la Reina se declaró que nuestro próximo paso sería el de reducir la delincuencia y los disturbios violentos mediante la cooperación. 
Por otra parte, los Tories no nos ofrecen otra cosa que el aumento de la delincuencia y el descenso de la inversión. 
Su ejecutoria en materia de orden público habla por sí sola: durante el período en que ocuparon el poder, la posibilidad de ser víctima de un robo aumento de 1 por 32 a 1 por 13; la posibilidad de ser víctima de un delito violento se triplicó. 
Señora Presidenta, el Gobierno laborista está decidido a ser implacable con el delito y con las causas del delito. 
Al introducir una mayor protección para las víctimas del delito en toda Europa, nuestros ciudadanos cobrarán confianza en el sistema judicial y en la policía, no sólo en toda Gran Bretaña, sino también en toda la Unión Europea. 
(Se levanta la sesión a las 13.00 horas y se reanuda a las 15.00 horas) 
Consejo Europeo/Presidencia francesa (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión sobre el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo celebrado del 7 al 10 de diciembre en Niza; 
La declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre la Presidencia francesa. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Esto es muy pertinente para el asunto que estamos debatiendo, ya que afecta a la libertad de prensa y la propiedad independiente de los medios de comunicación en Rusia. 
Hace unas horas, el propietario de la mayoría de las televisiones independientes de Rusia, el Sr. Vladimir Gusinski, ha sido detenido en España. 
Según me han dicho, va a ser deportado a Rusia. 
Quisiera protestar por este gravísimo suceso y pedir que se investigue. 
El Sr. Gusinski está en este momento en un avión rumbo a Madrid, donde afronta la deportación a Rusia por su crítica al Gobierno ruso en sus actividades en materia de medios de comunicación. 
Lord Bethell, creo que estamos de acuerdo con usted. 
Tomamos ahora nota de ello y, desde luego, nuestros sentimientos son los mismos que los suyos en cuanto a que la libertad de prensa debe continuar existiendo en esta parte del mundo. 
Señor Presidente, solo intervendré para saludar al Sr. Presidente de la Comisión, que está aquí, y a la Presidencia del Consejo que se avecina, y para subrayar que, probablemente, nunca se haya expresado en este Parlamento una unanimidad como ésta sobre los resultados de una cumbre. 
Esta mañana, hemos oído a todos los Grupos hablar de fracaso. 
Si se intenta indagar en los motivos de este fracaso, creo que el motivo fundamental es que, en Niza, se ha visto cómo se hundía un poco más el proyecto europeo y cómo se alejaba un poco más el sueño europeo. 
¿Cuál es la naturaleza de este sueño? 
No es el de una zona en la que se comercia. 
Ni siquiera es el de una zona en la que hay un consenso. 
El sueño europeo es el de un continente portador de valores comunes y que se construye como una potencia política. 
Dicho de otro modo, es el de vecinos que, reconociéndose miembros de una misma familia, deciden de común acuerdo construir un barco para vencer a las tormentas. 
Pero esto implicaría reconocer que el proyecto común va más allá de los intereses egoístas. 
Sin embargo, en Niza, y es lo que cada uno de nosotros criticamos, no se ha tratado el proyecto, sólo se han tratado los intereses. 
Como si el barco estuviese ya terminado y nos halláramos en la fase del reparto de los camarotes, los galones y la carga. 
Esto explica que muchos de nosotros hayamos encontrado Niza desesperante. 
Fue desesperante ver cómo se concentraban los debates sobre la cuestión de saber a quién se le concedería un voto más o un voto menos, quien ganaría, si Alemania o Francia, si los Países Bajos o Bélgica, si Portugal o España. 
La única cuestión que en ningún momento se planteó fue la de saber si Europa ganaría o no. 
Desesperantes fueron los resultados. 
Ver que a partir de ahora, habrá que reunir tres mayorías diferentes para que una decisión sea tomada- una mayoría con el 75% de los votos, una mayoría con el 50% de los Estados, una mayoría con el 62% de las poblaciones- es un bizantinismo inexplicable para los ciudadanos. 
Resultados desesperantes para la Comisión, que ha sido considerada no como el órgano defensor del interés general, sino como otro órgano intergubernamental más, excluido de la regla colegial y simbólicamente apartado de los "confesionarios". 
Resultados desesperantes para el Parlamento: la negativa a querer ampliar seriamente las deliberaciones por mayoría; la exclusión del Parlamento de la codecisión, y, dicho sea de paso, la chocante determinación de la composición, sin que ni siquiera el Parlamento haya sido consultado sobre ella. 
Finalmente, y ante todo, resultados desesperantes para los ciudadanos, que se ven excluidos de una vez por todas de estos regateos de charlatanes sobre una Europa en la que están condenados a no entender nunca nada. 
Hay que retomar el sueño europeo, y hay que reconstruir el proyecto europeo. 
Será el único objeto de la tercera etapa, de la nueva etapa que iniciaremos. 
Señor Presidente, pese a lo que dice el Presidente de la República sobre los problemas afrontados, en vista del espectáculo de Niza, hemos de preguntarnos si la Unión está de verdad preparada para la ampliación. 
Los candidatos no pueden haber contemplado complacidos el espectáculo de la lucha por el poder y el rango de las naciones entre los primeros ministros. 
Lamentablemente, la causa común de Europa fue un factor marginal. 
Para las decisiones sobre las votaciones en el Consejo y las votaciones en el Parlamento una vía más idónea que la Acrópolis de Niza habría sido el casino de Cannes, en el que el Sr. Chirac hubiera desempeñado el papel de jefe de croupiers. 
Particularmente lamentable fue la ausencia de referencias a la Carta, que propiciará una incertidumbre jurídica y una frustración política. 
Sin embargo, mi mayor temor es el de que Gran Bretaña, Francia y Alemania puedan ahora subvertir el delicado equilibrio creado entre Estados de diferentes tamaños y entre las instituciones a lo largo de varios decenios. 
Nos opondremos a ello enérgicamente. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, los resultados de Niza son insuficientes para nosotros en tanto preparación de la UE para la ampliación. 
Eso dice algo. 
Nosotros, muchos ciudadanos europeos, hemos crecido después de la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de que alguna vez una Europa unida pudiera desempeñar un papel en aras de la paz y del bienestar de la humanidad, de sus propios ciudadanos y pueblos. 
Este sueño parece más lejano de lo esperado tras Niza. 
Al fin y al cabo, Niza suponía, en primer lugar, un intento de los Estados miembros para atar los cabos sueltos de Amsterdam a puerta cerrada, siendo la preocupación más grande la protección de sus propios intereses. 
No obstante, no ha supuesto un esfuerzo por organizar la UE de forma que pueda proceder a la ampliación. 
Se ha dicho mucho aquí esta mañana, y lo respaldo plenamente. 
En tanto representante de los partidos reunidos en la Alianza Libre Europea, quiero advertir a la Comisión y, sobre todo, al Consejo del peligro de que la UE no desee mantener más que una relación intergubernamental. 
Los estados candidatos que se preparan para la ampliación, seguirán el ejemplo de egoísmo de nuestros propios Estados miembros. Las regiones y naciones sin estado también harán sus cuentas. 
En Escocia, Cataluña, Flandes, calcularán cuánto pueden ganar si, en lugar de desempeñar un papel dentro de un estado federal, se convierten ellas mismas en Estados miembros con un comisario garantizado, un peso garantizado en el Consejo y un número de escaños en el Parlamento Europeo superior al que pueden esperar en la actualidad ¿Debemos abandonar, entonces, el sueño de una Europa unida? 
Creo que no. 
Estamos obligados a poner nuestras esperanzas en el proceso posterior a Niza. 
Deseamos que realmente se trate de un proceso en el que el equilibrio entre las instituciones de la Unión, las de los Estados miembros y las regiones constitutivas se defina respetando la subsidiariedad. 
Señor Presidente, en el libro The Animal Farm de George Orwell, hay una cita que, de alguna manera, describe lo sucedido en Niza. 
En ella se dice que "todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros". 
Traducido a lo que ocurrió en Niza, sería "todos los países comunitarios son iguales, pero los países grandes son los que deciden". 
Lo que ocurrió en Niza no fue sólo que los Estados miembros grandes fijaron el orden del día, sino que también obtuvieron cambios en los Tratados que les garantizan el mismo poder en la Europa ampliada. 
Una Europa ampliada de acuerdo a los criterios del Tratado de Niza será más centralista y los países pequeños pagan el precio de la ampliación. 
Para los negociadores suecos parece que ha sido más importante agradar a los grandes que luchar por sus propios intereses. 
Por eso Suecia ha conseguido menos votos que otros Estados miembros de similares características. 
Es difícil entender cómo las decisiones de Niza podrían facilitar la ampliación de la UE. 
Los procesos de decisión en el Consejo serán más complicados al mismo tiempo que será más difícil adoptar decisiones. 
Niza significa también más centralismo y un superestado más fuerte, justamente lo que la Unión no necesitaba. 
El verdadero problema de la Unión es la falta de arraigo popular y democrático, pero esos temas no se trataron en la reunión de Niza. 
También puedo informar a la Asamblea de que hoy se publicó una encuesta de opinión en Suecia que muestra que sólo el 38 por ciento de la población quiere permanecer en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, hay que rendir honores a la Presidencia francesa, hay que rendir honores al Presidente Chirac, que se ha dejado la piel, que ha luchado y que ha vencido con su visión de Europa, porque él sí tiene una visión. 
Felicidades también al Presidente Aznar, que ha dado en el blanco durante este Consejo de Niza. 
Felicidades a los Británicos, que ya no necesitan golpear la mesa, pero que son capaces de chupar rueda, como nos lo ha demostrado el gran campeón ciclista holandés Zoetemelk: ellos también han tragado. 
Pero los que no tienen visión, señor Prodi, son nuestro Parlamento y su Comisión. 
Nuestro Parlamento y nuestra Comisión son los que no se dan cuenta de que el asesinato de la Comisión está programado: el asesinato de la Comisión se producirá dentro de varios años. 
La definición de esta Comisión, con un comisario por cada Estado miembro, es la confirmación del traspaso de todos los asuntos importantes de la Comisión al Consejo, es la muerte de la Comisión, y, como ya he dicho, nuestro Parlamento ha preferido roer los huesos que le echaron con ocasión del Consejo de Colonia antes que estudiar este problema fundamental: sin Comisión supranacional, la Europa que queremos no existirá, será una Europa de las naciones, y no habrá una Europa federal. 
Faltan cinco minutos para medianoche. 
Si queremos volver a un planteamiento federal, solo hay una solución, señor Prodi, y es la elección por sufragio universal del Presidente de la Comisión, es una legitimidad que pertenece a la Comisión, y si no hay una verdadera alianza entre la Comisión y el Parlamento y esos Estados que, como Bélgica, y como el Sr. Verhofstadt, han luchado durante este Consejo, si no hay una alianza sobre los objetivos concretos como éste, ya no habrá una Europa federal, habrá una Europa de naciones, que es la que nunca hemos deseado. 
Señor Presidente, el mensaje medianamente coincidente del Sr. Presidente del Consejo, de la Comisión y de los Jefes de gobierno habla de que el Tratado de Niza garantiza los marcos para la reunificación de Europa. 
Algunos están más contentos que otros, pero el mensaje fundamental es claro: Europa puede ahora reunirse en una democrática y ampliada UE que, encima, está próxima a sus ciudadanos gracias al Tratado de Niza. 
Estos mensajes encierran tergiversaciones tan grandes y tan monstruosas de la realidad que debemos remontarnos a los propagandistas más conocidos de la historia para encontrar comparaciones acertadas. 
Pues la verdad es que lo decidido en Niza es la cooperación reforzada, la dominación de las grandes potencias, la carta de derechos, la vigilancia de la democracia y el desarrollo militar. 
Lo decidido no es necesario con vistas a la ampliación y lo necesario con vistas a la ampliación no ha sido decidido. 
El Tratado de Niza entraña una serie de pasos importantísimos encaminados hacia la UE de las elites y que nos alejan de la Europa de las democracias y de los pueblos. 
El poder central y la dominación de las grandes potencias se ven aumentados bruscamente, como si todavía no hubiéramos tenido suficiente. 
¿Es esto reunificar y democratizar Europa? 
No, es ampliar el poder de las elites, y el desagradable orden del día de la realidad para la Europa del Este se llama sometimiento. 
La UE no negocia con ellos. 
No participan en la decisión del Tratado de Niza y la UE dicta todas las condiciones para la participación y todos- repito- todos los problemas fundamentales vinculados al proyecto de ampliación, a la integración de sistemas económicos y sociales incompatibles no son reconocidos como problemas. 
La UE y la política de la UE no son la solución, sino el problema. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hoy puedo ser muy breve. 
Hace apenas un año me enviaron con el colega Tsatsos a los trabajos preparatorios para esta Conferencia Intergubernamental. 
Hoy les puedo comunicar que nuestra misión ha fracasado. 
La tarea que teníamos era la de realizar una aportación para que la Unión Europea fuese más democrática y tuviese una capacidad de actuar mayor para que estuviese preparada para esta ampliación que tanto anhelamos. 
El mecanismo decisorio en el Consejo de Ministros se ha complicado en gran medida y los obstáculos son más altos. 
En el futuro será mucho más sencillo lograr una minoría de bloqueo en este Consejo de Ministros. 
En los campos decisivos en los que necesitamos una decisión mayoritaria para que la Unión Europea siga siendo viable también con 27 países, hemos fracasado casi totalmente. 
Tenemos que reconocer que en el sector democrático no hemos conservado el principio de Amsterdam. 
Allí donde en la legislación existe la decisión mayoritaria, se encuentra la codecisión. 
Tenemos cuatro sectores esenciales, entre ellos la política estructural, el artículo 133 y otros dos casos, en los que se excluye al Parlamento Europeo de la configuración. 
Es decir, el déficit democrático ha aumentado. 
Por lo demás, se determina el número de escaños del Parlamento Europeo en contra de nuestro propio deseo y sin consultar a este Parlamento. 
Me parece que esta es asimismo una situación inaceptable. 
Ha dominado el interés particular. 
Los vencedores han sido aquellos que han impuesto sus intereses nacionales y así lo celebran en sus países. 
Nadie reclama para sí haber hecho algo por Europa sino que todos dicen: allí he bloqueado algo porque mi propio interés nacional no se puede afectado por el veto. 
Este método está acabado, este método de la Europa de las cancillerías no tiene ningún futuro. 
Tenemos que pasar a una Europa transparente y democrática de los ciudadanos para que tengamos una oportunidad de desarrollo. 
Por ello, el método tiene que ser que en el futuro organicemos una Conferencia Intergubernamental mediante una convención en la que los diputados y no las cancillerías tengan la sartén por el mango para hacer avanzar este continente. 
Por lo demás, en el campo de la legislación en el futuro el Consejo de Ministros tiene que ser también un acto parlamentario abierto para que también vuelva allí la transparencia y el control pues no puede proseguir así. 
Por todo esto, sólo puedo extraer la consecuencia de que cuando se vote sobre este Tratado de Niza, voy a votar negativamente. 
. (IT) Señor Presidente, durante las próximas semanas tendremos que hacer un riguroso y profundo análisis de las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental y de las cuestiones de fondo que han salido de ella. 
No me voy a detener ahora en las consideraciones hechas por los distintos oradores acerca del tema del método ni en otros temas como los que acaba de abordar el Sr. Brok. 
Cuestiones de fondo: la primera es que, desde el punto de vista constitucional, las conclusiones de Niza no garantizan, como en cambio debía haber sido, la continuidad y el desarrollo del proceso de integración en la Unión más amplia que está a punto de nacer. 
Entonces podemos incluso no llamarlos flecos o réliquat o leftover, pues los problemas que no han recibido una solución adecuada en Niza se volverán a plantear inevitablemente: pienso en el paso a ámbitos cualitativamente esenciales, en el voto por mayoría y en los mismos procesos de generación de decisiones por mayoría. 
La experiencia, guste o no guste, nos dirá qué problemas se tendrán que volver a abordar. 
La segunda cuestión de fondo más que institucional es política. 
La atmósfera del Consejo de Niza, la cerrazón de la que ha hablado el Presidente Prodi, la falta de visión que ha caracterizado las actitudes de numerosos Gobiernos- actitudes de angosta defensa de intereses o de orientaciones nacionales- nos dicen, lamentablemente, cuál es la cuestión: un grave oscurecimiento del sentido del interés común europeo, del horizonte común europeo. 
Pues bien, las repuestas correctas a ambas cuestiones de fondo, institucionales y políticas, que constituyen el legado más negativo del Consejo de Niza, hay que buscarlas en la perspectiva del debate y del proceso de verificación y de elaboración que hay que desarrollar bajo el título "El futuro de la Unión". 
Al llegar a un acuerdo in extremis sobre el Tratado, se ha evitado una crisis abierta que habría puesto en tela de juicio la ampliación, aunque se puede hablar de una crisis latente con la que ahora debemos enfrentarnos. 
Para construir la Europa unificada hacen falta amplitud de miras y coherencia. 
Querría decirle al Presidente Chirac que no pedimos que se avance de prisa y corriendo, pedimos que no se dé un paso hacia delante y uno hacia atrás, que se promuevan la elaboración y la proclamación de la Carta, sin luego atreverse siquiera a nombrarla en el Tratado, que se invente felizmente la nueva fórmula de la Convención, sin luego atreverse a indicarla como posible procedimiento para el después de Niza. 
Pedimos que se llame por su nombre la perspectiva de la constitucionalización; pedimos que se responda con una visión clara y consecuente del futuro de Europa a las decepciones y a los temores que cunden en los ciudadanos por lo que es o por lo que puede llegar a ser la Unión. 
Señor Prodi, señor Comisario Barnier, este es nuestro compromiso. 
Estamos seguros que el Parlamento y la Comisión avanzarán juntos en esta dirección, como lo han hecho en este difícil año 2000. 
Señor Presidente, el Presidente Chirac ha banalizado, calificándolas de irreales y no pragmáticas, las reacciones negativas de muchos diputados ante el resultado de Niza. 
De hecho, el irrealista es el Presidente si piensa que con un Tratado así será posible ampliar la Unión. 
No creo que sea más realista luchar por reafirmar su propio prestigio nacional que luchar por la eficacia del funcionamiento de la Unión y no creo que los ciudadanos europeos se han movilizado en masa para seguir la batalla naval de sus gobernantes en Niza. 
Pienso que la culpa más grave de la Presidencia francesa ha sido la de pretender orientar el debate hacia una lucha de poderes entre Estados- una lucha mezquina, sin pudor, por un punto más o menos- más que hacia un debate de fondo sobre las políticas de la Unión. 
Por temor a volver a plantear la igualdad con Alemania, la Presidencia ha aceptado supinamente que sus propuestas de extensión del voto por mayoría, unas 40, se redujeran a menos de la mitad. 
Pero también los Estados amigos de Europa han luchado poco y, al final, se han sometido a un compromiso decepcionante. 
En cuanto al Parlamento Europeo, sólo la Comisión ha defendido su legitimidad y, por lo tanto, quiero dar las gracias al Presidente Prodi y al Comisario Barnier por esto: pero se quedaron solos y esto se ve en el compromiso final. 
Esperamos realmente que ésta sea la última Conferencia Intergubernamental, también porque la marcha de la Cumbre ha demostrado la ruptura de la solidaridad comunitaria. 
Los verdaderos vencedores de esta conferencia son Blair y Aznar, los señores "no" de Europa. 
Es su Europa, la del mercado y del derecho de veto, la que gana y no la nuestra, la de la democracia y del futuro sostenible. 
Hay una única y pequeña esperanza, pero también ha sido contrastada hasta el fondo por la Presidencia francesa, y es el llamado proceso post-Niza, a pesar de que quedan ambigüedades que hay que aclarar con urgencia. 
En primer lugar el 2004 está demasiado lejos: hay que actuar antes. 
Queremos que en junio a más tardar se defina y a final de año se emprenda un proceso democrático cuyo objetivo sea una Constitución para Europa: la Carta se ha elaborado en ocho meses, una Constitución se puede hacer en menos de cuatro años. 
Ésta será nuestra próxima batalla. 
Espero que esta vez la podremos presentar con y no, una vez más, contra los Gobiernos. 
Señor Presidente, se había dicho que un fracaso era mejor que una conclusión decepcionante. 
En realidad, no se ha querido fracasar bien, pero no se ha sabido siquiera llegar a una conclusión. 
Emergen contradicciones y aplazamientos: primero, la Carta de los Derechos Fundamentales ha sido aprobada, pero queda fuera de los Tratados y, por lo tanto, no tendrá de inmediato fuerza de ley. 
Sigue más válida que nunca la necesidad de una Constitución europea. 
Segundo, se acepta la línea de la defensa militar europea, pero por ahora no se concreta claramente su eficacia que sólo quedará garantizada por su autonomía de los Estados Unidos con la superación de la OTAN, hoy por hoy, totalmente anacrónica. 
Tercero, se apunta la necesidad de una Agenda social: empleo, salud, educación, medio ambiente, derechos, pero en vago y sin precisar cuáles son los obstáculos que hay que superar y cómo hay que superarlos para garantizar justicia y libertad. 
Por último, se plantea y se promete la ampliación al Este y al Sur. 
Bien, pero no se deciden en concreto las normas institucionales aptas para convertirla en operativa. 
Prevalecen los intereses y los privilegios particulares. 
Después de Niza, la Europa que nosotros queremos no está más cerca, sino que está todavía lejos. 
El Consejo ya no puede prescindir del Parlamento Europeo, los Gobiernos no pueden prescindir de los parlamentos nacionales y estos no pueden prescindir de sus pueblos. 
Señor Presidente, la cita de Niza era y debía ser una cita histórica, el saque de centro de la nueva Europa, la del nuevo siglo, la gran Europa, la Europa de todos los Europeos. 
¡Y, sin embargo, qué gran proyecto, once años después de la caída del muro de Berlín! 
Pero, para eso, necesitábamos visión, ambición, energía, generosidad, audacia. 
Hace tiempo que sabemos que no conseguiremos meter a la gran Europa en las instituciones de la pequeña Europa. 
Sabemos que hay que concebir Europa de otra manera, y que necesitamos instituciones nuevas. 
Pero, a falta de una visión de futuro, a falta de saber plantear las preguntas correctas, en Niza se tergiversó, se regateó y finalmente se trapicheó. 
"Más vale que no haya acuerdo a un mal acuerdo", decía la Presidencia francesa antes de la Cumbre de Niza, y esta mañana, si no he entendido mal, nos han dicho, en esencia, "más vale un mal acuerdo a que no haya acuerdo". 
Ciertamente, el acuerdo de Niza abre la vía a la adhesión de los países candidatos, pero avanzamos por esta senda entre la niebla, con el pie sobre el freno, con la certidumbre de que el vehículo Europa no llegará sano y salvo a su destino. 
Entonces, olvidemos Niza, fijémonos en lo que viene después, y permítanme ustedes que alimente mi esperanza con el proyecto de gran convenio avanzado por Bélgica para su Presidencia, porque está demostrado, hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que cambiar de método, hay que acelerar la historia: 2004 es demasiado tarde, está demasiado lejos, es demasiado peligroso. 
Sí, un gran convenio con las instituciones europeas, con los gobiernos, con los parlamentos de los países miembros y de los países candidatos que, por descontado, deben ser imperativamente asociados a esta casa común. 
Esta es mi esperanza. 
Señor Presidente, el resultado de Niza es frustrante, insuficiente y de cortas miras. 
La capacidad de actuación de la Unión no ha mejorado en cuestiones realmente decisivas. 
El resultado de los compromisos de Niza no es mayor transparencia sino más ocultismo. 
La legitimación democrática de la política europea no ha aumentado. 
En lugar de ello, se han abierto las puertas a una lenta intergubernamentalización de la política europea y en consecuencia también a una burocracia aún mayor. 
Sin duda, va a tener lugar el proceso post Niza, al menos una pequeña luz al final del túnel, lo que no queremos dejar de reconocer. 
La ampliación nos ha colocado a todos ante la misma tarea, ante la que se encontraron hace cincuenta años Monnet, Schuman y otros: desarrollar un método, una estructura y una visión para el futuro de Europa. 
En aquella ocasión era válido para media Europa y ahora tenemos que hacerlo para toda ella. 
La ampliación sería una oportunidad para ello y, señor Presidente del Consejo, ha dejado pasar de largo esta oportunidad en Niza. 
Esta es la crítica fundamental que le hago. 
Puede ser que Niza haga a la UE ampliable de un modo aritmético. 
Pero el fallo histórico de Niza es que detrás de sus resoluciones no se puede reconocer ninguna visión para una Unión formada por 27 miembros. 
Es este espíritu, el espíritu de Monnet, de Schuman y de otros el que ha faltado en Niza y que habríamos necesitado. 
En lugar de ello, el espíritu de Niza ha consistido en preguntarse cómo se puede bloquear, cómo se puede intergubernamentalizar, cómo le pueden alabar a uno en casa como defensor de los intereses nacionales en lugar de trabajar para que la Unión Europea avance realmente. 
Si Monnet, Schuman, Adenauer, de Gasperi y otros hubiesen actuado así entonces no habríamos tenido jamás Comunidad Europea ni Unión Europea. 
El Presidente Chirac se ha referido a los Jefes de gobierno que indican que la opinión pública no comprende ni acepta más avances. 
Puede ser. 
Pero esto se debe también fundamentalmente a que ninguno de los Jefes tiene el valor de guiar la opinión pública, educarla e impulsarla en lugar de ir detrás de ella. 
La miseria de Europa es que de los muchos que quieren dirigirla, hay muy pocos que estén dispuestos a unir su destino político con la unificación de Europa. 
Señor Presidente, me cuento entre los que durante mucho tiempo hemos confiado en el milagro de Niza: una Conferencia Intergubernamental, una Cumbre, un Tratado capaces tanto de reorganizar las Instituciones europeas como de promover el proceso de ampliación. 
El milagro no se ha cumplido. 
La prueba más evidente de su escaso éxito son el anuncio de la nueva Conferencia Intergubernamental en el año 2004 y la calidad y la importancia de los temas que se han planteado como prioritarios para un debate después de Niza y que van del reparto de las competencias dentro de la Unión al valor de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El milagro no se ha cumplido en el detalle de las decisiones de reorganización institucional. 
El hecho de que no se produjera este milagro ha dependido del enroque de los Gobiernos y de sus poderes de veto, así como de la escasa participación del Parlamento Europeo. Es una muestra de una falta de previsión, ya que hoy el Parlamento es el único instrumento de legitimación popular de la Unión. 
El milagro no se ha cumplido siquiera en términos de organización del patrimonio común de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El Parlamento y la Comisión ya han declarado que quieren respetarlo. 
¿Qué impide que el Consejo tome la misma decisión? 
Sólo queda una pequeña satisfacción: la ampliación. 
Después de Niza, ya no se puede invocar el obstáculo institucional. 
De Niza resultan vencedores, los únicos vencedores, los países candidatos a la adhesión que ven que se les allana el camino hacia la Unión Europea. 
Con ellos tienen derecho a alegrarse sólo aquellos que siempre han creído en el valor estratégico de la ampliación. 
Señor Presidente, todas las grandes tareas de la integración europea han quedado sin solucionar en Niza y van a quedar así durante años. 
Pero lo que ha experimentado un naufragio definitivo es la exigencia de los gobiernos nacionales de ser los autores de la Constitución europea. 
Ha fracasado definitivamente la esperanza de que los Jefes de Estado y de Gobierno se entiendan a si mismos como abogados de la idea de la unificación de Europa. 
No, han hecho de Europa un mercadillo nacionalista o nacional de intereses. 
Después de Amsterdam y de Niza nos encontramos una Europa de principados, una Europa de administraciones nacionales y no la Europa de la unificación política. 
¿Cuáles eran las tareas? 
Según el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, tenían la tarea de hacer realidad una Unión política cada vez más estrecha. 
Pero no, los Jefes de Estado y de Gobierno no han prestado atención a esta idea de la unificación de Europa. 
De regreso de Niza, se presentan orgullosos no por lo que han dado por Europa sino por lo que no han dado a Europa. 
Ondean las banderas de los vetos nacionales, de los obstáculos y retrasos. 
No es esta la Europa de la que hablamos desde hace decenios. 
Esta es una Europa de las administraciones. 
Ahora es la hora de los Parlamentos, la hora de mostrar que los Parlamentos han surgido de la idea de domeñar el poder de los Gobiernos y... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, desarrollar una Unión que sea capaz de acoger a doce nuevos Estados miembros, ésa era la tarea de Niza. 
Una Unión Europea que pueda funcionar eficiente, transparente y democráticamente. 
Al fin y al cabo, los países de Europa Central y Oriental desean una Unión enérgica, una Unión que pueda adoptar decisiones. 
Es positivo que en Niza se haya adoptado un calendario respecto del ingreso de los primeros países de Europa Oriental y Central, que esté de acuerdo con el calendario del Parlamento. 
No obstante, es llamativo que el Consejo, tras pasar cuatro días aislado en Niza, resulta que se ha ocupado sobre todo de sí mismo. 
No hay respuesta a la pregunta de cómo las instituciones de la Unión Europea pueden funcionar mejor en una Unión ampliada. 
El Consejo realmente se ha ocupado muy bien de sí mismo, ciertamente se establece alguna mejora para la Comisión y se da alguna golosina para el Parlamento Europeo, tal como haría un padre. 
Sin embargo, esa pizca contrasta con la atención que el Consejo se ha prestado a sí mismo. 
Surgen cuatro problemas. 
En primer lugar, el desequilibrio institucional: el Consejo mucho, la Comisión y el Parlamento poco. 
En segundo lugar, se han impuesto los intereses nacionales. 
Solamente el Primer Ministro belga, el Sr. Verhofstadt, ha supuesto una excepción positiva. 
Los viejos déficits no se han eliminado, los nuevos se han unido a ellos. 
Por último, en cuarto lugar, los mecanismos de la toma de decisiones que son inexplicables. 
Cuando el Sr. Prodi dice que no hay más cabos sueltos con Niza, me atrevo a dudarlo. 
No podemos seguir enfrentándonos a la falta de toma de decisiones por mayoría cualificada en las cuestiones esenciales. 
Niza pasará a la historia como la cumbre de las oportunidades perdidas, como la cumbre de la falta de liderazgo en Europa, como la cumbre del estar en contra, como la cumbre tras la cual los ciudadanos se sienten más alejados de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el objetivo de la Cumbre Intergubernamental ha sido preparar a la Unión Europea para que pueda funcionar ampliada. 
Creo que el Parlamento Europeo hace bien en hacer depender su juicio de la confluencia de dos condiciones: efectividad y democratización. 
Nuestro colega, el Sr. Brok y yo, como portavoces del Parlamento Europeo, hemos luchado por ambas, pero sin el resultado debido. 
Por supuesto, no podemos silenciar el hecho de que se hayan dado algunos pasos en estos dos campos. 
En cuanto a la efectividad, en muchos casos hemos pasado a la mayoría cualificada; para el Parlamento se ha consolidado el derecho de ser parte procesal en juicios de carácter constitucional y la institución de la cooperación reforzada ya es más aplicable. 
Pero también en el ámbito de la democratización debemos señalar la ampliación de la codecisión a bastantes temas y el poder del legislador europeo para definir el régimen de los partidos políticos europeos, así como medidas preventivas útiles para la protección de la democracia y de la libertad en los Estados miembros. 
Pero por desgracia, para el Parlamento Europeo tienen más peso los defectos del Tratado. 
En una serie de temas legislativos en donde se ha abolido la unanimidad, no se instituye la competencia de la codecisión del Parlamento. 
No se menciona en el Tratado la Carta de Derechos Fundamentales. 
El Parlamento Europeo no colabora suficientemente en el procedimiento de la cooperación reforzada. 
Sectores básicos se han quedado en la unanimidad. 
El sistema de la toma de decisiones en el Consejo, aunque por un lado incluye el principio de la mayoría doble en su fondo, por otro, se ha complicado mucho y ha reducido el equilibrio entre estados grandes y pequeños. 
Señor Presidente, finalmente, el gran dilema en el que se va a encontrar el Parlamento Europeo cuando, al principio del nuevo año, proceda a la última evaluación del Tratado, proviene de la cláusula que incluye Niza sobre los cambios post Niza. 
Esta cláusula adopta el punto de vista del Parlamento Europeo, a saber: que con el método intergubernamental aplicado hasta ahora, la Unión Europea no puede desarrollarse ya más. 
La cláusula sobre los cambios post Niza, aunque contenga exageraciones y alabanzas totalmente inexactas del Tratado, muestra algo, por repetir la expresión de mi amigo, Sr. Hänsch, de luz en el túnel. 
Según el procedimiento proyectado, las instituciones políticas y sociales, principalmente los Parlamentos Nacionales y el Parlamento Europeo deberán inspirarse en las propuestas sobre la Europa del futuro. 
Sin esta cláusula sobre los cambios tras el Consejo de Niza, me temo el Tratado sería inaceptable para el Parlamento Europeo. 
Con ella, el Tratado sigue siendo malo. 
Pero a la decisión del Parlamento Europeo de un no, le va a hacer falta más reflexión y consideración. 
Estoy seguro de que el Parlamento continuará reflexionando sobre la relación entre las instituciones. 
Señor Presidente, señor Prodi, señor Barnier, desearía centrar mi intervención sobre dos puntos. 
Primer punto: considero que, contrariamente a lo que el Sr. Chirac y el Sr. Prodi han afirmado, Niza tiene secuelas, no solamente para los Quince, sino también y más aún para los Veintisiete. 
Efectivamente, la cuestión es: ¿estamos preparados para la ampliación? ¿y para qué objetivos? 
Y no solamente la cuestión de la Comisión es una secuela, sino que la no extensión de la mayoría cualificada y de la codecisión refuerza la competencia entre los Estados miembros, entre los Quince y con mayor motivo entre los Veintisiete, y destruye el futuro del modelo social europeo. 
En cuanto a la post-Niza, hay que afrontar la siguiente pregunta: ¿queremos los Quince seguir avanzando al mismo paso, y lo desearemos cuando seamos veintisiete? 
Creo que no será posible. 
Hay que suprimir la regla del consenso, incluyendo dentro de un futuro convenio. 
El bien público europeo, del que nadie es depositario- el Sr. Moscovici tiene razón en este punto -, no puede basarse en la suma de los intereses nacionales que se cruzan y se neutralizan y, en este sentido, el Primer Ministro Verhofstadt ha lanzado un mensaje salvador. 
Señor Presidente, después del Acta Única Europea, después de Maastricht, después del Tratado de Amsterdam, este Parlamento tenía que juzgar los resultados. 
En todos esos casos llegamos a la conclusión de que esos tratados no eran enteramente satisfactorios, no respondían a todas nuestras aspiraciones, pero, aun así, representaban un paso adelante y al menos eran mejores que el status quo. 
Recomendamos que fueran ratificados. 
Esta vez tenemos un Tratado que, al menos en un aspecto, representa un paso atrás y posiblemente sea peor que el status quo: es decir, el nuevo sistema para la votación por mayoría cualificada en el Consejo, que dificulta aún más que en la actualidad la adopción de una decisión. 
Introduce un triple umbral- número de Estados, población y porcentaje de votos- más elevado que en la actualidad. 
En este momento es el 71% de los votos. 
Ya es mucho. 
Se fijó en un nivel elevado para velar por que en cualquier combinación semejante mayoría cualificada representara una mayoría de la población. 
Ahora que tenemos un criterio de población, en cualquier caso, se habría podido reducir el umbral en cuanto al número de votos. 
En cambio, parece que se ha elevado, aunque aún estoy esperando para ver el texto final: al parecer, hubo un ajuste de última hora en la CIG al respecto. 
Evaluaré ese resultado cuando vea el texto. 
No obstante, se trata de una situación muy preocupante. 
Por lo demás, el Tratado es una mezcla de aspectos insatisfactorios y positivos: insatisfactorios, pero, aun así, mejores que el status quo, supongo, al menos en lo relativo a la ampliación de la votación por mayoría cualificada, la ampliación del procedimiento de codecisión para el Parlamento Europeo y las disposiciones relativas a una cooperación reforzada. 
Eso es mucho mejor que lo que tenemos ahora, aun cuando no se hayan satisfecho todas nuestras peticiones y deseos. 
Por último, hay algunos aspectos positivos: la nueva versión del artículo 7 del Tratado; el artículo relativo a los partidos políticos y su estatuto; el derecho de este Parlamento a demandar a las otras instituciones ante el Tribunal de Justicia: ése es también un importante factor de control político; la nueva fórmula para la Comisión Europea, al incluir la llamada "lex Prodi" en el Tratado, al fortalecer al Presidente y la nueva composición de la Comisión: transacción razonable que acepto y funcionará con el tiempo; y, como ha señalado mi colega el Sr. Tsatsos, constituye la vía por la que avanzar en el futuro. 
Con esto no se acaba la historia. 
Llegarán nuevas reformas y debemos aprovecharlo. 
En resumen, tenemos una mezcla de lo bueno, lo malo y lo feo. 
Ahora vamos a evaluarlo detalladamente. 
Creo que recomendaremos la ratificación y el avance hacia una nueva reforma, pero debemos leer la letra pequeña para concluir si se trata o no de la vía idónea por la que avanzar. 
Señor Presidente, ruego que se me disculpe, porque no he podido preparar bien mis observaciones. 
Acabo de salir de una reunión y, como no hay televisores en las salas de reunión de este edificio, resulta muy difícil mantenerse al tanto de lo que esta sucediendo en la Asamblea, deficiencia que espero que se corrija en su momento. 
Muchos de nosotros consideramos inaceptable el Tratado de Niza, pero por muchas razones diferentes. 
La gran dificultad en relación con el Tratado de Niza- como muchos oradores han observado ya- es que la ausencia de un texto en este momento impide formular un juicio con conocimiento de causa. 
No sabemos si la labor de carpintería en Niza ha producido una caja de Pandora para el activismo de la Comisión o un ataúd para la democracia, pero- sea lo que fuere lo que haya surgido- se ha barnizado a la francesa y esperamos que el resultado final contribuya a la Unión Europea. 
Creo que dos fallos son la falta de democracia, porque se ha pasado por alto la oportunidad de abrir el Consejo al examen riguroso de la opinión pública, aunque muchos de nosotros consideramos que era el momento de hacerlo, y la falta de lógica de la reponderación de los votos, con un método para el Consejo y otro para el Parlamento Europeo. 
Muchos, al examinar el Tratado de Niza, se preguntarán por qué se hizo así. 
Personalmente, creo que la reponderación de los votos debe tener en cuenta la población, como se hace en el Parlamento Europeo y se debería haber hecho también en el Consejo. 
Otra razón para oponerse al Tratado de Niza es el desarrollo de una mayor burocracia en la Unión Europea. 
¿Quién puede afirmar sinceramente que los treinta sectores que ahora tienen votación por mayoría cualificada son esenciales para el proceso de ampliación? 
Creo que la mayoría de los países de la ampliación- si bien aceptan el Tratado en su forma actual porque existe y abre la vía para su adhesión en su momento, más pronto que tarde, espero- examinarán esos aspectos y, como la mayoría de nosotros, comprenderán que carecen de pertinencia para los asuntos cotidianos de sus vidas. 
No hay una reforma de la Política Agraria Común ni una reforma de las políticas de desarrollo, que representan un enorme despilfarro. 
Además, hay que tener en cuenta la incorporación como mecanismo vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales: en sí misma, como ocurre actualmente en los Estados Unidos, es una fórmula para la confusión entre los tribunales en la Unión Europea. 
Tampoco hay que olvidar que, conforme a la cooperación reforzada, el Parlamento Europeo carece de papel, aunque algunos dirigentes de partidos nacionales- incluido el del Partido Laborista en su discurso de Varsovia- no prometieron una reforma de los Fondos estructurales en términos reales hasta 2013. 
Ésa no es una fórmula para la ampliación, es una fórmula para un aumento de la burocracia y una reducción de la democracia. 
Señor Presidente, ya hemos hecho una evaluación rigurosa de lo ocurrido en Niza, pero conviene recordar que la Cumbre de Niza comenzó con un orden del día muy limitado. 
El Consejo pidió a este Parlamento Europeo que no lo ampliáramos, porque quería centrarse exclusivamente en los restos de Amsterdam. 
Y decía el Consejo que quería hacerlo para dotar a la Unión Europea de funcionalidad en sus instituciones a fin de hacer posible que funcionara con 27 mejor que hoy con 15. 
¿Cuál ha sido el resultado de esa operación y esa labor? 
Ha sido precisamente el de que no se ha tratado lo fundamental y más importante para introducir funcionalidad, decisión, flexibilidad y operatividad en el funcionamiento de las instituciones. 
Aquello en lo que más se centró el Consejo fue precisamente en las cuestiones de poder, es decir, que en Niza se recurrió más a la calculadora que a la política. 
Las imágenes que salieron de Niza fueron las de una Europa en la que los países intentaron tratar cada cual de sí mismo, con lo que dieron a entender que la Europa del futuro es una lucha entre los países grandes y los pequeños. 
Yo me pregunto si no son ésos los argumentos que mejor sirven a los intereses de los euroescépticos y de quienes son los enemigos de Europa... 
Me pregunto si esa impresión que se dio de Niza no será una interpelación a la conciencia de los europeos convencidos, de quienes no quieren sólo un mercado único, de quienes no quieren sólo una moneda única, ante lo que considero este "no tiempo" europeo. 
Desde mi punto de vista, Niza fue la segunda parte de Amsterdam y, en este momento, nos encontramos en una fase, en un intervalo, entre Amsterdam y una CIG que se va a celebrar en 2004, pero que no se sabe cuándo concluirá. 
Y en este momento los europeístas convencidos tienen la obligación de oponerse a la imagen que salió de Niza y decir que, para nosotros, la solidaridad tiene un significado, que es posible construir una Europa en la que puedan convivir países grandes y pequeños; en otras palabras, en este proyecto europeo no hay países que no sean indispensables y en esta Europa los egoísmos nacionales no tienen sentido. 
A eso se debe el llamamiento que quisiera hacer en este momento a la Asamblea y a la Comisión: es necesario que alguien haga pedagogía del proyecto europeo. 
La pedagogía del proyecto europeo no es la suma de intereses nacionales, es un proyecto solidario, como tuvo oportunidad de decir el Presidente Romano Prodi, y en este momento las instituciones deben ponerse a mirar al futuro para que la ampliación sea una realidad, para que los ciudadanos vean a Europa como queremos que la vean y para que la política vuelva a la construcción del proyecto europeo y no sólo a la defensa del poder y sobre todo del poder de los países grandes. 
Señor Presidente, se ha dicho, y yo creo que con acierto, que Europa es hija de la necesidad y que solamente cuando la necesidad llama a la puerta, Europa se decide a dar un paso hacia adelante. 
Y la necesidad ha llamado a la puerta de Europa con urgencia, en Niza, bajo la forma de esclerosis, en la perspectiva de una Europa ampliada. 
Valoraciones de lo que ha pasado en Niza se pueden hacer muchas, y hemos tenido buena prueba de ello esta mañana, así como esta tarde en la continuación del debate. 
Pero el Consejo Europeo de Niza, como muchas otras cumbres en la historia de la Unión Europea, constituye un triunfo de la realidad, un triunfo del pragmatismo sobre la utopía. 
Aunque a todos nos hubiese gustado incrementar nuestras competencias en materia de codecisión- y a pesar de las disputas entre grandes, entre grandes y pequeños, y entre pequeños y medianos países -, es evidente que una Comisión cuyo presidente ve sus competencias reforzadas; un procedimiento decisorio en que hay más decisiones- no todas las que nos hubiese gustado- que se toman por mayoría cualificada; una clarificación del papel de las cooperaciones reforzadas; y también, por qué no decirlo, una reponderación del voto en el Consejo de Ministros, aunque no sea perfecta, son pasos todos ellos que, sin ser espectaculares, como ha dicho el Presidente Prodi esta mañana, van en la buena dirección. 
Pero Niza, señor Presidente, no es el fin del camino, sino el punto de partida de una nueva etapa con muchos desafíos. 
Tenemos que culminar con éxito la adhesión, consolidar el mercado interior, alumbrar la moneda única, desarrollar una verdadera política de seguridad y de defensa común y abrir un amplio debate sobre el futuro de Europa. 
Retos que no podrán superarse, señor Presidente de la Comisión, de espaldas a los ciudadanos. 
Y para ello, necesitaremos más generosidad, más realismo, una mayor implicación de las instituciones que defienden el interés comunitario, y que cada uno busque en este tipo de conferencias, señor Presidente, como decía Jean Monnet y con esto acabo, su interés en el interés común. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en Niza hay sin duda vencedores y vencidos pero Europa no se incluye sin duda entre los vencedores y la democracia y la transparencia tampoco. 
Esto es en el fondo la quintaesencia de lo que el Presidente Prodi ha dicho hoy de un modo muy claro y unívoco. 
Examinemos las cosas: no se ha incluido en la obra del Tratado la Carta, ni siquiera una observación. 
En el tema de la política de seguridad y de defensa aunque se han logrado progresos no existe una dimensión parlamentaria de ello. 
En lo que se refiere a las decisiones mayoritarias, sólo se han ampliado mínimamente y el procedimiento es más complicado y opaco. 
Sin duda, existe la cooperación reforzada, pero todavía hay que ver cuáles son sus efectos. 
La relación entre grandes y pequeños se ha regulado al final de un modo muy razonable tras algunas propuestas totalmente absurdas e inaceptables y se han fortalecido las espaldas de la Comisión si bien el número de miembros no representa necesariamente una decisión muy razonable y positiva. 
El ministro Moscovici tiene sin duda razón cuando dice que no es suficiente con que nos contemos aquí cosas unos a los otros sino que tenemos que contárselas también a la población. 
Es cierto que probablemente la población es con frecuencia más crítica con la integración que nosotros en esta Asamblea. 
Probablemente, con un resultado mejor a veces tendríamos más dificultades para convencer a la población pero tendríamos más fuerza de convicción si hubiésemos podido traer de Niza un resultado mejor. 
Habríamos podido transmitir a la población con mayor convencimiento y una conciencia mejor un resultado europeo también mejor y más fuerte. 
Por ello, quiero volver a lo que ya se ha indicado hoy aquí en algunas ocasiones. 
Tenemos que ocuparnos del resultado detalladamente. 
Sin embargo, creo que sólo debemos hacerlo concretamente cuando obtengamos del Consejo unas promesas claras y unívocas sobre cómo debe transcurrir el proceso, es decir, con qué participación del Parlamento Europeo. 
Lo que se ha aprobado y dicho en Niza es muy poco concreto para mí: sí a la participación del Parlamento. 
¿Con qué participación? 
Me parece una vergüenza que tengamos que luchar de nuevo para que quizás puedan participar dos representantes, a ser posible en la mayoría de las sesiones. 
Esto no puede ser. 
Este Parlamento debe desempeñar en este proceso un papel determinante de modo similar a como ocurrió en la convención. 
Queremos demostrar a los Jefes de Gobierno que lo sabemos hacer mejor. 
Si comparamos la convención con lo que ha pasado en la Conferencia Intergubernamental, si bien es cierto que con una problemática más fácil que la de la Conferencia Intergubernamental y con menos intereses nacionales de por medio, la convención y el modo de trabajo y método de la misma son mucho mejores. 
Por ello, soy de la opinión de que sólo debemos ocuparnos en detalle con los resultados de Niza cuando esté claro que este Parlamento Europeo va a desempeñar en el futuro proceso un papel importante y determinante. 
Queremos demostrar a los Jefes de Gobierno que lo sabemos hacer mejor. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, mis queridos colegas, todos mis colegas han subrayado la expectación que ha rodeado a la Cumbre de Niza, cuyo objetivo era permitir a la Unión Europea seguir funcionando de forma eficaz, democrática y transparente tras la histórica ampliación que esperamos. 
Ciertamente, la Cumbre de Niza ha permitido realizar importantes progresos en el conjunto de los temas que afectan directamente a la vida de nuestros ciudadanos, ya sea la defensa de la salud, la protección del medio ambiente, la política social o también la adopción del estatuto de sociedad europea. 
Otro punto positivo es que la Carta de los Derechos Fundamentales ha sido proclamada oficialmente, aunque en esta fase no esté previsto que tenga un carácter vinculante. 
Finalmente, todas y cada una de las decisiones adoptadas en el ámbito de la política exterior y de seguridad común suponen, indiscutiblemente, un paso adelante. 
Esta Cumbre habría sido un triunfo total si se hubiera culminado la indispensable revisión de los Tratados con los mismos éxitos que los capítulos que acabo de mencionar. 
Aunque, efectivamente, parece que hemos conseguido evitar la parálisis total de la futura Unión Europea ampliada, los deseos de la Presidencia francesa no han podido verse reflejados en el nuevo proyecto de Tratado. 
En efecto, tratándose del número excesivamente limitado de ámbitos que pasan de la unanimidad al voto por mayoría, así como de aquellos en los que se aplicará la codecisión, o bien de la revisión al alza del número de diputados europeos en la Europa del mañana, o también de la incertidumbre que planea sobre el número de comisarios tras las ampliaciones, las cuentas no salen, ni mucho menos. 
Más allá de los aspectos técnicos de esta reforma, lo que ante todo nos preocupa es la creciente dificultad que experimentan los países miembros de la Unión Europea a la hora de decidir conjuntamente, en función del interés común de los ciudadanos. 
Finalmente, permítanme, en calidad de ponente sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión, lamentar muy profundamente el carácter bastante decepcionante de las conclusiones de la Cumbre de Niza, que no son más que un simple acuse de recibo del programa de trabajo de la Comisión. 
Las regiones ultraperiféricas se merecen más, y el Parlamento seguirá, con la ayuda, estoy segura, del Comisario Barnier, trabajando sin descanso para darles toda la importancia que les corresponde en el seno de la Unión. 
Señor Presidente, Niza no ha sido un éxito. 
A pesar de los golpes de pecho que el Gobierno francés se ha dado esta mañana, la CIG francamente, no ha concluido bien. 
Es cierto que la cooperación reforzada y la fuerza de defensa europea parten de cero. 
La cuestión más importante, el paso del veto a la toma de decisiones por mayoría cualificada, no termina de ponerse en marcha en relación precisamente con los temas cruciales. 
Fiscalidad, seguridad social, justicia, cuestiones de asilo, agricultura, fondos estructurales, precisamente estos temas que deberían haberse regulado antes del ingreso, no se han regulado. 
Sinceramente, la cumbre ha fracasado en estas cuestiones. 
Los intereses nacionales fueron más importantes que el interés europeo. 
Y lo que es extraordinariamente serio, en algunos casos en los que se ha establecido la toma de decisiones por mayoría cualificada, no se ha previsto la competencia colegisladora del Parlamento Europeo. 
El déficit democrático resulta, por tanto, algo mayor todavía ¿Qué impulsó a la cumbre a mostrar tan poca sensibilidad por la democracia? 
Ahora, la postura neerlandesa. 
Durante la cumbre parecía como si los Países Bajos solamente estuvieran allí para ganar una especie de partido de fútbol contra Bélgica. 
El resultado de todo este gasto de energía fue 12-13, en lugar de 10-10 en cuanto a los puntos en la ponderación de votos ¿Qué importa eso respecto de 300 votos? 
Además, ¿por qué Francia se opuso tan rotundamente al hecho de tener en cuenta la densidad de población? 
Ése es un principio democrático habitual. 
Los Países Bajos han obtenido, por tanto, un voto más que Bélgica en el Consejo. 
No obstante, echemos un vistazo al número de escaños en el Parlamento Europeo, entonces, los Países Bajos pasan de 31 a 25 y Bélgica, de 24 a 22. 
Los Países Bajos han pagado un precio, en consecuencia, por tener ese voto de más en el Consejo. 
Por último, ha quedado claro que una CIG tradicional ya no funciona. 
Es mejor que se siga el modelo de convento cuando deban realizarse los preparativos para celebrar una nueva CIG en 2004. 
Dejemos que 15 representantes de los Gobiernos, 30 diputados nacionales y 15 eurodiputados preparen la CIG. 
Eso ha funcionado bien con la Carta y funcionará también mejor que una CIG clásica. 
Además, es más democrático. 
Señor Presidente, por mi parte, Niza merece, francamente, un insuficiente. 
Señor Presidente, según la prensa, el primer comentario que hizo tras Niza el Primer Ministro de Finlandia, Sr. Paavo Lipponen, fue el siguiente: "Hay que volver a rehacer este Tratado". 
Seguro que todos estamos de acuerdo con él, pero sabemos que este deseo sólo podrá cumplirse una vez pasados muchos años, y siempre que, tal y como creo que ocurrirá, los Parlamentos nacionales aprueben el Tratado de Niza. 
Sin embargo, es de desear que Niza le haya dejado claro a Finlandia, y al resto de los países pequeños, que el papel del Consejo como reafirmador del europeísmo intergubernamental ocasiona continuas derrotas a los países pequeños en la balanza del sistema de toma de decisiones. 
La voz de Europa apenas si fue sostenida por nadie. 
Cuando la Comisión, tal y como pudimos presenciar, intentó hacerse eco de ella, su Presidente fue literalmente echado a la calle; gracias, en todo caso, por esta conducta. 
Sin embargo, desde el punto de vista del futuro de Europa, causa tristeza que ningún hombre de Estado europeo haya hecho acto de presencia. 
Casi todos los países trajeron a la Cumbre sus propios problemas políticos internos. 
De vuelta a casa, los Primeros Ministros y los Presidentes de Gobierno han recalcado precisamente su victoria en lo concerniente a estos problemas políticos internos. 
"Podemos mantener el control en nuestras manos" o "Podemos impedir las decisiones europeas", declaraban ellos en sus respectivos países. 
De esta forma, se les ofreció un ejemplo bastante pésimo a los países aspirantes a la adhesión, ejemplo que seguramente causará asombro desde Tallin hasta Praga, pasando por Budapest. 
Obviamente, lo positivo es que ahora podrá prosperar la ampliación. 
Tras la ampliación, ya no será posible nada semejante a las actuales Niza o CIG; la integración o bien avanza con determinación, o empezará a disolverse. 
El actual orden de cosas no puede perdurar. 
Sería de desear que aparecieran hombres de Estado en Europa; los políticos y los hombres de Estado se diferencian en que los políticos saben lo que el pueblo desea hoy, mientras que los hombres de Estado saben lo que el pueblo querrá realmente dentro de 20 años. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, no me incluyo aún entre los avispados diputados que pueden apreciar en detalle todo lo que se acordó en Niza porque yo tampoco dispongo aún de los textos. 
Pero si hemos aprendido y tenemos que aprender algo de Niza es que esta Europa es demasiado valiosa como para dejarla en exclusiva en las manos de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
El modelo de la Conferencia Intergubernamental ha quedado obsoleto. 
Esta es la primera y más importante enseñanza que podemos extraer de las negociaciones de la última semana. 
Como positivo puedo registrar que se ha logrado entrar en la delimitación de competencias. 
Una antigua exigencia que siempre hemos planteado desde Baviera; hace años se reían de nosotros por ello pero hoy es una resolución del Consejo. 
Pero cuando veo cómo se ha lidiado en Niza, habría sido más importante debatir ya ahora sobre la delimitación de competencias. 
Quizás habría sido más fácil llegar aquí a unos compromisos razonables. 
Formalmente se han elaborado los left overs de Amsterdam. 
Pero en realidad se han encontrado unos compromisos sobre el mínimo denominador común. 
No se puede hacer avanzar a Europa trabajando siempre sólo el mínimo denominador común. 
Desearía que este Parlamento extrajese también las enseñanzas correctas de ello. 
Este Parlamento tiene que adquirir una mayor consciencia de si mismo, en especial frente al Consejo de Ministros si no queremos que la burocracia y la diplomacia secreta sean las que marquen el rumbo en Europa. 
Señor Presidente, no es fácil criticar a la Presidencia francesa durante este debate, pues no está presente. 
Comprendo que el Presidente Chirac, el Sr. Védrine y el Sr. Moscovici tengan otras reuniones importantes a las que asistir. 
Sin embargo, estoy seguro de que el Presidente de la Comisión Europea, Sr. Prodi, tiene importantes reuniones a las que asistir como también el Comisario Barnier y, sin embargo, han tenido la cortesía para con nosotros de esperar hasta el final del debate. 
El Sr. Moscovici dice que no debemos culparlo a él, debemos culpar a los otros Gobiernos en el Consejo. 
Es deplorable que no haya podido encontrar un substituto para poder esperar hasta el final de nuestras deliberaciones. 
Al fin y al cabo, abrigamos la esperanza de que se nos unan países candidatos de la Europa central y oriental que han estado habituados a la arrogancia de los gobernantes ausentes, que pronuncian discursos y después desaparecen. 
Deploro que el Sr. Moscovici no haya encontrado un substituto. 
El Sr. Moscovici dice que debemos dirigirnos a nuestros propios Gobiernos nacionales y criticarlos. 
Tengo mucho gusto en hacerlo. 
El Sr. Blair volvió a Gran Bretaña como un héroe conquistador, porque no había cedido en esto, no había cedido en aquello y había luchado por los intereses de Gran Bretaña. 
Pues, naturalmente, lo apoyo a ese respecto, pero, ¿qué ha logrado, en realidad? 
Nos dice que ha garantizado la ampliación. 
No sé si la Comisión responderá al final de este debate, pero me gustaría saber, dada la ausencia del Consejo, si tiene la misma confianza en que en 2004 este Parlamento Europeo contará con diputados checos, húngaros y polacos y de los países bálticos. 
El Sr. Moscovici dice que, naturalmente, hay que atenuar el idealismo con realismo. 
Y yo le pregunto simplemente: ¿atenuó el General De Gaulle su idealismo con realismo? ¿O Winston Churchill? 
"La opinión pública no lo consentirá". 
"No conseguiremos que esto se apruebe en la Cámara de los Comunes". 
¿Hay que celebrarlo? 
¿No tenemos una dirección con iniciativa en la Unión Europea? 
¿Dónde está el Consejo? 
¿Dónde están los Gobiernos? 
Es deplorable y el único signo esperanzador es el de que la Comisión Europea ha recuperado claramente su sentido de la autoconfianza. 
Este Parlamento Europeo se unirá a la Comisión Europea para insistir en que se satisfagan nuestras demandas. 
Señor Presidente, la Cumbre de Niza ha demostrado que la Conferencia Intergubernamental ha quedado desfasada. 
Estamos en vísperas de la ampliación de la Unión hacia el Este, un giro que provoca la crisis de la estrategia de los pequeños pasos. 
Si no se da una respuesta al déficit democrático de las Instituciones europeas, la Unión no puede confiar en el respaldo de los pueblos. 
La lista de los temas abordados en Niza es larga, sin embargo, como decía muy claramente el Presidente Prodi, no se ha prestado la debida atención a las reformas institucionales y al papel del Parlamento. 
No obstante, la ambición del Parlamento no supone falta de sentido de responsabilidad. 
Si aceptamos la lección de los realistas guardamos en un cajón la Carta de los Derechos Fundamentales y nos conformamos con una zona de librecambio en manos de las grandes corporaciones y de los intereses nacionales. 
Hay algo que no funciona y así lo han entendido los jóvenes federalistas que han pedido a los jefes de Gobierno que tengan más valor, el mismo valor que los padres fundadores de la Comunidad Europea. 
Es preciso implementar un gran debate sobre el futuro de Europa: éste debe ser el después de Niza, si queremos relanzar el europeísmo en una realidad que ha cambiado profundamente. 
. (IT) Señor Presidente, seré muy breve porque el motivo de mi intervención es agradecer no solo la atención que nos han dedicado, sino el contenido de sus intervenciones. 
Nosotros, señor Beazley, no nos hemos quedado aquí por cortesía. El Comisario Barnier y yo hemos seguido aquí para conocer sus opiniones, sus ambiciones y también su talante, porque pienso que si debemos construir una Europa, tenemos que hacerlo juntos, el Parlamento y la Comisión. 
En el debate de hoy, no nos hemos escondido las satisfacciones ni mucho menos las insatisfacciones por el Tratado de Niza, a veces por motivos diferentes pero con la misma disposición y con las mismas preocupaciones. 
No nos hemos escondido la necesidad de avanzar con el mismo vigor y la misma determinación que teníamos antes de Niza por la vía de la ampliación para lograr los objetivos que tenemos y que es la cita más importante con la historia que el Parlamento y la Comisión tienen que cumplir en los próximos años. 
Tampoco nos hemos escondido, Señorías, la necesidad de trabajar en común, el Parlamento y la Comisión, para construir la nueva Europa, porque es en nosotros que recae esta carga, así como esta gran misión y esta gran perspectiva. 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
He recibido de los diputados seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Presupuesto 2001 (continuación) 
De conformidad con el orden del día, reanudamos el debate sobre el presupuesto 2001. 
Tiene la palabra el Sr. Wurtz. 
Señor Presidente, en primera lectura, mi Grupo realizó el acto político simbólico de presentar una moción de rechazo al presupuesto. 
Queríamos llamar la atención sobre las características, a nuestro entender inaceptables, del proyecto que entonces se nos presentó, afirmando el principio de "a políticas nuevas, créditos nuevos". 
En lugar de las redistribuciones previstas en detrimento de las prioridades tradicionales, pedíamos una revisión plurianual de las perspectivas financieras, en particular en lo que se refiere a las acciones exteriores, aunque se planteara un problema similar para los gastos a favor del empleo y la defensa del medio ambiente. 
Decíamos que no queríamos que, en el futuro, el Consejo nos colocara en una situación en la que tuviéramos que elegir entre dos prioridades, igualmente legítimas a nuestros ojos: los Balcanes y el Mediterráneo. 
Hoy, nos encontramos justamente en la situación que queríamos evitar. 
Según el compromiso celebrado entre la delegación del Parlamento y el Consejo, la cooperación euromediterránea sufre un corte de 200 millones de euros con respecto al presupuesto 2000. 
Bonita señal que enviamos a nuestros próximos socios del Sur. 
En cuanto a los Balcanes, han sido objeto de un laborioso y muy precario montaje financiero que comprende una transferencia al presupuesto 2001 de créditos del presupuesto 2000 de ayuda a América Latina, o incluso de créditos destinados a Marruecos en el marco del proyecto de acuerdo pesquero y no utilizados este año. 
Por otra parte y, sobre todo, el problema de la financiación de los Balcanes sigue sin resolverse para los próximos años. 
En cuanto al capítulo 3, es decir las acciones internas, también merece una observación, dado que la iniciativa "empleo", rebautizada como "programa de espíritu empresarial", ha sufrido un recorte de 87 millones de euros, las redes transeuropeas uno de 23 millones de euros, y la defensa del medio ambiente otro de 42 millones de euros. 
En total, el presupuesto 2001, que representa aproximadamente el 1,09 % del producto interior bruto europeo, o incluso menos, será en términos relativos uno de los más bajos de los 10 últimos años, pues se sitúa claramente por debajo del límite máximo, ya muy restrictivo, fijado en el marco de la Agenda 2000 en Berlín en marzo de 1999. 
Por ello, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no puede, lamentablemente, aportar su apoyo al informe de la Sra. Haug. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera que quedara patente que el presupuesto de este año es el resultado del trabajo de todos los diputados de la propia comisión, así como del trabajo del presidente de la comisión, Sr. Wynn, que ha resuelto con total acierto las numerosas situaciones, incluso las más tensas, que hemos vivido. Quisiera asimismo dar las gracias a la Sra. Comisaria Schreyer. 
Por una parte, el lado positivo: ante todo podemos recordar los cerca de 60 millones de euros de gastos agrícolas para los test. 
Luego, la financiación de casi 450 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, porque por fin se ha entendido que la economía europea no se basa en las multinacionales, sino en las pequeñas y medianas empresas, hecho que podrá relanzar el desarrollo y el empleo. Y, por último, el porcentaje de incremento de los pagos que se ha limitado al 3% y el aumento de los fondos asignados a los Balcanes que es algo muy importante en términos políticos. 
En este sentido, hicimos algo fundamental en aquella reunión en comisión. 
Quisiera recordar ahora dos aspectos que, desde mi punto de vista, requieren cierta atención y despiertan preocupación: por un parte, la utilización quizás excesiva del instrumento de la flexibilidad que, como todo los excesos, es un factor negativo, motivo por el cual no hay que convertir este instrumento en un paracaídas y, por otra, el hecho de que los nuevos puestos de trabajo se deben simplemente a prejubilaciones. 
Esto no debe constituir un precedente en nuestra Instituciones. 
Por último, espero que la comisión desarrolle más, si cabe, una estrategia presupuestaria con el fin de reforzar y proteger nuestra moneda, el euro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debería decir señora Presidenta del Consejo, pero no la veo entre nosotros. 
Ciertamente, hay bastantes ausencias en nuestra Asamblea. 
Por desgracia, el debate presupuestario ha durado más de lo previsto y ni los oradores que me siguen ni yo tendremos ocasión de abordar este tema con la Presidencia. 
Por mi parte, quisiera felicitar a los ponentes, al presidente de la Comisión de Presupuestos, a la Comisión, al Consejo y a la Presidencia por el trabajo realizado, por la celebración de este acuerdo que nos permitirá votar el presupuesto para el año 2001. 
Pero hago mías especialmente las observaciones del Sr. Colom i Naval respecto de un tema tan delicado como son las perspectivas financieras. 
Acaba de celebrarse un acuerdo en Niza para permitir la ampliación. 
Ahora bien, las ampliaciones anteriores contaron con importantes dotaciones financieras. 
En aquel momento, los Estados miembros no temían a sus opiniones públicas y la ampliación a España y Portugal fue acompañada de una importante movilización de recursos. 
Cuando veo que nuestro presupuesto es menor que el del año 2000, tanto en términos reales como en porcentaje del PNB, que estamos tan lejos de los objetivos fijados en Edimburgo, comprendo que el verdadero problema está ahí. 
No atajarlo equivale a restar credibilidad a la construcción y la ampliación de la Unión. 
Señor Presidente, con el establecimiento del presupuesto para 2001, la discusión que tenía lugar en este Parlamento se limitaba a algunas cuestiones. 
Una de ellas fue, y es también hoy, el aumento de las perspectivas financieras para la política exterior. 
Con razón, el Consejo descarta esta revisión, ya que no tiene sentido que en Berlín se fije un límite para los gastos por un período de seis años si este límite se somete a discusión cada año. 
Esta máxima obliga a la Comisión a establecer prioridades dentro de un presupuesto limitado, tal como debe hacer toda Administración. 
Otra cuestión que se ha tocado de nuevo este año, es el instrumento de flexibilidad. Un instrumento de 200 millones de euros que ahora, de acuerdo con el Consejo, se han destinado a prestar ayuda a los Balcanes. 
Como muy bien señala el colega Colom i Naval, la utilización del instrumento de flexibilidad de esta manera va más allá de su objetivo originario, es decir, paliar necesidades presupuestarias imprevistas. 
Sinceramente, me pregunto si el Sr. Colom i Naval también hubiera dicho esto si este instrumento se utilizara de esta misma impropia manera en el caso del programa MEDA, tal como este Parlamento había propuesto. 
Efectué esa crítica durante la primera lectura del presupuesto y no recuerdo que contara con su respaldo. 
Por supuesto, no estoy en contra de suministrar ayuda a los Balcanes. 
La Unión, en tanto cooperación de estados nacionales, nacida de la necesidad de mantener la paz en Europa, tiene una deuda de honor en cuanto a la financiación del proceso de paz y la reconciliación en los Balcanes. 
Sin embargo, considero que en el caso de una operación tan amplia, primero hay que realizar un inventario de la ayuda antes de sacar el monedero. 
El empeño que muestran la Comisión y el Parlamento por proporcionar una ayuda cuantiosa a los Balcanes contrasta violentamente con el recorte de la ayuda acordada a los estados candidatos. 
Señor Presidente, quizá debamos, por de pronto, reservar el instrumento de flexibilidad del presupuesto de 2002 para los estados candidatos. 
Tal vez, inesperadamente, quieran convertirse antes en miembros de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, se han tenido en cuenta en la elaboración del presupuesto los principios de economicidad y de equilibrio social y económico. 
Hay que felicitar por ello a los ponentes. 
También es positivo que se ponga a disposición de las pequeñas y medianas empresas, como principales generadoras de puestos de trabajo, créditos adicionales. 
De este modo se crean nuevos puestos de trabajo y se prosigue la lucha contra el paro. 
También conocemos la aceptación de la carta rectificativa nº 2 de la Comisión. 
Según ella, se pueden ahorrar en la categoría I unos 900 millones. 
Sin embargo, esta aceptación ya no debería ser posible. 
Por un lado, entretanto ha mejorado el valor del euro, con lo que se va a reducir también el potencial de ahorro. 
Además, se puede partir del hecho de que los créditos previstos en el presupuesto para la superación de la crisis de la EEB no van a ser suficientes. 
Por ello, va a ser absolutamente necesaria la aprobación de un presupuesto suplementario, lo que a su vez fortalecerá el potencial de ahorro de esta categoría si no se reduce en su totalidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera comenzar felicitando a nuestra colega ponente general Jutta Haug, que, por la forma como ha desempeñado su labor, ha contribuido mucho al clima constructivo en que desarrollamos nuestra actividad en la comisión y en el Parlamento de forma general. 
Con la votación que seguirá a este debate termina el largo y complejo proceso de aprobación del presupuesto de la Unión Europa para 2001. 
Es fruto de intensas negociaciones, de transacciones sucesivas entre las diferentes instituciones, por lo que se reúnen condiciones razonables para su aprobación. 
Ahora bien, quisiera destacar algunos aspectos que pasan a años siguientes. 
El presupuesto representa, en asignaciones para pagos, sólo el 1,056 % del PNB comunitario. 
En las Perspectivas Financieras se preveía para 2001 el 1,11 %, por no hablar del 1,27 % de que se hablaba hace unos años. 
Por otra parte, sigue asumiendo la multianualidad de programas de la esfera de la cooperación exterior, la diferencia entre compromisos y pagos sigue aumentando, algunos proyectos siguen ejecutándose poco o mal, hay pagos con retrasos injustificables e insostenibles, el Parlamento ha afrontado actos consumados con consecuencias presupuestarias. 
Si bien en cuanto al primer aspecto mencionado, el PNB, no hay por ahora solución y en cuanto al segundo estoy seguro de que el Parlamento dará pruebas de su persistencia en próximas oportunidades, en cuanto al tercer aspecto que he destacado quisiera decir que, en mi opinión, la gran novedad del proceso presupuestario de los próximos años es el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo encaminado a la elaboración por la Comisión, de aquí al 30 de junio de 2001, de un informe que se presentará a las dos primeras instituciones y en el que se expondrán los avances logrados en una serie de esferas fundamentales, tales como la reducción de los restos por liquidar, la simplificación del ciclo de los proyectos, una mejor ejecución de los programas, la revisión de la comitología, la reforma de la Comisión, la formulación y la realización de objetivos de ejecución, en particular de cooperación exterior, la más completa información del Parlamento en diversas esferas. 
Si la presentación de dicho informe no llega a corresponder sólo a otro cumplimiento de una formalidad, está justificada la esperanzas que muchos de nosotros tenemos puestas en este nuevo paso. 
Señor Presidente, a veces hemos parecido una sociedad de admiración mutua por la forma como nos hemos felicitado mutuamente a este respecto. 
Puede que me desvíe ligeramente de esa tendencia en relación con el Consejo: no necesariamente la Presidencia francesa, sino el Consejo en general. 
No nos engañemos, éste es un buen presupuesto. 
No es el que yo o muchos de mis colegas habríamos deseado. 
Sin embargo, podemos sentirnos satisfechos con él. 
En términos futbolísticos, es como un empate a 1. 
Sin embargo, el instrumento de la flexibilidad nos hace pensar que ganamos en la prueba de los penaltis. 
La propuesta original de la Comisión de revisión de las Perspectivas Financieras para transferir 300 millones de euros de la categoría 1 a la categoría 4 fue una buena idea: digna de apoyo y eminentemente sensata. 
Por desgracia, una mayoría de los colegas no estuvieron de acuerdo conmigo, por lo que no pudimos apoyarla. 
Tampoco hubo mayoría cualificada en esta Asamblea para volver al artículo 272. 
Así, pues, tuvimos que encontrar una solución con los medios que el Acuerdo Interinstitucional nos brinda para que podamos lograr un presupuesto decente. 
Eso es lo que hemos hecho: hemos evitado una crisis presupuestaria recurriendo al artículo 272; se han mantenido las Perspectivas Financieras, pese a haber utilizado el instrumento de la flexibilidad. 
El resultado es el mejor que podíamos esperar sin una revisión ni el artículo 272. 
El Sr. Colom i Naval ha formulado sus observaciones esta mañana, porque estaba claro para quienes estábamos presentes cuando se acordó el AII, que no se debía utilizar el instrumento de la flexibilidad para los mismos fines en años consecutivos. 
Admiro la respuesta que ha dado la Sra. Parly esta mañana, pero hemos hecho la vista gorda al respecto. 
Kosovo y Serbia son, de hecho, la misma cosa. 
También hemos dicho que el instrumento de la flexibilidad no sería una reserva anual para la categoría 4, pero eso es exactamente lo que ha llegado a ser. 
Ésa es la razón por la que el Sr. Colom i Naval no es el único que se siente frustrado por la forma como se ha desarrollado este procedimiento presupuestario en los dos últimos años. 
Conviene decir- y deseo que conste en el Acta- que la Presidencia francesa ha sido un buen interlocutor para intentar encontrar soluciones. 
Sobre la clasificación, no me plantean problemas los dos aspectos planteados: las pensiones son un gasto obligatorio. 
De lo que estamos hablando es de un plan de jubilaciones anticipadas para el que aún no existe un fundamento jurídico; nadie sabe si lo que se propondrá será obligatorio o no y, al fin y al cabo, lo que hay en la línea es un p.m. 
Sobre el acuerdo relativo a la pesca, sólo hemos cambiado las observaciones para las líneas A. En otras palabras, las observaciones relativas a los gastos no obligatorios. 
En ambos casos no hemos cambiado las cifras. 
Sobre eso no debe haber discrepancia. 
No porque tengamos un presupuesto y hayamos logrado un acuerdo en la conciliación debemos imaginar que todos nuestros problemas han desaparecido. 
Los problemas persistirán hasta que decidamos lo que vamos a hacer con el gasto exterior. 
Ha habido ocasiones en este año en que he supuesto como un tonto que, una vez que la Comisión hubiera hecho sus propuestas de revisión, podríamos alcanzar un acuerdo con el Consejo. 
Me equivoqué. 
Después, cuando descubrí que no habría debates sobre esa revisión relativa al artículo 25 del AII me sentí decepcionado, por no decir algo peor. 
La actitud del Consejo en este partido de fútbol parece ser la de no preocuparse por el balón, sino por seguir con el partido. 
Permítaseme decir simplemente al Consejo que, por lo que se refiere a este partido, no nos hemos quedado sin balones y este equipo se propone seguir jugando hasta que obtengamos el resultado idóneo. 
Por último, expreso mi agradecimiento a todos los que han participado- y no sólo a los ponentes -, pero también a la Secretaría de la Comisión, a los servicios del Parlamento y al personal de los Grupos políticos. 
Señor Presidente, en primer lugar, también quiero dar las gracias a aquéllos que han desempeñado un papel en el establecimiento del presupuesto, la Comisaria, el Consejo y los ponentes. 
En especial, quisiera dar las gracias al Sr. Wynn, quien, creo, ha cumplido su primer año como Presidente de la Comisión de Presupuestos durante un procedimiento presupuestario y pienso que lo ha hecho de forma sobresaliente. 
Estoy satisfecho con este presupuesto. 
Estoy satisfecho, sobre todo, porque esta vez también nos hemos mantenido dentro de las perspectivas financieras. 
Considero que el Parlamento debe respetar los compromisos y que éstos solamente pueden romperse en caso de extrema necesidad. 
Todavía no he podido ver que exista esa extrema necesidad este año. 
La Comisaria está siempre orgullosa de ello y dice que el gasto agrícola aumenta en un porcentaje estupendo, en comparación con años anteriores. 
Eso es así, pero se trata de compromisos que también deben mantenerse. Ya existían antes de que ella fuera nombrada Comisaria, y creo que le honra poder mantener estos compromisos acordados en Berlín. 
¿Qué más hay sobre el presupuesto agrícola? 
Todos conocemos el contenido de la nota de las modificaciones de octubre, y si todo va bien, si el dólar se mantiene en los 91 centavos, entonces contaremos con un excedente en la categoría 1A de casi 1.300 millones de euros. 
Ésa es mi pregunta ¿Vamos a recortar otros gastos agrícolas, vamos a trasladar el gasto a otros años, existe todavía la posibilidad de utilizar el superávit de 2000 o podemos desarrollar un sistema de seguro que figura ya en una resolución anterior del Parlamento? 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, representante del Consejo, señores ponentes, en cada ejercicio presupuestario el Parlamento Europeo gana relevancia presupuestaria. 
Esa relevancia la ganamos no del aire, sino de los Tratados, aunque a veces al Consejo le cueste reconocerlo. 
El pasado año, con el informe Bourlanges, se movilizó por primera vez el instrumento de flexibilidad y también se consiguió una declaración institucional que reconocía la posible insuficiencia financiera de la categoría 4. 
Este año, con el informe Haug, se ha aprovechado esa declaración institucional del pasado año para discutir la necesidad de revisar las perspectivas financieras. 
Se ha demostrado que no era el momento adecuado para una revisión, que había margen suficiente para responder a los compromisos con los Balcanes y con el programa MEDA sin modificar las previsiones de Berlín 1999, y se ha demostrado que la compulsión de revisar sólo está en la intención de aquellos que votaron en su día contra la Agenda 2000. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo no puede proseguir eternamente ajustando a la baja sus compromisos exteriores. 
Este año se ha vuelto a utilizar el instrumento de flexibilidad, pero no debemos seguir por ese camino. 
No queremos que en la Resolución Colom figure ya una propuesta de revisión para el próximo año, porque queremos esperar la valoración del Banco Mundial, pero compartimos su crítica de que esta manera de resolver la insuficiencia financiera en la categoría 4 distorsiona el carácter plurianual de los grandes objetivos exteriores de la Unión y la propia definición de las perspectivas financieras. 
Esta vez, más que nunca, el secreto del éxito estará en la correcta ejecución del presupuesto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, vaya por delante mi felicitación a la ponente general, Sra. Haug, al Presidente de la Comisión y a los colegas negociadores por el excelente trabajo realizado. 
El balance final de la negociación es positivo, lo que demuestra que para alcanzar determinados objetivos lo que importa no es llegar solos ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. 
Queríamos, efectivamente, un presupuesto que sumase nuestros esfuerzos a los de los Estados miembros para contribuir al crecimiento económico y al aumento del empleo, y por eso es bueno el acuerdo alcanzado sobre el montante plurianual para el programa de las pequeñas empresas. 
Pero sostener ésta y otras prioridades políticas del Parlamento tiene que ser compatible con la estabilidad presupuestaria en el gasto. 
Es cierto que la Unión conoce la situación económica más favorable desde hace 10 años, como lo prueba el hecho de que los saldos presupuestarios han mejorado mucho. 
Pero, justamente por ello, el acuerdo alcanzado en créditos de pago me parece razonable, porque aúna esfuerzos en la dirección necesaria para un crecimiento sostenido. 
La estrategia presupuestaria del Parlamento marca un antes y un después en este comienzo de milenio. Porque la negociación no alcanza sólo a los montantes finales y su distribución, sino a la puesta en marcha de instrumentos que van a permitir medir hasta qué punto la voluntad política de este Parlamento se traduce en hechos. 
Y voy un poco más lejos, porque no basta con disponer de reglas exigentes y transparentes en la ejecución del presupuesto, como la anulación de compromisos tras dos años de inejecución. 
Esto debe ir acompañado de un compromiso del Colegio de Comisarios por un reparto justo y eficaz de los recursos humanos y materiales para la gestión de las diferentes políticas, es decir, deben acordarse la prioridad política del Parlamento y la prioridad de gestión de la Comisión. 
Señor Presidente, ahora que hemos llegado a la decisión final sobre los presupuestos para el año 2001, podemos comprobar que hemos dejado atrás un año de continuas luchas para cumplir con los presupuestos en el marco que se fijó cuando se aprobaron los planes presupuestarios en Berlín en marzo de 1999. 
Hoy comprobamos que esta lucha ha tenido éxito, cosa que constituye un gran triunfo. 
Creo que tanto los países miembros como los contribuyentes están agradecidos de que los aportes nacionales no hayan sido aún más altos. 
También veo como un avance que entremos en un nuevo año presupuestario con mayor holgura. 
Cuando utilizamos el 1,06 por ciento del PIB de los países miembros, conseguimos un margen mayor que el obtenido anteriormente y mayor que el que se previó en Berlín hace menos de dos años. 
Esto nos posibilita ser parte activa tanto en la ampliación hacia los países de Europa Central y del Este como en la construcción de la paz y el bienestar en Serbia y Yugoslavia. 
Para que esto sea posible, habrá que establecer prioridades. 
Será necesario hacerlo para cumplir con los compromisos a largo plazo, cosa que será posible si nuestras metas son luchar por una Unión fuerte pero limitada. 
A mi juicio, actualmente nos enfrentamos a una gran amenaza, la EEB. 
Esto significa que si la solución del problema implicase mayores gastos, éstos tendrían que financiarse mediante ahorros en la categoría 1 o con mayor participación en la financiación de los costes por parte de los países miembros. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mis observaciones sobre los enfoques presupuestarios en el campo de la política de medio ambiente, sanitaria y de protección del consumidor me voy a centrar en un punto esencial. 
De modo general, hay que constatar que la proporción del presupuesto que se dedica al aseguramiento y conservación del medio ambiente es demasiado reducida. 
Esto es especialmente irritante ante el trasfondo de que la política de medio ambiente representa una tarea transversal, pues la política de medio ambiente sólo es posible- al menos una que tenga éxito- si se practica transfronterizamente. 
Esto lo sabemos todos. 
Por ello, la tarea del nivel común europeo es precisamente la de impulsar el aseguramiento y regeneración del medio ambiente. 
Pero esto también significa que tenemos que recibir por fin realmente dinero. 
No podemos limitarnos siempre a aprobar directivas y reglamentos diversos, con frecuencia sin unas informaciones de fondo suficientes y sin base científica pero por lo general sometidos a una enorme presión de tiempo. 
Permítanme una observación: no sólo yo tengo la sensación permanente debido a esta situación de que sólo me encuentro en la Comisión de medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor para impedir lo peor en esta furia y prisas reguladoras que se nos imponen. 
En la política de medio ambiente, no debemos perdernos en el fomento de pequeñas medidas limitadas en el tiempo, aunque sean muy necesarias, ni tampoco en la permanente financiación ausente de crítica de instituciones cuyos resultados no se pueden detectar en lo esencial lo que, en mi opinión, ocurre así con la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague. 
Lo que le falta a la política de medio ambiente europea es un marco científico fundamentado. 
Realmente no lo tenemos. 
No lo tenemos porque nos falta el fundamento para ello. 
Tenemos que invertir por fin en análisis e investigaciones científicas. 
Sólo así podremos elaborar perspectivas realistas, perspectivas de vinculación de las políticas de medio ambiente y regionales con otros sectores políticos, perspectivas para enfoques de solución de problemas que tengan posibilidades de éxito. 
Sólo así se dedicará correcta y adecuadamente el dinero que nuestras conciudadanas y conciudadanos ponen a nuestra disposición. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, permítanme realizar tres observaciones sobre lo que se ha dicho en este debate. 
Una se refiere a lo que usted, señora Schreyer, ha recordado esta mañana. 
En relación con algunos presupuestos nacionales hemos experimentado un aumento algo superior en este presupuesto pero en relación con la cuota estatal es muy bajo y ejemplar para muchos presupuestos nacionales. 
A este respecto, hay que decir a la opinión pública que si los Ministros de Asuntos Exteriores u otros transfieren cada vez más tareas al nivel europeo, por ejemplo, la totalidad del programa en los Balcanes, entonces hay que tener en cuenta que para ello hace falta dinero, dinero que se debe poner a disposición. 
La segunda es la política exterior y de seguridad común. 
En los años 90 se han producido avances gigantescos. 
En el conflicto de Bosnia, Europa no estaba aún en situación de hablar con una sola voz: de un país se decía que estaba del lado de los serbios y de otro que lo estaba de los croatas. 
Nos encontrábamos casi en la política de alianzas del siglo XIX. Ahora, al final de este decenio, a finales de los años 90 Europa habla con una voz, es la mayor potencia reconstructora en los Balcanes, mayor que los Estados Unidos, realiza un trabajo efectivo y, gracias a su presupuesto y a su política ha contribuido muy esencialmente a que en Serbia fuese posible una revolución pacífica. 
Hay que decir esto muy claramente al final de este ejercicio presupuestario en reconocimiento de la política europea tras este decenio de confusiones en los Balcanes. 
Los presupuestos exteriores son más importantes para nosotros y depositamos en la Comisión la esperanza de que realice el trabajo que esperamos de ella con las partidas que se van a poner a disposición ahora. 
Esto que hacemos es una alabanza por adelantado y puede estar seguro de que en el futuro intentaremos controlarlo estrictamente. 
Se ha hablado mucho de la fase posterior a Niza. 
Niza ha supuesto aún el regateo nacional por presupuestos individuales. 
En la política exterior lo hemos superado en gran medida y espero que en los próximos debates presupuestarios decidamos más sobre el fondo, miremos más hacia los problemas y regateemos menos por los intereses nacionales en el presupuesto. 
Señor Presidente, Señorías, solamente me voy a referir a algunos aspectos que se han mencionado en el debate. 
Por un lado la estructura del presupuesto del 2001: se ha dicho que el presupuesto agrícola no ha crecido lo suficiente. 
Sin embargo, quiero subrayar que el presupuesto agrícola refleja una tasa de crecimiento muy elevada, a saber, del 5,7 %. 
Si calculamos el presupuesto suplementario que cabe esperar entonces será de casi el 8% mientras que en todos los demás campos- ya sea la política de formación, la política interior, inclusive investigación, la política exterior, la administración, las ayudas a la preadhesión- experimentan en total sólo una tasa de crecimiento del 1,1 %. 
Es decir, hay que subrayar que precisamente también el Parlamento ha ejercido una disciplina presupuestaria muy elevada en los campos en los que tiene la última palabra pero, tal como creo, a pesar de ello ha presentado un resultado muy bueno con claras prioridades. 
Respecto a la observación del Sr. Mulder: se habrá dado cuenta de que al permanecer ahora el presupuesto en la segunda lectura por debajo del margen en la política agrícola, se tiene que calcular el riesgo de un tipo de cambio modificado pues tampoco sería malo si la relación euro-dólar se modificase algo hacia arriba. 
Me permito llamar aquí la atención sobre las regulaciones del Acuerdo Interinstitucional según las cuales se debe financiar con la política agrícola un "riesgo monetario" por un importe de hasta 200 millones de euros y poder recurrir luego a la reserva monetaria. 
Sin embargo, creo que en el presupuesto suplementario deberíamos prestar atención para que se conserve la reserva por un importe de 200 millones para que, en caso de una modificación mínima del tipo de cambio, no haya que recurrir ya a otras medidas. 
Respecto a la observación de la Sra. Sommer de que en el presupuesto de la Unión Europea no se ha tenido suficientemente en cuenta el aspecto del medio ambiente, quiero decir que una tercera parte del presupuesto se gasta en política estructural y en esta política tenemos el mainstreaming; por un lado el gender mainstreaming, según el cual las medidas de política estructural tienen que orientarse a la equiparación de hombres y mujeres. 
El dinero debe gastarse de tal modo que sirva a elevar el empleo y- aquí entra el tercer mainstreaming- debe gastarse de modo sirva a mejorar la situación del medio ambiente. 
Se trata de una gran cantidad de dinero de la que se dispone aquí. 
Me permito indicar que en la política agraria los 4.500 millones de euros sobre los que hemos hablado esta mañana destinados a promover el desarrollo de las áreas rurales contienen muchas medidas de ayuda en favor de la protección del medio ambiente. 
Además, en la política agraria hay en este sector incluso algo que no es usual en la política de medio ambiente y que puede ser considerado críticamente ocasionalmente por los fundamentalistas: se indemniza por renunciar a medidas dañinas para el medio ambiente. 
Aquí tiene medidas que fomentan de modo muy explícito la protección del medio ambiente. 
Me permito referirme de nuevo a la sugerente pregunta planteada por el Sr. Colom i Naval esta mañana. Su tenor era el siguiente: ¿cuál es la diferencia entre una revisión de las previsiones financieras y el empleo del instrumento de flexibilidad? 
Naturalmente, tiene razón en remitirse siempre a esta pregunta. 
En mi opinión, una revisión de las previsiones financieras significa que si en un lado se aumenta algo, al mismo tiempo hay que acordar donde se van a realizar los ahorros. 
En la reserva de flexibilidad no existe esta exigencia. 
Por lo tanto es aún más difícil de comprender la resistencia de los ministros de agricultura frente a una revisión de las previsiones financieras. 
Bueno, siempre se aprende algo nuevo. 
Este es sin duda un ejemplo de que a veces cuentan más los principios que las intenciones de política presupuestaria. 
Creo que es bueno que en esta ocasión se haya logrado activar el instrumento de flexibilidad y dedicar a Serbia la ayuda necesaria aunque coincido plenamente con usted en que la estrategia no puede consistir en dejar que se establezca el fenómeno de que un instrumento de flexibilidad europeo migre por Europa, por los diferentes países y regiones en función de donde se encuentre la necesidad. 
Para finalizar, quiero subrayar de nuevo que desde la perspectiva de la Comisión el presupuesto 2001 representa realmente una buena base para practicar conjuntamente una buena política comunitaria para Europa. Quiero expresar mi agradecimiento por la positiva cooperación mostrada. 
Y como la cooperación es tan positiva, en el próximo presupuesto suplementario, ya en enero, tendremos la oportunidad de proseguirla. 
Pero primero quiero expresar a todas y todos unas felices vacaciones de Navidad. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
La Asamblea le desea también unas felices fiestas. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar el jueves a partir de las 10.00 horas. 
Estrategia común de la Unión con Rusia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0363/2000) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la aplicación de la estrategia común de la Unión Europea hacia la Federación de Rusia (2000/2007 (INI) ). 
Señor Presidente, las relaciones con Rusia se han visto radicalmente modificadas por el final de la Guerra Fría. 
Ya no se habla del miedo ante la violencia militar, ni de un posible avance de la dictadura. 
La posición de la Unión Europea y de sus Estados miembros es más bien la de un sentimiento de corresponsabilidad en el restablecimiento de la sociedad rusa. Puede verse como una especie de obligación moral, pero también como interés por parte de la Unión Europea, que no se beneficia de la anarquía y la pobreza de un país vecino muy grande. 
Por otra parte, el desarrollo de la Federación Rusa resulta todavía un asunto dudoso para muchos de nosotros, y de ahí que pueda imaginarme que también en este Parlamento se vacile algunas veces al respecto. 
En cualquier caso, lo mejor que podemos hacer en nuestra estrategia respecto de la Federación Rusa es seguir una estrategia de doble vía. Por una parte, debemos denunciar clara y seriamente las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder y, por otra, debemos comenzar a colaborar en sectores dispares. 
Ambas vías son necesarias para fomentar la evolución de Rusia hacia un incipiente Estado democrático de Derecho. Éste es un interés recíproco. 
Eso significa, en consecuencia, que condenamos la flagrante violencia en Chechenia, y que debemos buscar opciones para poner fin a la guerra y contribuir a aliviar las necesidades y que, por tanto, la presencia de la Unión Europea y de la OSCE es necesaria allí. 
Afortunadamente, sabemos que nuestras críticas no resultan indiferentes en Rusia. 
Eso aparece en muchas conversaciones que uno mantiene en ese país. 
Así mismo, Rusia quiere, al fin y al cabo, ser medida con las mismas normas que aceptamos para nosotros mismos. 
También nos corresponde hacer un comentario serio sobre las medidas en materia de visados respecto de Georgia, que se han examinado recientemente, en tanto recogidas en enmiendas. 
Espero que el próximo mes se tratará más detalladamente en el debate de actualidad, y propongo que en estas resoluciones solamente se dé un adelanto limitado de ese debate. 
En particular, espero aceptar la mitad de las enmiendas de los Verdes en este punto. 
También nos interesa criticar las relaciones todavía no reguladas entre Rusia y los estados bálticos. 
No se opondrán estos últimos. Necesitan que Rusia también regule y establezca bien sus asuntos con ellos. 
En lo que a la cooperación con Rusia se refiere, la respuesta rusa al documento estratégico de la Unión Europea ofrece buenos puntos de referencia. 
La entrada en vigor de la cooperación científica y tecnológica con la Federación Rusa constituye un buen ejemplo. 
Posteriormente, se vio que la interrupción de esa cooperación no fue un éxito, especialmente porque resulta que hay poca cooperación en ese tipo de acciones entre la Unión Europea, por una parte, y otros actores importante, como Japón o los Estados Unidos, por otra. 
Debemos recordar muy bien esta lección de cara al futuro. 
La dimensión nórdica constituye un claro ejemplo a la hora de programar de forma concreta cooperación. 
Esta concepción está, políticamente hablando, infrautilizada. Este concepto es especialmente importante en los ámbitos del aprovisionamiento de energía, la preocupación por el medio ambiente, la recogida de los residuo nucleares, el desmantelamiento de los submarinos nucleares. 
Además, existen diversas formas de cooperación transfronteriza que evitan el comienzo de grandes disparidades en términos de prosperidad. 
En ese mismo marco, caben iniciativas para cooperar con la región de Kaliningrado. 
Abogamos por que se cree una línea presupuestaria específica para el desarrollo coherente de esta dimensión nórdica, tal como ya existe en el caso de los tres estados bálticos. 
Además, opino que el interés de Rusia no se manifiesta verdaderamente en el presupuesto, pero discrepamos en ese punto de los socialdemócratas. 
Si se mira bien, resulta que Rusia supera algo a Marruecos en el presupuesto, y creo que eso no es adecuado. 
Por otra parte, puedo sobrevivir si el considerando G sobre esta cuestión se suprime y, gracias a ello, esta resolución puede contar con el respaldo de los socialdemócratas y obtiene una mayoría más amplia, ya que supondrá una señal más clara para Rusia. 
La cooperación se extenderá también, esperemos, a la política exterior. 
La resolución efectúa un llamamiento a la Comisión, en tanto institución a la que corresponde la iniciativa, y al Alto Representante, en tanto coordinador de la política. 
Pueden nombrarse varios ámbitos en los que encontramos puntos de referencia, tal como los Balcanes, la región del Cáucaso y Asia Central. 
Así mismo, sería útil una conversación más relajada sobre los intereses mutuos en materia de seguridad, en la que desde luego, para mí y para otros, y para la mayoría de mi Grupo, la OTAN y, dentro de ella, la relación con Norteamérica, tiene prioridad absoluta en los asuntos de seguridad. 
Seguimos con gran interés la evolución de la sociedad y de la política interior rusas. 
Esperamos que se establezca a tiempo una verdadera sociedad civil, que constituya una base duradera para una verdadera democracia política. 
Espero que se establezcan contactos a todos los niveles entre organizaciones, personas y asociaciones de la Unión Europea con sus homólogos en la Federación Rusa. 
Así, podrá divulgarse mejor la ética de los valores que compartimos. 
Señor Presidente, Rusia tiene que aclararse, decidir qué clase de sociedad quiere crear y determinar su posición en el mundo. 
Durante más de setenta años su desarrollo resultó distorsionado y retrasado por el monstruoso experimento del comunismo, que alcanzó dimensiones amenazadoras para todos nosotros. 
He de decir que acojo con el mayor beneplácito el informe del Sr. Oostlander por su razonable y equilibrado planteamiento, en el que elogia las reformas constructivas y critica las violaciones flagrantes de los derechos humanos. 
Pero permítaseme decir unas palabras sobre nuestra relación estratégica. 
Además de fomentar una fuerte relación económica entre la Unión Europea y Rusia, junto con medidas de cooperación política, debemos procurar no crearnos como una dependencia estratégica. 
Por ejemplo, se ha propuesto, en el marco de la política europea de defensa- sobre la cual he de decir que seguimos abrigando reservas -, que la Unión Europea podría recurrir a Rusia para que aportara capacidades estratégicas en materia de puente aéreo para complementar los acuerdos ya existentes entre la UEO y Ucrania. 
Ahora bien, soy partidari0 de alentar a Rusia y a Ucrania a que se nos aproximen y cooperen con otros países de la alianza en tareas de gestión de crisis, pero no sería partidario de que nos aproximáramos a ellos o ajustásemos nuestras políticas para hacer un lugar a esos países. 
Si los europeos llegaran a depender logísticamente de Rusia, se crearía una situación muy peligrosa. 
Si no tenemos nuestro propio puente aéreo estratégico, ya tenemos un aliado probado en los Estados Unidos... y en ese marco estoy seguro de que el Sr. Oostlander no desea que Rusia suplante a los Estados Unidos como socio estratégico para Europa. 
En nuestras relaciones con Rusia debemos actuar en la máxima armonía posible con los Estados Unidos y, desde luego, no debemos dar la impresión a Rusia de que hay divisiones que pueda aprovechar. 
Eso no redundaría en provecho de nadie. 
En segundo lugar, debemos procurar al máximo velar por la diversidad de la producción y el abastecimiento de energía. 
Ya el 40% del abastecimiento de gas natural para la UE procede de Rusia y ahora una proporción cada vez mayor de importaciones de petróleo proceden de los países de la CEI, en los que las reservas conocidas son mayores que las de los Estados Unidos y el mar del Norte combinadas. 
Muchas de las rutas al respecto atraviesan zonas con grandes conflictos. 
Nos interesa hacer todo lo que podamos para contribuir a estabilizar esa región por medios económicos y políticos y procurar no hacer nada que fomente o sostenga la inestabilidad en el Cáucaso y en las regiones meridionales de Rusia. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la estrategia común para Rusia representa la primera estrategia común en la historia de la Unión Europea. 
Esto refleja la importancia que la UE concede a sus relaciones con Rusia. 
La doble estrategia de cooperación y de crítica desarrollada por el Sr. Oostlander en su informe es adecuada a la situación de Rusia desde el punto de vista de mi Grupo político. 
Pero en cualquier caso, se trata de un tema complejo que exige que todas las instituciones y Estados miembros actúen realmente de un modo rigurosamente coordinado y precavido. 
Tal como revela el informe de nuestro colega Oostlander, esto no es con frecuencia tan sencillo y como Parlamento debemos prestar atención para trabajar aquí de modo muy cuidadoso. 
Respecto a los puntos más importantes del informe: Rusia es sin duda un importante interlocutor de la Unión en cuestiones de seguridad y económicas y el PKA ofrece a este respecto la necesaria base contractual y- si se aplica totalmente- también los correspondientes instrumentos para poder reaccionar ante las más variadas evoluciones. 
Así, el tratado contiene una cláusula de derechos humanos así como disposiciones sobre cuestiones relativas a la construcción de un Estado de derecho democrático. 
Nuestras relaciones comerciales con Rusia han experimentado en los años pasados unas oscilaciones extremas en función de las diversas situaciones de crisis. 
Pero en Rusia lo que falta en especial son inversiones directas extranjeras. 
A ello viene a sumarse una enorme salida del país de los beneficios de las empresas rusas. 
Si esta situación no la cambia Rusia con la máxima rapidez mediante la creación del necesario marco jurídico y de seguridad creando de este modo un clima más amigable para las inversiones, entonces apenas se podrá ver una salida a la crítica situación económica a pesar de los elevados precios del crudo existentes actualmente. 
Y aquí un programa TACIS solamente puede intervenir de un modo muy limitado por no decir que solamente puede ser una gota de agua en el mar de necesidades. 
Por ello, la tarea primordial de la Comisión debería ser la de elevar la efectividad de los créditos de este programa y en especial aumentar su visibilidad. 
Creo que es importante que esto quede dentro de la responsabilidad política de los actores y no se produzca una gestión de proyectos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, creo que siempre se infravalora que el equilibrio con Rusia es una garantía de paz para Europa. 
Esto subraya la importancia de la estrategia con Rusia y, al mismo tiempo, la importancia de su informe, estimado colega Oostlander. 
Ya se ha indicado que Rusia es en cualquier caso un interlocutor difícil. 
Incluso aunque el Presidente Putin nos garantice el desarrollo democrático de su país, él no es automáticamente un garante de una Rusia estable y democrática. 
El orden democrático no es aún una realidad vivida en Rusia. 
En mi opinión, es un problema en especial para la cooperación con la Unión Europea. Pues nosotros consideramos el reconocimiento de los derechos humanos y de las minorías como una base para una cooperación de este tipo y así lo hemos expuesto claramente. 
Esto significa que esta estrategia de dos vías, que es la idea de este informe, es muy, pero que muy importante. 
Deseamos una cooperación destacada con Rusia pero no aceptamos que Rusia prosiga la guerra contra la propia población en Chechenia desde hace un año ininterrumpidamente. 
Criticamos además abiertamente la provocadora política de visados de Rusia frente a Georgia y exigimos que se anule inmediatamente la decisión. 
Tampoco toleramos que se pisotee en Rusia la libertad de prensa. 
Creo que el plan Prodi puede aportar una nueva calidad en la cooperación con Rusia y representa una base importante. 
Recordemos que en la Unión Europea existía también una base ya que el plan sobre el carbón y el acero garantizaba una cooperación pacífica permanente entre Alemania y Francia. 
¿Y dónde nos encontramos ahora? 
De un modo exactamente igual, una comunidad energética con Rusia puede obtener una dimensión política. 
Esto significa que tenemos una responsabilidad común por la paz en el Cáucaso, por la protección del medio ambiente en Rusia y por los derechos de los pueblos que la habitan. 
Señor Presidente, hay que proceder a cooperar con Rusia, herida a nivel estatal, para contribuir a que Rusia se convierta en un Estado europeo civilizado sediento de cultura. 
El informe del Sr. Oostlander es crítico y volcado a la colaboración. 
Hay que aunar esfuerzos para curar las heridas que los 10 años de capitalismo salvaje han provocado en Rusia. 
Los embargos no surten efecto en este punto. 
En Rusia hay ahora malestar. 
No existe una clase media, sólo hay gente riquísisma y gente pobrísima. 
La mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. 
La degeneración moral es grande, casi comparable a la de Sodoma y Gomorra. 
Se teme que el número de personas con sida positivo ascienda en los próximos años a 600.000, y esta epidemia se está extendiendo también a los jóvenes. 
El 80% de los contagios actuales afecta a menores de 25 años. 
Desciende la natalidad y aumenta la mortalidad, y la reducción neta de población es del orden de un millón de personas al año. 
Esto es una muestra del malestar de la población. 
Otro lastre del país es la protección de la naturaleza y de las personas frente a las consecuencias de antiguos errores. 
Quedan almecenadas 300 toneladas de bacterias de la plaga de la patata que fueron elaboradas para la guerra biológica, y una pequeña dosis es mortal. 
Como resultado de las negociaciones para el desarme, hay que eliminar decenas de miles de toneladas de plutonio residual. 
La UE debe ayudar a Rusia, porque haciéndolo podrá prevenir también sus propios riesgos. 
El sector de cooperación de más importancia es la política energética, relacionada con la política de superpotencias, por ejemplo, en cuestiones como las rutas que se usarán para transportar el petróleo y el gas desde el este hasta el oeste. 
Hoy por hoy, entre un 30% y un 40% del gas importado por los países de la UE procede de Rusia, y dentro de 10 años la UE dependerá casi por completo del gas ruso. 
No hay norte, sur ni oeste, desde donde se pueda importar gas. 
Los países de la UE no deben configurarse como una prolongación geopolítica de EEUU en materia de gasoductos y oleoductos. 
La UE no supone una amenaza para los rusos, sino que la amenaza sería un mundo polarizado bajo el control de EEUU. 
Los rusos no están en condiciones de oponerse, al menos por el momento, a la maquiavélica ampliación de la OTAN por medio de la militarización de las estructuras de la UE. 
Nosotros no debemos ser insidiosos por nuestra parte, sino que debemos construir la Europa de la cooperación económica. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que debemos reconocer al Sr. Oostlander su acierto al insistir en la importancia del papel de la Comisión, y en particular del Sr. Patten, Comisario encargado de las Relaciones Exteriores, en la aplicación de esta estrategia común. 
Contrariamente a lo que han dicho otros oradores, no creo que dicha estrategia haya sido un éxito hasta hoy. 
Por desgracia, los grandes escándalos financieros que siguen salpicando las relaciones rusas con el mundo financiero internacional y con una serie de proyectos de la comunidad internacional están ahí para recordárnoslo. 
No estoy realmente de acuerdo con el Sr. Oostlander en su enfoque de la cuestión de los derechos humanos, de la cuestión de la democracia en el contexto de la Federación Rusa. 
He presentado una serie de enmiendas encaminadas a insistir con más firmeza en estas cuestiones. 
El Sr. Oostlander no acostumbra a reservar una acogida favorable a mis enmiendas y, por tanto, no me ha sorprendido no verlas. 
Respecto de Chechenia en particular, no creo que pueda decirse, señor Oostlander, que la solución no puede ser sólo militar. 
Pienso que la solución no puede ser militar, que la situación lo demuestra claramente y que la solución sólo puede ser política. 
El propio Sr. Putin, y lo haríamos peor que él, dice que la cuestión del futuro estatuto de Chechenia no es lo principal. 
Y nosotros, no nos atrevemos a decir semejante cosa en nuestro informe. 
Me parece inaceptable. Como me parece inaceptable no decir que es absolutamente intolerable, tras un año y medio de guerra en Chechenia, que nuestro Comisario encargado de la ayuda humanitaria, el Sr. Nielson, todavía no ha puesto un pie en Chechenia. 
Como creo que es inaceptable que la Unión Europea siga sin hacer nada ante los asesinatos de periodistas que cubren la guerra de Chechenia. 
No son casos aislados, sino que se repiten. 
Un miembro de mi partido, un militante radical, periodista, fue asesinado hace algunas semanas en Tbilissi, ciudad que está claramente bajo el mando de las fuerzas rusas. 
No creo que la Comisión y el Consejo puedan seguir sin reaccionar ante un suceso de semejante gravedad. 
En cuanto al Cáucaso, el Sr. Van Orden tiene toda la razón. 
Estamos asistiendo a una degradación de la situación en Georgia absolutamente terrible. 
El país se encuentra totalmente desestabilizado, ahogado literalmente por la Federación de Rusia. 
"Revienta" y la Unión Europea no opone ninguna respuesta concreta a la denegación, a la prohibición de las autoridades rusas, a este asunto de introducción de visados. 
Podría responder suprimiendo los visados para los georgianos que se desplacen a la Unión Europea, podría y debería empezar a pensar en la adhesión de Georgia antes de que sea demasiado tarde, antes de que nos encontremos con unos nuevos Balcanes a las puertas de Europa. 
Señor Presidente, el curso actual del Kremlin no suscita optimismo ni mucho menos. 
En el interior, el Presidente Putin opta sencilla y llanamente por una política de recentralización forzada bajo el lema: todo el poder para el Kremlin. 
En el exterior, Moscú no desea cumplir sus obligaciones internacionales. 
La actitud de la diplomacia rusa durante la cumbre de la OSCE celebrada en Viena a finales de noviembre lo dice todo. 
Ni retirada de Moldavia de las fuerzas rusas, ni cierre de las bases militares rusas en Georgia. 
La implantación de un visado para los georgianos, con la excepción de los habitantes de Abjasia y Osetia del Sur ¿No concuerda eso totalmente con la idea del ponente de una cierta convergencia entre la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y Rusia en el Cáucaso? 
Al fin y al cabo, así se da una señal equivocada al señor del Kremlin, Putin, en un momento totalmente inoportuno. 
Estos días, el famosos político ruso de la oposición, Grigori Yavlinski, ocupa de nuevo las columnas de los periódicos occidentales. 
Condena con palabras hirientes la actitud carente de crítica de Occidente respecto del habitante del Kremlin. 
Cito textualmente: los políticos occidentales no entienden a Rusia. 
Más grave todavía, tienen miedo de Rusia. De ahí que elijan el camino más simple. 
Quieren tener un amigo en el Kremlin. 
Lo que suceda en Rusia, con la población, con la sociedad, les da igual. 
El informe del colega Oostlander desmiente esto sin más, mis felicitaciones. 
Sin embargo, Jawlinskij esboza nuestro forcejeo con el fenómeno ruso de forma muy acertada. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, me permito dar las gracias y felicitar a nuestro colega, el Sr. Oostlander, por este informe tan bien elaborado. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa hemos conseguido que fueran aceptadas nuestras propuestas más importantes y hemos apoyado la aprobación del informe en la votación final. 
En el informe del Sr. Oostlander se critica de forma clara el uso desproporcionado de la fuerza perpetrado por Rusia en Chechenia. 
También se ponen claramente de relieve las carencias en materia de democracia y de derechos humanos. 
Por otra parte, el informe apoya la estrategia común de la UE con Rusia. 
Existe un deseo de estrechar la colaboración con Rusia. 
Se presenta la creación de una partida presupuestaria para la dimensión nórdica y, además, la inclusión en la misma de la ayuda destinada a Rusia. 
El informe apoya el desarrollo de la cooperación energética entre la Unión y Rusia. 
Para la Unión es importante que el suministro de petróleo y gas natural quede garantizado a través de la creación de alternativas. Hay que acelerar la puesta en marcha de la explotación de los recursos de gas y petróleo existentes en la región de Barents, así como impulsar la producción de las regiones de Kom y del mar Caspio y mejorar técnicamente los conductos que parten de allí. 
Ahora que la Cumbre de Niza parece abrir una vía rápida para ampliación de la Unión, es importante que abordemos decididamente los problemas que la ampliación amenaza con crear en el marco de las relaciones entre los nuevos Estados miembros y Rusia. 
Se necesita flexibilidad, sobre todo en lo concerniente a los procedimientos relacionados con el comercio y la circulación de las personas. 
En cualquier caso, la solución fundamental consiste en que se estreche la cooperación entre la Unión y Rusia de tal modo que se vayan cerrando las brechas fronterizas existentes. 
Conforme vaya ampliándose la Unión, también será importante plantearse la diferenciación interna de la misma, hecho que, a su vez, podría contribuir a atenuar los problemas de las regiones fronterizas. 
Por otra parte, cabe esperar que la Federación Rusa se plantee proceder a una descentralización de los poderes y a una diferenciación interna que pemita una reducción de las brechas fronterizas. 
Con ello quiero decir, por ejemplo, la creación de regiones de economía especial en Kalingrado, Murmansk, Carelia y en otras zonas de Rusia colindantes con la Unión. 
Señor Presidente, quiero felicitar al colega Oostlander por su excelente y amplio informe, por el tiempo excepcional que ha invertido y por su actitud abierta para recoger sugerencias de terceros. 
Quien observe a Rusia desde fuera y reciba impresiones aisladas del país y de interlocutores rusos corre el peligro de declarar selectivamente esto como la realidad del país que encaja precisamente en su imagen de Rusia. 
La actual discusión sobre los símbolos rusos del Estado nos muestra que en Rusia hay varias realidades. 
Tenemos la bandera estatal de Pedro el Grande junto a la bandera roja para el ejército, está el águila zarista bicéfala como escudo del Estado junto al himno nacional estalinista. 
Quizás estos símbolos opuestos no estén tan alejados unos de los otros, pero representan a su modo al menos un Estado autoritario. 
Pero el espectro existente entre estas antípodas históricas es múltiple y la sociedad rusa no se puede reducir u orientar en su dinámica a una u otra alternativa autoritaria. 
Mi experiencia personal es que cada vez me entusiasmo más cuando me encuentro con rusos jóvenes, de mentalidad abierta y bien formados pero las estructuras rusas, ya sea el estado, la economía o las estructuras mafiosas, me deprimen cada vez más. 
El mejor modo de ayudar a Rusia es si, por un lado, evitamos una condena global pero, a pesar de ello, ponemos claramente el dedo sobre estructuras o políticas no sanas, como la política de Chechenia. 
Por otro lado, deberíamos alabar también los acontecimientos positivos sin poner por ello de color rosa a Rusia en su totalidad. 
Aportamos desde el exterior estabilidad cuando mandamos a Rusia unas señales claras y concretas sobre cómo deseamos configurar la cooperación. 
Con la adhesión de Polonia y de los Estados bálticos a la UE, queremos aprovechar la mayor cercanía geográfica a Rusia para intensificar la cooperación transfronteriza en las áreas de San Petersburgo, Nowgorod y Königsberg-Kaliningrado. 
Los sectores del transporte, energía, medio ambiente o seguridad interna se encuentran totalmente arriba en la lista de posibilidades. 
Antes de la adhesión de Polonia y Lituania a la UE se deberían terminar las negociaciones sobre unas soluciones creativas para la población en el territorio de Kaliningrado en lo referente a su futura libertad de tránsito por Lituania y Polonia. 
¿Porqué no se podría convertir Kaliningrado en un proyecto piloto en un doble sentido, por un lado, en lo que se refiere al potencial de cooperación económica de Rusia con la UE y, por otro, en lo que se refiere a la capacidad de Rusia para dar con nuestra ayuda pasos básicos de reformas, como la agraria, fiscal y administrativa? 
Esta es la vía por la que podemos vincular Rusia a la UE. 
Señor Presidente, la Unión Europea ha aprobado en los años pasados diversos documentos relacionados con Rusia que constituyen una buena base para unas estrechas relaciones con la Federación Rusa. 
Aquí se incluye la estrategia común. 
En la apreciación de los europeos, Rusia pertenece claramente a Europa a pesar de todas sus contradicciones y nosotros tenemos un gran interés en una Rusia estable, de orientación democrática y de buen desarrollo económico que intervenga en la política internacional con autoconsciencia contribuyendo a configurarla. 
Occidente necesita también a Rusia como importante interlocutor internacional cuando se trata de configurar de nuevo a Europa tras la inflexión histórica experimentada. 
Partiendo de esta constelación de intereses, la Unión ha desarrollado en la estrategia común para Rusia así como en otros documentos unos campos concretos de actuación en muchos sectores. 
Aquí se incluyen entre otros el afianzamiento del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones estatales. 
Aquí se incluye también la creación de una sociedad civil como importante condición previa para el afianzamiento de la democracia. 
En el campo económico, la Unión intenta integrar a Rusia en un espacio económico y social común. 
La Unión es ya hoy el interlocutor comercial, de inversiones y transformaciones más importante de Rusia con más del 40%. 
Pero aquí existen aún grandes reservas. 
Los expertos han calculado que el comercio de la Unión Europea con Rusia representa solamente una tercera parte del volumen que cabría esperar en vista del producto social bruto ruso y de la cercanía de Rusia a los mercados de la UE. 
En el campo político, la estrategia común para Rusia propone entrar en un diálogo permanente sobre política y seguridad y crear para ello un mecanismo permanente. 
Sería interesante proseguir esto pero debido al poco tiempo de que dispongo no es posible. 
La UE concede gran importancia en su política frente a Rusia a la protección del medio ambiente y a la seguridad nuclear. 
Desgraciadamente, esta dinámica en las relaciones entre Rusia y la UE se ha encontrado también con tendencias opuestas, léase Chechenia. Esto ha gravado fuertemente las relaciones. 
El contenido y métodos de la consolidación interna perseguida por el régimen de Putin van a tener una influencia decisiva sobre el carácter de las relaciones. 
Esperamos que la cooperación realista y pragmática practicada actualmente pueda convertirse quizás un día en una cooperación estratégica. 
Señor Presidente, dada la importancia económica y geopolítica de Rusia, la Unión Europea considera que debe encontrar una estrategia común hacia ella. 
El informe contiene muchas frases vacías y, sobre todo, votos piadosos. 
No sólo porque cada una de las grandes potencias europeas se preocupa ante todo por defender los intereses de sus propios grupos capitalistas, sino porque, en el fondo, ¿qué puede ofrecer la Europa capitalista a Rusia? 
¿El crecimiento económico? 
Desde hace 10 años, la economía rusa no ha dejado de hundirse. 
¿El fin del reinado de las colas? 
Pero ¿de qué vale que las tiendas estén más o menos surtidas, si con el paro, las jubilaciones y los salarios bajos o incluso impagados, una tercera parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza y no tiene dinero para comprar los productos? 
¿La democracia? 
Pero si bajo ese nombre reinan las mafias oficiales y oficiosas. 
¿La libertad? 
Pero si la libertad que la reintroducción del capitalismo ha aportado a Rusia se limita a la libertad de un pequeño estrato de burócratas surgidos del régimen anterior para saquear las riquezas naturales y transferir los fondos a bancos occidentales. 
Y además, ¿qué significa la libertad para el pueblo checheno? 
Al votar en contra de este informe, quiero resaltar la incapacidad de la economía capitalista y del mundo occidental para aportar progreso y bienestar a los pueblos de la Federación de Rusia, como a la mayoría de los pueblos del planeta. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Oostlander sus valiosos esfuerzos como ponente. 
Como cristianodemócrata sueco respaldo plenamente el modelo de dos estrategias que el Sr. Oostlander presenta con una enérgica, consecuente y permanente crítica de todos los delitos contra los derechos humanos, especialmente los cometidos en Rusia, pero que también significa una colaboración cercana y confiable con este país, nuestro gran vecino del Este. 
En la exposición de motivos del informe se dice en el punto KK: "Dado que Rusia forma una unión política con Belarús, la legitimidad democrática de Rusia requiere que tanto su Presidente como su Gobierno hagan hincapié de manera clara y persistente en la enorme necesidad de reformas democráticas que tiene Belarús, sobre todo a la luz del informe que la troika parlamentaria de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) presentó el 16 de octubre de 2000 en Mink". 
Quisiera subrayar la gravedad de que Rusia constituya una unión política con Belarús. 
En relación con el informe que presentamos en Minsk, hicimos hincapié, en primer lugar, en que el parlamento de Belarús carece actualmente de poder, no puede legislar, carece de derecho a veto contra los decretos presidenciales y no puede aprobar presupuestos. 
En segundo lugar, señalamos que la ley de elecciones ha descalificado a una cuarta parte de los candidatos en la llamada elección parlamentaria de octubre. 
En tercer lugar, nos ocupamos del acceso a los medios de comunicación, un sistema controlado por el estado e injusto. 
En cuarto lugar, destacamos la ley penal administrativa, que imposibilita instar al pueblo al boicot de las elecciones. 
Belarús constituye, por tanto, una unión política con Rusia. 
Es importante destacar la gravedad de esto, también para Rusia. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, las cuestiones relacionadas con los derechos humanos son importantes para nosotros y no son parte exclusiva de la vida privada de ningún país. 
Tal es el caso de la guerra de Chechenia y, por ejemplo, la legislación laboral que se está llevando a cabo reduce los derechos de los trabajadores de forma bastante dramática. 
Sin embargo, ya hemos probado la estrategia del embargo, la cual no surtió ningún efecto en esta guerra. 
La estrategia doble presentada por el Sr. Oostlander proporciona una salida, y le doy las gracias por ello. 
Se trata de la primera estrategia rusa de nuestra historia. 
Efectivamente, la cooperación multifacética contribuye a la estabilización de la situación en Rusia. 
Éste es el primer paso; después intentaremos lograr que las leyes sean respetadas, lo cual sería el segundo paso. 
Por añadidura, el desarrollo económico proporcionará más estabilidad, y cuarto, como resultado de lo anterior, aparecerán rasgos de la sociedad de los ciudadanos. 
El resultado final será la existencia de más derechos humanos, cosa que todos nosotros echamos de menos. 
Se trata, pues, de un edificio de múltiples plantas, cuya construcción se hace posible a través de este informe. 
Por ello, considero que esta iniciativa es importante. 
Hemos creado una etapa de cooperación con Rusia, país en el que habido un relevo del poder político. 
Mantenemos el espíritu crítico, pero no rompemos las relaciones con Rusia como hicimos al finalizar su guerra civil, tras la cual se produjeron las persecuciones de Stalin y todas aquellas calamidades. 
La dimensión nórdica, de gran relevancia, recibe en esta propuesta su propia partida presupuestaria, hecho de una importancia fundamental. 
Yo propongo que las cuestiones energéticas sean el motor de este proyecto tan importante, ya que se trata de algo necesario y es un sector en el que hay y se mueve dinero, de modo que éste puede ser empleado también en el ámbito de las infraestructuras, tales como hospitales, proyectos medioambientales, etcétera. 
Dinero proveniente de la energía, he ahí la raíz de la necesidad de cooperación para ambas partes y, sobre todo, para las zonas septentrionales de Rusia, que yo invitaría a tener en cuenta en dicho país. 
En esas zonas reina la paz y no hay necesidad de soldados para vigilar los conductos. 
¿Tienen ustedes la intención de apoyar este proyecto, señor Comisario Patten? 
Señor Presidente, hace pocos días la Duma ha decidido que el himno nacional de Rusia sea el himno soviético. 
La música o la letra y lo que la Duma ha decidido no tiene tanta importancia. 
Importancia tiene que la mayoría de los ciudadanos de Rusia ha apoyado dicho gesto. 
Y mi pregunta es por qué esta gente no ha elegido la Massaliotida o God save the Queen como himno musical de esperanza en algo nuevo, y vuelve hacia el pasado, hacia un régimen que muchos de nuestros señores colegas han caracterizado de inhumano, criminal, etc. 
¿Qué ha significado esta década de la entrada repentina e impetuosa de Rusia en el libre mercado, esta entrada en contacto con los valores de Occidente? 
¿No sabemos qué significa? 
Por supuesto, la responsabilidad es sobre todo de Rusia, de la Rusia del pasado y de la del presente. 
¿Pero están libres de responsabilidad la Unión Europea, los Estados Unidos o las demás potencias? 
Hemos hablado de mafias. 
¿Dónde se han alimentado estas mafias, si no ha sido dentro del propio Kremlin? 
¿Quiénes han sido los protectores, los agentes de Yeltsin durante tantos años? 
¿Quiénes han apoyado a Yeltsin con uñas y dientes en Rusia? 
Estamos hablando de cleptocracia. 
¿A qué bancos está llegando el dinero de los préstamos del extranjero o de la acumulación interna de Rusia? 
¿Llega acaso al banco de La Habana o al de Argel? 
¿Y qué control hay de esto? 
¿Y las redes de prostitución? 
Con todo esto quiero decir que tenemos responsabilidades en esta década, también la Unión Europea tiene responsabilidades. 
Y por lo que hemos oído decir a algunos de los señores ponentes, hemos visto que el prototipo del vencedor existe. 
El modelo del vencedor ha reemplazado al de la guerra fría. 
¿Por qué hablamos de dependencia de Rusia? 
¿Puede realmente la Unión Europea entera, junto con Alemania, el Reino Unido, Italia, España, junto con todos los que hemos visto en Niza, puede depender de Rusia? 
¿O vamos a avanzar en un proceso de dependencia mutua, tal como hacemos con cualquier otra gran potencia del mundo actual? 
Estamos hablando del papel de Rusia. 
¿Cuál ha sido el papel de Rusia cuando las decisiones sobre un espacio vecino, los Balcanes, las ha tomado la OTAN, ignorando incluso a las Naciones Unidas, en las que participa también Rusia, ignorando el organismo para la Seguridad y la Colaboración en Europa? 
¿Cómo es que no aterrorizamos a esta potencia? 
Quiero decir, señor Presidente, que debemos cambiar nuestra postura, no debemos tener ni sembrar miedo, pero debemos buscar un socio que necesita hoy nuestro apoyo y nuestra ayuda. 
Acojo con el mayor beneplácito este informe y quisiera rendir homenaje al Sr. Oostlander por haberlo preparado. 
Su informe ha sido acogido con beneplácito por todos los sectores del Parlamento, excepto, quizás, quienes vuelven la vista atrás con nostalgia de la época, no precisamente dorada, documentada en las numerosas memorias de valerosos disidentes soviéticos. 
Pero es un informe excelente que, como la propia estrategia común, subraya la importancia que atribuimos a la relación- la cooperación estratégica- entre la Unión Europea y Rusia. 
El informe hace suya la llamada "estrategia doble" para con Rusia, que combina las declaraciones francas sobre cuestiones como la de Chechenia- a la que volveré a referirme dentro de unos momentos- con una actuación continua para construir una relación eficaz basada en valores compartidos y cooperación. 
La estrategia común y la estrategia a medio plazo de Rusia para las relaciones con la UE han creado un nuevo dinamismo. 
La estrategia común estableció iniciativas en materia de política exterior, seguridad y lucha contra la delincuencia. 
Otros sectores en los que pretendemos reforzar las medidas de cooperación de la Unión Europea para con Rusia son los de la construcción de la democracia y del Estado de derecho, la sociedad civil, los hermanamientos y la cooperación regional y transfronteriza y, sobre todo, la Iniciativa de la Dimensión Septentrional, a la que se han referido varios de sus Señorías. 
Apoyamos firmemente el programa de reformas económicas del Gobierno ruso, que es decisivo para mejorar el ambiente en materia de inversiones. 
A ese respecto, en la última cumbre entre la Unión Europea y Rusia, Romano Prodi, como ha de saber el Parlamento, lanzó un diálogo de gran alcance sobre la energía. 
Son todos ellos sectores en los que corresponde a la Comisión hacer una contribución importante, como se indica con claridad y repetidas veces en el informe. 
Nuestro programa de asistencia técnica- en particular Tacis- ya responde a muchas de las prioridades determinadas en este informe. 
El programa básico Tacis, que asciende a 34 millones de euros, se centra en la educación, el Estado de derecho, la democracia y el desarrollo de la sociedad civil, incluidos el apoyo a la autonomía, la libertad de los medios regionales de comunicación y la protección de los derechos individuales. 
El programa de acción ulterior- que asciende a 58 millones de euros- se centra en el fortalecimiento institucional, el Estado de derecho en la esfera económica y las mejoras en el ambiente comercial y de inversiones. 
El informe de su Señoría subraya atinadamente la necesidad de que nuestra delegación en Moscú desempeñe un papel más importante en la gestión de nuestra asistencia financiera y estoy decidido a lograr avances importantes en esa dirección como parte de nuestra reforma más amplia de los programas de ayuda exterior de la Unión Europea. 
En el informe figuran observaciones sobre la dimensión septentrional. 
También nosotros la consideramos un mecanismo importante para la cooperación regional y el desarrollo de las regiones de la Rusia nordoccidental y Kaliningrado. 
Estoy deseoso de trabajar en cooperación con la próxima Presidencia sueca para lograr avances concretos respecto de la dimensión septentrional. 
Eso significa centrar nuestras medidas en sectores decisivos como el medio ambiente- al que se han referido varios de sus Señorías- y la seguridad nuclear, en la propia región de Kaliningrado y en la mejora de la coordinación entre las diferentes fuentes de financiación. 
Somos perfectamente conscientes de la urgente necesidad de abordar las amenazas medioambientales que representan las instalaciones de almacenamiento nuclear y los submarinos retirados de la circulación que se están oxidando, en particular en la parte nordoccidental de Rusia, por ejemplo, en torno a la península de Kola. 
Se trata de una tarea colosal. 
Requiere un esfuerzo ruso e internacional combinado. 
La Comisión ha desempeñado un papel de vanguardia en la negociación de un acuerdo internacional con vistas a la formulación del programa multilateral sobre el medio ambiente nuclear para Rusia. 
Esas negociaciones se encuentran ahora en una fase decisiva y esperamos que de aquí a marzo de 2001 se hayan logrado importantes avances. 
También existe una necesidad apremiante de aumentar la sensibilización medioambiental en Rusia. 
Ése es exactamente el objetivo del programa de trabajo medioambiental para la Federación de Rusia, firmado el pasado mes de junio en el marco de nuestro acuerdo de asociación y cooperación. 
Unas pocas palabras sobre Kaliningrado: el acuerdo de asociación y cooperación ofrece ya un marco institucional para nuestro diálogo con Rusia sobre comercio, visados y cuestiones fronterizas. 
Al mismo tiempo, el desarrollo de la región se ha beneficiado ya de los proyectos Tacis que ascienden a unos 30 millones de euros desde 1991. 
Ahora estamos ultimando una comunicación al Consejo sobre Kaliningrado. 
Está en curso la labor para la apertura de una oficina en Kaliningrado. 
Abrigo muchas esperanzas de visitar personalmente Kaliningrado en la primera parte del próximo año y no sólo porque Immanuel Kant pasara toda su vida en esa ciudad. 
Es una cuestión grave que debemos abordar como parte de la dimensión septentrional. 
En todos los sectores que he enumerado estamos cooperando estrechamente con Rusia en beneficio mutuo. 
Estamos trabajando para fortalecer la democracia rusa, fortalecer el Estado de derecho y transformar la economía rusa. 
Todo eso es muy positivo, pero sigue existiendo un grave impedimento para lograr otras mejoras en los vínculos entre Rusia y la Unión Europea: me refiero, naturalmente, a Chechenia. 
En la última cumbre Unión Europea-Rusia, celebrada en octubre, el Presidente Putin reconoció la urgente necesidad de una solución política para ese conflicto. 
He de decir a sus Señorías- y abreviaré lo que habría dicho mucho más por extenso- que estamos profundamente preocupados por la situación en Chechenia en materia de asuntos humanitarios. 
Nos preocupan las continuas informaciones sobre violaciones de los derechos humanos, transmitidas, por ejemplo, por ONG como Médecins sans Frontières y Human Rights Watch. 
Esperamos poder lograr muchos más avances con las autoridades rusas para abordar esas cuestiones en los próximos meses. 
Estamos profundamente preocupados por la probable suerte de miles de refugiados en Ingushetia y Chechenia este próximo invierno. 
Precisamente porque nos tomamos tan en serio nuestras relaciones con Rusia, esos asuntos tienen importancia. 
No se puede barrerlos simplemente bajo la alfombra. 
Tenemos que volver a abordarlos una y otra vez, pero debemos seguir también, como se reconoce en el informe de su Señoría, manteniendo conversaciones con Rusia. 
Debemos evitar el error al que uno de sus Señorías se ha referido antes y que se cometió al comienzo de este siglo, cuando, después de la revolución leninista de 1917, Rusia quedó totalmente excluida de los asuntos europeos con consecuencias desastrosas. 
Así, pues, perseveraremos con la estrategia común para aprovechar los avances logrados y prestar atención a muchas de las observaciones formuladas en el informe de su Señoría y, sobre todo, fortalecer la Federación de Rusia. 
Unas pocas palabras más sobre una observación que han formulado varios oradores en el debate: se trata de la cuestión de Georgia y los visados. 
Ya hemos expresado nuestra profunda preocupación por la forma como Rusia introdujo unilateralmente la obligación de presentación de visado para los ciudadanos georgianos el 5 de diciembre. 
Toda la comunidad internacional, sin excluir a Rusia, está comprometida con el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de los Estados independientes. 
Las acciones de cualquier país en esa región que pudieran tener el efecto de socavar dicha soberanía entrañan importantes consecuencias. 
Si se aplican requisitos más favorables a los habitantes de las regiones secesionistas o si se los exime totalmente de ellos, entrañaría un apoyo a la legitimidad de sus regímenes. 
Georgia es miembro de las Naciones Unidas, miembro de la OSCE, miembro del Consejo de Europa y tiene un Acuerdo de Asociación y Cooperación con la Unión Europea. 
Merece nuestro apoyo. 
Pedimos a los Estados de la región que utilicen los mecanismos de la OSCE para resolver sus diferencias rápidamente antes de que se causen daños reales. 
Felicito a su Señoría una vez más por su extraordinario informe sobre una cuestión muy importante, a la que en los próximos años volveremos a referirnos una y otra vez- estoy seguro- en este Parlamento. 
Su Señoría nos ha aportado una infraestructura política e intelectual muy importante para nuestros futuros debates. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B5-0559/2000) , dirigidas al Consejo. 
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(FR) Como saben, el Consejo ha adoptado una posición común sobre la revisión de la Directiva 90/220/CE. 
En el nuevo texto se prevén condiciones mucho más estrictas para la utilización y la comercialización de los organismos modificados genéticamente. 
La Comisión considera que la nueva directiva permitirá mejorar la situación actual, una vez que entre en vigor. 
Por su parte, el Consejo desea que se adopte rápidamente la directiva para poder regular de forma más estricta la introducción de nuevos OMG en el territorio de la Unión Europea. 
El Consejo desea recordar asimismo que corresponde a la Comisión controlar la aplicación de la legislación comunitaria. 
Al aplicar la directiva a través de sus legislaciones nacionales, los Estados miembros deberán velar por la correcta aplicación de la misma y enviar a la Comisión, al término de cada año, un informe breve y específico sobre el control del uso de todos los productos comercializados, de acuerdo con el artículo 18 de la directiva. 
Además, los Estados miembros y la Comisión deben reunirse periódicamente para intercambiar información sobre la experiencia adquirida en materia de prevención de los riesgos derivados a la diseminación de OMG en el ambiente. 
Por último, la Comisión presentó, con ocasión del Consejo "Mercado interior, consumo y turismo" del pasado 30 de noviembre, un informe sobre el etiquetado y la trazabilidad de los OMG. 
El Consejo examinará las propuestas de la Comisión en el Consejo de "Medio Ambiente" de los días 18 y 19 de diciembre. 
Muchas gracias por su respuesta, señor Ministro. 
La pregunta era la siguiente: ha habido casos en que la directiva no se ha aplicado y se han dispersado en la naturaleza OMG. 
En mi pregunta, cito ejemplos. 
Usted me sitúa en una posición muy difícil. 
La Comisión debería velar por que se respete la directiva. 
Probablemente no lo ha hecho, o lo ha hecho mal, no lo sé. 
Los Estados miembros deberían aplicar la directiva y transponerla a su Derecho nacional. 
No lo han hecho en el caso que nos ocupa. 
Quiero creer que por error. 
Por ejemplo, en Grecia se nos ha dicho, a propósito del algodón modificado, que sería exportado. 
La Comisión nos respondió, en una pregunta semejante a la que yo le he formulado, que se iba a indemnizar a los agricultores y que el algodón modificado genéticamente se exportaría. 
¿Puede sacarme el Consejo de esta difícil posición? 
¿A quién debo dirigirme para obtener información? 
¿Son legales las exportaciones de este tipo de material? 
De verdad me gustaría que se me respondiera. 
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(FR) Le recuerdo que el Consejo ha adoptado una posición común sobre esta propuesta y, por tanto, que el procedimiento de conciliación está llegando a su fin. 
En su conjunto, el procedimiento debería concluir el 4 de enero de 2001, a más tardar. 
La posición común impone a los Estados miembros obligaciones mucho más severas. 
Por consiguiente, creo que por ese lado quedan respondidas las preguntas que planteaba. 
Le he dado toda la información de que dispongo, Señoría. 
¿Conviene el Presidente en ejercicio en que los cultivos de OGM pueden brindar beneficios substanciales para el medio ambiente, la salud humana, los países en desarrollo y la ciencia y las empresas europeas? 
¿Existe algún riesgo de que Europa se pierda los beneficios, si reaccionamos ante la histeria y no ante los hechos científicos? 
En la Cumbre de Lisboa se declaró que la Unión Europea debía ser la economía más dinámica y competitiva del mundo y basada en el conocimiento. 
¿Está dispuesto el Consejo a tomar la delantera defendiendo la industria biotecnológica con un ritmo más rápido de pruebas sobre el terreno y aprobación de productos por los Estados miembros? 
. 
(FR) Me temo que entramos aquí en un debate de fondo que no tenemos tiempo de abordar ahora. 
Creo que hay que medir tanto el alcance como las limitaciones de todo progreso científico. 
Señor Presidente, quiero decir que este debate es muy necesario pues la crisis de la EEB tiene enormes repercusiones sobre los piensos, sobre el cultivo e importación de piensos. 
Actualmente tenemos la prohibición de las harinas animales, por lo que es absolutamente necesario que encontremos aquí una posición clara pues el tiempo apremia debido precisamente a la crisis de la EEB. 
¿Hasta cuándo cree usted que se podrá constatar que podemos disponer en Europa de unos piensos libres al 100% de tecnología genética? 
¿Se va a introducir esta etiqueta en el tiempo más breve posible de modo que el consumidor pueda fiarse de ello y se pueda disponer de unos piensos libres al 100% de tecnología genética? 
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(FR) Le daré la misma respuesta que a su predecesor. 
Es un debate que debe celebrarse, pero creo que el Turno de preguntas no se ha hecho para eso. 
Esto es muy insatisfactorio. 
¡Para esto está el turno de preguntas! 
Formulamos una pregunta y tenemos derecho a formular otra complementaria y, desde luego, esperamos una respuesta apropiada del Consejo de Ministros. 
Para eso venimos aquí. 
Señor Presidente, espero que presente usted una protesta ante el Consejo. 
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(FR) Con todo, me gustaría responder a la insatisfacción de su Señoría, para que figure en el Acta, porque tampoco se puede consentir que se diga algo que no es justo. 
Nos encontramos en el marco de un ejercicio muy reglamentado: se pide al Consejo que responda a un número muy elevado de preguntas extremadamente precisas en muy poco tiempo, y creo que nadie puede pretender que se desarrollen en un minuto temas sociales tan complejos. 
Por parte del Consejo, sería tan imprudente como estúpido. 
Así pues, estoy totalmente dispuesto a proponer que se celebre ese debate: simplemente, hay que elegir el marco más adecuado. 
Creo que si me pusiese a improvisar preguntas sobre los OMG en un minuto sería un irresponsable, y ese no es el espíritu de esta Presidencia. 
Pregunta nº 2 del (H-0871/00): 
Asunto: Situación en Chechenia ¿Qué opina el Consejo de la situación actual en Chechenia y qué esfuerzos ha realizado en los últimos seis meses para detener el derramamiento de sangre que se está produciendo allí? 
. 
(FR) El Consejo está profundamente preocupado por la situación en Chechenia: se siguen produciendo actos violentos y la situación humanitaria es muy preocupante a la entrada del invierno. 
Por el momento, no hay señales de una solución política del conflicto. 
El Consejo ha expresado su preocupación en numerosas reuniones con Rusia, a todos los niveles, en particular para disuadirla de hacer un uso excesivo de la fuerza y evitar una posible extensión del conflicto, para que proceda a investigaciones independientes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos, para que apoye al grupo de asistencia de la OSCE en el cumplimiento de su misión y, por último, para que vele por el transporte de la ayuda humanitaria. 
En particular, el Consejo ha destacado constantemente que sólo una solución política podría poner fin a esta crisis. 
En la última Cumbre Unión Europea/Rusia, celebrada el pasado 30 de octubre en París, los dos presidentes abordaron el tema. 
El Sr. Putin se mostró de acuerdo en la necesidad y la urgencia de encontrar una solución. 
Por primera vez, Rusia ha aceptado una formulación en este sentido del comunicado conjunto de la Cumbre. 
En este contexto, el Sr. Putin, si bien se declara contrario a un diálogo con los que denomina "los terroristas", resaltó que había que distinguir entre estos últimos y quienes lucharon de buena fe por la independencia de Chechenia. 
Además, afirmó que el grupo de asistencia podría regresar próximamente a Chechenia. 
Dejo constancia de que todavía no ha sido así. 
Señor Presidente, dos breves preguntas adicionales. 
Primera: ¿ha esta el Consejo en contacto con el Presidente Maschadow elegido democráticamente bajo la supervisión de la OSCE y con otras fuerzas democráticas chechenas para encontrar soluciones de paz? 
Segunda: ¿se ha informado el Consejo a través del Comisario sobre derechos humanos del Consejo de Europa, quien se encuentra bien representado in situ? 
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(FR) No tengo elementos de información suficientemente precisos para responder a su pregunta complementaria. 
Lo único que puedo decirle es que mantenemos una estrecha relación con el Comisario encargado de los derechos humanos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en el Parlamento hemos intentado en vano incitar al Sr. Nielson, Comisario encargado de los asuntos humanitarios, a ir a Chechenia, no sólo de visita, sino para hacer un estudio serio de la situación humanitaria. 
No lo hemos conseguido. 
¿Podría la Presidencia francesa relevarnos y ponerse en contacto con el Sr. Nielson para pedirle con alguna insistencia que viaje rápidamente a Chechenia? 
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(FR) Por supuesto, la Comisión será informada del contenido de nuestros debates. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. Es usual en esta Asamblea que las preguntas que no se pueden responder oralmente de modo suficiente se respondan más tarde por escrito. 
Rogaría al Sr. Presidente del Consejo que si no puede responder oralmente a nuestras preguntas al menos lo haga por escrito. 
Como ustedes saben, estamos examinando la reorganización de nuestros trabajos. 
Entre los muchos puntos examinados en el texto del Vicepresidente Provan existe también el tema de cómo se ha de desarrollar el turno de preguntas dirigidas al Consejo y a la Comisión. 
En efecto, en numerosas ocasiones hemos registrado cierta insatisfacción tanto por parte del Consejo y de la Comisión como por parte de sus Señorías. 
Por lo tanto, si el Consejo lo desea puede responder por escrito, de acuerdo con su solicitud. 
Así y todo, es preciso tener en cuenta que, de hecho, en ciertos casos es imposible responder a las preguntas complementarias, en otros es difícil y en pocos casos puede resultar sencillo. 
Señor Presidente, sólo quería decir que en las otras Presidencias del Consejo era usual que a las preguntas adicionales se respondiese con precisión. 
El Presidente del Consejo debe saber si se ha encontrado o no con el Sr. Maschadow. 
No puede decir que no tiene informaciones precisas al respecto. 
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(FR) Quisiera abundar en el sentido de lo dicho por el Presidente hace un momento. 
Es evidente que el Turno de preguntas no resulta satisfactorio. 
He venido muy a menudo al Parlamento Europeo y me he entregado a toda suerte de ejercicios apasionantes. 
Este no lo es, porque, como salta a la vista, el hemiciclo dista mucho de estar lleno. 
Han venido una decena. 
Digo que no es satisfactorio ni para el Consejo ni para el Parlamento. 
No se alteren. 
(Interrupción del Sr. Posselt) 
Escuchen, déjenlo ya, en cualquier caso es un asunto ridículo. 
Intento exponerles simplemente una cuestión de funcionamiento colectivo, con respecto a la cual he escrito a la señora Presidenta, Nicole Fontaine, que está de acuerdo conmigo. 
Creo que este procedimiento debe reformarse de un modo muy simple, para que los diputados puedan recibir respuestas más concretas a temas que deben estar mejor organizados. 
La Presidencia del Consejo, estimado señor, no es un gobierno o una persona, es un país que trabaja con los servicios de la Secretaría general del Consejo, y aquí les proporcionamos las respuestas precisas que tenemos a preguntas precisas. 
Si quiere hacer el denominado filibustering, esto puede durar horas. 
Por tanto, habrá que modificar o reformar el procedimiento. 
Insisto en este punto, y no tiene nada que ver con juicios de valor totalmente fuera de lugar, Señoría. 
. 
(FR) El Consejo recuerda a su Señoría las conclusiones que adoptó en su reunión de 19 de mayo de 1998 en materia de fraude en los sectores del alcohol y el tabaco. 
En esa ocasión, destacó la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión ataquen el fraude en el ámbito de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. 
También aprobó el resumen del informe del grupo de alto nivel "fraude sobre el alcohol y el tabaco". 
Por último, resaltó la importancia, sin perjuicio del resultado del estudio de viabilidad propuesto por la Comisión, de un sistema de control informatizado como objetivo a largo plazo. 
El Consejo se comprometió asimismo a adoptar, entre tanto, disposiciones dirigidas a aplicar sin demora un sistema eficaz de alerta rápida que funcione de manera selectiva. 
Desde entonces, la Comisión ha trabajado en este sentido. 
A este respecto, el Consejo pide a su Señoría que se dirija directamente a esta última institución para conocer los detalles y la marcha de las medidas citadas. 
Señor Presidente, creo que la pregunta era bastante específica. 
El diputado en cuestión, o sea, yo, ha tratado de dirigirse a la Comisión que, informalmente, le ha informado del estado que podríamos llamar de impasse en que se encuentra el asunto. 
Esta directiva es de 1992. 
El problema es conocido y archiconocido y se instala dentro del problema, más grave, de los fraudes fiscales, al que todos nosotros somos muy sensibles, aunque también causa daños y perjuicios muy notables a las empresas que no disponen de ningún medio para poderlo coordinar o controlar. 
Por este motivo tuve que dirigirme al Consejo. 
Ahora tomo nota de que usted habla de un compromiso. 
Como pregunta complementaria quisiera preguntarle si usted está en disposición de hacer una previsión, dado que la Comisión parece estar dispuesta a hacerla, mientras que dentro del Consejo, si he entendido bien, hay reticencias o cierto desacuerdo. 
Si usted puede desmentirlo, estaré muy satisfecho y deduciré que todo va a proceder muy rápidamente. 
En términos generales, la situación actual en materia de fraude en el ámbito de los impuestos, tanto indirectos como directos, y la posibilidad de reforzar la cooperación administrativa en estos campos fueron el tema de un debate durante la sesión del Consejo "Ecofin" de 5 de junio de 2000; así pues, hace poco. 
Con tal ocasión, se consultó al Consejo sobre el informe de un grupo ad hoc sobre la lucha contra el fraude fiscal instituido por el Coreper el 8 de septiembre de 1999. 
Dicho informe demuestra, como muy bien dice, que el fraude fiscal en la Comunidad alcanza un nivel preocupante. 
Todos los Estados miembros han confirmado su voluntad de intensificar la lucha contra el fraude, tanto en su interior como en el contexto de sus relaciones. 
El Consejo ha pedido a la Comisión que presente lo antes posible propuestas a partir de todas las recomendaciones que han sido objeto de un acuerdo unánime durante los trabajos del grupo ad hoc. 
Aquí entrarían también las medidas que deben adoptarse para resolver los problemas específicos del fraude en el ámbito de los impuestos especiales. 
Y en este contexto que le he indicado es en el que ha estado trabajando la Comisión, sin que tenga por mi parte conocimiento de desacuerdo alguno. Creo, en efecto, que puede preguntar a la Comisión sin temor a discordancias de puntos de vista con el Consejo. 
Tengo la sensación de que la lucha contra el fraude debería contar con mucho más poder comunitario, y creo que la coordinación entre los Estados miembros no ha dado hasta ahora el resultado deseado ¿Darán ese resultado las nuevas medidas? 
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(FR) Tiene razón, la lucha contra el fraude nunca ha estado suficientemente desarrollada. 
Como sabe, nos hemos ido dotando con el paso de los años de instrumentos que empiezan a funcionar, pero estoy plenamente de acuerdo en que es una lucha que no admite treguas. 
En este sentido habrá que trabajar. 
Pregunta nº 4 del (H-0881/00): 
Asunto: Aumento de la responsabilidad del transportista La Presidencia francesa ha propuesto en el Consejo que se aumente la llamada responsabilidad del transportista. 
Ésta implica la imposición de una sanción a toda empresa de transportes, por ejemplo una compañía aérea, que traslade a la UE a personas que carezcan de un visado y un documento de identidad en vigor. 
En muchos Estados miembros, esta responsabilidad del transportista significa que la empresa está obligada a organizar/pagar un viaje de vuelta directo, en algunos países se añade una sanción económica. 
La Presidencia desea establecer una sanción económica obligatoria. 
La responsabilidad del transportista es un método eficaz para evitar la entrada de solicitantes de asilo en la UE. 
Muchos refugiados con motivos de asilo no pueden obtener un pasaporte y el visado requerido para entrar en la UE. 
Por consiguiente, la responsabilidad del transportista implica que estos casos no pueden probarse en la UE, sino que son desestimados por los empleados de compañías aéreas, aeropuertos y otras empresas de transporte. 
¿Considera el Consejo que estos empleados están preparados para decidir, en la práctica, sobre el futuro de los solicitantes de asilo? 
. 
(FR) La propuesta a la que se refiere el diputado es una iniciativa de la Presidencia francesa con vistas a la adopción de una directiva del Consejo relativa a la armonización de las sanciones pecuniarias impuestas a los transportistas que introducen en el territorio de los Estados miembros a nacionales de terceros países sin los documentos necesarios para su admisión. 
Este texto, que se remitió al Parlamento Europeo para consulta el 6 de septiembre de 2000, se encuentra actualmente en curso de examen en las instancias competentes del Consejo. 
El objetivo es aplicar una política coherente contra esa plaga que es la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, y ello a escala europea. 
La responsabilización de los transportistas es uno de sus ejes esenciales. 
Por ello, la propuesta de directiva introduce un dispositivo mínimo común a todos los Estados miembros en materia de responsabilidad de los transportistas, que fija las obligaciones de control que incumben a los transportistas y armoniza las sanciones actualmente previstas por los Estados miembros. 
No se trata de instaurar nuevas sanciones contra los transportistas, sino de armonizar las ya establecidas por el Convenio de Schengen. 
Quisiera llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que el proyecto de directiva menciona claramente, en su considerando 3, que su aplicación no afectará a los compromisos derivados del Convenio de Ginebra de 28 de julio de 1951 relativo al estatuto de los refugiados, tal como fue modificado por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967. 
La Unión Europea ha afirmado en varias ocasiones el respeto absoluto que le merece el derecho de asilo. 
Pero es preciso conciliarlo con unas medidas eficaces de lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos. 
Es imperativo, y así se lo pidió expresamente al Consejo el Consejo Europeo de Feira tras el drama de Douvres. 
Sin embargo, opino que la propuesta presentada por la Presidencia francesa es totalmente inaceptable y que tiene sólo un objetivo, esto es, mantener a los solicitantes de asilo fuera de la Unión, cosa que en la práctica podría hacer que aumente la inmigración ilegal. 
Además, no sólo se puede conceder asilo a los refugiados según la Convención de Ginebra, sino a grupos mucho más grandes. 
Esos grupos son evidentemente dejados al margen de esta nueva propuesta. 
He formulado también una pregunta concreta, esto es, qué competencia tienen en la práctica los empleados de las líneas aéreas para dirimir en materia de refugio. 
Si se exceptúa a los refugiados considerados como tales por la Convención de Ginebra, ¿qué facultades tiene el personal de un aeropuerto en Estambul para decidir el destino de un refugiado? 
Se trata precisamente de esto. 
Opino que es un asunto muy relevante, ya que se pone el destino de los refugiados en manos del personal de las líneas aéreas y de los aeropuertos. 
Opino que ese personal no es competente y carece de formación lo que constituye, por tanto, una irresponsabilidad. 
. 
(FR) Es más una opinión que una pregunta. 
Repito que estamos obligados a adoptar disposiciones eficaces contra una plaga que ha dado lugar a un auténtico drama, y que debemos hacerlo dentro del respeto absoluto que la Unión Europea concede al derecho de asilo. 
Insisto: el respeto absoluto. 
Un determinado país puede tener problemas. 
Trabajamos en ello. 
A él corresponde hacerlos oír. 
Pero es, a mi entender, el camino que debemos seguir. 
Gracias por la respuesta. Quisiera formular una pregunta complementaria. 
¿Qué dimensión opina el Consejo que tiene este problema y qué gravedad atribuye a que las empresas de transportes organicen viajes a la UE para personas que carecen de visados y de documentos de identificación? 
. 
(FR) Era precisamente el objeto de la pregunta a la que he intentado responder y le reitero que es una cuestión de extrema gravedad, de total seriedad. 
Pregunta nº 5 del (H-0882/00): 
Asunto: Propuesta "todo menos armamento" ¿Está satisfecho el Consejo con que esta propuesta de la Comisión, que posiblemente tendrá graves consecuencias para los productores de remolacha azucarera de la Unión Europea, que ya atraviesan una situación difícil, se apruebe sin consultar al Parlamento Europeo, órgano elegido por sufragio directo? 
. 
(FR) La propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2820/98 del Consejo a fin de ampliar a los productos originarios de los países menos avanzados la franquicia de derechos de aduana sin limitación cuantitativa es resultado de las iniciativas de la Comunidad encaminadas a mejorar el acceso de los países menos avanzados al mercado. 
A este respecto, el Acuerdo de Asociación ACP-Comunidad Europea firmado en Cotonou en junio de 2000 establece que la Comunidad garantizará, a más tardar en 2005, el acceso con franquicia de derechos a lo esencial de los productos originarios de los países menos desarrollados. 
Habida cuenta de las reformas en curso de la organización común de mercados del sector del azúcar, del arroz y del plátano, la propuesta de la Comisión prevé que el acceso al mercado para dichos países se liberalizará de forma progresiva a lo largo de un período de tres años a partir de enero de 2001. 
La propuesta prevé conceder a los productos de los PMD el acceso con franquicia de derechos modificando el régimen de preferencias arancelarias generalizadas actualmente aplicado por la Comunidad. 
En la medida en que esta propuesta concierne a la política comercial común, depende del artículo 133 del Tratado, que no requiere la consulta al Parlamento Europeo. 
No obstante, puedo asegurarles que el Consejo examina esta propuesta con toda atención y que se preocupa en especial por las consecuencias que pueda tener el acceso con franquicia de derechos para los productores comunitarios y por la coherencia de la propuesta con los actuales proyectos dirigidos a reformar la organización común de mercados en determinados sectores. 
Pienso en el azúcar. 
El mes pasado, cuando formulé una pregunta complementaria en el turno de preguntas, este Presidente en ejercicio se limitó a abstenerse de darme una respuesta diciendo: "Lo único que puedo hacer es repetir mi respuesta anterior", y volvió a leer en voz alta la respuesta anterior. 
Esta vez voy a brindarle una oportunidad no de leer la respuesta anterior, sino que voy a preguntarle por una promesa y un acuerdo. 
¿Conviene el Presidente en ejercicio en que no se debe adoptar decisión alguna sobre esta propuesta hasta que se haya hecho una completa evaluación de las repercusiones en la Unión, los países ACP y los países menos adelantados? 
¿Sí o no? 
. 
(FR) La Presidencia y varios Estados miembros han recibido ya correspondencia del Comité europeo de fabricantes de azúcar concerniente a la propuesta de la Comisión, que tendrán en cuenta en sus deliberaciones. 
La repercusión real del acceso con franquicia de derechos sobre los productores constituirá un factor determinante en la decisión final del Consejo. 
Quisiera repetir una pregunta que formulé al Sr. Moscovici la semana pasada en Pleno. 
Tal vez tuviera demasiadas preguntas que abordar y no pudiera responder a la mía entonces. 
Tal vez pueda responderme esta noche en este ambiente más íntimo. 
Es sobre el papel del Parlamento Europeo en materia de política comercial, que es el espíritu de la pregunta del Sr. Newton Dunn.? Cree que usted o yo o cualquiera de Europa podremos abogar por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la política de la OMC, mientras esta Asamblea carezca de papel oficial y serio en materia de examen riguroso e investigación de las decisiones en materia de política comercial adoptadas por el Consejo de Ministros y la Comisión Europea? 
Por citar a mi querido amigo el Sr. Newton Dunn, tal vez la forma mejor de responder sea: sí o no. 
. 
(FR) Únicamente quisiera que entendieran, dado que es mi última sesión aquí, en qué consiste este ejercicio. 
Les recuerdo que la Presidencia no está ahí para expresar las opiniones de fulano o mengano, de tal o cual gobierno, sino de indicar cuáles son, en un momento "x", un instante "t", las posiciones del Consejo. 
Por tanto, como responsable político, puedo tener convicciones- y las tengo, no lo duden, incluso sobre este tema- pero me atendré a la posición del Consejo a día de hoy. 
Ha mencionado usted el Acuerdo de Cotonou. 
¿Sabe que el Acuerdo de Cotonou expresa también el compromiso de emprender estudios de repercusiones que podrían afectar a los países menos adelantados y celebrar consultas? 
Ninguna de esas dos cosas ha sucedido. 
No es suficiente celebrar consultas después de los acontecimientos. 
¿Sabe usted que, aparte de los productores de azúcar en Europa, están expresando preocupación, en particular, los países que dependen de materias primas- en particular en el Caribe- como el azúcar, los plátanos y el arroz, como ha dicho usted? 
. (FR) Puedo asegurar a todos los diputados que me han formulado preguntas que el Consejo tendrá en cuenta sus observaciones. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 6 y 7 se contestarán simultáneamente. 
Pregunta nº 6 de la (H-0886/00): 
Asunto: Medidas para la prevención de las enfermedades de las vacas locas Con el fin de prevenir la extensión de la enfermedad de las vacas locas, ¿ha estudiado el Consejo la posibilidad de suspender temporalmente la utilización de harinas animales con carácter general? 
¿Qué medidas propondrá de inmediato para los países que han sido declarados de especial riesgo? 
Pregunta nº 7 del (H-0932/00): 
Asunto: Peligro inminente de encefalopatía espongiforme bovina Los continuos casos de la enfermedad de las "vacas locas" han causado gran preocupación entre los consumidores y los ganaderos y productores. 
Las decisiones del reciente Consejo de Ministros de Agricultura exasperaron a los ciudadanos de los Estados miembros cuya salud está en peligro debido al continuo consumo de carne en malas condiciones. 
¿Cuándo piensa el Consejo adoptar medidas drásticas para proteger la salud de los consumidores mediante un cambio de las modalidades de organización y de los criterios de desarrollo de la producción animal, la utilización de piensos proteaginosos de origen vegetal tales como las leguminosas, con cambios radicales en la PAC, la prohibición de las importaciones de carne bovina de Francia y otros países con el mismo problema, el control generalizado de los bovinos y la prohibición de fabricar y utilizar harinas animales para la alimentación de los rumiantes? 
. (FR) El Consejo desea recordar que sigue una política constante encaminada a garantizar el nivel de protección de los consumidores más elevado posible. 
En particular, con sus decisiones recientes, ha velado por garantizar a los consumidores una carne que ofrezca el máximo de garantías al respecto, en particular a través de su decisión dirigida a permitir una mejor trazabilidad del origen de la carne y la supresión de la cadena alimentaria de una lista de materiales de riesgo determinados, a la que acaba de añadir los intestinos de bovinos. 
Como medida de precaución y para eliminar el riesgo de contaminación cruzada, el Consejo ha decidido suspender, a partir del 1 de enero de 2001, la utilización de harinas cárnicas en la alimentación de los animales de producción. 
Por último, los animales que no sean sometidos a pruebas y tengan más de 30 meses no podrán entrar en la cadena alimentaria. 
Se establecerá un sistema de compra-destrucción de estos bovinos no analizados con el fin de indemnizar a los ganaderos al precio del mercado. 
El Consejo estima que, en conjunto, las medidas adoptadas deberían permitir evitar el riesgo denunciado por sus Señorías. 
Por lo que respecta al modo de organización y los criterios de desarrollo de la producción animal, el Consejo recuerda que, en el marco de las decisiones adoptadas en virtud de la reforma Agenda 2000, ya se procuró incitar más a la producción extensiva, en particular a través de primas. 
Además, el 4 de diciembre de 2000, el Consejo tomó nota de las declaraciones de la Comisión relativas a la producción de plantas ricas en proteínas y pidió a esta institución que profundizase rápidamente su análisis y sacase sus consecuencias para la política aplicada hoy en el sector, y para la congelación de tierras, inclusive en su caso, mediante propuestas adecuadas. 
Con todas estas decisiones, el Consejo quiere recuperar la confianza de los consumidores de la Unión Europea. 
No obstante, dado que es imperativo mantener los principios que rigen el mercado interior, desea favorecer las medidas comunitarias, en vez de proponer medidas específicas para determinados Estados miembros. 
En primer lugar, debo decir que, en mi opinión, el Presidente en ejercicio del Consejo no ha contestado todavía a la pregunta del señor Korakas. 
En segundo lugar, y en relación con mi pregunta específica, agradezco mucho al Presidente del Consejo su respuesta. 
Yo creo que el Consejo ha sido audaz y ha tomado con rapidez ciertas medidas importantes. 
No obstante, nos enfrentamos al gravísimo problema del incumplimiento de las medidas acordadas. 
El Consejo sabe que, ya en 1989, se prohibieron tanto la fabricación de piensos con proteínas animales para alimentar a rumiantes en el Reino Unido como la producción de harinas cárnicas. 
Esto nos indica que las medidas que aprobamos en su momento están bien hechas y tienen garantías. 
Ahora bien, nuestro problema es que no se aplican, que hay fraude en su cumplimiento. 
Por eso, yo quisiera preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si el Consejo de Ministros va a dar garantías de cumplimiento de la normativa comunitaria, si va a dar garantías de que las medidas existentes sobre la prohibición de harinas cárnicas en la fabricación de piensos se van a cumplir. 
¿Qué inspectores van a ocuparse de ello? 
¿Es esta una preocupación que ha estado latente en el Consejo de Ministros? 
Contésteme, por favor, concretamente: ¿qué garantías se van a dar sobre la seguridad alimentaria de que todas esas medidas se van a aplicar? 
. (FR) He recordado a la diputada, Sra. Izquierdo Rojo, cuáles son las decisiones del Consejo. 
Como ha destacado usted misma son decisiones audaces, y recientes, pues la última que he citado data del 4 de diciembre, por tanto hace una semana. 
La Presidencia francesa ha deseado, desde el principio, que se diese una respuesta europea a esta crisis, que es una crisis alimentaria, una crisis social y una crisis sanitaria. 
Hasta el final, ha insistido y empleado los medios de convencimiento a su alcance para que se adoptasen estas medidas, y estén seguros de que Francia, cuando vuelva a ser miembro de la Unión Europea, y no ocupe ya la Presidencia, seguirá insistiendo en que se haga así. 
En todo caso, creo que ahora existe, en toda Europa, una toma de conciencia que nos permitirá llegar tan lejos como sea necesario para luchar contra esta enfermedad. 
Quisiera preguntar si se han evaluado las medidas que están implicadas. 
Tengo la impresión de que si se hubieran adoptado medidas menos drásticas en el pasado, no nos encontraríamos ahora ante un escenario tan siniestro ¿Es también ésa la evaluación del Consejo? 
. (FR) Como sabe, actuamos en cada momento en el estado de nuestros conocimientos y, por tanto, no puedo suscribir en absoluto ese análisis. 
Por otra parte, creo que debemos mejorar esos conocimientos, y ese es también el sentido de la institución de una autoridad europea de seguridad de los alimentos; a tal fin, el Consejo Europeo de Niza tomó una decisión de principio en su reunión de la semana pasada. 
Ahora, hay que establecer esa autoridad y creo que las autoridades europeas están muy concienciadas y que habrá que seguir adelante. 
Señora Maes, me comunican, pues ninguno de nosotros conoce el Reglamento de memoria, que usted no podía formular esta segunda pregunta, porque los diputados pueden formular solamente una pregunta complementaria durante el turno de preguntas. 
La pregunta nº 8 de la Sra. McKenna no se formula, dado que su autora no esta presente. 
Según tengo entendido, se dijo a las servicios hace dos días que yo formularía la pregunta en nombre de la Sra. McKenna, porque entonces sabíamos que ella tendría que volver a Dublín por un asunto urgente. 
Ninguno de los asistentes me ha comunicado haber recibido ninguna solicitud en tal sentido y, en consecuencia, no la puedo aceptar en este momento. 
Pregunta nº 9 del Sr. Dupuis (H-0890/00): 
Asunto: Argelia: prohibición del partido WAFA 
Según la prensa internacional, Yazid Zerhouni, Ministro de Interior argelino, se niega a reconocer al partido WAFA, dirigido por el ex ministro Ahmed Taleb y creado en pleno cumplimiento de la legislación en vigor, violando así los procedimientos previstos por la ley sobre la creación de asociaciones y partidos políticos. 
Este partido, que intenta conciliar Islam y modernidad y que podría contribuir de manera importante a la reactivación de un dinamismo democrático cuando menos sin aliento y, por lo tanto, a la consolidación del Estado de Derecho, ha sido prohibido bajo el trasnochado pretexto de que representa una amenaza para la seguridad del Estado. 
¿Qué medidas ha tomado o tiene pensado tomar el Consejo en relación con las autoridades argelinas para que respeten sus propias leyes y, así, favorezcan al mismo tiempo la reactivación del debate y del dinamismo político democrático que permitiría a Argelia salir de la grave situación de crisis en la que se encuentra? 
. 
(FR) En el marco del proceso de Barcelona, Argelia suscribió una serie de principios, entre ellos el respeto del Estado de derecho. 
En las conclusiones de la Presidencia adoptadas a raíz de la cuarta Conferencia Euromediterránea de Marsella de los días 15 y 16 de noviembre pasado se indica la necesidad de intensificar el diálogo político a 27, incluido pues a nivel ministerial, en particular sobre los temas siguientes: el proceso de consolidación del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos. 
En el marco del diálogo político bilateral que la Unión Europea mantiene con Argelia, se persiguen los objetivos que usted ha destacado en su pregunta, que son el relanzamiento de un debate y una dinámica política democrática. 
En efecto, la Unión inició hace tres años dicho diálogo político a escala ministerial tomando como base unas orientaciones precisas. En primer lugar, la condena de la violencia y del terrorismo, la solidaridad con el pueblo argelino, la necesidad de que las autoridades argelinas prosigan las reformas políticas y económicas, la necesidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición, la buena voluntad por parte de la Unión Europea de desarrollar sus relaciones y la cooperación con Argelia, y por último, el deseo de que se establezca en Argelia un proceso político abierto y global. 
Estas son las iniciativas que el Consejo ha tomado o desea tomar hacia las autoridades argelinas. 
Puedo asegurarle que la Unión Europea desea continuar e intensificar su diálogo político con las autoridades argelinas, en particular en el marco de la troika ministerial. 
Más concretamente, ¿se ha reunido el representante de la Presidencia, en este caso el Embajador de Francia en Argelia, con el Sr. Ahmed Taleb? 
¿Ha entablado el Embajador de Francia, u otros responsables del Consejo, un debate con las autoridades argelinas para buscar el modo de superar esta situación? 
. 
(FR) Basándome en la información que poseo, quisiera recordar simplemente que, en efecto, la Unión Europea entabló un diálogo político a escala ministerial en 1997 y que, en principio, la Presidencia francesa va a mantener una reunión de la troika ministerial con Argelia, pero todavía no se ha fijado fecha. 
Que yo sepa el Consejo nunca ha abordado hasta ahora la cuestión del no reconocimiento del partido WAFA, ni ha adoptado declaración alguna. 
En el recinto del grupo de trabajo, es lo que se me dice, se ha observado que esta medida refleja una lucha interna del poder argelino. 
Como ven, no dispongo de información secreta ni, por desgracia, de información precisa. 
Responderé por escrito, el Consejo responderá por escrito a su segunda pregunta. 
Pregunta nº10 de la (H-0892/00): 
Asunto: Sesión especial de las Naciones Unidas relativa a los niños En la sesión especial relativa a los niños que celebrará la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2001 se debatirá la situación de los niños en el mundo y se examinará la posibilidad de adoptar un nuevo plan de acción para que los derechos de los niños sean una realidad en todo el mundo. 
¿Puede el Consejo indicar cuáles son sus prioridades políticas para la sesión especial relativa a los niños que celebrará la Asamblea General de las Naciones Unidas? 
¿Prevé el Consejo llevar a cabo amplias consultas con organizaciones de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en los países en vías de desarrollo, con vistas a establecer las prioridades de su futura política relativa a los niños, tal como lo ha solicitado el Secretario General de las Naciones Unidas? 
- (FR) Ya tuve ocasión, hace algunas semanas, de exponerles algunas reflexiones sobre la preparación de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al seguimiento de la Cumbre mundial relativa a los niños que se celebrará en septiembre de 2001. 
Con tal ocasión, destaqué la importancia de preparar bien este acontecimiento y el papel absolutamente fundamental que debía desempeñar la Unión Europea en el proceso de preparación. 
Con este ánimo, el pasado 20 de noviembre, aniversario de la adopción del Convenio de los Derechos del Niño, los ministros de los Estados miembros competentes para la infancia y un representante de la Comisión se reunieron en París y contrajeron una serie de compromisos comunes que contribuirán a reforzar la actividad de la Unión Europea para la preparación de la sesión especial. 
Deseo responder a su primera pregunta y comunicarle las prioridades políticas que hemos identificado en el marco de esta preparación. 
El objetivo principal de la sesión especial será renovar la determinación de la comunidad internacional de defender los derechos y el bienestar de los niños. 
A tal fin, se hará un balance de los diez años transcurridos en lo que se refiere a los compromisos y los objetivos fijados en la Cumbre mundial, también deberán tenerse plenamente en cuenta los compromisos enunciados en las declaraciones del Milenio, que son complementarias de la Cumbre mundial. Dichos compromisos comprenden el acceso a la educación, la reducción de la mortalidad materna e infantil, y la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular el SIDA. 
Por lo que se refiere a su segunda pregunta, el Consejo comparte plenamente el punto de vista del Secretario General de las Naciones Unidas según el cual, en este ejercicio, deben participar todas las instituciones afectadas, así como los expertos, organismos de investigación o instituciones académicas interesados en la cuestión de los niños. 
La participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso preparatorio y en la sesión especial nos parece una condición fundamental para garantizar el éxito de esta reunión. 
Celebramos las disposiciones propuestas a este respecto por el Comité preparatorio y decididas por la Asamblea General relativas al modo de acreditación de las organizaciones no gubernamentales, al proceso preparatorio y a la sesión especial de septiembre de 2001. 
Mantenemos contactos permanentes con representantes de las organizaciones gubernamentales, también en el marco de seminarios. 
Durante esos contactos, hemos sacado partido de su experiencia y de su compromiso a favor de los niños. 
Podemos felicitar a la Presidencia francesa por adoptar esta iniciativa para preparar el período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas. 
Es evidente que ha formulado usted el compromiso de permitir la participación de la sociedad. 
¿Formulará usted también el compromiso de consultar, en realidad, a los niños, ya que esos acontecimientos les afectan? 
Espero que se pregunten sus opiniones en los próximos meses. 
En segundo lugar, sucede también que, mientras que muchos Estados miembros trabajan muy activamente en materia de derechos de los niños, resulta mucho más difícil en el marco de la Unión Europea adoptar una actitud proactiva. 
¿Qué avances cree usted que podríamos lograr con vistas a conseguir un fundamento jurídico para la labor de la Unión Europea con los niños y el fomento de los derechos de los niños? 
Sí, Señoría, Suecia también va a organizar una Conferencia sobre los niños refugiados, en Estocolmo en la primavera del 2001. 
Pregunta nº 11 del (H-0894/00): 
Asunto: Obligaciones de Turquía en los acuerdos de asociación UE-Turquía La propuesta de la Comisión relativa a los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y Turquía pide al Consejo Europeo que vuelva a examinar la situación relativa a las diferencias pendientes de resolución, particularmente en lo que se refiere a sus repercusiones sobre los procedimientos de adhesión, con el fin de contribuir a que el Tribunal Internacional de Justicia las resuelva antes de que concluya el año 2004. 
Además de su propia Resolución (A5-0297/2000, acta de la sesión del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2000) , el Parlamento Europeo señala que la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el asunto "Loizidou c / Turquía" (nº 15318/89) aún no ha sido ejecutada e insta al Gobierno turco a que cumpla con las decisiones de este Tribunal. 
¿Piensa el Consejo incluir en las disposiciones relativas a los acuerdos de asociación con Turquía una cláusula que se refiera a la aceptación de la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y al cumplimiento de las decisiones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por Turquía, de conformidad con los deseos unánimes del Consejo de Europa? 
. 
(FR) Sí, en el Consejo "Asuntos generales" se llegó a un acuerdo político sobre el texto "Cooperación para la adhesión de Turquía", así como sobre el reglamento marco, en el que se definen los principios y modalidades de la misma. 
La Presidencia está muy satisfecha del resultado obtenido, que marca una etapa importante en la aplicación de la estrategia de preadhesión turca definida el año pasado en Helsinki. 
El Consejo no ha modificado en esencia la propuesta inicial de la Comisión, tal como fue adoptada por el colegio de comisarios el pasado 8 de noviembre. 
Sólo se han modificado las prioridades relativas a los criterios políticos y a la intensificación del diálogo político. 
Por lo que se refiere a la mención de la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la propuesta de la Comisión no se ha modificado. 
La cooperación incluye varias referencias al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
Por otra parte, destaca la necesidad de reforzar las posibilidades jurídicas de reparación de las violaciones de los derechos humanos. 
Además, insiste en la importancia concedida a la mejora del aparato judicial y a la formación de los magistrados turcos, en particular en materia de derechos humanos. 
En cuanto a la solución pacífica de las diferencias, el texto de la cooperación para la adhesión recuerda, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, que es una cuestión importante, abordada en el marco del diálogo político entre la Unión y Turquía. 
Turquía, al igual que todos los demás candidatos, deberá realizar los esfuerzos necesarios para resolver los conflictos fronterizos subsistentes. 
Agradezco al Sr. Ministro su respuesta. 
La pregunta la había formulado antes de que la cuestión de la asociación hubiese quedado zanjada. 
Me hago cargo del cansancio de todos estos días y por esta razón voy a concentrar mi segunda pregunta en el asunto Loizidou, es decir, en la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra Turquía sobre la posesión de bienes de grecochipriotas que se hallan en la zona ocupada de la isla. 
Asunto Loizidou: decisión condenatoria contra Turquía en dos ocasiones. 
En este marco de la asociación que nos ha mencionado, ¿van a debatir sobre este tema el Consejo y el Gobierno turco? 
Señoría, simplemente le he recordado las condiciones tanto generales como concretas en que se adoptó la cooperación para la adhesión. 
En este contexto, se seguirán manteniendo conversaciones con el candidato, cuya candidatura hemos reconocido y con respecto al cual tenemos exigencias o demandas particulares. 
La pregunta nº 12 de la Sra. Karamanou decae, dado que su autora no está presente. 
> Pregunta nº 13 del (H-0897/00): 
Asunto: Derechos fundamentales y justicia Con referencia a la respuesta del Sr. Moscovici a mi pregunta y a mi pregunta complementaria de 14 de noviembre (H-0854/00) , siguen siendo absolutamente oscuros los motivos por los cuales el Consejo considera que la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de sentencias asegura por sí misma el pleno cumplimiento de las garantías previstas en los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, retomados ahora en los artículos 48 y 49 de la Carta. 
Me refiero a las garantías como el derecho de las personas a defenderse personalmente o mediante la asistencia de un defensor de su elección o, en caso de no tener los medios necesarios para costear la asistencia jurídica, a recibirla de manera gratuita cuando los intereses de la justicia así lo requieran; el derecho a la asistencia gratuita de un intérprete en caso de que la persona en cuestión no entienda ni hable la lengua utilizada en el proceso; el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad en espera de juicio. 
Teniendo en cuenta los casos individuales tales como los mencionados en mi pregunta complementaria, ¿en qué se basa el Consejo para afirmar que el proceso de reconocimiento mutuo de sentencias puede por sí mismo aportar algún tipo de mejoras? 
Como ya destacó el Consejo a su Señoría en su respuesta anterior, el proceso de reconocimiento mutuo de las decisiones penales permitirá proteger mejor los derechos de las personas. 
En efecto, el reconocimiento mutuo de las decisiones penales aportará mayores garantías de seguridad de las personas, pues facilitará la lucha contra la delincuencia en el territorio de la Unión gracias a la mejora de la cooperación judicial. 
Con el tiempo, la persecución de las infracciones y las investigaciones no conocerán ya los límites impuestos por la diversidad de los sistemas jurídicos nacionales. 
Además, el reconocimiento mutuo favorece una mayor seguridad jurídica dentro de la Unión Europea, en la medida en que garantiza que una sentencia dictada en un Estado miembro no será puesta en duda en otro. 
Se trata de la aplicación del principio non bis in idem: los mismo hechos no deben juzgarse de nuevo, las sentencias firmes no deben volver a verse. 
Es un aspecto muy importante de la protección de las personas. 
Me parece, con todo el respeto, señor Presidente, que el Consejo ha vuelto dejar de abordar- o negarse a hacerlo- el problema concreto por el que le he preguntado. 
La última vez el Consejo podía alegar que no tenía conocimiento de esa cuestión. 
Esta vez formulo exactamente la misma observación por segunda vez en un mes y espero que se me dé algún tipo de respuesta. 
Ciudadanos de esta Unión están detenidos y esperando juicio durante períodos de tiempo totalmente inaceptables, se prorroga una y otra vez su detención. 
Así ocurre, en particular, en la cárcel de Longuenesse, en Francia, y afecta a conductores de camiones del Reino Unido y de otros países. 
Me parece totalmente inaceptable que se barra, sencillamente, este problema bajo la alfombra y se nos asegure que el reconocimiento mutuo de juicios contribuirá a resolverlo en cierto modo. 
¿Se respetan adecuadamente los derechos a la defensa y contribuirá de algún modo el reconocimiento mutuo? 
. 
(FR) Le expongo la interpretación que el Consejo ha dado a su pregunta, y su respuesta a la misma. 
En cuanto a los casos concretos que ha mencionado, el reconocimiento mutuo no llevará a validar decisiones de justicia que se hayan tomado ignorando derechos esenciales, como el derecho a la asistencia de un defensor de propia elección o incluso el derecho a contar con la asistencia gratuita de un intérprete. 
Por una parte, se trata de derechos a los que todos los Estados han confirmado su adhesión y que constituyen el zócalo común de los sistemas de justicia penal; por otra, el reconocimiento mutuo es un proceso que no tiene nada de automático y que depende de la naturaleza de cada decisión. 
Así, como afirmó el Consejo en su respuesta anterior, el programa de reconocimiento mutuo sólo puede aportar mejoras en materia de derechos fundamentales. 
Señor Presidente, he de decir que el Presidente en ejercicio del Consejo está convirtiendo la negativa a responder a las preguntas en una forma de arte. 
Quisiera apremiarlo un poco más. 
¿Qué hará el Consejo para velar por que los Estados hagan lo que acaba de exponer? 
¿Qué garantía tenemos de que se ponga en práctica la teoría que acaba usted de exponer? 
. 
(FR) No tengo nada más que decir. 
Simplemente creo que nos encontramos ante una pequeña incomprensión. 
De hecho, intento explicarles que el Consejo actúa justamente para responder a sus expectativas. 
Pregunta nº 14 del (H-0899/00): 
Asunto: Mandato de las fuerzas encargadas de la gestión de crisis La UE va a crear unas fuerzas encargadas de la gestión de crisis. 
¿Qué se ha decidido acerca del mandato sobre la base del cual se emplearán estas tropas y para qué fines? 
. 
(FR) Corresponde al Consejo decidir, en su caso, el lanzamiento de una operación militar dirigida por la Unión en el marco de las misiones de Petersberg. 
De acuerdo con el artículo 23 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo debe adoptar dicha decisión por unanimidad, como sucede también para cualquier otra decisión que tenga repercusiones en el ámbito de la defensa. 
Por otra parte, cada Estado miembro debe tomar la decisión nacional, soberana, de comprometer o no tropas nacionales en la operación. 
El Consejo Europeo de Niza ha tomado nota de las modalidades que podrían llevar al Consejo a tomar una decisión en una situación de crisis. 
Así, en la perspectiva del lanzamiento de una operación, el Comité Político y de Seguridad podría presentar al Consejo una recomendación apoyada en los dictámenes del Comité Militar. 
El Consejo, cuyas decisiones son preparadas por el Coreper de acuerdo con los procedimientos habituales, decidiría sobre esa base. 
La decisión de lanzar una operación adoptaría, en principio, la forma de una acción común. 
El COPS, que es la llave maestra de la política europea de seguridad y defensa y de la PESC, desempeña un papel capital en la definición de la respuesta de la Unión a una crisis. 
En particular, garantiza el control político y la dirección estratégica de una operación militar de gestión de crisis. 
El recurso a la fuerza de reacción rápida podría decidirse para todo el espectro de las misiones de gestión de crisis, las misiones de Petersberg tal como se definen en el apartado 2 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, las misiones humanitarias y de evacuación, las misiones de mantenimiento de la paz, y las misiones de las fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz. 
Señor Presidente, distinguido Ministro, quisiera preguntar si se han adoptado decisiones de principio sobre si se debe contar con un mandato de la ONU o de otras organizaciones internacionales para llevar a cabo este tipo de misiones, puesto que, según el Derecho Internacional, sólo se pueden emprender ataques legalmente en territorios internos de otros países si se tiene el mandato de alguna organización internacional. 
Además, quisiera preguntar: ¿Qué tipo de marco jurídico se ha habilitado o determinado en el seno del Consejo de cara a las misiones que impliquen el despliegue de las fuerzas de gestión de crisis? 
. 
(FR) Disponemos de un informe que se adjuntó como anexo al informe de la Presidencia al Consejo Europeo de Niza sobre la política europea de seguridad y defensa. 
En él encontrará el Sr. Seppänen todas las respuestas. 
Es muy largo, pero todo está previsto de un modo extremadamente preciso. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 no se formulan. 
> Pregunta nº 22 del (H-0918/00): 
Asunto: Importancia de los impuestos para el funcionamiento del mercado interior En un artículo publicado en el Financial Times en el mes de noviembre, el Presidente de la Comisión afirma que no se producirá una armonización de los impuestos ni se establecerán niveles comunes de impuestos en la UE ya que los niveles fiscales son competencia de los Parlamentos nacionales y deben seguir siéndolo. 
Al mismo tiempo y en el mismo artículo, el Presidente de la Comisión considera que, para construir una UE dinámica y competitiva, es necesario el paso a las decisiones por mayoría en cuanto a los impuestos que son necesarios para que pueda funcionar el mercado interior. 
¿Qué impuestos considera la Presidencia que no tienen influencia en el dinamismo y competitividad del mercado interior? 
. 
(FR) Con su permiso, señor Presidente, esta será la última pregunta que podré responder en este Turno de preguntas. 
La pregunta de su Señoría se refiere a las opiniones expresadas a título oficioso por el Presidente de la Comisión. 
No corresponde, pues, al Consejo pronunciarse sobre esta cuestión. 
Simplemente, quisiera recordar que el sistema del Tratado establece una diferencia de trato entre las tasas y los impuestos indirectos, cuya armonización es necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior- artículo 93- y la aproximación, prevista en el artículo 94, de las legislaciones que inciden de forma directa sobre el establecimiento o el funcionamiento del mercado común, entre las que figuran las relativas a la fiscalidad directa. 
Las decisiones adoptadas por el Consejo sobre la base de los artículos 93 y 94 deben serlo por unanimidad. 
Después del Tratado de Niza, se seguirán adoptando, lamentablemente, por unanimidad. 
Agradezco a la Presidencia francesa esta respuesta. 
No obstante, quiero preguntar si el Consejo realiza este tipo de declaraciones, muy contradictorias y difusas, del Presidente de la Comisión. 
Si se quiere crear una colaboración sincera entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, es lamentable que el Presidente de la Comisión haga este tipo de declaraciones ambiguas. 
Sus palabras no pueden ser interpretadas sino como que él está a favor de una armonización fiscal, pero lo envuelve todo en cortinas de humo. 
. 
(FR) Le repito que no puedo hacer comentarios sobre declaraciones hechas por el Presidente de la Comisión. 
Pero la cuestión de si las decisiones en materia fiscal deberían tomarse por mayoría se examinó en la Conferencia Intergubernamental. 
Como sabe, por desgracia, en Niza no se registró ningún progreso en este ámbito. 
Las preguntas núms. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 obtendrán respuesta por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Acuerdo de Estabilización y de Asociación UE/República de Croacia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0364/2000) del Sr. Baltas, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre el informe de la Comisión (COM (2000) 311- C5-0506/2000- 2000/2244 (COS) ) sobre la viabilidad de negociar un Acuerdo de Estabilización y de Asociación con la República de Croacia. 
Señor Presidente, con especial satisfacción presento hoy mi informe ante la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación República de Croacia/Unión Europea. 
La República de Croacia ha visto un avance significativo tanto en el sector económico como en los ámbitos político y social. 
El Acuerdo de Estabilización y de Asociación es la continuación natural de este progreso. 
El ámbito económico. 
Ciertamente la República de Croacia debe aún esforzarse más para alcanzar el acervo comunitario en el funcionamiento del mercado. 
Sin embargo, son evidentes el esfuerzo y los resultados de las reformas estructurales y económicas, especialmente en las privatizaciones con procesos transparentes, y en la protección de las inversiones extranjeras. 
El Pacto de Estabilidad, de Estabilización y de Asociación junto con la ayuda económica prevista y la aportación económica general mediante los programas comunitarios relativos, reforzarán este progreso en el ámbito económico y acelerarán la preparación para el futuro acceso de la República de Croacia a la Unión Europea. 
El progreso de la República de Croacia, señor Presidente, es evidente no sólo en el ámbito económico, sino también en el político. 
La democracia y el estado de derecho es el reto para el nuevo gobierno de coalición surgido de las recientes elecciones en Croacia. 
Su afán por la democracia y su protección jurídica no es una simple proclamación sino una práctica diaria, con la creación instituciones y una reforma legislativa, por ejemplo en el sector de la protección de los refugiados, del derecho de asilo y de migración. 
Debemos señalar aquí también el distanciamiento del Gobierno de determinados representantes de la comunidad croata de Bosnia para la nueva creación de un pequeño Estado Herzeg-Bosna, creado durante la guerra, señalar que se han avenido a las condiciones del acuerdo Dayton, y que colaboran con el Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia. 
En el sector social, también es indudable el progreso realizado y no tengo más que leerles en este punto un fragmento de las constataciones del Consejo de Europa: 
"Croacia ha realizado significativos avances", apunta, "en relación con el respeto de los compromisos en su calidad de miembro de la comunidad internacional y, en particular, por la ratificación por este país del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, del Convenio europeo para la prevención de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes, del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, de la Carta Europea de la autonomía local y de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias". 
Señor Presidente, después de los cambios y de la evolución democrática en Yugoslavia, el Acuerdo de Estabilización y de Asociación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia con la Unión Europea y el Acuerdo de estabilización y Asociación en votación con la República de Croacia, la democratización y normalización en los Balcanes occidentales entran en una perspectiva optimista y el papel, el papel especial que puede desempeñar esta última en este sentido es determinante. 
El Acuerdo de Estabilización y Asociación República de Croacia / Unión Europea llega en el momento oportuno. 
Nuestro Parlamento puede estar especialmente satisfecho también por la aceleración de la aprobación de este acuerdo en el año 2000. 
En qué medida tenía razón se ve en las conclusiones de la Cumbre de Niza que terminó justo ayer por la mañana. 
Les leo del capítulo que se define "Balcanes occidentales". 
" La Cumbre de Zagreb del 24 de noviembre, que reunió por vez primera a los países de la región que han retornado a la democracia, celebró el cambio histórico registrado en los Balcanes occidentales, primero en Croacia y después en la República Federativa de Yugoslavia. 
La Cumbre confirma que el proceso de estabilización y de asociación ocupa un lugar central en la política de la Unión a favor de los cinco países considerados, cada uno de los cuales se beneficia de un proceso individualizado. " 
Señor Presidente, el informe sobre el acuerdo de estabilización y asociación tiene en cuenta la nueva evolución democrática en Croacia y subraya la perspectiva europea para este país que ha logrado establecer el contacto deseado con la comunidad internacional en el curso de este año. 
Primero el ingreso en la OTAN en pro de la paz, en la Organización Mundial de Comercio, acuerdos bilaterales con los Estados de la EFTA, acuerdos de librecomercio con los Estados miembros de la CEFTA así como últimamente las negociaciones comenzadas el 8-11 sobre un acuerdo de estabilización y asociación de largo alcance con la Unión Europea ponen de manifiesto la clara transformación que Croacia ha iniciado desde las elecciones del 3 de enero del 2000. 
La Unión Europea ha subrayado además esto en la cumbre del 24 de noviembre celebrada en Zagreb. 
Ahora bien, en esta cumbre se vio claramente lo frágil y conflictiva que es aún la situación interna yugoslava. 
Si se mantiene el modelo de comportamiento de que en caso de duda todos luchan contra todos, esto podría hacer saltar por los aires el pacto de estabilidad para el sudeste de Europa que se basa en la cooperación regional. 
Pues ya ahora, países como Croacia se preguntan si la obligación de cooperación regional no podría retrasar más bien su propio camino hacia Europa. 
Croacia, al igual que una Serbia democrática, que espero consolide la democracia el 23 de diciembre, pueden convertirse en importantes factores de estabilidad en esta región sacudida por guerras y conflictos étnicos. 
Es importante que la Unión Europea y también el Parlamento Europeo hagan todo lo posible para asegurar y fortalecer económicamente el proceso democrático en estos países. 
Aunque el camino de estos países hacia la Unión Europea sea aún largo, la ayuda económica y política significa sencillamente el principio de la esperanza y el informe del Sr. Baltas tiene en cuenta dicho proceso. 
Pero en esta región se debería aplicar también el principio de la diferenciación. 
Croacia ha realizado unos significativos progresos, en especial con la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del Convenio Europeo para evitar la tortura, el Convenio marco para la protección de las minorías nacionales y la Carta Europea de los idiomas regionales y minoritarios. 
El informe del Parlamento Europeo se refiere con razón a ello. 
También la actitud diferente de las autoridades croatas últimamente elegidas respecto al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia se incluye asimismo en el balance positivo de Croacia. 
Croacia se ha sentido siempre perteneciente a Europa occidental, al entorno cultural occidental. 
Necesita todo tipo de apoyo y de aliento en su camino de reformas actuales en el campo económico y político. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al colega Baltas por su informe, sobre todo por su rápido informe pues ha sido importante y correcto reaccionar con rapidez ante los cambios ocurridos en Croacia, lo que ha mencionado ya la colega Stenzel. 
Yo mantuve también buenas conversaciones con los miembros del Gobierno anterior. 
Eran en parte muy eficientes pero todo había que verlo siempre bajo el aspecto de un nacionalismo extremo, una cooperación muy lenta con el Tribunal Internacional de Justicia y una actitud muy vacilante frente a Bosnia-Herzegovina. 
Esto ha cambiado. 
La política europea en los Balcanes no sólo ha sido reconocida por el nuevo Gobierno de Croacia sino apoyada. 
Por ello era también correcto reaccionar con rapidez. 
No veo ninguna contradicción entre la relación individual entre la Unión Europea y Croacia y los diversos países en los Balcanes y una cooperación regional. 
La necesitamos, por ejemplo, con Bosnia-Herzegovina y es muy satisfactorio que el gobierno haya dicho que va a apoyar a toda Bosnia-Herzegovina lo que no le ha creado siempre demasiados amigos entre los croatas de Herzegovina. 
Pero es un paso valiente, claro y meridiano que debe proseguir. 
A la postre, necesitamos también la cooperación con Yugoslavia, además una cooperación por ambas partes. 
Por un lado, tenemos que insistir en que los refugiados de origen serbio que han huido de Croacia puedan retornar de nuevo a Croacia, que esto no sea solamente la voluntad del gobierno sino que se pueda imponer también contra algunas resistencias locales en algunas regiones, pueblos y localidades. 
Pero también necesitamos la cooperación con Yugoslavia, no sólo para este proceso sino también para la estabilidad en esta región. 
Aunque ahora seamos algo precavidos hemos dicho muy claramente a Kostunica- la colega Pack está también aquí- que tenemos que exigir también de la nueva Yugoslavia la cooperación con el Tribunal Europeo de Justicia, la cooperación regional y la disposición a solucionar pacíficamente los conflictos. Todo esto tenemos que exigírselo y esperamos que salga fortalecida de las elecciones del 23 de diciembre. 
Una tercera y última observación. La Cumbre de Zagreb ha marcado una clara señal. 
En este Parlamento hemos introducido la cláusula de evolución ya en el acuerdo con Macedonia. 
Ahora hay que preparar también bien el camino. 
Esto es algo oscuro ante la decisión o falta de decisión de Niza: la complejidad del proceso de formación de mayorías es ya difícil para la actual ampliación pero para una ampliación hacia el sudeste de Europa va a ser aún mucho más difícil. 
Aquí la Unión tiene que hacer aún mucho. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la pregunta de si Croacia es digna de un Acuerdo de estabilidad y asociación podemos responderla con un sí. 
Croacia desempeña un papel creciente de estabilidad en la región. 
Se debe valorar positivamente la evolución en el aspecto de la democracia. 
Sin embargo, quiero subrayar que si saludamos los avances, no pensamos por ello que Croacia haya llegado ya a la meta. 
Tienen que seguir ahora más pasos en la reforma legislativa, en especial, en el campo de los derechos de las minorías, de la libertad de prensa y de la independencia de la justicia. 
Es tarea de la Comisión valorar ahora exactamente estos puntos en los preparativos del acuerdo de estabilidad y de asociación. 
Quiero subrayar que Croacia se esfuerza por normalizar totalmente las relaciones con los Estados vecinos. 
Los logros alcanzados en este contexto son realmente positivos. 
En especial, es importante mostrar a Croacia que consideramos de central importancia el papel que adopte en relación a la estabilización en Bosnia-Herzegovina y la Federación allí existente. 
La aportación que realice Croacia a la estabilización deberá medirse exactamente en esto. 
Me parecería un error fatal si en el acuerdo de asociación y de estabilidad la UE vinculase el apoyo económico a un acuerdo de reinserción de refugiados. 
Esta cuestión debe tener otras condiciones, a saber, la condición de si en Croacia se acuerda el acceso al asilo con normas internacionales y si se trata de un acceso humano al asilo. 
Creo que hay que tratar esta cuestión por separado y no puede ser parte integrante del acuerdo. 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya el trabajo realizado por el señor Baltas en relación con el informe sobre la viabilidad de la negociación de acuerdos de estabilización y asociación con la República de Croacia. 
Consideramos, igualmente, que la Comisión ha actuado oportunamente para poner en marcha esta propuesta. 
Pensamos que el trabajo se ha realizado en un tiempo récord, y felicitamos al Sr. Baltas por su eficaz trabajo en comisión. 
Pensamos que es oportuno, porque, si en su momento nosotros como izquierda europea criticamos a algunos países de Europa Occidental por su papel en el desmembramiento de la antigua República de Yugoslavia, fomentando, facilitando o instigando odios o agresiones étnicas y de otra índole, que dieron lugar al surgimiento de Croacia, en este momento, en el que también el pasado reciente de Croacia ha cambiado, creo que es muy buena señal que la Unión Europea dé un paso al frente para ayudar a la recuperación del talante de tolerancia, de democracia, de respeto de los derechos humanos, de convivencia con las otras repúblicas y zonas de la región, porque es de vital importancia para la Unión Europea. 
No debemos olvidar el sufrimiento de las casi trescientas mil personas, de origen serbio, que fueron expulsadas violentamente en una semana, por métodos terroristas, de Krajina y tuvieron que refugiarse en Serbia. 
Creo que es importante que se reconozca que aquello fue una equivocación y que se facilite el regreso de estas personas, si lo desean, a sus hogares. 
Con ello se probaría que son posibles la tolerancia, la convivencia y el respeto de distintas opiniones en la región balcánica y se mejoraría la perspectiva de nuestro futuro en esa zona. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, saludo expresamente el inicio de las negociaciones sobre un acuerdo de estabilización y asociación que abre al país la perspectiva que a la postre se merece. 
Al contrario que el país vecino Eslovenia, este país no se ha podido desarrollar inmediatamente después de la independencia en el año 1991 de tal modo que pueda ser ya ahora un candidato a la adhesión. 
Una tercera parte del país fue ocupada en aquella ocasión en 1991. 
Los croatas fueron expulsados. 
En 1991/92 fueron expulsados más de 250.000 croatas de la Kraina, de la Eslavonia occidental y oriental. 
Solamente pudieron retornar a sus casas en 1995 tras la, en mi opinión, justa reconquista de esas tierras. 
Allí encontraron sus bienes y enseres destruidos. 
En esta reconquista, como contrapartida fueron expulsados también lamentablemente serbios que estaban allí justamente establecidos, no solamente por los croatas sino también por sus dirigentes serbios quienes hicieron lo mismo en Bosnia-Herzegovina y en Sarajevo. 
Lamentablemente, se produjeron también negativos excesos en esta reconquista. 
Sólo que no hay que confundir la causa con los efectos. 
En esta reconquista Croacia fue premiada por nosotros con una gran frialdad. 
Se le negó cualquier ayuda. 
También como consecuencia de la negativa de ayuda, en Croacia se produjeron muchos errores, privatizaciones injustas y corrupción. 
El nuevo gobierno ha iniciado en muchos sectores políticos una vía europea. 
Persigue la cooperación con La Haya. 
Ha dejado de apoyar los intentos separatistas en Bosnia-Herzegovina. 
Actualmente, está llevando a cabo difíciles medidas de ahorro para cumplir las condiciones previas. 
Creo pues que Croacia es acreedora a nuestro apoyo. 
Puede constituir un factor de estabilidad en toda la región. 
Señor Presidente, durante los años en que fui Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tuve la oportunidad de acompañar a muchos croatas en sus esfuerzos hacia la libertad y la prosperidad que ellos, como otros pueblos de nuestro continente, identificaban con su integración en las instituciones europeas. 
Croacia ha pasado a lo largo del siglo XX por las mismas etapas que nos tocó superar a muchos de quienes hoy integramos la Unión Europea. 
En los últimos 60 años Croacia vivió un fascismo particularmente odioso. Fascismo como en Alemania, en Austria, en Italia o en España: caminar característicamente europeo, por lo tanto. 
Después, los croatas, mediante una resistencia antifascista particularmente militante, se liberaron del nazismo. 
También esta peripecia de la resistencia forma parte del mejor acervo europeo. 
Tras un nuevo y largo período de autoritarismo, llegó el estallido de la independencia, protagonizado por fuerzas nacionalistas y otras más basadas en aspiraciones puramente democráticas. 
En el pulso entre unas y otras hubieron de pasar los croatas por un nuevo capítulo de autoritarismo ultranacionalista, alimentado paradójicamente por su homólogo serbio, por la ocupación de parte de sus territorios y por la guerra. 
Con la paz y la consolidación democrática, el pueblo croata ha optado por la vía de la moderación y de la tolerancia, de la libertad y del respeto. Y ha identificado claramente esa opción con su plena participación en el proyecto de construcción europea. 
El ingreso de Croacia en el Consejo de Europa contribuyó decisivamente a la evolución positiva que se ha venido dando en el país y fue un paso más en el camino que lleva al acuerdo de estabilización y de asociación con la Unión Europea, que hoy discutimos y que deseamos se haga realidad lo antes posible. 
Este acuerdo no es sino un paso más camino de la adhesión de Croacia como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, sin que quepan en ese camino condiciones distintas de las que tengan que cumplir los demás países candidatos. 
A esa adhesión tienen derecho los croatas, pero, además, me parece evidente que el proyecto europeo estará incompleto mientras falte en el mosaico la pieza de Croacia, como la de sus demás vecinos de la antigua Yugoslavia. 
Por ello votaremos las propuestas que nos hace el amigo Baltas y nos comprometemos a seguir acompañando a Croacia en sus esfuerzos hasta hacer de su país un socio más de la Unión Europea. 
Señor Presidente, me encanta poder formular observaciones sobre el excelente informe del Sr. Baltas- preparado, como han dicho varios de sus Señorías, con considerable celeridad- sobre el estudio de viabilidad de la Comisión para un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Croacia. 
Éste ha sido, desde luego, un año histórico para la Europa sudoriental. 
Fue Croacia- no lo olvidemos- la que comenzó el movimiento con sus elecciones hace menos de un año. 
Conque me encanta que celebremos el final del año lanzando negociaciones con Croacia con vistas a un Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
Iniciamos dichas negociaciones muy oportunamente en la Cumbre de Zagreb, hace dos semanas, y la primera sesión de negociación propiamente dicha se celebrará el lunes en Bruselas. 
Esperamos lograr rápidos avances en dichas negociaciones y poder concluirlas rápidamente. 
El grado de rapidez dependerá hasta cierto punto no sólo de nosotros, sino también del equipo negociador croata, que está extraordinariamente bien preparado. 
A partir de los resultados obtenidos por Croacia este año, he de decir que confío en que podremos alcanzar un ritmo rápido. 
Desde luego, eso es lo que Croacia ha hecho durante los últimos meses: dar un ejemplo a sus vecinos, al demostrar la rapidez con que se puede cambiar completamente el destino de un país, contando con valor político e inspiración suficientes. 
Quiero rendir un caluroso homenaje a los dirigentes de Croacia y a su pueblo por lo que han logrado. 
Por ejemplo, Croacia ha transformado valerosamente sus relaciones con La Haya, al partir del sabio aserto de su Presidente de que sólo determinando la culpabilidad individual puede ser de verdad absuelto un país de su culpa colectiva. 
Sabio consejo, aplicable no sólo a Croacia, sino también a todos los países en los que ha habido presuntos crímenes de guerra. 
Como ha señalado la Sra. Stenzel, Croacia se ha adherido a la Asociación para la Paz y a la OMC y ha asumido muchas otras obligaciones internacionales. 
El nuevo Gobierno ha hecho cambios radicales en las relaciones de Croacia con Bosnia y Herzegovina, al distanciarse claramente de los extremistas de Herzegovina e instituir una relación financiera más transparente con los componentes croatas del ejército de la Federación. 
Ha tenido una actitud innovadora al concertar acuerdos de libre comercio con la ARYM y Eslovenia y ahora con Bosnia y Herzegovina. 
Desempeñó un papel extraordinariamente útil al apoyar al Gobierno, elegido democráticamente, de Montenegro en su resistencia a las presiones del régimen de Milosevic. 
Al mismo tiempo, el Gobierno ha empezado a hacer verdaderas reformas internas- políticas y económicas- que nos han hecho concluir que Croacia podría cumplir con las considerables obligaciones que entraña un Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
El mes pasado, como sabe la Asamblea, Croacia organizó, con una eficiencia y una finura diplomática impresionantes, la histórica Cumbre de Zagreb. 
No creo que sea una mala ejecutoria para un año. 
Así, pues, me complace, pero no me extraña, que el Parlamento respalde nuestro juicio de que fue acertado apresurarse a iniciar esas negociaciones con Croacia. 
Comparto muchas de las observaciones que figuran en el informe. 
Convengo totalmente, por ejemplo, en que debemos aumentar en gran medida nuestro apoyo financiero a Croacia con cargo al reglamento CARDS. 
Esta semana tenemos un equipo de funcionarios en Croacia para que estudien la programación para el año próximo. 
Comparto totalmente la opinión del Parlamento. 
Sé que el Gobierno croata está totalmente convencido de que se debe juzgar a los países participantes en el proceso de estabilización y asociación por sus méritos particulares. 
Se deben adaptar los acuerdos a sus circunstancias particulares y ajustarlos al ritmo de consecución de los avances. 
Ése es, desde luego, nuestro criterio y la rapidez con la que hemos ajustado nuestra política para con Croacia en los últimos meses lo atestigua. 
También queremos, naturalmente, que los países participantes en el proceso de estabilización y asociación tomen la iniciativa de establecer relaciones más estrechas no sólo con la Unión Europea, sino también entre sí. 
No es- y quiero subrayarlo- como un intento encubierto de recrear Yugoslavia, sino de subrayar en nuestras relaciones con esos países lo que ha sido nuestra experiencia. 
Afrontamos una división política atroz. 
Afrontamos el caos asociándonos, intentando cooperar económica y políticamente. 
No ha de extrañar a países que quieren una mejor relación con nosotros, una relación más estrecha con nosotros, que quieren unírsenos en la familia europea, que insistamos exactamente en lo mismo para ellos. 
En el último año Croacia se ha internado audaz y decisivamente por el camino de Europa, pero, pese a los recientes logros, queda camino por recorrer. 
Tendremos que ver un firme compromiso constante por parte de Croacia y de otros gobiernos de la región en materia de regreso de los refugiados, asunto al que se han referido algunos de sus Señorías. 
Sobre todo, necesitamos ver una continua reforma económica e institucional, la creación de una auténtica economía libre, la reforma de la legislación relativa a la propiedad, el fortalecimiento de la independencia del poder judicial y la protección de los derechos de las minorías. 
También habrá de haber una reforma seria de los medios de comunicación con esfuerzos reales para crear un ambiente verdaderamente abierto y pluralista en materia de medios de comunicación que hagan honor a las normas profesionales de imparcialidad e independencia, en particular en televisión. 
De modo que vamos a seguir necesitando el apoyo de este Parlamento cuando instemos a nuestros amigos croatas a seguir adelante con esas reformas, muchas de las cuales resultarán dolorosas antes de que resulten evidentes sus beneficios. 
Acogemos con beneplácito el apoyo del Parlamento hasta ahora, en particular en relación con la cuestión del fundamento jurídico para los acuerdos de estabilización y asociación. 
Se trata de un aspecto importante para nosotros y espero que podremos contar con el apoyo del Parlamento cuando volvamos a consultar a sus Señorías oficialmente, una vez que hayamos negociado el acuerdo. 
Naturalmente, la conclusión del Acuerdo de Estabilización y Asociación estará sujeta al dictamen conforme de este Parlamento. 
Con el comienzo de esas negociaciones, Croacia se ha lanzado a una nueva era en sus relaciones con la Unión Europea. 
Croacia se ha granjeado muchos amigos en Europa por el papel que ha desempeñado en el último año y por los avances que ha logrado. 
Naturalmente, en muchos sentidos lo difícil acaba de empezar solamente, pero confío totalmente en que el pueblo de Croacia está a la altura del desafío, a la altura del difícil camino de la reforma, el camino hacia Europa que ahora queda por adelante. 
En la Comisión Europea estamos deseosos de ayudar a Croacia a afrontar ese imperativo y a ayudarla en su avance por ese camino. 
Como he dicho al principio, el pueblo de Croacia y su nuevo Gobierno democrático comenzaron este año encendiendo una vela. 
Creo que fue extraordinariamente importante para toda la región. 
Tenemos la obligación para con Croacia de dar a su Gobierno y a su pueblo toda clase de ayuda en los próximos años y agradecemos profundamente a sus Señorías su sabio asesoramiento con vistas a velar por que sigamos ese camino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Quisiera dar las gracias a los diputados que han hecho contribuciones al debate y han respetado tan bien su tiempo de uso de la palabra. 
No es habitual en este Parlamento. 
A partir de ahora me mostraré severo. 
Desarrollo de las relaciones entre Indonesia y la Unión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0323/2000) de la Sra. Maij-Weggen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento "Desarrollo de las relaciones entre Indonesia y la Unión Europea" (COM (2000) 50- C5-0288/2000- 2000/2152 (COS) ). 
Señor Presidente, Señorías, cuando la Comisión presentó hace un año su comunicación sobre las relaciones entre Indonesia y la Unión Europea, resultaba que Indonesia se encontraba en el camino hacia una verdadera democracia con el nuevo Gobierno de Wahid. 
Ahora, un año después, las perspectivas son mucho menos optimistas. 
El camino hacia la democracia, hacia el respeto de los derechos humanos, hacia un buen sistema administrativo y de derecho, hacia la eliminación de la corrupción, resulta ser un largo camino lleno de obstáculos. 
La reacción contra el Gobierno Wahid es fuerte y el proceso parece estancado. 
Esa reacción contra este Gobierno elegido democrático procede de diferentes sectores: de los círculos militares, de las filas del régimen corrupto de Suharto, de los grupos de musulmanes fanáticos, de los círculos de las milicias armadas. 
El Presidente está todavía amenazado por los asuntos Bulog y Brunei. 
Sin embargo, resulta más importante el hecho de que la Vicepresidenta y el Presidente del Parlamento le hayan manifestado su confianza. 
El problema con que lidia el Gobierno se manifiesta más en las regiones que fueron utilizadas en el pasado por el régimen de Suharto como lugares de migración debido al exceso de población, y también se abuso de ellos en tanto territorios conquistados. 
Lo más grava es la situación en Irian Jaya y en las Molucas. 
Es incomprensible a este respecto que el Laskar Jihad tuviera la oportunidad de ir a las Molucas esta primavera con miles de partidarios para exacerbar de nuevo el conflicto. 
Entre tanto, en las Molucas, los muertos se cuentan por miles y hay cientos de miles de refugiados. 
En este momento hay mucho miedo, también entre los 50.000 ciudadanos malucos que viven en los Países Bajos, de que se produzca una escalada en la situación en torno a la Navidad. 
Nos llegan noticias de que el Lakar Jihad prepara una nueva ofensiva, entre otros sitios, en Irian occidental y también en pequeñas islas como Gorom y Lusalaut. 
Algunas personas han sido asesinadas por el hecho de ser cristianos. Se ha encerrado a gente en las iglesias, y se les ha obligado a convertirse en musulmanes. 
Nos llegan mensajes, incluso, de que el Laskar Jihad ha dicho que para la Navidad ni una sola campana de las iglesias cristianas puede tañer en Ambon. 
En tanto ponente, lo considero inaceptable, y pregunto al Comisario qué puede hacer la Unión Europea a favor del Gobierno Wahid para evitar un mayor derramamiento de sangre. 
Y ahora Irian Jaya. 
También allí es obvia la escalada de violencia. 
La semana pasada, cientos de estudiantes fueron detenidos y cuatro de ellos fueron devueltos muertos a sus padres. 
Así mismo, los dirigentes de Papua siguen encarcelados. 
Hemos hecho hincapié en nuestra resolución en que queremos respetar la integridad territorial de Indonesia. 
Sin embargo, eso no puede significar que la gente de Irian Jaya deba renegar de su propia cultura e identidad. 
Ese tipo de violencia tan sólo sirve para despertar sentimientos de odio. 
Quiero sumarme a la advertencia efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos para que se ponga fin a la violencia. 
La UE también debería sumarse a ella. 
Así mismo, en Timor y Aceh falta mucho para restablecer la paz. 
En Timor, las milicias bloquean la vuelta de los refugiados y las personas que prestan la ayuda se encuentran asediadas. 
Además, la muerte del periodista neerlandés Thoenes todavía no ha sido investigada. 
La semana pasada tres personas que prestaban ayuda encontraron la muerte en Aceh y a principios de diciembre, quince. 
Señor Presidente, lo más grave en Indonesia en este momento es la problemática regional. 
A este respecto, los planes para conceder una mayor autonomía a la región son positivos, al igual que las promesas para permitir un mayor rendimiento de las materias primas en las regiones. 
En lo que a la visión general de Indonesia se refiere, los asuntos marchan realmente por el buen camino. 
No obstante, precisamente estos problemas en las regiones siguen siendo manifiestos. 
¿Qué papel puede desempeñar la UE? 
Indonesia es uno de los países más importantes de la zona ASEAN. Resulta importante para toda la zona que Indonesia sea un Estado democrático de Derecho con buenas relaciones dentro y fuera de la ASEAN. 
La Unión Europea debe respaldar la democracia y el desarrollo socioeconómico, pero no sin crítica. 
Debemos establecer condiciones para nuestra ayuda y respaldo. 
Deben ser obvios los avances en el proceso democrático, la situación en materia de derechos humanos debe mejorar, las violaciones de derechos humanos deben ser procesadas, debe lucharse contra la corrupción y el poder del ejército debe reducirse. 
En caso contrario, la ayuda debe, si fuera necesario, aplazarse. 
Además, la ayuda debe coordinarse más en el ámbito europeo. 
La embajada de la UE en Yakarta puede encargarse de esa coordinación. 
Así mismo, en nuestra resolución, pedimos a la Comisión Europea que siga esta tendencia política. 
Por último, respetando plenamente la soberanía de Indonesia, cuando la violencia en las Molucas e Irian Jaya estalle de nuevo en torno a la Navidad, no debemos descartar por nuestra parte una acción internacional. 
Me refiero a enviar observadores de la ONU a las zonas de crisis, donde realmente sea necesario, pero también a posibles acciones de ayuda humanitaria. 
Realmente debe ponerse fin a los asesinatos. Ciertamente a los cometidos por tropas del ejército, milicias y militantes musulmanes. 
Si no, ¿cuál es la diferencia entre el Gobierno e Wahid y el antiguo régimen de Suharto? 
Estamos preocupados y esperamos una respuesta por parte de la Comisión Europea ante esta evolución de los acontecimientos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Maij-Weggen por su gran informe y agradecerle la buena colaboración que ha existido. 
La estabilidad política, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho son elementos claves para la recuperación económica tras la crisis asiática. Así mismo, es una condición para establecer una cooperación más estrecha entre la Unión Europea e Indonesia. 
En nombre de la Comisión de Industria, me limito a tres cuestiones. 
Estamos preocupados por la gran dimensión que alcanzan la corrupción y el nepotismo en la economía indonesia. 
Demasiados miembros de las antiguas familias dominantes tienen todavía el poder. Esto constituye un gran obstáculo para la recuperación económica y la estabilidad social de la región y, por tanto, debe abordarse. 
Segundo. 
La reestructuración del sector bancario privado de Indonesia es esencial. 
La agencia de la reestructuración de los bancos indonesios, la llamada IBRA, no ha podido ocuparse hasta ahora de que los bancos comerciales puedan reforzar los préstamos. 
Además, la IBRA tiene importantes intereses financieros en distintas empresas. Resulta ser el único accionista de algunas empresas. 
Estas empresas deben ser privatizadas. Eso crearía al mismo tiempo nuevas posibilidades para las inversiones extranjeras, que son tan necesarias. 
Mi último punto: las relaciones económicas con Indonesia se basan ahora en el acuerdo de la ASEAN. 
Los países de esa organización han avanzado poco hasta el momento en la integración económica, a pesar de que se habló, ya hace años, de la entrada en vigor de una zona de libre comercio entre los miembros. 
De ahí que al Comisión de Industria pida que se concluya un acuerdo bilateral de cooperación entre la Unión Europea e Indonesia. 
Pido, por ello, al Comisario Patten que analice, junto a su colega Lamy, esta posibilidad. 
Señor Presidente, la evolución positiva de Indonesia resulta indiscutible, lo que aconseja una nueva relación y una cooperación eficaz con ese país. 
Así se justifican los términos de la comunicación de la Comisión de comienzos del año, aun cuando estuviera caracterizada por cierta euforia consecuencia de aquellos cambios. 
Pero los imperativos internos que se le van planteando a Indonesia son enormes y complejos, como resulta evidente de la evolución más reciente. 
La situación en Irian Jaya, agudizada por la utilización de métodos represivos, es explosiva; sigue siendo difícil la situación en Aceh y en las Molucas; también es dramática la situación que se vive en los campamentos de refugiados en el Timor occidental- y la insuficiencia de medidas que permitan modificarla -, al mantenerse en la impunidad la actividad de las milicias, y todo ello combinado con las presiones y la importante capacidad de maniobra de sectores militares claramente identificados con el régimen anterior de Suharto, manifiestamente articulados con movimientos integristas y nacionalistas. 
Esos datos, que no pueden dejar de preocuparnos, aconsejan, por eso mismo, cierta ponderación y contención en el optimismo inicial, bien patente en la comunicación de la Comisión. 
Es conveniente, sin duda, un fortalecimiento de la cooperación con Indonesia, que requiere el apoyo a las autoridades de ese país en esferas como la mejora de la administración, la lucha contra el fraude y la corrupción, el sistema judicial, la protección y mejora del medio ambiente o el apoyo humanitario a los desplazados y refugiados. 
Pero el nivel de esa cooperación no puede dejar de tener en cuenta los avances efectivos habidos en el país en la resolución de los problemas regionales y de los métodos utilizados en su resolución, el respeto de los derechos humanos y también la colaboración que el país presta a un desarrollo positivo del proceso de independencia de Timor Lorosae, en particular con la resolución de los problemas que afrontan los refugiados del Timor occidental y juzgando y condenando a los miembros de las milicias que actuaron criminalmente y que aun recientemente asesinaron a tres funcionarios de las Naciones Unidas. 
Considero que el informe de nuestra colega Maij-Weggen, que, por lo demás, conoce bien la situación, se orienta satisfactoriamente en ese sentido, por lo que merece nuestra total aprobación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar felicitando a la Sra. Maij-Weggen por el excelente trabajo que ha realizado. 
El proceso de democratización de Indonesia merece un justo reconocimiento y el consiguiente apoyo. 
Una de las expresiones más fuertes de ese proceso, pero también de las contradicciones que lo debilitan, fue lo que sucedió en Timor Oriental. 
Aceptado el derecho de libre determinación, en el período entre la consulta popular y el reconocimiento de su resultado milicias armadas encuadradas por militares indonesios ejecutaron el minucioso plan de destrucción de infraestructuras públicas y de millares de viviendas, inutilización de cultivos y utensilios agrícolas, persecución de la población, que se refugió, aterrorizada, en las montañas y en el Timor occidental. 
Como miembro de una delegación de este Parlamento, yo fui uno de los observadores internacionales del proceso de votación, fui testigo de la impresionante sed de libertad del pueblo timorense, pero tuve también la idea de que, en cuanto saliéramos, no quedaría piedra sobre piedra. 
Contradicciones como ésa persisten en Indonesia- ya se trate de las Molucas, Aceh o Irian Jaya- y aún tienen expresión hoy en Timor Oriental. 
El juicio de los que cometieron crímenes en Timor Oriental y se encuentran ahora en territorio indonesio está por celebrar. 
Es inaceptable que lleguen a substraerse a la justicia gracias a una ley recientemente promulgada. 
Más de cien mil refugiados permanecen en el Timor occidental, auténticos escudos humanos de los autores morales y materiales de crímenes en Timor Oriental. 
He estado en esos campamentos de refugiados ya en este año. 
Allí están los que cometieron crímenes y los que fueron testigos de ellos. 
La justicia que no se hace y los campamentos de refugiados que se eternizan son espacios de enfrentamiento entre los antiguos y los nuevos poderes indonesios y dan idea de la fragilidad del proceso de democratización. 
Ya esta semana altos funcionarios de la UNTAET corrieron graves riesgos cuando salían del Parlamento indonesio en Yacarta, después de una reunión con su Presidente. 
Podemos apoyar el proceso de democratización y lo hemos hecho; lo que no podemos es substituir a los protagonistas de ese proceso. 
Señor Presidente, Indonesia pelea, pero está saliendo a flote. 
La revolución del país y la forma en que ha tenido lugar, continúan siendo la base de un optimismo moderado. 
No obstante, el excelente informe de la Sra. Maij-Weggen deja claro, al mismo tiempo, que los problemas de Indonesia aumentan más que disminuyen. 
No es el único país en el que esto sucede. 
Al fin y al cabo, estos problemas son propios de un país que debe realizar una transición múltiple. 
Debe desarrollarse una nueva identidad con un mejor equilibrio entre el centro y la periferia. 
En la economía, el mercado debe librarse de la intromisión estatal y atraer nuevas inversiones. 
El problema de la pobreza es urgente. 
La sociedad híbrida debe convertirse en transparente. 
La corrupción debe ser abordada. La UE puede ayudar ahí, dirigiéndose a las empresas europeas. 
Las viejas estructuras deben ser desarticuladas de manera que Indonesia pueda hacerse por fin con su propio control. 
Muchos problemas actuales tienen su origen en la falta de control democrático sobre, por ejemplo, facciones del ejército que se oponen a los cambios y a la pérdida de privilegios. 
La violencia prima sobre el diálogo en muchos lugares. 
Lo más desolador es que en las Molucas, los guerreros del Jihad puedan actuar a su antojo de forma inaceptable. 
El Gobierno de Yakarta debería hacer más por lograr el control in situ de la situación, y la UE debe continuar ejerciendo la presión necesaria, también en tanto expresión de la gran responsabilidad que la Unión Europea debe asumir en la zona. 
Si esto da muy poco resultado, no podremos descartar, entonces, un papel más activo de la comunidad internacional. 
Un Estado de Derecho que funciona de nuevo debe liquidar cuentas con el pasado. Esto transcurre lentamente. 
Las viejas estructuras se oponen a la justicia necesaria. 
Al fin y al cabo, en muchos casos son cómplices de los crímenes. 
Pedimos y exigimos que los culpables sean localizados y juzgados, ya se trate de la familia Suharto o de los asesinos del periodista neerlandés Sander Thoenes. 
Las relaciones entre Indonesia y la UE solamente pueden mejorarse si sabemos que nuestros interlocutores son verdaderamente los representantes que cuentan realmente con el poder y que el Estado de Derecho funciona razonablemente. 
Señor Presidente, las huellas de Suharto no han desaparecido todavía de Indonesia. 
La influencia de los militares sí ha disminuido, pero todavía es demasiado grande. 
La corrupción abunda todavía. 
La violencia persistente en las Molucas, en Aceh en Irian Jaya ocasiona mucho dolor a la población. 
El Presidente Wahid y la Vicepresidenta Soekarnopoetri no han podido mostrar todavía mucho poder ante la Administración. 
Es muy importante que Europa apoye la evolución económica y democrática de Indonesia. 
No obstante, este respaldo no es incondicional. 
La Sra. Maij-Weggen ya lo ha dicho. 
Debe beneficiar a los grupos de población más pobres. 
Las violaciones de derechos humanos deben concluir, el dinero de la corrupción debe localizarse y, sobre todo, la riqueza debe repartirse mejor. 
Resulta muy difícil mantener unido ese inmenso Estado. 
Ya ha pasado, afortunadamente, la época en la que un puñado de holandeses podía hacerlo. 
No obstante, un mal régimen, en el que los militares pueden imponer tranquilamente su desastrosa voluntad, fomenta las luchas independentistas. 
El origen del conflicto de las Molucas reside, sobre todo, en la política de migración ilógica de Suharto, por la que el equilibrio de la población se ve alterado. 
La situación en estas islas continúa siendo alarmante. 
Solamente cuando exista un ejército imparcial, la paz tendrá una oportunidad. 
La comunidad internacional debe presionar al máximo a Yakarta para que ponga fin a la violencia en las Molucas. 
Debe prestarse más ayuda humanitaria. 
Eso también se aplica a ECHO, que por otra parte, está realizando un trabajo excelente en la zona. 
Irian Jaya es también víctima de la política de migración. 
La población local está igualmente frustrada por la inmigración de los musulmanes y la dura actuación de lo militares. 
Es muy importante que los culpables de las violaciones de derechos humanos no evadan su castigo. 
Me sumo a lo que piden mis colegas en cuanto a que inmediatamente se haga justicia por la muerte de Sander Thoenes. 
La Sra. Maij-Weggen ha elaborado un excelente informe, y concluyo señalando que Europa debe hacer todo lo posible por respaldar al país en su camino hacia la democracia, pero son finalmente los propios indonesios quienes deben borrar las huellas del régimen de Suharto. 
Señor Presidente, Señorías, comienzo señalando a su atención dos fechas. 
Mañana, celebramos aquí la ceremonia de la entrega del Premio Sajárov. 
Hace un año, ese premio recayó justamente en el Presidente Xanana Gusmão. 
Y con ello rendimos homenaje al esfuerzo, al valor, al ejemplo del pueblo timorense. 
En febrero de este año, la Comisión emprendió una nueva iniciativa política para con Indonesia, que aquí también apreciamos. 
A mi entender, y lo digo con pena, hubo cierta precipitación. 
Lo digo con pena, porque también yo quisiera que las cosas en Indonesia hubieran ido bien. 
A mí también me habría gustado que la beligerancia que nos apresuramos a conceder hubiera sido correspondida. 
Pero, por desgracia, este año demuestra que no ha sido así. 
Como nuestra colega Maij-Weggen ha señalado ya aquí en sus palabras de introducción- que yo apoyo firmemente, junto con el esfuerzo de su informe -, la situación en Indonesia se está deteriorando. 
Y debemos aprender esa lección y transmitir a Indonesia señales más claras y de sentido único, señales no contradictorias. 
Considero que Indonesia es un gran país, pero está en una encrucijada y del esfuerzo de la comunidad internacional y de la Unión Europea depende que en esa encrucijada se incline definitivamente por la democracia, por el respeto de los derechos humanos, por el Estado de derecho o que, por el contrario, se agrave el desorden. 
Y, para eso, tenemos que saber elegir prioridades, no podemos mezclar en el mismo plano cuestiones medioambientales, cuestiones de políticas sociales, cuestiones de política económica con el problema fundamental del respeto de la democracia y los derechos humanos, que debe ser claramente una prioridad política de nuestra relación con Indonesia. 
Digo que tenemos también que dar una señal clara, porque no podemos tener una política con dos ritmos: tan pronto parece que criticamos más como que no hacemos nada. 
Tenemos que aprovechar la experiencia de este año, que es una experiencia honrada, para dar una señal muy vigorosa al sentido del cambio que pretendemos para Indonesia. 
Señor Presidente, la ponente, la Sra. Maij-Weggen, ha dejado claro dónde reside el problema político de Indonesia. 
Señala con el dedo a las fuerzas opositoras al fundamental y exigente proceso de reforma. 
Con razón, se dice muy claramente en su informe que todavía son muy fuertes. 
Conforme a las noticias más recientes llegadas del archipiélago indonesio urge, así mismo, la pregunta de si la situación no parece todavía más grave, sí, más precaria, para el Presidente Wahid y sirve a los enemigos que la ponente analiza. 
Un entendido resumía ayer la situación en Insulindia con la frase: " La reforma se estanca y la restauración, menos la de la familia Suharto, avanza sin interrupción. 
El estancamiento de la reforma no implica en absoluto que el camino hacia un Estados democrático de Derecho, cito a la ponente, "esté realmente en un callejón sin salida". 
Por tanto, la Unión Europea tiene que respaldar precisamente ahora a las fuerzas democráticas, que ni son numerosas ni fuertes, proporcionando los medios y actuando con cautela. 
Dada la carga histórica que recae sobre dos zonas indonesias actuales: las Molucas e Irian Jaya, tan sólo el entendimiento indonesio y occidental ante esa hipoteca histórica dolorosa evitaría mucha tensión política y sufrimiento. 
Aquí tenemos una tarea común. 
La noticia que me ha llegado procedente de las misiones en Indonesia constituye un rayo de esperanza. 
Desde las iglesias cristianas surgen, a pesar de los tiempos inseguros, voces que piden reflexión. 
Aparte de asegurarse el propio interés del grupo y mostrar piedad con los extraños, también los musulmanes, desde el amor de Cristo, consideran la perspectiva de la reconciliación para todo el archipiélago, a veces tan atormentado. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Maij-Weggen por su excelente informe. 
Sé que tiene una gran experiencia de Indonesia y, en particular, de la comunidad indonesia de las Molucas que vive en Holanda. 
La posición que debemos adoptar respecto de la integridad territorial de Indonesia es sencilla: debemos atenernos al derecho internacional y a la resolución 2504, de diciembre de 1969, de las Naciones Unidas. 
Dicha resolución afirma categóricamente que Irian Jaya forma parte de Indonesia. 
Es algo que todos los países han acordado, han firmado y tienen el deber de apoyar. 
Fue un reconocimiento por la comunidad mundial de la legalidad de la votación celebrada en Irian Jaya para pasar a formar parte permanentemente de Indonesia y reafirmar la Declaración 1514 de las Naciones Unidas, de 1960, que prohíbe cualquier acto encaminado a la ruptura parcial o total de la unidad nacional y de la integridad territorial de un país. 
La situación en Irian Jaya es totalmente distinta, jurídica y constitucionalmente, de la que se daba en Timor Oriental. 
El Parlamento no debe confundirlas. 
Irian Jaya es parte integrante de Indonesia históricamente. Timor Oriental nunca lo fue. 
Así, pues, debe prevalecer el Estado de derecho. 
Sí, desde luego, debemos velar por que Indonesia mantenga sus avances en el procesamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de los derechos humanos. 
En este caso debemos blandir el palo y la zanahoria. 
Cualquier intervención exterior que no sea de apoyo a la democratización y al Estado de derecho sólo puede considerarse contraproducente e incendiaria para todas las partes. 
Si adoptamos una actitud imperial al respecto, no habrá vencedores. 
Empleo esa palabra con conocimiento de causa. 
Lo que podemos hacer en el Parlamento Europeo y en la UE es pedir al Gobierno democrático indonesio que su reacción no sea exagerada. Una reacción exagerada dará bazas a los separatistas y convertirá a los terroristas en mártires y héroes. 
La otra actividad que podemos emprender inmediatamente es la de dar un apoyo considerable a proyectos en materia de buena gestión de los asuntos públicos en Indonesia: apoyo en cuanto a recursos humanos, dinero, actividad de ONG, formulación de normas y criterios para que se puedan respaldar las disposiciones de transferencias administrativas que acaba de acordar el Presidente Wahid mediante la creación de instituciones democráticas y de la sociedad civil duraderas. 
Si queremos ayudar a Indonesia, debemos actuar ahora con dinero y hechos y no simples palabras. 
Señor Presidente, quisiera sumar mis palabras a las de mis colegas, tanto en relación con el contenido del informe como con las felicitaciones expresadas a la Sra. Maij-Weggen por el realismo con que ha elaborado su informe y sobre todo por su fidelidad a los valores y a los principios de nuestra Unión Europea. 
Considero que, al anunciar el camino de la cooperación con Indonesia, es fundamental estar vigilantes en cuanto a la aplicación de valores y la creación del Estado de derecho. 
Esta propuesta de la Comisión ha llegado en un momento importantísimo, dado que Indonesia se encuentra en una encrucijada, en una grave crisis económica, y nuestra ayuda para estimular la creación de un Estado de derecho, para estimular la defensa de los que están interesados en instalar una democracia y hacer de Indonesia un país fuerte, pero respetuoso de la dignidad humana, es fundamental. 
Quisiera, si se me permite, hacer dos propuestas a la Comisión: la primera es la de que el Parlamento Europeo envíe una delegación que visite concretamente los campamentos de desplazados no sólo en Timor Oriental, sino también en toda la región, pues, según el informe de la Sra. Maij-Weggen, hay casi un millón de refugiados. 
Es importante que no nos limitemos a aprobar este informe, sino también que le demos continuidad. 
En segundo lugar, es importante que las autoridades de Indonesia permitan que las organizaciones no gubernamentales tengan vía libre para llevar asistencia médica y asistencia humanitaria a los habitantes de Indonesia y a los timorenses que están en situación de indignidad humana, por lo que no debe estar prohibido el acceso de dichas organizaciones. 
Es absolutamente necesario que se cumplan y respeten los principios humanitarios. 
Y, por último, quisiera solicitar a la Comisión, por mediación del Comisario Christopher Patten, que vigile la aplicación de esos principios, porque, si bien soy partidario de que la Unión incentive la cooperación con Indonesia, no puede ser a cualquier precio, razón por la cual quisiera solicitar una supervisión detallada de la aplicación de esas ayudas. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito este informe, pero tengo la sensación de que es un poco optimista. 
La situación ha mejorado y debemos alentar al Presidente Wahid, pero aún hay problemas horrendos. 
El Gobierno es débil y está sometido a constantes ataques, el ejército se resiste al control civil, la economía es frágil y, por encima de todo, la situación en materia de derechos humanos es deficiente. 
Ésa es la razón por la que debemos vincular la ayuda para el desarrollo con los avances en materia de lucha contra las violaciones de los derechos humanos. 
Debemos velar también por que los asesinos del periodista de The Financial Times Sander Thoeries sean juzgados y también lo sean los asesinos de tres agentes de ayuda humanitaria y una víctima de la tortura asesinada hace tan sólo una semana por las fuerzas de seguridad indonesias en Aceh y los autores de crímenes en el pasado, por lo que debe haber un nuevo juicio del Presidente Suharto. 
Me complace que las Naciones Unidas hayan hecho públicas hoy acusaciones de crímenes contra la Humanidad en Timor Oriental; Indonesia debe saber que esos juicios seguirán adelante con o sin cooperación. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a mi amiga la Sra. Maij-Weggen por un informe que todos consideran excelente. 
Es un informe muy completo y particularmente útil para ponernos al corriente sobre la evolución de la situación desde la aprobación de la Comunicación de la Comisión el pasado mes de febrero. 
Desde entonces el tiempo no ha estado, desde luego, parado en Indonesia. 
A veces pienso en lo que un gran amigo mío americano, que fue embajador en Indonesia, decía: consideraba que, de todos los países más importantes del mundo, Indonesia era uno de aquellos sobre los que sabíamos demasiado poco. 
Creo que el informe es extraordinariamente valioso al arrojar luz sobre lo que ha estado sucediendo. 
Así, pues, se lo agradezco a la autora y a la comisión por la propuesta de resolución. 
En particular, me complace que las observaciones formuladas parezcan apoyar en general la acción de la Unión Europea y, en particular, de la de la Comisión Europea. 
El mensaje fundamental de la comunicación de la Comisión era la necesidad de reconocer que Indonesia pasaba por un difícil período de transición en el que las fuerzas de la reforma necesitaban nuestro apoyo. 
Se prestará dicho apoyo mediante la intensificación del diálogo político y económico y también de la cooperación específica para el desarrollo. 
La comunicación está inspirada por un espíritu positivo, que refleja el nuevo amanecer en nuestra relación. 
Considero justo decir- en presencia, sospecho, del embajador indonesio- que Indonesia lo reconoció y lo acogió con beneplácito. 
Casi un año después, es útil considerar si nuestras propuestas y análisis siguen siendo válidos, dada la reciente evolución de la situación en Indonesia. 
En particular, este último año han ido en aumento preocupantes disturbios, inestabilidad y violaciones de los derechos humanos en las regiones y, en particular, en Aceh, Irian Jaya y las Molucas, donde la Comisión aprobó recientemente la decisión de destinar otros dos millones de euros con cargo a ECHO para ayudar a los desplazados en las dos provincias. 
La situación dista de ser estable en las tres zonas. 
Este fin de semana, sin ir más lejos, como nos han recordado varios de sus Señorías, tres empleados locales de una organización no gubernamental danesa fueron asesinados en Aceh. 
Condeno enérgicamente esos asesinatos. 
Nos recuerdan las condiciones extraordinariamente peligrosas que afrontan todos los agentes encargados de prestar la ayuda en muchas partes de Indonesia. 
Quiero rendir un homenaje a su valentía y dedicación. 
Sé que a la Asamblea le gustaría hacer lo mismo. 
La Comisión y el Consejo han vuelto a confirmar su apoyo a la integridad territorial de Indonesia. 
Me alegro de que el Parlamento haga lo propio. 
Sin embargo, al mismo tiempo hemos subrayado el deber del Gobierno indonesio de mantener el orden público y proteger los derechos humanos en su territorio. 
Es una tarea ímproba para el Gobierno democrático del Presidente Wahid, en particular la lucha contra las llamadas fuerzas obscuras del pasado que están intentando oponer una lucha nacional por el poder en lejanos campos de batalla. 
Es esencial que esté a la altura de ese desafío. 
Al mismo tiempo debe satisfacer las aspiraciones auténticas en los niveles local y regional de un reparto equitativo del crecimiento y de una mayor autonomía. 
Un caso especial es el de la cuestión, aún no resuelta, del Timor occidental. 
Resulta claramente inaceptable que decenas de miles de refugiados de Timor Oriental sigan siendo rehenes a merced de bandidos armados que, en nombre del patriotismo indonesio, intentan escapar al castigo por su pasado criminal. 
El Gobierno de Indonesia ha dado algunos pasos, pero falta mucho más por hacer y hay que hacerlo más aprisa. 
He escuchado con interés la propuesta hecha por su Señoría hacia el final del debate. 
La extraordinaria transición de Indonesia dista de haber concluido: la democracia es aún joven y muy frágil. 
Hace sólo dos años, Indonesia seguía gobernada por un dirigente autoritario apoyado por el ejército. 
El gravísimo hundimiento económico consecutivo a la crisis financiera asiática de 1997 ha agravado las tensiones sociales y el conflicto étnico. 
Está claro que las dificultades de Indonesia no se resolverán de la noche a la mañana. 
Los imperativos fundamentales siguen siendo los que determinamos en la comunicación. 
En primer lugar, la consolidación del Estado de derecho, incluidas la supremacía civil sobre el ejército y la lucha contra la corrupción; en segundo lugar, la aplicación de la autonomía regional de un modo que reduzca los incentivos separatistas; y, en tercer lugar, la reestructuración económica. 
Así, pues, ¿qué reserva el futuro a nuestras relaciones con Indonesia? 
Ante todo, debemos seguir expresando nuestro apoyo a la necesaria, pero frágil, democratización y las reformas y debemos velar, como durante toda la crisis, por que nuestros mercados sigan abiertos. 
Durante el debate una diputada se ha referido a nuestra relación con Indonesia como parte de nuestra relación con la ASEAN. 
He de decir que lo que destaca en nuestra relación con Indonesia es el grado de aprovechamiento por ese país de nuestro sistema generalizado de preferencias. 
Fue el cuarto beneficiario por orden de importancia en 1998. 
Mientras que las exportaciones de la UE disminuyeron en 1997 y 1998 y desde entonces sólo se han estabilizado, las importaciones de la Unión Europea procedentes de Indonesia han experimentado un aumento vertiginoso y han proporcionado a Indonesia un superávit comercial que ha amortiguado las consecuencias de la crisis para ese país. 
¿Cuál debe ser nuestra relación con Indonesia en los próximos años? 
En la comunicación se expusieron en líneas generales los mecanismos principales para ello: un diálogo político y económico cada vez más transparente. 
La reunión de funcionarios superiores organizada este año continuará con nuestro segundo foro consultivo a comienzos de 2001. 
También queremos intensificar los contactos con las fuerzas de la reforma y la reorientación de nuestra cooperación para el desarrollo. 
Sobre este último aspecto me complace informar al Parlamento de que la Comisión ha lanzado un nuevo programa titulado "buena gestión de los asuntos públicos" encaminado a intentar contribuir a la superación de las deficiencias estructurales en la gestión de los asuntos públicos. 
Además, en 2001 se examinará con nuestros interlocutores indonesios un documento estratégico del país, en el que se expone en líneas generales nuestra estrategia para el desarrollo a largo plazo. 
Como el Parlamento, la Comisión ha determinado también que la corrupción es un problema constante. 
El apoyo que damos actualmente a la oficina del fiscal general en Yakarta va encaminado a ayudarlo en sus intentos de luchar contra la corrupción. 
Una última palabra: creo que hay razones para sentir un optimismo cauto respecto de nuestra relación a largo plazo con Indonesia, pero nosotros- es decir, la Unión Europea con todas sus instituciones- debemos mantener nuestro apoyo. 
Indonesia es enormemente importante para nosotros. 
Lo es por su tamaño: el cuarto país del mundo en población; lo es por su escala económica: lo es por su papel regional; lo es por sus repercusiones medioambientales. 
Después de abandonar mi anterior cargo colonial y antes de ocupar éste en la Comisión Europea, escribí un libro e hice algunos programas televisivos sobre Asia y recuerdo que visité Indonesia poco después de los disturbios habidos en ese país en 1998 y me entrevisté con el entonces Presidente Habibie. 
Recuerdo que tuve la nítida sensación de que ese gran país se encontraba en la cuerda floja entre los disturbios y la reforma y que deberíamos considerarnos muy afortunados si el proceso democrático propiciaba un gobierno como el actual. 
Nuestra tarea es la de ayudar a ese Gobierno a recorrer dicha cuerda floja y llegar a la otra orilla por encima del abismo. 
Si no lo consigue, las consecuencias para todos nosotros, las consecuencias, en particular, para la región y para Indonesia, serían nefastas: o la democracia islámica mayor del mundo y una de las democracias más logradas de Asia o problemas muy considerables para toda la región. 
Es importante que el Parlamento siga mostrando interés. 
Es importante que el Parlamento siga presionando a la Unión Europea en conjunto para que eche una mano a Indonesia, pero es particularmente importante que el Gobierno de Indonesia- el Presidente y sus seguidores- adopten las valerosas, pero esenciales, decisiones que son necesarias para velar por que Indonesia pueda seguir adelante respetando las libertades civiles, garantizando y consolidando la democracia y brindando al pueblo de Indonesia un futuro próspero y estable. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Protección de los intereses financieros de las Comunidades 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0376/2000) de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la comunicación de la Comisión (COM (2000) 358- C5-0578/2000- 2000/2279 (COS) ) relativa a la protección de los intereses financieros de las Comunidades- Lucha contra el fraude- Por un enfoque estratégico global. 
Señor Presidente, la protección de los intereses financieros es asunto que interesa de todos, a los órganos y sus miembros en el ámbito europeo, al servicio público europeo y al nacional así como a sus empleados, escribe la Comisión en su comunicación. 
Que esta protección sea equiparable, eficaz y disuasoria en toda la Unión Europea es algo que interesa especialmente a quien aporta fundamentalmente el dinero, es decir, el contribuyente europeo. Le representamos aquí y respondemos también ante él. 
Por ello, saludo que la Comisión nos presente con su documento una estrategia global sobre cómo quiere proceder contra el mal uso de los fondos de la UE. 
Sin embargo, considero que el plazo contemplado es demasiado largo, cinco años- 2001 hasta el 2205 -, pues si miramos hacia atrás el tema de la lucha contra el fraude es algo que se encuentra ya desde hace mucho tiempo sobre la mesa. 
Un presupuesto continuamente creciente ha conducido también lamentablemente a más irregularidades y fraudes. 
El mercado interior ha abierto también las fronteras a los defraudadores mientras que permanecen cerradas para las investigaciones y la persecución de los actos delictivos. 
Se han aprobado los reglamentos sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad y sobre los controles in situ, se ha creado la UCLAF y hace un año y medio la OLAF y en el Tratado de Maastricht y posteriormente en el de Amsterdam se han introducido artículos para la lucha contra el fraude. Todos estos han sido unos pasos positivos pero no son suficientes. 
Los defraudadores siempre van un paso o dos por delante de nosotros. 
La ampliación de la Comunidad y la introducción del euro pueden llevar consigo también otros peligros. 
Por ello, tenemos que vincular los medios e instrumentos policiales, administrativos y penales tanto entre los Estados miembros como con la UE. 
Las cuatro directrices de la Comisión proporcionan para ello unos enfoques que me parecen muy positivos. 
En primer lugar, una política legislativa para la lucha contra el fraude. Aquí debe aplicarse como fundamento jurídico el artículo 280 del Tratado de Amsterdam que debe ampliarse para colocar las diferentes legislaciones nacionales bajo un denominador común y configurar en consecuencia de modo unitario las penas y procedimientos. 
A finales de noviembre, la Comisión quería presentar un documento al respecto. Hasta hoy no lo he recibido. 
Pero sobre todo, la legislación debe ser más clara para impedir que los defraudadores encuentren recovecos. 
En segundo lugar, tenemos que crear una nueva cultura de cooperación operativa. 
Es importante que todos los Estados miembros tiren de la misma soga pues más del 80% de los fraudes con fondos de la UE se cometen en su territorio. 
Hasta ahora no ha ocurrido que se hayan agrupado para impedirlo pues entonces el Convenio de 1995 habría sido ratificado hace mucho tiempo por todos los países y habría entrado en consecuencia en vigor. 
Entretanto está en parte obsoleto y la Cumbre de Niza no ha aportado nada. 
Pero también internamente quiere la Comisión crear una nueva cultura, tal como ha prometido el Presidente de la Comisión Prodi. Se quiere aplicar con la reforma interna. 
Seguimos este proceso atentamente. 
Como tercera directriz está una actuación interorganizativa para la prevención y lucha contra la corrupción. 
Aquí se trata de la credibilidad de los órganos europeos, un punto muy importante en lo que se debe destacar la creación de la OLAF, la ya no tan nueva oficina de lucha contra el fraude, y su trabajo. 
Hay que suprimir por fin los obstáculos para su actividad independiente, en especial en el reclutamiento de personal y en su estructuración. 
La Oficina y la Comisión deben actuar aquí del mismo modo. 
Para proporcionar una determinada protección a los derechos de los acusados, proponemos que se cree la figura de un auditor. 
Finalmente, el sistema de la lucha contra el fraude debe completarse fortaleciendo la dimensión penal. 
Como fase inicial para la creación de una autoridad de justicia europea debe apoyarse la perspectiva de la Comisión para la creación de un fiscal europeo pues se basa en una exigencia planteada hace ya muchos años por el Parlamento Europeo. 
Este fiscal, apoyado por fiscales auxiliares en los Estados miembros y complementado según se indica en el estudio de expertos Corpus Juris por un juez en el procedimiento de instrucción, cumpliría el principio de seguridad jurídica y de subsidiariedad como una especie de instancia de instrucción y coordinación sin inmiscuirse por ello en las competencias de los tribunales nacionales competentes. 
Debe limitarse estrictamente al campo de la protección de los intereses financieros y de modo secundario se pueden determinar después en el procedimiento de codecisión las necesarias normas y modalidades para su trabajo. 
Soy consciente de que aquí existen aún muchas reservas. Hay que desmontarlas pues sólo mediante regulaciones y medidas unitarias que, lamentablemente, no ha aportado la Cumbre de Niza, podremos controlar la criminalidad en este ámbito. 
Muchas gracias a la Comisión por sus esfuerzos y dedicación... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, como se sabe cuando se trata de dinero ya no hay bromas. 
Esto es también válido para la Unión Europea. 
Por ello, tanto aquí como en los demás órganos de la UE existe unanimidad en que hay que conceder prioridad a la protección de los intereses financieros. 
Pero las opiniones divergen sobre cómo y de qué modo se puede garantizar esta protección. 
Una lucha eficaz contra el fraude exige la unificación de todos los medios policiales, administrativos y penales pues se trata de los impuestos de los ciudadanos europeos y de muchas más cosas. Se trata de la confianza en la diligencia de las instituciones europeas y sobre todo de la confianza en la Comisión en el empleo de los fondos a ella confiados. 
Como se sabe, esta confianza no se encuentra en su mejor momento en vista de una suma de unos 850 millones de euros en pérdidas debidas a fraudes e irregularidades que la misma Comisión indica en su informe de 1999 sobre la lucha contra el fraude. 
Por ello, la Comisión debe cumplir por fin mediante un proceso interno de reformas su anuncio de que no va a tolerar los fraudes y que cada uno de ellos va a ser perseguido consecuentemente. 
Además, debe funcionar la OLAF, la oficina de lucha contra el fraude. 
El presente informe dedica con razón a esta institución el espacio más amplio. 
El que aún no están ni mucho menos garantizadas la independencia y el funcionamiento de la OLAF lo muestran con una claridad meridiana las conclusiones de la comisión de supervisión de la OLAF del 5 de diciembre, según las cuales los impedimentos ocasionados por la Comisión en el reclutamiento del personal de la OLAF ponen en peligro irreversiblemente bajo determinadas circunstancias la lucha contra el fraude. 
Exijo expresamente a la Comisión que no se inmiscuya en el trabajo de la OLAF. 
Finalmente, apoyo la creación de una fiscalía europea para que se pueda perseguir también penalmente a los responsables de los fraudes. 
Señor Presidente, me gustaría exclamar que esta es la hora de la Comisión. 
La Cumbre de Niza no ha aportado tampoco ningún avance en la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Es ahora muy decisivo que la Comisión presente propuestas con mucha rapidez, decisión e imaginación, con las que podamos seguir avanzando en el marco jurídico existente. 
El excelente informe de la colega Theato muestra a este respecto toda una serie de posibilidades. Subraya de nuevo la propuesta del informe de los cinco expertos independientes sobre la reforma de la Comisión, por la que la creación de una fiscalía europea es ya posible sobre la base del Tratado de Amsterdam. 
Ya en mayo este Parlamento exigió a la Comisión que presentase unas propuestas para una primera fase en la que la fiscalía europea solamente sería competente para los delitos y actos punibles cometidos por miembros y empleados de las instituciones de la UE contra los intereses financieros de la Unión. 
Su tarea sería la de dirigir las investigaciones pertinentes de la OLAF y facilitar la persecución de tales actos delictivos mediante los tribunales nacionales competentes. 
Señora Comisaria, estoy seguro de que si se da este primer paso entonces el debate sobre la fiscalía europea perderá el carácter de una guerra de religión entre los que están a favor y en contra y que hasta ahora ha bloqueado los avances. 
La Comisión tiene esta oportunidad de dar un primer paso también y precisamente después de Niza. 
Señora Schreyer, tendrá todo nuestro apoyo si da este primer paso. 
Respecto a la OLAF ya han dicho algunas cosas los oradores anteriores. También se ha citado la última opinión realmente seria emitida por la comisión de supervisión relativa al reclutamiento. 
Señora Schreyer, usted ha subrayado aquí ante esta Asamblea en diversas ocasiones que, como Comisaria competente para la lucha contra el fraude, ve su tarea en especial en garantizar la independencia de la OLAF. 
Por favor, díganos si en esta cuestión decisiva apoya o no al Sr. Brüner. 
Sabemos que la Comisión ha debatido sobre esta cuestión en su última sesión sin llegar a una decisión. 
Por favor, díganos cómo debe proseguir esto en su opinión y cómo se debe resolver la situación de bloqueo. 
Señor Presidente, me voy a expresar brevemente pues no se trata del primer debate que mantenemos sobre este tema. 
En este contexto, quiero expresar también mi agradecimiento a la ponente por su tenacidad para colocar este tema en el orden del día y al exigir continuamente una fiscalía financiera europea. 
Creo que esta debe ser exactamente la consecuencia también de Niza. 
Debemos proseguir tenazmente nuestro trabajo. 
Vemos que en el Consejo siguen produciéndose grandes bloqueos, que en los diversos Estados miembros no se ha producido ningún avance desde 1995 y que se sigue bloqueando. 
También vemos, lo que quiero alabar expresamente, que la actual Comisión ha recogido esta cuestión y se ha esforzado por elaborar una propuesta para Niza y que trabaja junto con la Comisión en este asunto. 
Creo que es la oportunidad que tenemos en esta situación pues Parlamento y Comisión pueden alcanzar algo conjuntamente. 
Y sólo conjuntamente se logrará romper las resistencias entre los Estados miembros. 
Sobre todo, debemos trabajar para crear una opinión pública. 
Hace poco tiempo tuvimos una auditoría. Creo que debemos proseguirla. 
Tenemos que convencer a los diputados de los Parlamentos nacionales pues sólo de este modo podremos seguir trabajando y avanzando. 
Necesitamos urgentemente dar un paso en esta dirección para gozar de credibilidad entre las y los electores y sobre todo entre las y los contribuyentes para que se tome realmente en serio también en el ámbito europeo la lucha contra el fraude y nos ocupemos de que en Europa se apliquen los mismos baremos que en el ámbito nacional. 
Señor Presidente, mi Grupo siente gran simpatía por la idea de hacer más eficaces los esfuerzos contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de dinero, y nos parece absolutamente inaceptable que el dinero que los contribuyentes de los Estados miembros dejan en manos de la UE sea gestionado tan pésimamente y la gran mayoría de las veces, sea desviado hacia otros objetivos distintos a los que había sido destinado y que la delincuencia transfronteriza se halle en preocupante aumento. 
El que de todas formas vayamos votar en contra de este informe obedece a que no creemos en el efecto de los fondos que el informe propone destinar a la lucha contra el fraude y la delincuencia. 
A pesar de toda nuestra simpatía hacia la señora ponente, Sra. Theato, y hacia el gran trabajo que, dicho sea de paso, lleva a cabo, somos contrarios a la creación de una Fiscalía europea independiente porque ésta es un eslabón más de la Europa federal a la que nos oponemos. 
Es la creación misma de una administración económica en el plano comunitario la causante de los problemas porque los modelos de redistribución del dinero de los contribuyentes comunitarios establecidos por las llamadas "Comunidades" están mal diseñados y en muchos caso son absolutamente no deseados. 
Por lo tanto, cuanto menos dinero haya en las arcas comunitarias, menor será el fraude. 
En la reunión del mes pasado de los ministros de justicia de los estados alemanes celebrada, la Sra. Theato dijo expresamente que las fronteras abiertas facilitan la actividad de los criminales. 
El Convenio Schengen es una catástrofe para la honradez, más ¿quién creó Schengen? 
Lo hizo la UE. 
No creemos que más soluciones en el plano comunitario puedan mejorar la lucha contra la delincuencia, porque los esfuerzos estarán influidos por el mismo desapego, negligencia y secretismo que caracteriza, dicho sea de paso, a la administración comunitaria. 
Vemos claramente por la tramitación dada estos últimos años a los informes del Tribunal de Cuentas que fuerzas poderosas de esta Asamblea han estado más ocupadas impidiendo el esclarecimiento de los casos de fraude que enjuiciando a los responsables. 
Nos gustaría que los Estados miembros abrieran negociaciones de cara a disponer de una legislación homogénea en materia penal, no obstante, no queremos someter nuestros países a una Fiscalía federal comunitaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, he votado en contra del informe Theato en comisión y mañana también mi Grupo, el Grupo radical, votará en contra por el maniqueísmo y la autorreferencia que caracterizan este informe y, en general, la actividad de la Comisión de Control Presupuestario o, al menos, a algunos de sus miembros. 
Todo lo bueno proviene de la Comisión de Control Presupuestario y todo lo malo es lo que hacen los demás. Éste es el motivo por el cual el informe está plagado de referencias a la resolución anterior. 
Como dijimos hace tres meses, parece que el mundo se debe someter únicamente a los deseos de la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, nosotros votaremos en contra del informe por dos motivos: primero, porque antes existía la UCLAF y parecía que la UCLAF era el justiciero de Dios enviado a la Tierra. 
Todo lo que hacía la UCLAF era oro molido y nosotros hicimos que una Comisión dimitiera por las investigaciones de la UCLAF. 
Ahora- quién sabe por qué- los antiguos funcionarios de la UCLAF ya no son buenos y hay que echarles para dejar en manos de un director de la OLAF la vida o muerte de unos funcionarios que han trabajado bien. Dado que lo pide la Comisión de Control Presupuestario, dichos funcionarios deberían marcharse de la OLAF, puesto que eran de la UCLAF y para algunos la UCLAF era perfecta, tanto es así que hicimos que dimitiera la Comisión. 
El segundo motivo por el cual votamos en contra es porque, en lo que se refiere a la solicitud de crear la figura del Fiscal Europeo, no basta con haber introducido una referencia al juez de las libertades, sino que hay que conseguir que haya un sistema de garantías de una vez por todas. En efecto, un fiscal, por sí solo y sin un sistema de garantías, no es un paso hacia la democracia, sino hacia un sistema inquisitorial que podría llegar a ser peligroso, tanto es así que en Niza la propuesta fue rechazada. 
Señor Presidente, siempre es un placer seguir al Sr. Dell ' Alba, porque hace que un euroescéptico británico parezca sensato en esta Asamblea. 
Me gustaría mucho felicitar a la ponente- alguien a quien admiro como persona y como político- por este informe, pero, lamentablemente, no puedo hacerlo. 
Si no hubiera sido por las enmiendas relativas a la OLAF que se aprobaron en la fase de comisión, tendría que haberme esforzado mucho para encontrar parte alguna en este informe que poder apoyar. 
Por fortuna, esa idea recibió muy poco apoyo en Niza el fin de semana pasado. 
Al Consejo- como ha señalado antes con tanta elocuencia la Sra. Rühle- tampoco le gusta esa idea. 
Mi opinión personal es la de que el procurador europeo es tan sólo el primer paso en el camino hacia un corpus juris, un cuerpo de legislación común en todo el continente. 
De hecho, creo que eso es lo que piensa también la Comisaria. 
Tal vez tenga usted, señora Comisaria, la bondad de hacerme saber si es así... si se trata del primer paso hacia algo que sería un cuerpo común de legislación en todo el continente. 
Me pareció haberle oído decir algo similar a eso en comisión. 
También quisiera saber por qué se retrasó hasta ayer, después del referéndum danés sobre el euro, la publicación del documento de la Comisión sobre este asunto. 
Tal vez la Comisión sepa que, si bien esta propuesta cuenta con cierto apoyo en las clases políticas de Europa, nadie más la apoya. 
Con frecuencia se oye decir, como argumento en pro del procurador europeo, que estas propuestas van encaminadas exclusivamente a proteger los intereses financieros de la Comunidad: algo con lo que todo el mundo estaría de acuerdo. 
Pero resulta interesante que con frecuencia se arguya que se trata de un pequeño paso y que no hay gran cosa tras ellas. 
Entonces, ¿a qué se debe la preocupación? 
En fin, quienes aún estamos vadeando el informe del Tribunal de Cuentas vemos que una definición de fraude contra la Comunidad es el mercado negro: pagar mercancías à la belge, como dicen en Bruselas. 
Se trata de un fraude contra la Comunidad, porque la UE recibe un pequeño porcentaje de todas las transacciones con IVA. 
Conque se plantea otra pregunta: si se permite al procurador europeo investigar todas las transacciones con IVA de toda Europa, ¿qué dimensiones tendrá esa oficina? 
Hay tantas otras preguntas- la relación con la OLAF, quién nombrará al procurador europeo, ante quién rendirá cuentas y cómo afectará a los Estados miembros -, que temo que voy a instar a los conservadores británicos y a otros a que voten en contra de este informe. 
Señor Presidente, he de sumarme al Sr. Dell ' Alba y al Sr. Heaton-Harris y voy a ser enérgica. 
Quisiera felicitar a la Sra. Theato por su informe y, en particular, por hacer el esfuerzo de acudir aquí, pues sé que no se encuentra demasiado bien esta noche. 
El informe versa sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad y sobre cómo debemos abordarlos y se trata de cuestiones de la mayor importancia. 
Es siempre la esfera en la que vemos titulares enormemente incendiarios en los periódicos, por lo que debemos abordar en serio dichas cuestiones; de lo contrario, vamos a seguir con un público en gran medida euroescéptico, como el representado por el Sr. Heaton-Harris. 
No debemos olvidar que el 85% del dinero se gasta en los Estados miembros y que el papel del Parlamento y de la Comisión es el de adoptar un criterio paneuropeo respecto de estos asuntos. 
Debemos recordar también que el fraude afecta también a dinero que no se recauda, cosa que ocurre con mucha frecuencia. 
Perdemos importantes sumas de dinero, porque no las recaudan los Estados miembros. 
Resulta interesante que varios países, por mucho que protesten sobre el fraude, aún no hayan firmado el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades. 
He presentado una enmienda para que se citen los nombres de esos países, porque ya es hora de que así se haga para avergonzarlos. 
Debemos poner en evidencia a esos países para revelar su hipocresía. 
Ha sido muy interesante escuchar lo que el Sr. Prodi ha dicho hoy, porque ha parecido muy entusiasta sobre el procurador europeo, cosa muy distinta de lo que habíamos visto en el pasado. 
Debo subrayar, desde el punto de vista del Grupo político, que la enmienda presentada por el Sr. Bösch era crítica con el informe, porque hablaba de centrar la atención en las instituciones de la Unión Europea, ya que el procurador europeo sólo es pertinente en ese sentido. 
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra el fraude en perjuicio de la Unión Europea goza de una elevada prioridad en los trabajos de la Comisión y es un objetivo esencial para la reforma de la totalidad de la gestión financiera de la Comisión. 
Hoy debatimos el informe de la Sra. Theato sobre el informe de la Comisión relativo a la estrategia en la lucha contra el fraude. 
La Comisión presentó su informe en junio de este año y saludo que hoy podamos debatir sobre los informes. 
La estrategia de la Comisión para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y para la lucha contra el fraude persigue un enfoque global; global significa que se incluyen todos los niveles de actuación así como todos los actores tanto en las instituciones de la Unión Europea como en los Estados miembros o en los países candidatos a la adhesión o en terceros Estados que sean responsables del empleo dado al dinero europeo. 
La estrategia abarca cuatro frentes: la legislación para la lucha contra el fraude, la cooperación operativa entre las autoridades competentes, el modo de proceder interinstitucional para combatir el fraude en las instituciones y el desarrollo de la dimensión penal. 
Debido a la limitación de tiempo voy a ser breve en la exposición de los diversos puntos. 
En la primera estrategia de actuación para una legislación global en el campo de la lucha contra el fraude, se incluyen normas jurídicas para la prevención, descubrimiento y persecución penal del fraude y para que una política de protección de los intereses financieros sea eficaz debe basarse en unas normas jurídicas de fácil aplicación que contengan disposiciones sobre una gestión financiera eficiente. 
La segunda estrategia de actuación se refiere al sector de la cooperación operativa con los Estados miembros y los candidatos a la adhesión así como con terceros Estados. 
Precisamente para este sector la creación de OLAF es un instrumento muy eficaz cuyas posibilidades de actuación deben ir ampliándose paso a paso y aquí se incluye sobre todo el utilizar cada vez más OLAF para recabar y evaluar informaciones en el sentido de un intelligence service para la lucha contra el fraude. 
El segundo paso consistirá en organizar el modo de trabajo de OLAF de tal modo que pueda convertirse en una auténtica plataforma de servicios para los Estados miembros y para las autoridades participantes en la lucha contra el fraude. 
Tal como usted, señora Theato, indica acertadamente en su informe, OLAF ocupa una posición central en la estrategia de la Comisión en la lucha contra el fraude, por lo que la Comisión está altamente interesada en una rápida ampliación de esta autoridad, lo que subrayo aquí expresamente. 
Ahora bien, el fundamento jurídico para la creación de OLAF esconde considerables dificultades. 
Usted sabe que la Comisión prefería que OLAF fuese una autoridad totalmente independiente. 
Se ha creado otro fundamento jurídico, señor Bösch. 
OLAF es independiente en el sector operativo pero por otro lado debe cumplir tareas directas de la Comisión y esto crea continuamente dificultades que, naturalmente, deben solucionarse. 
Solamente le puedo asegurar de nuevo, también en lo que se refiere al problema de la autoridad reclutadora, que el director de OLAF goza de total libertad en el reclutamiento de empleados y esto no se refiere solamente al nivel inferior sino también al superior y de dirección. 
A lo que usted se refiere es la siguiente cuestión: ¿va a establecer OLAF también un comité asesor para hacer más transparente el proceso de selección para los funcionarios de nivel superior? 
Estoy segura de que precisamente OLAF tiene interés en configurar de modo transparente la selección de los cuadros directivos superiores. 
Sólo quiero llamar la atención sobre lo siguiente: ahora tenemos que convivir y trabajar con este fundamento jurídico. 
El comité de supervisión elabora continuamente interesantes propuestas y consideraciones para el desarrollo del fundamento jurídico y la Comisión está muy abierta en este punto a las propuestas y reformas. 
La tercera estrategia de actuación afecta a un procedimiento conjunto de las instituciones europeas para la lucha y prevención del fraude en las instituciones y me permito indicar en este punto que las demandas de la Comisión contra EIB y el BCE a causa de las diferencias relativas a OLAF siguen pendientes al igual que la demanda de 70 diputados de esta Asamblea contra los poderes de investigación de OLAF. 
La cuarta estrategia de actuación afecta finalmente a la dimensión jurídico penal y de este modo a las consecuencias jurídico penales del fraude encontrado, descubierto o sospechado. 
Aquí la situación sigue siendo en total insatisfactoria, en especial en la cooperación con los Estados miembros, no porque exista falta de voluntad sino porque en este ámbito hay déficits estructurales y dificultades. 
Por ello, la Comisión dio también el paso de presentar a la Conferencia Intergubernamental en Niza un proyecto para la creación de una fiscalía europea. 
Esta propuesta había despertado en los debates previos a Niza una positiva curiosidad en cada vez más Estados, de modo que aunque de ello aún no se podía deducir la esperanza de que se realizase la correspondiente modificación del Tratado, sin embargo sí existía la justificada esperanza de que en Niza se acordase hasta qué punto se debería llegar con el asunto. 
Lamentablemente, el sábado por la tarde, debido al veto de un Estado no se llegó en Niza a una resolución de este tipo, lo que me parece muy lamentable. 
No obstante, la Comisión no va desalentase y vamos a promover el debate público. 
El próximo objetivo será el 2004, la próxima Conferencia Intergubernamental. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 11.30 horas. 
Reforma de los procedimientos de control presupuestario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0383/2000) de la Sra. Morgan, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la reforma de los procedimientos e instituciones de control presupuestario (2000/2008 (INI) ). 
Señor Presidente, sé más que perfectamente que este informe no figurará entre las contribuciones mayores y más radicales al debate europeo. 
El hecho de que haya una asistencia tan "enorme" esta noche es un reconocimiento de ello por los demás. 
No obstante, hay varios factores y cuestiones en este informe. 
Se debe considerar una oportunidad para que el Parlamento reevalúe su labor en relación no sólo con el control presupuestario, sino también, concretamente, con el procedimiento de aprobación de la gestión. 
No debemos olvidar que fue la renuencia del Parlamento a dar la luz verde a la forma como se gastaba el dinero de los eurocontribuyentes en 1996 lo que precipitó la caída de la Comisión en 1999. 
Lo que estamos viendo como resultado de la dimisión de la Comisión es un proceso radical de reforma. 
Sin embargo, en el Parlamento Europeo debemos procurar no ver la viga en nuestro ojo por estar tan centrados en ver la paja en el ajeno: el de la Comisión. 
También nosotros tenemos problemas, tal vez no tan grandes como los de la Comisión, pero es importante que reconozcamos que también los tenemos. 
Es evidente que no se puede apretar el botón nuclear en forma de procedimiento de aprobación de la gestión a la primera señal de problemas. 
De modo que el Parlamento Europeo debe utilizar con extraordinaria delicadeza esa potente arma que tiene a su disposición. 
El procedimiento de aprobación de la gestión brinda al Parlamento una oportunidad de evaluar la gestión financiera y los recursos financieros de la Unión Europea, proponer medidas para su mejora y expresar un juicio político global sobre su calidad. 
Es evidente que el principal centro de atención de nuestra labor, en la Comisión de Control Presupuestario, será la gestión de la Comisión y en última instancia reconocemos que es la responsable de la ejecución del presupuesto. 
Sin embargo, no debemos olvidar que el 85% del dinero se gasta y se malgasta en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Durante demasiado tiempo los Estados miembros han ocultado su culpa tras la compleja masa de burocracia de la Comisión que no puede replicar. 
Tomemos un ejemplo: el retraso en los pagos. 
Si el dinero de la UE no llega a tiempo, las personas pierden sus empleos. 
Ha ocurrido en varias ocasiones en relación con los Fondos estructurales, por ejemplo. 
Tenemos una legislación de la UE para proteger las empresas de esa mala gestión y ahora la Comisión ha prometido introducir sus propios reglamentos para velar por que no se retrasen los pagos. 
Pero, si la Comisión afloja el dinero para que simplemente permanezca en las arcas de un Estado miembro obteniendo intereses, el problema persiste por lo que al usuario final respecta. 
Conque, ¿dónde están las reformas de esos Estados miembros culpables? 
Tenemos un problema a este respecto, porque nuestra labor como Comisión de Control Presupuestario y como Parlamento depende de la información de que dispongamos. 
Dependemos del Tribunal de Cuentas para que nos facilite la munición con vistas a disparar a las zonas problemáticas. 
Sin embargo, la renuencia del Tribunal- y, si vamos al caso, de la Comisión- a citar por su nombre a los Estados miembros obstaculiza nuestro trabajo. 
Estamos intentando apagar un fuego y asfixiándonos con el humo. 
Tenemos que conocer el origen de las llamas. 
El Tribunal de Cuentas y la Comisión pueden ocultarse tras la complicación de la declaración de fiabilidad, pero no dejaremos que se nos desvíe de nuestro rumbo, naturalmente. 
Hemos oído decir que, como hay que hacer verificaciones esporádicas, sería injusto citar el nombre de los Estados miembros. 
Mi colega el Sr. van Hulten ha expuesto un interesante paralelismo con las verificaciones esporádicas hechas a atletas que han visto acabada su carrera. 
Si son culpables, se cita su nombre y se los avergüenza. 
En el Parlamento debemos hacer lo propio. 
También debemos recibir el panorama completo cuando se publica en el informe anual del ejercicio en examen. 
Eso significa que debemos saber lo que pagó cada uno de los países. 
Debemos saber qué sucede en materia de recuperación. 
Resulta imperativo también que nos atengamos a las atribuciones con las que contamos y que nos centremos exclusivamente durante el proceso de aprobación de la gestión en el ejercicio de que se trate. 
Tenemos otros mecanismos para poner de relieve ejemplos de fraude no advertidos antes. 
Otra recomendación fundamental que figura en este informe es la de intentar ampliar el cometido de la aprobación de la gestión allende la esfera exclusiva de la Comisión de Control Presupuestario. 
El control de la gestión y del gasto de la Comisión es la justificación principal para la existencia del Parlamento Europeo y el procedimiento de aprobación de la gestión es el instrumento principal mediante el cual se hace. 
En el pasado hemos intentado que participaran otras comisiones, pero no han respondido, por lo que queremos intentar cambiar la reglamentación del Parlamento. 
Estamos intentando vigilar a la Comisión y a los Estados miembros y este informe es un intento de hacerlo. 
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención protestando porque este debate se celebra con nocturnidad. 
Es una vergüenza que asuntos como éste, y otros importantes, tengamos que debatirlos por la noche. 
Es una vergüenza. 
Y nadie lo puede entender, yo tampoco. 
La señora Theato ha acudido a esta sesión nocturna pese a encontrarse enferma, yo he dejado una cena con los representantes de "¡ Basta Ya !", Premio Sajarov de este año. 
Esta situación tiene que cambiar. 
A continuación quiero felicitar a la ponente por su informe, tan importante y, contrariamente a lo que se ha dicho, tan necesario. 
Creo que su informe, además, se inscribe en la nueva forma que tenemos de entender lo que tiene que ser políticamente correcto en las instituciones, que es la transparencia. 
En el debate de esta mañana sobre el Consejo Europeo de Niza hemos criticado que sus reuniones se celebren con nocturnidad y a puerta cerrada. 
Sería bueno saber qué pasa ahí y, tal vez con puertas abiertas, los Estados se comportarían de forma distinta. 
Y es precisamente la gran aportación del informe Morgan. Pretende que en todo este proceso haya transparencia, que se llamen a las cosas por su nombre, que se señale con el dedo, que se diga qué servicios están haciendo las cosas mal. 
Por ejemplo, yo critico que, en la presentación del informe del Tribunal de Cuentas, el Consejo esté ausente como si a él no le interesara este Parlamento. 
También me parece criticable que el Consejo no esté presente en las reuniones de la Comisión de Control Presupuestario donde se habla de los defectos que precisamente se suscitan en el 80% del presupuesto, que gasta el Consejo. 
Algún día tendremos que cambiar esta especie de ausencia de la "mano inocente" que es el Consejo, que nunca es culpable de nada. 
Usted, señora Schreyer, acaba de citar al Consejo diciendo que hubo un Estado miembro que se opuso a la creación de un Fiscal Europeo. 
Es hora de que lo políticamente correcto sea decir de qué Estado miembro se trata y citarlo por su nombre y apellidos. 
Eso también pasa en muchos informes. 
Esta misma mañana, por ejemplo, en el debate que hemos tenido en la Comisión de Control Presupuestario hemos visto cómo el representante de la Comisión, cuando le decíamos que indicara los Estados miembros que hacen las cosas mal, ha contestado: "Mire usted, el control de lo que hacen los Estados miembros se hace mediante un muestreo, y no tenemos por qué penalizar a aquellos Estados miembros cuyas irregularidades se han descubierto gracias a un muestreo". 
Pues me da igual, digan que, por muestreo, el Estado tal o cual no hace las cosas bien. 
Quiero acabar diciendo que es importante el seguimiento de la aprobación de las cuentas, y para mí es lo más importante, es decir, que haya propósito de enmienda no sólo por parte de la Comisión sino también del Consejo, y también es importante incluir en los informes sobre los Estados miembros observaciones acerca de cómo cumplen o dejan de cumplir las conclusiones sobre la aprobación de cuentas. 
Me gustaría que en los debates en Pleno, y también en comisión, los Estados miembros, al menos la Presidencia y los representantes de los Estados aludidos, estén presentes. 
Señor Presidente, mis primeras palabras son para congratularme de la oportunidad de esta iniciativa y de la diligencia con que nuestra ponente Eluned Morgan la ha llevado a cabo. 
El objetivo del proceso de aprobación de la gestión es el de analizar los procesos y procedimientos en vigor y descubrir sus posibles insuficiencias a fin de habilitar a las instituciones para que los reformen. 
Con vistas a alcanzar cabalmente ese propósito, me permito poner de relieve cuatro preguntas que considero fundamentales en la labor de la autoridad de control presupuestario. 
En primer lugar, el equilibrio en la consideración de todas las rúbricas presupuestarias: es inaceptable que el análisis de los recursos propios hecho por el Tribunal de Cuentas excluya expresamente todos los ingresos resultantes de actos económicos no declarados, en contraste con el celo con que se tratan múltiples aspectos administrativos, a veces sin contenido substantivo, de diversas formas de gasto. 
En segundo lugar, la transparencia en la referencia a casos y acontecimientos: el Tribunal de Cuentas, siempre que se refiera a casos concretos, debe identificar a las instituciones interesadas, asumiendo la responsabilidad de las afirmaciones que formule. 
En tercer lugar, el rigor del análisis: no es comprensible que un gran número de informes especiales del Tribunal de Cuentas de gran calidad queden olvidados por el Informe Anual, en beneficio de otros temas tratados sin el menor análisis previo y en función de discutibles criterios de oportunidad política. 
En cuarto lugar, la precisión en la utilización de estadísticas: la estadística puede ser un instrumento precioso de análisis, pero también puede ser un peligroso instrumento de deformación de la realidad. 
Utilizar estadísticas para comparar irregularidades advertidas por diferentes instituciones resultantes de controles más o menos rigurosos puede ocultar más fácilmente que revelar lo que sucede. 
Altas tasas de irregularidad descubiertas tanto pueden servir de buen indicador del celo demostrado por las autoridades de control como de la perversión del sistema reglamentador. 
Señor Presidente, aunque la ponente dice humildemente que su informe podía haber sido mejor, mis felicitaciones por el mismo. 
Ya se ha dicho, la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto es una de las armas más importantes con que cuenta el Parlamento. De ahí que manejemos todo el asunto con cuidado. 
El Tribunal de Cuentas elabora informes, y el Parlamento es uno de sus consumidores más importantes. 
Creo, por ello, que es muy comprensible que el Parlamento dé al Tribunal de Cuentas lo que precisamente espera de estos informes. 
Así mismo, algunas personas ya han dicho que queremos informes concretos y cortos, de manera que sepamos dónde estamos, y que sean fácilmente legible. 
Debemos nombrar países, casos, instituciones, todas estas cosas que lo hacen más fácilmente comprensibles. 
Mi Grupo considera que es particularmente importante que no sólo se llegue a un DAS para todo el presupuesto, para toda aprobación de la gestión de la Comisión, sino también un DAS por sector. 
Al fin y al cabo, debemos poder evaluar si es mejor o peor. 
Considero también una idea excelente que figura en el informe, que los miembros del Tribunal de Cuentas deban aparecer en los comités especializados de este Parlamento, ya que no podemos seguir todos nosotros mismos, debemos hacerlo conjuntamente. 
El Tratado supone un problema para el propio Parlamento. 
El Tratado dice que podemos aprobar la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto, pero no establece que no la podamos aprobar. 
Creo que el Parlamento debe regular eso. 
Debemos poder hacerlo, pero creo que el rechazo de la aprobación es un asunto sumamente importante. 
De ahí que también figure en el informe que, si ése es el caso, el Parlamento deba celebrar inmediatamente un debate político sobre las consecuencias políticas que derivan de ello. 
En la enmienda 8 del Grupo liberal se establece que es importante que la Comisión de Asuntos Constitucionales detalle más la recomendación de este informe Morgan, de manera que pueda ser utilizada. 
Señor Presidente, el presente informe es un excelente trabajo que muestra que la Comisión de Control Presupuestario puede llegar a una posición coherente y convincente en una cuestión muy controvertida, como la importancia de los procedimientos e instancias de control presupuestario. 
El control presupuestario va a ser siempre un trabajo arduo y poco agradecido pues no se trata de realizar cumplidos sino de mostrar los puntos flacos, errores y omisiones y lograr de este modo que la Comisión proceda mejor con los fondos de los contribuyentes europeos. 
Expresado de un modo familiar, el tenor del informe indica que la Comisión de Control Presupuestario va a examinar en el futuro las cosas de un modo aún más preciso y que quiere que se hable con nombres y apellidos cuando se trate del paradero no aclarado de fondos fiscales europeos. 
Ni la Comisión ni los Estados miembros deben poderse eximir de su responsabilidad, sobre todo no mediante la remisión recíproca a la responsabilidad del otro. 
El informe contiene en el apartado 21 una decisión muy valiente que anuncia que se debería aplazar la aprobación de la gestión si la Comisión retiene informaciones. 
Espero que se haga realidad este compromiso si llega el caso y se plantea la lucha. 
Si el Parlamento lo hubiese acordado ya antes, no se habría debido conceder la aprobación de la gestión de 1998. 
La Comisión sigue reteniendo hasta hoy informaciones en especial en el asunto Fléchard y sin contestar preguntas. 
Quiero destacar en especial el apartado 20 del informe. 
Contiene un claro reconocimiento de los derechos de cada diputado para exigir y recibir informaciones de la Comisión, inclusive las confidenciales. 
Este reconocimiento de los derechos de cada diputado es especialmente importante pues la Comisión cuestiona precisamente estos derechos. 
Señora Comisaria, es preocupante que haya que llamar explícitamente la atención de la Comisión sobre el respeto a los derechos de los diputados siendo como es defensora de los Tratados. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Morgan su informe y decir que lo considero importante y válido. 
Ha sido el producto de una buena cooperación en el nivel de las comisiones y quiero agradecer que el Sr. Pomés Ruiz y la Sra. Theato hicieran también su contribución. 
Este informe contribuirá en alguna medida a esclarecer nuestros cometidos y ayudar también a la Comisión Europea a entender cuál es su papel y lo que se espera de ella. 
También quisiera hacerme eco de las palabras del Sr. Mulder cuando ha hablado de la importancia del procedimiento para la concesión de la aprobación de la gestión y ha subrayado que se debe tomar extraordinariamente en serio. 
Las personas que trabajan en la Comisión de Control Presupuestario a veces no se dan cuenta de la importancia de ese instrumento para orientar la labor de la Comunidad en tantas esferas de su competencia. 
Debemos proseguir esa tarea con firmeza, pero también con moderación y comprensión y debemos entender que durante años- tal vez porque el gasto público en el nivel europeo era un porcentaje tan pequeño de todo el gasto público de la Unión Europea, el 1% frente al 40%, por término medio, correspondiente a los Estados miembros- se consideró un simple detalle. 
Creo que es acertado decir que costó mucho hacer entender a los Estados miembros que debían aplicar la misma preocupación y el mismo cuidado a la protección de los recursos de la Unión como a la de sus propios recursos. 
Oí al Ministro de Bienestar Social del Reino Unido declarar en televisión- y no se trata de un incidente aislado- que, si pudiera poner freno al fraude, obtendría seis millones de libras esterlinas británicas. 
Lo dijo con toda sinceridad y lamentó que así fuera. 
Pero, si un Comisario europeo dijera eso, esperaríamos que dimitiese a la mañana siguiente. 
Así, pues, hemos de entender que el fraude no es un problema peculiar de la Unión Europea. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la Sra. Morgan por haber preparado este informe, teniendo en cuenta en particular el plazo extraordinariamente justo que se fijó por haber quedado encinta. 
Estoy seguro de que esta Asamblea le desea toda clase de éxitos en ese proyecto particular, aunque me preocupa ligeramente que las primeras palabras del niño vayan a ser "aprobación de la gestión" y "procedimiento". 
También quisiera elogiar ante la Asamblea la forma como desde el comienzo se ha redactado este informe utilizando otros informes ya aprobados por nuestra comisión. 
Algunos de los presentes han de conocer mi interés por el presupuesto en general y, como ponente del presupuesto para la Comisión de Control Presupuestario, preparé un informe en el que figuraban algunas conclusiones incluidas en éste, principalmente en el párrafo 16 de este informe. 
Desde esa fase embrionaria han pasado ahora a su período de gestación y han nacido con este informe. 
Se refieren a varios orientaciones para la acción que la Comisión de Control Presupuestario puede seguir cuando encuentre problemas en diferentes esferas, entre ellos los de recomendar a la Comisión de Presupuestos que congele o reduzca el importe de las consignaciones destinadas a las partidas de que se trate en el presupuesto del ejercicio siguiente; no autorizar transferencias de consignaciones que entrañen el aumento de las partidas afectadas durante determinado período hasta que hayan concluido investigaciones internas suplementarias; hasta llegar a pedir al Presidente de la Comisión que pida la dimisión de cualquier Comisario afectado por los graves problemas descubiertos: algo así como una cesárea de la UE. 
Por último, quisiera recomendar las propuestas de la ponente sobre la aceleración del procedimiento contradictorio y las diversas declaraciones sobre los informes especiales, si bien he de decir sin falta a la ponente que me propongo discrepar del calendario de cinco meses propuesto en el informe destinado a abordarlas. 
Tal vez un calendario de nueve meses fuera lo indicado. 
Estoy seguro de que complacerá a la ponente saber que hay pocas diferencias entre los Grupos principales que superar en estas circunstancias. 
No es necesario el fórceps para obtener con pinzas cualesquiera acuerdos, por lo que vamos a votar a favor de su informe. 
Señor Presidente, Señorías, señora Morgan, este informe ha requerido mucho trabajo- lo que se le nota- y muchas discusiones dentro y fuera del Parlamento, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas. 
Pero esto revela exactamente la importancia política del informe. 
Quiero felicitarle por el logrado y ponderado resultado del mismo. 
Tras los acontecimientos del año pasado, su objetivo es hacer más transparente el procedimiento del control presupuestario y de la aprobación de la gestión y, sobre todo, hacerlo más eficiente y efectivo. 
Les puedo asegurar que la Comisión se esfuerza por mejorar permanentemente sus propios procedimientos por lo que va a tomar el informe como fuente para otras sugerencias. 
Ha sido un paso muy útil para el asunto y creo que ha sido también muy consciente por su parte incluir en sus deliberaciones a la Comisión y al tribunal de Cuentas antes de la elaboración de este informe. 
Los órganos han intentado encontrar de un modo directo posibilidades para mejorar el procedimiento de aprobación de la gestión. 
En lo tocante al acceso a documentos para el informe de aprobación de la gestión, lo que es un punto importante, me permito llamar la atención sobre el hecho de que el punto de partida para los trabajos de la Comisión es el Acuerdo Interinstitucional alcanzado en julio de este año, en especial el anexo 3, es decir, el acceso a informaciones confidenciales. 
Les puedo asegurar que la Comisión se va a atener totalmente a este acuerdo. 
Me permito indicar a la Sra. Stauner- pues acaba de referirse a determinadas cuestiones- que en lo referente a la información confidencial el presidente de la comisión plantea o transmite las preguntas a la Comisión. Así está regulado en el acuerdo. 
Me permito decirle que el presidente de la comisión no ha planteado ninguna pregunta a la Comisión. 
El informe exige que se hagan detallados inventarios de las actividades operativas, unos controles exhaustivos de las líneas presupuestarias y de las irregularidades así como una evaluación interna de los resultados por parte de la Comisión. 
Estamos convencidos de que la Comisión ha avanzado y sigue avanzando esencialmente con la reforma administrativa. 
El Parlamento ha elogiado además este programa de reforma. 
Señora Morgan, usted dedica una buena parte de su informe a la cuestión de si el Tribunal de Cuentas debe enjuiciar en el futuro cada una de las direcciones generales, cada uno de los servicios de la Comisión. 
En este contexto, me permito recordarles que el artículo 276 del Tratado de la CE se refiere a la aprobación de la gestión de la ejecución del presupuesto en total y no a partes aisladas o sectores presupuestarios aislados. 
También debo indicar en este contexto que el riesgo de cometer errores en la ejecución presupuestaria- tanto graves como menos graves- son muy diferentes en cada servicio pues disponen de unos presupuestos operativos totalmente diferentes y tienen que superar unos riesgos asimismo diferentes. 
Por ejemplo, en el sector agrario, el presupuesto del Sr. Fischler abarca unos 443 mil millones de euros mientras que el presupuesto operativo en la dirección general de presupuestos es casi cero, por lo que naturalmente apenas existe tampoco ningún riesgo. 
Se debería tener en cuenta esto. 
Para la totalidad del debate va a ser naturalmente una cuestión importante el tema de si van a existir diferentes tolerancias de error pues, por ejemplo, la ejecución del presupuesto en el sector administrativo, donde se pagan los sueldos, es mucho más sencilla. 
La tolerancia de error debería ser aquí prácticamente cero mientras que en el sector de los servicios externos la política exterior tiene que ver con unos riesgos muy diferentes cuando, por ejemplo, se actúa en una zona de crisis con ayuda humanitaria. 
También debería tenerse esto en cuenta. 
Pueden ver en mis explicaciones que considero razonable seguir debatiendo sobre estas propuestas para ver de qué modo se pueden establecer más intensamente las responsabilidades. 
Este es también el deseo en el ámbito de los Estados miembros. 
Me permito indicar que voy a tomar sus propuestas como motivo para discutir sobre ellas también en el próximo encuentro con representantes de los Estados miembros para el sector del control financiero. 
Entonces informaré gustosamente en la comisión sobre los resultados de la discusión. 
Muchas felicitaciones de nuevo por su informe. 
Señor Presidente, quiero realizar muy brevemente una corrección. 
Señora Comisaria, el punto de partida de la transmisión de informaciones al Parlamento Europeo es el Tratado de la CE y no el Acuerdo Interinstitucional. 
Sólo quiero aclarar esto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Ofertas públicas de adquisición 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0368/2000) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, respecto de la posición común del Consejo (8129/1/2000- C5-0327/2000- 1995/0341 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Derecho de sociedades relativas a las ofertas públicas de adquisición. 
Señor Presidente, Señorías, este proyecto de ley en segunda lectura es extraordinariamente complicado y no facilita aclarar las interrelaciones existentes de las que aquí se trata. 
La posición común que se nos ha presentado y sobre la que debemos decidir hoy tiene en mi opinión toda una serie de defectos decisivos que, por lo demás, hasta ahora no han sido cuestionados fundamentalmente por nadie en el debate. 
El primer fallo decisivo es la falta de armonización. 
En esta posición común, en la que se trata de la adquisición de empresas, se quiere proteger a los accionistas. 
En mi opinión, este es un objetivo totalmente loable pero para ello deben darse también ciertas condiciones marco y esto pretende cubrirlo una directiva marco. 
En una serie de cuestiones que se tienen que regular de modo general en relación con las adquisiciones hostiles, esta posición común no regula en realidad nada. 
Quiero mencionar a modo de ejemplo la cuestión del llamado umbral de adquisición a partir del cual se pone en marcha una oferta obligatoria, la cuestión del llamado precio adecuado que se debe ofrecer a los accionistas o la cuestión de bajo qué circunstancias se deben adquirir compromisos de pago en efectivo. 
En Europa tenemos unos mercados de capitales que crecen fusionándose. 
Creo que ante este trasfondo es absolutamente necesario que estas cuestiones no queden sencillamente flotando en el aire sino que se deben regular. 
Por esta sencilla razón, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior que tengo que exponer yo hoy contiene en toda una serie de enmiendas propuestas concretas sobre cómo se podrían regular estas cuestiones. 
Considero además que estas propuestas son correctas pues si no lo hacemos nos deberemos plantear seriamente la pregunta, al menos en lo referente a estos problemas, si esta directiva tiene en absoluto sentido. 
Escribir en una directiva que se debe pagar a los accionistas un precio adecuado tiene aproximadamente el mismo valor que decir que una manzana se cae del árbol cuando está madura. 
Habría que escribir también cuál es el precio adecuado y de qué se trata en todo este asunto. 
El segundo gran problema de esta directiva es el artículo 9. 
El objetivo de la misma pretende ser crear en Europa un level playing field, es decir, igualdad de armas. 
Pero el resultado de esta posición común sería, si no se modifica, que al final no sólo no tendríamos una igualdad de armas respecto a Norteamérica sino ni siquiera dentro de Europa. 
Los americanos conocen el llamado business judgment rule, es decir, la posibilidad de defenderse ante adquisiciones. 
En Europa se prevé según la posición común una obligación estricta de neutralidad. 
Es decir, en el futuro las empresas norteamericanas podrían adquirir más fácilmente empresas europeas. 
El segundo problema es que tampoco existe igualdad de armas en Europa. 
Hay una serie de Estados, el ejemplo clásico es Gran Bretaña con el London Stock Exchange que se ha expuesto y descrito en varias ocasiones, en los que el derecho de sociedades prevé la posibilidad de excluir en la práctica las adquisiciones mediante limitaciones en los derechos de voto reflejados en el estatuto de la sociedad anónima. 
Así pues, la consecuencia de este artículo 9, tal como figura aquí, sería que algunas empresas de algunos países en Europa podrían se adquiridas mucho más fácilmente mientras que otras empresas en otros países en Europa no podrían ser prácticamente adquiridas nunca si tienen en su estatuto tales normas. 
Por ello, hay que modificar el artículo 9. 
El siguiente problema es la cuestión de la autoridad competente para la supervisión. 
La posición común regula esta cuestión en más de tres páginas. 
Si se regula algo así en más de tres páginas, está claro que existen suficientes motivos y fundamentos para litigios y con ello no se aporta ninguna seguridad jurídica. 
Por ello, creo que tenemos que mejorar también el artículo 4. 
Sólo quiero indicar otra cosa: en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior hemos encontrado enmiendas de compromiso por encima de las fronteras entre los Grupos políticos. 
Estas enmiendas de compromiso no satisfacen a todos en esta Asamblea. 
Es lo que les pasa a las enmiendas de compromiso. 
Pero lo decisivo es que reconocemos que esta directiva tiene graves defectos. Aquí no hay ninguna divergencia. 
La única posibilidad de superar estos defectos es que acordemos aquí con una mayoría de 314 votos el camino a la conciliación. 
Está totalmente claro que en la conciliación, al final no sale lo que el Consejo ha acordado o lo que apruebe mañana el Parlamento. 
El resultado será otro compromiso. 
Si mañana no acordamos estas modificaciones que se han presentado aquí, no existirá ese segundo compromiso y la directiva seguirá siendo tan mala como es. 
Por ello, sólo puedo solicitar a esta Asamblea que apruebe las enmiendas de compromiso de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior. 
Si en círculos de la Comisión o en otros lugares se teme que la directiva podría fracasar entonces tengo que decir sinceramente que no lo creo. 
Desde que existe el procedimiento de conciliación entre el Parlamento y el Consejo, y ya han pasado seis años, ha fracasado una única directiva en el procedimiento de conciliación, la relativa a la biopatente. 
Poco más adelante la acordamos a pesar de ello tanto en el Consejo como en el Parlamento. 
No sé porqué no debería lograrse en el presente caso, al igual que se ha logrado para todas las demás directivas, llegar al final a un compromiso. 
Por ello, no comparto en absoluto la preocupación que se ha expuesto aquí. 
Deberíamos llevar a cabo con éxito la segunda lectura y en el procedimiento de conciliación deberíamos perseguir un buen compromiso. 
Señor Presidente, sobre una cuestión reglamentaria: deseo recordar a sus Señorías el apartado 2 del artículo 9, que se refiere al artículo 1 del Anexo 1: "Antes de hacer uso de la palabra ante el Parlamento o uno de sus órganos, todo diputado que tenga intereses relacionados directamente con el asunto en debate lo pondrá oralmente en conocimiento del Parlamento". 
En vista de que el Sr. Lehne propone fortalecer el papel de los directores de empresas, resulta evidente que los diputados podrían desear declararlo antes de hablar. 
No les impide hablar; puede no afectar a nuestro ponente, pero, desde luego, afecta a algunos diputados de su Grupo que ocupan puestos ejecutivos en el grupo Bertelsmann de medios de comunicación. 
Mi amigo el Sr. Lehne ha expuesto la posición del Grupo PPE. 
Yo voy a exponer la posición de la delegación conservadora británica y varios otros diputados. 
Sin embargo, no es necesariamente una descripción completa y detallada de la posición del Grupo PPE, que él ha expuesto. 
Cuando una empresa se cotiza en Bolsa, la dirección y los propietarios dicen al mundo que los inversores pueden comprar y vender acciones sin que la larga mano de la dirección o del Estado amañe el mercado contra ellos. 
El Mercado Único Europeo es un mercado paneuropeo, pero dentro de él se debe considerar el mercado de acciones como otros mercados, por lo que las fronteras nacionales, aunque delineen jurisdicciones diferentes, no deben obstaculizar la equivalencia esencial de las normas en todo el mercado. 
Dentro del Mercado Único los inversores- ya sean privados, empresas o fondos de pensiones- deben poder ejercer los derechos de propiedad en pro de las empresas en las que inviertan y para los inversores en ellas. 
En mi país abrigamos reservas serias sobre la posición común, pero, por el bien de todos, estaríamos dispuestos a aceptarla. 
Por desgracia, creemos que algunas de las enmiendas propuestas no la mejoran. 
Al contrario, algunas perjudicarán fatalmente el proyecto de un solo régimen paneuropeo en materia de ofertas públicas de adquisición. 
Para ser eficaz, útil y provechoso para los intereses públicos, esa directiva debe tener las siguientes características: en primer lugar, evitar la participación directa de los tribunales y disponer, en cambio, de una instancia reguladora con amplios poderes discrecionales conforme al Estado de derecho; en segundo lugar, disponer de normas claras y viables en materia de jurisdicción; en tercer lugar, aclarar las definiciones de precio equitativo y fijar umbrales idóneos; en cuarto lugar, velar por que la dirección no pueda frustrar indebidamente la posibilidad de que los accionistas adopten sus legítimas decisiones sobre el futuro de la empresa en la que tengan participación. 
Si no conseguimos que esta directiva sea correcta, dirá al mundo que Europa no va a afrontar las realidades del mercado mundial, lo que no quiere decir que no debe hacerlo en su momento; simplemente el ajuste será más prolongado y doloroso y las víctimas serán los puestos de trabajo europeos y la prosperidad europea. 
Señor Presidente, parece que definitivamente nos encontramos al final del camino sobre la propuesta de directiva que regulará las ofertas públicas de adquisición de acciones. 
Es una propuesta que ha tenido un largo, y me temo que tormentoso, camino para superar algunas de las dificultades existentes. 
Es cierto que las dificultades han sido muchas. Es cierto, igualmente, que el acuerdo político obtenido en el Consejo, el pasado año, ha permitido desbloquear alguna de ellas. 
Por ello me permito hacer una reflexión sobre la función del Parlamento: en un procedimiento de codecisión, en el que en un asunto complejo se ha llegado a un acuerdo político, ¿cuál debe ser el papel del Parlamento Europeo? 
¿Nuestro papel debe quedar limitado a decir "Amén" a las propuestas del Consejo? 
Yo creo, Señorías, que no debe ser así. 
No quiero decir con ello que, una vez obtenido ese acuerdo del Consejo, el Parlamento deba dedicarse a dinamitarlo. 
Señorías, somos políticos y, por lo tanto, somos partidarios siempre de encontrar acuerdos políticos. 
Estas reflexiones resultan plenamente aplicables a este informe. 
El Consejo ha obtenido un acuerdo que debe ser respetado en lo esencial como ha hecho el ponente, Sr. Lehne, en su magnífico informe, por el que le felicito muy sinceramente. 
Y le felicito no solamente por respetar lo esencial de ese acuerdo, sino por buscar fórmulas que- insisto, respetando lo esencial- tratan de mejorar la propuesta legislativa. 
Ése es, a mi entender, el papel de una institución colegisladora como el Parlamento en el procedimiento de codecisión. 
Las enmiendas que plantea nuestra comisión se pueden agrupar en tres bloques. 
En el primero de ellos se incluyen una serie de enmiendas técnicas que intentan, bien aclarar conceptos, o bien cubrir lagunas. 
No voy a insistir en ellas. 
En el segundo bloque se incluyen una serie de enmiendas que tratan de mejorar la participación de los trabajadores cuando existe una oferta pública de adquisición de acciones. 
No podemos cerrar los ojos a la realidad: cuando se produce una adquisición de acciones se producen reestructuraciones de plantilla, despidos... , en definitiva, medidas que afectan a los puestos de trabajo. 
Por ello es importante que los trabajadores y sus representantes estén informados, desde el primer momento, de lo que se trama y puedan hacer oír su voz en el propio procedimiento de adquisición. 
El tercer bloque lo engloban aquellas enmiendas que, a lo largo de la tramitación, han resultado más conflictivas. 
Y me gustaría tener el poder de convicción de poder evitar a sus Señorías cualquier temor sobre las consecuencias que se puedan deducir de la aprobación de estas enmiendas. 
Es verdad que el Reglamento del Parlamento Europeo no facilita esa posibilidad, convirtiendo estos debates en un simple y puro diálogo de sordos. 
¡Qué le vamos a hacer! 
La primera enmienda se refiere al artículo 4, en el que se establece cuál ha de ser la autoridad competente para la supervisión de la oferta. 
En el apartado 1 se establece que será la del país miembro en el que tenga la sociedad afectada el domicilio social, siempre- es lógico- que sus valores estén admitidos a cotización en ese Estado miembro. 
¿Qué pasa cuando no están admitidos a cotización en ese Estado miembro? 
Se propone una respuesta que no parece compatible con alguna otra enmienda presentada por algunos diputados, indudablemente de buena fe, exigiendo siempre el criterio del domicilio. 
Porque si no se cotizan las acciones ahí, ¿por qué van a ser supervisadas por esa autoridad? 
La segunda enmienda conflictiva se refiere a la obligación de neutralidad. 
Aquí nos encontrábamos con posiciones muy encontradas, incluso opuestas, y se ha llegado a una fórmula que permite algunos supuestos excepcionales para realizar maniobras defensivas cuando no sea posible convocar la junta general. 
Mi Grupo y yo vamos a apoyar esas enmiendas. 
Señor Presidente, temo que corremos peligro de perder el hilo o perder de vista lo que significa esta directiva. 
Forma parte del plan de acción en materia de servicios financieros; en palabras de nuestro Comisario, "un elemento fundamental para la creación de un mercado plenamente integrado de servicios financieros que brinde a los inversores y a los consumidores más posibilidades de elección". 
Las propuestas introducen tres elementos fundamentales en un momento en que hay un cambio en el control de una empresa: protección de los accionistas minoritarios, transparencia en relación con la información sobre las ofertas y la supervisión reguladora del proceso. 
Pero, ¿qué es lo que nos arriesgamos a hacer como Parlamento en virtud de las enmiendas presentadas? 
En primer lugar, no somos ni mucho menos transparentes. 
Algunas de las enmiendas parecen un intento encubierto de introducir de forma subrepticia algunos elementos de la normativa interna de una empresa. 
En segundo lugar, estamos adoptando estructuras y procedimientos rígidos cuando la recomendación de la Comisión era que fueran flexibles y brindaran a los Estados miembros libertad de acción para reflejar los usos nacionales en el mundo empresarial. 
Por último, la cuestión de la claridad: su falta resulta particularmente evidente en el debate sobre la jurisdicción, cuestión sobre la que tengo poca experiencia. 
La posición común proponía que se compartiera de alguna forma. 
Ahora tenemos una propuesta que provocaría líos, búsqueda del tribunal más favorable, posibles litigios en un momento delicado de un acuerdo empresarial. 
Eso es contraproducente. 
La jurisdicción debe corresponder exclusivamente al Estado miembro en el que esté registrada la empresa afectada. 
Eso es lo equitativo para los accionistas minoritarios, transparente y, sobre todo, claro. 
De hecho, quisiera pedir al Comisario que examine si puede aceptar mi enmienda sobre este aspecto decisivo. 
El editorial de hoy de The Financial Times habla de la política de las ofertas: que se haya tardado nada menos que diez años en conseguir este proyecto y que nosotros, el Parlamento, pudiéramos destruirlo en diez minutos votando mañana enmiendas equivocadas. 
Espero que no sea así. 
Señor Presidente, quisiera asegurar a la Sra. Wallis que voy a votar a favor de su enmienda nº 19 por las mismas razones que ha aducido... y espero que mi Grupo haga lo propio. 
Se trata de un asunto en el que la claridad reviste la mayor importancia. 
Asimismo, rechazaremos la parte crítica de la enmienda nº 17, que excluiría a los accionistas de la decisión sobre una oferta correspondiente a una empresa de su propiedad. 
El fundamento para ello es el de que no compete a los gobiernos, las autoridades supervisoras ni la dirección saliente aceptar o frustrar una oferta. 
Compete a los propietarios de la empresa: los propios accionistas. 
Ése es el principio sobre el cual tal vez nos dividamos mañana: el principio primordial de una ley encaminada a regular las ofertas públicas de adquisición. 
Si sus Señorías consideran que lo correcto es la equitatividad y la transparencia para con todos los accionistas- mayoritarios y minoritarios -, eso es lo que debe determinar su voto sobre varias de las cuestiones aquí abordadas. 
Hay varios aspectos respecto de los cuales me complacería secundar las enmiendas de transacción, en particular las que afectan a la situación de los empleados. 
Comprendo el deseo del Sr. Lehne de que se aborde este asunto en la conciliación y se aclare más. 
Lo comprendo. 
Pero debemos abordarlo teniendo presente el principio rector de la protección de los accionistas. 
Señor Presidente, el objeto de este informe, el régimen europeo común de ofertas públicas de adquisición de empresas sólo afecta a una pequeña minoría de grandes grupos capitalistas y sus principales accionistas, que monopolizan la propiedad de las empresas. 
En las sutilezas jurídicas intercambiadas entre el Consejo y el Parlamento no se han mencionado siquiera los obreros, los técnicos, los empleados y los trabajadores por cuenta ajena, los que hacen funcionar las empresas que se disputan a golpe de millón los grandes grupos financieros. 
A las instituciones europeas les importan poco las pérdidas de puestos de trabajo y los cierres de empresas ocasionados por la práctica totalidad de las compras o fusiones de empresas. 
Yo, por mi parte, para nada necesito los problemas jurídicos de los grandes accionistas, y votaré en contra de este informe. 
En cambio, debo afirmar aquí mi solidaridad con aquellos a quienes explotan, y si el Parlamento tuviera el más mínimo respeto por los trabajadores, debería, al menos, prohibir que las adquisiciones de empresas se traduzcan en despidos. 
Señor Presidente, después de 18 años trabajando en servicios financieros, no creo que esta directiva sea necesaria. 
En el Reino Unido la reglamentación de las ofertas públicas de adquisición mediante el código voluntario de prácticas administrado por el grupo encargado de las ofertas públicas de adquisición ha dado muy buenos resultados: un buen ejemplo aquí de un planteamiento pragmático de una cuestión sumamente compleja en la que la legislación sería menos apropiada. 
No debemos pasar por alto que el mercado de ofertas públicas de adquisición es primordialmente británico. 
La actividad al respecto en Londres supera todo el volumen combinado del resto de Europa, por lo que esta medida perjudicará al Reino Unido. 
Muchos creen que la imposición de un código legal es una simple estratagema proteccionista para permitir a empresas europeas menos eficientes protegerse de las ofertas públicas de adquisición recurriendo a complejas acciones legales. 
¿Tanto miedo tienen las empresas europeas a la competencia, que sienten la necesidad de abrigarse tras una ley restrictiva que, en lugar de mejorar la competitividad europea, la asfixiará? 
Si no es así, sus Señorías deben votar contra esta directiva. 
Señor Presidente, para que Europa pueda tener éxito en el mercado global, deberá mejorar las estructuras de las empresas en el mercado europeo. 
También las empresas deben poder reestructurarse entre los países de la Unión. 
Esta directiva seguramente no proporcionará las normas que actualmente se necesitan en el mercado bursátil internacional, pero la batalla aún no está perdida. 
El problema es que la legislación bursátil está estrechamente relacionada con el derecho de sociedades y es difícil armonizar un sector si el otro no está armonizado. 
Siempre habrá algún afectado, independientemente de la redacción las normas. 
En un pequeño mercado como el sueco, con una relativa concentración de la propiedad, una armonización de las ofertas del 30 por ciento creará problemas; abogamos por mayor flexibilidad. 
Se necesita más flexibilidad también en relación con la obligación total de neutralidad que propone el Consejo. 
El problema se producirá en las empresas alemanas, ya que la legislación empresarial alemana prohibe la diversificación de los votos. 
Hay que demostrar mayor comprensión por las peculiaridades nacionales ya que, en caso contrario, las consecuencias para las estructuras empresariales nacionales pueden ser funestas. 
Por el contrario, sería más fácil resolver el problema de determinar las competencias de las autoridades de control. 
Lo más fácil sería elegir la autoridad de control del país en el que la empresa tiene su sede. 
Las empresas pueden estar registradas en las bolsas de diferentes países y las empresas que tienen su oficina principal en Suecia no siempre están registradas en la bolsa sueca. Sería raro si, por ejemplo, las autoridades norteamericanas fuesen responsables de la fusión entre dos empresas europeas. 
Los que quieran evitar este tipo de consecuencias pueden votar a favor de la enmienda 19 que aclara que la sede de la empresa final será determinante. 
Si no respetamos la obligación de neutralidad, desaparece el objetivo de la directiva. 
Si además abrimos la puerta a las medidas defensivas, tal vez dificultemos la reestructuración del mercado europeo y, especialmente, la protección de los pequeños accionistas. 
Quiero subrayar que el Comité de Conciliación tiene una responsabilidad muy grande y que el éxito presupone unidad. 
Señor Presidente, se ha dicho que éste que tenemos ante nosotros es un instrumento legislativo muy importante, decisivo. 
Es la esencia del plan de acción en materia de servicios financieros de la UE. 
Pero, más que eso, lo mejor es que podemos sacar adelante el programa de Lisboa de creación de una economía europea competitiva y dinámica. 
Para eso necesitamos un mercado eficiente de bienes, servicios y capitales. 
Señor Bolkenstein, comparto sus preocupaciones: no podemos permitirnos el lujo de arriesgarnos a perder esta directiva, porque la economía de la UE pagaría el costo de oportunidad en años de imposibilidad de reestructurar las empresas europeas. 
Sin embargo, las enmiendas presentada por nuestro ponente nos harán avanzar en esa dirección. 
Temo que socave el efecto de la reestructuración empresarial necesaria para crear esa competitividad de la UE en los mercados mundiales. 
Para lograr la excelencia mundial en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, debemos velar por que ofertas públicas de adquisición recientes como Vodafone, Mannesmann, France Telecom, Orange, revelen que los modelos europeos funcionan y no pueden ser bloqueados por acciones hostiles ni autodestructivos. 
Sería dar la espalda a la oportunidad de lograr la competitividad que deseamos. 
Así, pues, mi delegación de diputados laboristas no puede aceptar los cambios en el artículo 9 para conceder a los consejos de las empresas el derecho a adoptar medidas defensivas a fin de frustrar ofertas públicas de adquisición sin obtener la aprobación de los accionistas. 
El propio Sr. Bolkestein ha dicho que es decisivo que la dirección de las empresas afectadas consulte a los accionistas en ese caso. 
Nuestro objetivo primordial debe ser el de proteger a nuestros inversores y velar por un proceso justo e igualitario de ofertas públicas de adquisición. 
Debe ser el de velar por que haya una corriente eficiente en los mercados de capitales y no debemos acabar elaborando una legislación que proteja a directores potencialmente ineficientes y sostenga a empresas fracasadas. 
Eso no redundará en provecho de nadie. 
El resultado será el de que los inversores no consideren la UE un mercado integrado de capitales; socavará la confianza de los inversores y su consecuencia será una salida de capitales de Europa. 
Las enmiendas del ponente crean confusión en la esfera de los litigios y no estaría bien que votáramos en pro de la confusión en posibles casos de litigio. 
He de decir que no entiendo el planteamiento del Sr. Lehne en la revista británica The Economist, en la que él mismo ha reconocido que su transacción es inviable, pero la ha presentado para contentar a los socialistas y está dispuesto a retirarla en la conciliación. 
Eso es inaceptable. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es muy importante que al cabo de diez años de debates en la UE se pueda solucionar por fin la importante cuestión de la armonización mínima del derecho de adquisiciones mediante una directiva marco razonable si bien, tal como ha dicho el Sr. Lehne, la última propuesta denota algunos problemas técnicos y también de fondo y suponemos que, lamentablemente, la propuesta actual sólo se podrá modificar cualitativamente en el procedimiento de conciliación. 
Sin embargo, hay que observar que las circunstancias han cambiado notablemente desde la primera lectura. 
Las inversiones extranjeras se han duplicado dentro de la UE entre 1997 y 1998 y las fusiones y adquisiciones transfronterizas han alcanzado un punto récord. 
Hasta hoy, no existe una regulación vinculante para las adquisiciones ni en el derecho comunitario ni en el derecho de algunos Estados miembros. 
Por ello, parece necesaria la directiva sobre ofertas de adquisición para preservar una competencia honesta y por motivos de seguridad jurídica. 
Estoy en la afortunada situación de poder decir que Austria dispone desde el 1 de enero de 1999 de una ley propia sobre adquisiciones. 
El derecho austríaco de adquisiciones y en especial su ejecución por parte de la comisión de adquisiciones han demostrado más o menos su viabilidad desde su entrada en vigor. 
En el Parlamento Europeo lo que debemos hacer es regular de una forma mínima en el ámbito europeo los grandes campos que ocasionan tensiones en el derecho de adquisiciones, por ejemplo, presidencia frente a accionistas, grandes accionistas frente a pequeños o empresas frente a mercado de capitales. 
Además, es irrenunciable que, de conformidad con los objetivos generales y en el marco de la directiva, los países miembros tengan la posibilidad de adoptar unas regulaciones adecuadas que vayan más allá, por ejemplo, como en el actual derecho austríaco de adquisiciones la exigencia de la igualdad de trato de todos los accionistas.... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, en primer lugar saludo el trabajo que el Sr. Lehne se ha tomado y que haya reiniciado de nuevo toda esta actividad. 
La lástima es que este informe haya durado tanto tiempo. 
El tiempo se nos escapa de nuevo en la política. 
La economía marca los ritmos. 
Si se vive esto aquí como un debate fantasmal, no se debe tanto a la hora o a los pocos colegas presentes sino a lo que vemos de nuevo en Europa. 
Hablamos de una Europa que debe unirse y ¿qué es lo que escuchamos? 
Lobistas británicos contra esta Europa y contra un soplo de modelo social que siempre se esgrime luego en las campañas electorales. 
Sería bonito si el partido laborista británico- de los conservadores no se puede esperar en absoluto- se moviese en alguna ocasión más allá de los límites de la City of London. 
Antes se hablaba de Britain rules the waves, ahora se habla de Britain drifts away. 
¿Porqué se nos toma siempre como rehenes por esta pequeña City of London? 
¿Porqué no somos lo suficientemente sinceros y decimos que las adquisiciones se convertirán en un grave problema social si no las amortiguamos? 
¿Porqué no nos atrevemos a defender lo que siempre anunciamos en las intervenciones electorales? 
En concreto, sabemos que el 70% de las fusiones fracasan. 
BMW/Rover, un desastre. 
Daimler/Chrysler se va convirtiendo paulatinamente en un crime cuando se ve lo que está pasando. 
¿Es suficiente con lo que se dice ahora en el informe Lehne? 
No, pero es un primer paso en una dirección determinada. 
Personalmente- y desearía que también fuese válido para el partido laborista británico- voy a apoyar las enmiendas que conducen a más regulaciones. 
No queremos una situación norteamericana en nuestro continente. 
No la necesitamos. 
A la economía europea le va muy bien. 
En Gran Bretaña, los extremos sociales se van separando cada vez más. 
¿Está el poder antes que el derecho? , ésta es la cuestión. 
Pero la respuesta es que el informe Lehne es al menos un pequeño paso hacia la civilidad de Europa. 
Señor Presidente, es interesante seguir al Sr. Martin como orador inglés y puedo asegurarle que la economía británica no se está desmoronando, aun cuando a mi partido le gustaría cambiar de gobierno. 
Una observación que quiero formular en relación con esta directiva sobre las ofertas públicas de adquisición es la de recordar con toda firmeza que millones de electores de mi país y millones de personas tienen planes de pensiones y ahorros basados en inversiones en el mercado de valores. 
La Sra. MacCarthy nos ha recordado muy atinadamente que debemos declarar nuestros intereses, conque permítaseme declarar mi interés. 
Tengo un fondo de pensiones de mi anterior empleador. 
Gran parte de su valor se basa en inversiones en el mercado británico de valores y dependo de los gestores de inversiones para que mantengan segura mi inversión y la desarrollen para mi futura jubilación. 
Ésa es, naturalmente, una importante fuerza, señor Martin, para la economía británica, porque tenemos esos fondos ahí en un momento en que nuestra sociedad está envejeciendo y tenemos que proporcionar esas pensiones. 
No tenemos una cobertura de pensiones con financiación pública. 
Eso es algo que todo el mundo en la Unión Europea va a tener que abordar y esta directiva sobre las ofertas públicas de adquisición, en la forma final en que se apruebe, debe abordar esa cuestión. 
El problema con las enmiendas que tenemos ante nosotros es el de que, si se aprueba de este modo, las personas que gestionan mi fondo de pensiones no podrán potenciar al máximo ese valor para mí. 
Eso es aplicable a millones de personas comunes y corrientes que trabajan en empresas de todo el Reino Unido. 
De su futuro es de lo que estamos hablando. 
No se trata de un concepto abstracto. 
Afecta al núcleo de la economía británica y es algo que también revestirá una importancia cada vez mayor para el futuro de la economía europea. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Parlamento la atención que presta a esta propuesta y el trabajo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y, sobre todo, el ponente, el Sr. Lehne, han realizado. 
Esta atención es ciertamente justa, dado el interés de este texto, que los jefes de Estado y de Gobierno han distinguido como prioridad durante el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en marzo de 2000. Su aceptación conllevaría una considerable mejora del funcionamiento y la estabilidad de los mercados financieros europeos. 
Estoy particularmente satisfecho de que pueda discutirse por fin esta posición común, que hemos tenido que esperar tanto, pero que los Estados miembros fijaron finalmente el pasado junio por unanimidad. 
Algunas enmiendas propuestas por el Parlamento mejoran todavía más el texto de la posición común del Consejo. Debido a ello, sus puntos centran la atención en cuestiones que podrían dar lugar a dificultades en la interpretación y que urgen a una más rápida transformación de la directiva. 
De ahí que la Comisión esté de acuerdo con las enmiendas 7, 14 y 18. En particular, agradece la enmienda 18 que contempla la reducción del período de transformación de la directiva, de acuerdo con el deseo ya expresado varias veces por la Comisión. 
Al fin y al cabo, esta institución siempre ha señalado la necesidad de no perder tiempo en la ejecución de esta directiva, algo muy deseado por todos los interesados. 
Además, la Comisión toma nota de las comunicaciones que se le han planteado mediante las enmiendas 5 y 13. 
Esta institución no tiene, en principio, reparos a estas sugerencias, pero recuerda que no se corresponden con esta directiva. 
El texto actual garantiza la información adecuada a los trabajadores sobre las condiciones y consecuencias de la oferta. 
Las disposiciones que van más allá en este ámbito no se corresponden con los objetivos de la directiva en relación con la protección de los accionistas. 
Las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores en caso de reestructuración de las empresas se regulan en otras directivas comunitarias. 
Así mismo, la Comisión quiere mostrar su interés por la enmienda 12. 
Esta enmienda contempla la introducción de un instrumento por el que un accionista mayoritario pueda hacerse con los valores restantes. 
Este procedimiento que ya existe en algunos Estados miembros, se refiere, sin embargo, no sólo al ámbito de las ofertas públicas de adquisición, sino que va más allá y podría analizarse eventualmente en el marco de revisión general adoptada por la Comisión en materia de derecho de sociedades. 
Propongo, por tanto, que esa materia se incluya en los temas que podría examinar una comisión de expertos. 
La Comisión no puede, desgraciadamente, adoptar las restantes enmiendas por diferentes motivos. 
Las enmiendas 2 y 10 no son aceptables, ya que modifican el ámbito de aplicación de la directiva. 
La directiva se relaciona con todas las ofertas públicas y las ofertas públicas excluyentes de compra o intercambio, sean voluntarias u obligatorias. 
Las enmiendas 4 y 15 no son aceptables por no tener cabida en las disposiciones que se contemplan. 
Éstas se refieren solamente a los titulares de los valores en el primer caso, y a la autoridad de control, en el segundo. 
Las enmiendas 8 y 9 carecen de fundamento. 
Al fin y al cabo, no está probado de ningún modo que la definición propuesta de precio equitativo sea mejor que cualquier otra, ya que las diferentes definiciones que se utilizan en este momento en los Estados miembros funcionan todas muy bien. 
Por último, la Comisión ha estudiado en profundidad las enmiendas relacionadas con el contenido, pero no puede aceptar ninguna de ellas. 
Así, las enmiendas 6, 11 y 16 parecen pasar inadvertidas las normas nacionales existentes que el texto de la posición común precisamente intenta acercar. 
La enmienda 6, sobre todo, contiene una amalgama de ideas que ya han salido a relucir en mayor o en menor medida durante la discusión de la directiva, y han sido desechadas porque no resultaban aplicables. 
Especialmente, la indicación de la autoridad competente; mientras que el texto de la posición común la establece tras consultar con las propias autoridades de control. La definición, además, del porcentaje que determina el control de la sociedad, que se relaciona con otras normas en materia de derecho de sociedades, varía considerablemente según el Estado miembro. 
La enmienda 17, a su vez, si fuera aceptada, podría imposibilitar toda oferta hostil de traspaso. 
La Comisión no tiene reparos en cuanto a ampliar la obligación de neutralidad hasta después del plazo oficial de la oferta, tal como se propone en el primer párrafo. 
No obstante, puede no estar de acuerdo con la propuesta del Parlamento en cuanto a autorizar la administración de una determinada sociedad, decidir sobre el futuro de la empresa sin preocuparse de la posición de los accionistas, sometiendo su decisión simplemente al fallo de las autoridades competentes o al del juez. 
Semejante solución amenaza, por una parte, con ocasionar conflictos en cuanto al papel de las autoridades de control, que deben mantenerse independientes e imparciales y, por otra, a la incoación sistemática de los pleitos que puedan llevar mucho tiempo y resultar costosos, y que no beneficien ni a las sociedades implicadas, ni a los miembros de sus administraciones, ni a los restantes interesados, sobre todo, los trabajadores. 
La situación en los Estados Unidos puede enseñarnos mucho en lo que a eso se refiere y puede exhortarnos a la cautela. 
Por último, puedo recordarles que se trata de una directiva marco conforme al deseo manifestado por el Parlamento en una fase anterior. 
No obstante, en la directiva se establece, por una parte, un comité de expertos integrado por los Estados miembros y la Comisión, que controle la ejecución y la aplicación del texto y, por otra, figura una cláusula de revisión para introducir las modificaciones que puedan resultar necesarias en el futuro. 
Por último, la Comisión señala que si en esta sesión se adoptan las enmiendas propuestas, podría resultar difícil alcanzar un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. 
Sin embargo, la Comisión está convencida, y es respaldada aquí por los operadores económicos implicados, de que el texto, que resulta de más de diez años de negociaciones, tiempo más que suficiente para tener en cuenta todos los intereses, constituye un buen punto de partida y que ya es hora de pasar a la acción. 
Por último, se han presentado dos nuevas enmiendas sobre las que quisiera decir lo siguiente. La enmienda 19 no es aceptable, por los mismos motivos que la enmienda 6. 
En lo que a la enmienda 20 se refiere, que se parece a la enmienda 17, se aplica lo mismo que para la última enmienda 17, por motivos ligeramente distintos. 
La primera parte es aceptable, al igual que en la enmienda 17. 
La segunda parte no lo es porque el concepto de "Aufsichtsrat", por formularlo en alemán, está comprendido en el concepto "administración" y sujeto a las mismas obligaciones que todos los ejecutivos de una empresa. 
La tercera parte no es aceptable por los mismos motivos que todas las llamadas "enmiendas sociales". 
Esto es lo que quería decir respecto de lo que el Parlamento ha planteado, y la Comisión contempla, naturalmente con muchísimo interés, la votación relativa a esta cuestión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Derecho de participación en beneficio del autor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0370/2000) del Sr. Zimmerling, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, respecto de la posición común del Consejo (7484/1/00- C5-0422/2000- 1996/0085 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo se ocupa en segunda lectura de la armonización del derecho de participación de los artistas adoptando una regulación a favor de los artistas y también de las galerías y casas de subastas en Europa, aspecto este que se venía discutiendo ya desde 1996. 
En primer lugar, quiero felicitar a las y a los colegas que han participado en este proyecto. 
Ha sido muy difícil alcanzar una solución razonable para todos los afectados. 
Al final se ha logrado con la buena voluntad de todos los Grupos políticos de la Asamblea, tal como ha mostrado en especial la decisión adoptada en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior. 
Quiero expresar mi especial agradecimiento a los colegas Dehouse y Echerer, quienes han contribuido en numerosas conversaciones a lograr compromisos viables. 
El derecho de participación supone reconocer los derechos irrenunciables e intransferibles de los artistas plásticos a percibir una proporción del producto de las ventas ulteriores de sus obras. 
Representa una parte de la protección social del derecho de autor y es en consecuencia expresión del reconocimiento social de la creación artística. 
Su armonización es necesaria ya que existe en muchos Estados de la UE pero aún no es conocida en Gran Bretaña, los Países Bajos, Irlanda y Austria. 
De ello se derivan considerables distorsiones de la competencia pues en un país un artista se beneficia de una venta mientras que en otro se va de vacío. 
Esto no se puede aceptar en el mercado interior ya que se opone a su fundamento. 
En concreto, se han previsto las siguientes enmiendas a la posición común del Consejo: el derecho de participación debe alcanzar al comercio profesional con obras de arte. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior propone un escalonamiento del importe que debe pagar el vendedor de hasta el 4% en caso de lograrse un precio de venta de 50.000 euros y de un 1% en caso de lograrse precios de venta superiores a 200.000 euros. 
Además, se reconoce al artista un derecho de información para tener noticia de sus derechos dentro de un plazo de hasta tres años ante los comerciantes profesionales de objetos de arte, lo que es razonable, ya que éstos tienen que llevar la contabilidad de las compras y ventas. 
Así pues, no es necesario que intervenga ninguna sociedad comercializadora. 
El nuevo importe mínimo de 1.000 euros se debe a una propuesta realizada por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
Hasta el umbral previsto en la posición común del Consejo de 4.000 euros, en Europa, la mayoría de los procedimientos de adquisición son tales que en este sector se necesita una armonización. 
Por debajo del importe de 1.000 euros no es necesaria sin embargo la armonización ya que el mercado europeo no se ve afectado, de modo que a causa de la subsidiariedad no debe intervenir tampoco ningún derecho de participación europeo. 
Por lo demás, se ha suprimido el límite previsto por el Consejo de 12.500 euros como importe máximo para los artistas, ya que no es comprensible porqué se debe penalizar a los artistas que tienen más éxito. 
Respecto a los plazos de aplicación para esta directiva, a propuesta mía la Comisión ha acordado prever dos años en los que los Estados miembros tienen que aplicar la directiva y en los que debe introducirse el derecho de participación hereditario en aquellos países que hasta ahora no conocen el derecho de participación. 
El plazo de cinco o diez años deseado por el Consejo y, en especial, por parte británica, es inaceptable ya que prácticamente supondría anclar el status quo y sólo beneficiaría al mercado del arte en Gran Bretaña. 
Las objeciones que se han expuesto se pueden resumir en dos grandes grupos. 
Por un lado, los lobistas británicos temen la pérdida de puestos de trabajo. 
No veo el peligro del desplazamiento del mercado del arte a Suiza o a los EE.UU ya que los costes de seguro y transporte superarían los derivados del derecho de participación haciendo no lucrativo el traslado. 
A ello viene a sumarse que tanto Suiza como los EE.UU están interesados en introducir un derecho de participación ya que en Europa hemos aprobado un derecho de participación armonizado. 
El segundo problema se refiere a Austria, donde se han formado iniciativas de artistas que temen repercusiones negativas oponiéndose en consecuencia a la directiva. 
Aquí existe sencillamente un error ya que se consideran obligatorias las sociedades comercializadoras, como es el caso hasta ahora en Austria. 
Pero precisamente esto no lo prevé la directiva. 
En consecuencia, aquí deben dirigirse al legislador austríaco y no atacar al legislador europeo que solamente crea unas condiciones marco positivas para los artistas y casas de subastas. 
Espero pues que no prosiga entre nuestros colegas británicos el espíritu nacional de bloqueo de Niza sino que tenga lugar una amplia regulación europea del mercado de objetos de arte a través de este Parlamento. 
Señor Presidente, de los quince países de la Unión Europea, once reconocen el derecho de participación en beneficio del autor, pero sólo ocho lo aplican, con mayor o menor fortuna. 
Austria, los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido no lo recogen en su legislación y, fuera de la Unión Europea, ni Suiza ni Estados Unidos lo reconocen. 
El establecimiento de un mecanismo de derecho de participación en beneficio del autor parece justificado, a primera vista, por una voluntad de equidad y de ayuda a los artistas. 
En realidad, este derecho no va en el sentido de una ayuda a la creación, sino al contrario. 
Actúa como un freno al mercado del arte, que debe ser dinámico y funcionar con las mínimas limitaciones. 
Para un artista vivo, que ha consolidado su cotización y, por tanto, ve cómo se revalúa su producción, lo que cuenta es la dinámica del comprador y su potencial de venta. 
El derecho de participación en beneficio genera una jurisdicción complicada, ciertamente costosa frente a las sumas a menudo modestas que en muchos casos difícilmente llegarán a los interesados. 
Establece una administración adicional, alimentando así los reproches que a menudo se hacen a las normas europeas. 
Penaliza la actuación de las galerías, cuyas fuerzas deben concentrarse en apoyar a los artistas. 
Suscita temores, gastos adicionales y tráfagos administrativos a los compradores potenciales de buena voluntad y a veces conduce a situaciones absurdas: al calcularse el derecho sobre el previo de reventa, en caso de depreciación, se valoriza más la movilidad de la obra que la creación. 
Por tanto, ¿hay que extender autoritariamente este dispositivo a los países que no lo desean- pienso en particular en el Reino Unido, que actualmente lidera el mercado del arte europeo- so pena de hacerles perder toda competitividad? 
Señor Presidente, retomando la afortunada expresión de la Agrupación europea de sociedades de autores y compositores, el proyecto que debatimos fue objeto, durante su examen en el Consejo, de ataques desmesurados. 
En consecuencia, el compromiso adoptado por el Consejo no es más que un débil reflejo de la propuesta inicial de la Comisión, ampliamente apoyada por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
El Grupo socialista, como la inmensa mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, se sorprendió por esta actitud del Consejo de Ministros, cuya posición contiene varios elementos inaceptables, el más peligroso de los cuales es elevar a 15 años el plazo de transposición por parte de los Estados miembros, habida cuenta de que la propuesta inicial de la Comisión data ya de hace cuatro años. 
Desde el punto de vista de los principios, un plazo de 15 años es inaceptable en un mundo tan cambiante como el nuestro, significa la transformación completa del sector, en especial debido a los progresos tecnológicos. 
Además, crear un precedente semejante en el momento en que se perfila una duplicación de la Unión Europea enviaría una señal absolutamente equivocada a los Estados candidatos. 
Con semejante plazo, más valdría renunciar a la idea de una directiva. 
El Grupo socialista ha querido, por tanto, que el Parlamento no se desacredite aceptando propuestas que ridiculizan las votaciones realizadas en primera lectura. 
Así pues, celebramos, en primer lugar, que esta actitud haya sido comprendida y compartida por el ponente, Sr. Zimmerling, no sólo por lo que respecta a la cuestión del plazo, sino también en lo concerniente a otros muchos problemas, que él ha enumerado esta noche. 
Nos alegramos, también, de que casi todos los grupos democráticos hayan compartido el mismo punto de vista constructivo. 
El debate, y sobre todo la votación que tendrá lugar, se dirimirá pues, una vez más, entre quienes quieren seguir adelante con la construcción europea y quienes se dejan frenar por intereses nacionales, de legitimidad más que dudosa, en contra de los intereses de los creadores europeos. 
Además, en el tema que nos ocupa, la necesidad de una posición común es tanto mayor cuanto que sólo una posición común permitirá a la Unión Europea influir a escala internacional para que pueda defenderse el interés de los creadores a escala mundial. 
Señor Presidente, señor Comisario, es difícil entender por qué los que se oponen a la armonización de los impuestos sobre la renta estarían a favor de esta directiva. 
El Grupo Liberal formuló muchas objeciones en la primera lectura, y aún somos muy críticos. 
Creemos que tendría funestas consecuencias para el mercado europeo si esta directiva entrase en vigencia antes de que se armonice el ámbito judicial. 
Opinamos que no hay que abreviar los plazos de realización como propone el ponente. 
Tampoco creemos que haya pruebas de que se necesiten normas mínimas nacionales que regulen el derecho de participación en beneficio del autor a fin de mejorar el mercado interno. 
Como dijo un orador anteriormente, las buenas galerías y los sistemas de becas son importantes para los artistas jóvenes. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en este conflicto entre los diferentes grupos de presión, para mí siempre ha sido válida la palabra de los artistas europeos. 
En mi país, en el que no existe el derecho de participación, los artistas se pronuncian en contra de esta directiva. Esto es comprensible si se conoce la tradición austríaca en el mercado local, un mercado internacional reconocido. 
Tendré que realizar en mi país aún mucho trabajo de convencimiento, pero estoy plenamente seguro de que la armonización del derecho de participación, tal como lo prevé el PE, aportará ventajas a todos los afectados. 
Espero también el apoyo de la Comisión, al menos en uno de los tres grandes puntos conflictivos. 
Estoy pensando también un poco más allá. 
En el futuro próximo tenemos que buscar un intenso diálogo con las sociedades comercializadoras para encontrar conjuntamente unas estructuras más sencillas y transparentes y para que la carga administrativa de esta directiva no conduzca al absurdo. 
Las sociedades comercializadoras no son sólo una especie de agencia de cobros sino que son unos interlocutores muy importantes para los artistas en Europa cuando se trata de sus derechos. 
Las opiniones sobre el derecho de participación no tienen sus fronteras a lo largo de los Grupos políticos sino de los Estados miembros. 
Comprendo las diferentes tradiciones culturales pero al mismo tiempo ruego a esta Asamblea que aplique el mismo espíritu europeo que ha acuñado el ambiente esta mañana. 
No se trata solamente de los diferentes artistas nacionales, de las galerías o de las casas de subastas nacionales. 
Se trata del mercado europeo del arte y de todos sus actores, sobre todo de los artistas plásticos europeos. 
Confío en la sabiduría y perspicacia de esta Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, aunque como usted sabe soy un partidario de las regulaciones europeas cuando son necesarias y estoy en contra de un bazar europeo de intereses nacionales, he prometido exponer en esta Asamblea de los ciudadanos europeos las preocupaciones de la plataforma contra la introducción del derecho de participación y de la escena del arte. 
El derecho de participación sigue estando cuestionado al igual que antes. 
A la postre se trata de la competitividad del mercado europeo del arte que tiene ya actualmente dificultades para vérselas con la competencia extranjera. 
En mi país, los mismos artistas dicen que se les quiere hacer felices a la fuerza y se remiten a Alemania donde de 42.000 artistas menos del 1% se han beneficiado del derecho de participación. 
Las galerías, que contribuyen considerablemente a la promoción de los artistas jóvenes, están preocupadas y rechazan asimismo el derecho de participación ya que deberá pagarse incluso aunque una obra de arte se venda con pérdidas. 
Las preocupaciones de las casas de subastas apuntan a que ya no se vaya a tener en cuenta el importe máximo de 12.500 euros. 
Me parece importante que en el debate expongamos las preocupaciones de las casas de subastas, de los artistas, de las galerías y de la escena cultural de un país y de una plataforma de artistas y las incluyamos en nuestras consideraciones. 
Esto no tiene nada que ver con intereses nacionales sino con una aportación a un debate político abierto y transparente. 
El Comisario ha de saber también que en el Consejo hubo consenso unánime sobre la posición común. 
Espero que adopte una posición tan firme respecto de las enmiendas del Sr. Zimmerling como la que adoptó con el informe Lehne. 
Se trata también de una cuestión relativa a la vitalidad y la competitividad del mercado europeo del arte. 
Si estuviera centrado en Berlín, estoy segura de que el Sr. Zimmerling adoptaría una posición muy diferente en cuanto a los plazos de transposición y los umbrales. 
Sin un droit de suite internacional, la realidad es que el mercado europeo del arte acabará en los paraísos fiscales. 
Hay pruebas que lo demuestran. 
También yo, como la Sra. Echerer, debo escuchar a los artistas. Están divididos. 
Es Künstler gegen Folgerecht. 
Están divididos. 
La actitud del Sr. Zimmerling de desechar las opiniones de las personas en nombre de las cuales afirmamos legislar en este Parlamento es arrogante. 
Legislamos en pro de sus intereses. 
Debemos escuchar sus opiniones también. 
También vemos que el Folgerecht no favorece en realidad a muchos artistas. 
En Alemania, por ejemplo, de los 7.000 artistas que transfirieron sus derechos en 1998 sólo 274, en realidad, obtuvieron dinero alguno por ello y el 40% del droit de suite fue destinado a sufragar los costos para cobrar la suma. 
De modo que existen problemas respecto de la forma como funciona actualmente. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer constar mi consternación por que la Comisión no haya facilitado análisis o evaluación algunos de las repercusiones económicas del droit de suite. 
Se trata de un instrumento legislativo demasiado importante como para que no haya hecho esa labor. 
Sigo sin entender cómo llegó la Comisión a establecer el arbitrario umbral de 1.000 euros sin pruebas científicas que lo respaldaran. 
Así, pues, he de defender un largo período de transición para iniciar negociaciones serias sobre un droit de suite internacional, sin el cual perderemos el mercado europeo del arte, dondequiera que se encuentre, ya sea París, Berlín o Londres. 
No creo que los artistas se beneficien tampoco de ello. 
Señor Presidente, intento adoptar un planteamiento práctico de esta cuestión, porque en mi circunscripción tengo una de las mayores casas de subastas de arte de fuera de Londres. 
Han expuesto sus temores ante estas propuestas y recientemente me trasladé allí y examinamos juntos algunos casos. 
Tomamos unas pinturas de una reciente subasta que se habría visto afectada por esta propuesta. 
En uno de los casos habría habido considerables dificultades para localizar a la familia del artista; sólo se habrían beneficiado los agentes encargados del rastreo y las sociedades recaudadoras. 
En otro caso, el artículo habría sido vendido sin duda en otro lugar, es decir, en América. 
El único artista con el que pudimos ponernos en contacto y que se habría podido beneficiar no se mostró interesado y dijo que sería demasiado complejo como para que le resultara útil a él o a su familia. 
La verdad es que no puedo por menos de sacar la conclusión al respecto de que no lo necesitamos y que sin la aplicación de un acuerdo internacional es un instrumento legislativo del Mercado Interior del que podemos prescindir. 
Señor Presidente, el droit de suite es un derecho jurídico desconocido en el Reino Unido y no creemos que sea beneficioso añadirlo a nuestra legislación. Se debe a que, como ya se ha señalado, muchos artistas han atestiguado recientemente que en realidad no les ayuda. 
Además, como demuestra la experiencia en Francia, los principales beneficiarios son los herederos de pintores fallecidos y ricos y no los vivos y pobres. 
En cualquier caso, ¿por qué, desde el punto de vista de los principios, ha de ser oportuno imponer un gravamen a la venta de una pintura de segunda mano y no al fabricante de un coche de segunda mano o al sastre de un traje de segunda mano? 
También resulta innecesario en el mercado único europeo del arte, que durante años ha funcionado de forma totalmente satisfactoria sin él, como ya se ha señalado esta noche. 
En resumen, no es necesaria una armonización de este tipo en ese sector. 
No obstante, en el Reino Unido hemos aceptado, con recelos y en pro de la avenencia, una fórmula que comprende su introducción con el tiempo en el Reino Unido. 
Es complicada y tarda años en entrar en vigor. 
Los cínicos podrían decir: un poco como el Tratado de Niza. 
Pero Londres, centro del mercado del arte de Europa, padecerá desproporcionadamente las consecuencias de que ese comercio se traslade a Ginebra o a los Estados Unidos, exportando unilateralmente puestos de trabajo británicos, a no ser que se aplique un régimen internacional para eliminar la distorsión del mercado mundial. 
Si no cumple el fondo de la avenencia, preferiríamos que esta directiva innecesaria no pasara a formar parte de la legislación. 
Si así fuera, sería una gran injusticia, en particular para aquellos cuyo modo de vida depende del mercado del arte y, en particular, del mercado del arte de Londres. 
Puedo asegurar a la Asamblea que, si el dirigente de mi partido William Hague vence en las elecciones generales, se sumará al compromiso del actual Primer Ministro de oponerse a esta propuesta en pro de los intereses esenciales de nuestro país. 
Excede lo acordado en la posición común. 
. 
Señor Presidente, permítame responder del modo siguiente a las observaciones que se han hecho y a las preguntas que se han formulado. 
La Comisión acoge favorablemente la mayoría de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y felicita al ponente, Sr. Zimmerling, por su espíritu de compromiso, que le ha permitido unir a la mayoría en torno a las cuestiones más importantes. 
En primer lugar, acoge positivamente los plazos que sus enmiendas 11 y 15 han reducido a cuatro años en total, es decir, dos años de período transitorio y dos años de plazo de transposición. 
Me parece razonable para que los medios profesionales puedan adaptarse y las autoridades nacionales introducir las modificaciones reglamentarias necesarias. 
Segunda cuestión importante, el límite máximo, que queda suprimido con la enmienda 7. 
Sin embargo, esta enmienda sólo es aceptable en parte. 
La Comisión estima que el desglose en cinco tramos que figura en la posición común es más eficaz que el que usted propone para evitar posibles desplazamientos de venta, sobre todo en los tramos de precios más altos. 
La tercera cuestión, por último, es el umbral, que su enmienda 6 sitúa en 1.000 euros, es decir a la propuesta inicial de la Comisión. 
De nuevo, esta enmienda sólo es aceptable en parte, dado que la Comisión no puede aceptar que dicho umbral sea obligatorio. 
Estima que la supresión de los derechos de participación en beneficio nacionales por debajo de ese umbral no se justifica por razones de mercado interior y que, en algunos Estados miembros, puede situar a los artistas en una situación desventajosa con respecto a la anterior a la armonización. 
Por esas mismas razones, debo rechazar la enmienda 4 y la parte de la enmienda 7 relativa a esta cuestión. 
En resumen, señor Presidente, la Comisión está en condiciones de aceptar sus enmiendas 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 y 15, de aceptar sólo en parte las enmiendas 6 y 7 por las razones que acabo de mencionar y de aceptar en la forma de un considerando y no de un artículo la enmienda 9. 
En cambio, la Comisión no está en condiciones de aceptar la enmienda 4, relativa al carácter obligatorio del umbral, ni la enmienda 8, dado que la distinción realizada entre los herederos que pueden beneficiarse del derecho no es acorde con la naturaleza de propiedad de este derecho y depende exclusivamente del Derecho nacional. 
Ya se había rechazado en primera lectura una enmienda similar. 
Tampoco puede aceptar la enmienda 10, porque la elaboración y el mantenimiento al día de una lista de terceros países que aplican el derecho de participación en beneficio plantea problemas materiales y no contribuye en nada a la seguridad jurídica. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 12.15 horas) 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Deseo informar a la Asamblea del anuncio del cierre de una fábrica de coches en Luton, en el Reino Unido, que representa la pérdida de muchos miles de puestos de trabajo. 
Estoy segura de que a la Asamblea le preocupará este último caso del declive de la industria en Europa. 
Tomo nota, señora. 
Competencia de los servicios postales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0361/2000) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 0319- C5-0375/2000- 2000/139 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Si vamos a debatir hoy sobre este importante asunto, es fundamental que dispongamos de las distintas versiones lingüísticas de las enmiendas que han sido presentadas para que sepamos qué se debate, pero aún no están disponibles. 
Intenté obtenerlas anoche y he vuelto a intentarlo esta mañana a primera hora. 
Me parece una situación imposible que debatamos sobre un asunto tan importante y las enmiendas lleguen tarde, junto con aquéllas presentadas en comisión, y que no dispongamos de ellas en nuestra lengua materna. 
Señor Atkins, los servicios me señalan que el plazo era solamente esta semana. 
Han pensado que las traducciones podrían continuar a pesar de este calendario bastante apretado y difícil. 
Sin embargo, no dudo que la Asamblea haya podido examinar en detalle cada una de las enmiendas y creo que es posible proseguir el debate de este informe. 
En cualquier caso, de ahora al momento de la votación, todas las traducciones estarán a disposición de sus señorías. 
Señora Presidenta, deseo hablar sobre el mismo problema de orden que el señor Atkins. 
Me parece que no es habitual que el debate que precede a una votación sea un debate de enmiendas. 
Las hemos discutido en comisión. 
Por otra parte, pude conseguir esas enmiendas ayer y creo que hoy estamos invitados al debate general. 
Mañana tendremos todo el tiempo para votar las enmiendas suplementarias que han presentado en el último minuto la totalidad de los grupos. 
Creo que este expediente importante, y que interesa especialmente a la comisión, ha de debatirse en el día de hoy. 
Es mi propuesta, Sr. Savary. 
Señora Presidenta, yo creo que el tema se debe examinar hoy, puesto que todos estamos preparados para el debate y a la espera de que éste se celebre. También quisiera rechazar los argumentos del Sr. Savary. 
Es un hecho inaudito que nos veamos obligados a celebrar un debate sin tener a disposición las enmiendas propuestas. 
Desde luego, es importante que sepamos qué colegas han presentado enmiendas y cuáles son éstas. 
En este sentido, la celebración de un debate sin que dispongamos de las enmiendas se debe considerar como un caso excepcional. 
Se trata de un procedimiento muy poco habitual y, por consiguiente, el Sr. Atkins tiene razón en principio. 
Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que, lamentablemente, ya no podemos posponer más este asunto. 
Por esto, yo le ruego, señora Presidenta, que procedamos a iniciar el debate, pero pido que quede constancia de que la celebración de un debate sin conocer las enmiendas constituye un procedimiento muy poco habitual. 
Comparto su punto de vista. 
El mejor método de esta Asamblea es poder debatir conociendo todos los documentos y todas enmiendas. 
Sin embargo, como ha señalado, creo que en las circunstancias actuales podemos realizar el debate normalmente y le propongo por tanto que demos la palabra a nuestro ponente, el Sr. Ferber. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en realidad nosotros deseábamos haber esperado a que se hubiese repartido la correspondencia navideña, que todos hubiesen enviado su correo navideño y éste hubiese llegado a todos sus destinatarios, y luego, en enero, ya habríamos tenido tiempo sobrado para debatir sobre los servicios postales. 
El debate se celebra hoy porque la mayoría de la Asamblea así lo decidió y, por lo tanto, debemos proceder a ello. 
Al tratar el tema del correo debemos tener presentes tres aspectos. 
En mi calidad de ponente, me ha sorprendido un poco constatar que en los debates desarrollados durante los últimos meses a veces hemos perdido de vista estos tres aspectos. 
En primer lugar, debemos procurar que los precios de los servicios postales sean favorables. 
Estos son los requisitos que los ciudadanos y ciudadanas de Europa esperan justificadamente que cumplamos. 
La Comisión presentó una propuesta con este fin, sobre la base de la Directiva adoptada en 1997. 
En este contexto, debemos considerar qué grado de monopolio es necesario para poder cumplir esos requisitos- en particular, el del servicio universal- y qué nivel de competencia es posible garantizar simultáneamente. 
Yo siempre he sostenido que en el caso de los servicios postales nuestro objetivo ha de ser la máxima competencia posible y el grado de monopolio necesario. 
Yo creo que convendría profundizar en este planteamiento y lamento muchísimo que los numerosos estudios sobre los servicios postales que ha realizado en los últimos años la Comisión no dejen claro el grado de monopolio que es necesario mantener para garantizar el servicio universal. 
Esto habría simplificado un poco el trabajo del ponente y seguramente también el de toda la Asamblea. 
En las circunstancias actuales, cada cual ha podido deducir de los numerosos estudios entre tanto disponibles las conclusiones que él mismo consideraba acertadas. 
¿Qué es, en términos muy concretos, lo que ahora se debate? 
Se trata de determinar qué grado de monopolio es necesario mantener. 
La Comisión proponía limitarlo a toda la correspondencia de hasta 50 gramos de peso. 
En nuestra comisión alcanzamos el compromiso de elevar el límite a toda la correspondencia de hasta 150 gramos de peso. 
La Comisión proponía la liberalización total del correo de salida. 
En la comisión competente alcanzamos el compromiso de aplicar los mismos límites de precio y de peso al monopolio del correo transfronterizo de salida. 
La Comisión proponía establecer una garantía jurídica en el ámbito de los llamados "servicios especiales", una aspiración que resulta comprensible a la vista de las dificultades que se han planteado en este contexto, en particular por parte de la Dirección General de la Competencia. 
Nuestra comisión llegó al acuerdo de mantener el tratamiento de los "servicios especiales" tal como se establece en la Directiva 67/1997. 
La Comisión proponía que se procediese a una revisión de la directiva en 2004. 
Nuestra comisión propone que ésta se adelante un año. 
También acordamos mantener los plazos establecidos en la actual Directiva. 
En 1997, en el momento de la votación definitiva de la anterior Directiva, yo ya le manifesté al entonces Comisario Bangemann que si algún aspecto positivo tenía la antigua Directiva, era que llevaba incluida su fecha de caducidad, que en algún momento expiraría. 
Yo creo que es bueno que esta cláusula se mantenga, pues ejerce una presión sobre los mercados que es urgentemente necesaria para conseguir lo que espera la población. 
En nuestra calidad de ciudadanas y ciudadanos pagamos a diario por este monopolio un sobreprecio en los sellos de correos en toda la Unión Europea. ¡Y la calidad de los servicios postales no ha mejorado desde hace 500 años! 
Debemos contemplar todos estos aspectos y la misión del sector postal no es promover el empleo universal, sino enviar la correspondencia del punto A al punto B. Si nos concentramos en la tarea central del correo y en impulsar una liberalización razonable y gradual de los mercados- no brusca, sino paulatina, y esto se habría conseguido con la propuesta de la Comisión, pero nuestra comisión acordó otra cosa -, sin duda podríamos garantizar lo que es necesario asegurar. 
Yo les pido que apoyen el compromiso que alcanzamos en nuestra comisión. 
Señora Presidenta, la opinión de la comisión de la que tengo el honor de ser ponente, aprobada por una gran mayoría, introduce limitaciones a la liberalización rápida de los servicios de Correos, al optar por una apertura a la competencia progresiva y controlada, sin distorsiones del mercado desfavorables para los clientes y usuarios de los servicios y para las empresas nacionales de servicio universal. 
En ese sentido, propugnamos que la apertura tenga en cuenta el artículo 16 del Tratado, que eleva las prestaciones de los servicios de Correos tradicionales a la categoría de servicios de interés general por el lugar que ocupan en el conjunto de los valores comunes de la Unión y el papel que desempeñan en el fomento de la cohesión social y territorial, por lo que deben funcionar conforme a principios y condiciones que les permitan cumplir con sus misiones. 
Señalamos, naturalmente, fragilidades en la propuesta de directiva y exigimos que se conozcan las repercusiones económicas y sociales de la liberalización y se haga la evaluación de la eficacia económica y la calidad del servicio de las empresas a fin de que el Parlamento pueda decidir con certidumbre y claridad. 
Sin poner en entredicho la modernización en todos los servicios de Correos y la apertura a la competencia, los Estados miembros deben seguir preservando su red rural de servicios de mostrador, factor de aproximación de las periferias a los centros de decisión y, como tales, indispensables para la cohesión social de las más pequeñas comunidades urbanas o rurales. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos fue más exigente en lo relativo al límite de precios de los servicios reservados al prestador universal, pero es igual a su propuesta sobre el límite de peso de 150 gramos y común el rechazo de los 50 establecidos en la propuesta de directiva. 
La diferencia con el informe de fondo es una simple cuestión de detalle que se comprende en el marco de una negociación parlamentaria tan bien dirigida, por lo demás, por el ponente Sr. Ferber. 
También se garantiza que el correo transfronterizo siga siendo un servicio reservado a Correos, así como, en caso de que se aplique el IVA a los servicios postales, se opte por el tipo reducido del impuesto para no hacer subir el precio de los sellos de la Comunidad. 
Mi comisión rechazó claramente el concepto de servicios especiales, encaminado- me parece a mí- a vaciar el servicio universal de cualesquiera actividades rentables, con lo que sólo le quedarían los servicios de costo superior al precio, e introdujo como susceptibles de liberalización los llamados nuevos servicios, definidos como "todos aquellos que el prestador de servicio universal no asume ni tiene la obligación natural de prestar". 
Señor Presidente, habría muchas más cosas que decir, pero me contento con añadir que pocas veces ha existido tanta consonancia política entre las diversas comisiones llamadas a pronunciarse en este Parlamento sobre un problema. 
Los servicios de correos, como la escuela, las carreteras, los puentes, forman parte del paisaje cultural europeo y de nuestro concepto común de civilización. 
Este Parlamento está, naturalmente, a favor de esos valores y va a seguir defendiéndolos. 
Señora Presidenta, quisiera en primer lugar rendir homenaje a todos los colegas que han trabajado mucho en este expediente y en especial al ponente para el fondo de la Comisión de Transportes, Markus Ferber, que ha dado prueba de un sentido del compromiso y del equilibrio muy loable. 
La Comisión de Industria, como se acaba de recordar, ha propuesto una serie de enmiendas y de matices con respecto a las propuestas de la Comisión. 
En realidad, sabemos bien que sobre lo que se llaman servicios públicos hay dos versiones opuestas aquí y espero puedan llegar algún día a conciliarse: La primera considera que los servicios públicos sólo pueden construir Europa si se transforman en mercados, es decir, si se da al sector privado el capital de infraestructuras, de conocimientos, las redes que se han tejido pacientemente, en ocasiones en el ámbito público, y en materia de servicios postales, prácticamente en todas partes en el ámbito público. 
La segunda considera que, si bien ha de producirse la apertura, no se deben oponer los arcaicos y los modernos, ha de hacerse también en una Europa de los derechos, es decir, una Europa en la que se asegure a los ciudadanos, y en especial a aquéllos que tienen más dificultades, un mínimo de derechos que pueden considerarse esenciales. 
Naturalmente, los servicios postales son de ésos, ya que, como acabamos de ver, no se trata de un servicio público absolutamente normal, se trata de servicio público en el que la dimensión humana es muy importante, en el que la dimensión social es muy importante, se trata de un servicio público cuya red es en ocasiones el último vínculo cívico con las instituciones democráticas en lugares difíciles como los barrios. 
Se trata igualmente de un servicio público que tiene una dimensión territorial destacada. 
Por todas estas razones, los servicios postales han de abrirse y están en gran parte ya en competencia en numerosos productos, y además, también en competencia por las nuevas tecnologías, y por las nuevas expectativas del consumidor- y en este caso estamos de acuerdo -; por todas estas razones, los servicios postales no pueden tratarse como un simple mercado. 
Por consiguiente, es normal, y en eso todos estamos de acuerdo, que se defina un servicio universal, es decir, un servicio que se ofrecería a todos y en todo el territorio. 
Pero lo que no puede aceptarse es que su coste sea idéntico en todos los países en función de la diversidad geográfica y de la población. 
Lo que podría entenderse para los Países Bajos o para Malta, es decir, un ámbito reservado reducido a 50 grs., no puede ser practicable para Grecia o para Francia por su geografía. 
Ésta es la razón por la cuál personalmente me alegro de que hayamos fijado en 150 grs. el compromiso de límite peso/precio mínimo. 
Finalmente, el servicio universal ha de ser evolutivo. 
No hay razón para que el servicio ofrecido a la población no incluya la totalidad de los progresos técnicos y económicos y creo que el hecho de haber suprimido los servicios especiales es, desde ese punto de vista, un avance antes que una clarificación. 
Finalmente, no se puede aceptar una nueva fecha de liberalización en tanto no haya una evaluación previa. 
Ése ha sido el gran malentendido de este debate. 
La Comisión debía proporcionarnos una evaluación del impacto de las diferentes fases de liberalización. 
No lo ha hecho. 
Deberá hacerlo obligatoriamente la próxima vez. 
Señora Presidenta, acojo con satisfacción que en comisión hayamos alcanzado un compromiso equilibrado sobre este tema y espero que, en lo esencial, el Parlamento apruebe mañana dicha posición. 
En respuesta al Sr. Ferber y a su opinión de que las empresas de servicio postal no tienen la obligación de crear puestos de trabajo, estoy de acuerdo con él, pero creo que tenemos el deber de crear un entorno en el que empresas como las de servicio postal puedan proporcionar un servicio bueno, eficaz y universal y que los puestos de trabajo que éstas creen sean de buena calidad. 
Ése es nuestro deber. 
Nadie discute que no deban modificarse los servicios postales. 
La tecnología y la evolución de los mercados acarrearán el cambio en cualquier caso. 
Estoy de acuerdo con el objetivo declarado en general de que el cambio debería ser gradual y controlado; pero no creo que la propuesta de la Comisión sea en absoluto controlada ni gradual. 
Pienso que la propuesta de la Comisión va demasiado lejos, demasiado deprisa e, incluso, que tendría consecuencias devastadoras para algunos proveedores nacionales de servicios universales. 
Por mi propia experiencia en Irlanda sé que el servicio postal irlandés quedaría devastado. 
El 46% de sus ingresos quedarían expuestos a la competencia. 
No podría sobrevivir en un entorno semejante, no podría proporcionar servicios universales en Irlanda, no podría mantener el actual número de oficinas de correos locales en el país como consecuencia de dicha competencia. 
Insto a la Comisión a que reconsidere su posición y acepte la posición del Parlamento. 
Pero, en particular, insto a los Estados miembros a que mediten su posición en el Consejo; y me preocupa mucho que, a pesar de que algunos diputados irlandeses pertenecientes al partido en el gobierno apoyan la posición de compromiso aquí en el Parlamento, el Gobierno irlandés no apoye esa misma posición. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar yo quisiera manifestar una vez más, en nombre de mi Grupo, nuestro agradecimiento a nuestro colega Markus Ferber por el compromiso que intentó y consiguió alcanzar en la comisión. 
Sabemos muy bien las dificultades que entraña este tema tan cargado ideológicamente, a veces por ambas partes. 
En consecuencia, debemos agradecerle que haya conseguido el respaldo de una amplia mayoría a favor de un compromiso razonable. 
Nuestro Grupo coincide con el Comisario y con el Consejo de Lisboa- no así con el de Niza- en cuanto a la necesidad de dar nuevos pasos hacia la apertura del mercado de los servicios postales. 
La competencia se encargará de garantizar que los consumidores dispongan de un servicio más eficaz y a un coste favorable también en el sector postal. 
Mi Grupo también considera, no obstante, que desde la Comunidad y los Estados miembros obviamente debemos establecer asimismo un marco de condiciones que garantice un servicio universal. 
Sin embargo, señor Savary, la tarea del servicio universal es ofrecer en todas partes a unos precios asequibles los servicios postales que utilizan habitualmente los ciudadanos. 
¡No es su tarea organizar el asesoramiento a los ciudadanos y su atención psicológica! 
En efecto, para hacer posible la oferta de un servicio universal, reservamos un determinado ámbito para los monopolios. 
Es decir, que lo excluimos excepcional y deliberadamente de la competencia. Sin embargo, esta exclusión se debe limitar a los servicios postales y no puede incluir la atención a los ciudadanos, determinados servicios sociales, ni ninguna otra cosa. 
No existe ningún fundamento jurídico que permita excluir la competencia en esos casos. 
Por lo tanto, si el Estado desea contar con una red universal de atención a los ciudadanos tendrá que pagarla, sin que yo me vea obligado a financiar un servicio de atención a los ciudadanos con el importe de mis sellos cuando franquee una carta en Francia o en otros países. 
Esto sería forzar realmente demasiado los límites del concepto de servicio universal. 
En resumen, queremos garantizar un servicio universal y para conseguir este objetivo debemos excluir un determinado ámbito de la competencia. 
El contencioso más importante en la comisión y aquí en la Asamblea se refiere al alcance que debe tener este ámbito que vamos a excluir de la competencia para que sea posible ofrecer un servicio postal universal razonable. 
Yo creo que el compromiso relativo a las cartas de hasta 150 gramos de peso que ahora se ha alcanzado así como los demás criterios son adecuados como medidas inmediatas. 
En consecuencia, la mayoría de mi Grupo también va a apoyar dicho compromiso. 
Evidentemente, en la práctica la situación varía. 
Voy a citarles un ejemplo. El Servicio de Correos belga no puede alegar que tiene que atender a un Estado con una superficie gigantesca. 
Tampoco puede alegar que su población es periférica. 
Sin embargo, los servicios postales son desastrosos, a pesar de que se ofrecen en el marco de un ámbito reservado. 
Por consiguiente, aprobamos que se dé un nuevo paso y desearíamos recibir antes del 31 de diciembre, señor Comisario- esta es nuestra segunda petición -, un informe sobre este próximo paso que vamos a dar ahora, con objeto de que el Parlamento y el Consejo puedan seguir avanzando hacia la apertura del mercado, y yo espero que en 2003 puedan presentar ustedes un informe de evaluación claro, que nos permita emprender el siguiente paso. 
Señora Presidenta, yo también deseo expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Ferber, y a mis colegas de comisión por los grandes esfuerzos que han dedicado a este dossier en particular. 
No ha sido un dossier fácil de seguir y tampoco se ha hecho de manera apresurada ni equivocada. 
La anterior directiva de 1997 defendía: "una liberalización gradual y controlada". 
La propuesta que este año ha presentado la Comisión no es ni gradual ni controlada. 
La propuesta que ha presentado, en palabras del famoso astronauta estadounidense, Neil Armstrong, es: "un paso de gigante para la humanidad", en la que se pasa de golpe de 350 a 50 gramos. 
Por consiguiente, a pesar de que esta medida puede encontrar una buena acogida entre ciertos diputados de esta Asamblea, sus consecuencias serían devastadoras para los servicios postales de toda la Unión Europea. 
Esta mañana debemos examinar qué habrían significado dichas propuestas. 
Asimismo debemos insistir en la observación que ha hecho el Sr. Jarzembowski: la Comisión ha realizado muchos estudios, pero no hemos llegado a verlos. 
Un Comisario acudió a la comisión y dijo que los estudios se publicarían en Internet, pero no los hemos visto. 
Y sin embargo, se espera de nosotros que sigamos las pautas propuestas por la Comisión sin ni siquiera haber visto esos supuestos estudios. 
La causa por la que nunca hemos visto esos estudios es que las consecuencias sociales que en ellos se recogen- las repercusiones sobre los servicios postales- sencillamente no son del agrado de la Comisión. 
Una reducción de los servicios universales- la esencia misma del sector del servicio postal- hasta 50 gramos pondría en serio peligro la capacidad de los servidores postales nacionales de proporcionar un servicio universal a una tarifa asequible para todos con independencia del lugar en que residan. 
Es un factor de crucial importancia. 
No estoy diciendo que aquellos que vivan en las ciudades deban recibir mejor servicio que la población de las zonas rurales. 
No voy a defender el viejo argumento de Florus Wijsenbeek: por qué debemos entregar cartas en esos lugares apartados; la gente debería conectarse a Internet. 
Precisamente por eso ya no está con nosotros. 
En otras palabras, lo que propone la Comisión, y que algunos en esta Asamblea apoyan, acarreará en mi país una reducción de los niveles de servicio, en particular, en las zonas rurales. 
Podemos olvidarnos del servicio de reparto y recogida diario garantizado. 
Podemos olvidarnos de la tarifa única: se introducirá el sistema de tarifas por zonas. 
En otras palabras, las personas que viven en las zonas rurales pagarán más. 
Se destruirán puestos de trabajo. 
Lo siento, señor Ferber, me preocupa la desaparición de puestos de trabajo y sus consecuencias. 
Asimismo acarreará el cierre de pequeñas tiendas que ofrecen servicios postales en las zonas rurales, porque éstas dependen de los servicios postales para su supervivencia. 
También quiero hacer hincapié en el factor humano. 
Algunos han dicho que hemos liberalizado las telecomunicaciones y no ha habido grandes problemas. 
Pero en el caso de las telecomunicaciones se trata de máquinas, mientras que aquí se trata de personas que realizan un servicio de cara al público, y no al otro lado del teléfono o del monitor del ordenador. 
A menudo pontificamos aquí nuestra función de representantes de los ciudadanos de Europa. 
Pues bien, si damos crédito a mi saca de correspondencia, los ciudadanos de Europa no quieren ver diezmados sus servicios postales. 
Les recuerdo a mis colegas Conservadores el lío en que se metieron en el Reino Unido cuando intentaron privatizar el servicio de correos británico. 
Luché contra eso y, tras haber ganado la batalla, seguiré luchando para que no se reanude esa lucha utilizando como excusa a Europa. 
Hoy tenemos ante nosotros un informe que es una respuesta excelente a las propuestas de la Comisión. 
La respuesta no sólo es comedida, sino que además garantiza la mejora de nuestros servicios para los consumidores con independencia del lugar en que residan. 
Una vez más, subrayo que hoy estamos hablando de personas y de servicio público y no de ideologías. 
Se trata de conseguir que dicho servicio público llegue hasta esas personas, independientemente de lo que aparezca en el balance general. 
Quisiera recomendar nuestros compromisos porque creo que hemos garantizado el desarrollo de los servicios postales en la Unión Europea y que dichos servicios postales cumplirán con la población de Europa. 
Si seguimos el camino de la Comisión o de algunos miembros de esta Asamblea, diezmaremos dichos servicios postales y la población nos pondrá por los suelos por ello, y con toda la razón. 
Señora Presidenta, puede tranquilizarla a usted y también al señor Simpson. 
Mi intención no consiste en absoluto en diezmar los servicios de correo. 
Al contrario, se trata de mejorarlos y creo que el informe del señor Ferber no supone una buena propuesta. 
Una parte de mi Grupo no comparte algunos aspectos de mi opinión. 
Eso lo oirá más adelante. 
La propuesta de la Comisión me pareció positiva. 
Un paso importante hacia el mercado interior, importante para los consumidores y para las empresas que utilizan los servicios de correos, pero hemos cerrado la puerta. 
Si seguimos a nuestro ritmo, necesitaremos 100 años para hacer realidad un Mercado abierto para los servicios de correos en Europa. 
Señor Simpson, en Suecia no he visto lo que usted dice y allí sí que existe un mercado abierto. 
No es lo que oigo de los holandeses. 
Y si hablo en privado con otras personas acerca de las empresas de correo, tampoco lo oigo. 
De modo que lo que dice tan sólo es una verdad a medias y lo que le gustaría oír. 
He presentado una enmienda para que al menos dispongamos de una fecha límite. 
Opino que mi enmienda es progresiva y controlada. 
No es todo lo ambiciosa que me hubiera gustado, aunque creo que se trata de un compromiso adecuado. 
En realidad, nos encontramos ante una situación cínica. 
Seguimos a los monopolios de correos. 
Pero, ¿qué es lo que veo? 
El servicio alemán de correos sale a Bolsa, la meca del capitalismo, se anuncia en mi país y en los periódicos afirmando que hay que comprar sus acciones porque se trata de una empresa con beneficios. 
¿Y de dónde proceden esos beneficios? 
Del monopolio. 
Lo que veo es que Royal Mail posee acciones en una empresa de correos sueca ya que allí puede competir en el mercado abierto. 
¿Acaso puede llegar un sueco y competir en Gran Bretaña? 
No. 
En este caso, protegemos nuestros grandes negocios. 
Nos han dictado literalmente la ley. 
Opino que se trata de una situación de hipocresía ya que, mientras tanto, estas empresas tratan de abrirse camino allá donde pueden, preparando el mercado libre. 
Y lo hacen de forma muy activa. 
Llevan a cabo reestructuraciones, se deshacen de personas, señor Simpson, incluso en el monopolio, y opino que estamos protegiendo esta situación. 
Hemos convertido la red de seguridad para los usuarios de los servicios de correos en una hamaca donde se tumban las grandes empresas de correos para proseguir con lo que siempre han hecho. 
Creo que se trata de un hecho negativo. 
Señora Presidenta, la propuesta legislativa que se nos ha presentado concluye un debate parlamentario de calidad que demuestra, por si aún fuera necesario, el papel insustituible del Parlamento cuando se trata de expresar la opinión de los ciudadanos europeos y de dar cuenta de la diversidad de las realidades regionales. 
Si escuchamos a los usuarios y a los consumidores, a los operadores postales, a los sindicatos de trabajadores, si se presta atención a las inquietudes de los poderes públicos y de los representantes locales y si se toma en consideración la oposición de varios gobiernos a esta evolución, nos preguntamos de dónde sale la propuesta del Comisario Bolkestein. 
Parece muy poco realista y muy poco operativa. 
¿De qué forma la Comisión, a la que se supone encargada del interés general europeo, ha podido proponer una evolución tan contraria a la demanda de los actores? 
¿Cierto dogmatismo ultraliberal la haría decididamente ciega y sorda? 
¿De qué forma la Comisión ha podido dispensarse de las evoluciones de la etapa anterior antes de proponer el paso a la etapa siguiente? 
Podría parecer que no aprueba las conclusiones de Lisboa más que la continuación de las liberalizaciones por vía de directivas cuando la referencia basada en el papel de los servicios de interés general no se traduce, por el momento, más que por medio de comunicaciones y declaraciones. 
Sin embargo, sabemos que la garantía de un acceso de igual calidad a todos y en todos los lugares necesita el mantenimiento de la precaución arancelaria y la reserva de una serie de servicios a los operadores del servicio universal. 
Es conveniente también garantizar el derecho a la innovación para tomar en consideración la evolución de las necesidades, los efectos del desarrollo de la sociedad de la información y de la lucha contra las exclusiones que pudiera provocar. 
Creo que sería lógico invertir la carga de la prueba en lugar de tener que justificar siempre excepciones al sacrosanto principio del mercado interior. 
Estaría más de acuerdo con las expectativas de los ciudadanos restablecer el equilibrio en materia de servicio público condicionando cualquier nueva extensión de la esfera mercantil al respeto por el objetivo fundamental del desarrollo duradero de la sociedad europea. 
Señora Presidenta, quisiera hacer tres observaciones. 
Primera, la nueva directiva de servicios postales de la Comisión proyectaba de hecho una liberalización casi total de los servicios postales. 
Poniendo a los operadores en competición en las actividades más rentables, ésta provocaría el cierre de un gran número de oficinas de correos, la reducción y la precarización del empleo, el dumping social. 
La necesidad de liberalizar aún más se nos justifica de dos maneras. Continuar el proceso de creación del gran mercado europeo liberalizado, afirmando que esta liberalización sería creadora de empleos. 
Pero nadie se ha engañado, las propuestas de la Comisión se incluyen en un planteamiento de liquidación del servicio universal. 
Para ir más lejos, se hace referencia a la directiva de 1997. 
Pero, finalmente, si la liberalización fuese un gran éxito, ¿por qué, a pesar de las demandas reiteradas de Parlamento, la Comisión no ha procedido aún a una evaluación pública y crítica de las consecuencias de la primera etapa de liberalización del sector en 1997, no sólo en términos de empleo, sino también en términos de presencia postal en el territorio al igual que en términos de tarifas? 
Segunda observación: desde el mismo momento en que se conoció, el nuevo proyecto de directiva suscitó numerosas reacciones. 
Es cierto en un abanico de planteamientos muy diversificados: las propuestas realizadas se han considerado como no admisibles por una mayoría de actores de los servicios de correos y también por numerosos diputados. 
Sindicalistas, asociaciones de consumidores, operadores postales se han pronunciado aquí mismo en Estrasburgo. 
Los diputados de tres grupos de este Parlamento han hecho un llamamiento a nivel europeo. 
Lo que se ha valorado, en cualquier caso, es el elevado grado de identificación de los ciudadanos, con su oficina de correos. 
¿Qué hay detrás de este concepto? 
Hay lo que representa como elemento constitutivo de una ordenación armoniosa del territorio y de cohesión social. 
Aquí estamos siempre hablando de la cohesión social. 
Es necesario poner un concepto a esta palabra, al igual que ocurre con muchas otras por otra parte. 
Y creo que esto es lo que ha permitido que retrocedan las disposiciones más retrógradas de la directiva propuesta por el Comisario Bolkestein. 
Efectivamente, las enmiendas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, la consideración de las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales anulan la noción de servicios especiales. 
Me siento muy satisfecha porque esta noción de servicios especiales pretendía poner a las nuevas tecnologías fuera del campo del servicio universal. 
Se hace pasar al sector reservado del límite de peso de 50 grs. propuesto a 150 grs., las tarifas de dos veces y media a cuatro; las fechas de aplicación de la nueva directiva al igual que la de su transposición son rechazadas y me parece importante que no haya referencia a un nuevo plazo de liberalización, con la exigencia de un balance real. 
Finalmente, tercera y última observación: si bien es necesario señalar estos avances, si bien representan una resistencia seria al proyecto inicial, no debemos ocultarnos que superamos una nueva etapa de liberalización del sector postal. 
Al contrario que otros colegas, eso no me satisface. 
Necesitamos, pues, permanecer vigilantes. 
Hemos de rechazar cualquier consecuencia negativa sobre el empleo y sobre las oficinas de correos al igual que sobre las tarifas ya que esto debe ser un "plus", según se nos dice. 
Pero también es necesario que este Parlamento trabaje sobre lo que debe ser, en la Unión Europea, un servicio universal de calidad que responda a las exigencias de nuestros tiempos. 
El desarrollo económico y social implica una explosión de las necesidades de acceso a la información. 
La cuestión del acceso de todos a los diferentes modos de transmisión de los flujos de la información es un desafío económico y social. 
Pero hacer que todos los ciudadanos accedan a esos modos de transmisión no es posible en el marco de la competencia salvaje. 
La economía moderna, importante en Lisboa, necesita un servicio universal moderno y que se desarrolle a la inversa del dogma de liberalización. 
La consideración al mismo tiempo de los retrocesos impuestos al proyecto inicial y el hecho de que se supere una nueva etapa de la liberalización me llevarán a abstenerme en lo que respecta al informe del Sr. Ferber. 
Señora Presidenta, espero que la mayor parte de los diputados al Parlamento Europeo apruebe las recomendaciones de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo relativas a la futura administración de los servicios postales en la Unión Europea. 
La apertura de los servicios postales a una mayor competencia es una de las recomendaciones de la Comisión de Transportes. 
No obstante, debemos reconocer que la competencia sin límites en el ámbito de los servicios postales mermaría considerablemente la calidad de dichos servicios en las zonas rurales y periféricas de la Unión Europea. 
Por consiguiente, se recomienda que los proveedores del servicio postal universal en la Unión Europea repartan todos los envíos postales que no superen los 150 gramos de peso. 
De este modo se protegerá la calidad y la regularidad continuada del reparto del servicio postal. 
Los operadores privados también podrán repartir cartas a una tarifa cuatro veces superior a la de una carta normal. 
En nuestras deliberaciones sobre esta nueva directiva deberíamos tener claro un asunto concreto. 
Todas las partes interesadas en el ámbito de los servicios postales en Europa han sido plenamente consultadas sobre las disposiciones específicas de la presente propuesta de directiva; y me complace que las propuestas presentadas por la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo sean realistas y pragmáticas. 
Garantizarán la viabilidad económica de la red de oficinas postales rurales en mi país y en otras zonas rurales y periféricas de la Unión Europea. 
El reparto regular debe ser considerado como un elemento económico y social fundamental de los pueblos y ciudades de zonas rurales. 
Quisiera ser muy claro respecto a una cuestión en particular. 
Si existe competencia sin límites en la provisión de servicios postales en Europa, los operadores privados seleccionarán las zonas urbanas lucrativas en detrimento de las zonas rurales más pobres y menos lucrativas. 
No podemos tolerar, señora Presidenta, señor Comisario, y no toleraremos que se produzca una situación semejante. 
Por ello insto a todos los diputados a que apoyen las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes de este Parlamento con respecto a la futura gestión y el futuro funcionamiento de los servicios postales en Europa. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ante todo quiero expresar mi satisfacción porque este debate se celebra hoy y no durante el período parcial de sesiones del mes de enero, aunque haya habido un pulso entre los Grupos que se ha resuelto como podemos comprobar. 
Pienso que estamos recogiendo los frutos de una feliz decisión que puede hacer avanzar este dossier tan importante. 
La Presidencia se había comprometido a tramitarlo y tenía intención de hacerlo antes de que finalizara su mandato. 
En cualquier caso, si podemos contribuir al mismo de manera eficaz se dará un paso adelante en la dirección correcta. 
Se trata de un dossier que merecía ser tramitado con rapidez. 
Lo digo con mucha franqueza, dado que, con respecto al fondo, nosotros, los Radicales italianos, consideramos en cambio que la propuesta de la Comisión y del Comisario Bolkestein era totalmente lógica y estaba orientada tanto a una apertura gradual del mercado a la competencia como a la fijación de plazos concretos para todos los operadores. Por lo tanto, la propuesta no se podía considerar tan librecambista como he oído decir. 
Me parece que el informe Ferber contiene, por el contrario, unos elementos que empeoran la propuesta. 
En efecto, el mismo prefigura una pequeña apertura del mercado y plantea dudas acerca de los pasos que habrá que dar en el futuro, mientras que, en lo que al servicio universal se refiere, el ejemplo sueco debería tranquilizar a todos aquellos que piensan que la privatización implica su desaparición. 
No es así ni debe ser así. 
Es preciso tener muy en cuenta que los servicios postales y, en general, la logística serán una de las bases fundamentales para el desarrollo de la nueva economía en los próximos años y que si nos refugiamos en apoyar un statu quo para defender los fuertes intereses de monopolistas y sindicatos, ponemos en peligro miles de puestos de trabajo. 
Y ello en abierto contraste con lo que las Instituciones europeas se prefijaron en Lisboa. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en la Unión Europea se supone que el mercado interior es una realidad desde hace muchos años. 
Sin embargo, el proteccionismo sigue asomando la cabeza de forma persistente. 
Sin duda, este es el caso del sector postal. 
A medida que la comunicación electrónica, como el correo electrónico, adquiere cada vez más notoriedad, los antiguos monopolios estatales miran sobre todo hacia dentro. 
La introducción gradual de la competencia en los servicios postales es positiva para el reconocimiento de su función social. 
Por este motivo, La Comisión Europea no ha propuesto la liberalización total de los servicios postales en la segunda fase. 
En la propuesta del Comisario Bolkestein, se reservaría más de dos tercios para los monopolios. 
Pero esto no de debe ser suficiente para una decena de empresas postales nacionales. 
A través de un lobby masivo, han sido capaces de convencer a una mayoría de esta Cámara para que adopte una postura aún más conservadora. 
Son precisamente los grupos que suelen presentarse como más progresistas los que tiran del freno. 
Cuando oigo que los monopolistas se muestran en contra, me recuerda a cuando se le pregunta al pavo lo que opina sobre la cena de Navidad. 
Los monopolistas buscan debajo de las piedras y adquieren empresas privadas con el dinero que han ganado gracias al monopolio. 
Las experiencias vividas entre otros lugares en Suecia y en los Países Bajos demuestran que los argumentos en contra del mercado postal y libre no son más que historias de fantasmas. 
No se excluye a ninguna dirección aislada y los puestos de trabajo se recuperan tras las operaciones de optimización necesarias. 
Lo peor que puede hacer el Parlamento Europeo esta semana es renunciar a una fecha límite para la segunda fase. 
Aunque el paso que el Parlamento quiere dar ahora sea insuficiente, asegurémonos de poder retomar el hilo dentro de algunos años. 
Si existe una competencia justa, los monopolistas pueden demostrar que conocen su oficio. 
Señora Presidenta, vengo del país que tiene el más liberalizado sector postal. 
Asimismo, es un país en el que la mayoría de las cartas se reparten al día siguiente de haber sido depositadas en un buzón. 
Ningún otro país europeo distribuye tan rápidamente sus cartas al extranjero. 
Todo esto está relacionado. 
Aunque la antigua empresa estatal sueca todavía es la más grande, la creciente competencia actual con cerca de 50 empresas les ha obligado a ser mucho más eficientes que antes. 
Esto es algo que le deseo a los otros países europeos. 
Permítanme referirme brevemente a la evidente hipocresía que abunda en este sector. 
El Royal Mail británico y La Poste francesa, sólo para nombrar dos ejemplos, se oponen a toda forma de competencia en el Reino Unido y en Francia respectivamente. 
Esto no impide que ambas empresas quieran participar y apoderarse de partes del mercado en los países en que se ha liberalizado el sector. 
Sería razonable que la Comisión investigase la legalidad de las empresas que niegan la entrada a sus mercados a otras empresas pero participan con agrado y se apoderan de partes del mercado donde se han realizado liberalizaciones. 
Permítanme concluir agradeciendo al ponente Sr. Ferber sus numerosos intentos para alcanzar acuerdos. 
No se le puede culpar, pero son otros los que no han querido. 
A mi juicio, las propuestas actuales no son acuerdos; habría sido un compromiso si se hubiese fijado una fecha final para la realización de las liberalizaciones. 
Si esta fecha se fija para después de 2007, por ejemplo, creo que sería totalmente absurdo. 
El mercado ya habrá solucionado el problema en esa fecha. 
Por eso actualmente no existen motivos para respaldar una propuesta como ésta y no puedo sino votar en contra del informe. 
Señora Presidenta, la Directiva de 1997 sobre los servicios postales preveía una apertura gradual y controlada de los mercados postales a los proveedores privados, lo cual tampoco suscita controversia en la Asamblea. 
A la vez, dicha Directiva también preveía el mantenimiento de un servicio universal de un alto nivel cualitativo. 
¡Y este es, en realidad, el tema que nos preocupa! En efecto, tal como ya se ha señalado un par de veces, es preciso financiar dicho servicio universal. 
La Comisión anunció en su momento que presentaría estudios, datos y cálculos sobre las repercusiones de esas medidas. 
Hasta la fecha, no los hemos recibido. 
Por consiguiente, continúa abierto en parte el interrogante sobre qué aspectos debe incluir, y en qué medida, un servicio universal y, por lo tanto, el ámbito reservado, para que sea posible financiar efectivamente un servicio consistente y de buena calidad. 
Y, en consecuencia, es bueno que el Parlamento no secunde la estrategia de avances a trompicones que propone la Comisión y no se aparte de una estrategia de apertura controlada y gradual de los mercados postales. 
Y nosotros mantenemos un punto de vista distinto en relación con el empleo, apreciado amigo Markus. 
Desde luego, los servicios postales no son un programa de empleo. Sin embargo, esta Cámara y Europa también tienen responsabilidades en relación con el empleo y las condiciones sociales bajo las que operan los servicios postales. 
No nos puede ser indiferente el volumen y la calidad del empleo, si los nuevos proveedores también crean o no nuevos puestos de trabajo, y cuántos puestos de trabajo mantienen los proveedores tradicionales de servicios postales. 
Esto debe preocuparnos igualmente. 
Además, amigos Georg y Markus, yo quiero recordar que cuando el cartero llama a la puerta alguna vez, o incluso dos veces, evidentemente no representa el último eslabón de la asistencia social en Europa. 
Sin embargo, si la abuela se alegra de recibir la visita de un cartero amable, lo cual forma parte asimismo de unos servicios postales de alta calidad, no debemos lamentarlo, sino que también debería complacernos. 
Yo quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a Markus Ferber, que ha demostrado francamente una enorme voluntad de compromiso que nos ha permitido poner conjuntamente un poco de orden en esta cuestión. 
Ese sigue siendo el objetivo- creo yo- y la Comisión puede contar con todo nuestro apoyo en este sentido. 
Si el objetivo es presentar una propuesta de servicio universal de alto nivel como un proyecto dinámico con vistas al futuro de Europa, la apoyaremos; de lo contrario, no. 
Señora Presidenta, señores representantes del Consejo, señor Comisario, comprendo los deseos expresados por algunos de mis colegas para que se ponga fecha y se avance hacia una mayor liberalización. 
No me estoy declarando en contra, en principio, de ninguna de ambas cosas, pero también me preocupa que ello se haga al tiempo que se mantiene la provisión de un servicio de buena calidad, asequible y auténticamente universal. 
Apoyo el límite de los 150 gramos por motivos de cautela. 
En el Reino Unido, muchas zonas tienen la suerte de gozar de un nivel mucho más alto de provisión de servicio universal que los que impone la actual directiva, pero algunos aspectos de nuestros servicios ya se ven amenazados, en particular, las oficinas postales de las zonas rurales. 
Estas oficinas cumplen una función fundamental en mi circunscripción de Escocia. 
Nadie ha logrado hasta ahora tranquilizarme sobre las consecuencias de la propuesta de la Comisión en estos dos aspectos, motivo por el que no sólo apoyo el compromiso de los 150 gramos, sino que además solicito una revisión o revisiones exhaustivas de las consecuencias sobre la provisión del servicio universal antes de que se presenten nuevas propuestas. 
Si, como se ha anunciado, la UE está dispuesta a estudiar de manera especial el deporte, ¿no deberíamos también estudiar los servicios postales de una manera especial? 
El deporte es un negocio para algunos y una distracción para muchos, pero los servicios postales, aunque puedan ser un negocio para muchos, son, en realidad, una cuerda de salvamento para todos nosotros. 
Señora Presidenta, señor Comisario, quisiera intervenir en nombre del Grupo de los Verdes en relación con este informe y felicitar sobre todo al Señor Ferber y al señor Jarzembowski tras los malabarismos políticos y la flexibilidad de nuestro co-ponente, el señor Simpson, por su fuerza de voluntad. 
En los periódicos holandeses, el señor Bolkestein echó en cara recientemente a los franceses su postura antiliberal, o al menos así aparecía en el titular de un periódico. 
Por mi parte, podría acusar al Comisario de no haber aplicado el modelo holandés de negociación en esta situación y de no haber asumido las consecuencias sociales de una propuesta de liberalización como la que nos ocupa. 
Porque se puede hablar sobre los hechos y tener quizás razón, tal y como ha expresado con anterioridad el señor Sterkx, en lo que respecta a los avances tecnológicos, al modo en que evoluciona el sector, al papel de las empresas estatales, al modo en que Deutsche Post se hace con DHL, etc., sin que por ello se esté en lo cierto. 
Creo que estar en lo cierto es importante en esta Cámara. 
Creo que estamos dando un paso hacia atrás en lugar de hacia adelante. 
En numerosas ocasiones se ha denunciado, y yo me sumo a dichas denuncias, que no hemos tenido acceso a los estudios de impacto. 
Cuando sí hemos podido consultar los estudios de impacto, quedó constancia de que no se habían analizado especialmente los aspectos sociales, ni en lo que respecta a la cohesión social, ni a los puestos de trabajo, ni a los servicios especiales, etc. Asimismo, las consultas con los agentes sociales ha sido simple y llanamente insuficiente por lo que mi Grupo apoyará de forma expresa estas propuestas. 
En otras palabras, apoyará la gradualización de la liberalización, lo que me lleva a otro asunto. 
Como ponente de servicios de interés general de nuestra Comisión, queda claro que deberemos analizar de forma crítica estos avances. 
Señora Presidenta, señor Ponente, usted ha citado muy acertadamente los valores que se deben cumplir: precios favorables, alta calidad y alta disponibilidad; en esto coincidimos. 
Sin embargo, ha olvidado otra característica. 
Desde el punto de vista de la política económica también estamos obligados a procurar mantener un alto nivel de empleo. 
La comisión adoptó la decisión que adoptó porque también compartimos estos valores y, en realidad, yo debería manifestar mi gratitud al sumo privatizador y sumo liberalizador, Sr. Bolkestein. 
Quien acude tan mal preparado a una negociación, quien no ha presentado el informe solicitado sobre las repercusiones registradas desde 1997, quien argumenta con planteamientos ideológicos- justamente los objetivos que usted ha citado sólo se podrán alcanzar si liberalizamos, liberalizamos y liberalizamos -, no debe extrañarse si tiene un tropezón y cae de bruces. 
Su informe original, señor Ferber, se aproximaba mucho al del Sr. Bolkestein y yo debo decirle que le agradezco que al final se haya impuesto la razón. 
Yo estoy convencido de que el compromiso que ahora se presenta responderá precisamente a dichos valores y me congratulo de que el rechazo a la liberalización general de los servicios urgentes y los servicios transfronterizos sea firme. 
Me congratulo de que no se establezca una nueva definición de los servicios especiales. 
Me congratulo de que no se haya fijado un plazo para la liberalización, pues desde el punto de vista de la política económica el objetivo primordial ha de ser ofrecer al ciudadano unos servicios postales en regla. 
Yo creo que garantizar el servicio universal es el único camino para poder cumplir efectivamente dicho objetivo. 
Yo no me opongo por principio al mercado o a la liberalización, pero nuestra petición de un análisis adecuado, cualificado, pausado, que tomase en consideración todas las repercusiones, no ha fue atendida y, en consecuencia, el compromiso que ahora se propone me parece aceptable. 
Señora Presidenta, señor Comisario, se han de valorar y compartir sinceramente la disponibilidad y el empeño que el ponente ha mostrado a la hora de elaborar su informe, en cuya exposición de motivos afirma que, para alcanzar la mayoría, se vio obligado a llegar a un compromiso entre cientos de enmiendas en gran parte homogéneas. 
En efecto, no creemos que exista otra manera más acertada de conciliar una cuestión tan compleja y tan paradójica al tiempo, en que la complejidad la generan los reflejos en quince situaciones nacionales diferentes y que, no obstante, tienen problemas idénticos, esto es, el mantenimiento del servicio universal de calidad y, al menos, la estabilidad de los niveles de empleo, y lo paradójico se manifiesta con las contrastantes normas de reforma propuestas por la Comisión. 
Sirvan de ejemplo los plazos de su proposición y de su entrada en vigor, el desconocimiento del impacto de la primera directiva y las cautivadoras consideraciones, aun sin fundamento, acerca del futuro de la reforma, empezando por el aspecto del empleo y de su calidad, el mantenimiento de un servicio universal adecuado y la imposibilidad material de prestarlo sin recurrir al fondo de compensación. 
En este sentido, podría decir algo España que ha creado dicho fondo y se ha valido del mismo, y esto para hablar de los aleatorios fundamentos jurídicos que muestra el fondo, de los criterios virtuales en cuanto a su composición y de las garantías discrecionales de su aplicación. 
Por otra parte, no se mencionan las características geomorfológicas de los distintos Estados y la consiguiente diversificación, en igualdad de usuarios, de los costes del servicio universal. 
En consecuencia, tiene razón el ponente cuando afirma que el compromiso alcanzado es el único posible. 
De no ser así, habría una prevaricación para nada transparente y disimulada, de exclusiva complacencia también con relación al posible escamoteo de los servicios especiales hacia el mercado en manos de particulares. 
Con respecto a esto último, no estaría de más que la Comisión estableciera una investigación para comprobar si en Europa, frente al proceso de liberalización de los monopolios postales públicos, se está creando un monopolio postal privado y que indicara, en consecuencia, cuáles son, en su opinión, las concentraciones máximas admisibles. 
Presidenta, hoy íbamos a hablar de un pequeño paso hacia la liberalización de los servicios postales. 
Aún no he visto un tema referido al mercado interior que genere tanta información errónea, emociones y acusaciones agrias. 
Una de las acusaciones se refiere a los países que defienden la liberalización pero que aún no han hecho nada al respecto en casa. 
Mis colegas españoles afirman, y quisiera que el Comisario me indicara si tienen razón, que en España, la directiva de 1997 se ha aplicado íntegramente, que otros no han hecho nada y que ahora son los que quieren dar pasos de gigante. 
Señor Bolkestein, la Comisión es la guardiana de los Tratados. 
Quisiera saber si es cierto y, en caso afirmativo, qué es lo que ha hecho al respecto, además, quisiera que me resumiera la situación en relación con la aplicación de la antigua directiva. 
La postura de los españoles en relación con este informe es de vital importancia. 
La información errónea se refiere a las personas que se muestran a favor de la liberalización. 
Esta postura también implicaría su oposición a unos servicios universales. 
Esto no es en absoluto cierto. 
Al contrario, el concepto de servicios universales resulta genial para solucionar problemas relacionados con zonas rurales de difícil acceso a través de acuerdos adecuados y de fondos de compensación en los casos en que fuera necesario. 
Yo mismo soy un ardiente opositor de los monopolistas que no admiten que nadie entre en sus mercados pero que sí se permiten realizar adquisiciones en los mercados liberalizados. 
¿Quién reparte el correo en Suecia? 
¿Quién puede competir en el mercado libre sueco? 
El servicio postal británico tan mimado por el señor Simpson. 
El señor Simpson ha presentado una enmienda sobre la proporción entre lo público y lo privado. 
Sin embargo, para asegurarse de que no se pueda hacer nada al respecto, tan sólo ha planteado una reflexión que no ha plasmado en un artículo. 
Afortunadamente, disponemos de una directiva que exige transparencia a las empresas pública y le aseguro que se controlarán exhaustivamente las ayudas masivas. 
No se dispondrá de dinero público para efectuar adquisiciones en los mercados liberalizados. 
Céntrese en su propio mercado. 
Espero que el Comisario prometa controlar exhaustivamente esta situación junto con el Comisario Monti. 
Otra observación: me siento francamente decepcionado por el conservadurismo del Parlamento. 
Mañana votamos, y espero que a favor de la enmienda del señor Atkins o del señor Sterckx porque de lo contrario me veré obligado a votar en contra de este informe. 
Señora Presidenta, señorías, tras una compleja elaboración en nuestra comisión, tenemos en el Parlamento el informe del colega Sr. Ferber. 
No oculto que, como griego, he sentido y siento no poca inquietud, puesto que algunas de las propuestas de la Comisión Europea, de llegar a materializarse, resultarían literalmente devastadoras para el servicio postal universal en Grecia; no, claro está, en los grandes núcleos de población, pero sí en los remotos pueblos de montaña y en las islas pequeñas más aisladas. 
Y, desde luego, esto no ocurriría sólo en Grecia. 
Finalmente, el ponente acepta determinados puntos de vista que si, como esperamos, acaban imponiéndose, mejoran bastante las cosas. 
Asuntos cruciales, como el límite de los 150 gramos, en lugar del desastroso límite de los 50 gramos propuesto por la Comisión, el precio cuádruple de la tarifa básica, en lugar de las 2,5 veces de la Comisión, los servicios urgentes- así como también el correo transfronterizo -, son tratados por el informe de un modo más realista. 
Por lo que respecta concretamente a este último, me ha causado gran impresión la argumentación de la Comisión Europea basada en el bajo término medio de la proporción correspondiente al correo transfronterizo en el conjunto del movimiento postal en los diferentes países miembros. 
Resulta evidente la utilización no científica del indicador del término medio cuando las diferencias entre los factores aritméticos son sencillamente enormes. 
Por ejemplo, en nuestro caso, un país que tiene un porcentaje muy por debajo del término medio, lógicamente no se plantea problema alguno, mientras que, por el contrario, un país con un porcentaje claramente por encima de la media se encontrará en una situación francamente difícil si, de acuerdo con la propuesta del Sr. Bolkestein, se libera también el correo transfronterizo. 
Es como si calculáramos la renta media entre el muy rico y el muy pobre; el resultado podría ser aritméticamente satisfactorio, pero no podría considerarse socialmente de recibo, a causa, evidentemente, de la existencia del muy pobre. 
Para terminar, y tras reiterar mi agradecimiento al ponente, expreso mi esperanza de que el divino y alado Hermes, el mensajero de los dioses, siga volando hasta los lugares más remotos habitados por ciudadanos, y que cuando llamen a nuestra puerta por la mañana temprano, sea el repartidor de la leche o el cartero. 
Señora Presidenta, permítame dirigirme al Sr. Simpson. 
He entendido que el Sr. Simpson ha estado en Suecia, en la región de Norrland, que es una de las "más solitarias" y bellas regiones poco pobladas de toda Europa. 
Parece que usted no ha aprendido nada y tampoco parece haber escuchado los argumentos que se le han dado. 
Tengo muchos informes en los que usted puede leer y obtener argumentos en favor de la liberalización. 
Royal Mail está en la competencia y me reparte las cartas en Malmö, Suecia. 
Creo que esto es algo provechoso, Sr. Simpson. 
Gracias a esto, obtengo un servicio mejor y más barato. 
La propuesta de la Comisión es buena, pero no es suficientemente liberal. 
El informe tiene una orientación equivocada. 
El monopolio postal debe ser abolido. 
Donde mejor se protegen los intereses de los consumidores es en un mercado con libre competencia. 
Esto lo sabemos. 
Obviamente que lo dicho vale también para el mercado postal. 
¿Por qué las condiciones de este mercado habrían de ser diferentes? 
El veloz desarrollo económico y las exigencias que se imponen a las empresas postales para que se adapten a éste, hacen necesaria una fecha final para la abolición de los monopolios, tan pronto como sea posible. 
En mi opinión, el año 2007 es demasiado tarde. 
Señora Presidenta, la totalidad del servicio postal sueco se liberalizó en 1993. 
Yo era entonces miembro del Parlamento sueco y participé en este proceso. 
El 95 por ciento del mercado postal sueco está aún en manos del antiguo correo. 
Para que los servicios postales privados puedan establecerse en el mercado es necesario, por tanto, que tengan una gran parte de éste, que exista competencia. 
En esta Asamblea tenemos que dar una oportunidad al mercado postal. 
Corren nuevos tiempos Sr. Simpson. 
Cabría usar la expresión "aprendamos de Blair". 
Finalmente quisiera decir que el servicio postal no se ha empeorado en Suecia, incluso se ha mejorado en algunos aspectos. 
Los costes no son más altos que en otros países. 
Si no hacemos algo ahora, será mucho peor dentro de algunos años. 
Los consumidores pierden, los empleados pierden, Europa pierde en competitividad y crecimiento. 
¡Suerte Sr. Bolkestein! 
Señora Presidenta, señor Comisario, ¿qué nos ha enseñado el debate, o más bien la polémica suscitada por el Comisario Bolkestein en su búsqueda de una liberalización de los servicios postales a falta de cualquier balance de la primera etapa y violando reglas definidas por esta directiva? 
Que utilizando términos progresistas y que se valoran, tales como modernización, liberalización, acompañamiento del desarrollo tecnológico, se cae en una regresión de la calidad social de un país. 
Es el espíritu mismo de servicio público de proximidad, apreciado y respetado de forma unánime, el que se asesina. 
Retengamos por tanto esta importante etapa del examen de esta directiva como una manifestación de coherencia y cohesión entre nuestro Parlamento y los ciudadanos de Europa. 
Hemos sabido llegar a una mayoría para responder a sus preguntas, a sus desafíos y a sus riesgos fundamentales para la imagen de nuestros países, para la identidad de nuestros servicios públicos y la cohesión de nuestras sociedades. 
En ello, doy las gracias al ponente, Sr. Ferber, y al Sr. Simpson por el resultado conseguido. 
Lo siento más profundamente en la medida en que mi Grupo se ha ilustrado en esta contraofensiva. 
En un llamamiento común, denunciamos firmemente esas exageraciones liberales y sus efectos deletéreos para el tejido territorial, económico y humano de nuestros Estados miembros. 
Como francesa, sólo puedo felicitarme por no asistir así al desmantelamiento de esta red tranquilizadora y vivificante de las 17.000 oficinas postales y agentes de correos, tejida de forma unida en los 550.000 km2 de nuestro territorio y que lleva la presencia del servicio público a los ciudadanos, tanto en las zonas suburbanas como en las rurales. 
Este debate sobre los servicios postales es también una advertencia a la Comisión. 
Le habrá enseñado que la liberalización económica no supone en nada un progreso si es sinónimo de deshumanización social, y en este sentido la noción de servicio público de interés general debe preservarse; la imparcialidad y la objetividad de los estudios previos a las directivas deben ser la norma. 
Los contraejemplos, como la liberalización postal en Suecia o los aspectos colaterales como las cuestiones de calidad del empleo, de simbolismo de la oficina de correos, han de tomarse en consideración. 
En este sentido doy mi apoyo total al compromiso propuesto por el Sr. Ferber y el Sr. Simpson. 
Señora Presidenta, el monopolio estatal sobre los servicios postales no se introdujo en el siglo XIX sin motivo. 
Los gobiernos que lo hicieron no eran socialistas, sino conservadores o liberales. 
Lo hicieron después de que se demostrara que las empresas privadas no podían garantizar una entrega rápida, regular, permanente, asequible y, sobre todo, disponible. 
La revolucionaria reforma que propuso la Comisión a principios de este año amenaza con retrasar el reloj doscientos años. 
¿Por qué debemos imponer a la larga a toda la Unión Europea el modelo que se está probando en la actualidad en los Países Bajos, Suecia y Finlandia? 
Aparentemente, la propuesta estuvo precedida de un punto de partida ideológico que afirma que las empresas ya no pueden seguir en manos del estado. 
Según esta opinión, no sólo se deben privatizar los bancos, la industria química y las empresas metalúrgicas, sino también las empresas de servicios públicos como las eléctricas, el transporte público y los servicios postales. 
Por una parte, la propuesta tenía por objeto crear un margen mayor para las empresas privadas competidoras sin esperar a la evaluación prometida de las consecuencias de anteriores decisiones liberalizadoras. 
Por otra parte, se fortalecería la posición de un grupo de empresas con intereses que se beneficiarán de la liberalización total de los servicios postales a partir del 2007. 
La liberalización propuesta tiene consecuencias gravísimas para los servicios en el ámbito rural, para los trabajadores de las empresas postales y para los usuarios domésticos del correo. 
Esto significa que al final existirán menos oficinas de correos, se producirá una entrega más lenta y desaparecerán servicios sociales. 
Sin olvidar el incremento de tarifas como consecuencia de la existencia de varios servicios de entrega paralelos. 
El personal se enfrentará a una mayor carga laboral e inseguridad. 
La protección prevista de los servicios universales mediante un fondo de compensación que permitiría utilizar los beneficios privados para unos servicios públicos no puede ser permanente. 
Las empresas de nueva creación podrán denunciar en el futuro esta limitación de su libertad como intervención estatal improcedente y falseamiento de la competencia. 
Por este motivo, resulta positivo que una mayoría de este Parlamento no quiera llegar tan lejos como proponía el Comisario Bolkestein a principios de este año. 
Esta propuesta cuenta con mi apoyo pero sería mejor que el correo entre 150 y 350 gramos se mantuviera asimismo en manos de las empresas postales existentes. 
Señora Presidenta, los servicios postales en todos nuestros Estados miembros cumplen funciones que van mucho más allá de una actividad puramente comercial. 
Los servicios postales tienen una enorme importancia socioeconómica y desde siempre han desempeñado un papel clave en la cohesión social. 
Las propuestas actuales han sido objeto de debates muy emotivos en toda la Unión, en particular, en mi circunscripción rural, como no podía ser de otra manera. 
Represento a la circunscripción de Connacht Ulster, en los condados occidentales y fronterizos de Irlanda, que es predominantemente rural y una de las regiones más periféricas. 
La propuesta de la Comisión de liberalizar los servicios postales ha sido discutida intensamente a lo largo y ancho de mi circunscripción, desde Malin Head hasta Connemara y desde las afueras de Dublín hasta la islas. 
Desde que apareció la propuesta, para mí era evidente que la propuesta nunca sería aceptable en la forma que la presentó la Comisión. 
El Parlamento- que es la institución más idónea para reflejar las opiniones de los ciudadanos de Europa- así se lo hizo saber con toda claridad a la Comisión y al Comisario, antes incluso de su nombramiento por el Parlamento. 
A pesar de ello, la Comisión optó por ignorar la opinión expresada por la amplia mayoría de los diputados a este Parlamento procedentes de los distintos Estados miembros y pertenecientes a varios Grupos políticos. 
Siento que entre los diputados existe el claro consenso de que esta directiva debe atender las preocupaciones perfectamente reales de los ciudadanos por el futuro de una red viable de oficinas postales. 
Es lamentable que la Comisión haya optado en cambio por impulsar por la fuerza la propuesta ideológica que presta oídos sordos a las opiniones de la población. 
Quiero alabar al ponente por un excelente informe: un informe que refleja las opiniones de la amplia mayoría de los diputados de esta Asamblea, así como de la práctica totalidad de los ciudadanos de Europa. 
Señora Presidenta, yo también me sumo a los que han agradecido con convicción y no por mero formulismo al Sr. Ferber su trabajo: un trabajo difícil por la complejidad del tema y que fue complicándose a causa de los límites y de los retrasos de la propuesta y de la iniciativa de la Comisión. 
Estos mismos límites y retrasos han contribuido a un debate en que con frecuencia se confunden los fines con los instrumentos. 
Estamos todos de acuerdo con que es necesario un servicio de calidad a precios más favorables para los consumidores. 
Creo que estamos todos de acuerdo- yo personalmente lo estoy- con que los acicates de la competencia y de la liberalización progresiva y gradual sirven para este fin pero no son el fin, es decir, son el medio que sirve para alcanzar este objetivo. 
Si pensamos en presentar la liberalización como la solución a todos los problemas, nos equivocamos, ya que en este sector sería un error no reconocer la necesidad del servicio universal que existe y que no se puede suprimir, ya que en cierto modo garantiza que a través de la gestión de los servicios se generen los medios necesarios para cubrir los costes excesivos del servicio universal. 
Por lo tanto, las preguntas que nos debemos plantear son más bien: ¿Cuánto monopolio es necesario para garantizar este acopio de medios? 
Y, en consecuencia, realizar estudios y análisis, que son diferentes según el Estado o el país de que se trate, para garantizar este objetivo. 
¿Cómo se consigue que los servicios y la gestión industrial, incluso dentro del ámbito reservado, puedan recuperar la calidad con el objeto de reducir el ámbito reservado necesario para garantizar dichos medios? 
De ahí, la supresión de la definición de servicios especiales que paradójicamente impedirían a las empresas encargadas de la gestión del ámbito reservado recalificar sus servicios. 
Espero que en el futuro la Comisión nos presente estudios y propuestas más completos y alternativos a los que hasta ahora han constreñido y limitado nuestro debate. 
No respaldaré el compromiso del Sr. Ferber, pero sí apoyaré incondicionalmente sus indicaciones, ya que, a la vista de las condiciones dadas, me parecen las únicas posibles. 
Señora Presidenta, efectivamente estamos ante un debate parlamentario real porque las posiciones estaban separadas. 
Y yo he de felicitar a los Sres. Ferber y Simpson por el trabajo excelente que han llevado a cabo y que podemos analizar esta mañana. 
Precisamente desde la experiencia española, a la que se ha aludido en algún momento, considero que las enmiendas del Parlamento mejoran la propuesta que nos hizo la Comisión porque introduce mesura- estrictamente mesura- en el ritmo de apertura y de liberalización. 
Porque sobre esa apertura y esa liberalización estamos todos de acuerdo, pero el ritmo es importante. 
En el Consejo Europeo de Niza ha pasado desapercibido completamente un mensaje, que yo creo que también se aproxima a la posición del Parlamento, en el sentido de que deben tenerse muy en cuenta, y favorecerse claramente, los servicios de interés general. 
Porque, señora Presidenta, el servicio que estamos analizando sufre una competencia feroz por parte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Esa competencia no se puede analizar en términos actuales, porque el uso de estas tecnologías está en un aumento exponencial y, por tanto, tenemos que ver el asunto con un poco de perspectiva. 
Este sector es un sector que ya sufre una competencia enorme por parte de esas nuevas tecnologías. 
Hemos introducido en la propia directiva los servicios especiales, y yo creo que el Parlamento les ha atribuido el precio de valor añadido que deben llevar porque, de otra manera, la propuesta de la Comisión podría convertirse en una puerta trasera a través de la cual se podrían dinamitar los servicios de interés general. 
Señora Presidenta, al tratar de este asunto estamos hablando de cohesión económica y social. 
Es muy importante entender que no solamente son los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión los que tienen que defender la cohesión económica y social, sino todas las políticas de la Unión, como reza el artículo 158 del Tratado CE. 
Señora Presidenta, Señorías, a lo largo del debate se han recordado las dificultades para llegar a una solución de compromiso. 
Me parece que la solución final es aceptable porque concilia la necesidad de competencia con la liberalización y, sobre todo, con las obligaciones del servicio universal sabiendo que habrá etapas posteriores que permitirán evaluar la situación periódicamente. 
He valorado en especial el hecho de que en comisión se haya acogido esta referencia a los servicios postales en las llamadas zonas rurales y no de casualidad presenté una enmienda en la que se alude al problema de las zonas de montaña y de las islas. 
¿Por qué me refiero en particular a las zonas de montaña que no siempre están incluidas en el concepto de ruralidad? 
Porque, al observar como se está desarrollando el sistema postal en muchos Estados europeos, el problema de las zonas de montaña es, hoy por hoy, uno de los temas más difíciles de tratar. 
Probablemente, si analizamos los datos de que disponemos, podríamos comprobar que muchísimas, cientos y quizás miles de estafetas de correos han sido cerradas en las zonas de montaña. 
Evidentemente, más allá de los razonamientos sobre la economicidad del sistema que deben hacerse en todo momento, el verdadero riesgo es la marginación de las zonas de montaña y, en consecuencia, es preciso hallar soluciones originales que permitan mantener un servicio esencial como el postal, enriquecido con otros servicios. 
Éste, creo, será uno de los temas importantes de cara al desarrollo de las zonas de montaña europeas en los próximos años. 
Señora Presidenta, Arlette Laguiller y yo mismo rechazamos cualquier forma de introducción del capital privado en los servicios postales. 
Los efectos de la primera directiva no se han hecho públicos ya que las consecuencias son evidentes: pérdida de empleo y degradación de las condiciones de trabajo, desigualdad de funcionamiento del servicio público en todo el territorio, principalmente en el campo y en los barrios populares. 
Algunos grandes grupos privados se repartirán los sectores jugosos de la actividad postal que la Unión Europea se dispone a ofrecerles. 
Actualmente, se nos ha presentado una versión llamada soft de la propuesta liberal de la Comisión, principalmente sobre el umbral precio-peso en 150 en lugar de 350 grs. La liberalización gradual y controlada, presentada por la Presidencia francesa como un mal menor, es una forma hipócrita de entregar un servicio público esencial a un mercado que no es ni controlable ni controlado, como ya se ha hecho para France-Télécom. 
Invocar el realismo como hace la izquierda plural para intentar obtener una solución de compromiso con una parte de la derecha es una forma de enmascarar su propia capitulación ante los intereses privados. 
Los representantes de LO-LCR no han sido elegidos para cotizar el servicio público en bolsa y votarán en contra de este compromiso. 
Señora Presidenta, en primer lugar, permítame felicitar al ponente señor Ferber porque, desde luego, ha realizado un trabajo complicado, difícil, donde ha tenido que intentar buscar el equilibrio entre propuestas, posturas y puntos de partida y de llegada completamente diferentes. 
Pero ¿por qué ha sido difícil? 
Porque ha partido de una propuesta de la Comisión que, creo, ha nacido viciada de origen. 
Y ¿por qué ha nacido viciada de origen? 
Permítame, señor Comisario, que le diga que usted sabe perfectamente, porque en los estudios que usted tiene y maneja así se indica, que por ejemplo España tiene liberalizado el 44% del servicio postal. 
Y la propuesta que usted hace, efectivamente, va hacia una liberalización. 
Pero ¿a quién favorece esa liberalización? 
A aquellas empresas, a aquellos países que hasta la fecha no han hecho absolutamente nada. 
Perdón, algo han hecho: financiar masivamente a sus empresas públicas de servicio postal y, ahora, saneadas, financiadas, con una capacidad económica enorme, pretenden entrar en el resto de mercados de servicio postal de la Unión Europea. 
Por lo tanto, se está penalizando a quienes han trabajado en el marco de la Directiva del año 1997 y se está favoreciendo a los que han trabajado precisamente en sentido contrario, y eso no es un mercado liberalizado, eso no es un proceso de homogeneización. 
Eso no es la construcción, como aquí se ha dicho, de una Europa cohesionada y social. 
Hay que buscar la igualdad de oportunidades, hay que buscar un marco jurídico y un marco liberalizador en el cual todos tengamos una oportunidad justa y equilibrada. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el compromiso que el Sr. Ferber nos ha propuesto es muy razonable y se inspira en la regla de oro según la cual lo excelente es enemigo de lo bueno. 
Este compromiso, en el que han trabajado de manera decisiva también el Sr. Simpson y otros diputados, consigue que no pase desapercibido el hecho de que para todos los usuarios europeos, pero sobre todo para los que residen en las regiones rurales, periféricas, escasamente pobladas o urbanas desfavorecidas, los servicios postales representan una oportunidad fundamental de enlace y de conexión. 
Tampoco hay que dejar de tener en cuenta que casi 2 millones de personas encuentran trabajo en el sector. 
Por lo tanto, es justo seguir la vía de la modernización y de la eficacia y no cabe duda de que el proceso de liberalización emprendido podrá conllevar también estos resultados. 
¡Liberalización sí, pero no ciega! 
El proceso debe seguir adelante con arreglo a unos plazos y a unas modalidades que respeten la complejidad de los problemas y que no perjudiquen al sector de los servicios de interés general que son un puntal irrenunciable de la cohesión social y territorial. 
Por lo tanto, señor Comisario, mi invitación, que le hago en castellano y latín, es: ¡Adelante, sed cum judicio! 
Señora Presidenta, Comisario Bolkestein, colegas, parece que hoy estamos hablando de la procesión de Echternach: dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás, así de limitados son los avances que logramos en uno de los informes políticos más importantes para la consecución del mercado inverno, la liberalización de los servicios postales. 
La propuesta de la Comisión prevé una apertura progresiva, lo que en mi opinión servirá para mejorar los servicios que se prestan al consumidor a un precio inferior. 
Si no me equivoco, ésta era inicialmente la opinión del ponente y sus propuestas eran constructivas. 
Sin embargo, la propuesta de compromiso que los dos grandes partidos ofrecieron hacia las once a la Comisión de Transporte al margen del Grupo Liberal acaba de un plumazo con lo anterior. 
Señora Presidenta, al igual que muchos de los que han intervenido esta mañana, sigo siendo partidario de que se limite el margen reservado a 50 gramos. 
Esto es más que suficiente para sustentar las obligaciones públicas de servicio universal y una tarifa uniforme. 
El eje del compromiso de 150 gramos con el cuádruple de la tarifa básica no sólo resulta excesivo sino que perjudica el proceso liberalizador. 
Me temo que el efecto será que los actuales monopolistas podrán afianzar aún más su posición a costa de los contribuyentes y que se suba el listón para los nuevos aspirantes. 
Sin embargo, mi mayor preocupación es la falta de decisión. 
Esto se deduce de la propuesta de compromiso de los dos partidos mayoritarios. 
Si creen que aún no ha llegado el momento de profundizar en la apertura, deberíamos ser capaces de iniciar un camino en el que sí se pueda hacer realidad la apertura del mercado. 
Esto significa que se debe establecer una fecha límite. 
Poner presión al asunto. 
Una revisión en el 2003 es positiva, aunque debe desembocar en el siguiente paso: liberalización total en el 2007. 
Los servicios postales están preparados, el mercado está preparado y el consumidor desea servicios eficientes, de calidad y asequibles. 
La propuesta de la Comisión recoge estos aspectos, lo que no hace la propuesta de compromiso del ponente, por lo que la rechazo. 
Señora Presidenta, felicito al Sr. Ferber por su informe, aunque nos preocupa que no llegue lo suficientemente lejos. 
Creemos en la necesidad de la liberalización, la competencia y una buena relación calidad-precio. 
Es inicuo que el Royal Mail en Gran Bretaña utilice el dinero de los contribuyentes para intervenir en mercados liberalizados del continente, mientras que, al mismo tiempo, lucha por impedir la liberalización en el Reino Unido. 
Es el motivo por el que he vuelto a presentar algunas de las enmiendas que discutimos en comisión y sobre las que votaremos a favor- especialmente, aquéllas relacionadas con la liberalización de la publicidad directa. 
Es un requisito fundamental para el desarrollo del sector de la publicidad directa. 
Asimismo nos preocupa el nuevo incremento hasta 150 gramos desde los 50 gramos que consideramos necesarios. 
Junto con eso, tenemos el firme compromiso con el requisito de servicio universal. 
Si se puede hacer en la Suecia rural, también puede hacerse en la Gran Bretaña rural sin grandes dificultades. 
No acepto lecciones del Partido Laborista sobre zonas rurales. 
Cuando yo era ministro de Medio Ambiente en Gran Bretaña, fui el responsable de la elaboración de un Libro Blanco rural, que trataba sobre algunos de los problemas relacionados con las oficinas postales rurales, por lo tanto, no acepto mensajes del Partido Laborista, aunque estén tan bien expresados como los del Sr. Simpson. 
También me alegra comprobar que nuestros amigos Liberales del continente están dando ejemplo a los Liberales británicos. 
Los Conservadores británicos apoyan al Comisario Bolkestein y nos proponemos estudiar, en el transcurso del presente debate- y posteriormente, a medida que el debate prosigue y se estudian las enmiendas- si votaremos en contra de un mayor compromiso, a pesar de lo mucho que respeto y estimo el informe del Sr. Ferber como compromiso ante las numerosas dificultades. 
Pero, porque creeremos que la operación original del Comisario Bolkestein es en mucho la mejor, es muy posible que decidamos votar en contra de un mayor compromiso para el mantenimiento de dichas propuestas originales. 
Aún está por ver. 
Lo estudiaremos al final del debate. 
Señor Presidente, en primer lugar, no queremos obligar a Suecia a cambiar su sistema postal, pero, por favor, no nos obliguen a seguir su ejemplo. 
En Suecia, Correos ha pasado de los beneficios a las pérdidas. 
Sweden Post ha reducido su plantilla. 
Las oficinas postales rurales han cerrado. 
Las tarifas para enviar una carta por correo en Suecia son un 30% más altas que en el Reino Unido. 
Y si me permiten pasar ahora a referirme al Reino Unido, la privatización del Post Office en el Reino Unido fue bloqueada sencillamente porque la opinión pública no estaba dispuesta a tolerarla. 
Lo que me parece más vergonzoso es que la Comisión proponga la privatización de manera encubierta. 
Pero lo que es realmente imperdonable es que los Conservadores británicos apoyen los planes de la Comisión Europea de diezmar nuestro sistema postal en el Reino Unido. 
La medida supondrá un triple golpe para Gran Bretaña, en particular, para la Gran Bretaña rural: el fin de la distribución y la recogida diarias; el fin del precio uniforme- las personas de las zonas rurales pagarán más por su correo; y tercero y último, el fin de nuestra amplia y excelente red de oficinas postales rurales. 
Hago un llamamiento expreso a los Conservadores británicos. 
Puede que no quieran escucharnos, pero escuchen al Women's Institute del Reino Unido, escuchen al Council for the Protection of Rural England, escuchen incluso a la Countryside Alliance. 
Todas estas organizaciones respaldan al Sr. Simpson y se oponen a las opiniones de su partido en lo que respecta a este asunto. 
Espero que ustedes y sus amigos se unan a los Laboristas en la defensa de la Gran Bretaña rural y rechacen los planes de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, Sr. Ferber, porque ha realizado una tarea realmente difícil. 
Las propuestas del Comisario Bolkestein, lamentablemente, van demasiado lejos. 
Ciertamente reconozco que el concepto de liberalización per se no tiene nada de malo y que puede ser beneficioso para los consumidores. 
No obstante, también entraña ciertas obligaciones- en particular, la necesidad de garantizar los servicios universales. 
Esto no habría sido posible con las propuestas originales. 
Aunque habrían funcionado en países altamente urbanizados, para países rurales como Irlanda habrían sido nefastas. 
La apertura a la competencia de entre un 46 y un 48% de los ingresos de An Post pondría en serio peligro la viabilidad a largo plazo de los servicios postales irlandeses tal y como los conocemos. 
La selección que habría traído consigo habría hecho peligrar la capacidad de An Post de proporcionar el reparto diario y universal a un coste razonable. 
Por otra parte, la capacidad de nuestro servicio postal nacional en lo que respecta a la subvención cruzada de nuestra infraestructura de oficinas postales rurales habría quedado en una situación muy incierta. 
En consecuencia, acojo con satisfacción el informe modificado surgido de nuestra comisión. 
Es realmente un compromiso equilibrado y espero que el Consejo le dé su aprobación. 
Permítame decir lo siguiente a An Post: si esto ocurre, le habrán dado un valioso respiro. 
Utilícenlo para desarrollarse e invertir en el sistema de oficinas rurales de correos de Irlanda. 
Existen muchas posibilidades aparte de la de los servicios centralizados, en los que la comunidad local tiene acceso a todos los servicios estatales, como el comercio electrónico e Internet. 
No adopten la opción fácil y corta de miras de permitir la desaparición del sistema de oficinas postales rurales. 
Sería una decisión de la que se arrepentirían. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión por la que se modifica la directiva de 1997 en lo que respecta a la continuación de la apertura de los servicios postales de la Comunidad a la competencia era justificada y esperada. 
Justificada, ya que se incluye en la lógica de los Tratados fundadores de la Unión Europea, que anteponen la culminación del mercado interior por la libre circulación de bienes y servicios en un entorno de competencia. 
Justificada también por las orientaciones sucesivas, desde 1990, de los Consejos europeos dedicados a este sector. 
Justificada finalmente por el Consejo europeo de Lisboa que, hace algunos meses, pedía la aceleración de este proceso. 
Esperada también, ya que la Comisión estaba retrasada con respecto a los compromisos previstos por la directiva de 1997. 
Sin embargo, las propuestas de la Comisión y del Comisario Bolkestein han producido una gran agitación. 
Estas propuestas eran, no obstante, lógicas. ¡Qué clamor de indignación, sin embargo! 
El compromiso propuesto en el informe del Sr. Ferber está muy por detrás con respecto a la propuesta razonable de la Comisión, muy modesta con respecto a las exigencias de la modernización de nuestra economía europea, demasiado modesta, me temo. 
Y cuando esta mañana veo a toda la izquierda europea felicitar al Sr. Ferber, me quedo muy dubitativo con este compromiso. 
A este ritmo, señoras y señores, serán necesarios 60 años para concluir el mercado interior de servicios postales. 
No puedo menos que hacer un paralelismo con el resultado del reciente Consejo europeo de Niza. 
En Niza hubo grandes discursos y, a fin de cuentas, no demasiados resultados. 
Aquí, en este debate, de la misma manera, las grandezas esconden mal la pusilanimidad y el conservadurismo. 
Sólo nos queda desear que algún día sepamos superar las situaciones consumadas y vencer los corporativismos egoístas para hacer que Europa progrese verdaderamente. 
Señora Presidenta, ¿podría pedirle al señor Bolkestein que explique al señor Watts la diferencia entre privatización y liberalización? 
Señora Peijs, esto no es una cuestión de orden y está fuera de lugar en este momento del debate. 
Tiene la palabra el Comisario Bolkestein. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión reconoce, de debates anteriores, la enorme importancia que el Parlamento atribuye a este asunto y he estudiado detenidamente las numerosas enmiendas a la propuesta de directiva. 
Puedo apoyar algunas, en particular, las enmiendas que hacen hincapié en la importancia del servicio universal y las oficinas postales rurales. 
El servicio universal es la piedra angular de la política comunitaria en este ámbito y todo lo que hacemos está pensado para crear las condiciones idóneas para su mejora. 
No obstante, respecto a la mayoría de las enmiendas, debo decir que es muy poco lo que queda de la propuesta original presentada en mayo por la Comisión. 
La Comisión proponía un enfoque gradual, con una fase posterior de apertura del mercado de un total del 20% que se adoptaría en el año 2003. 
En cambio lo que encuentro es no sólo el rechazo de esta apertura gradual del mercado, sino además del proceso dinámico de la propia modernización. 
En primer lugar, no a los 50 gramos, lo que va en contra de la necesidad de crear una competencia real. 
En segundo lugar, no a la apertura del correo transfronterizo de salida, a pesar de que esto es ya una realidad en diez Estados miembros. 
En tercer lugar, no a la definición ni a los servicios especiales, en contra de los objetivos de las actuales directivas y en contra también de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
En cuarto lugar, no a la apertura del correo urgente, a pesar de que éste es un mercado nuevo y separado. 
En quinto lugar, no a una medida en el año 2003, lo cual es contrario al artículo 7 de la actual directiva, y en sexto lugar, no al calendario para la reforma posterior, lo cual va en contra de las conclusiones del Consejo de Lisboa y de las necesidades de los operadores. 
Ésta no es una manera positiva de avanzar. 
En particular, porque a pesar de que los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron en Lisboa la apertura acelerada del mercado, las enmiendas que acabo de describir tendrían el efecto contrario, a saber, la desaceleración de la apertura del mercado. 
Un aplazamiento de dos años de la aplicación del siguiente paso no sería coherente con la directiva en vigor. 
El debate sobre la modernización del sector postal comenzó en 1989, durante el Consejo de Telecomunicaciones celebrado en Antibes. 
Miren dónde nos encontramos ahora, cuando han transcurrido más de diez años. 
Sólo se ha liberalizado el 3% del mercado de cartas. 
El aplazamiento del siguiente paso de 2003 a 2005 supondría otro retraso que, me temo, no es aceptable para la Comisión. 
El grado de apertura del mercado que ahora propone el Parlamento reduciría el 20% de las propuestas de la Comisión a apenas el 6% a partir de comienzos del año 2005, sin perspectivas de poder completar el mercado interior en el sector postal y eso, me temo, no es acorde con las conclusiones del Consejo Europeo ni tampoco se ajustaría a las necesidades y expectativas de los clientes de servicios postales, tanto si los usuarios son empresas como particulares. 
Tampoco satisfaría los intereses de los empleados del sector que tienen puesta su mirada en el futuro. 
En definitiva, sería demasiado poco, demasiado tarde y conduciría a una parada repentina del impulso tan necesario para proseguir con el cambio, provocando un grave daño a la necesaria adaptación y una amenaza al empleo a largo plazo. 
Asimismo, frenar la competencia en el correo transfronterizo de salida supondría dar un paso atrás, difícil de imponer mediante normativa y que provocaría las quejas de los competidores. 
Los servicios especiales son otro de los ámbitos de gran importancia en los que debe fomentarse la innovación y la modernización. 
Conforme a la directiva en vigor, el principio es claro. 
Los servicios nuevos y claramente diferenciados siempre quedan fuera del ámbito reservado, pero no existe una definición clara de los servicios especiales en la directiva en vigor, y ello da pie a interminables debates y a la incertidumbre del mercado. 
Sería inadmisible permitir que continúe el litigio para determinar qué sucede aquí. 
Necesitamos definiciones más claras o de lo contrario fracasaremos en nuestro deber, como legisladores, de modernizar el marco regulador. 
Sé que la modernización del sector de los servicios postales es una medida difícil y políticamente delicada. 
La Oficina de Correos es una institución próxima a las personas, a los consumidores y a los empleados por igual. 
En este proceso de modernización, el temor no debe ser nuestro guía, sino más bien el reto de mejorar el sector. 
Si hacemos demasiado poco, demasiado tarde, el sector postal en su conjunto estará en peligro. 
Se verá relegado por la tecnología e ignorado por los consumidores que no obtendrán un buen servicio por su dinero. 
Estoy seguro de que muchos de ustedes, y en particular el ponente, estarán más de acuerdo con este planteamiento de lo que la política les permite reconocer. 
Hago un llamamiento a todos para que, en su calidad de legisladores elegidos, no rehuyan su responsabilidad de hacer lo que sea necesario para apoyar el proceso dinámico de cambio. 
Permítanme citar a tres interlocutores en este ámbito. 
En primer lugar, al presidente ejecutivo del Post Office del Reino Unido, Sr. John Roberts, que ha afirmado que la competencia trae consigo mejoras en la calidad y la eficiencia, así como un abaratamiento de las tarifas. 
En segundo lugar, al presidente de La Poste, Sr. Claude Bourmaud, que recientemente ha explicado cómo la próxima década presagia la transformación más profunda hasta la fecha para los operadores postales de todo el mundo. 
Ha dicho que la apertura a la competencia de la práctica totalidad del mercado postal parece inevitable antes de que finalice la década. 
Y en tercer lugar, al senador francés Gérard Larcher, un experto reconocido en el ámbito de los servicios postales, que ha hecho un llamamiento a todas las partes para que pongan su mirada en el futuro. 
En 1997 dijo que no deberíamos resolver los problemas de hoy centrándonos en los conceptos de ayer y que debemos abrir el debate para resolver los problemas de La Poste en el marco del mañana. 
Estas tres personas han hecho observaciones importantes. 
El servicio postal deberá competir cada vez más en el mercado más amplio de las comunicaciones con la tecnología moderna desarrollada por Internet, los teléfonos móviles y la integración de los diferentes medios de comunicación. 
Las oficinas de correos tradicionales, con su rígida estructura de empleo y su lenta adaptación a las necesidades del mercado, no estarán en condiciones de competir en dichos mercados si las enmiendas del Parlamento frenan su desarrollo. 
La sociedad exige un sector postal moderno. 
Permítanme hacer alusión a las principales organizaciones de consumidores europeas, como la BEUC, que han saludado la propuesta de la Comisión. 
Muchas organizaciones de consumidores querrían que avancemos en la apertura del mercado postal aún más deprisa de lo que propone la Comisión, porque esperan que el aumento de la competencia propicie una mejora de la calidad de los servicios y un abaratamiento de los precios, pero la Comisión no propone esta liberalización por la vía rápida, como prefieren las organizaciones de consumidores. 
Nuestra propuesta consigue un delicado equilibrio, porque los proveedores del servicio universal necesitarán tiempo para modificar las estructuras y convertirse en empresas más flexibles, de manera que puedan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. 
Sólo la introducción de competencia real de una manera controlada y progresiva, conforme a un calendario establecido, les ayudará a lograr este objetivo. 
Si los legisladores europeos fracasan, los Estados miembros que avanzan rápidamente por la vía indicada en la Cumbre de Lisboa serán penalizados, porque sus operadores postales estarán supeditados a la competencia de los operadores que gozan de un amplio monopolio. 
Las enmiendas aprobadas en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento, en caso de ser aceptadas, darían lugar en su mayoría a una situación en la que no cambiaría prácticamente nada. 
Eso significaría que los servicios postales perderían cada vez más terreno respecto a otros medios de comunicación. 
Sería un enfoque con poca visión de futuro. 
Sería una última tentativa. 
El monopolio de los servicios postales los llevaría a anquilosarse y a perder volumen, lo que a su vez ocasionaría la pérdida de empleos. 
Conozco la preocupación del Parlamento por el mantenimiento del servicio universal y de la red postal, y comparto dicha preocupación. 
Soy partidario de que existan garantías sólidas de que siempre se protegerán las obligaciones de servicio universal. 
En lo que diferimos es en el método para alcanzar ese objetivo. 
Intentar preservar esta situación y el mantenimiento de las estructuras del pasado no es el camino a seguir. 
El mercado exige flexibilidad y adaptabilidad al nuevo entorno de las comunicaciones. 
La propuesta de la Comisión responde a este requisito de una manera muy razonable y gradual. 
Reconoce que bajo la directiva en vigor, ya se ha producido una inclinación de la balanza entre el ámbito reservado y otros medios para garantizar un servicio universal de alta calidad y duradero. 
Estos medios incluyen los requisitos para la concesión de licencias, incluidas las obligaciones de servicio universal para los nuevos participantes del mercado, un fondo de compensación y el establecimiento de tarifas a un nivel adecuado acorde con los costes. 
No obstante, sin competencia, la situación estaría desequilibrada. 
En este espíritu, puedo aceptar las enmiendas del Parlamento que no son polémicas, así como aquellas que acertadamente hacen hincapié en aspectos como el servicio universal según se aplica en los Estados miembros, en la reparación de las causas de quejas y en la red rural. 
Se trata de las enmiendas 2, 3, 6, 7, 24, 28, 29, 32, 39, 40 y 41. 
Asimismo puedo aceptar las nuevas enmiendas presentadas ayer, a saber las enmiendas 46, primer apartado, 58 y 59, que aclaran algunos puntos importantes. 
Respecto a las enmiendas 60 y 61, estoy de acuerdo con el principio de completar el mercado interior en una fecha futura que deberá determinarse dentro de un plazo razonable. 
Todo ello se ajusta a la propuesta de la Comisión y a las conclusiones de Lisboa. 
No obstante, no sorprenderá a los diputados a este Parlamento que la Comisión no pueda aceptar las restantes enmiendas presentadas. 
La causa es que van en contra de la esencia de lo que propone la Comisión; las medidas necesarias para realizar el proceso de modernización en beneficio de los consumidores, así como de los empleados de los servicios postales. 
Debemos mantener el impulso en favor del cambio y alcanzar una primera medida firme, además de un calendario para modificaciones posteriores. 
Para terminar, la Unión Europea no puede dar muestras de indecisión en un ámbito tan importante. 
Es por ello por lo que no puedo permanecer en silencio y no permaneceré en silencio mientras el futuro del sector se ve amenazado por la incapacidad de superar debidamente los retos que nos marcaron a todos en Lisboa. 
Si la Unión Europea, de la que los diputados a este Parlamento son sus representantes elegidos, quiere contar dentro de diez años con la economía más competitiva y dinámica posible y que esté basada en el conocimiento, necesita un sector postal moderno. 
Por consiguiente, quisiera hacer un llamamiento a todos los diputados a este Parlamento para que apoyen la misión europea, y termino diciendo que ha llegado el momento de actuar. 
Señor Presidente, yo quiero rechazar estos ataques indiscriminados contra la mayoría de esta Asamblea. 
Estamos haciendo un esfuerzo para llevar a cabo una modernización y una liberalización progresiva, y no es justo que ahora nos abronque. 
Al menos debería agradecernos que adoptemos hoy una decisión, pues esto le permitirá dejar de manifiesto en diciembre que el Consejo está siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo de Lisboa y que ese mes aprobará la liberalización tal como usted la entiende, o al menos tal como nosotros la entendemos. 
Pero abroncarnos y luego no conseguir nada en el Consejo es una posición que resulta algo hipócrita, señor Comisario, ¡yo creo que debería escuchar a la mayoría de esta Asamblea! 
Veo que los servicios postales nos ayudan a calentar un poco el ambiente del hemiciclo, y me alegro de ello. 
Señor Simpson, ¿hará uso de la palabra o renuncia usted a ello? 
Si renuncia, se lo agradeceríamos enormemente puesto que vamos muy mal de tiempo. 
Señor Presidente, es una pérdida de tiempo; no hay peor sordo que el que no quiere oír. 
Muchas gracias, señor Simpson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Plátanos (OCM) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A5-0374/2000) del Sr. Dary, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 404/93 relativo a la organización común de mercados en el sector del plátano (COM (1999) 582- C5-0528/2000- 1999/0235 (CNS)) 
Señor Presidente, señorías, volvemos pues a la OCM plátano. 
El pasado mes de abril, después de haber votado por una amplia mayoría algunas enmiendas que yo proponía al texto de la Comisión, pero ante la negativa de esta última a aceptar alguna, decidimos devolver el expediente a la Comisión de Agricultura, con el fin de llegar a un eventual compromiso. 
Era el único medio, a falta de procedimiento de codecisión, siendo las prioridades asegurar una garantía de ingreso y acceso a los mercados para los productores comunitarios y los productores ACP. 
Hemos intentado llegar a una conciliación con la Comisión; realmente no ha podido ser. 
Sin embargo, el Parlamento debe pronunciarse ahora. 
Recuerdo pues que en noviembre de 1999 la Comisión hizo una enésima propuesta de modificación de la OCM en el sector del plátano, que afectaba principalmente a su apartado externo y en el objetivo de asegurar la compatibilidad de esta OCM con las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
La Comisión proponía entonces el mantenimiento del sistema de contingentes no discriminatorio con una ligera preferencia arancelaria para los países ACP y el paso al tariff only en 2006. 
El Parlamento aprobó, en abril de 2000, mi último informe y sus enmiendas que iban al encuentro de la propuesta de la Comisión. 
El informe proponía, principalmente, el rechazo del paso automático al tariff only, una preferencia arancelaria para los ACP de 300 euros mínimo, una evaluación y una eventual revisión del apartado interno de la OCM. 
El expediente del plátano está lejos de ser anecdótico y se plantean desafíos importantes. 
Desde 1993, la situación de los productores comunitarios sufre un deterioro constante. 
Lo mismo ocurre con numerosos países ACP proveedores tradicionales. 
Ahora bien, debo recordar que esta organización común de mercados tiene como objetivo principal la garantía de acceso al mercado comunitario de sus productos. 
Hoy es ya imposible para estos productores entrar en competencia equitativa con los productores y operadores del sector a nivel internacional. 
Recordemos que el 62% de las importaciones proceden en la actualidad de países terceros, principalmente Ecuador, Colombia, Costa Rica y Honduras. 
No se trata de defender aquí de manera proteccionista un producto de un determinado origen, sino más bien defender el carácter permanente de una cierta manera de producir. 
Detrás del plátano, lo que se intenta defender es todo un sector de producción del que dependen con frecuencia regiones enteras, su fuerza vital y su equilibrio social. 
Pasaron meses hasta que el pasado mes de octubre la Comisión publicó una comunicación sobre la aplicación de la regla "por orden de llegada" para gestionar el sistema de contingentes. 
Insisto en que se trata de una comunicación y no de una propuesta legislativa. 
Por consiguiente, nos hemos visto obligados a seguir trabajando en la propuesta legislativa de noviembre de 1999. 
Se han establecido contactos con la Comisión y la última reunión confirmó que esta mantenía su posición, es decir, el sistema de contingentes gestionados según la regla "por orden de llegada" y el paso al tariff only en 2006. 
Mi segundo informe se parece por tanto mucho al primero y recoge las enmiendas votadas por el Pleno. 
Pero, incluso sin propuestas legislativas, era necesario también pronunciarse sobre la regla de "por orden de llegada". 
La codecisión no dice que el sistema es equitativo, pero dice que es el único método compatible con las reglas de la OMC. 
Sin embargo, los Estados Unidos han dado a conocer ya su rechazo a este sistema, al igual que los países ACP, por otra parte. 
Por lo demás, nuestra posición sigue siendo la misma: período de aplicación del sistema de al menos diez años con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los productores y de los operadores, nuevo examen a los diez años, no al paso automático al tariff only, preferencia arancelaria de 300 euros para los ACP. 
Hemos pedido garantías, para el caso de que el sistema de gestión de los contingentes arancelarios "por orden de llegada" fuera aplicado por la Comisión, ya que tendrá repercusiones graves en los productores ACP, incapaces ahora de recuperar su lugar en la carrera de barcos que pronto dará comienzo. 
Resulta absolutamente necesario encontrar, por encima de la preferencia arancelaria de 300 euros, un medio para permitirles el acceso efectivo al contingente C y evaluar de manera subsiguiente el impacto del sistema en estos productores. 
Me alegro de que hayamos podido llegar a una votación unánime en el seno de la Comisión de Agricultura. 
Doy las gracias a mis colegas, especialmente al Sr. Fernández Martín, ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, por su apoyo. 
Para terminar, desearía manifestar mi pesar al ver que en un expediente como éste la Unión Europea parece renunciar a sus valores en beneficio de las reglas del comercio mundial. 
La economía está al servicio del hombre, y en cualquier sistema en el que predomine el hombre, las reglas deben adaptarse a su voluntad y a las necesidades del hombre, nunca al contrario. 
La Comisión y el Consejo valorarán su responsabilidad si debieran juzgarlo de otra manera. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, después de tantísimos debates sobre el problema del plátano hoy estamos un poco más cerca de una solución satisfactoria. 
No quiero hacerme ilusiones, llevamos ocho años celebrando debates como éste y aún tendremos algunos más. 
Pero hoy, después del acuerdo alcanzado en el seno del Consejo, la última propuesta de la Comisión está más cerca de la posición mayoritariamente expresada muchas veces a lo largo de los años por este Parlamento. 
Desde la Comisión de Desarrollo, en cuyo nombre hablo, respaldamos el informe Dary, que da respuesta a los problemas fundamentales. 
Se mantiene el sistema de contingentes que aseguran la comercialización de la producción comunitaria de plátanos, se establece un régimen de licencias mediante el procedimiento de "primer llegado, primer servido", que es conforme a las reglas vigentes del comercio mundial, y se contempla un paso no automático a un sistema arancelario que requerirá un informe de evaluación del impacto que pueda producirse. 
Esta propuesta ha sido ya aceptada por Ecuador, primer productor mundial de plátanos y uno de los denunciantes ante la Organización Mundial del Comercio. 
Es cierto, señor Comisario, que mantenemos algunas reservas, y algunas diferencias. 
Nosotros, desde el Parlamento, pedimos una vigencia de diez años para el período transitorio donde la Comisión propone seis; nosotros pedimos un arancel de "como mínimo 300 euros" donde la Comisión dice de "como máximo 300 euros". 
Son diferencias, sí, pero ahora ya hablamos un lenguaje que se parece y que es radicalmente distinto al que tuvimos durante años en el pasado. 
Yo celebro, Comisario Fischler, que usted haya incrementado sus flujos de información. 
Ya le dijo el Sr. Schwaiger, en el debate precedente, que usted debía tener una información que completara más todos los diferentes puntos de vista sobre el problema. 
Usted ha visitado recientemente las Azores, ha estado recientemente en las Islas Canarias y tiene una visión, sin duda, más completa del problema, que sigue siendo muy complejo. 
Por ejemplo, nosotros no podemos dejar de expresar nuestra inquietud por las producciones plataneras en determinados países ACP, en los pequeños países productores de las Antillas y en algunos países del África Occidental que han sido proveedores tradicionales del mercado del plátano con los que tenemos compromisos que no podemos olvidar. 
El huracán Mitch en América Central nos ha proporcionado desgraciadamente un ejemplo de lo que para nosotros es inaceptable. 
En algunos países- Nicaragua, Honduras, Guatemala -, Mitch arrasó las plantaciones plataneras. 
Algunas empresas multinacionales, en lugar de contribuir a la recuperación de la actividad económica, deslocalizaron su actividad empresarial trasladándola a otras zonas menos afectadas e incluso a otros países, olvidando sus obligaciones con miles, decenas de miles de familias y de agricultores que recibían un salario de 10 dólares. 
Ése no es el modelo de desarrollo que queremos los europeos. 
Algunos colegas han expresado aquí su preocupación por las negativas consecuencias que algunos sectores están padeciendo especialmente en el Reino Unido por las medidas de retorsión aplicadas por Estados Unidos, a mi juicio al margen de los acuerdos del GATT. 
Creemos que la mejor manera de ayudar a estas empresas es encontrar un camino que permita solventar el conflicto cuanto antes. 
En este sentido, no nos parece una buena medida pretender aplazar este debate como pretendieron algunos en estas últimas semanas. 
Hemos alcanzado un complejo y delicado equilibrio sobre este tema. 
El informe Dary fue adoptado por unanimidad en la Comisión de Agricultura y respaldado también por unanimidad por la comisión en nombre de la cual hablo. 
Creo que la enmienda presentada a última hora por el Sr. Vatanen no contribuye a facilitar las cosas, por lo que le invito, si me escucha, a considerar la posibilidad de retirarla. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Dary, que tan explícitamente nos ha comentado la reforma, su historia y su síntesis- que no voy a repetir-. 
También quiero felicitar al Sr. Fernández, que tan bien ha aprovechado su tiempo para hacernos recapacitar sobre cómo y de qué manera tenemos una serie de compromisos asumidos. 
El informe Dary, en un encaje de bolillos difícil y digno de encomio nos ha hecho aprobar por unanimidad un informe sobre un tema verdaderamente complicado. 
Porque, señor Comisario, francamente, no es tarea fácil aunar los intereses de los consumidores con los de los productores, así como respetar los compromisos internacionales de la Unión Europea con los países ACP, los compromisos también de Lomé firmados en Cotonou, aunar esfuerzos en favor de las zonas ultraperiféricas, respetar las normas GATT para terceros países, garantizando la diversidad en el abastecimiento y en la producción en la Unión Europea. 
El funcionamiento del compromiso alcanzado, que entra dentro de las normas de la OMC, debe ser analizado por la Comisión Europea en un informe que deberá ser analizado por el Parlamento en un tiempo razonable y, según el resultado de este informe y su análisis, tendrán que proponerse las medidas correctoras oportunas, como ya se indica en el informe del ponente. 
Nosotros no estamos en contra del tariff only, señor Comisario, sólo queremos que, ante estos cambios tan bruscos, tomemos las precauciones necesarias a la hora de saltar de un régimen a otro. 
Por tanto, yo pido que este informe sea respaldado en su totalidad por parte de los miembros de esta Asamblea, como lo fue en la Comisión de Agricultura. 
Y no voy a repetir que enmiendas como la única que se ha presentado por algún diputado no facilitan que así sea. 
Por tanto, yo, como mi predecesor en el uso de la palabra, también le pido que retire esta enmienda. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo socialista quiero adherirme a las felicitaciones que los oradores que me han precedido han dirigido a la Comisión- porque la Comisión ha hecho un esfuerzo de aproximación -, y al ponente, Sr. Dary, por el esfuerzo que ha hecho de conciliar diferentes posturas. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Agricultura la situación es clara. 
La Comisión de Agricultura está a favor de la propuesta de la Comisión, del mantenimiento del régimen de contingentes a través del sistema llamado "de la regata", o "del primer llegado, primer servido", aunque, desde luego, no está de acuerdo con las propuestas dirigidas al paso automático del actual sistema de contingentes a un sistema de sólo aranceles. 
Esto está en relación con la filosofía general que manifiesta la Comisión de Agricultura de este Parlamento, en el sentido de que la agricultura no es un producto industrial normal y que no cabe, por tanto, aplicar reglas de carácter general válidas para los productos industriales. 
La reciente crisis de las vacas locas, que le va a costar bastante cara a la Comunidad Europea, a sus productores y a sus consumidores, es un ejemplo de cómo la agricultura no se puede reducir a esquemas de la producción o de la comercialización industrial. 
En este sentido, yo quiero recordar aquí que la producción platanera no es una producción extraña a la Comunidad. 
Es una producción que se da en una serie de regiones especiales comunitarias, las regiones ultraperiféricas, que tienen una serie de dificultades para competir en los mercados y que alguno de los pocos productos que tienen es éste precisamente, el plátano. 
Y, como ha señalado el Sr. Fernández Martín, el Comisario Fischler ha podido ver recientemente sobre el terreno lo que es la economía agrícola de estas regiones, tan alejadas del contexto continental comunitario. 
Por eso, en las propuestas del informe Dary, aprobadas por unanimidad en la Comisión de Agricultura, se hace referencia a la necesidad de tomar en cuenta los problemas estructurales de esas regiones ultraperiféricas, que tienen además un nuevo fundamento jurídico en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Comunidad Europea, introducido por el Tratado de Amsterdam, y que está en este momento pendiente de la adopción de las propuestas correspondientes por parte de la Comisión. 
Por lo tanto, el Grupo socialista está a favor del informe del Sr. Dary y en contra, desde luego, de la enmienda 36, presentada por el Sr. Vatanen y otros diputados. 
Señor Presidente, para observadores perplejos como yo, este asunto está pasando de lo extraño a lo surrealista. 
Al parecer, nos vemos frente a una serie tras otra de propuestas y contrapropuestas que tratan sobre un régimen de transición en el que la Comisión primero propone contingentes arancelarios basados en períodos históricos, períodos de referencia, pero luego pasa al cálculo en orden de llegada. 
Mientras que los Estados Unidos primero condenan los períodos de referencia histórica, y ahora defienden sus propios períodos de referencia histórica. 
Por este motivo, entre muchos otros, no comentaré sobre la mayor parte del informe del Sr. Dary, sino que intentaré centrarme en un tema de principio. 
Cualquiera que sea el régimen de transición- tanto si pasamos del contingente arancelario y de un sistema de asignación de licencias que utiliza el denominado método de orden de llegada o los períodos de referencia histórica, antes y después de 1993- debemos comenzar a aceptar que éste es un régimen de transición que en un momento dado será sustituido por un sistema exclusivamente arancelario compatible con la OMC. 
No podemos seguir un año tras otro eludiendo nuestras obligaciones internacionales. 
La cuestión es por qué. 
El Sr. Dary sugiere que si queremos avanzar hacia un sistema exclusivamente arancelario compatible con la OMC, en cierto modo, nos estaríamos rindiendo a las caóticas fuerzas del comercio. 
Lo cierto es exactamente lo contrario. 
La OMC es un conjunto de normas. 
De hecho, es una restricción del caos, porque intenta instituir normas por las que todos debemos regirnos. 
La Unión Europea tiene un interés estratégico incontenible en garantizar que dichas normas son reforzadas y no debilitadas, porque si debilitamos la OMC o el Estado de derecho, ¿quién saldrá ganando? 
Serán los países grandes como los Estados Unidos; se impondrá el lema de 'el poder tiene razón'; se impondrá la fuerza comercial bruta. 
Por tanto, les insto a que nos pongamos de acuerdo sobre cuál será la solución de transición según el informe del Sr. Dary. 
Pero no debemos dar la espalda, como sugiere la enmienda 11, a la idea de que al final tendremos que pasar a un sistema exclusivamente arancelario. 
Señor Presidente, ante todo yo quiero agradecer el trabajo que ha realizado el ponente. 
Yo suscribo totalmente sus objetivos. 
Sin embargo, lamentablemente, señor Dary, no está en nuestra mano conseguir lo que deseamos. 
Fuerzas poderosas se oponen a ello. 
No sólo existen diferentes planteamientos entre los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual también se refleja en las dificultades de la Comisión para presentar una propuesta, sino que además interviene el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. 
Intervienen intereses poderosos, sobre todo los de los americanos, que no son cultivadores directos de plátanos, pero que han invertido capital americano en las empresas comerciales. 
Ya conocemos la problemática y sin duda no es injustificado el temor a que los justos intereses de los Estados ACP, de los pequeños cultivadores de plátanos, queden marginados. 
Hemos intentado volver a introducir algunas enmiendas en forma de enmiendas de transacción. 
Yo confío en que la Comisión las hará suyas. 
Sobre todo nos interesa la enmienda 35, en la que se pide que la Comisión nos presente un informe sobre las repercusiones del reglamento previsto en lo que respecta a los intereses de los pequeños cultivadores de plátanos y de los Estados ACP, con el fin de que cuando llegue el momento de realizar la transición a un sistema exclusivamente arancelario el Parlamento disponga de un fundamento para poder adoptar una decisión. 
Lo que es evidente y la Comisión también lo reconoce es que el Parlamento debe volver a examinar esta cuestión. 
Llegado el momento, necesitaremos disponer de datos exactos para dicha negociación. 
Quizá para entonces ya hayamos conseguido el poder de codecisión en el ámbito de la agricultura y en Niza se perfilaron orientaciones decisivas con vistas a la codecisión del Parlamento, que ahora sólo falta que se concreten en los debates posteriores. 
Entonces la correlación de fuerzas será muy probablemente distinta y es de esperar que esto también quede reflejado en el informe sobre el sector del plátano y en los objetivos que entonces definamos. 
Señor Presidente, creo que es la primera vez que se pronuncia mi apellido en mi lengua materna. 
Muchas gracias. 
No es exagerado decir que esta cuestión es una de las que han suscitado una mayor atención en todas las instituciones. 
También es importante señalar que esta cuestión ha enfrentado, pienso yo, los intereses de un par de compañías, representadas por Estados Unidos, y los de la Unión Europea, que intentaba defender los compromisos adquiridos con sus propios agricultores, y otros adquiridos con los países ACP. 
Francamente, creo que la Comisión de Agricultura llegó a lo máximo a que podía llegar, o a lo que estaba en su mano para llegar a un acuerdo con la Comisión. 
Hemos admitido la utilización del "sistema por orden de llegada", hemos aceptado un máximo de reducción de preferencia arancelaria de 300 euros por tonelada para los países ACP, también es cierto que hemos intentado obtener garantías para las pequeñas y medianas empresas, y que hemos solicitado a la Comisión un informe sobre el impacto del sistema. 
Pero creo que podemos prever efectos negativos sobre los operadores comerciales más pequeños y sobre los productores de los países ACP. 
Albergo serias dudas, aunque no me gustan los estereotipos, de que una imagen de la Unión Europea cediendo ante las presiones de dos multinacionales, representadas por Estados Unidos, no sea más que un esquema que responde a ideas preconcebidas. 
A veces parece como si la Comisión, en las propuestas de desreglamentación en el comercio y la producción agrícola a nivel internacional, fuera incluso más lejos que el Grupo de Cairns. 
Suscribo las certeras palabras del señor Dary cuando se ha referido a este tema. 
En cualquier caso, es necesario reconocer que los reglamentos y tratados imponen obligaciones y que las desreglamentaciones que puedan beneficiar a ciertas empresas tendrán su precio para el presupuesto de la Unión. 
En este sentido, quiero manifestar, no mi acuerdo, sino mi extrañeza, ante las declaraciones de ayer de la señora Schreyer sobre el contexto presupuestario agrícola y el tema del plátano. 
Quiero terminar felicitando al Sr. Dary por sus desvelos, al presidente de la Comisión de Agricultura y a los coordinadores. 
Mi Grupo votará a favor con la idea de que, si alargamos más el tema, lo vamos a empeorar muchísimo más. 
Señor Presidente, este expediente que no termina, esta saga del conflicto "plátano" entre la Unión y los países productores de plátanos dólar no es anecdótico, sino ejemplar por más de una razón, ya que el 20% de los plátanos que se consumen en la Unión se producen en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad y estas regiones necesitan de esta producción para su desarrollo. 
Otro 20% de esos plátanos se produce también en los países ACP, que necesitan igualmente de esta producción para su desarrollo y con los cuáles tenemos unos compromisos que hemos de respetar. 
Unos y otros han podido desarrollar su producción porque nosotros les ofrecíamos un mercado que no debemos retirarles ahora. 
Hemos de continuar dando sin complejos a estos productores los medios para vivir comprando de forma prioritaria su producción. 
Solamente después, para el 60% restante, podemos abrir nuestras puertas a los productores exteriores sobre la base del libre cambio. 
A eso tendía la OCM en el sector del plátano, a eso tiende la contrapropuesta de nuestro ponente, el señor Dary. 
Que los productores de plátanos de la zona dólar apelen al dogma, según ellos "intangible", de la doctrina librecambista para imponernos un sistema de tariff only no debe impresionarnos ni intimidarnos. 
Hemos de saber permanecer tan firmes en nuestra posición a favor de un modo de cultivo como los americanos saben permanecer firmes en su sistema proteccionista para el azúcar, el tabaco, el cacahuete o los productos lácteos. 
Hemos de resistir, ya que si cedemos ahora en los plátanos, ¿por qué no habríamos de ceder mañana en otras organizaciones comunes de mercado, en la PAC, en el modelo agrícola europeo que propone un desarrollo duradero? 
Hemos de resistir, de otro modo perderemos todo el control sobre nuestra cadena alimentaria. 
En nombre de los mismos principios, se nos impondrán los OGM, la carne con hormonas o el dumping social. 
Hemos de resistir y a la OMC le corresponde antes que nada evolucionar y abandonar su fortaleza de hormigón del tariff only, que se parece demasiado al profit only. 
El expediente "plátano" es un hito importante en el camino de esta indispensable evolución en la cual, señor Presidente, la Unión Europea debería trabajar con todas sus fuerzas. 
Señor Presidente, destaco en primer lugar el esfuerzo del Parlamento Europeo con vistas a conseguir una solución equilibrada para esta complicada trama de intereses en torno a la OCM del plátano. 
Prueba de ello es que estemos examinando por segunda vez un informe que presenta propuestas excelentes para compatibilizar la defensa de la producción del plátano de la UE y de los países ACP con las normas de la OMC. 
Es una lástima que la Comisión y el Consejo persistan en una solución que puede comprometer gravemente esa producción, en particular después de 2006. 
En este Parlamento yo represento a Madeira, región en la que el plátano constituye la principal producción agraria. 
Lo mismo sucede en otras regiones de la Unión Europea como las Canarias y los departamentos ultramarinos franceses. 
Todos esos territorios forman parte de regiones ultraperiféricas. 
Esa regiones son no sólo de las más desfavorecidas, sino también las únicas de la Unión Europea en las que se producen plátanos. 
Forzosamente hay que tener en cuenta esa situación en la formulación de las nuevas normas para el régimen de importación de plátanos. 
El modelo agrario europeo, basado en la multifuncionalidad de la agricultura, debe servir también para salvaguardar la producción de plátanos de la Unión Europea. 
Y en mi región, de entre las multifunciones de la agricultura, la que está cobrando cada vez mayor relevancia es la de la protección medioambiental. 
Es decir, que el fin del plátano en Madeira sería al menos tan grave desde el punto de vista económico (grave descenso de la renta para millares de agricultores) como desde el punto de vista medioambiental (destrucción del paisaje subtropical y del mundo rural, agravación de la erosión). 
Señor Presidente, sin esa importante vertiente medioambiental Madeira no tendría la posibilidad de sostener su "gallina de los huevos de oro", que es el turismo. 
Entonces, ¿por qué liberalizar ya en 2006, cuando el sistema de contingentes es perfectamente compatible con las normas de la OMC, además de ser el que mejor garantiza el mantenimiento de la producción de plátano comunitario y la de los países ACP? 
A pesar de todo, aún tengo esperanzas de que la Comisión tenga debidamente en cuenta el dictamen del Parlamento consubstanciado en el informe que estamos debatiendo, que apoyo íntegramente y que mañana aprobaremos con seguridad. 
Termino felicitando al ponente Sr. Dary por el excelente trabajo que ha hecho. 
Señor Presidente, debemos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento al ponente por el tratamiento de este difícil informe. 
Es casi imposible conciliar los polémicos intereses comerciales y las diferencias con la OMC, pero el ponente y el presidente de la comisión han realizado grandes esfuerzos para presentar un informe que proporciona a la Comisión y al Consejo unas instrucciones de negociación más realistas. 
Espero que la Comisión responda afirmativamente a las enmiendas, no con el talante negativo generalizado del debate anterior, y que reconozca que cada enmienda representa intereses legítimos. 
Ya existen indicios de que las propuestas de la Comisión relativas a la utilización del orden de llegada están facilitando el proceso de negociación y de que las anteriores cantidades de importación aún pueden ser un factor del resultado final. 
La polémica con la OMC ha acarreado represalias comerciales y no es fácil explicar esto a los exportadores de los Estados miembros que se ven afectados en sectores arbitrarios que nada tienen que ver con el plátano. 
Nuestro objetivo debe ser alcanzar un régimen revisado aplicable a los plátanos que sea aceptado en la OMC y refleje el compromiso de la UE con los países ACP y con los proveedores más vulnerables del Caribe. 
Los sucesivos dictámenes de la OMC no dicen que no podamos conceder un trato preferente a nuestros proveedores tradicionales. 
El truco es cómo hacerlo. 
La Comisión deberá demostrar que se atienden sus necesidades. 
No resulta cómodo aceptar el aumento de la liberalización del comercio y un sistema exclusivamente arancelario en el futuro, conclusión a la que ha llegado la Comisión, pero deberemos afrontarlo. 
Mientras más altos sean los aranceles que puedan negociarse, menos necesidad tendremos de otras medidas para ayudar a los países ACP y del Caribe. 
Creo que la aceleración de las negociaciones ofrece las mejores garantías de conseguir un nivel arancelario aceptable y por este motivo, por encima de todos los demás, pido el apoyo incondicional al presente informe. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, si importante ha sido el tema de la liberalización de los servicios postales, no lo es menos el tema de la reforma de la OCM del plátano. 
Quisiera, en primer lugar, agradecer al ponente, Sr. Dary, el contenido de su informe, ya que defiende por segunda vez el mantenimiento del sistema de contingentes en la importación de plátanos en la Unión Europea, protegiendo así las producciones comunitarias, y rechaza el paso automático a un sistema de arancel único, después de un período de vigencia de la OCM reformada que, en nuestra opinión, también debe ser de diez años. 
También expreso mi agradecimiento al presidente de la Comisión de Agricultura, Sr. Graefe zu Baringdorf, por su afán de alcanzar una solución de compromiso con la Comisión. 
También agradezco a los presidentes de los Grupos políticos de este Parlamento que hayan aceptado el empecinamiento y la tozudez de los diputados ultraperiféricos para que esta propuesta de reforma del sector platanero se debata hoy en esta Asamblea, se pueda emitir la opinión preceptiva y así poder llegar a tiempo a la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará en los próximos días y entrar en el año 2001 con una nueva reforma de la OCM de los plátanos. 
Espero que esta OCM recoja las aspiraciones de la Organización Mundial del Comercio después de tantos años de disputas comerciales, así como las de los productores comunitarios. 
Confío en que, con el paso del tiempo, el sistema de reparto denominado "carrera de barcos", es decir, primer llegado, primer servido, pueda ser aceptado por los países plataneros. 
Creo que la solución apuntada por el ponente, aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura y que ahora se plantea en sesión plenaria, es la solución menos mala para todas las partes implicadas en esta batalla comercial, que se inició en 1993 y que ahora parece encontrar visos de consenso entre todos los protagonistas, ya sean productores, comercializadores o consumidores de uno de los productos agrarios más emblemáticos de la sociedad europea, los plátanos, que, por cierto, en el caso de Canarias, son únicos. 
Lo importante es ganar tiempo en esta recta final y propongo votar afirmativamente al informe del Sr. Dary. 
Señor Presidente, como es sabido, esta OCM de los plátanos tiene particular importancia para los países productores ACP y para algunas regiones ultraperiféricas, como Madeira, ya sea desde el punto de vista de la producción y del empleo o desde el del medio ambiente, por el mantenimiento de un territorio verde productivo, cuestión fundamental para el propio desarrollo regional. 
La resolución del problema existente en cuanto al futuro de la Organización Común del Mercado mediante un régimen de importación basado en un criterio uniforme entrañaría un grave riesgo de reducción del precio de los plátanos en el mercado comunitario, lo que exigiría un aumento de la ayuda compensatoria concedida a los productores de las regiones ultraperiféricas y entrañaría una revisión de las propias Perspectivas Financieras aprobadas en el ámbito de la Agenda 2000 para la financiación de la PAC, por lo que conviene que la Comisión no siga insistiendo en sus propuestas, so pena de acabar con la producción de plátano, lo que tendría graves consecuencias de carácter social, económico y medioambiental, como subraya el ponente, nuestro colega el Sr. Dary. 
Así, el período de transición debería ser de casi quince años y nunca inferior a diez y las ayudas compensatorias deben incluir la garantía de las rentas de los productores comunitarios y la salida de la producción de las regiones ultraperiféricas, por lo que también se debe incluir una ayuda a las entidades que comercializan los plátanos allí producidos. 
Vamos a votar a favor de las propuestas y de este informe con la esperanza de que la Comisión revise su posición. 
Señor Presidente, como han dicho oradores anteriores, ha llegado la hora de encontrar una solución viable a este problema, una solución que sea conforme a la OMC. 
Con demasiada frecuencia en el pasado, la OMC ha fallado en contra nuestra. 
Represento a empresas de mi Estado miembro, el Reino Unido, que han sufrido las consecuencias de las represalias de los Estados Unidos, cuando la Sra. Barshefsky, Secretaria de Comercio estadounidense, decidió imponer un incremento arancelario del 100% a empresas escocesas. 
Hemos sufrido pérdidas en el sector del cachemir. 
La imposición de aranceles del 100% por parte de los Estados Unidos que tuvieron que afrontar dichas empresas de mi Estado miembro, de mi circunscripción, estuvo a punto, en un momento dado, de provocar el cierre del sector del cachemir en los Borders de Escocia, lo que habría supuesto la pérdida de 4000 puestos de trabajo. 
Tenemos otra pequeña empresa, Arran Aromatics, que exporta la mayor parte de su producción a los Estados Unidos, y que también se ha visto afectada por las represalias de aquel país. 
Esta empresa da trabajo a 50 personas en una apartada isla escocesa de West Coast y, sin embargo, está sufriendo las represalias de la guerra del plátano, de la que apenas sabe nada y con la que no guarda la más mínima relación. 
Es muy injusto. 
En el presente debate se ha hablado mucho de la aparente unanimidad en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a la hora de apoyar el informe del Sr. Dary. 
Pero debo decir a todos que en la Comisión de Agricultura se han presentado muchas enmiendas al informe del Sr. Dary que demostraban las profundas divisiones que existen en dicha comisión. 
De ninguna manera podemos admitir eso como prueba de unanimidad. 
Si mis colegas de los Estados miembros meridionales piensan seguir votando en contra de la conformidad con la OMC, deberán ser ellos los que sufran las consecuencias y no las empresas inocentes de mi Estado miembro. 
Señor Presidente, una vez más, esta Asamblea va a pronunciarse sobre el expediente del plátano y felicito a Michel Dary por el magnífico trabajo que ha realizado. 
Pero ahora, en los términos de negociaciones que dependen del timo y después de haber aceptado compromisos que no son más que conchas vacías, la Comisión ha permanecido inflexible. 
Espero que hoy escuche nuestros argumentos, ya que este sistema propuesto por la Comisión, esta preferencia arancelaria, aunque sea de 300 euros, puede revelarse como bastante inútil en los hechos ya que los productores ACP ser verán laminados por el sistema llamado "por orden de llegada". 
Este procedimiento es calificado como regata náutica con toda razón ya que, como en las competiciones náuticas, es el barco el que marca la diferencia. 
Sabemos ya qué competidores llegarán en cabeza: las multinacionales que disponen de infraestructuras muy avanzadas y barcos refrigerados. 
En la actualidad, los Estados Unidos y la mayoría de los países de América del Sur rechazan este sistema. 
¿Por qué la Comisión sigue defendiendo un dispositivo con tanta desigualdad? 
¿Por qué no se considera el regreso al sistema de las "referencias históricas" que los Estados Unidos, o los sudamericanos, están sometiendo a plebiscito en estos momentos? 
Sin eso, sería necesario cuando menos ordenar las reglas de juego para no excluir de hecho a los productores africanos. 
La organización de dos vueltas, quedando la primera reservada a los productores ACP en la atribución de la licencia de importación del contingente arancelario "C" permitiría de este modo restablecer el equilibrio. 
Señor Comisario, en este expediente, nuestros socios ACP no necesitan caridad, sólo necesitan que hagamos un frente común para defender juntos nuestros intereses. 
Gracias, señora Carlotti. 
Interrumpimos el debate en este momento, puesto que debemos proceder a la votación, que será larga. 
Por lo tanto, el debate se reanudará a las 15.00 horas. 
Bienvenida 
Queridos colegas, tengo el honor de informarles de la presencia en la tribuna oficial de una delegación del Parlamento de Corea. 
Quiero dar una calurosa bienvenida a esta delegación de Corea, venida para asistir a la sexta reunión interparlamentaria Parlamento Europeo-República de Corea, que tiene lugar en Estrasburgo durante los días 12 y 13 de diciembre. 
Está compuesta por cuatro miembros de la Asamblea Nacional de la República de Corea, presidida por el honorable Sr. Jeymoon Chung. 
El Parlamento Europeo y el Parlamento coreano iniciaron hace años un diálogo político directo, y dicho diálogo ha dado ya amplios resultados. 
Queremos reforzar nuestra cooperación con la República de Corea y se nos ofrece ahora una excelente oportunidad de discutir los acontecimientos que han ocurrido recientemente en la península coreana. 
Les deseo un trabajo fructífero en el Parlamento Europeo y una feliz estancia en Estrasburgo. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, no hemos debatido sobre esta comisión especial. 
Por lo que a mí me consta, jamás ha sido planteada en el Pleno. 
Vamos a someterla a votación sin debate. 
Me interesaría saber cómo se ha establecido, qué origen tiene su fundamento, cuáles serán los costes, qué relación guarda con las comisiones establecidas- de Industria y de Salud Pública, entre otras- y si es apropiado someterla a votación sin haber celebrado un debate público. 
Señor Purvis, el Reglamento es muy claro. 
En virtud del artículo 150, la Conferencia de Presidentes adopta la decisión de crear una comisión como ésta. 
No debatimos el tema, sencillamente votamos sobre la adhesión a la misma. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo sobre medidas que deben tomarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor (9854/1/2000- C5-0522/2000- 2000 / 0040 (COD) ) Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la ejecución de un programa de formación para los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales (MEDIA- Formación) (2001-2005) (10939/2/2000 C5-0616/2000- 1999/0275 (COD) ) Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte 
Señor Presidente, yo agradezco el apoyo que he recibido de todos los Grupos. 
Éste ha permitido conseguir una decisión positiva a favor del programa Media en el Consejo. 
No va a ser necesario recurrir el procedimiento de conciliación y podremos adoptar hoy mismo una decisión positiva. 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se prorroga el programa de fomento e intercambios para profesionales de la justicia en el ámbito del Derecho civil (Grotius- civil) (COM (2000) 516- C5-0494/2000- 2000/0220 (CNS) ) Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Propuesta de decisión del Consejo que modifica la Decisión 90/424/CEE relativa a determinados gastos en el sector veterinario (COM (2000) 542- C5-0495/2000- 2000/0234 (CNS) ) Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad y la República de Chipre por el que se adoptan las condiciones y modalidades para la participación de Chipre en los programas comunitarios en los ámbitos de la formación, la educación y la juventud (COM (2000) 661- C5-0577/2000- 2000/0270 (CNS) ) Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0348/2000) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor relativa a la posición común (COM (1999) 594- C5-0431/2000- 1999/0244 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (Ponente: Sr. Maaten) 
. (EN) Señor Presidente, deseo confirmar la posición de la Comisión respecto a las enmiendas conforme a lo manifestado por el Sr. Byrne durante el debate del lunes por la noche. 
La Comisión puede aceptar, bien en su totalidad o en parte, treinta y tres de las enmiendas presentadas. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 6, 8, 9, 16, 19, 20, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 53 y 54. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) (La sesión, interrumpida a las 12.00 horas para celebrar una sesión solemne, se reanuda a las 12.30 horas) 
Informe (A5-0377/2000) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 448- C5-0400/2000- 2000/0192 (COD) ) relativa a la prolongación de determinados programas de acción comunitaria en materia de salud pública, adoptados por las Decisiones nº 645/96/CE, nº 646/96/CE, nº 647/96/CE, nº 102/97/CE, nº 1400/97/CE y nº 1296/1999/CE y por la que se modifican dichas Decisiones 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0368/2000) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior relativa a la posición común (8129/1/2000- C5-0327/2000- 1995/0341 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decimotercera directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Derecho de sociedades relativa a las ofertas públicas de adquisición (Ponente: Sr. Lehne) 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera confirmar la posición de la Comisión sobre las enmiendas, que el colega Bolkestein ya expuso ayer por la noche. 
Ésta sería que la Comisión puede hacer suyas las enmiendas 7, 14 y 18, y también puede suscribir en principio las ideas contenidas en las enmiendas 5, 13 y 12. Sin embargo, la Comisión considera que la presente directiva no es el lugar adecuado para incorporarlas. 
La Comisión también puede hacer suya una parte de las enmiendas 17 y 20, pero no el grueso de las mismas. 
La Comisión rechaza las enmiendas restantes. 
Sobre la enmienda 20: 
Señor Presidente, la versión original de esta enmienda es la alemana; la versión española no es correcta. 
Sólo quería volver a recordar que la votación se refiere a la versión alemana, concretamente en lo que respecta a su segunda parte, donde dice "la Asamblea General y el Consejo de Supervisión". 
La versión española dice "o el Consejo de Administración", que es algo muy distinto. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0370/2000) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior relativa a la posición común (7484/1/00- C5-0422/2000- 1996/0085 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (Ponente: Sr. Zimmerling) 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que reitere la posición de la Comisión sobre las enmiendas, que se sitúa exactamente en la línea de las declaraciones que realizó el Sr. Bolkestein ayer. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 8, 10, 16, 17 y 18. 
En cambio, está dispuesta a hacer suyas las enmiendas 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 y 15. 
La enmienda 9 se puede aceptar como aclaración, pero no como un artículo. 
Señor Presidente, yo sólo quisiera aprovechar la oportunidad para recordar, en relación con las declaraciones que realizó el Comisario a las 00.15 horas de anoche, que la enmienda 1 compromete a la Comisión. 
Me ha alegrado oír que el Sr. Fischler la acepta. 
En ella se insta a la Comisión a iniciar negociaciones para que el derecho de participación no se aplique únicamente en el ámbito de la Unión Europea sino lo más extensamente posible a escala mundial. 
Para lo cual se remite al artículo 14 del Convenio de Berna. 
Es decir, que desde Europa podríamos sentar un ejemplo en relación con este tema. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0363/2000) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la aplicación de la estrategia común de la Unión Europea hacia la Federación de Rusia (2000/2007 (INI)) 
Señor Presidente, las 33 primeras enmiendas al informe Oostlander se presentaron puntualmente. 
Las enmiendas 34 y 35 sólo han estado disponibles hoy. 
Lo mismo sucede con dos enmiendas al informe Theato y siete enmiendas al informe Morgan. 
Yo le ruego que se ponga fin a este procedimiento y que se adopten las medidas necesarias para que en el futuro se presenten a su debido tiempo todas las enmiendas. 
La Secretaría me informa de que los documentos fueron presentados dentro del plazo. 
Considerando O: 
. (NL) Señor Presidente, con el objeto de dar fluidez a la frase, propongo eliminar not to deny, etc., los derechos de las minorías y utilizar en su lugar taking into account. 
Esto cuenta con la aprobación de quien presenta la enmienda. 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0364/2000) del Sr. Baltas, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe de la Comisión sobre la viabilidad de negociar un Acuerdo de Estabilización y de Asociación con la República de Croacia (COM (2000) 311- C5-0506/2000- 2000/2244 (COS)) 
Enmienda 1: 
Señor Presidente, voy a hacer una corrección a la enmienda tal como está, añadiendo solamente una palabra, la palabra "croata" detrás de las palabras "hogares de los ciudadanos". 
Queda por tanto "hogares de los ciudadanos croatas de origen serbio". 
¿Se puede aceptar la enmienda así, ya que está de acuerdo con la enmienda que hemos votado anteriormente? 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0323/2000) de la Sra. Maij-Weggen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Desarrollo de las relaciones entre Indonesia y la Unión Europea" (COM (2000) 50- C5-0288/2000- 2000/2152 (COS)) 
Enmienda 7: 
. (NL) Señor Presidente, la señora Lynne plantea en su enmienda que en la actualidad se encuentran abiertas 22 causas judiciales en Indonesia y en Timor. 
He dedicado día y medio a comprobar si sus cifras eran correctas en comparación con las mías, pero no lo son. 
Se trata de 19 causas en Timor y de 24 causas en Atjeh, por lo que debo pedir a la Cámara que rechace la enmienda. 
Los datos de la señora Lynne no son correctos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0376/2000) de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la comunicación de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades- Lucha contra el fraude- Por un enfoque estratégico global (COM (2000) 358- C5-0578/2000- 2000/2279 (COS)) 
Enmienda 2: 
Señor Presidente, para que no se apruebe algo que no se ajusta a la realidad, quisiera sencillamente pedir a nuestros colegas que han presentado la enmienda que retiren "Dinamarca", porque Dinamarca ha ratificado el Convenio. 
Señor Presidente, quisiera informar de que el pasado 29 de septiembre Portugal ratificó también por unanimidad este Tratado. 
Propongo, en consecuencia, una enmienda oral para que se retire "Dinamarca" y "Portugal". 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0376/2000) de la Sra. Morgan, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la reforma de los procedimientos e instituciones de control presupuestario (2000/2008 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Explicaciones de voto- Informe Maaten (A5-0348/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Maaten que armoniza las disposiciones sobre la venta de los productos del tabaco. 
Es sabido que las enfermedades atribuidas al hábito de fumar disminuyen el número de pensionistas, ya que acortan sus vidas. 
En consecuencia, no puedo más que apoyar esta directiva que, a pesar de que intenta regular el mercado interior, contemporáneamente limita o trata de limitar los daños que el hábito de fumar causa a la población de la Unión Europea. 
Quiero añadir asimismo que estoy a favor de esa parte de la propuesta que pide que no se vendan los dañinos productos del tabaco fuera de la Unión Europea. 
Es verdad que de este modo limitamos la producción para el extranjero, pero no lo es menos que así damos nombre a la Unión Europea por vender productos saludables y esto es siempre positivo. 
. (EL) Desgraciadamente, mientras que la Comisión ha aceptado muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo, por el contrario, ha rechazado la mayor parte. 
El Parlamento estaba obligado a insistir y presentar de nuevo la mayoría de ellas; las referidas al tamaño de la advertencia, la mención de los ingredientes, la protección del consumidor y especialmente de los jóvenes. 
Claro, que el Parlamento Europeo debe evitar las exageraciones incluidas en ciertas enmiendas que no son convincentes, no concentran la mayoría cualificada y reducen la eficacia de su intervención general. 
Y, desde luego, si queremos ser consecuentes con nosotros mismos, debemos avanzar en advertencias similares sobre productos igualmente dañinos para el consumidor, como, por ejemplo, las grasas animales. 
Finalmente, un mínimo sentido de la honestidad nos impone la inmediata incorporación de las advertencias a los cigarrillos exportados por la Unión Europea, y, por supuesto, en la lengua del país importador. 
. (EN) Deseo apoyar la decisión decisiva del Parlamento Europeo de aprobar la introducción de advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de cigarrillos. 
Representa un enorme avance para la salud pública, porque ahora tendremos etiquetas e imágenes en los paquetes de cigarrillos que reflejen el precio real del tabaquismo. 
Actualmente, las advertencias sanitarias son ensombrecidas mediante ingeniosas combinaciones de colores, cajetillas llamativas y escondidas detrás de elaborados motivos. 
La mayoría de los fumadores no conocen todos los riesgos ni soportan todos los costes de su opción. 
He votado a favor de esta directiva. 
Cada día el tabaco mata a más personas. 
Frente a esta lacra, conviene informar con claridad a todos los europeos de los peligros que se derivan del consumo de este producto, muy nocivo para el hombre. 
En los diferentes debates sobre este tema, he combatido con firmeza a los defensores de los industriales tabaqueros. 
Las discusiones han enfrentado en efecto a dos tipos de diputados europeos: por un lado, estaban los que se ocultaban detrás de los tratados para justificar su posición pusilánime y, por otra, aquellos cercanos ante todo a la vida diaria de los ciudadanos y a su salud. 
Si los textos tienen fuerza de ley, conviene fijar su redacción en función de las preocupaciones cotidianas de todos los europeos. 
Con argumentos jurídicos, algunos diputados europeos han defendido en realidad a los industriales tabaqueros. 
¿Cómo se puede apoyar el interés de estas empresas que destruyen diariamente vidas humanas? 
Ningún argumento económico o jurídico puede anteponerse a un argumento de salud pública. 
Desafortunadamente esta directiva no solucionará la totalidad de los problemas vinculados al consumo de tabaco. 
Pero tiene el mérito de proporcionar informaciones que permiten a los fumadores ser plenamente conscientes de los peligros que corren y de las amenazas que provocan en su entorno, así como suprimir las denominaciones falaces, como "blando" o "ultra blando". 
Estas propuestas de salud pública envían de este modo una señal importante a todos los ciudadanos, principalmente a los más jóvenes de Europa. 
Finalmente, me alegro de la prohibición hecha a los exportadores con salida de la Unión Europea de productos del tabaco desterrados en los Estados miembros. 
Resultaba impensable y escandaloso permitir tales exportaciones. 
¿Habría, para algunos diputados, dos categorías de población, aquella que se protege y aquella que se pone en peligro por razones económicas? 
Espero que el Consejo oiga nuestro mensaje para detener el engaño y proteger, en el mejor de los casos, la salud de todos. 
. (DE) Cuando en 1998 voté en contra de la prohibición de la publicidad de los productos del tabaco, algunas cartas a la redacción de diferentes diarios luxemburgueses se presentaron erróneamente mi posición como un voto en contra de la lucha contra el cáncer. 
Entonces intenté aclarar que el Tratado CE no ofrece un fundamento jurídico que permita establecer dicha prohibición de la publicidad. 
Ahora, el Tribunal de Justicia Europeo me ha dado la razón. 
No es admisible que los diputados aprueben textos legislativos que carezcan de fundamento jurídico, aun cuando sus intenciones sean buenas, aunque emocionales. 
Durante los ya 35 años de mi larga vida parlamentaria siempre me he atenido a esta norma. 
Y tampoco ahora voy a dejarme amedrentar por cartas francamente amenazadoras, que me instan a que les comunique el sentido de mi voto para poder hacerlo público, es decir, para poder volver a desarrollar una campaña pública de desinformación y difamación en mi contra, basada además en consignas, puesto que ignoran las múltiples reflexiones que debe hacerse un parlamentario ante una norma tan compleja como es una directiva europea relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco. 
Ya sé que el consumo de tabaco es una de las causas de mortalidad más frecuentes y que la salud de la población debe seguir siendo una preocupación primordial, pero sin dejar de tener presentes los límites de nuestras competencias y la proporcionalidad de las normas. 
La recomendación para esta segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo competente para el fondo no se atiene a ello. 
No sólo contiene exigencias exageradas de algunos apóstoles de la salud, que entre otras cosas supondrían la pérdida de millares de puestos de trabajo, sobre todo femeninos, sin que ello sirviese para convertir a un fumador en cadena en un no fumador. 
Sin embargo, también en este caso, igual que ocurrió con la Directiva relativa a la prohibición de la publicidad, el fundamento jurídico no es adecuado. 
Un artículo relativo al mercado interior no puede servir como fundamento para una prohibición de las exportaciones. 
La aprobación de la recomendación para la segunda lectura en su presente forma únicamente daría lugar a un nuevo procedimiento judicial, con la consiguiente inseguridad y retrasos, que sólo perjudicarían la finalidad, loable en sí misma, que ha motivado esta propuesta de directiva de la Comisión Europea. 
Como no deseo que esto ocurra, he decidido votar por el rechazo de la posición común, tal como propone una enmienda de mi Grupo. 
. (EN) La decisión adoptada destruirá puestos de trabajo en Irlanda del Norte. 
Es una decisión equivocada. 
No tengo nada en contra de una legislación más estricta para la Unión Europea, pero aplicar este principio a las exportaciones es inaceptable y el fundamento jurídico para esta decisión es dudoso. 
No tenemos ningún derecho a dictar a los demás lo que deben hacer en sus países fuera de la UE, ni tampoco es sensato exportar puestos de trabajo de la UE a terceros países, que sencillamente producirán y venderán los productos y se adueñarán de nuestros mercados actuales. 
. (EN) Tengo especial interés en explicar por qué he votado en contra de la prohibición de exportar desde la UE los productos derivados del tabaco que superen un nivel determinado de alquitrán y nicotina y por qué he apoyado las enmiendas encaminadas a levantar dicha prohibición. 
Lo que más me preocupa es el peligro perfectamente real que representa para los puestos de trabajo de más de mil personas que emplea la fábrica BAT de Southampton. 
Otros más de 5.000 empleos relacionados con dicha fábrica también están en peligro. 
Por ejemplo, en los cientos de imprentas de Portsmouth que producen las cajetillas de cigarrillos. 
Más del 95% de la producción de la fábrica de Southampton es para exportación. 
Me temo que la empresa deberá cambiar de país o que los mercados que sirve serán abastecidos por otros proveedores de fuera de la UE. 
Por consiguiente, esta medida no propiciará que se fumen cigarrillos menos perjudiciales, sino tan solo que se exporten puestos de trabajo desde Europa. 
Es un día triste para los trabajadores de Southampton que ahora deberán depositar sus esperanzas en que el Gobierno británico intente bloquear la medida. 
Creo que debe proporcionarse toda la información a los fumadores, pero éstos deben poder elegir con total libertad. 
Asimismo, la insistencia de imponer nuestras normas fuera de Europa es un ejemplo del imperialismo poscolonial. 
Por ello he votado en favor de la libertad y de los puestos de trabajo. 
. (EN) Apoyo sin reservas la posición común sobre la propuesta relativa al tabaco, que reforzará las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos en la UE. 
Hemos luchado contra un poderoso grupo de interés de la industria tabaquera para poder encabezar la campaña en favor de nuevas advertencias sanitarias sobre los cigarrillos que deberán cubrir una tercera parte de la superficie de las cajetillas. 
Fumar mata y no hay ninguna forma más amable de decirlo. 
La mitad de los fumadores de larga duración terminarán siendo víctimas del tabaco y de éstos, la mitad morirá de mediana edad, perdiendo 20 o 25 años de sus vidas. 
Nada menos que medio millón de personas morirán en Europa a causa del tabaco y el 85% de ellos, de cáncer de pulmón provocado por el tabaco. 
Señora Presidenta, yo acogería con satisfacción la propuesta radical de utilizar imágenes para ilustrar el daño que el consumo de tabaco ocasiona a la salud, como hacen en Canadá. 
Si imágenes impactantes de pulmones llenos de humo o de dientes podridos muestran los nocivos efectos del tabaco, imprimámoslas en las cajetillas. 
Es ridículo que el lobby del tabaco intente destruir esta legislación. 
Estoy harto de que los gigantes del tabaco como Marlboro, Benson& Hedges y Rothmans intenten frenar estas propuestas. 
Han engañado a la población durante demasiado tiempo. 
Actualmente, las advertencias están ingeniosamente disimuladas con ilustraciones o cajetillas coloreadas. 
Éste es nuestro último intento desesperado de colocar en las cajetillas etiquetas e imágenes que reflejen el auténtico coste del consumo de tabaco. 
Los fumadores o aquellos que se estén planteando comenzar a fumar deben conocer todos los riesgos que conlleva su elección. 
La propuesta prohibirá la utilización de términos engañosos como "ultra light" y "bajo en nicotina". 
Las personas se han dejado engañar por la idea de que los cigarrillos "mild" y "bajo en nicotina" son menos nocivos. 
Eso, sencillamente, es falso. 
Los cigarrillos con bajo contenido de alquitrán causan exactamente tanto daño como los cigarrillos normales- los fumadores se limitan a aspirar más humo para obtener el mismo placer. 
Esta legislación explicará en detalle los peligros del consumo de tabaco y salvará miles de vidas. 
Informe Trakatellis (A5-0377/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Trakatellis que, como sabemos, ha asignado 79,1 millones de euros para el período 2001-2002, de los cuales 8,5 para información sanitaria, 31,1 para la lucha contra el cáncer, 22,2 para la prevención del sida, 11,4 para la lucha contra la droga, 4,4 para el seguimiento y control sanitario y 1,3 para la lucha contra las enfermedades causadas por la contaminación. 
Creo que todo esto es positivo, aunque quisiera que- y lo digo en esta ocasión- se gastase mucho más para prevenir las enfermedades. 
Prevenir las enfermedades cuesta menos y es mucho más saludable que curarlas después. 
Es importante que se evite la interrupción y se avance en la prórroga de los programas existentes en el sector de la salud pública que expiran a corto plazo, dado que sus objetivos son la complementariedad de las políticas nacionales en la protección de la salud humana. 
En este informe, el ponente conviene en la prórroga de los seis programas hasta el 31 de diciembre de 2002, aunque critica con razón la programación legislativa de la Comisión, que es la causa de este problema, dado que cuatro acaban al final de este año y dos al final de 2001. 
Téngase en cuenta que se trata de programas importantes encaminados a mejorar la salud pública, luchar contra el cáncer, prevenir el sida, luchar contra las toxicomanías, hacer el control sanitario y luchar contra las enfermedades vinculadas con la contaminación. 
Entretanto, como se dice en el informe, es fundamental que haya también una prórroga anual de la dotación financiera y que se adopten las medidas necesarias para garantizar una transición carente de problemas mientras se elabora el nuevo programa. 
Informe Lehne (A5-0368/2000) 
Señor Presidente, la delegación Laborista del Parlamento Europeo ha votado en contra de las enmiendas del Sr. Lehne a la posición común. 
Como dije en el debate de anoche, las enmiendas serían muy perjudiciales para la competitividad de las empresas de la UE. 
Imponen estructuras rígidas e intentan introducir el Derecho de sociedades de manera encubierta, lo que impedirá la realización del mercado único de capitales y debilitará la confianza inversionista de los accionistas. 
Tras diez años de negociaciones, lamento que este Parlamento haya aprobado, por una mayoría cualificada muy ajustada, que los consejos de administración de las empresas tengan derecho a adoptar medidas defensivas para frustrar las absorciones sin obtener la aprobación del accionariado. 
No obstante, acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión no esté de acuerdo con las opiniones del ponente sobre este aspecto y espero que en la conciliación prevalezca el sentido común. 
Me alegra que hayamos rechazado el enfoque tan confuso del ponente respecto a la jurisdicción: dicho enfoque habría originado mucha polémica y casos judiciales y no habría beneficiado a nadie, y desde luego no habría servido a los intereses de las empresas de la UE. 
Con la aprobación de la enmienda 20, el Partido Laborista del Parlamento Europeo ha dejado claro que aunque la consulta a los empleados es el objetivo de la directiva marco sobre el empleo, también creemos que es necesario un espíritu de cooperación para consultar a la población activa y a sus representantes cuando celebremos debates sobre absorciones y fusiones. 
Señor Presidente, he votado a favor de esta directiva sobre las sociedades objeto de una oferta pública de adquisición. 
Hubiera preferido que esta normativa se planteara con un reglamento más coherente con las actividades dirigidas a los ciudadanos de toda la Unión Europea. 
Sin embargo, en esta explicación de voto favorable, quisiera recordar que estoy esperando hace tiempo- y espero que se realice pronto- una OPA, una oferta pública de adquisición, relativa a los institutos nacionales de seguridad social. 
Estimo que sería útil que fueran puestos en venta. 
Creo que difícilmente serían tan deficitarios como ahora que están gestionados por los Estados nacionales. 
No veo por qué no se puede ofrecer al público también la gestión de su seguridad social. 
- (SV) La propuesta de armonización de las reglas de los países miembros para las ofertas públicas de adquisición de empresas se rechazó anteriormente, en 1989, por contravenir el principio de subsidiariedad. 
Creo que este juicio todavía sigue siendo correcto y relevante y, en consecuencia, he votado en contra del informe en su totalidad. 
En cuanto al contenido, objeto, por ejemplo, la enmienda 6 relativa al artículo 4.2. en la que se propone que sólo el 30 por ciento de los votos serán suficientes para obtener el control de una empresa. 
Este porcentaje es demasiado bajo. 
La Asociación Industrial de Suecia comparte este criterio y propone, en cambio, el 40 por ciento. 
Informe Zimmerling (A5-0370/2000) 
Señor Presidente, una vez más, se ha aprobado esta posición común por una estrecha mayoría. 
La Comisión y el ponente no han querido reconocer que el comercio del arte es un negocio de ámbito mundial y que estaría mejor regulado por un acuerdo internacional. 
Ahora tememos que el mercado del arte se traslade a otros países. 
La Comisión, una vez más, no ha querido comprometerse a entrar en negociaciones internacionales para conseguir un acuerdo internacional sobre el droit de suite, alegando que, en su opinión, no tiene competencia para ello. 
Ahora ya tiene competencia con la aprobación y la puesta en marcha del procedimiento de conciliación. 
La Comisión también ha fracasado estrepitosamente en lo que respecta a presentarnos un análisis de las consecuencias económicas de la directiva que nos ocupa, lo que nos lleva a la conclusión de que no está demostrado que sea necesario completar el mercado único. 
Por consiguiente, no puede ser el objetivo de este Parlamento debilitar el mercado de arte europeo y ahora espero que los Estados miembros y la Comisión puedan mantener la posición común en la conciliación. 
Las enmiendas que ha presentado el Sr. Zimmerling asestarán un golpe mortal a la vitalidad del mercado de arte europeo, con la pérdida de puestos de trabajo y, me temo, que serán muy pocos los artistas vivos que se beneficien de este derecho de participación. 
Señor Presidente, estoy a favor de esta directiva sobre el derecho de participación por las obras de arte. 
Por suerte, los artistas despiertan siempre admiración en nuestro mundo. 
Este mundo no debe estar formado solo por números o por fríos ordenadores, sino también- y espero que durante mucho tiempo- por artistas. 
Para permitir a estos artistas expresarse lo mejor posible, no cabe duda de que es útil e importante que sus obras se paguen cuando se ponen a la venta. 
Sin embargo, señor Presidente, ¿no deberíamos pensar también en las pensiones de los artistas? 
Recuerdo a un pintor sordomudo que vino a verme muchas veces a Italia para pedirme ayuda con el fin de conseguir una pensión más alta: su pensión no le alcanzaba para vivir y se veía obligado a vender, de tanto en tanto, uno de sus bonitos cuadros, una de sus obras artísticas. 
Pues bien, creo que nos tendremos que ocupar- espero que cuanto antes- también de las pensiones de los artistas. 
. (EL) El derecho de participación en beneficio del autor constituye un importante mecanismo de apoyo a la creación artística y a los creadores. 
Con buen criterio, la Comisión de Asuntos Jurídicos insiste en negarse a un límite máximo y a un porcentaje mínimo inferior al 7%. 
El intento, sin embargo, de conciliar el derecho de participación con la competitividad del mercado europeo de obras de arte tiene como resultado, principalmente por parte del Consejo, una menor de la protección de los derechos del artista con respecto a las sucesivas ventas de sus obras. 
La Unión Europea debería, por el contrario, moverse en la dirección de la internacionalización del derecho de participación, y plantear con determinación este asunto en las negociaciones con otros países en los que florece el mercado del arte, como los EUA, o Suiza, por ejemplo. 
. (DE) Si el derecho de participación se concibe como parte de los derechos de autor y, por consiguiente, como un derecho del artista, resulta incomprensible que se quiera otorgar a los artistas un derecho que ellos mismos no desean. 
En Austria, uno de los tres Estados miembros donde el derecho de participación no ha existido hasta ahora, la opinión unánime de los artistas se resume en que el derecho de participación tendría efectos del todo desfavorables justamente para los artistas jóvenes. 
Incluso artistas consagrados, a quienes beneficiaría, se han manifestado repetidamente en este sentido por solidaridad. 
Por otra parte, la posible justificación de la necesidad de armonización en este sector sensible parece más que dudosa. 
La introducción del derecho de participación supondría, de hecho, una restricción del mercado de obras de artes, con todas las consecuencias negativas que ello implica, y las pequeñas galerías dedicadas a promover a los artistas jóvenes se verían en aprietos. 
Por todas estas consideraciones, los diputados liberales no hemos votado afirmativamente el informe. 
. (NL) Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Zimmerling por su labor en este complejo expediente. 
A pesar de que su informe ha demostrado que conoce la cuestión a fondo, como liberal, me muestro en desacuerdo con él porque opino que se debe limitar la normativa en la medida de lo posible. 
En los diferentes Estados Miembros, se ha demostrado que el derecho de seguimiento es innecesario y que provoca distorsiones en el mercado interior. 
La obligatoriedad de esta legislación perjudicaría inmediatamente la posición competitiva europea en el ámbito del arte con respecto a otros mercados, debido a que el derecho de seguimiento no existe fuera de Europa. 
Por este motivo, opino que el mercado internacional del arte se desplazaría fuera de Europa como consecuencia de la directiva. 
Por ultimo, opino que la propuesta actual no ofrece protección a artistas jóvenes y principiantes en general, sino tan sólo a un grupo pequeño. 
Al votar contra esta directiva, mi Grupo desea presentar una advertencia política para que en Europa no nos ocupemos de establecer normas innecesarias. 
. 
(NL) Quiero agradecerle al Sr. Zimmerling los esfuerzos realizados para la elaboración de este informe. 
Se trata de un intento de proteger a los artistas aunque la propuesta de la Comisión en su formulación actual y el informe correspondiente tienen el efecto contrario. 
Por supuesto que opino que el artista tiene derecho a una compensación por su creatividad pero, a diferencia de los libros, en las artes plásticas este derecho se amortiza en realidad tras la primera venta. 
Además, en los países, como en los Países Bajos, donde hasta la fecha no se ha aplicado el derecho de seguimiento, existen grandes posibilidades tanto para los artistas jóvenes como para los más conocidos a través de un intenso comercio artístico. 
¡Esto también beneficia a los artistas! 
El derecho de seguimiento, tal y como se propone en este momento, requiere una burocracia enorme, mientras que la ventaja para los artistas jóvenes individuales es en realidad mínima. 
Además, resulta extraordinariamente difícil controlar si el comercio artístico cumple las normas. 
De modo que esta normativa tiene unos efectos limitadores en vez de potenciadores. 
Además, tanto el artista joven como el de renombre sufrirán las consecuencias de que el comercio internacional se desarrolle fuera de las fronteras europeas como consecuencia de un exceso de regularización en Europa. 
Por este motivo, me veo obligado a votar en contra de la directiva. 
Informe Oostlander (A5-0363/2000) 
Señor Presidente, ¿qué cabe decir de esta estrategia común de la Unión Europea con Rusia? 
Cierto que he votado a favor de este texto, pero me preocupan los pensionistas de Rusia. 
Me preocupan no solo porque me he enterado de que en Rusia existe un Partido de los Pensionistas, cuyo símbolo es un corazón, un corazón rojo, mientras que el Partido Popular Europeo, del que formo parte, tiene como símbolo un corazón azul. 
No es por esto que me preocupan los pensionistas de Rusia: me preocupan porque creo que las ayudas que concedemos a la antigua Unión Soviética, esa parte tan poblada que es Rusia, deben ir también en beneficio de las personas mayores y de los pensionistas rusos para que estén mejor de lo que estaban durante los muchos años de régimen dictatorial comunista. 
Por encima del efecto anuncio de buenas intenciones sobre la estabilidad, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, el informe Ootslander no es de hecho más que un voto de confianza al señor Putin. 
En este documento no se dice nada o casi nada sobre las consecuencias dramáticas del regreso de las leyes del mercado: pobreza masiva de la mayoría de la población, que ha perdido dos tercios de su nivel de vida de antes de 1991. 
Si es justo denunciar la dictadura de Stalin de hace décadas, ¿cómo se puede conceder una mínima confianza al señor Putin, verdugo del pueblo checheno, padrino de las diferentes mafias, que se empeña en liquidar todo tipo de oposición, la sociedad civil (sindicatos, partidos políticos) , para reforzar su poder personal? 
En este ámbito se señala la preocupación del ponente por ayudar a las Iglesias y a las organizaciones religiosas. 
Por el contrario, silencio absoluto sobre los sindicatos, hoy amenazados por la reforma de la legislación laboral y, en algunos casos, por una verdadera represión policial. 
Por todas estas razones, he votado contra este informe. 
Informe Baltas (A5-0364/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del texto que regula la asociación entre la Unión Europea y la República de Croacia. 
Es un hecho positivo. 
También me preocupa la situación de los pensionistas de Croacia y es por esto que destaco la falta en este texto de un deseo que quisiera que se realizara cuanto antes: extender el Reglamento nº 1408, es decir, el que establece que tiene derecho a la acumulación de las cotizaciones a la Seguridad Social quien ha trabajado tanto en Croacia como en la Unión Europea, a los ciudadanos trabajadores de Croacia o que, en todo caso, han trabajado tanto en Croacia como en los Estados de la Unión Europea. 
En estos acuerdos de estabilización deberíamos pedir y establecer siempre la extensión de este reglamento para favorecer las pensiones de quienes han trabajado en estos otros Estados. 
Si bien no podemos más que alegrarnos por los cambios en la situación política de Croacia, el informe sobre un acuerdo de estabilización y asociación con la República de Croacia es decepcionante frente a los desafíos tan importantes en esta región. 
Así, en general, los medios financieros asignados a la estabilización en esta zona son notoriamente insuficientes. 
Y el Acuerdo de Estabilización y Asociación, el programa Cards y el Banco Europeo de Inversiones no pueden constituir los principales instrumentos de la contribución de la Unión Europea al desarrollo económico y social de Croacia. 
No se puede silenciar el hecho de que los criterios de ajuste estructural que acompañan a las políticas de ayuda y las condiciones de acercamiento con la Unión Europea siguen, y seguirán, produciendo desastres sociales y económicos graves de explosiones sociales y son portadores de riesgo, como vemos hoy en Rumanía, del repunte próximo de una extrema derecha nacionalista y xenófoba en toda esta región. 
Sólo podemos condenar también el hecho de que Fanjo Tudjman no se haya visto inculpado antes de su muerte, al mismo nivel que Slobodan Milosevic, cuando la apertura de los archivos prueba hasta qué punto los dos hombres planificaron conjuntamente el desmembramiento étnico de la región. 
Por todas estas razones nos hemos abstenido. 
Informe Maij-Weggen (A5-0323/2000) 
Señor Presidente, también he votado a favor del texto por el que se solicita intensificar las relaciones con Indonesia. 
Cierto que Indonesia no merecería esta intensificación de las relaciones, ya que en los últimos años los gobernantes de este país no se han distinguido precisamente ni por una gran democracia ni por grandes méritos; sin embargo, debemos preocuparnos por los ciudadanos indonesios y por esto, bienvenidas sean la intensificación de las relaciones y estas ayudas. 
No obstante, quisiera que tomáramos la decisión de nombrar al representante europeo en Indonesia, que nos diga si estas ayudas son útiles o no para la población indonesia. 
Debemos crear concretamente la figura del embajador europeo en Indonesia. 
Si el Parlamento desea aportar una ayuda real a la población indonesia, y en especial a sus capas más pobres, no es suficiente con enviar algunos fondos que serán inevitablemente desviados por los hombres del poder. 
El Parlamento Europeo debería cuando menos adoptar una posición firme contra el hecho escandaloso de que grandes sociedades occidentales, de las cuáles algunas tienen su sede en el territorio de la Unión Europea, pagan salarios que se parecen mucho a una limosna irrisoria. 
No vale ni siquiera la pena hablar de ello. 
Los actos de pillaje de la clase dirigente indonesia, especuladora y corrompida, juegan indiscutiblemente un papel muy importante en la miseria de las masas populares de este país, al igual que el ejército y las milicias juegan un papel primordial en su opresión. 
Pero los bajos salarios que pagan las grandes empresas que con frecuencia recurren al trabajo de los niños, de forma directa o por medio de subcontrataciones, constituyen otra forma de pillaje también grave e inhumano. 
En consecuencia, nos hemos abstenido en este texto. 
. 
(NL) El estado de Indonesia es el resultado de 350 años de colonialismo holandés. 
En favor de intereses económicos extranjeros, se unificaron diversos pueblos bajo una autoridad. 
Durante los más de 30 años que duró el régimen de Soeharto, las cosas apenas cambiaron. 
Europa, los Estados Unidos y Australia querían mantener buenas relaciones con el régimen indonesio por intereses económicos de forma que sus empresas pudieran beneficiarse de la explotación de la naturaleza y de los salarios laborales. 
Un ponente holandés comienza ahora su propuesta recalcando que el Parlamento Europeo reconoce la soberanía e integridad de las fronteras indonesias. 
El PRD, el partido opositor de izquierdas con el que mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, mantiene contactos, tiene una opinión bastante más matizada al respecto. 
También desearía mantener a Indonesia unida aunque rechaza la violencia estatal que con este fin se emplea contra los pueblos de Atjeh, las Molucas y Papua Occidental. 
Tras la oleada democratizadora, en Indonesia aumenta de nuevo el poder del ejército, de los dirigentes autoritarios y de las grandes empresas. 
El asesinato del periodista holandés Sander Thoenes en Timor Oriental, ocupada en su momento por Indonesia, sigue sin aclararse. 
Las conclusiones de la señora Maij-Weggen son excesivamente optimistas y están claramente marcadas por los intereses económicos. 
. 
(SV) Existen justificados motivos para ocuparse de las persecuciones, la violencia y el terror a que son sometidos los cristianos en las Islas Molucas, y especialmente en la isla Ambo, por los activistas del movimiento criminal Jihad. 
Han quemado y ultrajado iglesias, han obligado a huir a los cristianos y han asesinado a una gran cantidad de personas. 
En Ambo me he reunido con el obispo Mondagi de la iglesia católica y con líderes de la iglesia protestante. 
La situación es alarmante. 
El gobierno y el ejército indonesios tienen la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, independientemente del credo que profesen. 
Informe Theato (A5-0376/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe. 
¿Por qué he votado a favor? 
En el Partido de los Pensionistas hay un grupo aparte, expulsado, de pensionistas delincuentes que se han pasado la vida robando y vulnerando la ley. 
Les he expulsado del Partido de los Pensionistas, pero, de vez en cuando, les consulto para pedirles consejo. 
En lo que respecta a este informe, me han dicho: " Si queréis evitar fraudes sería oportuno que los fondos de la Unión Europea no fueran a parar a los organismos públicos de los Estados, sino directamente a los ciudadanos porque, lamentablemente, hay una corrupción generalizada entre los funcionarios públicos. 
Y, si a la corrupción de los funcionarios europeos se añade la corrupción de los funcionarios nacionales, aumentan los fraudes. " 
. (DA) Hemos votado a favor de la introducción de nuevos instrumentos que proporcionarán una mucho mejor protección de los fondos de las Comunidades. 
En primer lugar, nos parece buena idea complementar el régimen de la OLAF y crear una unidad dependiente de la OLAF. 
Esta unidad debe dirigir las investigaciones y facilitar el seguimiento penal de éstas en los tribunales nacionales. 
La unidad sólo debe ocuparse de los delitos cometidos por los empleados comunitarios. 
Esta Fiscalía dependiente de la OLAF es necesaria porque las experiencias demuestran cómo con demasiada frecuencia falta un seguimiento penal al trabajo de la OLAF. 
A menudo resulta casi imposible determinar en qué país debe tramitarse un caso y los complicados procedimientos para el intercambio de pruebas implican que el caso a menudo prescriba o sea archivado. 
La cooperación internacional desgraciadamente no es suficiente. 
Los convenios internacionales antifraude no son ratificados. 
Por ejemplo, hay todavía cinco países miembros que no han ratificado el convenio sobre la protección de los intereses financieros de la UE de 1995. 
Por ello debe considerarse a largo plazo la idea de crear la figura de un fiscal público europeo que se ocupe del seguimiento penal de los casos de fraude de fondos comunitarios en los Estados miembros. 
En la actualidad, los Estados miembros no hacen lo suficiente por combatir el fraude de fondos comunitarios. 
Añádase a ello que el 80% de los casos de fraude son transfronterizos. 
En este punto la instrucción judicial se vuelve a menudo problemática. 
Existen grandes diferencias con respecto a la definición de acciones ilícitas y de pena y también con respecto a los procedimientos, a las normas para la práctica de pruebas y a las competencias de la Fiscalía. 
Cabe temer que el problema se vea agravado con la supresión de las fronteras que ha proporcionado a la delincuencia organizada incluso mayor libertad de movimientos. 
Los defraudadores buscarán los países en los que la protección sea menor. 
Por ello debemos crear lo antes posible los instrumentos necesarios para combatir más eficazmente el fraude de fondos comunitarios. 
. (DE) Los liberales siempre hemos abogado por un refuerzo de los controles a la vista de la elevada tasa de fraude en relación con los fondos comunitarios. 
Dentro de esta línea, también acogemos con satisfacción el informe Theato y votamos a favor de la creación de la oficina de un procurador europeo. 
Sin embargo, las competencias nacionales en materia de instrucción penal no deben verse afectadas, a nuestro parecer, por la creación de la oficina de un procurador europeo. 
La institución de esta nueva autoridad no debe dar lugar a una pérdida de soberanía en este ámbito fundamental. 
Desde este punto de vista, el procurador europeo puede aportar una valiosa contribución a la lucha contra el fraude en calidad de autoridad coordinadora. 
El informe Theato sobre la lucha contra el fraude permite descubrir que el Banco Central Europeo, sin duda para probar mejor su famosa independencia, no ha considerado conveniente sumarse al acuerdo sobre la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
El informe recoge una serie de ideas que contiene el llamamiento de Ginebra de los jueces europeos, como la institución de un fiscal europeo. 
Desafortunadamente, no recoge la propuesta más importante, la orientada a hacer ilegal cualquier transacción financiera con un paraíso fiscal. 
Finalmente, como para señalar mejor la burlesca desposesión de los representantes del sufragio universal, el informe encarga a la Presidencia del Parlamento Europeo que transmita sus propuestas a una Conferencia Intergubernamental que ya ha concluido en el momento de esta votación. 
Como no se ha decidido nada en este ámbito en Niza, interpretamos (tal como invita por adelantado el informe) esta falta de decisión "como un laxismo y un dejar hacer de la Europa del fraude". 
A pesar de sus límites, votaremos este informe como una forma, indudablemente muy tímida, de oponerse a una lógica neoliberal según la cual la tasación a los beneficios es por definición una deducción indebida que es legítimo someter a fraude. 
. (EN) El Partido Laborista del Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación sobre el presente informe porque en él se pide el nombramiento de un procurador europeo, tal y como recomienda el grupo de expertos "Corpus Juris". 
El establecimiento de un ministerio fiscal europeo conforme al "Corpus Juris" tendría competencias muy amplias para realizar investigaciones en los Estados miembros. 
El "Corpus Juris" prevé la creación, en su día, de un ministerio fiscal europeo independiente con jurisdicción para actuar contra los delitos cometidos contra los intereses financieros de la UE por los miembros y funcionarios de las instituciones comunitarias, así como por parte de terceros. 
La medida convertiría la UE en un ámbito jurídico único para fines de investigación, iniciar diligencias judiciales y ejecutar las sentencias relativas a este tipo de delitos. 
El Gobierno británico es contrario a esta propuesta, que la considera demasiado amplia en su alcance y presenta demasiados problemas en términos de los diferentes ordenamientos y tradiciones jurídicos para que sea viable. 
El Gobierno da preferencia a la mejora de la actual cooperación entre los Estados miembros para atajar el fraude y otros delitos graves que incluyan un factor transfronterizo. 
Para ello sería necesaria la ratificación del Convenio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas por parte de los Estados miembros que aún no lo han ratificado y el reconocimiento mutuo de los ordenamientos jurídicos. 
Gracias, señor Crowley. Comprendo que se trataba de una situación difícil. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.34 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Plátanos (OCM) (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate relativo a la organización común de mercados en el sector del plátano. 
Tiene la palabra el Sr. Sturdy. 
Señor Presidente, uno de los problemas del tema del plátano, a mi entender, es que se ha vuelto bastante emotivo. 
Como diputado al Parlamento Europeo, considero que mi deber es velar no sólo por los intereses de los productores de plátanos de la Unión Europea, sino también por aquéllos de toda la población de Europa. 
Comprendo los sentimientos de algunos respecto a las modificaciones del sistema, pero como decía, quiero velar por los intereses de todos los que pertenecen a la Unión Europea en su conjunto. 
Si de paso puedo proteger los intereses de nuestros países ACP, tanto mejor, pero creo que es importante que salvaguardemos y velemos por el bienestar de los ciudadanos europeos. 
No me encuentro entre los que saludan el modo en que los Estados Unidos aplican estas medidas draconianas, pero es de la máxima importancia que alcancemos un acuerdo. 
En mi circunscripción, algunas empresas se están viendo obligadas al cierre. 
Se están perdiendo puestos de trabajo en la Unión Europea como consecuencia de aranceles de un 100% sobre los productos. 
He recibido muchas cartas que manifiestan que este asunto está cargado de emotividad. 
Es muy posible que para algunos de nuestros Estados miembros meridionales sea aún más emotivo. 
Están en juego emociones reales y puestos de trabajo reales. 
Algunas personas se ven obligadas a cerrar sus negocios a causa de los estadounidenses y, por consiguiente, digo que es importante que aceptemos el dictamen de la OMC. 
O pertenecemos a un club o no pertenecemos, y es especialmente importante que reconozcamos este principio. 
Como acabo de decir, nunca he aprobado el modo de proceder de los estadounidenses, pero ya es demasiado tarde para solucionar eso. 
Por consiguiente, hago un llamamiento a esta Asamblea para que mañana adopte una decisión y apoye la propuesta del Sr. Vatenen, que intervendrá más tarde. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, además de velar por los intereses de las personas que nos han elegido para este puesto, debemos pensar también en el interés de toda la UE y, de una forma más amplia, en el interés mundial. 
El interés del conjunto y el interés individual se funden en los trayectos largos. 
La cuestión de los plátanos es una especie de prueba para saber si queremos continuar por la vía del asesoramiento intervencionista, cuya consecuencia es la continua imposición de sanciones arancelarias a las empresas de la UE, las cuales son la base de nuestro bienestar. 
¿Estamos dispuestos a olvidar el interés de los consumidores negándonos a importar plátanos sabrosos y baratos? 
¿Y estamos dispuestos a marginar a los productores pobres de América Latina por el simple hecho de tratarse de países con menos lazos coloniales? 
Ya es hora de buscar compromisos y de reconocer que el libre comercio y el bienestar no son enemigos entre sí, ni siquiera en la cuestión del plátano. 
Apoyo firmemente la idea de que tanto los productores de plátanos de los países ACP, como nuestros propios productores, sean apoyados por medio de la redistribución de fondos públicos, en cuyo caso sería posible renunciar a las medidas que desvirtúan el comercio. 
La propuesta de la Comisión se basa en la adopción de un tercer contingente, que otorgaría a los países ACP una preferencia arancelaria de 300 euros por tonelada. 
Este contingente expiraría en el año 2006 y se pasaría a un sistema de base arancelaria única. 
El sistema de arancel único es de gestión más simple, es más claro para todas las partes y conduce, según la teoría económica, a una mayor adquisición de bienestar. 
El período de transición ideado por la Comisión es lo suficientemente prolongado como para permitir la creación de un sistema de subvenciones adecuado. 
El informe del Sr. Dary expresa una justificada preocupación no sólo por los productores de plátanos comunitarios, sino también por los de los países ACP. 
Por ello, quiero, en aras del consenso, expresar mi apoyo a muchas de las enmiendas. 
Sin embargo, hay algunas enmiendas que no deben ser apoyadas en absoluto. 
Las enmiendas 11 y 13 tienen por objetivo que el sistema de contingentes no sea revisado sino hasta dentro de 10 años, sin que se adopte ahora ningún compromiso en cuanto a la adopción del sistema de arancel único propuesto por la Comisión y exigido por varios socios comerciales nuestros. 
En su lugar, he presentado la enmienda 36, que exige la adopción del sistema de arancel único para el año 2006. 
De igual modo, esta enmienda hace hincapié en que la Comisión debe, en todo momento, escuchar al Parlamento Europeo y tener en cuenta los intereses de todas las partes. 
Lo que quiero es, en definitiva, que se garanticen tanto los intereses de nuestros propios productores, como los de los productores de los países ACP. 
El conjunto debe estar equilibrado. 
Rechazo la enmienda 27 porque vaciaría de contenido el sistema de transición y, en la práctica, privaría a América Latina de la posibilidad de vender plátanos en el marco del nuevo contingente C. El Comisario Lamy ha presentado una magnífica propuesta de gran audacia moral sobre la eliminación de aranceles para los productos de los países en vías de desarrollo. 
Este proyecto se denomina con las siglas inglesas EBA- Everything but arms- (Todo excepto armamento). 
No se trata en absoluto de EBB- Everything but bananas- (Todo excepto plátanos). 
Estimados colegas, no contribuyamos nosotros al cambio de nombre. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 10.00 horas. 
Cumbre UE/Estados Unidos de América 
De conformidad con el orden del día, pasamos a la declaración de la Comisión sobre la Cumbre UE/Estados Unidos de América. 
Tiene la palabra el Comisario, Sr. Patten. 
. (EN) Señor Presidente, me alegra tener esta oportunidad de poner al día al Parlamento sobre los preparativos para la Cumbre UE/Estados Unidos de América, que se celebrará en Washington el lunes próximo. 
Las buenas relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea son, naturalmente, de vital importancia para la seguridad mundial y para la prosperidad de la economía global. 
Cuanto mejor sean las relaciones, más seguro será el mundo y mejor vivirá nuestra población. 
Hoy esas relaciones, en general, gozan de buena salud. 
Europa y los Estados Unidos trabajan en estrecha colaboración en defensa de los valores que compartimos. 
Colaboramos, por ejemplo, en la creación de un régimen comercial internacional liberal y digno de confianza en el marco de la OMC. 
Estamos codo con codo en la defensa de la democracia y de las libertades en todo el mundo. 
Al igual que en cualquier relación entre amigos, es natural que ocasionalmente surjan polémicas, pero no debemos exagerar su importancia. 
En general, hemos superado hábilmente polémicas recientes, por ejemplo, en materia de comercio. 
Es importante recordar que éstas afectan únicamente a una fracción del comercio total que se efectúa a través del Atlántico. 
El Foro Consultivo UE/Estados Unidos es un ejemplo de cómo resolver estos problemas de una manera constructiva. 
Dicho foro informará a esta cumbre sobre una amplia gama de temas de biotecnología. 
Ésta será la decimoquinta y última Cumbre UE/Estados Unidos del Presidente Clinton. Nos brindará la oportunidad de estudiar una vez más la nueva agenda transatlántica y examinar cómo podríamos agilizar los procedimientos y centrar las futuras cumbres con mayor precisión en los temas realmente importantes. 
Quisiéramos centrar las cumbres semestrales sobre temas estratégicos que transciendan a varias cumbres. 
Reconozco que es más fácil decirlo que hacerlo, pero deberíamos intentar resistir a la tentación- y sé que la Secretaria de Estado Albright comparte esta opinión- de que estas cumbres se vean demasiado envueltas en el meollo de nuestras relaciones políticas y económicas cotidianas. 
La Comisión está elaborando actualmente un proyecto de comunicación sobre las relaciones transatlánticas que esperamos vea la luz en primavera, y tenemos puestas muchas esperanzas en la contribución de los legisladores que participan en nuestras relaciones transatlánticas, y el Parlamento, estoy seguro, querrá participar en esta iniciativa. 
Hemos hecho algunos progresos en nuestros intentos de impulsar las cosas en la dirección que he descrito en cumbres recientes y espero poder presentarlo en Washington la semana próxima. 
Proseguiremos, por ejemplo, el debate que iniciamos en Cotonou sobre África y las enfermedades transmisibles. 
Existen algunas diferencias entre nuestros respectivos enfoques sobre estos asuntos, pero espero que la cumbre envíe un mensaje positivo sobre la necesidad de proseguir juntos nuestros esfuerzos, en particular, para encontrar solución a cuestiones delicadas como el acceso a medicamentos asequibles, incluidos precios escalonados. 
Trataremos sobre conflictos comerciales pendientes y aspiramos a sentar las bases para encontrar soluciones compatibles con la OMC que sean aceptables para ambas partes y no unilaterales. 
Esperamos que se hablará sobre una futura nueva ronda de la OMC, así como sobre las consecuencias que tendrá para dicha ronda la amplia serie de las nuevas iniciativas comerciales bilaterales que están siendo debatidas en el hemisferio estadounidense. 
Estoy seguro de que también se hablará sobre otros ámbitos en los que los Estados Unidos y la Unión Europea no están completamente de acuerdo, por ejemplo, sobre el medio ambiente, ámbito en el que no debemos escatimar esfuerzos para apoyar la labor encaminada a salvar el acuerdo sobre el cambio climático. 
La cumbre tocará naturalmente otros ámbitos clave en los que la Unión Europea y los Estados Unidos han trabajado y siguen trabajando en estrecha colaboración al servicio de la paz, primero, en los Balcanes, donde hemos mantenido unas relaciones cada vez más estrechas y fructíferas y donde, en parte gracias a nuestros esfuerzos, se han producido tantos cambios importantes para mejor durante el pasado año. 
Revisaremos, sin duda, los recientes acontecimientos en Oriente Medio. 
El Presidente y su administración han dedicado enormes esfuerzos a la búsqueda de una paz duradera en Oriente Medio. 
Hoy, la oscura sombra de la violencia se cierne sobre la región, pero los esfuerzos pacientes y persistentes de los conciliadores deben continuar. 
La Unión Europea tiene un papel que desempeñar en el proceso y eso es precisamente lo que estamos haciendo. 
Es evidente que la consolidación de la paz estará estrechamente relacionada con el desarrollo de nuestra asociación mediterránea. 
Por último, tocaremos, estoy seguro, las decisiones adoptadas recientemente en Niza sobre la fuerza europea de intervención rápida. 
Son decisiones importantes. Representan un intento por parte de Europa de corregir algunos de los fracasos desvelados en los Balcanes durante los años noventa y, más recientemente, en el conflicto de Kosovo. 
Una de las principales lecciones ha sido que los Europeos debemos soportar una mayor carga del fomento de la seguridad europea. 
Debemos hacer eso, y no desacoplar a los Estados Unidos de la defensa de Europa, no porque creamos que existe un debilitamiento del compromiso estratégico de los Estados Unidos con respecto a Europa, sino en respuesta a aquellos que en Washington a veces lo ponen en cuestión: las voces que afirman, no sin cierta razón, que Europa no puede continuar dependiendo de los Estados Unidos para que la saque de apuros en los conflictos europeos, a menos que esté dispuesta a redoblar sus esfuerzos para ayudarse a sí misma. 
Ésta será la última cumbre bajo esta administración, la última de estas cumbres con el Presidente Clinton. 
Las relaciones transatlánticas, espero, se harán cada vez más firmes en los próximos años, pero Europa echará de menos al Presidente Clinton. Ha sido un buen amigo de este continente. 
Ha sentado las bases para un diálogo serio y maduro entre ambas partes en el mundo posterior a la Guerra Fría y ha trabajado incansablemente por una causa que todos compartimos, la de una Europa completa y libre y cada vez más próspera. 
Desde Kosovo hasta Belfast, millones de ciudadanos europeos tienen motivos para estarle agradecidos por sus contribuciones, y sé que la Asamblea se unirá a mí al rendir homenaje hoy a dicha contribución. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por acudir hoy aquí para ofrecernos su declaración sobre la reunión que tendrá lugar el lunes próximo. 
Como ha dicho acertadamente, las relaciones transatlánticas se han intensificado enormemente en los últimos diez años- sobre todo, es cierto, por parte de los Estados Unidos, gracias al Presidente Clinton, pero creo que la historia contará que a estas nuevas relaciones también ha contribuido Europa, que ha desempeñado un papel fundamental para su desarrollo, a través de la Declaración Transatlántica de 1990 y a través de la nueva Agenda Transatlántica bajo Presidencia española en diciembre de 1995. 
Creo que sería de gran utilidad que la Comisión, al tiempo que prepara este nuevo documento sobre las relaciones transatlánticas, presentara al Parlamento un documento sobre el progreso realizado hasta ahora en estas relaciones en el que se analicen, por ejemplo, el éxito de los centros de enseñanza comunitarios, el éxito de la cooperación política en temas como el sida, la inmigración, ayuda al desarrollo e, incluso, en cuestiones de política exterior como la construcción de viviendas en Ucrania con ayuda transatlántica. 
Asimismo, sería muy útil saber cómo se han desarrollado los diálogos, porque los estamos financiando con cargo al presupuesto de la Unión Europea. 
El diálogo comercial transatlántico, TABD, fue todo un éxito en su pasada reunión celebrada en Cincinatti, pero observamos que desde entonces, el Diálogo sobre medio ambiente se ha interrumpido en estas últimas semanas. 
Por consiguiente, creo que un análisis de lo ocurrido sería de gran utilidad. 
Para terminar, ¿cuál será el paso siguiente? 
Creo que a esta Asamblea, como acertadamente ha señalado el Comisario, le gustaría que, a más largo plazo, a medida que reforzamos las relaciones a través del Diálogo de los legisladores entre el Parlamento Europeo y el Congreso, ese diálogo se convirtiera en una forma de asamblea transatlántica. 
Asimismo, nos gustaría estudiar el modo en que podríamos situar los diferentes diálogos comerciales en un marco más amplio de colaboración. 
Quisiera pedir al Comisario, cuando se acerca la fecha de publicación de este documento que será en abril, que estudie cómo podemos profundizar en el futuro bajo la nueva Administración estadounidense, al parecer se ha decidido hoy, bajo el nuevo Presidente de los Estados Unidos, que esperamos sea George W. Bush, esta cooperación en base al nuevo Tratado de Niza, que amplía las actividades de la Unión Europea, lo que le permite convertirse en un auténtico interlocutor de los Estados Unidos durante la próxima década. 
Señor Presidente, señor Comisario Patten, yo creo que nos acaba de ofrecer una buena presentación e introducción a la problemática y los temas que vamos a debatir luego y, tal como ya ha expresado también mi colega Elles, me parece conveniente que aclaremos qué deseamos conseguir en el año 2001 y en años posteriores en el ámbito de nuestras relaciones transatlánticas. 
Lo más importante será proceder a su consolidación, examinar detenidamente la situación real de los diferentes programas que hemos iniciado bajo el paraguas común de la agenda transatlántica. 
Son los temas que ha citado mi colega Elles. Sin embargo, entre éstos también figura un aspecto muy importante y que ha suscitado muchas críticas, a saber, el de los llamados "acuerdos de reconocimiento mutuo", que plantean muchos problemas para ambas partes, pero sobre todo para los americanos. 
Yo le agradecería que examinase detalladamente este aspecto en la comunicación prevista para esta primavera y también ofreciese, además del análisis que ha solicitado el otro sector de la Asamblea, propuestas en relación con todos los aspectos en los que tenemos posibilidades de alcanzar nuevas metas en el futuro en el marco del diálogo y de la cooperación, en el ámbito de la política exterior y de la política de seguridad, pero también en relación con cuestiones pragmáticas, como pueden ser los acuerdos de reconocimiento mutuo. 
En este contexto habría que incluir los centros europeos ya citados, que yo creo que constituyen un gran éxito. 
La consolidación es importante, pero también lo es que adoptemos la perspectiva adecuada. 
En este contexto, yo creo que usted ha mencionado una cuestión importante. 
Bajo la Administración Clinton hemos podido conseguir mucho en materia de cooperación política. Sin embargo, también hemos constatado que la política comercial y, sobre todo, también las disputas comerciales se están convirtiendo cada vez más en un motor de las relaciones políticas globales y han adquirido una preponderancia que, a mi modo de ver, no merecen en absoluto. 
Será importante que en las futuras Cumbres consiga usted efectivamente que éstas se concentren en los grandes temas políticos y que se conceda el lugar que les corresponde a cuestiones como las disputas comerciales, que remiten a las diferencias que existen entre nosotros, que se les otorgue el peso adecuado y no se permita que se conviertan en las coordenadas políticas de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. 
En resumen, será importante conseguir un cambio de rumbo y elaborar una verdadera Agenda Transatlántica para el año 2001. 
Tengo noticia de que nuestro embajador en Washington, Gunter Burghardt, ya se ha referido a ello y sería una satisfacción para mí que sus interesantes propuestas también encuentren cabida en su comunicación. 
Yo le deseo que tenga mucho éxito en esta tarea. 
También le deseo mucho éxito a nuestro Comisario Pascal Lamy en la resolución de los problemas en el ámbito de las disputas comerciales y me gustaría que presentasen su comunicación lo más pronto posible. 
Señor Presidente, al parecer son muchos los temas que debería incluir el orden del día de esta cumbre y uno que me gustaría que incluyera es el seguimiento que se dará a la decepcionante interrupción de las conversaciones sobre el cambio climático en La Haya y cómo conseguir que los Estados Unidos asuman sus responsabilidades con mayor seriedad. 
Aunque me gustaría centrarme en el ámbito del comercio mundial, en lo relativo a una nueva ronda de negociaciones sobre el comercio cuando se cumple un año desde Seattle. 
Creo que está claro que antes de pensar en la celebración de una nueva ronda, debemos analizar la idea que tienen muchos países en desarrollo de que nada ha cambiado desde Seattle, a pesar de las numerosas promesas que entonces nos hicieron. 
Sé que la Comisión habla ahora de reanimar elementos de su posición en favor de una nueva ronda, que le den mayor flexibilidad, y tengo gran interés en conocer qué significa eso realmente en la práctica. 
También tengo conocimiento de la iniciativa "Todo excepto armamento", que acojo con satisfacción, y quisiera instar a la Comisión a que aproveche la celebración de la cumbre para instar a los Estados Unidos a que vuelvan a suscribir esta iniciativa. 
Pero debemos seguir reforzando la confianza de los países más pobres. 
La investigación de la agencia de desarrollo OXFAM ha demostrado que cuando éstos analizaron los cambios que se han producido desde Seattle en los países en desarrollo, la idea predominante es que no ha cambiado nada en absoluto. 
Bangladesh, por ejemplo, afirma que los países desarrollados no han realizado esfuerzos suficientes y de manera continuada para que aumente su confianza en la OMC. 
Lesotho se pregunta qué le ha aportado al país la liberalización del mercado en el marco de la OMC. 
Oigo muchos comentarios de las delegaciones de los países en desarrollo y todos ellos dicen que no ha sucedido gran cosa. 
Para terminar, me referiré a la República Dominicana, que dice que se suponía que la OMC debía convertirse en un árbitro imparcial de las normas comunes, en la que los países pudieran aprender a actuar según las normas. 
Pero el resultado no ha sido ése. 
Las normas están predispuestas en contra del débil y nada ha cambiado desde Seattle. 
La próxima cumbre es una oportunidad crucial para abordar estos temas, para modificar las normas y para conseguir que el comercio mundial funcione en favor de los pobres. 
Señor Presidente, como no tengo más que un minuto, me ceñiré a una única cuestión para decir que el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos no puede afectar únicamente a los aspectos económicos y comerciales. 
Le pido por tanto, les pido aquí a los representantes de la Unión Europea en la cumbre del lunes, que aborden al mismo nivel las cuestiones políticas y más especialmente la de la pena de muerte. 
Es imposible callar este crimen de Estado, sobre todo cuando lo ejerce la mayor potencia del mundo, que pretende con demasiada frecuencia imponer su orden y sus valores al resto del planeta. 
Este valor en todo caso, no lo queremos. 
Es imposible aceptar que la única solución al crimen y a la violencia sea el crimen y la violencia mismos. 
Es preciso por tanto actuar para impedir lo irreparable que espera a aquéllas y aquéllos que, como Mumia Abu-Jamal o Léonard Pelletier, se encuentran en el corredor de la muerte desde hace años. 
En todo el mundo se alzan voces para exigir una justicia que sea realmente el reflejo de los valores de respeto humano, de los derechos y libertades fundamentales del individuo. 
En todos los continentes una petición que exige la abolición de la pena de muerte se cubre con cientos de miles de firmas. 
Preservar este bien, el más preciado que constituye la vida, como ha recordado y con toda razón esta mañana Nicole Fontaine, necesita conseguir una moratoria universal, que sería un primer paso hacia la abolición de la pena de muerte. 
Creo que el diálogo que existe entre la Unión Europea y los Estados Unidos debería aprovecharse para alcanzar por fin este objetivo. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la ocasión que me brinda este debate sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos para formular tres constataciones y extraer tres recomendaciones. 
En primer lugar no se puede perder de vista que la construcción europea se ha hecho contra los imperios o más bien entre los imperios. 
La Unión Soviética- un imperio amenazante- los Estados Unidos de América- un imperio protector- pero con respecto al cual teníamos claramente la intención de afirmar nuestra identidad. 
En segundo lugar, aunque no podamos alegrarnos por el retroceso de la impostura comunista, el hundimiento de la Unión soviética dejó una sola superpotencia: los Estados Unidos de América. 
Ahora bien, una ley de la naturaleza dice que cualquiera que dispone de un gran poder se ve inclinado a abusar de él y existen síntomas de esos abusos: una diplomacia económica que podría resumirse con las palabras: "lo que es nuestro es nuestro, lo de usted es negociable"; la pretensión de imponer un nuevo orden mundial; una pax americana cuya influencia está lejos de ser pacificadora; el incremento inaceptable de la ingerencia en todas partes en los asuntos internos de los Estados. 
Es preciso por tanto concluir que las amistades tradicionales, la simpatía real que tenemos por el pueblo americano, no pueden nada. 
Los Estados Unidos de América son nuestros competidores. 
Defienden sus intereses sin complejos. 
Nosotros hemos de defender los nuestros. 
Hemos de preguntarnos acerca de la utilidad de dispositivos tales como la OTAN, que ya no responden a su objetivo inicial de seguridad colectiva y obstaculizan nuestra libertad. 
Debemos defender nuestra autonomía política y dejar de alinearnos con Estados Unidos, ya sea en la ONU, ya sea frente a Irak, frente al mundo árabe en general, en Asia, en los Balcanes donde nuestros resultados, Sr. Patten, son desastrosos, a pesar de lo que ha dicho usted. 
Finalmente, debemos defender nuestros intereses económicos sin complejos, no sólo en el marco de la OMC, y sobre todo en aquellos ámbitos que, desde la cultura a la agricultura, son consustanciales con nuestras civilizaciones y no podrían, en consecuencia, someterse sólo a las leyes internacionales del trueque internacional o del mercado. 
Esto es lo que todos los europeos deberían decir si estuvieran preocupados por la Europa independiente, ésa con la que debemos seducir a nuestros compatriotas y que, en realidad, seguimos esperando. 
En primer lugar, en respuesta al Sr. Elles, nos encantaría proporcionar, como telón de fondo del debate sobre la comunicación que presentaremos el año próximo sobre el refuerzo del diálogo entre Europa y los Estados Unidos, un análisis del progreso que hemos alcanzado hasta ahora desde 1990. 
En dicho análisis incluiremos con mucho gusto un examen de cómo se han desarrollado los diferentes diálogos. 
Es una idea útil y sin duda la seguiremos. 
En segundo lugar, también seguiremos el importante argumento que ha expuesto la Sra. Mann sobre los acuerdos de reconocimiento mutuo y deberíamos tener en cuenta su sensata observación de que no debemos exagerar los conflictos comerciales. 
Creo que no me equivoco al afirmar que el comercio entre la UE y los Estados Unidos asciende a un importe cercano a los mil millones de euros al día y que el importe total de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos contra productos europeos representa aproximadamente el valor de seis horas de comercio. 
Por tanto, como ha dicho su Señoría, no debemos sacar las cosas de su justa medida. 
Me ha interesado lo que ha dicho la Sra. Lucas sobre el comercio mundial y la importancia de intentar garantizar que el libre comercio beneficie cada vez más a los intereses de los más pobres, y no sólo a aquéllos de los más ricos. 
Sé que mi colega el Comisario Lamy querrá proseguir sus ideas y las últimas ideas de la Comisión sobre cómo reactivar la ronda de la OMC con los Estados Unidos y también con este Parlamento. 
Sé que el Comisario mantiene un diálogo bueno y muy constructivo con el Parlamento y con las comisiones que guardan alguna relación con estos temas. 
Creo que la Sra. Boudjenah, que ha hablado de la pena de muerte, probablemente estaba presente en la Asamblea hace unas semanas cuando celebramos un debate de gran interés sobre la pena capital, en el que se abordó la situación en los Estados Unidos, entre otros países. 
Creo que no me equivoco al recordar que en los Estados Unidos se han producido 81 ejecuciones durante este año. 
Hemos realizado y seguiremos realizando protestas formales individuales y colectivas contra la pena de muerte en los Estados Unidos. Quisiera tranquilizar a su Señoría en este sentido. 
Nuestra posición respecto a la pena de muerte en todo el mundo es muy clara, y ésta afecta a nuestros amigos en los Estados Unidos, así como a otros países que pueden no estar tan dispuestos a colaborar. 
Es posible que el Sr. Gollnisch y yo veamos el mundo a través de lentes diferentes. 
No me convencen demasiado los argumentos sobre la diabólica hegemonía de Washington. 
No estoy de acuerdo con todo lo que hacen los Estados Unidos, pero en Europa tenemos buenas razones para recordar la contribución que hicieron los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado en favor de nuestras libertades y prosperidad. 
Pero su Señoría tiene toda la razón cuando afirma que existen temas como el medio ambiente, el comercio, las minas terrestres, la extraterritorialidad y legislación en los que adoptamos una posición bastante diferente de la de los Estados Unidos. 
Debemos defender enérgicamente esa posición, sin temor de que al hacerlo se debiliten nuestras relaciones con nuestros principales amigos y aliados. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Me pide la palabra el Sr. Gollnisch para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, sólo un segundo, por favor. 
No he dicho en absoluto, señor Patten, que la hegemonía americana fuera diabólica, he dicho incluso exactamente lo contrario. 
He dicho que es un hecho de la naturaleza que quien ostenta el poder tiende a abusar de él. 
Por consiguiente, no estoy inculpando a los americanos como pueblo y como gran nación. 
Pero deseo que con respecto a ellos mantengamos una conducta más autónoma. 
Muchas gracias, señor Gollnisch. 
Queda cerrado este punto. 
IVA 
Señor Presidente, en este debate conjunto vamos a debatir tres informes que se refieren a cuatro propuestas de la Comisión, lo cual me atribuye una acumulación de papeles ciertamente peculiar. 
Soy ponente de dos de ellos, soy ponente en la sombra del informe de la señora Torres Marques y soy enmendante del informe sobre combustible de aviación, porque no comparto algunas de las tesis que fueron aprobadas en comisión. 
La segunda peculiaridad, como su Señoría tendrá ocasión de comprobar, es que me encuentro en una posición singular dentro de mi propio grupo. 
Mi carrera militar no fue ni larga ni brillante, pero sí aprendí que la misión de la artillería era bombardear a la infantería, a ser posible la enemiga. 
Me temo que en este momento me encuentre bajo fuego cruzado de mi propio grupo. 
Empezaré argumentando sobre el primero de los informes, el que se refiere al IVA sobre el comercio electrónico. 
La propuesta que la Comisión remite a este Parlamento tiene, en mi opinión, un objetivo prioritario: remediar la situación de discriminación en que se encuentran actualmente las empresas europeas de comercio electrónico respecto a las empresas de países terceros. 
Comercio electrónico se refiere a las prestaciones de servicios descargados por Internet y a los servicios de radio o televisión prestados a través de suscripción o pago por visión. 
Y subrayo esto porque algunas de las enmiendas pretenden establecer un tipo cero de IVA para servicios que, en mi opinión, no tienen carácter esencial ni social. 
La Comisión pretende además otros objetivos secundarios, de acuerdo con la ciencia tradicional de la Hacienda: el conseguir este objetivo- terminar con esta discriminación- simplificando el impuesto, dotándole de una eficacia notable en cuanto a recaudación y reducción de los costes administrativos anejos al cumplimiento de la deuda tributaria, conseguir los objetivos de efectividad y justicia y conseguir, finalmente, la modernización del sistema fiscal. 
Estos objetivos, el principal y los secundarios, serán la piedra de toque con los que se tienen que juzgar las propuestas concretas presentadas por la Comisión. 
Pero decía, señor Presidente, que el primero de los criterios con que debemos juzgar esta propuesta es la necesidad de acabar con la discriminación que penaliza a las empresas europeas respecto de las empresas extracomunitarias. 
Esta discriminación se produce porque la Sexta Directiva, en su artículo 9, establece la presunción de que el lugar donde se presta el servicio es el lugar donde tiene su sede de actividad la persona que lo presta, es decir, el proveedor. 
En otras palabras, en este momento las empresas europeas están sujetas al IVA cuando prestan servicios electrónicos, ya sea en el interior de la Unión, ya sea fuera de ésta. 
Por el contrario, las empresas establecidas fuera de la Unión no pagan nunca el IVA, ya lo presten a clientes europeos, ya lo presten a clientes mundiales, perjudicando así nuestra competitividad en los mercados exteriores. 
En conclusión y para ser muy sencillo, los servicios prestados por empresas europeas soportan en este momento una carga fiscal que no soportan las empresas extracomunitarias que prestan servicios en el territorio de la Unión. 
Por tanto, la actual legislación europea impulsa a las empresas de comercio electrónico europeas a establecerse fuera de la Comunidad. Alguno de los argumentos que oiremos a lo largo de esta tarde dice que el gravar a las empresas extranjeras que prestan servicios en la Unión supone un freno para el crecimiento del comercio electrónico, pero es justamente lo contrario, pues mantener esta situación perjudica el crecimiento de una industria europea de comercio electrónico. 
En eso estamos todos de acuerdo, de este lado y del otro lado del Atlántico. 
Tan de acuerdo que, en la Conferencia de Ottawa de 1998, se llegó a tres conclusiones que a mi juicio son importantes: en primer lugar, los impuestos nacionales sobre consumo deben aplicarse a los consumos que se presten en el territorio nacional. 
En segundo lugar, el servicio de productos digitales es una prestación de servicios y no una entrega de bienes. 
En tercer lugar, debe acudirse a fórmulas simples de recaudación del impuesto y, en concreto, a la forma de inversión del sujeto pasivo. 
De acuerdo con este objetivo, y con este marco jurídico internacional acordado por todos en Ottawa, la Comisión nos propone modificar la Sexta Directiva para establecer que la localización de los servicios digitales se haga donde tenga su sede el adquiriente, no el proveedor. 
En consecuencia, los servicios prestados por empresas europeas a empresas no europeas estarían siempre exentos del impuesto, lo que nos devolvería nuestra competitividad internacional. 
En segundo lugar, los servicios prestados por empresas europeas a clientes europeos estarían sujetos a imposición, como es normal. 
Y, en tercer lugar, los servicios prestados por empresas no europeas a empresas europeas estarían también sujetos a imposición, lo que establece la igualdad de condiciones, el fair play en el marco internacional. 
El problema no radica en las transacciones entre empresas, sino cuando el destinatario del servicio es un particular, y la Comisión hace aquí lo único que se puede hacer: obligar a las empresas extranjeras a registrarse, a inscribirse, en un país de la Unión Europea para desde allí, con pasaporte comunitario, prestar servicios en toda la Unión, pero pagando el mismo impuesto que pagan las empresas europeas. 
A mi juicio esta solución resuelve el problema de eliminar las discriminaciones anteriores y logra el objetivo de la simplificación. 
Una empresa tiene que registrarse en un solo país de la Unión. 
No tiene que registrarse en quince, no tiene que conocer quince legislaciones ni lidiar con quince administraciones. 
No resuelve, sin embargo, el problema de la justicia. 
Es sabido que una solución así- instalación en un solo país con posibilidad de prestar servicios en toda la Unión- podría posibilitar una avalancha en aquellos países con imposición más baja. 
Por eso, la Presidencia francesa propuso que la empresa extranjera que prestase servicios en la Unión se tuviese que registrar en los quince países, lo cual contradice el objetivo de la simplificación. 
¿Qué propone la Comisión? 
La Comisión propone, respetando el objetivo de la simplificación, un solo lugar de localización, pero que el impuesto recaudado por ese Tesoro sea redistribuido al resto de los países de la Unión, en función de los consumos relativos. 
Es exactamente la fórmula que hará posible la introducción del IVA en origen, es exactamente la fórmula que hemos decidido para devoluciones transfronterizas en IVA, es exactamente la fórmula que ha aprobado el Ecofin, de acuerdo con las conclusiones de Feira, en el caso de retenciones en los impuestos directos. 
¿Es completa esta comunicación de la Comisión? 
No lo es. 
Hay algunos problemas que yo resalto en la exposición de motivos, como asegurar que una empresa que puede prestar servicios desde fuera de la Unión se registre. 
¿Cómo garantizar que no se produce una discriminación entre productos análogos? 
El servicio digital, la consulta o el acceso a un libro o a una revista, se gravaría al tipo normal si se hace por Internet, mientras que estaría sujeto a un tipo reducido cuando fuera una entrega física. 
¿Cómo resolver los problemas de identificación del cliente? 
Las respuestas que se establecen en la propuesta de la Comisión me parecen suficientes, y en todo caso, señor Presidente, lo que es evidente es que estas dificultades no son privativas del impuesto que grava los servicios digitales. 
El IVA era un impuesto previsto para el tráfico de bienes y se acomoda mal a las prestaciones de servicios, y aún peor a un fenómeno tan nuevo como los servicios por Internet. 
El segundo de los informes al que me voy a referir trata del problema de los hidrocarburos, y el tema es muy sencillo. 
La Directiva de 1992 estableció una exención obligatoria para los combustibles utilizados en la aviación internacional y, al mismo tiempo, establecía la revisión de la exención para tener en cuenta los costes ecológicos. 
Las dificultades jurídicas para esa revisión son el convenio de Chicago de 1944, obligación internacional que exime de impuestos el combustible a bordo suministrado en las aeronaves, y los acuerdos bilaterales. 
En esta situación, la Comisión ha encargado un estudio, que es el que aquí estamos investigando, sobre qué se puede hacer. 
La primera conclusión es que poco se puede hacer mientras no se modifique ese marco internacional. 
La segunda conclusión a que llega la Comisión es que sería deseable un impuesto sobre los vuelos nacionales o sobre los vuelos intracomunitarios, previa modificación de los acuerdos bilaterales, cosa que no comparto. 
Y en tercer lugar, y esto sí lo comparto, la necesidad- en el marco internacional de la OACI- de realizar todos los avances que sean necesarios para establecer un impuesto a nivel mundial, y por tanto no discriminatorio, sobre los transportes comunitarios. 
Señor Presidente, tras haber abusado de su paciencia, espero impaciente las críticas y observaciones del resto de los compañeros, tanto de mi Grupo como de otros. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, la Comisión y el Parlamento han estado haciendo esfuerzos en los últimos años con vistas a conseguir una armonización en el cobro del IVA dentro de la Unión Europea. 
En efecto, se trata de un instrumento importante en la construcción del Mercado Interior y también de una fuente substancial de ingresos del presupuesto comunitario. 
Así, en 1992 se consiguió un acuerdo, entonces considerado una armonización mínima, conforme al cual la tasa normal del IVA no podía ser inferior al 15% y los Estados miembros tenían la facultad de aplicar una o más tasas no inferiores a 5%, en este caso con derogaciones establecidas. 
Pero aquella primera fase debía mantenerse hasta el final de 1996, fecha en la que se instauraría el régimen definitivo. 
Entretanto, los intentos planteados sólo permitieron la fijación del límite mínimo de la tasa normal del IVA en 15%, pese a que la Comisión había propuesto también un límite superior de 25%, que no fue aceptado, y la prórroga del sistema hasta el final de 2000. 
Llegados al final del 2000, la Comisión nos propone seguir en esta esfera dos vías: la primera consta en el informe de mi colega el Sr. García-Margallo y Marfil sobre la coordinación de los sistemas administrativos del IVA; la segunda, en este informe que trata de aplazar cualquier decisión en materia de armonización de las tasas del IVA hasta 2006. 
Si bien estoy de acuerdo con las propuestas de coordinación de los sistemas administrativos de cobro del IVA, no lo estoy ni lo estuvo la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con la propuesta de aplazamiento por cinco años del proceso de armonización. 
¿Habrá desistido esta Comisión de hacer avanzar este dossier durante toda la vigencia de su mandato? 
¿No considera, como nosotros, la Comisión que la existencia del euro como moneda única, desde ahora mismo, en doce países de la Unión Europea acarreará una transparencia en los precios que pondrá de relieve la distorsión introducida en el Mercado Interior por la existencia de valores tan dispares entre las tasas practicadas en los diversos países de la Unión? 
¿Considera esta Comisión y, en particular, el Comisario Frederick Bolkestein, que éste es un caso de competencia fiscal que su propuesta pretende mantener o incluso asimilar? 
No lo vemos así nosotros y, por eso, hemos votado en pro de la reducción de dicho plazo al final de 2003 para que, con dos años de existencia concreta del euro, sea posible presentar nuevas soluciones. 
También, en consonancia con las posiciones adoptadas en nuestro Parlamento, propongo que se supriman las referencias a que la votación del Consejo a este respecto deba ser por unanimidad. 
Si los Tratados siguen exigiéndolo, así será. 
Pero, a nuestro entender, nada obliga a la Comisión y al Parlamento a establecer desde ahora mismo que al final de 2005 se deba votar este asunto por unanimidad en el Consejo. 
Esta propuesta no concuerda ni con los principios presentados por la Comisión ni con los presentados por el Parlamento para la CIG que acaba de concluir. 
Mucho menos se justifica que desde ahora mismo se decida que así será hasta el final de 2005, cuando ya se sabe que entretanto habrá una nueva revisión de los Tratados. 
Por eso, proponemos también la eliminación de esa exigencia de la unanimidad. 
Para terminar, digamos que no nos gusta ver a la Comisión aceptar al principio de su mandato el abandono completo en lo relativo a la armonización del IVA y que el Parlamento, comprendiendo la necesidad de prorrogar el plazo de vigencia de la legislación actual, se quede esperando a que, mediado su mandato y ya con el euro en circulación, la Comisión nos presente un nuevo proyecto completo y de fondo sobre este asunto. 
. (EN) Señor Presidente, la primera observación que desea hacer la comisión a la que represento es que las disposiciones en vigor son desfavorables para los proveedores de la UE de los siguientes servicios: software, tratamiento de datos y servicios informáticos, web hosting [práctica consistente en albergar sitios web de terceras personas] , diseño de páginas web e información. 
Nos gustaría añadir a esta lista los servicios docentes. 
Las disposiciones discriminan a los proveedores que viven en la UE porque éstos están actualmente sujetos al IVA para el suministro de estos servicios, mientras que los que están establecidos fuera de la Unión Europea no lo están. 
Por este motivo creemos que la presente directiva debe entrar en vigor con cierta urgencia, habida cuenta, en particular, de que algunos creemos que el comercio electrónico experimentará un rápido crecimiento. 
La Comisión de Industria ha aprobado varias propuestas por treinta y tres votos a favor y tres en contra. 
Hemos pedido la posibilidad de un solo lugar de localización en un Estado miembro. 
Hemos pedido que la Comisión Europea vele por que no se produzcan distorsiones del mercado y que ésta informe sobre los resultados al Consejo y al Parlamento. 
Hemos pedido que, mientras tanto, la Comisión informe sobre varios aspectos: garantías de igualdad de trato entre las empresas, examen de la elección del lugar de establecimiento, armonización de las regulaciones internacionales y la posibilidad de establecer un sistema de compensación, como sugería el ponente. 
Otro argumento que esgrime la comisión, y que no lo ha presentado nadie más, es que, como muchos recordarán, Al Capone fue encarcelado no por ser un gángster, sino por evadir impuestos. 
Estamos asistiendo a un lamentable auge de algunos aspectos del comercio electrónico, aumento de pornografía, pederastia y material de carácter racista. 
La Comisión de Industria cree que el registro del IVA nos permitirá someter a las empresas afectadas a los rigores del Derecho comunitario sobre estas cuestiones. 
Este aspecto por sí solo puede lograr que la directiva valga la pena. 
. (EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos quisiera referirme al mismo informe al que se ha referido el Sr. Ford. 
Al verlo, se diría que la presente propuesta trata sobre la tributación de las empresas no comunitarias, pero, naturalmente, debería tratar sobre cómo podemos fomentar y cultivar la e-economía de Europa, que es una flor muy delicada. 
En este sentido, acojo con satisfacción el valiente intento de la Comisión de encontrar el modo de cerrar el vacío competitivo que claramente existe entre las empresas de comercio electrónico de la UE y aquéllas de terceros países. 
Pero lo que debemos preguntarnos y lo que se ha preguntado nuestra comisión es lo siguiente: ¿Es ésta la manera idónea de hacerlo? 
Nuestra opinión ha sido claramente que no lo es. 
Siempre había oído que una de las primeras normas o principios de un legislador debería ser: no dictar leyes que no se puedan cumplir. 
Ésa fue la principal preocupación de nuestra comisión. 
Puede que no sea suficiente depender de la buena voluntad de las empresas que están fuera de nuestro alcance. 
Los buenos cumplirán, los malos seguirán siendo malos y es muy posible que los consumidores busquen a estos últimos para conseguir condiciones ventajosas. 
¿Qué otra cosa podríamos estar haciendo aquí? 
Se habla mucho de establecer modelos de empresa para la regulación del comercio electrónico, pero ése es un problema más amplio y debería ser abordado con mucha más transparencia. 
Existen hipótesis subyacentes en esta propuesta sobre el lugar en que deben pagarse los impuestos, que podrían depararnos problemas de cara al futuro en un contexto internacional. 
Es posible que tengamos algo que aprender de los Estados Unidos, país que ha impuesto una moratoria en materia fiscal sobre estos productos electrónicos. 
En definitiva, el objetivo de esta propuesta es correcto, pero el método es descabellado y si realmente queremos fomentar la e-economía de Europa, una señal adecuada sería fijar un tipo cero de IVA para nuestras empresas que operan a través de la red, en vez intentar imponer nuestros problemas a los demás. 
Señor Presidente, intervengo como ponente asesor de la Comisión de Transporte sobre la fiscalidad de los combustibles de aviación. 
Mientras que el transporte por carretera paga unos elevados impuestos sobre el combustible, la aviación comercial está exenta. 
La directiva que nos ocupa prevé la posibilidad de modificar esta situación en el futuro o de anular la exención en función de los gastos externos y de los efectos sobre el medio ambiente. 
Por el momento, los acuerdos bilaterales entre los estados miembros y terceros países evitan la introducción de una tasa que grave el queroseno en los vuelos internacionales. 
La fiscalidad de la aviación es clave tanto para el principio de que quien contamina paga como para igualar las condiciones competitivas de los diversos medios de transporte. 
Por este motivo, las iniciativas de los estados miembros de la ICAO, organización internacional para la aviación civil, deben encaminarse hacia la apertura de esta posibilidad para lo cual se presenta la ocasión durante la 33ª asamblea general que se celebrará el próximo otoño. 
Por numerosos motivos, los niveles sonoros, la contaminación ambiental y el consumo energético, se debe prestar mucha atención a la desincentivación de los vuelos cortos, entre los que se incluyen sin duda los vuelos nacionales. 
A medida que el ferrocarril ofrece una alternativa equivalente en un número creciente de trayectos, gana terreno la viabilidad de dicha alternativa. 
Me complace que en el informe, en parte gracias a la Comisión de Medio Ambiente, se recoge una serie de elementos importantes que recibieron un apoyo insuficiente debido a un cúmulo de circunstancias en la Comisión de Transporte. 
El hecho de que el combustible para el transporte por carretera sea tres veces más caro que el combustible de aviación es cuento menos sorprendente. 
Si a esto le añadimos el crecimiento desaforado del número de vuelos, también en trayectos cortos, cabe plantearse dónde está el límite. 
Los ciudadanos deben poder elegir tanto para viajes de negocios como de ocio a partir de condiciones competitivas Justas. 
Pero asimismo, todos los ciudadanos, incluyendo también la mayoría que nunca vuela, deben poder exigir que los niveles de ruido, la contaminación ambiental y otras molestias se limiten al máximo. 
Motivos de sobra para analizar minuciosamente si la aviación se hace cargo de los gastos externos y si no supone una competencia desleal para el tren o para el autobús. 
. (SV) Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Medio Ambiente quisiera decir, en relación con los impuestos al combustible de aviación, que celebro la reacción de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Allí han sido escuchadas las razones que he manifestado. 
Actualmente, la aviación constituye la fuente de gases de efecto invernadero que crece más rápidamente. 
Se calcula que alrededor del 5 por ciento proviene de la aviación. 
Además, se espera que los viajes por aire se dupliquen en aproximadamente 15 años. 
Para poder cumplir con las exigencias de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, tendremos que adoptar toda clase de medidas para limitarlo. 
Una de ellas es el mayor uso de medidas económicas. 
Por eso, como dijo el Sr. Van Dam, no hay que exceptuar de impuestos al combustible de aviación. 
En la comunicación de la Comisión se dice que el efecto es tan limitado que no vale la pena hacer algo. 
Me opongo a esta idea. 
La aviación es un sector que crece rápidamente. 
Si el efecto es pequeño hoy, será, en todo caso, mayor en el futuro. 
Este tipo de raciocinio es peligroso ya que fácilmente nos lleva a una situación en la que nadie hace nada. 
No podremos cumplir con los objetivos medioambientales manteniendo las estructuras y la tecnología actuales. 
Habrá que modificar las estructuras o la tecnología o ambas cosas. 
Creo que lo más justo para los diferentes grupos de transportes es que nos pongamos a la cabeza e instauremos un impuesto comunitario para el combustible de aviones. 
Sin embargo, para cambiar el orden existente en materia internacional, tendremos que abogar por la modificación de la Convención de Chicago de 1944. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, yo quisiera referirme brevemente al tema de la imposición de los servicios electrónicos y aclarar qué es lo que se debate. 
Cuando se realizan transacciones transfronterizas de bienes por vía electrónica, evidentemente se percibe el impuesto sobre el valor añadido. 
Cuando un producto atraviesa las fronteras por vía no electrónica también se percibe el IVA. 
El interrogante que se plantea es si éste se percibe cuando un servicio se presta por vía electrónica. 
También en este contexto, en numerosos casos ya se percibe el IVA. 
Éste se recauda cuando la operación se realiza entre Estados miembros de la Unión Europea. 
También entre los diferentes estados de los Estados Unidos se aplican en determinados casos- según me han informado- los impuestos sobre la compraventa allí vigentes. 
El único caso en el que hasta ahora no se recauda ningún impuesto es el de las prestaciones que se realizan en la Unión Europea desde un país tercero. 
Esto genera sin lugar a dudas una distorsión de la competencia, en primer lugar en relación con los operadores individuales que no comercian con los mismos productos, sino con otros equivalentes, y en segundo lugar con respecto a los proveedores que ofrecen productos análogos desde algún país de la Unión Europea. 
Esta distorsión de la competencia resulta inadmisible a largo plazo y, en consecuencia, yo quiero manifestar en nombre de mi Grupo que suscribimos las propuestas de la Comisión Europea y del ponente, Sr. García-Margallo y Marfil, en este contexto. 
En lo esencial, sólo se trata de regular de la manera menos burocrática posible el procedimiento que se deberá seguir y la propuesta francesa de establecer un sistema de registro en quince países no es, desde luego, la más adecuada en este sentido. 
En relación con el segundo punto incluido en el orden del día, la imposición del combustible de aviación, yo también coincido básicamente con la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
La imposición del combustible de aviación es un objetivo deseable por diversos motivos. 
Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que sólo se podrá llevar a cabo si se regula a escala internacional. 
Si la Unión Europea actúa en solitario, esto supondría que volar de Francfort al sur de España resultaría considerablemente más caro que volar de Francfort a Florida. 
También esto constituiría una distorsión de la competencia en detrimento de los proveedores europeos, que no podemos admitir. 
Por esto, yo creo que debemos realizar un esfuerzo para conseguir una regulación internacional en este ámbito. Una actuación europea en solitario no me parece, sin embargo, razonable, tal como opina también mi Grupo. 
Señor Presidente, los progresos conseguidos en la Cumbre Europea de Niza en el ámbito de la política fiscal europea son del todo insatisfactorios. 
El tema de la soberanía fiscal como expresión de la soberanía estatal parece haber adquirido aún mayor relevancia con la introducción del euro. 
Sin embargo, a estas alturas todos ya sabemos que la competencia fiscal incontrolada perjudica a todos. 
La posición ventajosa que pueda conseguir a corto plazo un país la obtiene a expensas de otro u otros Estados de la UE. 
El objetivo de una política fiscal europea, tal como se plantea, no es la recaudación de impuestos comunitarios ni tampoco una armonización fiscal. 
La finalidad es lograr una coordinación de los impuestos con objeto de evitar la competencia fiscal desleal y promover la seguridad jurídica, la transparencia y la eficacia. 
Por lo tanto, es muy de lamentar la política de bloqueo que se ha llevado a cabo en Niza. 
El principio de unanimidad continúa condicionando la política fiscal de la UE. Esto tiene que cambiar si queremos que el mercado interior funcione sin distorsiones. 
Hoy ya podemos constatar los problemas que se plantean en el caso del IVA y de la imposición de los productos energéticos. 
Muy pronto quedará patente que el mercado europeo de capitales también requiere un proceso de coordinación y armonización para que el plan de acción financiero tenga alguna oportunidad de llevarse a cabo. 
Por lo que respecta a las tres propuestas y la comunicación de la Comisión, yo quisiera señalar lo siguiente. 
Mi Grupo apoya los informes de los ponentes. 
Es muy lamentable que hasta la fecha todavía no se haya adoptado una directiva marco sobre la imposición de los productos energéticos. 
Como un primer paso, quizá convendría alcanzar un acuerdo sobre algún tipo de código de conducta que permita contribuir al ahorro energético y a la protección del medio ambiente por medio de instrumentos fiscales. 
La discriminación positiva del transporte aéreo se tiene que acabar. 
Desde luego, es necesario conseguir una regulación a escala internacional- en esto coincido plenamente con el ponente- con el fin de que la competitividad de las compañías aéreas europeas no se vea indebidamente afectada. 
Por consiguiente, sería realmente conveniente que la Comisión presentase informes que también indiquen la relación que existe entre la imposición y la reducción efectiva de las emisiones de CO2 y el ahorro energético. 
En segundo lugar, por lo que respecta al plazo de vigencia del tipo impositivo mínimo, lamento tener que constatar que todavía no se ha registrado ningún progreso con vistas a la transición a un sistema definitivo de recaudación del IVA basado en el país de origen, a pesar de la transparencia de precios en el mercado interior que determina el euro. 
Por lo tanto, no nos queda más remedio que acoger con satisfacción el enfoque pragmático de la Comisión, encaminado a mejorar mediante una diversidad de normas el sistema actual, que resulta demasiado complejo, burocrático y expuesto al fraude. 
Los diputados del Parlamento Europeo todavía no han logrado comprender por qué los gobiernos se muestran dispuestos a aceptar la pérdida de impuestos por valor de miles de millones debido al sistema actual. 
¿Por qué no puede reunir por fin la Comisión las diferentes directivas sobre el IVA en un reglamento que permita al menos una aplicación unificada de la normativa sobre el IVA? 
Deberían darnos una respuesta al respecto. 
Quizá todavía recibamos un regalo de Navidad. 
Por lo que respecta al régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica, la propuesta de la Comisión y del ponente merece nuestra aprobación. 
No es admisible que las empresas europeas del sector del comercio electrónico se encuentren en una posición competitiva desventajosa con respecto a las empresas de terceros Estados debido a que están sujetas al pago del IVA, tanto en sus operaciones en el mercado interior como también en el mercado mundial. 
Además, también es importante que el comercio electrónico no se vea favorecido ni perjudicado en relación con el comercio convencional. 
El registro en un solo país es, por lo tanto, un requisito adecuado, sencillo y eficaz. 
No obstante, dada la amplia banda de tipos impositivos del IVA, es necesario garantizar un reparto de los ingresos fiscales entre los Estados miembros, tal como también propone acertadamente el ponente. 
Señor Presidente, Europa será pionera en el uso de Internet en la próxima década. 
Así se dijo en la reunión de Lisboa en la primavera pasada. 
Ésta es una meta excelente y necesaria. 
Es un objetivo muy razonable si se quiere ser competitivo y estar en la vanguardia. 
Por eso, los liberales compartimos el anhelo de la Comisión, pero nos cuesta entender su propuesta concreta. 
Para que Europa llegue a ser el continente más dinámico y pueda sobrepasar al americano a la hora de atraer empresas de la nueva economía, tendremos que dar oportunidades al comercio electrónico. 
Europa necesita un mercado electrónico liberado del impuesto al valor añadido en lugar de burocracia y nuevos impuestos. 
En concordancia con las normas vigentes, las empresas comunitarias que venden música, juegos de ordenador, programas de ordenador y servicios que se distribuyen electrónicamente, pagan impuestos en la UE si los compradores pertenecen a la Unión. 
Las empresas de otros países, ajenos a la comunidad, no pagan impuestos. 
Esas normas afectan la competencia y, obviamente, deben modificarse, pero la propuesta de la Comisión es un paso en una dirección equivocada. 
Las empresas no comunitarias son obligadas a registrar una filial al menos en un país comunitario para poder hacer negocios en la Unión. 
En el informe se hacen algunos ajustes, como también ha hecho aquí el ponente, pero, de acuerdo a lo que hemos sabido, se comparten las ideas generales de la Comisión. 
Ésta no es una buena solución para Europa. 
Es una forma anticuada de pensar que no tiene cabida en la nueva economía. 
La propuesta pone a la UE a la zaga y en una situación difícil de controlar. 
Para dar a la Europa del comercio electrónico una buena partida, el Grupo liberal propone que se rechace la propuesta de la Comisión y que los países miembros puedan liberar del IVA al comercio electrónico. 
Esta liberación debería regir hasta que se estudien con detenimiento las reglas del IVA para los servicios y mercancías suministrados por vía no electrónica y hasta que se hayan alcanzado acuerdos en el ámbito de la OCDE, o de otro foro internacional, sobre criterios fiscales comunes para el comercio electrónico. 
Señor Presidente, dejemos que las experiencias del paquete de impuestos sirvan como ejemplo. 
Se necesitan criterios globales. 
Hay quienes se preguntan, señor Comisario, por qué los europeos siempre somos tan rápidos para fijar impuestos y establecer nuevas reglas. 
En la UE no se necesitan impuestos más altos sino que, por el contrario, más bajos. 
Señor Presidente, creo que las sucesivas intervenciones de sus señorías del Grupo Liberal demuestran la complejidad del problema. 
Es difícil comprender por qué los liberales desean suprimir la fiscalidad del comercio electrónico y aplicarla al queroseno de los aviones. 
Creo que es importante tener criterios en este tema. 
Los aviones no son menos modernos que el comercio electrónico. 
Los discos compactos no son tan arcaicos y sería necesario imponerles una tasa, mientras los programas que circulan por Internet quedarían fuera de la imposición de una tasa. 
Lo importante es saber, por una parte, si un sector muy importante de la actividad económica contribuye a hacer que funcionen los servicios públicos, y desde este punto de vista, la función de un impuesto como financiación del Estado es absolutamente incuestionable y no se puede eximir de ello al comercio electrónico. 
Por otra parte, la fiscalidad ha de ser decidida de forma que no estimule al consumidor a elegir las tecnologías más perjudiciales para el medio ambiente. 
Es actualmente ésta la situación que tenemos, cuando la falta de una imposición al queroseno favorece excesivamente a la aviación con respecto al ferrocarril, en un aspecto en el que el tren, por otras razones, como el ruido, o los atascos, debería verse favorecido en Europa. 
Estoy pensando en particular en el cuadrado Londres-París-Amsterdam-Francfort. 
Creo que la posición adoptada en los dos informes García-Margallo y Marfil de imponer una tasa al comercio electrónico y al queroseno es excelente: les votaremos. 
Felicitaremos especialmente a la Comisión por la valentía con la que nos estimula en materia de impuestos internos de nuestra aviación. 
Dicho esto, pensamos de forma colectiva que sería necesario considerar otro impuesto, otra carga que la que soportan los carburantes, un impuesto a todas las compañías aéreas en el despegue y aterrizaje en los aeropuertos de la Unión Europea, de forma que se pueda escapar a la reglamentación internacional y que se pueda también imponer una tasa a nuestros competidores. 
Señor Presidente, puesto que el Sr. Sjöstedt no puede estar presente en la Asamblea, quisiera, en su nombre, decir algunas palabras sobre el informe relativo a la imposición sobre el combustible de aviación. 
El tráfico aéreo aumenta considerablemente. 
Aunque sus emisiones constituyen una parte pequeña de la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, ellas aumentan con gran rapidez. 
Por eso, una de las claves de la política climática es encontrar métodos para la imposición sobre el combustible de aviación. 
Esto también crearía más justicia entre las diferentes clases de transporte. 
La Convención de Chicago ha quedado obsoleta en este punto. 
Necesitamos acuerdos internacionales sobre los impuestos medioambientales en lugar de las prohibiciones sobre estos impuestos que contiene la convención. 
Por eso aplaudimos especialmente el punto 16 del informe que menciona la renegociación de la convención. 
Mientras tanto, sería conveniente un sistema de tarifas medioambientales comunitarias para el sector de la aviación. 
En este punto, la UE tiene la oportunidad de demostrar que ve con seriedad la política del clima. 
Respaldamos el informe y las enmiendas de los Verdes, pero nos oponemos totalmente a las enmiendas del PPE. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión Europea por la que se sujeta al IVA la compra de productos digitales descargados directamente de la red en empresas no comunitarias por consumidores residentes en la Unión Europea, representa un duro golpe para el crecimiento del comercio electrónico. 
El objetivo que la Comisión querría alcanzar es eliminar la desventaja de las empresas europeas de comercio electrónico, cuyas servicios a los consumidores europeos ya están sujetos al IVA. 
Sin embargo, la solución que se propone está destinada a ser técnicamente inviable y a poner cortapisas a la promoción de las transacciones por Internet en la Unión, precisamente cuando todos auguran su expansión. 
Desde distintas partes, incluso dentro del Consejo que ha tomado la decisión de ganar tiempo, se ha subrayado que la propuesta es débil y presenta carencias que plantean numerosas objeciones. 
Sólo mencionaré algunas de ellas: las medidas adoptadas parecen inaplicables sin una eficaz cooperación de los demás países, en particular los Estados Unidos que, hoy por hoy, no están por la labor. 
¿Qué sucede si una empresa de Europa oriental no se registra en Europa a efectos del IVA? 
¿Acaso se piensa ennegrecer su sitio o perseguir a sus usuarios que continuarán descargando archivos de sitios de fuera de la Unión? 
La ventaja acabará por favorecer a las empresas que con relativa facilidad y con una casi segura impunidad no cumplirán la obligación de registrarse. 
¿Cómo puede una empresa que se dedica al comercio electrónico estar segura de la residencia declarada de sus clientes? 
Si el criterio europeo de obligación de registrarse tiene que tomarse como modelo a escala internacional para gravar el comercio electrónico, las empresas que lo practican, incluidas las europeas, estarían obligadas a registrarse en decenas y decenas de países, con gastos financieros cada vez más disparatados, especialmente para las empresas más pequeñas. 
También se podría añadir algo más, por ejemplo, en cuanto a la opción de gravar como servicio cualquier servicio prestado por vía electrónica y demás. 
Asimismo es incomprensible este celo por rentas imponibles e ingresos fiscales irrelevantes. 
La Comisión debería, por el contrario, emplearse a fondo para que en el ámbito de la OCDE o de la OMC se llegue a una definición conjunta y definitiva de los criterios de imposición del comercio electrónico. 
Por estas razones, vamos a votar en contra de este informe. 
Señor Presidente, son muy pocos los temas que despiertan tanto interés entre el creciente grupo de euroescépticos del Reino Unido como el IVA, por ser éste uno de los ejemplos concretos de injerencia de la Unión Europea en los asuntos tributarios nacionales. 
El impuesto en sí encarna muchas de las características de la Unión Europea que la hacen tan impopular en mi país: es complicado, burocrático, difícil y caro de administrar y, al menos en el Reino Unido, ha sido puesto en vigor por un cuerpo de inspectores draconiano e impopular. 
Respecto al informe del Parlamento, estoy en total desacuerdo con prácticamente cada palabra. 
No logro comprender, por ejemplo, por qué la introducción del euro exigiría una mayor o incluso una coordinación de los tipos del IVA. 
No considero que la introducción de un sistema común de IVA sea una prioridad y no estoy de acuerdo con que la introducción de un sistema común sea necesaria desde hace mucho tiempo. 
Es más, nada nos agradaría tanto a mí, a mi partido y a la gran mayoría de los empresarios del Reino Unido que la abolición total del IVA. 
Preferiríamos un impuesto más sencillo para gravar la venta al por menor de productos. 
Asimismo, preferiríamos poder decidir sobre nuestros propios impuestos y rechazamos la idea de un régimen fiscal común. 
Por consiguiente, respecto a la propuesta de la Comisión de ampliar el plazo para la introducción de la reforma, sólo puedo expresar mi neutralidad. 
Pero en lo que respecta a una reducción de dicho plazo, como propone el ponente, debo oponerme. 
Señor Presidente, Señorías, los sistemas fiscales de la Unión están perdiendo garra y capacidad de recaudación. 
Por un lado, se han vuelto tan complejos que su manejo plantea dificultades hasta para los expertos. 
Existen demasiados impuestos particulares y demasiado complejos. 
Los ciudadanos se sienten presionados por el Estado, pues las cargas fiscales vigentes, que ya plantean dificultades a los expertos, les resultan incomprensibles. 
El ciudadano considera automáticamente injustos unos gravámenes que no entiende. 
Su reacción es lógica: se niega a pagar impuestos. 
El contribuyente no debe evadir necesariamente el pago de impuestos para conseguir su propósito. 
Muy a menudo se reduce el rendimiento personal, pero también se transfieren ciertas actividades al extranjero. 
Nuestro objetivo no puede ser, por lo tanto, seguir alimentando esta espiral nacional negativa con la creación de nuevos impuestos, los llamados impuestos europeos. 
Tenemos que comprender que el esfuerzo que están dispuestos a realizar nuestros ciudadanos sólo mejorará si en Europa vuelve a merecer la pena esforzarse y trabajar. 
Ya sabemos cuáles son los datos indicativos: un gran número de nuestros Estados miembros presenta déficits presupuestarios con una tasa de impuestos y cotizaciones superior al 45%. 
La situación es distinta en los Estados Unidos, donde con una tasa inferior al 30% se consiguen excedentes presupuestarios de varios centenares de miles de millones de dólares. 
Nuestro objetivo debe ser, por lo tanto, desbrozar y simplificar nuestros sistemas fiscales y no aumentar, sino reducir, los impuestos. 
En consecuencia, debemos rechazar la imposición de los combustibles de aviación. 
La sexta directiva relativa al impuesto sobre el valor añadido se tiene que simplificar y, como mucho, se debería establecer un tipo impositivo máximo, pero de ningún modo un tipo mínimo. 
Es decir que también tendría que ser posible aplicar un tipo cero a la prestación de servicios electrónicos. 
Estoy en contra del llamamiento que hace la Sra. Torres Marques en favor de la armonización del IVA, pero en realidad quisiera referirme al informe García-Margallo sobre el comercio electrónico. 
Aunque aplaudo los heroicos esfuerzos del Sr. García-Margallo en el tema del combustible de aviación, me temo que no puedo estar de acuerdo con su posición sobre el IVA y el comercio electrónico, porque creo que la propuesta de la Comisión envía la señal equivocada. 
Deberíamos estar buscando medios para fomentar el comercio electrónico y no idear nuevas formas de gravarlo. 
La situación de facto de exención fiscal de gran parte del comercio electrónico en los Estados Unidos ha tenido sin duda enormes consecuencias para el fomento de la nueva economía y su formidable éxito en los Estados Unidos. 
Este impuesto no se puede hacer cumplir, por qué deberíamos malgastar tiempo, dinero y esfuerzos en la creación de un impuesto que no se puede recaudar. 
El día que un respetable "punto.com" comience a cobrar el IVA, un "punto.com" menos respetable comenzará a vender exactamente los mismos productos sin IVA y los clientes acudirán a él. 
La propuesta es discutiblemente incoherente con el Acuerdo de Ottawa, porque establece tipos impositivos diferentes para los productos que se venden por vía electrónica y aquellos que se venden por vía no electrónica, como por ejemplo, los periódicos que gozarían de un tipo reducido en su forma de entrega física. 
Para las empresas que operan a través de la vía electrónica será prácticamente imposible averiguar la situación del IVA de sus clientes, así como averiguar si sus clientes tienen su base de operaciones en la Unión Europea, si se trata de empresas o no. 
Y a medida que nos acercamos cada vez más al dinero electrónico, incluso la comodidad de tener una dirección de facturación para las tarjetas de crédito dejará de estar disponible para las empresas que operan por vía electrónica, cuando éstas intenten asegurarse de si deben cargar o no el IVA a un cliente en particular. 
El importe de los ingresos de los que estamos hablando es, por el momento, muy pequeño. 
No existe necesidad de precipitarse hacia esta legislación. 
Estamos hablando del futuro de la economía de Europa, el futuro de su e-economía, tomémonos el tiempo necesario para que esta propuesta quede bien. 
Quisiera pedir a la Comisión que se replantee la propuesta y que piense en una vía alternativa. 
La opción preferible en mucho es la de tipo cero para las e-empresas europeas, de cara a situarlas en igualdad de condiciones que las empresas estadounidenses y de otras partes del mundo. 
Señor Presidente, este debate me da ocasión para analizar a título personal el expediente de la fiscalidad. 
Adoptar la decisión de recaudar impuestos y tasas es uno de los fundamentos de cualquier sociedad organizada. 
No hay Estado sin impuestos. 
No es sorprendente que la Cumbre de Niza haya confirmado el principio de la unanimidad para todas las decisiones en materia fiscal. 
La Cumbre de Edimburgo limitó las contribuciones al presupuesto comunitario al 1,27 % del producto interior bruto europeo. 
El presupuesto de la Unión para el próximo año estará más cerca del 1% que de este límite máximo. Eso es poco, muy poco. 
Todos los Estados redistribuyen al menos el 30, con frecuencia el 40 y a veces más del 50% de su riqueza nacional creada en el año. 
Nadie puede definir el nivel óptimo de los impuestos obligatorios. 
Los liberales nos dicen que es necesario el menor Estado posible. 
Como ejemplo se pone a Estados Unidos. 
El presupuesto federal no redistribuye más que un tercio del PIB americano. 
En Europa, los impuestos obligatorios incluyen amplias transferencias para la financiación de las jubilaciones y los servicios sanitarios. 
En Estados Unidos, la protección social depende por el contrario ampliamente del sector privado. 
Así, los servicios sanitarios, liberalizados, que cuestan a los americanos el equivalente del 14% de su PIB, contra el 8 o el 9% en los países europeos. 
¿No sería necesario sumar estos costes de salud a los Estados Unidos si se pretende comparar los niveles de impuestos en ambos lados del Atlántico? 
Sea como sea, este rodeo me ha permitido constatar que la solidaridad organizada mediante el presupuesto americano es treinta veces más importante que la solidaridad organizada mediante el presupuesto comunitario. 
Sin solidaridad comunitaria amplia, pero que no pueda hacerse más que sobre la base de una estructura federal poco probable para un futuro previsible, los Estados de la Unión se verán obligados a conservar el control de su fiscalidad. 
Reconociendo esta realidad, nuestra Unión deberá, y podrá, coordinar la fiscalidad de Europa. 
Coordinar, armonizar, no significa uniformizar. 
La competencia fiscal está en el interés de los ciudadanos y la economía. 
Los Estados Unidos, la Confederación Helvética, conocen un mercado interior que funciona con una fiscalidad que varía ampliamente entre los Estados americanos y entre los cantones suizos. 
La local sales tax americana puede variar entre cero y diez puntos, aunque la diferencia entre Estados vecinos sea generalmente de un máximo de cinco puntos. 
Ello demuestra con toda evidencia que Europa no necesita de un tipo de IVA uniforme. 
Son necesarios impuestos mínimos, eventualmente un impuesto máximo, pero es necesario dejar a los Estados un margen que les permita políticas macroeconómicas propias. 
Es necesario luchar, evidentemente, contra toda competencia fiscal desleal, sobre todo en lo que respecta a la fiscalidad de las empresas. 
El grupo Primarolo ha elaborado unas reglas sencillas que es necesario aplicar. 
Es importante luchar contra el blanqueo de dinero, contra la criminalidad organizada, contra el fraude fiscal. 
Esto ya se está haciendo, incluso con los Estados que disponen del secreto bancario. 
Por consiguiente, estoy a favor de normas comunes, de umbrales de imposición mínimos. 
Una retención en origen a los productos del ahorro es aceptable, a condición de que sea razonable y liberadora. 
La imposición al ahorro es mal aceptada por muchos de nuestros conciudadanos porque tienen la impresión de que se les grava una doble imposición. 
El que gasta sus ingresos paga el IVA; el que ahorra el producto de sus ingresos ya gravados debe, en la lógica de Ecofin, pagar una retención en origen y será por lo demás gravado por vía de base tributaria. 
Deseo un impuesto en origen uniforme y liberador. 
Éste podría asignarse como un recurso directo al presupuesto comunitario. 
Las contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión deberían reducirse otro tanto. 
Esa manera de proceder ahorraría a Europa el sistema burocrático del intercambio de información concebido en Feira. 
Este sistema corre el riesgo por otra parte de conducir a una total renacionalización de la fiscalidad europea, ya que cada Estado podrá, en 2010, fijar su impuesto nacional como le parezca conveniente. 
Los demás Estados deberán simplemente proporcionar las informaciones necesarias para la imposición nacional. 
Para mí, Feira no es un progreso, sino una regresión en materia de una necesaria coordinación fiscal en Europa. 
Señor Presidente, es realmente enternecedor escuchar alegatos pretendidamente angelicales a favor de promover el comercio electrónico, pero aquí el problema que tenemos es el de una desventaja competitiva real de nuestras empresas europeas, y el de corregir esta situación mediante el establecimiento de unas determinadas reglas del juego, de manera que todos los servicios prestados a particulares por vía electrónica en la Unión Europea estén sujetos a IVA. 
Así, para que los operadores de fuera de la Unión estén sujetos a las mismas obligaciones fiscales que los operadores domésticos cuando procuran servicios a los consumidores, deberán registrarse a efectos de IVA en un Estado miembro de su elección, siendo el tipo de IVA del Estado elegido el aplicado a sus operaciones. 
En la Comisión de Asuntos Económicos debatimos el asunto y hubo quienes se pronunciaron por la exención fiscal para este tipo de servicios, argumentando que así se eliminaría la desventaja competitiva. 
Yo creo que este argumento es falaz. 
Es un argumento impropio y no acorde con la legislación europea, además de producir agravios comparativos con los servicios prestados por otros medios. 
Y, además, no es verdad que en los Estados Unidos se haya introducido una moratoria en la fiscalidad de los servicios electrónicos. 
Apoyamos, por lo tanto, la propuesta de la Comisión en su conjunto y el excelente trabajo del Sr. García-Margallo y Marfil. 
Personalmente propuse una enmienda sobre armonización de tipos de IVA tendente a corregir los efectos de competencia desleal derivados de la facultad de elección, por parte de los operadores foráneos, a la hora de registrarse, dado que existe para ellos una banda muy amplia- entre el 15 y el 25%- en el tipo de IVA, mientras que los operadores domésticos no pueden elegir. 
Entiendo, sin embargo, que se ha encontrado una solución mejor para compensar a los Estados miembros por las pérdidas de ingresos por IVA causadas por estas diferencias de tipos, solución que encuentro satisfactoria. 
Como objeción, el Grupo que represento en esta Asamblea opina que se debería corregir el hecho de que, mientras los periódicos disfrutan normalmente de tipos de IVA reducidos, esta reducción no sea de aplicación a los periódicos por vía electrónica. 
Señor Presidente, francamente ya parece haber llegado con creces el momento de introducir la imposición del combustible de aviación. 
En realidad, resulta inexplicable que todos los demás combustibles estén sujetos a una fuerte tributación, pero no así el queroseno, a pesar de que justamente el transporte aéreo presenta una enorme tendencia creciente, tanto en el ámbito del transporte de mercancías como en el de pasajeros. 
Este incremento aparece asociado también a un aumento de la tasa de emisión de gases de invernadero y de ruido. 
La imposición de los combustibles persigue varios fines. 
Por un lado, estos impuestos contribuyen, naturalmente, como todos los demás, a financiar los presupuestos estatales. 
Por el otro lado, también persiguen, no obstante, el objetivo regulador de reducir el consumo de combustible, es decir, el consumo de fuentes de energía fósiles, así como la emisión de gases de invernadero. 
Estos impuestos siempre plantean, por lo tanto, a la industria el reto de producir vehículos que consuman menos combustible. 
Esto es justamente lo que deseamos conseguir también en el caso de los aviones. 
¿Por qué no ha de tributar el combustible de aviación, al menos de ahora en adelante? 
En definitiva, también se trata de suprimir el trato desigual que reciben los diferentes medios de transporte. 
Es cierto que la situación no es, sin embargo, tan sencilla. 
El transporte aéreo cubre distancias más largas que cualquier otro medio de transporte y, sobre todo, también atraviesa fronteras, incluidas las fronteras de la Unión Europea. 
Los aeropuertos de la UE ya mantienen una intensa competencia ahora, en ausencia de una imposición del queroseno. 
Ésta se explica fundamentalmente por la diferencia entre las normas de ámbito regional que regulan los vuelos nocturnos, que afectan sobre todo al transporte de mercancías. 
La presión de la competencia de precios a que están sujetas las compañías aéreas por este solo motivo ya es enorme. 
Si ahora introdujésemos en solitario la tributación del combustible de aviación en Europa, los operadores europeos prácticamente ya no podrían competir con las compañías aéreas no europeas. 
Destruiríamos el mercado europeo. 
La imposición del queroseno sólo se puede introducir, por lo tanto, mediante un consenso internacional que permita garantizar la igualdad competitiva. 
Europa debe hacer un esfuerzo para conseguirlo, aunque el camino será largo y difícil. 
Sin embargo, mientras tanto existen ciertamente otras posibilidades reguladoras; una de ellas serían, por ejemplo, la imposición de tasas de despegue y de aterrizaje vinculadas a las emisiones en todos los aeropuertos europeos. 
Éstas afectarían a todas las compañías aéreas, tanto europeas como no europeas. 
Sería una medida neutral desde el punto de vista de la competencia. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por la celeridad con que ha elaborado su informe sobre el IVA y el comercio electrónico. 
Creo que los comentarios que he escuchado hoy en la Asamblea casi nos llevan a pensar que no necesitamos este tipo de informe, pero naturalmente sí lo necesitamos. 
Siempre nos resulta tentador compararnos con los Estados Unidos y afirmar que, puesto que ellos no pueden encontrar una solución satisfactoria, tampoco podremos nosotros. 
Pero lo cierto es que el IVA sobre productos y servicios se aplica en toda la Unión Europea. 
Ese impuesto ya existe. 
Ese impuesto no es nuevo y debe aplicarse. 
Y debe aplicarse también a Internet. 
De lo contrario, ¿qué ocurriría? 
Ya se ha hecho referencia al tema de la competencia desleal. 
¿Por qué el sector de la venta al por menor debería verse tan perjudicado y sufrir las consecuencias para que otro sector crezca? 
Si es que realmente puede verse afectado por lo que sugiere la propuesta, cosa que dudo. 
Asimismo, esta propuesta se ajusta, tal como yo la veo, a los principios acordados en ECOFIN, que a su vez se ajustan a los principios de la OCDE reconocidos en la Conferencia de Ottawa. 
El lugar de origen en el que debe aplicarse el impuesto es motivo de preocupación y creo que las deliberaciones en torno al número de países que cumplirían las condiciones para que las empresas puedan registrarse en ellos será un tema espinoso y, naturalmente, provocará una queja de los Estados Unidos ante la OMC. 
Pero no creo que el comercio electrónico vaya a ser aplastado por la repentina aplicación del IVA, como si de un ogro se tratara. 
Creo que el auténtico problema es que las empresas de venta al por menor de la UE continuarán sufriendo las desventajas que sufren en la actualidad. 
Resulta divertido oír algunos de los comentarios que se están haciendo hoy en la Asamblea, pero sin duda también resulta divertido recordar que el tipo de sociedad de las tarjetas de crédito, de la que quizá forman parte personajes como los que aparecen en la popular serie de televisión "Trotters Independent Trading Company" en el Reino Unido, sea el que defienden algunos desde la otra parte de la Asamblea. 
¿Terminaremos teniendo ese tipo de sociedad de las tarjetas de crédito, con un comercio electrónico disfrazado de vaquero que puede hacer lo que le plazca? 
No lo creo. 
Ése no es el modo en que debemos organizar la sociedad y por ello creo que la presente propuesta es excelente. 
Señor Presidente, quisiera saludar calurosamente el informe sobre la imposición del combustible de aviación porque aborda de lleno el hecho de que la aviación es la fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que crece con mayor rapidez y porque la actual exención de la aviación del impuesto sobre el combustible, lejos de desalentar dichas emisiones, en realidad fomenta y potencia artificialmente el sector de la aviación y el daño al medio ambiente que conlleva. 
Acojo con especial satisfacción el hecho de que el informe refuerce uno de los argumentos clave que presenté en mi informe en nombre de la Comisión de Transportes y que fue sometido a votación en este Parlamento hace unos meses, a saber, que habida cuenta de que sin duda es políticamente difícil alcanzar un acuerdo internacional sobre la tributación de la aviación, al menos a corto plazo, deberíamos buscar herramientas alternativas para lograr el mismo efecto, incluida una tasa por las emisiones. 
Dicha tasa podría ser impuesta a todos los vuelos que aterricen o despeguen de aeropuertos de la Unión Europea, a todas las compañías aéreas, y se han realizado muchas investigaciones que demuestran que esta medida no tendría efectos negativos sobre la competencia. 
Podría aprobarse muy rápidamente sin necesidad de un consenso internacional y permitiría realizar avances significativos hacia la internacionalización de los costes medioambientales. 
La importancia de seguir avanzando con rapidez en este tema es obvia. 
Las previsiones de crecimiento de la aviación en todo el mundo son aterradoras. 
Las cifras oficiales apuntan a una duplicación del número de pasajeros en apenas quince o veinte años, y si analizamos lo que eso significa únicamente en términos del Reino Unido, para poder atender una demanda de esa magnitud, necesitaríamos cuatro nuevos aeropuertos como el de Heathrow u ocho nuevos aeropuertos como el de Gatwick. 
Eso sería a todas luces inaceptable tanto desde una perspectiva política como medioambiental. 
Por tanto, en vez de intentar suplir la demanda prevista, debemos intentar gestionar y reducir dicha demanda garantizando que el precio de la aviación refleja más fielmente su coste medioambiental. 
Cuando los billetes de avión son un 42% más baratos hoy que hace diez años, es evidente que la política de precios es equivocada. 
Carece por completo de sentido que yo pueda viajar de Londres a Bruselas ida y vuelta por apenas 89 libras en Virgin Airways, por ejemplo, mientras que cuando utilizo Eurostar, que produce muchos menos gases de efecto invernadero y ofrece un modo de viajar mucho más cómodo, deba pagar el equivalente a unas 250 libras por un viaje similar. 
Por tanto, para terminar, es hora de que adoptemos medidas en este ámbito y si no hacemos algo al respecto sin pérdida de tiempo, nuestros esfuerzos para intentar reducir las consecuencias del cambio climático serán inútiles. 
Señor Presidente, esta tarde quiero expresar mi preocupación por la propuesta relativa a la imposición del combustible de aviación. 
Aunque el informe reconoce que no es posible imponer a nivel internacional un impuesto sobre el queroseno debido a la exención estipulada en el Convenio de Chicago, la introducción de un impuesto semejante a nivel intracomunitario o bilateral acarrearía graves perjuicios a la industria de la aviación del Reino Unido y de toda Europa. 
No sólo incrementarían nuestras tarifas aéreas de manera espectacular- posiblemente en unas 80 libras por billete, lo que representaría una amenaza para la supervivencia de las compañías aéreas más pequeñas- sino que el daño afectaría asimismo a la industria aeroespacial, al turismo, a las empresas y, naturalmente, al transporte aéreo de mercancías, que actualmente mueve una tercera parte del transporte mundial de mercancías. 
No es cierta la afirmación de que la aviación no soporte sus costes. 
En realidad, la industria paga el 100% de sus costes de infraestructura a través de las tasas de control de tráfico aéreo y de aeropuerto, que en 1998 se elevaron a un total de 4.000 millones de dólares USA; a diferencia de otros medios de transporte, como el ferrocarril o la carretera, que siguen estando fuertemente subvencionados. 
Hay que reconocer estos hechos. 
Por otra parte, imponer este impuesto aportaría escasas ventajas al medio ambiente, como quedó demostrado con la introducción del impuesto para los pasajeros aéreos en el Reino Unido. 
La aviación es responsable del 2,5 % de las emisiones de CO2 en todo el mundo. 
Otros enfoques, como el de la actividad comercial y las compensaciones, serían más ecológicos y aportarían mejores resultados. 
Por último, estas medidas destruirían la competitividad de la industria europea con respecto al resto del mundo y además ocasionarían la pérdida masiva de puestos de trabajo. 
Por tanto, en lo que a mí respecta, seguiré hablando a favor de una industria que a menudo es señalada como el gran lobo feroz. 
El presente informe está mal construido por parte de la Comisión y de este Parlamento. 
El público en general merece algo mejor. 
Están los que se oponen a cualquier imposición, incluida la del comercio electrónico. 
Están aquéllos que, en lugar de intentar resolver la cuestión a nivel europeo, piensan que sigue siendo mejor remitirla a otras instancias para no resolverla. 
Pienso en especial en la intervención del Sr. Dell ' Alba. 
Están aquellos, como el Sr. Titford, que defienden con vigor su interés nacional, que prefieren la competencia fiscal a la coordinación europea. 
No formo parte de ellos. 
Creo, al igual que el Sr. Skinner, que las propuestas del ponente, Sr. García-Margallo y Marfil, relativas al IVA aplicado al comercio electrónico son buenas. 
Pensamos que la evolución de las técnicas nos obliga a revisar nuestro sistema fiscal. 
La situación actual no es favorable. 
En concreto, cuando un francés compra un programa informático a una empresa americana, está exento de IVA, mientras que un americano que realiza una adquisición parecida en una empresa francesa debe pagar los impuestos en vigor en Francia. 
Veo para la empresa americana una doble ventaja de competencia. 
No estoy segura de que sea el mejor medio para dar apoyo a nuestra propia industria del comercio electrónico. 
Ahora bien, parece que hay muchas voces, incluso en este hemiciclo, que se han alzado para apoyar esta industria. 
La distorsión de competencia entre Estados miembros y Estados terceros no nos parece aceptable. 
Las propuestas de la Comisión permiten progresar en la vía de una mayor coordinación y van en el buen sentido. 
Viene a continuación el argumento según el cual un sector debería librarse del impuesto porque está en pleno crecimiento. 
No estoy de acuerdo. 
En fin, se ha hablado de propuestas que hubiera podido hacer la Presidencia francesa para que la imposición se hiciera en el lugar de consumo, con una obligación para los prestatarios de estar registrados en todos los Estados miembros. 
La propuesta de nuestro ponente se une a las propuestas de la Comisión para una inscripción única en un Estado miembro. 
Si esto puede ser la base de un compromiso, sería posiblemente un buen compromiso, a condición de que no se introduzca con este método una distorsión de competencia por las diferencias de tipos de IVA aplicables en nuestros diferentes Estados miembros. 
El mecanismo de precaución que propone nuestro ponente va en este sentido. 
Esta es la razón por la cuál, con los demás miembros de mi Grupo, le daré mi apoyo. 
Señor Presidente, yo quiero agradecer al ponente, Sr. García-Margallo y Marfil, el trabajo que ha realizado. 
Por mi parte, voy a referirme sólo a la imposición del combustible de aviación. 
En este mismo momento, paralelamente a esta sesión, estamos manteniendo conversaciones con el Director General Currie sobre los resultados de las negociaciones de La Haya. 
En este contexto es preciso constatar, lamentablemente, que las emisiones del tráfico aéreo constituyen un problema que, aunque porcentualmente no sea demasiado grande, se está incrementando mucho y, por lo tanto, no deberíamos desdeñarlo. 
Sin embargo, primero tenemos que ponernos de acuerdo, pues en la Asamblea existe una gran diversidad de opiniones en cuanto al método que querríamos seguir para abordar este problema. 
Yo creo que existe un consenso en lo que respecta a la enorme dificultad de alcanzar una solución de alcance mundial, si bien lo óptimo sería que lo consiguiésemos. 
Ahora algunos- incluida también la mayoría de la comisión competente- se muestran partidarios de establecer un impuesto europeo y el ponente observa, con razón, que éste sólo nos permitiría atacar una pequeñísima parte del problema y, sobre todo, crearía grandes dificultades para la industria. 
Por esto, yo creo que existen buenas razones para contemplar con escepticismo esta solución, aun cuando también dentro del Grupo del PPE existe diversidad de pareceres. 
Sé que en mi país, mi partido se pronunciaría decididamente a favor de un impuesto europeo, pero yo creo que ha llegado el momento de que intentemos aproximar seriamente nuestras posiciones y procuremos conseguir el máximo impacto a favor del medio ambiente con la menor distorsión posible de la competencia para la industria europea. 
Convendría examinar seriamente la propuesta de las tasas de despegue y aterrizaje vinculadas a las emisiones, ya que permitiría incluir también a los aviones americanos y japoneses que aterrizan en Amsterdam, Londres, París o Francfort y, por lo tanto, tendría un mayor impacto sobre la protección del medio ambiente y distorsionaría menos la competencia. 
Podría plantear algún problema con la OMC, pero yo creo que es tarea de la Comisión intentar alcanzar, como parte de las negociaciones en el marco de la OMC, una solución que sea compatible con sus normas y que a poder ser también se pueda aplicar a los demás socios. 
Señor Presidente, considero del todo inadecuada la idea de establecer unilateralmente regímenes fiscales sobre el combustible de aviación en la Unión Europea, habida cuenta de que, a nivel mundial, seguimos estando sujetos al Convenio de Chicago de 1944, que exime internacionalmente de tributación al queroseno. 
La medida situaría en posición de desventaja a las compañías aéreas europeas en relación con aquéllas de terceros países y distorsionaría las estructuras de tarifas intracomunitarias con respecto a las intercontinentales. 
Aunque la expansión del tráfico aéreo y las consecuencias para el medio ambiente del calentamiento del planeta y la contaminación son problemas graves e importantes, creo que sería más eficaz intentar atajar dichos problemas dentro de un marco internacional. 
Si centramos nuestra atención con estrechez de miras únicamente en las actividades que se desarrollan en la Unión Europea, corremos el riesgo de perjudicar a nuestra industria sin lograr avanzar en la tan necesaria reducción de las emisiones. 
Este mismo problema de intentar imponer una solución regional a un problema global surge con la espinosa cuestión del IVA sobre los servicios electrónicos digitales. 
Imponer el IVA a los proveedores de terceros países, en su mayoría estadounidenses, no sólo es poco práctico, sino que además, en el caso de los periódicos y los libros, da lugar a desigualdades entre los mismos productos vendidos por vía electrónica en detrimento de aquéllos vendidos en una tienda. 
Además, intrínsecamente, no es posible imponer ni recaudar dicho impuesto, a menos que esté regulado a nivel internacional, porque no hay ninguna duda de que los servidores se establecerían en terceros países fuera de la jurisdicción de la UE. 
El plan será perjudicial para el desarrollo de las PYME, tanto de dentro como de fuera de la Unión, especialmente habida cuenta de la propuesta de reducir el umbral de exención al nivel prohibitivamente bajo de facturación de 40.000 euros anuales. 
Personalmente estoy a favor del tipo cero de IVA para todos los servicios digitales hasta que por fin se alcance un acuerdo internacional. 
Por último, el informe Torres Marques sobre el tipo normal mínimo del IVA representa una armonización fiscal encubierta y amenaza el tipo cero que existe en el Reino Unido para ropa de niños, alimentos y prensa. 
Como Conservador británico no puedo por menos que lamentar los altos tipos de los impuestos indirectos que existen en toda la Unión Europea y espero que con el fomento de la competencia fiscal podamos presionar a nuestro Gobierno Laborista para que los baje en el Reino Unido. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Goebbels se ha referido al acuerdo de Feira y ha expresado una opinión muy crítica al respecto. 
Yo tampoco puedo sumarme a la euforia y los aplausos que se han escuchado en muchos sectores. 
Permítanme que comente sólo dos aspectos. 
Por una parte, en Austria, la imposición final de los rendimientos del capital ha dado muy buenos resultados. 
Ésta genera seguridad jurídica para todos los ahorradores y ciudadanos individuales. 
Sin embargo, a mí me parece que sólo en el marco de la OCDE, y no mediante negociaciones individuales puntuales, será posible alcanzar una solución que no provoque una salida de capitales de Europa. 
En segundo lugar, quiero referirme muy brevemente a las propuestas relativas a los servicios prestados por vía electrónica, fundamentalmente aquellos que se obtienen directamente a través de Internet, así como los servicios de radio y televisión. 
Yo creo que en este contexto debemos evitar generar cualquier tipo de desventaja competitiva en Europa. 
Sin embargo, más allá de esta posición en principio positiva, quiero señalar que la propuesta de la Comisión parece prematura y en parte también poco meditada, si se consideran las numerosas cuestiones todavía pendientes. 
Las posibilidades de aplicar el texto actual parecen, además, muy dudosas; a mi parecer, sería más prudente regular la aplicación del IVA a escala de la OCDE, aun cuando en ese contexto posiblemente se deba basar sólo en un código de conducta. 
En tercer lugar, la UE no se debería precipitar a adoptar normas jurídicas y debería hacer todo lo posible para fortalecer el comercio electrónico, en lugar de generar inseguridad. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, Sr. Bolkstein, desde el punto de vista del futuro de Europa, es absolutamente indispensable que todas las partes integrantes de la sociedad de la información europea estén en igualdad de condiciones con los agentes del sector de los países externos a la Unión Europea. 
Nosotros, los responsables de las decisiones políticas de la UE, no debemos debilitar con nuestras acciones la competitividad de Europa, sino que, tal y como dijo, por ejemplo, el Sr. Schmidt en su intervención, debemos cumplir los puntos acordados en Lisboa y reforzar por todos los medios el dinamismo de la Unión Europea. 
Si somos demasiado codiciosos al afrontar la cuestión que nos ocupa, estaremos poniendo realmente en peligro el futuro del importante comercio electrónico en Europa. 
Naturalmente, estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con todos los colegas que han intervenido aquí hoy en que la competencia desleal existente ahora en estos mercados debe ser corregida lo antes posible. 
Los efectos distorsionantes pueden ser eliminados de dos maneras: 1) bien estableciendo que las empresas provenientes de terceros países estén sujetas a las mismas obligaciones fiscales que las empresas europeas, o bien, 2) eximiendo también del pago del IVA a las empresas europeas de este sector en incipiente desarrollo, aunque sea de forma provisional. 
En cuanto a la susodicha propuesta de la Comisión, considerando los diversos problemas aún sin solución mencionados por muchos de los oradores y que se derivan, entre otras cosas, del control del sistema, de la certificación de la residencia fiscal o del justo reparto de los impuestos recaudados, estoy convencida de que, por el momento, sería más razonable adoptar la línea que quedó en minoría durante los trabajos preparatorios de la comisión parlamentaria. 
Así pues, apoyo a todos los que quieren una exención fiscal provisional para las empresas europeas en lo concerniente a los productos del comercio electrónico. 
Tampoco comprendo muy bien los alegatos a favor de que los productos ofrecidos por vía electrónica sean tratados del mismo modo que los productos tradicionales. 
La Sra. Randzio-Plath, por ejemplo, hizo esta afirmación. 
Yo creo que son dos cosas completamente distintas leer la prensa de la mañana en la terraza de una cafetería, que hacerlo por Internet en la pantalla del ordenador del despacho. 
Se trata de un producto diferente. 
. 
(NL) Señor Presidente, quisiera comenzar con la imposición del IVA sobre los servicios electrónicos. 
Este tema ha recibido mucha atención los últimos meses desde la propuesta de la Comisión del 7 de junio de este año. 
Soy consciente de que determinados miembros se ven desbordados con opiniones encontradas. 
Desde la introducción, el Parlamento y el Consejo han realizado grandes esfuerzos. 
A pesar de que estoy convencido de que la propuesta de la Comisión que sigue encima de la mesa constituye un punto de partida adecuado, también constato que el Parlamento y el Consejo participan de forma constructiva. 
Constituye una base adecuada para continuar las negociaciones. 
Quiero expresar mi agradecimiento especialmente al señor García-Margallo y Marfil por su contribución y por las ideas positivas que se incluyen en su informe. 
El Grupo de Asuntos Financieros del Consejo se ha ocupado de forma intensiva de la cuestión del IVA y del comercio electrónico. 
Los resultados de la negociación se debatieron en el ECOFIN de finales de noviembre. 
Creo que las conclusiones de los ministros constituyen un paso en la dirección adecuada. 
El Consejo ha alcanzado un consenso en torno a las siguientes líneas maestras: los servicios electrónicos deben gravarse en la Comunidad siempre que el consumo se produzca en la Comunidad. No se gravaran en la Comunidad si el consumo se produce en el exterior. 
El punto de partida de que los proveedores de fuera de la Comunidad que suministren a clientes dentro de la Comunidad sólo deben registrarse en un lugar no puede suponer un desplazamiento de los ingresos fiscales entre los Estados Miembros. 
Por lo tanto, se deben adoptar medidas para evitar esta situación. 
En términos generales, se admite que se debe tratar de encontrar una solución en la que los proveedores de fuera de la comunidad sólo se deban registrar en un único lugar, lo que constituye un requisito imprescindible para la Comisión. 
En este sentido, quisiera hacer algunas observaciones en torno a la interpretación posterior. 
La idea del ponente de desarrollar un mecanismo para evitar perturbaciones como consecuencia de las diferencias tarifarias cuenta con el apoyo de la mayoría de los Estados Miembros. 
Creo que lo anterior puede combinarse con la propuesta inicial de la Comisión de un único registro sin generar barreras burocráticas para las empresas. 
Quisiera recalcar que nos estamos refiriendo a un sistema de redistribución de las recaudaciones y no al reparto de las mismas. 
El sistema de redistribución de las recaudaciones deberá elaborarse de forma más detallada. 
Resulta positivo que exista un criterio objetivo y claro, concretamente el Estado Miembro en el que resida el consumidor. 
De esta forma se evita la complejidad derivada de la aplicación de criterios macroeconómicos o similares. 
A pesar de que no espero que surjan problemas técnicos sin solución, a lo largo de los próximos meses se deberá dedicar mucho tiempo a la elaboración en detalle y especialmente a la base legal que permita recaudar impuestos en todos los Estados Miembros mediante una sola declaración. 
Como de costumbre, debemos encargarnos de que la solución elegida no despierte temores fuera de la Comunidad en lo que respecta a los proveedores que no tengan su sede en la misma. 
En este sentido, creo que el Consejo deberá analizar de nuevo los importes umbrales para el registro y evaluar si se puede lograr una solución equitativa. 
Sin embargo, aún se deben regular una serie de comercios minoristas. 
Creo que bajo la presidencia francesa se han logrado grandes avances y estoy convencido de que Suecia proseguirá este camino en el año 2001. 
Teniendo en cuenta que el debate en el seno del Consejo aún prosigue y la voluntad de la Comisión de zanjar de forma adecuada la cuestión del IVA y del comercio electrónico a corto plazo, creo que lo mejor en este momento es no asumir formalmente las propuestas de modificación del Parlamento, sino hacerlas realidad en la medida de lo posible a través de las negociaciones en el seno del Consejo. 
Sin embargo, existe un aspecto en el que no estoy de acuerdo con la opinión del Parlamento y, concretamente, en lo que respecta a la introducción de una tarifa reducida o incluso nula para los servicios electrónicos, una idea que esta tarde han citado varios parlamentarios. 
El IVA es un impuesto general sobre el consumo. 
Existen escasas exenciones para el IVA y las que existen se introdujeron generalmente por motivos culturales o sociales. 
Los servicios electrónicos no pueden incluirse entre las exenciones y no se puede beneficiar a una parte del mundo empresarial. 
La intención de mi propuesta consiste en eliminar la desigualdad existente y crear condiciones iguales para las empresas europeas y no europeas. 
Quiero recalcar que, al margen de la citada diferencia de criterio, existe un consenso generalizado entre el enfoque del Parlamento y el del Consejo en lo que respecta concretamente al registro, los importes umbrales y la redistribución de las recaudaciones, además de que se incluyan los aspectos apuntados por el Parlamento en los futuros debates del Consejo. 
En principio también me muestro dispuesto a asumir la propuesta de modificación del Parlamento en relación con la colaboración administrativa. 
Se trata de una medida simplificadora que regula el intercambio de información entre los Estados Miembros acerca de los números de IVA en el comercio electrónico y a partir de ahora tendremos muy en cuenta la propuesta tanto en el Parlamento como en el Consejo. 
Permítanme tratar ahora la propuesta referida al nivel mínimo de la tarifa normal. 
A pesar de los esfuerzos del Parlamento y de la Comisión, tal y como se demuestra en su informe, hasta la fecha apenas se han logrado avances en los trabajos para sustituir la actual normativa de transición del IVA pro una normativa definitiva basada en los impuestos en los países de origen. 
Asimismo, se debe hacer referencia al hecho de que el actual clima en el que las condiciones no son favorables para una armonización adicional de los tipos de IVA no permite vislumbrar avances significativos en el futuro próximo. 
Por ello, y sin renunciar a la idea de un sistema definitivo pero con vistas a la mejora del funcionamiento del mercado interior a corto plazo, la Comisión ha definido una nueva estrategia para el IVA que gira en torno a cuatro objetivos principales; la simplificación y modernización de las normas existentes, una aplicación uniforme de las disposiciones actuales y un desarrollo preciso de la cooperación administrativa. 
Por este motivo, esta propuesta trata de mantener la armonización existente en el ámbito de los tipos de IVA mediante la fijación de un nivel mínimo del 15% para el tipo normal. 
El período propuesto de cinco años refleja la estabilidad que defiende la nueva estrategia del IVA y la reducción de este plazo a tres años, tal y como propone el ponente, resultaría escasa para permitir a la Comisión cumplir sus obligaciones. 
Por este motivo, no puedo aceptar las modificaciones propuestas. 
En caso de que las circunstancias cambiaran en los próximos años de forma drástica e imprevisible, la Comisión podrá valorar en todo momento la posibilidad de presentar una nueva propuesta al respecto. 
Finalmente, quisiera referirme al informe sobre la fiscalidad de los combustibles de aviación. 
La comunicación de la Comisión en relación con los impuestos sobre el combustible de aviación se ajustaba a la petición del Consejo en su resolución del 9 de junio de 1997. 
En ella, el Consejo solicitaba a la Comisión más información acerca de todos los aspectos de la introducción de un impuesto de este tipo y, en concreto, acerca de los efectos medioambientales, la posición competitiva y la rentabilidad del sector aeronáutico en la Unión Europea con respecto a sus competidores fuera de la Unión, así como acerca de la posibilidad de emplear otros instrumentos con efectos similares. 
Esta comunicación tuvo en cuenta las conclusiones de un amplio estudio en el que se llegaba a la conclusión de que los efectos medioambientales y las consecuencias para la recaudación fiscal, además de otros efectos, dependían principalmente de dos factores: el tipo impositivo y su ámbito de aplicación. 
Me complace que el informe del señor García-Margallo apoye en líneas generales las conclusiones de la Comisión. 
La sugerencia de ampliar el ámbito de aplicación de los aranceles sobre los aceites minerales al combustible de aviación, poniendo por lo tanto fin al tratamiento residual existente de los distintos medios de transporte, ha contado con un gran apoyo. 
Este enfoque tuvo, en términos generales, una buena acogida durante las negociaciones que tuvieron lugar en el seno del Consejo. 
Se produjo un apoyo similar para la recomendación de celebrar negociaciones posteriores en el marco de la organización internacional para la aviación civil, la ICAO, y concretamente durante su 33ª asamblea general que tendrá lugar en septiembre y octubre del año 2001. 
Estas negociaciones serán muy complejas teniendo en cuenta que durante la anterior asamblea general no se llegó a ningún acuerdo en torno a la posibilidad de introducir un impuesto que gravara el combustible de aviación. 
Una de las consecuencias secundarias es que no se ha llevado a cabo ninguna labor preparatoria de importancia en el seno de los grupos de trabajo de la ICAO y parece improbable que durante la próxima asamblea general se decida renegociar el Convenio de Chicago. 
No obstante, la Comunidad puede ejercer una fuerte presión para que se incluya la revisión de las disposiciones de la ICAO existentes en relación con la fiscalidad del combustible de aviación en el programa de trabajo de dicha organización, destacando los posibles efectos medioambientales de una medida de este tipo ante otros miembros de la ICAO. 
Una resolución de la asamblea general de la ICAO que dejara el camino libre para una solución internacional en relación con la fiscalidad del combustible de aviación o la utilización de otros instrumentos con efectos similares constituiría un paso decisivo en la dirección adecuada. 
Por último, deduzco que el Parlamento Europeo desea ir más allá que la Comisión en lo que respecta a la opinión de la Comisión de que en este momento no sería factible o deseable introducir un impuesto sobre el combustible de aviación exclusivamente para vuelos dentro de la Comunidad realizados por compañías aéreas comunitarias por los motivos que aquí se han expuesto ampliamente esta tarde. 
El Parlamento Europeo opina que en un sector de rápido crecimiento como el sector aeronáutico, los efectos medioambientales de medidas con una importancia relativamente menor no se deben considerar insignificantes. 
Sin embargo, quisiera destacar que la actual legislación fiscal comunitaria no permite gravar exclusivamente vuelos nacionales e intracomunitarios. 
Esto sí sería posible tras la aprobación por parte del Consejo de la propuesta de la Comisión referida a la reestructuración de los impuestos sobre productos energéticos que se lleva debatiendo en el Consejo desde marzo de 1997 y de la que esta Cámara sabe que aún no se ha logrado ningún avance. 
Ha debido ocuparse de un buen número de ellos y ha sido de gran ayuda con sus explicaciones sobre los aspectos técnicos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Erika II 
Procedemos a continuación a la comunicación de la Comisión sobre la segunda serie de medidas en materia de seguridad marítima (Erika II). 
. Señor Presidente, Señorías, hace hoy exactamente un año que se producía el naufragio del petrolero Erika. 
Un naufragio que supuso la contaminación de 400 km. de costas francesas, con consecuencias gravísimas para el entorno ecológico, para los ciudadanos que vivían y tenían negocios en esa zona, ya fueran ostreicultores, mariscadores, pescadores o sencillamente ciudadanos relacionados con el sector turístico. 
Este accidente, ocurrido después de otros muchos, suscitó la indignación y desánimo de las poblaciones afectadas y de la opinión pública en general ante la opacidad del sector marítimo y la inadaptación de la normativa en vigor para evitar problemas como éste. 
Este sentimiento, lamentablemente, pervive todavía hoy en el ánimo de la opinión pública en Europa. 
El hundimiento del Erika tuvo un efecto totalmente nuevo y sorprendente. 
Nunca antes se había hablado tanto de seguridad marítima en la Unión Europea. 
Por primera vez ha habido una toma de conciencia en torno a la necesidad de encontrar soluciones europeas a este tipo de cuestiones relacionadas con la contaminación marina. 
Es evidente que un solo Estado de la Unión no puede tener influencia real sobre el transporte marítimo mundial y, por otra parte, hoy en día la organización marítima internacional es demasiado lenta y carece de medios eficaces para controlar adecuadamente las reglas que promulga. 
Los ciudadanos europeos han reclamado insistentemente que las instituciones europeas tomen medidas rápidas y drásticas para poner fin al escándalo de la navegación de conveniencia. 
Un año después del naufragio del Erika, debemos todos preguntarnos si de verdad hemos sabido responder o no a las expectativas de los ciudadanos. 
Creo sinceramente que, a la vista de los avances logrados rápidamente en los trabajos de nuestras respectivas instancias, es innegable que todas las instituciones hemos comprendido y asumido plenamente la importancia de la cuestión. 
Por su parte, tan solo tres meses después del accidente, la Comisión asumió sus responsabilidades y adoptó un primer paquete de medidas, que el Parlamento Europeo refrendó plenamente el pasado 30 de noviembre. 
Además de estas primeras medidas, la Comisión acaba de adoptar el 6 de diciembre un segundo paquete que, en mi opinión, responderá todavía más directamente a las expectativas de la población y deberá cambiar, además, profundamente las reglas del juego en materia de transporte marítimo, en mayor beneficio de la seguridad marítima y de la protección de nuestras costas contra los riesgos de contaminación. 
Y en ese sentido, hoy quiero presentar muy brevemente el contenido de este nuevo paquete llamado Erika II. 
En primer lugar, se trata de poner en pie un sistema europeo de control del tráfico marítimo. 
Así, la primera medida es una propuesta de directiva por la que se establece un sistema europeo de seguimiento, control e información sobre el tráfico marítimo. 
Es manifiesto que el control por el Estado del puerto, sea cual sea el rigor con el que se efectúe, sólo protege parcialmente a los Estados contra los riesgos de accidente y de contaminación, en particular por parte de los buques en tránsito. 
La propuesta de la Comisión tiene, por tanto, tres objetivos esenciales: primero, efectuar un mejor seguimiento y control del tráfico de todos los buques frente a nuestras costas. Para ello, los buques deberán ir equipados de elementos que permitan su identificación y seguimiento automáticos desde tierra. 
Otro elemento, cuya importancia a los ojos de los parlamentarios conoce la Comisión, lo constituyen las cajas negras, que también son exigidas por esta Directiva, que deberán emplazarse a bordo de los buques que hagan escala en un puerto europeo, para facilitar la investigación de los hechos en caso de accidente en el mar o, eventualmente, para facilitar el control del Estado del puerto. 
Ello obligará, señores diputados, al capitán y a las tripulaciones a gobernar el buque con mayor cuidado. 
El segundo objetivo consiste en simplificar y acelerar, en caso de accidente, la transmisión de información detallada sobre las cargas peligrosas o contaminantes, obligando a los buques y a las autoridades a comunicar los datos por vía electrónica. 
Y el último objetivo de esta Directiva es reforzar la gestión de las situaciones de urgencia en el mar, mediante la obligación de designar puertos de refugio, la prohibición de hacerse a la mar durante una fuerte tempestad y unas mayores competencias de intervención en el mar por parte del Estado costero en caso de riesgo grave de contaminación. 
En segundo lugar, otro elemento de este paquete consiste en la mejora de las normas en vigor en materia de responsabilidad y compensación de daños en caso de contaminación por petróleo o derivados. 
Baste recordar que el caso de la marea negra del Erika nos ha mostrado la insuficiencia y la lentitud de unas indemnizaciones, que están lejos de haber cobrado las víctimas y los afectados por esta contaminación cuando ya ha transcurrido un año del siniestro. 
Y que, además, no podrán ver resarcidos el 100% de los daños que han padecido. 
Así, la prioridad de la Comisión es intentar resolver estos dos problemas, y la solución que proponemos es completar los fondos existentes con la creación de un Fondo europeo financiado por las compañías petroleras, que ofrezca a las víctimas una compensación rápida de hasta 1 000 millones de euros, en lugar de los 200 millones de euros- 180 millones de dólares- que actualmente otorgan los servicios internacionales. 
Paralelamente vamos a dirigirnos a las instancias internacionales para intentar revisar en detalle el régimen fijado por los convenios internacionales. 
En el caso de que la OMI no adoptase las medidas necesarias, la Comisión presentaría al Parlamento y al Consejo una propuesta sobre un régimen comunitario de responsabilidad e indemnización en caso de contaminación por hidrocarburos. 
Además, cualquier persona que haya contribuido por negligencia grave a causar una contaminación estará sujeta a sanciones disuasorias, lo que servirá para fomentar un comportamiento responsable por parte de la industria marítima en su conjunto. 
La tercera medida del paquete Erika II es la propuesta de creación de una Agencia europea de seguridad marítima, que aportará a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión el apoyo técnico necesario para poner en marcha la legislación comunitaria aplicable y servirá de plataforma entre los Estados y la Comisión para el desarrollo de prácticas y procedimientos armonizados, además de facilitar el tráfico fluido de la información entre los distintos puertos y entre los distintos Estados y las administraciones. 
En efecto, con más de quince directivas o reglamentos en vigor, urge uniformizar las prácticas y ejercer un mayor control sobre la aplicación de las normas comunitarias, para evitar diferencias importantes e inaceptables en el ámbito de la seguridad marítima que podrían producirse dentro de la Unión. 
La Agencia europea de seguridad marítima constituye una primera etapa hacia una integración cada vez mayor de las prácticas administrativas de los Estados miembros, lo que quizá lleve un día a la creación, como ha sido solicitado por parte de esta Asamblea reiteradamente, de un verdadero cuerpo europeo de guardacostas. 
Pero, Señorías, todavía no estamos ahí. 
Señor Presidente, deseo que el Parlamento aproveche la ocasión de esta fecha altamente simbólica- el primer aniversario del naufragio del Erika- para recordar su determinación y aportar a la Comisión el apoyo que necesitará a lo largo del proceso legislativo. 
Este asunto es de una importancia crucial, ya que la Unión Europea ha afirmado a través de él, a los ojos del mundo exterior y de sus ciudadanos, su capacidad para imponer en un entorno internacional, en principio desfavorable, sus propias exigencias en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación. 
Les recuerdo que los Jefes de Estado o de Gobierno, reunidos hace tan solo tres días en el Consejo Europeo de Niza, han otorgado un impulso político decisivo a este segundo paquete de medidas, reconociendo que tiene por objeto reforzar la seguridad marítima, mejorar el sistema europeo de información sobre el tráfico marítimo y crear una agencia que colmará las insuficiencias del régimen internacional en vigor. Y tan es así que han recomendado a los Estados el adoptar a priori y tan pronto como sea necesario, las medidas correspondientes sin esperar a que el procedimiento parlamentario y de Consejo nos permita la aprobación definitiva de las directivas a las que me he referido. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, yo la felicito nuevamente por su clara y comprensible presentación del paquete Erika II y, sobre todo, también de la necesidad de que controlemos igualmente los buques en tránsito- siempre de conformidad con el Derecho marítimo internacional -, en lugar de controlar sólo los buques que hacen escala en puertos comunitarios. 
Los demás buques en tránsito pueden seguir contaminando nuestras costas como hasta ahora y todavía más. 
Por esto yo creo que el enfoque es absolutamente adecuado. 
En cuanto a la responsabilidad, tenemos que examinar con gran cuidado este aspecto. 
Las compañías petroleras nos dicen que han creado un fondo voluntario. 
En consecuencia, debemos preguntarnos si es necesario contar con un fondo estatal. 
Si usted nos dice que la experiencia demuestra, lamentablemente, que ello resulta insuficiente, intentaremos ponerle remedio. 
Señora Vicepresidenta, ¿cree usted que existen posibilidades de que el Consejo adopte el paquete Erika I dentro de este mes de diciembre? 
El Parlamento adoptó su decisión el 30 de noviembre; su proyecto era bueno y la decisión fue rápida. 
¿Cree usted que el Consejo todavía podría aprobar el paquete Erika I ahora, en diciembre? 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Comisaria su continuo compromiso en el ámbito de la seguridad marítima. 
Me gustaría que respondiera a dos preguntas. 
En primer lugar, ¿cómo piensa convencer al Consejo para que adopte su propuesta relativa a las cajas negras que deberán llevar los buques? 
Nosotros estamos intentando hacerlo en la primera serie de medidas (Erika I). Evidentemente, acogeríamos con satisfacción su apoyo en este sentido, pero queremos saber cómo convencerá a estos Estados miembros a hacer algo que hasta ahora no parecen estar dispuestos a hacer. 
En segundo lugar, su serie de medidas no incluye ninguna para atajar el problema de los Estados que figuran en la lista negra o de los pabellones de conveniencia, entre los que, lamentablemente, se incluyen Chipre y Malta, países en los que el 50, 60, 70, 80% de la flota está defectuosa. 
¿Qué medidas propone la Sra. Comisaria para atajar el problema de estos Estados "delincuentes" que aparecen en la lista negra y continúan violando abiertamente el Derecho marítimo internacional? 
. Señor Presidente, en primer lugar, es clave no sólo controlar los buques que vienen a nuestros puertos, sino también algunos buques en tránsito con cargas peligrosas y en situaciones de riesgo. 
Eso nos parece esencial. 
En segundo lugar, espero que los ministros sean capaces, aunque sea a las 4 o las 5 de la mañana, de aprobar el paquete Erika I. Yo espero que después de la decisión y la afirmación tan clara por parte del Consejo Europeo de Niza, esa indicación sirva para romper las últimas resistencias por parte de algunos países que, fundamentalmente, estaban preocupados porque iba a salir más caro destinar más personas a controlar en los puertos, lo que era realmente el problema del Consejo. 
Si no es así, el Consejo tendrá una cierta responsabilidad, por no decir una gran responsabilidad, en este retraso y los ministros tendrán que explicarlo a sus opiniones públicas. 
Señor Watts, en primer lugar, le agradezco su confianza y, en segundo lugar, le señalo que hemos incluido el tema de la caja negra, cumpliendo así el compromiso adquirido con su Señoría. 
En cuanto a la caja negra, hay que decir que la Organización Marítima Internacional prevé para los buques que navegan en rutas nacionales una obligación de este tipo a partir de julio de 2008 y nosotros queremos que se adelante la fecha. 
Yo espero que después del impulso de Niza, se hayan reducido las dudas y las resistencias de algunos países y que lo consigamos. 
En cuanto al fondo, señalo muy brevemente dos cuestiones: los barcos de lista negra y las banderas de conveniencia. 
Señoría, incluso los países que tienen una menor seguridad en sus barcos cuentan con algunos barcos que sí son seguros; en ese sentido, no podemos, según las leyes internacionales, excluirlos a priori. 
Lo que sí podemos hacer es lo que hemos indicado, es decir, que la pertenencia a uno de esos países que tienen barcos de poca seguridad, no sólo países con bandera de conveniencia, sino además, especialmente poco cuidadosos en cuanto a la seguridad, sea un índice para que sistemáticamente se les inspeccione cuando toquen un puerto europeo. 
Y en cuanto a la cuestión de la responsabilidad, sólo diré que el fondo que existe actualmente no es suficiente para indemnizar todos los daños causados por la marea negra del Erika. 
Es necesario, pues, un incremento de ese fondo y vamos a intentar realizarlo en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, pero si ésta no llega a cubrir los 1 000 millones de euros, que es la cantidad que a nuestro juicio sería razonable y que es más o menos la que contempla en estos momentos Estados Unidos, habrá que recurrir a unas iniciativas y a un fondo especialmente europeo. 
Quiero recordar a sus Señorías que en seguridad aérea las indemnizaciones que se aplican en el ámbito europeo y en el ámbito norteamericano, no equivalen a los mismos importes que los aplicados en otros países. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como usted ha señalado, la semana que viene se cumplirá un año del accidente del Erika y todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo el Parlamento Europeo y el Consejo para la aprobación de la iniciativa del primer paquete de seguridad marítima. 
En este primer paquete hay una propuesta relacionada con la Directiva 57/94, referente a las inspecciones de los buques y las sociedades de clasificación. 
La principal dificultad radica en la modificación del artículo 6 de dicha Directiva; la Comisión y el Parlamento Europeo proponen la introducción de unas compensaciones económicas para cubrir las posibles responsabilidades de las sociedades de clasificación en los casos de accidentes marítimos. 
Si el meollo de la cuestión está centrado en esas compensaciones, yo le pido, señora Comisaria, que retire usted la modificación del artículo 6 y también le pido al resto de compañeros del Parlamento Europeo que retiremos las modificaciones del artículo 6 y lo dejemos para este segundo paquete que usted nos acaba de anunciar. 
Señor Presidente, hace un año la marea negra contaminó el país bretón en Francia, contaminó el instrumento de trabajo de miles de trabajadores vinculados al mar, contaminó la vida de toda una región. 
En este caso, el responsable no es una empresa difícil de identificar. 
Es Total. 
Su sede social está en el territorio de la Unión Europea. 
Dice usted que el fondo de indemnización no es suficiente. 
¿Por qué entonces no se embargan los beneficios de Total hasta la indemnización completa y rápida de todos aquéllos que han sufrido y sufrirán en el futuro las consecuencias de la lucha criminal por los beneficios? 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. de Palacio por sus palabras. 
Confiamos, evidentemente, en ella para garantizar la seguridad marítima, porque debe saber que no pasa ni una semana sin que seamos interpelados con esta pregunta: "¿ Qué hacen ustedes, diputados europeos, para garantizar la seguridad, para cambiar las reglas ?". 
Dos cuestiones. 
Con respecto al paquete Erika I, ¿ha recibido Vd. respuesta, por parte de los Estados miembros acerca de su voluntad concreta de invertir y aumentar el número de inspectores? 
Porque sabemos bien que, si no aumentan el número inspectores, todo lo que se haya decidido aquí no serviría de gran cosa. 
Con respecto al paquete Erika II, me conformaré con una pregunta en forma de observación, ¡habría tantas que hacer! 
Ha hablado usted, y me alegro mucho por ello, de guardia costera europea. 
¿Es verdaderamente una idea que ha calado, porque hay muchas personas a quienes interesa? 
¿Se puede considerar la creación de la agencia marítima europea como el esbozo o las premisas para una guardia costera europea? 
. Señor Ortuondo, en relación con su intervención acerca del artículo 6, sobre la responsabilidad en caso de contaminación menor, le diré que lo primero que voy a ver es qué dice el Consejo, pero ya hay una posición del Parlamento. 
Es decir, o el Consejo acepta la posición que ha acordado el Parlamento o, si no, habrá una segunda lectura. 
Éstas pueden ser las negociaciones en este momento, pero creo que éste no es el único problema, ojalá fuera así. 
En segundo lugar, le diré a su Señoría que quien podría tener la capacidad de confiscar o congelar los fondos de una compañía concreta para indemnizar unos daños o demás, es la justicia francesa, que podría establecer responsabilidades más allá de las previstas según los criterios objetivos que plantea la actual reglamentación internacional sobre contaminación por hidrocarburos. 
Ahí no se entra en quién es culpable o no, sino que, sencillamente, se paga; pero hay un techo máximo, como bien sabe, de 180 millones de dólares, unos 200 millones de euros, que, como he dicho, es insuficiente. 
Por lo tanto, eso le correspondería, si acaso, al Gobierno francés. 
No le corresponde a la Comisión hacer ese tipo de planteamientos. 
Señoría, por ahora no se nos ha comunicado un incremento del número de inspectores, pero espero que así sea. 
Acaban de acordar que hay que aplicar las directivas antes de que entren en vigor; pues pueden contratar más inspectores sin que esté la directiva. 
Lo han dicho los Jefes de Estado y de Gobierno, que lo pongan en marcha, pues. 
Yo espero que así sea, y, desde luego, en el próximo Consejo se lo recordaré a todos los ministros. 
En cuanto a los guardacostas europeos, creo que lo que puede facilitar la existencia de la agencia es que, por lo menos, empecemos a coordinar más la acción de los distintos cuerpos que actúan en las distintas aguas de la Unión Europea y que son diferentes en cada país. 
Este asunto queda cerrado. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0559/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 33 formulada por (H-0873/00): 
Asunto: Propuesta del anteproyecto de presupuesto británico relativa a una viñeta fiscal para los camiones extranjeros ¿Tiene conocimiento la Comisión del anuncio del Ministro de Hacienda británico, el 8 de noviembre de 2000, de su intención de imponer un impuesto viario especial a todos los camiones extranjeros que utilicen las carreteras británicas? 
¿Puede señalar la Comisión si se le ha comunicado esta propuesta, si infringe la política europea de libre comercio y si viola la legislación comunitaria? 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión tiene conocimiento de que uno de los planes anunciados por el Gobierno del Reino Unido el 8 de noviembre de 2000 es la introducción de una especie de tasa para los usuarios de las carreteras del mismo tipo que la viñeta que pagan todos los transportistas por carretera, británicos y no británicos por igual, por utilizar la red vial del Reino Unido. 
La Comisión, por consiguiente, no ve ningún indicio de que la medida anunciada represente una discriminación directa por motivos de nacionalidad del transportista ni de procedencia o punto de destino del vehículo. 
A condición de que los pormenores de la aplicación del pago en cuestión tampoco introduzcan una discriminación indirecta y se ajusten a las reglas específicas pertinentes por las que se rige la introducción de tasas para los usuarios en la Unión Europea, este tipo de pago parece, en estos momentos, ser conforme con la legislación comunitaria en vigor, es decir, con la Directiva 1999/62/CE. 
Esta directiva, aprobada por unanimidad en 1993, establece las condiciones según las cuales los Estados miembros pueden, si así lo desean, cobrar a los usuarios importes basados en el tiempo o peajes. 
El objetivo general de esta legislación es la eliminación de distorsiones de la competencia a través del establecimiento de mecanismos justos de tarificación para cobrar a los transportistas por los costes de infraestructura y la armonización de los regímenes de derechos reguladores dentro del mercado interior de la Unión Europea. 
Doce de los quince Estados miembros ya han adaptado sus regímenes de derechos reguladores en los que se pone mayor énfasis en el cobro directo a los usuarios de tasas o peajes, y menos a través de los impuestos. 
La Comisión considera que estas disposiciones van en la dirección acertada hacia el establecimiento de sistemas de tarificación más justos, que además incentivan un uso más racional y eficaz de la red vial. 
Las medidas anunciadas por el Reino Unido apuntan a este tipo de reajuste de su sistema de tarificación. 
La Comisión sigue de cerca el desarrollo del plan del Reino Unido para asegurarse de su plena compatibilidad con los principios generales de la UE y su legislación específica. 
El Gobierno del Reino Unido ha confirmado que está preparando su respuesta a la petición de la Comisión de información detallada sobre todo el paquete de medidas previstas en el Reino Unido. 
La Comisión analizará y hará una evaluación de dichas medidas. 
Dependiendo del resultado de este análisis, la Comisión decidirá a continuación su línea de acción en el cumplimiento de sus funciones de ayudar a los Estados miembros en la adopción de medidas justas para ellos y que al mismo tiempo respeten los derechos de los demás. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Comisario su respuesta y decir que me tranquiliza que al menos será necesaria una explicación exhaustiva. 
Según mi información, en su declaración, el ministro británico afirmó con toda claridad que se trataba de un impuesto para los camiones extranjeros y los transportistas extranjeros. 
La pregunta complementaria que me gustaría formular es la siguiente: ¿Es conforme al Derecho comunitario, en opinión del Comisario, que un camionero, que paga los impuestos en su país y cumple su legislación, no pueda cruzar la frontera y entrar en un Estado vecino? 
Vivo en una parte de la Unión en la que para pasar de una zona del país a otra es necesario cruzar por territorio del Reino Unido. 
Por tanto, ¿es admisible que se pueda detener a un vehículo en la frontera de un Estado miembro vecino, a pesar de que éste cumple todas las obligaciones legales en su país? 
En segundo lugar: Si, de acuerdo con la intención original del ministro, éste propone gravar a los camiones extranjeros para subvencionar a los transportistas de su país, ¿es eso contrario al Derecho comunitario? 
. (EN) Señor Presidente, el distinguido diputado comprenderá que es difícil y probablemente poco adecuado que la Comisión especule sobre hipótesis y posibilidades. 
En la respuesta de la Comisión he presentado los principios y criterios y he asegurado al Parlamento de que la Comisión analizará y hará un seguimiento del desarrollo del plan del Reino Unido, incluida su aplicación en la práctica, y ni que decir tiene que la inexistencia de toda discriminación, ya sea directa o indirecta, será un punto de referencia crucial en dicha evaluación. 
Tengo una pregunta similar, a saber la que aparece en el número 60 de la lista de preguntas. 
Pensé que mi pregunta y ésta recibirían una respuesta conjunta, pero al parecer no es ése el procedimiento que se sigue en esta Asamblea. 
Agradezco al Sr. Monti su respuesta. 
Me tranquiliza algo porque, leyendo entre líneas, creo que el Comisario ha captado el mensaje. 
¿Puedo preguntarle, señor Comisario, si tiene conocimiento de que el anuncio que hizo el Ministro británico el 8 de noviembre- si necesita una copia del comunicado de prensa podemos proporcionársela- decía específicamente que este impuesto para los camioneros o "Brit-tax", como lo denominamos, iba destinado a los transportistas extranjeros o no británicos? 
Lo cierto es que se intentaba apaciguar los ánimos de los transportistas británicos que protestaban contra los precios del gasóleo en Gran Bretaña. 
En consecuencia, pregunté a la Comisión si estaba al corriente de ello. 
A raíz de las críticas recibidas, especialmente de Irlanda y Francia, se cambió la medida y ahora el ministro de Hacienda británico le ha dado un giro diferente: ahora se presenta como una tasa por derecho de uso para todos, incluidos los conductores de camiones británicos. 
Estoy seguro de que en un año de elecciones en Gran Bretaña, a sus conductores de camiones les interesará saber que deberán pagar 1.500 libras adicionales al año además de sus impuestos. 
¿Sería contrario al comercio intracomunitario cualquier intento de reembolsar el equivalente a ese importe a los transportistas británicos? 
. (EN) Gracias por la pregunta complementaria. 
Debo ceñirme a las medidas anunciadas y me resulta aún más difícil especular sobre las repercusiones del asunto, habida cuenta de que no soy el Comisario responsable de ese ámbito específico. 
Espero que lo entiendan y sólo puedo volver a hacer referencia a los elementos que presenté en la respuesta que ofrecí hace unos minutos. 
En respuesta a su Señoría, que ha preguntado cómo afecta a la competencia en el sector del transporte por carretera la estructura del sistema de tarificación del Reino Unido, quizá pueda añadir que, por el momento, los transportistas británicos pagan peajes o derechos de uso- la "viñeta fiscal" -cuando circulan por otros países como Francia o Bélgica, a pesar de que en su país también pagan elevados impuestos de circulación, contribuyendo así a la amortización de los costes de infraestructura de la red vial de Gran Bretaña. 
Por otro lado, los transportistas no británicos no pagan nada cuando circulan por Gran Bretaña. 
Por consiguiente, no contribuyen en absoluto a los costes de infraestructura de carreteras en Gran Bretaña y, al mismo tiempo, pagan impuestos de circulación más bajos en sus respectivos países. 
Este desequilibrio de carácter económico entre las tasas y los impuestos que soportan los transportistas en los diferentes Estados miembros distorsiona las condiciones en las que los transportistas de diferentes nacionalidades compiten en el Reino Unido. 
Pregunta nº 34 formulada por (H-0916/00): 
Asunto: Nuevas medidas contra la EEB e importaciones de alimentos de terceros países A la vista de las nuevas medidas que se están adoptando a nivel de la UE como resultado del brote de EEB en Francia y la confirmación por parte del Consejo de la necesidad de proteger al consumidor y recuperar su confianza, y teniendo en cuenta asimismo el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria del comisario David Byrne y el establecimiento de la Autoridad de Seguridad Alimentaria, ¿qué garantías puede dar la Comisión sobre las importaciones de alimentos de terceros países? 
¿Cómo podemos estar seguros de que grandes volúmenes de importaciones de terceros países se ajustan a las normas de la UE y de qué manera va a despejar la Comisión los temores de los consumidores a este respecto? 
. (EN) Señor Presidente, habida cuenta de cómo ha evolucionado la situación en la Comunidad Europea, la Comisión está enviando escritos a terceros países, en los que pone en su atención las medidas adoptadas en la Unión Europea en relación con la EEB y les advierte de la necesidad de estudiar la introducción de medidas similares. 
Asimismo, el Comité científico pertinente está realizando un estudio del riesgo geográfico de la EEB que representan los distintos terceros países, y esperamos disponer de los resultados durante el primer semestre de 2001. 
La política que deberá seguirse respecto a las importaciones de terceros países se decidirá a la luz de dicho estudio. 
Recientemente he visitado Polonia, Hungría y la República Checa, países en los que he hecho hincapié en la necesidad de mantener la guardia respecto al riesgo de la EEB. 
Me he comprometido a garantizar que los alimentos que se ponen a disposición de los consumidores, tanto si proceden de dentro o de fuera de la Unión Europea, cumplen las normas más estrictas. 
La Comunidad dispone de varios mecanismos para proteger la salud de los consumidores en lo que se refiere a la seguridad de las importaciones de alimentos de terceros países. 
La Oficina Alimentaria y Veterinaria realiza sobre el terreno inspecciones y controles para verificar que las exportaciones procedentes de dichos países cumplen los requisitos de la UE en materia de salud animal y salud pública. 
Asimismo, la Directiva 97/78 del Consejo de 18 de diciembre de 1997 establece los principios por los que se rige la organización de controles veterinarios de los productos que entran en la Comunidad procedentes de terceros países. 
De conformidad con dicha directiva, las exportaciones de carne de terceros países están sujetas a controles sistemáticos en la frontera exterior de la Comunidad para garantizar que se respetan los requisitos comunitarios. 
La Comisión también es consciente de la necesidad de garantizar que las exportaciones de la Unión Europea a terceros países no entrañan ningún riesgo para la seguridad alimentaria. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su respuesta y por su liderazgo tan positivo en este ámbito crucial, y debo decir que su respuesta ha sido tranquilizadora también desde la perspectiva de los consumidores. 
No obstante, como la Asamblea sabrá, algunos países, principalmente los Estados Unidos, se resisten a acatar las normas de la UE sobre seguridad alimentaria. 
¿Podría informar a la Asamblea, señor Comisario, del volumen de carne y productos cárnicos que entra en la Comunidad procedente de terceros países y sobre la situación sanitaria de dichos productos- es posible que en estos momentos no esté en condiciones de responder a la pregunta- y podría informarnos también acerca de cuál es la situación respecto a la utilización de harinas animales en los piensos en dichos países exportadores y hasta qué punto es posible abordar, dentro del contexto del comercio mundial, este problema que ya ha alcanzado una magnitud internacional? 
Debemos encontrar una solución internacional a un problema que está afectando gravemente a los consumidores de todo el mundo. 
. (EN) No estoy en condiciones de ofrecerle las cifras exactas del volumen de las importaciones de carne de vacuno procedentes de terceros países, pero puedo decirle que dichas exportaciones están sujetas a las normativas correspondientes y que las consideraciones de seguridad alimentaria se rigen por dicha legislación. 
Sobre la cuestión de harinas animales: su exportación está cubierta exactamente igual por la legislación que regula la producción de harinas cárnicas y de huesos en la Unión Europea, y también está sujeta a la obligación de suprimir de las harinas animales, por ejemplo, los despojos de animales enfermos, legislación que entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2001. 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0936/00): 
Asunto: Ayuda financiera de la Unión Europea al sistema educativo palestino Parece ser que muchos de los libros de texto escolares editados por la Autoridad Nacional Palestina contienen verdaderos mensajes antisemitas y de instigación al odio contra el pueblo judío, algo que en cualquier Estado miembro sería constitutivo de delito de instigación al odio racial y perseguido en consecuencia por la justicia. 
La Unión Europea no tiene como misión financiar la incitación al odio y a la guerra. 
Sin embargo, desde los acuerdos de Oslo de 1993 tanto la Unión como los Quince financian masivamente el sistema educativo palestino. 
Se pide por consiguiente a la Comisión que dé su opinión sobre estos textos dignos de Mein Kampf, que indique si tiene intención de condicionar sus futuras ayudas al respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, y que manifieste si piensa o no condenar el adoctrinamiento que se ejerce sobre los niños y su explotación en el marco del conflicto judíopalestino. 
. (EN) Naturalmente comprendo la preocupación de su Señoría. 
En lo que respecta a la Comisión, nunca hemos apoyado financieramente la producción o distribución de libros de texto ni la preparación de los programas de estudio. 
La ayuda al sistema de enseñanza se centra principalmente en la infraestructura, equipamiento de los colegios y la ayuda directa al gasto escolar, por ejemplo, salarios. 
La Autoridad Palestina no ha solicitado jamás a la Comisión la financiación de los planes de estudio ni de los libros de texto. 
La Comisión está dispuesta a plantear ante la Autoridad Palestina esta cuestión que ha formulado su Señoría. 
Asimismo, estaré encantando de llevar los motivos de preocupación de su Señoría a la atención de los Estados miembros, aunque los proyectos bilaterales son competencia de los Estados miembros y no de la Comisión. 
Quisiera señalar asimismo que el artículo 2 del Acuerdo interino de asociación CE/Palestina declara de manera explícita que la cooperación mutua entre ambas partes deberá estar basada en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos, por los que se guía su política interior e internacional. 
A su Señoría quizá le interese saber que durante estos últimos años hemos financiado varios proyectos, por un valor aproximado de 4,5 millones de euros, destinados a fomentar el diálogo entre los jóvenes israelíes y palestinos. 
Señor Presidente, los judíos son enemigos de profetas y creyentes. 
Los judíos son traidores y desleales. 
Los estudiantes deben comprender que existe un vínculo entre nazismo, fascismo y sionismo. 
Los judíos buscan la persecución. 
Conspiran con los hipócritas. 
Se trata de algunos extractos de los manuales escolares palestinos que sirven de base a la educación de los niños en los territorios, educación que nosotros financiamos, por cierto, de manera importante. 
Y lo ha dicho usted, señor Comisario, en especial con respecto a los salarios, la Unión Europea financia una educación que en realidad se ha convertido en propaganda antisemita. 
Le he preguntado sobre la participación de la Comisión en los programas pedagógicos, y me ha contestado usted aproximadamente, señor Comisario. 
Le he preguntado también sobre el control que la Comisión podría efectuar sobre estas ayudas y no me ha respondido usted sobre este punto, porque en realidad no se produce un verdadero control. 
Lamento decirle, señor Comisario que su respuesta no me interesa. 
He planteado preguntas concretas y espero respuestas concretas sobre un tema grave. 
¿Está usted dispuesto, o no, a subordinar las ayudas comunitarias, y no las de los Estados miembros, al respeto por los derechos fundamentales de la persona humana? 
. (EN) Como estoy seguro de que ha oído su Señoría, me he referido al artículo 2 de nuestro acuerdo interino de asociación con la Autoridad Palestina. 
También he dicho que tenemos intención de retomar la cuestión planteada por su Señoría con la Autoridad Palestina. 
Reitero una vez más esa promesa. 
Rechazamos cualquier intento de utilizar el sistema de enseñanza para fomentar la intolerancia o el odio. 
Ésta es nuestra opinión sobre la situación en Cisjordania y Gaza. 
Es nuestra opinión de la situación en cualquier lugar del mundo. 
Nuestra ayuda a la región siempre ha estado centrada principalmente en el fomento de la cultura de la paz, la tolerancia y los derechos humanos. 
Por tanto, repito, llevaremos este asunto ante las autoridades palestinas. 
Abrigo grandes esperanzas de que en todos los países de la región descubramos que los servicios de enseñanza fomentan la tolerancia y no la intolerancia. 
Acojo con satisfacción lo que ha dicho el Sr. Comisario sobre plantear esta cuestión ante las autoridades palestinas, pero quiero remitirle a la última parte de su primera respuesta, a saber, el diálogo entre los jóvenes de Israel y los jóvenes palestinos. 
¿Se propone reforzar los esfuerzos de la Comunidad en este ámbito? 
Ahí está el futuro: potenciar el entendimiento y la tolerancia entre estos dos pueblos. 
La tarea comienza por los jóvenes. 
Destinamos algunos fondos a este fin, pero si nos paramos a pensar en la magnitud del problema, el importe resulta aún relativamente pequeño. 
¿Estudiará, señor Comisario, el modo de ampliar esta partida del presupuesto comunitario? 
La cuestión que plantea su Señoría es importante. 
Debemos analizar más proyectos en este ámbito, sin olvidar aquellos que dirigen las organizaciones no gubernamentales. 
He podido ver personalmente algunos de ellos. 
Pregunta nº 36 formulada por (H-0867/00): 
Asunto: Fusión de Texaco y Chevron ¿Dentro de qué marco y con arreglo a qué calendario piensa responder la Comisión al anuncio de la fusión a escala mundial de las compañías petroleras Texaco y Chevron? 
¿Está al tanto de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos contra Texaco en Ecuador y contra Chevron en Nigeria, acusaciones que se han llevado ante los tribunales y que están a la espera de juicio? 
¿Cómo afectará todo ello a las deliberaciones de la Comisión y qué pruebas exigirá la Comisión a dichas compañías? 
. (EN) Los servicios de la Comisión han sido informados por Texaco y Chevron de que su anunciada fusión cumpliría los criterios de cambio recogidos en el Reglamento sobre barreras comerciales europeo. 
Texaco y Chevron han iniciado las negociaciones de notificación previa con el grupo especial de la Comisión que estudia las fusiones. 
Tras la notificación, la Comisión deberá examinar, en base a la prueba jurídica del Reglamento de Operaciones de Concentración, si la operación dará lugar a la creación o al fortalecimiento de una posición dominante, que pudiera obstaculizar seriamente la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. 
Por consiguiente, el estudio de la Comisión, de conformidad con el Reglamento de Operaciones de Concentración, sólo puede tener en cuenta las cuestiones de competencia que afecten a empresas y ciudadanos europeos. 
El Reglamento de Operaciones de Concentración no prevé ningún fundamento jurídico para tener en cuenta las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y, por consiguiente, la Comisión no tiene competencia para investigar los presuntos abusos en este contesto. 
La respuesta del Sr. Monti no es inesperada. 
No obstante, él y sus colegas deben saber que cada vez que se produzca una fusión de este tipo, volveremos a hacer la misma pregunta. 
El Sr. Patten, que está sentado a su lado, ha debido sentirse avergonzado al escuchar la respuesta, porque en la pregunta anterior hemos oído una gran disertación sobre el respeto de los derechos humanos. 
Pero, de repente, cuando se trata de la competencia económica de la Unión Europea, los derechos humanos son pasados por alto alegremente. 
Permítanme decir que el Centro para los derechos económicos y sociales afirma que en Ecuador, Texaco es responsable de la alta incidencia de abortos y del anormalmente elevado índice de casos de cáncer. 
La propia compañía petrolera nacional de Ecuador le ha acusado de dominar a la población indígena. 
En Nigeria, Chevron ha sido acusada por la población indígena all-ijaw de instigar la violencia contra ella e incluso de pagar a los soldados nigerianos para que disparen contra los manifestantes en la base naval de Warri. 
Diga lo que diga, señor Comisario, sobre el fundamento jurídico y el interés por la política de competencia, la sociedad de Europa siente preocupación por los abusos contra los derechos humanos. 
Si no está dispuesto a intervenir ahora, sugiero que indique cómo podrían adoptar sus colegas de la Comisión otras medidas contra los abusos de los derechos humanos que todos consideramos inadmisibles. 
. 
(EN) Puedo garantizar al Sr. Howitt que la Comisión, los distintos Comisarios y yo mismo sentimos una gran preocupación por todos los casos de posibles abusos de los derechos humanos. 
Dicho esto, existen, naturalmente, diferentes instrumentos para fines diferentes, y en el ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Reglamento de Operaciones de Concentración tiene el objetivo concreto, aunque bastante importante, de garantizar la protección de la competencia en interés último de los consumidores en el caso de las fusiones. 
No creo que fuera adecuado apuntar a más de un objetivo a través de un único instrumento. 
El Reglamento de Operaciones de Concentración es una herramienta poderosa para garantizar la protección de los intereses de los consumidores cuando las empresas combinan sus actividades. 
Por consiguiente, su eficacia no debería verse entorpecida por la inclusión de otros objetivos de una naturaleza compleja que son difíciles de examinar y por los que, en cualquier caso, este instrumento jurídico específico no podría velar eficazmente. 
Por el contrario, los Estados miembros y la Unión Europea tienen a su disposición otros medios para velar por los asuntos relativos a los derechos humanos. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0900/00): 
Asunto: Construcción naval Ayer día 15 de noviembre, la Comisión Europea, ha hecho público su tercer informe sobre la situación mundial de la construcción naval. 
Entre las conclusiones, se afirma que las ayudas recibidas por nuestra industria no han solucionado el problema de Corea. 
¿Cree la Comisión que sin estas ayudas la industria naval europea hubiera sobrevivido a la competencia desleal de Corea? 
¿Cómo va a asegurar la Comisión Europea la pervivencia de lo que queda del sector frente a la competencia desleal de Corea, una vez más demostrada en su último informe, a partir de enero de 2001? 
¿Qué medidas comerciales inmediatas se van a tomar contra Corea a la vista de las conclusiones de su informe? 
. 
(EN) En su informe aprobado el 15 de noviembre, la Comisión llegó a la conclusión de que las ayudas a la explotación en virtud del Reglamento 1540/98 no han permitido solucionar el problema de las políticas de precios surcoreanas. 
No obstante, entre las diversas acciones propuestas, la Comisión se compromete a examinar, tan pronto como sea posible, las posibilidades de proponer medidas encaminadas a solucionar el problema coreano de conformidad con el Reglamento. 
En su reunión de 29 de noviembre, la Comisión reafirmó que está en contra de cualquier prórroga de las subvenciones. 
No obstante, se declara dispuesta a explorar las posibilidades de una mayor utilización del apoyo a la investigación y el desarrollo, incluidas las modificaciones pertinentes del Reglamento 1540/98. 
La Comisión recordó asimismo que una parte sustancial de la financiación de la investigación y el desarrollo está sujeta al programa marco comunitario para investigación. 
En lo que respecta a las medidas comerciales, la Comisión publicó, el 2 de diciembre, su decisión de abrir una investigación a raíz de la queja del sector conforme al Reglamento sobre barreras comerciales. 
En el contexto del procedimiento de dicho reglamento, la Comisión puede decidir recurrir al procedimiento para la resolución de conflictos de la OMC, a menos que se llegue a una solución satisfactoria para ambas partes con las autoridades de la República de Corea. 
El informe final sobre la investigación será presentado a los Estados miembros antes de abril de 2001. 
Asimismo, si la Comisión, en el marco del procedimiento que establece el Reglamento sobre barreras comerciales, no consigue una solución negociada con Corea que sea satisfactoria para la Unión Europea, la Comisión informará al Consejo antes del 1 de mayo de 2001 y propondrá llevar el caso ante la OMC con el fin de exigir reparación por las prácticas desleales de Corea. 
Por otra parte, la Comisión propondrá simultáneamente un mecanismo defensivo de ayuda temporal, ideado específicamente para contrarrestar las prácticas desleales coreanas durante el período necesario hasta la conclusión del procedimiento de la OMC. 
Este mecanismo estará limitado a los segmentos del mercado en los que haya quedado demostrado que el sector de la UE se ha visto directamente perjudicado por las prácticas comerciales desleales de Corea. 
A nivel multilateral, la Comisión proseguirá sus esfuerzos dentro de la OCDE para establecer la igualdad de condiciones a escala internacional en el sector de los astilleros. 
La posición de la Comisión fue presentada al Consejo de Industria el 5 de diciembre, y el Consejo acogió favorablemente la determinación de la Comisión de atajar el problema de la competencia desleal coreana y tomó nota de las propuestas de la Comisión en este sentido. 
Señor Comisario, en primer lugar me siento, en alguna medida, reconfortado porque veo que la Comisión se ha preocupado y, quizá también, ocupado del problema. 
Pero las fechas mencionadas por el Sr. Comisario- ha habido una reunión el 29 de noviembre, el 2 de diciembre se decide abrir una investigación, luego se habla de que posiblemente será dentro de seis meses, etc.- no son muy esclarecedoras. 
Creo que el conjunto de intenciones es enormemente tranquilizador, pero la realidad es que entretanto nuestros astilleros están cerrando. 
Soy de un país, España, y concretamente del País Vasco, donde ya no queda nadie haciendo barcos porque no se puede hacer frente a la competencia de Corea. 
Los astilleros coreanos hacen dumping tranquilamente- no digo a toda la Unión Europea, sino a todo el mundo- y no veo soluciones. 
Agradecería que se tomen algunas medidas, inmediatas y necesarias. 
Señor Comisario, usted sabe que el hecho de la competencia desleal de Corea está probado. 
La Comisión ha ido allí y lo ha comprobado. 
Ahora estamos ante un proceso largo. 
Posiblemente tengamos que esperar medio año para saber si realmente la Organización Mundial del Comercio condena o no la competencia desleal de los coreanos. 
Y no hay que olvidar que el Sr. Valdivielso de Cué le preguntaba si la Comisión creía que, sin las ayudas que había recibido la industria naval, esta industria hubiera podido sobrevivir en la Unión Europea. 
El Sr. Valdivielso de Cué se ha referido a España, al País Vasco; yo tengo que referirme a Galicia, que es una región Objetivo nº 1, con una tradición importantísima en los astilleros y que está reclamando, porque es una región Objetivo nº 1, que se puedan mantener estas ayudas de alguna manera hasta que se resuelva el contencioso en la Organización Mundial del Comercio, que va a condenar- tendrá que condenar- la competencia desleal de Corea. 
Esta es la pregunta: ¿está dispuesta la Comisión a prolongar, por los menos para aquellas regiones más necesitadas, con una tradición importante en astilleros, algunas ayudas para que puedan sobrevivir ante esta competencia desleal? 
. 
(EN) El informe de la Comisión ha establecido que, habida cuenta de que las ayudas a la explotación no han contribuido a la solución de los problemas ocasionados por la competencia desleal de los coreanos, hemos decidido no prolongar dichas ayudas. 
Al mismo tiempo, se ha adoptado la decisión de que el Sr. Lamy disponga, en las próximas negociaciones y acciones con respecto a Corea, de los instrumentos más poderosos y centrados posibles. 
Creemos que eso no representará el mantenimiento generalizado de las ayudas a la explotación en vigor, sino más bien que la Comisión esté preparada a presentar un instrumento centrado y específico en el supuesto de que las acciones emprendidas por el Comisario Lamy en nombre de la Comisión no obtengan los resultados deseados para el sector de la Unión Europea. 
Segunda parte Preguntas dirigidas al Sr. Lamy 
Pregunta nº 38 formulada por (H-0868/00): 
Asunto: Aranceles a la importación de coque de carbón troceado Las fundiciones y la industria del aislamiento europeas utilizan coque de más de 80 mm de diámetro y emplean a más de 100.000 personas dentro de la Comunidad, mientras que los productores comunitarios de coque sólo emplean a unas 800 personas. 
¿Piensa la Comisión que redunda en beneficio de la Comunidad proteger a la industria comunitaria del coque, que ya se ha beneficiado de importantes aumentos de precio, con lo que se perjudica gravemente a las industrias usuarias que dan empleo a mucha más gente? 
¿Cómo espera la Comisión que la industria usuaria siga siendo competitiva de cara a la competencia de las fundiciones del Lejano Oriente cuando la industria usuaria tiene una posibilidad mínima, si es que la tiene, de aumentar sus precios? 
A la luz de todo lo anteriormente expuesto, es de esperar un aumento de las importaciones de coque de terceros países, lo que daría lugar a un aumento de las emisiones de ácido sulfúrico. 
Si es así, ¿es la decisión de la Comisión conforme a las políticas comunitarias en materia de energía y medio ambiente? 
Sobre esta pregunta de las importaciones de coque, quisiera comenzar señalando que los servicios de la Comisión han procedido a un análisis muy profundo del dumping chino- como hemos de hacer -, del perjuicio que de ello resulta para la industria europea y de las posibles consecuencias para los usuarios. 
La conclusión de las investigaciones es que el dumping y el perjuicio no son discutibles y que el efecto de las medidas antidumping en los usuarios sería limitado. 
La cuestión del empleo ha sido objeto de una atención especial. 
La industria usuaria de coque emplea en total a 70.000 personas, pero este producto no representa más que una parte muy marginal de sus costes, en torno a un 2%. 
Además, quedó establecido que sus usuarios podrían repercutir un aumento moderado de sus precios a los clientes. 
Por consiguiente, es poco probable que se produzcan efectos negativos en el empleo y en la competitividad, en la industria del coque. 
Por el contrario, en lo que respecta a la industria del coque por sí mismo, que da empleo a 1.900 personas directamente en la fabricación de coque, esta situación se ha deteriorado hasta tal punto bajo el efecto del dumping chino que se están considerando cierres de instalaciones. 
El incremento de los precios que resultaría de las medidas antidumping debería permitir un restablecimiento del aprovechamiento de la industria del coque. 
Por tanto, a la vista de todos los argumentos presentados, se ha concluido que la imposición de medidas antidumping era en interés global y general de la Unión Europea. 
Por lo que respecta a la parte relativa al medio ambiente- que no forma parte de las investigaciones antidumping pero que debe tomarse sin embargo en un contexto más amplio- deseo mencionar que la legislación comunitaria en materia de medio ambiente establece unos límites de emisión que han de ser respetados, tanto por los productores como por la industria usuaria, cualquiera que sea el origen del coque y, por consiguiente, tanto si se trata de coque chino como si procede de cualquier otro lugar, las consecuencias en materia de medio ambiente son las mismas. 
Esta investigación se ha realizado según el procedimiento habitual. 
La considero equitativa y transparente, y todos los argumentos adelantados por la industria usuaria han sido debidamente tomados en consideración, como siempre. 
Señor Comisario, comprendo que no desee modificar su decisión a pesar de que diez países miembros sean contrarios a este arancel. 
Igual que estaba de acuerdo con usted esta tarde con respecto a la política de astilleros de los coreanos, lo estoy ahora en desacuerdo en este tema. 
Me parece importante subrayar que nos hallamos frente a una industria del coque que sólo da trabajo a 800 trabajadores y que, sin embargo, tenemos una industria usuaria de más de 6.000 trabajadores que lo tiene mal desde el punto de vista puramente de la competencia con semejante arancel antidumping. 
No obstante, entiendo que sigue estando en desacuerdo conmigo por lo que no conseguiré nada volviendo a hacerle la pregunta otra vez, sin embargo, me parece que debe tener en cuenta la oposición de diez países miembros a este arancel. 
No tengo nada que añadir. 
La proporción de empleos no es, efectivamente, la misma, simplemente, en un caso es destructiva, en otro no. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 39 y 40 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0883/00): 
Asunto: Propuesta consistente en "todo excepto armamento" ¿Está satisfecha la Comisión de que esta drástica propuesta, que posiblemente tendrá funestas consecuencias para los productores de remolacha azucarera de la Unión Europea, que ya atraviesan una situación difícil, se apruebe sin consultar al Parlamento Europeo, órgano elegido por sufragio directo? 
Pregunta nº 40 formulada por (H-0889/00): 
Asunto: Acceso al mercado para los países menos desarrollados y los países en vías de desarrollo ¿Prevé la Comisión cumplir las obligaciones contraídas de conformidad con el acuerdo de Cotonou, de consultar a los países ACP y llevar a cabo estudios específicos de las repercusiones por países y sectores, antes de que el Consejo tome una decisión sobre las propuestas de la Comisión relativas al acceso al mercado europeo, exento de aranceles y cuotas, para todos los productos, excepto las armas, procedentes de los 48 países menos desarrollados y en vías de desarrollo del mundo? 
Voy a contestar a estas dos preguntas al mismo tiempo. 
La propuesta de reglamento de la Comisión que nosotros denominamos "todo excepto armamento", está destinada a conceder a los países menos avanzados el acceso al mercado comunitario sin aranceles ni cuotas, para todas sus exportaciones excepto las armas. 
Esta propuesta, resultado de los múltiples compromisos asumidos por la Comunidad a favor de los PMA, pretende promover la inserción de éstos en la economía mundial. 
Consideramos obligatorio que el proceso de globalización no dé como resultado la marginalización de países en vías de desarrollo más pobres. 
Esta iniciativa se basa en un reglamento del Consejo, que modifica el reglamento que define el EGP. 
La propuesta de la Comisión se basa en el artículo 133 que, como saben ustedes, no prevé en la actualidad obligación legal de consultar al Parlamento. 
Estoy totalmente de acuerdo en que esta propuesta constituye una decisión importante y debería someterse al procedimiento de codecisión. 
Es lo que la Comisión propuso a la Conferencia Intergubernamental. 
La propuesta de la Comisión, plenamente apoyada por el Parlamento, deseaba y consideraba recurrir a la codecisión para todas las normas de alcance general que definen los elementos esenciales de la política comercial común, lo que ocurre en este caso. 
El resultado está ahora logrado y, lo sabe usted como yo, la Conferencia Intergubernamental no aprobó esta sugerencia, a la que ningún Estado miembro dio su apoyo. 
La Comisión no puede contravenir las reglas en vigor del Tratado. 
La consulta al Parlamento sobre esta propuesta, así como la posible consideración de argumentos que el Parlamento podría verse obligado a hacer valer es, pues, una decisión política que, en el actual estado de los textos, depende sólo de la valoración del Consejo. 
Sin embargo, en una preocupación por garantizar un control político eficaz por el Parlamento, me he esforzado por mantener informado, en la medida de lo posible, al Parlamento Europeo, y así informé a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, de esta iniciativa, el pasado 11 de octubre y estoy, por supuesto, dispuesto a ir de nuevo ante la comisión competente de este Parlamento para discutir esta propuesta. 
Sobre la pregunta planteada por Glenys Kinnock relativa a la articulación entre esta iniciativa y el acuerdo de Cotonou, quisiera repetir que la Comisión ha respetado enteramente el espíritu y la letra de las disposiciones de este acuerdo en lo que hace referencia a la información y consulta a los países ACP. 
Hemos transmitido nuestra propuesta a los países ACP prácticamente al mismo tiempo que a nuestros Estados miembros. 
Invitamos a los ACP a iniciar consultas. 
Estas consultas se desarrollaron en el marco del subcomité de cooperación comercial ACP que se reunió el pasado 21 de noviembre. 
Los Estados miembros han señalado que les gustaría que la Comisión presentase un análisis de impacto más detallado antes de que se adoptase una decisión. 
El análisis está en curso y se comunicará a los ACP en cuanto sea posible. 
Evidentemente, el impacto real de la iniciativa a favor de los PMA dependerá de su capacidad de reacción, algo extremadamente difícil de prever y de modelizar. 
Estamos por tanto dispuestos a seguir muy atentamente los efectos de esta iniciativa y sus resultados, y examinar, si llega el caso con los Estados ACP, las medidas que sean necesarias con el fin de preservar su posición competencial en los mercados de la Comunidad. 
Señor Presidente, permítame expresar mi profundo agradecimiento al Comisario por su respuesta tan positiva sobre la cooperación con el Parlamento. 
Estoy seguro de que todos mis colegas se sienten muy agradecidos. 
Este asunto en particular es motivo de gran preocupación para los productores de remolacha británicos, como puede imaginarse, porque es prácticamente el único cultivo rentable en estos momentos en el Reino Unido. 
Represento a algunos productores y por ello siento una profunda preocupación. 
Observo, casualmente, que aunque los Conservadores británicos se jactan en el Reino Unido de representar a la población rural, ninguno de ellos se encuentra presente en la Asamblea para formular una pregunta. 
¿Podría decirnos, por favor, qué repercusiones tendrá su propuesta, en su opinión, sobre el precio del azúcar en el Reino Unido? 
Señor Presidente, permítame expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su respuesta. 
¿Estaría dispuesto a confirmar, señor Comisario, que el Grupo de trabajo sobre el SPG del Coreper ha sido aplazado por segunda vez? 
¿Es ello debido a que esperan que usted presente una propuesta revisada y estudios sobre las repercusiones? 
En segundo lugar, usted ha mencionado que se ha respetado el espíritu de Cotonou. 
No es ésa la opinión de los ministros de Comercio de los países ACP, que se han reunido esta semana y han manifestado sus esperanzas de que la Comisión Europea respete los acuerdos en vigor. 
Señor Comisario, dichos ministros opinan que el acuerdo de Cotonou fue el fruto de una negociación minuciosa por parte de los países ACP y que en el plazo de cinco meses, casi antes de que se secara la tinta, ya se han presentado propuestas sin ninguna consulta. 
Naturalmente ha habido una consulta después del acontecimiento, pero no antes, que fue una de las cosas acordadas en Cotonou, como usted sabe, al igual que la necesidad de realizar estudios conjuntos sobre las consecuencias. 
En tercer lugar, señor Comisario, ¿estaría dispuesto a reconocer conmigo que las vulnerables economías de las islas pequeñas, en particular aquéllas del Caribe, que dependen de determinados productos como los plátanos, el azúcar y el arroz, merecerían una consideración especial? 
En lo que respecta al azúcar procedente de la remolacha azucarera, no se me ha ocultado que los cultivadores de remolacha y los productores de azúcar estaban preocupados frente a esta iniciativa. 
Es exacto que el precio del azúcar en la Unión Europea es hoy tres veces más elevado que en el mercado mundial, lo que plantea efectivamente un problema. 
Esta iniciativa no tiene por otra parte como objeto regularlo, debo tranquilizarlo, en tanto las cantidades suplementarias que podrían importarse en el mercado comunitario son bajas. 
Se trata de hecho de autorizar el acceso a cantidades mayores que, para nosotros, son bajas y por tanto no desestabilizadoras, pero que para esos países son muy importantes, habida cuenta de las dimensiones de sus economías. 
Esto no debe por tanto desestabilizar el mercado comunitario del azúcar, muy protegido. 
Incluiremos, si es necesario, las precauciones necesarias en las enmiendas sobre las que trabajamos. 
Eso conecta con la pregunta de la Sra. Kinnock. 
Efectivamente, estamos trabajando en una serie de enmiendas de forma que esta propuesta sea aceptable al mismo tiempo para el Consejo y para el Parlamento. 
Trabajamos en ello en comisión, no lo hemos retomado esta semana al estar Poul Nielson ausente por un viaje a los Balcanes. 
Al igual que la Sra. Kinnock, conozco la situación difícil a la que deben enfrentarse las islas pequeñas. 
Trabajaremos de tal manera que, o bien en las cláusulas de salvaguarda o bien en las transiciones, estas propuestas no tengan una incidencia demasiado fuerte en estas regiones. 
Doy las gracias finalmente a la Sra. Kinnock por informarme sobre los trabajos de la reunión de ministros ACP del comercio, que tuvo lugar en Bruselas esta semana. 
Yo estaba presente y abordé la cuestión con los ministros ACP del comercio que, tras esta reunión, votaron una resolución favorable a la iniciativa de la Comisión. 
Señor Comisario Lamy, cuando le pregunté sobre este asunto este mismo año en un turno de preguntas anterior, usted dijo que eso no sería posible durante los próximos cinco o seis años. 
¿Puede explicar qué le ha hecho cambiar de opinión? 
Entre los países en desarrollo hay muchos cínicos que contemplan esta medida sencillamente como un intento de sobornarlos de cara a futuras negociaciones de la OMC. 
¿Está siendo sincero en su intento de ayudar a los países en desarrollo? 
Puede ofrecernos su opinión sobre el análisis que hacen algunas ONG de que los países menos desarrollados, sin medidas para generar capacidad, sin un cambio en el precio del azúcar y habida cuenta de que son importadores netos de azúcar, pueden no estar en condiciones de sacar provecho de lo que ofrecemos? 
Por último, ¿puede indicarnos si el Colegio de Comisarios ha tratado hoy sobre este asunto? 
En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la naturaleza del debate, y espera que se produzca algún avance en este asunto antes de su comparecencia ante nuestra Comisión de Desarrollo y Cooperación el próximo 16 de enero en Estrasburgo? 
Sobre las cuestiones de procedimiento, señor diputado, acabo de decir en qué lugar se encontraban los debates en la Comisión, por tanto no volveré sobre ello. 
En lo que se refiere a los contactos con las comisiones competentes del Parlamento Europeo, estoy, por supuesto, a su disposición como siempre. 
Sobre la pregunta de si se trata de un gesto táctico destinado a atraerse los favores de los países menos avanzados en el marco de un giro de las negociaciones, aclaro inmediatamente que no es así. 
Esos países no tienen desafortunadamente, habida cuenta de su situación, ninguna capacidad de negociación autónoma y por consiguiente se trata de un gesto que en mi opinión debemos hacer unilateralmente, sin ninguna contrapartida. 
Finalmente, sobre los problemas que ello podría causar a otras economías, adoptamos las disposiciones necesarias y es en este espíritu como nos hemos ocupado de volver a examinar la propuesta de la Comisión para que el impacto en otros ACP sea lo más limitado posible. 
Como ha dicho mi colega Bill Newton Dunn, algunos de nuestros colegas en el Reino Unido se están dedicando a despertar la alarma antieuropeísta a un nivel considerable, aunque de manera bastante simplista, sobre esta propuesta y han conseguido que numerosos cultivadores de remolacha se sientan muy preocupados. 
Necesitamos su ayuda para poder convencer a nuestros electores y a nuestra comunidad agrícola de que las alegaciones que hace el ala antieuropeísta de nuestro entorno político, entre otros, son falsas. 
Con este fin, ¿podría garantizarme, en primer lugar, cuándo tendremos acceso al estudio de las repercusiones, de manera que podamos citarlo para, quizá, poder disipar algunas de las alegaciones apocalípticas que han rodeado su propuesta y, en segundo lugar, podría ampliarnos los detalles sobre la cláusula de salvaguardia que, según creo, se está planteando introducir en esta medida, así como cuál será el período de transición hasta que la medida entre finalmente en vigor? 
El estudio de impacto, señor Clegg, está en estos momentos en fase de redacción por los servicios del Sr. Fischler, a quien este último ha pedido que se apresure al máximo y espero que estará disponible rápidamente. 
No nos hacemos ilusiones, es difícil modelizar, habida cuenta del estado de estas economías, su capacidad de reacción ante estos temas. 
Con respecto al segundo punto, daremos argumentos. 
Estamos trabajando en la cláusula de salvaguarda y si el Sr. Clegg necesita argumentos para hablar con sus productores de remolacha, los tengo a su disposición. 
Ocurre que yo mismo soy originario de una región francesa que cultiva mucha remolacha y tengo cierto conocimiento de esos temas. 
Lo compartiré gustosamente con él. 
Las preguntas 41 y 42 se contestarán por escrito. 
Pregunta dirigida al Sr. Liikanen 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0917/00): 
Asunto: Lucha contra el turismo sexual En la sesión de octubre, y en respuesta a una pregunta formulada por mi sobre la continuación de la ayuda de la UE a ECPAT (Acabar con la Prostitución Infantil en el Turismo Asiático) en el contexto de la lucha de Suecia contra el turismo sexual, la Comisión declaró que se suprimirá una parte importante del trabajo de la Comisión debido a que, si bien se realiza con escasos medios presupuestarios, absorbe a un gran número de personal. 
La Comisión, no obstante, prometió continuar la lucha contra el turismo sexual mediante, por una parte, la asignación de medios para el proyecto ECPAT 2001 y, por otra parte, la continuación de la lucha contra el turismo sexual a través de otros programas. 
¿Cómo se va a financiar ECPAT en el año 2001? 
¿Cuál es la estrategia para su financiación a largo plazo y cómo se van a liberar los créditos para poder continuar el trabajo contra el turismo sexual en el futuro, incluso en países que no son miembros de la Unión Europea? 
. (SV) La Comisión ha recibido una solicitud de fondos para la adopción de medidas contra el turismo sexual que afecta a menores. 
Cuatro organizaciones internacionales se encargarán de su realización durante 2001. 
Esos recursos pueden concederse utilizando las atribuciones concedidas por la partida presupuestaria B7-663 del presupuesto del año 2000. 
Una de esas cuatro organizaciones es ECPAT, cuyas medidas en este campo durante el año 2001 están comprendidas en esta solicitud. 
El procedimiento de la Comisión para conceder las ayudas financieras concluirá dentro de poco tiempo, y esto afectará también a los recursos que ECPAT necesita para el año 2001. 
Desde el año 2001, la intención de la Comisión es financiar las acciones contra el turismo sexual mediante la realización de los actuales programas contra este tipo de turismo. 
La Comisión ha precisado que programas tales como Stop y Daphne harán posible la lucha contra el turismo sexual que afecta a menores, permitiendo también que se cubran los abusos y la violencia contra menores en los países candidatos. 
Además, proyectos concretos financiados en el marco de la política para el desarrollo de las relaciones exteriores de la Unión Europea podrán tener como objetivo el trabajo contra el turismo sexual que afecta a menores en países que no son miembros de la Unión. 
Esos diferentes instrumentos también están abiertos para organizaciones como ECPAT y sus colaboradores en los diferentes países. 
Faltan catorce días para la Navidad y, tanto en Suecia como en Finlandia, se celebra a Santa Lucía. 
Quiero agradecer al Sr. Liikanen su muy positiva y brillante respuesta. 
Sin embargo, ¿puedo pedir algunas aclaraciones? 
¿Está totalmente claro que ECPAT puede continuar con su proyecto durante el próximo año 2001? 
¿Está también claro que la partida presupuestaria que se utiliza para medidas destinadas a la lucha contra el turismo sexual que afecta a menores no se eliminará, sino que se seguirá usando? 
¿Los recursos que se otorguen significarán más dinero o se trata del mismo nivel anterior? 
Comisario Liikanen, con agradecimiento quisiera expresar que, en mi opinión, después que Maj-Britt Theorin y yo actualizáramos este tema el 4 de octubre, usted se ha interesado y preocupado por él. 
. (SV) Este año decide la Comisión sobre los recursos que se usarán durante el año 2001. 
Esto significa que las medidas del 2001 pueden financiarse con recursos contemplados en los presupuestos de este año. 
En relación con los presupuestos del año 2001, en primer lugar tenemos que esperar la decisión del Parlamento Europeo. 
A continuación, la Comisión debe reflexionar sobre la mejor manera de realizar las medidas para combatir el turismo sexual que afecta a menores. 
Estoy dispuesto a volver a discutir este asunto con el honorable diputado al Parlamento Europeo cuando se hayan votado los presupuestos y cuando la Comisión haya discutido el asunto. 
Señor Presidente, señor Comisario Liikanen, esta noche también se va a debatir la directiva sobre el contenido digital. 
En ese contexto también nos preocupan las medidas que podemos adoptar para procurar excluir al máximo en el futuro los contenidos nocivos de la red. 
¿Existe algún proyecto para establecer líneas directas que permitan al ciudadano europeo comunicar a un servicio central los contenidos nocivos que detecte en la red? 
¿Cuáles son las perspectivas de los grupos de Internet, la policía de Internet y las agrupaciones de usuarios que están haciendo frente común y también intentan excluir los contenidos nocivos de la red? 
¿Se prevé que se pueda disponer también de dispositivos técnicos, de las llamadas técnicas de filtrado, que permitan excluir en el futuro los contenidos nocivos de Internet? 
. 
(EN) Estamos siguiendo tres tipos de actividades en este ámbito. 
Uno es relativo a la actividad directamente criminal. 
En este ámbito estamos trabajando actualmente con el Sr. Vitorino en la elaboración de una comunicación sobre el delito informático. Espero que sea presentado a la Comisión en breve. 
El segundo ámbito es tecnología. 
Es necesario que, por ejemplo, la tecnología permita a los padres que lo deseen, filtrar el contenido de Internet. 
Tenemos un proyecto en particular sobre eso. 
El tercer ámbito lo forman medidas concretas como teléfonos de emergencia. 
Trataré sobre este asunto con mis servicios una vez que conozcamos los recursos presupuestarios disponibles para el próximo ejercicio. 
Volveré gustoso para informar al Sr. Rübig cuando llegue el momento. 
Preguntas dirigidas al Sr. Bolkestein 
Pregunta nº 44 formulada por (H-0872/00): 
Asunto: Tribunal Europeo de Patentes ¿Cuál es el estado de los preparativos para la creación de un Tribunal Europeo de Patentes y qué opina la Comisión de la propuesta de establecer la sede en Munich? 
(NL) La propuesta de un ordenamiento en relación con la patente comunitaria prevé la creación de un tribunal especializado en el ámbito de las patentes. Dicho tribunal sería competente en lo que respecta concretamente a litigios referidos a la validez y a las infracciones de la patente comunitaria. 
Sin embargo, estas nuevas competencias judiciales requieren una modificación del Tratado Europeo. 
El Consejo Europeo de Niza adoptó una decisión positiva en este sentido hace algunos días. 
En un nuevo artículo del Tratado se prevé una posible ampliación de las competencias del Tribubal Europeo en este sentido. 
En la propuesta de la Comisión no se trata la cuestión referida a la ubicación geográfica del futuro tribunal. 
El nuevo tribunal se integrará en la institución judicial comunitaria que obviamente es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Señor Presidente, sólo querría preguntar qué se propone hacer la Comisión para intentar incorporar gradualmente también la Oficina Europea de Patentes a la estructura de la Unión Europea. 
¿No se contempla acaso este proyecto para el futuro? 
¿No sería, por lo tanto, más razonable que el Tribunal Europeo de Patentes tuviese su sede en el mismo lugar que la Oficina Europea de Patentes? 
En su respuesta, que yo le agradezco, a la propuesta que presenté junto con el colega Würmeling, usted nos escribió que la sede debía situarse en un lugar central. 
Permítame que le recuerde que Munich se encuentra en un lugar central de Europa y también está bien comunicada. 
. (NL) Soy consciente de que en Munich se han desarrollado importantes actividades económicas en el ámbito de las patentes. 
La Oficina Europea de Patentes tiene asimismo su sede en Munich. 
Sin embargo, opino que en esta fase resulta prematura iniciar un debate acerca de la sede del futuro tribunal comunitario de patentes. 
En este momento, los esfuerzos de mis servicios y los míos personales se centran en limitar la distancia entre las partes y el futuro tribunal. 
En concreto, nuestra intención es que la jurisprudencia centralizada se encuentre cerca de todos los justiciables de la Comunidad. 
Quisiera añadir que no resulta sencillo disponer de una patente comunitaria, una patente centralizada, sin una jurisprudencia centralizada. 
De lo contrario, en todos los Estados Miembros de la Unión Europea podría existir un tribunal que resolviera procesos de infracción de patentes, lo que podría implicar que una empresa alemana se encontrara en un tribunal del Estado Miembro X, lejos de la sede de dicha empresa, lo que con la ampliación podría suponer una distancia aún mayor. 
Resulta esencial que se cree una institución judicial, tanto de primera instancia como de apelación, en la que se juzguen litigios sobre patentes. 
Como sabrá el Sr. Bolkestein, los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, entre los que me incluyo, han expresado cierta preocupación en nuestro anterior diálogo por el riesgo de que se produzca una proliferación de jurisdicciones comunitarias que funcionan de forma conjunta y paralela con aquéllas de los Estados miembros. 
Hasta ahora, la tendencia general consistía en que los litigios se resolvían principalmente en los tribunales de los Estados miembros, pero los problemas de interpretación del Derecho comunitario se han centralizados a modo de referencias al Tribunal. 
Con ello se quiere garantizar la coherencia de la ley en toda la Unión, aunque sea administrada a nivel local. 
Quisiera que me aseguraran que la Comisión estudiará muy detenidamente las virtudes de semejante enfoque, porque sospecho que una proliferación de las jurisdicciones puede terminar fragmentando nuestros ordenamientos jurídicos. 
. 
(EN) No estoy seguro de lo que su Señoría quiere decir con "proliferación". 
¿Se refiere a una proliferación geográfica o a una proliferación funcional, según los diferentes contenidos? 
Si el Sr. MacCormick quiere decir proliferación funcional de los tribunales de justicia, puedo comprender su punto de vista. 
Ciertamente es un punto de vista comprensible que comparto. 
No obstante, las patentes representan un trabajo muy especializado. 
Del mismo modo que los tribunales de Düsseldorf, Munich y de otras ciudades alemanas se han especializado en el Derecho de patentes, y también existen tribunales especializados en Londres, un tribunal comunitario que se reúna y juzgue casos relativos a las patentes comunitarias deberá estar muy especializado. 
No es una cuestión que se pueda confiar a un juez novel- si me permiten expresarlo de este modo- aun cuando dicho juez tenga amplia experiencia en otros ámbitos. 
Por consiguiente, los tribunales especializados que desea la Comisión Europea, para que se ocupen de todos los litigios posibles en materia de patentes comunitarias, deberán estar constituidos por jueces especializados y, por consiguiente, orgánicamente formarían parte del Tribunal de Luxemburgo, pero en lo que a su funcionamiento se refiere, constituye una sección especializada de dicho Tribunal. 
Dicho todo esto, estoy de acuerdo con el Sr. MacCormick en que convendría ser muy prudentes a la hora de constituir tribunales especiales. 
No queremos un tribunal para accidentes de tráfico, acuerdos internacionales ni para el Derecho marítimo, etc. Estos asuntos seguirán siendo competencia del Tribunal de Luxemburgo y ciertamente la Comisión no querría ninguna disposición especial para casos normales. 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0879/00): 
Asunto: Tribunales de marcas comunitarias en los Estados miembros El Reglamento (CE) 40/94 sobre la Marca Comunitaria prevé en su artículo 91 que los Estados miembros crearán al menos un tribunal para dirimir los conflictos privados derivados de marcas comunitarias. 
Algunos países, han creado estos tribunales, entre ellos España, en cuyo caso existe una dificultad adicional porque, según se establece en ese Reglamento, la competencia para los conflictos entre dos empresas extracomunitarias corresponde al tribunal español. 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para conseguir que los Estados miembros que no lo hayan hecho creen el tribunal de marcas comunitarias? 
. (NL) La pregunta del señor Berenguer Fuster se refiere a las marcas comerciales. 
La Comisión comprende la situación que relata el señor Berenguer Fuster. 
Una situación que no sólo afecta a España sino también a otros Estados Miembros como Francia, Luxemburgo, Italia y Grecia. 
Por este motivo, la Comisión se ha puesto en contacto con los Estados Miembros implicados antes de remitirles un aviso. 
Los contactos han tenido tal éxito que durante el último año tres Estados Miembros han remitido a la Comisión su lista de tribunales de primera y segunda instancia para las marcas comunitarias. 
Sin embargo, opinamos que la situación, que ciertamente ha mejorado pero que aún resulta insatisfactoria, no puede prolongarse por más tiempo. 
La Comisión adoptará en consecuencia todas las medidas que considere necesarias. 
El apartado 5 del artículo 91 del reglamento referido a las marcas comunitarias establece que hasta que los Estados Miembros no hayan notificado a la Comisión los tribunales competentes de primera y segunda instancia, todos los procedimientos deberán instruirse en la institución judicial del Estado Miembro que tenga competencias absolutas o relativas para ello. 
Para evitar que esta situación provisional adquiera un carácter permanente, el 13 de julio de 1999, el 13 de julio del año pasado, la Comisión recordó en una carta dirigida a los Estados Miembros correspondientes su obligación de designar tribunales para las marcas comunitarias. 
Desde entonces, estos países aún no han notificado a la Comisión si han adoptado medidas. 
Teniendo en cuenta que la Comisión no dispone por lo tanto de ningún tipo de información a partir de la que determinar si estos países han adoptado las medidas necesarias, recientemente ha remitido a dichos países un aviso por escrito. 
En caso de que los Estados Miembros no reaccionen a este aviso o respondan de forma insatisfactoria, la Comisión podrá incoar un procedimiento de infracción conforme al artículo 226 del Tratado por incumplimiento de la legislación comunitaria. 
Señor Comisario, usted dice que van a adoptar las medidas necesarias, entre otras, la apertura de un procedimiento de infracción. 
Me siento especialmente obligado a mencionar el problema de España. Y no sólo por razones obvias de nacionalidad y de preocupación, sino por un motivo adicional: en el propio artículo 92 del Reglamento de la Marca Comunitaria se establece que determinada competencia adicional corresponderá a los juzgados y tribunales españoles, creados en la marca comunitaria, cuando se trate de litigios entre dos empresas que no tengan establecimiento abierto en el territorio de la Unión. 
Como el Sr. Comisario ha manifestado que España es uno de los países incumplidores, aun siendo el país en cuyo territorio está la sede de la Oficina de la Marca Comunitaria, lo cual resulta verdaderamente significativo, desde noviembre de 1996 España está incumpliendo con esta obligación. 
Creo que el vaso de la paciencia de la Comisión ya ha llegado a rebosar y, si tiene que iniciar ese procedimiento de infracción, que lo inicie ya. 
. 
(EN) No puedo por menos que estar de acuerdo con el diputado que me ha dirigido la pregunta, en que ya basta. 
Gracias, señor Berenguer Fuster, por su firme petición a la Comisión. 
La tomo como un estímulo para reanudar nuestra acción e intentar que España haga cuanto antes lo que debería hacer. 
Pregunta nº 46 formulada por (H-0875/00): 
Asunto: El metro de Salónica El metro de Salónica, una obra de infraestructura para el desarrollo urbano y el crecimiento económico sostenible de la ciudad, ha pasado lamentablemente más de ocho años entre los papeles del 2º MCA, los diarios locales y el Ministro griego de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas. 
Las respuestas de la Comisión a las anteriores preguntas de este diputado del pasado mes de febrero (H-0011/00, H-0066/00, H-0513/00, H-0566/00) son un claro ejemplo de la falta de voluntad de afrontar el tema, ya que aplazar esta cuestión para las calendas políticas y burocráticas comunitarias refleja la imagen de mala gestión y evidente incapacidad de la Comisión para examinar de manera rápida y eficaz las denuncias por incumplimiento de la legislación comunitaria relativas al contrato de la obra. 
¿Durante cuántos años seguirá estudiando la Comisión las medidas que deben tomarse a propósito de las denuncias, y qué consecuencias tendrá el retraso de la decisión? 
¿En qué punto se halla el tema en la actualidad, y qué se propone hacer la Comisión en caso de que se constate un incumplimiento de la legislación comunitaria? 
¿Pueden avanzar las obras con la financiación de la Comunidad a través del 2º MCA y el Banco Europeo de Inversiones, o existe algún impedimento al respecto? 
¿Se han incluido créditos en el 3er MCA para la materialización de la obra? 
. (NL) La Comisión comunica al estimado parlamentario que existe una denuncia pendiente en relación con el proyecto de metro de Salónica. 
El denunciante afirma que existen infracciones de las disposiciones comunitarias en relación con las ayudas estatales y las licitaciones de la administración. 
Como bien sabe el estimado parlamentario de su asamblea, la presentación de una denuncia no afecta por sí misma al avance del proyecto. 
La Comisión opina que las preguntas en relación con los retrasos en la ejecución del proyecto se deben plantear a las autoridades competentes en Grecia. 
En lo que respecta a los aspectos de la cuestión desde el punto de vista de las disposiciones sobre licitaciones de la administración, los servicios de la Comisión han expuesto su opinión al denunciante en una carta, una carta que se remitirá en los próximos días. 
En este momento no podemos, por lo tanto, facilitar la información solicitada al estimado parlamentario. 
La Comisión evalúa también si la financiación del proyecto se ajusta a las normas del Tratado en el ámbito de las ayudas estatales aunque aún no ha adoptado ninguna resolución a este respecto. 
El gobierno griego parece no haber alcanzado aún un acuerdo con el concesionario en torno a todas las condiciones que afectan a la financiación del proyecto. 
Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna notificación en virtud del artículo 88, apartado 3 del Tratado. Consecuentemente, la Comisión no puede analizar todos los hechos del asunto y adoptar una resolución definitiva en la que indique su opinión acerca de la situación. 
Desde el punto de vista general, la Comisión desea informar al estimado miembro de su asamblea que la investigación de una denuncia tan complicada debe efectuarse con suma cautela. 
Por este motivo, la Comisión sigue el asunto con atención en el marco del procedimiento previsto en las correspondientes disposiciones del Tratado y en la legislación derivada. 
En relación con la financiación efectiva del proyecto, la Comisión comunica al estimado miembro de esta asamblea que la Comunidad ha financiado los trabajos previos al proyecto con 5,8 millones de euros en el marco del segundo presupuesto comunitario EFRO. 
La solicitud de financiación del saldo se recoge en el programa operativo propuesto por las autoridades griegas y denominado ejes de transporte, puertos y desarrollo urbano presentado ante la Comisión en el marco del presupuesto comunitario 2000-2006. 
Se espera que la Comisión apruebe la propuesta a principios del año 2001, es decir, en breve. En esta propuesta se establece que el proyecto de metro de Salónica podrá ser financiado con los fondos EFRO hasta un máximo de 122 millones de euros mientras que la aportación de la administración nacional ascenderá aproximadamente a 122 millones y el concesionario deberá aportar 413 millones de euros. 
Señor Comisario, tengo que decir que no me ha aclarado usted nada, o, más bien, no me ha dicho nada nuevo que no supiera, porque tienen esta denuncia en la Comisión desde hace un año. 
A la pregunta anterior ha respondido usted que la culpa es de España y que harán ustedes lo que deban hacer; en este caso, sin embargo, la culpa es de ustedes. 
Porque tienen esta denuncia desde hace un año y no toman una decisión. 
El resultado es que el Banco Europeo de Inversiones con semejante asunto pendiente no concede, lógicamente, crédito alguno; y no sé cómo podrán incluir la obra en el tercer MCA si no toman esa decisión. 
Nótese que el Defensor Europeo me ha respondido y me ha dicho concretamente que responderá a lo largo de este mes a las denuncias recibidas por él. 
Yo quiero de ustedes un compromiso de calendario concreto en el que recibiré respuesta a mi pregunta, y quiero conocer su apreciación sobre el Banco Europeo de Inversiones, si su negativa hasta ahora a financiar la obra se debe al hecho de que en este momento se encuentre el expediente en la Comisión y esté pendiente la denuncia que todavía no han examinado. 
. (NL) Quisiera decirle lo siguiente al Sr. Trakatellis. 
Tal y como ha expuesto con anterioridad la Comisión y como supongo que sabe el Sr. Trakatellis, se trata de un asunto de extraordinaria complejidad y las supuestas infracciones del derecho comunitario no están claras. 
Además, la Comisión no puede investigar los aspectos de la cuestión en relación con las ayudas estatales antes de cerrar el paquete financiero del acuerdo. 
En este sentido, quiero manifestar que el denunciante ha tardado ocho meses desde que se conoció el acuerdo de concesión en Grecia en formarse su propia opinión y presentar la denuncia ante la Comisión. 
En otras palabras, creo que no se puede acusar a la Comisión de ningún tipo de negligencia. 
La Comisión hace su trabajo de forma más rápida y más precisa posible. Quisiera convencer al señor Trakatellis de ello. 
Pregunta nº 47 formulada por (H-0877/00): 
Asunto: Libre circulación de mercancías contra derecho de huelga Tras la respuesta de la Comisión a mi pregunta P-3079/00, desearía formular una nueva pregunta. En su respuesta, la Comisión indica que el derecho de huelga deberá ser respetado de conformidad con el Reglamento (CE) 2679/98. 
En el curso de un conflicto sindical legal que tiene como escenario los puertos de Suecia, las organizaciones sindicales los declaran bloqueados y detienen las operaciones de carga y descarga. 
En un caso como éste, ¿se vería la Comisión obligada a ordenar la intervención del gobierno del Estado miembro en cuestión para garantizar la libre circulación de mercancías que corresponde al mercado interior? 
¿Cuánto puede prolongarse una huelga antes de convertirse en una amenaza para la libre circulación? 
¿Hasta dónde debe ir un Estado miembro en la aplicación de medidas destinadas a restablecer la libre circulación? 
¿Deberá el Estado miembro recurrir a la legislación para obligar a los interlocutores sociales a aceptar un acuerdo negociado por el Gobierno? 
. (NL) La anterior respuesta que la Comisión dio a la pregunta P-3079/00 quizás se malinterpretó. 
Por ello, quisiera comunicar lo siguiente al señor Sjöstedt en nombre de la Comisión. Todos los Estados Miembros se encuentran obligados por el Reglamento 2679/98 en el que se establece claramente que el reglamento no debe interpretrarse de modo que limite bajo ningún concepto el ejercicio de los derechos fundamentales tal y como se reconocen en los Estados Miembros, incluyendo el derecho de huelga o la libertad de huelga. 
Resulta obvio que la Comisión reconoce este principio. 
Sin embargo, en virtud del mismo reglamento, todos los Estados Miembros deben adoptar todas las medidas necesarias y razonables para restablecer la libre circulación de mercancías en su territorio en el menor plazo posible con el objeto de evitar graves alteraciones de la libre circulación de mercancías cuando se ha producido una obstaculización tal y como se define en el reglamento como consecuencia de una huelga o situación similar. 
Asimismo, los Estados Miembros deben poner en conocimiento de la Comisión todas las obstaculizaciones que se produzcan en su territorio, así como las medidas adoptadas por los Estados Miembros. 
Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que los Estados Miembros deben decidir lo que se considera una huelga legal en virtud de su propia legislación. 
Quisiera subrayar que los Estados Miembros tienen competencias exclusivas para determinar el momento y el alcance de las medidas que resulten necesarias y razonables con el objeto de facilitar la libre circulación de mercancías en su territorio. Esto se pone de manifiesto en la consideración 6 del reglamento. 
Los principios que acabo de citar son de aplicación a todas las preguntas planteadas por el señor Sjöstedt. 
Gracias por la respuesta, señor Comisario. 
Ha sido una buena aclaración a la respuesta que se me había dado con anterioridad. 
Entiendo que la Comisión garantiza que no quiere ni puede intervenir contra conflictos sindicales legales, aunque limiten la libre circulación. 
Si es así, lo agradezco. 
. (NL) Tan sólo puedo reiterar lo que acabo de decir. 
Le corresponde al Estado Miembro decidir si una huelga es legal. 
En caso de que se haya obstruido físicamente el flujo comercial, la Comisión espera que tras hacer un llamamiento al Estado Miembro correspondiente se le comuniquen las medidas que se adoptarán para eliminar la obstaculización. 
Esto significa por lo tanto que la Comisión tan sólo hará uso de las medidas jurídicas de las que dispone tal y como se indica en el reglamento. 
Las medidas jurídicas que adopte el propio Estado Miembro son competencia exclusiva de los habitantes y de los actores económicos del mismo. 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0880/00): 
Asunto: Títulos de universidades inglesas a través de centros en Grecia y la Directiva 89/48/CEE En respuesta a una anterior pregunta de este diputado (E-3159/00) , la Comisión se limita a mencionar los títulos concedidos únicamente por las universidades francesas en el marco de los acuerdos de colaboración con los Centros de Estudios Libres griegos a estudiantes que asisten a clases en Grecia durante los primeros años y luego, normalmente el último año, continúan en la universidad extranjera, donde obtienen su título universitario. 
No obstante, es bien sabido que la mayoría de los acuerdos de colaboración de los Centros de Estudios Libres griegos se establecen con universidades inglesas. 
¿Qué sucede con los títulos de las universidades inglesas concedidos mediante los acuerdos de colaboración? 
¿Deben reconocerse en Grecia por incidir en el ámbito de la Directiva 89/48/CEE? 
En caso afirmativo, ¿de qué especialidad? 
¿Son igualmente válidos en los demás países de la Unión Europea? 
. (NL) La respuesta de la Comisión a la pregunta por escrito del señor Alavanos tan sólo se refiere a los títulos que emiten las universidades francesas en el marco de acuerdos de colaboración debido a que se le plantearon preguntas que se centraban concretamente en estos casos. 
En el caso de los títulos emitidos por universidades británicas en el marco de un acuerdo de colaboración con una institución griega, su validez se determinará en función de las normas del Estado Miembro en el que la Universidad que haya firmado el acuerdo tenga su sede. En este caso, se trata del Reino Unido. 
La expedición de un título de esta forma no contraviene la legislación del Reino Unido y, por lo tanto, puede considerarse legal. 
En este caso, se trata de un título británico. 
La Directiva 89/48/CEE se refiere a títulos de formación profesional con una duración mínima de tres años tras la educación secundaria. 
Los títulos de nivel inferior se someten a la Directiva 92/51/CEE y las directivas que acabo de citar resultan de aplicación con independencia de si el título se expide tras finalizar los estudios en la propia universidad o en una institución que haya firmado un acuerdo de colaboración con la citada universidad. 
Las directivas resultan de aplicación para las profesiones que no se encuentren sometidas a una directiva específica. 
Los principios que he expuesto son igualmente de aplicación a todos los Estados Miembros o en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. 
Quisiera agradecer al Sr. Comisario su esfuerzo por dar una respuesta, pero quisiera señalar que en este momento los estudiantes, si quiere, en Grecia se enfrentan a la siguiente confusión: por una parte, los Centros de Estudios Libres sostienen que, amparados por la Directiva 89/48/CEE, pueden expedir títulos que deben ser reconocidos siempre y cuando los estudios culminen en gran bretaña; y por la otra, las autoridades griegas y los organismos competentes se niegan a reconocer esos títulos que proceden de la culminación de estudios en gran bretaña. 
En este momento lo que percibo es que la Comisión Europea se lava las manos como Poncio Pilatos. 
La pregunta es adónde deben dirigirse estos estudiantes para entender que cuando siguen ese ciclo de estudios y lo culminan en Gran Bretaña tienen derecho a obtener resultados. 
. 
(EN) Señor Presidente, permítame, en primer lugar, decir que la Comisión no tiene ningún deseo de desempeñar el papel de Poncio Pilatos, en particular, debido a las consecuencias de su decisión, por tanto espero que su Señoría me perdone cuando digo que la Comisión desea desempeñar un papel diferente en todo este ámbito. 
Respecto al tema que nos ocupa, es realmente muy sencillo. 
Una universidad francesa y una universidad británica han celebrado un contrato con una institución docente de Grecia y hay estudiantes de Francia, Gran Bretaña o de cualquier otro país que estudian en sus centros en Grecia. 
Pasan sus exámenes en aquel país, bajo la supervisión de la universidad francesa o británica, y los títulos que se conceden al final son títulos británicos o franceses. 
Si luego el estudiante de dicha institución, que podría ser un estudiante griego, no obtiene el reconocimiento de su diploma o título en Grecia, me temo que en ese caso no le queda otra alternativa que dirigirse a las autoridades griegas y alegar que ha obtenido un título francés o británico en bonne et due forme, como se dice en francés. 
Por consiguiente, debería dirigirse a dichas autoridades con el fin de obtener reparación. 
Me temo que la Comisión no puede hacer nada en este sentido, aunque, naturalmente, seguirá el desarrollo de estos casos con el máximo interés. 
Pregunta nº 49 formulada por (H-0912/00): 
Asunto: Servicios de transporte marítimo en el Estrecho del Golfo de Botnia entre Vaasa (Finlandia) y Umeå (Suecia) El transporte marítimo del Estrecho del Golfo de Botnia va a dejar de funcionar porque ha dejado de ser rentable desde que a las compañías marítimas se les ha privado de la posibilidad de ejercer la venta libre de impuestos. 
Esto ocasiona un gran perjuicio a la diversidad de las relaciones entre las dos regiones, y, para poner remedio, no parece haber más que tres alternativas: 
conceder ayuda comunitaria para el mantenimiento de una red de transporte regional no rentable, 
construir un puente (o un túnel) en el punto apropiado para cruzar el Estrecho, o 
proclamar la isla de Raippaluoto, situada en las inmediaciones de Vaasa, reino independiente, lo que permitiría a las compañías marítimas continuar con la venta libre de impuestos. 
En este último caso la ciudad de Vaasa, propietaria de la isla, podría limitarse a alquilar la isla al reino y podría incluso establecer ciertas condiciones para su utilización, prohibiendo, por ejemplo, su funcionamiento como paraíso fiscal. 
El Rey podría ser elegido por un tiempo determinado de entre los diputados finlandeses al Parlamento más meritorios. 
¿Cuál es la posición de la Comisión en cuanto a la solución del problema de las comunicaciones, que afecta a tanta gente? 
. 
(EN) La Comisión reconoce que la región de Kvarken y, en particular, el trayecto del transbordador entre Vaasa en Finlandia y Umeå en Suecia puede haberse visto afectado por la decisión adoptada por el Consejo de abolir las ventas libre de impuestos para los viajeros intracomunitarios. 
Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, existen varios instrumentos a nivel de la UE para solucionar los problemas específicos que puedan surgir. 
No obstante, es responsabilidad de los Estados miembros identificar las posibles medidas necesarias y establecer sus prioridades para la utilización de dichos instrumentos. 
Para el período comprendido entre 2000 y 2006, Finlandia y Suecia, en cooperación con Noruega, han presentado un proyecto de programa en el marco de la iniciativa comunitaria Interreg para la zona de Kvarken-Mittskandia. Los servicios de la Comisión están estudiando el proyecto en estos momentos. 
El proyecto incluye acciones para examinar la infraestructura y las comunicaciones a través de Kvarken y también entre Suecia y Noruega, y se espera su aprobación en las próximas semanas, lo que permitiría la presentación de proyectos a partir de comienzos del año próximo. 
En estos momentos, no estoy en condiciones de hacer una evaluación de las repercusiones de dicho programa, que aún deberá ser puesto en vigor. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, gracias por esta esperanzadora respuesta. 
En estos momentos se están buscando barcos y compañías marítimas más rentables para sustituir a las que van a finalizar sus actividades, y el objetivo de este relevo sería aunar el transporte de pasajeros y mercancías. 
¿Podría usted imaginar que el programa INTERREG mencionado por usted pudiera servir de marco para contribuir a la financiación de proyectos similares que permitan el funcionamiento de esta línea de transporte marítimo? 
Este proyecto tendría una clara repercusión sobre el empleo. 
Por ejemplo, en esa ciudad de Vaasa a la que me he referido, se han perdido durante los últimos dos años 550 puestos de trabajo precisamente en el sector del turismo, probablemente debido a ese mismo cese de la venta libre de impuestos. 
. 
(EN) Señor Presidente, como decía hace un momento, no estoy en condiciones de decir ahora cuál será el resultado de las deliberaciones de la Comisión con respecto a las propuestas presentadas por Finlandia y Suecia. 
Lo que está claro es que la futura acción incluirá un examen de la infraestructura a través de los estrechos del Golfo de Botnia y, por consiguiente, confío en que se prestará la debida consideración a la situación a la que se enfrentan los servicios de transporte marítimo. 
Respecto a la pregunta de su Señoría sobre el programa Interreg, lamento que en estos momentos no pueda ofrecerle una respuesta adecuada, no sólo porque la gestión de los programas de Interreg no forman parte de mi cartera, sino sobre todo porque aún no se ha realizado un análisis minucioso de la propuesta. 
No obstante, puedo afirmar sin temor a equivocarme, en nombre de mi colega Michel Barnier, que los hechos a los que hace referencia su Señoría serán tenidos debidamente en cuenta cuando se examine la propuesta. 
Agradezco al Comisario su esperanzadora respuesta en relación con la posible utilización de los recursos de Interreg. 
Cuando se termine el transporte marítimo a fin de año, se producirán graves consecuencias económicas y humanas en las dos regiones, Västerbotten y Österbotten. 
Esto, como una consecuencia directa de la decisión de eliminar las ventas libres de impuestos. 
También podría verse como un asunto que afecta a la competencia, ya que se podrá continuar vendiendo sin impuestos en la parte sur del Báltico, en la ruta entre Estocolmo y Helsinki, en tanto que eso no será posible en la ruta entre Umeå y Vaasa. 
¿Cómo se ajusta esto a la política de competencia de la Unión? 
¿Sería posible extender la excepción que permite la venta libre de impuestos a todo el Mar Báltico? 
. 
(EN) Señor Presidente, la situación es la siguiente, si me permite abordar la cuestión sin rodeos: si un transbordador que tiene su punto de origen y de destino en un Estado miembro, por ejemplo Finlandia, hace una parada intermedia en un país tercero o un territorio tercero- en este caso, las Islas Åland- donde los pasajeros tienen la oportunidad de desembarcar y realizar compras, en ese caso sería posible realizar a bordo ventas libres de impuestos. 
No obstante, cuando el buque regresa a puertos comunitarios, se aplican las disposiciones aduaneras, incluidos los controles pertinentes, y eso significa que los pasajeros están autorizados a importar productos libres de impuestos y aranceles dentro de los límites establecidos en las disposiciones aduaneras por las que se rigen las franquicias para los viajeros. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 50 a 86 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
En el orden del día se encuentra el informe (A5-0390/2000) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de industria, comercio externo, investigación y energía, sobre la propuesta para que el Consejo dicte una disposición para el establecimiento de un programa comunitario a largo plazo para la estimulación del desarrollo y uso de contenido digital europeo en las redes mundiales y para el fomento de la diversidad de idiomas en la sociedad de la información (COM (2000) 323- C5-0462/2000- 2000/0128 (CNS) ). 
Esta propuesta sigue el objetivo de la Cumbre de Lisboa, porque va encaminada a estimular el desarrollo y uso de los contenidos digitales. 
Al hacerlo, confío en que se consolide la posición de Europa en la economía global basada en el conocimiento. 
Debido a la rapidez con que evoluciona la naturaleza de este sector, la UE debe adoptar medidas inmediatas y concretas porque las nuevas tecnologías de la comunicación ya han comenzado a generar demanda de contenidos, productos y servicios, y están teniendo repercusiones sociales considerables. 
Si no actuamos y eliminamos las barreras que debilitan el potencial del sector europeo, el ciudadano europeo pagará el precio no sólo en términos de un crecimiento económico más lento y de menos oportunidades de empleo, sino también en términos de influencia cultural y social. 
Si me permite, presentaré lo más importante de mi informe y la que considero la principal prioridad para este Parlamento, a saber, la cuestión de la diversidad lingüística. 
En Europa vamos a la zaga de los Estados Unidos porque, actualmente, el mercado de la UE está fragmentado como consecuencia de la diversidad lingüística y cultural. 
Lo que debemos hacer es corregir esta situación a través del fomento de contenidos multilingües, porque constituyen un requisito indispensable para el éxito de la industria de contenidos europea. 
Los contenidos multilingües deberían incorporarse, en la medida de lo posible, en la fase embrionaria de la comunicación electrónica. De este modo se potenciará la posición de mercado de las empresas europeas y, al mismo tiempo, a éstas les resultará menos oneroso. 
Éste es el motivo por el que propongo que se destine al sector un importe con cargo al presupuesto. 
En mi opinión, debemos adoptar un enfoque global en lo que respecta a las lenguas y asumir el compromiso de destinar más fondos a este ámbito, precisamente para impedir que las PYME europeas se sientan reacias a crear sitios web en diferentes idiomas por los elevados costes que ello conlleva. 
No puedo subestimar la importancia de adaptar nuestros contenidos a los requisitos del cliente. 
Si garantizamos que éstos llegan hasta cada rincón de la UE, estaremos sentando las bases para alcanzar nuestro objetivo de una sociedad de la información plenamente integrada y funcional. 
No debería ser necesario dominar la lengua inglesa para que el contenido de Internet resulte interesante. 
La presencia de contenidos en diferentes lenguas fomentará la igualdad de acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información y, por consiguiente, impedirá la creación de una clase marginada de la información. 
En segundo lugar, creo que la propuesta inicial de cinco años es un plazo demasiado largo y debería acortarse a cuatro años, debido especialmente a la rápida evolución del sector de los e-Contenidos. 
Por consiguiente, es necesario acortar la aplicación del programa, lo que además permitirá que éste tenga repercusiones mucho mayores debido al compromiso de más fondos para plazos más cortos. 
Asimismo, hago un llamamiento a la Comisión para que elabore procedimientos de convocatoria de presentación de propuestas más eficaces y rápidos. 
Al cambiar las prioridades de información del sector público hacia contenidos multilingües, no pretendo con ello que disminuya la importancia de la información del sector público. 
Mi razonamiento es que creo que existe un mayor potencial para las asociaciones entre los sectores público y privado, ya que en el mercado existe un enorme valor comercial que espera a ser explotado en beneficio de las empresas y también de los ciudadanos. 
Y lo que es más importante, deberemos ocuparnos asimismo de las cuestiones de derecho de autor y propiedad intelectual, cuestiones que deben ser abordadas de manera que todas las partes sean plenamente conscientes de las repercusiones. 
Otro ámbito clave en el que el Parlamento desea un mayor avance es cómo podemos prestar apoyo adicional a los capacitadores del mercado, reconociendo que el sector ha atravesado por un período especialmente volátil en los últimos meses. 
Es fundamental que les vendamos los posibles beneficios y oportunidades de invertir en empresas que incorporen la diversidad lingüística y exploten la información del sector público. 
La falta de financiación de las empresas que quieren operar en el sector de contenidos digitales tiene que acabar. 
El problema que más me preocupa es que las pequeñas empresas no siempre tienen garantías suficientes y una trayectoria comercial contrastada que ofrecerle al inversor. 
No obstante, si pudiéramos hacer uso de los conocimientos expertos ya disponibles en términos de experiencia empresarial animando a empresarios bien establecidos y con éxito en su actividad a ofrecer un servicio de tutela para las empresas nuevas en el mercado y presentar a los nuevos empresarios las fuentes de financiación disponibles, podríamos dar a los europeos del sector la ventaja que necesitan. 
Ahora dependerá de nosotros que no desaprovechemos esta oportunidad. 
Habida cuenta de que aún no hemos perdido de vista a los estadounidenses, Europa puede superar este reto si se centra en este sector: no olvidemos el potencial de creación de empleo y de crecimiento económico en un sector tan enorme y que crece a un ritmo tan rápido, a condición de que creemos el clima adecuado para hacer posible el crecimiento. 
- (FR) Señor Presidente, Señorías, en estos dos minutos desearía sólo hacer hincapié, brevemente, primero sobre el hecho de que este programa e-Contenidos se presenta tras los Consejos de Lisboa y de Feira, cuya conclusión consistía en concreto, a propósito de e-Europa, en que esta nueva economía debía estar basada en el conocimiento, lo que favorece la integración y colma la fractura digital. 
Asimismo, desearía que recordásemos, en el momento de la realización de e-Contenidos, que no sólo se trata de información, sino también de conocimientos, y de conocimientos que favorecen la integración e impiden la fractura. 
Por eso he propuesto numerosas enmiendas, a fin de subrayar la importancia del acceso para todos. 
Naturalmente, la información debe estar disponible para las empresas, como suele decirse, pero también debe ser accesible para todos. 
Deseo, pues, que hagamos hincapié en el aspecto democrático que e-Contenidos- es decir, el contenido digital- puede englobar. 
En segundo lugar, desearía señalar a la Comisión el hecho de que no ha querido definir el término "contenido digital", y eso me molesta mucho, me preocupa mucho. 
Me gustaría saber lo que englobará el término "contenido". 
Si bien sólo incluimos el contenido útil para las empresas, concretamente la meteorología y la geografía- lo cual es muy deseable, ciertamente -, no se debe olvidar que, por lo que respecta al contenido destinado a los ciudadanos, éste es mucho más complejo que las informaciones útiles para las empresas. 
Ello atañe a los ciudadanos porque los contenidos culturales, educativos, lúdicos, turísticos, etcétera, también me parecen importantes. 
Deseo, pues, que en la aplicación del programa exijamos una definición de lo que puede ser el contenido digital. 
Efectivamente, hay que preocuparse por todos. 
Eso significa que el contenido digital es una oportunidad para todos aquellos que no han tenido acceso a la escuela bien a lo largo de su vida, o bien porque se trata de personas con discapacidad, y deseo que dicho contenido digital permita un mejor enfoque. 
Para terminar, ¿por qué privarse del contenido digital? 
El proyecto económico de e-Contenidos favorece la diversidad cultural y lingüística, y me congratulo de saber que podremos apoyar la diversidad lingüística gracias al contenido digital. 
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. (FR) Deseo dar las gracias a la Sra. Fraisse y a la Sra. Gill por su excelente informe y su contribución a la concreción de este programa de acción. 
Para llevar a buen término el desarrollo del ambicioso programa europeo e-Contenidos es necesario simplificar y consolidar desde el punto de vista de la seguridad los procedimientos considerados. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha estudiado esta cuestión a través de dos puntos particulares del informe: el acceso al público y la explotación comercial de la información del sector público, por una parte, y los intercambios de los derechos de propiedad intelectual, por otra. 
La información del sector público desempeña una función importante para la participación de la expresión de las libertades de los ciudadanos, pero también representa un recurso potencial importante para el mercado europeo de la información. 
El doble uso, público y privado, de esta información justifica la intervención de una regulación comunitaria, que debe respetar las obligaciones particulares de las autoridades públicas, así como, naturalmente, la confidencialidad de los datos personales. 
Su coste no debe ser un filtro para el acceso a la información, de la que también deben beneficiarse los proveedores comerciales. 
Es preciso definir, pues, una base común de facturación y un marco jurídico común del derecho de acceso; es decir: definir, de hecho, la propia naturaleza de esta información, para saber si puede estar protegida por el derecho de autor o no. 
El intercambio de los derechos de propiedad intelectual, por su parte, tiene por objeto posibilitar la realización de un contenido digital que alíe varios formatos: vídeo, música, texto, gestionando el pago de derechos a través de una estructura europea única. 
El objetivo es estimular la creación del contenido digital y proteger la propiedad intelectual, respetando a la vez a los consumidores que acceden al contenido de manera lícita y a los derechohabientes. 
Las acciones emprendidas deberán tomar en consideración el futuro marco jurídico actualmente en discusión, tendente sobre todo a definir los derechos exclusivos de los derechohabientes por línea. 
. (FI) Señor Presidente, la industria de contenidos digitales se caracteriza por el aumento del volumen de información. 
La información es la materia prima del conocimiento en la industria de contenidos digitales, y hay que añadir que los servicios multimedia aprovechan al máximo las posibilidades de la industria del espectáculo y del entretenimiento para incrementar el volumen de producción de contenidos. 
Ya no existen las barreras de antaño para la transmisión de la información digital. 
Los contenidos digitales, que representan más cantidad que calidad, homogenizan y condensan la diversidad social. 
El 70% del contenido de Internet está en inglés, si bien el reto de Europa es aprovechar más y mejor su riqueza lingüística. 
Aunque las diferencias lingüísticas puedan ocasionar costes adicionales, la existencia de contenidos en las diferentes lenguas es un requisito importante de la democracia en la UE. 
Para solventar estos problemas, es necesaria una industria de servicios lingüísticos que se concentre en la confección lingüística y que diversifique las infraestructuras de los contenidos digitales en las diferentes lenguas. 
Del mismo modo, es necesaria una localización de la producción de contenidos que responda tanto a las necesidades de la adaptación lingüística y cultural de los productos, como a las preferencias de los consumidores. 
La potencialización de la cantidad en la industria de contenidos digitales puede menoscabar la producción de contenidos valiosos desde el punto de vista social y cultural. 
Por ello, el objetivo de las medidas públicas de apoyo destinadas al fomento de la industria de contenidos de la UE ha de ser también la consecución de un alto nivel de cultura y la diversificación de la misma. 
Hoy en día no es suficiente con que la gente sepa leer, sino que el dominio del nuevo alfabeto de los medios es realmente tan importante en el nuevo milenio como el saber leer y escribir tradicional. 
En la Comisión de Presupuestos hemos prestado atención a la importancia que tiene el aprovechamiento de la producción de contenidos y de la información pública, y hemos considerado que los fondos reservados en los presupuestos para tal fin son demasiado escasos. 
Sin embargo, consideramos que se trata de un buen comienzo. 
También damos las gracias a la Sra. Gill por la gran actividad y energía mostradas en la redacción del contenido de la posición del Parlamento. 
Señor Comisario Liikanen, en el año 2003, en la Unión Europea previsiblemente no podremos contar con 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector de la sociedad de la información y yo creo que, justamente desde este punto de vista, es precio prestar especial atención al tema de los contenidos digitales. 
Vamos a invertir muchos miles de millones de euros en la infraestructura de las redes, para el 2003 seguramente habrá más de mil millones de "móviles" en todo el mundo y se prevé que un 85% de la población de Europa navegue por Internet. 
Las cantidades que se están invirtiendo en este ámbito son obviamente incomparablemente mayores que las sumas que se destinan al sector del software, de los contenidos digitales. 
En este aspecto existe, por lo tanto, una brecha enorme que debemos colmar cuanto antes, pues es evidente que la instalación de transmisores, su interconexión y el desarrollo del software no van a crear puestos de trabajo por sí solos, sino que también será necesario dedicar una intensa atención al desarrollo de los contenidos digitales. 
¿Qué debemos hacer para promoverlos? 
En primer lugar, en la Comisión de Presupuestos- hecho que yo quiero agradecer al Sr. Seppänen- defendimos la misma posición que propugnamos ahora en el Pleno y también en la Comisión de Industria, a saber, que es necesario incrementar masivamente los recursos destinados a los contenidos digitales. 
El PPE hará suyas las propuestas en este sentido- que yo agradezco a la Sra. Gill- y también vamos a votar a favor de que se incrementen las ayudas, y yo espero que este acuerdo con los liberales y otros Grupos se mantenga y que apoyemos realmente de manera masiva que esta línea presupuestaria se incremente en efecto tal como proponemos. 
El segundo punto, tan esencial como el anterior a mi modo de ver, es que tomemos en consideración a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas en fase de lanzamiento. 
Yo estoy convencido de que muchos jóvenes que han completado su formación en las universidades, escuelas y empresas estarían perfectamente capacitados para fundar nuevas empresas en este sector y creo que éste nos ofrece nuevas oportunidades, también, en último término, en el ámbito de la cooperación transfronteriza con los países candidatos a la adhesión, pues en los países que ya cuentan con muchos especialistas la formación es relativamente buena. 
Deberíamos tenderles una mano y desarrollar proyectos conjuntos con los países candidatos a la adhesión. 
La transformación de los contenidos analógicos en contenidos digitales también plantea, empero, un enorme problema. 
Tenemos que apoyar masivamente el paso de los sistemas analógicos a los digitales. 
Tenemos que ofrecer urgentemente un apoyo en este ámbito, debemos desarrollar perfiles profesionales en el ámbito de la formación, debemos promover las propuestas de programas de entretenimiento didácticos y debemos procurar crear estructuras en el ámbito sanitario que nos garanticen la conservación de la salud hasta una edad avanzada. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Gill por su informe. 
Si verdaderamente queremos en Europa una sociedad del conocimiento, el programa sobre los contenidos digitales europeos es un punto central de referencia, y el espacio de configuración de nuestras concepciones, al objeto de diseñar dicha sociedad del conocimiento y de la información. 
No se trata de un deseo, ni de futurología. 
Por ello, además, los contenidos digitales europeos constituyen hoy el oscuro objeto del deseo de muchos pretendientes. 
El conflicto entre la Comisión de Industria, por una parte, y la de Cultura, por otra, por asumir este informe, lo pone fielmente de manifiesto. 
¿Por qué ha ocurrido esto? 
¿Se trata de un choque formal de competencias? 
Hasta cierto punto es así, no cabe duda; sin embargo, en el fondo se encuentra el núcleo de un serio problema. 
El problema consiste, en mi opinión, en un conflicto latente. 
De un lado, tenemos los contenidos y sus productores tradicionales, que aspiran a seguir el ritmo de la época digital, sin que los contenidos pierdan su importancia ni su autonomía, es decir, sin perder la titularidad de su producción, sino, por el contrario, renovando y ampliando de manera natural tal producción. 
Del otro lado, se encuentran las redes de comunicación, que necesitan los contenidos para llenar sin cesar su espacio virtual, y que consideran obvia la subordinación de los contenidos, su compra, su utilización sin especial atención a las reglas de producción. 
Las redes se reservan para sí mismas el papel de protagonista y utilizan los contenidos indiscriminadamente y, con frecuencia, sin respeto. 
Este conflicto debe ser tratado por el Parlamento con mucho cuidado. a la Unión Europea no le interesa la destrucción de las estructuras y las reglas tradicionales de producción de contenidos. 
Antes bien, es necesaria su mejora y puesta al día, su renovada presencia digital, al objeto de un mejor aprovechamiento y una más amplia circulación. 
Es importante orientar los contenidos en esta dirección. 
Especialmente, los contenidos de carácter cultural corren el peligro de encontrarse en un medio totalmente nuevo en el que el antiguo habrá quedado literalmente destruido. 
La música y la edición de libros, por ejemplo, obedecen a ciertas reglas de producción y distribución. 
Si no prestamos atención a su renovación, acabaremos encontrándonos en una situación de canibalismo cuyas víctimas serán creadores y productores. 
La Europa del conocimiento no debe destruir, al calor de su competencia con los Estados Unidos, las importantes estructuras de su capital simbólico, porque éste es el que la diferencia, en él se encuentran su riqueza, su calidad y su diversidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también me sumo a las palabras de los oradores que me han precedido y, ante todo, quiero felicitar a la Comisión y al Consejo por su rápida actuación en relación con este tema, felicitación que hago extensiva a la Sra. Gill, que ha realizado un excelente trabajo. 
A pesar de las dificultades de comunicación entre la Comisión de Cultura y la de Industria, en definitiva todos deseábamos lo mismo, o sea, impulsar una decisión rápida y eficaz. 
La tan loada diversidad cultural y lingüística de Europa a menudo aparece, de hecho, como un obstáculo, sobre todo para el mercado común. 
Sin embargo, si hacemos de la necesidad virtud, si invertimos la perspectiva y vemos nuestras lenguas no como barreras, sino como puentes, como una ventaja, y como tales las utilizamos, éstas pueden ser la base del mercado europeo y de una cierta independencia. 
En el ámbito que nos ocupa, podríamos hacer realidad en parte la tan proclamada proximidad a los ciudadanos. 
Ahora se pueden superar con mayor facilidad las barreras que la dificultan: la tecnología moderna, por un lado, y en segundo lugar, el hecho de tener que comunicarse en determinadas circunstancias en una lengua extranjera. 
Lo que ahora debe preocuparnos es que la cooperación entre todas las partes implicadas sea eficaz, que no ofrezcamos sólo contenido cuantitativo, sino que también lo mejoremos, sobre todo, en el aspecto cualitativo. 
En las consultas deben participar también los "proveedores de contenidos", el sector creativo, las personas que son responsables en última instancia de la producción de los contenidos, a quienes también se dirige el programa relativo a los contenidos digitales europeos. 
Los Verdes apoyamos el informe en los términos en los que se aprobó en la comisión. 
Me congratula ver la gran concurrencia hoy en esta Asamblea. 
Me satisface verdaderamente. 
Seguramente es que hay algo que se cuece, y eso es algo que comprobaremos a continuación. 
Señor Presidente, yo acojo con gran satisfacción el programa relativo a los contenidos digitales europeos y quisiera destacar dos consideraciones. 
En primer lugar, la técnica digital nos recuerda que ya es hora de que también saquemos partido en la era digital a un tesoro que todos compartimos y realcemos su importancia. 
Este tesoro es la diversidad cultural de Europa y la nueva tecnología nos ofrece ahora la oportunidad de afianzarlo con vistas al futuro. 
Los contenidos digitales europeos demuestran que Europa no es sólo una comunidad económica, sino también una comunidad de valores, y con este programa queremos y debemos garantizar para las generaciones futuras la pervivencia a largo plazo de este tesoro que poseemos, también en el marco de la competencia mundial. 
Ahora se nos ofrece, por lo tanto, una doble oportunidad. En primer lugar, la de asegurar mediante este programa los empleos existentes y crear otros nuevos. 
En segundo lugar, la oportunidad única de sacar también pleno partido en la práctica, en beneficio de todos, de la diversidad cultural que hasta ahora ha dificultado una amplia expansión debido a las barreras lingüísticas. 
También quisiera recordar una segunda consideración. 
El programa contempla la cooperación de los sectores privado y público en un grado hasta ahora desconocido. 
Justamente en el ámbito de la cultura es urgentemente necesario desarrollar nuevas formas de cooperación entre ambos sectores. 
Por esto yo quiero invitar encarecidamente al Parlamento y a sus diferentes comisiones- la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y también la Comisión de Cultura, Educación, Medios de Comunicación y Deporte- a que examinen en profundidad cómo se puede concretar esta nueva forma de cooperación entre los soportes públicos y privados con el fin de garantizar la diversidad cultural de Europa. 
Antes de acabar, permítanme que manifieste mi agradecimiento a cuantos han apoyado la transferencia de recursos financieros en el marco del programa a favor de las medidas lingüísticas y culturales. 
Señor Presidente, señoras y señores, todos lo han expresado esta noche: el programa que debatimos pretende facilitar la constitución de un gran mercado europeo de contenidos digitales dirigido tanto al público, en general, como a los profesionales. 
Se trata, pues, de un programa y de un informe muy importantes, y deseo felicitar a la Comisión y al comisario Liikanen, así como a la Sra. Gill. 
No insistiré en los objetivos del presente programa: condiciones favorables a la comercialización; difusión y utilización de los contenidos digitales, con el fin de fomentar la actividad económica; ampliar las posibilidades de empleo; favorecer la explotación del potencial de los contenidos digitales europeos en comparación con y frente a los Estados Unidos. 
Deseo subrayar la importancia del objetivo tendente a fomentar el multilingüismo en los contenidos digitales de las redes mundiales y, en particular, las lenguas europeas. 
Deseo hacer hincapié, igualmente, en la importancia del desarrollo profesional, social y cultural de los ciudadanos de la Unión y en la importancia de evitar, en este ámbito, que se profundice la exclusión digital, que tan a menudo mencionamos en nuestros debates. 
Se trata, pues, de un programa y de un informe muy importantes tanto en materia económica como de empleo, y deseo que tras la votación del Parlamento el programa sea rápidamente aprobado por el Consejo "Telecom", previsto, según creo, para el 22 de diciembre. 
Antes de finalizar, señor Presidente, permítame formular un último punto importante, una última pregunta dirigida a la Comisión. 
En efecto, si en materia de exclusión digital todos son conscientes del riesgo de que aumente la distancia entre los ciudadanos, las propuestas de la Comisión no son suficientes, en mi opinión, para evitar dicha exclusión. 
Por eso apoyo las enmiendas que piden la aprobación de acciones específicas en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
Señor Presidente, también como ponente de uno de los informes sobre el paquete Telecom, pienso que es importante que Europa adopte disposiciones y nos proponga programas para... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a sus Señorías por su apoyo a la propuesta de la Comisión. 
Esta amplia participación parlamentaria en el debate a esta hora avanzada es una prueba más del interés que despierta esta importante propuesta. 
El fomento de contenidos digitales europeos es, evidente y acertadamente, un tema que interesa a muchas comisiones parlamentarias. 
La ponente, Sra. Gill, ha sabido aunar las diferentes opiniones de una manera equilibrada y ha contado con la importante contribución de la Sra. Fraisse y la Comisión de Cultura. 
Permítanme, en primer lugar, decir unas palabras sobre los motivos que nos han llevado a lanzar esta iniciativa. 
Primero, la función clave de los contenidos. 
Para poder explotar la sólida posición europea en la telefonía móvil y la televisión digital es fundamental que surja una nueva serie de servicios. 
Las empresas europeas son las que están mejor situadas para localizar geográficamente los servicios y para adaptarlos cultural y lingüísticamente a las necesidades de los usuarios. 
Debemos garantizar la existencia en Europa de un clima propicio para efectuar estos cambios. 
En segundo lugar, Internet se está pasando a la modalidad móvil. Esto significa que habrá que prestar servicios personalizados y localizados que respondan a los deseos de los consumidores, allí donde se encuentren, pero es probable que los consumidores sólo estarán dispuestos a pagar por dichos contenidos si éstos están disponibles en un formato adaptado a sus necesidades culturales y en su propia lengua. 
Por consiguiente, es cada vez más importante disponer de las condiciones adecuadas para la producción de contenidos digitales multilingües europeos. 
Para responder a este reto, la Comisión propone un programa quinquenal con el objetivo de acelerar el proceso de transformación y llenar el vacío existente en los servicios de telefonía móvil: tres líneas de acción específicas con la ayuda de estudios estratégicos y la participación de los agentes del mercado que están identificados en aquellos ámbitos en que pueden potenciarse al máximo las repercusiones a nivel europeo, a saber, el fomento de la explotación de la información del sector público, la mejora de la oferta de acuerdo con las necesidades lingüísticas y culturales de los usuarios y el apoyo a los capacitadores del mercado. 
El presupuesto que propone la Comisión es de 150 millones de euros para los cinco años. 
El presente programa tiene objetivos ambiciosos y debe disponer de los medios adecuados para alcanzarlos. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por su firme apoyo al presupuesto para el programa. 
Permítanme comentar sobre algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento. 
Primero, sobre la función social y cultural del contenido digital, la Comisión acoge favorablemente el hecho de que el Parlamento haga hincapié en la dimensión social y cultural de los contenidos digitales. 
La Comisión apoya estas enmiendas, que ponen de relieve esta dimensión con mayor claridad aún que en su formulación original. 
Segundo, sobre el contenido de la dimensión económica. Lo que se pretende con el programa e-content es casar el contenido de la dimensión social y cultural con su valor económico con el fin de maximizar su valor esperado. 
En este sentido, el informe hace hincapié en la necesidad de invertir en la parte de la propuesta relativa a la adaptación lingüística y cultural en función de los países. 
La Comisión acoge favorablemente estos elementos. 
En tercer lugar, sobre la simplificación de los procedimientos y la lentitud de los pagos. Es un argumento importante y estoy totalmente de acuerdo con la ponente. 
Debemos crear procedimientos rápidos y sencillos para la ejecución de los programas. 
En este sentido, conviene observar que, dentro de la reforma administrativa, la Comisión ha adoptado recientemente una comunicación sobre la simplificación de sus procedimientos de toma de decisiones. 
Nos proponemos usar al máximo estas medidas y reducir en la medida de lo posible el plazo entre la presentación de una propuesta de proyecto y la decisión sobre su financiación. 
Para terminar, de las 49 enmiendas aprobadas en comisión, permítanme que les diga que la Comisión puede aceptar 23 de ellas en su estado actual y 15 son aceptables, en principio, a condición de que se modifique su formulación. 
Las 11 enmiendas restantes no son directamente compatibles con los objetivos de este programa específico, o bien prolongarían su mandato más allá de lo que permiten los medios financieros asociados al mismo. 
Algunas de ellas son en sí mismas ciertamente muy valiosas, pero estarán mejor situadas en otros instrumentos que en la presente decisión. 
Permítanme expresar una vez más mi agradecimiento por el informe. 
En estos momentos, se espera que el Consejo de Telecomunicaciones de 22 de diciembre alcance un acuerdo político sobre la propuesta. El acuerdo será necesario para poder iniciar la acción a comienzos de 2001. 
Muchas gracias por su atención. 
Muchas gracias, señor comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación se llevará a cabo mañana a las 10:00 horas. 
Evaluación y gestión del ruido ambiental 
En el orden del día está el informe (A5-0378/2000) del Sr. De Roo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta para crear una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de la evaluación de la gestión del ruido ambiental (COM (2000) 468- C5-0411/2000- 2000/0194 (COD) ). 
Muchas gracias, señora Oomen. No cabe duda de que se ha documentado a conciencia. 
Usted sabe que semejante propuesta se puede llevar a cabo, bien en nombre de un Grupo, o bien por un número mínimo de 32 miembros. 
Mi pregunta es: ¿dispone usted de suficientes miembros que apoyen la propuesta, o la presenta oficialmente en nombre de su Grupo? 
¿Se trata de una decisión del Grupo o no? 
Señor Presidente, naturalmente se trata de una decisión de mi Grupo. Esta misma tarde hemos estado deliberando sobre ello, precisamente a las 18:00. 
Antes de nada quiero preguntar si hay alguien que quiera hablar a favor de esta propuesta. 
La propuesta ha sido presentada por la Sra. Oomen, en nombre del Grupo democristiano. 
¿Quién desea hablar a favor de la propuesta? 
Señor Presidente, yo quiero apoyar plenamente y sin reservas, en nombre de nuestro Grupo, la solicitud de la Sra. Oomen-Ruijten. Yo también pienso, en efecto, que todos queremos que los ciudadanos de nuestros Estados miembros no sufran ninguna molestia a causa del ruido. 
No obstante, también queremos que se cumplan todos los requisitos jurídicos. 
Con este objetivo en mente, yo les pido que apoyen la solicitud de la Sra. Oomen-Ruijten. 
¿Quién desea hablar en contra de la propuesta presentada? 
Señor Presidente, en este asunto hay varios intereses contrapuestos, por lo que no es tan extraño que haya despertado tanto interés. 
Sí quisiera indicar al Grupo Verdes-ALE que no debería impedir que se pueda llevar a cabo el debate sobre este asunto esta tarde, de modo que se puedan discutir las diferentes posturas. 
La votación no se va a efectuar esta tarde y, si el mayor Grupo de este Parlamento opina que mañana no se debería votar, a mí me parece que lo correcto es que tal propuesta se presente mañana, a la hora de la votación y con el Parlamento en pleno, en vez de hacerlo hoy, lo cual me parece precipitado. 
Si no, se evitaría el debate. 
Si un Grupo quiere votar en contra, está en su derecho, naturalmente, pero debe dar la oportunidad a otros para que puedan emitir su voto a favor y dejar que el proceso democrático siga su curso normal. 
Lo que ahora amenaza con suceder es que no se pueda exponer punto de vista alguno, y yo pienso que precisamente es necesario que se aclaren los diferentes puntos de vista esta tarde, antes de que podamos votar en el futuro, sea en el momento que sea. 
Tiene la palabra el ponente, Sr. De Roo. 
. (NL) Señor Presidente, muchas gracias por concederme, también, la oportunidad de decir una serie de cosas. 
Efectivamente, estoy agradecido por el apoyo que los democristianos y, por cierto, también el de una parte del Grupo liberal, han dado a esta enmienda en concreto para limitar el ruido de los aviones. 
Nada impide a los democristianos, ni a los liberales, ni a los socialistas apoyarla mañana también con su voto. 
Lo que realmente no comprendo bien es que, si los democristianos la han apoyado en la Comisión de Medio ambiente, ¿por qué no lo pueden hacer ahora de nuevo? 
Si existiera un ligero problema técnico, lo podríamos rectificar junto con la Comisión, la cual, por cierto, debe emitir un dictamen sobre estas enmiendas. 
Por tanto yo abogo por que sí se realice el debate hoy, y que, mañana, simplemente pasemos a la votación, de modo que también el Consejo de Medio Ambiente pueda tomar una decisión el lunes y el martes próximos, para que se pueda actuar contra el ruido en el más breve plazo posible y que los ciudadanos soporten menos ruido del que ahora soportan. 
Muchas gracias, señor ponente. 
A continuación se procederá a la votación sobre la propuesta para devolver el informe pendiente a la comisión. 
(Se rechaza la devolución del informe a la comisión) 
. (NL) Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en Europa hay cada vez más ciudadanos que sufren molestias por el ruido. 
La Comisión Europea estimaba hace diez años, en el quinto programa de acción medioambiental, que la cuarta parte de los ciudadanos sufrían molestias por el ruido de los automóviles, los camiones, los aviones, las motos, los ciclomotores, los trenes, las fábricas, y los barcos. 
Actualmente, se calcula que 1 de cada 3 europeos se queja del ruido. 
En mi propio país, los Países Bajos, se estima en un 40%. 
Cada vez hay más gente que sufre molestias por el ruido, sobre todo por la noche, por lo que más de 10 millones de ciudadanos sufre alteraciones del sueño en Europa. 
Los niveles excesivos de ruido afectan estructuralmente a la salud de las personas y disminuye su calidad de vida. 
Hace ocho años, la Comisión Europea prometió presentar antes de 1994 proposiciones de ley para crear indicadores de ruido armonizados y, antes de 1995, propuestas para crear normas europeas sobre el ruido. 
Sólo este año, seis años más tarde de las fechas arriba mencionadas, y bajo fuerte presión del Gobierno francés, la Comisión ha presentado una propuesta para establecer indicadores de ruido armonizados. 
Estas propuestas son buenas. 
El indicador Lnight es un buen indicador para medir las molestias durante las horas de sueño, y el indicador global de ruido Lden es, probablemente, el mejor en esta área. 
Según este indicador, la mañana-mediodía consta de 12 horas, la tarde de 4 horas y la noche de 8 horas. 
El ruido nocturno se multiplica por el factor 10, y el ruido de la tarde por 5. 
El periodo nocturno debe constar de 8 horas, lo cual es extremadamente importante, teniendo en cuenta que en el aeropuerto de Frankfurt este periodo aún se considera de 6 horas, en el aeropuerto de Heathrow, 6,5 horas y en el de Schiphol, 7 horas. 
La gran mayoría de la gente necesita 8 horas de sueño. 
El indicador Lden consiste en una media anual. 
Hay un caso para el cual éste no es el indicador más apropiado, que es cuando se trata del ruido de corta duración, provocado principalmente por las fábricas. 
Por ello, la Comisión de Medio Ambiente propone que se introduzca el indicador LA-max para estos casos. 
Un importante elemento, como se verá más adelante en el debate, es la subsidiariedad. La Comisión de Medio Ambiente quiere atenerse también a este principio. 
Los Estados miembros son libres de determinar cuándo empieza la tarde y cuándo el periodo nocturno que le sigue. 
Si los escandinavos se quieren ir a la cama a las 10 de la noche y los españoles no antes de las 12 de la noche, es asunto suyo. 
Pero las horas de comienzo de los diferentes periodos deberán ser las mismas para todos los medios de transporte- aéreo, por carretera y por ferrocarril- y para las fábricas. 
En la Comisión de Medio Ambiente censuramos el miedo que tiene la Comisión a proponer normas sobre el ruido para la UE. 
La Comisión de Medio Ambiente propone crear una ley base del ruido, con cuatro directivas de desarrollo. Esto es, directivas de desarrollo para el ruido que produce el tráfico aéreo, el de las carreteras, el del ferrocarril y el de las fábricas, pero siempre con un enfoque combinado: hacer una norma de la UE para el ruido y también estándares de la UE sobre el ruido de los aviones, los automóviles, los camiones, los trenes y las instalaciones fabriles. 
La propuesta más controvertida presentada por la Comisión de Medio Ambiente es la de empezar a crear ya, desde ahora mismo, una directiva de desarrollo para el ruido del tráfico aéreo. 
Para ello, la Comisión de Medio Ambiente propone normas concretas para los años 2006, 2012 y 2020. 
El ruido que producen los aviones en los alrededores de los aeropuertos se debe reducir con la ayuda de normas de contaminación acústica cada vez más estrictas. 
Esta propuesta es, en realidad, bastante moderada, si tenemos en cuenta que los países escandinavos ya tienen normas más estrictas que las que proponemos para el año 2012. 
Pero los mayores aeropuertos, como los de Heathrow, Frankfurt y París tendrán que hacer un esfuerzo para cumplir con las primeras normas, ya en el año 2006. Pero, para ello, se necesitará una situación comparable (level playing field). 
Daré un ejemplo: el Gobierno neerlandés ha implantado los límites nocturnos en el aeropuerto de Beek, en los alrededores de Maastricht, de modo que no está permitido volar entre la 01:00 y las 05:00. 
Ante esa situación, las compañías aéreas cambiaron la ruta de los aviones más ruidosos, llevando su cargamento a Ostende, en la costa de Bélgica, situación contra lo que protestaron los habitantes de Ostende. 
Actualmente aterrizan exactamente los mismos aviones ruidosos durante toda la noche en el aeropuerto de Luik, que se encuentra a 60 kilómetros al sur de Maastricht. 
Con todos estos acontecimientos no hemos avanzado, pues, nada. 
Por ello son necesarias tales normas. 
Señor Presidente, el ruido ambiental es uno de nuestros problemas más antiguos. 
Sin embargo, durante mucho tiempo, no se ha considerado como un grave problema medioambiental. 
Ahora, que el ruido ambiental ha aumentado considerablemente, ciertamente también debido al aumento de la movilidad, también ha aumentado el número de personas que lo sufren. 
Me alegro, pues, por la propuesta de la Comisión, aunque la veo como un primer paso demasiado cauteloso. 
La Comisión no se atreve a establecer normas europeas, sino que, en primera instancia, sólo aspira a armonizar los indicadores de carga de ruido en el ámbito europeo. 
El Sr. De Roo propone en su informe transformar la directiva en una directiva marco. Nuestro Grupo ha recibido esta propuesta con satisfacción. 
No obstante, quiero establecer prioridades por lo que respecta a la normativa, en la cual se debería comenzar por establecer una normativa sobre el ruido alrededor de los aeropuertos. 
A todos nos resulta evidente que el ruido alrededor de los aeropuertos es especialmente molesto para los habitantes de esos lugares. 
Para un partido popular como el nuestro, el PPE, es ésa una razón más para no dejar que el tráfico aéreo escape a la normativa europea ni para que se sigan estableciendo diferencias entre la aviación militar y la civil. 
Se necesita ya una normativa europea, porque, en mi opinión, no se debe permitir que las compañías aéreas puedan continuar "yendo de compras". 
Orly, Schiphol, Barcelona y otros aeropuertos cumplen ya con estrictas medidas. 
No se puede aceptar durante más tiempo que se altere el mercado debido a la existencia de diferentes normativas para el tráfico aéreo. 
Las diferencias pueden llevar a una situación en la cual un determinado aeropuerto cerca de la frontera no se pueda ampliar más, por ejemplo del de Maastricht, mientras que a cincuenta kilómetros, en Bierset, se construye un nuevo aeropuerto sin obstáculo alguno. 
También se debe reflexionar sobre el significado y uso de los términos "día-mediodía" y "noche" e, incluso, de "límites nocturnos", términos que en los Países Bajos están provocando gran confusión. 
En mi opinión se necesita uniformidad para un entorno competitivo saludable, y, desde luego, para la gente a la que representamos. 
Por lo que respecta al ruido del ferrocarril y del tráfico rodado, se trata más bien de asuntos que se pueden abordar por medio de directivas técnicas. 
Por tanto, yo abogo por que se deje de lado la carga de ruido o la normalización en los ejes de tráfico rodado y que se introduzcan vehículos y trenes más silenciosos; el resto, me parece a mí, es subsidiariedad. Eso se debe dejar a los Estados miembros. 
Yo recomiendo a mi Grupo que vote en contra de las enmiendas 36 y 49 porque contienen algunos problemas técnicos; no porque el nivel esté muy alto, sino porque los detalles técnicos lo hacen poco claro. 
Por lo demás, le doy las gracias al ponente. 
Señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión de 1966 sobre la política futura de lucha contra el ruido señala que un 20% de la población de Europa occidental, o sea, alrededor de 80 millones de personas, está expuesta a unos niveles de ruido que los expertos consideran intolerables. 
El ponente ya ha citado unos porcentajes mucho más altos, pero en cualquier caso lo cierto es que el ruido ambiental es un problema importante y grave. 
En consecuencia, la reducción y prevención del ruido ambiental deberá constituir en el futuro un aspecto fundamental de la política medioambiental europea. 
Nosotros acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión, pero nos parece insuficiente. 
La armonización de los métodos de evaluación y la elaboración de planes de acción por parte de los Estados miembros son de agradecer, pero no nos damos por satisfechos con ello. 
Por lo tanto, pedimos que se adopte una directiva marco, concebida como un marco comunitario para la evaluación del ruido ambiental y la lucha contra el mismo. 
Pedimos a la Comisión que presente directivas derivadas en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la presente directiva. 
Dichas directivas derivadas deberán establecer unas normas de calidad para las diversas fuentes de ruido y yo me congratulo de que nuestra comisión aprobase el planteamiento de nuestro Grupo por una amplia mayoría y espero que las enmiendas de Bernd Lange en este sentido también obtengan la mayoría necesaria en la votación de mañana. 
Mi Grupo no apoya, no obstante, la intención del ponente de establecer ya, por medio de la presente directiva, unos valores límite de ruido ambiental aplicables a los aeropuertos. 
Después de examinar detenidamente las correspondientes enmiendas, consideramos más lógico y coherente el enfoque que nosotros proponemos, esto es, la definición de unas normas de calidad para todas las fuentes de ruido en las directivas derivadas. 
Otro punto importante que nosotros proponemos que se incorpore y que va a ser fundamental en el contexto de la problemática del ruido de los aviones es la definición de otros indicadores de ruido suplementarios, además de los que ha señalado el ponente. 
Yo les pido, por lo tanto, que apoyen la enmienda correspondiente, por la cual se establecería, además de los indicadores acústicos citados, otro indicador suplementario que defina un nivel máximo de ruido. 
Señor Presidente, durante muchos años las consecuencias del ruido en el puesto de trabajo y en el entorno en general han sido claramente infravalorados por los gobiernos y ayuntamientos. 
El hecho de que la gente sufriera insomnio y estrés, y que su capacidad auditiva se viera dañada, se consideraba menos importante que el crecimiento económico. 
Ahora, que aumenta principalmente el ruido del tráfico dada vez más, no podemos eludir durante más tiempo la adopción de medidas drásticas. 
Los mayores aeropuertos se encuentran en zonas densamente pobladas, y sus alrededores son cada vez más inhabitables. 
Es importante que en esas zonas se garantice a todo el mundo al menos ocho horas de silencio durante la noche y que los gobiernos no permitan ya que ese periodo de tiempo se vea mermado después de haberlas declarado como parte de los llamados límites de la noche. 
Con mucha razón no se les impone a los Estados miembros horarios fijos, pero sí un determinado número de horas. 
El ponente ha sido muy creativo a la hora de pensar en las directivas marco, las directivas de desarrollo y la creación de tarjetas de sonido a disposición del público. 
El Grupo de Izquierda Unida le presta su apoyo muy a gusto, aunque nos habría gustado haber llegado algo más lejos en la búsqueda de soluciones definitivas y en la manera de tratar a aquellos que ganan dinero con las molestias causadas por el ruido. 
Ahora que se ha visto en la Comisión de Medio Ambiente que nuestros deseos de llegar más allá no pueden contar con el apoyo de los dos Grupos mayores, espero que, al menos, las moderadas propuestas del ponente sí se adopten por mayoría. 
Señor Presidente, Señorías, hay muchos ciudadanos de la Unión Europea para los que la calidad de vida no pasa de ser un espejismo. 
Les sobran las horas perdidas en el tránsito ciudadano y les faltan las horas para estar con los hijos; trabajan sin condiciones y no tienen espacios verdes ni ocio para descansar; pierden días haciendo cola en los hospitales y se debaten con la burocracia de los servicios administrativos del Estado. 
En las ciudades corremos y perdemos de vista el bienestar. 
Conviene introducir el ruido ambiental en este lamentable panorama. 
Está presente durante todo el día, con lo que vuelve la vida aún más fatigosa, y por la noche, con lo que perturba el merecido descanso. 
Por desgracia, cada vez hay más ciudadanos europeos afectados por el ruido ambiental. 
Pero, a pesar de ello, la Unión Europea ha sido lenta en la aplicación de una política común en materia de ruido. 
Ha tardado cinco años en presentar una propuesta de indicadores europeos armonizados de ruido. 
No es aceptable que tengamos que esperar más de cinco años para establecer los límites de ruido que aplicar en toda la Unión Europea. 
Por eso, convengo con el ponente de Roo, cuando propone que no perdamos más tiempo y transformemos esta directiva sobre la evaluación y la gestión del ruido en una directiva-marco vinculante. 
El ruido que más perturbaciones de sueño provoca en los ciudadanos es el causado por el tráfico aéreo nocturno. 
Por falta de normas comunes en la Unión Europea, hemos asistido a situaciones de notoria distorsión de la competencia entre aeropuertos y falta de equidad entre los ciudadanos de los diferentes Estados miembros. 
Así, pues, es fundamental que se establezcan límites vinculantes respecto del ruido de las aeronaves en las inmediaciones de los aeropuertos. 
Ahora bien, creo que la enmienda nº 36 no es la forma más sensata de hacerlo. 
En todo caso, felicito al ponente por la labor realizada. 
Señor Presidente, Señorías, señor ponente, en muchos aspectos esta directiva es realmente única, por la sencilla razón de que, por primera vez, se reconoce que el ruido y las molestias que éste provoca son un problema social y ecológico. 
El ruido, expresado en decibelios, se convierte con esta directiva en un criterio de nivel de vida. 
En primera instancia éste es el mérito del ponente y del apoyo que éste ha recibido en la comisión. 
Esta directiva marco contiene en su espíritu la ambición de luchar contra la contaminación acústica. 
Contiene cosas buenas e importantes: la armonización, el uso de indicadores y parámetros comunitarios, software y otros instrumentos parecidos. 
Pero, de todos modos, déjeme que diga algo sobre los dimes y diretes y sobre la lucha entre bastidores dentro de la comisión y a su alrededor, en los últimos tiempos y hoy, aquí mismo. 
El ponente ha fijado una serie de indicadores en su propuesta, una serie de objetivos para los aeropuertos. Yo le comprendo. 
También en mi país se trata de un objeto caliente de debate. Y también en mi país le preocupa al ciudadano. 
Nuestra obligación como diputados del Parlamento Europeo, y la de éste, como organismo europeo, es hacer algo al respecto. 
Yo también quiero objetivos claros, por supuesto, pero las normas que el ponente propone son prematuras en estos momentos. 
Hay un Grupo que ha dicho que existen problemas técnicos. 
Ellos sabrán. 
Lo que pasa es que, simplemente, aún no están desarrollados. 
Tenemos que darle tiempo a la Comisión para poner remedio a ello; aunque no demasiado tiempo. 
Por ello las enmiendas de mi colega Bernd Lange me parecen tan importantes. 
Espero que reciban apoyo y que la Comisión proponga normas con fundamentos claros dentro de ocho meses, que es de lo que se trata. Espero que podamos alcanzar aquí un compromiso sobre esa materia. 
Señor Presidente, España ha apoyado y apoya la política de lucha contra el ruido en general y, en particular, esta Directiva comunitaria, así como el meritorio trabajo del señor De Roo. 
No obstante el interés y la voluntad españoles en establecer normas comunitarias sobre este particular, subsiste un problema de fondo que afecta profundamente a la forma de vida en España. 
Se trata del establecimiento de un factor de molestia para el ruido existente a partir de las 7 de la tarde, lo que en la propuesta de Directiva se llama evening. 
La propuesta de la Comisión, en el punto l del Anexo I, prevé añadir sistemáticamente cinco decibelios a todo el ruido generado entre las 19 y las 23 horas. 
Por razones climáticas y culturales, en España la vida se prolonga más tarde que en otros muchos lugares de Europa. 
Es obvio que la molestia que pueda ocasionar el ruido entre las 19 y 22 horas varía según las diferentes formas de vida de cada lugar. 
En España y en muchos países mediterráneos, la jornada diurna normal se prolonga bastante más allá de las 19 horas que señala esta directiva. 
En consecuencia, no oculto que mi país tendrá una enorme dificultad en aceptar la propuesta de la Comisión, salvo si ésta incorpora un mecanismo de flexibilidad suficiente para que la forma de vida heredada de nuestros antepasados y, por otro lado, tan apreciada tanto por los propios españoles como por nuestros visitantes extranjeros, pueda mantenerse. 
Hasta ahora, las fórmulas de flexibilidad ofrecidas consisten en pasar parte de las cuatro horas del evening obligatorio hacia el tiempo de la siesta. 
Pero este mecanismo no sirve, ya que, por desgracia, la siesta ni se duerme todo el año en España ni siquiera se duerme en toda España. 
Elementos de flexibilidad pueden ser la posibilidad de reducir, o bien el número de horas o bien la reducción del grado de molestia que la propuesta asigna a ese tiempo de evening. 
Serían los Estados miembros los que, en función de las costumbres de cada país determinaran la duración de dicho período en una horquilla. 
En este sentido, por supuesto que apoyamos, la enmienda 48 del señor Oomen-Ruijten y del señor Florenz. 
Señor Presidente, en primer lugar, debo decir que acojo favorablemente el presente informe. 
El ponente ha realizado un gran esfuerzo, y la Comisión, con el estímulo de los colegas que la animaron durante el anterior Parlamento, ha elaborado una iniciativa excelente. 
Es una situación muy seria que afecta a la salud de millones de personas y exige una acción cuidadosa y atenta para resolver los problemas. 
Es un problema complejo. 
Así debemos reconocerlo y debemos adoptar un enfoque paso a paso y bien calculado para atajar los problemas del ruido en cada localidad, en cada lugar y en cada situación cultural dentro de la Unión y en todas partes. 
Por este motivo, el principal elemento del presente informe es la necesidad de armonizar los métodos de medición y evaluación en toda la Unión Europea, de manera que podamos hablar en términos comparables sobre los problemas. 
Asimismo, debemos construir mapas del ruido y medir el problema real en cada localidad para establecer qué puede hacerse en cada caso y adoptar para ello medidas a nivel local y, mediante un enfoque gradual, poder llegar finalmente hasta un auténtico programa de acción con una buena relación coste-beneficios en las medidas que adoptemos y que nos permita alcanzar la solución que buscamos; una reducción real de los niveles de ruido y la consiguiente mejora de la salud humana. 
En algunas partes del informe se propone un modo demasiado rápido y demasiado precipitado de enfocar un problema que no ha sido examinado a fondo debidamente. 
Me parece, por ejemplo, que la fijación de límites de emisión de ruido a estas alturas es prematuro. 
Debemos examinar exactamente qué medidas pueden adoptarse a nivel local y si necesitamos valores límite en el futuro. 
Debemos avanzar por ese camino, pero, en estos momentos, la presente propuesta del ponente va demasiado lejos en esa dirección. 
No obstante, quisiera recomendar a la Asamblea el informe y, naturalmente, la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, yo no puedo dejar de lamentar que el intento de retirar el presente informe del orden del día de esta noche se haya interpretado de una forma tan errónea. 
No nos proponíamos en absoluto ninguna treta malintencionada. 
Después de escuchar a David Bowe, que pertenece a un Grupo bastante significativo de esta Asamblea, queda claro que no resulta tan sencillo imponer un control a los administradores de los aeropuertos de manera que los ciudadanos de Europa que viven en las proximidades de un aeropuerto- y que tienen todas mis simpatías- experimenten también una verdadera reducción de las molestias. 
Francamente, me asombra mucho oírles decir a algunos que necesitamos directivas derivadas. 
La propuesta me parece muy bien, pero ya llevamos veinte años batallando por esas directivas. 
Necesitamos un instrumento que permita establecerlas. 
Esta era en el fondo la finalidad de la enmienda 36, si bien yo creo que la idea todavía no se ha desarrollado a fondo. 
Por esto necesitábamos un tiempo para elaborar esta propuesta y poder plasmarla. Porque al menos una cosa está muy clara, señora Scheele: usted es aún muy joven y durante todo el tiempo que permanezca en esta Cámara, yo le aseguro que no verá ninguna directiva derivada relativa al tráfico aéreo. 
Siempre encontrarán una manera de escabullirse, por la izquierda, por la derecha, por el centro o por dónde sea. 
También están en juego intereses económicos y yo, naturalmente, también lo comprendo. 
Por esto necesitamos unos parámetros y tenemos que elaborarlos aquí en el Parlamento. 
Con este objeto deseábamos poder disponer de otros diez o quince días. 
Lo que importa no son tanto nuestros deseos, sino qué deseos se transponen en último término en forma de políticas. 
Al final del partido, se cuentan los goles. 
En este sentido, yo no soy excesivamente optimista. 
No obstante, aguardo con expectación el resultado de mañana. 
Lamentablemente, apreciado colega de Roo, es muy probable que su buen enfoque se haya malogrado hoy. 
Señor Presidente, al leer la propuesta de la Comisión no puedo dejar de evocar una imagen. 
Un hombre está sentado a la orilla de un río en Finlandia e intenta capturar salmones con una manga. 
Las mallas son, sin embargo, tan anchas que todos los salmones se escurren a través de ellas. 
En este sentido, me parece adecuado que estrechemos un poco las mallas de la propuesta de la Comisión y que para ello sigamos exactamente el mismo camino que en el caso de la calidad del aire y de las aguas. 
En primer lugar, debemos contar con una directiva marco que establezca los métodos de evaluación y los planes de acción, y que armonice globalmente las políticas en este ámbito. 
En segundo lugar, vienen las directivas derivadas relativas a las normas de calidad. 
Justamente en el caso de la política contra los ruidos tenemos que examinar muy detenidamente qué normas de calidad deseamos, esto es, unas normas comparables para el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera, y también en lo que respecta a la relación dosis-efecto. 
Tenemos que conocer exactamente las dosis que resultan peligrosas para las personas a corto y a largo plazo. 
Las directivas derivadas se deberán elaborar, por lo tanto, con mucho cuidado y entonces será el momento de establecer simultáneamente, como parte de un enfoque combinado, unos valores límite para determinadas fuentes de ruido. 
En este sentido, es cierto que necesitamos una directiva marco y un enfoque combinado, y en consecuencia me parecen acertadas muchas de las propuestas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Las enmiendas 10, 36 y 37 me plantean algún problema, concretamente porque se adelantan a la directiva derivada en el caso del ruido asociado al tráfico aéreo. 
Deberíamos examinar detenidamente este aspecto y adoptar luego en ambos ámbitos un enfoque combinado, estableciendo por un lado unos valores límite para las distintas fuentes de emisión sonoras y, por el otro lado, unas normas de calidad de las emisiones. 
Yo creo que debemos avanzar en esta dirección. 
Señor Presidente, el procedimiento que se ha seguido en el caso de esta directiva recuerda el modelo del programa Natura 2000, que evidentemente tendrá como resultado una limitación masiva de los usos económicos de grandes zonas; este es un aspecto que deberíamos tener en cuenta en el debate. 
Los ferrocarriles europeos ya calculan que ellos solos deberán dedicar 20 millones de euros a la elaboración de los mapas de ruido, o sea, el montante del gasto total calculado por la Comisión. 
Los ferrocarriles solos ya calculan que necesitarán esta cantidad. 
Yo quisiera resaltar también que a las pequeñas y medianas empresas les será imposible pagar el coste de dichos mapas de ruido. 
Yo creo que más bien deberíamos inclinarnos por la adopción de instrumentos que actúen como un incentivo y contemplar iniciativas de apoyo que permitan alcanzar el objetivo de reducir el ruido. 
Además, también es importante pensar en los países candidatos a la adhesión. Allí también quieren dormir tranquilos, pero desean asimismo poder trabajar sin trabas. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de hablar sobre esta importante directiva marco, aunque habría agradecido disponer de algunas semanas más, quizá hasta el período parcial dé sesiones de enero, para poder mantener un diálogo adecuado con todas las partes involucradas, ya que ello habría contribuido a la obtención finalmente de una legislación más sensata. 
No obstante, acojo favorablemente la directiva marco y no hay duda de que toda la Asamblea habría hecho lo propio de no haberse introducido los puntos específicos contenidos, entre otras, en la enmienda 36. 
Es la primera directiva que trata sobre el ruido ambiental de forma separada del ruido procedente de una fuente común particular y eso merece ser saludado. 
Todos conocemos los peligros para la salud que el ruido acarrea a todas nuestras vidas. 
Es un peligro creciente y el modo en que acometamos la búsqueda de soluciones nos permitirá medir nuestro éxito. 
No podemos imponer a las personas, las comunidades o las empresas normas específicas sin el debido diálogo y la debida consulta. 
Quisiera preguntar si la Comisión podría referirse a la evaluación de las repercusiones que esta propuesta tendrá para las empresas, que supongo habrá llevado a cabo tal y como establece el Tratado. 
Quisiera saber cuál ha sido el resultado. 
Me gustaría apoyar plenamente la necesidad de armonizar los indicadores de ruido y métodos de evaluación, todo el ámbito de mapas del ruido, la elaboración de planes de acción para reducir el ruido y proteger zonas tranquilas según convenga y ampliar el alcance de la información al público. 
También me gustaría que cuando llegue el momento de una directiva de desarrollo, en vez de esta directiva marco, en la que se presenten normas específicas sobre la igualdad de condiciones a nivel de la UE, se tengan en cuenta el terreno, las condiciones y la densidad demográfica de cada zona y que dispongamos de tiempo suficiente para debatirla debidamente. 
Eso es lo que deberíamos hacer y es así cómo deberíamos acometer la empresa. 
Por ejemplo, la enmienda 36 hace referencia a las mediciones de los promedios, en particular durante la noche, pero un avión podría llegar durante las ocho horas nocturnas y producir tanto ruido que despierte a todo el vecindario y, sin embargo, respetar los valores estipulados en la enmienda 36. 
Eso no es lo que queremos. 
No queremos promedios, sino valores específicos. 
Necesitamos más tiempo y lamento que no lo hayamos tenido, aunque en términos generales, apoyo la directiva marco. 
. 
(EN) Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. de Roo, por su trabajo. 
El ruido ambiental perjudica la salud y la calidad de vida de al menos el 25% de la población de la UE. 
Provoca enfermedades, como el estrés y la subida de la tensión arterial, y reduce la capacidad de aprendizaje de los niños. 
El ruido producido por la aviación es probablemente el que más preocupa en Europa, mientras que aquél producido a nivel local por el tráfico rodado, el ferrocarril y las obras es generalmente el que ocasiona mayores problemas. 
¿Qué deberíamos hacer para atajar este creciente problema? 
Resultaba tentador aprovechar ésta y otras directivas para establecer cuanto antes nuevos valores límite de ruido en la UE. 
Puede parecer la manera lógica de controlar el nivel de ruido, pero sería prematuro fijar nuevos valores límite de este modo por dos razones principales. 
En primer lugar, porque ya disponemos de legislación sobre el acceso al mercado que establece valores límite para numerosos tipos de vehículos de motor y para equipos que se utilizan al aire libre. 
Sería más sencillo y rápido endurecer las normas sobre el ruido de la legislación en vigor que introducir nuevas directivas de desarrollo. 
Estudiaremos cuáles deben ser dichas normas una vez que dispongamos de pruebas materiales obtenidas a través de los mapas del ruido estratégicos. 
En segundo lugar, la presente propuesta utiliza un nuevo enfoque para hacer una evaluación de la situación general del ruido en Europa, en términos del número de personas que se ven afectadas por el ruido. 
Actualmente es imposible calificar el ruido en los diferentes Estados miembros debido a la gran variedad de indicadores y métodos de evaluación que utilizamos. 
Un problema especial es el ruido en las proximidades de los aeropuertos. 
Debido a la competitividad comercial entre aeropuertos y entre fabricantes de aviones no ha sido posible obtener niveles de ruido correctos y contrastados. 
La obtención de información comparable sobre el ruido en las proximidades de los aeropuertos será un gran paso adelante. 
Por ello, la Comisión no podrá respaldar las enmiendas que introducen valores límite para los aeropuertos en estos momentos. 
Una vez que los Estados miembros hayan proporcionado información comparable, la Comisión estudiará la cuestión de introducir valores límite comunitarios y otras medidas para reducir el número de personas que se ven afectadas por el ruido, y presentará un informe al Consejo y al Parlamento. 
Como medida general para mejorar la situación, proponemos que las autoridades de los Estados miembros elaboren planes de acción previa consulta exhaustiva al público. 
Dichos planes de acción deberían exponer las medidas que los Estados miembros adopten o se propongan adoptar para reducir el problema del ruido. 
No estamos prescribiendo las medidas que deberían adoptarse. Esa decisión deberán tomarla los Estados miembros. 
No obstante, deben hacerse públicos los planes de acción, aunque lo único que digan es que no se prevén mejoras, de manera que las personas que residen en las zonas afectadas sepan cuál es la situación y puedan discutir el problema con sus representantes políticos. 
Agradezco a los diputados sus enmiendas encaminadas a reforzar el texto y la participación de la sociedad, que la Comisión acepta sin reservas. 
Nuestra principal prioridad es elaborar mapas del ruido estratégicos, utilizando para ello indicadores armonizados, y hacer una evaluación de todos los tipos de ruido que nos proporcione una imagen precisa del número de personas afectadas y dónde. 
Nuestro primer informe sobre la directiva debería ser presentado al Parlamento en 2007. El informe incluirá un minucioso examen de los valores límite. 
Un proceso de revisión quinquenal garantizará entonces la colaboración continuada de los Estados miembros. 
La Comisión valora la contribución del Parlamento y acoge favorablemente la mayor parte de las enmiendas con las que hoy contribuye. 
Espero que ahora lleguemos a un acuerdo sobre un modo positivo de avanzar con vistas a alcanzar una posición común con el Consejo la semana próxima. 
En lo que a las enmiendas se refiere, la Comisión ha estudiado las 49 enmiendas y puede aceptar, en su totalidad o en parte, 25 de ellas. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1 hasta 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 y 43. 
Son aceptables, en principio o en parte, las enmiendas siguientes: 6, 7, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 39, 42, 44 y 45. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas restantes. 
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por el minucioso examen a que ha sometido esta propuesta y por las numerosas enmiendas de utilidad con las que ha contribuido. 
Gracias, señor comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10:00 horas. 
Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 
En el orden del día se encuentra la recomendación para que se lleve a cabo la segunda lectura (A5-0347/2000) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto del punto de vista comunitario, fijado por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la modificación de la Directiva 95/2/CE en materia de aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (9662/1/2000- C5-0425/2000- 1999/0158 (COD) ). 
- (FR) Señor Presidente, a esta hora de la noche no creo que sea de buen tono alargar el debate, sobre todo teniendo en cuenta que sólo se refiere a unos pocos elementos. 
Existe una única enmienda, pero dicha enmienda es importante. 
Voy a explicar por qué. 
En primera lectura aprobamos, en efecto, cinco enmiendas, dos de ellas esenciales. 
La primera pretendía no autorizar el uso del etilhidroxietilcelulosa- pido disculpas por la complejidad del término científico, pero es el E 467- como nuevo aditivo alimentario. 
Es muy favorable que el Consejo la haya aceptado. 
Por el contrario, no aceptó otra enmienda tendente a rechazar la ampliación de la autorización del uso de un aditivo distinto: el alginato de sodio (E 401) , para las zanahorias preenvasadas, peladas o troceadas y no elaboradas. 
Esto parece algo anodino, pero voy a explicar la razón por la cual la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha hecho bien en proponer a la Asamblea que no acepte dicha autorización. 
En primer lugar, existen tres criterios que están presentes, en general, en la admisión o el rechazo de un nuevo aditivo. 
El primer criterio consiste en la necesidad tecnológica. 
La necesidad tecnológica es en este caso difícilmente discutible. 
Cabe señalar, en efecto, que el alginato de sodio se utiliza, en este caso, como agente de firmeza para las zanahorias peladas, cortadas y embaladas, dispuestas para el consumo. 
El mismo previene el ablandamiento de los trozos y contribuye a mantener las propiedades organolépticas de las zanahorias. 
El segundo criterio es la utilidad para el consumidor. 
El tratamiento con alginato puede inducir a error al consumidor, ya que el producto parece fresco cuando no lo es en realidad. 
Por otra parte, en general, los aditivos no pueden usarse para los productos no elaborados- lo que ocurre en este caso -, es decir, que no han sido sometidos a ningún tratamiento que haya alterado sustancialmente su estado inicial. 
Hay, pues, un tercer engaño, y por esta razón no puede decirse que exista alguna utilidad para el consumidor, sino, al contrario, un perjuicio para éste. 
El tercer criterio es el carácter no nocivo. 
Según toda la literatura científica y el Comité Científico para la Alimentación Humana este aditivo es inofensivo, pero presenta un efecto laxante, considerado despreciable habida cuenta de las dosis utilizadas. 
Puede surgir un problema si se tiene presente la cantidad de aditivos con efecto laxante. 
No se ha evaluado la sinergia de todos estos aditivos con efecto laxante. 
Ahora bien, dichos aditivos son numerosos, y señalo que en 1992 el Comité Científico para la Alimentación Humana recomendaba que se efectuara un examen de la contribución de los componentes alimentarios con efectos laxantes potenciales para la carga dietética global de las sustancias con esta propiedad biológica. 
Nunca se ha llevado a cabo dicho examen. 
Por consiguiente, como medida cautelar- mientras este examen no se haya efectuado- sería lógico que no se autorizaran nuevos aditivos que presenten estas propiedades. 
Estos son los tres criterios. 
Dos de ellos no nos satisfacen. 
Creo que es perfectamente correcto rechazar la autorización de dicho aditivo. 
No se trata de ensañarse con un aditivo, sino de ser rigurosos. 
Actualmente existen en el mercado 307 aditivos alimentarios, de los cuales 163 son totalmente inofensivos. Esto no está nada mal. 
Los demás, sin ser peligrosos, pueden presentar un inconveniente potencial para la salud, sobre todo si se usan juntos. 
Se trata siempre de problemas de sinergia. 
Sabemos que la Comisión prepara una nueva directiva sobre aditivos. 
Pienso que sería francamente interesante dar a conocer la posición del Parlamento con ocasión de la revisión de la directiva, para que la carga de aditivos sea menos importante de lo que es hoy. 
Creo que eso sería interesante para la salud pública, sin que acarree ningún perjuicio para la industria. 
Señor Presidente, en la Comisión de Medio Ambiente hemos votado, junto con el Grupo del PPE a favor del informe del Sr. Lannoye, que, por otro lado, coincide con nuestras aspiraciones. 
Por ello quiero sugerir a mis colegas que lo apoyen, junto con la enmienda. 
Nuestro partido no es de los que piden cosas para luego rechazarlas. 
Nosotros apoyamos al ponente en su enmienda. 
Preferimos que no aparezca. 
Señor Presidente, a esta tardía hora, en la cual tengo la garganta como un estropajo, no creo que tenga gran cosa más que comunicar a nuestros colegas. 
Creo haber dejado claro el punto de vista de mi Grupo. 
Muchas gracias, estimado colega, me solidarizo con usted, porque, si usted tiene la garganta como un estropajo, yo la tengo como una bayeta, como decimos al norte del Rin; lo cierto es que parece que la gripe anda rondando por aquí. 
Señor Presidente, he traído conmigo mis zanahorias, pero, a diferencia de la Sra. Thyssen, he tenido la prudencia de no intentar comérmelas, aunque las de ambos habrían superado la prueba Lannoye. 
Nunca pensé que mi última intervención en esta Asamblea en el siglo XX sería sobre alginato de sodio. 
Aunque hubiera apostado que sería en respuesta a un debate iniciado por el Sr. Lannoye, porque él es el defensor infatigable del consumidor, en cuestiones grandes y pequeñas. 
En mi humilde opinión, este asunto es relativamente pequeño- quizá tan pequeño como estas zanahorias. 
Confieso que personalmente tengo algunas dudas acerca de los peligros de E-401, pero, a fin de cuentas, no se trata de los peligros. 
He hablado largo y tendido con nuestra autoridad alimentaria en el Reino Unido y he podido saber que el alginato de sodio es inocuo, que está autorizado en los Estados Unidos y en muchos otros países, que se utiliza desde los años treinta y que en lo que a sus efectos laxantes se refiere, dichos efectos son menores que los de una fruta o los de la fibra de cereales e infinitamente menores que los de una cucharada de algas que podamos consumir en un restaurante japonés. 
Esto en lo que se refiere al enfoque científico. 
¿Por qué apoyo entonces al Sr. Lannoye? 
Y mis colegas del Grupo del PSE también lo harán. 
Lo hacemos por varios motivos, y aquí entra su particular aportación a nuestros debates. 
En primer lugar, el Sr. Lannoye dice: ¿"en qué beneficia al consumidor"? 
Podemos ver las ventajas para el productor de que esta zanahoria conserve su color anaranjado y no se vuelva gris. 
¿Pero de qué le sirve eso al consumidor? 
En segundo lugar, ¿qué hay de la disposición del sector a dar la cara y reconocer que algunos de los numerosos aditivos que se utilizan podrían suprimirse? 
Nadie afirma eso. 
Nadie viene a informarnos. 
Hasta que alguien lo haga, deberíamos respaldar el informe del Sr. Lannoye y sus enmiendas y desearle un feliz Año Nuevo. 
Señor Presidente, respaldo plenamente la postura común. 
Los motivos para limitar aún más los aditivos alimentarios son esencialmente un juicio político sobre las necesidades que tienen los consumidores de esos aditivos. 
No obstante, debemos rechazar este tipo de juicios. 
Opino que hay que basarse de acuerdo en apreciaciones de riesgos que estén científicamente probadas. 
Ante el tratamiento de esta materia en el Consejo, la Comisión ha decidido retirar la autorización de la etilhidroxietilcelulosa. 
En Suecia y en Finlandia se usa la etilhidroxietilcelulosa casi exclusivamente por las personas alérgicas al gluten. 
Esos alérgicos tienen mucha experiencia sobre el uso de la celulosa como aglutinante, especialmente en el pan. 
Si no la usan, corren el riesgo de que su dieta deje de funcionar. 
Una mala dieta aumenta el riesgo de problemas abdominales y de diarreas. 
También aumenta el riesgo de que los niños se vean afectados de enanismo. 
Si los problemas de dieta se hacen crónicos aumenta, además, el riesgo de contraer cáncer. 
El fin de semana pasado me reuní con un grupo de dietistas que estaban preocupados por los problemas relacionados con la asimilación de los alimentos que podría producir la retirada de la autorización de la etilhidroxietilcelulosa a los alérgicos al gluten. 
Por eso, mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿qué posibilidades tienen los suecos alérgicos al gluten de encontrar pan con este aditivo después de la retirada de la autorización y si la Comisión piensa acelerar las gestiones en el Comité Científico de Alimentos para posibilitar una nueva discusión y la modificación de las actuales reglas? 
Señor Presidente, tengo un saludo navideño de un chico sueco de 14 años. 
Este muchacho es alérgico al gluten y lucha con su dieta. 
Ahora ha sabido que el Parlamento Europeo quiere prohibir la celulosa de su dieta y también su cena de navidad. 
El saludo para todos ustedes dice así: ¿Qué están haciendo en la Unión Europea? 
. 
(EN) Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Lannoye, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor por el informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes. 
En lo que respecta a la enmienda sobre la utilización de alginato de sodio, la propuesta de extender su uso a las zanahorias peladas y preenvasadas la presentó la Comisión en su propuesta original de julio de 1999. 
Ahora hemos vuelto a examinar detenidamente la propuesta original y hemos llegado a la conclusión de que lo apropiado es no autorizar la nueva utilización de un aditivo como el alginato de sodio en alimentos no elaborados. 
Habida cuenta de que los criterios para la autorización de un nuevo aditivo o uso de aditivo van más allá de una simple evaluación en materia de seguridad, la Comisión puede aceptar la enmienda del Parlamento de rechazar la utilización ampliada del alginato de sodio en las zanahorias. 
Controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-372/2000) del Sr. Staes, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 95/53/CE del Consejo por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal (C5-0499/2000- 1998/0301 (COD) ). 
. (NL) Señor Presidente, señor comisario, estimados colegas, el debate sobre este informe, que trata sobre los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal, se puede comparar con la fase final de una etapa en una vuelta ciclista. 
Señorías, yo creo que la aprobación del borrador comunitario contribuirá a que mañana ganemos esta etapa. 
Pero eso no necesariamente significa, estimados colegas, señor comisario, que se haya conseguido el maillot amarillo ni que la victoria final esté a la vista. 
Tal como he explicado en mi segunda lectura, hay una crisis amenazadora en los fundamentos sobre los que se basa la modificación de esta directiva. 
Hace algunos años se hizo evidente que la pulpa de cítricos contaminada con dioxina, proveniente de Brasil, había ido a parar al pienso para el ganado utilizado en los Países Bajos, en Bélgica y en Alemania. 
Entonces, también se comprobó que la Comisión carecía de los instrumentos necesarios para actuar adecuadamente. 
Eso, estimados colegas, lo vamos a rectificar ahora. 
Durante el diálogo a tres bandas, he constatado cómo los Estados miembros anteponen sus intereses particulares a los intereses generales. 
Las deliberaciones con la Presidencia francesa fueron corteses pero duras. 
He hecho todo lo posible para conseguir que la Comisión Europea pudiera actuar autónomamente en casos de urgencia, y, desde luego, cuando existan peligros para la salud de las personas y de los animales; es decir, sin tener que consultar con los Estados miembros. 
Las medidas dictaminadas por la Comisión son de aplicación inmediata y deben ser presentadas al Comité Permanente para la Alimentación Animal en el plazo de diez días. 
Las negociaciones también hicieron posible que las medidas de saneamiento dictaminadas por la Comisión permanezcan vigentes mientras no se cambien por otras resoluciones legislativas, lo cual considero como una victoria para este Parlamento. 
Un segundo problema fue que los Estados miembros no habían comprendido nuestra reivindicación de hacer posible que se puedan llevar a cabo controles sin aviso previo. 
Durante el diálogo a tres bandas se nos hizo claro que el Consejo no quería cambiar de opinión en esta materia. 
De la Presidencia francesa me llegó una señal clara, un mensaje evidente. Un mensaje que decía: "no pasarán". 
Es evidente que los Estados miembros consideran que los controles sin aviso previo menoscaban su soberanía, aunque parecían estar dispuestos a proporcionar a los expertos de la Comisión el apoyo necesario para la ejecución de su labor. 
Por lo demás, los resultados de los controles serán comunicados al Parlamento Europeo. 
Creo que nuestro Parlamento afina de forma considerable el punto de vista del Consejo. Yo recomiendo, pues, que se apruebe el borrador comunitario. 
Pero, tal como acabo de decir, aquí terminamos, como quien dice, una etapa de una vuelta ciclista. 
Mañana tenemos en el programa otra etapa. 
Entonces le tocará el turno a nuestra colega Marit Paulsen, del Grupo liberal, quien tendrá la oportunidad de matizar aun más la directiva que nos ocupa. 
Para ello se merece todo nuestro apoyo y yo le deseo éxito. 
Ella ya sabe que puede contar conmigo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los molinos de Dios son lentos, pero muelen. 
En realidad, a mí me resultan demasiado lentos. 
Hace dos años que tenemos sobre la mesa la propuesta de la Comisión. 
Su objetivo es mejorar la armonización y coordinación de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal en los Estados miembros de la Unión Europea. 
La seguridad alimentaria es el lema del momento y tal vez incluso la expresión del año. 
Los recientes escándalos, desde la presencia de dioxinas y aceite de desecho en los piensos compuestos hasta la producción de harinas animales y de huesos- que, como todos sabemos, pueden ser una buena fuente de proteínas si se respetan unas prácticas determinadas de fabricación -, han demostrado la estrecha relación que existe entre la seguridad de nuestros alimentos y los piensos que consumen los animales. 
Sin embargo, en ese contexto se detectaron prácticas que se deben calificar de hecho como acciones delictivas. 
La respuesta del consumidor es radical y con razón. 
Opta por consumir otros alimentos que cree más seguros. 
La política está obligada a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los alimentos. 
Pero ¿cómo se pueden ofrecer garantías sobre lo que no se ha controlado? 
Nosotros consideramos que la Unión Europea tiene una obligación de control en el marco del mercado interior, donde no existen controles fronterizos. 
El control de la alimentación animal y de los alimentos es, sin embargo, competencia de los Estados miembros. 
Tras unas largas negociaciones en el Comité de Conciliación finalmente se ha alcanzado un compromiso aceptable: la garantía de que las medidas de salvaguardia adoptadas por la Comisión seguirán en vigor hasta que sean sustituidas por otra decisión, y el compromiso de los Estados miembros de prestar toda la ayuda a los funcionarios de la Comisión que lleven a cabo los controles in situ. 
En cualquier caso, lo que es seguro es que sólo conjuntamente y aunando todas las fuerzas, tanto de los Estados miembros como también de la Comisión, podremos mejorar la seguridad en el delicado ámbito de la alimentación animal. 
El Grupo del PPE/DE acepta el compromiso alcanzado. 
No obstante, queremos dejar muy claro que vamos a seguir observando con mirada crítica el desarrollo de los acontecimientos y volveremos a reaccionar como corresponde si surgen problemas. 
. 
(EN) Quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por su apoyo a la posición de la Comisión Europea y el notable esfuerzo que ha realizado para disipar los temores del Consejo. 
En realidad, esta conciliación supera los tecnicismos del texto jurídico y hace hincapié en la firme voluntad y el compromiso mutuo del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de proteger la salud y los intereses de los consumidores. 
Los Estados miembros y la Comisión disponen ahora de un instrumento mejor para velar por el fiel cumplimiento de la legislación comunitaria en alimentación animal y, en el caso de que surjan situaciones de emergencia en terceros países, puedan adoptar medidas sin pérdida de tiempo. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
Hoy está siendo tan conciso que ni siquiera me da tiempo a beber un sorbo de café. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Desarrollo sostenible en el medio urbano 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-350/2000) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano (COM (1999) 557- C5-0309/1999- 1999/0233 (COD) ). 
Señor Presidente, acojo favorablemente la serie de enmiendas de compromiso presentada por la Sra. Lienemann y la Sra. Roth-Behrendt, en nombre del Grupo Socialista, y por mí, en nombre del Grupo PPE-DE, en particular, porque el acuerdo permitirá la creación de un presupuesto de 14 millones de euros que garantizará que este programa cuatrienal pueda comenzar en 2001 sin necesidad de pasar por la segunda lectura. 
En una palabra, esperamos que este compromiso de un marco comunitario dotará, con el acuerdo de la Comisión y el Consejo, de fundamento jurídico a los planes que actualmente siguen las redes de autoridades locales y regionales que fomentan activamente el desarrollo sostenible en el medio urbano. 
Además las dotará de los medios financieros. 
Debemos cuidarnos de no adoptar un enfoque verticalista de la que debe ser una iniciativa integral. 
La Comisión no debe imponer prioridades desde arriba, sino que debe escuchar y facilitar el trabajo que se realiza a nivel local, porque las autoridades locales no son simples moderadores de las políticas de la Comisión; representan el nivel de gobierno más próximo al ciudadano. 
Tienen la responsabilidad democrática, financiera y administrativa de velar por la sostenibilidad del medio urbano. 
Acojo favorablemente esta legislación. 
Señor Presidente, hemos hablado tanto de este asunto y existe tanta unanimidad sobre el mismo que seguramente no tenemos necesidad de un ponente propiamente dicho para presentar este informe. 
Pero, en todo caso, la idea del desarrollo sostenible en el medio urbano ha venido avanzando con creciente viento en popa durante los últimos años. 
Ante todo, se trata de enfocar la cuestión de forma horizontal, es decir, que el desarrollo sostenible tiene un denominador común para las acciones sociales, económicas y ecológicas en las ciudades. 
Sabemos que la Comisión está elaborando en estos momentos un programa de desarrollo sostenible para toda la Unión Europea y que ese programa debe estar listo dentro de medio año. 
Espero que el desarrollo sostenible en el medio urbano sea una parte muy importante de esta estrategia de la Unión para el desarrollo sostenible. 
Sabemos que la mayor parte de los europeos vive en las ciudades, y hasta ahora estas cuestiones han quedado en fase embrionaria en lo que se refiere a las ciudades. 
El ponente de este informe, Sr. Lienemann, ha aumentado justificadamente la cuantía del presupuesto presentado por la Comisión. 
Ahora tampoco se cuenta con una suma demasiado grande, pero con estos recursos podremos iniciar de forma decisiva la creación de redes interurbanas, de modo que los propios ciudadanos puedan ponerse directamente en contacto con los agentes en las redes de los diferentes países. 
De esta forma, se podrá configurar una visión europea sobre el desarrollo de las ciudades. 
Espero que estos recursos se utilicen para desarrollar las acciones comunes europeas desde el punto de vista de los propios ciudadanos. 
Señor Presidente, la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles, que está formada por una red compuesta de 540 autoridades locales diferentes, se ha comprometido a aplicar las políticas y acciones locales encaminadas a fomentar la sostenibilidad. 
Realmente es cuestión de establecer las mejores prácticas que, en un sentido real, permitan el desarrollo positivo de nuestras ciudades. 
En Irlanda, los programas de renovación de los centros urbanos están haciendo una importante contribución a la mejora de ciudades pequeñas y pueblos. 
El programa de renovación de ciudades y pueblos forma parte integral del desarrollo rural. 
Los Fondos estructurales de la UE, principalmente a través del FSE, así como las finanzas de la Hacienda Pública, deben ir siempre dirigidas al desarrollo de las zonas desfavorecidas y más pobres de nuestra sociedad. 
El aspecto de la sostenibilidad no es sólo aplicable a las ciudades. 
Existen muchas zonas rurales en la Unión Europea que necesitan un desarrollo sostenible y positivo. 
Los puntos negros del desempleo no sólo son aplicables a las zonas urbanas, sino también a las zonas rurales. 
En nuestra calidad de institución legislativa, deberíamos en todo momento intentar impedir que se agrave la división que existe entre el medio urbano y el rural. 
Debemos desarrollar las zonas marginadas y menos favorecidas, al tiempo que apoyamos el desarrollo económico y la expansión de los programas sociales. 
El proceso de planificación debe aplicarse de una manera justa e innovadora. 
- (FR) Señor Presidente, le ruego disculpe mi retraso, pero los debates a esta hora avanzan con mayor rapidez que durante el día. 
Voy a exponerles los elementos que la Sra. Lienemann habría deseado presentar en persona si no hubiese estado retenida por otros trabajos. 
La propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo aprobada por la Comisión Europea el 22 de noviembre de 1999, relativa a un marco comunitario para el desarrollo sostenible en el medio urbano, es la continuación del proyecto "Ciudades Europeas Sostenibles", lanzado en 1992. 
El estado del medio ambiente urbano, que alberga alrededor del 80% de la población europea es un tema de preocupación fundamental que repercute tanto en el plano local como en el plano europeo y mundial. 
Debemos constatar que los problemas medioambientales más complejos en el plano europeo atañen esencialmente a las zonas urbanas. 
A menudo están estrechamente ligados a los desafíos medioambientales globales, y sus efectos llegan a repercutir en la calidad de vida de millones de ciudadanos. 
Un enfoque coherente y sostenible de las políticas de desarrollo urbano puede, no obstante, mejorar significativamente la calidad de vida en las ciudades. 
En efecto, el concepto de desarrollo sostenible, en particular en el caso de las ciudades, no está y no puede estar limitado a un solo capítulo medioambiental, sino que engloba igualmente aspectos sociales y económicos. 
Las ciudades de Europa constituyen importantes polos económicos, políticos y socioculturales. 
Éstas pueden, asimismo, representar una gran amenaza para nuestro medio ambiente natural, y el desafío actual consiste en facilitar un desarrollo urbano equilibrado que permita a las ciudades continuar desempeñando un papel importante en la sociedad actual y futura. 
Un desafío importante para la creación de una política urbana es buscar los medios para llevar a cabo objetivos de desarrollo urbano sostenible en el seno de la estructura de gestión de las ciudades. 
Por eso la Sra. Lienemann, nuestra ponente, ha propuesto un ligero aumento de la dotación financiera a 14 millones de euros, de común acuerdo con las demás instituciones, para fomentar la cooperación en este ámbito entre 2001 y 2004. 
Los créditos estarán destinados principalmente a redes de ciudades organizadas en el plano europeo para sus actividades en el campo del desarrollo y de la generalización de buenas prácticas en materia de desarrollo urbano sostenible. 
Señor Presidente, indudablemente los ciudadanos europeos exigen un medio ambiente más favorable y nosotros, en esta Asamblea, debemos hacernos eco de estas expectativas y posibilitar su cumplimiento. 
El programa plurianual 2000-2004 para el desarrollo sostenible en el medio urbano es un instrumento adecuado a este fin, así como la aplicación de la Agenda 21 es un excelente medio de coordinación y desarrollo de acciones. 
Sin embargo, debemos reconocer que no se ha conseguido un éxito generalizado ni en la aplicación de la Agenda 21 ni en los resultados obtenidos. 
La ordenación del territorio sigue, en muchos de los Estados miembros, sin tener en cuenta la capacidad del medio físico, el patrimonio cultural y los propios recursos de los ayuntamientos para atender sus responsabilidades ambientales. 
Asimismo, el informe sobre ciudades sostenibles resalta la existencia de importantes deficiencias en la práctica y en el desarrollo de la normativa ambiental a escala local. 
El plan plurianual tiene unos objetivos ambiciosos y un ámbito de aplicación muy amplio, extensible a los países candidatos a la adhesión. 
Indudablemente, hace falta un presupuesto coherente con los términos de la propuesta, pero volveríamos a pinchar en hueso si no tuviésemos unos mecanismos de control y evaluación de resultados mucho más eficaces que los que tenemos en este momento. 
En conclusión: sí al refuerzo presupuestario, sí al informe y a las mejoras que ha hecho la Sra. Lienemann a la propuesta de la Comisión, pero reforzando también, y mucho, los mecanismos de control de la aplicación de todos estos programas, tanto en la Comisión como en los propios Estados miembros. 
Gracias, señor Presidente. Como señaló la Sra. Patrie, el 80 por ciento de la población europea vive en las ciudades. 
Las posibilidades de una buena vida para esas personas dependen exclusivamente del ambiente en que viven. 
Desgraciadamente, hoy se asocian las ciudades casi exclusivamente con una mala situación medioambiental: muchas emisiones de gases, mucho tráfico y cursos de agua contaminados. 
Pero, en realidad, no es necesario que sea así. 
Mayores conocimientos y nuevas técnicas posibilitan un mejor medio ambiente en las ciudades de Europa. 
Otras herramientas son leyes claras y controles rigurosos. 
Europa está en posesión de una buena cantidad de instrumentos que contribuyen a mejorar el medio ambiente para los ciudadanos. 
A menudo es en los ayuntamientos y en las ciudades donde mejor se conocen los propios problemas medioambientales. 
Es posible dar un buen medio ambiente a los ciudadanos mediante una planificación urbanística adecuada, buenos servicios de transporte público y colaboración con grupos locales. 
Además, en la práctica las decisiones que adoptamos aquí en el Parlamento se realizan en el ámbito local. 
Los temas relacionados con el cambio climático son un buen ejemplo de esto. 
Para conseguir que cambie la amenaza climática es necesario que disminuyan los transportes y que se abandonen los combustibles fósiles en el ámbito local. 
Tiene que existir un diálogo claro y una buena cooperación entre las instituciones de la Unión y el ámbito local, es decir, los ayuntamientos y las ciudades. 
Creo que el informe de la Sra. Lienemann va a contribuir a esto. 
Sin embargo, también hay que integrar en el ámbito local a los ciudadanos. 
Esto puede hacerse mediante la cooperación con universidades, con organizaciones de voluntarios, con empresas y otros. 
Por esta razón, opino que en la definición de quiénes podrán solicitar recursos para el programa marco, debería existir espacio para formaciones diferentes a aquellas que tradicionalmente consideramos como del ámbito municipal. 
Hay muchos buenos ejemplos en los que los ayuntamientos actúan como parte. 
La amplitud de la responsabilidad es importante. 
En mi opinión, esto debe constituir un criterio. 
Por este motivo, respaldo la enmienda 31. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar, permítame, aun en su ausencia, felicitar a la ponente, Sra. Lienemann, por su excelente trabajo, y expresar mi gran satisfacción porque, gracias al trabajo constructivo del Parlamento y del Consejo, podríamos estar en condiciones de concluir esta importante iniciativa ya en la primera lectura. 
Esta propuesta sobre el desarrollo sostenible en el medio urbano tiene el potencial de afectar directamente a la vida cotidiana de nada menos que el 80% de la población europea. 
Permitirá y alentará a las ciudades de toda Europa y más allá a unirse y a aprender de las experiencias de las demás, las ayudará a superar los problemas y retos medioambientales y a trabajar en pos de la sostenibilidad. 
Asimismo, la Comisión agradece el importante apoyo que le ha prestado el Parlamento Europeo en esta propuesta, así como las numerosas enmiendas de utilidad que han sido presentadas. 
La Comisión reconoce la importancia de fomentar la buena administración y la transparencia en su proceso de toma de decisiones. 
En consecuencia, estamos firmemente a favor de la creación de una plataforma de diálogo con los principales interesados que ayude a determinar los temas prioritarios que merecen ser apoyados. 
Su enfoque innovador incluirá la cooperación con las redes de ciudades, los Estados miembros, las instituciones de la UE, las ONG y la comunidad empresarial, y garantizará que los fondos proporcionados en este al marco sean destinados a los ámbitos de desarrollo sostenible que más lo necesiten. 
Creo que este enfoque innovador proporcionará un ejemplo a seguir para otros. 
El presupuesto para la presente propuesta ha sido objeto de debate, en el que se ha expuesto una amplia variedad de opiniones sobre la idoneidad de los 12,4 millones de euros propuestos en un inicio por la Comisión. 
Han sido muchos los que han sugerido que el presupuesto es demasiado pequeño. 
No obstante, la Comisión quiere hacer hincapié en que en el caso de este marco no se trata de la ejecución de proyectos sobre el terreno. Para ello ya existen otros programas e iniciativas comunitarios. 
El marco ha sido diseñado, más bien, para que resulte más fácil compartir información e ideas sobre las mejores prácticas de desarrollo sostenible en el medio urbano, de manera que las soluciones identificadas para los problemas en una ciudad puedan ser compartidos con otras ciudades de cualquier parte de Europa y más allá. 
El enfoque de calidad del marco y sus efectos multiplicadores son tales que, a pesar del presupuesto relativamente pequeño, se espera que tenga repercusiones reales sobre el fomento del desarrollo sostenible en los centros urbanos de Europa. 
La Comisión ha estudiado detenidamente las cuarenta y una enmiendas y puede aceptar treinta de ellas, ya sea en su totalidad o en principio. 
La enmienda 33 propone la revisión del presupuesto propuesto de 14 millones de euros. 
Debemos dejar claro que la pauta general de la Comisión en este tipo de asuntos es que no se puede aceptar un incremento del presupuesto a menos que el Consejo y el Parlamento transfieran recursos adicionales a las líneas presupuestarias pertinentes. 
En este caso concreto, sin embargo, y sobre la base de que facilitará la aprobación en la primera lectura, la Comisión ha acordado, a título excepcional, aceptar un incremento del alcance financiero de la propuesta hasta 14 millones de euros, sin la provisión de recursos adicionales. 
Aunque estamos dispuestos a apoyar la cifra de 14 millones de euros, no podemos hacer lo propio en el caso de los 20 millones de euros que propone la enmienda 14. 
El segundo asunto es relativo a la comitología. 
Dada la naturaleza de la actividad, la Comisión puede aceptar las enmiendas 10 y 23. 
La creación de una comisión consultiva sería la solución adecuada del procedimiento de comitología. 
Por tanto, para terminar, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 2, 5 hasta 8, 10 hasta 13, 15, 16, 18 hasta 20, 22 hasta 24, 28, 30, 32 hasta 35 y 37. 
La Comisión puede aceptar, en principio, las enmiendas 25, 27, 36, 40 y 41. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 9, 14, 17, 21, 26, 31, 38 y 39. 
La enmienda 31 permitiría que las ONG, las universidades, etc. participen como socios principales en las redes que deberán apoyarse. 
Lo que se pretende es que los principales socios en este marco sean la Comisión y las redes de autoridades locales, que tienen la responsabilidad legal de desarrollar y aplicar las políticas de desarrollo sostenible en el medio urbano. 
Por consiguiente, no podemos aceptar esto. 
Por último, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por el cuidado con que ha estudiado la presente propuesta y por la valiosa aportación que han hecho todas las partes. Sin duda ha reforzado y mejorado la calidad de la propuesta y, en consecuencia, ha ayudado a garantizar que se proporcionará el máximo beneficio posible a las ciudades de toda la UE y de otros lugares. 
También me complace que el buen espíritu que ha reinado en la cooperación interinstitucional haya permitido que la aprobación de esta propuesta pueda asegurarse en la primera lectura. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-352/2000) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de cautela (COM (2000) 1- C5-0143/2000- 2000/2086 (COS) ). 
- (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, abordamos, aunque, ciertamente, de manera tardía, el famoso principio de cautela. 
Digo famoso porque se trata de una cuestión que está muy de moda, y estarán de acuerdo conmigo en que no pasa un día sin que el principio de cautela no esté presente en los titulares de la prensa, con o sin motivo, con o sin razón, pero la mayoría de las veces de manera errónea. 
El interés que para la población reviste el principio de cautela no puede sorprendernos y éste traduce sus preocupaciones legítimas, ya que está muy sensibilizada por los recientes escándalos alimentarios y otros asuntos, como el de la sangre contaminada. 
Este interés revela también la crisis de confianza de la población frente a los responsables políticos, en quienes se sospecha una cierta complacencia hacia determinados grupos industriales de presión, o en quienes se sospecha, simplemente, una ligereza culpable. 
Todo eso demuestra la importancia del desafío político que implica la cuestión del principio de cautela, y, en tal sentido, saludo la iniciativa de la Comisión, así como la calidad, en general, de su comunicación sobre este principio. 
Para explicar el resultado que deseo que nuestro Parlamento pueda alcanzar, querría esta noche subrayar rápidamente dos retos esenciales del presente debate. 
El primer reto del informe que debatimos es de naturaleza jurídica. 
En efecto, aun cuando los medios de comunicación lo mencionan desde hace poco tiempo, el principio de cautela no acaba de emerger en el escenario jurídico internacional. 
Muchos tratados y acuerdos internacionales hacen referencia al mismo. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades e incluso los órganos de solución de conflictos de la OMC consideran que en ocasiones el principio de cautela se aplica en materia medioambiental o en materia de salud pública, e incluso a veces en contra de los europeos, como lo demuestra el asunto pendiente de los quesos elaborados con leche fresca. 
Pero dichas referencias en los textos internacionales no bastan para precisar su naturaleza ni su valor jurídico, sobre todo teniendo en cuenta que estos textos no contienen definición alguna del principio de cautela. 
Consecuencia de ello es el nacimiento de una inseguridad jurídica inaceptable para nuestros conciudadanos, pero también para los industriales, que ya no saben a qué atenerse. 
El primer reto de la comunicación de la Comisión y del informe de nuestro Parlamento consiste, pues, en precisar la naturaleza y el valor jurídico que deseamos que se le reconozca al principio de cautela, en definir las condiciones en las cuales el principio de cautela puede y debe aplicarse y, finalmente, en determinar los criterios a los que deben responder las medidas que se adoptarán en aplicación de este principio. 
El segundo reto de nuestros trabajos sobre el principio de cautela es de naturaleza sobre todo política. 
La Unión debe poner énfasis en una concepción unificada del principio de cautela para que dicho principio pueda estar presente en el conjunto de las políticas aplicadas por la Unión en el marco de sus competencias, pero también para poder recurrir a este enfoque europeo frente a nuestros socios, que poseen a menudo un enfoque menos ambicioso que nosotros en materia de medio ambiente y de salud. 
En tal sentido, es importante que nuestro Parlamento exprese una posición muy clara, a fin de que la Comisión pueda gozar de un mandato sólido para defender las posiciones de la Unión Europea ante los organismos internacionales, y, en particular en la OMC. 
El texto de la resolución, resultado de varios debates en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, coincide en gran parte con la Resolución del Consejo aneja a las conclusiones de la Cumbre de Niza, y nos felicitamos por ello. 
El texto de la Comisión de Medio Ambiente es resultado de la búsqueda permanente de un compromiso, o más bien de un equilibrio entre las tendencias maximalistas y minimalistas que se han expresado durante nuestros debates y que, tanto una como otra, desembocan en excesos. 
Los maximalistas pretenden bloquear la innovación y el progreso, mientras que los minimalistas aconsejan recurrir al principio de cautela sólo en caso de peligro significativo para la salud y el medio ambiente, es decir, cuando rebase un umbral que debe definirse, ¡pero sin que se sepa muy bien cómo! 
Frente a estos dos enfoques me he esforzado por lograr un equilibrio justo, a fin de utilizar dicho instrumento político de manera jurídicamente regulada. 
La Unión Europea tiene la ambición de garantizar a sus ciudadanos un alto nivel de protección de su salud y del medio ambiente. 
Por eso, Señorías, les pido que apoyen esta concepción razonada y razonable del principio de cautela y que rechacen todas las enmiendas que se alejen tanto en un sentido como en otro. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Asuntos Jurídicos señaló algunas coordenadas para acotar el principio de cautela, que han quedado reflejados en el excelente informe de la colega Patrie. 
Nuestro objetivo no era ofrecer una valoración exclusivamente jurídica, sino que más bien adoptamos una posición política general. 
Quiero resaltarlo porque el recurso al principio de cautela exige algo más que una normativa irreprochable desde el punto de vista técnico. 
El objetivo es garantizar efectivamente a los ciudadanos y ciudadanas el elevado nivel de protección en el ámbito de la Unión Europea que prometen los Tratados. 
Esto sólo será posible si nos tomamos verdaderamente en serio la prevención. 
La finalidad no ha de ser la limitación o indemnización de los daños, sino que el objetivo primordial tiene que ser evitar los daños contra la salud o los bienes de las personas. 
Esto se conseguirá con una aplicación rigurosa del principio de cautela, tal como ya ha expuesto también mi colega. 
En nuestra calidad de legisladores, deberíamos tenerlo siempre presente y animar a la Comisión a que respete también este enfoque en sus propuestas. 
El informe de la colega Patrie así lo pide explícitamente. 
En el caso de la EEB, nos habríamos ahorrado muchos problemas en el pasado y con vistas al futuro si hubiésemos aplicado a tiempo y en la medida suficiente el principio de cautela en el ámbito legislativo y hubiésemos controlado rigurosamente asimismo la aplicación de dichas leyes que, como es sabido, es responsabilidad de los Estados miembros. 
Cuando se rechazó la carne hormonada americana con el fin de proteger la salud de nuestras ciudadanas y ciudadanos se discutió si era procedente la aplicación del principio de cautela, que incluso fue tachada de proteccionismo- 
Sus detractores no se cansan de apelar al principio de proporcionalidad y a la prohibición de cualquier tipo de discriminación también en otros contextos. 
Un examen minucioso revela que no les mueve una preocupación por los principios del Estado de Derecho, sino que más bien les preocupan el dinero y los beneficios. 
Yo personalmente no temo que las leyes den lugar a un exceso de protección y los ciudadanos y ciudadanas tampoco deberían temerlo. 
Si contemplan la legislación europea, más bien deberían poder tener la seguridad de que el Parlamento en su conjunto concede un mayor peso a su salud que a la obtención de beneficios. 
Por esto, yo también recomiendo que se siga la línea que ha expuesto la ponente. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Patrie por su excelente informe sobre esta comunicación de la Comisión relativa al complejo tema del principio de cautela. 
Existe una crisis de confianza del público en la ciencia que, como se reconoce ahora, no es infalible, y existe también una crisis de confianza del público en los responsables de la toma de decisiones políticas, de los que se sospecha que están en connivencia con determinados grupos de presión de la industria y el comercio o a los que sencillamente se les acusa de falta de responsabilidad. 
Debemos asegurarnos de que el presente informe se hace eco de las exigencias de la sociedad en lo relativo a un alto nivel de protección de la salud y el medio ambiente. 
Fundamentalmente, la aplicación del principio de cautela puede considerarse una estrategia de gestión del riesgo ante la incertidumbre científica o la herramienta que permite la participación del público en el proceso de toma de decisiones en la gestión de la incertidumbre científica. Los científicos hacen una evaluación del riesgo y los responsables de la toma de decisiones políticas gestionan el riesgo. 
La aclaración de las distintas funciones que debe realizar cada uno es un requisito imprescindible para restablecer la necesaria confianza del público en la comunidad científica, así como en los responsables de las decisiones, nosotros los políticos. 
Existe asimismo una función legítima para las opiniones científicas minoritarias revisadas por pares. 
A fin de cuentas, no olvidemos que fue un informe minoritario el que llevó la EEB a la atención del público. 
La opinión pública, que se ha vuelto extremadamente sensible a estas cuestiones como consecuencia de los recientes escándalos alimentarios y, en particular, la crisis de la EEB, siente una preocupación legítima. 
El público ya no quiere sufrir las consecuencias de innovaciones tecnológicas peligrosas que años más tarde se descubre que encierran riesgos innecesarios para la salud pública o el medio ambiente. 
La sociedad no aceptará que exista la menor duda, por ejemplo, de que los materiales que se utilizan en la fabricación de juguetes para niños sean completamente inofensivos. 
Ya en 1996, el Parlamento Europeo salió en favor de una prohibición del uso de harinas animales en toda la Unión Europea, conforme al principio de cautela; aunque sólo por eso. 
El resto es ya historia. 
Generalmente, el restablecimiento de la confianza de los consumidores en la industria pasa por la adopción de normas claras y precisas a la luz del principio de cautela. 
En todos los casos deben adoptarse medidas y éstas deben ser revisadas regularmente a la luz de los avances científicos. 
Debería existir la necesidad absoluta de transparencia en todos los casos relativos a la provisión de información al público, incluso cuando se ha dado luz verde a un proyecto o actividad. 
Necesitamos directrices más claras sobre la aplicación del principio. Éste debería ser utilizado siempre que existan causas razonables de preocupación. 
La cautela no equivale a la prevención, ni tampoco debería recurrirse al principio de cautela como barrera técnica para el comercio. 
Señor Presidente, el principio de precaución está aceptado, principalmente, en los tratados jurídicos internacionales. 
Sin embargo, sigue siendo una fuente de confusión. 
En dos palabras, viene a significar lo siguiente: ante la duda, no actuar. 
Actualmente, como prácticamente todo se pone en duda, este principio implicaría la imposibilidad de llevar a cabo acción alguna. 
Por ello es bueno que la Comisión elucide el asunto, y, por ello, me satisface en gran medida el informe de nuestra colega Patrie, que ha hecho un excelente trabajo, razón por la cual quiero felicitarla de corazón. 
La cautela es necesaria en aquellas situaciones en las que los riesgos sí se conocen. 
En tales situaciones se suele observar un margen de seguridad, por prudencia. 
El principio de precaución es una respuesta política ante la sociedad del riesgo. 
El principio de precaución debe ser válido también para los productos y substancias que actualmente se utilizan y que están en el mercado, y debe aplicarse también a los métodos de producción. 
Pero quiero señalar un asunto preocupante, y es que se apele al principio de precaución venga a cuento o no. 
Nunca ha existido, y nunca existirá, una certeza científica absoluta sobre las substancias nuevas ni sobre los productos nuevos. 
La situación actual se utiliza como un punto de partida, lo cual lleva al conservadurismo y al rechazo contra todo aquello que es nuevo. 
Con esta manera de pensar nos distanciamos de los Estados Unidos de América y de una gran parte del resto del mundo. 
Hasta ahí, tal vez se pueda aceptar; pero lo malo es que el principio de precaución puede crear una generación de políticos cobardes. Una generación que no querrá cargar con responsabilidades y que, por precaución, no se atreverá a tomar decisión alguna. 
Llevará a una sobrecarga científica de la política, sin conseguir llegar nunca a un consenso, algo que la ciencia tampoco puede ofrecer. 
Por tanto, el principio de precaución es una idea valiosa e importante, pero de la que debemos intentar no abusar. 
- (EN) Señor Presidente, nadie pone en duda la importancia del principio de cautela y acojo con gran satisfacción la comunicación de la Comisión y el informe de la Sra. Patrie. 
En la Comisión de Industria hemos hecho hincapié en la importancia de que exista claridad sobre las modalidades de aplicación del principio. 
Por ello me alegra comprobar que el informe final refleja la necesidad de seguir depurando el concepto. 
También hemos pedido medidas en el seno de la Organización Mundial del Comercio, quizá una normativa, que garanticen la posibilidad de invocar otras obligaciones en el contexto de la OMC, tales como las que hemos contraído en los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, para ampliar el ámbito del principio de cautela. 
En este contexto, sería de utilidad que la Comisión confirmara su posición respecto a que la prohibición de un producto sobre la base de métodos de procesamiento o producción es realmente una aplicación legítima del principio. 
Es un indicio muy positivo que el texto del Consejo diga que considera que el Reglamento de la OMC prevé, básicamente, la posibilidad de tener en cuenta el principio de cautela, así como el llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que garanticen el pleno reconocimiento del principio de cautela en todos los foros del comercio para perseguir dicho objetivo y garantizar que es tenido en cuenta también, en particular, en la Organización Mundial del Comercio. 
La idea de la compatibilidad entre el principio de cautela y la Organización Mundial del Comercio parece estar ganando terreno, lo cual es motivo de satisfacción. 
Hay que tener presente algunos aspectos para garantizar su buen funcionamiento. 
Debemos garantizar, por ejemplo, que la carga de la defensa de las medidas de cautela, especialmente para los países en desarrollo, no conlleva una reducción de su capacidad para proteger la salud y el medio ambiente a través de acciones de cautela. 
Por último, si queremos que la aplicación del principio de cautela sea eficaz y creíble, es fundamental la participación de todos los interesados, incluidos los representantes de la sociedad civil, en las decisiones políticas que rodean su aplicación 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la ponente por este excelente informe. 
Celebro también la propuesta de la Comisión, que constituye una importante guía para la UE y para los países miembros para la comprensión y aplicación del principio de precaución. 
Desde una perspectiva internacional, la propuesta es una valiosa herramienta para los legisladores cuando hay inseguridad en torno a los riesgos, a los productos o a los métodos de producción. 
También comparto plenamente la postura de la Comisión cuando define el principio de cautela como una regla de carácter general, sin un campo de aplicación delimitado. 
Como muchos otros colegas, me ha sorprendido gratamente la resolución del Consejo en la Cumbre de Niza, en la que se dice que el principio de cautela debe aplicarse tan pronto como sea posible después de comprobarse los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente y cuando, fundamentándose en investigaciones científicas fundamentadas en los datos existentes, no sea posible extraer conclusiones sobre el grado de riesgo existente. 
Esto es muy avanzado y, obviamente, muy positivo. 
También quisiera pedir a los colegas, ante la votación de mañana, que no debiliten el texto de la Comisión y de la ponente mediante la aprobación de las enmiendas de los Grupos EDD y PPE. 
Por el contrario, tenemos que intentar fortalecerlo aún más para demostrar que somos al menos tan progresistas como el Consejo. 
La enmienda 9 es muy importante. 
En ella se propone que se invierta la carga probatoria respecto a los productos que no hayan sido aprobados de antemano, es decir, que los productores tendrán que probar que sus productos son seguros, sin que puedan trasladar los riesgos ni los costes a los consumidores. 
Evidentemente, también es importante acrecentar el peso jurídico del principio de precaución, convirtiéndolo en una norma de derecho internacional. 
De esto se ocupa la enmienda 5 de los Verdes. 
Señor Presidente, como recuerda muy bien la ponente, el principio de cautela o de precaución- aunque la ponente diferencia entre uno y otro- se recoge en varios de los convenios internacionales, desde Río 1992, pasando por la protección del Mar del Norte y, más recientemente, en el Protocolo de Bioseguridad de Montreal. 
Como dicen otros intervinientes, es imprescindible que ese principio se utilice bien y que haya garantías jurídicas para las partes afectadas, pero a mí me gustaría rescatar tres ideas que están en el informe de la Sra. Patrie y en algunas de las enmiendas y que me parecen, quizá, lo más importante del informe. 
En primer lugar, que no existe un umbral mínimo de riesgo por debajo del cual no deba aplicarse el principio de cautela y, en consecuencia, incluso en casos en los que haya un riesgo escaso, debería utilizarse. 
En segundo lugar, que son muy importantes y necesarias la transparencia y la información a los consumidores en todo el proceso de evaluación y de gestión del riesgo. 
Y, por último, que la salud pública y el medio ambiente deben prevalecer por encima de otras consideraciones, sobre todo económicas. 
Si esto se hubiera hecho así, señor Presidente, yo creo que no estaríamos hoy lamentando la enfermedad que sufren las vacas locas, que no estaríamos lamentando algunas otras contaminaciones alimentarias, cuyos efectos futuros aún desconocemos. 
Actualmente, hay una gran sensibilidad y preocupación por la utilización en los alimentos de los productos transgénicos. 
Otro ejemplo actual es la gran sensibilidad respecto a las informaciones, con una base científica o no, acerca del efecto que pueden tener los teléfonos móviles, las ondas electromagnéticas, y también las columnas de transmisión de ondas electromagnéticas. 
Yo creo, señor Presidente, que este es un principio muy importante si se utiliza como es debido y siempre que sea necesario. 
Señor Presidente, felicito a la ponente por su trabajo. 
Creo que es muy oportuno que el Parlamento Europeo celebre un debate sobre la necesidad de garantizar que el principio de cautela es consagrado en todos los reglamentos y directivas de la UE. 
Los casos de nuevas distorsiones de la EEB en Europa han vuelto a poner el tema de la seguridad alimentaria en el primer plano de la agenda política europea. 
El principio de cautela debe ser invocado en cada ocasión cuando haya que promulgar nuevas disposiciones legislativas comunitarias en el ámbito de la protección y mejora de la cadena alimentaria en Europa. 
Los 370 millones de consumidores de la Unión Europea exigen medidas en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Saludo las recientes declaraciones del Comisario Europeo para la Salud y Protección de los Consumidores, Sr. Byrne, cuando en términos inequívocos declaró que el principio de cautela es el punto de referencia por el que se guía cuando debe iniciar directivas y reglamentos comunitarios en el ámbito del fomento de la seguridad alimentaria. 
Señor Presidente, en la sociedad moderna, con todos sus bienes de consumo, tales como todos esos aparatos de los que disfrutamos, necesitamos materiales y sustancias de propiedades muy específicas. 
Todos, o, si usted quiere, casi todos, hemos aceptado esos productos y los utilizamos. 
Las sustancias y materiales que estos productos contienen, así como muchos tipos de alimentos, pueden, sin embargo, conllevar riesgos. 
Tal como todo el mundo sabe, la vida está llena de riesgos e incertidumbres. 
El arte de vivir consiste en percibir y tratar con estos riesgos e incertidumbres de forma prudente. 
La propuesta de la Comisión promueve líneas directrices más claras para la aplicación del principio de precaución. 
Yo apoyo de corazón la opinión de la Sra. Patrie, que dice que la Unión Europea debe aclarar su enfoque sobre el principio de precaución. 
Por desgracia, debo decir que la resolución borrador de la Comisión de Medio Ambiente es demasiado larga y no da una respuesta suficiente a esta cuestión. 
A causa de la extensa y confusa redacción de aquella, se ha perdido de vista lo que realmente se quiere, lo cual es la antítesis de la resolución de Niza del Consejo Europeo. 
En las enmiendas que he presentado intento poner en claro estos asuntos y eliminar una serie de párrafos innecesarios. 
Ya que la ciencia, a menudo no es capaz de establecer una relación directa entre los productos y sus posibles efectos perjudiciales, deseamos mayor claridad en este asunto. 
Una condición esencial para la aplicación del principio de precaución es que a la preocupación por los posibles efectos perjudiciales se la provea de una base científica. 
A la hora de adoptar medidas, son importantes, tanto la limitación de determinados riesgos, como su aceptación. 
Además, es importante que tengamos en cuenta el nivel de protección elegido por nosotros mismos, que se puede inferir globalmente de la legislación que hemos hecho. 
Para terminar, opino que no es adecuada la inversión de la carga de la prueba. 
Para manejar adecuadamente el principio de precaución debemos, además, saber cuáles pueden ser los efectos perjudiciales de las eventuales alternativas si se adopta una medida de prohibición. 
Señor Presidente, el principio cautelar ha pasado a ser uno de los mayores aliados de los ciudadanos en la defensa de la salud pública y del medio ambiente. 
Ahora bien, hay aún un largo camino por recorrer en el perfeccionamiento de ese principio. 
Por un lado, sigue siendo típicamente europeo; allende el Atlántico, se tilda ese principio de obscurantista e incluso medieval. 
Por otro lado, la propia Unión Europea lo utiliza de forma poco clara e incluso irracional. 
Tan pronto lo utiliza demasiado, con lo que lo trivializa, como lo utiliza menos y provoca nuestra indignación. 
Por eso, considero tan importante esta propuesta de la Comisión, enriquecida por el informe de la Sra. Patrie. 
Al establecer claramente cuándo y cómo se debe aplicar el principio cautelar, permite la aclaración de su utilización en el plano europeo y lo vuelve más creíble y mandata a los negociadores europeos en la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio para que inscriban el principio cautelar como básico y universal. 
Pero permítanme que denuncie lo que me parece el ejemplo flagrante de la falta de coherencia de la utilización del principio cautelar en la Unión Europea: me refiero a los teléfonos portátiles. 
Es incomprensible que la Unión Europea siga insensible a las decenas de estudios científicos independientes que indican el posible riesgo de los teléfonos portátiles para la salud humana. 
Podemos preguntarnos incluso si no se deberá ese inmovilismo a que la mayoría de los fabricantes de teléfonos portátiles son empresas europeas. 
Ayer mismo, en Lisboa, de primera mano, un americano, el profesor George Carlo, a quien la Food and Drugs Administration ha confiado en los siete últimos años un estudio sobre el efecto de las radiaciones en la salud humana, reveló que existe el riesgo de que la utilización de los teléfonos portátiles potencie la aparición de tumores cerebrales, la enfermedad de Alzheimer y lesiones en la piel. 
En estas circunstancias, pido a la Comisión que aplique el principio cautelar a los teléfonos portátiles, en particular avisando de los peligros de su utilización para los niños. 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Patrie este excelente informe sobre el principio de cautela. 
No es fácil definir el principio de precaución. 
Personalmente, creo que es imposible crear un principio general de cautela aplicable a todas las situaciones. 
Cada situación requiere su propio principio de precaución. 
Esto es algo difícil de aceptar, pero los alimentos y las sustancias químicas no son la misma cosa y, en consecuencia, no pueden ser tratados de la misma manera. 
Nuestra tarea es crear los marcos necesarios para proteger tanto el medio ambiente como la salud de las personas y animales. 
El principio de precaución no es el mismo en los diferentes países. 
No obstante, ahora nos corresponde crear un principio general de precaución en el ámbito europeo. 
Tiene que ser posible de reivindicar internacionalmente y debe tener peso jurídico. 
Muchas personas han mencionado anteriormente en esta Asamblea el tema de las vacas locas, que es uno de los escándalos que han ocurrido últimamente. 
Esta disputa demuestra algo particularmente importante, la importancia de atreverse a adoptar decisiones aún cuando no se tengan pruebas fehacientes sobre la mesa. 
Pero hay más ejemplos que el de las vacas locas. Ejemplos que tal vez no sean tan espectaculares pero en los que ha sido igualmente importante adoptar decisiones. 
Tenemos, por ejemplo, los ftalatos en los juguetes. 
Tenemos la extraña idea de introducir juguetes en los caramelos, helados y otros productos comestibles. 
En unos casos decimos que no hay pruebas suficientes y en otros que no han ocurrido suficientes accidentes para que nos atrevamos a reaccionar. 
Es lamentable que no sea la ciencia sino el mercado interno el que decide lo que se lanza al mercado. 
Esta situación es insostenible. 
No podemos seguir así. 
Respaldo el informe Patrie en su totalidad, pero quisiera subrayar lo que mencionó la Sra. Schörling anteriormente, esto es, que se necesita una actitud más firme en relación con el peso de la prueba, especialmente en lo que respecta a productos que carecen de aprobación previa. 
Los fabricantes y productores tienen que probar que sus productos son seguros. 
Hay que evitar que los consumidores se conviertan en conejillos de Indias que pagan para probar los nuevos productos del mercado. 
Señor Presidente, el medio ambiente y la salud pública son como una máquina complicada con un montón de funciones que vigilamos y controlamos para poder intervenir y que así no se estropee. 
Para la máquina empleamos un montón de pilotos que nos avisan con una luz roja de que algo va mal y de que hay que intervenir inmediatamente para que la máquina no se averíe. 
No debemos esperar hasta que más pilotos o todos ellos muestren una luz roja. 
Éste es el principio de precaución en la práctica. 
No obstante, no funciona así en lo que a la salud pública se refiere. 
En este caso esperamos para intervenir hasta que todos los pilotos muestran una luz roja y éste es también el problema de la Comunicación de la Comisión. 
El principio de precaución, en mi opinión, trata sencillamente del derecho y ante todo del deber de intervenir con los recursos necesarios y suficientes ante la sospecha o la supuesta sospecha de que una sustancia o un proceso pueden provocar daños irreparables en la salud y en el medio ambiente. 
Aquellos que no pueden vivir sin la sustancia o el proceso en cuestión han de demostrar que éstos no causan daños permanentes. 
La Comisión propone, por ejemplo, examinar las ventajas y los costes aparejados a la actuación o a la falta de actuación en un ámbito. 
Sin embargo, esto fue precisamente lo que se hizo con relación al escándalo de la EEB y fue por ello que la catástrofe afectó a Inglaterra y ahora también a Francia que habían recibido todos los indicadores de la EEB y aún así no quisieron emplear el principio de precaución. 
Analizar las ventajas y desventajas es una idea absurda cuando se piensa cuál es la idea del principio de precaución, es decir, poder reaccionar con respecto a una producto ya antes de conocer plenamente las ventajas y desventajas. 
Lo mismo es válido para la pretensión de la Comisión de efectuar un exhaustivo análisis de riesgos previo. 
Si se conocen todos los riesgos, costes, etc., no necesitamos entonces el principio de precaución. 
Me parece también que se hace demasiado hincapié en la valoración de los expertos, toxicólogos y economistas de un caso. 
La gestión de riesgos y el cumplimiento del principio de precaución no son precisamente responsabilidad de los expertos, sino una cuestión y una responsabilidad política universal y la Comunicación de la Comisión no proporciona suficientes alicientes a los políticos para que cumplan con esta responsabilidad. 
Señor Presidente, el principio de cautela, bueno para todo, según las circunstancias y los intereses del momento, puede ser la mejor como la peor de las cosas. 
Confieso que no entiendo muy bien la intrusión del bienestar animal en este informe. 
La aplicación de dicho principio debe evitar a toda costa contener la innovación y la actividad económica, generar pusilanimidad e inmovilismo industrial, convertirse en un medio para disuadir a la competencia. 
Este principio no debe aplicarse salvo que exista un peligro real. 
El recurso al mismo debe entrar exclusivamente en el ámbito de las opciones políticas. 
Es conveniente, pues, definir el principio de cautela con precisión, para evitar las habituales desviaciones interpretativas del Tribunal de Justicia, aplicarlo con tino y discernimiento, así como determinar claramente los factores que desencadenan el recurso al mismo, a fin de integrar dicho principio en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la OMC. 
Habida cuenta de los criterios adoptados: proporcionalidad, no discriminación, coherencia, examen de las ventajas y de los inconvenientes, examen de la evolución científica, el principio de cautela debe corresponder a la justa adecuación entre la gravedad del riesgo y las medidas adoptadas, contrariamente a lo que la Unión Europea ha hecho respecto a la vaca loca. 
Asimismo, en nombre de la transparencia, procuremos garantizar los derechos a la expresión y a la defensa de los productores, artesanos o industriales, indicando en los informes de evaluación sus opiniones y observaciones, al igual que las de los científicos cuyas conclusiones hubiesen sido descartadas. 
Finalmente, la autenticidad de los productos regionales no debe sacrificarse en aras de la seguridad a todo coste; si bien los productos clasificados permiten una mayor seguridad alimentaria, la diversidad exige incertidumbres/riesgos desde el punto de vista cualitativo y, por tanto, que se corran algunos riesgos. 
Invocando este principio a diestro y siniestro se corre el peligro de desembocar en el "todo higiénico", en el "todo inodoro" y sin sabor y en la uniformización de las producciones. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento por la iniciativa del Parlamento de abordar el tema del principio de cautela y por el excelente trabajo que ha realizado la ponente, Sra. Patrie. 
Esta comunicación de la Comisión sobre el principio de cautela se emitió en febrero del presente año y propone orientaciones sobre cuándo y cómo aplicar el principio de cautela. 
A nivel nacional, europeo y mundial se alude a menudo a este principio y enfoque cuando hay que abordar cuestiones relativas a la salud humana y el medio ambiente. 
El principio de cautela también fue objeto de debate en la Cumbre de Niza, que tomó nota de una resolución adoptada por el Consejo de Asuntos Generales. 
La resolución hace un llamamiento a la Comisión para que utilice las orientaciones adoptadas e incorpore el principio de cautela siempre que sea necesario a la hora de elaborar sus propuestas legislativas y todas sus acciones. 
La resolución también pone de relieve la necesidad de trabajar enérgicamente en pos de un compromiso de los interlocutores internacionales para alcanzar un acuerdo sobre la aplicación del principio. 
Ahora estudiamos el seguimiento que deberíamos dar a esta resolución. 
La comunicación de la Comisión no es la última palabra sobre el tema. 
Lo consideramos un principio general que convendría tomar en consideración cuando se trate de la protección del medio ambiente y de la salud humana, animal y vegetal. 
En lo relativo a sus consecuencias a nivel internacional, en particular en el seno de la Organización Mundial del Comercio, la Comisión considera que el principio de cautela se está convirtiendo en una norma en toda regla del Derecho internacional consuetudinario con todos los derechos que ello implica. 
Este principio permite a la Comunidad prescribir el nivel de protección que estime oportuno, en particular, en materia de medio ambiente y salud humana, animal y vegetal. Asimismo incrementará la capacidad de los países en desarrollo de garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana, animal y vegetal. 
Como habrá observado el Parlamento, la posición de la Comisión está en consonancia con la mayoría de las cuestiones que plantea en su propuesta de resolución. 
No obstante, quisiera aclarar algunos puntos. 
En lo que respecta a la posible prohibición de un producto sobre la base de métodos de procesamiento o producción, no es posible hacer una declaración general sobre la legitimidad de semejante acción sin antes efectuar una evaluación exhaustiva del riesgo. 
La distinción que se hace en la resolución entre el principio de cautela y el de prudencia debería ser más precisa. 
El principio de prudencia forma parte de la política de evaluación del riesgo y es parte integral de la opinión científica proporcionada por los responsables de la evaluación del riesgo. 
Por otro lado, la aplicación del principio de cautela forma parte de la gestión del riesgo. 
Esto tiene como consecuencia que una duda inicial o datos empíricos razonables no puedan utilizarse por sí solos para aplicar el principio de cautela. 
El peligro debe ser identificado y los expertos deberán llevar a cabo una evaluación del riesgo antes de que puedan adoptarse medidas. 
Es importante hacer hincapié en que corresponde a los responsables de la toma de decisiones definir el nivel de protección. 
No es posible proporcionar un umbral mínimo de riesgo general. 
La Comisión considera que la propuesta de resolución es equilibrada en este sentido y no apoya la enmienda 3. 
Por último, la carga de la prueba podrá invertirse sobre una evaluación de caso por caso. 
Una norma general no es lo adecuado. 
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por su apoyo en el estudio de este asunto. 
La propuesta de resolución ayudará a fomentar un compromiso general respecto al principio de cautela en el seno de la Comunidad, así como a nivel internacional. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas) 
Sajarov 2000 
Permítame decirle, señor Savater, que lo recibimos hoy aquí con mucha emoción para entregar a "Basta Ya" el premio Sajarov de este año 2000 por la libertad de pensamiento. 
A través de usted, el Parlamento Europeo rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y recompensa a un movimiento de ciudadanos que de forma espontánea ha decidido gritar "Basta Ya", es suficiente, a aquellos que niegan el derecho a la vida, el bien más preciado de cada ser humano y que niegan también el derecho a la libertad, es decir el de vivir diariamente en paz y en seguridad. 
El Parlamento Europeo recompensa también el coraje físico y moral de los ciudadanos que se atreven, con el peligro de su vida, a afirmar su negativa a ceder a la intimidación. 
A través de "Basta Ya", el Parlamento Europeo desea aportar su apoyo más total y decidido a todo el conjunto de asociaciones y colectivos pacifistas de todas las tendencias ideológicas y a todos aquellos que se movilizan frente a la violencia ciega a la cual se enfrenta el País Vasco español. 
Sabe usted que el apoyo de esta Asamblea no es de ayer. 
Recientemente, el Parlamento Europeo adoptó una declaración sobre el terrorismo en España. 
Esta declaración fue firmada personalmente por 413 diputados de todas las nacionalidades, de todas las tendencias políticas. 
En ella se condenan firmemente los crímenes de ETA en España y se invita a las instituciones de la Unión Europea a adoptar medidas eficaces de lucha contra el terrorismo. 
Al conceder por primera vez el premio Sajarov a defensores de los derechos humanos que militan dentro de la Unión, el Parlamento Europeo afirma solemnemente que cualquier violación de éstos ha de ser combatida sin concesiones. 
Andrei Sajarov simboliza para todos los demócratas del mundo el hombre que se levantó contra la dictadura y resistió al chantaje moral de un sistema opresivo, y todos los galardonados con el premio Sajarov desde 1988 han encarnado esta misma lucha por libertad. 
La opresión a la que ustedes se resisten es quizá la peor. 
Está firmada, pero no tiene rostro. 
Se impone a toda una sociedad, pretendiendo destruir un sistema político que ha sido democráticamente elegido por sus ciudadanos. 
Por ello, el Parlamento se une a su lucha. 
Tuve ocasión de decirlo, el pasado 27 de septiembre, en Madrid, en el transcurso de la emocionante ceremonia de entrega de medallas a las familias de las víctimas de ETA, en el seno de nuestra Unión, no hay lugar para el terrorismo. 
Es la negación misma de la democracia. 
La violencia, cualquiera que sea su forma, no es solamente condenable, sólo puede volverse contra sus autores, ya que excluye del mundo democrático a aquellos que recurren a ella. 
Nuestra Comunidad Europea es ante todo una comunidad de valores basados en el respeto por el Estado de derecho. 
La Carta europea de derechos fundamentales que acabamos de proclamar en Niza, el pasado 7 de diciembre, lo demuestra. 
Su artículo 2 consagra el derecho a la vida. 
Y en cada ocasión en que en España el terrorismo mata una persona, toda la Unión se ve afectada en lo que constituye uno de sus principios más esenciales. 
La democracia en la creemos es la palabra que debate y que convence, en el respeto por el otro, y que se somete a la mayoría del pueblo cuando éste ha votado en libertad. 
No es la del asesino anónimo que espera a su víctima en el vestíbulo oscuro de su inmueble. 
No es la de la violencia que aterroriza para forzar a todo un pueblo, mediante el miedo y el chantaje, al silencio o a la complicidad resignada. 
No quisiera concluir mis palabras sin honrar la memoria de los centenares de personas que han caído bajo las balas de los asesinos. 
Se trata de mujeres, de hombres de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todos los horizontes políticos, que les han sido arrebatados a sus familias. 
A ellas y a los cerca de 2000 heridos de esta misma lacra, deseo enviarles el testimonio de nuestra solidaridad. 
Y debo señalarles también hasta qué punto la dignidad que demuestran ante esta prueba y su falta de espíritu de venganza personal merecen nuestra admiración más profunda. 
Le doy las gracias, señor Presidente, y le invito ahora a hacer uso de la palabra. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, en el debate del martes manifesté mi agradecimiento por la excelente cooperación de que disfruté con la Presidenta del Consejo, con la Comisaria así como con todos los colegas, y me referí al buen entendimiento que todos tuvimos con todos y que, creo yo, ha llevado a buen puerto la confección del presente presupuesto. 
Dado que ahora están presentes numerosos colegas, quisiera precisar una vez más que si me he podido desempeñar tan bien como ponente ha sido porque me ha respaldado una magnífica secretaría de la Comisión de Presupuestos que durante todo el año ha trabajado horas y más horas, incluidos fines de semana. 
Los miembros de la misma, tanto aquellos con presencia pública como los que no, han realizado un trabajo enormemente solidario y de una altísima calidad. 
Quisiera darles las gracias y pedir a sus señorías que también lo hagan. 
Quisiera dar a conocer rápidamente algunas pequeñas enmiendas técnicas. 
Las enmiendas 171, 187 y 21 del documento supondrán 12 modificaciones. 
Como los fundamentos jurídicos para los programas que hemos acordado con el Consejo ya existen, cogeremos el dinero preciso de la reserva. 
Creo que sus señorías me seguirán en esto. 
Se trata del Programa de acción para la Igualdad de Oportunidades, se trata de MEDIA y se trata del Programa de acción para la Lucha contra la Discriminación. 
Lo último que tengo que anunciar concierne a la enmienda 197, que trata de MEDA. 
Queremos incluir en la segunda lectura los comentarios que acordamos en la primera. 
Y creo que no tengo más que decir. 
Espero que sus señorías me sigan en esto. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, puedo ser relativamente breve porque ya otorgué mis felicitaciones en la primera lectura y porque ya no tengo demasiados problemas respecto de otros presupuestos. 
Pero creo que la Comisión se merece una felicitación especial así como el Director General, que se le pasó a la Sra. Haug. 
De este modo hago justicia a todos. 
Soy una víctima del nuevo programa de software, lo que, como ingeniero, me tiene afligido. 
Naturalmente, yo estoy aquí para el desarrollo de los servicios. 
En las enmiendas 34, 38, 35, 36 y 78 el ordenador sacó los números al azar. 
Por tanto pediría que se hiciera una adaptación técnica. 
Se trata de volver a poner lo que dijimos en la primera lectura. 
No es un truco. 
El truco lo ha hecho el ordenador. 
Los que siempre trabajan seriamente son los diputados. 
Pido que se haga lo que propongo y que confíen en mí. 
A mano, esto es, con los procedimientos del XIX, corregiremos la tecnología del siglo XXI y la limpiaremos de errores. 
Así todo estará en orden. 
A5-0380/2000) de la Sra. Haug y el Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de Unión Europea para el ejercicio 2001, modificado por el Consejo (todas las secciones) (13830/2000- C5-0600/2000- 1999/2190 (BUD) ) y sobre la nota rectificativa núm. 2/2001 (13833/2000- C5-0653/2000) al proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2001- Sección I- Parlamento; Sección II- Consejo; 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicito muy calurosamente a los dos ponentes, la Sra. Haug, ponente general, y el Sr. Ferber. 
Señora Presidenta, no quisiera interrumpir la ceremonia. 
Después de tantas felicitaciones querría tan sólo felicitar también a los servicios del Pleno por su duro trabajo, y ya sin más podremos votar con rapidez y eficiencia. 
Procedemos a continuación a la firma del presupuesto. 
Permítanme hacer notar que, por segunda vez, este documento va a ser firmado por tres mujeres. 
(Después de pedir a la Sra. Parly, Presidenta en ejercicio del Consejo, la Sra. Schreyer, miembro de la Comisión, el Sr. Wynn, Presidente de la Comisión de Presupuestos, y los ponentes, la Sra. Haug, el Sr. Ferber y el Sr. Colom i Naval, que se reúnan con ella, la Presidenta procede a la firma del presupuesto.) 
Señora Presidenta, quisiera pedir la indulgencia de la Cámara. 
He hablado con el Sr. Sterckx acerca de la enmienda 60 y del bloque relacionado con la misma, es decir, las enmiendas 52, 62, 57, 38 y 60. 
Con el acuerdo del ponente, nos gustaría trasladar mi enmienda 60 para que se trate entre la 52 y la 62, si llegamos a ese punto. 
El Sr. Sterckx y el ponente están de acuerdo. 
Señora Presidenta, coincido plenamente con el Sr. Atkins, pero para mi asombro veo en la lista que la enmienda 62, que he presentado junto con otros 31 miembros y con respecto a la cual he llamado tres veces a los servicios para comunicarles que se trata de mi enmienda, sigue llevando el nombre de Sir Robert Atkins. 
Me resulta muy extraño, porque en mi opinión ello acaba influyendo de una u otra forma en la discusión. 
No me parece bien. 
Está claro que se trata de una enmienda presentada por mí y otros 31 miembros y, por tanto, deseo que figure con mi nombre. 
No entiendo cómo no se ha rectificado después de mis llamadas telefónicas. 
Lo siento, pero no me parece que sea un procedimiento normal. 
Vamos a restituirle esta paternidad. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0362/2000) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre 
I. la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) núm. 218/92 del Consejo sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA) (COM (2000) 349- C5-0298/2000- 2000/0147 (COD)) 
II. la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica (COM (2000) 349- C5-0467/2000- 2000/0148 (CNS)) 
(Por votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Informe (A5-0378/2000) del Sr. de Roo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (COM (2000) 468- C5-0411/2000- 2000/0194 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0350/2000) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano (COM (1999) 557- C5-0309/1999- 1999/0233 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0374/2000) del Sr. Dary, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CEE) núm. 404/93 relativo a la organización común de mercados en el sector del plátano (COM (1999) 582- C5-0277/1999- 1999/0235 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0366/2000) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica, en lo que respecta al período de aplicación del tipo normal mínimo, la Directiva 77/388/CEE relativa al Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (COM (2000) 537/2000- 2000/0223 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0390/2000) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un programa plurianual comunitario de estímulo al desarrollo y al uso de contenidos digitales europeos en las redes mundiales y fomento de la diversidad lingüística en la sociedad de la información (COM (2000) 323- C5-0462/2000- 2000/0128 (CNS)) 
antes de la votación de la enmienda 51 
Señora Presidenta, si esta Asamblea me lo permite quisiera hacer una puntualización verbal a la enmienda 51 presentada por mí. 
Se ha producido una confusión semántica y el significado que yo le di no se recoge en la formulación actual. 
En lugar de decir "productores y artistas especialmente del sector privado" quisiera que dijese que incorporamos a ese ámbito a productores de contenidos. 
Ayer me dejé aconsejar por algunos colegas de este Pleno antes y después del debate. 
Algunos diputados ven la subsunción de estos representantes, los content provider, dividida en diversas agrupaciones. 
Por tanto no está formulado de un modo claro y unívoco. 
El programa se llama eContent. 
Deberíamos, pues, incorporar a los productores de contenidos. 
Creo que no debería ser un gran problema. 
Me alegraría si ustedes aceptaran esta enmienda verbal. 
(La Asamblea está de acuerdo en la presentación de la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común sobre los resultados del Consejo Europeo de los días 7 a 10 de diciembre de 2000 en Niza 
Señora Presidenta, disculpe la observación. 
Tan sólo quería dejar claro que el proyecto del Tratado de Niza sigue siendo, lamentablemente, la referencia del Ecu y no del Euro. 
Es decir, ya no es actual. 
¡Efectivamente, es de lamentar! 
Señora Presidenta, a decir verdad yo me pregunto si estamos en condiciones de aprobar una resolución sobre la Cumbre de Niza. 
Temo que nos encontramos en una especie de situación a la americana en la que es preciso volver a contar. 
Al leer lo que se ha publicado esta mañana en la prensa de mi país debo concluir que la Presidencia francesa no sólo se ha equivocado con respecto a la ponderación de los votos de Polonia y España- por lo que el Presidente ha pedido disculpas- sino que, además, se han producido otros problemas embarazosos. 
Cito: en el Anexo 3 del proyecto de informe se dice que el umbral de la mayoría cualificada irá en aumento a medida que vayan incorporándose nuevos Estados miembros hasta alcanzar el 73,4 % en el momento en que se hayan adherido todos los países candidatos. 
Ello significa que el Consejo de Ministros contará con 253 votos, pero significa asimismo que la minoría de bloqueo- y de eso se trata, ése era el verdadero tema del Acuerdo de Niza- se fija en 93. 
¿Pero qué se lee en la frase siguiente? ¡91 votos! 
Comprenderá que difícilmente podemos hablar de un tratado si aparecen tales errores. 
Está usted adelantándose a los trabajos de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0334/2000) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la imposición del combustible de aviación (COM (2000) 110- C5-0207/2000- 2000/2114 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0352/2000) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución (COM (2000) 1- C5-0143/2000- 2000/2086 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Antes de proceder a las explicaciones de voto, a todo aquellos y aquellas a los que ya no veré, les deseo muy felices fiestas. 
- (NL) Mi voto en contra del acuerdo que a partir del 1 de enero da luz verde al incremento del transporte pesado de mercancías en las carreteras suizas no tiene nada que ver con el número de permisos concedidos a los transportistas holandeses. 
Los 23.428 permisos obtenidos les parecerán pocos, pero por otra parte estarán contentos de que se les ofrezca espacio para que puedan crecer. 
El presente acuerdo forma parte de una estrategia en la que, en la práctica, Suiza y Noruega se van aproximando cada vez más a los Estados miembros de la Unión Europea. 
La única diferencia está en que no pagan contribución y no poseen derecho de voto. 
De este modo, los gobiernos de dichos países pueden seguir diciendo a una población sumamente crítica que mantienen su independencia, aunque ello resulta cada vez menos cierto. 
Pero considero más importante aún que el acuerdo fomente el transporte por carretera. 
Ahora la barrera de los Alpes, que previamente desapareció en Austria, deja también de existir en Suiza. 
En otros momentos este país optó por frenar el transporte por carretera y mejorar los servicios de ferrocarril para el transporte pesado de mercancías en tránsito. 
Al admitir más camiones y vehículos más grandes, Suiza se verá obligada a invertir más en autopistas. 
No me convence en absoluto que importantes movimientos ecologistas hayan pasado por el aro con el argumento de que los ingresos obtenidos a través de las tasas redundarán en beneficio de la ampliación del ferrocarril. 
El presente acuerdo beneficia a algunas empresas, pero resulta perjudicial para el medio ambiente y la democracia. 
Presupuesto general 2001 
El Parlamento Europeo acaba de aprobar, mediante la segunda lectura del presupuesto, la reintegración completa en la línea presupuestaria del Fondo de Cohesión de 360 millones de euros que había colocado en reserva en su primera lectura. 
El Fondo de Cohesión es, para los socialistas portugueses, una viga maestra en la política de cohesión económica y social puesta en marcha por el Acta Única Europea y considerablemente reforzada por el Tratado de Maastricht. 
Desde su creación, el Fondo de Cohesión ha sido un notable ejemplo de gran repercusión en dos esferas de gran interés comunitario- medio ambiente y redes transeuropeas de transportes- de aplicación eficaz del presupuesto comunitario y de las más altas tasas de ejecución en todo el presupuesto comunitario. 
Como declaró nuestro compañero Mário Soares con motivo de la investidura del actual Presidente de la Comisión Sr. Prodi, el aspecto más negativo de su programa fue el de la supresión de la Dirección de Servicios de ese Fondo y su exclusión del nombre y del organigrama de la antigua Dirección General XVI. La consecuencia de esa supresión, que comenzó a aplicarse a mediados del año pasado, fue, como habíamos previsto, una interrupción dramática del ritmo de aprobación de proyectos y ejecución de pagos, con lo que la ejecución anual de autorizaciones de ese fondo, al final de junio del año 2000, se redujo un punto porcentual. 
Al proponer al Parlamento Europeo la reducción de 360 millones de euros en los pagos previstos para 2001, la Comisión estaba dando señales preocupantes de falta de interés, motivación y voluntad para poner en práctica cabalmente el plan financiero acordado por el Consejo Europeo de Berlín. 
A raíz de esa propuesta, los socialistas portugueses decidieron votar en contra del presupuesto en primera lectura, en caso de que éste redujera 360 millones de euros del proyecto de presupuesto, y no aceptaron votar a favor del presupuesto hasta que se modificó esa posición en el sentido de colocar esa suma en reserva. 
Ante los esfuerzos conjugados de la representación en el Consejo de varios gobiernos, en particular el portugués, y de diputados de varios Grupos parlamentarios, entre los que es justo destacar a los socialistas portugueses, el diálogo tripartito entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento resolvió reinscribir la totalidad de las sumas previstas en la primera lectura del Consejo para los pagos del Fondo de Cohesión y ahora el Parlamento Europeo ha ratificado esa posición. 
Nos congratulamos de ello y asumimos desde ahora mismo el compromiso de permanecer vigilantes en cuanto a la ejecución del Fondo de Cohesión. 
Para que la ejecución del Fondo de Cohesión recupere el retraso con que partió en este período de programación, será necesario un esfuerzo y una atención intensificados por parte de los Estados miembros beneficiarios y, por encima de todo, que la Comisión le conceda la máxima prioridad, en particular fortaleciendo los medios humanos y financieros dedicados a su seguimiento. 
El debate en segunda lectura sobre el presupuesto 2001 nos inspira las mismas reflexiones que el pasado mes de octubre y, por tanto, concluimos con los mismos votos negativos. 
Como lo recordamos en primera lectura, la ayuda a los Balcanes no justifica de ninguna manera una revisión de las perspectivas financieras, tampoco sugiere, con pretextos falaces, un cuestionamiento, al dejar en reserva 130 millones de euros, de los acuerdos de pesca con Marruecos. 
Nos felicitamos de que se reconozca de ahora en adelante. 
El acontecimiento más importante acaecido desde nuestros debates presupuestarios precedentes es evidentemente la crisis llamada de las "vacas locas". 
Si Francia debe alegrarse el día de hoy de que la Unión Europea haya acabado por incorporarse a la posición francesa en materia de prevención, nuestra inquietud persiste en lo relativo a los créditos inherentes a estas nuevas opciones políticas. 
La gravedad de la situación ha llevado a nuestro Grupo a presentar un determinado número de enmiendas que hacen hincapié en la urgencia de prever los fondos necesarios a una sistematización de las pruebas de detección y a su reembolso, así como una ayuda generalizada al sector bovino afectado. 
Los 60 millones de euros previstos para lo primero y los aproximadamente 360 millones de euros previstos para lo segundo no serán suficientes para 2001. 
Pedimos que, a partir de enero, un BRS de importancia refleje el interés que esta Asamblea quiere reservar a este expediente. 
. 
(DE) He votado en contra de la Resolución porque se ha aceptado el apartado 21 en el cual se solicita a la Secretaría General del Parlamento Europeo que continúe las negociaciones con el gobierno de Luxemburgo para facilitar el traslado a Bruselas de todos los funcionarios que se necesiten para una administración más eficiente y menos gravosa de la Secretaría del Parlamento, así como para una mejora de los servicios que se prestan a los países miembros en Bruselas. 
El texto es una carta en blanco ideal para un cierre en la práctica de la Secretaría General del Parlamento Europeo en Luxemburgo. 
En Edimburgo acordaron los Jefes de Estado y de Gobierno en 1992 que el Parlamento Europeo tuviese tres sedes: Estrasburgo para 12 sesiones plenarias al año, Bruselas para sesiones de comisiones y Grupos políticos así como para minisesiones plenarias, mientras que Luxemburgo se reservaba para la Secretaría General. 
En Edimburgo, los Jefes de Estado y de Gobierno eran conscientes de que tres sedes causarían gastos de viaje y alojamiento, por lo que no corresponde a los diputados europeos reclamar al respecto una administración menos costosa. 
De manera muy general podríamos hacerlo, pues cada uno de nosotros puede poner ejemplos de cómo se podría ahorrar incluso más de lo que suponen los costes de desplazamiento desde Luxemburgo hasta Bruselas o Estrasburgo, si bien es cierto que los costes de viaje de Luxemburgo a Bruselas están más caros. 
Que esto realmente no es sino un ataque a Estrasburgo es algo que muchos aún no perciben. 
Ya en julio, una pequeña mayoría del PE acordó acortar las 12 semanas de sesiones plenarias de 2001 correspondientes a Estrasburgo en un día, es decir, eliminar el viernes, lo cual fue un primer ataque a Estrasburgo. 
Los franceses habrán recibido con resignación, si la información de un diario alemán del 13 de diciembre es correcta, la promesa del Presidente Chirac hecha en Niza, pactando en toda regla con el Primer Ministro belga (que fue aclamado como el héroe de Niza) , de que en el futuro todas las Cumbres así como todas las semanas de sesiones plenarias extraordinarias del PE se celebren en Bruselas. 
Éste habría sido el precio para que el "héroe de Niza" aceptase tener menos votos en el Consejo que los más populosos Países Bajos en relación con la mayoría cualificada. 
Con la aceptación de este texto se desenterrará de nuevo el papel de un Vicepresidente de este Parlamento que quiere trasladar todos los servicios y las Direcciones Generales de Luxemburgo a Bruselas. 
Como mucho, en Luxemburgo quedarán servicios técnicos tales como la imprenta y el servicio de traducción. 
Esto irá claramente contra la letra y el espíritu de los acuerdos antes mencionados de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre el tema de las sedes. 
Los promotores de este traslado de la Secretaría General no se preocupan de las repercusiones sociales y humanas que tendrá sobre los funcionarios y sus familias, residentes frecuentemente en Luxemburgo durante décadas, con sus hogares allí, sus hijos que van allí a la escuela y sus consortes al trabajo. 
Acertadamente o no, aquí tomamos decisiones que afectan a la integridad de las familias. 
Desgarramos las familias de nuestros funcionarios, especialmente de los D, C y B que no pueden permitirse traslados caros con todas las consecuencias económicas, con el manido argumento del ahorro de costes. 
Esto no puede ser. 
Al gobierno de Luxemburgo se le exige ahora no sólo que actúe con responsabilidad, sino que garantice que se cumplan los contratos. 
Señor Presidente, he votado a favor del presupuesto, pero es la última vez que lo hago, porque considero del todo insuficiente el interés que en términos financieros nuestro Parlamento presta a la gente mayor y a los pensionistas. 
Antes de mi viaje, ellos me dijeron: " Es Navidad, y en Bérgamo nosotros celebramos la Navidad y Santa Lucía. 
¿Será el Sr. Ferber un Papá Noel? 
¿Será la Sra. Haug una Santa Lucía para las personas mayores y los pensionistas? 
" Lamentablemente, debo decir que no, ya que, a pesar de que los pensionistas representan un 30% de la población en la Unión Europea, en nuestro presupuesto no se les concede la misma ayuda financiera para resolver sus problemas. 
. (EN) Apoyo totalmente este informe del Sr. Staes sobre la organización de inspecciones oficiales en materia de alimentación animal. 
Permite a la Comisión adoptar medidas de salvaguardia en situaciones de emergencia sin consultar a los Estados miembros, y, de este modo, aumenta significativamente la celeridad y la eficiencia con la que se tratan los casos. 
El cambio de requerir "toda la asistencia necesaria" a requerir "total asistencia" de los Estados miembros y el hecho de que haya de mantenerse informado al Parlamento Europeo de los resultados indican también que este informe reviste una auténtica importancia para todos los Estados miembros. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos y daneses hemos votado hoy a favor del presupuesto para el año 2001. 
El presupuesto permite a la UE realizar sus actividades prioritarias y, simultáneamente, mantiene la disciplina presupuestaria. 
El presupuesto para el próximo año es uno de los menores en relación con el PNB de los países miembros. 
Fundamentalmente, el presupuesto para el 2001 se asienta en un acuerdo, que respaldamos, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
El Parlamento ha conseguido cristalizar algunos aspectos prioritarios, entre otros, mayores esfuerzos para luchar contra el desempleo y la pobreza, numerosas materias relativas al medio ambiente y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Hemos votado en contra de los ataques de la derecha contra el Programa LIFE y contra European Women's lobby. 
Asimismo, hemos encontrado los recursos necesarios para poder dar un fuerte apoyo a la reconstrucción y democratización de los Balcanes, ahora también a Serbia. 
Sin embargo, queda pendiente una solución a largo plazo para los próximos presupuestos. 
Objetamos la amplitud y la orientación de la política agrícola de la UE. 
En el futuro deberá reformarse, entre otras cosas, para dar más espacio a la ampliación de la Unión. 
La política agrícola comunitaria cuesta demasiado. 
Además, objetamos la sobreproducción de productos agrícolas y el uso de medios destinados a la información para venderlos. 
También nos oponemos a las considerables subvenciones a la producción de tabaco que, a nuestro juicio, contradicen abiertamente las intenciones de la UE en materia de salud pública. 
También quisiéramos subrayar la importancia de que la realización de los presupuestos sea más eficaz, con el objeto de resolver los problemas que causan los dilatados retrasos en algunos sectores. 
El sistema presupuestario, igual que los métodos para la apertura, las auditorías y el control político, debe modernizarse y mejorarse. 
Los socialdemócratas nórdicos hemos conseguido que se aprueben nuestras propuestas sobre mayores ayudas a la cooperación local y regional en la región del Mar Báltico, que actualmente asciende a 16 millones de euros. 
Además, el Parlamento ha aumentado el presupuesto para la cooperación entre ciudades hermanas que, a nuestro juicio, es un importante programa para fomentar la cooperación local en el seno de la Unión. 
Ante todo, parece útil recordar que el reducido aumento del presupuesto 2001 tal como ha sido retenido por el Consejo, en relación con el del año en curso es un mensaje político indispensable hacia nuestros conciudadanos; efectivamente, la moderación presupuestaria, para ser aceptada, debe ser compartidas por todos. 
La reunión de concertación del 23 de noviembre dedicó la utilización de la totalidad de los importes del instrumento de flexibilidad, es decir 200 millones de euros, en favor de SERBIA, lo que es bueno, incluso si ha de lamentarse que el Parlamento haya tenido que echarse para atrás en relación con su primera lectura, favorable a MEDA. 
Además de los 200 millones de euros de ayuda de urgencia tomados del presupuesto 2000 a fin de que los serbios puedan pasar el invierno en condiciones lo menos malas posibles, después del diálogo a tres bandas del mes de octubre, se añadirán, en 2001, 240 millones, con motivo de la ayuda a los Balcanes, mientras que las propuestas "Prodi" deberían permitir dedicar a la recuperación de esta región, la República Federativa de Yugoslavia sobre todo, unos 2.200 millones de euros repartidos en varios años. 
Así pues, y en efecto bastante tardíamente, la Unión Europea admite de ahora en adelante, la importancia de una ayuda de envergadura a la afligida República yugoslava y lo hace respetando sus fronteras. 
La importancia de la dotación prevista para Kosovo no deja, sin embargo, de suscitar interrogaciones legítimas sobre la capacidad real de absorción de esta región de Yugoslavia de los 350 millones de euros que inicialmente se había previsto asignarle en 2001. 
Por tanto, cabe realizar una estimación precisa y rigurosa de las necesidades de reconstrucción de todas las regiones de la República Federativa de Yugoslavia, pero también ha de reconocerse a Belgrado como el único interlocutor legítimo para todas las acciones futuras, de lo contrario se correría el riesgo, para la Unión Europea, de parecer alimentar y sostener los movimientos separatistas y terroristas de la región. 
(Explicación abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Staes (A5-0372/2000) 
Informe Lannoye (A5-0347/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre el uso de aditivos en la alimentación, y en particular a favor de la prohibición de utilizar el alginato de sodio para conservar las zanahorias. 
La primera porque parecen zanahorias frescas las que se han recogido hace uno, dos, tres o incluso cuatro años. Les engañamos por segunda vez porque los consumidores encuentran zanahorias duras, como si se acabaran de recoger, en lugar de zanahorias blandas y fofas como les pasa a las zanahorias viejas y les engañamos por tercera vez porque todo el mundo sabe, señor Presidente, que la zanahoria tiene un efecto astringente, y con el alginato de sodio las zanahorias se convierten en laxantes. 
Señor Presidente, sugiero que el día que el Sr. Fatuzzo publique sus obras completas, es decir, la yuxtaposición de todas sus explicaciones de voto, se nos entregue un ejemplar a cada uno de nosotros. 
No tienen desperdicio. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe García-Margallo y Marfil sobre la imposición fiscal del comercio electrónico. 
Debo decir que esta noche he soñado con que era un pensionista. 
En efecto, aunque soy el representante del Partido de los Pensionistas en Italia, no disfruto de pensión alguna. 
He soñado con que era muy viejo y pensionista y necesitaba medicamentos. 
En lugar de ir como siempre al médico para la receta, luego a la farmacia y, por último, de pagar para que me sirvieran el medicamento a domicilio, el médico apretaba una tecla de su ordenador y, al regresar a mi casa, ya encontraba el medicamento entregado por el mozo de la farmacia que había recibido el pedido por vía electrónica. 
Por lo tanto, señor Presidente, le pregunto: ¿Cuándo aprobaremos una directiva que facilitará esta forma de comercio electrónico? 
Espero que sea pronto. 
Hemos votado en contra del informe Torres Marques en relación con la armonización del IVA en Europa y, de manera complementaria, contra el informe García-Margallo y Marfil cuyo objeto es la imposición de los servicios prestados por vía electrónica. 
Estamos en contra del impuesto sobre el valor añadido en todas sus formas, ya que se trata de un impuesto indirecto que afecta sobre todo a las clases trabajadoras. 
Por otra parte, la propuesta está dirigida a definir una gama, es decir a suprimir los tipos del IVA más bajos precisamente para los productos de gran consumo, tales como el pan, el aceite o los productos lácteos, incluso los medicamentos indispensables. 
En cuestión de armonización, estamos a favor de la supresión del IVA a escala europea y reemplazarlo por un impuesto sumamente progresivo sobre los beneficios de las empresas y los ingresos del capital. 
. (SV) Hemos votado en contra de la enmienda 13 presentada por Olle Schmidt. 
Basándose en que EE.UU. ha liberado de IVA al comercio electrónico por un período de cinco años, él llega a la conclusión de que la UE debería hacer lo mismo. 
Ésta es una conclusión manifiestamente equivocada. 
No hay ninguna razón para dar ventajas fiscales a una determinada forma de distribución. 
Además, una adecuación a las condiciones norteamericanas nos dificultaría, por un período de cinco años, alcanzar un nivel impositivo normal, tanto en EE.UU. como en Europa. 
Además, hay que romper la tendencia a importar desaciertos norteamericanos a Europa, tanto en éste como en otros campos. 
Informe Ferber (A5-0361/2000) 
Sugiero que envíe también un ejemplar a Malta, porque la única explicación de voto que no hizo es, me parece, cuando hablamos de Malta. 
Señor Presidente, procuraré enmendarme antes del año 2004 con alguna explicación de voto en favor de Malta. 
He apoyado el informe Ferber, aunque debo decir que estoy a favor de una mayor liberalización de los servicios postales. 
Con frecuencia me dicen: "Los pensionistas, las personas mayores quieren que se le entregue el correo todos los días, incluso si viven en pueblos remotos, en pueblos de montaña. Por lo tanto, señor Fatuzzo, debería apoyar al máximo el servicio universal". 
Yo, en cambio, debo decir que algunos pensionistas mayores que viven en zonas de montaña me dijeron: "Prefieres recibir el correo una vez por semana y tener una pensión más alta, a recibir el correo todos los días y tener una pensión más baja." 
Por esto creo en una mayor liberalización. 
Hemos votado contra el informe Ferber. 
Estamos contra toda forma de dominio de los capitales privados sobre un servicio público tan esencial como el correo, aunque el umbral peso/precio, por encima del cual se les abre la puerta, sea de 350, 150 o, con mayor razón, de 50 gramos. 
Ya sea que la privatización sea progresiva o brutal, de todas maneras significa la liquidación del servicio público y tiene consecuencias graves para los trabajadores de los servicios postales. 
En modo alguno vamos a avalar de ninguna manera una operación que sólo sirve los intereses de unos grupos capitalistas, que buscan un área de inversión para hacer beneficios privados en detrimento del conjunto de la población, y más particularmente de las capas con los ingresos más modestos. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos al Parlamento Europeo opinamos que el mercado postal en la UE debe abrirse a la competencia. 
Mediante paulatinas liberalizaciones del mercado europeo, los servicios postales pueden ganar en eficacia y se puede mejorar la atención a los clientes. 
La fijación de una fecha final sería una información clara para los diversos actores del mercado postal y los monopolios nacionales podrían prepararse mejor con vistas a la liberalización. 
Por eso hemos votado a favor de una fecha final para la liberalización. 
Por otra parte, opinamos que no es aceptable que países comunitarios compitan, por ejemplo, en el mercado postal sueco, sin estar dispuestos a permitir la competencia en sus propios mercados. 
Por eso hoy nos hemos abstenido en la votación del informe Ferber. 
Si, hoy, voté en favor del informe Ferber sobre los "servicios postales europeos" es porque pienso que en el estado actual de la relación de fuerzas en Europa y en el seno del Parlamento Europeo, ¡hemos obtenido lo máximo de lo que podíamos obtener para evitar la desaparición del servicio público postal en Europa! 
Para ello, fueron precisas intensas negociaciones y la máxima movilización a todos los niveles, ¡pero, hasta hoy lo esencial ha quedado salvaguardado! 
Sin embargo, lo digo con cierta solemnidad: es lo máximo que puedo aceptar de una Europa, a mi juicio, ¡demasiado liberal! 
Por tanto, hace falta con toda rapidez una directiva marco de los servicios postales en Europa. 
La Cumbre de Niza dio "luz verde" a este proyecto. 
Claude Desama está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. 
Nos encontramos, también en este ámbito, en un viraje esencial en el que todos los defensores del servicio público deben encontrarse. 
Con el informe Ferber, hemos mostrado que era posible. 
Ahora es necesario hacerlo. 
Me alegro de esta primera lectura y del trabajo realizado por nuestra Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, del compromiso de nuestro ponente y sobre todo del conocimiento y la constancia que múltiples veces ha demostrado Brian Simpson, nuestro ponente alternativo en el seno del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
La liberalización de los servicios postales constituye uno de los expedientes fundamentales relacionados con la noción de servicio de interés general, y más globalmente con la preservación de la cohesión social y territorial de la Unión Europea. 
Efectivamente, más allá de la visión técnica, pero necesaria de lo que quiere preservarse en el ámbito del servicio universal y lo que desea abrirse a la competencia, se desprende la aplicación del "modelo social europeo". 
¿Hasta dónde debe llegarse en la liberalización? 
¿Por qué querer acelerar el proceso, como lo deseaba la Comisión ejecutiva y el Comisario Bolkestein? 
¿Por qué querer desmantelar los servicios útiles y apreciados de nuestros ciudadanos privándolos de los medios de financiación adecuados y haciéndolos dependientes de un sistema de subvenciones obsoleto y penalizador? 
Evidentemente, no podemos volver a poner de esta manera en tela de juicio (como lo sugería la Comisión ejecutiva) , el principio de adaptabilidad del servicio público integrado en la propia historia de la mayoría de nuestros países y al que estamos apegados. 
No me parece razonable y, muy felizmente, pudimos corregir la dirección durante la votación en comisión parlamentaria. 
Por ello voté en favor de este informe tal como lo aprobamos en comisión. 
¿Cómo va a salir el sector postal de este período en el que las contradicciones y controversias han venido a apoyar los alegatos, a menudo técnicos, elaborados en el marco de su apertura a la competencia? 
¿Podemos borrar con una mera decisión, apoyada quizás por una reducida mayoría, toda una concepción del servicio postal, concepción que encuentra sus raíces y sus explicaciones en las particularidades de cada Estado? 
¿Cómo no tomar en consideración las especificidades nacionales que abarca este sector tan particular, especialmente respecto a la adaptación del servicio público a las realidades locales? 
¿Cómo hablar de servicio público en los países donde esta noción sigue estando reducida a su mínima expresión, que incluso es inexistente, cuando, en otros, se encuentra anclada en la cultura y representa un elemento estructurante de la cohesión social, especialmente en las zonas rurales? 
No pedimos a Suecia que cambie su sistema, pero no cabe duda alguna de que no queremos que ella nos imponga el suyo. 
Efectivamente, el texto del Sr. Ferber, después de múltiples negociaciones en comisión, sólo modera y retrasa la propuesta de la Comisión, propuesta inaceptable basada en afirmaciones mal justificadas o que carecen de justificación. 
Pero, ¿cómo no ver en este informe de compromiso un acomodo respecto al servicio postal? 
Resulta fácil para los partidarios de liberalismo matizado satisfacerse con un texto que suaviza la propuesta ultraliberal del Comisario Bolkestein, exclusivamente fundada en razones ideológicas. 
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FI) Lamento mucho que el Parlamento decidiera en su votación apoyar una línea que es muy perjudicial para los consumidores. 
El informe aprobado se limitaría a permitir la apertura a la competencia de una ínfima parte de los servicios postales, y tampoco llega a establecer una fecha tope definitiva (final date) para su liberalización. 
Los diputados que hemos quedado en minoría habríamos deseado que se hubiera establecido una fecha tope para el año 2007. 
Para entonces habrán transcurrido más de 17 años desde que se empezó este debate a nivel de la UE. 
La existencia de una fecha tope incentivaría al sector de correos a desarrollar y a modernizar sus servicios, al tiempo que facilitaría la planificación y las inversiones en los mercados. 
Ahora, visto que el Parlamento no ha establecido ninguna fecha tope, continuará existiendo un desequilibrio entre los diferentes servicios postales nacionales, dado que unos mercados han sido liberalizados y otros no. 
Al igual que en otros mercados, en el sector de correos las fronteras nacionales tradicionales también han perdido ya su razón de ser. 
Es imposible luchar contra el ineludible desarrollo, así que deberíamos empezar a prepararnos para afrontarlo lo antes posible. 
Votamos en contra de este informe ya que rechazamos una nueva liberalización de los servicios postales en Europa. 
La introducción brutal y terapéutica de capitales privados representa defender solamente los intereses de unos monopolios que están constituyéndose. 
Nosotros no podemos avalar las pérdidas de empleo ni los nuevos cierres de oficinas ni siquiera de una manera "gradual y controlada". 
Por ello, de la misma manera, votamos en contra de las enmiendas que proponían descender el umbral precio/peso a 150 o a 50 gramos. 
No queremos participar en esta nueva liquidación y continuaremos defendiendo la idea de un nuevo servicio público europeo. 
. 
(DE) Desde hace muchos años, siempre me he pronunciado en este Parlamento a favor, en principio, de una liberalización controlada y gradual capaz de crear un mercado interno que funcione en el sector de correos. 
Claro que siempre con la condición de que se conserve un servicio universal cualitativamente más valioso. 
Esto es imprescindible especialmente para regiones rurales, periféricas y poco pobladas, incluso para diversos distritos urbanos. 
Los carteros tienen especialmente allí un papel que yo calificaría de socio-cultural y que espero que podamos permitírnoslo en nuestros Estados del bienestar. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios presenté una serie de enmiendas a la propuesta de la Comisión que, en la medida que concernían a los Considerandos, fueron aceptadas todas, hasta que aparecieron para votar una serie de colegas, algunos de ellos no pertenecientes a la comisión, de modo que las enmiendas a los artículos correspondientes a los Considerandos fueron rechazados. 
Esto condujo, naturalmente, a un guirigay espectacular, que motivó la reacción adecuadaLehne (PPE-DE) , de una mayoría de los miembros de la comisión de rechazar este texto inmaduro, de modo que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no adoptó ninguna opinión. 
Por tanto estoy especialmente agradecido al ponente de la comisión, el Sr. Markus Ferber, porque haya llegado a un compromiso aceptable que recoge ampliamente mis enmiendas en letra y espíritu, de suerte que puedo sumarme a él especialmente porque 
los servicios especiales no se definen nuevamente, 
se fijan unos límites sensatos de precios y pesos, de modo que hasta 150 grs. queda reservado para los servicios universales, unido a un límite tarifario correspondiente a un incremento de un cuarto de la tarifa actual. 
Los límites propuestos por la Comisión de 50 grs. con una tarifa de hasta dos veces y media la tarifa oficial son realmente demasiado drásticos y tendrían efectos devastadores para los oferentes de servicios universales. 
También éste sería el caso si los envíos transfronterizos y los servicios express se liberalizaran completamente, lo que especialmente el servicio de Correos de Luxemburgo no podría asimilar debido a nuestra especial situación. 
El compromiso contempla mi enmienda por lo que podré votar a favor de este informe en la primera lectura con la mejor conciencia. 
Rechazo las insinuaciones de aquéllos que, sin preocuparse por la pérdida de calidad de vida y de puestos de trabajo, y abogando aquí por forzar una liberalización, nos achacan a mí y a los colegas que piensan como yo que trabajamos para el lobby de Correos en pro de la conservación de su monopolio. 
Rechazo esta interpretación del modo más enérgico. 
- (NL) Diversas empresas de presencia internacional coincidían en que la propuesta del Comisario Bolkestein era demasiado débil y moderada y exigen un mayor y más rápido acceso al mercado, que les interesa. 
Continuarán ejerciendo presión. 
Consolidan su posición con el dinero que ganan con el reparto de envíos de más de 150 gramos. 
El debate acerca de la futura organización de los servicios postales ciertamente no ha quedado cerrado. 
Sabíamos que la propuesta de liberalización extrema de la Comisión Europea estaba abocada al fracaso desde el momento en que el ponente Ferber formuló una serie de críticas propuestas en materia de investigación, precisión y plazos. 
Ello se volvía aún más patente cuando los demócratacristianos y los socialdemócratas concluyeron un acuerdo secreto sobre un compromiso entre liberalización y no liberalización que defenderían conjuntamente. 
La categoría de peso de 50 a 350 gramos se dividió fijándose el límite en 150 gramos. 
Es decir, 100 gramos muy frecuentes en beneficio de la derecha y 200 gramos menos frecuentes en beneficio de la izquierda. 
Si el compromiso acordado entre los socialdemócratas y los demócratacristianos se hubiera convertido en el tema central del debate desde el principio no lo hubiera respaldado, puesto que toda liberalización tiene más inconvenientes que ventajas. 
Aunque el resultado actual implique una derrota para el Comisario Bolkestein considero que debe ser fiel a ese punto de partida y, por tanto, mantengo mi voto en contra. 
La propuesta de la Comisión relativa a los servicios postales consubstancia una voluntad liberalizadora sin límites, atentatoria contra un servicio público esencial y contra las empresas que lo prestan y los trabajadores que lo componen. 
A eso se debe nuestra inequívoca y firme oposición a la generalidad de los propósitos a los que va encaminada. 
Ahora bien, consideramos que el compromiso que presenta el informe que ahora debatimos- aun cuando no ponga en entredicho definitivamente la intención privatizadora de la Comisión- comprende algunos elementos de razonabilidad que no vislumbramos en la propuesta de la Comisión. 
Por eso, lo valoramos y no lo rechazamos. 
Aun así, y porque el objetivo final de la reglamentación presente no está en entredicho, tampoco lo aprobaremos. 
. (EN) Quisiera felicitar al ponente por su excelente informe. 
Creo que debemos asegurarnos de que todo el mundo dispone del servicio postal más eficaz posible; otra cosa no sería lo mejor para nuestros electores. 
No basta con reclamar la liberalización si no tenemos en cuenta los efectos de nuestras decisiones. 
Las zonas rurales necesitan las ventajas de un servicio postal. 
Se trata de uno de los requisitos más importantes y necesarios para asegurar y estabilizar la economía rural. 
Creo que hemos logrado el equilibrio necesario y que podemos hacer que el servicio se desarrolle a un paso aceptable que dé a todo el mundo lo que necesita y requiere. 
La liberalización de los servicios postales, tal como fue propuesta por la Comisión, no es adecuada ni coherente, razón por la cual he votado a favor del informe y de todas las enmiendas presentadas que expresaban esa misma orientación. 
El rechazo liminar de aquella propuesta reveló un sentimiento generalizado de desconfianza y constituyó una señal de fuerza de países como Portugal contra las tendencias liberalizantes de los países nórdicos y de la propia Comisión, que intentó, sin el menor éxito, como se vio, imponer una postura con la que la mayoría de los Estados miembros no estaba de acuerdo. 
De ese modo quedó claro que la perspectiva exclusivamente orientada a la competencia no satisface los intereses de las poblaciones. 
Es preciso no olvidar- y por ello me batí- la función social del servicio público. 
La correspondencia postal sigue siendo aún hoy la forma elegida por parte de la población portuguesa para mantener vivos sus lazos familiares. 
Además, sigue desempeñando una importante función económica y social tanto como receptor de pago de los servicios públicos, como el agua, la electricidad, el teléfono, etc., como de pago de pensiones de jubilación, invalidez y subsistencia. 
No es posible hacer una transición adecuada a la apertura total del mercado sin prever la continuación de la prestación de esos servicios. 
Además, la modificación drástica de los límites de peso y precio de los envíos postales propuesta por la Comisión tendría, de ser aprobada, efectos extraordinariamente gravosos para el servicio de Correos portugués, con una consiguiente pérdida importante de mercado y consecuencias de carácter social bastante negativas. 
La votación de este informe en el Pleno de diciembre ha sido extraordinariamente importante. 
Se trata de un proceso de codecisión que, además de poner de relieve la importancia del papel del Parlamento Europeo, contribuye también a fortalecer su posición en la próxima reunión del Consejo de Telecomunicaciones, que se celebrará aún este año, el día 22 de diciembre. 
Se trata, por tanto, de una firme señal que el Parlamento Europeo da a la Comisión de su reserva en cuanto a la liberalización total del mercado postal. 
. (SV) Opinamos que los servicios postales no son una materia que deba tratarse en la UE, aunque la propuesta, después del tratamiento en la comisión, se ha mejorado mucho en relación con la original de la Comisión. 
Opinamos que los Estados miembros son mucho más idóneos para ocuparse de esta materia. 
Tampoco vemos la necesidad de privatizar, someter a la competencia o liberalizar los servicios postales. 
En Suecia ya se han realizado algunas de esas propuestas y se puede ver que la situación ha empeorado. 
Han aparecido diferencias regionales y las condiciones se han desmejorado, especialmente para los empleados del sector postal. 
Informe de Roo (A5-0378/2000) 
Señor Presidente, la Presidenta Fontaine que, como siempre, ha presidido ejemplarmente la sesión antes que usted, en cierto momento y justo después de que el Pleno aprobara un informe sobre la lucha contra el ruido, ha dicho: "Oigo sonar un teléfono móvil." 
Pues bien, señor Presidente, yo presenté una enmienda en comisión para pedir que se regulase el uso de los teléfonos móviles en los lugares cerrados. 
Lamentablemente, la Comisión de Medio Ambiente, rechazó dicha enmienda. 
Así y todo, voto a favor de este informe, pero la declaración de la Presidenta Fontaine me reconforta en lo acertado de mi solicitud que, por lo tanto, repetiré en el futuro cuando se volverá a hablar de la lucha contra el ruido que considero muy justa, siempre que se realice con el debido respeto a las necesidades de la industria. 
Informe Lienemann (A5-0350/2000) 
Señor Presidente, he votado en contra de esta resolución. 
Soy contrario a la misma porque, en mi opinión, lamentablemente, éste es un aviso de cómo se malgastan los fondos de que dispone la Unión Europea. 
Creo que esto se ha de considerar un despilfarro de recursos: no quiere decir que se echen por la ventana, pero en cierto sentido sí, porque se gastan 12,4 millones de euros en cuatro años- del 2001 al 2004- para facilitar la aplicación, a escala local, de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 
Ahora bien, a lo sumo- lo dice el informe- podremos financiar una decena de proyectos y esto es como si en el desierto se esperase la lluvia y cayera una gota cada kilómetro cuadrado. 
Es totalmente insuficiente para apagar la sed de los sedientos. 
Creo que los gastos financieros de la Unión deberían realizarse de manera uniforme y toda vez que sea posible. 
Aquí, en la práctica, es como si se diera dinero al primero que lo toma entre mucha gente amontonada, sedienta y hambrienta que espera un trozo de pan. 
Desde mi punto de vista, ésta no es la forma de gastar el dinero de la Unión Europea. 
Informe Dary (A5-0374/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre la organización común de mercados en el sector del plátano porque, si bien es cierto que se ha de liberalizar el comercio, tal como dispone nuestro Tratado, no lo es menos que también debemos tener en cuenta los problemas de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Hemos de tener el valor de continuar protegiendo a aquellos que en la Unión Europea- y me refiero sobre todo a las regiones ultraperiféricas como las islas Canarias y otras regiones -, al vivir gracias a la producción de plátanos, necesitan y tienen derecho a gozar de la protección de toda la Unión, incluso de los Estados que no producen plátanos. 
Señor Presidente, los diputados laboristas británicos acogemos favorablemente la aprobación del informe Dary sobre la organización del mercado del plátano. 
Esperamos que ahora haya negociaciones rápidas en las que se acuerden disposiciones compatibles con nuestros compromisos con la OMC y que se salvaguarde a nuestros proveedores tradicionales. 
Tenemos, sin embargo, reservas sobre las enmiendas 6, 7, 11, 15, 16, 25 y 26, puesto que no excluimos la posibilidad de un sistema únicamente de aranceles en el futuro. 
También tenemos reservas sobre las enmiendas 17, 18, 27, 30 y 31, no estando convencidos de que sean compatibles con la OMC. 
Esperamos que la aprobación del informe dé lugar, así mismo, a una pronta suspensión de las sanciones comerciales impuestas por los EE.UU., que afectan a cuestiones bastante arbitrarias y sin relación. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra de la propuesta relativa a la organización común de mercados en el sector del plátano. 
Pensamos que los productores de plátanos no deben recibir más ayudas. 
El régimen actual no es suficiente y debe modificarse de modo que esté en consonancia con lo marcado por las disposiciones de la OMC. 
Pensamos que deben aumentarse los incentivos para una producción sostenible de plátanos- los llamados plátanos de comercio justo. 
Para nosotros es absolutamente fundamental que las ayudas a los plátanos de comercio justo se mantengan y que se continúen reforzando los incentivos a la producción de plátanos de modo sostenible. 
El comercio justo no es sólo comercio, sino que también supone la prohibición de los trabajos forzados, la prohibición del trabajo infantil y el mismo salario para hombres y mujeres. 
Naturalmente respaldamos estos elementos puesto que son causas de cartel socialdemócratas. 
Nos hemos abstenido en esta votación que constituye la enésima escaramuza en la guerra del plátano que opone, por un lado, el plátano-dólar dominado por tres grandes grupos capitalistas estadounidenses y, por otro, el plátano, hasta ahora protegido, procedente de las regiones dominadas por grupos capitalistas ingleses o franceses o por algunas grandes familias de Békés. 
No tenemos la intención de favorecer a los grandes tiburones del sector del plátano ni a los tiburones de tamaño modesto de la zona protegida por Europa. 
No obstante, consideramos que debe protegerse de las consecuencias de esta guerra a los pequeños productores que trabajan en sus plantaciones sin explotar a nadie, así como sus ingresos sin importar las fluctuaciones del mercado. 
Consideramos sobre todo que es preciso proteger de las consecuencias de la guerra comercial a la que se libran los grupos capitalistas a los trabajadores del sector del plátano que son explotados cuando los negocios van bien pero a los que se deja en la calle cuando los plátanos no aportan suficientes ganancias y los grandes productores deciden invertir en otros sectores más rentables. 
- (NL) El informe GILL no ha merecido nuestro apoyo. 
En ello han desempeñado un papel decisivo los siguientes comentarios al informe. 
Es imprescindible que en una economía sumamente competitiva la información digital ofrezca calidad. 
A la hora de sopesar cuáles son los contenidos digitales que deben y pueden ofertarse es preciso tener en cuenta que el principio de neutralidad tecnológica debe formar parte integrante de la política europea. 
Por tanto, la legislación y la reglamentación relativas a la información impresa han de aplicarse asimismo a la información digital, algo que no queda de manifiesto en el informe. 
A este respecto, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales crea un marco que permite delimitar el contenido a fin de proteger a los usuarios. 
De conformidad con el artículo 10 la libertad de opinión implica una serie de obligaciones y responsabilidades que pueden dar lugar a condiciones, limitaciones y sanciones. 
Así las cosas, las autoridades han de adoptar medidas en el ámbito del contenido digital para prevenir hechos delictivos como la discriminación, proteger la salud, evitando por ejemplo que se vendan medicamentos insuficientemente controlados a través de Internet, las buenas costumbres y los derechos de los demás, entre ellos los derechos de autor. 
No se debe prestar apoyo a contenidos que vayan en contra de estos intereses. 
Pues bien, el informe deja de poner el dedo en la llaga. 
En segundo lugar la diversidad lingüística y cultural recibe un tratamiento demasiado negativo. 
La enmienda 8 presenta dicha variedad como una barrera al desarrollo industrial. 
Ello atenta contra el respeto de la identidad nacional tal y como se estipula en el apartado 3 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 
Las normas difieren de un país a otro por causa de esta identidad nacional, que se manifiesta en el ámbito social, lingüístico y moral. 
Por eso mismo, sería positivo que los Estados miembros examinaran cuál sería la normativa que debe aplicarse a escala europea. 
Conforme al principio de subsidiariedad, las actividades comunitarias han de centrarse en aquellos terrenos en los que el nivel comunitario ofrezca un valor añadido. 
La falta de dinero comunitario no puede convertirse en argumento para invitar a la acción a los Estados miembros, como se hace en el proyecto de informe. 
Por último, la información digital brinda a los países candidatos que cuentan con una infraestructura deficiente en materia de transporte por ferrocarril y carretera posibilidades alternativas para fomentar su desarrollo económico. 
Sin embargo, no basta con difundir conocimientos. 
Las medidas acompañantes constituyen una condición previa para que las ventajas de la sociedad del conocimiento puedan aprovecharse a fondo, trátese de estructuras organizativas y técnicas o de formación. 
El informe no presta la debida atención a estos factores. 
El programa e-Contenidos está dirigido a alentar el desarrollo y la utilización del contenido digital europeo en las redes globales, así como a promover la diversidad lingüística en la sociedad de la información. 
Este programa se inscribe en el marco de la iniciativa eEuropa. "Una sociedad de la información para todos" de la Unión Europea (UE) iniciada por la Comisión, en diciembre de 1999. 
Abarcará un período de cinco años (de 2001 a 2005). 
Sus cuatro objetivos principales son los siguientes: crear las condiciones favorables para la comercialización, la distribución y el uso de los contenidos digitales europeos en las redes globales para estimular la actividad económica y aumentar las perspectivas de empleo; estimular la explotación del potencial de contenidos digitales europeos y especialmente de la información del sector público; promover el multilingüismo en contenidos digitales en la red global e incrementar las oportunidades de exportación de las empresas europeas de contenido y en particular las PYME a través de adaptaciones lingüísticas y, por último, y sobre todo, contribuir al desarrollo profesional, social y cultural de los ciudadanos de la Unión y facilitar la integración económica y social de los ciudadanos de países candidatos en la sociedad de la información. 
No podemos sino alegrarnos de tal iniciativa cuando se sabe que el valor de los contenidos digitales europeos representa el 5 % en términos de PIB europeo y 4 millones en términos de empleo. 
Además, el crecimiento del sector de los medios de comunicación digitales podría alcanzar el 20% anual en el transcurso de la próxima década. 
Es preciso que nuestras empresas puedan tener la posibilidad de beneficiarse de este crecimiento. 
Es preciso ponerlas en situación de competencia con los Estados Unidos, que dominan este sector. 
Quiero insistir en el cuarto objetivo dirigido a que la sociedad de la información beneficie a todos y a todas. 
Efectivamente, existe el gran peligro de que se abra una brecha en el ámbito digital. 
Sin embargo, si no cabe la menor duda en cuanto a esta posibilidad, la Comisión Europea no propone ninguna medida para evitar que se abra esta brecha. 
¡Lo lamento mucho! 
Por tanto, he apoyado las enmiendas dirigidas a adoptar acciones específicas. 
Efectivamente, en mi calidad de ponente sobre el servicio universal y las nuevas redes de comunicación, me parece primordial garantizar a todos los ciudadanos un acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Por mi parte, velaré por ello en el marco del informe que se me ha confiado. 
Esta propuesta de decisión del Consejo está en conformidad con la acción que quiere reforzar las redes de conocimientos en Europa. 
Las intervenciones previstas están encaminadas a enfrentar la ventaja manifiesta de los Estados Unidos en el sector de los "contenidos digitales" y de su distribución a través de diferentes medios relacionados con Internet. 
Queda de manifiesto que Europa tiene la capacidad de responder al desafío de los mercados, gracias a las ventajas que posee en el plano económico y del empleo y, naturalmente, gracias a su riqueza natural y a su diversidad lingüística- que se mencionan explícitamente en la noción de minorías lingüísticas y de lenguas regionales- frente al monolingüismo que caracteriza una gran parte de la "red". 
La variedad de idiomas y culturas- en particular si se tiene también en cuenta el potencial de los nuevos Estados miembros- permite además, especialmente en lo relativo a las PYME, facilitar los intercambios y exportar los valores culturales de Europa, y ello bajo formas multilingües unidas cada vez con mayor frecuencia a sistemas de traducción. 
Es preciso destacar que las minorías lingüísticas, en lugar de ser engullidas por la globalización de Internet, han encontrando en este medio una nueva apertura cultural y económica. 
Para concluir, es preciso incluir en la red el enorme patrimonio de conocimientos de los archivos públicos que, actualmente, a menudo no son accesibles. 
. (EN) Acojo favorablemente este informe de mi colega Neena Gill. 
A pesar de que el 70% del contenido de Internet está en inglés, el reto para Europa es aprovechar plenamente su riqueza lingüística. 
Esto conlleva la necesidad de una industria de idiomas que se concentre en una adaptación lingüística a la medida y que diversifique la infraestructura de lenguas del contenido electrónico. 
Este informe recoge muchas excelentes ideas sobre cómo pueden alcanzarse estos objetivos en beneficio de todos los Estados miembros, y yo lo apoyo plenamente. 
Señor Presidente, es la primera vez que hablo en una explicación de voto, pero cedo a la tentación de poner de manifiesto mi absoluto desacuerdo con el hecho de que el Consejo Europeo de Niza haya determinado el número de diputados de esta Asamblea y la repartición por Estados, cuando esta facultad, lógicamente, debería corresponder únicamente a esta Asamblea, que representa a los ciudadanos europeos y que ocupa un lugar principal en la Unión Europea. 
Señor Presidente, pedí a mi hija Elisabetta- que, como usted sabe, es diputada regional del Partido de los Pensionistas en Lombardía- que me diera su opinión sobre este Consejo de Niza tal como ella lo había visto y si consideraba que mi voto tenía que ser favorable. 
Mi hija Elisabetta me dijo: "Vota a favor" -y yo he seguido su consejo- " pero debes pedir que el Parlamento Europeo comience a presentar con contundencia la propuesta de que, con respecto a algunos temas, sea exclusivamente él, el Parlamento, quien decida. 
El Consejo debe empezar a dar un paso atrás y a dejar de tomar decisiones acerca de algunas materias que tienen y deben continuar siendo de exclusiva competencia legislativa del Parlamento Europeo ". 
Señor Presidente, a falta de otros resultados, la negociación que tuvo lugar en Niza habrá dejado claras las intenciones de los protagonistas de la Unión Europea. 
Institucionalizar las leyes de la jungla, ahí donde los más fuertes intentan aplastar a los más débiles, sólo podía dar como resultado la chapucería institucional de Niza. 
Lo único que frena a las cuatro principales potencias de la Unión Europea para imponer su dominio común sobre Europa, es que ellas mismas son rivales entre sí. 
Ha de observarse que, con la excepción inglesa relativa a la fiscalidad, o la excepción francesa relativa a las producciones culturales, cada gran Estado sabe salvaguardar lo que importa a su clase dirigente. 
Así, en materia social, es la Gran Bretaña, cuya legislación es la más deficiente entre los grandes países, la que ha puesto por delante la excepción inglesa. 
Sin embargo, ningún Estado ha puesto por delante la excepción social para preservar lo que, en su propia legislación social, es lo menos desfavorable a los trabajadores o para oponerse a la privatización de los servicios públicos. 
Significa reconocer que los trabajadores y las clases trabajadoras no tienen que esperar de la Unión Europea nada mejor que de su Estado nacional, es decir, un igualamiento por abajo, un debilitamiento de la protección social, la liquidación de los servicios públicos y una degradación de sus condiciones de vida. 
Consecuentemente, nosotros votamos en contra de esta resolución. 
Señor Presidente, yo quisiera expresar el descontento de una gran parte de los ciudadanos por la falta de espíritu de construcción europeísta que ha demostrado, una vez más, el Consejo Europeo de Niza; después de tres años de Amsterdam, ha tenido que prolongarse todo el fin de semana hasta última hora para poder llegar a unos limitadísimos acuerdos. 
Y entre estos acuerdos no figura, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales que aprobó este Parlamento. Esto demuestra que los Gobiernos de los Quince no tienen demasiado sentido ni demasiado espíritu social en cuanto a la profundización en los derechos de los ciudadanos. 
Por otra parte, abrigo la esperanza de que la Conferencia Intergubernamental anunciada para el año 2004, que es la única salida que me parece positiva de Niza, contemple de una vez por todas el reparto y la distribución de competencias entre la Unión Europea y los Gobiernos de los Estados. 
Espero también que se descienda, en 2004, en ese reparto de competencias, aplicando el criterio de subsidiariedad para que las regiones y la comunidades autónomas puedan tener su estatus dentro de la Unión. 
. (EN) He votado en contra de la resolución conjunta porque recoge elementos a los que el Partido Conservador del R.U. se ha opuesto siempre. 
Debería, sin embargo, hacer hincapié en que suscribo totalmente el firme respaldo a la ampliación de la UE, destacado en la enmienda 1, que ha sido aprobada. 
Debemos alegrarnos de que en Niza los jefes de Gobierno hayan alcanzado un acuerdo que abra las puertas a unas relaciones de poder relativamente equilibradas en la Unión Europea. Ahora la Unión Europea está preparada para la adhesión de los países candidatos. 
De no haberse logrado un acuerdo, la Unión Europea se habría sumido en una profunda crisis que no hubiera tenido fácil solución. 
Desde esta perspectiva no podemos sino adoptar una actitud positiva ante el presente acuerdo. 
El hecho de que los intereses nacionales contribuyan a fijar el equilibrio de poderes tiene su origen en la naturaleza de la problemática, no en una visión a corto plazo como sugiere el apartado 5 de la resolución. 
A este respecto el tono de la resolución común resulta excesivamente simplista. 
Esta misma estrechez de miras vuelve a manifestarse en la afirmación de que la ampliación del poder y de las facultades de las instituciones europeas es buena por definición. 
De lo que se trata en Europa es de que los diferentes pueblos convivan en paz, colaborando entre ellos ahí donde sea necesario. 
En este contexto las instituciones europeas desempeñan un papel importante: la Comisión Europea como guardián del bien común europeo y el Parlamento Europeo como contrapeso de la Comisión y del Consejo. 
Ello no significa, sin embargo, que sus poderes deban ser ampliados ilimitadamente. 
El método comunitario resulta apropiado para temas transfronterizos, pero no es la panacea de todos los problemas. 
Tampoco puedo dar mi visto bueno a la ampliación de las facultades del Presidente de la Comisión Europea, porque, de esta forma, obtendría demasiado poder, careciendo de toda legitimación. 
Lo mismo digo con respecto a la proclamación de la Carta. 
Sólo reviste valor simbólico, y ello no redunda en beneficio de la protección real de los derechos fundamentales. 
No niego que los resultados de Niza tengan sus defectos. 
Hubieran podido dar lugar a una Unión Europea más democrática y más transparente, pero no lo hemos conseguido. 
Hemos desaprovechado esta gran oportunidad. 
El Consejo Europeo de Niza aportó un aspecto positivo: al mostrar una nueva ponderación de los votos y una nueva distribución de los diputados europeos que incluyen uno y otro país candidato del Este, acaba de dirigir a estos últimos una enérgica señal de una voluntad de acogida en un plazo próximo. 
Sólo podemos felicitarnos por ello. 
En cambio, somos mucho más reservados en lo que atañe al resto de la negociación institucional. 
Los jefes de Estado y de Gobierno se han quedado encerrados en negociaciones a corto plazo, sin gran visión del porvenir europeo. 
Han "remendado" la máquina comunitaria para prolongar su duración de vida ante la ampliación. 
Quizás lo hayan logrado, al menos momentáneamente, pero a costa de graves inconvenientes: mayor supranacionalidad, menos democracia, mayor peso de Alemania en el proceso de decisión. 
En lo relativo a la forma, comprobamos que el Consejo terminó al alba del quinto día de negociación, en el agotamiento general y en la incertidumbre sobre los perfiles exactos de numerosas decisiones. 
El retraso de la publicación de las conclusiones escritas- que todavía no están oficialmente disponibles en este momento, cuatro días más tarde- demuestra bien la dificultad de redactar claramente decisiones tomadas en la confusión. 
Una vez más se retuvieron, a toda prisa y en la improvisación de la última noche, disposiciones de un alcance muy importante sobre las que nadie había discutido antes- tales como la designación con mayoría cualificada del Presidente y los miembros de la Comisión, que ni siquiera figuraba de manera indicativa en la síntesis distribuida por la Presidencia antes del Consejo. 
Sin embargo, no cabe duda de que la solución no es, como lo proponen los federalistas, hacer preparar las Conferencias Intergubernamentales por convenciones tales como la que redactó la Carta de los Derechos Fundamentales, ya que se aumentaría aún más la confusión, la demagogia y el irrealismo. 
Por el contrario, en lo sucesivo, es preciso que las futuras Conferencias Intergubernamentales deliberen sobre una base más sólida un orden del día constituido de propuestas aprobadas por un número mínimo (por ejemplo, una tercera parte) de los parlamentos nacionales. 
Es el único medio de volver a enmarcar el debate. 
En lo relativo al fondo, puede distinguirse, entre la madeja de compromisos, por lo menos dos tendencias superpuestas: 1) la progresión de la supranacionalidad a costa de las democracias nacionales, 2) la progresión de las posiciones alemanas en el seno del proceso de decisión supranacional. 
Respecto a la primera, se destaca sobre todo la extensión, en lo inmediato o a breve plazo, el voto con mayoría cualificada sobre temas de capital importancia, especialmente la política de asilo y de inmigración, los acuerdos internacionales en el ámbito de los servicios y de la propiedad intelectual, o incluso la designación de los comisarios. 
A pesar de una ligera elevación del umbral de la mayoría cualificada, cuyo alcance será preciso verificar, esta extensión debería significar que va a aumentarse la brecha entre las instituciones europeas y las democracias nacionales. 
Por ejemplo, en las negociaciones comerciales mencionadas anteriormente, los parlamentos nacionales van a verse despojados de sus últimos derechos de ratificación, y un país, si es minoritario en el Consejo, ya no podrá decir "no" cuando una negociación viole sus intereses. 
Paralelamente, el aparente mantenimiento de paridad de votos entre Francia y Alemania en el Consejo, no debe dar lugar a ilusiones: se trata de un efecto de óptica, ya que la nueva regla de la "red demográfica" (institución de una minoría de bloqueo que represente el 38% de las poblaciones) va a aventajar automáticamente a Alemania, que poseerá, por sí sola, cerca de la mitad de esta minoría después de una ampliación a 27 miembros. 
Por tanto, le será más fácil que a otros países alcanzar el umbral de bloqueo, añadiendo algunos países más pequeños de su zona de influencia. 
Al mismo tiempo, la distancia entre el número de diputados europeos alemanes y de otros países, entre los que se encuentra Francia, se hace todavía mayor, lo que no deja de tener consecuencias en el contexto de los poderes de decisión cada vez mayores de la Asamblea Europea. 
Esta decisión puede parecer legítima a los ojos de algunas personas, puesto que tiende a traducir en las instituciones los respectivos pesos de los países en términos de poblaciones. 
Sin embargo, esta manera de contar se basa en la presuposición implícita de que existe un pueblo europeo único, lo que no es cierto. 
El único medio de evitar conflictos peligrosos en el futuro, es mantener la concepción tradicional según la cual Europa se basa en el respeto mutuo de comunidades nacionales. 
Así, por ejemplo, el nuevo método de designación del Presidente de la Comisión- por mayoría cualificada del Consejo y mayoría del Parlamento Europeo- conduce directamente a la instalación de titulares que podrían no beneficiar del apoyo unánime de los países, aunque beneficien casi necesariamente del apoyo de Alemania. 
¿Se imaginan los trastornos que pueden acarrear tales disposiciones en la filosofía de las instituciones europeas y las perversiones que pueden inocular? 
Por otra parte, será preciso preguntarse, en Francia, si esta nueva designación del Presidente de la Comisión, aunada al fortalecimiento de su autoridad, está en conformidad con la Constitución. 
¿Puede durar esta nueva Europa? 
En principio no, ya que, por naturaleza, va a desconectarse cada vez más de las democracias nacionales. 
No obstante, en la práctica, sus promotores tuvieron la habilidad, al doblegar las cooperaciones reforzadas, de introducir una cierta dosis de flexibilidad que, distinguiendo varios niveles de integración, facilitará la absorción del choque de la ampliación. 
Sin embargo, en un momento dado, no será suficiente. Ya que el núcleo central hiperfederal agravará en su seno el déficit democrático. 
Por ello, hacemos un llamamiento al Parlamento francés para que evite el día de mañana una grave crisis a Europa, negándose a ratificar el Tratado de Niza. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor de la propuesta de resolución conjunta relativa al resultado de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Niza del 7 al 11 de diciembre de 2000. 
A lo largo de todo el proceso vinculado a esta Conferencia intergubernamental para nosotros ha sido fundamental que fueran retirados del camino los últimos obstáculos formales a la ampliación de la UE. 
Este objetivo ha sido alcanzado en Niza y desde este punto de vista, la reunión ha sido un éxito. 
Varios diputados al Parlamento Europeo han abogado por una ampliación del orden del día. 
Hemos advertido en repetidas ocasiones de los peligros de tal cosa y lo acontecido en Niza muestra también con toda la claridad deseable que un orden del día considerablemente más amplio podría haber resultado en que no se hubiera llegado a ningún resultado durante años con consecuencias catastróficas para la ampliación. 
También hemos pensado todo este tiempo que debía hallarse una solución equilibrada en lo relativo a la composición de la Comisión, la ponderación de votos en el Consejo de Ministros y la composición del Parlamento entre países pequeños y países grandes. 
También en este punto creemos que se ha alcanzado un resultado satisfactorio. 
No obstante, hemos observado que las posibilidades formales para alcanzar una mayoría cualificada se han visto reducidas y que, además, sólo se ha adoptado la mayoría cualificada en un número limitado de ámbitos. 
Existe por ello un riesgo real de que se vuelva más difícil la puesta en marcha de la legislación necesaria en materia medioambiental, de protección de los consumidores y de medio laboral y recomendamos con todas nuestras fuerzas a los países que demuestren su sentido de la responsabilidad y agilicen los procedimientos para la toma de decisiones en el Consejo. 
Junto con el nuevo Tratado de Niza también se aprobó la puesta en marcha de los preparativos de la próxima conferencia intergubernamental. 
Consideramos importante tomarse algún tiempo y hallar una forma que sea digna de una cooperación comunitaria práctica y moderna y no el crudo juego de poder que se desarrolló en Niza. 
No ayuda a fomentar el respaldo popular a la cooperación. 
La Cumbre de Niza concluyó el domingo con un acuerdo que debería dar lugar a un proyecto de tratado. 
¡Hoy, todo el mundo está de acuerdo en decir que este Tratado será deficiente y que estará muy por debajo de las esperanzas del Parlamento Europeo y de los "verdaderos" europeos! 
Los debates en el pleno lo han dejado claramente de manifiesto. 
Sin negar algunos avances positivos, no es excesivo decir que el Tratado de Niza no asegurará el porvenir institucional y político de Europa. 
¿Ha de endosarse la responsabilidad de ello a la Presidencia francesa? 
Yo digo, con toda claridad, ¡NO! 
La pobreza de las conclusiones de Niza es el triste resultado de la falta de ambiciones europeas de TODOS los Estados miembros, de la defensa encarnizada de sus "parcelas" y de sus últimas ilusiones de poder. 
Ante ellos, la ausencia de "grandes voces europeas" hizo el resto. 
Por ello, considero que el acuerdo de Niza es un mal menor y ciertamente el "menos malo" de lo que, en este contexto, habría podido suceder. 
Por tanto, ahora es preciso basarse en los resultados obtenidos y sobre todo apoyarse en los compromisos contraídos para dar un nuevo ímpetu a la ambición europea, cualquiera que sea el proyecto de tratado y el porvenir que le reservará el Parlamento Europeo. 
Todavía tenemos algunos meses de aquí a finales de 2003 para salvar el proyecto europeo. 
El día de hoy, voté en favor de la resolución. 
¡Mañana, será preciso luchar reuniendo a todos los partidarios de una Europa política, social y ciudadana! 
. (EN) Dada la importancia fundamental de las decisiones que habían de adoptarse en la Cumbre de Niza, hay que reconocer los méritos allí donde los hay. 
Cada Estado miembro, grande y pequeño, tenía sus propias prioridades, sus propios objetivos. 
Eso es natural. 
El hecho de que se alcanzara un acuerdo sobre asuntos muy difíciles no debería subestimarse. 
Supuso una enorme tarea. 
La base para la futura ampliación de la Unión Europea ha quedado establecida. 
Las negociaciones fueron duras pero la fortaleza de la Unión se puso de manifiesto en el hecho de que existiera una decisión firme de encontrar soluciones con las que todos pudieran estar de acuerdo. 
Con ese espíritu de búsqueda de acuerdos, se encontró un camino por el que avanzar. 
La resolución sobre Niza, votada hoy, no refleja esto. 
Me he abstenido en la votación final porque creo que el Parlamento no reconoce los logros de Niza. 
El tono de la resolución es negativo. 
No refleja el resultado positivo de la Cumbre. 
Allí fue proclamada la Carta de Derechos Fundamentales. 
Estos derechos ya están muy bien garantizados en la propia Constitución de Irlanda. 
Allí se adoptaron decisiones importantes sobre cuestiones sociales y económicas, se estableció la Autoridad Europea para la Alimentación y se estudiaron las repercusiones de la crisis de la EEB. 
De resultas de la intervención del Primer Ministro de Irlanda, la Comisión ha recibido el mandato de analizar la situación a la que se enfrentan ahora los productores de carne de vacuno y de presentar lo antes posible las propuestas necesarias para buscar un modo de compensar a estos productores por la caída de los precios. 
Se reafirmó a los Estados candidatos nuestra firme voluntad de avanzar en el proceso de ampliación. 
El texto dice que los Jefes de Estado dieron prioridad a intereses nacionales a corto plazo sobre los intereses de la UE. 
No estoy de acuerdo. 
Lo que se acordó se acordó en interés de Europa y de los Estados miembros. 
Optar ahora por una Convención o por una constitución europea es prematuro. 
En Niza se encontró un equilibrio y hay que felicitar por ello a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Esta fue una de las cuestiones que más se prolongó y uno de los elementos más difíciles en las negociaciones. 
A pesar de los esfuerzos de la Cumbre de Niza en este sentido, la resolución expresa la falta de satisfacción con el nuevo alcance del ámbito de aplicación de la mayoría cualificada. 
En otras palabras, lo que quiere el Parlamento es control sobre la fiscalidad y las cuestiones de seguridad social. 
La Cumbre de Niza refleja adecuadamente los intereses de los Estados miembros en este campo. 
La enmienda de los Verdes deja claro que lo que desean es co-decisión en agricultura. 
Esa no es nuestra postura. 
La Cumbre de Niza será tristemente conocida como un avance más en la militarización de la Unión Europea y como un grave atentado contra la soberanía de los países pequeños y medianos como Portugal que, en general, pierden poder y capacidad de influir en las decisiones. 
Quienes ven reforzado su poder son los países grandes, sobre todo Alemania, Francia y el Reino Unido, que en la práctica pueden hacer inviable cualquier decisión constituyéndose en minoría de bloqueo. 
Esta situación se agrava con la ampliación de las decisiones por mayoría cualificada, con lo que sólo 14 países pueden, en ciertas condiciones, adoptar decisiones en nombre de los 27 o los 28 y se elimina en la práctica el derecho de veto en relación con políticas muy importantes para Portugal, como la de los Fondos estructurales, o acuerdos de política comercial. 
Por otro lado, Portugal pierde también diputados en el Parlamento Europeo, dado que, aunque hubiera superado la barrera de los 700 para una Unión Europea con 27 Estados miembros, hay una reducción del número de diputados que afecta en particular a algunos países, como el nuestro. 
Por último, una referencia a la política social, por la que Francia había apostado en la presentación de su Presidencia, pero que, al final, se quedó en una mano llena de muy poca cosa, aparte de las declaraciones de intenciones y de los títulos de documentos de contenido muy vago y claramente insuficiente ante los problemas existentes y el enorme descontento, del que la manifestación de los trabajadores en Niza también fue importante expresión. 
El impulso democrático y social que Europa necesita hoy día no se produjo en Niza. 
Por el contrario, ni la adopción de una Carta de Derechos Fundamentales rebajada, ni la extensión de la mayoría cualificada en ámbitos menores, ni la continuación de la liberación de los servicios públicos, ni la generalización de la cooperación reforzada en el ámbito de la defensa harán creer a los ciudadanos europeos que Europa sigue la dirección correcta. 
La Cumbre de Niza es un fracaso para la Presidencia francesa y más particularmente para la socialdemocracia europea. 
Pero, ¿podría haber sido de otro modo cuando vemos expedientes tales como el impuesto Tobin, los paraísos fiscales, la seguridad marítima o incluso la lucha contra el paro y la precariedad que se quedan en meras declaraciones de intención o de proyectos virtuales sin medios y sin orden del día para aplicarlos? 
Es posible dar otro sentido a Europa, especialmente tomando en consideración las exigencias expresadas por las manifestaciones y los foros desarrollados paralelamente a la Cumbre de la Acrópolis. 
Sin embargo, los gobiernos se mantuvieron sordos a la voz de los ciudadanos. 
El Gobierno francés prefirió recurrir a la fuerza y a la violencia más que a los debates democráticos. 
Esta actitud es inaceptable, como lo fue el cierre de la frontera francoitaliana o incluso las numerosas detenciones de manifestantes, cuya liberación inmediata ha de exigirse. 
Por estas razones, no podemos votar en favor de esta resolución. 
. 
(DE) Acabo de votar a favor de la Resolución del PE sobre la Cumbre de Niza. 
Lo que decidieron los Jefes de Estado y de Gobierno el fin de semana es completamente insuficiente. 
Ni se alcanzó el "esbozo de itinerario para la ampliación" esperado por Romano Prodi, ni una "mejora significativa". 
Al contrario, los ciudadanos europeos y su Parlamento vivieron un "paso atrás respecto de Amsterdam". 
Estos acuerdos del Consejo negociados en largas horas nocturnas no ofrecen ningún apoyo seguro. Presentan lagunas importantes respecto de temas como transparencia, fomento de la identidad, más democracia, participación ciudadana o conciencia reformadora. 
Sobre la base de las informaciones actuales se produjeron algunos éxitos, como el fortalecimiento de la cooperación, el estatuto de los partidos y la declarada voluntad de ampliación al Este, pero en lo básico se llegó a compromisos de mínimos. 
Como en una feria anual, ahí se regateaba con los distintos intereses nacionales particulares. 
Asuntos comunes a los europeos fueron imperdonablemente relegados. 
La Presidencia francesa del Consejo antes y durante las negociaciones me ha defraudado amargamente. 
Cumplió su papel moderador a medias. Presentó una inmensa cantidad de compromisos que sólo tenían una cosa en común: que no podían tener mayoría. 
La táctica fue de política interior orientada a las elecciones próximas. 
Faltó el motor europeo, precisamente en ese país que a pesar de todos sus intereses propios siempre estuvo como "grande nation" orientado hacia Europa. 
La "amitié franco-allemande" ha sido y es la base de la UE. 
Hoy sentimos su ausencia. 
El Canciller Schröder, en Alemania conocido por su rudo tono coloquial (termina las discusiones con un "¡ Basta !") , poco hábil en la escena europea y nada interesado, olvidó entrevistarse a tiempo con su vecino del Sena. 
En lugar de ello utilizó estentóreamente a los medios, su auditorio preferido. 
La mayor infiluencia para Alemania en el Consejo exigida para ganar audiencia, es decir, más votos que Francia, que tiene 20 millones menos de habitantes, fue devaluada completamente y reducida a una "maniobra de masas" fácilmente visible. 
Queda mucho para la unanimidad en el Consejo y con ello para tener capacidad de acción. 
La mayoría cualificada se amplia a más de 30 votos, aunque poco importantes. 
En los temas realmente importantes como impuestos, tributos, política social, asilo y emigración, todo queda como antes. 
De la mayoría cualificada en el Consejo, que hubiera conducido a que el PE tuviese derechos de codecisión, estamos tan alejados como antes. 
En la política estructural, que significa las tres cuartas partes del presupuesto de la Comunidad, el PE ha sido completamente excluido del proceso legislativo. 
Las decisiones del Consejo se han vuelto más complicadas. Primero hay que conseguir mayoría de un tercio; las cuotas se han elevado. 
Ni rastro de transparencia. 
Pienso que el método de la Conferencia Intergubernamental para con participantes que se tienen recíprocamente en jaque y que celebran sus pequeños éxitos nacionales como grandes victorias, necesita urgentemente una revisión. Debería ser sustituido por una Convención similar a la que redactó la Carta de Derechos Fundamentales. 
Bajo la excelente dirección de Roman Herzog, incluyendo parlamentarios europeos y nacionales, se celebraron sesiones constructivas y transparentes. Las ONGs, los interlocutores sociales y los ciudadanos interesados no se quedaron fuera, sino que se sintieron partícipes y escuchados. 
Sólo queda examinar cuidadosamente los detalles de los acuerdos de la Cumbre en las próximas semanas. 
En el proceso post-Niza se deberán lograr modificaciones importantes de los acuerdos actuales. 
Los ciudadanos y ciudadanas de Europa se merecen que los mejoremos sustancialmente. 
Tenemos conciencia de que este Consejo Europeo de Niza tal vez fuera la cumbre más larga y difícil de la historia de la Unión Europea. 
De hecho, hasta ahora ninguna otra cumbre tuvo que afrontar nunca la perspectiva de una ampliación tan vasta como ésta. 
Por eso, debemos ver sus conclusiones como el resultado de una transacción de la que nadie ha salido enteramente vencedor ni vencido. 
En nuestra opinión, los Quince consiguieron acordar algunas modificaciones institucionales que son indispensables para que la Unión pueda llegar a funcionar con un número substancialmente más elevado de miembros y de entre las cuales destacan el compromiso de que cada Estado miembro conservará el derecho a indicar un Comisario y la adopción de mejores normas de acceso al mecanismo de las cooperaciones reforzadas. 
También son aspectos positivos de esta cumbre el mantenimiento de la norma de la unanimidad en las decisiones relativas a los Fondos estructurales, por una parte, y a la fiscalidad, por otra, esferas decisivas para países que, como Portugal, siguen necesitando la solidaridad de la Unión Europea y la utilización del sistema fiscal para una política de estímulo de la captación de inversión y fomento del ahorro. 
Sin embargo, no podemos pasar por alto que las soluciones encontradas para el complejo sistema de decisión en el Consejo y su ponderación de votos agravan la distancia entre países más o menos populosos, cosa que consideramos menos positiva por nuestra concepción de una Europa de naciones soberanas. 
La resolución votada en este Parlamento no refleja estas orientaciones y preocupaciones nuestras e incluso hace un llamamiento para que en el futuro se abandone el método actual de las conferencias intergubernamentales. 
En cuanto a nosotros, mientras Europa sea lo que es, no se deben resolver de otro modo las cuestiones de alcance institucional o de interés fundamental para los Estados, como las debatidas en Niza, es decir, que se deben adoptar por unanimidad. 
A eso se debe que el sentido de mi voto sobre ella haya sido negativo. 
Lo que impresiona en el debate sobre Niza es la sensación al final de que el Tratado no tiene padre ni madre ni es hijo de nadie: la Presidencia francesa se desdobló en disculpas, en vez de asumir claramente los resultados de la CIG y sus razones; los Grupos políticos que corresponden a los Gobiernos de los Estados miembros multiplicaron las críticas. 
Se trata, evidentemente, de una falsedad política: lo que sucedió es la verdad democrática de Europa y no lo que artificialmente proyectó una mayoría de esta Asamblea, desligada de los sentimientos de los pueblos europeos. 
Se trata de la misma falsedad que acompañó los debates previos y que explica este "fracaso", que tiene sus repercusiones. 
El "fracaso" es consecuencia, en el fondo, del irrealismo con que representan el proceso de la construcción europea. 
Me niego a reconocer al PE una legitimidad superior y, al revés, reconozco en los Jefes de Estado o de Gobierno de los Quince reunidos en Niza la plena legitimidad democrática de representación de sus pueblos y naciones, fruto de elecciones con una gran participación. 
Así, pese a las reservas al Tratado, me opongo sobre todo a los sentimientos expresados por la mayoría de la Asamblea, que, por desgracia, sigue sin aprender la lección de los hechos e insistiendo en planteamientos que sólo pueden propiciar más frustraciones. 
- (SV) El Tratado de Niza implica que la UE se centraliza y se acerca más a un superestado. 
El poder de los países grandes aumenta a costa de los países pequeños. 
No se dan pasos para democratizar la Unión o para acrecentar el poder de los parlamentos nacionales. 
Por el contrario, disminuye la influencia de las democracias nacionales mediante la limitación del derecho a veto y a que se da más poder al Parlamento Europeo. 
No se facilita la ampliación y, por el contrario, el proceso de decisión en el Consejo se hace más complicado. 
Por eso nos oponemos a la orientación general del Tratado de Niza y votaremos en contra. 
. (SV) El Tratado de Niza implica que la UE se centraliza y se acerca más a un superestado. 
El poder de los países grandes aumenta a costa de los países pequeños. 
No se dan pasos para democratizar la Unión o para acrecentar el poder de los parlamentos nacionales. 
Por el contrario, disminuye la influencia de las democracias nacionales mediante la limitación del derecho a veto y a que se da más poder al Parlamento Europeo. 
No se facilita la ampliación y, por el contrario, el proceso de decisión en el Consejo se hace más complicado. 
Por eso nos oponemos a la orientación general del Tratado de Niza y votaremos en contra. 
. (SV) Celebro los pasos que se han dado en la reunión del Consejo Europeo en Niza para facilitar el proceso de ampliación. 
Como ya lo he señalado en reiteradas oportunidades, me opongo al desarrollo de una defensa militar común y no respaldo votaciones por mayoría calificada en materias del segundo pilar, es decir, en la política de asuntos exteriores, de seguridad y de defensa. 
Señor Presidente, esta vez no fue a mi hija, sino al pensionista que como de costumbre me saludó en el aeropuerto, antes de mi salida, que le pregunté qué pensaba acerca de esta informe sobre la imposición del combustible. 
Me contestó: " Señor Fatuzzo, el combustible debe gravarse lo menos posible para que el billete de avión cueste lo menos posible. 
Nosotros los pensionistas viajamos a menudo y, la verdad, viajar en tren es cansado, viajar en coche es cansado: para nosotros, el avión es un sueño hecho realidad. 
Por lo tanto, tiene que votar a favor de esta propuesta que continúa limitando la imposición de los aviones, porque de esta forma el billete de avión nos costará cada vez menos y, en consecuencia, podremos viajar más con este medio de transporte. 
Y, ya puestos, pida que se aplique a los pensionistas mayores que viajan una tarifa reducida para los billetes de avión. " 
El espectacular crecimiento del tráfico aéreo de los últimos años tiene su origen sobre todo en la progresiva bajada de los precios que pagan los usuarios por este modo de transporte. 
La disminución de las tarifas no sólo se consigue mediante recortes de personal y reducciones de otros gastos, sino también a través de la política aplicada. 
Desde el punto de vista fiscal el tráfico aéreo recibe un tratamiento mucho más ventajoso que el tráfico por tierra. 
Si estas consecuencias hubieran podido calcularse en mi año de nacimiento, en 1944, al concluirse el Acuerdo de Chicago, posiblemente no se habría acordado una exención de impuestos para el combustible y otros productos de aviación. 
El crecimiento del tráfico aéreo va en detrimento del tráfico por ferrocarril y perjudica al medio ambiente. 
Sería conveniente que los aviones dejaran de utilizarse para distancias relativamente cortas de menos de 1.000 km. Deberían reservarse para el transporte intercontinental. 
Me ha escandalizado el intento del mayor Grupo político por declarar en lo posible improcedente la imposición del tráfico aéreo en la Comisión de Política Regional y Transportes- en un momento en que los demás Grupos estaban mal representados -, puesto que ello no reflejaba las proporciones reales presentes en dicha comisión. 
Informe Patrie (A5-0352/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre el principio de precaución, pero tengo una duda. 
No quisiera que con el principio de precaución pasara lo mismo que le ocurrió a un pensionista amigo mío que salió de casa para dar un paseo con su mujer. 
"No cruces la calle", le dijo su mujer "porque te pueden atropellar". 
"Entonces iré a pie." 
"No pases por debajo de los balcones de las casas, te puede caer un tiesto encima." 
"Entonces tomaré el metro." 
" No, ¡por el amor de Dios! 
Te puede arrollar un tren si te empujan " "Entonces vuelvo a casa a mirar la tele." 
"No enciendas la televisión, puede explotar." 
"Entonces vamos a la cama y hacemos el amor." 
"Y el sida, ¿dónde lo metemos ?" 
Me abstuve durante la votación final del informe, por otra parte, excelente, de la Sra. Béatrice Patrie, porque considero que es una dimisión política y científica recurrir al principio de precaución incluso sobre la base "de informaciones científicas incompletas, poco concluyentes o inciertas", incluso "incluso en el caso de un riesgo escaso". 
Habida cuenta de que el riesgo cero no existe, los científicos o, al menos, los políticos deben aplicar el criterio de proporcionalidad, juzgar los riesgos inciertos y asumir sus responsabilidades. 
Cae por su propio peso que los ciudadanos deben de todas formas estar plenamente informados. 
Creo que nuestro Parlamento también debería aplicar este principio de precaución, especialmente en lo relativo a las explicaciones de voto. 
Orientaciones para las acciones innovadoras del FEDER (2000-2006) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0354/2000) del Sr. Markov, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el proyecto de comunicación de la Comisión a los Estados miembros titulada "Las regiones en la nueva economía- Orientaciones para las acciones innovadoras del FEDER para el período 2000-2006". 
Señor Presidente, estimados colegas, desde 1988 la Unión Europea fomenta investigaciones y modelos experimentales para el desarrollo regional a escala comunitaria que más tarde lleguen a ser un laboratorio de políticas innovadoras. 
Estos modelos experimentales confluyeron entre otras en dos iniciativas, Interreg y Urban, dos ejemplos de acumulación de importantes experiencias para el desarrollo de la política regional partiendo de nuevas vías y métodos. 
Resultados reseñables de las acciones innovadoras han sido el surgimiento de agentes sociales efectivos y el fortalecimiento de la cooperación local y regional. 
El proyecto de Comunicación a los Estados miembros realizado por la Comisión sobre el que se basa mi informe presenta las directrices de ejecución de la financiación de las medidas innovadoras acordadas en Berlín en el marco del FEDER hasta 2006. 
Quisiera concentrarme especialmente en dos aspectos del proyecto de la Comisión. 
En primer lugar, la nueva orientación dada a los contenidos. 
Siguiendo la propuesta de la Cumbre de Lisboa de apoyar la transición a una economía y una sociedad basada en la información en la Comunidad, las políticas innovadoras del FEDER deben ser concentradas pasando de 8 a 3 temas prioritarios en el marco del desarrollo tecnológico. 
Se puede apoyar este planteamiento, porque la brecha entre regiones desarrolladas y atrasadas respecto del desarrollo tecnológico es mucho más grande aún que respecto del PIB. 
Las 25 regiones menos desarrolladas de la UE han gastado en los últimos años cuatro veces menos en investigación y desarrollo que la media europea. 
Esto se refleja también en la cifra de ocupados en el sector de las nuevas tecnologías entre la población activa: 14,6 % en las 25 regiones más desarrolladas frente al 4% en las menos. 
La complejidad y diversidad del cambio tecnológico y de los procesos estructurales de transformación exigen urgentemente la incorporación de todos los interlocutores locales y regionales en las asociaciones regionales para el desarrollo, formando parte de los diseños estratégicos de política regional para cada región. 
Especial importancia reviste para mí la incorporación de la juventud como tema de las políticas innovadoras directrices, pues los jóvenes serán los actores del desarrollo futuro. 
Por ello hay que apoyar la petición de que, incorporando y utilizando otros instrumentos financieros de la UE, los responsables locales, regionales y nacionales se preocupen de crear en toda la Unión Europea los mismos presupuestos y condiciones para el aprendizaje de las modernas tecnologías de la información en los centros de formación. 
Desde mi punto de vista, en el diferente desarrollo de los programas se está produciendo un gran fallo de la política de fomento de la Unión Europea que no podemos aceptar. 
Mientras que la estructura de desarrollo de este programa pasó de un planteamiento dirigido a un proyecto a uno orientado a un programa, lo cual es opinable porque con ello, a mi parecer, se pierde en valor añadido europeo, transparencia y cercanía al ciudadano y, además, no todos los Estados miembros han implantado las competencias regionales requeridas, las políticas innovadoras en el marco del FSE permanecen con un planteamiento de proyecto. 
Con ello, para uno y el mismo programa en el marco de dos fondos distintos, hay mecanismos de realización fundamentalmente opuestos. 
Esta situación repercute negativamente en la eficiencia, la compatibilidad y la disminución del gasto burocrático. 
El segundo punto es la dotación financiera del programa. 
Aunque ya entre 1994 y 1999 sólo el 1% de los recursos totales del FEDER se dedicaban a las políticas innovadoras, la Comisión ha reducido los recursos para el periodo de 2000 a 2006 radicalmente y de un modo imposible. 
Primero, los recursos originales recogidos en los acuerdos de Berlín para la Agenda 2000, que ascendían a 800 millones de Euros, fueron recortados a 400 millones en el último minuto a favor de la dotación financiera del programa URBAN, cediendo a las presiones de este Parlamento y satisfaciendo su petición, por la que ha luchado, de que se mantenga el programa URBAN. 
Pero este Parlamento luchó también para que esta reducción de los recursos para las políticas innovadoras fuese compensada utilizando el instrumento de flexibilidad fijado en una cláusula de la Previsión Presupuestaria. 
Pero aún no es bastante. 
Aunque la propuesta de la Comisión sobre las directrices para las políticas innovadoras del FEDER recogida en el documento del 5 de septiembre de 2000 dirigido al Parlamento hablaba todavía de 400 millones de Euros, en mayo de 2000 la Comisión, en su Memorándum sobre la utilización de los Fondos estructurales en el período de 1994 a 1999, planteó la propuesta de coger 160 millones de Euros de ese programa para poder hacer frente a obligaciones financieras pendientes de ese periodo. 
Esta necesidad se produjo porque la Comisión, a finales de 1999, no atendió a las deudas contraídas a su debido tiempo. 
Como el Tribunal de Cuentas dice en su informe anual, tendría que haber habido una posibilidad de que no se hubiese debido recurrir a la dotación para el período actual de 2000 a 2006 para financiar la deuda contraída. 
Esta es una forma cruzada de financiación poco limpia entre el paquete de Berlín y el de Edimburgo. 
En la propuesta para una transferencia de recursos 40/2000, la Comisión, de manera muy poco transparente, ha hecho repercutir estas disposiciones para afrontar las obligaciones contraídas en perjuicio de las políticas innovadoras y de la ayuda técnica en el presente periodo. 
La carta del presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismos, el Sr. Hatzidakis, no sirvió para evitar la aprobación de la Comisión de Presupuestos. 
No queda sino esperar que, como la Comisión indicó, los menguados recursos de las políticas innovadoras del FEDER sean engrosados en los próximos años recurriendo al instrumento de flexibilidad. 
Pero me falta la fe en que esto pase de verdad. 
No es fácil que si la Comisión primero recorta siguiendo su criterio, después queramos exigir que esos recursos se repongan de nuevo. 
Por último quisiera decir que puedo apoyar todas las enmiendas a mi informe que no vayan contra la línea general del mismo. 
Señor Presidente, me gustaría hablar de modo muy favorable del informe del Sr. Markov y felicitarle por presentar a la Cámara un informe tan constructivo. 
Estoy muy de acuerdo con la mayoría de los puntos que recoge el documento. 
Hay, sin embargo, una serie de cuestiones que me gustaría comentar. 
En primer lugar, todo el informe se basa en la innovación, y la innovación depende de tres requisitos previos muy importantes. 
Depende de la individualidad, de la inventiva y de la iniciativa. 
Debemos, por tanto, esforzarnos por evitar cualquier cosa que pudiera ahogar o mermar estos tres importantes requisitos previos. 
Desgraciadamente el informe recoge muchos aspectos que pudieran verse como mera injerencia y regulación excesiva y, por tanto, considerarse que complican en demasía el enfoque sobre el uso de la financiación a la innovación. 
Debemos evitar ser demasiado normativos y poner, así, obstáculos artificiales que nos impedirían alcanzar nuestros objetivos. 
Hemos de ofrecer incentivos que permitan florecer a nuevas empresas innovadoras pro no debemos ir por el camino de una excesiva injerencia. 
Los negocios y los proyectos innovadores, por su propia naturaleza, implican un riesgo y aquí la UE, los gobiernos nacionales y las instituciones regionales y locales pueden ayudar pero- al igual que con muchas ideas innovadoras- algunos de estos proyectos están destinados al fracaso. 
Esperamos que muchos tengan éxito. 
El truco está en saber cuáles tendrán éxito y prosperarán, pero también deberíamos tener la capacidad de saber que cuando algo ha fracasado no deberíamos mantenerlo a costa pública y desarrollar una estrategia que tenga esto en cuenta. 
Me gustaría también señalar que las propias empresas deberían ponerse a la cabeza en este tipo de asuntos, respaldadas, por supuesto, por una formación suficiente facilitada por nuestras universidades y colegios. 
Todos tienen un papel que desempeñar en este importante campo porque, en el mercado verdaderamente global en el que ya nos encontramos, las nuevas ideas- con los recursos adecuados, y con un apoyo firme y realista- harán que en Europa podamos mantener nuestro lugar a la vanguardia del desarrollo tecnológico en las nuevas industrias y en la tecnología de las comunicaciones en particular. 
Tengo la convicción que una estrategia innovadora como la que concibe este informe, puesta en práctica por los emprendedores individualmente, será la clave de la prosperidad económica en este nuevo milenio. 
Recomiendo el informe a la Cámara. 
Señor Presidente, nos encontramos ante un buen documento de la Comisión y un buen documento del ponente. 
Desde el punto de vista teórico, no puedo sino celebrarlos, porque creo que están bien diseñados y que conciben de manera correcta la dirección por dónde tienen que caminar estos fondos. 
Ahora bien, el problema no está precisamente en el texto, sino en el presupuesto, por una parte, un presupuesto disminuido, adelgazado, en relación con lo que en anteriores ocasiones la Unión Europea dedicaba a una materia tan importante, y, por otra parte, el problema radica en la falta de autoestima que parece que tiene este presupuesto, que permite que se pueda entrar en él y salir y que no está consolidado de una manera clara. 
Expreso esta reflexión para que el Comisario la tenga en cuenta. 
Pero, evidentemente, estamos hablando del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Un Fondo que nació para políticas enormemente materiales y sustanciosas, inversiones en carreteras, inversiones en infraestructuras directas, y que en estos momentos debe adecuarse a la nueva situación por la que atraviesa la economía y a las nuevas condiciones de competitividad. 
Ése es un objetivo fundamental de la Comisión: que el FEDER, que ha tenido su momento y cuya influencia ha sido muy positiva, se convierta en el impulso del aumento de la capacidad competitiva de nuestro sistema productivo, precisamente en las regiones más desfavorecidas. 
Por eso, los factores de innovación, por humildes que sean, como éste, no deben ser minusvalorados por nadie. 
Podría decirse que la innovación está al alcance de todos los agentes que se hallan alrededor del proceso productivo. 
Posiblemente algunas regiones tengan grandes dificultades para disponer de un sistema de investigación o de un sistema de desarrollo propiamente dichos. 
Pero la innovación es la base de la competitividad, debe existir incluso cuando no se tenga capacidad para la investigación, y, por eso, este objetivo es importante. 
Lógicamente, estamos hablando del 0,4 % del FEDER. 
En el proyecto del señor Markov hay un pasaje, señor Comisario, que me gustaría que tuviera en cuenta y que dice textualmente, y con ello termino: "asimismo y dado el escaso nivel presupuestario con que se ha dotado a las medidas innovadoras, sugiere a la Comisión que incentive la incorporación de este tipo de proyectos en los programas operativos regionales". 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar y dar las gracias al Sr. Markov por la elaboración de este logrado informe. 
Nuestro Grupo apoya la aprobación del informe. 
En el informe se ha resaltado con razón la participación de los agentes locales y su mutua colaboración. 
Mediante las acciones innovadoras también es posible reforzar la idiosincrasia regional y local. 
En mi opinión, es importante crear las condiciones más equitativas posible en todas las regiones aprovechando la tecnología actual. 
El trabajo a distancia puede crear nuevas posibilidades de empleo también en las zonas de escasa población. 
Por ello, hay que conseguir que, por ejemplo, las redes de banda ancha lleguen a cubrir el territorio de la Unión con la mayor amplitud posible, incluidas aquellas zonas a donde los mercados no extienden sus redes. 
La idea básica de las acciones innovadoras consiste en crear nuevas fórmulas de acción y en servirse de ellas. 
Con el fin de alcanzar este objetivo, hay que desarrollar los métodos de seguimiento y de evaluación. 
Hay que tener en cuenta el intercambio de experiencias y proceder a adoptar las mejores prácticas. 
El turismo también es una importante actividad económica en muchas zonas apartadas. 
Mediante las acciones innovadoras se podría fomentar, por ejemplo, la colaboración entre las empresas del ramo del turismo en lo que se refiere a la comercialización y al sistema de reservas. 
Tal y como ya se ha señalado aquí, las acciones innovadoras no deben limitarse a jugar sobre seguro, sino que a través de ellas hay que experimentar también proyectos que impliquen riesgo. 
Las acciones también deben contribuir al desarrollo sostenible de las regiones. 
En la intervención precedente ya se pronunciaron duras palabras contra los presupuestos, y es que 400 millones de euros es realmente la financiación mínima, conque en la segunda parte del ejercicio hay que aprovechar las posibilidades de financiación suplementaria que ofrece el instrumento de flexibilidad, tal y como se ha señalado en el informe. 
Yo también quisiera preguntar cómo piensa la Comisión garantizar que las acciones innovadoras dispongan de los fondos que se acordaron en Berlín, y de qué modo serán devueltos durante este ejercicio al ámbito de las acciones innovadoras aquellos fondos que fueron prestados a la iniciativa URBAN. 
Las enmiendas 5 y 7 son oportunas, de tal manera que la Comisión no pueda utilizar en proyectos sorpresa los fondos reservados para las acciones innovadoras, tal y como ocurrió hace algunas semanas. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera dirigirme hoy durante mi intervención al Comisario, pues, como sabemos, las políticas innovadoras siempre fueron el instrumento de progreso de la Comisión. 
Constituían el campo de pruebas para saber cómo las políticas de progreso de la UE y su aplicación en el ámbito de la política estructural podrían llevarse a cabo. 
Pero si se midiese ahora el progreso de la política de la UE según la propuesta de la Comisión sobre las políticas innovadoras, el balance sería similar al de Niza: una vergüenza descomunal. 
Ahora bien, las políticas de la UE en los ámbitos del mercado interno, de la ocupación y de la integración han sido en los últimos años básicamente innovadoras y diversificadas. 
Aquí exactamente es donde se ve el punto débil de la propuesta de la Comisión, que se limita a sólo dos ámbitos de innovación, y digo dos aunque explícitamente se hable de tres porque dos de ellos van juntos y deben ser subvencionados a la vez. 
Una limitación de tanto alcance no la ha habido en los últimos años. 
Aparte queda un ámbito que ha sido subvencionado en los últimos años, de manera que ¿donde está la innovación? 
He de decir que se trata de una pérdida, pues para un nuevo periodo de subvenciones necesitamos la experiencia pasada, que nos falta, si queremos actuar de forma prudente. 
Experiencias importantes como las políticas de ahorro energético para pequeñas y medianas empresas han ido a la papelera. 
Podría hacer una lista mucho más larga. 
¿Por qué no usamos la innovación para innovar, pues las políticas propuestas son políticas que podríamos incorporar a los programas normales? 
Me parece comprensible de todo punto que, de este modo, los Estados nacionales fomenten políticas no innovadoras con los Fondos estructurales en lugar de promover nuestra política de desarrollo. 
Además tenemos el siguiente problema: la idea de preferir la programación a la selección de un proyecto no es mala. 
Incluso la apoyaría, pero no está del todo pensada. ¿Cómo van a poder los agentes locales orientarse en el caos de las administraciones si las mismas autoridades competentes que fracasaron en la planificación estructural van a asumir ahora estas competencias? 
¿Cómo podrá saber la Comisión dónde hay realmente innovaciones locales si no tiene un control sobre ello? 
Creo que sea como sea debemos conseguir que la Comisión encuentre un mecanismo para evaluar si proyectos innovadores locales pueden entrar a formar parte de las programaciones. 
Debo decir que, para mí, esto falta en el proyecto, por lo que éste significa una decepción grande para mí y para los agentes locales. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, para fortalecer la competitividad de Europa en la economía mundial la Unión apoya el paso de las empresas y las entidades locales a una forma de trabajar centrada en el conocimiento y la innovación tecnológica. 
Esto no carece de importancia por cuanto incluso las pocas regiones más desarrolladas en materia de innovación, investigación y desarrollo siguen mostrando un retraso notable en la implantación de tecnologías de la información. 
Precisamente estas tecnologías son las que les proporcionan medios para recuperar su retraso, presuponiendo que los agentes económicos de las regiones sean capaces de utilizar las políticas innovadoras para aprovechar esta oportunidad. 
La brecha entre las regiones más desarrolladas tecnológicamente y las menos es más grande que la de sus PIB respectivos. 
Lamentablemente, la expectativa, como ya pasó en el último período de planificación, sobrepasa los 400 millones de Euros que constituyen el marco financiero para que podamos acercarnos a los planteamientos iniciales. 
Por eso los fondos no pueden reducirse más bajo ningún concepto. 
Las políticas innovadoras producirían entonces más frustración que satisfacción. 
Hemos de advertir sobre ello. 
El informe Markov, que analiza bien la cuestión y extrae conclusiones correctas, puede ser aprobado en lo esencial. 
Es un buen informe que se basa en un buen documento de la Comisión. 
Sin embargo, hay un punto en el que abogo en favor de la Comisión. 
Por eso no lamento, como hace el ponente, que la Comisión haya elegido como planteamiento una política de subvenciones orientada a programas que debe ser implementada por las autoridades nacionales y locales en lugar de una política orientada a proyectos. 
Más aún, ahí veo una oportunidad de responsabilizar más a las entidades locales y de ampliar más el radio de acción del ejecutor del proyecto. 
Según mi opinión, a ello acompañará automáticamente, y no como concluye el informe, una disminución del valor añadido europeo. 
Con estas directrices, como dijo el Comisario Barnier, puede desarrollarse en la práctica un laboratorio de pruebas que posibilite a las regiones probar nuevas ideas y transformar las más exitosas de ellas en praxis cotidiana. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, al vivir y trabajar en una zona del objetivo 1- y, concretamente, insular -, reúno, sin duda, todas las condiciones para comprender la importancia de la iniciativa y apreciar los objetivos de la Unión Europea. 
Nos sentimos satisfechos, mis paisanos y yo, por el intento de mejora de las condiciones de la lucha por cerrar la tijera, por reducir la distancia que nos separa de las regiones más desarrolladas. 
Para Europa es claramente necesario lograr la cohesión. 
Y si además añadimos la «dificultad» de la globalización, resulta evidente que, más allá de las modalidades clásicas de trabajo, tenemos que estar en condiciones de aprovechar las oportunidades brindadas por la nueva economía y desarrollar prácticas innovadoras. 
A juzgar por mi propio entorno local, las regiones reúnen las condiciones, desde el punto de vista de los recursos humanos, y desde el punto de vista de los mecanismos capaces de configurar los agentes adecuados para el fomento de innovaciones, para investigar nuevas soluciones y abrir nuevos caminos. 
Claro, que la financiación prevista es relativamente pequeña. 
El hecho, en todo caso, de la posibilidad de aumento de los créditos a través del instrumento de flexibilidad previsto por el acuerdo interinstitucional mejora la situación. 
Tengo que decir también que en la comunicación de la Comisión me ha gustado especialmente que se sugieran acciones más audaces, aun cuando esto implique cierto riesgo de fracaso, así como más experimentación, más allá del marco acostumbrado de los programas del FEDER. 
Ahora bien, para ser consecuentes, esta sugerencia debe acompañarse de la correspondiente reducción de las penalidades burocráticas, señor Comisario, en todo el proceso de adopción y ejecución de los programas. 
Como es sabido, el argumento fundamental de los burócratas es el peligro de cometer errores. 
Así pues, a partir de ahora, debe cuidarse con todo esmero la selección de entre las propuestas que se presenten, de modo que se aplique lo previsto, principalmente desde el punto de vista de la transparencia y de la evitación de solapamientos, y se consiga su realización de la manera correcta y, por supuesto, con la participación reforzada de las autoridades regionales. 
Para concluir, sumo la mía a las felicitaciones al Sr. Markov, y deseo a todos Feliz Navidad e innovador Año Nuevo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera en primer lugar manifestar mi apoyo- que coincide con el que le da nuestro Grupo- a este informe del Sr. Helmuth Markov. 
Convengo en particular con su consideración de que los instrumentos de política territorial deben ir orientados a la sostenibilidad, al fortalecimiento de la cohesión económica y social y sobre todo a la creación de puestos de trabajo especializados, económicamente viables y duraderos. 
En efecto, esta última condición es fundamental para una orientación acertada de los Fondos estructurales. 
Como todos sabemos, en la Unión Europea el desempleo se concentra en los territorios económica y tecnológicamente menos desarrollados, en particular en los de objetivo nº 1, por lo que es preciso que las acciones innovadoras no tengan sólo un simple carácter tecnológico, sino que estén inspiradas por una voluntad explícita de desarrollo económico y del empleo. 
Si no fuera así, no podremos evitar la paradójica situación de que los países menos desarrollados, después de haber soportado una migración substancial de carácter dramático, vean ahora a sus técnicos- formados con gran esfuerzo económico de su población y perfectamente aptos para trabajar en la esfera de la nueva economía- obligados a emigrar a países más ricos y con mejor nivel de empleo por la carencia, en su país, de industrias y empresas en las que puedan ejercer su profesión. 
Por consiguiente, las acciones innovadoras no pueden ir separadas del desarrollo económico y social. 
Y, en ese sentido, el FEDER debe también seguir cumpliendo su función de apoyo a la construcción de infraestructuras modernas y a la creación de empresas como condiciones necesarias para el desarrollo de la nueva economía e incluso de la creación de empleo con ella asociada. 
Señor Presidente, las subvenciones de la Unión Europea no son una limosna de los ricos para los pobres, pero tampoco deben ser una ayuda permanente para la supervivencia financiera. 
Se trata más bien de hacer de la ayuda una autoayuda. 
Visto así hay que felicitarse de que la Comunicación de la Comisión sobre las Regiones en el nuevo marco económico se adapte a este objetivo mejor que algunos de los clásicos y principales programas de los objetivos 1 á 3. 
Se trata de mejorar la competitividad de la economía europea y se trata, como hoy ha sido destacado repetidas veces, de que sobre todo allí donde la situación inicial de las regiones no está tan al día como en los grandes núcleos de población se proporcione el correspondiente apoyo. 
No es nada bueno que este programa tenga una dotación tan sumamente modesta. 
Por eso el informe Markov exige con razón una mejora de las cifras. 
Con 400 millones de Euros para un tema tan importante no hacemos más que un débil llamamiento. 
Tampoco me parece bien que no haya una financiación directa como en los proyectos, sino un enfoque de programa nuevamente, por la siguiente razón: con ello Bruselas no será aprehensible para los ciudadanos. 
Hay que temer también que la política actúa como en el juego clásico que en Austria llamamos "Schwarzer Peter". Todo lo bueno se lo debemos a la política nacional, regional o local, sólo lo malo viene de Bruselas. 
En el detalle me parecería acertado que algunos pocos objetivos sean subvencionados especialmente, aunque también creo que la división tripartita prevista en el informe de la Comisión es de alguna manera artificial, y estoy de acuerdo con el informe de que quizás deberíamos incorporar en nuestro catálogo de temas más medidas innovadoras sobre eficiencia energética, extensión de las energías renovables y aplicación práctica de medidas de protección climática. 
Me parece especialmente importante que las escuelas y los centros de enseñanza se sientan aludidos con la incorporación de estas nuevas tecnologías, y espero que tomen la palabra como les corresponde. 
Sobre esta base es en general bueno que podamos seguir llevando buenos proyectos piloto. 
Me alegro de que en Steiermark ya hayamos hecho en los últimos años experiencias interesantes con Risi, una iniciativa informativa del nuevo gobierno del Land. 
Especialmente bueno es que, sobre todo las mujeres, pudieran tomar contacto con el tema de las nuevas tecnologías. 
No sé si fue una consecuencia directa de la iniciativa Risi que tres damas hayan firmado el presupuesto europeo, pero me alegraría de que este regalo de Navidad que ahora votamos beneficie en un futuro a las mujeres. 
Señor Presidente, como ponente que analizó en el Parlamento anterior las medidas innovadoras, en relación con la antigua iniciativa del Artículo 10, quería participar en este debate para recordar al nuevo Comisario algunos de los puntos en torno a esta cuestión que el Parlamento ha defendido siempre y que no quisiera que se olvidaran. 
Hemos luchado mucho por mantener las medidas innovadoras dentro de la nueva ronda de programas de fondos estructurales y me complace realmente que estemos hoy aquí confirmando esto y los 3 millones de euros que van a estar disponibles cuando se acuerden las nuevas orientaciones. 
Quisiera recordarle en especial dos conclusiones al Sr. Comisario. 
En primer lugar, que nosotros- y la gente ahí fuera- creemos que las medidas innovadoras han sido un peldaño muy importante para las administraciones locales y para las comunidades locales que no están realmente dentro de los fondos estructurales, pero que deberían estarlo, en su aprendizaje de cómo hacerlo mediante proyectos a pequeña escala que puedan convertirse en partes más eficaces de programas de generalización en los años futuros. 
Presentamos un programa de diez puntos en el que se decía cómo podía hacerse. 
Cuando vuelvo a mi propia región, el este de Inglaterra, y descubro que ni una sola administración local ha utilizado ese dinero en este último período, dudo de que hayamos sido todo lo eficaces que hemos de ser en el futuro para dar la bienvenida a estas nuevas comunidades. 
En segundo lugar, hablamos de la necesidad de trabajar en cooperación con los gobiernos y autoridades locales, mediante, por ejemplo, el evento Directoria. 
Algunos de sus funcionarios no se encuentran cómodos con esto y detecto que este nuevo conjunto de propuestas se apartan de este camino, pero le advierto de que eso sería un paso en la dirección equivocada. 
Estas personas son nuestros socios. 
Nos ayudan a llegar a la gente más necesitada de las regiones desfavorecidas y de nada sirve que pronunciemos discursos sobre el déficit democrático en Europa si después desdeñamos la contribución que las autoridades locales pueden hacer en el ámbito local. 
Finalmente, sin embargo, yo acojo favorablemente las propuestas. 
Creo que está usted intentando ser flexible. 
Está usted intentando permitir que las regiones se retiren y elaboren sus propias propuestas y vuelvan para presentárselas a usted. 
Acierta usted al hacer esto y yo apruebo lo que usted pretende hacer. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, se acaba el año 2000 y todavía estamos debatiendo las líneas maestras, es decir, las prioridades en cuanto a las acciones innovadoras financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Si ya la reforma de Berlín para los 7 años previstos en la Agenda 2000, es decir, para el periodo 2000-2006, redujo a la mitad, en comparación con el período anterior, los importes presupuestarios para estas acciones y a ello añadimos la inevitable lentitud con que adoptamos las decisiones a nivel comunitario, como consecuencia de nuestra compleja institucionalización, no es sorprendente que nos encontremos con que ni siquiera se ha podido gastar el presupuesto, previsto para el año en curso, para medidas innovadoras de política regional, y esto es una irresponsabilidad política. 
También es un error reducir el presupuesto en un capítulo como éste que se venía dedicando a experiencias piloto, a nuevas ideas en materia de desarrollo local y urbano- con unos resultados más que aceptables- que han estado en la base de programas comunitarios tan queridos a nivel local como son URBAN e INTERREG. 
Si todavía no nos hemos dado cuenta de que, en este mundo cada vez más global, el progreso de cualquier país o región depende de sus inversiones en investigación e innovación, mal servicio estamos haciendo a nuestros votantes. 
Además, quiero llamar la atención sobre otro aspecto de la nueva política propuesta por la Comisión. 
Ahora, las autoridades locales, los municipios y los alcaldes de las zonas urbanas menos favorecidas, ya no pueden ir a Bruselas para buscar una ayuda solidaria de la Unión Europea. 
Se les cierra el paso y se pierde ese valor añadido de la relación directa entre la cúpula europea y las instituciones públicas más cercanas a los problemas de los ciudadanos. 
No tengo nada en contra de las autoridades regionales, que son las que canalizarán las propuestas y tomarán las decisiones de financiación de los nuevos programas, pero creo que esto es un paso atrás que anula en parte la frescura de las propuestas nacidas del más inmediato conocimiento de las dificultades reales por parte de las entidades locales. 
Señor Comisario, me gustaría conocer su opinión a este respecto. 
Pero tengo que decir que no todo va a ser negativo y, en este sentido, nos congratulamos de que sea aceptada nuestra propuesta de introducir también medidas relativas a la eficiencia energética y a la diversificación de energías renovables, así como medidas sobre la protección climática y medioambiental. 
Gracias, señor Comisario. 
Creo que en nombre de nuestra Asamblea, puedo a mi vez expresarle nuestros mejores deseos para estas fiestas de fin de año. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta noche, a las 17.30 horas. 
Construcción naval en el mundo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0371/2000) , del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la construcción naval en el mundo. 
Debatiremos ahora sobre nuestro informe acerca de la situación de la industria naval de la Unión Europea. 
La Comisión nos ha presentado dos documentos, ambos del mismo semestre: el segundo y el tercer informe sobre la situación de la industria naval. 
La opinión que hemos adoptado unánimemente en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, se refería entonces al segundo informe. 
El tercero apareció después, y, entre tanto, la Comisión y el Consejo han considerado si las subvenciones a la industria naval que se agotan para los astilleros de la Unión Europea a finales de 2000, pueden ser prorrogadas. 
Lamentablemente, la Comisión y el Consejo no han aprobado la prórroga de esas subvenciones, a pesar de que la difícil situación de la industria naval no ha mejorado en lo más mínimo, ya que Corea del Sur, utilizando métodos agresivos y haciendo dumping en los precios ha intentado ampliar su cuota en el mercado mundial de construcción naval. 
De los pedidos del año 2000 efectuados hasta ahora, Corea del Sur se ha llevado según el informe de la Comisión más de un 40% de todas las peticiones de nuevos barcos, apoyándose para ello en créditos de bancos surcoreanos que en parte están en manos del Estado, gozando así de garantías estatales que significan prácticamente lo mismo que una subvención. 
Los precios de construcción de barcos nuevos han bajado drásticamente en los últimos años hasta llegar en 1999, debido a la política surcoreana, al punto más bajo. 
Europa- incluida Noruega- representa un 16% de la construcción naval mundial, Japón tiene todavía un 25% junto a Corea, y el resto del mundo, incluidos los EEUU, llega sólo a un 19%. 
Todo ello en un sector en el que los costes laborales hace tiempo que no son el factor decisivo, pues goza de una alta tecnificación. Una tecnificación que ha conducido a que también los cálculos comparables puedan ser examinados desde fuera. 
En la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía hemos celebrado que la Comisión Europea haya tomado medidas para que la situación se aclare en el marco de un proceso de conciliación ante la OMC. 
Por encargo de la industria naval europea, como el Comisario Lamy subrayó ayer en una reunión con parlamentarios surcoreanos en este Pleno, el recurso ha sido ya presentado. 
¡Y así debe ser! 
Pero a pesar del Protocolo de 22 de junio de 2000 no hay ninguna predisposición del gobierno surcoreano, de los astilleros y de la industria para llegar a un consenso con la Unión Europea sobre cuestiones técnicas, sobre reconocimiento de la posibilidad de supervisión y sobre la disposición de incluir el respaldo bancario. 
Y esto en vista del hecho de que el acuerdo de comercio y cooperación aún no ha sido ratificado por todos los Estados miembros. 
El plazo previsto de enero de 2001 que se ha fijado la Comisión sólo podrá cumplirse, según mi opinión, si Corea del Sur se muestra al fin dispuesta a pedir precios que cubran los costes. O sea, dicho claramente, a subir precios. 
La decisión del Consejo y de la Comisión de negociar durante cuatro meses sin que se prorroguen las subvenciones para luego, a partir del 1 de mayo de 2001, volver a plantearse otra vez, en función de los resultados obtenidos, si pueden prorrogarse de nuevo las subvenciones, conduciría a que los astilleros europeos no recibiesen prácticamente ningún pedido en los cuatro primeros meses del año, al menos no en los segmentos candentes. 
Incluso en nuestro segmento más especial, el de barcos de crucero, los coreanos podrían ofrecer productos por debajo del precio mundialmente establecido. 
Por ello pedimos en este informe y en las tres enmiendas que hemos añadido que la Comisión redoble sus esfuerzos para presentar un recurso de conciliación ante la OMC. 
Pedimos también que se prorroguen las subvenciones por un plazo de dos años para que durante ese tiempo no se hunda una importante industria europea a causa del dumping surcoreano apoyado por su gobierno. 
Si no se prorrogasen las subvenciones, aunque de hecho no hay subvenciones de la Unión Europea sino de los Estados nacionales que la Unión Europea se limita sólo a autorizar, debemos recordar que la industria europea ha reducido su capacidad y que la actual caerá también. 
Éste es el núcleo de lo que pedimos en este informe. 
Agradezco a los colegas su voto unánime. 
Les pido que también mañana por la mañana, si hay votación, den su apoyo al informe y pido a la Comisión que no deje a la industria naval y a sus trabajadores solos en este brete. 
Estamos hablando de 10.000 puestos de trabajo, la mayoría en Gran Bretaña. 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando a mi colega el Sr. Langen por su excelente informe que, como ha dicho, recibió el apoyo unánime de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Estoy de acuerdo con su observación de que debemos tener en cuenta el tercer informe sobre construcción naval en el mundo que ha elaborado la Comisión. 
Espero que el momento de presentación de ese informe al Parlamento no fuera una estratagema para animarnos a suprimir este punto del orden del día. 
La comisión tuvo que efectuar un voto especial para que este punto estuviera hoy en el orden del día de los debates. 
Agradezco al Sr. Comisario su presencia y espero que tome nota de todos los puntos planteados. 
Existen pruebas claras de la existencia de una crisis en la industria de construcción naval de la UE desde hace algún tiempo. Las pruebas se recogen de modo muy eficaz en el informe de la Comisión. 
Las conclusiones parecen indicar con bastante claridad que el principal culpable es la política de precios depredadora de la industria naval coreana. 
Lo está haciendo para ganar cuota de mercado en detrimento nuestro, pero no sólo en detrimento de la industria de la Unión Europea. 
Otros países- Japón, entre ellos- lo están sufriendo también. 
Es evidente que hay que tomar medidas. 
Creo que el Comisario debe demostrar a la industria que está haciendo todo lo que puede en este sentido para hacer frente a esta amenaza externa a nuestra industria. 
La vía del reglamento de obstáculos al comercio es quizás una medida insuficiente: tiene que haber una mayor presión bilateral sobre Corea por parte de la Unión Europea para que proponga soluciones, como que sus barcos tengan todo el precio que les corresponde. 
En el tercer informe se recoge una lista de acciones propuestas por la Comisión, pero sus observaciones son bastante decepcionantes: continuar con el seguimiento, examinar las quejas del sector, estar abiertos a eventuales propuestas, seguir con los esfuerzos, continuar animando, continuar trabajando estrechamente con el sector o examinar la posibilidad de medidas. 
Me permito decir que necesitamos algo más que examinar posibilidades y hacer el seguimiento del sector en todo el mundo y en Europa. 
En ese sentido, es importante que la Comisión vuelva a considerar la postura de ampliar el período de tiempo de apoyo temporal o permitir apoyo temporal a las industrias de construcción naval de la Unión Europea hasta que surja una solución de las conversaciones con Corea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quiero expresar una cierta satisfacción al ver que la Comisión y el Consejo reconocen lo que no cesamos de repetir desde hace varios años, y con mayor intensidad desde hace varios meses: en primer lugar, Europa se ha impuesto, en el ámbito de la construcción naval, limitaciones y obligaciones más grandes y más rápidas que las de sus principales competidores y, sobre todo, en segundo lugar, Corea del Sur ha violado excesivamente las reglas de la competencia, con un descarado dumping financiero. 
Por esta razón, hemos saludado los esfuerzos, muy recientes, de la Comisión, incluso si por otra parte no estoy de acuerdo con el método de cálculo utilizado para hacer aparecer un porcentaje de ayuda europea demasiado elevado en el capítulo 5 del informe del Consejo, del 5 de diciembre. 
Dada la falta de tiempo hoy, me explicaré directamente por escrito con el Comisario. 
Asimismo, y sobre todo, tomamos nota de las conclusiones del Consejo del 5 de diciembre. 
Un Consejo que aceptó preservar el porvenir demostrando firmeza frente a Corea del Sur y no cerrando la puerta a la posibilidad de restablecer la ayuda a la construcción naval, en mayo, sobre segmentos de mercado muy precisos que se han visto muy afectados por la competencia coreana. 
Por lo demás, esta concepción está en conformidad con el Tratado. 
No tengo tiempo para tratarlo más en detalle. 
Otro punto positivo de la reunión del Consejo: la actualización del acuerdo "navíos" en el CDE sobre los créditos a la exportación de fecha 1981. 
Por último, tomamos nota con interés de la apertura del Consejo en lo relativo a las ayudas a la investigación y al desarrollo. 
Este punto es muy importante en las empresas, para las empresas que son, efectivamente, muy innovadoras. 
Lo que pedimos, y lo que pido hoy, es la aplicación integral y sobre todo sin demora de las conclusiones del Consejo. 
Si, en mayo de 2001, se revelara necesario establecer de nuevo las ayudas, será preciso hacerlo sin demora. 
Otra inquietud relativa al Sexto Programa Marco de investigación y desarrollo: en su proyecto, la línea "tecnología marina", que existía en el Quinto Programa Marco, parece haber desaparecido ahora. 
Es algo que, a mi juicio, no es aceptable y que sería preciso reponer, no solamente en cantidad sino también en método de utilización de estos créditos para hacerlos más fáciles. 
Por último, naturalmente, esperamos que, desde el 18 de diciembre, se examine en la reunión del grupo 6 de la OCDE el acuerdo "navíos". 
Concluiré felicitando al Sr. Langen- cuyo apoyo a los trabajadores y a la necesidad de intervención estatal para defender la economía aprecio aquí- y deseando a la Comisión que haga, en el futuro, un buen uso de las enseñanzas recibidas en el ámbito de la construcción naval y de la competencia descarada de algunos otros países en el mundo. 
Como se señala en el informe, la considerable reconversión experimentada por la industria naval se ha llevado a cabo ajustando la cantidad y la calidad de la producción. 
Sin embargo, los astilleros siguen sumergidos en una crisis aguda debido a la competencia desleal de los coreanos. 
Debemos fomentar la competitividad de la industria de construcción naval europea creando un marco donde los astilleros estén en igualdad de condiciones con respecto al mercado mundial. 
Debemos proseguir mejorando la competitividad de los astilleros a través de medidas internas y de un sistema de pactos. 
A fin de cuentas, las subvenciones no han solucionado los problemas de la construcción naval. 
Los astilleros son un sector que necesita de tecnología punta y cuya competitividad puede ser mejorada mediante una colaboración dirigida a la especialización, así como a través de un continuo desarrollo técnico, de la investigación y del perfeccionamiento de los productos. 
El problema de Corea no se resolverá tampoco a través de las subvenciones, ni siquiera de las ayudas orientadas, sino que se trata de un asunto en el que hay que intervenir con firmeza, acudiendo, entre otras cosas, a medidas político-comerciales. 
Señor Presidente, el informe del señor Langen aborda numerosas cuestiones y, sin embargo, aquí se están centrando las intervenciones, como es natural, en el tema de la prórroga, o no, de las subvenciones y en la competencia desleal de Corea. 
Quienes vivimos en una región como Asturias, que ha sufrido cuatro reconversiones importantes- en la minería, la siderurgia, la construcción naval y la fabricación de armas -, pensamos que cortar estas subvenciones, aunque sea hasta el mes de mayo para ver si se denuncia o no a Corea en la Organización Mundial del Comercio, es muy peligroso para el sector. 
Creo que es verdad que en Europa se está sufriendo una competencia desleal porque en Corea se están pagando, sobre todo, salarios muy bajos, con situaciones laborales terribles para los trabajadores coreanos y, en estas condiciones, los trabajadores europeos no pueden de ninguna manera competir con aquéllos. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión, que incluye una ayuda a la investigación y desarrollo, la denuncia de lo que ocurre en Corea ante la Organización Mundial de Comercio- pues trabajan con precios por debajo incluso del coste -, y la posibilidad de que haya medidas de ayuda transitoria en tanto no se resuelva el recurso, nos parece, quizá, una salida más o menos débil, pero por lo menos una salida. 
En todo caso a mí me parece, señor Presidente que si se cortan de raíz las subvenciones y si continúa la competencia desleal de Corea, el sector naval europeo está herido de muerte. 
Y no creo que exageremos porque los diferentes grupos de trabajadores han venido denunciando que, en estos últimos años, se han perdido con la reconversión naval miles y miles de puestos de trabajo. 
Yo creo que hay varios países como España, Alemania, Italia, Grecia y Portugal que, en el seno del Consejo, y a pesar de la decisión final, han solicitado que continúen las ayudas, y a nosotros nos parece que esas ayudas de una u otra forma deben continuar si no queremos, otra vez, la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector naval. 
Señor Presidente, parece implantarse la tradición de que hacia finales de año se celebre un debate sobre la situación en la construcción naval. 
En el mercado mundial de barcos mercantes continúa imperando la carrera de las subvenciones de la que los astilleros de los Estados miembros de la Unión Europea y de Noruega, Japón y los Estados Unidos sufren las consecuencias. 
Hay una cosa en la que estamos plenamente de acuerdo: es preciso poner fin a esta carrera lo antes posible. 
Sin embargo, todos los indicios apuntan a que la meta final se desplaza una y otra vez, de modo que nunca conseguimos alcanzarla. 
Las críticas de la Comisión y del Parlamento se dirigen a Corea, por ser éste el país que, con mucha diferencia, concede las subvenciones más altas a sus astilleros, lo cual perjudica seriamente a los astilleros de los países europeos y Japón. 
Por otra parte, casi todo el mundo es consciente de que la intensidad de ayuda por pedido también difiere considerablemente de un Estado miembro de la Unión Europea a otro. 
En teoría la ayuda más elevada por pedido supera tres veces la ayuda más pequeña, pero en la práctica parece ser que algunos países de la UE otorgan de modo nada transparente ayudas estatales suplementarias a su industria marítima. 
Además, todavía continúa vigente el artículo 7 del Reglamento nº 1540 de 1998. 
Dicha disposición contribuye aún más a la distorsión de los niveles de ayuda. 
El resultado es que los astilleros buenos y eficientes son castigados, en tanto que los malos reciben una bolsa de dinero. 
Al beneficiar a los astilleros europeos más débiles en detrimento de los más fuertes, ¿cómo lograremos sobrevivir a largo plazo a las ayudas coreanas y en el futuro tal vez también a las chinas? 
Es una pregunta de la que el Comisario no puede hacer caso omiso. 
Por eso ruego a la Comisión y a los colegas diputados que no se limiten a señalar con el dedo a Corea, sino que hagan examen de conciencia. 
¿Por qué la Comisión no investiga cuál es la verdadera intensidad de ayuda por pedido en la Unión Europea? 
¿Dónde está la propuesta de suprimir cuanto antes todo tipo de regímenes de ayuda turbios en materia de investigación y desarrollo, medio ambiente y ayudas regionales? 
Mientras no exista un level playing field para la construcción naval dentro de la Unión Europea no seremos capaces de hacer la competencia a Corea y otros países. 
Coincido con el ponente en que esta medida de urgencia está justificada para prestar ayuda genérica por pedido a los astilleros mientras Corea no cumpla las disposiciones de la OMC. 
Al disponer de esta forma transparente de ayuda los astilleros europeos no tendrán interés en aplicar métodos de reducción o marketing no conformes al mercado. 
Al mismo tiempo conviene aumentar la presión sobre Corea, adoptando medidas antidumping, de ser posible en el marco de la OCDE. 
Es deseable que dichas medidas afecten sobre todo a conglomerados como Hyundai y Daewoo. Sólo en ese caso tendremos la posibilidad de romper el hermético frente coreano. 
Doy las gracias al Sr. Langen por su trabajo y espero que a finales del próximo año no volvamos a celebrar el mismo debate. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a mi compañero, señor Langen, por el buen informe que ha hecho en relación con el tema de los astilleros. 
A mí me gustaría recordar que el asunto del que tratamos hoy es ya viejo, es un tema recurrente. 
Concretamente, ya hace más de dos años que hemos denunciado aquí las prácticas desleales que provienen básicamente del sudeste asiático, y a las cuales se ve sometido nuestro sector de la construcción naval. 
En las últimas semanas, la Comisión nos ha dicho que el esquema de subvenciones, gracias al cual nuestra industria está subsistiendo, debe suprimirse a partir de enero en aras de una supuesta mejora de su competitividad. 
Por otra parte, tras más de dos años de una feroz competencia desleal por parte de Corea, la Comisión ha decidido, tras recibir una queja formal de todos nuestros astilleros, llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio. 
Como todos ustedes saben, la simple tramitación de este procedimiento necesitará más de seis meses. 
Asimismo, en caso de prosperar, la constitución de un grupo de expertos en el seno de este organismo se prolonga al menos unos dos años. 
Mientras tanto, se pretende que lo que queda de nuestra industria de construcción naval subsista gracias a un paquete de ayudas a la investigación y al desarrollo, que va a entrar en vigor a partir de enero, como puntualizó ayer por la tarde el Comisario Monti. 
Hemos tenido una reunión con él, en la que yo le planteé una serie de preguntas. 
De las conclusiones de la reunión se deduce que las ayudas recibidas por nuestra industria no han solucionado el problema de Corea. 
Yo le indiqué que la industria naval europea está desprotegida. 
Entonces, dijo que posiblemente a partir del 2 de diciembre se abrirá una investigación, y que después de esta investigación habría que esperar a ver qué pasaba, etc. 
Creo que los legales, los europeos, realmente estamos desasistidos. 
En cambio, los filibusteros, dicho sea en términos peyorativos pero realistas, juegan con ventaja dentro de ese mundo competitivo. 
Nosotros somos los que guardamos las reglas y los que acabamos perdiendo. 
Yo, por ejemplo, soy del País Vasco y vivo cerca de Bilbao. 
Y allí, en este momento, lo que antes eran astilleros hoy es un palacio de música, o un museo marítimo, etc. Antes trabajaban en los astilleros unas 4 000 personas, y en este momento sólo trabajan allí dos conserjes en cada sitio, y eso es lo que pasa en los países europeos. 
Es decir, que nosotros estamos aguantando el paro y los otros señores son los que realmente hacen el negocio con los astilleros. 
El autor de este informe, así como los autores de las enmiendas propuestas pertenecen a formaciones políticas que privilegian la economía de mercado y se sublevan contra el papel excesivo del Estado en cuanto se trata de sostener a los servicios públicos o de asegurar una determinada protección social a los trabajadores. 
Sin embargo, en cuanto los grupos capitalistas cuyos intereses defienden se encuentran en dificultades en el mercado, reivindican que los Estados o las instituciones europeas intervengan para subvencionar o proteger el sector amenazado. 
Alstom-Atlantique, que acaba de conseguir un contrato de construcción para un paquebote de lujo, cobrará en subvenciones el equivalente al 9% del precio del contrato. 
Así, pues, el Estado paga una buena parte, si no la integridad, de los beneficios de esta empresa. 
Por su parte, la sociedad británica Harland y Wolff, a la que Alstom ganó este contrato, hace responsable de ello a su gobierno por no haberla defendido con suficiente eficacia. 
Para los grandes trusts, como para sus abogados políticos, reivindicar menos Estado significa solamente que el Estado y sus finanzas deben estar a su disposición exclusiva. 
Por mi parte, estoy en contra de toda forma de subvención a las empresas privadas y en favor de que los Estados dediquen el dinero así ahorrado a crear directamente empleo, especialmente en los servicios públicos y, en todo caso, sin generar beneficios privados. 
Señor Presidente, estimados colegas, las medidas actuales y la posición de la Comisión respecto de los astilleros europeos no se corresponden, a mi parecer, con la situación grave, crítica que vive el sector, lo que vale también para los resultados de la reunión de los Ministros de Industria del 5 de diciembre. 
Debo recordar que se están poniendo en cuestión los resultados de un proceso de reconversión que ha funcionado bien hasta ahora. 
Hicimos una reconversión cuantitativa, una disminución de la producción, e hicimos también una reconversión cualitativa, una modernización al más alto nivel técnico; tenemos una productividad alta, y, señor Comisario, los astilleros son ahora también un sector donde predomina la alta tecnología. 
Alta tecnología que no se ciñe sólo a la tecnología de comunicación y áreas afines. 
En definitiva, todo un exitoso proceso está siendo amenazado ahora gravemente. 
También debo recordar que los astilleros están ubicados en regiones periféricas a menudo con una estructura débil, regiones en las que se están dando profundos procesos de reconversión. 
Los astilleros suelen ser la industria clave de la región. 
El proceso aún no está cerrado, la situación sigue siendo delicada. 
La posición de la Comisión sólo puede traer consecuencias negativas para los astilleros europeos. 
Para el próximo año está prevista una nueva revisión de la cuestión. 
¿Acaso la situación no está suficientemente clara? 
¿No hay ya análisis suficientemente precisos? 
¿No se visitó ya Corea? 
¿No se recibieron ya respuestas insatisfactorias? 
¿No está la situación suficientemente clara como para que se necesite una nueva revisión de la misma en mayo de 2001? 
Una última observación: es manifiestamente incoherente que en las relaciones internacionales se proclame una competencia tan abierta que incluso tolere a un socio desleal y, por otro lado, se mantengan limitaciones internas a la competencia como por ejemplo una limitación artificial de la capacidad. 
La política externa y la interna están en clara contradicción. Ambas necesitan urgentemente una corrección. 
Señor Presidente, yo quisiera comenzar mi intervención felicitando al Sr. Langen por la calidad de su informe. 
Me parece que hace una radiografía excelente del sector naval en Europa, una radiografía real. 
Y la síntesis podría ser que la industria de la construcción naval está amenazada por todos los lados. 
Existe crisis en el sector pesquero, y de ello sabemos bien los españoles y los gallegos. 
Además, tenemos las banderas de conveniencia en la marina mercante, y los barcos con pabellón de un país comunitario se construyen, o corren el riesgo de ser construidos, fuera de Europa. 
Y ello porque no somos capaces de denunciar una situación de competencia desleal. 
Ya se ha dicho aquí, Corea, Japón, o la amenaza de China están ahí. 
Por eso yo me pregunto, señor Presidente, ¿apuesta la Unión Europea por una industria europea de la construcción naval fuerte, dinámica, competitiva? 
El sector naval, desde luego, también ha de lograr los objetivos de la Unión Europea, específicamente el saneamiento de la industria de la construcción naval, el aumento de la productividad, la mejora de la competitividad de los astilleros aún existentes o la defensa del medio ambiente. 
Pero para lograrlo, para que el proceso permita consolidar la industria naval, los puestos de trabajo y dar tranquilidad a las familias que dependen de él, siguen siendo necesarias ayudas más allá del 31 de diciembre de 2000, porque la situación del mercado no es de igualdad, sino de deslealtad y de dumping. 
Se espera de la Comisión y del Consejo decisiones de profundo calado político, valientes y decididas, que permitan en casos como el español integrar la construcción naval, civil y militar, y reasignar los distintos ámbitos del sector a la conveniencia de cada país. 
Es preciso proporcionar nuevos estímulos en orden a la investigación y al desarrollo en la cuantía suficiente, y también mantener las ayudas al funcionamiento bajo la forma legalmente posible. 
Nuestros astilleros pueden sobrevivir, pero se necesita apoyo y, en el contexto europeo, es el momento de apelar a la solidaridad y a la comprensión de los países que no tienen astilleros y para los que, en muchos casos, el mar, en su industria de la construcción, tiene quizá menos importancia. 
En fin, hay que tomar decisiones que nos permitan afirmar y mantener una posición europea fuerte en el sector naval. 
De poco nos valdrá perseguir un objetivo si, mientras caminamos hacia él, los astilleros han desaparecido en Europa, asfixiados en el camino. 
El ejemplo, señor Presidente, a no seguir sería el del asno de Buridán que, pensando si comer cebada o centeno, al final acababa muriéndose en la duda. 
Por ello, pido la defensa del sector simultaneando los objetivos que exige la Unión Europea y la permanencia del sector, haciéndolo más fuerte, dinámico, competitivo, creador de empleo y creador de riqueza. 
. 
(EN) Señor Presidente, le agradezco la oportunidad que se me brinda de informar al Parlamento sobre la situación del mercado de la construcción naval en el mundo y sobre las conclusiones del Consejo de la pasada semana. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Langen por su informe. 
Aunque el informe se remite al segundo informe de la Comisión sobre construcción naval de mayo de 2000, ya se ha señalado aquí que a mediados de noviembre se había elaborado el tercer informe y ceñiré mi intervención a ese tercer informe sobre este delicado asunto. 
El análisis de mercado que recoge el tercer informe no indica mejoras en la situación del mercado. 
Corea del Sur ha aumentado continuamente su cuota de mercado en detrimento tanto de los astilleros japoneses como de los de la UE y a pesar de los agotadores esfuerzos de la Comisión, incluyendo contactos al más alto nivel, las negociaciones bilaterales con el gobierno de Corea del Sur no han dado lugar a resultados concretos que pudieran remediar la situación. 
Y ello a pesar de las conclusiones de la acertada acta de junio que señalaba la manera de avanzar. 
De resultas de este fracaso, el sector presentó en octubre de este año una reclamación al amparo del reglamento sobre obstáculos al comercio y el Sr. Comisario Lamy anunció el 4 de diciembre la decisión de la Comisión de abrir una investigación. 
Este proceso no producirá resultados rápidos y, en caso de llegar hasta su conclusión definitiva, llevará hasta dos años. 
Con arreglo al Reglamento 1540/98, la Comisión está obligada a proponer medidas. 
En realidad, los instrumentos de que disponen la Comisión y los Estados miembros para defender la industria de construcción naval europea son limitados. 
El potencial de los principios del comercio todavía está por ver y su eficacia tiene que probarse. 
Las conversaciones en la OCDE han supuesto escasos avances, muy escasos avances, y la posibilidad de un acuerdo internacionalmente vinculante sobre construcción naval parece remota. 
El FMI se muestra también cauteloso sobre la cuestión de la construcción naval coreana, puesto que considera que le corresponde sólo tratar condiciones macroeconómicas y no problemas sectoriales. 
La Comisión fomenta la mejora de la competitividad de los astilleros de la UE, pero frente a los recortes masivos de precios de los astilleros coreanos, el aumento de la productividad que pueda lograrse no es suficiente. 
No obstante, todos los instrumentos disponibles deberían usarse mejor, entre ellos las ayudas para investigación y desarrollo. 
A la luz de estos elementos de hecho, la Comisión llegó a la conclusión en su reunión del 29 de noviembre de que si no llega con Corea a una solución negociada satisfactoria en el marco del procedimiento del reglamento sobre obstáculos al comercio, la Comisión informará al Consejo el 1 de mayo del próximo año y propondrá someter el caso a la OMC. 
Así mismo, y esto es importante, la Comisión propondrá, a su vez, un mecanismo defensivo de apoyo temporal destinado a contrarrestar las prácticas desleales de Corea. 
La Comisión está dispuesta también a explorar las posibilidades de un mayor uso de las ayudas nacionales a investigación y desarrollo y cabe señalar que las ayudas operativas generales finalizan el 31 de diciembre de 2000. 
Me gustaría explicar el razonamiento que subyace a la postura adoptada por la Comisión. 
La Comisión cree que la Comunidad debería intentar fortalecer su posición negociadora frente a Corea proporcionando un incentivo para alcanzar un acuerdo rápido que resuelva los actuales problemas. 
Por este motivo la Comisión se decidió por un mecanismo defensivo de apoyo temporal destinado a contrarrestar las prácticas desleales de Corea. 
Este mecanismo sería propuesto en el caso de que no pudiera alcanzarse un acuerdo satisfactorio con Corea durante el curso del procedimiento de investigación con arreglo al reglamento sobre obstáculos al comercio. 
El mecanismo se aplicaría hasta que se adoptara una decisión sobre ese procedimiento de la OMC. 
Los detalles del mecanismo tienen aún que concretarse. 
Se limitaría a aquellos segmentos del mercado en los que quede demostrado que la industria de la UE se ha visto directamente perjudicada por las prácticas desleales coreanas. 
Acerca de la cuestión de la investigación y el desarrollo en el sector de la construcción naval, la Comisión llegó a la conclusión de que, además de los sustanciales fondos disponibles en los programas marco de investigación que suponen 130 millones de euros en cinco años, debería estudiarse la posibilidad de mejorar las ayudas permitidas para este fin. 
La industria debería reflexionar seriamente acerca del uso que puede darse a estos instrumentos para adaptar sus actividades de un modo tal que se garantice el futuro del sector de forma duradera. 
El Consejo de Industria del 5 de diciembre de este año analizó detenidamente la cuestión de la construcción naval sobre la base del tercer informe de la Comisión y de su decisión de 29 de noviembre de 2000. 
Pidió a la Comisión que continuara realizando un seguimiento del mercado, que siguiera a fondo el caso del reglamento sobre obstáculos al comercio con vistas a someter el problema a la OMC si fuera necesario y que planteara la cuestión en todos los foros internacionales relevantes. 
El Consejo tomó nota también de la iniciativa de la Comisión de proponer un mecanismo de apoyo temporal para la construcción naval de la UE en el caso de que no se hubiera conseguido avances con Corea para el 1 de mayo de 2001. 
El Consejo hizo hincapié en que dicho mecanismo de apoyo no debe distorsionar la competencia dentro de la UE. 
La Comisión volverá a informar sobre esta situación en abril y, por supuesto, estamos también a disposición del Parlamento Europeo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, simplemente, deseo informar a la Asamblea que esta misma mañana ha sido asesinado el concejal del Partido Popular, Francisco Cano, en el Ayuntamiento de Villadecavalls, en la provincia de Barcelona. 
Francisco Cano tenía 45 años, estaba casado, tenía dos hijas y era electricista de profesión. 
Era un trabajador y, como los que nos acompañaron ayer cuando otorgamos el Premio Sajarov, era un ciudadano anónimo que servía al sistema democrático que los españoles hemos elegido. 
Estoy seguro de que ahora todos estamos unidos para defender con vigor y con fortaleza la libertad en Europa, pero yo quería decir que, más que la solidaridad de los compañeros en el Parlamento Europeo, en España nosotros necesitamos su compromiso. 
Quería preguntarle, Presidente, si tiene a bien que guardemos un minuto de silencio en memoria de Francisco Cano. 
No creo que haya necesidad de añadir nada a lo que acaba de decir el Sr. Galeote salvo garantizarle nuestro apoyo y solidaridad y yo estoy de acuerdo en que en el futuro es necesario que busquemos posibles formas de ayudar quizás a nuestros colegas en España. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cuatro preguntas orales dirigidas a la Comisión acerca del submarino nuclear británico en Gibraltar. 
Señor Presidente, señor Comisario, pongan ustedes orden aquí, si es que pueden, y yo creo que pueden hacerlo. 
La presencia del submarino nuclear averiado en aguas de la bahía de Algeciras se ha convertido ya, por desgracia, en un conflicto diplomático entre una potencia militar nuclear y colonial y un Estado miembro de segunda categoría, según la última clasificación de Niza, que no exige sus derechos y se doblega ante explicaciones infantiles. 
Se está incumpliendo el artículo 37 del Tratado Euratom, así como directivas importantes sobre protección radiactiva, y ustedes, señores de la Comisión, lo saben y sólo miran hacia otro lado. 
Parecen no querer conflictos internos pero ¿para qué se firman los Tratados? 
¿Dónde está aquí y ahora la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de Gibraltar y de Algeciras y de los andaluces de la zona? 
¿Han recibido ustedes los datos generales del plan de evacuación por parte de las autoridades británicas, plan que están obligadas a elaborar? 
El plan debe contemplar la evacuación y un eventual accidente que contamine a otro Estado miembro, una eventual contaminación transfronteriza. 
Ustedes lo saben. 
¿Qué están haciendo? 
¿Han contestado a la queja de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar? 
¿Cuándo va a responder la Comisión de Peticiones a un escrito presentado y firmado por más de 35 asociaciones- colectivos, sindicatos y municipios- de la zona? 
Dejémonos de submarino amarillo y de cachondeo, que es para otras cosas. 
Esto es ahora real. 
Sean serios. 
Señores parlamentarios, sus abucheos iniciales, cuando denuncié el caso el pasado 5 de julio, y sus risotadas no han hecho nada más que acrecentar el deseo del pueblo andaluz de que se le respete, de que no se le humille con bochornosas explicaciones y se le obligue a soportar una innecesaria situación de riesgo. 
Y, para terminar, no permitan la reparación de este submarino en una base inadecuada. 
Soliciten, exijan, su traslado cuando las condiciones técnicas y climáticas lo aconsejen. 
No permitan, señores de la Comisión, que nuestra preciosa bahía se convierta en un simple taller de chatarra nuclear. 
Señor Presidente, mis primeras palabras son, naturalmente, para reiterar nuestra solidaridad con los compañeros del Partido Popular, a la vez que- aunque me resulta difícil de expresar- para señalar que la respuesta democrática que hoy tenemos que dar ante este nuevo atentado es sobreponernos al dolor y seguir trabajando en esta Asamblea, como estamos haciendo en este momento. 
Érase una vez un submarino nuclear inglés llamado Incansable. 
Navegando por aguas de Sicilia, allá por el mes de mayo, su corazón nuclear mostró preocupantes signos de deterioro. 
Los dueños del submarino trataron de ingresarlo en un centro, catalogado como idóneo para el tratamiento, del que eran copropietarios, a la sazón una base de la OTAN. 
Pero el director del centro no autorizó el ingreso. 
El submarino siguió navegando, infectando por el camino las aguas del Mediterráneo, hasta que llegó a un centro concertado llamado Gibraltar. 
Ahí, mostrando un absoluto mando en plaza, lo aparcaron. 
Para facilitar el ingreso dijeron que la enfermedad era leve. 
Cuando, a través del parte médico que difundieron en el país en el que vive el dueño- o sea, a través de la prensa británica -, se descubrió que la enfermedad era grave, en vez de cambiarlo de centro le cambiaron la calificación al centro. 
Se ingresó a un enfermo en un centro de atención primaria y, cuando se descubrió que no sufría una gripe, sino una grave enfermedad, se contrató a un pintor para que cambiara el rótulo de la puerta y pusiera Hospital donde ponía Centro de Salud. 
Pero con esa estratagema no pudieron evitar que todos los pacientes y sus familiares se enteraran de que habían ingresado a un infeccioso y supieran que había riesgo de contagiar la enfermedad. 
Y entonces comenzaron las mentiras y las movilizaciones: las mentiras- o silencios- del que lo había ingresado y las mentiras o silencios del responsable de salud del área. 
Porque, mientras el dueño del submarino nos decía cada día una cosa, el jefe de salud del área hacía lo propio. 
Incluso nos contaba chistes sobre el submarino amarillo o sobre la jurisdicción de la zona. 
Para colmo, fue en ese tiempo cuando la población más directamente afectada descubrió que, tiempo atrás, desde el mismo país propietario del submarino se había engañado durante diez años a todos los europeos sobre la enfermedad de las vacas locas. 
Señorías, esta es una situación que no puede continuar así. 
Asociaciones ciudadanas, colectivos sociales, ayuntamientos, comunidades autónomas han pedido, tanto a la Comisión de Peticiones del Parlamento como a la Comisión, su intervención y su amparo. 
Europa y sus instituciones no pueden permanecer al margen. 
Existe una considerable y lógica alarma, consecuencia de una doble combinación perversa: la obstinación y la incapacidad. 
La obstinación de los unos, negándose a reconducir su posición inicial y la incapacidad de los otros para defender con firmeza la salud y la seguridad de cientos de miles de ciudadanos europeos que habitan la zona. 
Señorías, esto no es alarmismo. 
Lo alarmante sería que, ante esta situación, no actuáramos cuanto antes. 
Día a día se viene constatando que hay razones para no autorizar las reparaciones del Incansable en Gibraltar. 
No esperemos más tiempo. 
Que, de una vez por todas, se asuma esta realidad y que sea trasladado el submarino, con todas las garantías, a un puerto británico que reúna las condiciones para su reparación, antes de que sea demasiado tarde; antes, Señorías, de que el Incansable acabe agotándonos a todos, a todos los ciudadanos y a todos los europeos. 
Señor Presidente, sobre la reparación del submarino británico Tireless en Gibraltar, conviene recordar qué es lo que se pretende de la Comisión. 
Y, esencialmente, lo que los diversos Grupos parlamentarios han expresado con sus preguntas es que nosotros queremos que la Comisión nos informe sobre sus intervenciones ante el Gobierno del Reino Unido para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación en vigor y, en segundo término, que nos informe sobre sus iniciativas en este asunto, en función de las competencias que, en su caso, le atribuye el Tratado Euratom. 
Y, desde luego, esperamos con interés la contestación de la Comisión para comprobar si el objetivo se ha cumplido. 
No dudamos de las buenas intenciones de la Comisión, pero esperamos todos que no tengamos que lamentar el salir de este debate con la misma información que teníamos al comienzo del mismo. 
Sin duda en este debate se entrecruzan intereses muy diversos- y eso también es válido dentro de mi Grupo-. 
Nosotros, sin embargo, hemos hecho un esfuerzo de diálogo y mutua comprensión, que yo creo que nos podría permitir ampliar ese consenso sobre lo básico a una mayoría de la Asamblea. 
Eso, además, es lo que se deduce de haber leído con mucho cuidado las propuestas de resolución de los Grupos del Partido Popular Europeo/Demócratas Europeos y Socialista. 
En ambas, yo creo sinceramente que coincidimos en las cuestiones esenciales. 
En ambas expresamos nuestra comprensión por la lógica preocupación de la población local. 
En ambas pedimos el máximo de transparencia, precisamente para no alimentar temores infundados. 
En ambas pedimos a la Comisión que explore las posibilidades de los actuales Tratados para averiguar qué posibilidades tiene de contribuir en este asunto. 
En ambas expresamos la necesidad de que los dos Estados miembros concernidos, el Reino Unido y España, colaboren estrechamente en la búsqueda de la solución más segura para la reparación del submarino, manteniendo- por supuesto- a la opinión pública puntualmente informada. 
Y, si a la luz de los textos presentados, estamos de acuerdo en esto- que es mucho -, yo me pregunto por qué no hemos podido elaborar una resolución común. 
Puedo asegurar que no fue por falta de voluntad por parte de mi Grupo. 
El hecho de que el Grupo socialista presentara una propuesta de resolución de urgencia en la pasada sesión plenaria; después, votara a favor de la propuesta de mi Grupo para eliminar ese punto el orden del día; el pasado lunes no compareciera en la reunión convocada por todos los Grupos para intentar un texto de consenso; y, seguidamente, el primer firmante de la resolución socialista y varios otros firmaran también la propuesta de resolución común de los Grupos Verde e Izquierda Unida, nos lleva a todos, sin duda, a la confusión. 
Y ahora, ¿qué va a votar el Grupo socialista? 
Como en el casino, podría decirse que se admiten apuestas. 
Yo, modestamente quería sugerirles que apoyen nuestra propuesta de resolución. 
Y a mis compatriotas socialistas españoles, humildemente, me permito aconsejarles que se dejen guiar por el interés general. 
Señor Presidente, yo también quisiera que mis primeras palabras fueran de condolencia con la familia del concejal asesinado y con los compañeros del Partido Popular, y de rechazo a esta barbarie fascista de ETA y de los grupos que la están amparando. 
Quiero dar la importancia que merece al pacto que se ha suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista contra el terrorismo, y creo que es importante que, desde la Unión Europea, se avance en esa dirección. 
En relación con el tema que nos concierne- la anómala situación del submarino británico Tireless en la única colonia inglesa existente en el Mediterráneo, Gibraltar- me permití, el 7 de septiembre, hacer una pregunta oral sobre ello. 
En la misma señalaba que la avería que tenía el submarino, desde el 12 de mayo en aguas de Sicilia, no era posible repararla en el puerto de Gibraltar, puesto que las autoridades italianas y de la OTAN habían rechazado acoger el submarino en sus puertos. 
También señalaba en aquella intervención la falta de seriedad y respeto del Gobierno inglés al recalificar sobre el papel el muelle de Gibraltar, pasándolo de categoría Z a X, con el fin de poder llevar a cabo la reparación en el mejor estilo colonial. 
Igualmente indicaba la alarma producida entre las más de 200.000 personas que viven, en un radio de diez kilómetros, en la zona. 
La evasiva respuesta que obtuve en esa ocasión por parte de la Comisión me obligó a hacer otra segunda pregunta, el 21 de septiembre, urgiendo a la Comisión a que solicitase al Gobierno británico la conducción del Tireless a un puerto británico, así como a que se realizase un seguimiento de esta cuestión. 
La respuesta obtenida de la Comisión fue decepcionante e insatisfactoria. 
Yo quiero pensar que esa sensación de insatisfacción ante la respuesta no tiene que ver nada con que el Comisario Patten sea británico, pero, por una parte, sobre la cuestión más importante- la reparación del submarino en un muelle de la Unión Europea que no reúne las condiciones mínimas -, dijo que era un asunto interno del Reino Unido, cuando, según el Tratado Euratom, no es así; y, por otra parte, se limitaba a decir que mantendría al Parlamento informado. 
Y, sin embargo, desde aquel momento el Parlamento Europeo no ha recibido ninguna información por parte de la Comisión, pese a haberse comprometido a ello. 
Así, en estos meses hemos asistido a un baile de despropósitos. 
Hemos oído afirmaciones de responsables de la armada británica diciendo que la avería no tenía importancia, y otras que decían todo lo contrario, que era de envergadura y que precisaba de reparaciones largas y difíciles. 
Hemos oído afirmaciones por parte del Gobierno español de que no había que preocuparse, y otras, recientes afortunadamente, del Ministro Sr. Piqué, urgiendo a que el submarino sea llevado cuanto antes- es verdad que han puesto un plazo de tres meses- para que sea reparado en el Reino Unido. 
También hemos oído, después de visitas de técnicos de seguridad nuclear españoles al submarino, que no había ningún peligro, hasta otras declaraciones posteriores, señalando que no se les permitió ver, observar e inspeccionar concretamente el sitio de la avería. 
Por todo ello, yo creo que la Comisión debe ser consciente de la situación tan anómala que estamos viviendo y que, primero, debe exigir el cese inmediato de cualquier reparación en Gibraltar. 
En segundo lugar, debe exigir que se dé toda la información necesaria a la población, tal como indica el Tratado Euratom. 
En tercer lugar, yo creo que habría que reprender al Gobierno británico por la irresponsabilidad y ligereza con la que ha hecho esta recalificación, para que el puerto de Gibraltar vuelva a su catalogación originaria. 
También creo que sería conveniente que se lleve el submarino Tireless a Gran Bretaña para su reparación, cuanto antes, en cuanto se den las condiciones climatológicas adecuadas. 
Desde luego, creo que puede sacarse la conclusión de que hay una alerta general sobre este tipo de submarinos atómicos por parte de todos los países de la Unión Europea y de todo el mundo y, por ello, creo que habría que recomendar que desaparezcan del mapa, de los océanos, este tipo de submarinos nucleares. 
También me permito señalar, dada la poca eficacia que ha tenido la Comisión, que se envíe una delegación de técnicos sobre el terreno, puesto que, hasta ahora, no nos podemos fiar de lo que ha hecho el Gobierno. 
Y, por último, creo que sería conveniente que el Gobierno británico compensase económicamente a la zona, puesto que ha habido pérdidas en el turismo y en la actividad pesquera, de las que es responsable el Gobierno británico. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría sumarme totalmente y sumar a la Comisión a las palabras conmovedoras de su señoría el Sr. Galeote Quecedo al inicio de esta sesión. 
Me gustaría, así mismo, rendir homenaje al valor de todos aquellos en España como Basta Ya y a todos aquéllos que participan en el proceso democrático y que se oponen al terrorismo en todas sus formas cobardes y sanguinarias. 
Estuve ayer aquí en la entrega del Premio Sajarov para escuchar a Basta Ya. 
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo ayer y también me gustaría dar el pésame a la familia y amigos del cargo público democráticamente elegido que ha sido asesinado. 
Tengo alguna experiencia frente al terrorismo en otro contexto y apoyo con mucha firmeza a aquellos que se oponen al terrorismo. 
Agradezco a sus señorías sus preguntas a las que voy a responder en nombre de mi colega, la Sra. Comisaria Wallström. 
Ella lamenta no poder estar aquí hoy para responder a las preguntas en persona al tener que acudir en Bruselas a las reuniones preparativas de la importante reunión ministerial de la próxima semana sobre el cambio climático. 
Sé que la Cámara entiende que ella hubiera estado aquí de haber sido posible, correspondiéndome a mí responder en su lugar. 
Sólo quiero decirle una cosa al señor diputado que ha intervenido hace un momento. 
Cuando me nombraron Comisario juré ser completamente independiente en el desempeño de mis funciones en interés general de las Comunidades y no pedir ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni de ningún otro órgano en el desempeño de mis funciones. 
Yo no me tomaría un juramento a la ligera. 
Sus señorías han planteado una serie de preguntas relativas a la presencia en Gibraltar del submarino nuclear británico HMS Tireless para la reparación de su reactor nuclear. 
Me consta que la Comisión sabe la preocupación que existe acerca de este asunto y espero que este debate se escuche y se lea en otros lugares. 
Sus señorías han preguntado si la Comisión considera que la Directiva 89/618/Euratom, sobre información a la población en caso de emergencia radiológica, y la Directiva 96/29/Euratom, sobre normas de seguridad básicas, son de aplicación al submarino y qué medidas se han adoptado en consecuencia. 
Sus señorías han planteado también una pregunta relativa al Artículo 37 del Tratado Euratom en relación con la presencia del submarino en Gibraltar y, por supuesto, he leído detenidamente los términos de la propuesta conjunta de resolución. 
Quisiera hacer ahora algunos comentarios y, dado que es un debate de gran importancia y que van a plantearse cuestiones importantes, espero poder intervenir de nuevo brevemente al final de debate para tratar cualquier punto que no haya quedado resuelto. 
Puedo confirmar que la cuestión a la que se refieren sus señorías ha sido, de hecho, objeto de quejas ante la Comisión y volveré a hablar de estas quejas al final de mi intervención. 
Permítanme que describa la situación con arreglo al Tratado Euratom. 
El Capítulo III del Tratado Euratom que lleva por título "Salud y Seguridad" constituye la base legal de las tres directivas potencialmente aplicables, la Directiva 89/618/Euratom, sobre información a la población en caso de emergencia radiológica, la Directiva 96/29/Euratom, sobre normas de seguridad básicas y la Directiva 92/3/Euratom sobre la supervisión y control del transporte de residuos radiactivos. El Artículo 37 del Capítulo III se refiere a los planes para la eliminación de los residuos radiactivos. 
El procedimiento previsto en el Artículo 37 del Tratado Euratom se refiere a la presentación de los planes para eliminación de los residuos radiactivos de tal forma que la Comisión pueda determinar si la aplicación de tales planes pudiera dar lugar a la contaminación radiactiva del agua, el suelo o la atmósfera de otro Estado miembro. 
La Comisión ha adoptado las siguientes medidas atendiendo a sus competencias legales. 
La Comisión envió una carta a las autoridades británicas el 10 de octubre de 2000. 
Solicitaba información sobre: en primer lugar, la existencia de un plan de intervención para la zona de Gibraltar y para el Puerto de Gibraltar con arreglo al Artículo 50 de la Directiva 96/29/Euratom; en segundo lugar, las medidas adoptadas para informar a la población en el supuesto de emergencia radiológica relacionada con la reparación que se llevara a cabo del submarino en el Puerto de Gibraltar; en tercer lugar, si estas medidas tienen en cuenta las posibles repercusiones sobre el territorio español; en cuarto lugar, si existe algún plan para el transporte de los residuos radiactivos procedentes de la reparación del submarino desde Gibraltar al Reino Unido. 
El Reino Unido respondió por carta el 14 de noviembre y el 1 de diciembre. 
Estas respuestas están siendo objeto ahora de evaluación técnica y jurídica por parte de los expertos de la Comisión, pero en este momento la Comisión ya puede facilitar la siguiente información. 
En respuesta a si existe un plan de intervención para la zona de Gibraltar y para el puerto de Gibraltar, las autoridades británicas han puesto en conocimiento de la Comisión la existencia del plan de seguridad pública de Gibraltar, conocido como "Gibpubsafe", que constituye el plan de intervención para Gibraltar. 
La Comisión está analizando este plan. 
Las autoridades británicas declaran que Gibpubsafe facilita información del contexto y orientaciones sobre las medidas que deben adoptarse en el supuesto de un accidente nuclear en Gibraltar. 
El plan de intervención está "elaborado por las partes interesadas, que comprenden al ministerio de defensa británico, al gobierno de Gibraltar y a los servicios de emergencia y ha sido emitido por el Oficial Jefe de la Brigada de Incendios de la Ciudad de Gibraltar y el Comandante de las Fuerzas Británicas, en nombre del Comité de Enlace Local de Gibraltar". 
Gibpubsafe es, al parecer, un documento público al que puede accederse libremente en la Biblioteca Pública de Gibraltar; pero volveré a este asunto dentro de un momento. 
Las autoridades británicas declaran que no habrá transporte alguno de residuos radiactivos en tránsito por otro Estado miembro; también declaran que están en contacto periódico con las autoridades españolas. 
Sus señorías han preguntado también si el puerto de Gibraltar reúne las condiciones técnicas necesarias para la reparación de submarinos nucleares. 
El Tratado Euratom no permite a la Comisión emitir ningún juicio sobre la decisión del Reino Unido a tal respecto. 
Es una cuestión que compete a las autoridades del R.U. 
(Protestas de la Sra. Izquierdo Rojo) Digo lo que la ley establece. 
En relación con el Artículo 37, su señoría puede trabajar para cambiar la ley y cambiar el Tratado. 
Yo le estoy diciendo lo que, según el asesoramiento jurídico que hemos recibido tanto yo como mi colega la Sra. Wallström, establecen las directivas y Tratados. 
Si ella es mejor abogada que ellos, quedo a la espera de lo que tenga que decir. 
En relación con el Artículo 37, por tanto, debido al hecho de que es la primera vez que afecta a un submarino, los servicios de la Comisión están evaluando la aplicabilidad general del Artículo 37 a tales casos. 
Es evidente, no obstante, que el Artículo 37 se refiere a la eliminación de residuos radiactivos en general. 
La competencia de la Comunidad no exige que se presenten datos generales de las operaciones de reparación específicas que se llevan a cabo. 
Vuelvo a subrayar que todo lo que le estoy diciendo a la Cámara es lo que me dicen nuestros asesores jurídicos. 
He dejado absolutamente claro que tenemos que basar nuestra respuesta a las legítimas preocupaciones que se nos han planteado en la competencia comunitaria. 
En cumplimiento de esta competencia de la Comunidad, hemos recibido una carta de las autoridades del R.U. en respuesta a una carta nuestra a la que me he referido anteriormente. 
De acuerdo con el procedimiento habitual para las quejas, no podemos hacer pública esta respuesta, aunque podemos decir a grandes rasgos lo que dice. 
Lo que estoy haciendo y diciendo sobre el acceso público a los documentos, como sabrá la Cámara, se ajusta plenamente a las normas sobre acceso público, cuando se produce una queja y se inician, de resultas de esa queja, procedimientos de infracción. 
De acuerdo con el procedimiento habitual para quejas, como he dicho, no podemos hacer pública la respuesta; aunque podemos, como yo he hecho, contar en líneas generales lo que se dice en la respuesta. 
Ahora quisiera ir más allá de lo jurídico. 
Hablando personalmente, yo animaría al gobierno británico a hacer pública la respuesta. 
Como he mencionado, la respuesta hace referencia al plan de intervención nuclear para Gibraltar. 
Éste es un documento público disponible en la Biblioteca Pública de Gibraltar. 
Por ello, anoche pedí en mi despacho que se pusieran en contacto con el despacho del Secretario Principal de Gibraltar para solicitar un ejemplar. 
Tengo aquí una copia y la pongo gustosamente a disposición de la Cámara. 
Siento haber empleado un tiempo bastante mayor del que tenía asignado, pero se trata de un asunto importante. 
Quisiera solamente decir unas últimas palabras sobre las quejas para que el Parlamento sepa exactamente cuál es la situación. 
Las dos últimas quejas acaban de recibirse en los últimos días y se han enviado al Secretario-General para su registro. 
Cuando el contenido de esas quejas haya sido evaluado por los funcionarios de la Comisión y cuando se hayan solicitado y recabado más datos del Reino Unido, responderemos adecuadamente a esas quejas. 
Repito que la información que podemos facilitar sobre ese proceso se ajustará a lo dispuesto en las normas vigentes sobre acceso público a los documentos. 
Quisiera repetir de nuevo que cuanta más información facilite el gobierno británico sobre este asunto, mejor. 
Gracias, señor Comisario, en particular por sus palabras iniciales y por la claridad de su respuesta. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quisiera también sumarme firmemente a las palabras de mi colega el Sr. Galeote sobre el terrorismo. 
Yo también he tenido experiencia en esto en otro lugar. 
Lo primero que me gustaría decir es que la reparación del sistema de refrigeración de este submarino ya está en marcha. 
Ya está teniendo lugar; por tanto, seamos realistas sobre las opciones de que disponen las autoridades del R.U. y de Gibraltar que tratan el asunto. 
Seamos, por favor, realistas sobre la idea de retirar este submarino, esperar a que las condiciones meteorológicas sean favorables y transportarlo de algún modo de vuelta al R.U. Tiene que ser reparado in situ. 
Acaban ustedes de oír al Sr. Comisario decir que las cuestiones de defensa en general y las de defensa nuclear en particular corresponden a la soberanía nacional y no a este Parlamento, pero que las preocupaciones de la población de Gibraltar y de las zonas circundantes son una causa natural y legítima de debate en este Parlamento. 
Uno pudiera preguntarse si el gobierno del Reino Unido ha ejercido su responsabilidad de mantener sus equipos de defensa en un estado adecuado, y si la población del R.U. es consciente de que, debido a este incidente, y a la retirada de otros submarinos nucleares, nuestras costas están siendo defendidas en la actualidad- se rumorea- por un submarino alemán. 
Creo que es muy importante que tratemos este asunto en su justa medida y que evitemos gritar que viene el lobo con declaraciones alarmistas que no se basan en los hechos. 
Éste es un problema técnico con una solución técnica y cuanto antes se lleve a cabo la reparación, mejor para todos. 
Señor Presidente, quisiera sumarme al pésame que ya se ha expresado esta tarde. 
Hay unas palabras españolas muy bien conocidas en mi país que son las palabras "¡ No pasarán !". 
Y el mensaje que debemos mandar de esta Cámara es simplemente a los terroristas que no pasarán nunca jamás. 
Si me permiten pasar a este asunto, que es también muy delicado, tenía interés en la respuesta del Sr. Patten porque, según veo, el Tratado Euratom se refiere a cuestiones puramente civiles, no a asuntos militares, y éste es un asunto militar. 
Un aspecto del Tratado Euratom es el transporte de residuos contaminados entre Estados miembros; pero, por supuesto, Gibraltar es parte del Reino Unido y todo residuo contaminado irá de una parte del Reino Unido a otra parte del Reino Unido, sin pasar por ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Por tanto, el Tratado Euratom no es de aplicación. 
Tenemos ante nosotros una resolución verde, sensiblera, de compromiso y pocas veces en mis años en el Parlamento Europeo he visto una resolución más equivocada, más deliberadamente inexacta y más alarmista que esta resolución que tenemos ante nosotros. 
Vayamos a los detalles. 
El reactor está apagado. 
El submarino es totalmente seguro. 
Se trata de un fallo en el circuito de refrigeración solamente. 
No ha habido sobrecalentamiento. 
No ha habido peligro y no ha habido contaminación; y no, no se denegó al submarino permiso para entrar en Nápoles porque nunca pidió permiso para entrar en Nápoles. 
¿Cuál es la alternativa? 
¿Vamos a ver a un submarino nuclear remolcado a través del Atlántico en medio del invierno para que vuelva al Reino Unido? 
No puedo pensar en una hipótesis más peligrosa, como hemos visto con los submarinos de la antigua Unión Soviética. 
Esto se puede hacer únicamente en junio o julio, pero el gobierno británico ha dicho claramente que este submarino estará reparado a finales de marzo. 
Así que sería mejor repararlo que intentar remolcarlo por el Atlántico. 
Y no, la clasificación del puerto no se ha cambiado por arte de magia. 
Se trata de un amarradero de categoría Z, un amarradero para submarinos nucleares en el que los submarinos nucleares pueden ser reparados, siempre que las autoridades nucleares den permiso para ello. 
Y las autoridades nucleares independientes han dado permiso. 
No hay cambio permanente en este amarradero. Se trata de una medida temporal para reparar este submarino nuclear, y recordaré que existen tres amarraderos de categoría Z en España destinados al amarre, y presumiblemente a la reparación, de submarinos americanos. 
Y, por supuesto, toda reparación se efectuará con las mismas exigencias que en el Reino Unido y nunca en los 40 años desde que la Marina del Reino Unido dispone de submarinos nucleares ha tenido un solo incidente. 
Existe un plan de seguridad pública, al que se ha referido la Comisión. 
Los expertos dicen que necesitamos un plan de seguridad pública para un radio de dos millas, que no alcanza, pues, el territorio español; y sí, la población ha sido informada. 
Ha habido reuniones de sindicalistas, ha habido reuniones de la población, ha habido declaraciones públicas, ha habido reuniones con ministros del gobierno de España y del gobierno de Gibraltar y han entrado en el submarino; y nuestros expertos se han trasladado a Madrid para dar información. 
Nunca en la historia del Ministerio de Defensa ha habido tanta transparencia en el Reino Unido. 
Y en ello descansa mi argumento, señor Presidente. 
Señor Presidente, mi Grupo desea sumarse al resto de expresiones de apoyo tras el espantoso anuncio por parte del Sr. Galeote Quecedo del último asesinato. 
Manifestamos nuestra total solidaridad con el pueblo español y sentimos mucho la noticia. 
Este problema del submarino tiene que resolverse con calma y con plena cooperación entre todas las autoridades interesadas. 
La cooperación calmada es el método que emplea nuestra Unión. 
Por tanto, me complace apoyar el llamamiento del Sr. Comisario en favor de la mayor transparencia posible y de la publicación de la carta del gobierno británico. 
He sentido, escuchando el excelente informe del Sr. Comisario, una creciente confianza en que el asunto se está tratando de la manera adecuada. 
Los dos principales elementos que tenemos que analizar son la cuestión de la seguridad técnica- varios diputados ya han hablado de ella- y conseguir la plena confianza de la población en que todo se está haciendo del modo debido. 
Soy un diputado que solía representar a Gibraltar a la vez que a la circunscripción en la que me eligieron. 
Por ello, me gustaría decir algo sobre el problema de fondo. 
Todos aquí somos demócratas por definición. 
En la Unión todos intentamos mirar hacia delante y no hacia atrás a los desacuerdos del pasado. 
Todos apoyamos el derecho de autodeterminación. 
Tengo a mis muy apreciados colegas españoles entre mis mejores amigos en el Parlamento. 
El Sr. Galeote Quecedo y yo hemos estado juntos en una delegación este año y nos llevamos muy bien. 
Por tanto, me gustaría decirles que el camino está abierto, en mi opinión, para que España recupere la soberanía de Gibraltar si realmente lo desea. 
Todo lo que tienen que hacer es ganarse la confianza de la gente que vive en la Roca. 
En algún momento puede haber otro referéndum entre la población de la Roca en el que se pregunte: "¿ Bajo qué soberanía quiere vivir ?". 
La clave está en ganar sus votos. 
La manera de hacerlo es hacer que el pueblo gibraltareño se sienta totalmente cómodo con la idea de formar parte de España. 
Así que no creen dificultades en las fronteras y entorpezcan las cosas; no creen dificultades con el transporte aéreo; permitan el libre movimiento por tierra, mar y aire y resolvamos el problema de un modo calmado y cooperativo y no- como se ha podido ver en algunas de las resoluciones presentadas por los Grupos pequeños- de un modo emotivo. 
Tengo plena confianza en lo que el Sr. Comisario ha dicho hasta ahora y quedo a la espera de sus comentarios finales. 
Señor Presidente, evidentemente la mejor manera de evitar la amenaza de contaminación radiactiva es prescindir de las instalaciones nucleares. 
Sin embargo, puesto que el submarino ya existe y precisa reparaciones después de haber sido sometido a un reacondicionamiento a fondo hace apenas un año, está claro que a la Unión se le han planteado una serie de cuestiones importantes, y las menos importantes no son las relacionadas con el desarrollo de una política exterior y de seguridad común. 
Dejando a un lado la finalidad operativa de la presencia en el Mediterráneo del Tireless cuando se descubrió la fuga en las tuberías del sistema de refrigeración del reactor, fijémonos en algunas de las cuestiones. 
¿Qué deber de cuidado y de información se tiene ante un Estado miembro vecino cuando ocurre un incidente de este tipo? 
¿Contamos con protocolos eficaces? 
¿No debería existir un principio de acceso a la información y de suministro de información a las poblaciones potencialmente en riesgo, tanto dentro de un Estado miembro como al otro lado de las fronteras? 
Ya no es suficiente para una público educado que se le garantice simplemente que todo está bien. 
Quiere saber en qué se basa la información y, como las industrias nucleares y militares ya tienen antecedentes de ofrecer garantías paternalistas, no es sorprendente que no se les crea. 
Finalmente se ha dado información acerca de este asunto y se ha permitido una evaluación independiente, pero a ello han forzado la intervención del público y las acciones del Gobernador de Gibraltar y no un sentimiento de responsabilidad debida. 
¿Cómo van nuestros gobiernos a hacer frente a las mayores responsabilidades que les corresponden en esta nueva arquitectura europea y en el desarrollo de una política exterior y de seguridad común? 
¿Disponemos realmente de los instrumentos necesarios cuando se nos dice que Euratom no es suficiente? 
¿Van a tener los asuntos militares precedencia sobre la responsabilidad que tenemos con nuestro medioambiente común y sobre las amenazas para la salud de nuestros ciudadanos? 
Tengo mucho interés en conocer la perspectiva de la Comisión sobre este particular. 
Señor Presidente, Señorías, no tengo una gran competencia, ni por lo demás ninguno de entre nosotros, para tratar esta cuestión que es, efectivamente, como lo dijo nuestro Comisario, bastante técnica. 
Después de todo, carecemos de información debido a que el Gobierno británico parece ocultar lo esencial del asunto. 
El acontecimiento quizás sea grave, quizás no lo sea. 
El Gobierno británico actúa como lo hizo recientemente el Gobierno ruso durante una avería ocurrida en uno de sus submarinos. 
Quizás, por otra parte, uno y otro gobierno tengan razón. 
Sin embargo, no quiero dejar de poner de relieve este asunto que resulta tan inquietante, curioso también desde cierto punto de vista y, en todo caso, significativo del estado actual de Europa, a la hora de Niza. 
Inquietante, lo es con toda evidencia para los vecinos españoles, marroquíes y también para la población de Gibraltar que tiene razón en inquietarse de las consecuencias de este asunto, con mayor razón cuanto que la información parece filtrar menos rápido que el agua de algunos circuitos de enfriamiento. 
Es sobre todo significativo, y este es el punto sobre el que quisiera insistir, porque muestra en qué estado se encuentra la Europa que se dice unida y a este respecto, incluso resulta casi divertido para los soberanistas. 
Ahora bien, nosotros vemos aquí un Estado miembro que trata a la opinión pública de otro Estado miembro como lo haría con cualquier otro Estado en el mundo, como si, en el fondo, no hubiera ningún affectio societatis cincuenta años después del inicio de la empresa europea, como si la solidaridad europea no hubiera progresado en lo más mínimo. 
Y también se escuchan voces que se elevan, todas muy autorizadas y en todo caso muy eurófilas, que aprovechan para pedir nada menos que un desarme de los submarinos nucleares, como si Europa debiera dejar a las demás potencias el monopolio nuclear. 
Todo ello teniendo además como tela de fondo un contencioso territorial bastante medieval entre dos Estados miembros, contencioso que está lejos de resolverse. 
En realidad, aquí se ve, en los pequeños asuntos como en los grandes, hasta qué punto la Europa de Niza, concebida como si debiera ser una dinámica, está averiada, averiada por un buen tiempo, por las razones que el Sr. Bourlanges describió muy bien al día siguiente de la Cumbre de Niza. 
Estas razones se deben sencillamente al hecho de que carece de aliento, carece de grandes hombres capaces de ver el mundo y la historia con una misma visión. 
En realidad, en este gran período de retroceso, o de avería, en el que se encuentra Europa, es inevitable que surjan peñones como el de Gibraltar y todo tipo de inquietudes tales como, por otra parte, el terrorismo. 
Puesto que hemos destruido las adhesiones sólidas, es decir, las adhesiones nacionales, y que no hemos podido sustituirlas con la adhesión sólida que podía haber sido la ciudadanía europea, evidentemente se desencadenan los particularismos. 
La observación del Sr. Bourlanges es exacta. 
Nosotros nos felicitamos: es nuestra única diferencia. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría expresar mi más sentido pésame a nuestros colegas españoles ante el último asesinato terrorista de ETA. 
Estoy de acuerdo en que es necesaria una acción más decidida en contra del terrorismo. 
Cabe recordar que los responsables de 28 asesinatos en Omagh todavía no han sido llevados ante la justicia. 
Volviendo al problema del HMS Tireless, me parece que es indicativo de un problema más general en el equipamiento de las fuerzas armadas británicas como consecuencia directa de las políticas llevadas a cabo por el gobierno laborista. 
Por un lado tenemos un gobierno sin conexiones con las fuerzas armadas y con un miembro activo de la Campaña a favor del Desarme Nuclear como ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth, que utiliza las fuerzas armadas como herramienta política para promover sus ambiciones en Europa y que, al parecer, se da cuenta demasiado tarde de que el plan de defensa de la Unión Europea perjudicaría, de hecho, a la alianza de la OTAN y a las relaciones transatlánticas. 
Por otro lado, el gobierno laborista no está preparado para proporcionar a las fuerzas armadas los recursos necesarios frente a la creciente carga de compromisos que recaen sobre ellas. 
Es escandaloso que en este momento 11 de los 12 submarinos matador en servicio en la Royal Navy no estén operativos, cuatro de ellos en reparación y 7 dando muestras del defecto que presentan el HMS Tireless. 
La retirada de la flota submarina ha privado a la Royal Navy de un cuarto de sus buques de combate y ha dejado a las fuerzas de transporte y Trident con una protección muy reducida. 
Es un hecho que en un momento dado el que el único submarino que operaba en aguas británicas era un submarino alemán. 
El año pasado, gran parte de la Royal Navy se vio obligada a quedarse en puerto porque había gastado su claramente inadecuado presupuesto para combustible. 
Mientras tanto, en una época en la que la flexibilidad y la respuesta rápida son consigna militar, el poder de primera línea de la Marina está siendo reducido radicalmente. 
La flota de submarinos está siendo recortada en casi un 20%, la flota de fragatas y destructores, ya demasiado pequeña, se está recortando del 35 al 32%. 
Señalo todo esto porque el problema de mantenimiento y reparación del Tireless es un reflejo de un mal de mayor calado que afecta a la Royal Navy debido a recortes que han ido demasiado lejos. 
Y, como ya se ha dicho, ha dado a aquéllos que realmente no tienen el amplio y democráticamente expresado interés del pueblo de Gibraltar en el corazón una oportunidad de hacer daño. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta que contiene informaciones muy importantes y novedosas para nosotros. 
La situación de la que estamos hablando es de extraordinaria gravedad. 
Una nave de propulsión nuclear, con una avería calificada de importante, va a ser reparada en un pequeño puerto no preparado para ello, en las inmediaciones del cual residen más de 300 mil habitantes. 
Y las decisiones sobre la reparación y sobre la seguridad las ha de tomar un gobierno ajeno a esos habitantes. 
Esta situación no puede ser de ninguna manera un asunto bilateral entre dos Estados que pertenecen a una unión política. 
La Comisión, en su clara respuesta de hace dos meses y en su respuesta de hoy, ha tenido la responsabilidad de reconocerlo así, aunque no lo haya reconocido la propuesta de resolución del Grupo popular que, junto con otras trivializaciones del asunto, nos ha impedido compartirla. 
Con esa misma responsabilidad, señor Comisario, la Comisión debe ejercer sus competencias, sin ocultarlas tras un enfoque de prudencia diplomática y de sumisión al Consejo. 
No soy alarmista, no estoy en contra de la energía nuclear, no defendería nunca, como creo que nadie en España, que se trasladara a toda costa el submarino si ello supusiera un aumento objetivo del riesgo, pero no está en el espíritu de las democracias europeas, ni en el Tratado de la Unión Europea, la toma de decisiones ajena a la seguridad humana y, en definitiva, la asunción de riesgos por la población a cambio de una mayor comodidad técnica, presupuestaria o diplomática. 
Hasta ahora, los ciudadanos ignoran, a pesar de los datos que nos ha dado el Sr. Patten, los riesgos en términos científicos, ignoran la fecha de reparación, ignoran en qué va a consistir la reparación, ignoran los planes que han de tener lugar en caso de emergencia radiológica, ignoran si tiene más riesgo el traslado del submarino que la reparación allí. 
¿Puede consentir esta situación la Comisión? 
No hago de esto un caso de dignidad nacional ni es este el momento de denunciar el anacronismo territorial que supone Gibraltar. 
El asunto concreto es más grave que todo eso, puesto que afecta en territorio comunitario a centenares de miles de seres humanos, no sólo españoles, por cierto, sino también de todas las nacionalidades y especialmente británicos. 
Creemos que estos ciudadanos han encontrado el amparo al que tienen derecho en su más modesta representación territorial, que son sus ayuntamientos. 
Hoy nos acompañan, por cierto, representantes municipales y sociales de aquellos ciudadanos. 
El que lo hayan encontrado o no en el gobierno de su nación, es asunto que compete al Parlamento español. 
Allí se está debatiendo pero los ciudadanos, basados en su conocimiento o en su intuición, dirigen su atención a las instituciones europeas. 
Es responsabilidad de éstas que los ciudadanos, en relación con la Unión Europea, dejen de pensar sólo en términos de cuándo llegará mi subvención agrícola o cuándo llegarán mis fondos comunitarios para pasar a pensar qué grado de seguridad me ofrecen mis instituciones comunitarias. 
Por eso les pido, Señorías, que adoptemos las propuestas contenidas en la resolución común que se votará en primer lugar, o al menos las que propone el Grupo socialista. 
Y, en cualquier caso, confío en que la Comisión no solamente cumpla con sus obligaciones, sino que haga cumplir con las suyas a los dos Estados afectados. 
Señor Presidente, mis colegas y yo expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima del terrorismo sin sentido de ETA en España. 
Como uno de los seis diputados nombrados para representar a Gibraltar hasta que se celebren elecciones directas dentro de cuatro años, me ha correspondido en parte la responsabilidad de hacer de enlace entre las autoridades de Gibraltar y el Ministerio de Defensa de Londres para establecer la verdad de la situación relativa a la reparación del submarino nuclear HMS Tireless. 
El hecho es que fue descubierta una única rotura en el sistema de refrigeración con una fuga de agua, descrita en la prensa española de modo bastante inapropiado como radiactiva. 
Aunque esto sea técnicamente correcto, el nivel de radiación es tan bajo que de hecho es apta para beber. 
El reactor se ha apagado por completo mientras se realizan preparativos para cortar una sección circular en la tubería principal y enviarla al R.U. para un examen detenido antes de adoptar la decisión definitiva sobre cómo soldarla mejor o retirarla en la zona de pivote defectuosa de la nave. 
No hay absolutamente ningún peligro inmediato ni emergencia de ningún tipo, ni existe una amenaza para la población circundante de España. 
Los intereses del pueblo de Gibraltar y del sur de España son idénticos a tal respecto. 
El Ministro Principal Peter Caruana ha pedido sabiamente a un grupo de expertos que le informen directamente. 
El grupo ha recomendado que se permita seguir adelante con el siguiente paso, a la vez que manifestaba que el Ministerio de Defensa debe conocer totalmente la causa del defecto antes de comenzar las reparaciones esenciales. 
Reparar el submarino in situ sigue siendo con mucho la opción más segura posible: remolcarlo no sólo sería peligroso sino que requeriría, en cualquier caso, que se efectuaran previamente considerables reparaciones. 
El gobierno español ha demostrado hasta ahora una considerable madurez en su respuesta a esta situación. 
Yo señalaría, en relación con las referencias hechas en las propuestas de resolución al papel de la Comisión, que el gobierno del R.U. no cree que los Tratados Euratom sean aplicables a situaciones militares de este tipo. 
No obstante, las autoridades británicas se han esforzado por ser lo más transparentes posibles con sus homólogos españoles. 
La falta de gasto en nuevos equipos militares debida a los recortes en el área de defensa del gobierno laborista británico dará lugar en el futuro, sin duda, a episodios más frecuentes de equipos militares defectuosos que se retiran para efectuar reparaciones esenciales. 
Dicho esto, espero que este debate no degenere en un intento de atacar ni al Sr. Aznar ni a la Royal Navy, cuya determinación durante este siglo contra las amenazas de tiranía desde la derecha y desde la izquierda es una de las importantes razones por la que todos nosotros en esta Cámara podemos disfrutar de las libertades que compartimos. 
Señor Presidente, señor Comisario, los andaluces, que están percibiendo la debilidad que está demostrando Aznar para resolver este problema, confían, y quieren confiar en la Unión Europea para que se les garantice su seguridad. 
Señor Comisario, por favor, concrete sus respuestas y garantice la seguridad ante el peligro a los andaluces y a toda la población, tanto la de los colonos, como la de los ciudadanos españoles. 
En Andalucía se piensa que ha sido un gravísimo error haber llevado allí este submarino nuclear. 
Se considera aún más grave el error de mantenerlo. 
Y, a través de mí, la gente le dice que se lo lleven, por favor. 
Que se lo lleven al infierno. 
Señor Presidente, empiezo diciendo que soy andaluz y que vivo en Andalucía, aunque yo no me arrogo la representación de todo el pueblo andaluz, como ha hecho aquí nuestro colega, el Sr. Bautista- aunque esa arrogancia se base en muy pocos votos-. 
La verdad es que a mí me gustaría que se hubiese sentido tan vehementemente andaluz a la hora de firmar la condena de esta Asamblea contra el terrorismo- precisamente en esta tarde hay que decirlo, sin tantas dudas y sin tanta reticencia -, sobre todo teniendo en cuenta que más del 70% de los miembros de los cuerpos de seguridad asesinados por ETA eran andaluces. 
Dicho esto, hay que recordar que ha habido muchas y contradictorias informaciones desde que, en el mes de mayo, el submarino nuclear Tireless, perteneciente a la armada británica, elegía el puerto de Gibraltar- donde ondea la bandera británica- para ser sometido a una reparación en el sistema de refrigeración de su reactor nuclear, lo que, según informaron en principio las autoridades británicas, no revestía ninguna especial dificultad, ni entrañaba peligro alguno para los habitantes de la zona. 
Posteriormente se han sucedido las explicaciones y ha ido creciendo la preocupación por lo que ocurría con el Tireless. 
El Gobierno español, desde el principio, ha mantenido una postura basada en dos puntos: la necesidad de una información transparente, fundada en criterios técnicos y científicos, para evaluar el alcance de la reparación y su potencial de riesgo; y, también, el que cualquier tipo de decisión, bien sobre su reparación en Gibraltar, bien sobre su traslado a una base naval de las Islas Británicas, se tomase con arreglo a rigurosos criterios técnicos. 
Ésta es, y sigue siendo a nuestro juicio, la postura más coherente y la que mejor garantiza los intereses y la seguridad de todas las partes implicadas. 
Lo que, desde luego, no ha sido ni acertado ni coherente ha sido la creación intencionada de un clima de alarma social en la zona, con un evidente propósito de convertir este problema en una operación de desgaste del Gobierno español. 
Y, en este caso, hay que decirles a nuestros colegas socialistas españoles- con el máximo respeto- que han permitido que los intereses de partido se superpongan a los intereses de Estado. Eso se manifiesta en el curioso acuerdo al que llegaron con sus compañeros laboristas británicos para descargar de responsabilidad a quien es el propietario del submarino, a quien es el responsable de su atraque y estancia en Gibraltar y a quien es el encargado de su reparación, y además es el titular del puerto en que se encuentra fondeado. 
Lo importante, en estos momentos, es que se consiga disponer de una información buena, transparente y con suficiente fundamento científico sobre el alcance y las consecuencias de la reparación, y que se estudien seriamente las posibilidades y riesgos que supondría un eventual traslado del submarino, si resultase necesario. 
Lo que sobran son las posturas demagógicas, que se justifican sólo en el más puro oportunismo partidista y que producen, entre otras consecuencias, la alarma e inquietud de una población que tiene todo el derecho a estar segura, a estar informada, pero que no tiene por qué soportar, además de todo esto, el ser manipulada. 
. (EN) Seré breve, pero me gustaría clarificar una vez más algunos de los puntos tremendamente importantes que se han planteado en el debate. 
Yo era muy consciente, leyendo los periódicos y escuchando la radio y la televisión, de las pasiones que generaba este importante asunto. 
Es comprensible que esos sentimientos se reflejaran durante este debate, pero sus señorías saben que al responder en nombre de mi colega, la Sra. Wallström, tengo que limitarme a establecer claramente lo que compete y lo que no compete a la Comunidad: lo que podemos y lo que no podemos hacer. 
Quisiera repetir los argumentos para que todos los tengamos absolutamente claros. 
La competencia de la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III, Salud y Seguridad, del Tratado Euratom abarca las siguientes cuestiones que son relevantes a este caso. 
Primero, informar al público general sobre las medidas de protección de la salud que han de aplicarse y los pasos que han de seguirse en caso de una emergencia radiológica. 
Segundo, la existencia de un plan de intervención para hacer frente a diversos tipos de emergencias radiológicas. 
Tercero, la supervisión y el control del transporte de residuos radiactivos. 
Todas estas cuestiones están siendo valoradas con mayor detalle por funcionarios de la Comisión. 
Esta competencia permite a la Comisión asegurarse de que los Estados miembros primero informan al público de los riesgos potenciales y de las medidas que deberían adoptarse de producirse una emergencia radiológica; y segundo, controlar y supervisar adecuadamente el transporte de residuos radiactivos. 
La competencia de la Comunidad, por mucho que algunas personas deseen otra cosa, no abarca la clasificación de los puertos para efectuar trabajos de reparación en submarinos, ni cuestiones de seguridad técnica de reactores nucleares ni los requisitos para que un submarino sea retirado para su reparación en otro lugar. 
Su señoría la Sra. Lambert ha planteado la cuestión de la cooperación entre los Estados miembros que es una cuestión importante. 
Quiero dejar claro que conforme al subapartado 5 del Artículo 51de las Normas Básicas de Euratom 96/29, la cooperación es obligatoria, y cito literalmente: "En el caso de una emergencia radiológica en una instalación situada en su territorio o que pueda tener consecuencias radiológicas sobre el mismo, cada Estado miembro establecerá relaciones con el fin de cooperar con cualquier otro Estado miembro o tercer Estado que pueda verse afectado." 
Otro tema, que se ha planteado tanto antes de mi anterior intervención como después de ésta, otro tema, en este contexto, es la aplicabilidad del Artículo 37 del Tratado Euratom relativo a la presentación de datos generales relativos a planes para la eliminación de los residuos radiactivos. 
El alcance de la competencia comunitaria en este caso francamente no está claro. 
La cuestión general acerca de la presentación de planes para los submarinos nucleares está siendo estudiada por los funcionarios de la Comisión. 
La competencia comunitaria no exige que se presenten datos generales para la operación de reparación específica que se está llevando a cabo. 
Permítanme decir una cosa más. 
Yo supongo que si algún Estado miembro tuviera alguna duda sobre el modo en que la Comisión ha ejercido sus competencias en este asunto, nos lo habría hecho saber. 
Hablando, por último, no en calidad de Comisario sino como político que fue una vez ministro de medioambiente, me parece que lo importante en casos como éste es hacer pública toda la información posible. 
Instaría a las autoridades británicas a hacer exactamente eso. 
Por su parte, la Comisión se compromete a mantener a los señores diputados, que nos han planteado importantes preguntas, plenamente informados de lo que ocurra en las próximas semanas. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
50º aniversario del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0901/2000 del Sr. Sylla y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0908/2000 de la Sra. Maij-Weggen y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0913/2000 del Sr. Mendiluce Pereiro y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0921/2000 de la Sra. Muscardini y el Sr. Collins en nombre del Grupo UEN; 
B5-0922/2000 del Sr. Wuori y la Sra. Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0928/2000 del Sr. Watson, en nombre del Grupo ELDR, 
acerca del 50º aniversario del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Señor Presidente, celebrar el quincuagésimo aniversario del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es rendir homenaje a los hombres y a las mujeres que ayudan a los combatientes de las libertades en el mundo entero sin partidismos y en condiciones a menudo difíciles. 
Sería preciso, para prestarles todavía más ayuda, pedir a las instituciones comunitarias que refuercen los medios financieros, humanos y materiales del ACR. 
Deploro, sin embargo, los ataques a la Convención de Ginebra de 1951 por parte de varios países, algunos de ellos miembros de la Unión Europea. 
¿Es preciso recordar que 50 familias gitanas de Hungría se encuentran desde el pasado mes de julio, después de que saquearon su pueblo, aquí mismo, en Estrasburgo, esperando la regularización de su situación? 
Asimismo, debemos tener presente, por una parte, que la miseria aumenta en los países pobres y los países del Sur, lo que favorece el establecimiento de regímenes represivos y, por tanto, una afluencia de refugiados y, por otra, que las persecuciones ya no provienen únicamente de los Estados. 
Por ello, es preciso conceder igualmente asilo, por ejemplo, a las mujeres víctimas de mutilaciones o de violencias sexuales y también a las víctimas de violencias tribales o étnicas, como en Argelia o en Afganistán. 
Concluiré diciendo, señor Presidente, de manera más general, que la Unión debe promover políticas de asilo y de inmigración que respeten los derechos humanos. 
Señor Presidente, este mes se celebra el cincuentenario del ACNUR. 
Obviamente, no es éste el motivo por el que se presenta una resolución de emergencia. 
La verdadera razón no es el jubileo, sino la situación de emergencia en la que está sumida la organización para los refugiados de las Naciones Unidas. 
En 1980 el ACNUR se ocupaba de cinco millones de refugiados. 
En 1990 se trataba de quince millones de personas y ahora, en el año 2000, el ACNUR cuida de veintidós millones de refugiados en todo el mundo. 1.700.000 en Yugoslavia, 1 millón en Eritrea y Etiopía, 170.000 en Chechenia, 2 millones en Sudán, 1,8 millones en el Congo, 200.000 en las inmediaciones de Birmania, 130.000 en Timor, 300.000 en las Molucas, 400.000 en Guinea, Sierra Leone y Liberia, y así podríamos seguir. 
El problema es que mientras el número de refugiados se incrementa los medios que necesita la organización para los refugiados de las Naciones Unidas para coordinar las ayudas van menguando. 
Al mismo tiempo se reduce cada vez más el número de países que se atienen al Convenio de Ginebra. 
A los refugiados no se les brinda siempre un cobijo seguro. 
En numerosos casos les esperan actos de violencia, hambre, alojamiento defectuoso y otras violaciones de los derechos humanos. 
Durante mi reciente visita a los campos birmanos en la frontera con Tailandia pregunté cuál era el factor que más víctimas causaba y la respuesta fue: la violencia y el suicidio. 
El suicidio adquiere sobre todo una tasa elevada entre los jóvenes, que ya no soportan más la situación sin perspectiva en la que viven. 
El ACNUR solicita ayuda, también por parte de la Unión, que en los últimos años ha venido reduciendo se contribución financiera en más del 400%. 
Pido a la Comisión que vuelva a incrementar esta ayuda y que designe siempre al ACNUR como órgano coordinador en todos los contratos celebrados con las ONG. 
A la organización para los refugiados de las Naciones Unidas le espera un enorme reto. 
Concedámosle más ayuda para que en los próximos cincuenta años pueda cumplir mejor su tarea. 
Esperemos que después de estas Navidades se avecinen mejores tiempos para los millones de refugiados y para los cooperantes. 
Señor Presidente, el período de 50 años transcurrido desde la fundación del ACNUR hasta nuestros días, antes y después de la Guerra Fría, demuestra que el sistema de ayuda al refugiado es más necesario que nunca. 
El siglo que acaba de comenzar va a ser, lamentablemente, el siglo de los refugiados. 
Las causas de esto son, en parte, diferentes a las de hace medio siglo, pero la necesidad de ayuda es dramática y, además, más global que en aquel entonces. 
Tras el Consejo Europeo de Tampere, la UE ha avanzado en el desarrollo de las medidas a aplicar en la política de inmigración y asilo político, y está claro que la UE debe adoptar una estrategia conjunta para eliminar las causas de la emigración forzosa y para garantizar el trato humano a los refugiados, independientemente del país de acogida. 
Sin embargo, no basta con esto, sino que debemos apoyar con determinación al ACNUR, tanto política como económicamente, con objeto de asegurar la pronosticabilidad, la flexibilidad y el equilibrio geográfico. 
Saludamos hoy al ACR y el conjunto del personal humanitario. 
El Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados así como otras organizaciones humanitarias actúan de manera concertada para ayudar a los refugiados a empezar una nueva vida en un nuevo país o a regresar al suyo, siempre que sea posible. 
Actualmente, el ACR ayuda a 5 millones de personas desplazadas y a unos 11,5 millones de refugiados. 
El ACR siempre se ha preocupado por la protección y el bienestar de los refugiados y de las personas desplazadas. 
Ha participado en operaciones específicas cuando el Secretario General u otra autoridad de las Naciones Unidas se lo han pedido y de acuerdo con los países afectados. 
En la antigua Yugoslavia y en Timor, el ACR decidió proteger y proporcionar ayuda humanitaria a todas las personas desterradas, trátese o no de refugiados. 
Por tanto, debe poder tener acceso a las víctimas civiles y sus equipos sobre el terreno deberían poder moverse con toda seguridad y disponer de los recursos necesarios para cumplir con su misión. 
Durante su quincuagésimo aniversario celebrado el jueves, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró que la longevidad del ACR estaba lejos de ser un motivo de regocijo y que se trataba más bien de rendir homenaje a los millones de refugiados, así como su valor y su aportación al mundo entero, subrayando que los refugiados tenían derecho al respeto de todos. 
Debemos sentirnos enérgicamente interpelados hoy por la intervención de la Sra. Sadako Ogata, Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Refugiados que nos dijo, de hecho, que esta longevidad refleja la incapacidad de la comunidad internacional para impedir los prejuicios, la persecución, la pobreza y todas las demás causas de conflictos y de desplazamientos de las poblaciones. 
Señor Presidente, yo también quisiera expresar el agradecimiento de mi Grupo al valioso trabajo realizado por ACNUR tanto sobre el terreno como en lo relativo a las políticas. 
Se necesita desesperadamente un organismo que defienda el derecho individual al asilo y que busque realmente las mejores prácticas en el trato a los refugiados, no el mínimo común denominador y las políticas de disuasión, que algunos Estados miembros y partidos políticos parecen firmemente decididos a seguir. 
Existen motivos para incluir al ACNUR en el proceso político formal de la Unión de tal modo que se aprovechen al máximo sus consejos y su experiencia. 
Como ya han dicho otras personas, también es necesario que garanticemos una financiación adecuada para esta organización. 
Nuestras propias contribuciones han caído en los últimos tiempos al igual que las de nuestros Estados miembros mientras que, como ya se ha dicho, la necesidad aumenta. 
Cualquiera que estuviera en la reciente exposición en el Parlamento Europeo y examinara las fotos y el texto sobre el trabajo del ACNUR en el mundo en este momento, creo que estaría de acuerdo en que es una de las exposiciones más tristes que hemos tenido nunca la desgracia de ver en nuestro Parlamento. 
. Señor Presidente, la Comisión quisiera, por supuesto, sumarse al apoyo que el Parlamento ha brindado al ACNUR en su 50º aniversario. 
A mí me gustaría también sumarme personalmente a ese apoyo. 
Trabajé estrechamente con el ACNUR en mi calidad de ministro para el desarrollo; trabajé estrechamente con el ACNUR cuando estaba en Hong Kong y trabajo estrechamente con el ACNUR en mi actual cargo. 
Como ya han dicho algunos oradores, éste sería un mundo más feliz si el trabajo de vital importancia que realiza el ACNUR no fuera necesario. 
El ACNUR es un socio clave para el establecimiento de una política de asilo en Europa. 
Por ese motivo se unió como anexo al Tratado de Amsterdam una declaración que prevé consultas con el ACNUR en cuestiones de política de asilo. 
De este modo, la Comisión y el ACNUR demostraron, el 6 de julio, el fortalecimiento de su cooperación en materia de asilo y refugiados mediante un intercambio de cartas entre el Sr. Comisario Vitorino y la Sra. Ogata. 
Como sabe la Cámara, la Comisión está realizando en el campo del asilo un importante esfuerzo legislativo para aplicar el Tratado y los compromisos del Consejo Europeo de Tampere sobre la base del calendario incluido en sus resultados. 
Con este trasfondo, la Comisión mantiene consultas periódicas con ACNUR. 
Así fue, por ejemplo, a la hora de elaborar nuestras propuestas sobre protección temporal en el caso de flujo masivo de personas desplazadas, sobre procedimientos de asilo y, actualmente, sobre las condiciones de recepción de los demandantes de asilo. 
Continuaremos con ese modelo en nuestras propuestas acerca del instrumento que ha de suceder al Convenio de Dublín, acerca de las condiciones para ser considerado refugiado sobre la base de la Convención de Ginebra y acerca de formas de protección subsidiarias. 
La inclusión en nuestras propuestas de elevados niveles de protección es de primordial importancia para la Comisión. 
El 22 de noviembre la Comisión adoptó una comunicación sobre un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para aquéllos a quienes se conceda asilo válido en toda la Unión, lo cual era el objetivo final establecido en Tampere para el sistema de asilo común europeo. 
Nuestras propuestas se ajustan a las orientaciones políticas de Tampere, en particular, a la necesidad de una aplicación plena e integral de la Convención de Ginebra de 1951 para mantener el principio de no devolución y a un enfoque equilibrado entre el absoluto respeto por el derecho a solicitar asilo y el objetivo legítimo de controlar la inmigración. 
Se ajustan también al enfoque global de fortalecer la cooperación con los países de origen. 
El mismo día, la Comisión adoptó una comunicación sobre una política de inmigración comunitaria que complemente nuestras ideas sobre cuestiones de migración. 
La Comisión comparte plenamente la importancia que el Parlamento Europeo concede a atender a las circunstancias particulares que afectan a las mujeres que solicitan protección internacional en el contexto de preparación de un sistema de asilo común europeo. 
Estas cuestiones se reflejan en los diferentes instrumentos que venimos presentando. 
El ACNUR es el principal socio individual de la Comisión en materia humanitaria. 
La Comisión ha trabajado tradicionalmente de forma estrecha con el ACNUR y está ampliando más nuestra colaboración. 
La primera de lo que pretende ser una serie de reuniones periódicas de programación estratégica con el ACNUR se celebró en Bruselas el 6 de diciembre. 
La Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) presentó su estrategia para el próximo año, incluyendo las prioridades y criterios de financiación, e intercambió puntos de vista con ACNUR sobre necesidades humanitarias y cuestiones horizontales de interés común. 
Estas reuniones deberían contribuir a que la Comisión proporcione una financiación más predecible y transparente según solicita y lleva mucho tiempo pidiendo ACNUR, y a la vez ayudarán a ACNUR a prestar un mejor servicio a aquéllos que lo necesitan. 
Quisiera tratar una cuestión más amplia que es muy relevante para lo que su señoría dijo antes. 
Dado nuestro actual reglamento financiero, nos resulta extremadamente difícil prestar apoyo por ejemplo a los organismos de NN.UU., para programación- tenemos que centrarnos en proyectos- y eso supone que sea a veces tremendamente incierta nuestra financiación de organizaciones como el ACNUR. 
Por ese motivo, tengo un gran interés en que se efectúen cambios apropiados en nuestro nuevo reglamento financiero para que podamos ayudar a la programación de tal forma que los organismos de NN.UU. y otras organizaciones similares puedan estar seguros con alguna antelación del flujo de fondos que van a apoyar el trabajo que estamos haciendo en común y al que ambos damos prioridad. 
La Comisión está firmemente comprometida a fortalecer el mandato único de protección del ACNUR y a trabajar junto a ACNUR para aumentar la seguridad de los trabajadores que prestan la ayuda. 
La Comisión está trabajando también estrechamente con el ACNUR para intentar garantizar una transición sin problemas desde la ayuda hacia el desarrollo. 
En este sentido, la Comisión participa activamente en el Proceso Brookings patrocinado por el ACNUR, que constituirá un elemento importante de la comunicación sobre el nexo entre ayuda para la recuperación y desarrollo, que se está acabando de elaborar. 
Por último, me gustaría rendir homenaje a todo el trabajo que ha realizado la Sra. Ogata para el ACNUR y desear al Sr. Ruud Lubbers lo mejor en su nuevo cargo. 
El sistema de NN.UU. debería estar muy satisfecho de haber atraído a un candidato tan sobresaliente como el Sr. Lubbers y estoy seguro de que prestará un servicio muy destacado al ACNUR y al conjunto del sistema de NN.UU. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. 
Presos políticos en Serbia e inestabilidad en las fronteras de Kosovo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0899/2000 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI; 
B5-0902/2000 de las Sras. Morgantini y Frahm, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0909/2000 de la Sra. Pack y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0914/2000 del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0920/2000 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0923/2000 del Sr. Staes y la Sra. Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0929/2000 del Sr. Haarder y la Sra. Malmström en nombre del Grupo ELDR, 
sobre los presos políticos en Serbia y la inestabilidad en las fronteras de Kosovo. 
Señor Presidente, quería, en primer lugar, mostrar el apoyo a esta propuesta de resolución común para favorecer desde la Unión Europea la recuperación y fomento de la democracia en la zona de los Balcanes, concretamente en Yugoslavia. 
Nos parece importante que estemos impulsando una amnistía política en Yugoslavia para esa recuperación que mencionaba, pero también nos parece muy importante que condenemos sin ninguna duda la reaparición de las incursiones y de las actividades terroristas en las fronteras entre Serbia, Albania y Kosovo, porque ello recuerda de forma preocupante lo que ocurrió durante el conflicto de Kosovo, donde hubo responsabilidades de potencias occidentales. 
Por ello, sería importante que esta condena fuese acompañada del impulso a la consolidación económica y democrática de Yugoslavia, respecto de la cual la Unión Europea tiene mucho que hacer y mucho que decir. 
Señor presidente, en el Parlamento celebramos la presidencia o la elección a la misma de Kostunica, el nuevo Presidente de Yugoslavia. 
Muy poco después lo tuvimos aquí en el Parlamento y, naturalmente, coincidimos con él en que ha recibido una herencia terrible Hablamos con él de la situación económica que le espera a su país y le deseamos, naturalmente, que pueda resolverlo todo felizmente contando además con nuestra ayuda. 
Pero debemos también decir una cosa: a ese país lo debemos medir con los mismos parámetros con los que hemos medido a sus vecinos y con los que los seguiremos midiendo en el futuro. 
Para ello debemos entender sencillamente que los problemas que surgirán allí no podrán ser resueltos subrepticiamente ni dejados para un futuro lejano, sino que habrá que resolverlos lo antes posible. 
Todavía hoy hay presos políticos en Serbia, los presos de Milosevic. 
No puede ser que los presos de Milosevic sean hoy los de Kostunica. 
Desgraciadamente, Kostunica ha perdido la oportunidad, al ser nombrado Presidente, de otorgar la libertad a estas personas, sobre todo a los presos políticos albaneses y también a los serbios. 
Ha perdido esa oportunidad, pero al menos hubiera podido liberar a los presos políticos albaneses de Kosovo poniéndolos en manos de la Kfor. 
Se hubiese podido acoger a la Resolución 1244 y sacarlos de las prisiones serbias, de modo que Kouchner y su gente hubiesen podido ocuparse de ellos. 
Ahora ha presentado una ley de amnistía, pero las leyes necesitan de mucho tiempo no sólo en este Parlamento, sino también en el de allá, lo que significa que cientos de jóvenes inocentes seguirán en prisión. 
Pero esperamos también que podamos entre todos encontrar a muchos desaparecidos, serbios y albaneses de Serbia y Kosovo, vivos o muertos, o que sepamos al menos qué fue de ellos. 
Este es un segundo problema. 
Y el último problema que quisiera mencionar es el de los terribles acontecimientos en la frontera entre Serbia y Kosovo. 
El hecho es que ahí están frente a frente dos enemigos ninguno de los cuales quiere la paz. 
Por un lado, los viejos reservistas del UCK albanés, y por otro, los servicios secretos de Milosovic. 
Ninguno quiere la paz, pero nosotros debemos contribuir para que la paz reine en esa región. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, el año pasado, el 25 de diciembre, o sea, en Navidad, tres eminentes albanokosovares iniciaron en Bruselas una huelga de hambre de tres semanas a fin de llamar la atención de la comunidad internacional sobre el destino de los prisioneros y especialmente de los muchos miles de desaparecidos. 
A mediados de enero del año en curso varios miles de kosovares se manifestaron delante del edifico del Consejo en Bruselas. Los servicios del Sr. Solana y de la Presidencia portuguesa recibieron a una delegación. 
Nos aseguraron que Solana mostró comprensión por las reclamaciones formuladas, pero también se nos dijo, y cito, que resultaba harto difícil negociar con un régimen como el de Milosevic. 
Estimados colegas, entretanto Milosevic ha sido sustituido por Kostunica. Yo estaba en Kosovo cuando Kostunica fue acogido muy calurosamente en la Cumbre de Biarritz y se le concedió una ayuda incondicional por valor de varios millones de euros, pero ¿qué pasos ha dado Kostunica para solucionar el problema de los prisioneros? 
Ah, sí, se puso en libertad a uno de los prisioneros simbólicos, a la Sra. Flora Brovina, pero ello no basta, estimados colegas. 
En los apartados 1, 2 y 3 de nuestra resolución de compromiso hablamos muy claro. 
Exigimos la célere liberación de los prisioneros políticos así como una investigación imparcial acerca del destino de los desaparecidos. 
Señor Solana, señor Patten, les ruego a ambos que presionen suficientemente al régimen de Kostunica para que acceda a estas peticiones. 
Y al Sr. Kostunica quisiera decirle lo siguiente: usted ganaría en credibilidad si aprovechara las próximas Navidades para actuar en este sentido. 
Ello no puede sino redundar en beneficio de la estabilidad en la zona. 
Señor Presidente, justamente porque Serbia ha elegido el camino democrático, el Parlamento Europeo tiene que recordarle dos exigencias fundamentales que debe cumplir todo estado democrático, esto es, que tiene que existir libertad política, nadie puede ser encarcelado por sus ideas políticas o por pertenecer a una determinada etnia, y las personas sospechosas de haber cometido delito- sean éstas líderes políticos o delincuentes comunes- deben ser juzgadas de manera tal que puedan defenderse y que se pueda probar su responsabilidad. 
Por eso deben ser liberados todos los presos políticos que hay en Serbia. 
Las injusticias cometidas por Milosevic tienen que terminar. 
Cabe destacar que hacemos estas mismas exigencias a los líderes políticos de Kosovo. 
Las persecuciones a las minorías son indefendibles. 
La nueva cúpula política de Serbia debe actuar de manera tal- esto quiero subrayarlo, señor Presidente- que el antiguo presidente y dictador Milosevic, con sus compañeros de fechorías, sean juzgados por el Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. 
Allí debe estar Milosevic y no en los congresos del partido en Belgrado. 
Señor Presidente, si consideramos con frialdad la situación de Yugoslavia debemos constatar que los criminales siguen estando sueltos mientras que sus víctimas siguen presas. 
Aún con toda la alegría que nos proporcionan los cambios acaecidos en Belgrado, debemos presionar para que las víctimas sean pronto liberadas. 
No se trata de una amnistía, pues propiamente sólo se puede amnistiar a quienes han sido juzgados, sino que se trata simplemente de la liberación de personas ilegalmente condenadas. 
Esto se puede vincular a una amnistía o puede precederla. 
Soy de la opinión de que los presos políticos deben ser liberados impostergablemente, sobre todo los cien albaneses. 
Apelo también al Presidente Kostunica para que aclare qué ha pasado con personas como el Sr. Ukshin Hoti, de cuya suerte nos hemos ocupado aquí en varias ocasiones y de cuyo paradero no sabemos nada. 
Hay que aclarar, pues, qué ha sido de los desaparecidos, si han sido asesinados o si están todavía en alguna parte. 
Hay que liberar a todos los presos y a todos los perseguidos. 
Éste es el primer paso hacia el estado de derecho. 
Debo decir que se trata de una exigencia mínima en vista de las ayudas aprobadas hasta ahora por la Unión Europea. 
Esperemos que inmediatamente después de las elecciones empiecen las negociaciones. 
Señor Presidente, la situación en Yugoslavia aún no es segura ni estable. 
Con la elección de Kostunica se ha dado sin duda un paso muy importante, pero queda todavía mucho por hacer. 
Se impone entre otras cosas un claro retorno al imperio de la ley y a los valores democráticos así como una buena gestión de la herencia del régimen de Milosevic. 
Para alcanzar una paz verdadera y durable es imprescindible que se aclare el destino de los prisioneros, a los que Milosevic sólo encarceló por razón de su origen étnico o sus opiniones políticas. 
Estamos a la espera de que o bien se decrete a corto plazo una ley inequívoca de amnistía provista de pormenores concretos o bien se dé a conocer- preferentemente en combinación con la medida anterior- una fecha determinada para la puesta en libertad de los prisioneros políticos. 
Propugnamos igualmente que dentro del mismo Kosovo la mentalidad de los grupos étnicos que continúan peleándose ceda ante el respeto mutuo. 
Además, la forma en la que los albanokosovares están hostigando a los serbios en territorio serbio tampoco ayuda de ninguna manera a que la situación en ambos bandos se relaje. 
Es importante que se den pasos concretos para lograr una paz duradera. 
Señor Presidente, quisiera comentar brevemente dos puntos de la propuesta de resolución común que, por otra parte, merece mi pleno apoyo. 
La petición de liberar a todos los prisioneros políticos de la era de Milosevic que formulamos aquí al Presidente Kostunica ha de ir acompañada de insistentes esfuerzos diplomáticos por parte del Consejo y de la Comisión Europeos en Belgrado, tanto más cuanto que, según parece, la mayoría de los prisioneros políticos serbios han sido puestos en libertad, excepto los prisioneros de origen albanés procedentes de Kosovo. 
A este respecto resulta especialmente sangrante que muchos de ellos fueran capturados por el ejército popular yugoslavo cuando éste se retiró de Kosovo el año pasado. 
Suscribo asimismo el que se haga un llamamiento a la Kfor para que desbarate todo acto de violencia en el valle de Presevo. 
Es obvio que en este caso se trata de una agresión albanesa importada, puesto que en los años pasados dicha parte de Serbia no sufrió tensiones étnicas agudas. 
Por último, me llama la atención que la propuesta de resolución no se detenga en el complejo problema de los gitanos roma kosovares. 
La propuesta de resolución del Grupo Liberal sí lo hizo. 
A ojos de los albanokosovares el régimen sin escrúpulos de Milosevic ha desacreditado gravemente a todo este grupo de población. 
Sin embargo, ello no justifica de ningún modo las horrendas represalias cometidas por los albaneses, como por ejemplo el violento asesinato de cuatro roma ashkali a mediados de noviembre cuando regresaron a sus casas completamente quemadas o el caso del joven roma de sólo 15 años que murió abrasado en Orahovac. 
Estos graves crímenes oscurecen el futuro político de Kosovo. 
. (EN) Señor Presidente, me complace, y estoy seguro que también al conjunto del Parlamento, el que se haya producido un progreso considerable en la situación política en la República Federal de Yugoslavia en los últimos meses. 
Estoy seguro de que a todos nos complace el progreso en toda la región en el transcurso de este año, empezando por el cambio electoral en Croacia a principios de año, siguiendo con el cambio en la República Federal de Yugoslavia y culminando con el gran éxito de la conferencia celebrada muy apropiadamente en Zagreb hace unas semanas. 
Han cambiado tantas cosas desde el otoño: las nuevas autoridades de Belgrado se han movido deprisa, por ejemplo para restablecer los contactos internacionales; se han movido deprisa para permitir que la República Federal de Yugoslavia ocupe el lugar que le corresponde en las Naciones Unidas y, también, su lugar en la OSCE. 
Sin echarnos flores, podemos decir también que la Unión Europea ha respondido muy rápidamente a la nueva situación. 
Nuestro paquete de emergencia de 200m de euros está en marcha desde el mes pasado, repartiendo grandes cantidades de combustible y otros suministros urgentes como medicinas y alimentos, para ayudar a Serbia a pasar el invierno. 
La cuestión de los prisioneros políticos sigue siendo, como han señalado diversos diputados, de gran importancia. 
La Unión Europea ha sacado siempre a relucir la difícil situación de los albano-kosovares encarcelados en Serbia. 
Yo mismo lo he hecho. 
También planteamos la situación de personas como Flora Brovina y el muy valiente periodista serbio Miroslav Filipovic. 
Tanto Brovina como Filipovic han sido liberados. 
De hecho, yo me reuní con Miroslav Filipovic cuando estuve en Belgrado en octubre- pasamos parte de la tarde juntos. 
Sé que sus señorías dieron la bienvenida en Bruselas a Flora Brovina el pasado mes. 
A pesar de esto, muchos albano-kosovares siguen en prisión en Serbia y sigue habiendo muchos albano-kosovares y serbios desaparecidos a los que el Comité Internacional de la Cruz Roja aún trata de localizar. 
Hemos intentado mostrar comprensión al nuevo gobierno en su intento de consolidar la democracia en Yugoslavia. 
Pero la cuestión de los detenidos es sencillamente de extrema importancia. 
Ha habido algunos movimientos en la cuestión general. 
El gobierno federal está trabajando en una amnistía general, no sólo de prisioneros albano-kosovares, sino también de otros presos políticos. 
Se han establecido contactos. 
Se ha nombrado a un enviado especial de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el embajador Amneus, quien ha abierto oficinas en Prístina y Gracanica. 
Planteé la cuestión de los prisioneros albano-kosovares a las autoridades de la República Federal de Yugoslavia durante mi visita a Belgrado el 23 de octubre y seguiré planteando estos temas a las autoridades de la República Federal de Yugoslavia. 
Puedo asegurar a sus señorías que es un asunto que plantearé de nuevo- entre otras cosas, como consecuencia de este debate- en la próxima visita que haga a Belgrado después de las elecciones del 23 de diciembre. 
Comparto la preocupación de sus señorías sobre la situación en el valle de Presevo. 
Condenamos firmemente la reciente violencia. 
Los ataques son ataques a la democracia: a la nueva democracia de Serbia y a las perspectivas de democracia en Kosovo. 
Acojo favorablemente las medidas que ya ha adoptado la KFOR para abordar el problema y sigo reclamando moderación a todas las partes. 
La Comunidad está, desde luego, cumpliendo con su misión. 
Por ejemplo, asegurándonos de que el valle de Presevo se beneficia de nuestros programas de ayuda para Serbia. 
Estamos gestionando tres escuelas para proyectos sobre la democracia en la zona y estamos pensando en ayudar también a la zona con suministros de combustible. 
Pero, repito, sabemos lo importante que es esta cuestión; es un asunto que venimos planteando una y otra vez y que seguiremos planteando a las nuevas autoridades de Belgrado con, espero, mejores resultados. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Chile- B5-0903/2000 del Sr. Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0911/2000 de la Sra. Grossetête, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0915/2000 del Sr. Medina Ortega y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0924/2000 del Sr. Lipietz, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0930/2000 del Sr. Di Pietro en nombre del Grupo ELDR, 
sobre los procesos judiciales contra el General Pinochet y la consolidación de la democracia en Chile. 
Mozambique- B5-0907/2000 del Sr. Queiró, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0910/2000 de los Sres. Corrie y Zimmerling, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0916/2000 de los Sr. Barón Crespo y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0925/2000 del Sr. Rod y la Sra. Maes en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0931/2000 del Sr. van den Bos y de la Sra. Dybkjær, en nombre del Grupo ELDR, 
Presos turcos en huelga de hambre- (B5-0904/2000) de la Sra. Uca y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
(B5-0917/2000) de los Sres. Sakellariou y Swoboda, en nombre del Grupo del PSE; 
(B5-0926/2000) del Sr. Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
(B5-0932/2000) del Sr. Duff, en nombre del Grupo ELDR, sobre los presos turcos en huelga de hambre. 
Derechos humanos en Túnez- B5-0905/2000 de la Sra. Boudjenah y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0918/2000 de la Sra. Napoletano y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0933/2000 de la Sra. Malmström, en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0936/2000 del Sr. Gemelli, en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0937/2000 de la Sra. Flautre y del Sr. Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
sobre Túnez. 
Señor Presidente, los acuerdos de tercera generación entre la Unión Europea y los países de América Latina se caracterizan por la existencia de una cláusula democrática que fundamenta y sustenta todas las relaciones. 
Esta cláusula fue acordada en el Palacio de la Moneda en marzo de 1990, y lo sé bien porque tuve el privilegio de estar allí en el acto de toma de posesión del Presidente Alwyn, tras el plebiscito por el que se ponía fin al régimen del general Pinochet. 
No hace falta decir que la consecuencia lógica que se deriva de esa cláusula es la afirmación del principio de separación de poderes como elemento esencial del sistema democrático y del Estado de Derecho y que ese principio supone e implica la independencia del poder judicial en sus actuaciones. 
Sin embargo, señor Presidente, creo que hoy el mejor apoyo que la Unión Europea puede prestar al proceso de consolidación democrática en Chile y a la madurez cívica demostrada por la ciudadanía de ese país en su proceso de transición, es la celebración de un ambicioso acuerdo de asociación política, de concertación económica y de cooperación entre la Unión Europea y Chile. 
Para ello, señor Presidente, y me dirijo especialmente a la Comisión, en mi opinión hay que modificar las actuales directivas de negociación y superar una discriminación flagrante con respecto a otras áreas geográficas, que liga la conclusión de este acuerdo a la finalización de las negociaciones de la nueva ronda de la Organización Mundial de Comercio. 
Creo, señor Presidente, que ya va siendo hora de que pasemos de las palabras a los hechos y de que nos dejemos de manifestaciones puramente retóricas. 
La mejor forma de expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo al proceso de consolidación democrática en Chile pasa claramente, Sr. Patten- y usted ha estado recientemente allí presidiendo la ronda negociadora -, por que la Unión Europea ofrezca a nuestros amigos chilenos un ambicioso acuerdo de cooperación. 
Señor Presidente, toda dictadura deja detrás de sí un reguero de víctimas, de personas asesinadas, de personas torturadas, de gente que ha pasado años en la cárcel y de mucha gente que ha tenido que ir al exilio. 
Hay muchos chilenos, por ejemplo, que hoy viven en Europa como consecuencia de la dictadura del General Pinochet, que alcanzó el poder derrocando un gobierno democrático, que se estableció sobre el cadáver del Presidente Allende y que, después de una larga dictadura, perdió el poder porque el pueblo chileno no estaba dispuesto a seguirle apoyando. 
Y, en una ocasión, al General Pinochet se le ocurrió venir a Europa y, desde que puso los pies en Europa, las autoridades judiciales europeas se propusieron conseguir que el General Pinochet respondiera de sus responsabilidades. 
El Gobierno chileno garantizó que, en Chile, el General Pinochet tendría un juicio justo y, en efecto, en este momento el General Pinochet ha perdido su inmunidad y las autoridades judiciales chilenas están procediendo contra él. 
Desde aquí no podemos sustituir a la autoridad judicial una vez que tiene la competencia judicial sobre el caso del General Pinochet, y nos congratulamos de que el Gobierno chileno también decida dejar que las autoridades judiciales funcionen. 
Lo único que podemos hacer desde aquí es apoyar al Gobierno chileno en este momento y, aprovechando la presencia del Comisario Patten, pedirle, como ha hecho mi predecesor, el Sr. Salafranca, que se busque un nuevo acuerdo con Chile que permita seguir robusteciendo la democracia en ese país. 
Yo creo que es una buena ocasión para reforzar nuestros lazos con el Gobierno chileno, permitir que el Gobierno chileno autorice que la autoridad judicial proceda contra el General Pinochet y, al mismo tiempo, aprovechar esta ocasión para afirmar nuestro apoyo al Gobierno chileno. 
Recuerdo que, en una misión del Parlamento Europeo en Argentina, el antiguo Presidente Alfonsín nos dijo que, a veces, las democracias no nos acordamos de otras democracias sino post mortem, es decir, cuando ya no hay democracia. 
Ahora que tenemos democracia en Chile, ayudemos a ese Gobierno democrático y a esa nación democrática. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera intervenir sobre la resolución común en cuyo favor evidentemente votaremos. 
Primeramente, quiero expresar nuestra tristeza ante la formulación eufemista que se adoptó. 
Hablar de violación de los derechos humanos y negarse a escribir con todas sus letras palabras tales como asesinato, tortura, desaparición, es grave. 
En efecto, saben muy bien que para las víctimas, el que una institución oficial se niegue a reconocer el horror significa, de cierta manera, infligírselos de nuevo, en todo caso a estorbar su duelo, su convalecencia en relación con este período. 
Todos los centros de tratamiento postraumático de las antiguas víctimas de las dictaduras latinoamericanas se los confirmarán. 
En segundo lugar, sería inaceptable no pedir al ejército chileno que deje de poner trabas al proceso judicial en Chile. 
Algunos grupos han hecho valer que el ejército chileno no es nuestro interlocutor. 
Desgraciadamente sigue siendo nuestro interlocutor, ya que la actual constitución chilena da el derecho al ejército chileno de participar en los trabajos del Senado de Chile. 
Señor Presidente, permítame, antes de iniciar mi intervención, que me refiera al atentado que ha ocurrido hoy en España, y concretamente en Cataluña, a diez kilómetros de mi propia casa. 
Permítame expresar mi rechazo, así como manifestar mi respeto a sus compañeros de partido, a su familia y la convicción de que el diálogo y el trabajo entre los demócratas es la única esperanza. 
Entrando ya en el tema de Chile, quiero expresar la confianza, la aprobación y la satisfacción, por parte del Grupo liberal, de que en la resolución haya puntos importantes, como el respeto al poder de la Justicia chilena, al Gobierno, a sustanciar responsabilidades y, sobre todo, a poder prestar desde la Unión Europea un apoyo al proceso democrático con acuerdos reales y positivos. 
Afirmo también el apoyo de nuestro Grupo a la enmienda del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre la no interferencia del poder militar en el proceso. 
Y permítame que recuerde que es importante que aprobemos esta resolución conjunta, estando ahora Pinochet en Chile, lo que no pudimos hacer cuando Pinochet estaba en el Reino Unido. 
En aquel momento liberales y verdes lo intentamos, pero populares y socialistas no fueron partidarios, para no alterar el proceso judicial. 
Nos alegramos de que en este momento la situación no sea la misma. 
Mozambique 
Señor Presidente, aunque este Parlamento vuelva a incluir el África austral en nuestro orden del día y, en particular, Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, como sabemos, devastado de un año a esta parte por una catástrofe natural inconmensurable. 
Como saben sus Señorías, Mozambique está situado en uno de los puntos más calientes y delicados del continente africano, donde cualquier chispa puede provocar de nuevo una guerra de consecuencias inimaginables. 
Conviene que la comunidad internacional ejerza su derecho de vigilancia democrática, no como injerencia en los asuntos internos de un país independiente, sino como procedimiento político, cautelar y preventivo. 
Por eso, esta resolución común, que es objetiva, clara, preocupada y no demagógica y cuyo texto no autoriza ninguna otra interpretación que divida a los mozambiqueños cuenta con el apoyo convencido de mi Grupo político, que comparte un diagnóstico económico, social y político que justifica las preocupaciones. 
Este Parlamento acuerda no olvidar ningún factor que pueda hacer peligrar la paz y el futuro democrático de Mozambique. 
Pero, con actitud responsable, no toma partido por facciones de poder o posición, sino que toma el partido de los mozambiqueños y de su derecho a un futuro mejor. 
Con el tiempo, todos vamos aprendiendo algo y en esta operación de sensatez política el Parlamento Europeo, sin olvidar nada, recuerda todo y cree que los dirigentes mozambiqueños sabrán interpretar lo esencial de esta resolución, con la certeza de que seguimos dispuestos a ayudarlos sin paternalismos de ninguna clase. 
Esta resolución, Señorías, se debe leer, pero sin tergiversarla, lo que siempre sería una perversión de las preocupaciones genuinas de defensa de los principios esenciales que están en su génesis. 
Lo contrario sería poner en entredicho la paz y favorecer la violencia contra la seguridad y la democracia que los mozambiqueños, por sí mismos, tienen derecho a conquistar todos los días. 
Otro asesinato en Cataluña, un asesinato en Mozambique, daños y perjuicios al proceso democrático. 
Nosotros en este Grupo expresamos nuestra profunda solidaridad y apoyo al pueblo de Mozambique como ya lo hemos hecho antes esta tarde con el pueblo de España. 
Es significativo que los párrafos 3 y 4 de la resolución que tenemos ante nosotros diga que el Parlamento condena el uso de cualquier tipo de violencia en las controversias políticas y pida el respeto del estado de derecho y haga un llamamiento a todas las fuerzas democráticas en el país para que consoliden la paz y el proceso democrático. 
La búsqueda pacífica y democrática de fines políticos no es sólo un medio para un fin; es intrínseco a cualquier fin en sí mismo. 
Digo esto a sabiendas de que estas son las convicciones fundamentales de los partidos de la Alianza Libre Europea y de los Verdes de esta Cámara. 
Es para mí un gran honor recomendarles esta propuesta. 
Turquía 
Señor Presidente, después de este debate, el Grupo GUE/NLG habría dado con agrado su aprobación a una resolución sobre la situación de los derechos humanos y en las cárceles turcas. 
Lamentamos que los demás Grupos políticos no hayan querido hacerlo esta vez. 
Como es sabido, continúan las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Turquía. 
La situación en las cárceles y en los cuarteles policiales, con torturas y malos tratos, es totalmente inaceptable. 
Recientemente han sido maltratadas y asesinadas muchas personas en las cárceles turcas. 
Actualmente se realizan muchas huelgas de hambre para protestar contra esas condiciones inhumanas. 
Turquía no cumple con las convenciones internacionales que ha firmado sobre derechos humanos. 
La opresión es particularmente dura contra los políticos de izquierdas y las minorías nacionales, tales como los kurdos, pero otras minorías nacionales como los asirios, también son oprimidos. 
Desgraciadamente, el miércoles de la próxima semana podremos ver un nuevo ejemplo de esto. 
Ese día, el pastor asirio Yussuf Akbulut será juzgado por un tribunal militar en Diyarbakir. 
Su único delito ha sido decir la verdad sobre el genocidio de armenios y asirios en la década de 1920. 
Si se le condenase, el régimen de Turquía habría demostrado una vez más su desprecio por los derechos humanos. 
En tanto persista esta situación, este país no puede negociar su adhesión a la Unión Europea. 
Señor Presidente, antes de dar comienzo a mi intervención quisiera sumarme también a la condena del atentado que ha costado la vida a un cargo electo del pueblo, y a un militante y concejal del Partido Popular en Cataluña, en España. 
Dicho esto, quiero hablar muy brevemente sobre una situación delicada, porque a la hora de intervenir en este debate, nos podemos dejar llevar por las pasiones y seguir hablando sin parar de lo poco que se respetan los derechos humanos en Turquía. 
Pero es cierto también que se está produciendo la huelga de hambre en un momento en que están en curso reformas del régimen turco, y precisamente en el apartado de la política penitenciaria. 
Pero dicho esto, yo quiero decir también que no nos debemos fiar de las buenas palabras y de las buenas intenciones, que Turquía- como se ha dicho aquí- sigue sin dar señales inequívocas de respeto a los derechos humanos, que acaba de promulgar una ley de amnistía que no merece tal nombre, que sigue sin respetar los derechos de los kurdos, que viola los convenios internacionales, que persigue a los militantes de izquierda, que procesa gente por las cosas que se han dicho aquí. 
Por lo tanto, lo que pedimos aquí a la Comisión es, encarecidamente, que se haga un seguimiento estricto de las condiciones en este país que, desde luego, no merece que se le considere respetuoso de los derechos humanos. 
Señor Presidente, la actual crisis se basa en la propuesta turca de trasladar a los presos de grandes salas a celdas más pequeñas. 
Este tratamiento es exactamente el mismo que vemos en Europa occidental y, ante las protestas, el Ministro Hikmet Sami Turk ha aplazado el traslado para que se consiga un consenso político y social sobre la reforma de las prisiones en Turquía. 
Ésta es, sin duda, la postura correcta y es plenamente coherente con el deseo expresado por el gobierno de cumplir con los requisitos políticos para la adhesión a la Unión. 
Por ese motivo, nos oponemos a la resolución del Grupo GUE/NGL. 
Señor Presidente, ante la angustia de los condenados a la cárcel, todos los países de Europa, y Francia en particular, reflexionan en la reforma de los métodos y estructuras que rigen las administraciones penitenciarias con la preocupación de un mayor respeto por la dignidad de las personas encarceladas cualquiera que haya sido la gravedad de su falta. 
Esta preocupación por humanizar lo más posible, y sin demagogia, las condiciones de detención, es muy ampliamente compartida y reforzada en todos los lugares en donde ésta es necesaria gracias a la atención vigilante que le dedican todas las asociaciones de defensa de los derechos humanos. 
Por tanto, nos parece totalmente legítimo pedir a todos los países, y en particular a aquellos que son candidatos a la adhesión a la Unión Europea, que también lo hagan. 
Una vez dicho esto, el debate que hoy nos ocupa fue provocado por la emoción que suscitó la huelga de hambre que tiene actualmente lugar en las cárceles turcas. 
Pero me alegra que no desemboque en una recomendación virtuosa de nuestro Parlamento, percibido muy a menudo como un sermoneador, que haría bien, de vez en cuando, en ver la viga en su propio ojo. 
Me alegra porque considero que cuando no se trata de un vulgar simulacro, la huelga de hambre es un paso suicida que mis convicciones personales me prohíben alentar. 
Por esta razón, me felicito de que mi Grupo político y, a mi juicio, la mayoría de nuestro Parlamento, no se deje arrastrar a desempeñar el papel de caja de resonancia para la explotación de la actual crisis. 
Deseo, evidentemente, que las autoridades turcas encuentren una solución rápida a esta crisis, pero no quisiera que una actitud irresponsable de nuestra parte favorezca, por el mundo, el inicio por contagio de crisis tan dolorosas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, debo expresar la solidaridad de mi Grupo con todos aquellos que están en huelga de hambre en las prisiones turcas. 
Pero debo pedirles que interrumpan la huelga porque el Parlamento Europeo y el Europarat están procurando, junto- aunque con muchas dificultades- al gobierno turco, pero junto también con las autoridades turcas, mejorar la situación para intentar después que las nuevas prisiones no signifiquen un empeoramiento, sino una mejora para los presos. 
Con motivo de esta situación quisiera decir también, que no sólo se trata, naturalmente, de que nosotros pensemos que son demasiados presos. 
El hecho mismo de que haya presos políticos en un país candidato a entrar en la Unión Europea es totalmente condenable. 
Por otro lado, sabemos también que las prisiones existentes y la situación en que se hayan han contribuido a que algunas actividades criminales hayan salido de las prisiones mismas. 
Evitar esto es un derecho de Turquía, pero al mismo tiempo debe conseguirse que todos los que están encerrados en prisiones turcas sean tratados humanamente, correctamente y atendiendo también a su situación individual. 
Nosotros apoyaremos esto con toda nuestra fuerza. 
Túnez 
Señor Presidente, ante todo quisiera saludar en las tribunas a Imen Derwiche y a Nourredine Ben Tisha, jóvenes estudiantes tunecinos que fueron torturados y han estado encarcelados durante varios meses. 
Es urgente, y por ello decidimos incluir este punto en el orden del día. 
La existencia de la liga de derechos humanos más antigua de Africa y del Mundo Arabe, la Liga tunecina, reconocida, no obstante, por el Presidente Ben Ali, se encuentra actualmente en peligro. 
Se le ha sometido a un procedimiento judicial de liquidación a raíz de su último congreso en el que se estableció una mesa directiva que, a todas luces, no gusta a las autoridades tunecinas. 
Su suerte es objeto de un proceso previsto para el próximo 25 de diciembre, una fecha sorprendente, porque también es día de fiesta para los musulmanes este año. 
En el momento en el que estamos hablando, las fuerzas de policía rodean los locales del Consejo Nacional de Libertades en Túnez e incluso el domicilio privado de algunos de sus miembros. 
Este despliegue judicial ya ha impedido por la fuerza la celebración del Consejo Nacional de la Liga en Bizerte, así como una reunión del CNLT en Túnez. 
Su portavoz, Moncef Marzouki, corre el riesgo de ser condenado a más de 10 años de cárcel durante un proceso pasado mañana, el 16 de diciembre. 
Por último, los presos políticos se encuentran en huelga de hambre desde hace, a veces, dos meses. 
Su vida se encuentra en gran peligro. 
Sí, la represión se acentúa, los arrestos, las prácticas inadmisibles de tortura se multiplican. 
Ya no se trata solamente de ataques a la libertad de expresión, de asociación, de reunión; actualmente, incluso de la libertad de circulación, la libertad de hablar, de recibir a quien se desee, se han vuelto actividades difíciles de ejercer en Túnez. 
Todos los días se hostiga a hombres y mujeres, se molesta a sus familias. 
Este es también el caso de Mehdi Zougah, ciudadano francotunecino, detenido en Túnez el pasado 11 de agosto, en el aeropuerto. 
Desde hace cuatro meses su mujer y sus dos hijos le esperan en su casa en Marsella. 
Se le procesará el próximo 8 de enero. 
Se le reprocha haber participado a una reunión de oponentes tunecinos en Francia, lo que, por otra parte, él niega. 
Es la arbitrariedad más absoluta. 
Las autoridades tunecinas deben escuchar la inquietud y la indignación expresadas en este recinto. 
Deben escuchar a la representante del Secretario General de la ONU para los Derechos Humanos que, el pasado 7 de diciembre, expresó su intensa preocupación y pidió poner fin, cito, "a la práctica de hostigamiento de los defensores de los derechos humanos". 
Las autoridades tunecinas deben saber por fin que estamos determinados a no relajar la atención ni la presión a fin de que se respeten los derechos fundamentales. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Túnez se ha comprometido, en el marco del acuerdo de asociación que la une a la Unión Europea, a respetar los derechos humanos y los principios democráticos. 
Ante las numerosas violaciones a los derechos humanos en este país, el Parlamento aprobó, el 15 de junio de 2000, una resolución. 
No obstante, ahí están los hechos. 
Incluso si se han restituido algunos pasaportes, incluso si el Presidente Ben Ali pronunció, con motivo del aniversario de su llegada al poder, un discurso sobre la libertad de la prensa y la mejora de las condiciones de detención, comprobamos una grave deterioración de la situación de los derechos humanos en Túnez. 
La Liga de los Derechos Humanos está suspendida, sus locales están precintados y su presidente, Moktar Trifi, ha sido convocado ante los tribunales, como acaban de decirlo, el 25 de diciembre. 
El Secretario General de la Liga, Khemaïs Ksila, ha sido condenado a una fuerte multa que no puede pagar y corre, debido a ello, el riesgo de ser encarcelado de nuevo. 
El portavoz del Consejo Nacional de las Libertades de Túnez, el profesor Moncef Marzouki, debe comparecer esta semana, el 16 de diciembre, y puede ser condenado a diez años de cárcel. 
La asociación cívica RAID ATTAC Tunisie, cuyos dirigentes habían sido encarcelados a principios del año, sigue sin ser autorizada. 
A la casa de edición Aloes, cuyos locales fueron cerrados durante varios meses, se le impide publicar libremente. 
La abogada de numerosos presos políticos, Radhia Nasraoui, no puede visitar a sus clientes en la cárcel. 
Cuando los militantes y responsables de estas asociaciones quieren reunirse el día del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la policía rodea sus casas y los que asisten a esta reunión son agredidos en la calle por hombres vestidos de civil. 
Estos hombres, estas mujeres, son los Sakharov, los Vaclav Havel, los Abraham Serfati y los Nelson Mandela de hoy. 
Debemos estar a su lado, porque defienden valores que son importantes para nosotros y a los que el Gobierno y las autoridades tunecinas se han comprometido a respetar en el marco del acuerdo de asociación. 
Por tanto, pedimos a la Comisión que haga cumplir los términos y los compromisos contraídos en el marco de este acuerdo. 
Le pedimos intervenir con urgencia en los casos que hemos citado y que nos inspiran la mayor inquietud. 
Por último, pedimos a la Comisión que examine de nuevo las condiciones de utilización del programa MEDA-Democracia sobre el que resulta increíble que las autoridades tunecinas hayan conservado un derecho de control. 
Como se hizo en los países de la antigua Yugoslavia, pensamos que la Unión debe poder sostener directamente los diarios, las casas de edición y las asociaciones independientes para la expresión democrática. 
Señor Presidente, señor Comisario, la situación en Túnez es francamente preocupante. 
Todavía hay por lo menos mil personas encarceladas por sus ideas. 
Activistas de derechos humanos, miembros de sindicatos, profesionales, periodistas y estudiantes informan continuamente sobre los atropellos que cometen las autoridades. 
A pesar de que Túnez suscribió la convención de la ONU contra la tortura en 1987, los malos tratos son cada vez más frecuentes e institucionalizados en el país. 
Los liberales estamos muy preocupados por estos acontecimientos. 
Aquí se han mencionado tambien los juicios contra el doctor Moncef Marzouki y contra el abogado Nejib Hosni. 
Los procesos se inician el fin de semana y el lunes. 
Las acusaciones son muy difusas. 
Obviamente, los juicios deberán ser públicos y conformes a derecho. 
El segundo problema es, en realidad, sólo una parte de un conjunto de vejaciones. 
Se trata del cierre de la Tunisiens League for Human Rights. 
Esta organización es la más antigua del Mogreb y esta acción ha suscitado protestas en todo el mundo. 
Los enviados de la ONU han protestado. 
Los miembros de la organización han sido vejados y se les ha impedido reunirse, usando para ello fuerzas policiales desproporcionadas. 
Se ha impedido la entrada al país a simpatizantes de la organización que están en el extranjero. 
No está claro el delito que han cometido y las acusaciones deben ser desestimadas. 
Finalmente, estamos muy preocupados por la situación de los presos en huelga de hambre. 
Uno de ellos, Rached Jaidane, está en coma desde la semana pasada. 
La familia no ha sido informada sobre su estado. 
El joven estudiante Béchir Habid está en huelga de hambre desde el 18 de octubre. 
Su estado es extremadamente delicado. 
Debe ser atendido inmediatamente y liberado. 
La cooperación entre la UE y Túnez es provechosa. 
Hay que cuidarla y mantenerla. 
Sin embargo, esto exige que Túnez respete los acuerdos, incluso aquellos que contienen cláusulas relativas a los derechos humanos. 
Para discutir estos asuntos, quisiera que la Comisión tomara la iniciativa de llamar a una reunión extraordinaria del Consejo de Asociación UE- Túnez para que trate, tan pronto como sea posible, el tema de los derechos humanos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por la solidaridad expresada por otros colegas con motivo del último asesinato de la banda terrorista ETA. 
Informo de que, al principio de esta sesión de tarde, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria y recuerdo también que era un concejal del Partido Popular, que, como tantos otros militantes socialistas y otros muchos servidores del Estado, forma parte de los muertos que están encima de la mesa. 
Mi Grupo, como este Parlamento, es particularmente sensible a la situación de los derechos humanos en Túnez y en el resto del mundo. 
A esa preocupación responde el hecho de que en las últimas semanas me haya entrevistado dos veces con el presidente de la Liga tunecina de Derechos humanos. 
También he tenido, señor Presidente, la ocasión de visitar el país- que no conocía- y, en el curso de esa visita, he podido constatar que Túnez es un país que ha realizado progresos importantes en el ámbito económico y en el ámbito de la lucha contra la pobreza, fomentando la emergencia de una próspera clase media. 
Se han producido también mejoras considerables en el acceso y la incorporación de la mujer a la vida política, económica y social, y creo que tampoco debemos olvidar el factor de estabilidad y moderación que constituye el país frente a la amenaza y a los peligros del integrismo. 
Todo esto no quiere decir, naturalmente, que esos progresos económicos no deban ser seguidos por otros en el ámbito político y que no se tenga que avanzar también en el proceso inacabado de reformas, especialmente en lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales. 
Precisamente las reformas anunciadas por el Presidente Ben Alí el pasado mes de noviembre se sitúan en el espíritu y la letra de la última resolución aprobada por este Parlamento y lo que hace falta ahora es que se concreten. 
Por todo ello, señor Presidente, quiero que, junto a nuestro compromiso, irrenunciable e indeclinable, con la causa de los derechos humanos y con la liga tunecina, seamos también capaces, de forma equilibrada, sin exaltar luces ni ocultar sombras, de considerar la situación general del país de forma objetiva, y de comparar su situación con la que están viviendo otros países africanos y, sobre todo, sus vecinos inmediatos, Argelia y Libia, que no son, precisamente un modelo de respeto a los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señorías, al cabo de seis meses de la resolución del Parlamento Europeo que pedía al Gobierno tunecino poner fin a toda violación de los derechos humanos, de trabajar en favor de las libertades fundamentales, del Estado de derecho y del desarrollo de la sociedad civil, decididamente, el régimen tunecino acumula las violaciones y se hunde en una represión policial generalizada. 
Yo mismo asistí, el pasado 24 de noviembre, a una parodia de proceso donde los acusados, en huelga de hambre desde 90 días atrás, incapaces de moverse ni de hablar, fueron condenados a 17 años de reclusión. 
Vi, ante la cárcel del 9 de abril en Túnez, cómo cientos de policías impidieron la reunión de solidaridad que habían organizado los demócratas. 
Asistí a la transmisión de poderes en el seno de la Liga de los Derechos Humanos, una semana antes de que fuera puesta bajo administración judicial. 
El hostigamiento diario y las tundas que reciben todos los demócratas realmente se han generalizado. 
Se les acorrala, como Hamma Hammami, condenado a 9 años de cárcel, o bien Moncef Marzouki, cuyo proceso tendrá lugar pasado mañana, como se ha dicho. 
Toda reunión, toda manifestación, tales como la conferencia nacional organizada por el CNLT este 10 de diciembre, de hecho está prohibida debido a las violencias policiales. 
Toda expresión libre e independiente está censurada, como lo testimonia el embargo de los libros de Taoufik Ben Brik. 
¿Qué decir, qué hacer, cómo aceptar este desafío, el nuestro, el de nuestros compromisos internacionales? 
La votación por parte de nuestra Asamblea de la resolución exigente que se nos propone mostrará que no, nosotros no estamos dispuestos a renunciar. 
La petición de una reunión del Consejo de asociación dedicada a la situación de los derechos humanos en Túnez debe ser seguida de efectos reales... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, Señorías, mostremos un poco de mesura, por favor. 
Esta es la segunda vez, este año, que se acusa a Túnez ante esta Asamblea y cabría preguntarse en qué se funda nuestro ensañamiento, con mayor razón cuanto que apenas se ve, en el fondo, lo que la justifica. 
Efectivamente, el proceso democrático está lejos de estar acabado en Túnez, lo que, por lo demás, es el caso en un gran número de países del mundo. Igual que estaba lejos de cumplirse, hace un siglo, en nuestros países, en la medida en que lo esté ahora. 
Nosotros no habríamos soportado intervenciones permanentes de países terceros. 
En todo caso, he aquí a un país que puede mostrar numerosos y espectaculares logros en la vía del desarrollo- que es quizás el primero de los derechos humanos. 
El crecimiento fue del 6% en 1998 y sus frutos son equitativamente redistribuidos puesto que la tasa de pobreza, en términos de la ONU, es inferior al 10%. 
No ocurre lo mismo en todos los países ricos. El 80% de los tunecinos poseen su propia vivienda, una tercera parte del presupuesto está constituido por transferencias sociales mientras que otro tercero se dedica a la educación. 
Añado que Túnez es el primer país, miembro de la Liga Arabe, en abolir la bigamia. 
Este es el país al que atacamos sin cesar por asuntos que rayan a veces en lo insignificante- incluida, Señora, la personalidad del Sr. Ben Brik- cuando debería ser considerado como uno de nuestros socios esenciales. 
No puede dejarse de ver en ello una extraña maquinación y quisiera decir a Túnez que si Europa parece darle la espalda, Francia continuará viendo en ella a uno de sus socios esenciales. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
. (EN) Señor Presidente, permítame responder brevemente a los cuatro importantes debates que se han celebrado sobre cuestiones de derechos humanos. 
En primer lugar, sobre Chile. 
A la Comisión le gustaría dar las gracias al Parlamento Europeo por tomar la iniciativa de presentar varias propuestas de resolución acerca del caso Pinochet y de la consolidación de la democracia en Chile. 
Espero que en este caso el sistema judicial chileno siga demostrando independencia y eficacia. 
El gobierno de Chile se ha abstenido muy sabiamente de interferir en la independencia de los jueces. 
La Comisión está y siempre ha estado plenamente comprometida con el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales y por ese motivo la Comisión ha brindado un apoyo tangible y sustancial al proceso de transición a la democracia en Chile. 
La partida presupuestaria B7-703- proceso de democratización en América Latina- se creó en 1990 con el fin de apoyar los procesos de transición en Chile y también de Centroamérica y se extendió después a toda América Latina. 
Nuestra experiencia en Chile en el campo de la democracia y de los derechos humanos ha sido, por tanto, crucial para posteriores proyectos en otros países. 
Como esta Cámara sabe, la Unión Europea está en estos momentos negociando un acuerdo para el establecimiento de una asociación política y económica con Chile. 
Yo mismo estuve en Santiago hace algunas semanas justo antes de la tercera ronda de negociaciones con Chile. 
Las negociaciones marcharon muy bien y me complace que esas negociaciones estén cobrando velocidad, lo cual espero que dé lugar a la conclusión a que se refería su señoría. 
Este acuerdo, como él nos decía, englobará el tema del diálogo político a la vez que el comercio y la cooperación. 
De conformidad con nuestro mandato para la negociación, insistiremos en que el acuerdo recoja una cláusula de democracia donde se exprese el respecto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales. 
También pediremos que el principio del estado de derecho constituya la base del acuerdo. 
Puedo decir ya que el gobierno chileno parece plenamente de acuerdo con esta forma de plantear nuestras negociaciones. 
El Presidente y yo hablamos en la misma conferencia en Chile y, me complace decir, que pronunciamos discursos extraordinariamente similares sobre en qué deberían centrarse principalmente nuestros esfuerzos en el seguimiento de la cumbre de Río antes de la cumbre de Madrid donde se evaluarán los progresos en nuestra importante relación con los países de América Latina. 
En cuanto a Mozambique, un país que visite en diversas ocasiones cuando era ministro para el desarrollo, la Comisión es consciente de que Mozambique se encuentra en un momento crucial para la consolidación de su democracia. 
Los trágicos acontecimientos del pasado mes cogieron por sorpresa no sólo a la comunidad internacional sino también a la mayoría de la sociedad mozambiqueña. 
La Comisión ha adoptado una serie de iniciativas reclamando el diálogo y la conciliación. 
Entre estas iniciativas están las conversaciones con el Presidente Chissano en sus visitas del 16 de noviembre al Presidente Prodi y al Comisario Nielson a las que siguieron, en el curso de la reunión de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur de la Unión Europea en Gaborone, conversaciones con el ministro de asuntos exteriores. 
En las declaraciones públicas posteriores a estos actos se deploró el uso de la violencia y se apoyaron medidas para llevar ante la justicia a los responsables de la misma. 
Sabemos que los jefes de misión de la Unión Europea están siguiendo de cerca la situación política en el país. 
El 8 de diciembre se reunieron con el ministro de asuntos exteriores y hemos estado en contacto con la presidencia tanto en Europa como en Mozambique para calibrar el grado adecuado de iniciativa política de la Unión Europea. 
Aunque no quisiera quitarle importancia, la situación, a pesar de ser grave, no parece estar fuera de control y existe la preocupación de que una intervención externa pudiera perjudicar las posibilidades de que las dos partes alcancen algún tipo de acuerdo negociado. 
Por otro lado, es importante que insistamos en que se hagan públicos los resultados de las dos investigaciones sobre todas las muertes y que se aclaren las responsabilidades. 
En las próximas semanas hemos de observar los resultados del diálogo entre los dos líderes políticos o de la ausencia de tal diálogo. 
Evidentemente, esperamos que los líderes políticos puedan reunirse y encontrar una salida al punto muerto actual y estaremos dispuestos a apoyar a cualquier foro útil de mediación con el fin de impedir un futuro conflicto. 
Varios diputados se han referido a la situación de los presos en Turquía. 
La Comisión comparte la preocupación que se ha expresado sobre la situación de estos presos turcos que están actualmente en huelga de hambre. 
La salud de estos presos es muy alarmante. 
La Comisión insta a las autoridades turcas a hacer todo cuanto puedan para poner fin a esta preocupante situación. 
Acogemos de modo favorable la reciente decisión del ministro turco de justicia de aplazar el traslado de presos a cárceles de tipo F, que han sido bien descritas por su señoría, durante un período indefinido y su deseo de alcanzar lo que creo que se denomina un "compromiso social" sobre esta cuestión. 
La oposición a las cárceles de tipo F es uno de los motivos de la actual huelga de hambre de los presos. 
La Comisión recuerda, por último, que la mejora de las condiciones en las prisiones turcas se recoge en la asociación para la adhesión de Turquía adoptada por la Comisión el 8 de noviembre y es, por consiguiente, una condición para la adhesión. 
En el documento de colaboración para la adhesión, se considera una prioridad a medio plazo que las condiciones de encarcelamiento se ajusten a las reglas mínimas de NN.UU. en materia de trato de prisioneros y a otras normas internacionales. 
Por último, sus señorías me brindaron el pasado mes de junio durante la sesión plenaria la oportunidad de presentar la posición de la Comisión sobre las relaciones con Túnez. 
Pude explicar los motivos por los que la Comisión considera adecuado en este momento hacer uso de los instrumentos positivos que ofrece la asociación euro-mediterránea, es decir, del diálogo político y de la financiación comunitaria, para tratar los derechos humanos en Túnez. 
Desde entonces se han producido una serie de acontecimientos, algunos buenos y algunos indudablemente malos. 
La responsabilidad sobre las cárceles se ha transferido al Ministerio de Justicia, se ha indultado a varios presos políticos y el congreso de la Liga de Derechos Humanos de Túnez se celebró sin incidentes. 
En cambio, se nos ha informado de supuestas huelgas de hambre de los presos políticos, se ha impugnado la legalidad de la elección del nuevo órgano de gobierno de la Liga de Derechos Humanos de Túnez y se han tomado medidas- como se ha mencionado durante nuestro debate- en contra del Profesor Marzouki y de otras personas. 
Sobre qué podemos hacer, sigo convencido, como dije en junio, de que deberíamos utilizar adecuadamente nuestros instrumentos positivos de colaboración para apoyar a todos los que trabajan por la mejora de los derechos humanos en Túnez, y su señoría ha dicho algo importante sobre este tema. 
Nuestros jefes de misión en Túnez están siguiendo de cerca los actuales casos ante los tribunales y aumentando los contactos con las autoridades tunecinas sobre estos casos. 
Estamos intensificando el diálogo político con el país. 
En el aspecto financiero, y esto responde directamente a la importante intervención de su señoría y es un campo en el que ya tenemos alguna experiencia en otros países, los representantes de la Comisión en Túnez están aumentando sus esfuerzos para poner muy pronto en marcha dos programas: uno en apoyo de los periodistas y otro en apoyo de las organizaciones no gubernamentales. 
Por último, quisiera mencionar el papel crucial desempeñado por el Parlamento, que ha contribuido a concienciar y a intensificar el diálogo sobre estas cuestiones mediante visitas parlamentarias y mediante debates públicos como éste. 
Espero que esto dé lugar a una mayor convergencia de las posturas sobre los derechos humanos con nuestros socios tunecinos. 
Sea cual sea el progreso económico, sea cual sea el progreso social logrado en Túnez, sé que el Parlamento volverá a expresar su preocupación por estos temas siempre que tenga motivos para ello. 
Costa de Marfil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0906/2000 del Sr. Sylla y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0912/2000 del Sr. Van Hecke en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0919/2000 del Sr. Martínez Martínez y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0927/2000 de la Sras. Maes e Isler-Béguin en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0934/2000 del Sr. van den Bos y la Sra. Dybkjaer en nombre del Grupo ELDR, 
sobre Costa de Marfil. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Costa de Marfil se ha internado en una lógica infernal y la situación no deja de degradarse. 
Al jugar con el concepto de ivoirité a fin de excluir al Sr. Ouattara de la vida política, el poder abre el camino a un conflicto étnico. 
Más allá de la persona de Ouattara, hoy día las víctimas de la persecución y de violencia son las poblaciones del Norte en su conjunto, los musulmanes en su conjunto, todas las personas que tienen un nombre con consonancia extranjera. 
Las decenas de muertos de estos últimos días me hacen temer lo peor. 
Continuar con esta política sólo puede conducir a un baño de sangre, semejante al que tuvo lugar en otros países. 
Laurent Gbagbo debe iniciar una verdadera política de reconciliación nacional, que incluya romper con el discurso sobre el concepto de ivoirité, la modificación de la constitución racista y la celebración de elecciones democráticas donde ninguno de los candidatos quede excluido. De lo contrario, los riesgos de secesión y guerra civil no harán sino aumentar. 
Qué legitimidad ha de concederse a una elección legislativa donde solamente votó el 34% de la población, habida cuenta de que millones de personas boicotearon este escrutinio. 
Nos alegramos, señor Comisario, de que el General Guei se haya marchado. 
Si ahora queremos tener credibilidad, debemos ser firmes con Laurent Gbagbo para rechazar esta desviación peligrosa e incontrolable. 
Y no es por casualidad si la OUA y numerosos jefes de Estado africanos condenan sin ambigüedad el concepto de ivoirité. 
Saben muy bien que un conflicto étnico o separatista en Costa de Marfil podría conducir al abrasamiento de toda la región. 
No podríamos, a mi juicio, señor Presidente, señor Comisario, retractarnos respecto a esta actitud. 
Señor Presidente, el Sr. Sylla, nuestro compañero, acaba de decirlo, recibimos con alivio los albores del regreso de la Costa de Marfil al camino del Estado de derecho en el momento de la reciente elección presidencial y el fracaso de la tentativa de mantenerse en el poder del General Guei. 
Por tanto, hemos seguido, a la medida de esta esperanza, con la mayor inquietud el desarrollo de los recientes acontecimientos, que han vuelto a ensangrentar este hermoso país, corriendo el riesgo de provocar una ruptura entre el Norte y el Sur, por razones étnicas y religiosas. 
No podemos hacer otra cosa que condenar este paso atrás y hacer un llamamiento a los dirigentes actuales para calmar los miedos, antes de que se ponga en marcha el engranaje de la violencia y la venganza, cuyos estragos todos lamentamos, provocados por las mismas discriminaciones que han tenido lugar, en otros puntos del planeta y en el corazón mismo de Europa, en este final de siglo. 
La vocación de la Unión Europea es ampliar en su seno el espacio de paz y estabilidad que sus padres fundadores supieron instaurar de uno a otro extremo del Rin, hace cincuenta años. 
Ello sólo ha sido posible gracias a la reconciliación, respetando las identidades de cada una de las comunidades antes antagonistas. 
Lo que no era entonces más que un sueño, se ha convertido en realidad. 
Este es el desafío al que se enfrentan los responsables en el poder en Costa de Marfil. 
Deseamos que tengan el valor de enfrentarlo y no escatimemos ningún esfuerzo para ayudarles a lograrlo. 
Señor Presidente, desde hace meses las noticias de Costa de Marfil han venido causando justificada alarma en la opinión pública europea y la correspondiente preocupación en nuestro Parlamento. 
Aquella turbulenta situación ha sorprendido a muchos porque se daba en un país tranquilo, relativamente próspero, con instituciones que funcionaban razonablemente y con una sociedad de convivencia satisfactoria. 
Los traumáticos acontecimientos que allí se han producido traducen de forma clara el proceso de degradación que vive todo el continente africano. 
En Costa de Marfil esa degradación ha sido dramática en lo que a la economía se refiere. 
El hundimiento de los precios del cacao, el peso aplastante de la deuda exterior, la subida de los precios de los carburantes entre otros factores, han empujado hacia una situación interna con crecientes tensiones, con una notable degradación del clima social, con aumento del desempleo y de la pobreza. 
La xenofobia encontró en este panorama un apropiado caldo de cultivo con fuerzas políticas dispuestas a utilizarla interesadamente, en torno al concepto de ivoirité y haciendo objeto de su odiosa hostilidad a inmigrantes radicales de hace décadas. 
En este marco se produjo la toma del poder de los militares que, como siempre, sólo contribuyó a empeorar la situación. 
Se generalizaron las violencias, sobre todo hacia la población inmigrante o hacia ciudadanos oriundos del norte o de los países vecinos. 
El proceso político articulado para recuperar la legitimidad democrática no ha cumplido con las esperanzas que algunos habían depositado en sus procedimientos. 
Después de una elección presidencial más que dudosa, el Parlamento Europeo insistió en reclamar que las elecciones legislativas del 10 de diciembre fueran libres, justas y pluralistas. 
Hoy, debemos reconocer que no se han cumplido nuestras demandas. 
Lo más grave es que en 32 circunscripciones ni siquiera han tenido lugar elecciones, con lo que la crisis de legitimidad es aún más patente. 
Hay, pues, que crear condiciones políticas para poner fin a la exclusión, permitir la participación del RDR y demás fuerzas políticas en el proceso democrático y asegurar, al menos, en esas circunstancias, en espera de las elecciones de enero, que se pueda abrir un cierto camino de vuelta a la normalidad democrática. 
El problema no es convocar elecciones generales a toda costa. 
Para que éstas lleguen realmente a desatascar la situación actual, es preciso antes crear las condiciones para que tales comicios puedan celebrarse en un clima de paz civil y de reconciliación. 
Condiciones para ello son: que nadie se sienta excluido, que desaparezca el Tribunal Supremo instituido por el poder militar, y que el Jefe del Estado se implique sin ambigüedades en el proceso de restauración democrática y que se escuchen las opiniones del Comité para la reconciliación nacional. 
Señor Presidente, como el Sr. Juez Stevens decía apenas ayer, no es bueno para el estado de derecho ni para la democracia que los jueces intervengan en el proceso judicial y excluyan del recuento los votos a favor de uno u otro lado. 
Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Costa de Marfil, e incluso de una manera más grave, según entiendo. 
Hemos asistido a una intervención extremadamente injusta en un proceso electoral limpio y a una interrupción del mismo. 
Nosotros en este Parlamento debemos defender el derecho del pueblo de Costa de Marfil- y de cualquier otro lugar- a un sistema democrático justo y debidamente organizado con un poder judicial no partidista. 
Sabemos que en este caso la Unión Europea dispone de medios a través del Artículo 96 del Acuerdo de Asociación de Cotonou. 
Con esta propuesta, instamos a la Comisión a que utilice esa herramienta y esperamos que lo haga. 
Señor Presidente, no podemos asociarnos a la denuncia de la política xenófoba y etnista de los dirigentes de Costa de Marfil sin denunciar al mismo tiempo la política incalificable de las autoridades públicas francesas, que no solamente sostienen al presidente marfileño y su política, sino que maniobran en el ámbito diplomático ante los gobiernos, en su favor. 
Esta actitud encaja bien en la continuidad de la política del imperialismo francés. 
Sus dirigentes, cualquiera que sea su etiqueta política, han sostenido sucesivamente la dictadura de Houphouët-Boigny, luego del régimen autoritario y corrupto de Bédié, antes de sostener al general golpista Guei, y el día de hoy al pretendido socialista, pero verdadero xenófobo, Gbagbo. 
Poco importa al Estado francés lo que los dirigentes marfileños impongan a su propio país, desde el momento en que sirvan fielmente los intereses de las grandes empresas francesas presentes en Costa de Marfil que, tanto bajo el colonialismo como después, siempre han realizado beneficios considerables saqueando ese país y explotando a su clase trabajadora. 
Señor Presidente, felizmente tenemos la ocasión de hablar de Africa, lo que hacemos demasiado poco. 
Por tanto, abstengámonos por una vez, por favor, de hacer hincapié, e incluso de exacerbar, las rivalidades en el seno de las jóvenes y frágiles naciones africanas. 
El proceso democrático en Costa de Marfil se encuentra actualmente en muy buen camino. 
El autor del golpe de Estado de diciembre de 1999 fue vencido por el sufragio universal- algo notable que no se hubiera visto hace veinte años- en beneficio de un candidato que puede considerarse como el presidente perfectamente legítimo de la República de Costa de Marfil. 
Por tanto, nos corresponde considerar a aquellos que cuestionan la legitimidad del Presidente Gbagbo como elementos subversivos, lo que el Gobierno marfileño tiene efectivamente el derecho de tener en cuenta. 
El Sr. Ouattara no es de nacionalidad marfileña y es perfectamente normal, como lo sería en cada uno de nuestros Estados, que Costa de Marfil aparte de las responsabilidades nacionales a aquellos que no poseen la ciudadanía marfileña. 
El concepto de ivoirité me parece, a mi juicio, perfectamente fundado. 
Añado que los Estados terceros que aprovechan esta situación para desestabilizar a Costa de Marfil ante la impotencia, sin duda alguna, de poder controlarlo, no impedirán que la democracia progrese en Africa, sobre todo en Africa francohablante, y en Costa de Marfil en particular, después de Senegal a principios del año. 
Honra a Francia el acompañar a sus socios y a sus aliados en esta provechosa vía. 
Gracias, Señor Comisario. 
Ha tratado usted muchos temas esta tarde. 
Le estamos enormemente agradecidos. 
Durante el debate sobre el submarino británico en Gibraltar ha señalado usted que el documento del plan de Seguridad Pública de Gibraltar estaría a disposición de los parlamentarios. 
Hay disponibles alrededor de media docena de copias en la Presidencia. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de unos minutos. 
Señor Presidente, señor Comisario, les ruego que acepten mis disculpas por la actitud que he tenido durante el debate. 
Respecto de las alusiones calumniosas pronunciadas hacia mi persona; he de decir que no es mi actitud normal y que no he querido en ningún momento alterar el normal desarrollo del debate. 
Muchas gracias, señor Bautista Ojeda. 
El debate sobre cuestiones actuales, urgentes y de especial importancia queda cerrado. 
Vamos a pasar a la votación. 
Sobre las propuestas de resolución relativas a los presos turcos 
Señor Presidente, quisiera una clarificación. 
Nosotros estábamos totalmente a favor de que hubiera una resolución común a raíz del debate sobre Turquía. 
Sin embargo, según las informaciones que poseo, todos los demás grupos han retirado su resolución. 
Si es así, el mantenimiento de una sola resolución sería meramente formal y, en ese caso, retiro la de nuestro Grupo 
Le ruego me confirme si los demás grupos retiraron la suya. 
Señor Wurtz, quisiera tener la misma certeza que su Señoría, pero sólo puedo tener la de que se han retirado, a falta de documento escrito alguno, si cada uno de los Grupos políticos declara formalmente si retira o no su resolución. 
Señor Presidente, quisiera seguir el ejemplo del Sr. Wurtz y retirar también nuestra enmienda formalmente. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes, nosotros también retiramos nuestra propuesta de resolución. 
Señor Presidente, formalmente, y no por escrito, retiro la resolución. 
Siendo así, Señorías, se confirma que las propuestas de resolución citadas por el Sr. Wurtz han sido retiradas, por lo que esta votación queda sin efecto. 
VOTACIONES (continuación) 
Señor Presidente, me pregunto si el Sr. Comisario Patten puede explicarme cómo va a ayudar la Comisión a reparar un submarino, que es lo que realmente acabamos de votar. 
. (EN) Como sabe su señoría, ya me he dirigido dos veces al Parlamento sobre este asunto esta tarde, pero de lo que yo hablaba era de la competencia de la Comisión, no de su omni-competencia. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Langen sobre la construcción naval en el mundo. 
Hemos actuado así porque nos parece importante hallar un régimen para competir de lealmente en el sector de la construcción naval mundial y pensamos que la forma en que países como Corea del Sur ayudan estatalmente a sus astilleros contribuye a destruir la construcción naval mundial. 
La competencia desleal ayuda a destruir buenos ambientes para la construcción naval, a la pérdida de saber hacer (know-how) y de puestos de trabajos y puede llevar a largo plazo a situaciones de monopolio, lo que no beneficiará al comercio mundial. 
No obstante, no podemos respaldar la propuesta concreta de prorrogar el régimen de ayudas de funcionamiento durante dos años más. 
Básicamente pensamos que no solucionamos los problemas de la construcción naval llevando la competencia a la cuantía de las arcas nacionales. 
Nuestra falta de respaldo a la prórroga de las ayudas de funcionamiento durante dos años más está, sin embargo, políticamente condicionada a que también se compita lealmente dentro de la UE. 
De ahí la importancia de que la Comisión siga muy de cerca las decisiones e intervenga si también dentro de la UE se sigue hablando de ayudas de Estado ilegales otorgadas a astilleros. 
(Se suspende la sesión a las 18.10 horas) 
Señor Presidente, sólo quisiera hacer una pequeña precisión. Este no es el último viernes que celebramos sesión en Estrasburgo, sino el último viernes en que vamos a celebrar sesión en Estrasburgo durante una temporada, puesto que nuestro calendario se decide anualmente y yo espero que se rectifique esta costosa decisión errónea, que volvamos a aprovechar los cinco días en Estrasburgo y suprimamos, en cambio, las costosas minisesiones. 
Presiento que vamos a tener un debate sobre este asunto. 
Señor Presidente, confirmo lo que acaba de manifestar el Sr. Posselt. 
No se trata del último viernes en Estrasburgo. 
Lamento mucho que el Gobierno francés no haya presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia contra la decisión del Parlamento Europeo, pero no me cabe duda de que dicha decisión será revocada un día u otro. 
Pienso que se ha abstenido de hacerlo únicamente por razones de oportunidad vinculadas a la Presidencia francesa. 
La decisión de 1997, que había restablecido el calendario tras un intento del Parlamento Europeo de suprimir un período parcial de sesiones mensual, fue muy clara. 
El Parlamento Europeo no es soberano respecto a la fijación del calendario. 
El mismo debe atenerse al Tratado, y el protocolo anejo al Tratado expresa muy claramente que los doce períodos parciales de sesiones mensuales se celebran en Estrasburgo, y, en aquel momento, el Abogado General había dicho exactamente: "los doce períodos parciales de sesiones mensuales", esta expresión significa que se toma como base la práctica existente, que no debe ser modificada. 
Para que todos se pongan de acuerdo, diremos que es el último período parcial de sesiones en Estrasburgo del segundo milenio y que veremos lo que ocurre en el tercer milenio. 
Señor Presidente, en el Acta consta que he votado a favor de los parágrafos 11 y 12 del informe Theato. 
No lo hice así, sino que me abstuve. 
Estaría muy agradecido si esto pudiera corregirse. 
Se corregirá el error. 
Señor Presidente, ayer al mediodía, durante la votación, estaba presente un grupo de visitantes en la tribuna para el público. 
Por la tarde no habíamos conseguido poder explicar a este grupo de visitantes por qué se llevaba a cabo la votación con sólo 170 diputados presentes en este Parlamento. 
Si queremos que la población nos tome en serio como Parlamento, tendremos que acudir a éste. 
Hoy, una vez más, sólo hay un puñado de diputados; pero eso no se lo reprocho a los que hoy están presentes, porque ayer también había apenas un puñado de personas. 
No se lo reprocho a los presentes, sino a los ausentes. 
Creo que dentro de nada no podremos celebrar reuniones los jueves si en las votaciones participa tan poca gente. 
Creo que deberíamos recapacitar todos sobre la manera de conseguir que haya suficientes diputados en las Asambleas de los jueves. 
Interpreto su intervención como una llamada a la asiduidad. 
(El Acta queda aprobada) 
Prosperidad y solidaridad entre las generaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0319/2000) de la Sra. Sbarbati, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión: Hacia una Europa para todas las edades- Fomentar la prosperidad y la solidaridad entre las generaciones. 
. (IT) Señor Presidente, señores de la Comisión, Señorías, ha sido para mi un placer aceptar ser ponente para esta importante resolución del Parlamento Europeo que aborda uno de los mayores problemas que afligen a nuestra Comunidad Europea: el envejecimiento demográfico. 
Es preciso ser muy sensibles a este problema y trabajar para crear esa solidaridad entre las generaciones que es absolutamente necesaria para contribuir a llevar a cabo unas serias e importantes políticas holísticas y para lograr la seguridad social, la protección social, y sobre todo para conseguir que en la cultura de cada país se afirme el concepto de que la persona mayor no es una carga para la sociedad, sino que debe ser considerada como un recurso: en primer lugar, un recurso humano, en segundo lugar, un recurso social, en tercer lugar, un recurso cultural y, por último, un gran patrimonio de experiencia que se debe entregar a las jóvenes generaciones. 
Estos son los motivos de fondo que nos han permitido, a la Comisión de Asuntos Sociales y a mí, llevar adelante esta resolución y culminarla con el consenso de todos. 
Por esto, quiero dar las gracias a todos los colegas por la aportación que han dado también en el trámite de presentación de enmiendas y a los técnicos de la comisión porque han sido unos elementos extraordinariamente valiosos para llevar a buen puerto la resolución. 
En 1999, proclamado por las Naciones Unidas Año Internacional de las Personas de Edad, la Unión Europea se hizo cargo de este problema. 
Ahora hemos llegado a la comunicación de la Comisión y hoy estamos aquí para votar una resolución. 
Es un momento muy importante. 
Estimamos que una política que considere el envejecimiento de la población en sentido positivo, esto es, que mire a la persona mayor no como a una persona que se apaga, sino como a una persona que pretende y quiere seguir viva- viva en los afectos, viva en la capacidad profesional, viva en la voluntad de comunicar a todos los niveles no solo sus sentimientos, sino también su profesionalidad y su experiencia- es la mejor manera de cultivar y de abordar nuevas políticas dirigidas sobre todo a fomentar la cohesión social y la solidaridad intergeneracional. 
Cierto que existen problemas complejos: existe el problema de la seguridad, existe el problema de las pensiones y existe también el problema de la asistencia que hemos tratado de afrontar, que yo he tratado de afrontar en esta resolución lo más serena y eficazmente posible, ya que sabemos que con frecuencia la asistencia recae en las familias y, en particular, en las mujeres que asumen solas esta carga y, además, sin ninguna consideración por parte de las políticas sociales y de las políticas de empleo de los Estados miembros. 
Por lo tanto, los Estados miembros deben hacer más: deben concertarse, deben afrontar este problema solidariamente y, sobre todo, deben procurar que se garantice el futuro a la tercera y a la cuarta edad. 
El futuro puede ser un día, un minuto un segundo vivido con el pleno convencimiento de que es una vida entera y no una vida incompleta la que le espera a la persona mayor, al trabajador que ha dejado de trabajar, al hombre y a la mujer que se dirigen hacia la última etapa de su vida y que deben poder hacerlo con la tranquilidad necesaria y teniendo en cuenta todos nosotros, pero sobre todo el mundo político y las administraciones que se trata de personas. 
Esto es algo que no hay que olvidar. 
Éste es el motivo fundamental de la resolución que aborda distintos aspectos que van del tiempo libre al empleo. En efecto, será necesario procurar que cuando se habla de enfoque, de conocimiento y, en consecuencia, de voluntad de construir una formación y de instruirse durante toda la vida, esto sea verdad también para las personas mayores, dado que con frecuencia el desarrollo tecnológico excluye a los trabajadores mayores de los nuevos procedimientos de trabajo y de las nuevas tecnologías. 
Por consiguiente, hacen falta un reciclaje masivo, una no discriminación en los centros de trabajo y una no discriminación después de la jubilación, cuando estos trabajadores, estas personas pueden gozar de todo su tiempo con una riqueza y una disponibilidad distintas y pueden afrontar la vida con mayor serenidad. 
Es por esto que nos movemos en este sentido y sobre todo, en beneficio de las personas que, lamentablemente, en la tercera edad y cuarta edad se convierten en discapacitadas. 
En efecto, sabemos que la salud no es un bien infinito. 
Con relación a estas personas, los Estados miembros deben practicar políticas diferentes afrontando tanto el tema de la asistencia necesaria como el tema de la cobertura de los gastos, sobre todo en beneficio de las personas discapacitadas cuyos familiares no pueden hacerse realmente cargo de ellas definitiva y totalmente. 
Señor Presidente, los cambio demográficos que tienen lugar en la sociedad europea nos obligan a reexaminar el papel de las personas mayores desde un enfoque global y a largo plazo que ha de proponerse el mantenimiento, o la reintegración, de las personas de edad avanzada en la vida activa, ya sea en el proceso productivo, ya sea en la actividad social. 
En este enfoque debe incluirse la garantía de una vida digna, con autonomía y autosuficiencia, para estas personas. 
Semejante estrategia exige objetivos bien coordinados, pero se fundamenta también en la solidaridad entre las generaciones, se fundamenta en el respeto y en el reconocimiento de los diferentes papeles de los ciudadanos. 
La problemática desarrollada y la acción política que debemos desplegar en este ámbito adquieren especial relevancia en esta etapa en la que la Unión Europea intenta poner al día su modelo social, combinando sin fisuras el desarrollo económico con el progreso social, la calidad de vida y la integración social de todos los ciudadanos. 
Los retos son comunes a todas las sociedades europeas; en algunos países, no obstante, presentan rasgos más marcados, y me refiero concretamente a mí país, Grecia, que ocupa el primer lugar en el porcentaje de jubilados pobres, un porcentaje, de acuerdo con la información brindada por Eurostat, en torno al 31%. 
La adopción de la agenda social por el Consejo Europeo de Niza nos satisface especialmente, y esperamos que los países miembros sepan aprovechar esta oportunidad para fomentar el desarrollo y la coordinación de los sistemas de seguridad social y asistencia a las personas mayores, y promuevan otras medidas, como, por ejemplo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que garanticen su reintegración a la vida activa. 
Mi Grupo político ha colaborado creativamente con la ponente Sra. Sbarbati y le damos sinceramente las gracias por ello. 
El informe incluye muchas posiciones compartidas por nosotros. 
Hemos concedido singular importancia al estudio del fenómeno del envejecimiento en las diferentes categorías de personas mayores, puesto que hemos percibido que los problemas a los que se enfrentan las personas mayores en los núcleos urbanos son diferentes a los que afectan a las personas de la misma edad en las zonas insulares y rurales de la Unión Europea. 
Hemos apoyado especialmente la actividad de las personas mayores en diferentes ámbitos de trabajo voluntario, subrayando siempre la necesidad de seguridad social en estos ámbitos, y creemos que las instituciones europeas y los Estados miembros no deberán perder la ocasión de una amplia campaña de información y sensibilización que no se dirija sólo a las instancias de la administración responsables de la aplicación de la política social, sino a toda la ciudadanía, porque deben ser los propios ciudadanos los que tomen conciencia de la necesidad que tiene la sociedad de la solidaridad entre las generaciones. 
El apoyo a la iniciativa de la Comisión Europea, y su enriquecimiento a través del diálogo con el Parlamento, enviará, creemos, a los pueblos de Europa el mensaje de que la Unión Europea está en condiciones de prever los cambios y las crisis y de diseñar una sociedad de participación, cohesión y solidaridad. 
Señor Presidente, quiero darle las gracias al ponente en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos. 
Nosotros podemos compartir a grandes rasgos sus ideas y estamos satisfechos con el resultado del trabajo de la comisión parlamentaria. 
El telón de fondo fue el Año Internacional de las Personas de Edad proclamado por la ONU, y ha sido de gran importancia el hecho de que se preste atención en diferentes ámbitos a la evolución futura de la situación de las personas mayores, por ejemplo, en los países de la Unión Europea. 
En mi opinión, lo más importante es que las personas mayores sean consideradas como personas independientes y que sean apoyadas para poder valerse por sí mismas durante el mayor tiempo posible. 
Nos encontraremos ante la cuestión de cómo hacer permanecer a las personas mayores en la vida laboral y qué es lo que esto requiere de los mercados de trabajo. 
Por otra parte, asistimos al fenómeno de que, al mismo tiempo que la población envejece y lo hace con más salud que nunca en el pasado, aumenta el deseo de acceder a la jubilación anticipada. 
En este contexto, tendremos que tener en cuenta cómo se comportan los mercados laborales en relación con los diferentes sectores de la población. 
¿Cómo vamos a apoyar a las personas mayores para que soporten una permanencia cada vez más prolongada en el mercado laboral? 
¿Cómo vamos a organizar la educación y formación permanentes, de modo que también las personas de más edad adquieran los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades y también la motivación que necesitan para permanecer de forma más activa en la vida laboral? 
Así pues, hay aspectos muy diversos que deben ser tomados en cuenta en este asunto. 
Quiero exponer de forma especial algunos puntos de vista que afectan a las mujeres maduras. 
Es obvio que todo lo relacionado con las mujeres en los mercados de trabajo repercutirá más adelante cuando vayan envejeciendo, por ejemplo en lo se refiere a las pensiones que percibirán, y dado que hoy en día aumentan los contratos de trabajo temporales, la consecuencia será un debilitamiento de sus pensiones. 
Aunque consigamos a largo plazo que se pague el mismo sueldo por el mismo trabajo realizado, debemos recordar que las mujeres necesitan un trato especial en el ámbito de la seguridad social, ya que ellas tienen un historial de trabajo diferente, y esto es algo que hay que tomar en cuenta, pues tendrá consecuencias, por ejemplo, en las futuras pensiones. 
Señor Presidente, me complace mucho intervenir en nombre del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea y felicitar al ponente por este excelente informe. 
Este es un asunto de gran importancia, especialmente teniendo en cuenta el creciente envejecimiento de la población europea. 
En este contexto, la solidaridad entre los diferentes grupos generacionales y los actores involucrados en este sector, es fundamental. 
Hay que destacar que la unidad, no sólo entre naciones y regiones, sino también entre la población, constituye un elemento en el que la Unión Europea tiene un historial del que puede estar orgullosa, y este informe pone de relieve este hecho. 
El reducido empleo de los trabajadores más mayores constituye un asunto que el Parlamento Europeo debía haber acometido mucho antes. 
Me satisface mucho el énfasis que el informe pone en la revisión del esquema impositivo y de beneficios para incentivar la aceptación de ofertas de empleo: esta es una iniciativa que saludamos. 
La promoción de la formación continuada a lo largo de toda la vida- algo que ya ha sido mencionado por otro orador- es otro asunto que también apoyo. 
Con las nuevas tecnologías y las posibilidades de la educación a distancia, accesibles a las personas más mayores, se abren nuevas y reales oportunidades, que deben ser puestas a su disposición para que puedan sacar provecho de las mismas. 
Respecto de las políticas de protección social: la Comisión, en su programa de trabajo para 1999, dedicó especial atención al modo de invertir la tendencia hacia la jubilación temprana, a la búsqueda de nuevas formas de jubilación progresiva y a diseñar unos sistemas de pensiones más flexibles y sostenibles. 
En cuanto a las políticas de lucha contra la discriminación y la exclusión social, el programa de acción social establece la intención de la Comisión de explorar la posibilidad de desarrollar nuevos programas de acción comunitarios basados en los artículos 13, 129 y 139, de acuerdo con las modificaciones de Amsterdam, y esto es algo que todos saludamos. 
La atención prestada a la investigación médica y social sobre el envejecimiento se resalta muy acertadamente en el informe. 
Quizás- y esto lo digo como miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte- fuese necesario dar mayor énfasis al deporte y al ejercicio para que las personas mayores conserven la forma y la salud- pero eso es algo que estoy seguro le consta al ponente. 
Saludo la excelente iniciativa mostrada por el ponente y le doy todo el apoyo en nombre de mi Grupo. 
Señor Presidente, hace ya un siglo, dos miembros de mi familia alcanzaron prácticamente la edad de 100 años. Esporádicamente, se llegaba a alcanzar en aquellas épocas los 110 años. 
Entonces no eran más que excepciones, ya que la gran mayoría de la gente moría a una edad relativamente temprana debido a las malas condiciones de vida. 
Actualmente, la gente cada vez tiene mayores expectativas de vida gracias a los recursos sanitarios, a la información, a la asistencia, a las viviendas y a los regímenes de pensiones. 
Algunos investigadores piensan que realmente se puede llegar a los 120 años, pero que casi siempre se muere la gente por abandono o porque una parte vital de su organismo deja de funcionar. 
Si organizamos bien nuestros sistemas de asistencia y de seguridad de subsistencia, cada vez más personas podrán llegar a ese máximo de expectativa de vida, ya que son los gastos colectivos destinados a la prestación de servicios públicos los que nos alargan la vida. 
En Europa Central y en Europa del Este hemos podido ver desde hace diez años cómo las expectativas de vida descienden tan pronto como los gobiernos se abstienen de la prestación de estos servicios, dejando a la gente mayor a su suerte. 
Debido de la escasez de mano de obra en una economía en crecimiento como la nuestra, se crea una presión sobre los mayores para que sigan en activo durante más tiempo. 
Esta escasez se utiliza, incluso, como argumento para retrasar la edad de jubilación y para anular propuestas anteriores para rebajarla. 
Éste es un proceso equivocado. 
Naturalmente, las personas de más de 60 ó 70 años aún pueden hacer muchas cosas útiles, pero es un error hacer que, a su edad, sus ingresos dependan de su trabajo. 
Estas personas serían mucho más útiles sirviendo como cemento de la sociedad, con lo que ayudarían a que otros puedan rendir mejor. 
Por ejemplo, en el voluntariado pueden transmitir la experiencia que da la vida y pueden estimular la cooperación en su entorno. 
Si se les obliga a realizar un trabajo remunerado no podrán llevar a cabo estas tareas tan útiles, e, imponiéndoles tales cargas laborales, probablemente se les estén limitando sus expectativas de vida. 
Tengo la impresión de que la ponente encuentra menos importantes los aspectos de este asunto que acabo de exponer de lo que yo los encuentro, y de que, además, es demasiado optimista sobre las posibilidades de que a los mayores les vaya bien sin crear las condiciones sociales necesarias. 
Uno de los medios para reforzar la situación vital de los mayores es la adopción de la enmienda 4, que ha sido propuesta por mi compañero del Grupo Alavanos, la cual pretende adaptar las viviendas y los medios de transporte a los mayores. 
Espero que la Asamblea adopte esta enmienda. 
Señor Presidente, este informe de la Sra. Sbarbati es el típico informe para el viernes por la mañana, aunque también contiene valiosas recomendaciones. 
Pero, a causa de su reiteración, se equivoca de puerta. 
Tanto si viene a cuento como si no, reclama actuaciones en el ámbito comunitario. 
Los organismos europeos apenas tienen competencias en esta área política. 
Los que pueden hacer algo, con muchas recomendaciones, son los gobiernos de los Estados miembros, los gobiernos de las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos. 
No deberíamos endosarle a la Comisión Europea un trabajo que no le corresponde. 
En los próximos decenios, la disminución del índice de natalidad y el aumento de las expectativas de vida provocarán un envejecimiento de la población. 
Como consecuencia de ello, aumentarán enormemente los gastos en concepto de asistencia sanitaria y de pensiones. 
La OCDE ya ha realizado hace años investigaciones sobre este asunto, y ha emitido los informes correspondientes. 
Las investigaciones en los Países Bajos muestran que, hasta la edad de cincuenta años, los costes de asistencia sanitaria ascienden a unos 1.000 euros por persona y año; en el caso de las personas de 75 años, esta cantidad asciende a 4.000 euros, en tanto que para las de 95 años ronda los 25.000 euros al año. 
Aquel que quiera invertir esta tendencia necesitará mucho aliento. 
Porque, al haber estimulado excesivamente la individualización, nos hemos echado encima nosotros mismos la enorme demanda de instituciones de asistencia por parte de los mayores. 
También en ciertos Estados miembros se disparan los costes de las pensiones. 
Ya, en su informe mensual de julio de 2000, el Banco Central Europeo emitía advertencias muy serias a este respecto. 
En algunos países de la UEM los costes ascienden al doble del producto interior bruto, a lo cual hay que añadir su deuda pública. 
Me asombra enormemente no haber encontrado en este informe ninguna recomendación concreta al respecto. 
Muchos Estados miembros van a tener que adoptar medidas drásticas de ahorro, dar preferencia a la creación de fondos de pensiones para poder afrontar los costes de las pensiones y mantener a raya la masa salarial bruta. 
Si no se hace, no quedará, por desgracia, más remedio que recortar las pensiones. 
Retrasar la edad de jubilación, tal como la Comisión Europea propone, no es ni con mucho suficiente. 
Comparto la opinión de la ponente de que los mayores merecen respeto y consideración. 
Desgraciadamente, por lo que respecta a este punto, lo tenemos todo en contra. 
Aquel que es joven, progresista y genial tiene las puertas abiertas. 
Precisamente la experiencia vital y la sabiduría de los mayores son algo que nos hace mucha falta en esta cultura nuestra, tan corta de resuello. 
Necesitamos un cambio radical en la manera de pensar en todos los ámbitos de la sociedad. 
La gente necesita los cuidados y la atención del prójimo; estamos implicados los unos con los otros. 
La base de esta concepción de la vida se encuentra en la familia, donde el ser humano se desarrolla desde la infancia. 
Lo extraño es que ya en ninguna parte se considera a la familia como la célula de la sociedad, ni se la estima en su justo valor. 
También en este asunto la individualización ha exigido su precio. 
A todo esto se suma la infravaloración del trabajo transductivo y de asistencia, que alimenta esa absurda opinión según la cual las amas de casa son menos productivas. 
En este informe, prácticamente no se ha prestado atención a su valiosa aportación a nuestra sociedad. 
Yo apoyo el alegato para luchar contra la discriminación por edad en el puesto de trabajo. 
Pero, también en este asunto, me pregunto si es necesaria la existencia de una directiva de la UE. 
Por lo que a mí respecta, los Estados miembros pueden afrontar este problema mucho mejor ellos mismos por medio de su legislación propia. 
Para terminar, aunque los mayores pueden contar con mi simpatía y mi consideración, no voy a apoyar este informe por las razones arriba expuestas. 
Señor Presidente, ante todo debo dar las gracias a la ponente, Sra. Sbarbati, porque, como dije en comisión, ha elaborado un informe tan excelente que ni yo mismo lo habría podido hacer mejor. 
Por lo tanto, la felicito también en nombre de todas las personas mayores y de todos los pensionistas que me han hecho llegar a este escaño nº 274 de nuestro hemiciclo. 
Quisiera llamar su atención sobre el apartado 18 del informe. 
Se pide "a los Estados miembros que asuman el gasto de la asistencia a las personas mayores no autosuficientes y hospitalizadas o que lo reembolsen a las familias que las asisten". 
Ésta es una enmienda que yo presenté y que fue aprobada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Quisiera subrayar la importancia de este apartado. 
En muchos de nuestros Estados miembros- seguramente en Italia, pero, estoy seguro de que también en el Reino Unido, en Grecia y en los demás Estados- trabajamos durante toda nuestra vida: los trabajadores trabajan desde la mañana hasta la noche, se levantan a las seis de la mañana y regresan a sus casas cansados y fatigados a las ocho o a las nueve de la noche. 
Pasan los años: enferman debido al trabajo, pagan las cotizaciones para tener derecho a la pensión y a la asistencia en caso de enfermedad, así como los impuestos y las contribuciones. 
Con frecuencia sucede que, en los últimos años de nuestra vida, enfermamos muy gravemente, nos quedamos totalmente inválidos y necesitamos de la ayuda de todos. 
Y el Estado no paga nada, ni siquiera a los que carecen de ingresos y de rentas. 
Y el trabajador que ha dado todo a la sociedad, debe vender su casa para curarse, debe gastar todo su dinero y debe ver que sus familiares se empobrecen, justamente en el momento en que espera que el Estado y los demás estén más cerca de él en los últimos años de su vida, cuando todo se convierte en sombrío y confía en la luz de la ayuda del prójimo. 
Por lo tanto, demos una esperanza a los ciudadanos mayores de toda Europa votando a favor de este informe y de este apartado 18. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión constituye, creo, un verdadero hito en la historia de la política social, porque pone fin a un período en el que la mención a la tercera edad se hacía desde la consideración de estas personas como la generación de los desheredados o los retirados. 
La ponente, que ha estudiado el tema con especial sensibilidad, señala que hay que combatir los estereotipos negativos, y consolidar la igualdad entre las generaciones como base y soporte del modelo social europeo. 
Con sus propuestas para una vida activa durante la vejez, la sociedad gana a toda una generación. 
La participación activa voluntaria de las personas mayores en los papeles que pueden desempeñar facilitará la retirada de las objeciones de los sindicatos, que recelan de la prolongación de la vida activa. 
Paralelamente, conduce a la revisión de otras políticas planeadas sólo para las generaciones más jóvenes, mientras que, por otra parte, aspira a atraer el interés de las otras edades, con la consiguiente redefinición de la participación del conjunto de las edades en la vida social y económica, así como de la redistribución entre ellas de la renta. 
Este ambicioso objetivo requiere un cambio radical de prácticas, así como la contribución activa de los agentes sociales. 
Pero como quiera que personas mayores- tal y como, acertadamente, se señala en la comunicación- no constituyen un grupo homogéneo, corresponde, principalmente, a los agentes sociales establecer la clasificación de personas mayores más adecuada a las necesidades actuales. 
Acertadamente, relaciona esta política con la viabilidad política de los sistemas de pensiones. 
La redistribución de recursos que oculta la política de modernización de los sistemas de pensiones, problema explosivo, constituye un objetivo añadido de la nueva política para todas las edades. 
La independencia propuesta del sistema de pensiones respecto de los cambios demográficos, orientada a la creación de un sistema retroalimentado, está vinculada a un mayor porcentaje de ocupación de las personas mayores. 
Sin embargo, los muchos casos de jubilación anticipada y la diversidad en las edades y requisitos de jubilación convierten en una obra colosal la reestimación de estas políticas, puesto que no todas ellas están inspiradas por la sensibilidad social. 
Quisiera, finalmente, resaltar algo relacionado con la asistencia médica. 
La calidad de la asistencia médica está directamente relacionada con la política de calidad de vida, muy especialmente en el caso de las personas mayores. 
Sin embargo, la comunicación debería ser más precisa sobre el problema del elevado coste de los servicios derivado de las nuevas tecnologías médicas, que crean nuevas formas de desigualdad ante la enfermedad y la muerte. 
Señor Presidente, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha realizado un importante informe sobre la Comunicación de la Comisión. 
Puesto que los mercados están interesados únicamente en los jóvenes y en el poder adquisitivo de los jóvenes, los asuntos de las personas mayores quedan a cargo de la política. 
En muchos países de la Unión Europea se habla sobre si será posible garantizar en el futuro los derechos de jubilación adquiridos y las prestaciones en materia de pensiones. 
En muchos países de la UE se han prometido determinadas pensiones, para cuyo pago no se han creado los fondos de cotización correspondientes. 
Cuando entre en vigor la divisa común, el euro, y la política financiera sea la misma en todos los países, los países en cuestión sufrirán presiones muy grandes para rebajar la cuantía de las pensiones. 
Hay que cumplir las promesas sobre las pensiones, pero las pensiones deben ser garantizadas con los recursos propios de estos países, sin necesidad de acudir a la política financiera común de la UE para hacer efectivo su pago. 
Lo que proporciona mayor seguridad a las personas mayores y a los ciudadanos que se aproximan a la edad de jubilación es que sus ingresos estén garantizados. 
El acceso a un puesto de trabajo también forma parte de los derechos humanos. 
Y en el informe de la Sra. Sbarbati se ha prestado gran atención a la marginación por edad y al racismo de edad en el mundo laboral. 
Los políticos deben garantizar la igualdad en la vida laboral; los mercados no son capaces de hacerlo. 
Señor Presidente, Señorías, el punto más importante del presente informe es la petición a la Comisión de que presente una directiva sobre la base del artículo 13 del Tratado de Amsterdam que impida las discriminaciones por razón de la edad. 
Estas discriminaciones existen; hay países de la Unión Europea en los que las compañías de seguros no pagan las operaciones a partir de una determinada edad. Vienen a decir en cierto modo: para qué necesita un anciano esta operación. 
Las compañías de seguros muchas veces ya no permiten acceder a las personas mayores a la rehabilitación. 
Esto es una discriminación por razón de la edad. 
En un Estado miembro se debatió en el Parlamento la conveniencia de retirar el derecho a voto a las personas mayores de 70 años. 
En todos los Estados miembros existen leyes que prohiben lisa y llanamente trabajar a partir de una determinada edad. 
Yo les ruego que no me repliquen ahora lanzando el gran grito de alarma: "Eso supondría quitar puestos de trabajo a los jóvenes." 
Esto me recuerda el debate de los años sesenta, cuando se pretendía mantener apartadas a las mujeres del empleo. 
También entonces se alegaba que las mujeres no debían participar en la vida laboral para que los hombres tuviesen trabajo. 
Los sindicatos mantuvieron durante largo tiempo este debate. 
Ahora también plantean un debate falso. 
¡Por favor, abandonemos de una vez este planteamiento! 
Casi todos los oradores han pronunciado la palabra "envejecimiento". 
El Sr. Blokland ha hablado incluso de senilidad. 
Un colega ha hablado claro: lo que ocurre no es que vivamos demasiado, ni que la nuestra sea una sociedad envejecida, sino que en siglos anteriores las personas morían mucho antes de lo que el buen Dios inscribió en nuestros genes. 
¡110, 120 años, esa es la edad que corresponde! 
En los últimos 100 o 150 años hemos vivido la mayor revolución social, que ha duplicado la esperanza de vida de las personas. 
Hemos recibido el regalo de una segunda vida. 
Hace 150 años, la esperanza media de vida era de 40 años, ahora es de 80 años. 
Una niña nacida hoy tiene la posibilidad de llegar a vivir 100 años o más. 
No deberíamos hablar de envejecimiento, ni de senilidad. 
Dejen de repetir estas palabras, pues su mero uso ya constituye una discriminación. 
La vejez es el futuro que les aguarda a todos. 
Yo les recomiendo que velen por su futuro. 
Señor Presidente, yo también me basaré, al igual que nuestra ponente, a quien felicito, en el balance que todos pueden efectuar sin dificultades: Europa es un continente que envejece desde el punto de vista de la pirámide de edades. 
En un primer análisis, esto puede parecer una desventaja. 
Personalmente, soy de los que piensan- como muchos, y que son cada vez más numerosos- que puede significar una baza si sabemos hacer lo necesario para que cada ciudadano, cualquiera sea su edad, siga siendo un ciudadano de pleno derecho y para que la experiencia vuelva a ser un valor primordial en una sociedad que, estos últimos años, ha privilegiado demasiado la rapidez, lo efímero y la moda por encima del tiempo, de lo duradero y de la experiencia, sin olvidar el aspecto humano. 
Por eso hoy no puedo menos que felicitarme de la existencia de la presente comunicación y del presente informe tendente a construir una Europa para todas las edades y a fomentar la prosperidad y la solidaridad entre las generaciones. 
Los retos- económicos, en particular- son bien conocidos. 
Para hacerles frente y convertir unos problemas reales en unas bazas reales es necesario, en mi opinión, una gran voluntad y una gran movilización en el plano moral, filosófico y político. 
También se necesitan medios financieros importantes. 
Este último punto va en contra, naturalmente, de una ideología individualista de moda que conduce a reducir el gasto público y los impuestos que afectan a la población activa. 
Es un cálculo erróneo, teniendo en cuenta la situación demográfica actual y futura y teniendo en cuenta, asimismo, que la población activa de hoy es la población no activa de mañana desde el punto de vista económico. 
Finalmente, en mi opinión, invertir en la vida- sin duda, lo más importante- es, de todas formas, una buena inversión económica. 
Y añadir vida a los años es una iniciativa que sirve de base a la dignidad humana. 
Es lo que da sentido a la prolongación matemática de la vida, que el progreso médico ha permitido. 
El título del informe es "Fomentar la prosperidad y la solidaridad entre las generaciones", intención que no podemos menos que suscribir. 
Desgraciadamente, junto con la afirmación de algunas buenas intenciones, que nosotros votaremos positivamente, varias formulaciones extremadamente complicadas hacen pensar que las personas de edad deben encontrar dicha prosperidad trabajando más allá de la edad normal de jubilación. 
Y bien, los trabajadores no deben trabajar más tiempo para que sus cotizaciones compensen la tacañería de los grandes empresarios, que pretenden reducir la cuota patronal de las cotizaciones de vejez. 
Nosotros nos oponemos absolutamente a todo aquello que retrase la edad de jubilación, ya que pensamos ante todo en los trabajadores de la producción, muchos de los cuales están agotados mucho antes de la edad legal, incluso en los países en que dicha edad es relativamente baja. 
Por otra parte, cómo puede prometerse la prosperidad y la solidaridad a las personas de edad sin afirmar el derecho que tiene cada trabajador a una jubilación decente, y yo llamo jubilación decente a la totalidad del salario. 
Señor Presidente, yo me alegro de tener la oportunidad de hacer uso de la palabra el último viernes de este año, que confío que no sea ni mucho menos el último que celebramos sesión en Estrasburgo. 
En mi calidad de miembro del Club de los Viernes, no inscrito pero existente de facto, formo parte como usted del grupo de diputados que también estamos presentes este día y espero que el año próximo consigamos que esto vuelva a repetirse. 
Tendremos que buscar los medios y el camino para que así sea. 
En mi condición de persona que todavía no ha alcanzado la edad senior, hay un aspecto del informe sobre una Europa que integre a todos los grupos de edad y, por lo tanto, también a los mayores, que me anima: mis dos comisiones, tanto la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales como la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, no lamentan el progresivo envejecimiento de nuestra sociedad, sino que lo acogen con satisfacción. 
La colega Flemming ha recordado con razón que es un hecho positivo que las personas puedan alcanzar una edad más avanzada y mantenerse sanas. 
Lo negativo es que a muchas se las margina y también es negativo que muchas se sientan excluidas. 
El informe sobre el artículo 13 que tuve la oportunidad de presentar a la Asamblea en el mes de octubre corrobora que se discrimina a las personas por razón de la edad. 
Se obstaculiza el acceso de los trabajadores mayores a la formación permanente y continua y éstos también encuentran obstáculos para acceder a las nuevas tecnologías, aunque estarían capacitados para usarlas. 
Incluso se niega su capacidad de aprendizaje y, más aún, su capacidad de innovación. 
Se les acosa con objeto de que por fin se den calladamente por vencidos y abandonen, supuestamente de manera voluntaria, el empleo. 
Las discriminaciones exigen medidas destinadas a contrarrestarlas. 
Es necesario desarrollar estas medidas a través de proyectos piloto, que a su vez se deberán subvencionar mediante iniciativas comunitarias, como por ejemplo la iniciativa EQUAL. 
La Sra. Sbarbati pide con razón a la Comisión que apoye la propuesta de limitar la imposición de la jubilación anticipada. 
Yo completaría la propuesta sobre la base de algunas experiencias vividas en Alemania. 
Las empresas abusaron en extremo de la regulación de la jubilación anticipada, que respondía inicialmente a una buena intención política. 
Cobraron indemnizaciones- toda la sociedad se vio, por lo tanto, afectada -, los trabajadores mayores abandonaron el empleo, pero no se contrató a trabajadores jóvenes y se eliminaron muchos puestos de trabajo. 
Si consideramos el aspecto financiero, la persona que abandona la vida laboral, tiene derecho a cobrar una pensión y a no ser discriminada con la oferta de una limosna. 
Con todo el respeto hacia la diversidad de los sistemas nacionales de pensiones europeos, éstas deben estar vinculadas a los ingresos y el rendimiento. 
Yo espero que las campañas de información en los Estados miembros animen a las personas de edad a ofrecer una aportación social y cultural, en los centros de barrio, en el cuidado de niños y personas ancianas, a través de las asociaciones y agrupaciones sociales. 
¡Necesitamos también a estas personas y no sólo a los llamados jóvenes dinámicos y a los triunfadores! 
Una estrategia eficaz debe incluir también el fomento del diálogo entre las generaciones. 
Pienso, por ejemplo, en la organización de encuentros en el marco de seminarios o de la evaluación de las "mejores prácticas", en los que las personas mayores transmitan sus conocimientos y su experiencia a los jóvenes. 
Algunas personas de 70 años son más jóvenes que otras de 17, que se limitan a nadar con la corriente y temen equivocarse o llamar la atención. 
Quien se conforma con la medianía, jamás se lanzará a la aventura de una vida comprometida. 
Las incontables personas mayores activas deberían animarnos a todos a luchar por una sociedad donde la solidaridad entre las generaciones no sea sólo un tópico. 
Señor Presidente, comienzo felicitando a la ponente Sra. Sbarbati por su excelente informe. 
Se trata de una reflexión seria y profunda sobre los problemas de las personas de edad, pero también es un informe valiente e innovador en las propuestas que presenta para fomentar la participación activa de las personas de edad en la vida laboral, social y cultural. 
El envejecimiento de la población es, en nuestros días, un dato indiscutible y un factor importante de presión sobre los sistemas de seguridad social de algunos Estados miembros. 
El envejecimiento activo y saludable es un gran desafío de nuestros tiempos y reclama la necesidad de una adecuación entre las políticas comunitarias y los sistemas nacionales de seguridad social y salud pública. 
No se trata sólo de limitar la cuestión de la solidaridad entre generaciones a la esfera financiera, hay que potenciar una visión global de apoyo a las personas de edad y a sus estructuras familiares, en particular a las mujeres que prestan asistencia a las personas de más edad. 
El modelo de sociedad actual hace un culto a la juventud. 
Se trata de una idea enraizada que atraviesa horizontalmente todos los sectores de la vida social y contra la que se debe luchar con la práctica efectiva de la solidaridad entre generaciones. 
En un marco de aumento importante de la esperanza de vida asociado con los menores avances médicos que se han venido registrando, se debe prestar atención especial a la evolución demográfica. 
Hay que elaborar una estrategia coordinada para el empleo en conjunto con las medidas contra la discriminación por edad, así como modernizar los dos sistemas de pensiones y de salud. 
Urge aplicar políticas y programas concretos para las diversas categorías de personas de edad. 
Esas medidas deberán ser adecuadas para las diferentes situaciones y características en lo relativo a la calidad de vida y a la autosuficiencia económica. 
Y, como no se puede tratar de forma igual lo que es desigual, los Estados miembros deberán dar respuestas a las situaciones de las personas de edad con falta absoluta de medios y dependientes de la asistencia y los cuidados de familiares o terceras personas y, por otro lado, deberán velar por la creación de un seguro que garantice a las personas de edad un final de la vida con dignidad y serenidad. 
Señor Presidente, mi padre, Robert Purvis, tiene 90 años y actualmente no se encuentra demasiado bien. 
En gran medida él es la razón de que yo esté aquí- como diputado, como escocés, como europeo. 
A principios de los años 30 pasó mucho tiempo en Alemania. Tuvo buenos amigos alemanes. 
Fue testigo y presenció con preocupación el auge del nazismo. 
Cuando yo era muy niño pasaba largas temporadas fuera de casa, saltó en paracaídas en el sur de Serbia para contribuir en la valiente lucha de los serbios monárquicos contra el nazismo. 
Después saltó en paracaídas en los Altos Alpes de Francia para combatir con los Maquis y preparar esa parte de Europa para la liberación. 
Tengo fotografías suyas del momento en el que la tricolor fue de nuevo izada en Mont-Dauphin y Briançon. 
Inmediatamente después de la guerra volvió a Alemania para restaurar la agricultura y el suministro de alimentos en Renania del Norte- Westfalia, Hamburgo y Schleswig-Holstein. 
Mi hermano y yo nos reunimos con él allí. 
Jugamos entre los escombros de Hamburgo y también hicimos buenos amigos alemanes. 
En mi primer día en este Parlamento se acercó a mí uno de nuestros colegas alemanes de entonces. "¿ Es usted Purvis ?" 
"Sí". " Le recuerdo jugando sobre mis rodillas en Hamburgo en 1946. 
Respetábamos muchísimo a su padre ", dijo. 
" Podía haberse aprovechado de nuestra situación, pero no lo hizo. 
Hizo todo lo que pudo por distribuir justamente los escasos recursos de los que disponíamos y restaurar nuestro país. " 
Mi padre tiene más de 90 años. 
Yo más de 60, mis hijos, unos 30 y mis nietos entre 0 y 5 años- cuatro generaciones de una familia escocesa y europea. 
Esta Unión Europea, este Parlamento, son la garantía para nuestras familias de que la paz y la seguridad por las que mi padre luchó y trabajó durante su vida tendrán continuidad en las generaciones futuras- con la solidaridad generacional. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, yo quiero felicitar en nombre de la Comisión a las ponentes y a ambas comisiones por el presente informe. 
Me satisface muy especialmente que la Comisión y el Parlamento Europeo hayan acabado demostrando un alto grado de coincidencia y hayan desarrollado un planteamiento común frente a los retos del envejecimiento. 
El debate ha demostrado que existe un amplio acuerdo en relación con las respuestas políticas que se consideran adecuadas en los ámbitos del empleo, la seguridad social, la salud y la integración social. 
Sin duda, tenemos que hacer frente a enormes retos. 
Sólo un esfuerzo común permanente nos podrá ayudar a afrontarlos. 
Yo creo que para conseguir adaptarnos de manera adecuada a los procesos de envejecimiento de nuestra sociedad. es importante que mantengamos un elevado grado de consenso. 
En segundo lugar, yo quisiera resaltar la importancia de esta comunicación. 
Es cierto que propone pocas medidas e iniciativas concretas. Pero, en cambio, ofrece un diagnóstico innovador de los mayores retos que plantea el envejecimiento, del cual se desprende un conjunto sumamente importante de respuestas políticas, concretamente en relación con los temas del empleo, la protección social, la salud y la integración social. 
El programa aquí expuesto a grandes rasgos se ha cumplido luego rigurosamente en las posteriores propuestas de la Comisión y sin duda también continuará informando las futuras orientaciones políticas. 
La preocupación por cubrir la brecha de la edad al establecer el balance de las aportaciones según la edad laboral en Europa ha tenido un fuerte reflejo en los procesos de fomento del empleo, desde las directrices y las recomendaciones hasta los procedimientos de la "NLP" y la revisión por homólogos (peer review). 
También quedó de manifiesto en los planes en relación con la iniciativa comunitaria EQUAL y en la utilización de los créditos del FSE durante el período 2001-2006. 
Los problemas de envejecimiento figuran, además, entre los objetivos más importantes que definen los nuevos procesos de cooperación en el ámbito de la protección social. 
El hilo conductor de las comunicaciones más recientes sobre las pensiones de jubilación es "la movilización de todo el potencial de la sociedad", o sea, que el incremento de la tasa de empleo de todas las personas en edad de trabajar se concibe como el instrumento decisivo para mantener el nivel de las pensiones en una sociedad que está envejeciendo. 
Las iniciativas en otros ámbitos, como la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y la integración social, expresan análogamente otros aspectos de un escenario de envejecimiento activo. 
En este contexto, yo quiero resaltar que la directiva contra la discriminación en el empleo, que se adoptó el 12.10.2000, prohibe la discriminación por razón de la edad. 
Otras iniciativas futuras en el ámbito de la salud pública tienen por objeto sobre todo las cuestiones relacionadas con la salud y la asistencia de las personas mayores y el fomento de un envejecimiento sano. 
Un párrafo del Quinto Programa Marco de Investigación está dedicado, finalmente, a la investigación de los problemas del envejecimiento, incluidos los efectos saludables de la actividad en la vejez. 
Por lo tanto, es evidente que el paradigma político de un envejecimiento activo ha quedado plasmado en muchas iniciativas importantes y podemos tener la seguridad de que continuará inspirando una serie de iniciativas futuras. 
Para acabar, voy a responder a algunas cuestiones en relación con las cuales el Parlamento ha manifestado su preocupación por los efectos de las medidas propuestas por la Comisión. 
Una preocupación que se expresa reiteradamente en su informe es la posibilidad de que una insistencia en las medidas políticas a favor de un envejecimiento activo y sano vaya acompañada de un deterioro de las condiciones y una reducción de los derechos de las personas necesitadas de cuidados asistenciales, las personas muy ancianas y las incapacitadas para el trabajo. 
Yo quiero asegurarles categóricamente que esta no es, desde luego, de ningún modo la intención de la Comisión. 
Al contrario, la Comisión da mucha importancia en su comunicación a la necesidad de que las medidas tomen en consideración las diferencias entre las personas. 
La jubilación anticipada tiene que seguir siendo posible para las personas que han perdido su capacidad laboral. 
No todo el mundo puede ni tampoco debe abandonar voluntariamente la actividad laboral. 
Debe existir un margen adecuado para las preferencias y decisiones individuales. 
Por lo demás, una insistencia en las medidas políticas a favor de la actividad tiene, a nuestro parecer, exactamente los efectos contrarios. 
De hecho, dichas medidas son un requisito previo para poder recaudar fondos suficientes para atender a las personas que requieren asistencia, y para que los más acomodados estén en condiciones de poder incrementar su aportación y se sientan motivados a hacerlo y a mejorar su autonomía en la vejez. 
El debate queda cerrado. 
Vamos a pasar a la votación. 
Sobre las enmiendas 2 y 3: 
. (IT) Señor Presidente, he aceptado las enmiendas 2 y 3 presentadas por el Sr. Pronk, en que sostiene que hay que modificar el texto e insiste en el concepto de desarrollo demográfico frente al de envejecimiento demográfico. 
El problema es que, por lo que a nosotros respecta como Unión Europea, no podemos hablar de desarrollo porque no tenemos un auténtico desarrollo demográfico: la natalidad es extraordinariamente baja, mientras que el envejecimiento aumenta. 
Por lo tanto, la propuesta- que me parece que el Sr. Pronk ha aceptado- es la de hablar de una elevación de la edad media de la población para evitar un concepto que podría parecer negativo y para expresar la cuestión en términos más técnicos, más justos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIÓN DE VOTO 
Señor Presidente, es la última explicación de voto del año 2000. 
Aprovecho la ocasión para agradecer su paciencia y la de las demás presidencias de turno, a la hora de escucharme a lo largo del año. 
Este año 2000 no comenzó con buen pie para mí: en primavera me robaron la cartera y las tarjetas de crédito en Barcelona, en verano me robaron la bicicleta nueva en Estrasburgo y en otoño, me robaron la agenda y los números de teléfono en Bruselas. 
Pero hoy ha sido aprobado el informe Sbarbati en favor de las personas mayores que me ha levantado el ánimo y me ha devuelto la alegría. 
Quisiera terminar diciendo a la Sra. Flemming que veo junto a mí, que el hecho de que se viva más tiempo no significa- como justamente has dicho, querida señora Flemming- que se envejece, significa que se rejuvenece. 
En efecto, una persona que antes, hace años, tenía cuarenta años era vieja, ahora es joven. 
Tú eres joven, señora Flemming, y si no yo no fuera un hombre casado te haría la corte. 
(Risas y aplausos) 
Si alguien encuentra todos los objetos que le faltan a nuestro colega, se ruega que los entregue; sobre todo sus gafas, porque la Sra. Flemming estaba detrás de usted, señor Fatuzzo. 
Información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0385/2000) del Sr. Dary, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre las medidas de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior. 
- (FR) Señor Presidente, Señorías, el objetivo de esta propuesta de la Comisión es armonizar en un sistema único los doce regímenes sectoriales de promoción, que hasta ahora se aplican con diferentes modalidades. 
Esta iniciativa es muy conveniente a semejanza de lo que ya se ha hecho para la promoción de productos agrícolas en los terceros países. 
El objeto de la propuesta es la información sobre los productos, así como sobre los métodos de producción. 
No se trata de duplicar las operaciones publicitarias o de promoción de los operadores de cada sector ni de las autoridades públicas. 
La idea es hacer hincapié en temas que se abordan en el ámbito europeo, como la información sobre las características intrínsecas de los productos: calidad, aspectos nutricionales, producción biológica, etcétera. Eso permitiría lanzar acciones complementarias con efectos de sinergia seguros. 
Dicha propuesta supone ventajas inmediatas: un sistema único, que permitiría una información y una promoción con respecto a todos los productos agrícolas y a los métodos de producción, adoptar medidas de información que permitan racionalizar frente al consumidor las informaciones sobre los productos alimentarios, así como la descentralización y la aplicación general de pliegos de condiciones para los sectores afectados. 
Pero si bien el conjunto de la propuesta me parece interesante y bien estructurado, considero que podría ser conveniente aclarar y mejorar algunos puntos, con el fin de aprovechar al máximo todas las posibilidades de esta propuesta. 
Mis colegas de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente han actuado del mismo modo, y las propuestas de enmiendas aprobadas refuerzan el texto; mencionaré algunas. 
Me ha parecido importante incluir los métodos de producción en esta política de información, ya que son determinantes de la calidad de los productos. 
Creo necesario, asimismo, establecer una mayor cofinanciación a cargo de la Comunidad en aquellas circunstancias específicas que lo justifiquen, por ejemplo: crisis grave de mercado o manifiesto interés comunitario. 
En cuanto a las modalidades de aplicación del reglamento, el recurso a los diferentes Comités de gestión competentes que existen en la actualidad no me parece el mejor medio para responder a esta iniciativa de tipo horizontal. 
Se propone crear un Comité de gestión ad hoc, competente para la promoción de los productos agrícolas. 
El establecimiento de las líneas directrices y de las listas de los temas de los productos considerados debería realizarse con mayor regularidad. 
Con el fin de que el dispositivo conserve cierta agilidad, se propone que las mismas se fijen con una frecuencia de dos años, esta misma frecuencia se propone a la Comisión para presentar un informe al Consejo y al Parlamento, a fin de evaluar el funcionamiento de la propuesta y de examinar, entre otras cosas, la situación de utilización de los créditos y las eventuales necesidades presupuestarias. 
Por otra parte, dado que la iniciativa de las acciones corresponde a los profesionales, es importante garantizar que éstos no se enfrenten a líneas directrices demasiado rígidas, que bloquearían sus iniciativas en vez de regularlas. 
Este nuevo dispositivo no sería operativo hasta 2002. 
Convendría fijar la fecha de entrada en vigor del Reglamento de aplicación, con el fin de no perder los créditos disponibles en 2001. 
Finalmente, sería necesario volver a introducir de forma explícita en el texto la posibilidad de realizar acciones en favor de los productos de las regiones ultraperiféricas y de sus logotipos. 
Esta propuesta, así modificada, merece todo nuestro apoyo. 
Una política coherente de promoción de productos constituye uno de los instrumentos que permiten una existencia tangible a los modelos agrícolas europeos. 
Se trata, asimismo, de un instrumento de comunicación de capital importancia con los consumidores, que en nuestros días ya no saben a qué atenerse. 
Para concluir, Señorías, el Presidente recordaba que hoy presidía la última sesión del milenio. 
Llamo la atención de ustedes sobre el hecho de que la votación del presente informe será también la última de este período parcial de sesiones. 
La misma podría desembocar en una unanimidad que, sin duda, conociendo la grandeza de espíritu de la Comisión, la conduciría a aceptar la totalidad de nuestras enmiendas. 
Les doy las gracias, Señorías, y les deseo a todas y a todos los presentes en este hemiciclo un excelente fin de año. 
Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Presupuestos, en principio, era también a favor de la propuesta de la Comisión. 
La promoción de los productos agrícolas sigue siendo necesaria, sobre todo porque sus precios están a la baja, y está claro que los productores no reciben compensaciones adecuadas por ello. 
La Comisión de Presupuestos no está de acuerdo con la Comisión de Agricultura en una serie de puntos. 
En primer lugar, la Comisión de Presupuestos opina que la promoción no debe estar dirigida sólo a los productos agrícolas destinados a la alimentación, sino que también debería estar dirigida a los productos agrícolas no destinados a la alimentación. 
Todos los productos agrícolas se deberían beneficiar de ello. 
Realmente, yo quisiera que ustedes le prestaran atención expresa: se trata de la enmienda 27. 
Opinamos que, además de las actividades de promoción normales para los productos agrícolas, se deberán subrayar una serie de aspectos. 
¿Cómo podemos explicar a los ganaderos y agricultores europeos, a los que cada vez se les ponen más limitaciones a sus actividades, que tienen que utilizar métodos de producción respetuosos con las condiciones de vida de los animales, mientras que las fronteras permanecen abiertas a productos en cuya elaboración no ha hecho falta observar estas normas? 
Tenemos que hacer énfasis en los aspectos europeos con respecto al público en general. 
Si ocurriera que, en el marco de las negociaciones de la OMC en el año 2003 o más adelante, se rebaja una determinada cantidad de restituciones por exportación, la Comisión de Presupuestos opina que la Comisión Europea deberá encargarse de que una parte de esas restituciones se utilice para más actividades de promoción. 
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de miembro del grupo de trabajo que se ocupa de la OMC y responsable, en particular, del tema de las pequeñas y medianas empresas, no puedo dejar de felicitar a la Comisión por su informe y por esta medida, que se anticipa a los acontecimientos con una visión a largo plazo y muy prometedora. 
En la ronda de negociaciones en el marco de la OMC vamos a recibir fuertes presiones en lo que respecta a las restituciones a la exportación y muy probablemente habrá que introducir reducciones en este ámbito. 
Por esto es muy importante ofrecer una compensación y ésta se puede concretar muy adecuadamente a través de medidas de promoción y publicidad. 
Dado que este sector está incluido dentro de la "caja verde", esto nos permitiría impulsar, obviamente, una presentación absolutamente distinta y bastante más intensa de los productos europeos en el mercado mundial. 
Yo creo que en este ámbito existen grandes oportunidades para los productos europeos de calidad. 
El fomento del desarrollo rural, que actualmente presenta un superávit del 10%, también indica en última instancia la necesidad de dar mayor apoyo a estos circuitos regionales, lo cual permite aplicar muy bien, por un lado, la teoría del "pensamiento global y la acción local" (think global, act local) , sin descuidar no obstante, por el otro lado, el mercado mundial. 
En el futuro tendremos buenas oportunidades justamente en el sector de la alimentación, pero también de los productos agrícolas no alimentarios, que deberíamos aprovechar debidamente. 
Por lo tanto, esto significa que las doce categorías existentes no sólo serán objeto de apoyo en el futuro, sino que se ampliarán para incluir los productos agrícolas en general. 
Es decir, señora Lulling, que no sólo el zumo de uva sino también el vino tendrán su correspondiente oportunidad en este contexto en el futuro. 
También deberíamos marcarnos un objetivo. 
Concretamente, deberíamos procurar que la producción de alimentos en Europa tenga un objetivo y esto enlaza, de hecho, muy bien con el debate anterior. En efecto, queremos que nuestros alimentos nos permitan conservar la salud hasta una edad avanzada. 
Queremos mantenernos sanos y los alimentos son la base por antonomasia de una vida sana. 
Por esto yo también me congratulo por la creación de un grupo de trabajo sobre biotecnología en el Parlamento Europeo esta semana. 
Nos proponemos examinar detenidamente las cuestiones relacionadas con la salud. 
También pensamos que en este contexto se debe prestar especial atención a la agricultura de producción biológica y a los cultivos ecológicos, y, evidentemente, creemos que Europa puede salir adelante muy bien a escala internacional con sus marcas y denominaciones de origen. 
Una tendencia que está cobrando cada vez más fuerza en los últimos tiempos es la práctica del comercio electrónico. 
Yo creo que también podríamos adoptar algunas medidas para promover los productos agrícolas en este contexto. 
Se calcula que a finales de 2003 un 80% de la población de Europa dispondrá de acceso a Internet. 
Esto representa, naturalmente, una gran oportunidad para las zonas rurales; el alejamiento de los grandes centros pierde importancia en este contexto justamente para las zonas rurales y se abren nuevas oportunidades que a fin de cuentas es preciso aprovechar. 
Otro aspecto importante es, evidentemente, el de la formación inicial y permanente. 
Yo creo que en el contexto de la comercialización y la venta habría que otorgar un lugar mucho más central a la formación permanente dentro de los programas de formación, puesto que las nuevas tecnologías, la gestión de la promoción, ofrecen oportunidades absolutamente nuevas para una logística moderna. 
La cooperación entre la industria, la agricultura, el comercio y el consumidor va a ser, por lo tanto, de la máxima importancia en este contexto y yo me congratularía de que en el futuro consiguiésemos desarrollar nuevos modelos de cooperación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desearía en primer lugar saludar la proeza del Sr. Dary, quien no sólo logró ayer que se aprobara su informe sobre el plátano, sino que, además, hoy se las ha ingeniado para cerrar este período parcial de sesiones de cinco días del segundo milenio. 
Señor Dary, posee usted el arte de la comunicación, ¡bravo! 
Y era usted por ello el más indicado para presentar el informe que actualmente debatimos. 
Ahora, más en serio, desearía subrayar el interés que presenta esta propuesta de reglamento del Consejo, reglamento relativo a las medidas de información y de promoción de los productos agrícolas en nuestro mercado interior. 
En este sentido, el ponente acaba de expresar lo esencial. 
Yo añadiría, simplemente, por mi parte, en el momento en que la EEB pone en evidencia algunos desajustes de la agricultura productivista, que es particularmente oportuno valorizar, en el marco de nuestro mercado interior, las cualidades específicas de los productos agrícolas, incluyendo, como lo propone el ponente, la mención a los métodos de producción. 
En efecto, si bien la agricultura europea puede razonablemente pretender estar presente en los mercados internacionales, ello significa que su futuro está aún más ligado a la penetración de su mercado interior, actualmente de 370 millones de consumidores y probablemente mañana de cerca de 500 millones de consumidores. 
Desde este punto de vista, las medidas de información, de promoción, cofinanciadas por la Unión Europea y los Estados miembros, son, pues, necesarias a la vez para contribuir a restaurar la imagen debilitada de la agricultura frente a los consumidores y para que se reconozca, además, la excelencia de la inmensa mayoría de nuestros productos agrícolas. 
Naturalmente, estas medidas de comunicación institucional deben más bien completar las operaciones publicitarias organizadas sobre todo por la gran distribución. 
Periódicamente debe hacerse hincapié- frente a determinado público o a los consumidores, en general- en elementos referentes, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, a la trazabilidad, a las cualidades nutricionales, a la especificidad de los métodos de producción, o incluso en los esfuerzos realizados por el bienestar de los animales. 
Y si dichas campañas alcanzan sus objetivos con respecto a los consumidores, no debemos subestimar por eso las repercusiones que tendrán, a su vez, en los propios productores, que encontrarán en ello la recompensa de sus esfuerzos y un estímulo para continuarlos. 
Señor Dary, la Comisión de Agricultura ha apoyado sus diferentes recomendaciones. 
Esperamos ahora que este Parlamento también las apoye ampliamente, y pido a mi Grupo que lo apoye sin reservas. 
Señor Presidente, hoy dispongo de un poco más de tiempo del que suele concederme habitualmente mi Grupo. 
Ante todo, quiero felicitar al Sr. Dary por su buen informe. 
Sin embargo, no voy a entrar en detalles ya que éste es muy adecuado. 
Los colegas ya han intervenido al respecto. 
Sólo quisiera exponer un par de simples verdades para cerrar el año. 
El objetivo es, en primer lugar, según sus palabras, desarrollar medidas de promoción para el modelo agrícola europeo. 
En este contexto, yo quisiera dejar claro que también forma parte de dicho modelo agrícola europeo que todavía no tengamos poder de codecisión en este ámbito, tampoco en relación con este informe, ni en el caso de los plátanos. 
Nosotros elaboramos el informe, realizamos nuestro trabajo y si al Consejo no le gusta, luego hace lo que le place. 
El Consejo de Niza tampoco aportó este progreso. 
Ayer comenté con un cierto sarcasmo que habíamos avanzado un paso; evidentemente, en realidad ha ocurrido lo contrario. 
Yo creo que no debemos cejar en nuestros esfuerzos para conseguir el poder de codecisión. 
Así de sencillo. 
Si hubiesen permanecido en los prados, la EEB no existiría. 
O cuando se habla de un déficit en el abastecimiento de proteínas. 
Si se hubiesen transpuesto las propuestas del Parlamento, que aquí se aprobaron en tres ocasiones por mayoría- pero esto demuestra una vez más la impotencia del Parlamento -, en el sentido de que en las superficies de barbecho se podrían cultivar leguminosas, se podría plantar trébol y permitir que pastase el ganado, habríamos podido disponer de más alimentos básicos, de más proteínas para el ganado. 
Las vacas habrían permanecido en los prados y no habría sido necesario alimentarlas con harinas animales. 
Otra verdad simple, ahora que se dice que no podemos asegurar la alimentación de las terneras porque no existe un sucedáneo de la leche: la simple verdad es que las terneras toman leche. 
Si queremos disponer de un producto para las máquinas dispensadoras automáticas, podemos pulverizar la leche completa. 
Pero que en la alimentación de las terneras se añadan grasas procedentes de la fabricación de harinas animales- lo que en cualquier caso resulta muy arriesgado desde el punto de vista de la transmisión de la EEB -, me parece una fuente de contagio en el caso de los animales jóvenes. 
¿Por qué no decidimos añadir mantequilla al alimento de las terneras? 
Ya hemos tenido demasiados problemas con los productos. 
También en este contexto se plantea el tema del modelo agrícola europeo. 
El siguiente punto es el relativo a las subvenciones. 
Hay explotaciones del mismo tamaño, no pequeñas y grandes, sino del mismo tamaño, una de las cuales recibe 15.000 marcos de conformidad con el número de trabajadores y la otra recibe 150.000 marcos según su número de trabajadores. Lo cual significa que recibe más de lo que le cuestan los trabajadores. 
Si en mi explotación de 50 hectáreas obtuviese ese beneficio por cada trabajador, contrataría a cinco personas más. 
El salario de estas cinco personas yo debo pagarlo con cargo a la producción y no con el dinero procedente de Bruselas. 
Si queremos partir de la base de que la agricultura también desea ofrecer empleo, tenemos que establecer unos criterios sociales que garanticen asimismo una cierta igualdad de oportunidades. 
Señor Verheugen, usted conoce el debate en relación con los nuevos Estados miembros y el interrogante de si recibirán compensaciones o no Si las reciben por el mismo procedimiento que aquí, nos encontraremos con el mismo problema, esto es, que no crearemos empleo sino que en el fondo habremos puesto en marcha una máquina de destrucción de empleo, con el fin de destinar a un uso más lucrativo las primas que se reciben de Bruselas. 
Mi siguiente observación se refiere al tema de las exportaciones y la intervención. 
Todavía se realizan transportes de animales motivadas por el hecho de que subvencionamos la exportación de animales vivos. 
Si suprimiésemos estas subvenciones, no tendríamos que volver a hablar del transporte de animales y de las imágenes que vemos en los medios de comunicación. 
Todo ello forma parte de la imagen que ofrecemos al mundo y ésta no es positiva, sino negativa. 
El Sr. Garot demostró que existen otras posibilidades en el informe que elaboró cuando intentamos establecer una organización común de mercados en el sector porcino, que favorecía efectivamente los métodos de explotación tradicionales y la preservación de las estructuras. 
Pero no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. 
El único destello de esperanza es el reglamento sobre la agricultura de producción biológica y en Alemania últimamente se ha hablado mucho de ésta como modelo de referencia. 
Si queremos adoptar la agricultura biológica como modelo de referencia de la política agrícola, yo creo que deberíamos adoptar otras medidas, que en el fondo son muy sencillas. 
De este modo tendríamos la oportunidad de informar y convencer a la opinión pública, incluida la opinión pública no europea, a través de las medidas de promoción, de la bondad de nuestra producción de alimentos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera aclarar que no hablo en nombre de mi Grupo, sino en el de mi propio partido. 
Me temo también que desilusionaré al ponente. 
No existe unanimidad tras este informe. 
Se trata de cambiar el sistema de medidas para promocionar las ventas. 
En mi opinión, es erróneo que existan semejantes medidas en la Unión Europea. 
No es lógico que los contribuyentes y la Unión financien campañas de propaganda, por ejemplo, para que la gente compre más tulipanes o coma más manzanas. 
Esto es responsabilidad de los productores, de los vendedores y de las organizaciones de las ramas de producción, pero no de la Unión Europea. 
Creo que deberíamos aprovechar la oportunidad para eliminar este sistema, en lugar de cambiarlo y afianzarlo. 
También es importante decir que esta parte de la política agrícola adolece de graves deficiencias. 
Actualmente se otorgan considerables subvenciones para la producción de enormes cantidades de determinados productos que no pueden venderse. 
No hay compradores. 
Esto implica que hay que crear subvenciones a la exportación- que destruyen los mercados en otros países- o campañas de propaganda financiadas por los contribuyentes si no se quiere, lisa y llanamente, destruir los productos agrícolas. 
El sistema de medidas para promover las ventas es una parte de las deficiencias de la política agrícola de la Unión. 
Creo que hay que reparar estas deficiencias. 
No hay que pagar por ciertos productos que no se demandan, ni hacerles propaganda. 
En este sistema hay demasiados componentes propios de una economía planificada. 
Por eso votaré en contra de este informe. 
Señor Presidente, si leo correctamente soy el último orador en intervenir en el debate desde la tribuna de esta Asamblea. 
Cuando era pequeño mi padre también era muy proclive a hablar. 
Solía acusarme de querer siempre tener la última palabra. 
Parece que voy a tener la última palabra, no sólo en este debate, sino que voy a ser el último en intervenir desde la tribuna de esta Asamblea en este milenio, de modo que si aun viviese estaría muy orgulloso de mí. 
Quisiera felicitar a la Comisión por presentar esta propuesta. 
El ponente ha investigado este sector muy concienzudamente y ha elaborado un informe excelente, aunque no coincida con todo su contenido y él mismo ha señalado que no lo hemos hecho tan bien en el pasado. 
Bajo el último programa el gasto cayó entre 1997 y 1998. 
Hemos de preguntarnos por qué hemos fallado en el pasado a la hora de propiciar que la industria europea tomasen los recursos disponibles. 
Evidentemente, hemos de aprender algunas cosas. 
Coincido en que hemos de gastar dinero en este asunto. 
Los consumidores necesitan una información precisa y necesitan garantías. 
Sinceramente confío en que lo que se vaya a presentar aquí no sea la opinión de cualquiera sobre lo que es seguro y adecuado, sino una información con una adecuada base científica. 
La agricultura orgánica está bien en sí misma. 
No tengo nada en su contra. 
Yo mismo fui, en su momento, un agricultor orgánico, porque todo el mundo lo era cuando yo empecé a trabajar como agricultor cuando tenía 15 años, es decir, hace mucho tiempo. 
Lo que los consumidores europeos deben entender hoy es que los alimentos nunca han sido tan baratos como lo son ahora. 
Nunca han sido tan abundantes como ahora. 
Nunca han sido tan seguros como lo son hoy, a pesar de algunos problemas que existen y probablemente seguirán existiendo. 
Hay otra cuestión que deberíamos recordar. 
En su mayor parte todo el mundo tiene suficiente para comer. 
Todo el mundo tiene suficiente comida, de modo que si promocionamos un producto evidentemente lo hacemos en contra del consumo de otro. 
La Comisión Europea debe ser extremadamente cuidadosa. 
Si se promocionan con dinero público los productos lácteos y la ternera, en los que nos hemos gastado una inmensa cantidad de dinero, al igual que con la carne de cordero, aunque no tengamos excedentes, para que compitan con productos que no están subvencionados como la carne de cerdo y la carne de ave, entonces, evidentemente estamos influyendo en el equilibrio del mercado y cometiendo una injusticia con algunos de nuestros productores. 
Hemos de ser muy cautos a este respecto. 
El Sr. Rübig señala que hay muchas cosas que podemos vender en el exterior. 
Esto es muy importante porque con el paso del tiempo no nos va a ser posible continuar con nuestra costumbre de producir productos de baja calidad y venderlos con altas subvencione, sin procesar, y sin valor añadido en los mercados exteriores. 
En un mundo en el que la población está creciendo en 80 o 90 millones de personas al año ha de haber un mercado para los alimentos europeos, porque no hay ningún lugar en el mundo tan adecuado para producir alimentos ni lugar en el que los agricultores sepan responder mejor a las oportunidades como lo hacen los agricultores europeos. 
Tiene que haber un futuro. 
El Sr. Mulder acierta cuando dice que la Política Agrícola Común está diseñada no sólo para los alimentos, sino para cumplir el objetivo social de mantener la máxima población posible en las zonas rurales. 
Usando una tecnología y una ciencia modernas y modernizando nuestra industria hemos sido capaces de hacer que los alimentos sean accesibles a un precio justo para los más pobres. 
Esto nunca se logró cuando la producción era orgánica. 
Desde luego, si podemos producir y promocionar alimentos de forma más benévola para el medio ambiente, consciente de las condiciones de los animales y vender en los mercados internacionales, entonces estaremos cumpliendo realmente la vocación original de la Política Agrícola Común. 
Señor Presidente, antes de pasar a referirme al presente informe, yo quiero manifestar mi sincero agradecimiento al ponente, Sr. Dary. Agradecimiento que hago extensivo también a los demás miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a las otras comisiones que han contribuido a su elaboración. 
El reglamento propuesto está destinado a sustituir a los doce reglamentos sectoriales específicos que el Consejo ha ido aprobando en el curso de los años. 
De este modo se armonizan y simplifican las disposiciones existentes, que adolecían de una falta de homogeneidad. 
Para ello nos hemos basado en el mismo planteamiento de la promoción que ya se aplica fuera de la Unión Europea. 
La Unión se dota así también en el marco del mercado interior de un instrumento de promoción flexible, que se podrá aplicar de manera horizontal. Es decir que se sustituye la anterior estrategia centrada en los productos por un enfoque más temático. 
Esta promoción a escala europea puede complementar adecuadamente las medidas adoptadas por los Estados miembros, insistiendo, por ejemplo, en los siguientes temas: la calidad, los aspectos científicos relacionados con la nutrición, la seguridad alimentaria, el etiquetado, la rastreabilidad del origen de los productos, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, los productos de cultivo biológico, los modos de producción integrada, etc. Esto permitiría mejorar apreciablemente la identidad de los productos europeos ante el consumidor y todos coincidiremos sin duda en que esto es necesario, dada la actitud cada vez más crítica de los consumidores con respecto a esta cuestión. 
El planteamiento de unas medidas de información y promoción temáticas complementarias de las medidas nacionales y regionales requiere un fuerte compromiso de los Estados miembros a través de la cofinanciación y el apoyo a la gestión y el control de las medidas que se deberán desarrollar. 
Un análisis de las enmiendas permite diferenciarlas en tres grupos. 
En primer lugar, están aquéllas que la Comisión puede hacer suyas. 
En segundo lugar, aquéllas que resultan superfluas porque su contenido ya está cubierto por las formulaciones generales de la propuesta, que son, además, las adecuadas en el contexto de un reglamento marco. 
En tercer lugar, hay otro grupo de enmiendas que la Comisión también rechaza porque no se adecuan a la propuesta o no parecen convenientes debido a sus consecuencias. 
La Comisión puede hacer suyas las enmiendas 2, 4 y 10, que piden información sobre los métodos de producción de los productos agrícolas y alimenticios en el marco de las campañas. La enmienda 5, que pide unas directrices generales que concreten únicamente los elementos esenciales de los programas en cuestión. 
La Comisión está abierta a considerar la posibilidad de incorporar esta idea en el texto del apartado 3 del artículo 5 de la propuesta. 
La enmienda 18 y la primera parte de la enmienda 24, que reducen de tres a dos años la periodicidad con que se revisarán los temas y productos seleccionados con objeto de mejorar la eficacia del instrumento de promoción. 
Estas son las enmiendas que puede hacer suyas la Comisión. 
Paso a reseñar ahora las enmiendas que ya están contempladas en la propuesta y que no se aceptan por este motivo. 
Éstas son: la segunda parte de la enmienda 2 y las enmiendas 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31 y 32. 
La Comisión comprende muy bien las consideraciones en las que éstas se basan. 
Sin embargo, el carácter general de la presente propuesta de reglamento nos parece suficiente. 
Además, algunas de estas ideas se recogerán en las normas de desarrollo. 
Quisiera referirme brevemente a la segunda parte de la enmienda 2 y a las enmiendas 11, 13 y 28. 
La mención explícita del origen regional o cualquier otro dato específico limitaría en exceso el ámbito de aplicación del reglamento. 
También debemos rechazar la enmienda 25. 
No obstante, por lo que respecta a la entrada en vigor del nuevo reglamento, la Comisión está dispuesta a considerar la inclusión de unas disposiciones transitorias. 
El último grupo de enmiendas que la Comisión no puede aceptar corresponde a aquellas que no son compatibles con la propuesta, que podrían tener consecuencias indeseables o en las que se proponen procedimientos de gestión que no concuerdan con la práctica habitual. 
Por lo que respecta a cada enmienda concreta, la enmienda 1 es incorrecta desde el punto de vista jurídico, pues el artículo 299 del Tratado CE sólo se puede aplicar a las excepciones relativas a otros artículos del Tratado CE. Este caso no se da aquí. 
Las enmiendas 3, 16, 17 y la segunda parte de la enmienda 24 podrían dar lugar a malentendidos con respecto a los objetivos de nuestra política de promoción. 
No ha sido posible aceptar las enmiendas 6 y 33 porque en tal caso la participación de la UE en la cofinanciación sería sencillamente excesiva, dada la limitación de los recursos. Además, con ello también se reduciría la corresponsabilidad de los demás participantes. 
Por lo que respecta a las enmiendas 9 y 22, en las que se pide la creación de un comité de gestión especial, así como las enmiendas 7, 19, 23 y 27, en las que se piden otras modificaciones del procedimiento, debo manifestar que la Comisión debe atenerse a unas normas de procedimiento coherentes. 
Yo me congratulo de que la propuesta haya obtenido en conjunto una amplia aceptación por su parte. 
La Comunidad tendrá así muy pronto, gracias a su colaboración y a su posición, la posibilidad de aplicar en la práctica un nuevo instrumento de promoción importante. 
Sin proponérmelo, parece que voy a ser el último orador del año 2000. 
He observado, en la segunda parte del informe de la Comisión de Presupuesto, un error absolutamente inusual, que, en mi opinión, no debería mantenerse. 
En el texto griego aparece la Sra. Jutta Haug como el ponente, es decir, como hombre, y el Sr. Markus Ferber como la ponente, es decir, como mujer. 
Doble cambio de sexo en un solo día y sin operación me imagino que no se había hecho nunca en el mundo, y tal vez debería registrarse en los anales de la ciencia, a menos que se haga la corrección correspondiente y se evite el mencionado cambio. 
Señor Presidente, en mi intervención anterior no me ha dado tiempo a desear una feliz Navidad y un buen año nuevo a las y los colegas. 
Quiero rectificar ahora esta omisión. 
Lo segundo que deseo decir es que, a pesar de todas las críticas, que también he expuesto claramente en mi intervención, nosotros acogemos con satisfacción la aprobación del informe y nos congratulamos de que la Comisión lo lleve adelante. 
En efecto, es cierto que la promoción del modelo agrícola europeo ya comienza a ser necesaria, pero, además, también está justificada. 
Todos los que recuerdan que en Europa todavía es posible comer a gusto tienen razón. 
Y así debemos hacerlo con ocasión de las fiestas. 
Esto no modifica, sin embargo, lo que antes he manifestado claramente, a saber, que también debemos prestar atención a los pequeños detalles, que no debemos olvidar una orientación socioecológica como modelo de referencia de la política agrícola europea y que debemos verificar siempre si los efectos de las medidas apuntan en la dirección adecuada. 
En este contexto, quisiera añadir una última consideración. 
Volviendo al tema de la retirada de tierras, en la práctica se puede observar que ésta no está vinculada a la rotación de los cultivos, sino que las explotaciones toman en arriendo terrenos de mala calidad para mantenerlos permanentemente en barbecho, mientras en los otros continúan intensificando la rotación de los cultivos con el recurso a medios químicos. 
De este modo, se invierte por completo el sentido de la retirada de tierras, con la que en 1992 se pretendía promover originariamente una ecologización de la rotación de los cultivos. 
Esto permite apreciar cómo con pequeñas modificaciones se pueden conseguir grandes efectos en la práctica. 
Esto lo que he pedido esta mañana y lo que quería señalar. 
Yo confío en que ahora que todos están convencidos de la necesidad de un cambio de rumbo en la política agrícola, también nos pongamos a trabajar conjuntamente y hagamos nuestros deberes con el fin de introducir las rectificaciones urgentemente necesarias en estos pequeños detalles. 
¡Felices fiestas! 
Gracias, señor Graefe zu Baringdorf, por sus buenos deseos. 
Señor Presidente, en calidad de presidenta del intergrupo "Vino: tradición y calidad", de este Parlamento, me congratulo, evidentemente, en particular de que las medidas de información y de promoción de los productos agrícolas podrán, de este modo, cubrir ahora los productos vitivinícolas de calidad. 
Cuando en esta Asamblea discutimos la reforma de la organización común del mercado del vino tratamos- desgraciadamente, sin éxito- de incluir mediante enmiendas un capítulo sobre la promoción de los productos vitivinícolas en dicha organización de mercado. 
Esto me sirve ahora de consuelo, porque no hay que dejar el campo libre- en los terceros países donde existe una demanda solvente de productos vitivinícolas de gran calidad- a los productores de vino de algunos terceros países como Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, por nombrar sólo algunos, que disponen de medios considerables para la promoción de sus productos, con mucho menos exigencias y normas que las que imponemos a nuestros viticultores. Estos últimos a veces son víctimas de una competencia desleal, sobre todo por lo que respecta las denominaciones controladas, cuando no se ven obligados a padecer, en algunos Estados miembros, una política de imposición exorbitante de las bebidas alcohólicas. 
Debemos promover un consumo moderado del vino, cuyas cualidades terapéuticas son conocidas desde la antigüedad. 
Ya San Benito obligaba a sus monjes a consumir una hemina de vino en cada comida, para despertar su espíritu y para favorecer su digestión. 
Señor Presidente, está científicamente demostrado que el consumo moderado de vino es una de las mejores maneras de prevenir el cáncer, el infarto, la enfermedad de Alzheimer y muchas otras. 
El dinero que se gaste, pues, estará bien gastado, y espero que la Comisión no sea tan parca con estos créditos como lo fue una vez más con los créditos para la miel, para las abejas, cuando mis enmiendas, a pesar de que habían sido aprobadas por la Comisión de Agricultura, no fueron aceptadas por la Comisión, por el Consejo y por nuestra Comisión de Presupuestos. 
Debo protestar, realmente, contra ello, porque sólo se trataba de 15 millones. 
Es una miseria, y espero, por tanto, que la Comisión no se muestre tan parca, en este caso, con sus fondos. 
Considere, señora Lulling, que los segundos suplementarios que le he concedido son su regalo de Navidad. 
Señor Presidente, la votación de hoy demuestra, de hecho, que también los viernes se debaten temas verdaderamente importantes. 
Este es temporalmente nuestro último viernes en Estrasburgo, es decir, que Estrasburgo va a perder doce días de presencia del Parlamento. 
Yo creo que los temas que se debatían los viernes eran de indiscutible importancia estratégica para Europa. 
Antes de acabar, yo quisiera pedirle a la Presidencia francesa que el Sr. Moscovici, que ha respondido aquí con extraordinaria brevedad y en parte de manera imprecisa a las preguntas, las responda exhaustivamente y por escrito al Parlamento Europeo, ya que consideramos que una buena colaboración entre el Consejo y el Parlamento Europeo debe incluir un intercambio en posición de igualdad y de respeto mutuo. 
Por lo tanto, a mí me interesaría saber si la cuestión de los viernes se trató en la Cumbre de Niza y si la Presidencia francesa la consideraba intrascendente o importante. 
Finalmente, quiero manifestar mi sincero agradecimiento a la Asamblea, a todos los colaboradores, a todos los ujieres y también al señor Presidente. 
Les deseo a todos unas felices Navidades y un buen año nuevo, y hago votos por que conservemos la salud y el próximo año volvamos a reunirnos todos. 
Señor Presidente, yo puedo responder a la pregunta del Sr. Rübig. 
El Sr. Chirac le prometió al Primer Ministro belga, como parte de un mercadeo, que en adelante todas las Cumbres se celebrarán en Bruselas y también una semana adicional de sesiones plenarias. 
Yo creo que esto es francamente espantoso y contrario a la letra del Tratado, y espero que no se llegue a cumplir. 
. 
(NL) Quisiera elogiar al ponente por el trabajo realizado. 
No debemos destacar sólo los productos agrarios destinados a la alimentación. 
Debemos continuar introduciendo en nuestra política los principios del Mercado Interior, incluyendo la salud pública. 
Me alegro de que, no sólo se hayan contemplado los productos para la alimentación, sino también los que no están destinados a ella. 
Me adhiero completamente a la contribución de nuestro colega del Grupo liberal Jan Mulder. 
Sin embargo, deberemos aspirar a largo plazo a una agricultura independiente que pueda operar de forma autónoma en el mercado. 
Por lo demás, quiero desear felices fiestas y un próspero, pero, sobre todo, sabio nuevo siglo a todos, pero, en particular, a aquellos que creen que merece la pena estar presentes este viernes, en esta última Asamblea del año 2000 en Estrasburgo. 
Veo que nuestros debates del segundo milenio van a nutrir, sin duda, los del tercer milenio. 
Las explicaciones de voto han finalizado. 
Considero, pues, la presencia muda del Sr. Fatuzzo como su regalo personal de Navidad. 
Sólo me resta, señoras y señores, queridos colegas, queridos amigos y todos cuantos trabajan con nosotros en este Parlamento, desearles un buen fin de milenio y citarlos para este tercer milenio, que se anuncia rico en acontecimientos para nuestro continente. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.00 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 15 de diciembre de 2000. 
Devolución a comisión 
En lo que se refiere al informe del Sr. Cashman sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, cuya votación sobre el proyecto de resolución legislativa fue aplazada el 16 de noviembre pasado, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos me ha informado que aún no estaba en condiciones de respetar el plazo de dos meses previsto por el Reglamento. Es la razón por la cual pide su devolución a comisión sobre la base del artículo 144, apartado 1, de nuestro Reglamento. 
Doy seguidamente la palabra al Sr. Watson, presidente de esa Comisión, para que nos presente la solicitud en nombre de ésta. 
Señora Presidenta, el 16 de noviembre la Asamblea aprobó una propuesta de la comisión que tengo el honor de presidir para aplazar la votación definitiva sobre la propuesta legislativa del Sr. Cashman. 
Ese aplazamiento tenía el propósito de otorgar más tiempo al resto de instituciones para que considerasen nuestras enmiendas y para que la Comisión formulase unas propuestas enmendadas. 
Desde la sesión parcial del pasado noviembre hemos mantenido contactos con el resto de instituciones, sin embargo hasta ahora, no hemos alcanzado ningún acuerdo. 
Por consiguiente, solicitamos a la Asamblea una prórroga del aplazamiento, de un máximo de dos meses, con el fín de concluir el diálogo, y confiamos en poder presentarles unas enmiendas mutuamente acordadas, para que sean votadas en la sesión parcial del 28 de febrero. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 2 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día establecido por la Conferencia de Presidentes en su reunión del 11 de enero pasado. 
Período de sesiones del 15 al 18 de enero en Estrasburgo La Presidenta. 
No he recibido ninguna solicitud de modificación en lo relativo a los días lunes, martes y miércoles. 
Señora Presidenta, quisiera hacerles observar, a usted y a mis colegas, que aunque entienda las razones que los llevaron a cargar tanto la nave y el orden del día, en lo que se refiere al miércoles, para los temas políticos debatidos entre las 9 h y las 16 h, el Consejo y la Comisión disponen exactamente del mismo tiempo de palabra que el conjunto de los diputados europeos: 90 minutos para el Consejo y la Comisión, 90 minutos para los diputados. 
Siento tener que señalarlo, sé que tenemos un miércoles muy cargado, pero intentemos cambiar eso, porque a pesar de todo el debate parlamentario debería de prevalecer sobre las instituciones. 
Gracias, Señor Dell ' Alba. 
Tomo de buen grado nota de su observación. 
Señora Presidenta, quisiera enlazar con la intervención de nuestro colega, el Sr. Dell ' Alba, y decir también alguna cosa sobre el miércoles. 
El miércoles no sólo está totalmente lleno, sino que, además, se van a tratar sin debate informes importantes- como, por ejemplo, el informe Sjöstedt sobre espacios naturales, y otros- cosa que considero improcedente. 
Sin embargo, ésta es la consecuencia de la catastrófica decisión equivocada de eliminar el viernes, que quiero mencionar en esta ocasión. 
Señora Presidenta, he pedido la palabra para intervenir respecto al debate conjunto sobre pesca del martes. 
Está previsto un importante debate ese día y la Conferencia de Presidentes ha decidido incluir una declaración de la Comisión sobre el Acuerdo de Pesca con Marruecos sin resolución. 
Como usted sabe, ésta es una cuestión muy delicada y me gustaría pedirle ciertas aclaraciones, pues la inclusión de este tema puede distorsionar un poco el debate general. 
Le pido, en primer lugar, que me indique a propuesta de quién se ha incluido, es decir, si es la propia Comisión la que lo ha pedido o si ha sido un Grupo político. 
Por otro lado, de acuerdo con el orden del debate, lo normal sería que tuviera lugar el debate conjunto de los cuatro informes y con posterioridad se realizase la declaración de la Comisión y otro debate sobre ella. 
Como me parece que eso ya no será posible, porque los Grupos políticos han distribuido los tiempos de intervención de los diputados, pido que, en ese caso, la declaración de la Comisión figure como primer punto, para que los diputados podamos intervenir en el debate y para que no se produzca la declaración de la Comisión en el medio del debate, lo que impediría que todos los diputados estuvieran en las mismas condiciones para poder responder a esa declaración de la Comisión. 
Señora Presidenta, contesto con sumo gusto. 
El Grupo Socialista solicitó esa declaración de la Comisión. 
Yo no sé si se ha añadido algún otro Grupo. 
La razón es muy simple: en los últimos días hemos visto al Comisario Fischler en televisión interrumpir las negociaciones en vivo; el Presidente Prodi- no sé si está todavía en Marruecos- ha hecho una nueva propuesta y ha reanudado las negociaciones; algunos ministros de Agricultura o de Pesca- entre ellos el español- también se han pronunciado y tiene sentido que podamos debatir esta cuestión y podamos estar tan informados- no se pide una resolución -, por lo menos, como los locutores de la televisión. 
Verdaderamente es el momento más oportuno, cuando se está discutiendo el futuro de la política pesquera con cuatro informes, para que la Comisión haga esta declaración. 
Esa es la lógica que condujo al Grupo Socialista a solicitarla. 
Gracias, señor Barón Crespo. 
Señor Varela, el Sr. Barón Crespo acaba por lo tanto de contestarle. 
La petición emanaba del grupo de los Socialistas Europeos, pero puedo decir que el conjunto de la Conferencia de Presidentes se ha declarado conforme con ella. 
Señora Presidenta, yo pedía una aclaración; yo no voy a discutir en absoluto sobre la oportunidad de una declaración de la Comisión, que la hay, evidentemente. 
Yo quiero que quede claro que nosotros la apoyamos, y creo que en la Conferencia de los Presidentes de los Grupos políticos se apoyó también, pero yo tengo hoy una reunión de la Comisión de Pesca, una reunión extraordinaria, y esta cuestión se va a plantear, como es lógico, y, como presidente de esta comisión, quería tener toda la información para transmitírsela a mis colegas. 
Por lo tanto, bien venida sea la declaración; no hay ninguna oposición, ni muchísimo menos; nuestro Grupo la ha apoyado también. 
Para que el debate se haga ordenadamente, que es lo que más me preocupa, porque esa cuestión distorsionaría posiblemente los cuatro importantes debates de pesca que tenemos, lo normal sería que la declaración se hiciera después de dicho debate, y que luego nos diera tiempo a seguir discutiendo esa cuestión, aunque me parece que no va a ser posible. 
Los servicios competentes me habían transmitido que el orden de intervenciones sería el siguiente: primero los cuatro ponentes de los informes y luego, se le daría la palabra al Comisario para hacer la mencionada declaración. 
Los ponentes, en ese caso, no podrían replicar al propio Comisario en el debate conjunto. 
Lo que le pido, entonces, es que haya una declaración de la Comisión en primer término, y que luego intervengan los oradores, para que todos tengan el mismo derecho como diputados a conocer y a poder replicar a la declaración que haga el Comisario. 
Señora Presidenta, quisiera informar al Sr. Varela Suanzes-Carpegna de que éstos son los términos de la Conferencia de Presidentes, pero veo que ya se lo han comunicado los servicios pertinentes. 
La idea- a petición de la mayoría de los presidentes de grupo- fue que intervinieran en primer lugar los cuatro ponentes y se añadiera después la intervención del representante de la Comisión. 
Esto fue lo que sucedió durante la Conferencia de Presidentes, en la que tuve el honor de representarla, Sra. Presidenta. 
La petición del Sr. Varela es otro asunto. 
Señora Presidenta, quisiera decirle, en dos palabras, porqué mi Grupo presenta esa propuesta que concierne, como lo señalan en especial los periódicos franceses, lo que se está convirtiendo en el asunto Danone. 
Es una cuestión importante que rebasa el simple marco de un Grupo. 
Se trata en este caso de la política de un gran grupo agroalimentario que acaba de obtener resultados financieros que su mismo presidente ha calificado de excelentes y que, al mismo tiempo, decide suprimir 3.000 empleos y cerrar varias empresas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
Me parece que no podemos, por una parte, considerar el pleno empleo como una acción prioritaria de la Unión Europea y obrar por la elaboración de un estatuto de las empresas europeas que prevé nuevos derechos para los asalariados y, por la otra, aceptar sin reaccionar una estrategia de ese tipo que coloca la ley de los accionistas por encima de cualquier otra consideración. 
Es la razón por la cual sugiero un debate de urgencia sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, mi Grupo va a votar a favor de esta propuesta porque, partiendo precisamente de los argumentos del Sr. Wurtz, se trata de una cuestión que no es que sea francesa, es europea, por la importancia del grupo Danone y por la repercusión de las medidas propuestas en varios países. 
Y, además, por haberse aprobado en el Tratado de Niza el estatuto de la sociedad anónima europea, creemos que es tema de gran actualidad y que está ligado también a la Presidencia sueca. 
Teniendo en cuenta que en mi Grupo se ha suscitado también la situación de otras empresas multinacionales con alcance europeo, incluso con alcance mundial, en el terreno automovilístico y siderúrgico, creemos que esta cuestión debería merecer una consideración sustantiva en la Comisión de Asuntos Sociales. 
Quizás se pudiera cambiar una cosa por otra, porque el tema es lo suficientemente serio como para considerarlo de una manera más profunda y detallada. 
Señora Presidenta, no ponemos en duda que no se trate aquí de una cuestión importante, pero esto sucede con frecuencia. 
En el pasado siempre nos hemos puesto de acuerdo en ocuparnos de estos casos en el marco de un debate más amplio. 
Por consiguiente, un debate de urgencia no es adecuado, tanto más cuanto que el tema que habría que eliminar también es importante. 
Por lo demás, quisiera indicar- si bien no pude participar en la Conferencia de Presidentes a causa del congreso de nuestro Partido Popular Europeo, aunque mi colega, James Provan me representó- que se votó ya sobre esto en la Conferencia de Presidentes y, en consecuencia, no hay por qué exponerlo una vez más. 
Estamos en contra de que se convierta este tema en una cuestión de urgencia. 
Señora Presidenta, en primer lugar se le perdona totalmente al Sr. Poettering su equivocación puesto que estaba ausente. 
Pero, Señor Poettering, le informo que la Conferencia de Presidentes no votó en absoluto ni a favor ni en contra de esa propuesta y que se me sugirió que la presentara en el Pleno, lo que hice. 
En lo que se refiere a la propuesta del Sr. Barón Crepo, estoy totalmente de acuerdo para que se someta el conjunto del problema, o sea Danone y otras situaciones similares, a la Comisión de Asuntos Sociales para luego celebrar un debate más general al respecto. 
Mi problema no consiste en hacer necesariamente de ello una cuestión de urgencia, sino en lograr que examinemos esa anomalía significativa, que suscita una gran emoción en nuestras respectivas opiniones públicas y que, efectivamente, exige una reacción de la Unión Europea. 
Por lo tanto, si los otros colegas están de acuerdo, estoy muy a favor de someter ese asunto a la Comisión de Asuntos Sociales. 
Señor Wurtz, ¿debo deducir de ello que usted retira la propuesta inmediata de sustituir la urgencia del punto 5 por este punto? 
¿Puedo considerar que existe un amplio consenso respecto a la propuesta del Sr. Barón Crespo? 
¿Desea alguien del Grupo Unión por la Europa de las Naciones expresarse para presentar la solicitud de sustitución de dicho punto por «La situación en Argelia "? 
Señora Presidenta, usted recordó hace poco los horrores que conocemos y que están vinculados con el terrorismo. 
Ahora bien, el Grupo UEN hubiera deseado que esta Asamblea pudiera debatir con la mayor urgencia la situación en Argelia. 
En efecto, la semana pasada, todos pudimos ver por televisión las imágenes insostenibles de las recientes masacres perpetradas en ese país por terroristas islamistas que continuamente hacen recular los límites del horror. 
Por lo tanto no entenderíamos que este Parlamento, tan puntilloso en lo que a derechos humanos se refiere, permanezca mudo después de ese nuevo ejemplo de demencia fanática. 
La elección de un debate de ese tipo nos permitiría reafirmar que todas las medidas tomadas en los países de África del Norte, y en Argelia en particular, para emprender una lucha sin piedad contra los asesinos de niños y sus cómplices, reciben el apoyo masivo de los elegidos europeos. 
Nos parece que es nuestro deber transmitir un mensaje de compasión y de solidaridad al pueblo argelino, y alentar al gobierno argelino a poner en ejecución, con el apoyo de la Unión Europea, la política esperada en esa materia por la abrumadora mayoría de sus ciudadanos que al igual que nosotros no se acostumbran a esa violencia ciega que desfigura su país. 
Pienso que quienquiera que haya tenido la oportunidad de viajar a Argelia durante estos últimos meses, estos últimos años, aprecia mejor lo que representa ese terrible asunto del terrorismo para el pueblo argelino y, efectivamente, pienso que nos honraría tratar ese problema como una urgencia. 
Opino por consiguiente que es una buena sugerencia. 
Señora Presidenta, el gran problema es que pasan muchísimas cosas en el mundo. 
Si nos fijamos en cada caso en particular, uno se pregunta porqué no tiene la más alta prioridad. 
Eso ocurre con respecto a Argelia. 
Por otro lado, está la obligación de tener un visado que ha sido impuesta unilateralmente desde el 5 de diciembre de 2000 por parte de Rusia a Georgia. 
Quien conozca la situación en toda esa región sabrá que se trata de una situación que echa chispas, y que podemos esperar de nuevo que aumenten los conflictos en la zona. 
Nuestra comisión parlamentaria ha pedido con insistencia que se preste atención a este tema y que se debata aquí con urgencia. Lamentablemente, la última vez se aplazó este debate. 
Por lo tanto, creo que se pide con razón que se preste atención ahora a esta zona, para evitar en la medida de lo posible los conflictos y para llamarles la atención a las autoridades rusas sobre este tema. 
Señora Presidenta, para evitar que entren en competencia los dos asuntos, quizás podríamos tratar la situación en Argelia dentro del rubro "Derechos humanos", y en ese caso habría lugar para la totalidad de los temas propuestos. 
Señora Presidenta, yo aún seguiría hablando de la sesión del jueves. 
Quiero que nos fijemos en el planteamiento de la sesión del jueves, según el cual el debate de los informes se reanuda desde las 17.30 hasta las 18.30. 
Por sorpresa, se incluye para entonces en el orden del día el debate relativo a la competitividad de las industrias silvícolas y afines que yo he elaborado para la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
A continuación, a partir de las 18.30, es el turno de votaciones sobre este informe que afecta tanto al destino de los puestos de trabajo de cuatro millones de trabajadores europeos, como a la competitividad de este sector industrial y de las empresas que lo integran. 
A mi juicio, el diseño de la sesión del jueves engendra ahora grandes problemas por la razón de que, estando suspendidas las sesiones del viernes, nos vemos obligados a debatir a partir de las 17.30 un informe como éste, que afecta a los puestos de trabajo de cuatro millones de personas. 
Sé que para el turno de votaciones quedarán como mucho algunas decenas de asistentes. 
Es denigrante para el prestigio del Parlamento que adoptemos una posición sobre un informe tan trascendental con la participación de un grupo tan reducido de diputados. 
Por esta razón, yo desearía que en la sesión de la tarde del jueves votemos únicamente los asuntos urgentes y que posterguemos las votaciones sobre estos informes ordinarios, traspasándolas desde la sesión vespertina del jueves al orden del día de la sesión de Bruselas. 
Gracias, señor Seppänen. 
Tomo con gusto nota de su observación. 
La experiencia nos ha mostrado que la presencia en las votaciones del jueves por la noche es siempre muy sustancial y que rebasa ampliamente los temores que usted acaba de expresar. 
Deseo con todo corazón, claro está, que procuremos que siga así. 
Sesiones del 31 de enero y del 1 de febrero en Bruselas. La Presidenta. 
No se ha presentado ninguna propuesta de modificación en lo que se refiere a las sesiones del 31 de enero y del 1 de febrero. 
El orden de los trabajos queda fijado de esta manera. 
Señora Presidenta, intervengo respecto de una cuestión de orden. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que en las últimas 24 horas han acaecido unos sucesos muy alarmantes en Moscú, fundamentalmente dirigidos contra los medios de comunicación independientes y la libertad de prensa. 
Media-Most gestiona la televisión independiente en Rusia y su organización tiene varias emisoras de radio y revistas independientes. 
El Sr. Andrey Tsimaylo, vicepresidente de Media Most, fue arrestado ayer y sometido a cinco horas de interrogatorio, tras las cuales fue arrestado en casa de su madre el Sr. Anton Titov, director financiero de la televisión independiente, después de que la policía derribase su puerta. 
Otros empleados más jóvenes de la televisión independiente también fueron arrestados y están siendo interrogados en el mismo instante en que estamos aquí reunidos. 
Estos hechos son alarmantes y van más allá de la situación personal del Sr. Gusinsky, que he planteado anteriormente, a quién como todo el mundo sabe, aconsejo personalmente. 
En junio usted se entrevistó con el vicepresidente de Media Most, el Sr. Malashenko. 
Usted le comentó este problema de la presión gubernamental sobre la libertad de prensa y sugirió que había que hacer algo al respecto. 
¿Sería posible encontrar el modo de transmitir nuestra opinión al Gobierno ruso y arreglar esta cuestión de la libertad de prnsa y expresión que no hace más que envilecer las relaciones entre la Federación Rusa y la Unión Europea? 
Señora Presidenta, me acuerdo, con cierta insistencia, que a raíz de la resolución sobre Túnez que adoptamos en diciembre, el Presidente Ben Ali le envió una carta de cortesía, por decirlo así. 
Si tal es el caso, ¿podría comunicarnos el texto de la misma? 
No, no parece que esa carta me haya llegado. 
Si tal fuera el caso, se lo participaría a nuestra Asamblea, desde luego. 
Señora Presidenta, en estos días e incluso en estas horas se van sucediendo las noticias sobre el aumento de los casos de gravísimas enfermedades de las que son víctimas jóvenes militares y muchos civiles, enfermedades ligadas a la contaminación radioactiva producida por la utilización de armas con cabezas de uranio empobrecido. 
Señora Presidenta, en primer lugar, creo que todos nosotros podemos manifestar nuestro más sentido pésame a las familias de los jóvenes militares, de los civiles europeos y de los ciudadanos de la República de Yugoslavia por la muerte de sus seres queridos a consecuencia de la contaminación radioactiva producida por las bombas de la OTAN. 
En segundo lugar, deseo decirle que he apreciado mucho sus declaraciones acerca del asunto del uranio empobrecido y, en particular, que comparto su petición de que se prohiba sin demora la utilización de estos proyectiles mortíferos. 
Sé perfectamente que hay quien niega la relación entre estas muertes, estas enfermedades y la utilización de estos proyectiles, pero también sé que ningún general está en disposición de demostrar la tesis contraria. 
Por lo tanto, si no es posible conseguir una prohibición inmediata, es indispensable una moratoria inmediata porque, aunque, hoy por hoy, no hay guerras en que se empleen estos proyectiles, sin embargo, continúan las prácticas en que se hace uso de ellos. 
Confío en su sensibilidad al efecto de llevar adelante esta exigencia. 
Señora Presidenta, esta mañana a las ocho me encontraba en el aeropuerto de Amsterdam, Schiphol, bien acompañada por otros 24 diputados, colaboradores y un comisario. 
Estábamos muy contentos de poder volver una semana a Estrasburgo después de nuestras vacaciones, pero lamentablemente se canceló el vuelo. 
Señora Presidenta, no es la primera vez que pasa esto. 
Solemos volar a Estrasburgo con Regional Airlines y desde que Air France se ha hecho este año con esta compañía aérea, se cancelan la mitad de los vuelos. 
Eso significa que cada vez que intentamos llegar con buen ánimo a Estrasburgo, surge alguna pega. 
También hoy hemos tenido que viajar a Estrasburgo vía París. 
O sea, a pesar de estar ya a las ocho en Schiphol, no he llegado hasta las cuatro de la tarde a Estrasburgo y conmigo los otros 24. 
Air France sigue siendo al cien por cien una compañía estatal y el gobierno francés nos ha asegurado que hará de todo para facilitar el trabajo en Estrasburgo al máximo. 
Por eso, le ruego que transmita esta queja al gobierno francés, porque nos gustaría que se restableciera nuestro vuelo directo desde Amsterdam todos los lunes y jueves a su hora. 
Señora Plooij-van Gorsel, lamento mucho lo que me acaba de anunciar, y puedo asegurarle que voy a transmitir de la manera más enérgica. su legítimo descontento a quien corresponda 
Señora Presidenta, intervengo respecto de una cuestión de orden. 
Quisiera llamar la atención de la Asamblea acerca de un desgraciado incidente que ha ocurrido después de nuestra última sesión parcial, y no es sino el caso del Sr. Panikos Tsiakourmas. 
Quizás muchos de ustedes no sepan que una parte de Chipre ya forma parte de la Unión Europea, ya que Gran Bretaña conservó la soberanía sobre algunas bases en Chipre, y poco antes de Navidad el Sr. Tsiakourmas fue secuestrado en una de esas bases. 
Ese secuestro fue un acto ilegal. El Sr. Tsikourmas está ahora retenido en el norte de Chipre. 
Quisiera apelar a la Asamblea para que exprese su solidridad con el Sr. Tsiakourmas y su familia. 
Ha sido acusado de un crimen del que creo no es culpable. 
No obstante, independientemente de los detalles de este caso, las circunstancias de su detención son inaceptables. 
Fue secuestrado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Quisiera pedir a la Presidenta que exprese nuestra preocupación sobre este suceso al gobierno de Ankara y también nuestra esperanza de que este desgraciado incidente no afecte a la solución del problema chipriota y a las negociaciones que se están llevando a cabo en este momento, y que exprese nuestra esperanza de que el Sr. Tsiakourmas sea puesto en libertad lo antes posible. 
Señora Presidenta, para empezar, aunque no haya pedido la palabra para esto, quisiera señalar mi total acuerdo con las observaciones que ha hecho anteriormente nuestro colega, el Sr. Cossuta. 
He pedido la palabra para referirme al tema que ha mencionado mi colega, la Sra. Viliers, es decir, para denunciar una nueva acción terrorista de las autoridades de ocupación en el Norte de Chipre. 
La Sra. Viliers la ha descrito; no hace falta que dé yo más detalles. 
Sólo voy a subrayar que, aparte del hecho de que el Sr. Tsiakourmas haya sido raptado en el territorio de las bases británicas, lo han raptado y lo retienen las tropas de un país que es candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
Por consiguiente, tenemos toda la potestad para iniciar las gestiones necesarias frente a este país; y apelo, señora Presidenta, a su sensibilidad y a la de todos mis señores colegas del Parlamento Europeo para exigir la liberación inmediata del Sr. Tsiakourmas, que está enfermo, padece de diabetes, y sin embargo parece que toda la historia es una estratagema para cambiar al Sr. Tsiakourmas por un traficante de drogas turcochipriota que detuvieron las autoridades de la República Democrática de Chipre. 
Señor Alyssandrakis, vamos a ver lo que podemos hacer a ese respecto. 
He escuchado su intervención, y la de la colega que lo precedió. 
En lo que se refiere a la intervención del Sr. Cossutta, él sabe que he emitido un comunicado que va en el mismo sentido que su intervención. 
Señora Presidenta, yo también quisiera unir mi voz a las protestas de la Sra. Viliers y del Sr. Alyssandrakis por el rapto planificado de este enfermo chipriota, al lado del cual se colocó una bolsita de hachís para que fuera acusado de tráfico de drogas; aunque su rapto tuvo lugar en un base británica- y señalemos a este respecto que Inglaterra es una potencia garante y también miembro de la Unión Europea. 
Se deberán realizar acciones efectivas porque me temo que, tras la admisión de la candidatura de Turquía como país candidato a la adhesión a la Unión Europea, Turquía siente que es libre de empeorar su comportamiento en relación a estos temas. 
Ya ha avanzado posiciones en dos puntos en las fronteras de la zona verde en Chipre, infringiendo disposiciones de las Naciones Unidas, cuyas protestas, unidas a las nuestras y a las de los países miembros de la OTAN, son tan débiles que no se les presta la más mínima importancia, y además el Sr. Dektas, líder de "Chipre del norte", que les recuerdo que se encuentra bajo la ocupación turca, se niega a participar en la continuación de las conversaciones encaminadas a encontrar una solución a la cuestión de Chipre; porque siente mucha más fuerza que antes puesto que la Unión Europea, creo que sin haber reflexionado mucho, aceptó la candidatura de Turquía a ser miembro de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, quisiera llamar su atención acerca de que el Consejo- por lo demás, no por primera vez- está violando el Reglamento. 
Nosotros, como diputados, tenemos la posibilidad de presentar por escrito una vez al mes una pregunta prioritaria que, según el Reglamento, ha de ser respondida en el plazo de tres semanas. 
Pues bien, cada vez sucede con más frecuencia que el Consejo no se atiene a este plazo. 
El ejemplo más reciente es el siguiente: en octubre presenté una pregunta, que hasta el día de hoy aún no ha sido respondida, acerca de cuándo piensa el Consejo llevar a la práctica, por fin, el aumento de sueldo que se ha prometido al personal de Europol. 
Éste no es un caso aislado, sino que semejantes casos se vienen acumulando. 
Le ruego encarecidamente que inste al Consejo a que se atenga al Reglamento. 
Señora Presidenta, tomo la palabra para señalar una vez más- ya lo he hecho, le he enviado numerosas cartas- el hecho de que en Turquía desde el 20 de octubre- ya hace meses- cientos de presos políticos, que viven bajo condiciones infrahumanas, están haciendo huelga de hambre hasta la muerte- algunos de ellos ya han muerto- para que no se materialice la intención del Gobierno de Turquía de encerrarlos en celdas de aislamiento blancas para desmoralizarlos y anular su resistencia. 
Ustedes ya conocen los momentos trágicos que vivió la humanidad entera a causa de la incursión bárbara de las tropas y de la policía turcas en las cárceles. 
Causaron muertes. 
Dispararon contra los presos. 
Atacaron cruelmente a las familias de los presos políticos, que expresaban su protesta fuera de las cárceles y que también estaban haciendo huelga de hambre. 
Creo, señora Presidenta, que hemos cometido un error, y también la Presidencia, porque hasta el día de hoy aún no ha expresado una protesta más viva, una protesta rotunda ante la situación de Turquía, haciendo con su silencio, que la humanidad sienta que la Unión Europea y el Parlamento Europeo son cómplices en este crimen. 
Conociendo pues su sensibilidad en estos temas, les ruego que, aunque sea ahora, alcen su voz. 
Señora Presidenta, con el Año nuevo hemos sabido a través del Boletín Oficial del Estado español que once policías y tres guardias civiles que ya habían sido sentenciados por torturas han sido indultados por el Gobierno español. 
Los tribunales españoles admiten muy pocos casos de torturas. 
Al contario, muchos funcionarios son promocionados por esas actividades. 
En el seno de la Unión Europea esto es sencillamente intolerable. 
Es nuestra obligación presionar al Gobierno español respecto de este asunto. 
Quisiera instar a este Parlamento a que emita una declaración en los términos más claros posibles para mostrar nuestra más firme oposición a la tortura. 
Estoy seguro de que será su voluntad responder completa y rápidamente a esta cuestión. 
Señora Presidenta, ¿ha sido usted informada de que el registro de bienes e intereses de los diputados ha sido publicado la semana pasada en la siguiente página de Internet: www.mpt2001.co.uk? esto no ha sido el resultado de que el Parlamento haya puesto en práctica los principios de transparencia y apertura sino que es consecuencia de la copia de los archivos por parte de un grupo del Parlamento que trabaja para un cómico de la televisión británica. 
Ahora que los archivos son de dominio público ¿querría usted instar a todos los interesados a que impidan que el Parlamento siga pareciendo hermético y ridículo y que y se tomen rápidamente acciones que nos sitúen a la altura del siglo XXI y se publique la información en nuestra propia página web de modo que esté permanentemente al alcance de los ciudadanos europeos? 
Señora Presidenta, yo también lamento que un programa cómico británico haya mensopreciado al Parlamento y quisiera señalar que, desde luego, mi propio Grupo ya ha publicado su registro de interese en Internet. 
El camino queda expedito para que el Grupo del Sr. Davies nos siga y ponga el registro de intereses en Internet. 
Entre tanto, estoy de acuerdo con él. 
Creo que cuanto antes esté publicado en Internet, mejor. 
Es una cuestión de dominio público. 
No hay razón alguna por la que tenga que permanecer en secreto. 
Este es el razonamiento que creo que los Cuestores expondrán próximamente ante la Mesa. 
Entidades de crédito 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0369/2000) , de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al saneamiento y la liquidación de las entidades de crédito. 
Señora Presidenta, la Comisión Europea presentó en 1985 una propuesta de directiva relativa a la coordinación de las legislaciones, los reglamentos y las disposiciones administrativas relativas al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. 
El asunto Gibraltar es el principal causante de porqué ha pasado tanto tiempo desde entonces. 
El objetivo de la directiva es garantizar que las entidades de crédito y sus sucursales en otros Estados miembros se saneen o liquiden con arreglo a los principios de unidad y universalidad. 
Ello significa que las autoridades administrativas y judiciales del Estado miembro de origen serán las únicas con jurisdicción para sanear o liquidar una entidad y sus sucursales en la UE. Esto se aplicará en todos los casos salvo las excepciones fijadas en el artículo 20 de la directiva. 
Por lo tanto, la directiva no pretende armonizar, sino garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores y un enfoque coherente en toda la UE. 
Como ponente me identifico completamente con el contenido de este informe. 
En colaboración con el Consejo y la Comisión he intentado introducir algunas mejoras en el informe mediante dos tipos de enmiendas. 
El primer tipo tiene su fundamento en que la redacción de la posición común del Consejo no era coherente con la actual directiva sobre insolvencia y la propuesta de directiva sobre la liquidación y el saneamiento de las empresas de seguros que se sometará a votación la semana que viene en la Comisión Económica. 
Este tipo de diferencias en las directivas que tratan del mismo tema es inaceptable si no hay motivos que las justifiquen. 
Como ponente tengo a mucha honra el haber intentado hacer la legislación sobre este tema tan importante lo más clara e inequívoca posible. 
Todas nuestras enmiendas se refieren al artículo 20, que trata de las excepciones a la regla. 
Algunas enmiendas aportan más coherencia con otras directivas, como con la directiva sobre insolvencia y la de liquidación de empresas de seguros, como acabo de mencionar. 
Son los apartados 1h y 2 del artículo. Se vuelven a introducir en el informe en los artículos 20a hasta 20d, pero ahora con la misma redacción que en las otras dos directivas. 
El segundo tipo de enmiendas concierne la supresión de algunas excepciones a la norma. 
Estas excepciones no estaban redactadas con claridad y dejaban demasiado margen a la interpretación. 
Además, se podía dar el caso, en el artículo sobre los mercados regulados, que la excepción era más amplia que la norma. 
Sin embargo, los artículos sobre la regulación del mercado, los pactos de recompra y derecho de compensación contractual y renovación de deudas sí estaban recogidos en la posición común. 
En primera instancia quería suprimir estos artículos. 
Pero el problema era que algunos partidos dentro del Consejo no aceptaban la supresión total de estos artículos. Por este motivo intenté llegar a un acuerdo con el Consejo y eso se consiguió en el último instante el miércoles de la semana pasada. 
El acuerdo consiste en la supresión de los tres artículos, que serán sustituidos por tres artículos distintos. 
Estos artículos consensuados consisten, a grandes rasgos, en que no se limitará el derecho del Estado miembro donde se firmó el contrato. 
Además, estos artículos dejan claro que el derecho de liquidación del Estado miembro de origen de la entidad de crédito en cuestión no se verá afectado. 
Por lo tanto, eso significa que al firmar algún contrato con alguna entidad regulada se incluirán los rendimientos de estos contratos en la liquidación de bienes. 
De eso se trata y esa fue mi intención en mi primera propuesta de suprimir los artículos. 
Todo está redactado ahora con claridad y coherencia, todo el mundo está satisfecho y me alegro de haber podido evitar un procedimiento de conciliación, que probablemente hubiera tardado mucho, colaborando de forma intensiva. 
Resumiendo, se presentan dos tipos de enmiendas. Unas, para buscar mayor coherencia con las otras directivas, otras, para suprimir algunas excepciones. 
Por lo demás quiero decir que espero sinceramente que esta legislación, que el Parlamento ha mejorado cualitativamente, no haya que aplicarse nunca. 
Señor Presidente, los puntos de controversia fundamentales en este informe son los relativos a los diferentes tipos de acuerdos contractuales, concretamente los acuerdos repo, los acuerdos de compensación y los contratos que se llevan a cabo en un mercado regulado. 
Como ha señalado la Sra. Peijs, estos contratos han sido debatidos en comisión con anterioridad a este debate y, fundamentalmente, lo que queremos hacer con los compromisos presentados por la Sra. Peijs es asegurar que las partes puedan elegir su propia ley contractual para estos contratos, pero no su propia ley de procedimiento de liquidación. 
Aquí hay una separación entre la ley aplicable al contrato y la ley externa de insolvencia, porque es muy importante asegurar que, a pesar de que las partes pueden elegir la ley que rige el contrato, no tengan la opción de elegir su propia ley de insolvencia. 
Ahora surge el problema relativo a la interacción de la ley del contrato y la ley de insolvencia. 
Lo que estamos intentando hacer es garantizar que el contrato sea operativo y que cualquier procedimiento ulterior que quede pendiente sea tratado conforme a las ley de insolvencia del país de origen. 
Aun queda una ligera incertidumbre en el texto sobre lo que ocurre, por ejemplo, con algunos regímenes de España que contemplan procedimientos de insolvencia que son de aplicación antes de que opere la ley del contrato. 
Fundamentalmente estos son conocidos como frenos automáticos que en algunos países como España creo que implican la suspensión de los contratos cuando se abre un procedimiento de insolvencia. 
Aplaudo el trabajo de la Sra. Peijs por reconciliar lo que parecía prácticamente irreconciliable y encontrar una solución que favorece el control por parte del país de origen, lo que es preferible desde el punto de vista del mercado interno, aunque espero que aun sea posible afinar más. 
Confío en que no sea necesario realizar una tercera lectura pero hemos de dejar absolutamente claro que estos resortes automáticos no afectarían a los contratos de compensación, a los contratos repo ni a los contratos de un mercado regulado. 
Quisiera expresarle a la Asamblea que, de alguna forma, es más importante dar una respuesta clara que dar una respuesta que le venga bien a todo el mundo, una que sea absolutamente perfecta en todos los aspectos. 
Porque, con una respuesta clara, las partes podrán configurar sus transacciónes dentro del marco que hemos establecido. 
Hacer esto es absolutamente esencial. 
Aplaudo el trabajo que ha realizado la Sra. Peijs y confío en que hayamos resuelto este asunto. 
Únicamente me preocupan los frenos automáticos y sospecho que más adelante tendremos que hacer algunos ajustes. 
Otra cuestión controvertida es la que se refiere al derecho en la cosa y la diferencia entre la posición común y la labor de armonización que ha realizado la Sra. Peijs, y esto es algo que hemos debatido largamente. 
Básicamente, hay mucho en común entre lo que ha propuesto la Comisión en la posición común y la redacción alternativa que la Sra. Peijs ha propuesto. 
Me siento inclinado a pensar que, teniendo en cuenta la incertidumbre, merecería la pena que en este caso particular siguiéramos la posición común debido a la potencial amenaza que esto puede suponer para el mercado de bonos hipotecarios. 
Esto no constituye un interés estratégico personal por ser un diputado británico puesto que no afecta en modo alguno al mercado británico- es mucho más importante para los mercados hipotecarios danés, austriaco y alemán. 
Quisiera felicitar a la Sra. Peijs por su trabajo. 
El informe es muy bueno. 
Aun quedan un par de pequeñas controversias, pero ha realizado un excelente trabajo. 
Pido disculpas por la confusión habida en la votación en comisión y celebro que ahora esté todo resuelto. 
Señor Presidente, no creo que vaya a consumir los cinco minutos y espero que esto le pueda ayudar a acelerar esta noche el procedimiento. 
En primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Peijs, ponente de este informe que, como ya ha señalado la Sra. Villiers, ha sido extremadamente complejo. 
Esta cuestión ha sido problemática desde hace mucho tiempo, fundamentalmente por las diferencias nacionales habidas en el plano gubernamental y no por cuestiones que se deriven originariamente del Parlamento, aunque los compromisos alcam= nzados en el Parlamento son tanto eficientes como expeditivos y son dignos de saludo. 
En un esfuerzo por dar un tratamiento equitativo a escala de la UE, desde luego, los pilares fundamentales de este informe son la unidad y la universalidad, y de este modo se consigue, pues, coherencia. 
De forma similar, los derechos de los acreedores en Estados miembros distintos del propio son salvaguardados por las garantías de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, pero seamos claros, en caso de que algunos de ustedes no hayan leído el documento, no se trata aquí de armonización, sino del reconocimiento mutuo de las medidas de reorganización y los procedimientos de liquidación de los Estados miembros. 
El éxito del Parlamento al introducir cambios sustanciales en la propuesta original tiene mucha relevancia. 
En este Parlamento hay muchas personas que creen que estas cuestiones son importantes ya que se refieren a la salvaguardia de los derechos e intereses de los ciudadanos europeos y, desde luego, este informe contribuye a aclarar muchos aspectos, como el marco de las garantías de depósito. 
Aunque, desde luego, muchos de los cambios de la posición común que nos han sido devueltos han de ser saludados, por cuanto reflejan muchas de las preocupaciones del Parlamento, si bien aun queda trabajo por realizar. 
Por lo tanto, es razonable que el Parlamento, aceptando las expandidas intenciones del documento, vuelva a imponer nuestras prioridades de la primera lectura, aunque organizando y también aclarando, las sugerencias que emanan del texto. 
Las enmiendas números 1 y 2 ponen el texto en la línea del reglamento de insolvencia y las propuestas de la liquidación de seguros que ya fueron acordadas el verano pasado: esto confirma el deseo del Parlamento de alcanzar cierto grado de coherencia en este asunto. 
También creo reconocer un gran apoyo a los acreedores en las enmiendas 3, 5 y 6, aunque admito que otras delegaciones nacionales, especialmente en mi Grupo, guardan algunas dudas en este ámbito. 
Pero personalmente doy todo mi apoyo a la idea de alinear esta directiva con el reglamento de insolvencia y las propuestas de liquidación de seguros. 
Creo que, finalmente, en las enmiendas restantes, y siguiendo la tradición de la reorganización de textos con objetivos aclaratorios, el ponente del Parlamento ha mantenido un nivel de calidad propio del que esperamos de los diputados con más experiencia. 
Mientras que algunos asuntos como las compensaciones han sido introducidos en la forma de enmiendas adicionales, lo que tenemos ante nosotros es, en cualquier caso, un documento con el que se puede trabajar, capaz de asegurar el apoyo de la Asamblea y de provocar una seria discusión en el seno del Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, apreciados colegas, todos estamos de acuerdo en que la directiva sobre el saneamiento de las entidades de crédito llega con mucho retraso. Éste es también el motivo por el que nos alegramos de ella. 
Por fin se establecerá una manera única de proceder y se generará coherencia entre el procedimiento de saneamiento y el reglamento sobre insolvencia. 
Deberíamos poner de relieve que aquí son esenciales, específicamente, las disposiciones encaminadas a la protección de los derechos de los acreedores pues se establecen la información de los acreedores así como las condiciones para el pago a los mismos. 
De esta manera se garantiza en igual medida en el procedimiento de liquidación la igualdad de trato de todos los acreedores, incluso en países distintos al país de origen. 
Aunque en su forma actual el texto es absolutamente bueno, quedaron algunas deficiencias de claridad. 
Así, pues, mediante una serie de enmiendas realizadas en comisión se ha fortalecido el determinante principio de la universalidad y se han eliminado algunas incompatibilidades con el reglamento en lo que respecta a conglomerados financieros las cuales podrían conducir hacia una inseguridad jurídica. 
Ustedes han advertido ya en el debate que sostenemos opiniones diferentes en un punto, en concreto, sobre todo, en lo que respecta a las enmiendas núms. 
3 y 5. El estrecho paralelismo entre el saneamiento y la liquidación de las entidades de crédito y de las empresas de seguros no es deseable en todas las cuestiones de este procedimiento. 
Aquí existen diferentes puntos de vista, pues muchos son de la opinión de que aquí se trata de productos diferentes, a veces de un mercado diferente, y que, en consecuencia, productos diferentes y mercados diferentes han de ser tratados también de manera diferente y no de manera igual, automáticamente. 
La posición común es equilibrada desde mi punto de vista y ha sido mejorada en parte mediante las enmiendas de la comisión y de la ponente a la que quiero dar las gracias. 
Por consiguiente, el texto debería ser aprobado con toda celeridad y debería ser llevado a la práctica por los Estados miembros. 
Lamento que la disputa en el Consejo haya conducido a esta dilación de más de un decenio. 
Quisiera indicar que la primera propuesta de la Comisión fue publicada ya en el año 1985 y que la primera lectura en esta Asamblea tuvo lugar ya en el año 1987. 
También pongo de relieve esto porque en nuestros debates- justamente en conexión con el Consejo Europeo de Niza- mencionamos constantemente el equilibrio entre las Instituciones europeas y en muchos casos discutimos acerca de que hay que acelerar los procedimientos. 
Esto no tiene que ver solamente con el Parlamento, tal como se dice con frecuencia en la opinión pública, aunque, naturalmente, en nuestra Asamblea haya que profundizar y acelerar también algunas cosas. 
Sin embargo, aquí no se trata de atribuir culpabilidades. 
No obstante, el mayor potencial para la aceleración de los procedimientos entre las Instituciones europeas lo ofrece sin duda el proceso de formación de opinión y de toma de decisiones del Consejo Europeo. Esto se ha vuelto a ver muy claro aquí. 
La propuesta de la Comisión pretende garantizar que una entidad de crédito y su filial en otro Estado miembro puedan ser saneadas y liquidadas con arreglo al principio de la unidad y de la universalidad. Esto esta garantizado mediante la presente propuesta de directiva. 
Señor Presidente, el mercado y las autoridades nacionales llevan ya tiempo deseando que se establezca una directiva relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. 
Esta directiva tiene la intención de dotar de mayor seguridad jurídica mediante disposiciones que se aplican de forma orgánica y específica a las entidades, el activo, los derechos y las adquisiciones cuando un banco que opera en diferentes Estados miembros de la Unión empieza a tener dificultades o quiebra. 
Esta directiva es una de la prioridades del plan de acción para servicios financieros. 
La posición común adoptada por mayoría cualificada del Consejo da muestras de tener una visión aguda e inteligente sobre las características específicas de la banca que contribuyen a que este sector ocupe una posición tan especial, tanto con vistas al procedimiento de insolvencia en general, como con vistas a la comparación con los otros sectores financieros, como las empresas de seguros y las entidades de crédito. 
Por ello, el artículo 20 de la posición común da en algunos aspectos un trato especial al sector bancario. 
Por otra parte, este trato especial no menoscaba de ningún modo la armonía y la lógica del sistema normativo establecido para los servicios financieros en su totalidad. 
Al contrario, trata con justicia las características específicas de la banca, otorgando mayores garantías de estabilidad y seguridad jurídica a las transacciones. 
En el informe de la Sra. Peijs, por el que quisiera felicitarla en nombre de la Comisión y en cuanto a esto, me gustaría sumarme a los cumplidos que la Sra. Villiers y el Sr. Skinner han expresado hacia la Sra. Peijs, que se muestra en gran medida favorable a la posición común, se presentan una serie de enmiendas del artículo 20, como se ha puesto de relieve anteriormente esta tarde. 
La Comisión está de acuerdo con el sentido de todas estas enmiendas con excepción de una. 
La Comisión, por lo menos en principio, pone reparos a la primera enmienda, relativa a los pactos de recompra. 
Después de todo, es de suma importancia que los bancos sepan de antemano qué derecho es aplicable a los pactos de recompra. 
La Sra. Peijs ha presentado ahora en nombre del Grupo parlamentario PPE cinco nuevas enmiendas. En estas enmiendas están integradas las enmiendas adoptadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y forman un conjunto coherente que trata con justicia la posición particular del sector bancario. 
Las nuevas enmiendas tienen en cuenta los requisitos especiales que se piden en cuanto a los acuerdos de compensación, los pactos de recompra y las transacciones en los mercados regulados. 
La Comisión está de acuerdo con el espíritu de estas enmiendas como queda reflejado en la exposición de motivos. 
Si el Parlamento aprueba estas cinco nuevas enmiendas, entonces la Comisión daría su aprobación al espíritu de todas las enmiendas propuestas en el informe por la Sra. Peijs, incluida la primera enmienda. 
Pero la redacción de todas las enmiendas, y lo digo especialmente en respuesta a las observaciones de la Sra. Villiers, debería ser adaptada todavía para garantizar la compatibilidad y la coherencia con el artículo 20. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12:00 horas. 
A continuación en el Orden del día procede el informe del Sr. Doorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el reexamen del proyecto SLIM (Simplificación de la Legislación en el Mercado Interior). 
Señor Presidente, el Comité Consultivo recientemente constituido en los Países Bajos para el control de gastos administrativos, Actal, publicó la semana pasada que las empresas neerlandesas tienen una gran carga debido a los gastos administrativos que ascienden a casi nueve millardos de euros al año. 
Eso significa que, por término medio, el empresario ha de dedicar unas diez horas a la semana a labores administrativas y a rellenar formularios y los Países Bajos no ocupan una posición excepcional al respecto. 
Las investigaciones han indicado que se dedica entre el cuatro y el seis por ciento del PIB de los Estados miembros de la Unión Europea a cargas administrativas innecesarias de las empresas. 
Es una carga muy pesada, sobre todo para el empresario pequeño. 
Conozco a empresarios que conscientemente renuncian a la idea de ampliar su negocio porque quieren evitar, cueste lo que cueste, tener que contratar a más personal. 
Simplemente, les asusta el papeleo administrativo que ello conlleva. 
Las múltiples obligaciones que las administraciones imponen a los empresarios impiden de esta forma el crecimiento de la producción y del empleo. 
Ni siquiera se trata de regulaciones que estén mal o que no sirvan, sino es el total de todas las obligaciones juntas las que pesan como una losa, y nosotros mismos en el Parlamento Europeo también contribuimos a ello. 
Me acuerdo todavía de un informe del año pasado que estaba relacionado con las condiciones de trabajo en la construcción. 
Gracias a una enmienda del Parlamento se encuentra ahora en este informe, entre otras cosas, que está prohibido sujetar una escalera cuando alguien está encaramado a ella. 
Aparte del disparate de estas disposiciones, cabe hacerse la pregunta de quién va a controlar el respeto de este tipo de legislaciones. 
Señor Presidente, uno de los mayores problemas de nuestras sociedades tan complejas es el exceso de disposiciones, que son tantas y tan complicadas que ya no somos capaces de controlar su cumplimiento. 
Las consecuencias de este descontrol pueden ser catastróficas, como acabamos de ver en los Países Bajos. 
La gran carga administrativa para los ciudadanos y empresas, junto con la incapacidad de la administración para hacer cumplir el sinfín de reglas, son, a mi juicio, motivo más que suficiente para impulsar una simplificación de la legislación y mejorar la calidad de la misma. 
El proyecto SLIM que la Comisión inició en 1996 y que esta tarde se debate, es un paso en la buena dirección, pero me parece que no es suficiente y que va demasiado lento, como ha quedado de manifiesto también en mi informe. 
En comparación con la producción total de legislaciones supone apenas una gota de agua en el mar. 
Por este motivo, abogo por una mayor velocidad, periodos de puesta en marcha más cortos de los resultados de los grupos de trabajo SLIM y, por supuesto, por una mejor organización y más recursos humanos para llevar esto a cabo. 
No obstante, me parece todavía más importante que haya un enfoque integral para simplificar la legislación. 
Me parece que hay que prestar sobre todo atención a la elaboración de nuevas legislaciones. 
Es mucho más sencillo simplificar en la fase previa que adaptar la legislación existente a posteriori, porque conlleva muchos gastos, también para las empresas. 
Desde el principio habrá que hacer todo lo que se pueda para elaborar una buena legislación, de alta calidad, y para limitar al máximo las consecuencias administrativas y financieras. 
En los Países Bajos se acaba de constituir el ya mencionado Actal, un perro guardián independiente que tiene el cometido de mirar con lupa las propuestas legislativas y de denunciar las posibles cargas administrativas negativas para los ciudadanos y las empresas. 
Espero que se siga el ejemplo de esta excelente iniciativa, tanto en otros Estados miembros como a nivel de la Unión Europea. 
Asimismo, hago un llamamiento a la Comisión Europea para que se esfuerce al máximo para mejorar la calidad de la legislación y limitar las cargas administrativas de los ciudadanos y las empresas. 
Nosotros mismos, como Parlamento Europeo, también nos hemos de preguntar continuamente cuáles son las consecuencias para los ciudadanos y las empresas de las propuestas legislativas que se presentan aquí. 
Tal vez haya que constituir un servicio especial, siguiendo el ejemplo del Congreso de los Estados Unidos, que haga un seguimiento de las consecuencias administrativas y financieras de las legislaciones si nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, señor Bolkestein, estimados colegas, la iniciativa de simplificación de la Legislación en el Mercado Interior es uno de los procesos más importantes de los que están teniendo lugar actualmente en la Unión. 
Al menos mi partido político en Finlandia, Coalición Popular, se trazó como uno de sus objetivos principales en las últimas elecciones europeas la definición de unas pautas para la legislación, así como poner fin a la inercia de creación de directivas inútiles. 
Creo que muchos otros ámbitos también hacen suyo este planteamiento. 
La comunicación de la Comisión sobre el estado actual del proyecto SLIM es muy satisfactoria, pero de ninguna manera suficiente. 
Es fundamentalmente importante que la Comisión pueda convertir las proposiciones de la tercera y cuarta fase del proyecto en propuestas legislativas concretas con la mayor rapidez y eficacia posibles. 
También habría que tomar en serio la propuesta del ponente sobre el plazo límite de medio año. 
Apoyo fervientemente las propuestas de nuestro ponente en cuanto a que prestemos más atención a la voz de los usuarios de la legislación a la hora de elaborar propuestas concretas, los cuales son, en definitiva, clientes de quienes tomamos las decisiones,. 
Sólo a través de esta corregulación, o sea, procedimiento que plantea una acción legislativa participativa, podremos contribuir al rápido desarrollo del mercado interior europeo y, en última instancia, garantizar que los consumidores se beneficien realmente de los proyectos legislativos y de la introducción del euro. 
Naturalmente, las propuestas en sí no son suficientes, sino que también debemos ser capaces de tramitarlas rápidamente tanto en el Parlamento, como en el Consejo. 
En el Parlamento se aborda de vez en cuando la cuestión de la agilización del proceso legislativo. 
Sobre todo nosotros, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, esperamos con interés las propuestas del grupo de trabajo Lamfalussy sobre los nuevos procedimientos que deberán aplicarse en el futuro en lo que concierne, al menos, a la legislación en materia de servicios financieros. 
Aunque el informe provisional del grupo de trabajo Lamfalussy no ha sido demasiado detallado, puede inferirse, no obstante, que el grupo de trabajo en cuestión se está planteando un procedimiento, según el cual únicamente las cuestiones mayores que afecten a las pautas generales serían tratadas mediante el procedimiento de corregulación en toda su dimensión, mientras que las modificaciones de directivas de índole más técnica se acogerían al procedimiento de urgencia fast-track. 
En principio, yo adopto una actitud positiva ante estas propuestas, pese a que es sabido que para nosotros, los diputados al Parlamento, no es nada fácil renunciar al poder. 
Creo que renunciar en cierta medida al poder es algo ineludible para eliminar con la mayor rapidez los últimos obstáculos en el camino del mercado interior. 
Mi posición definitiva, y también la de mi Grupo, dependerá ciertamente de los términos en que se adopte este procedimiento de urgencia fast-track. 
Este procedimiento no debe ser, en ningún caso, una copia del actual procedimiento "comitológico", el cual se ve necesitado de muchas reformas, sobre todo en lo que respecta a la transparencia. 
Nuestro ponente también ha tratado este punto. 
Así pues, en lo que se refiere al desarrollo del proceso legislativo, también espero con interés el Libro Blanco sobre la governance, que la Comisión está preparando para la Cumbre de Goteburgo. 
Las propuestas que la Comisión presente en este documento definirán por mucho tiempo la celeridad de los nuevos procedimientos legislativos y, por ende, la eficacia de toda la Unión. 
Esperemos que este documento también suscite excelentes propuestas concretas, sin dejar de desear que se hagan los últimos retoques al proyecto SLIM. 
Señor Presidente, está claro que mejorar la calidad de la legislación es fundamental para el funcionamiento eficiente del Mercado Interior y para aumentar la competitividad de la economía europea. 
De modo que todos saludamos la iniciativa SLIM, aunque debamos compartir las reservas del ponente sobre el modo en que ha funcionado hasta la fecha. 
Sorprendentemente hay pocos ámbitos que hayan sido objeto del proceso SLIM y no siempre queda claro por qué han sido seleccionados esos ámbitos en particular. 
Sin duda necesitamos un procedimiento rápido por el cual las opiniones SLIM se conviertan en propuestas legislativas, porque parece ser que el proceso es más bien largo. 
De modo que saludamos la propuesta de establecer un grupo especial dentro de la Comisión Informativa y saludamos la sugerencia del ponente de que debería disponer de más recursos. 
También está claro que necesitamos más sinergia entre las diferentes iniciativas de la Comisión para mejorar la legislación. 
En algunos casos pensamos que las diferentes partes están operando aisladamente. 
Y, desde luego, necesitamos mayor cooperación entre los Estados miembros y evaluar las mejores prácticas e intentar trasladarlas a otros lugares. 
Y, finalmente, es esencial asegurar la máxima participación de los usuarios de esta legislación, especialmente las empresas, porque son los que mejor conocen el modo en que les afcta esta legislación. 
Sin embargo, dicho esto, es concebible producir la más simple y maravillosa legislación y que los Estados miembros la destruyan completamente por el modo en que la transponen y ejecutan. 
Hemos de entender que hay tres etapas legislativas- formulación, implementación, incluyendo la transposición, y aplicación- y hemos de contemplar el proceso como un todo. 
A menudo nos topamos con que el problema no es la legislación original sino la forma en que ha sido transpuesta por los Estados miembros y la velocidad con la que la han transpuesto, cómo la han ejecutado y como la han aplicado. 
En muchas ocasiones me sorprende el modo en que ideas relativamente sencillas se convierten en las pesadillas más complejas a medida en que avanzamos por ese proceso. 
Como parte de esta actual determinación de la Comisión por simplificar la legislación desearía que hubiese mucha más cooperación entre los Estados miembros y la Comisión a lo largo de toda la vida de la legislación, sobre todo, interacción con las personas que ostentan la responsabilidad de aplicar la legislación, que a menudo son agentes locales y regionales. 
De modo que tenemos que tener en cuenta todo el proceso al disenar la legislación original. 
De alguna forma, se podría argumentar que hay que empezar por el final y ver como se procedería a la aplicación y entonces retroceder como una vía para obtener una legislación más sencilla. 
Pero el proceso SLIM debería ir más allá. 
Necesitamos un programa horizontal que cubra toda la legislación y que se encargue de simplificar, de consolidar, de reconfigurar y eb algunas ocasiones de derogar normas. 
En algunas ocasiones habrá que mantener el status quo pero necesitamos un proceso más dinámico que el que hemos tenido hasta ahora. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, comparto con el ponente las preocupaciones por el hecho de que las instituciones europeas no sean capaces de elaborar una legislación transparente, fácilmente comprensible y que esté clara y que sea inteligible para las personas con un coeficiente intelectual normal. 
El ponente tiene mucho mérito por haber puesto el dedo en la llaga en esta cuestión. 
Con razón se subraya que los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea consideran las legislaciones demasiado complejas como una muestra de la falta de funcionamiento eficiente de las instituciones. 
Las causas no hay que buscarlas muy lejos. 
Mientras no haya un enfoque claramente centralizado dentro de la Comisión en el ámbito de la SLIM, la iniciativa SLIM seguirá siendo algo voluntario. 
Eso no debería ocurrir. 
A mi juicio hay dos objetivos sobre los que habría que insistir, además de las recomendaciones que ya están recogidas en el informe. 
En primer lugar, se tiene que dar un carácter obligatorio a la iniciativa SLIM, sobre todo con vistas a la inminente ampliación de la Unión Europea. 
En segundo lugar, los Estados miembros tienen que dar ejemplo a partir de ahora para que velen no sólo por una correcta transposición, sino sobre todo también por una transposición puntual de las directivas europeas a los ordenamientos jurídicos nacionales. 
Se tiene demasiadas veces la impresión de que la tan necesitada simplificación de las legislaciones es una procesión de Echternach, dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. 
Con la perspectiva de la ampliación de la Unión tenemos que realizar un cambio de velocidad si queremos seguir ampliando el mercado interior de forma profesional y responsable. 
Me alegro de que el Estado miembro que tengo el honor de representar aquí, haya entendido que hay que aplicar medidas especiales, que es el caso de los Países Bajos, para llegar a una simplificación coherente de las legislaciones. 
El Grupo parlamentario Liberal, convencido de la necesidad de simplificar las legislaciones, apoyará sinceramente el informe Doorn. 
Señor Presidente, quisiera comenzar declarando que a pesar de que se me han otorgado cuatro minutos, me gustaría aportar mi granito de arena a la simplificación y racionaliación de la burocracia empleando menos de la mitad de ese tiempo. 
Felicito al ponente por resaltar un asunto tan importante y también por resaltar la incapacidad de la Comisión para superar este problema hasta la fecha. 
Espero que el Comisario diga qué más se puede hacer para otorgar mayor urgencia a este programa tan importante. 
No obstante, en lugar de criticar a la Comisión más allá de lo que lo ha hecho el ponente, incluso en lugar de referirme a los cuatro comités involucrados en este asunto, quisiera señalar una cuestión que el ponente también ha citado, y que no es sino que, en realidad, depende completamente de nosotros, como diputados de esta Asamblea, garantizar en primera instancia que la legislación sea mejor. 
El ponente se ha preguntado hasta qué grado de detalle debe profundizar la legislación y ha expuesto el ejemplo referido a la gente que sujeta escaleras. 
Este asunto en particular surgió en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Hay que decir que esta Comisión en particular ha contibuido considerablemente a aumentar la burocracia que ahora trasladamos a la Comisión para que intente reducirla. 
Hubiera sido mucho más sencillo que esta comisión y, ciertamente, también el resto de comisiones hubieran dejado esa legislación en su forma más sencilla y depurada en primera instancia. 
Mi sugerencia final es que el acrónimo SLIM- "Simplificación de la Legislación en el Mercado Interior" -debería rezar "Sin La Interferencia de los Miembros". 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su informe y expresar qye kas propuestas sobre la simplificación de la legislación para el mercado interior, que fueron lanzadas en 1996, son muy bienvenidas. 
Con ellas se ha intentado mejorar la calidad de la legislación en el mercado interior, se ha intentado reducir la legislación superficial y limitar los costes asociados a la ejecución de la legislación. 
Ahora que hemos concluido la tercera y cuarta fase, que contamos con sugerencias concretas de funcionarios de los Estados miembros y de usuarios para simplificar la legislación, es el momento asecuado de proceder a una revisión. 
Necesitamos una definición más nítida de los que está ocurriendo. 
Una selección más afinada se antoja relativamente aleatoria y precisamos unas directrices claras para el funcionamiento de los equipos de gestión y, desde luego, la implementación de recomendaciones que, en este momento, son demasiado escasas y llegan tarde. 
Muchas de las recomendaciones ni siquiera se llevan a la práctica y muchas de ellas han de esperar largos periodos de tiempo. 
De modo que estamos a favor, pero hay dos cosas que quisieramos añadir. 
En primer lugar, debemos asegurarnos de que el control político permanezca en la Comisión y el Parlamento. 
Los últimos informes de prensa acerca de la nueva aproximación a la legislación de los años ochenta y noventa- ya no tan reciente- que permitía que los detalles fueran desarollados por organizaciones de normalización liderados por la industria, parecen indicar que ésta quizá no sea siempre la mejor manera de progresar. 
El Comité Europeo para la Normalización, por ejemplo, trabajó recientemente en la directiva sobre el envasado de desechos, que la prensa ha descrito como "fundamentalmente defectuosa, socavadora de la responsabilidad democrática y que fracasa al resonder a las exigencias de la directiva en cuanto a la protección medioambiental". 
De modo que es necesario que aseguremos que aquí haya un control político, a no ser que, desde luego, existan fuertes presiones políticas o de los consumidores que aseguren que la industría progrese. 
En cualquier caso también desearíamos avanzar en una dirección diferente. 
Parece ser que SLIM se ha configurado esencialmente como una cuestión de simplificación, incluso a pesar de que en las propuestas originales hablásemos de la limitación de costes. 
Lo que quisiéramos ver son unas propuestas para enfrentarnos a la economía de la legislación así como también a la simplificación. 
Por consiguiente, saludamos las propuestas de Lisboa para mejorar la legislación, que tendrá en cuenta los costes de la legislación, saludamos la reunión informal de los Ministros de administración pública mantenida en Estrasburgo el 7 de noviembre, saludamos la creación del grupo de alto nivel con el objeto de presentar recomendaciones para una legislación más eficiente desde el punto de vista de los costes, aunque nos decepciona que el prometido representante del Parlamento Europeo en ese grupo de alto nivel no haya sido nombrado por el Parlamento ni que, por lo que me consta, no se nos haya instado a nombrar tal representante. 
Saludamos el hecho de que los Comisarios Bolkenstein y Liikanen estén considerando varios proyectos piloto en este ámbito. 
En cualquier caso, la Comisión y el Parlamento tendrán que empezar a actuar bajo sus propios parámetros a la hora de contemplar las implicaciones financieras de las propuestas legislativas con el fin de que sean tenidas en cuenta. 
El trabajo del Parlamento Europeo no puede más que verse devaluado si se puede argumentar que, por ejemplo, la directiva sobre el fin de la vida de los vehículos tendrá un coste de 400 millones de libras para los productores y los consumidores y solamente un beneficio de 100 millones de libras para el medio ambiente. 
Mientras puedan hacerse tales afirmaciones, evidentemente, en este Parlamento quedaremos más bien en ridículo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, el Sr. Doorn, por su informe tan constructivo y equilibrado. 
El informe subraya acertadamente la necesidad de aumentar nuestros esfuerzos comunes para mejorar la calidad de la actual y nueva legislación comunitaria. 
Por lo tanto, celebro que tanto en el informe como aquí en el Parlamento se hayan dado muestras de apoyo a la iniciativa SLIM. 
Nuestras propuestas de mejora de la iniciativa SLIM y este informe han demostrado en qué aspectos y cómo se puede mejorar la iniciativa. 
Por lo tanto, estamos deseando hacer las importantes recomendaciones, en colaboración con los representantes de los Estados miembros, y llevarlas a cabo en el seno del recientemente constituido Comité Consultivo del Mercado Interior. 
Con vistas a la quinta y siguientes fases de SLIM estamos investigando ahora las sugerencias en relación con los sectores que se pueden revisar. 
Naturalmente, cualquier sugerencia al respecto por parte del Parlamento será bienvenida. 
En cuanto se haya alcanzado un acuerdo sobre la lista definitiva de los sectores para revisar, nos pondremos en contacto en cada una de las fases con los representantes de la industria y del sector empresarial, con las organizaciones de consumidores y con los sindicatos, puesto que todos ellos son los denominados "usuarios". 
Esto les facilitará hacer su aportación a la iniciativa SLIM de forma directa o indirecta y de este modo serán informados sobre su evolución. 
Estoy convencido de que este modo de trabajo permitirá a todos los participantes en este ejercicio de revisión que se puedan concentrar en las principales cuestiones de simplificación y que los grupos de trabajo SLIM puedan hacer recomendaciones relevantes y prácticas. 
Por ese motivo, ya estoy deseando informarles sobre los progresos que hagamos en los próximos meses. 
Señorías, como ustedes saben, la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas en un plazo de seis meses después de haber recibido las recomendaciones de los equipos SLIM, siempre y cuando pueda suscribir esas recomendaciones. 
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con este compromiso, cosa que digo especialmente dirigida al Señor Bushill-Matthews. 
Nos alegran mucho las recomendaciones hechas por el Sr. Doorn en el sentido de que el Parlamento y el Consejo deberían asumir sus responsabilidades para que la iniciativa SLIM se desarrolle de la forma más eficaz posible considerando atentamente todas las propuestas al respecto. 
Asimismo, apoyo el punto de vista del Sr. Doorn que quisiera ver una simplificación en más ámbitos legislativos. 
Estoy completamente de acuerdo y a mí también me gustaría que se diera ese paso. 
Naturalmente, esto sólo se puede realizar dentro de los límites impuestos por otras tareas prioritarias y teniendo en cuenta el margen presupuestario disponible. 
Quisiera resaltar este último punto. 
La Comisión recibe muchas solicitudes y la Comisión tiene muchas tareas pero no siempre dispone de los medios para poder realizar esas tareas rápida y eficazmente. 
Es una cuestión importante, que también merece la atención de este Parlamento. 
Sin embargo, tengo plena confianza en que podamos acelerar el proceso de simplificación, no en último lugar por el trabajo que ha emprendido la Comisión misma. 
En respuesta al llamamiento, que se hizo con ocasión del Consejo Europeo en Lisboa, de dar los pasos necesarios para llegar a una política coordinada de simplificación de la legislación, les puedo decir que la Comisión está realizando en estos momentos una investigación exhaustiva de su punto de vista en materia de la elaboración legislativa en el sentido más amplio de la palabra. 
Está investigando en qué sentido se pueden introducir unas alternativas no reguladoras. 
Además, insistimos en el desarrollo de mejores maneras de evaluar el efecto de la nueva legislación propuesta en el mundo de los negocios y de la industria, con el fin de reducir al máximo los posibles costes adicionales y los gastos administrativos. 
Esta tarde también se ha hecho una pregunta al respecto. 
Los esfuerzos que se están haciendo ahora para llegar a una legislación más clara van emparejados con los preparativos de redactar un Libro Blanco sobre la calidad de la gestión. 
Esto va dirigido especialmente a la Señora Kauppi. 
El trabajo de la Comisión se ampliará con los resultados de los debates llevados a cabo en un grupo de trabajo de alto nivel en materia de mejor reglamentación, que fue convocado por los ministros de la Administración Pública después de su reunión en Estrasburgo del pasado mes de noviembre. 
Este grupo de trabajo, también el Sr. Ford ha pedido que se le preste atención, se dedica a la investigación de la calidad y de la simplificación tanto de la legislación nacional como de la comunitaria. 
Estoy esperando con impaciencia que se presenten el informe y las recomendaciones de este grupo de trabajo. 
Es obvio que nos importa este proceso normativo, en el cual cada uno de nosotros tiene sus responsabilidades. 
Estoy convencido de que el actual consenso político a favor de una mejor elaboración de las regulaciones dentro de la Unión Europea nos llevará a unas mejoras reales y permanentes. 
Por otra parte, quisiera darle las gracias al Sr. Bushill-Matthews por su versión alternativa del significado de las siglas S.L.I.M: "Substantially Less Interference by Members". 
Le estoy muy agradecido. 
Intentaré presentarlo de esta forma en el futuro, de modo que puedan sacar las conclusiones oportunas aquellos a los que incumba esta cuestión. 
Señor Presidente, para terminar quiero indicar tanto al Señor Doorn como al Parlamento que la Comisión puede adoptar las enmiendas. 
Muchas gracias Comisario Bolkenstein, como costumbre, por sus útiles comentarios en este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12:00 horas. 
Calidad de la educación escolar 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura del informe (A5-0375/2000) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación (11540/1/2000- C5-0565/2000- 2000/0022 (COD) ). 
Señor Presidente, la calidad de la educación escolar es una prioridad en la agenda política de todos los Estados miembros y no es de extrañar. 
El tercer milenio nos ofrece posibilidades desconocidas hasta ahora y perspectivas de constituir una sociedad cada vez más emancipada, más universal, más móvil y con mayor nivel de conocimientos, pero en la que se perfila también nuestra preocupación por las diferentes velocidades y la diferencia de oportunidades de la gente, porque ¿cómo podemos garantizar que todo el mundo participe plenamente en esta nueva sociedad dinámica? 
La educación debe y puede contribuir a ello y todas estas nuevas evoluciones ofrecen muchas posibilidades y desafíos a la enseñanza, puesto que esto va a cambiar drásticamente si solamente se piensa ya en la evolución de la manera de dar clases, que cambiará de instruir a enseñar a aprender. 
Imagínense las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y de la comunicación y piensen en las diferentes culturas. 
Por eso es tan importante que los Estados miembros de la Unión Europea se unan y que cooperen todos juntos en el diseño de una educación enfocada al futuro, cada uno partiendo de su propia tradición, pero que no haya malentendidos al respecto, trabajando para alcanzar un objetivo común. 
Como ponente me siento muy satisfecha con los resultados de la posición común tal como se ha presentado ahora. 
Al principio me parecía que la propuesta de la Comisión era poco precisa y que carecía de un compromiso firme con el enorme interés que tiene la calidad de la enseñanza e incluso el Consejo mostraba un temor injustificado: no toquen nuestra autonomía en materia educativa. 
Sin embargo, una vez puesto en marcha el proceso, compartían la opinión del Parlamento que había que hacer una evaluación seria y estructurada de la calidad de la educación escolar, determinando y difundiendo buenas prácticas e instrumentos eficaces en el ámbito de la evaluación de la calidad, tanto para la enseñanza básica, como para la enseñanza secundaria y la formación profesional. 
Las recomendaciones están ahora claramente definidas en las enmiendas que los parlamentarios y yo misma como ponente hemos presentado. 
En ellas se recoge con claridad que los Estados miembros han de desarrollar unos sistemas transparentes para evaluar la calidad con el objetivo prioritario de alcanzar una enseñanza de alta calidad. 
Esto no quedaba reflejado en la primera propuesta de la Comisión como tampoco se recogía el punto sobre el fomento de la integración social. 
Ha costado también que se incluyera el párrafo sobre la igualdad de oportunidades para niños y niñas, ha costado convencer al Consejo pero como ponente estoy satisfecha de que tanto el Consejo como la Comisión finalmente se hayan mostrado de acuerdo. 
Otro aspecto que me preocupaba profundamente era que había que implicar a los padres, a los alumnos y a los profesores en este proceso. 
Esto también se ha recogido y eso es importante para el apoyo de los procesos de evaluación y de mejora de la enseñanza. 
Asimismo, el fomento de la cooperación de las escuelas a nivel nacional y a nivel europeo es importante. 
Sin embargo, esto no debería impedir que las escuelas busquen alrededor en su región unos buenos socios de cooperación, lo cual se podría haber recogido de forma más explícita en el informe por lo que a mí respecta. 
Como punto final, quisiera subrayar la importancia de la recogida de datos y el desarrollo de indicadores y referencias que posteriormente se pueden guardar en un banco de datos que sea interactivo. 
Es una manera moderna de comunicación. 
Personalmente como ponente, me alegro de que los Estados miembros hayan empezado a colaborar bajo la dirección de la Comisión y de que hayan constituido un comité de expertos que ya ha desarrollado un número limitado de indicadores y marcos de referencia. 
El Parlamento seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la posición común tal como se ha presentado ahora, es el resultado de una buena y constructiva colaboración con la Comisión y el Consejo en el buen sentido de la codecisión, pero sobre todo gracias al interés de mis colegas que dieron su opinión ponderada, esta recomendación se ha convertido en una recomendación buena, equilibrada y estimulante con la que los Estados miembros pueden empezar a trabajar. 
Estoy deseando oír su respuesta al respecto. 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, estimados colegas, quisiera en primer lugar alabar el trabajo realizado por la Sra. Sanders-ten Holte y expresar mi agrado por la fructífera colaboración que se estableció entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para llegar al texto que ustedes nos acaban de presentar. 
Un texto que, quiero creerlo, contribuirá eficazmente a la consolidación de una educación de calidad en Europa, a la cual aspiramos. 
Quisiera, en nombre de mi Comisión, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hacer especial hincapié en la importancia que reviste la mejora cualitativa de la educación escolar o de la formación profesional, ese deseo de crear un dispositivo de intercambio de buenas prácticas, de herramientas metodológicas, que representaría una importante contribución a la cohesión social y a la lucha contra el desempleo. 
La inserción en el mercado de trabajo, la lucha contra el abandono prematuro del sistema escolar por los jóvenes, nuestra capacidad de ofrecer una formación a lo largo de toda la vida, el acceso a las nuevas tecnologías, son objetivos que los sistemas educativos de calidad deben incorporar. 
Tengo que insistir en dos aspectos de esa evaluación cualitativa tal como está planteada en la posición común. 
En primer lugar, ese proceso establece una clara distinción entre evaluación administrativa y procedimiento innovador tal como lo deseamos, tal como lo queremos poner en práctica y en el cual tiene que participar el conjunto de los actores, como ya se señaló. 
Hay un segundo aspecto que quiero recalcar y que quizás no ha sido retomado como lo hubiésemos deseado. No queremos hacer de ese proceso de evaluación cualitativa un factor de jerarquización, de clasificación o de evaluación de la excelencia de los centros. 
Al contrario, esa forma de evaluación debe permitir que cada centro, por más diferente que sea de los demás en lo que respecta al público que acoge, a los métodos o a los medios que utiliza, responda a todos los riesgos de fracaso escolar, aumente la calidad intrínseca de su enseñanza para todos, proponiendo una enseñanza adaptada a la realidad de cada alumno y permitiendo que cada uno de ellos se sitúe en una perspectiva de desarrollo personal. 
Señor Presidente, el Grupo PPE-DE apoya firmemente este informe. 
Ciertamente, lo hemos apoyado a lo largo de todo el procedimiento. 
Lamentamos que inicialmente hubiese cierta resistencia por parte del Consejo pero nos complace mucho que, como resultado de la efectiva intervención del Comisario y las habilidades negociadoras de la ponente, se alcanzase en el otoño pasado un acuerdo merecedor de nuestro apoyo. 
Felicitamos a la Comisión y a la ponente por el trabajo realizado para conseguir estos resultados. 
Ciertamente, en esta Asamblea todos coincidimos en que la educación es de vital importancia y que una fuerza laboral educada constituye la piedra angular de la futura prosperidad de Europa. 
Por consiguiente cualquier esfuerzo por aumentar el nivel de nuestras escuelas ha de ser recibido con los brazos abiertos. 
También coincidimos en que la educación es un asunto que compete justamente a los Estado miembros y a las regiones individualmente considerados. 
Pero existe un espacio para que la Comisión coordine y mejore los sistemas de evaluación como se prevé en el Tratado y celebro haber comprobado que la Comisión se ha cuidado de resaltar que esto debe basarse en la cooperación voluntaria entre los Estados miembros. 
Ciertamente, en la actualidad es difícil revisar cada uno de los diferentes sistemas de evaluación y cada una de filosofías educativas de cada país para elaborar una comparación objetiva de los niveles educativos de los países. 
Yo mismo, como antiguo profesor, hubiese recibido bien una clara imagen de la educación británica en comparación con la de los demás países europeos. 
En esta era global, para los sistemas de evaluación, es muy importante recibir la información más extenda posible. 
Una comparativa europea evidenciará, confiemos en ello, fortalezas y debilidades que actualmente están ocultas por los sistemas de evaluación restringidos a un solo sistema educativo. 
Uno de los objetivos fundamentales de la educación es otorgar preparación para el mundo laboral, pero también proporcionar una base cultural a los europeos más jóvenes. 
Este informe persigue un equilibrio entre la necesidad de una adecuada preparación en estas dos áreas. 
La posibilidad de comparar los sistemas educativos de toda Europa, confío, propiciará mejoras en todas las instituciones educativas europeas al poder éstas aprender de otras que se encuentran fuera de su ámbito más inmediato. 
El comentario de la Sra. Sanders-ten Holte sobre la exclusión social es especialmente válido. 
Quisiera poder ver si hay diferencias en la estructura de la jornada escolar, si existen diferencias entre las distintas partes de Europa, y si esto propicia una vía para la mejora de la educación. 
También está la existencia de actividades deportivas obligatorias: ¿es esto positivo en los sistemas educativos de los diferentes países? 
¿Tienen los países diferentes pautas? 
Todos estamos intereados en averiguar cómo los sistemas educativos logran el dominio de dos idiomas modernos además de la lengua materna. 
Sospecho que mi propio país no daría en este caso buenos resultados, aunque quizá sean mejores los relativos al uso de la informática. 
Finalmente, solamente quisiera decir que las enmiendas de la ponente instando a una mayor autoevaluación y a la participación de los actores involucrados constituyen una importante contribución a la maquinaria de evaluación. 
La opinión de aquellos que pertenecientes al sistema educativo se pierde amenudo en las grandes maquinarias burocráticas que gestionan las escuelas. 
Debemos encontrar vías que devuelvan el poder a las escuelas y a los padres y a los estudiantes, puesto que ahí es donde debiera residir la responsabilidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la formación sigue configurándose cada vez más como uno de los factores fundamentales de la estrategia europea. 
Las conclusiones de la Cumbre de Lisboa destacan la importancia de la formación tanto en el ámbito de la mejora de la competitividad, como en el de la prevención de la exclusión social. 
Es, pues, natural que también a nivel de la Unión se preste atención a la calidad de la enseñanza, aunque la organización de la educación sea competencia de los Estados miembros. 
Necesitamos cooperar a nivel europeo y promover la educación en todos los sectores. 
La evaluación sistemática de la calidad de la educación está todavía dando sus primeros pasos en muchos países de la UE. 
En Finlandia, por ejemplo, las normas que regulan esa evaluación fueron integradas en la legislación escolar hace ya dos años. 
Un estudio aclaratorio que vio la luz la semana pasada en Helsinki demuestra que estas evaluaciones no son aún lo suficientemente sistemáticas, a pesar de que fueron puestas en marcha con mucha diligencia. 
El estudio pone de manifiesto que, entre otras cosas, la colaboración entre alumnos, padres de los alumnos y responsables de la educación no ha sido tomada lo suficientemente en cuenta ni en la educación básica, ni en el bachillerato. 
Así pues, conviene tener presente la involucración de los alumnos y de las familias. 
La educación no puede ser planteada únicamente desde el escueto punto de vista de la competitividad. 
Las inteligencias prodigiosas deben contar con oportunidades, pero también debemos encargarnos de que todo el mundo se mantenga al nivel. 
La educación desempeña un papel crucial en la construcción de una sociedad íntegra e igualitaria. 
Una educación bien organizada implica que los recursos de las naciones sean utilizados lo mejor posible. 
En mi opinión, la educación debe ser organizada de tal manera que cada niño que empiece su escolarización obligatoria pueda sentirse satisfecho de sí mismo. 
Por ello, la evaluación de la calidad no debe realizarse atendiendo sólo a sucintos indicadores de productividad. 
Y es que además de proporcionar conocimientos y habilidades, la educación entraña el desarrollo de toda la personalidad, como es, por ejemplo, la adquisición de una verdadera autoestima. 
Es positivo que la posición común sobre la evaluación de calidad de la educación escolar esté tan pronto lista para ser sometida a votación. 
Gran parte de este mérito se lo debemos a la ponente del informe, Sra. Sanders-ten Holte, a la Comisaria, Sra. Reding, y al Consejo. 
Estamos avanzando con acierto en este asunto tan importante. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la educación es una de esas competencias que está muy próxima, y que debe estarlo, a las preocupaciones de la sociedad. 
Esta competencia se tiene que llevar a cabo lo más cerca posible de la población y eso significa que no hace falta que lleguemos a tener un sistema educativo europeo general. 
Pero justamente por la importancia que tiene la educación como transmisora, no sólo de conocimientos y de aptitudes, sino también de cultura y también para la inclusión del individuo en el tejido social, la enseñanza de calidad es muy importante. 
Por esa razón, le dedicamos mucho dinero y aún así hay cada vez una mayor necesidad de un control de calidad europeo y le damos nuestro sincero apoyo al respecto. 
Los padres son conscientes de que la educación supone un gran esfuerzo para ellos, para los niños y para los estudiantes, pero al mismo tiempo exigen resultados. 
Anteriormente tal vez era suficiente que fueras a un buen colegio porque ese colegio merecía también tu confianza ideológica. 
Esto ha dejado de ser suficiente. 
Los padres quieren una enseñanza de calidad y los niños que van al colegio, quieren que se les enseñe lo que en la vida les será útil. 
Cada uno de nosotros puede comprobar lo importante que es este control de calidad común. 
En Flandes, por lo menos, esto ha provocado que se haya llegado a un alto nivel de autoevaluación en las escuelas, que han sentido de forma espontánea que hay que defenderse en ese campo educativo. 
Por otra parte, hay una creciente preocupación que se comparte. 
Por ejemplo, hablar sobre el control de calidad era antes un poco tabú en Flandes, ya que se temía en las diferentes redes educativas que ello pudiera provocar rivalidades. 
Ahora vemos más bien lo contrario, gracias al esfuerzo de controlar la calidad de la enseñanza, se abre la gran puerta de acceso a la Comunidad Europea y también al mercado de trabajo de esta Comunidad Europea, y vemos que ese control de calidad se está convirtiendo cada vez más en una preocupación general. 
Hoy les puedo presentar los resultados de una encuesta que se ha realizado en todo el sistema educativo flamenco para investigar si tanto la educación primaria como la secundaria cumplían con los niveles comunes. 
Llama la atención el interés que muestran los medios de comunicación, justamente porque saben que los padres, los estudiantes y todo el estamento docente mirarán con lupa estos resultados. 
Porque cada instituto y cada red educativa quieren salir bienparados, pero al mismo tiempo cada padre quiere que su hijo vaya a un buen colegio. 
Me llama la atención que se alimenten desde la enseñanza las quejas sobre la falta de medios, porque no sólo deseamos que nuestros hijos reciban una buena educación, sino también deseamos que los colegios estén bien equipados, que sea un entorno seguro, dicho de otra forma, que haya buenas infraestructuras. 
Lamentablemente, muchos países carecen todavía de los medios necesarios para ello. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la ponente. 
Celebro este informe y considero importante una cooperación europea en la evaluación de la calidad de la educación escolar en la era de la información. 
Los sistemas de educación europeos tienen que ajustarse a la sociedad de la información. 
El rápido cambio científico y tecnológico y la globalización exigen una educación de alto nivel cualitativo. 
Necesitamos un sistema de educación que se adapte sin problemas al rápido desarrollo de la sociedad moderna. 
¿En que consiste una buena educación escolar en nuestro tiempo? 
¿En la transmisión de saber y de conocimientos objetivos? 
No solamente en eso. 
La función de la educación para la aurorrealización del individuo y para su participación en una sociedad democrática, socialmente justa y tolerante es, en mi opinión, el punto decisivo a la hora de definir una educación de alto nivel cualitativo. 
Los jóvenes deben tener la posibilidad de adquirir en la escuela una competencia en conocimiento sustantivo y social. 
Cada cual tiene derecho a una buena educación escolar, también los extranjeros y los grupos marginales. 
Estos últimos están especialmente amenazados por el peligro de ser empujados a la marginación social por estar peor cualificados. 
Quiero instar a los Estados miembros de la Unión Europea a que velen para que todos reciban la misma educación. 
Es preciso eliminar la barrera social entre instruidos e ignorantes. 
Hay que celebrar la evaluación de la calidad en la educación escolar en un doble sentido: en primer lugar, considero la evaluación como un acicate para mejorar la educación escolar y, en segundo lugar, crea una sensibilidad para los aspectos cualitativos en el sistema educativo. 
Los Estados miembros de la Unión Europea deben cooperar en el ámbito de la evaluación de la calidad de la educación escolar, pues ésta es de esencial importancia para la política del mercado laboral y para la libre circulación de los trabajadores dentro de la UE. 
Las organizaciones y asociaciones que trabajan en el ámbito de la evaluación de la calidad de la educación escolar deberían cooperar también en el plano europeo. 
Necesitamos redes europeas para prestarnos apoyo mutuo y para poner en marcha el proceso de evaluación externa. 
En definitiva, las escuelas, las asociaciones, las organizaciones pueden aprender unas de otras mediante el intercambio de informaciones y de experiencias y pueden encontrar soluciones ejemplares para una buena educación. 
Apoyo una buena educación escolar para evitar el desempleo y la exclusión social. 
Una educación de alto nivel cualitativo constituye una inversión para el futuro, para el progreso social, para un mundo de paz y tolerancia. 
Señor Presidente, estamos debatiendo hoy un proyecto de recomendación para los Estados miembros sobre la evaluación cualitativa de la educación que podría traer interesantes innovaciones en los métodos de trabajo de la Unión. El proyecto, por lo demás, está ya bastante avanzado en el terreno. 
En efecto, a partir de 1998, durante una conferencia celebrada en Praga y que reunía a 26 países europeos, los ministros nacionales de Educación acordaron crear un sistema de indicadores comunes relacionados a sus métodos y resultados. 
Se trata en primer lugar de establecer lenguajes comunes, y luego de comparar sus resultados, en suma de intercambiar las experiencias, dejando a cada Estado la plena responsabilidad de su sistema educativo. 
Esa iniciativa nos parece interesante, tanto por sus motivaciones como por el método utilizado. 
Por sus motivaciones, en primer lugar: a la hora de la sociedad del conocimiento y de la información, la educación es obviamente una clave, no solamente del desarrollo humano, sino también de la competitividad económica. 
Debemos por lo tanto procurar sacar el mejor provecho posible de los recursos, necesariamente limitados, que tenemos a nuestra disposición. 
Ahora bien, uno no puede sino asombrarse de la magnitud de las diferencias entre los países miembros de la Unión Europea, tales como se desprenden, en particular, de las estadísticas publicadas por Eurostat en el mes de julio pasado. 
Por ejemplo, mientras el promedio europeo de los gastos públicos por alumno en la enseñanza secundaria se sitúa en 100, se ubica en 84,9, en Alemania y en 131,6 en Francia. 
Existe por consiguiente una diferencia muy sustancial. 
Además, según los casos, no se produce siempre en el mismo sentido. 
Por lo tanto tenemos mutuo interés en intercambiar nuestras experiencias. 
Ese interés luce particularmente claro en el caso de Francia, cuyo sistema educativo muy rígido debería de estar mucho más sujeto a las demandas de los "consumidores de escuela". 
Pero debido precisamente a esa rigidez, resulta muy difícil aplicar cualquier reforma. 
Llegamos aquí a la cuestión de los métodos: la nueva cooperación para la evaluación de los sistemas educativos podría precisamente abrir camino a un nuevo método muy interesante. 
Significa la aplicación de una coordinación abierta, que fue evocada por el Consejo de Lisboa, y que podría introducir, si fuese desarrollada, una ruptura en los métodos europeos de trabajo. 
No se trataría de fijar objetivos con vistas a una armonización obligatoria. 
En cualquier caso, los artículos 149 y 150 no dan a la Comunidad competencia para eso. 
Se trata solamente, sin fijar previamente objetivos cifrados a priori, de descubrir conjuntamente las mejores prácticas, dejando cada país libre de sacar sus conclusiones. 
Con este nuevo método de coordinación, veríamos aparecer no una Europa centralizada, sino una Europa en red, que organizaría los intercambios entre los diferentes centros de poder constituidos por los ministerios nacionales de educación. 
Esa coordinación en red es más descentralizada, más flexible, más liberal que la tradicional directiva de armonización. 
Además, puede fácilmente rebasar las fronteras de la Unión para reunir a 26 Estados o más, en vez de 15. 
Por todas esas razones, Señor Presidente, esa nueva cooperación diferenciada nos parece muy prometedora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, en el debate del día 5 de julio sobre el tema "Evaluación de la calidad en la enseñanza escolar" dije ya a modo de introducción que en las aulas de hoy, aunque no sólo en las aulas, se crean los fundamentos del futuro de la juventud. 
La educación, es decir, la educación, el reciclaje y la formación continua, tiene que ocupar claramente el punto central de todos los ámbitos de la política. 
La educación no es un fin en sí mismo, sino el requisito para que podamos existir hoy no sólo desde el punto de vista económico, sino también personal. 
La transición a la sociedad del saber, la globalización de la economía, el cambio social, democrático y ecológico, así como las profundas transformaciones en el mundo laboral, debidos todos, no en último término, a las nuevas tecnologías, constituyen los grandes retos del tercer milenio que exigen también nuevos esfuerzos en el ámbito de la formación. 
Por consiguiente, celebro una vez más este informe en el Pleno del Parlamento Europeo, pues el objetivo de este informe consiste en mejorar la educación escolar así como la evaluación de su calidad. 
Las comparaciones de calidad- internas o externas- generan competencia y si mediante esto se acrecienta la calidad de la educación en las escuelas europeas y se aborda el triple reto de la sociedad de la información, de la globalización y del rápido cambio científico y tecnológico, entonces este informe habrá logrado su objetivo de conferir a los esfuerzos en favor de la educación un nuevo impulso y habrá constituido un paso importante a nivel europeo. 
Por consiguiente, ayudemos a que pueda ser un éxito el informe sobre la puesta en práctica que la Comisión ha de presentar al Parlamento dentro de tres años. 
Pero permítanme decir, finalmente, algunas cosas de principio sobre el futuro de la educación pues acabo de llegar de un simposio sobre la formación / del Congreso Federal del Partido Popular Austríaco. 
Educación es algo más que capacidad de empleo. 
Debe plantearse como objetivo el desarrollo de toda la personalidad del joven. 
Esta construcción global de la personalidad comprende el saber básico, capacidades y competencias, la transmisión de valores, la formación creativo-musical y la educación sanitaria y deportiva. 
En segundo lugar: una buena base de conocimiento que proporcione lo importante y deje fuera lo superfluo sigue siendo todavía la base para la formación del siglo XXI. 
Por consiguiente, es decir demasiado poco que el conocimiento y la información deberían extraerse únicamente de Internet. 
Quien no posea un conocimiento básico tampoco sabrá dónde debe encontrar el conocimiento. 
Esta base de conocimientos comprende las técnicas culturales, la lectura, el cálculo y la escritura. 
Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades de adquisición de conocimientos y de aplicación de las técnicas culturales. 
Sólo quien posea el conocimiento básico, podrá manejar, distinguir y diferenciar correctamente el conocimiento en esta época de explosión del saber. 
En consecuencia, este informe constituye una aportación esencial en orden a convertir el conocimiento en el punto central de nuestros ámbitos de la política. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a los que han sido responsables de conducir este informe hasta este punto. 
La calidad, como hemos escuchado, puede ser un concepto problemático en la educación, especialmente si se contemplan las formas de evaluación. 
Existen algunos campos como la alfabetización y la educación matemática en los que podemos hacernos alguna idea de los que se ha conseguido. 
Sin embargo, existen muchos estudios internacionales que han evidenciado dificultades a la hora de hacer comparaciones directas, debido a las diferencias en los planes de estudio, el enfoque y las concepciones subyacentes de lo que constituye una buena educación. 
Es esencial no confundir la educación con la formación. 
El objetivo principal de la educación no es preparar a la gente para el mercado laboral sino prepararla para una vida plena en todos los sentidos. 
En un medio laboral crecientemente flexible o precario la gente tendrá que recurrir a sus recursos internos muy amenudo a lo largo de sus vidas y la cohesión social depende parcialmente de esa resistencia personal. 
No tenemos más que echar un vistazo a lo que ocurre con aquellos que son despedidos o excluidos del mercado laboral. 
De modo que, cuando evaluamos la calidad de la educación, queremos averiguar si podemos desarrollar a personas con autoestima y confianza, capaces de comunicarse efectivamente, capaces de encontrar el mensaje oculto tras la información, capaces de plantear preguntas, capaces de trabajar como parte de un equipo e independientemente, y que sean creativas, con recursos y que tengan sensibilidad por el mundo en toda su dimensión y se sientan responsables respecto del mismo. 
También creo que si estamos investigando la calidad de la educación necesitamos averiguar si realmente proporciona una igualdad de oportunidades para todos los que están dentro del sistema o si contribuye, como lo hace la sociedad, a excluir a gente en razón de su origen humilde o su color o lo que sea. 
Por lo tanto, en nuestras comparaciones tenemos que ir más allá del enfoque de corto alcance. 
Después de todo, cualquier equipo de fútbol depende en la liga del nivel de las inversiones y la selección de lo mejor. 
Esto no mejora necesariamente el rendimiento de todos. 
Celebro que reconozcamos la importancia de involucrar a los propios alumnos en el desarrollo y la evaluación de nuestro sistema educativo. 
No podemos esperar formar individuos plenamente desarrollados y responsables si no se les estimula para que sean constructivos y se pronuncien sobre este componente esencial de sus vidas. 
Después de todo, la educación adecuadamente impartida es una aventura de colaboración y nos consta que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. 
Esta es la razón por la que saludo este informe. 
Señor Presidente, la evaluación en general y la evaluación de la educación en particular no es un proceso neutral. 
Siempre se hace con vistas a controlar en qué medida responde el evaluado a objetivos determinados del que evalúa, el cual define tanto los criterios de evaluación como las consecuencias de la respuesta o no del primero a todo esto. 
La colaboración de los Estados miembros para evaluar la educación es un importante mecanismo de intervención en los sistemas de enseñanza de los Estados miembros, para fomentar un modelo de enseñanza muy alejado de la educación, cuantitativa y cualitativamente, total, general y ampliada. 
Un modelo aún alejado del principio de garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 
Un modelo que cuesta poco, pero que presta servicio a la necesidad de los monopolios de encontrar mano de obra barata y, sobre todo, sumisa, completamente adaptada a sus necesidades. 
Esta política conduce a la reducción de la formación general en beneficio de la formación que genera trabajadores de usar y tirar, incluso lleva a que un procedimiento interminable de formación permanente sustituya a la formación general. 
Igualmente, aleja a los alumnos débiles y, por regla general, pobres de la educación sistemática hacia la formación degradada, tal como ha sucedido en Grecia, en donde los alumnos de los institutos han disminuido en pocos años en un 35%, tras la llamada reforma de la educación. 
También se intenta utilizar la evaluación como piedra angular para impulsar a las escuelas a un funcionamiento competitivo en donde las mejores escuelas van a concentrar al mejor alumnado y profesorado y contarán también con la mayor financiación, funcionando con criterios de mercado. 
Esto va a llevar a una degradación a la mayoría de las escuelas, especialmente en los barrios obreros y en el campo. 
Incluso, mediante el procedimiento de la autoevaluación, la responsabilidad del Estado sobre la calidad de la educación escolar, se transfiere al profesorado, al alumnado y a los padres de los alumnos. 
Si realmente nos interesase la calidad de la educación escolar no centraríamos nuestra atención en los mecanismos de evaluación, sino en la mejora del nivel cultural de todos. 
El debate sobre cómo se va a realizar la evaluación es infructuoso y desorientador. 
Lo que realmente tiene sentido s el debate sobre el fondo de la cuestión. 
¿A qué tipo de persona está preparando la escuela y para qué sociedad? 
Si evaluamos con este criterio las escuelas actuales, seguro que concluimos que están muy lejos de las necesidades de los trabajadores y del progreso social. 
Señor Presidente, saludo este documento y doy todo mi apoyo a la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo para promocionar la cooperación y una evaluación de calidad de la educación escolar. 
Saludo especialmente el énfasis depositado en la inclusión social. 
La educación constituye una parte importante, de hecho, una parte esencial de la sociedad. 
La educación tiene un fundamental impacto en nuestras vidas y también en nuestras comunidades. 
Los últimos informes, como nos consta a los que venimos del Reino Unido, han venido criticando la enseñanza impartida en edades muy tempranas, ya que podría ser contraproducente. 
Por lo tanto sería bueno comparar y hacer contrastes con otros modelos europeos, con ciertas limitaciones por supuesto, como acaba de señalar mi colega la Sra. Lambert. 
España, por ejemplo, concede gran importancia a la inclusión social y al desarrollo de la personalidad, al trabajo en grupo y a la integración. 
En edades tempranas estos elementos son situados por delante de los factores académicos. 
También estoy completamente de acuerdo con mejorar la integración de los padres, los profesores y los alumnos y los otros muchos actores comunitarios que legítimamente desean desempeñar un papel en la educación y su desarrollo, y alcanzar, como resultado, el concepto de la escuela como una comunidad. 
Esto también constituiría una oportunidad idónea para fomentar que las escuelas de las diferentes regiones compartan sus mejores prácticas. 
Las asociaciones entre países diferentes son tan importantes como lo son, además de éstas, las asociaciones entre los ejes rurales y urbanos. 
Esto forma parte de un importante concepto de emparejamiento y constituye una filosofía bien establecida en Europa y que está arrojando éxitos en todas las comunidades. 
Establecer redes es muy importante. 
Quisiera insistir en que el intercambio de buenas prácticas y de información entre las diferentes escuelas europeas no tiene que propiciar prácticas competitivas. 
Debemos, a toda costa, desanimar cualquier tentativa de crear una clasificación de escuelas similar a la que en el Reino Unido se ha revelado tan nociva. 
Saludo el informe, se trata de un documento positivo sobre el que podemos trabajar para crear mejores redes educativas dentro de la Unión Europea. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, estamos todavía a principios de año y pienso que aún es tiempo de desearles que se haga realidad todo lo que desean para ustedes mismos y sus allegados. 
En cuanto a nosotros, aquí, en el Parlamento Europeo y en la Comisión, deseo que continuemos en los mismos excelentes términos que el año pasado. 
Hoy se nos propone analizar el proyecto de evaluación cualitativa de la educación escolar. 
Es un proyecto que ya se ha abierto camino, y el Parlamento Europeo lo ha acompañado plenamente en ese camino. Quisiera agradecérselo, porque lo ha apoyado mucho, ha mostrado su voluntad política de avanzar en esa vía, que no siempre era fácil, y ha traído muchas sugerencias positivas que a lo largo de los años han podido ser incorporadas a la realidad en el terreno. 
Quiero agradecer muy particular y calurosamente a la ponente, la Sra. Sanders-ten Holte, el excelente trabajo realizado en unos plazos muy cortos y quisiera hacer extensivo este agradecimiento al conjunto de la Comisión de Cultura. 
Tienen ante los ojos una propuesta de recomendación que, como algunos de ustedes han dicho, trata de una cuestión clave que está en el corazón de nuestras prioridades políticas: ¿podemos mejorar la calidad de la educación escolar y en ese caso, cómo hacer que Europa dé el famoso empujón sin inmiscuirse en sistemas europeos que son y siguen siendo de la competencia exclusiva de los ministros de Educación? 
Ya saben que se ha recorrido un camino muy largo en ese sentido, puesto que el gran proyecto piloto sobre la evaluación de la calidad de la educación escolar fue lanzado a principios del año escolar 1997 y que más de cien escuelas secundarias de dieciocho países han participado en el mismo. 
La propuesta de recomendación se basa en gran parte en las conclusiones que todos hemos sacado conjuntamente de esa experiencia. 
La recomendación se refiere a dos aspectos fundamentales. 
En primer lugar, la evaluación como instrumento de mejora de la calidad, sin que el objetivo sea definir quien es el primero o el último de la clase, sino simplemente estimular a todos para que todos se conviertan en los primeros de la clase. 
En segundo lugar, el papel de la cooperación europea en ese ámbito. 
Es por lo demás una de las cosas que sabemos hacer muy bien y lo hemos demostrado. 
Dentro de ese espíritu, la propuesta invita a la autoevaluación, a la evaluación externa, a la participación de todos los actores en la totalidad del proceso de evaluación para, en definitiva, promover la capacidad de los centros escolares de aprender los unos de los otros, a fin de identificar las buenas prácticas y las herramientas de evaluación más eficaces. 
La Comisión no impone nada en ese proceso, sino que juega su papel de catalizador. 
Fomenta la cooperación europea entre los centros escolares y favorece su integración una red a escala europea, procurando crear una base de datos de las herramientas de autoevaluación escolar que luego serán accesibles al conjunto de los actores implicados. 
Es exactamente lo que el Consejo de Lisboa nos pidió que hiciéramos. 
Porque si queremos que la sociedad europea se sitúe en el primer plano del escenario mundial como sociedad del conocimiento, queda muy claro que en todos nuestros Estados miembros, en todas nuestras regiones, en todas nuestras aldeas, la calidad extremadamente positiva de la enseñanza escolar debe constituir la razón de ser de la igualdad social de los ciudadanos. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo nuestro colega Karas: en las escuelas de hoy preparamos la sociedad de mañana y su éxito. 
Dentro de esa perspectiva, nos incumbe ofrecer todas las herramientas posibles y hacer que todos, en las escuelas, aprendan los unos de los otros, para que el sistema mejore en todas partes y que no hayan relegados. 
Este es efectivamente nuestro objetivo dentro de una sociedad del conocimiento. 
No podemos permitirnos el lujo de que un 20 % por lo menos de los alumnos estén marginados porque no han recibido la educación necesaria para poder desenvolverse en la sociedad. 
A ese respecto, concuerdo con aquellos de ustedes que han dicho que hace falta preparar para la vida en sociedad antes que preparar para la vida en el mercado de trabajo. 
Por otra parte, eso constituye un déficit considerable para una sociedad que necesita todas sus capacidades humanas para poder avanzar. 
Queridos colegas, es para dar esa capacidad a todos los jóvenes que hacemos conjuntamente, con los ministros de Educación, esas propuestas en materia de análisis de calidad, porque si la calidad de la enseñanza es un hecho, existirá la posibilidad de desenvolverse en la sociedad y de encontrar un trabajo en ella. 
Quisiera por esa misma razón darle una vez más las gracias, señora ponente, así como a la Comisión de Cultura y a todos los diputados que han tenido a bien ayudarnos en esta tarea. 
Desearía decirles que puesto que el Consejo "Educación" ha hecho de la evaluación y de la calidad un tema prioritario, la acción 6 de Sócrates ha sido objeto de una licitación en ese marco muy concreto. Eso llevará a unos estudios comparativos y a la creación de una red entre las instituciones competentes. 
Quisiera también decirles que la Presidencia sueca organizará una conferencia en Karstadt sobre ese tema a principios de abril y que la futura Presidencia belga ya ha previsto acciones al respecto durante su presidencia. 
Ya podrán deducir de ello, Señorías, que no es la última vez que hablamos de ese tema y me presentaré episódicamente ante ustedes para informarles detalladamente de los nuevos desarrollos, que todos deseamos sean positivos. 
Muchas gracias, señora Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Patrimonio mundial, cultural y natural 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0382/2000) de la Sra. De Veyrac, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la aplicación en los países de la UE de la convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (2000/2036 (INI)) 
. (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, resulta banal decir que el patrimonio y su protección son los elementos determinantes de la identidad europea. 
Puede que sea banal, pero es sin embargo exacto. 
El patrimonio es uno de los elementos más visibles y cercanos de la cultura de nuestros conciudadanos. 
Hace parte de su entorno cotidiano y de su propia identidad. 
Refuerza el sentimiento de pertenecer a la Unión Europea identificando raíces que nos son comunes. 
Proteger el patrimonio es por lo tanto una necesidad vital debido a los estragos causados por el tiempo, y también a las nuevas formas de agresión que sufre, tales como la contaminación atmosférica, la urbanización desordenada, la presión demográfica y muchas otras, desgraciadamente. 
El Parlamento Europeo ha tratado ese tema con mucha seriedad, en particular mediante dos resoluciones votadas en 1982 y 1988, que constituyen referencias para la acción a llevar adelante en ese ámbito. 
Me parece necesario hacer hoy el balance del estado actual de la cuestión, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y la evolución de la Unión Europea debida al aumento del número de Estados miembros. 
Vale la pena recordar el objetivo del convenio de la UNESCO. 
Consiste en preservar el patrimonio, y no en limitarse a incluirlo en una lista prestigiosa. 
Desde la última selección de los sitios en diciembre de 2000, 690 han sido incluidos en la lista del patrimonio mundial, de los cuales 208 están situados en la Unión Europea. 
De aquellos 208, 192 son bienes culturales, 11 bienes naturales y 5 bienes mixtos. 
El hecho de que la Unión Europea ocupe un lugar preferente en esa lista, con cerca de las dos terceras partes de los sitios, se explica fácilmente por la importante contribución de Europa a la civilización mundial. 
Sin embargo, para obtener una lista donde la distribución entre las diferentes categorías del patrimonio, así como entre los Estados, esté más equilibrada, la UNESCO ha definido una estrategia mundial, acompañada de un plan de acción para su puesta en práctica. 
Me parece deseable que nuestro Parlamento recomiende a los Estados miembros que cuentan con una cantidad importante de bienes inscritos que de ahora en adelante limiten sus propuestas de inscripción. 
Me parece normal que contribuyan a hacer que la lista del patrimonio mundial sea más representativa y más equilibrada, tanto desde un punto geográfico como en cuanto a su contenido. 
Cuando la Comisión de Cultura de nuestro Parlamento adoptó ese informe, se suprimieron por corta mayoría las dos disposiciones relativas a esa autolimitación. 
Me parece sin embargo, queridos colegas, que haría falta reintroducirlas, y he presentado dos enmiendas en ese sentido en nombre del Grupo PPE. 
Ese informe introduce una segunda propuesta tendente a establecer una lista a escala europea. 
En efecto, la UNESCO tiene un enfoque geográfico del patrimonio, y un enfoque geográfico acarrea una limitación en la concepción de los sitios. 
Por ejemplo se clasifica un puerto, pero sin tener en cuenta los barcos. 
Se clasifica una planta sidurgérica, sin tener en cuenta el material. 
Me parece que Europa, la Unión Europea, debería de tener una visión dinámica. 
Podría intervenir en la dinámica del patrimonio y, dentro de esa óptica, una lista europea podría constituir un avance. 
Permitiría valorizar mejor los sitios cuya importancia va más allá del mero interés nacional, sin que eso les valga un reconocimiento mundial. 
Y eso contribuiría a acercar a Europa a sus ciudadanos, al permitirles tomar conciencia de un patrimonio cultural común. 
El patrimonio necesita con frecuencia ser restaurado. 
La situación de los restauradores del patrimonio en los Estados miembros debe dar lugar a un estudio de la Comisión, a fin de organizar los oficios de la restauración para garantizar la calidad de esas obras. 
Una restauración de calidad requiere recursos financieros adecuados, y la necesidad de una gestión económica no debe hacerse en detrimento de la calidad de las obras. 
Por último, sería deseable que la Comisión Europea estudie, en colaboración con el Consejo Europeo y la UNESCO, la viabilidad de un dispositivo jurídico y fiscal que facilite unas formas de mecenazgo referido a la conservación del patrimonio cultural y natural. 
Se podría introducir ese aspecto de las cosas en las reflexiones sobre la armonización de la fiscalidad europea. 
La protección del patrimonio es un tema que requiere una vigilancia permanente de nuestra parte. 
Tenemos la responsabilidad de transmitirlo a las futuras generaciones. 
Los jóvenes de Europa deben ser capaces de reconocerse en él para construir su porvenir y percibir mejor su identidad europea. 
¿No es acaso más por referencia a elementos culturales que con relación a datos económicos y sociales que uno se siente europeo? 
Retomaré en conclusión esta frase que todos conocen ya que emana de uno de los grandes fundadores de la Unión Europea: "Si tuviera que volver a hacerlo, empezaría por la cultura". 
Es una frase que hubiera podido pronunciar Haydn cuando componía en Londres, Vinci cuando pintaba en Amboise, o Byron cuando se estaba muriendo en Missolonghi. 
Es el sentimiento, la felicidad que cada uno de nosotros experimenta cuando, al azar de sus viajes por la Unión Europea, se maravilla de los tesoros que encuentra y se siente orgulloso de haberse convertido, gracias a la Unión Europea, en su modesto propietario, y también celador de su perennidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el patrimonio cultural mundial- acabamos de escuchar algunas cifras- se halla distribuido de manera desigual. 
La mayor parte se encuentra aquí, en Europa, de lo cual podemos estar orgullosos, pero esto muestra también que existen, ciertamente, diversas desigualdades. 
Pero el número de los bienes artísticos o de todas las cosas que se han incluido en el patrimonio cultural mundial, es muy reducido en comparación con todas las cosas que se pueden encontrar en el mundo y significa una gota de agua sobre una piedra caliente, porque existen muchos más lugares que merecerían este rango y este apoyo. 
Esto no facilita la toma de decisiones ni el procedimiento de selección. 
Hay más denegaciones que aprobaciones y creo que también es necesario redefinir los criterios. 
La diversidad del patrimonio cultural pone de relieve la identidad de las propias regiones y, en consecuencia, es preciso que también se asuma y se sienta la responsabilidad desde ellas mismas, aunque aquella debe ser apoyada desde fuera, desde la Unión Europea y desde los numerosos corresponsables. 
Entre estas responsabilidades regionales se cuentan el cuidado del país y de los usos locales, el desarrollo de las propias regiones y otras cosas semejantes. 
Éstos son para mí criterios que ante todo han de ser solucionados solamente en las regiones. 
Los enclaves culturales mundiales desbordan el desarrollo regional. 
Son preciosidades culturales, testigos de cambios que hicieron época o singularidades de carácter único de la naturaleza. 
Poseen un excepcional valor universal. 
El patrimonio cultural arquitectónico, el paisaje cultural y el patrimonio cultural urbano forman un solo conjunto, pero como un todo no están completos si no contienen también los monumentos contemporáneos, por ejemplo del mundo del trabajo, como el desarrollo de la vida laboral, la constitución de las fábricas, de las máquinas y otras cosas semejantes. 
Ellos muestran el desarrollo del proceso de trabajo en el mundo. 
Por consiguiente, los expolios de los yacimientos arquitectónicos han de ser combatidos de la misma manera que la destrucción desconsiderada de huellas de establecimientos sociales. 
El vertiginoso desarrollo técnico y el cambio del medio ambiente muestran con mayor claridad aún la importancia de cobrar conciencia del patrimonio natural y de asumir la responsabilidad, es decir, la planificación del territorio y los cambios de finalidad deben incluirse cada vez más en la responsabilidad por la conservación del patrimonio cultural. 
A la hora de seleccionar los enclaves de la cultura mundial hay que guardar un equilibrio entre enclaves históricos, monumentos religiosos, las diversas religiones, la prehistoria, la historia contemporánea y el patrimonio natural y modificar en este sentido los criterios de evaluación. 
La conservación del patrimonio cultural no sólo implica una alta responsabilidad sino también costos elevados. 
En consecuencia, es preciso buscar posibilidades de hacer más fácil la financiación, de reflexionar sobre el instrumento jurídico y fiscal, de ofrecer también estímulos a los patrocinadores y de hacernos más conscientes de esta responsabilidad. 
Señor Presidente, en la Unión Europea y en este Parlamento debemos dedicarnos a lo que resulta fundamental para la cooperación europea, a lo que crea una Europa más fuerte y más esbelta, y debemos andar con mucho ojo para no asumir tareas que competen más a los países miembros. 
La protección del patrimonio cultural es importante y el patrimonio cultural común de la Unión es su diversidad. 
Ésta debemos conservarla en cada país miembro, pues es una tarea enorme y fundamental. 
De ahí que considere que este informe está de más. 
Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, creo que la protección del patrimonio cultural es una tarea para los Estados miembros. 
Hasta ahora los Estados miembros han contribuido a la aplicación de la convención sobre el patrimonio mundial cultural presentando propuestas- muchas propuestas- de inscripción en la lista de la UNESCO de los valores que revisten un valor universal excepcional. 
Probablemente hay un número desmesurado de candidatos europeos a la lista y quizá fuera conveniente, como señala la señora ponente, un poco más de modestia por nuestra parte. 
No considero necesaria la existencia de una lista específica del patrimonio cultural europeo ni tampoco me parece necesario que la Comisión asuma aún más trabajo coordinando los esfuerzos, un deseo exteriorizado por muchos. 
Por ello, he presentado en nombre del Grupo Liberal una serie de enmiendas, según las cuales el Parlamento debe pedir a los Estados miembros y no la Comisión que pongan en marcha la cooperación necesaria de acuerdo con la UNESCO y el Consejo de Europa. 
Lo he hecho para guardar el principio de subsidiariedad, y lo hago también remitiéndome a las palabras pronunciadas por el Sr. Prodi ante este Parlamento el año pasado: "Recordemos cuán a menudo se nos ha convertido en el hazmerreír de Europa por tratar temas absolutamente ridículos que desafían el sentido común y chocan con los intereses de nuestra población". 
Creo que tenemos aquí un ámbito en el que podemos conceder un pequeño descanso al trabajo de la Unión. 
Señor Presidente, debemos felicitar a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte porque ha emprendido la iniciativa de redactar este informe sobre cómo vamos a proteger el patrimonio cultural y natural en la Unión Europea, y debemos también felicitar a la Sra. ponente por las ideas y las medidas que introduce, con las que estoy de acuerdo en su mayoría. 
Naturalmente, para retomar lo que decía con anterioridad nuestro colega, cada Estado miembro tiene una política relativa a estos temas. 
Evidentemente, no vamos a sustituir la política de los Estados miembros. 
Sin embargo hay una gran necesidad de formar una concepción más general, una política al nivel de la propia Unión. 
Y la razón es evidente: porque todas las políticas de la Unión influyen significativamente en el mantenimiento y en la distinción de nuestro patrimonio cultural y natural; normalmente, señor Presidente, más bien de mala manera. 
A menudo, la Unión financia con los Fondos estructurales, por ejemplo, obras e intervenciones que suponen la destrucción o un deterioro importante en monumentos, paisajes, y otros elementos de este patrimonio cultural y natural. 
Y desgraciadamente, podría dar muchos ejemplos aún contando sólo a Grecia. 
Hace tiempo, con un gran esfuerzo libramos el teatro antiguo Dodonis de la proximidad a la carretera Egnatia que iba a impedir incluso a los espectadores poder escuchar en las representaciones. 
La presión ejercida por muchas organizaciones llevó el asunto de los postes eléctricos en las islas Cíclades al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo Administrativo de mi país, a que con una decisión suya reconociera una vez más el valor de la estética del paisaje de estas islas. 
Hoy en día está pendiente la creación del circuito para las naves de remo de los Juegos Olímpicos en Schinias, en Maratón, lugar histórico por excelencia en toda Europa, señor Presidente, y que además es un hidrobiotopo de una importancia especial y que se había incluido al principio en las listas del NATURA 2000, señora Comisaria. 
Quisiéramos salvarlo, pero no sé cómo. 
Aún está pendiente la construcción del nuevo museo de la Acrópolis a una pequeña distancia de la roca de la Pnix y del Partenón y sobre otros monumentos arqueológicos más antiguos, amenazando tanto a estos monumentos, como la estética de todo el lugar y el efecto óptico de la famosísima roca sagrada del Partenón. 
Estas cosas y muchas más, tienen una característica común: o bien aspiran a, o bien tienen ya una financiación comunitaria. 
Está claro pues por qué apoyo con tanto afán aquellos puntos en particular de la resolución, en los que se solicita a la Comisión que antes de dar cualquier financiación a obra alguna, analice las consecuencias sobre el patrimonio cultural y natural, su peso histórico y la estética que deben distinguirse, también como criterios de elegibilidad de las obras. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. de Veyrac tiende en particular a ampliar la noción de patrimonio y los criterios de selección del patrimonio nacional. 
El Grupo UEN votará a favor de ese informe. 
Nadie puede cuestionar la necesidad de extender esa noción a elementos que no sean únicamente monumentales, naturales o mobiliarios. 
Es obvio que se puede recolectar y proteger una gran cantidad de datos etnográficos a título de patrimonio mundial. 
Se puede hacer hincapié en la importancia del patrimonio musical o de la literatura oral, para los cuales aún hace falta realizar un trabajo de recolección de análisis y de protección en muchos países. 
Ese patrimonio, que escapa de la noción tradicional, que a menudo se refiere solamente a los monumentos o a los sitios, suele estar presente en la vida cotidiana de los habitantes de este planeta. 
Son esa presencia y esa permanencia, en la cultura y la vida cotidiana, las que deberían determinar la noción misma de patrimonio, como además lo sugirió la Sra. Prets. 
Quisiera, por ejemplo, insistir, muy particularmente aquí, en Estrasburgo, en el apego de nuestros conciudadanos a sus monedas nacionales y en su voluntad de considerarlas como una dimensión patrimonial. 
La revista alemana "Focus-Money" ha publicado recientemente un sondeo que muestra que el 70% de los Alemanes están apegados al Deutschmark y desean conservarlo. 
Ese porcentaje es un promedio puesto que esa tasa asciende al 80% en Alemania Oriental. 
El Ministerio francés de Finanzas, encargado de poner en práctica la desaparición del franco, ha publicado recientemente en su sitio Internet un sondeo muy interesante sobre el apego de los franceses a su moneda. 
No es sino un diagnóstico al revés, puesto que, por supuesto, no se les pidió su opinión sobre el franco sino sobre el euro. 
La respuesta ha sido sin embargo contundente. 
Tan sólo el 26% des los franceses se fían de esa moneda artificial. 
No resulta inútil que les informe de algunas de esas realidades, ya que no parecen haber sido tomadas en cuenta ni asumidas por este Parlamento. 
En Gran Bretaña, que por ahora ha decidido proteger ese patrimonio nacional que constituye la libra esterlina, solamente el 14% de los jóvenes Británicos de entre 18 y 24 años quieren abandonar la libra. 
En ese caso, los daneses que en un 45% han contestado por el sí, harían pasar el reciente referéndum danés por un plebiscito a favor de la moneda única. 
Los europeos están apegados a sus monedas, lo mismo que a sus valores, a sus sitios naturales, a sus lenguas y a sus catedrales. 
Por ese concepto, conviene proteger las monedas nacionales como parte del patrimonio mundial. 
Esta es la razón de ser de la enmienda que he presentado en nombre de mi Grupo y que les propongo que apoyen. 
Señor Presidente, quisiera dar mi enhorabuena a la Sra. de Veyrac que ha trabajado y ha puesto de relieve el tema del Tratado sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural en los Estados miembros de la Unión Europea, confirmando con su informe el interés sobre este tema tan importante que Europa debe conservar intacto y, además, las iniciativas que debe tomar a nivel mundial. 
Aunque la Cumbre de Niza no haya tomado la decisión crucial de liberal el sector cultural de la unanimidad para poder avanzar con pasos más definitivos en convergencias, es importante lo que el informe corrobora, es decir: que la Unión Europea trabaja por el desarrollo de la diversidad cultural. 
Igualmente, en mi opinión es importante la concienciación de Europa que en el informe vemos, el saber que está sobrerrepresentada en la lista del patrimonio mundial y que esta sobrerrepresentación incluye también las ciudades históricas y los edificios religiosos con respecto a otros tipos de categorías, la sobrerrepresentación del cristianismo con respecto a otras religiones y creencias, la de una arquitectura "elitista" con respecto a una arquitectura popular. 
Esta concienciación demuestra que el concepto de la diversidad cultural y del respeto a lo ajeno es una idea consolidada y tiene un papel central en la reflexión, facilitando así a Europa que desempeñe un papel primordial en su relación con el resto del mundo en la época de la mundialización. 
Ahora bien, en el ámbito de las propuestas, en mi opinión tiene especial importancia la propuesta sobre la empresa de iniciativas, con participación de los ministros en el sentido de la armonización, así como la acción definitiva de los Estados miembros para poner fin al expolio y al tráfico ilegal de hallazgos arqueológicos en los países de la Unión Europea. 
Aún- y en esto voy a estar de acuerdo con nuestro colega, Sr. Papayannakis- creo que los estudios sobre la repercusión cultural deberán constituir una condición imprescindible para aprobar obras financiadas con fondos comunitarios, para no causar desastres, muchas veces incalculables. 
Es positivo que el programa "Cultura 2000" haya dedicado una tercera parte del presupuesto total al patrimonio cultural, arqueológico, subacuático, arquitectónico, museos, bibliotecas y archivos, tonificando así las acciones nacionales. 
Sin embargo, tal como señala el informe, se debe dar énfasis también al patrimonio rural, a los bosques y setos antiguos o paleolíticos, a los biotopos y los humedales, es decir, a lo que se considera más o menos al margen. 
La educación y la formación en todas las profesiones relacionadas con la protección, conservación y la valorización del patrimonio cultural y natural tienen también gran importancia, junto con la sensibilización de los estudiantes y de los jóvenes y con el desarrollo de un movimiento de voluntariado que pueda tener una aportación decisiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me parece un informe muy bueno e informativo y quisiera darle las gracias a la ponente por el gran trabajo que ha realizado. Del informe se desprende que la Unión Europea y los Estados miembros han hecho bien los deberes. 
Han presentado muchas solicitudes que incluso han originado un cierto desequilibrio. 
Creo que esto se debe a la opinión generalizada de que hay que presentar solicitudes para edificios, pero hay por supuesto también otros factores y me parece bueno que se inste a los Estados miembros a que tomen medidas para que se establezca un mayor equilibrio y mayor selección. 
En primer lugar, la conservación del patrimonio cultural, también al nivel de la Unión Europea, le interesa al ciudadano. 
Se celebran jornadas de puertas abiertas en los monumentos y mucha gente acude. Me parece que la dimensión europea por excelencia se hace visible. 
Pasando a una segunda cuestión, el valor europeo añadido, sí lo veo en muchos ámbitos, como son por ejemplo los proyectos transfronterizos en el mar de los Wadden y la arqueología submarina. 
Aquí la Unión Europea puede fomentar y apoyar la cooperación entre los Estados miembros, como en otros ámbitos culturales. 
Otro punto a tomar en cuenta es la investigación y la educación. 
Me parece que también es una tarea típicamente europea, como también es necesario que se clarifique a cada nivel administrativo qué lugares superan el interés nacional, que se elaboren listas e inventarios y que se tomen decisiones ponderadas en el área medioambiental. 
Una tercera cuestión que me gustaría abordar es el empleo de los fondos estructurales. 
Me parece que la conservación del patrimonio cultural es importante para el turismo porque muestra la diversidad cultural. 
Naturalmente, también tiene sus efectos en el empleo. 
Por lo tanto, la pregunta de si la Unión Europea tiene algo que hacer aquí es para mi retórica. 
La Unión Europea tiene en este ámbito la tarea de fomentar, apoyar y mostrar la diversidad cultural de Europa. 
Por lo tanto, yo y muchos otros de mi Grupo parlamentario adoptarán sinceramente el informe de la ponente. 
Señor Presidente, Señorías, da la casualidad que yo me ocupé de la aplicación de la convención de la UNESCO en un caso concreto. 
Con ocasión de una reunión de la UNESCO, celebrada hace algunos años en Casablanca, se planteó el problema de imaginar que todo el sistema alpino se convirtiera en patrimonio de la humanidad. 
Confieso que entonces quise saber algo más, ya que, entre otras cosas, parecía una contradicción presentar la candidatura de todos los Alpes, cuyo perímetro contiene un poco de todo. 
Me ha sorprendido la variedad, con frecuencia contradictoria, de los lugares seleccionados- ciertamente no por culpa de la UNESCO, sino por culpa de las candidaturas de los Estados- y he notado clamorosas ausencias de centros de interés cultural, natural o mixto. A este propósito, hace unos días el Sr. Costa, miembro de nuestro Grupo y alcalde de Venecia, nos recordó con sorna que Venecia no ha sido nunca catalogada como patrimonio de la humanidad. 
Pues bien, la lectura de la Convención me ha confirmado una sospecha: la absoluta vetustez de la Convención que ya cuenta con treinta años. 
Tienen que pensar que entretanto se ha modificado mucho la sensibilidad a la cultura y al medio ambiente; pensemos en la definición, hoy de moda, de desarrollo sostenible. 
Por eso, temo que en el informe se ponga de manifiesto una serie de contradicciones: algunos de los temas evocados se deberían simplificar por necesidades de coordinación entre Estados europeos más que de intervenciones excesivas por parte europea que, a veces, pueden sonar como sustitutivas de otras responsabilidades. 
Por otra parte, en algunos casos ya existen instrumentos: recuerdo el hecho de que en el texto se mencionan- y esto es positivo- las lenguas minoritarias regionales que tienen otros medios de protección. 
Sin embargo, existe algún punto de arranque: recuerdo que debe haber una lógica de intervenciones activas, ya que la protección de los centro de interés funciona si las intervenciones implican también un esfuerzo dinerario. No cabe duda de que los importes contemplados en la Convención que cuenta con fondos mínimos, no garantizan intervenciones activas, especialmente en los países del Tercer Mundo. 
Sería positivo que antes o después la Comisión recodase ese límite que se puede superar gracias a las ayudas de Estado, de conformidad con lo que dispone el artículo 87.3 d). 
Señor Presidente, señora Comisaria, me ocuparé de aquella parte del patrimonio cultural de Europa que no está en las listas de la UNESCO y que casi no aparece en nuestras propias listas. 
El hecho es que cada casi metro cuadrado de la Unión Europea está cultivado, tanto terrenos agrícolas como bosques. 
Toda la diversidad biológica actual es resultado de cerca de diez mil años de esfuerzo y lucha. 
Es el fruto de la colaboración del hombre como agricultor, con la naturaleza, el clima y la técnica. 
Esto es lo que ha dado origen a la Europa enormemente polifacética y diversa que conocemos. 
En mi opinión, es obvio que el patrimonio mundial es responsabilidad de las regiones y de las naciones y no especialmente de la Unión. 
Sin embargo, hay un sector en el que la Unión tiene todo el poder sobre el patrimonio mundial, esto es, en la política agrícola. 
Si de mi dependiese, cambiaría la actual política agrícola de la Unión por otra que favoreciese el patrimonio mundial y la diversidad biológica. 
Usaría las subvenciones para conservar los cultivos en terrazas del Mediterráneo, para conservar las hermosísimas y biológicamente ricas praderas de los terrenos montañosos que rodean los ríos y lagos en la boscosa Escandinavia. 
En pocas palabras: una buena política cultural europea sería contar con una política agrícola nueva, moderna y respetuosa. 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Aprobación de la gestión 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0397/2000) de la Sra. Van der Laan, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre las medidas adoptadas a la luz de las observaciones del Parlamento Europeo en su resolución de aprobación de la gestión presupuestaria 1997 (COM (2000) 224- C5-0223/2000- 2000/2113 (DEC) ). 
Señor Presidente, el informe sobre la aprobación de la gestión 1997 ha contado con un seguimiento. 
Eso es algo nuevo, pero realmente no resulta sorprendente, al fin y al cabo, éste era un caso particular. 
Se trataba de la primera aprobación de la gestión tras la caída de la Comisión presidida por Santer y, por tanto, la primera posibilidad de que este Parlamento influyera en la política de reformas de la Comisión Europea. 
A partir de ese momento, el Parlamento, por supuesto, ha hecho oír su voz, entre otras ocasiones, con motivo de los excelentes informes de los colegas Van Hulten y Pomés Ruiz. 
Naturalmente, las reformas deben contribuir a que se restablezca la confianza en Europa, que se ha visto empañada. 
Hoy, la cuestión consiste en determinar si los primeros pasos que se prometieron entonces para poder proceder a la aprobación de la gestión, se han dado efectivamente. 
En general, puede señalarse que la Comisión ha hecho lo que ha podido para cumplir las condiciones impuestas por el Parlamento Europeo. 
Las reformas se han iniciado de forma seria. 
Por supuesto, es aún demasiado pronto para poder afirmar que se han logrado todos los resultados que se pretendían; para ello, todavía hay que convertir muchas palabras en hechos. 
A pesar de que a nivel de los comisarios hay cosas que pueden ir considerablemente mal, y con ello, me refiero, entre otras cosas, a la abominable propuesta de la Comisión relativa al acceso a los documentos, está muy claro que a esta Comisión le interesa mucho romper abiertamente con el pasado. 
Les pongo un par de ejemplos. 
El Parlamento exigió en su resolución sobre la gestión de la Comisión que se pusiera fin al porcentaje inaceptablemente alto de errores cometidos en las cuentas. 
A continuación, la Comisión efectuó propuestas para racionalizar el Reglamento financiero y presentó un plan para que todos los retrasos anómalos queden eliminados a finales de 2003 y el Parlamento reciba cada seis meses un informe al respecto. 
Además, el Parlamento ha pedido la reforma de las reglas relativas a los denunciantes y los procedimientos disciplinarios, y la Comisión se ha ocupado de ello. 
El Parlamento pidió una mejora en el ámbito de las oficinas de asistencia externa, también la ha obtenido. 
El Parlamento quería una lista de las investigaciones que se estaban efectuando en materia de fraude y corrupción, ésta también se ha presentado. 
El Parlamento pidió a la Comisión que fuera clara en su estrategia para la ayuda exterior, y eso también se ha hecho. 
Señor Presidente, se trata tan sólo de un algunos ejemplos, pero dejan claro que cuando el Parlamento Europeo se une, sí está realmente en condiciones de lograr resultados sustanciales. 
Una parte de la aprobación de la gestión de la que el Parlamento puede, con razón, estar orgulloso es el hospital de Gaza. 
En 1996 se terminó este proyecto subvencionado por la Unión Europea en un 97%. 
Debido a una mala gestión y a la falta de un seguimiento, ha permanecido vacío hasta finales del año pasado, a pesar de que existe, hemos visto las imágenes de Oriente Medio, un grave déficit en cuanto a la ayuda médica en una zona en la que se necesita seriamente. 
Este Parlamento descubrió en abril de 1999 la vergonzosa situación que se estaba produciendo. 
Desde entonces, hemos puesto a la Comisión entre la espada y la pared, y ahora por fin, se ha obtenido un resultado. 
Desde la apertura, hace tres meses, se han tratado ya a más de 2.700 pacientes y, esto es algo positivo en una zona en que la muerte resulta muy habitual, ya han nacido más de 370 bebés sanos en el hospital. 
Si este Parlamento no hubiera dejado tan claro que se le había terminado la paciencia, estoy convencida de que el hospital todavía estaría vacío. 
Desgraciadamente, el hospital debe enfrentarse ahora a otros problemas, el abastecimiento resulta imposible por el cierre de Gaza, e incluso las ambulancias no pueden atravesar las barreras israelíes, pero eso pertenece a un debate distinto del de hoy. 
Quiero aprovechar este momento para abordar brevemente la enmienda del colega Rijk van Dam. 
Considero que se trata de una enmienda extraordinariamente atractiva y debe contar también con un seguimiento en cuanto al contenido, pero desgraciadamente, creo que no puedo, en tanto ponente, recomendar que se apoye porque hemos rechazado, muy consecuentemente, elementos nuevos en la aprobación de la gestión; espero, por tanto, que esto se comprenda. 
Obviamente, señor Presidente, todavía existen puntos de preocupación en relación con la aprobación de la gestión 1997. 
Respecto de la política de personal, debe, por ejemplo, existir más claridad en cuanto al reclutamiento y también en cuanto a la regulación adoptada en materia de cese. 
Espero, así mismo, que el Comisario deje claro cómo va a lograr la Comisión de que cada comisario se ocupe de que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas no caigan en saco roto, sino que se tomen en serio. 
Este Parlamento velará por el cumplimiento de todos los informes adoptados por la Comisión. 
Las amplias promesas efectuadas para los próximos años deben convertirse en hechos, y espero que los podamos hacer juntos y poder cerrar, así, este triste capítulo y trabajar juntos llenos de confianza de cara al futuro. 
Señor Presidente, el informe Van der Laan aporta una visión clara de las medidas adoptadas por la Comisión Europea con motivo de las observaciones realizadas por el Parlamento en el marco de la aprobación de la gestión 1997. 
En este sentido, mi Grupo respaldará el informe y felicito a la Sra. Van der Laan por el mismo. 
Sí quiero señalar, y eso también figura en el informe, que se ha avanzado, sin lugar a dudas, en cinco ámbitos, pero todavía queda mucho por hacer. 
Eso se aplica respecto del saldo de las cuentas, la mejora de los problemas de gestión y control institucional, las oficinas de asistencia externa y la lucha contra el fraude y la corrupción. 
No entraré en todas las cuestiones. Me referiré a un par de ellas. 
Considero muy importante que la Comisión, en sus esfuerzos por lograr una reducción del porcentaje de errores inaceptablemente alto, mencione los Estados miembros que no mejoran esas negligencias respecto de, entre otras cosas, los gastos principales. 
No agradará, desde luego, a los Estados miembros. 
Sin embargo, por qué no vamos a introducir un cuadro de indicadores en esta cuestión tan bueno como el relativo a la actuación de los Estados miembros en la transposición de la legislación y normativa europeas. 
Cuanta más transparencia haya, mejor. 
Una ventaja adicional sería que también los parlamento nacionales pudieran hacer un llamamiento a la responsabilidad a sus Gobiernos. 
Debemos apelar mucho más a la colaboración de los parlamentos nacionales en la lucha contra el fraude, en el manejo descuidado del dinero europeo. 
Se trata de la confianza del ciudadano en la administración y, especialmente, la confianza del ciudadano en la Unión Europea. 
No se puede permitir que se culpe a Europa de la negligencia y el descuido de las Administraciones nacionales. 
La Comisión deberá poner toda la carne en el asador en el futuro cercano para organizar un sistema de gestión y control adecuado. 
Dentro de poco empezaremos a discutir el nuevo reglamento financiero que, espero, responda mejor a las exigencias de una gestión moderna. 
Continuidad, transparencia y competencias claras y nítidas constituyen los parámetros más importantes en ese asunto. 
Debemos evitar que los diferentes órganos encargados de la lucha contra el fraude y la corrupción, tales como la OLAF y el panel de irregularidades financieras, se boicoteen entre sí. 
No hay nada más grave que los departamentos de investigación criminal destinen específicamente su energía a conflictos mutuos de competencia. 
Por último, consideramos muy importante que el Tribunal de Cuentas examine sistemáticamente en sus informes anuales las medidas adoptadas por la Comisión ante una observación crítica anteriormente efectuada. 
Un control carente de respuesta ante fallos constatados con anterioridad constituye un trabajo a medias. 
Señor Presidente, deseo agradecer a la Sra. van der Laan que haya ofrecido a la Comisión de Control Presupuestario y al Parlamento Europeo un modelo en el que basar los futuros informes sobre la aprobación de la gestión. 
Desde el principio vio con claridad que deseaba centrarse en unos pocos sectores en los que queríamos que hubiera mejoras reales y que se expusieron claramente el año pasado. 
Ahora tenemos un seguimiento para verificar la aplicación de esos puntos. 
Vamos a seguir su iniciativa de no apoyar las enmiendas presentadas, porque queremos atenernos a ese planteamiento tan claro. 
En conjunto, la Comisión ha respondido positivamente y ahora hay que situar esto en el marco de la reforma más general de la Comisión. 
Nos complace que la Comisión vaya a presentar informes anuales sobre las actividades correspondientes a cada Dirección General, pero, para que eso funcione eficazmente, necesitamos conocer muy pronto las metas de esas DG. 
También ha avanzado la labor en materia de política de personal, pero parece que con mucha lentitud. 
Reconocemos la delicadeza de las negociaciones sobre cuestiones de personal, pero, si no se cesa pronto de hablar y se empieza a actuar, nosotros y el público europeo pronto perderemos la paciencia. 
La PAC y los Fondos estructurales son sectores en los que la mayoría de los problemas de mala administración radican en la UE, en parte por la escala de la financiación recibida por esos sectores. 
Ésa es la razón por la cual reviste importancia decisiva que nosotros, como órgano de control obligado a la rendición democrática de cuentas, tengamos acceso a la información sobre la gestión financiera de esos dos sectores. 
Estamos deseosos de recibir informes periódicos del Grupo de Representantes del Personal. 
Sin embargo, la ayuda exterior es un sector en el que seguimos viendo problemas considerables. 
La ponente se ha referido claramente a la desastrosa forma como se gestionó la ayuda a Palestina, lo que da una señal muy deficiente en un momento en que se necesitaba la mayor delicadeza política en esa región. 
Muy recientemente se ha publicado otro informe del Tribunal de Cuentas sobre la ayuda exterior y en el futuro lo examinaremos. 
Una vez más, expreso mi gratitud a la ponente y la felicito por una labor bien hecha. 
Señor Presidente, la ponente Van der Laan analiza en su informe los avances que la Comisión ha realizado en el último año como consecuencia de las recomendaciones que se recogen en el informe sobre la aprobación de la gestión 1997. 
Esta bastante satisfecha con la pila de papeles que la Comisión ha redactado. 
Yo espero algo más sustancial: los resultados. 
Las intenciones son buenas, pero sólo conoceremos su efecto cuando veamos los resultados, si por ejemplo, la OLAF realmente trabaja de forma independiente, si se supera el retraso en cuanto a los pagos, si se cometen menos errores en los pagos y si, finalmente, logramos acceso a los documentos confidenciales. 
Además, no estoy convencido de todas las buenas intenciones de la Comisión. 
La reglamentación tan aplaudida por la colega Van der Laan en materia de denunciantes, deja mucho que desear. 
En lugar de apertura y transparencia, la reglamentación se sitúa en la esfera del damage control. 
Según las nuevas reglas, los denunciantes deben demostrar que han seguido los procedimientos adecuados ¿No sería mejor la inversión de la carga de la prueba? 
Que la Comisión demuestre que ha aplicado el procedimiento adecuado. 
La Sra. Van der Laan concede mucha atención a la ayuda prestada a las zonas palestinas y muestra una confianza inusitada en la eficacia de la delegación de la Unión Europea. 
Quisiera ver un informe en el que se explicara el papel de nuestra counterpart palestina. 
Las recientes ejecuciones nos obligan de nuevo, por lo demás, a poner en tela de juicio las condiciones de la ayuda europea. 
Quisiera que prestáramos atención al hecho de que el material escolar de las escuelas palestinas contiene varias observaciones antisemitas. Observaciones que en nuestros países caen dentro de la incitación a la xenofobia. 
La ayuda europea debe servir para la paz. 
De ahí que haya presentado una enmienda en la que hago un llamamiento a la Comisión a fin de que no apoye de ninguna forma la divulgación del antisemitismo en los libros escolares. 
No debe resultar posible que la divulgación de observaciones racistas se financie con dinero europeo. 
Exhorto sinceramente a que se apoye mi enmienda, y espero que sea ampliamente respaldada. 
El asunto no se resuelve por rechazarlo por motivos formales. 
Señor Presidente, es extraño que en esta ocasión el informe subsiguiente sobre la aprobación de la gestión parezca despertar mucho más interés que la aprobación de la gestión en si que fue preparada por el antiguo Parlamento. 
Me alegro de que sea así. 
Pero no es ninguna novedad que redactemos un informe subsiguiente de este tipo y nos atengamos a lo que en su día nos marcamos. 
Sin embargo, creo que vamos a hacer justicia a nuestra tarea de controlar si la Comisión cumple nuestras exigencias relacionadas con la aprobación de la gestión. 
Me alegro muy en especial y felicito a la ponente por haberse ocupado de nuevo de todo esto y me alegra también que pueda decir a la Comisión que ha cumplido muy bien estas exigencias. 
Se trata de condiciones y no sólo de observaciones. 
Sin embargo, quedan algunas cosas que aún deben revisarse. 
Por lo demás, esto se menciona con claridad en el informe. 
Deseo referirme en este contexto en especial al cierre de cuentas. 
Es realmente preocupante que nos amparemos en los 70 mil millones de euros de compromisos que inflan el presupuesto y que no están a disposición para otras tareas que se ha marcado esta Unión Europea. 
Aquí hay que hacer algo más que elaborar cada dos años un informe, aquí hay que reducir. 
Señora Comisaria, deberá esforzarse para que así ocurra. 
En segundo lugar, quiero decir que no me parece especialmente positivo crear una segunda instancia para investigaciones internas. 
Hemos creado OLAF. 
Deberíamos prestar mucha más atención para que OLAF pueda realizar su trabajo correctamente y con independencia, en especial sus investigaciones internas. 
Me parece importante que, a pesar de ello, atendamos nuestra exigencia que hemos planteado en la aprobación de la gestión, consistente en crear una cámara disciplinaria que podría depender del Tribunal de Cuentas o del Tribunal de Justicia. 
Quiero recordar a la Comisión que no sólo emita aclaraciones al respecto sino que presente un fundamento jurídico. 
Para finalizar quiero expresar mi sincero agradecimiento por los esfuerzos por el hospital de Gaza. Yo misma he estado allí. 
Me alegra que por fin, al cabo de todos estos años, haya iniciado su actividad trabajando por lo visto con éxito para la población. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que continúe allí donde ha terminado la Sra. Theato. 
Señora Comisaria, no nos podemos imaginar exactamente para qué hay que crear una instancia asesora para las irregularidades financieras tal como usted se la imagina. 
Esto es aplicable a la nueva oficina para investigaciones internas administrativas que proyecta crear la Comisión. 
¿Qué sentido y finalidad debe tener esta instancia y oficina si OLAF, según resolución de la Comisión, es competente para todas las infracciones de servicio graves contra los intereses de la Comunidad, es decir, no sólo para los delitos de fraude? 
Quiero recordarle de nuevo que usted misma lo acordó así y parece que ahora está intentando añadir una estructura superpuesta sin utilidad en su proyecto. 
El informe de la colega van der Laan constata con razón que para el Parlamento aún no son satisfactorios los progresos logrados por la Comisión en la política regional. 
Esto es en especial aplicable a la más que necesaria reforma del procedimiento disciplinario. 
Naturalmente, esto tiene mucho que ver con la aprobación de la gestión presupuestaria pues para nosotros también se trata de la cuestión de la responsabilidad de los funcionarios y empleados por los daños ocasionados por ellos. 
¿Tienen que responder los funcionarios y empleados de la Comisión por los daños ocasionados por ellos al menos en el marco de sus posibilidades financieras? 
A esta pregunta se ha respondido en principio ya hace mucho tiempo afirmativamente. 
Sólo que en la práctica las correspondientes disposiciones de los artículos 73 y 74 del Reglamento Financiero no se han aplicado en ninguna ocasión. 
Para ello se ha alegado que los procedimientos al respecto son poco claros. 
Quien esperaba que esto iba a cambiar en el marco de la reforma se ha visto decepcionado hasta ahora. 
El documento de consulta presentado por el Vicepresidente Kinnock el 29 de noviembre sobre la reforma del procedimiento disciplinario excluye precisamente esta cuestión realmente decisiva y aplaza la respuesta para más adelante. 
Que lo entienda quien pueda. 
Yo no puedo. 
Esta Asamblea ha tomado postura en contra de ello con claridad y en repetidas ocasiones exigiendo una cámara externa para la disciplina presupuestaria en el Tribunal de Cuentas o en el de Justicia para que intervenga cuando se trate de la responsabilidad financiera de los funcionarios y empleados. 
Esta exigencia del informe del colega van Hulten sobre la reforma de la Comisión se encuentra sobre la mesa desde enero del año pasado y ha sido confirmada de nuevo expresamente en el informe Stauner sobre la aprobación de la gestión de 1998. 
Creo que también esta aprobación, el muy buen informe de la Sra. Colega van der Laan, deja abiertas estas cuestiones centrales para la credibilidad de la administración de la Unión Europea. 
Hemos mostrado el camino. 
Sólo podemos instarle e invitarle para que siga esta vía, señora Comisaria. 
Señor Presidente, Señorías, cuando hoy, a inicios del año 2001, debatimos sobre las medidas subsiguientes a la aprobación de la gestión presupuestaria de 1997, creo que desde un punto de vista procedimental es bastante anacrónico pues el procedimiento de aprobación de la gestión de 1998 ha concluido hace seis meses y la comisión parlamentaria competente trabaja ya en la aprobación de la gestión para el año 1999. 
Una administración moderna y eficiente debería reaccionar con rapidez a las críticas y las propuestas de mejora del Parlamento, en especial cuando se trata de evitar abusos. 
Respecto al contenido: a pesar de los progresos que hay que saludar, tenemos que constatar que no se han cumplido importantes exigencias del Parlamento, exigencias que se han ido trasladando a los procedimientos de aprobación de la gestión de los años siguientes, de modo que se ha ido diluyendo cada vez más la deseable y clara delimitación. 
Quiero destacar sobre todo dos puntos: para mí es incomprensible que la Comisión no haya hecho aún nada para crear una cámara encargada de la disciplina presupuestaria en el Tribunal de Cuentas o en el Tribunal de Justicia y garantizar de este modo una aplicación eficaz de las disposiciones del Reglamento Financiero relativas a la responsabilidad financiera de los funcionarios por los daños ocasionados por ellos. 
¿Cuántas veces tenemos que pedir, rogar, suplicar- o no sé que más- a la Comisión para que haga por fin algo? 
Esta exigencia es perfectamente razonable. 
Lo mismo es aplicable a nuestra exigencia de que el Parlamento, como autoridad competente para la aprobación de la gestión, tenga acceso a los documentos de la Comisión al menos al igual que lo hace el Tribunal de Cuentas. 
La obligación de información se deduce claramente de un fundamento contractual, el artículo 276 del Tratado de la CE. 
La instancia asesora que se ha mencionado me parece por lo demás superflua y no me voy a referir en detalle a ella ahora ya que los oradores anteriores se han ocupado del asunto. 
Pero las dos exigencias que se encuentran en nuestras dos enmiendas las considero irrenunciables. 
Le ruego su apoyo. 
Señor Presidente, Señorías, apreciada señora van der Laan, a propósito de este informe, quisiera felicitar a nuestra ponente, testimoniarle toda mi admiración por la forma en la que ha llevado a cabo su trabajo, por la habilidad con la que se ha ocupado de este asunto, sin dejarse llevar por los excesos que, en el marco de la aprobación de la gestión, son siempre posibles, como ya hemos visto. 
Creo que el instrumento de la aprobación de la gestión es muy importante. 
Hay que manipularlo con precaución, como suele decirse. 
Y creo que es normal que el Parlamento investigue los fallos, numerosos estos últimos años, registrados en la gestión de los fondos públicos, e imputables principalmente, hay que decirlo, a los Estados miembros; volveremos sobre ello después con otros informes del Tribunal de Cuentas. 
Pienso que nuestro Parlamento debe insistir muy especialmente sobre este aspecto en esta legislatura. 
También hay fallos en la Comisión. 
La aprobación de la gestión 1997 es un poco especial pues coincidió con un período de máximas dificultades para la Comisión. 
Creo que el informe, en la forma en la que se ha cerrado, y que deseo se cierre definitivamente sin dar lugar a una nueva zarabanda alrededor del instrumento de la aprobación de la gestión, nos permitirá mirar hacia adelante, tomando como modelo, de alguna manera, esta aprobación de la gestión, que nuestro Parlamento ha sopesado detenidamente, y que ha producido reacciones de la Comisión. 
Estas reacciones las hemos examinado y las hemos encontrado, en su mayor parte, satisfactorias. Damos fe de ello. 
Ahora se inicia un nuevo propósito para que la aprobación de la gestión se limite al ejercicio presupuestario. 
Pienso que estamos en el bueno camino. 
Y es en este sentido en el que vamos a votar el informe van der Laan. 
Señor Presidente, Señorías, señora van der Laan, la Comisión saluda su informe. 
En la mayoría de los campos que se encontraban en el punto central en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria de 1997, han constatado que se deben apoyar las medidas de la Comisión pues nos encontramos en la vía correcta. 
Me permito pues alegrarme a comienzos del año porque el Parlamento alabe a la Comisión. 
Pero no quiero que esto se quede en un mero elogio sino referirme a aquellos campos en los que sus Señorías han ejercido sus críticas o en los que exigen otras medidas, a saber, en el campo de la política de personal y en la ayuda exterior. 
En el sector relativo al personal, en su informe se han referido en especial a la cuestión del fundamento jurídico para la regulación de jubilación anticipada. 
Me permito indicar de nuevo que la Comisión realizó antes de las Navidades una propuesta que se encuentra entretanto en el procedimiento de consulta entre las instituciones y que se va a presentar al Parlamento en febrero. 
Los datos clave son los siguientes: para 600 personas debe ser posible una regulación de jubilación anticipada. 
Pero debido a la neutralidad del presupuesto, solamente se pueden realizar 248 nuevas colocaciones. 
¿Quién entra en consideración para esta regulación? 
Condición previa es que la funcionaria o el funcionario tengan al menos 50 años y lleven en el servicio al menos 10 años. 
La regulación prevé asimismo que, en función de la edad y de la pertenencia al servicio, se pague entre el 60 y el 70% del sueldo como jubilación anticipada. 
La medida es voluntaria. 
No existe tampoco ningún derecho sino que la Comisión seleccionará en base a unos criterios objetivos quién puede hacer uso de la regulación de jubilación anticipada para garantizar mediante este procedimiento de selección que se alcance también realmente el objetivo de elevar la eficiencia general en el sector del personal. 
El segundo punto en la política de personal se refiere al procedimiento disciplinario. 
En su informe de enero, el Parlamento ha propuesto la creación de una cámara externa para la disciplina presupuestaria ubicada en el Tribunal Europeo de Justicia o en el Tribunal de Cuentas. 
Hoy han vuelto a evocar esta propuesta. 
Me voy a permitir mencionar de nuevo de un modo resumido los motivos que mi colega Neil Kinnock ha expuesto de un modo muy extenso y por los que la Comisión no apoya dicha propuesta. 
Los Tratados europeos asignan al Tribunal de Cuentas y al Tribunal de Justicia unas tareas específicas: el tribunal de Cuentas es competente para el control externo de las finanzas y el Tribunal de Justicia tiene la función de, llegado el caso, controlar los procedimientos disciplinarios que lleve a cabo la Comisión. 
En opinión de la Comisión, se producirían conflictos de intereses si los Tribunales participasen directamente en los procedimientos internos de la Comisión. 
Por lo demás, la Comisión indica que en todas las organizaciones internacionales las mismas instituciones son responsables de los aspectos de disciplina relativos a su personal. 
La Comisión está firmemente convencida de que esto debería aplicarse asimismo a la Comisión Europea. 
Por supuesto, existe una necesidad de actuar. 
Esto se ha podido ver de modo objetivo. 
Antes del fin de año hemos realizado las propuestas que ha mencionado el Sr. Bösch y que se encuentran actualmente en el procedimiento de consulta. 
Por un lado se trata de pasos que se pueden dar directamente sin modificar el estatuto y, en segundo lugar, de pasos que requieren una modificación el estatuto del personal, es decir, que necesitan algo más de tiempo para su aplicación. 
Para los primeros pasos es importante en especial la creación de una oficina de investigación y disciplina en la Dirección General de Personal y de Administración. 
Respondiendo a su pregunta, me permito indicar que siempre se pregunta si OLAF interviene ya en el procedimiento o si tiene previsto hacerlo antes de que funcione esta oficina. 
Si OLAF dice que no, esta oficina funcionará. 
Las situaciones pueden ser muy diversas. 
Voy a mencionar un ejemplo: los asedios sexuales en el puesto de trabajo. 
Como OLAF quizás no actúe en un caso de este tipo, es naturalmente necesaria una investigación administrativa o un procedimiento disciplinario. 
Así pues, son pensables diversos sectores. 
Creo que es muy positivo actuar de modo complementario. 
No se trata de quitar por así decirlo tareas a OLAF o de socavar el campo de trabajo de OLAF tal como ha sido determinado por el Parlamento y el Consejo, sino que aquí existe una preferencia para la investigación de OLAF. 
En segundo lugar, es muy importante que la presidencia del consejo disciplinario sea ejercida por un perito externo. 
Esto revela claramente que la Comisión quiere llevar a cabo procedimientos disciplinarios justos y objetivos. 
Quiero decir aún algunas palabras sobre sus observaciones críticas respecto a la política exterior. 
La Sra. Theato ha mencionado la reducción de los compromisos pendientes. 
En el marco del procedimiento presupuestario 2001, hemos presentado un informe al respecto mostrando claramente que se tienen que reducir lo más rápidamente en especial naturalmente estos compromisos pendientes excepcionales, las llamadas ya desde hace mucho tiempo Commitments: en el sector de la ayuda externa se pueden reconocer ya los primeros positivos enfoques. 
Me voy a referir ahora al hospital de la franja de Gaza que desempeña un gran papel en el informe de la Sra. Van der Laan. 
Ciertamente, se han producido muchos retrasos enojosos. 
El Parlamento ha exigido siempre de modo expreso que se avance y que se tienen que atacar todos los problemas. 
Sí, es muy satisfactorio que el hospital funcione ahora plenamente y que se atienda a pacientes desde el verano. 
Sólo que la evolución política, los enfrentamientos violentos, han levantado de nuevo barreras. 
En parte ocurre incluso que debido a los bloqueos en la franja de Gaza no se pueden suministrar equipos y pacientes no pueden llegar; una gran parte del personal no puede llegar momentáneamente al hospital. 
En el marco de este debate también hay que llamar la atención para que acaben estos actos de violencia. 
El contribuyente europeo ha estado dispuesto a proporcionar ayuda a la población en la franja de Gaza. 
Ahora esta ayuda debe ser utilizada por fin también por la población. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Informes especiales del Tribunal de Cuentas 
, suplente del ponente. Señor Presidente, quiero comenzar alabando la buena labor de mi compañero, Salvador Garriga Polledo, en el informe que presenta sobre los recursos propios, asunto que él sigue desde hace tiempo muy de cerca. 
El presupuesto comunitario procede en parte de los recursos propios tradicionales que perciben los servicios aduaneros de los Estados miembros y, por tanto, el papel principal del sistema normativo comunitario de garantías y fianzas es proteger el interés financiero de la Comunidad. 
Los fallos en los procedimientos aplicables al sistema de fianzas y garantías implican exactamente la no percepción de los ingresos comunitarios correspondientes, que tienen que ser cubiertos por contribuciones adicionales a cargo del Producto Nacional Bruto de los Estados miembros. 
Por eso, entiendo que debiera exigirse un interés a los operadores que utilicen efectivamente crédito no autorizado para sus aplazamientos de pago en el marco de las operaciones de despacho a libre práctica. 
El informe Garriga Polledo trata de casos de responsabilidad de los Estados miembros donde la no aplicación de la reglamentación comunitaria relativa a fianzas y garantías causa perjuicios al interés comunitario. 
El Tribunal de Cuentas nos recuerda que, cuando se trata de fianzas obligatorias, el principio de base es que las autoridades aduaneras fijen la fianza a un nivel equivalente a la cantidad exacta de la deuda aduanera cuando ésta pueda establecerse con certeza, y si no, la cantidad máxima según lo calculado por las autoridades aduaneras de las deudas aduaneras que han sido o pueden ser contraídas. 
En la práctica, es el Cuerpo de fianzas o garantías el que se encarga de evaluar los riesgos de la operación. 
Para la evaluación de dichos riesgos, la garantía debe fijarse teniendo en cuenta un nivel lo más cercano posible a la deuda aduanera para la cual se concedió la fianza o garantía. 
Si estas normas se observaran, se protegerían completamente los intereses financieros pertinentes. 
Hay dificultades que se nos presentan y de las que destacaré media docena: 
En primer lugar, no hay estadísticas fiables sobre el volumen de garantías actualmente acordadas. 
Los datos referentes a estas fianzas y garantías- claramente identificadas desde un punto de vista contable o jurídico- existen en los servicios de contabilidad aduaneros de los Estados miembros, pero no existen medidas que permitan que se cotejen y se conozcan a nivel comunitario. 
En segundo lugar, algunas autoridades aduaneras no son capaces- prefiero aceptar esa hipótesis a pensar que no colaboran- de supervisar efectivamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación comunitaria sobre las garantías debido a imperfecciones en sus sistemas y procedimientos de funcionamiento o de ordenación contable. 
Tengo que señalar la necesidad de que el Nuevo Sistema Informatizado de Tránsito (NSIT) entre en vigor pronto en todos los Estados miembros y los países asociados al sistema de tránsito común. 
Es evidente que el cumplimiento de las fianzas comunitarias dependerá en gran parte del desarrollo de todas las funcionalidades del NSIT. 
Para resolver el problema del gran número de operaciones de tránsito no pagadas, deberíamos subrayar la importancia de las medidas operativas y, una vez más, la necesidad de un rápido desarrollo de este nuevo sistema. 
Con el sistema múltiple de certificación de garantía y el NSIT alcanzaremos una centralización y una mayor claridad administrativa. 
En tercer lugar, hay que señalar las declaraciones incompletas. 
Al finalizar los plazos permitidos bajo la normativa comunitaria, los Estados miembros deben transferir a la contabilidad "A" los derechos cubiertos por una garantía que no son objeto de impugnación. 
En cuarto lugar, la necesidad de una modificación de la legislación aduanera comunitaria, a fin de asegurarse de que los fiadores que garanticen el derecho de crédito garanticen asimismo las liquidaciones de oficio emitidas por los servicios aduaneros tras el levante de mercancías. 
En quinto lugar, el gran número de casos denunciados por el Tribunal de Cuentas en que las cantidades debidas al presupuesto comunitario no se han pagado o se reciben con el interés de pago pertinente fuera de plazo. 
Por último, quisiera mencionar las dificultades que dan lugar al fracaso a la hora de recaudar las considerables cantidades de derechos de aduana y otros impuestos que surgen de las operaciones TIR, y que son atribuibles a la ineficaz puesta en práctica de los mecanismos existentes y a la falta de supervisión en el tránsito. 
Para finalizar, señor Presidente, quiero destacar que la Comisión Europea debe estudiar los diversos problemas planteados y, en particular, debe revisar el sistema informático para que tenga en cuenta los intereses debidos en este concepto al presupuesto comunitario por los Estados miembros. 
Señor Presidente, quiero reconocer el importante papel del Tribunal de Cuentas en la preparación de estos informes. 
Yo me ocupo de cuatro informes relativos al sector lechero, el sector cerealícola y la peste porcina, que representan un gasto de 16.000 millones de euros, proporción considerable del presupuesto. 
El estudio del Tribunal de Cuentas entraña muchos detalles y debemos reconocer el importante papel que desempeña en la prestación de asistencia al Parlamento en su labor, porque, evidentemente, sin esta interacción entre el Tribunal de Cuentas y el Parlamento, éste no estaría en condiciones de evaluar o juzgar la eficacia del gasto de la Comisión. 
También podemos reconocer que el Tribunal de Cuentas desempeña un papel en la prestación de asistencia a la Comisión para determinar las deficiencias en su administración y las dificultades que puede no haber observado en la forma como los Estados miembros ejecutan nuestros diversos planes. 
El Tribunal de Cuentas en este informe determinado ha señalado las deficiencias en los reglamentos básicos, deficiencias que dificultan a la Comisión y, de hecho, incluso a los Estados miembros el control eficaz del gasto. 
En el informe especial sobre la reforma del sector de los cereales, el Tribunal de Cuentas ha señalado la cuestión de si la propia política alcanza o no sus objetivos económicos y sociales. 
Volviendo al sector lechero- hay dos informes al respecto: uno relativo a la leche en polvo desnatada; el otro, a la mantequilla -, debemos recordar que, aunque tenemos un sistema de cuotas encaminado a aproximar la producción al nivel de consumo, seguimos teniendo que gastar aproximadamente 3.000 millones de euros al año para deshacernos de los excedentes y sólo el 37%, más o menos, de la leche en polvo desnatada se vende al valor de mercado. 
En otras palabras, hay que subvencionar el resto para su utilización como alimento animal y otras cosas. 
De forma semejante, en el caso de la mantequilla sólo el 75% de la que producimos se vende a precios de mercado. 
Con esto se revelan las deficiencias en las políticas en las que tenemos un sistema de cuotas y que al mismo tiempo requieren una cantidad enorme de recursos comunitarios para subvencionar los excedentes. 
El informe del Tribunal de Cuentas- y el Parlamento lo apoya- señala que tal vez deberíamos utilizar nuestros recursos mejor a fin de fomentar un mayor consumo de los productos lácteos en nuestros mercados europeos en lugar de subvencionar las cantidades no utilizadas. 
En el sector cerealícola, la preocupación principal del Tribunal de Cuentas es la compensación excesiva, que está bien documentada y que reconocemos, y también señala que es necesario, al formular la política en todos los niveles- Comisión, Consejo y Parlamento -, tener en cuenta los cambios del mercado y, cuando formulamos esta política, no previmos el aumento de los precios mundiales, que propició una compensación muy excesiva en ese sector. 
El informe señala también- y el Parlamento toma nota de ello- que un 40%, más o menos, de los 14.000 millones de euros gastados en el sector cerealícola van destinados al 3% de los agricultores y el 54% de los agricultores sólo reciben el 5%, aproximadamente, de la ayuda. 
Eso indica una vez más toda la orientación de esa política y nos hace preguntarnos si debemos revisarla con vistas a hacerla más compatible con la política regional y la política social. 
Ésas fueron las principales preocupaciones expresadas. 
También debemos decir en relación con el sector cerealícola o el sector lechero que hemos tomado nota de que la Comisión ha emprendido un estudio radical de esa política y ya ha iniciado su ejecución. 
Conque esperamos impacientes su conclusión. 
Quiero agradecer a la Comisión su cooperación y que ya haya adoptado medidas en relación con algunas de las deficiencias señaladas en los diversos informes. 
Señor Presidente, la Unión Europea ha contribuido mucho a la paz desde el momento en que se concluyeron los acuerdos de paz en Dayton, a finales de diciembre de 1995. 
Se han destinado muchos recursos a la reconstrucción, a la organización de elecciones, a los derechos humanos, etc. Así mismo, hemos financiado un 53% de la oficina del Alto Representante. 
El informe especial del Tribunal de Cuentas que está ante nosotros es el tercer informe consecutivo sobre esta cuestión. 
Anteriormente, ya hubo informes sobre la situación en Mostar y un segundo informe versó sobre la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
Creo que estos informes especiales, juntamente con el informe actual, han permitido que nosotros, en tanto Parlamento Europeo, nos enfrentemos con los hechos y que hayamos intentado acatar bien estos informes. 
Considero, así mismo, que este método de trabajo del Tribunal de Cuentas junto con el acatamiento por parte del Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Control Presupuestario, han permitido que avancemos en este ámbito. 
Señorías, el control presupuestario no puede realizarse solamente desde una pequeña oficina situada en Bruselas o desde un despacho en Estrasburgo. 
Creo que a veces debe irse al lugar, el conocimiento del terreno resulta necesario, hay que conocer a la gente, hay que saber cómo tiene que trabajar allí la gente, cuáles son las circunstancias. 
Otros colegas han tenido la oportunidad de ir a Bosnia-Herzegovina con motivo de los informes anteriores. Han aprendido allí muchas cosas, y yo también he estado del 16 al 19 de octubre del año pasado. 
Esto es muy importante, lo repito y hago hincapié en ello. 
En esos cuatro días, realmente aprendí más de lo que pudiera haber aprendido leyendo miles de páginas. 
Quiero, por tanto, hacer un llamamiento a la Conferencia de Presidentes para que lo tengan en cuenta en caso de que decidan dar la posibilidad de tener esta experiencia a los futuros ponentes. 
¿Cuáles fueron las críticas, Señorías? 
Se criticó en primer lugar a la Comisión. 
Muy pocos medios, muy poco personal y una gestión demasiado centralizada en Bruselas. 
Creo que la crítica del Tribunal de Cuentas ha sido seguida por la Comisión Europea. 
En esta cuestión, debo conceder puntos a la Comisión. 
Las cosas han mejorado, se ha empleado más personal. 
El personal de la delegación de Sarajevo está mejor organizado, está altamente cualificado, fuertemente motivado, quiero subrayarlo. 
La crítica del Tribunal de Cuentas y el acatamiento por parte del Parlamento han permitido que esto suceda. 
Además, la Comisión ha seguido una política de desconcentración debido a la presión del Tribunal de Cuentas, que ha posibilitado que las personas de la delegación de Sarajevo, y también de otras delegaciones, tengan más capacidad de iniciativa, que el jefe de la delegación pueda adelantarse de forma más tenaz a las necesidades del lugar y, entre otras cosas, ha podido ocuparse de que todos los pagos atrasados hayan sido ya efectuados en este momento. 
Por tanto, en lo que a esto respecta, hay que dar puntos a la Comisión. 
Otra crítica se refería a la oficina del Alto Representante y a cómo colaboraba la Unión Europea con la misma. 
Se reprocha a la Comisión Europea el poco control que ha mantenido sobre la misma. 
El informe del Tribunal de Cuentas y la acción del Parlamento han permitido que impere una nueva mentalidad en la oficina del Alto Representante. 
En efecto, desde marzo de 1999 hay un nuevo director financiero que ha redactado todo un mamotreto sobre las reglas que se deben seguir. 
Por lo visto, a comienzos del período del Alto Representante reinaba todavía un cierto espíritu derrochador. 
La actuación de este hombre, de la Comisión, de la oficina en su totalidad, ha permitido que el presupuesto de la oficina del Alto Representante se reduzca en casi 5 millones de euros. 
Creo que éste es un resultado muy positivo. 
Una de las críticas importantes respecto del Alto Representante era también el párrafo 17 relativo al conflicto de intereses del antiguo director financiero. 
El Parlamento, al menos tal como figura ahora en la resolución, pide una amplia explicación al respecto. 
Debo comunicarles que, entre tanto, he recibido documento del Alto Representante, también de la Comisión, con el que las críticas más importantes se han visto contestadas. 
De ahí que proponga la adopción de una enmienda mía que tiene eso en cuenta. 
Otra crítica se refería a los derechos humanos. 
Debo decir que la Comisión de Derechos Humanos realiza una labor muy meritoria en Sarajevo y en Bosnia-Herzegovina, en general. 
Creo que debemos poner más medios a disposición de estas personas, pero respecto de la cuestión de los derechos humanos, estamos todavía a la espera de las respuestas de la Comisión en cuanto a los párrafos 29 y 35. 
Un último punto importante es la política de los medios de comunicación. 
Respecto de esta política se hace una fuerte crítica a la Comisión. 
En el ámbito de la política relativa a los medios de comunicación, se habría subvencionado con 2 millones de euros material que no era subvencionable. 
Estoy todavía a la espera de que la Comisión me remita un informe minucioso. 
Figura en la resolución, y también espero poder contar con una respuesta dentro de poco. 
. (FR) Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, mi informe comprende en realidad cuatro informes distintos. 
Desde este punto de vista, rindo homenaje a la Comisaria Schreyer por su presencia. 
Espero que, por mediación suya, los responsables más significativos de la gestión de los Fondos estructurales, tanto en la Comisión como en los Estados miembros, tendrán conocimiento del mensaje de nuestro informe y de nuestras conclusiones puesto que, en este caso concreto, se trata de los Fondos estructurales que, como sabemos, son gestionados general y directamente por los Estados miembros. 
Así, pues, hay cuatro informes distintos: un informe sobre la adicionalidad de las ayudas, un informe sobre la reconversión de zonas industriales, un tercer informe del Tribunal de Cuentas sobre las medidas de ayuda al empleo de los jóvenes con cargo al Fondo Social Europeo y del FEOGA-Orientación, y un cuarto informe sobre el Fondo Internacional para Irlanda y el programa PEACE en Irlanda del Norte. 
En relación con este último informe, agradezco muy especialmente a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo su contribución a mi trabajo. 
Hemos recogido en la Cocobu todas las enmiendas que ésta había presentado. 
Estos cuatro temas tan diferentes conducen, sin embargo, a observaciones similares que pueden ser de tres tipos. 
En primer lugar, las mayores críticas que se pueden hacer a la Comisión se refieren a los procedimientos administrativos que el Tribunal, igual que nosotros, considera demasiado largos y complejos y que, a veces, obstaculizan la buena marcha de los proyectos. 
Hay que decir también que las mismas críticas se dirigen a los Estados miembros. 
Los controles durante el desarrollo del proyecto sobre el terreno o desde Bruselas son siempre insuficientes. 
Siempre se pone de manifiesto la falta de medios y de personal- ya se ha dicho aquí a propósito de otras cuestiones- y esto es así a pesar de las frecuentes observaciones del Tribunal de Cuentas a este respecto. 
La Comisión está reformando profundamente su estructura y solicita medios suplementarios. 
Espero que el Parlamento, que siempre ha creído en el mito del crecimiento cero de los funcionarios, aun cuando las tareas hayan aumentado, acepte las propuestas, los objetivos, de la Comisión para reforzar también sus controles y su papel. 
Evidentemente, esto provoca una imbricación de las financiaciones, puesto que las financiaciones no están demasiado bien controladas y, por tanto, una mala utilización de los créditos europeos. 
La última crítica que se puede hacer se refiere al retraso de los pagos, problema recurrente que la Comisión no parece dispuesta a resolver, ni a yugular. 
En segundo lugar, una crítica importante que me gustaría mucho que pudiéramos subrayar en nuestros contactos con los países miembros, es la mala utilización de los créditos, a causa frecuentemente de la falta de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, y de la falta de voluntad de los Estados miembros para valorar los fondos. 
A menudo, aparecen como donaciones, como fondos aptos para sustituir a los fondos nacionales. 
Los Estados miembros hacen poco caso, en ciertas condiciones, al principio de adicionalidad, que requiere una cofinanciación, que debe completarse con una financiación nacional. 
Estima que los fondos cubren cerca del 100% de la financiación, lo que, evidentemente, no es conforme con la lógica de los Fondos estructurales y con su utilización. 
Los Estados miembros no deberían olvidar que estos fondos son públicos y que corresponden a todos los ciudadanos europeos. 
Por eso, deberían utilizarlos con más discernimiento aún que los fondos nacionales. 
Para paliar esta deficiencia, se adoptó una nueva reglamentación en junio de 1999, que espero podrá ayudar a ir hacia adelante. 
Solicitamos a la Comisión que utilice todos los medios puestos a su disposición cuando detecte deficiencias, como la suspensión de pagos, y si los motivos están justificados, nosotros estaremos detrás de la Comisión para apoyarla en este propósito. 
Por último, pienso que la Comisión debería ella misma vigilar más los criterios de selección antes de autorizar el desbloqueo de los fondos. 
Esto evitaría la financiación de proyectos que no siguen el camino trazado, proyectos «desván» que se ven a menudo en los Estados miembros. 
Estos son los comentarios que tenía que hacer. 
Gracias, Señor Presidente, por los segundos de más que me ha concedido. 
Señor Presidente, Señorías, la circunstancia de que la Unión Europea dedique importantes recursos para la reconstrucción y el apoyo a la materialización de la democracia en Bosnia y Herzegovina justifica enteramente la atención que en este momento dedicamos a la propuesta de resolución sobre el informe especial nº 2/2000 del Tribunal de Cuentas. 
Ahora bien, nuestra primera observación parte precisamente de que sólo a comienzos del año 2000 haya sido posible a este Tribunal concluir y aprobar su informe relativo a la asistencia prestada por la Comunidad entre 1996 y 1998, es decir, entre cuatro y dos años antes. 
La consecuencia evidente de esa demora, que lamentamos, es la pérdida de actualidad de muchas de las observaciones formuladas, ya que, entretanto, han ocurrido importantes cambios en el marco jurídico y en la realidad política de Bosnia y Herzegovina. 
Lo que no significa que no se deban tener en cuenta esas observaciones en el futuro, en particular en Kosovo, a fin de evitar problemas semejantes en acciones idénticas promovidas por la Unión. 
La verdad es que este tipo de controles es determinante para repertoriar y resolver los problemas existentes. 
Éstos se plantearon en dos niveles: el de las financiaciones directas y el de la cofinanciación junto con otros donantes de fondos. 
En el primer caso, se destacaron, entre otras, las deficiencias en el apoyo a las acciones de defensa de los derechos humanos, en el apoyo a la sociedad civil y a los medios de información. 
Desde el descubrimiento de procedimientos centralizados e inadecuados, teniendo en cuenta la urgencia de las intervenciones, hasta la colocación de la Comisión ante hechos consumados, que después hubo que financiar, han sido muchas las situaciones que, por fortuna, se han ido corrigiendo. 
En cuanto a la cofinanciación, conviene destacar positivamente la transferencia al primer pilar de la financiación a favor del gabinete del Alto Representante, lo que significó que a partir de entonces hubo que respetar en su ejecución las disposiciones del Reglamento Financiero. 
Por lo demás, lo mismo habrá de suceder, en nuestra opinión, respecto de las financiaciones relativas a la observación de los procesos electorales y, en consecuencia, al marco de colaboración con la OSCE. 
Éstas han sido, en resumen, señor Presidente, las observaciones que, según nos ha parecido a nosotros y a la Comisión de Asuntos Exteriores, debían figurar en el informe del Sr. Staes- al que felicito -, teniendo en cuenta el volumen del plan financiero subyacente a este tipo de ayudas, la escasez de recursos y la necesidad evidente de su utilización rigurosa y transparente. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al Sr. Dell ' Alba por su informe y su reconocimiento de que el Fondo Internacional para Irlanda y el Programa especial de apoyo para la paz y la reconciliación son medios innovadores de consolidar el proceso de paz. 
Las difíciles circunstancias en que ese fondo y ese programa han tenido que funcionar, su papel reactivador, el criterio de conceder prioridad a las zonas desfavorecidas y el excepcional papel de vanguardia en materia de gestión conjunta y la ejecución de programas transfronterizos han recibido, todos ellos, el reconocimiento que merecen. 
Tengo entendido que el Fondo Internacional para Irlanda ha preparado una respuesta completa a las cuestiones planteadas en el informe del Tribunal de Cuentas, que se puede facilitar a sus Señorías. 
En dicha respuesta figuran varias acciones concretas que el Fondo está ejecutando para abordar cuestiones planteadas en el informe. 
Es importante subrayar un punto decisivo en relación con el Fondo Internacional para Irlanda: no se trata de un programa europeo. 
En realidad, el Fondo es una organización internacional con sus propios órgano rector, normas, procedimientos de auditoría y demás. 
Además, la Unión Europea es tan sólo uno de los cinco donantes que participan en su financiación. La contribución anual de la Unión Europea representa el 35% del total. 
El Fondo Internacional para Irlanda fue creado por los Gobiernos de Irlanda y Gran Bretaña en 1986 con el objetivo de fomentar el avance económico y social y alentar el contacto, el diálogo y la reconciliación entre los unionistas y los nacionalistas en toda Irlanda. 
Contribuyen al Fondo los Estados Unidos, la Unión Europea, el Canadá, Nueva Zelanda y Australia. 
Desde su creación, el Fondo ha prestado una asistencia de 597 millones de euros a 4.600 proyectos, que han contribuido a la creación de 38.000 puestos de trabajo, lo que ha propiciado una inversión suplementaria de 1.193 millones de euros, con lo que la inversión total en esos proyectos ha ascendido a casi 1.790 millones de euros; ha destinado casi el 90% de sus compromisos a las zonas más desfavorecidas, ha alentado a más de 9.000 participantes en grupos transcomunitarios y ha alentado a 5.000 participantes en estructuras transfronterizas. 
Señor Presidente, quiero subrayar que con el informe de nuestro colega, Sr. Staes, se ha llevado a cabo una gran labor y también quiero llamar la atención de todos, sobre el hecho de que los Balcanes son una región aparte en la geografía europea; y esta región no es sólo especial desde el punto de vista geográfico, sino también por la mentalidad y por las propias condiciones. 
Considero pues, que debemos estudiar cada caso en profundidad para poder ser eficaces no sólo en nuestra crítica, sino también en las medidas que tomamos. 
El fondo del asunto es lo que ha dicho y hecho el Sr. Staes, es decir, encontrarse in situ para ver qué es lo que está pasando allí. 
De lejos, señor Presidente, señorías, no podemos saber qué está sucediendo en estas regiones en concreto, las cuales presentan bastantes particularidades. 
Desde el despacho no podemos realizar un seguimiento sobre lo que pasa justamente. 
Con cartas, faxes, e-mail, no podemos entender la mentalidad de esta gente. 
Lo que hace falta es estar cerca de ellos. 
Y estar cerca de ellos no sólo declarando nuestro interés, que se sobreentiende, sino que debemos estar a su lado en la práctica, física y geográficamente; pero sobre todo, debemos conocer la historia y la psicología de estos pueblos. 
Cuanto se ha realizado gracias a las constataciones de los organismos de control y de la Comisión demuestran que el enemigo de lo bueno siempre es lo mejor. 
Y lo mejor siempre es mejorable; y nuestro esfuerzo, el de todos nosotros, se mueve en esta dirección. 
Estoy seguro de que el interés que mostramos y el espíritu crítico, sólo nos pueden conducir en la dirección correcta y, si quieren, tomemos los resultados de las prácticas aplicadas en las cofinanciaciones de este tipo para poder adaptarlos en otros sentidos. 
Contamos con la Agencia Europea de Reconstrucción, con sede en Salónica y Pristina. 
Y esto se criticó mucho. 
Pero no podemos considerar que Sarajevo es lo mismo que Pristina, y esto debe quedar claro. 
Precisamente por esto me he referido a las distintas mentalidades, condiciones y situaciones que debemos tener en mente. 
Muchos de nuestros colegas- y en parte tienen razón- dijeron que se descentralizara la Agencia de Salónica y que fuera a Pristina. 
Muchos de nosotros nos opusimos rotundamente y dijimos que era imposible. 
Esta demostrado que hicimos bien, porque de haberla trasladando de Salónica a Pristina, hoy en día Yugoslavia no tendría posibilidad alguna de que dicha agencia le concediese financiaciones, porque a un serbio le sería imposible ir a Pristina y reclamar un solo euro. 
Justamente por eso repito que bueno es hacer una crítica; pero que todo lo que hagamos, se adapte a los tratados, a las necesidades y a las particularidades de cada región. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Tribunal de Cuentas por su utilísimo informe, esta vez sobre una diversidad de cuestiones. 
Con ocasión del informe anual, nosotros nos mostramos muy críticos con él, pero creo que estos informes especiales son muy valiosos. 
Es evidente que hay diversos sectores en los que la Comisión debe actuar aún para mejorar la situación. 
Hoy voy a centrarme en una respuesta al informe escrito por el Sr. Dell ' Alba sobre diversos aspectos de los Fondos estructurales. 
Desde luego, en mi país ése es uno de los sectores en los que la Unión Europea puede afirmar que está cambiando visiblemente la situación y se reconoce que los Fondos estructurales y el intento de aumentar la riqueza y mejorar las condiciones sociales y las tasas de empleo en una zona crean una impresión positiva de la UE. 
Pero no podemos limitarnos a aplaudir acríticamente. 
Los informes del Tribunal de Cuentas revelan claramente que hay margen para mejorar radicalmente y la Comisión ya ha introducido un nuevo reglamento de los Fondos estructurales para mejorar la situación y, evidentemente, verificará muy minuciosamente si las reformas han sido suficientes. 
En el caso de la adicionalidad, debemos recordar que los Fondos europeos no van encaminados a financiar, sino a cofinanciar las operaciones y no deben ocupar el lugar del gasto público a cargo de las autoridades nacionales. 
Eso está muy bien, pero incluso el nuevo reglamento sólo permite la evaluación de la adicionalidad en un nivel nacional y no en un nivel regional. 
Las normas son las normas, pero, si no hay una sanción eficaz de su infracción, resultan debilitadas e inaplicables, por lo que debe existir un sólido fundamento jurídico para formular la posible imposición de sanciones. 
Sobre la cuestión del desarrollo de zonas industriales, la Comisión no debe retorcerse las manos, sino que debe decir que se debe considerarla sólo parte de una política más amplia de ayuda a las PYME. 
Para todo eso se dedican sumas considerables. 
En Gales, por ejemplo, sabemos que se trata de una meta clara; necesitamos metas claras y objetivos claros, por lo que esperaremos con interés que así sea en el futuro en el caso de los programas de los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, muy rápidamente, algunas observaciones sobre los, en efecto, útiles informes del Tribunal de Cuentas. 
En primer lugar el informe Garriga. 
Creo que la Comisión de Presupuestos ya lo tiene planificado, pero creo que resulta muy necesario que evaluemos los resultados de la comisión de investigación sobre el fraude de los productos en tránsito ¿Qué ha hecho la Comisión hasta el momento con las recomendaciones que figuran en ese informe? 
El informe McCartin sobre agricultura. 
Siempre una materia interesante, y nadie negará que la política agrícola no es estática y debe evolucionar con el tiempo, especialmente en relación con las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio y la ampliación. 
Dos temas sobre los que no nos pronunciamos ni a favor ni en contra. 
Son de interés en este momento para mi Grupo: en primer lugar, ¿cuáles serían las consecuencias si existiera una cofinanciación de los gastos agrícolas y, en especial, de las ayudas directas? 
Otro punto, y muy actual en este momento, es la lucha contra las enfermedades de los animales. 
Muy costosas para el presupuesto comunitario ¿No sería posible asegurarse, siguiendo el ejemplo utilizado en los Estados miembros, contra la aparición de determinadas enfermedades animales? 
¿Podría estudiar la Comisión esta cuestión cuanto antes? 
En lo que al informe Staes respecta. 
Resulta alentador que la Unión Europea pueda realizar un buen trabajo en el avispero de los Balcanes. 
Nos alegra y consideramos que el informe del Sr. Staes es un informe excelente. 
Respaldamos sobre todo que la oficina del Alto Representante no sea la que tenga la sartén por el mango, es la Unión Europea quien paga y es ésta la que debe examinar si el dinero se emplea bien. 
Una observación general sobre el clima de corrupción que impera en los Balcanes. 
Consideramos necesario que la Comisión se pronuncie sobre cómo podría influir Europa en esta situación ¿Influiría la ayuda europea en ella? 
El último punto sobre el informe Dell ' Alba. 
En mi país, existen indicios de que los precios de los terrenos de las empresas están aumentando considerablemente debido a las ayudas europea. 
Creemos que esto no es deseable ¿Se podría hacer algo al respecto? 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, debido a la actual crisis de la EEB los informes del Tribunal de Cuentas obtienen una muy marcada actualidad. 
La política agrícola europea tiene que colocarse en el banco de pruebas. 
La EEB es sólo la punta del iceberg. 
Subvención del incremento de cantidades, exceso de producción y después otras subvenciones para la reducción de los excedentes. Esto no es solamente difícil de entender para el ciudadano de a pie sino que es extremadamente idóneo para que se cometan fraudes y la regulación de cuotas no lo evita ni mucho menos. 
El informe McCartin lo muestra muy claramente. 
Es el mérito de nuestro ponente llamar continuamente la atención al respecto y no sólo en tiempos como los actuales. 
Lamentablemente, el Parlamento no posee en el sector de la agricultura unas potestades plenas de codecisión por lo que sólo puede hacer un pequeño uso de su margen de actuación político. 
Las decisiones se adoptan en el Consejo de Ministros por los ministros nacionales de agricultura excluyendo a la opinión pública. 
Pero aunque se reservan el poder de decidir no están dispuestos a tomar realmente sobre si la responsabilidad. 
Cuando se producen errores, abusos, irregularidades o fraudes no son ellos los que se hacen cargo directamente de la responsabilidad sino que es la UE, es Bruselas a lo que siempre se remiten. 
Esto tiene que cambiar radicalmente. 
No sólo es necesario el control sino también la codecisión política del Parlamento en todos los campos de la política agrícola. 
Necesitamos más transparencia y mayor publicidad. 
No se trata de ir contra los agricultores sino de luchar en interés de los agricultores a favor de otra política para el consumidor. 
El Sr. McCartin ha mencionado también en su informe los aspectos claves correctos. 
Se trata de la cuestión de las ayudas directas y de la cofinanciación. 
Aquí hay que cambiar algo también de cara a la ampliación hacia el Este si queremos practicar una política agrícola que sea también factible para dicha ampliación. 
También después de Niza se ve claramente que el Consejo no es capaz de solucionar realmente estos problemas por lo que, para finalizar, quiero subrayar de nuevo lo que es un deseo de todo el Parlamento, que necesitamos el pleno derecho de codecisión del Parlamento en la política agrícola. 
Señor Presidente, el informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1999 nos muestra que los grandes contribuidores netos al Presupuesto de la UE han sido Gran Bretaña, Bélgica y Holanda. 
Estos tres países han abonado a los presupuestos relativamente muchos más recursos propios en concepto de recaudaciones arancelarias que el resto de los países. 
Estos países cuentan con grandes puertos y a través de ellos circulan muchas mercancías de las incluidas en el llamado sistema de tránsito. 
A leer los informes del Tribunal de Cuentas y el informe del Sr. Garriga Polledo, observamos un rasgo preocupante. 
En muchos países se han descubierto irregularidades, pero no se menciona el nombre de los países en cuestión. 
Por consiguiente, se despierta la sospecha de que se han cometido mayor número de delitos en aquellos países que cuentan con grandes puertos de tránsito de mercancías. 
Si no se menciona el nombre de los países, las sospechas se dirigen hacia Gran Bretaña, Bélgica y Holanda. 
En el caso de que estos países no estén implicados en dichos delitos o en el encubrimiento de los mismos, seguirán, no obstante, siendo objeto de estas sospechas, ya que se omite el nombre de los países afectados. 
A través de la Unión Europea circulan grandes contingentes de mercancías que se transportan desde los puertos al exterior del territorio de la Unión. 
Tanto las investigaciones del Tribunal de Cuentas como las de la oficina OLAF han puesto de manifiesto que existen grandes irregularidades en lo que se refiere, sobre todo, a la importación y tránsito del tabaco. 
La determinación de su amplitud es tan difícil que las estimaciones sobre los perjuicios causados a la Unión oscilan entre mil millones y cinco mil millones de euros. 
El tabaco llega, en su mayor parte, a los puertos de Holanda y Bélgica, desde donde suele ser transportado a través de la Unión Europea al territorio de la antigua Yugoslavia, por ejemplo a Montenegro. 
La UE decidió el año pasado destinar quince millones de euros a Montenegro por motivos políticos sin que esta ayuda estuviese condicionada a la lucha contra el contrabando. 
Todas las noches, entre cincuenta y setenta lanchas rápidas transportan tabaco de contrabando desde Montenegro a Italia, desde donde se reparte a los mercados europeos libre de aranceles e impuestos. 
Para llegar a impedir este tipo de actividades, es necesario actuar con determinación y resolver los problemas mencionados en el informe del Sr. Garriga Polledo. 
Desde el punto de vista de la Unión, se trata de un proyecto de miles de millones de euros. 
Señor Presidente, el debate de hoy es sin duda alguna bienvenido, pero abarca temas muy diferentes. 
Limitaré, por consiguiente, mi intervención a los asuntos tratados por los Señores McCatin y Staes. 
Por lo que respecta al primero de estos dos informes, la delegación francesa de nuestro Grupo no puede adherirse a ciertos comentarios sobre las materias grasas butíricas, que vuelven a cuestionar la decisión del Consejo de mantener los precios garantizados hasta 2005. 
Esta decisión nos parece, en efecto, especialmente fundada y necesaria para los agricultores. 
Así mismo, el hecho de que el 92% de los créditos disponibles en 1998 en concepto de medidas de salida de la mantequilla a favor de organizaciones sin ánimo de lucro sólo haya sido gastado en tres Estados miembros, de los que ninguno forma parte de los países más pobres de la Unión Europea, como recuerda la resolución, no nos parece que deba considerarse como un argumento serio. 
En efecto, es pensar que aquí ya está todo hecho y olvidar que el fenómeno de desarrollo de un cuarto mundo y de una pauperización de algunas capas sociales en nuestros países es una tremenda realidad. 
Ahora bien, no es la vuelta de un crecimiento todavía débil lo que permitirá la reintegración rápida de una población a menudo excluida desde hace mucho tiempo. 
La posición crítica del informe sobre las ayudas concedidas a las grandes regiones cerealistas tampoco nos satisface, aun siendo, por supuesto, conveniente dedicar una atención especial a los pequeños productores de cereales de la Unión. 
En materia de peste porcina, tampoco compartimos la opinión de que los productores de cerdos deban soportar una parte más importante de la carga financiera que representan las medidas de lucha contra las epidemias, y podemos preguntarnos en concepto de qué deberían asumir este tributo suplementario, cuando se conocen las pesadas cargas que ya recaen sobre ellos. 
¿Son ellos responsables de las epizootias? 
Evidentemente no; ellos son sus víctimas. 
Entonces, a menos que, una vez más, se quiera renacionalizar subrepticiamente la política agrícola común, no se debería aceptar esta propuesta. 
El informe del Sr. Staes relativo a las ayudas de la Unión Europea a Bosnia y Herzegovina estigmatiza, con toda razón, las graves deficiencias en términos de gestión financiera de la Oficina del Alto Representante, la OAR, y lo que es más, en un período dramático, y siempre en detrimento de los últimos ciudadanos europeos. 
Nuestro Grupo también toma nota de la petición de información dirigida a la OAR y a la Comisión con el fin de conocer cuáles son las razones que han llevado a una confusión de intereses. 
Tampoco es tolerable que se hayan destinado 2 millones de euros a un material no subvencionable en el sector de.... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, quiero decir algunas palabras sobre el excelente informe del colega Staes. 
En primer lugar quiero dirigirme a usted como miembro de la Mesa de esta Asamblea. 
Ha sido una vergüenza para esta Asamblea que hayamos tenido que aceptar un retraso administrativo de tal tipo en la cuestión de si podemos o no enviar a Bosnia-Herzegovina al ponente de la Comisión de Control de esta Asamblea. 
En interés de aquellos a los que debemos representar aquí, espero que no vuelva a pasar algo similar. 
Lo digo con toda claridad pues nosotros- también yo personalmente- lo criticamos normalmente en la Comisión. 
En esta ocasión, lo tenemos que constatar en nuestra propia Asamblea y esto es una situación insoportable. 
En segundo lugar, este informe del colega Staes nos proporciona esperanzas en dos sentidos diferentes. 
Por un lado, la Comisión es capaz de aprender. 
Lo que ha pasado entre las primeras visitas bajo la dirección de la Comisión de Presupuestos y de Control Presupuestario y lo que ahora puede constatar nuestro ponente es una evolución realmente positiva, por lo que sólo puedo felicitar a la Comisión. 
Al comienzo de este programa para los Balcanes se concedió la ayuda como ocurría con tanta frecuencia en la Unión, es decir, se decidía en el grupo de escogidos en Bruselas y se encargaba a empresas privadas que averiguasen las necesidades de ayuda in situ, que distribuyesen y entregasen el dinero. 
Esto ha desaparecido y se ha modificado de un modo casi revolucionario, a lo que ha contribuido la presión ejercida por esta Asamblea. 
Esto revela que nuestras iniciativas son valiosas y que la Comisión es capaz de aprender. 
Señora Comisaria, quizás pueda utilizar como modelo esta capacidad de aprendizaje que ha demostrado en la delegación en Sarajevo también para otras delegaciones en otros países. 
Señor Presidente, a pesar de los recursos que desde hace años vienen dedicando los Fondos estructurales al impulso del equilibrio territorial en la Unión Europea, las 25 regiones más ricas mantienen una renta per cápita dos veces y media mayor que las más pobres y, a pesar de las muchas necesidades que presentan estas regiones menos favorecidas, cada año no se llegan a utilizar todos los importes que se presupuestan como fondos para el desarrollo. 
Creo que debemos reflexionar sobre las verdaderas causas que motivan este hecho incomprensible. 
Es posible que falten iniciativas y que no sepan las zonas menos favorecidas cómo evolucionar. 
En este caso, no deberíamos permanecer cruzados de brazos y autojustificarnos con el pretexto de que les damos dinero, pero ellos no lo aprovechan. 
Deberíamos impulsar una política complementaria de análisis, información, formación, motivación, asesoramiento y acompañamiento para el impulso de nuevas estructuras y oportunidades de desarrollo y progreso. 
Pero también es posible que lo que está sucediendo es que, desde posiciones más evolucionadas y más tecnócratas, estemos siendo excesivamente perfeccionistas, exigentes, reglamentistas y condicionadores, impidiendo y cortando, con ello, que surjan ideas válidas acordes con el nivel de desarrollo de las regiones destinatarias de las políticas comunitarias. 
Quizá deberíamos adaptar las políticas comunitarias a esas regiones, en lugar de pretender que las mismas se adapten a una política europea elitista. 
Lo que está... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Staes por su excelente informe. 
Las condiciones en la que ha llevado a cabo su trabajo no han sido las mejores. 
No es razonable que en este Parlamento debamos tramitar un informe del Tribunal de Cuentas que trata de circunstancias que se remontan a varios años atrás, no obstante, el Sr. Staes ha hecho sus deberes. 
Ha estado sobre el terreno. 
Ahora bien, no es porque no confíe en el Sr. Staes, al contrario, sino porque casualmente también estuve en Bosnia la semana pasada y tiene razón en su evaluación. 
La historia de las delegaciones de la Comisión en Bosnia ha sido una historia de éxitos. 
El Tribunal de Cuentas concluye en su informe que el control llevado a cabo por la Comisión de los fondos destinados, por ejemplo, al Alto Representante y a las Naciones Unidas no ha sido suficientemente bueno. 
Muchos de los problemas obedecen a que anteriormente la gestión de los proyectos estaba centralizada en Bruselas. 
Ahora en lugar de eso, las Delegaciones comunitarias disponen de más competencias y de más trabajadores. 
Lo que demuestra que la idea de otorgar a las Delegaciones más obligaciones y más responsabilidades funciona efectivamente en la práctica. 
El Tribunal de Cuentas propone que la UE a partir de ahora proporcione a organizaciones como las Naciones Unidas, la OSCE y la Oficina del Alto Representante una bolsa de dinero que ellos mismos puedan administrar. 
Al mismo tiempo, al Tribunal de Cuentas le habría gustado reforzar el control. 
No me parece coherente. 
Si damos dinero como ayuda presupuestaria directa a la organización, la Comisión perderá entonces la visión de conjunto y el control sobre este dinero. 
La cuestión de la cooperación entre la UE y las organizaciones formará parte de la aprobación de la gestión de 1999. 
La Comisión busca directrices claras del Consejo y del Parlamento. 
Lo comprendo. 
No podemos exigir por un lado mejor control y por otro lado aflojar las riendas. 
Sencillamente, estamos obligados a mantener un cierto control sobre el dinero de los contribuyentes. 
El sistema de Naciones Unidas será desgraciadamente cada vez más burocrático, ineficaz y corrupto, por lo que a pesar de todo albergo mucha más confianza hacia nuestro propio sistema comunitario. 
Señor Presidente, el presente debate abarca diez informes especiales del Tribunal de Cuentas sobre asuntos de naturaleza y relevancia tan diversa, que van desde una reflexión sobre el principio de adicionalidad en las acciones estructurales hasta un análisis concreto y riguroso de la política cerealícola comunitaria. 
Permítanme, por tanto, que me limite a este último asunto, empezando por felicitar a nuestro colega Sr. McCartin, así como al Tribunal de Cuentas, por el excelente trabajo que han hecho y recordando los puntos finales del análisis de este Tribunal. 
De 1993 a 1997 hubo una compensación excesiva al sector cerealícola de más de 13.000 millones de euros. 
Cada ciudadano europeo contribuyó con más de 37 euros al presupuesto de los cereales en 1997. 
Los cultivos herbáceos representaban el 43% del gasto agrario, pero sólo el 10,7 % de su producción final. 
Casi el 40% de las subvenciones van destinadas al 3% de los agricultores, y el 57% de los beneficiarios reciben el 4,5 % de las subvenciones. 
De ese análisis el Tribunal de Cuentas concluyó que era necesario substituir el sistema actual de apoyo a la renta de los agricultores, basado en elementos tales como el precio, la producción o la superficie cultivada, por una renta líquida tipo por explotación agraria o unidad de trabajo y el apoyo agrario iría destinado a compensar cualquier pérdida de dicha renta. 
La OCM de los cultivos herbáceos es el exponente máximo de una PAC que es necesario reformar. 
La profunda remodelación política habida en la estructura del gobierno federal de Alemania es una señal clara de que, incluso en el corazón de Europa, donde se concibió esta PAC y donde siempre encontró su mayor sostén, resulta cada vez más insostenible el mantenimiento de un modelo de política agraria concebido para defender una lógica industrial y de gran explotación agraria. 
Hay que concebir una política rural orientada por criterios regionales y de equidad entre agricultores para la preservación del patrimonio cultural europeo y del medio ambiente. 
Eso significa reformar la presente PAC. 
Señor Presidente, haré algunas observaciones sobre los problemas planteados por el informe del Sr. Dell ' Alba, sobre los que quiero llamar su atención. 
Las medidas de ayuda para el establecimiento de jóvenes agricultores no son satisfactorias, pues en demasiados casos, el público al que se dirigían había sobrepasado la edad requerida en el momento de la obtención de la ayuda cuando había podido aspirar a ella en la fecha de constitución del expediente. 
Frente a estas difíciles situaciones que viven un gran número de estos jóvenes y a las dificultades con las que se topa la profesión, no es admisible que una parte de ellos no pueda beneficiarse de las ayudas europeas y nacionales a causa de imprecisiones y de retrasos. 
Por lo que respecta a las medidas de ayuda a favor del empleo juvenil, sería necesaria una evaluación precisa para que pudiéramos juzgar el impacto de esta política. 
Esta evaluación debería tener en cuenta la diversidad de vías de reinserción que deben establecerse. 
En cuanto a las medidas de reconversión de zonas industriales, pueden observarse, por el contrario, financiaciones demasiado largas puesto que ayudas del FEDER han permitido financiar proyectos de índole distinta de la reconversión de zonas industriales. 
A esto se añade el hecho de que estas ayudas, cuando no se coordinan a nivel regional, suponen una competencia entre los promotores y, por consiguiente, una dispersión de las ayudas así como una menor eficacia. 
Esto no permite aplicar una política de reconversión de zonas industriales que tenga en cuenta el diagnóstico de las necesidades hasta la evaluación de las realizaciones, permitiendo finalmente una gestión activa de las zonas. 
A este respecto, no puedo silenciar la reestructuración que el grupo Danone se dispone a realizar, proceso que nos encontramos en diferentes Estados miembros. 
No podemos aceptar que empresas que hayan podido beneficiarse de subvenciones europeas puedan decidir, cuando gozan de buena salud financiera, el despido de miles de personas por motivos de ajustes estructurales y engendrar más dramas familiares para los que también se van a solicitar fondos públicos nacionales y europeos. 
En conclusión, uno de los principales objetivos de la Unión Europea es la lucha contra el desempleo, prioridad de los Estados miembros pero también de la Comisión. 
Sabemos que es difícil dirigirse a todo el público afectado por una medida. 
Sin embargo, frente a las imprecisiones y a las lagunas observadas, se pide que en lo sucesivo se tomen las disposiciones indispensables, especialmente definir mejor las medidas y hacer que se aprovechen efectivamente de ellas los beneficiarios limitando los plazos de tramitación de los expedientes y de pago a los beneficiarios, todo ello para que los resultados en este campo sean... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, agradezco al ponente las referencias concretas que figuran en su informe a dos financiaciones de la mayor importancia relativas a nuestro proceso de paz en Irlanda del Norte y su positiva respuesta al Fondo Internacional para Irlanda, que cuenta con financiación no sólo de Europa, sino también de los Estados Unidos, el Canadá y Australia. 
Quisiera aconsejar a otras regiones con graves problemas de desempleo que estudien la labor del Fondo Internacional en Irlanda del Norte y los condados fronterizos. Ha hecho una labor extraordinaria. 
Por ejemplo, ha financiado unos 4.600 proyectos, ha creado 38.000 puestos de trabajo y casi el 90% de ellos corresponden a zonas desfavorecidas y con elevado desempleo. 
Unas 9.000 personas de grupos transcomunitarios han participado en esos proyectos para la creación de puestos de trabajo en Irlanda del Norte y unas 5.000 personas han participado en los proyectos transfronterizos. 
Ha hecho una labor extraordinaria, por lo que acojo con beneplácito la respuesta positiva que figura en el informe. 
También existe el Programa especial de apoyo a la paz de la propia Unión Europea. 
En el nivel de la base en Irlanda del Norte también se está reuniendo a personas de las dos secciones de nuestra comunidad, en particular con proyectos para jóvenes de uno y otro sexo. 
Hay iniciativas ciudadanas compartidas para promover la comunidad; hay desarrollo y formación para mujeres desempleadas- estoy limitándome a señalar algunas de las operaciones más logradas que están en marcha -, el desarrollo de la industria alimentaria y, naturalmente, la construcción de nuevas viviendas. 
Acogemos con el mayor beneplácito todo ello y agradecemos profundamente a la Comisión y al Consejo de Ministros el Programa especial de apoyo a la paz en Irlanda del Norte. 
Quisiera expresar mi profunda gratitud a todos mis colegas de este Parlamento por su unánime apoyo a este proyecto de paz, porque está haciendo una contribución tan positiva al desarrollo de la paz en mi país. 
Señor Presidente, como diputado al Parlamento representante de la parte de Irlanda que se beneficia del FII y del Programa especial para la paz y la reconciliación, quisiera elogiar la ejecutoria de ese fondo y ese programa como representante que trabaja estrechamente con los grupos y proyectos locales con una utilización excelente de los fondos, quisiera declarar que estoy totalmente convencido de que todos los fondos desembolsados con cargo a los fondos se dedican a los destinos previstos. 
El FII y el Programa especial para la paz no tienen paralelo, por lo que es comprensible que hayan surgido algunos malentendidos provocados por la falta de familiaridad con su carácter y su funcionamiento especiales. 
Como ya se ha señalado, la UE hace una contribución importante, junto con los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
El Fondo ha comprometido más de 400 millones de libras esterlinas, lo que ha desencadenado una inversión de 1.200 millones de libras esterlinas y la creación de 38.000 puestos de trabajo para 150 proyectos a ambos lados de los condados fronterizos y en Irlanda del Norte. 
Considero totalmente inapropiado que la Comisión de Control Presupuestario ponga en entredicho la eficacia del sistema de financiación del FII. 
Estoy convencido de que ese fondo y ese programa han hecho una contribución de la mayor importancia al proceso de paz y que el Sr. Dell ' Alba debería familiarizarse un poquito más detalladamente con ellos. 
Quisiera invitarlo a visitar Irlanda del Norte y los condados fronterizos para que vea por sí mismo la situación. 
Señor Presidente, hemos leído con mucha aprensión el informe McCartin que, lamentablemente, hemos examinado sólo ayer por la tarde. 
En lo que respecta al sector agrícola, las valoraciones que aparecen en el mismo nos han dejado francamente perplejos porque, si los datos y los números se interpretan con tanta crudeza para un sector que experimenta una transformación tan grande y profunda como el mundo agrícola a consecuencia de la política agrícola comunitaria, estamos preocupados por las decisiones a adoptar. 
Seguramente el ponente, Sr. McCartin, ha indicado un camino: el sector agrícola y sus reglas han de ser revisados. 
Es una lástima que el Consejo de Niza no haya cerrado el proceso de codecisión sobre las decisiones que tomaremos para el mundo agrícola. 
Lo cierto es que tendremos mucho que hacer al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a los Sres. Garriga, McCartin, Staes y Dell ' Alba por los informes elaborados sobre el total de 10 informes del Tribunal de Cuentas que abarcan el período 1999/2000 o que han sido publicados al respecto. 
Creo que el debate ha mostrado lo valiosos que son los informes especiales del Tribunal de Cuentas pues se refieren de modo muy detallado a problemas especiales. 
Como Comisaria solamente puedo expresar mi satisfacción por estos informes especiales pues permiten reaccionar rápidamente ante las críticas expresadas y el Tribunal de Cuentas expone además sus informes especiales de un modo tan preciso que se pueden reflejar inmediatamente en nuevas propuestas de la Comisión. 
Naturalmente, debo ser breve y solamente puedo referirme a algunos puntos de los muy extensos y valiosos informes del Parlamento. En primer lugar, me voy a referir al informe del Sr. Garriga y a su exposición sobre los recursos propios, señor Pomés Ruiz. 
Cada año se cobran 14 mil millones de euros en aranceles para financiar el presupuesto europeo y una gran parte de este importe proviene de garantías y avales. 
La Comisión se ha esforzado en los últimos años por mejorar sensiblemente las normas jurídicas en este campo. 
Me permito mencionar que en 1999 y en el 2000 han entrado en vigor nuevas normas jurídicas para el sistema de tránsito en el sector aduanero. Permiten supervisar mejor los sistemas de tránsito así como la tramitación de las garantías proporcionadas para asegurar dichos sistemas. 
El código aduanero de la Comunidad acaba de ser modificado y ha entrado en vigor. 
El año pasado se han unido 7 Estados miembros al nuevo sistema informatizado de tránsito. 
Se trata de un sector en el que el Parlamento ha iniciado muchas cosas mediante su comité de investigación, comité que ha aportado resultados muy concretos de los que se ocupa actualmente la Comisión. 
Sobre todo, es también significativo que ahora los Estados candidatos a la ampliación sean incluidos directamente en este sistema informatizado, en este nuevo sistema. 
En lo referente a las consecuencias en caso de falta de exactitud en el sistema aduanero y a la cuestión de si en este caso se deberán pagar intereses, están en marcha dos procedimientos por violación del Tratado contra Alemania y se está considerando iniciar procedimientos similares contra Austria, Bélgica y Dinamarca. 
Además la Comisión va presentar en los próximos días su informe sobre el sistema de recursos propios para el período 1997-1999. 
En total, la intención de la Comisión es que los Estados miembros adquieran más responsabilidad en el sector aduanero. 
Soy de la opinión de que en caso de errores de la administración que ocasionen una merma de los ingresos aduaneros, en el futuro debería aplicarse otra regulación a la que está actualmente en vigor, por la que los Estados miembros afectados deberían responder por la merma de ingresos en los casos de error. 
Es sencillamente un mal sistema que el último pilar de la financiación del presupuesto de la UE tenga que intervenir y que todos los Estados miembros tengan que pagar en función de su proporción en el producto social bruto. 
Con otras palabras, en estos momentos el sistema es el siguiente: quien trabaja mal es recompensado y quien se esfuerza especialmente es en realidad el tonto. 
Los ministros de Hacienda deberían querer cambiar también un sistema de este tipo. 
Por el momento no hay ningún indicio de que se vaya a hacer pero la Comisión va a seguir insistiendo. 
Me voy a referir ahora al muy importante informe sobre la agricultura, señor McCartin. 
Expreso mis felicitaciones por estos informes. Abarcan los sectores de la leche en polvo, de la grasa láctea, cereales y peste porcina. 
Voy a hacer algunas breves observaciones al respecto. Señora Rühle, sólo puedo darle la razón en que también este informe muestra de nuevo lo urgentemente necesarias que son las reformas en muchos campos. 
En la totalidad del sector de la producción de leche tenemos un excedente del que se derivan muchos problemas, en especial para el sector financiero pues estos excedentes acarrean unas medidas específicas de fomento de las ventas para la leche desnatada en polvo y la grasa láctea que plantean siempre unos grandes problemas en el control financiero o, en otras palabras, facilitan el fraude. 
La crítica expresada en el informe especial impulsó a la Comisión a introducir mejoras y simplificaciones en cuatro puntos en lo tocante a la leche desnatada. 
Se ha precisado la definición de la leche desnatada apta para recibir ayudas, se han revisado los procedimientos de control, en especial en lo tocante a la prueba del suero en el polvo de leche desnatada y por consideraciones de costes/beneficios se han suprimido las ayudas para la leche desnatada líquida para dedicarla a piensos, algo que ha despertado muchísimas críticas. 
Pero este paso ha sido necesario pues la crítica del Tribunal de Cuentas también en este campo ha sido tan vehemente que había que extraer consecuencias de ella. 
Respecto al tema de la grasa láctea- también es este un tema derivado del exceso de producción que tenemos en este campo- puedo confirmar que, con motivo de la próxima evaluación del sector lácteo, se va a revisar la concentración de los pagos de las ayudas en sólo unos pocos Estados miembros. 
Esta concentración no es nada extraordinario, pero a pesar de ello vamos a ocuparnos de nuevo de sus observaciones. 
Las constataciones del Tribunal de Cuentas respecto los defectos de control están siendo tenidas actualmente en cuenta en el marco del procedimiento del cierre de cuentas 
En el tercer informe especial sobre las repercusiones en el sector de los cereales, el Tribunal de Cuentas ha evaluado las medidas de reforma iniciadas en 1992. 
Han servido a la Comisión como base para su propia valoración. 
En la propuesta de resolución se exige por parte del Parlamento, de usted, señor McCartin, la graduación de los pagos directos para tarifar de un modo más equilibrado la actual distribución de los ingresos entre las regiones más prósperas y menos prósperas y también entre las explotaciones mayores y menores. 
Esto es posible en un cierto marco, sólo que no va a ser reclamado por todos los Estados miembros y aquí es también necesario introducir mejoras. 
En el informe se refiere también al importante tema de la cofinanciación de las ayudas directas. 
Sabemos qué es lo que ha resultado de este asunto en la Agenda 2000. 
Pero la Comisión es de la opinión de que hay que debatir de nuevo al respecto en el marco del midterm review. 
Voy a referirme muy brevemente al tema de la peste porcina: la Comisión opina también que después de la última epidemia es urgentemente necesario revisar las normas jurídicas pertinentes. 
Ha presentado por ello las correspondientes propuestas y además ha reestructurado en consecuencia el servicio veterinario de la Comisión. 
Coincide con usted, señor McCartin, en que los productores deben hacerse cargo de una gran parte de los costes financieros en la lucha contra las epizootias. 
La Comisión va a llevar a cabo en este contexto una investigación sobre instrumentos de gestión de riesgos en la agricultura y esta investigación se va a presentar en los primeros meses de este año que se debatirá sin duda intensamente a continuación en esta Asamblea. 
Señor Staes, me voy a referir ahora a su informe por el que le felicito encarecidamente. 
En el período 1996 a 1998, al que se refiere el informe especial del tribunal de Cuentas, la Comisión tuvo que trabajar in situ bajo unas condiciones políticas muy difíciles, aspecto que usted ha elogiado. 
Menciona las circunstancias especiales, en especial en la financiación del open broadcasting network. 
Aquí era necesario disponer, por un lado, de un equipamiento de alta calidad y, por otro, garantizar que las informaciones fuesen de gran valor para preparar las elecciones de 1996 o bien disponer de una información independiente. 
La Comisión tiene sin embargo que reconocer que en algunos campos ha habido motivo para muchas críticas y ha extraído también las consecuencias de ello. 
Respecto a la relación de la UE, como donante de dinero, y la Oficina del Alto Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, como destinataria de los fondos, debo decir que esta relación no es ciertamente sencilla. 
Se critica a la Comisión por algunos fallos administrativos que debían en realidad dirigirse a las organizaciones internacionales. 
No se trata de negar la responsabilidad. 
Solamente muestra que a veces existen dificultades en la cooperación, que en parte tienen causas estructurales. 
El Tribunal de Cuentas propone ahora, al igual que en el informe anual de 1999, no conceder a las organizaciones internacionales una financiación de proyectos sino subvenciones presupuestarias. 
¿Pero cómo puede llevar a cabo la Comisión el apoyo a las organizaciones internacionales con un mandato exclusivamente político si estas organizaciones tienen dificultades para ejecutar correctamente las normas administrativas y financieras de las ayudas comunitarias? 
Aquí es necesario mantener más conversaciones y establecer nuevas regulaciones. 
Respecto al tema del retorno de los refugiados y la construcción de viviendas en Bosnia-Herzegovina, de lo que habla también el informe: con ayuda de proyectos financiados con el programa PHARE y OBNOVA, la Comisión ha logrado éxitos en el retorno de refugiados similares a los obtenidos por otros donantes. 
La situación criticada en el informe anual de 1999 en el sentido de que el retorno de refugiados era defectuoso, ha mejorado desde la publicación del informe del Tribunal de Cuentas. 
Quiero indicar de nuevo que la Comisión ha extraído las consecuencias de ciertos errores que se han cometido en Bosnia-Herzegovina en la concesión de ayudas de la UE y ha colocado sobre una base totalmente diferente la administración de las ayudas de la UE, por ejemplo, en Kosovo. 
Respecto al amplio informe del Sr. Dell´Alba relativo a la cuestión de la adicionalidad en los fondos estructurales, las zonas industriales, las iniciativas de empleo juvenil y el fondo internacional para Irlanda y el programa PEACE, también me tengo que limitar a algunas pocas observaciones. 
El reglamento de los fondos estructurales de junio de 1999 contiene en lo referente al criterio de la adicionalidad de las medidas unas nuevas normas que espero contribuyan a que en el futuro no existan ya motivos para las críticas ejercidas por el Tribunal de Cuentas al último período de ayudas y que los criterios estén más claros. 
Respecto al informe del Tribunal de Cuentas sobre las zonas industriales: uno de los puntos centrales de la reforma de los fondos estructurales de 1999 es el fortalecimiento de los instrumentos de supervisión y evaluación con los que se puede demostrar mejor adónde fluye el dinero. 
Los reglamentos hacen que exista ahora una distribución más clara de responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros. 
Para finalizar, permítanme que me refiera brevemente al informe sobre el programa PEACE. 
El Parlamento ha expresado su profunda preocupación por la lenta aplicación del programa PEACE en Irlanda del Norte y ha exigido un presupuesto transparente. 
La exigencia de consolidación del proceso de paz en Irlanda del Norte y el apoyo en especial a la cooperación transfronteriza por parte de las iniciativas locales, a lo que se ha referido de nuevo el Sr. Hume, no ha sido sólo un objetivo innovador sino en mi opinión también el programa correcto y me alegro de tomar de nuevo nota de que el Parlamento lo apoya. 
También este programa se puso en marcha al principio bajo unas condiciones muy difíciles. 
Tal como muestra el informe del Tribunal de Cuentas, ha podido contribuir a la postre a promover el proceso de paz y de reconciliación en Irlanda del Norte. 
Creo que este era su objetivo, por lo que estoy muy satisfecha de que se haya llegado aquí al final a un juicio positivo. 
Gestión del Instituto Monetario Europeo y del Banco Central Europeo (1998) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0395/2000) del Sr. Heaton-Harris, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe del Tribunal de Cuentas (C5-0319/2000- 2000/2163 (COS) ) sobre la eficiencia de la gestión del Instituto Monetario Europeo y del Banco Central Europeo en el ejercicio 1998, acompañado de las respuestas del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer la labor realizada por el Tribunal de Cuentas al elaborar el informe en el que se basa mi informe y que contenía muchos datos detallados. 
También quisiera expresar mi gratitud a los servicios de nuestra comisión, que me han ayudado mucho y, de hecho, al propio BCE en el que se me acogió amablemente durante un día en Frankfurt y se me indicaron los aspectos erróneos de mi informe. 
Tras este informe hay un poco de historia. 
El 31 de mayo de 1998, el Instituto Monetario Europeo pasó a ser el Banco Central Europeo. 
El Presidente seguía siendo la misma persona y 402 de los 407 miembros del personal que trabajaban en el IME pasaron también al BCE. 
El BCE se hizo cargo de todos los activos y del pasivo del IME. 
En el informe del Tribunal de Cuentas se determinaron varios sectores problemáticos a los que voy a referirme en breve. 
El Banco Central Europeo respondió al informe, pero sus respuestas fueron, desde luego, breves "lacónicas", podríamos decir- y el Tribunal de Cuentas las consideró totalmente inadecuadas, pues no ofrecían indicación alguna de las medidas que el BCE se proponía adoptar para remediar las deficiencias expuestas en su informe. 
El Tribunal de Cuentas determinó la existencia de problemas en dos sectores principales. Son también dos los sectores que interesan en gran medida al Parlamento y, en particular, a la Comisión de Control Presupuestario. 
La Comisión estaba interesada, evidentemente, en la relación del Banco con la OLAF, cosa que figura resumida en la conclusión 4 de mi informe, que, si me permiten sus Señorías, voy a leer. 
Dice así: "Acoge con satisfacción el compromiso público del Banco Central Europeo, asumido en su informe anual relativo a 1999, de establecer una relación de cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) , pero deplora la evidente contradicción entre el compromiso público asumido por el BCE en su informe anual de 1999 de establecer una estrecha cooperación con la OLAF y la decisión del propio BCE de impedir que la OLAF lleve a cabo investigaciones internas a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia". 
Se trata de un caso que está sub judice. 
La otra parte en la que la Comisión estaba interesada era el procedimiento contradictorio. 
Tardó siglos en ese caso concreto y, cuando pregunté a las dos instituciones por qué, las dos dijeron que habían respondido en el tiempo que se les había concedido y con toda conformidad con las directrices. 
Así, pues, sólo puedo culpar a los servicios postales de Frankfurt y Luxemburgo, que necesitan- supongo- una mayor liberalización. 
Los sectores principales considerados problemáticos en el informe del Tribunal de Cuentas afectaban a la gestión y la supervisión de los proyectos del BCE. 
En el informe del Tribunal de Cuentas se observaba una falta de sistema contable en materia de compromisos, que constituía un motivo de gran preocupación, y también que resultaba difícil rastrear el desarrollo de los proyectos de forma simple y coherente y que en julio de 1998 el BCE había contratado a una empresa de consultores para que se encargaran de ciertos proyectos en materia de libro mayor auxiliar de las reservas de divisas, pero al final del año el BCE aún no había designado a un director con carácter exclusivo para ese proyecto, pese a que eso era esencial para la supervisión de la labor de los consultores. 
También señaló varios problemas en materia de tecnología de la información. 
El otro aspecto eran las primas extraordinarias. 
Sigue pareciéndome asombroso que el Banco, cuyo objetivo primordial es la estabilidad de precios, considerara oportuno pagar a algunos miembros del personal el equivalente de una prima del 38%, con la excusa de que habían trabajado mucho en el pasado- habían hecho muchas horas extraordinarias -, que a algunos de dichos miembros del personal se les había estado pagando sólo el 9% durante varios años y que se trataba casi de una paga de recuperación. 
Pero se trata de una simple gestión chapucera y en realidad no debería darse en un banco así. 
Respecto de mi táctica, no estaba en verdad seguro de lo que debía hacer. 
Como no soy precisamente un gran partidario de la moneda única europea y, desde luego, no de la entrada de mi país en ella, este informe me planteaba un dilema. 
Si bien quisiera pedir que el BCE tome nota de lo que el Tribunal de Cuentas ha dicho, habría podido utilizar este informe para atacar al BCE y habría conseguido grandes titulares a mi favor en mi país, pero ése no es el papel de un ponente. 
Conque acudí al BCE y solicité una reunión. 
Fui recibido amablemente en Frankfurt y se me dijo que habían cambiado su política en materia de primas, que se habían entendido los problemas en materia de gestión de proyectos, por lo que mi informe, si bien no es exactamente amable, mejoró tras aquella reunión con el BCE. 
En mi reunión con el BCE, se me dijo que había resuelto sus problemas relativos, en particular, a las primas y que no volvería a ocurrir y que se enviaría una carta a la comisión en la que se detallaría su política actual en materia de primas. 
Resulta que esa carta no ha aparecido y es una gran lástima, porque el Banco Central Europeo no debería, la verdad, temer las críticas de esta institución. 
Estamos simplemente desempeñando nuestra función. 
Cuando surgen problemas, y siempre surgirán, el papel del BCE no debe ser el de tapar con papel las grietas y bajar las persianas. 
Debería abordar los problemas y decir a la UE y a su público cómo lo ha hecho y no tener un ataque de pánico sobre cómo comunicar esas cosas. 
Como sugiere mi intervención, el informe podría haber sido mucho más contundente y el BCE ha salido bastante bien librado este año. 
Si el año próximo ocurren problemas similares o de otra índole, podría resultar que el informe fuera más duro, a no ser que opte por la transparencia, dialogue con nuestra comisión y hable con todos nosotros en este Parlamento. 
. (SV) Señor Presidente, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el BCE se refiere al período de transición del IME al actual BCE, cosa que caracteriza la totalidad del informe. 
Se critica, entre otras cosas, que el seguimiento de proyectos se ocupaba más de lo que se gastaba que de los logros alcanzados. 
La principal crítica tanto del Tribunal de Cuentas como de la Comisión de Control Presupuestario ha sido, sin embargo, la bonificación extraordinaria que recibieron los empleados del Banco, además de la bonificación ordinaria, que excedió con creces los mínimos fijados y los costes presupuestados. 
También se critica el método para decidir acerca de este coste extraordinario. 
El BCE ha comentado estas críticas y, entre otras cosas, ha comunicado que ha tomado nota de las opiniones en contra del manejo de los proyectos y que ha mejorado sus procedimientos. 
El BCE reconoce también que ha existido poca claridad en torno a esta bonificación extraordinaria. 
Celebramos que el BCE actualmente acepte que OLAF realice investigaciones internas, pero es muy lamentable que éstas tarden. 
Tengo la misión de representar la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en esta materia y nuestras conclusiones son cortas y sencillas. 
En primer lugar: aunque el período de transición haya sido difícil, las opiniones del Tribunal de Cuentas, por ejemplo sobre el manejo de los proyectos, son justificadas y deberán ser tomadas en cuenta en el futuro. 
En segundo lugar: esta clase de bonificaciones que nos ocupa es común en el mundo de la banca, pero los montos y los procedimientos que se han aplicado en este caso merecen realmente ser criticados. 
Lo más alarmante es que en la prensa sueca y de otros países, el jefe de prensa del Banco refuta las críticas del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo y sostiene que éstas causan risa en el mundo de la banca, cosa que es grave. 
Si el Banco, que ya ha sido criticado por insuficiente transparencia, no toma en serio las críticas, se corre el riesgo de que pierda credibilidad. 
Con todo, mi comisión opina que las críticas no son de naturaleza tan grave como para que comprometan la credibilidad del BCE o su eficacia. Por el contrario, el Banco se merece un reconocimiento por la exitosa transición del IME al BCE. 
Cada vez tenemos más críticas, está el problema de la paridad del euro al dólar, hay falta de confianza en cuanto a las directrices; pero lo que es un lujo que no aguantan ni el Banco Central Europeo ni el sistema en la actualidad son los disparos. 
Considero que no basta con que la mujer del César sea honrada, también tiene que parecerlo. 
Y creo que el Banco Central Europeo es la mujer del César y que es honrada; pero que debe demostrarlo más claramente de cara al exterior. 
Hoy en día, no vamos a engañarnos, entre nuestros socios hay un número importante que no es tan amigo del euro. 
No fomentemos un número mayor, y demos la posibilidad de que sean más los partidarios del euro, que son los que accederán a su zona. 
Voy a puntualizar, en relación con el famoso bonus que ha levantado tantas críticas, que cuando se justifica anualmente un 9% de bonus sobre el sueldo de cada empleado del Banco Central Europeo, el 38% de los bonus en un periodo de 54 meses, es el 8,5 % anual. 
No veo por qué criticar algo que se mantiene en el marco de lo permisible y de lo previsto. 
Es posible que haya habido una equivocación en las cuentas. 
Pero quiero señalar que debe hacerse lo mejor posible, lo más clara y efectivamente posible y con la mejor credibilidad hacia el exterior. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe que nos ha propuesto el ponente, Sr. Heaton-Harris, ha merecido nuestro consenso en comisión y lo merecerá en el Pleno porque expresa sin forzamientos pero también sin temores reverenciales sus observaciones críticas acerca de las tres cuestiones planteadas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Instituto Monetario Europeo y del Banco Central Europeo. 
Los tres puntos recordados por el Sr. Heaton-Harris son: el inadecuado control de los proyectos, la concesión a sus empleados de una prima extraordinaria y el rechazo a someterse a las investigaciones de la OLAF. 
Creo que ninguno de nosotros se ha planteado la idea de una debilitación del euro o de una maniobra dirigida a este objetivo. 
En nuestra opinión, la cuestión es otra y es la siguiente: cuanto más reconocemos la autoridad de los organismos monetarios en cuestión- y me sumo a este reconocimiento, no sin apuntar con convicción la necesidad de un gobierno político de la economía, también a escala europea- tanto más es preciso exigir que se den ejemplos claros de eficacia, de moderación salarial y de transparencia. 
Un antiguo dicho, atribuido a las personas incoherentes, afirma: "Haced lo que os digo, pero no hagáis lo que hago". 
Quien es referencia, en razón de su papel y de su prestigio, de un público tan amplio y del conjunto de las Instituciones- y el Banco Central Europeo lo es y goza de nuestra confianza- no puede concederse digresiones y mucho menos decir, mientras invoca la estabilidad de precios, la eficacia de la gestión, el máximo rigor y la transparencia: "Haced lo que os digo, pero no hagáis lo que hago". 
Precisamente porque es importante y valioso- quiero repetirlo a modo de conclusión- el papel de dichas instituciones y porque se pueden solucionar los problemas estigmatizados, confiamos en que las indicaciones del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo se apliquen concretamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Medidas de ayuda financiera a las PYME (1999) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0335/2000) del Sr. Bushill-Matthews, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM (2000) 266- C5-0507/2000- 2000/2245 (COS) ) sobre una Iniciativa para el crecimiento y el empleo- Medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de carácter innovador y generadoras de empleo- A 31 de diciembre de 1999. 
Señor Presidente, deseo comenzar recordando simplemente a la Asamblea unos pocos datos estadísticos. 
En la UE hay al menos 16 millones de empresas, el 99,9 % de las cuales son microempresas o pequeñas y medianas empresas. 
En el sector privado de la UE trabajan 100 millones de personas y de ellas 32 millones trabajan en microempresas, es decir, empresa con menos de 10 trabajadores; 33 millones de personas trabajan en pequeñas o medianas empresas, con menos de 249 trabajadores. 
De modo que un total de 65 millones de trabajadores de la UE corresponden al sector de las pequeñas y medianas empresas, lo que muestra que es muy importante que examinemos el crecimiento de dicho sector. 
En particular, resulta absolutamente acertado que se examine esta iniciativa determinada- crecimiento y empleo- en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, aunque interesa también, evidentemente, a otras comisiones. 
Este informe se ocupa de los programas de financiación, que fueron una importante iniciativa de este Parlamento hace unos años. 
Pero vale la pena decir sin más demora que, como confirmó la Cumbre de Lisboa, la cuestión del desarrollo de las PYME no es una simple cuestión de financiación. 
También es muy importante que todos nosotros logremos las circunstancias apropiadas para las empresas, con menos papeleo y menos burocracia, para alentar a las PYME y a quienes están dispuestos a correr riesgos que consideren la posibilidad precisamente de obtener capital de riesgo en primer lugar. 
El de 1999 fue el primer año completo de ejecución de este conjunto de iniciativas, por lo que en la fase inicial debería haber sido relativamente sencillo informar al respecto sin que resultara demasiado polémico. 
Sin embargo, hay algunos elementos polémicos en el informe, esencialmente por el calendario de la Comisión para la publicación de su informe. 
En un anexo del informe he adjuntado el calendario detallado. Muestra que, si bien el proyecto de propuesta inicial de la Comisión se publicó en noviembre/diciembre de 1999, fueron necesarios, literalmente, cinco enteros meses para que el informe llegara ante el Parlamento. 
Después hubo otro retraso en el Parlamento, porque tampoco nosotros somos perfectos a ese respecto. 
Se tardó más de un mes en asignarlo a un ponente y después la suspensión estival de las actividades del Parlamento impidió programar el debate interno hasta octubre y noviembre. 
Pese a ese largo retraso, hubo más incompetencia- permítaseme decirlo- en la Secretaría, porque la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, con la Sra. Flesch de ponente, había preparado una enmiendas muy útiles al informe que no llegaron a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hasta después de que hubiéramos votado el informe. Conque tampoco eso fue brillante precisamente. 
He acordado con la Sra. Flesch que las enmiendas de la comisión cuentan hoy con mi apoyo total para que pasen sin problemas, pues hay varias contribuciones útiles en ellas. 
Quisiera añadir que en agosto pregunté a la Comisión por determinada observación que figura en el informe, según la cual en agosto habría alguna respuesta de las PYME sobre el proyecto. 
Sin embargo, la Comisión no respondió. 
Volví a preguntar en octubre dónde estaba esa información y por fin se me respondió: «¿Qué información espera usted? 
¡No entendemos!» 
Hasta ayer, literalmente, no recibí un mensaje por correo electrónico de la Comisión en el que declaraba que existía dicha información, pero había sido enviada a la Comisión de Presupuestos y no a nuestra comisión: una vez más, no precisamente brillante. 
Ayer, hablé en el debate sobre el informe Doorn relativo a SLIM en relación con la burocracia, ahora quisiera reafirmar esas observaciones, porque el hecho de que este informe tuviera que pasar por tantas direcciones diferentes antes de salir a la luz- incluidas las de asuntos jurídicos, presupuestos, supervisión financiera, secretaría general, asuntos regionales, innovación, empleo y asuntos sociales, investigación, Mercado Interior y competencia- no es una forma brillante precisamente de abordar un asunto importante. 
No hablo sólo en nombre de este informe, sino también- estoy seguro- de otros informes que deben pasar por el mismo sistema. 
Se trata de demasiada microgestión. 
Hay demasiados gestores participantes y, a consecuencia de ello, el proyecto acaba no gestionado plenamente. 
Por último, he hecho algunas observaciones sobre el interés del Banco Europeo de Inversiones de controlar el FEI. 
Puede que sea absolutamente acertado, dada su pericia en esos asuntos, pero queremos velar por que esos proyectos determinados reciban la prioridad que merecen. 
No siento particular confianza, pero estaremos vigilantes para ver cómo va. 
También he pedido una auditoría completa, no porque abrigue duda alguna sobre la probidad financiera, sino como simple sistema básico de supervisión de la gestión. 
En conclusión, permítaseme decir que la Comisión ya ha escrito al parecer el proyecto de informe para el año 2000. Quisiera pedir que se nos facilite ahora para que podamos hacer una contribución positiva, ahora que estamos a tiempo, y no repetir el calendario del presente informe. 
Aquí estamos, en enero de 2001 debatiendo y votando un informe que se publicó en 1999. Ya es historia. 
En relación con un asunto tan importante, queremos abordarlo en el presente para poder, así, determinar mejor el futuro. 
. (FR) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente y subrayar que no hay ninguna diferencia fundamental entre el enfoque de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, por una parte, y el de la Comisión de Industria por otro. 
Apoyamos, por tanto, las conclusiones del ponente, y en especial todo lo que ha dicho sobre los retrasos que deberíamos evitar en el futuro. 
Quizás, la Comisión de Industria haya insistido un poco más sobre la importancia de las PYME para el empleo, sobre la necesidad de facilitar el acceso al capital riesgo, sobre la necesidad de simplificar el entorno burocrático y administrativo y sobre una mejor coordinación entre los diferentes programas de la Comisión que interesan a las pequeñas y medianas empresas. 
Esta es la razón por la que habíamos presentado enmiendas y el ponente acaba de explicar que, por un cúmulo de desgraciadas circunstancias, estas enmiendas no le habían llegado a tiempo. 
Quisiera darle las gracias muy especialmente por haber tenido a bien aceptar, con posterioridad, las enmiendas 1 a 8 que recogen lo esencial de las enmiendas de la Comisión de Industria y que vienen a completar el informe del ponente. 
Señor Presidente, la cumbre de Niza ha sido una cumbre de decisiones timoratas pero no va a detener la evolución hacia una Unión Europea cada vez más fuerte. 
Si las medidas nacionales no son suficientes entonces debe intervenir Europa. 
Lo estamos viviendo con la EEB. 
De repente, todas las partes exigen una protección transfronteriza eficaz para el consumidor y una dura intervención para con los productos señalizados erróneamente. 
Lo estamos viendo también en la lucha contra el paro. 
Las PYMES notan la eficacia de las iniciativas puestas en marcha en el ámbito europeo para el crecimiento y el empleo con las que se quieren apoyar las medidas de los Estados miembros. 
Por ello, es muy importante que nuestros programas estén bien sopesados, los objetivos se describan con precisión y se llegue a los grupos objetivo correctos. 
Un primer balance de este programa son los 450 millones de euros destinados a las PYMES para impulsar el crecimiento. 
En nombre del Grupo del PPE saludo a Philip Bushill-Matthews por su informe que revela unos conocimientos muy detallados del tema. 
Apoyamos su crítica a las informaciones demasiado tardías y deficientes por parte de la Comisión. 
¿Cómo podemos controlar adecuadamente o incluso presentar propuestas de programas con contenido si nos vemos sometidos a esta enorme presión de tiempo? 
Necesitamos claridad sobre cuáles de los tres sistemas- capital inicial, avales, Joint Ventures- han logrado los mejores resultados, en qué Estados y en qué ramos se han creado empresas, si también las pequeñas empresas han tenido acceso al capital foráneo o si los datos provenientes de los círculos de las PYMES son ciertos, según los cuales sólo como consecuencia de inyecciones de intereses de 100 millones de euros han surgido más de 50.000 nuevos puestos de trabajo, qué edades se solicitan en especial y hasta qué punto han participado las mujeres. 
En conversaciones mantenidas con PYMES en mi circunscripción electoral se han quejado en repetidas ocasiones de que los créditos prácticamente sólo benefician a empresas de tecnología puntera. 
Creo que se debería llegar también a otras empresas innovadoras, como en la artesanía. 
También se debe tener más en cuenta la sostenibilidad de los servicios. 
Señor Presidente, recojamos la iniciativa de nuestro colega Bushill-Matthews de este excelente informe. 
Cuanto más precisas sean las informaciones tanto antes aumentará la confianza en las iniciativas provenientes de Europa. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, apoyo en gran medida este informe y en particular las iniciativas en que se basa el Plan de ayuda inicial del MET y el Mecanismo de gestión para las PYME. 
Estoy seguro de que en toda esta Asamblea se comparte la opinión sobre la importancia que tienen las empresas pequeñas. 
En mi país, el Reino Unido, el número de trabajadores en las empresas pequeñas ha aumentado, de hecho, un 50 por ciento desde 1980 y ahora hay una empresa pequeña por cada 13 adultos de la población. 
Las empresas pequeñas son importantes no sólo por los puestos de trabajo, sino también por el comercio en esta Unión Europea. 
Recuerdo haber hablado con el consejero de la embajada británica que se ocupa de Bélgica y de los países del Benelux y de las exportaciones a dichos países, quien me dijo que la inmensa mayoría- más del 90%- de las solicitudes de que se ocupa no son de grandes empresas que quieran exportar, sino de empresas pequeñas. 
Conque es algo muy pertinente para nosotros en esta Asamblea. 
Es pertinente por el proceso de Lisboa. 
Acogimos con beneplácito las conclusiones de la Cumbre de Lisboa del año pasado: el avance en materia de flexibilidad, el avance en materia de espíritu emprendedor, de innovación, que se reflejaron en ella. 
Se deben considerar esos mecanismos en gran medida como lo fundamental de los intentos con vistas a la consecución de esas metas económicas. 
También quisiera abandonar los antiguos usos y felicitar al Sr. Bushill-Matthews. 
Llevo un año, más o menos, con él en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y le he oído pronunciar el mismo discurso una y otra vez sobre la desreglamentación y el exceso de burocracia en el nivel europeo. 
Esta vez se le ha ocurrido, en realidad, algo constructivo, conque bien hecho, señor Bushill-Matthews. 
Me alegro de que su Señoría haga algún trabajo o al menos otros lo hagan en su nombre. 
Lo felicito en particular por sus conclusiones respecto de la necesidad de mayor transparencia y velocidad- apoyo absoluto al respecto- y sobre la importancia de los sectores de tecnología avanzada: sí, pero no sólo ésos. 
Además, me sorprende mucho que su Señoría insista en la necesidad de aumentar la participación femenina en las empresas pequeñas. 
Lo felicito por apoyar eso. 
Me habría gustado que hubiera habido algo más sobre la economía social. 
Es justo considerar nuestras empresas cooperativas como parte del sector de las empresas pequeñas. 
Son particularmente importantes en materia de creación de puestos de trabajo entre los grupos desfavorecidos en el mercado laboral. 
Son particularmente importantes en materia de empleo socialmente útil, por lo que se trata de una omisión. 
No se debe tratarlas de forma diferente; se debe prestarlas ayuda suplementaria. 
Tal vez la Comisión podría referirse a eso al final del debate. 
También quisiera expresar mi apoyo particular a la enmienda 3 del Grupo Socialista. 
Vamos a apoyar todas las enmiendas en el sentido de que las garantías bancarias correspondientes al capital de riesgo siguen siendo demasiado estrictas, demasiado conservadoras y en realidad impiden a los empresarios crear puestos de trabajo en el Reino Unido y en otros países europeos. 
Permítaseme concluir diciendo que ayer el Gobierno del Reino Unido publicó un documento, titulado Think small first, sobre la necesidad de que todos los departamentos del Gobierno piensen en las empresas pequeñas, no sólo sobre la disponibilidad de fondos, sobre la que estamos hablando en este debate, sino también sobre el marco macroeconómico global y el asesoramiento y los conocimientos especializados que necesitan como apoyo para que lleguen a ser prósperas. 
En esta Unión Europea debemos seguir esa iniciativa y velar por que todas las Direcciones Generales, todos los servicios de la Unión Europea pongan por delante a las empresas pequeñas. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Bushill-Matthews por su informe. 
Ha hecho un gran trabajo a pesar de las complicadas condiciones, en el Grupo ELDR estamos de acuerdo con sus conclusiones y asimismo con las enmiendas provenientes de la Comisión de Industria. 
Existen naturalmente muchos caminos diferentes para alcanzar el pleno empleo, sin embargo, éste no es posible sin progreso económico y sin una fuerte capacidad competitiva. 
Ésta fue también la conclusión de la cumbre de Lisboa el año pasado cuando precisamente se hacía hincapié en el crecimiento y en el desarrollo como el camino hacia una mayor tasa de ocupación en la UE. 
Y así son naturalmente las pequeñas y medianas empresas las niñas mimadas de todos los políticos. 
Así sucede en cualquier caso cuando en los brindis valoramos su importancia para el desarrollo económico y para el empleo. 
No obstante, cuando se habla del día a día, la realidad ofrece con demasiada frecuencia una cara distinta. 
Se ponen en el camino demasiados obstáculos en forma de normas burocráticas que hacen a muchos desistir de ponerse en marcha. 
Faltan incentivos para asumir un riesgo, lo cual estorba el desarrollo y el dinamismo. 
No podemos pasar por alto la existencia en general de una menor voluntad a la hora de asumir riesgos en la UE que en los EE.UU., que queda reflejada en un menor dinamismo en el desarrollo de nuevas empresas. 
De ahí que considere también muy importante garantizar que estos programas, que a través del Banco Europeo de Inversiones proporcionan a las pequeñas y medianas empresas nuevas posibilidades de financiación, lleguen a funcionar lo más eficazmente posible desde el punto de vista de las empresas. 
La existencia de estos programas debe ser dada a conocer, se debe garantizar la continuidad con otros programas, y por supuesto, se debe garantizar que los pagos no se retrasen, sí, que los programas funcionen de la forma menos burocrática posible. 
Esta crítica debe ser tenida en cuenta para que nuestros amables sentimientos hacia las pequeñas y medianas empresas no sólo se manifiesten en los bellos brindis, sino también en la práctica. 
Debemos garantizar también que los programas funcionen desde un punto de vista global y me alegra por ello el deseo manifestado por el Sr. Bushill-Matthews de que la Comisión haga un seguimiento y observe el efecto de los programas sobre el empleo. 
Señor Presidente, Señorías, es realmente sorprendente los buenos informes que han surgido a pesar de que la base proporcionada por la Comisión es totalmente insuficiente. 
El ponente propone entrevistar a empresas que no han hecho uso de ninguno de los programas de ayuda. 
Como pequeño empresario he preguntado a un gran número de colegas. 
El juicio que se escucha casi unánimemente es del siguiente tenor: en los fondos de inversión europeos y en especial en los diversos componentes de los Amsterdam Special Action Programme ASAP respecto a las PYMES y al fomento del empleo, las pequeñas empresas perdemos la visión de conjunto pues existe un gran número de subprogramas en los que además las competencias están distribuidas de modo diferente. 
Por ejemplo, la facilidad normal de garantía para las PYMES, la iniciativa para el crecimiento y el empleo, la iniciativa para el crecimiento y el medio ambiente, la facilidad tecnológica EIF, el programa ETF Start-up, nuevos subprogramas sobre la innovación que desde Lisboa dependen de EIF-ETF, e-Europe, e-Learning, etc. 
¿Cómo están delimitados entre si y dónde tengo que presentar yo como empresario las solicitudes para mis ideas de proyectos? 
El mismo problema lo tiene el Parlamento Europeo desde otro lado si veo como se desarrolla en general ASAP, pues a este respecto no hay una exposición coherente en los informes de rendición de cuentas del BEI y del EIF. 
A veces se habla de modo general del fomento de las PYMES en toda su dimensión y a veces se exponen los diversos componentes de ASAP en contextos diferentes. 
Políticamente también hay que criticar algunas cosas en la orientación de ASAP. 
La iniciativa de crecimiento y de medio ambiente no ha recibido más fondos. 
Apunta además a una protección del medio ambiente totalmente anticuada y no preventiva sino que actúa a posteriori. 
El resto, crecimiento y empleo, ETF, etc., aunque ha sido continuamente incrementado sin embargo se centra en algunos pocos sectores de alta tecnología, sobre todo en la innovación, la comunicación y la ingeniería genética. 
En muchos casos estas PYMES no son atendidas directamente sino que la solicitud se realiza a través de mediadores, por lo general, capital riesgo y fondos de inversiones tradicionales que obtienen del BEI los créditos y garantías y ante los cuales tienen que presentarse las PYMES. 
De este modo, aparte del BEI nadie sabe qué PYMES se han promovido para qué proyectos y cuántos puestos de trabajo surgen. 
En las apreciaciones de los efectos sobre el empleo de estos programas, el BEI no ha dado por ello hasta ahora ninguna cifra concreta sino que realiza una simple apreciación macroeconómica. 
Dentro de 5 ó 10 años tendremos informaciones más exactas sobre lo que ha aportado todo esto. 
Lenguas malignas dicen que ASAP en lo esencial sirve para fortalecer el mercado europeo de capitales de riesgo para la información y la comunicación, la ingeniería genética y la formación de empresas pero que no extrae un balance ni examina en realidad más de cerca la intensidad de la creación de empleo. 
La homepage del BEI con la lista de los fondos a los que el BEI ha dado créditos y garantías alimenta esta opinión. 
Señor Presidente, Señorías, ésta es una de esas materias en las que no podemos tener y no tenemos dudas ni vacilaciones de orientación política. 
En primer lugar, se mantiene la importancia crucial de los programas dirigidos al fomento del empleo y del crecimiento, a pesar de que en los últimos años ha habido algunas señales positivas. 
En segundo lugar, es absolutamente clara y decisiva la importancia estratégica de las pequeñas y medianas empresas en esa esfera, como ya se observaba en la formulación de la iniciativa para el aumento del empleo, que fue reforzada recientemente con las orientaciones de la Cumbre de Lisboa. 
Y también yo subrayo aquí, como el ponente, al que felicito, la conclusión de la Cumbre de Lisboa que pide un clima de incentivo del fomento de las pequeñas y medianas empresas, en particular un marco reglamentador propicio para la inversión, la innovación y el espíritu empresarial. 
En tercer lugar, todos tenemos claramente presentes el imperativo particularmente duro, pero también la nueva oportunidad, que la mundialización de las economías representa para las pequeñas y medianas empresas. 
Y, en cuarto lugar, es esencial para Europa y para los Estados miembros vencer en muchas esferas el retraso comparado que aún existe entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
En el seguimiento de esta materia es indispensable que dispongamos de información puntual y de calidad. 
Ahora bien, no ha sido así. 
Comparto las críticas del ponente y pido también que se nos presente a tiempo el proyecto de informe 2000, de aquí a marzo de este año, porque, si no, las críticas duras que no hacemos este año tendremos que hacerlas con más severidad el año que viene. 
Es indispensable que la Comisión, en los procedimientos de informe, reconozca y haga reflejar en la calidad de los instrumentos de análisis la prioridad y la importancia que reconocemos a esas esferas. 
Al concluir, creemos que debemos mejorar nuestro desempeño: me sumo al ponente cuando sostiene que el interés por los sectores de la tecnología avanzada y del conocimiento no debe significar que olvidemos a las empresas de estructura más tradicional en los sectores del turismo, del comercio, del artesanado y de los servicios en general. 
Vamos a prestar atención a las enmiendas, ya que es preciso evidenciar mayor capacidad de movilización del capital de riesgo y las enmiendas complementan bien, a nuestro juicio, el informe. 
Señor Presidente, habitualmente, Europa tiene dificultades para apreciar el impacto de las políticas públicas, aunque este no es el caso en este informe. 
Encuentro, por tanto, interesante, la estimación que se hace en el mismo de los efectos del programa sobre la creación neta de empleo. 
Además, desde el acuerdo del Consejo "Asuntos Sociales", del 20 de diciembre pasado, sobre el estatuto de la sociedad europea, el horizonte jurídico y administrativo de la PYME se despeja. 
Esto es esencial, pues las PYME representan el 99,8 % del total de empresas y emplean al 66 % de la mano de obra europea. 
Sin embargo, el concepto de PYME sigue cubriendo una categoría desván que agrupa a una gran variedad de estructuras y de situaciones. 
La gran mayoría de ellas son empresas que emplean como máximo a 10 trabajadores. 
Es lamentable que sus características específicas no estén reconocidas y que no se beneficien de medidas especiales. 
Contrariamente a la Comisión de Industria que lo menciona en su informe, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no hace mención a este reconocimiento. 
Del mismo modo, el programa de ayuda no debería reservarse a las grandes PYME que utilicen o produzcan tecnología punta. 
El sector tradicional debería poder beneficiarse del mismo plenamente. 
Pienso muy especialmente en la artesanía, generadora de empleos, de saber hacer y de innovación. 
Desde esta perspectiva, apoyo el programa de planes de ayuda a la puesta en marcha destinado a las pequeñas PYME. 
Por el contrario, soy más escéptico en cuanto a la idea de animar a los Estados miembros a modificar su legislación fiscal. 
La creación que se pretende es de una estructura europea única para los fondos de inversión de capital riesgo que funcione paralelamente a las estructuras nacionales. 
Esto corre peligro de complicar los procedimientos administrativos para las pequeñas PYME que no tienen necesariamente los medios para asumirlos. 
Señor Presidente, me es muy grato intervenir sobre este importante texto presentado por el Sr. Bushill-Matthews quien me honra con su amistad. 
Me satisface que este informe, tan importante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Europa, se haya elaborado tan bien y espero que también en el futuro el Sr. Bushill-Matthews pueda ser el faro que ilumine todas las medidas legislativas de la Unión Europea para las pequeñas y medianas empresas. 
Ciertamente es uno de los diputados más competentes en esta materia que, tras la caída del comunismo, se ha convertido en extraordinariamente importante. 
Todos nosotros sabemos que el comunismo y los países del Este ahogaban la libre iniciativa y que en los países comunistas no existían los pequeños empresarios. 
Ahora hemos demostrado la superioridad del sistema económico de la libre iniciativa. 
Por eso, invito al Sr. Bushill-Matthews a que en el futuro recuerde- y a la Sra. Comisaria Schreyer que se acuerde ahora y en el futuro- que, además de las importantes iniciativas propuestas en este informe, sería conveniente invitar a los Estados miembros e insistir ante los mismos a fin de que la pequeña y mediana empresa que comienza una actividad gozara de exención de impuestos al menos durante los primeros cinco años. 
Quien emprende una libre iniciativa genera como mínimo un puesto de trabajo, el trabajo para sí mismo y con frecuencia para sus familiares y para algunos trabajadores. 
Creo que esta propuesta causará buen efecto al oído del Sr. Bushill-Matthews, notoriamente contrario a las imposiciones fiscales, motivo por el cual espero que tanto él como la Comisaria Schreyer la acepten. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar al Sr. Bushill-Matthews por este importante informe. 
Quiero decirle asimismo que le agradezco que haya aceptado las enmiendas que propuse y que, en relación con algunos puntos y algunas cuestiones de fondo, han mejorado el propio informe. 
Creo que apostar por el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y por lo que ésta implica, también como recuperación del desempleo generado por la gran empresa, es un hecho positivo extraordinariamente importante. 
En consecuencia, apoyar a las empresas, crear una cultura favorable a su creación y a su desarrollo, incentivar la investigación y muy en especial los sectores punta es una prioridad para Europa. 
También es una prioridad que el Parlamento Europeo pueda realizar un control no solo de los proyectos, sino también de los resultados alcanzados gracias al empleo de fondos asignados por esta Europa. 
Esto se me antoja muy importante, así como el hecho de que se hayan añadido a las pequeñas y medianas empresas también los sectores de la artesanía, del comercio, del turismo- tal como puse de relieve- y de los demás servicios. 
Debemos llegar a entender que, hoy por hoy, la circunstancia de un puesto de trabajo para toda la vida ya no existe, que es necesario reinventarse el trabajo y que el sector de la pequeña y mediana empresa y de la artesanía brindará cada vez más a nuestros jóvenes y a los ciudadanos europeos del futuro oportunidades concretas de empleo. 
Ésta es la inversión fundamental para Europa y es en esto que debemos seguir creyendo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a nuestro colega, Sr. Bushill-Matthews, por su informe, el cual está elaborado con un profundo conocimiento del tema. 
Aunque las PYME emplean ya a las dos terceras partes de la mano de obra de la Unión Europea, las empresas de este ámbito cuentan aún con capacidad de creación de empleo. 
En el marco de la creación de empleo, entrañan gran importancia las subvenciones para la constitución de empresas, así como el capital de riesgo, puesto que, según se desprende de los estudios realizados, las PYME llegan a utilizar para la contratación de trabajadores entre un 80% y un 90% de los recursos adquiridos en los mercados de capital de riesgo. 
Debemos apoyar enérgicamente a las pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento, independientemente del sector de actividades. 
También hay que prestar cada vez más atención a propiciar la internacionalización de estas empresas con objeto de que las PYME puedan beneficiarse totalmente de las ventajas aportadas por el mercado interior. 
En este sentido, también existen grandes esperanzas fundadas en la homogeneización de los sistemas de garantías y en la reforma de la legislación en materia de créditos hipotecarios, cuya realización esperamos en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Comparto completamente la visión del ponente en cuanto a que la Comisión deberá en adelante informar con más rapidez en lo concerniente a los progresos de esta importante iniciativa. 
La relación de actividades de los beneficiarios de estos fondos deberá ser incluida en los informes futuros de la Comisión, a fin de poder corregir con rapidez los usos indebidos. 
Para terminar, quisiera llamar la atención sobre las normas encaminadas a facilitar el regreso a las actividades comerciales de los empresarios que han sufrido quiebras. 
A pesar de que el riesgo empresarial ha mostrado ya una vez su cara negativa a este grupo de empresarios, ello no quiere decir que en el futuro vuelva a pasar lo mismo. 
Es más, los empresarios que han sufrido quiebras deben ser considerados como un recurso para Europa que no debemos omitir. 
También quisiera resaltar la gran importancia que tienen las pequeñas empresas desde el punto de vista de la competitividad de las grandes empresas europeas. 
Las pequeñas empresas suelen ser proveedoras de nuestras gigantescas empresas europeas, y ello confiere a estas pequeñas empresas un estatus aún más relevante en el marco de la competitividad de toda Europa. 
Señor Presidente, me alegra que se presente hoy este informe. 
Precisamente como empresario deseo felicitar a la Comisión por haber trabajado tan excelentemente sobre estos tres campos mostrando las carencias existentes en Europa. 
En la creación de empresas falta sencillamente capital inicial, por lo que muchos jóvenes empresarios tienen que tirar la toalla muy pronto. 
La exportación representa naturalmente también un riesgo, por lo que precisamente en la fase inicial es especialmente importante que se apoye financieramente a los Joint Ventures. 
El aval sirve para que cualquiera que esté dispuesto a convertirse en empresario no ponga automáticamente en peligro su existencia y pueda arruinarse al menos financieramente para el resto de su vida. 
Si pensamos que en Europa se encuentran a disposición unos 7 mil millones para capital de riesgo y en los Estados Unidos 12 mil millones, deberíamos recapacitar sobre cómo podemos compensar esta diferencia. 
¿Qué podemos hacer en especial en lo referente a la agricultura? 
Precisamente la EEB sería un estímulo para recapacitar sobre qué empresas jóvenes podemos crear para garantizar mejor la seguridad en los alimentos, realizar análisis de sangre, desarrollar terapias, etc. Aquí existe una urgente necesidad de actuar. 
Además, quiero subrayar que para los empresarios jóvenes es importante obtener lo más rápidamente posible y con fiabilidad una respuesta. 
Se deberían establecer unos plazos dentro de los cuales se pueda tomar partido con un claro sí o no, de modo que no surja ningún riesgo innecesario. 
También es importante la aplicación de la directiva para combatir el retraso en los pagos, para que dentro de un plazo determinado se tenga realmente el dinero en la mano. 
Creo que aquí existe aún una actitud muy vacilante. 
La Comisión debería proponer una gestión de proyectos, desarrollar los métodos "Best Practice", introducir Benchmarks, en base a los cuales se compruebe cuánto tiempo transcurre desde la primera solicitud hasta la creación con éxito de puestos de trabajo, que sigan los flujos de los pagos y que a la postre todo se exponga ante la opinión pública. 
En el sector PR sería pensable introducir un premio "joven empresario del año" con el que se recompense a los empresarios que hayan creado el mayor número de puestos de trabajo en cifras absolutas y porcentuales. 
Esto demostraría a nivel europeo y también en los Estados miembros que estamos realizando correctamente. 
Señor Presidente, estoy aquí sustituyendo a Pedro Solbes Mira. Voy a pronunciar su discurso en inglés, en honor también del ponente. 
El informe versa sobre el primer informe anual sobre la i precisamente niciativa para el crecimiento y el empleo. 
Esa iniciativa va encaminada a prestar asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas innovadoras y creadoras de puestos de trabajo como paso adelante con vistas al desarrollo de un ambiente empresarial propicio para la inversión, la innovación y el espíritu empresarial. 
También está en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, en las que se fijaron los objetivos de fortalecimiento del empleo, reforma económica y cohesión social para una economía basada en el conocimiento como nueva meta estratégica para la Unión. 
Quisiera abordar las observaciones principales formuladas en el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales preparado por el Sr. Bushill-Matthews. 
En primer lugar, en el informe se observa que el proceso de presentación de informes de la Comisión es demasiado lento, por lo que causa retrasos en la recepción de los informes por el Parlamento. 
Al mismo tiempo, en el informe del Parlamento se afirma que hay falta de información, en particular en relación con la respuesta de las pequeñas y medianas empresas beneficiarias de la Iniciativa para el crecimiento y el empleo. 
En mi opinión, esos dos asuntos están interrelacionados y son consecuencia de la forma como están concebidos los instrumentos financieros que forman parte de la Iniciativa para el crecimiento y el empleo. 
Están concebidos para que comprometan recursos presupuestarios destinados a instituciones financieras tales como fondos de capital de riesgo, planes nacionales de garantía y bancos comerciales que actúan de intermediarios para las PYME beneficiarias finales. 
A ese respecto, la información relativa a los compromisos y los giros destinados a instituciones financieras en un año determinado está disponible durante el primer trimestre del año siguiente. 
Por otra parte, la información procedente de las pequeñas y medianas empresas relativa a un año determinado sólo está disponible en relación con todos los instrumentos en el último trimestre del año siguiente. 
Eso quiere decir que en un informe anual redactado al final de abril figurarán datos estadísticos correspondientes al año anterior en el nivel financiero intermedio y en el nivel de las PYME, datos estadísticos detallados correspondientes al año anterior. 
Esas escalas temporales indican por qué en el informe anual correspondiente al año 1999, que fue el primer año completo de ejecución del programa, no podía figurar información detallada en el nivel de las PYME. 
Eso nos da pie para la siguiente declaración: la racionalización de la Iniciativa es un objetivo compartido por el Parlamento y la Comisión. 
Sin embargo, no se puede hacer anualmente una remodelación de los instrumentos financieros de la Iniciativa. 
En primer lugar, los participantes en el mercado podrían sentirse confusos y podría resultarles difícil apreciar las razones para esos cambios. 
Además, se necesita una evaluación detallada de esos instrumentos basada en un criterio "de abajo arriba". 
Respecto del Sistema de la Empresa Conjunta Europea, que es el que ha recibido menos solicitudes de los tres instrumentos financieros de la Iniciativa para el crecimiento y el empleo, el programa multianual para las empresas prevé una simplificación del plan para permitir a los intermediarios financieros y a los servicios de la Comisión abordar las solicitudes de las PYME de contribuciones financieras con mayor celeridad. 
También se examinará la posibilidad de que se adopten los criterios de idoneidad para atender con mayor eficacia las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. 
Respecto de la reforma del Fondo Europeo de Inversiones, es incorrecta la afirmación del informe de que la Comisión ya no puede utilizar directamente el FEI como instrumento para la financiación de las PYME. 
Como antes, los planes actuales y futuros de la Comunidad confiados al Fondo Europeo de Inversiones serán gestionados por separado con cargo a sus propios recursos, conforme al principio establecido y supervisado por los servicios de la Comisión. 
Por último, en el informe se pone en entredicho la estructura fiscal de los fondos de capital riesgo y se pide a la Comisión que aliente a todos los Estados miembros a aprobar leyes que permitan la creación de fondos fiscalmente transparentes en su país y el reconocimiento de los fondos transparentes establecidos de forma similar en otros Estados miembros. 
En la comunicación de la Comisión sobre el plan de acción en materia de capital de riesgo ultimado en octubre de 2000 se ha abordado recientemente ese asunto, que reviste gran interés para la Comisión. 
Como se dice en el informe, " la estructura fiscal podría obstaculizar la inversión transfronteriza creando trabas fiscales específicas o incluso discriminando a los inversores extranjeros. 
La forma más eficaz de lograr una reacción amplia ante esos obstáculos podría ser la de una acción coordinada en el nivel de la UE. 
En cualquier caso, los Estados miembros tienen que velar por que los tratados fiscales y todos los demás instrumentos legislativos en materia de fiscalidad impidan la doble fiscalidad de los dividendos en la inversión transfronteriza ". 
Para terminar, ahora que ha concluido la reestructuración del Fondo Europeo de Inversiones, los servicios de la Comisión y el FEI están trabajando juntos para aplicar progresivamente las decisiones del ECOFIN y del Consejo de Industria, en particular con el programa multianual para las empresas. 
Desde un punto de vista realista, el Parlamento no debe esperar resultado substancial alguno antes de 2003 o 2004, aunque antes se podría disponer de indicios preliminares en particular procedentes de los planes de garantía. 
Permítaseme añadir, como Comisario encargado del presupuesto, que la Comisión ha acogido con beneplácito la decisión del Parlamento correspondiente al presupuesto para 2001 de aumentar los importes para préstamos y subvenciones disponibles para las PYME. 
Ha sido una señal importante para las pequeñas y medianas empresas y un paso importante con vistas a la consecución de los fines de Lisboa de creación en la Unión Europea de una economía moderna basada en el conocimiento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Situación de los trabajadores fronterizos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0338/2000) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la situación de los trabajadores transfronterizos (2000/2010 (INI). 
Señor Presidente, también ha supuesto una sorpresa para mí que este debate figure en el orden del día. 
Llevo ya más de 21 años en la política, en la Cámara Baja, y también en el Parlamento Europeo, y siempre me ha fascinado el expediente del trabajo fronterizo. 
Me fascina no sólo porque me enfrente diariamente a los problemas que experimentan los trabajadores fronterizos al vivir en un Estado miembro y trabajar en otro, sino que también me fascina porque es una materia con un trasfondo muy técnico, que cada año debe ser actualizado. 
Me fascina, así mismo, porque muestra que los parlamentos, especialmente los parlamentos nacionales, no actúan con suficiente rapidez. 
Me fascina, además, porque lo que la política aparentemente no logra regular, lo regula el Tribunal de Justicia Europeo y, una y otra vez, da un toque a los Estados miembros para que corrijan bien los errores que existan. 
Eso me lleva a efectuar una observación acerca de la Comisión Europea. 
No tengo nada que reprochar a la Comisión Europea. 
Es especialmente el Consejo, son los miembros del Consejo los que no están dispuestos a que el trabajo fronterizo se abra camino y se lo dejamos, por tanto, en tanto políticos, políticos nacionales especialmente, al Tribunal de Justicia Europeo. 
Creo que eso no puede continuar así, considero que no debe volver a ocurrir, y que debemos intentar con toda nuestra fuerza y por todos los medios cambiar esa situación. 
Lo que pretendo con mi informe, y doy las gracias a los colegas que han participado en él, doy las gracias, así mismo, a los antecesores que han trabajado en él, son cuatro cosas. 
Antes de nada, solicito a la Comisión que elabore urgentemente una directiva en la que figure un informe sobre los efectos fronterizos. Es una solicitud que ya se viene efectuando desde 1991 a la Comisión Europea y a los Estados miembros, respectivamente. 
Con un informe sobre los efectos transfronterizos, nos referimos a que cada vez que un Estado miembro modifique su legislación social, fiscal, o de salud pública, se realice una evaluación de los efectos que tienen en las personas que viven en un Estados miembro y trabajan en otro ¿Por qué? 
No porque con ello se arregle algo, sino porque con ello se actúa de forma preventiva, porque con ello se evita que surjan problemas. 
Ese expediente lleva ya, creo, dos años sobre la mesa del Consejo de Ministros, los Ministros de Asuntos Sociales. 
En él figuran algunas mejoras para los trabajadores fronterizos, y también, y el colega Doorn habló ayer sobre SLIM, muchos asuntos que lo simplifican, lo hacen más fácil y más legible. 
El Consejo debe hacer algo al respecto, nosotros, en tanto Parlamento, aplicamos la codecisión en ese expediente. 
El Consejo debe, sin embargo, decidir por unanimidad y espero que pueda hacerse algo. 
La tercera cuestión es que considero que la Comisión debería estar algo más alerta respecto de todos los tratados fiscales bilaterales que se concluyen, a fin de ver si los principios por los que la fiscalidad del país de trabajo y la seguridad social van parejos a fin de evitar problemas y evitar que la gente no disfrute ni del primero ni del segundo. 
La Comisión debería hacerse algo más estricta en ese punto: debe controlar y examinar algo más los tratados fiscales bilaterales, también en la fase inicial. 
Mi cuarta cuestión es la relativa a los gastos de enfermedad, la posibilidad de que la asistencia médica tenga lugar en otro Estado miembro. 
También aquí ha fallado la política. 
Tenemos sentencias del Tribunal de Justicia al respecto, Kohll y Decker son las más famosas, y también conozco en mi propia región, procedo de una región fronteriza, algunas personas que han acudido al Tribunal. 
Señor Presidente, ni los Estados miembros ni la Comisión han presentado nunca una nota al Parlamento sobre esa cuestión. 
Es negativo. 
No debemos dejárselo a los jueces, en tanto políticos, debemos ser capaces de hacer algo. 
Sé muy bien que con el anterior Comisario, el Sr. Flynn, circulaba una nota. 
Sé que los resultados de la misma no se consideran agradables. 
No obstante, eso significa que ahora hay que dar de una vez, y se lo pido a la Comisión, transparencia y claridad. 
La posición de los trabajadores fronterizos en activo y también la de los que ya no lo están, está aquí en juego. 
En lo que a las sentencias Kohll y Decker respecta, esto se aplica a todas las personas que viven cerca de la frontera. 
Pido a sus Señorías que voten a favor del informe y, ciertamente, de las enmiendas que he presentado. 
Lo hago porque el trabajo fronterizo ya no es un problema de la vieja Unión de 15 miembros. También resulta importante para el funcionamiento del mercado y para los nuevos socios. 
De ahí que pida un respaldo lo más amplio posible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar a la colega Ria Oomen-Ruijten por haberse ocupado en un informe por propia iniciativa del Parlamento Europeo de la situación de los trabajadores fronterizos. 
Las situaciones son muy diversas y diversos son también los problemas que seguimos encontrando también en el mercado interior europeo entre cuyos puntos centrales se incluye la libertad de circulación de los trabajadores fronterizos. 
Se trata de problemas que hacen que las personas cuestionen a la Unión Europea como tal. 
Como diputado en una región fronteriza con Luxemburgo, Bélgica y Francia, conozco estas cuestiones en todos sus aspectos. 
¿Porqué el pensionista alemán que depende de una diálisis sólo puede reclamarla durante un tiempo limitado en unas vacaciones en Francia? 
La madre de familia tiene en Alemania inmediatamente derecho a una remuneración por educación de los niños en cuanto tiene su segundo hijo pero no si su marido trabaja en Luxemburgo. 
¿Puede en Bélgica la tía que precisa de cuidados ser atendida también en Alemania cerca de donde están sus parientes? 
Los derechos de pensiones adquiridos en Italia tienen que pasar unos gigantescos obstáculos antes de que lleguen a los pensionistas alemanes. 
¿Y porqué el alcalde honorario en Alemania cuando percibe una indemnización por gastos tiene que someter a impuestos de repente en Alemania todos los ingresos que percibe en Luxemburgo? 
La empresa luxemburguesa se defiende contra estos obstáculos y costes adicionales y el puesto de trabajo corre peligro. 
Es decir, se rechaza el puesto de alcalde. 
Los trabajadores fronterizos tienen que ser flexibles para poder sobrevivir en el confusionismo de las leyes a ambos lados de las fronteras. 
Quien busca un puesto de trabajo al otro lado de una frontera en el mercado interior europeo, necesita también una seguridad jurídica en una Europa unificada, en especial en el sector jurídico social. 
Los diputados de las regiones fronterizas en la Unión Europea exigimos a la Comisión y al Consejo que aporten más justicia social por encima de las fronteras. 
Hemos logrado muchas cosas pero aún hay que ordenar muchas más. 
El informe de la Sra. Oomen-Ruijten muestra las exigencias justificadas de las personas en las regiones fronterizas. 
El mercado interior tiene que completarse también en el mercado laboral si queremos construir Europa como algo homogéneo. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera empezar agradeciendo a Ria Oomen-Ruijten la buena colaboración que ha existido en el marco de la elaboración de este informe. 
Creo que ha sido una buena idea que, gracias a un informe de iniciativa, se desempolvaran algunos requisitos que el Parlamento fijó en 1998 con motivo de mi informe, basado en una petición de los trabajadores fronterizos. 
En efecto, en estos tres años no ha sucedido mucho en el plano jurídico. 
A menudo, hemos dicho que las regiones fronterizas son algo así como el barómetro de la integración europea. 
Si esto es así, creo que esta integración no se encuentra hoy en su mejor momento, ya que se ha avanzado poco, solamente gracias al Tribunal de Justicia se ha hecho algo. 
Lamento, además, que los exámenes sobre los efectos fronterizos no hayan figurado en la agenda social, y que el tratado de Niza no nos haya aportado ningún avance en lo que a la toma de decisiones en cuanto al reglamento 1408/71 se refiere, algo que tan sólo dificulta la cuestión. 
Entre tanto, el mundo no está tranquilo y en todos los países se están llevando a cabo reformas fiscales, las legislaciones en materia de seguridad social cambian constantemente, los sistemas legales se perfeccionan con sistemas complementarios y hay muchos países que, en el marco de la reconciliación del trabajo con la familia y el tiempo libre, inventan todo tipo de regulaciones sobre la interrupción de la carrera profesional que luego sólo sirven para los propios residentes y, desgraciadamente, no son aplicables a los trabajadores fronterizos. 
Doy toda la razón a la Comisión Europea al investigar una reglamentación belga sobre interrupción de la carrera profesional que, lamentablemente, no es aplicable a los neerlandeses, mientras que la reglamentación de los Países Bajos sí es aplicable a los belgas. 
Los trabajadores fronterizos se ven adicionalmente perjudicados respecto de otros ciudadanos que hacen uso de la libre circulación de personas. 
Con frecuencia, viven en un país y trabajan en otro, pagan impuestos en el primero y sus contribuciones sociales las abonan en el segundo. 
Si deseamos que exista alguna coherencia entre la política fiscal y la política en materia de seguridad social en un país, es una utopía pensar que esto pueda suceder entre países distintos, y de ahí que los trabajadores fronterizos continúen siendo las víctimas. 
Incluso los federalistas más convencidos de entre nosotros no se atreven a soñar con la utopía de que alguna vez exista un sistema de seguridad social armonizado o una fiscalidad armonizada en el ámbito europeo. 
Debemos, por tanto, buscar otras soluciones creativas. 
Quisiera mencionar dos. 
El informe Oomen-Ruijten, primero y sobre todo, desempolva de nuevo, con razón, el requisito del Parlamento Europeo en cuanto a la elaboración de un informe obligatorio sobre los efectos fronterizos por los Estados miembros respecto de todas las modificaciones que guarden relación con la seguridad social y la fiscalidad, con una compensación ante las desventajas que pudieran ocasionarse a los trabajadores fronterizos, una práctica que, además, se aplica tímidamente en algunos países. 
Mi Grupo también tiene algún problema con el aligeramiento del texto realizado por la Sra. Oomen-Ruijten en su día. 
Consideramos que el examen debe continuar siendo urgente y la compensación debe ser obligatoria. 
En segundo lugar, debemos atrevernos a ir algo más allá de nuestras conclusiones de 1998. 
Entonces, no pudimos eliminar la situación de incertidumbre de los trabajadores fronterizos. 
Finalmente, debemos decantarnos por un principio de recaudación, o el de país de residencia o el del país en el que se trabaja. 
Creo que sobran los argumentos para elegir el país en el que se trabaja. 
Creo que mi Grupo también votará en contra de las enmiendas de la Sra. Oomen-Ruijten y contra las del Sr. Manders que pretenden eliminar este principio. 
Espero que este informe salga intacto del Pleno, y que los trabajadores fronterizos logren, por fin, otro avance. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Oomen todo el trabajo que ha realizado. 
Ella misma ha señalado que se trata de un asunto importante en el que se ha hecho poco, al que la política apenas presta atención y, evidentemente, resulta difícil conseguir la unanimidad. 
Sin embargo, tengo algunas observaciones al respecto y eso también resulta de mis enmiendas. 
También yo mismo vivo en una región fronteriza y diariamente veo gente de mi entorno que va a trabajar a otro país, bien sea Alemania o Bélgica, en cualquier caso, cruzan la frontera. 
Lo que veo es que también el reglamento sobre la seguridad social, nº 1408, se refiere a los trabajadores que están establecidos en el país en que trabajan, y residen y hacen su vida allí. 
Opino que, y he presentado dos enmiendas en ese sentido, es positivo que se aclare ahora la situación. 
Estoy de acuerdo al respecto y así se lo he comunicado a la Sra. Oomen. 
No obstante, sí considero que debe figurar que si tras dieciocho meses o después de dos años debe realizarse una evaluación, y si de ésta resulta que existen desventajas desmedidas para los trabajadores fronterizos, entonces, debe existir la posibilidad, y quiero verlo recogido en el informe, de hacer otra elección. 
La Sra. Oomen se aparta del principio del país de trabajo. 
Creo que todavía no se ha dicho que ese principio resulta siempre interesante y positivo para los trabajadores fronterizos. 
Opino que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. 
Por ese motivo, considero que el dinero y todas las seguridades que obtenemos en el lugar de trabajo deben aplicarse en el entorno en que vivimos. 
Por esta razón, defiendo que hay que examinar la posibilidad de aplicar el principio del lugar de residencia. 
Lo he recogido en una enmienda. 
Ruego a sus Señorías que consideren pronunciarse a favor. 
Además, he presentado dos enmiendas a los artículos 6 y 7, a fin de eliminarlos, ya que creo que la Comisión no es competente para adoptar medidas a fin de intervenir en los acuerdos bilaterales. 
Señor Presidente, yo también deseo agradecer a la Sra. Oomen-Ruijten su labor sobre esta cuestión. 
Comparto muchas de sus críticas y frustraciones sobre el alcance, la ejecución y la velocidad del cambio del Reglamento 1408/71. 
Como miembro de la Comisión de Peticiones, me resulta claro que hay un número considerable y cada vez mayor de residentes, incluidos ciudadanos de terceros países y trabajadores fronterizos, para los que las disposiciones actuales no están funcionando satisfactoriamente. 
La ampliación hará que un sistema de coordinación complejo resulte aún más complejo y no es de extrañar que muchos ciudadanos simplemente no se crean que la Unión se toma en serio la libre circulación de los ciudadanos, tan en serio como se toma su compromiso con la libre circulación de bienes. 
Debemos encontrar una forma de simplificar esos asuntos para los propios ciudadanos y para los administradores de esos sistemas. 
No sería de extrañar que hubiera un número cada vez mayor de peticiones de un solo organismo europeo encargado de tratar directamente con las administraciones nacionales en nombre de los ciudadanos. 
La petición de informes sobre los efectos de la directiva relativa a los asuntos fronterizos es digna de beneplácito. 
Al menos serían proactivos y podrían- es de esperar- abordar algunos de los problemas antes de que surjan, lo que constituiría un cambio satisfactorio. 
También resulta claro que, a medida que más países integren sus sistemas fiscales y de seguridad social, debemos adoptar medidas para abordar las anomalías resultantes, que pueden tener como consecuencia pagos dobles. 
Sin embargo, la cuestión fundamental es la de que los Estados miembros deben demostrar su compromiso con la libre circulación abordando los problemas abiertamente y con un espíritu que beneficie a los residentes de la Unión Europea. 
Se suspende el debate hasta las 15.00 horas. 
Ahora vamos a votar. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Como cada vez acuden más diputados a la Asamblea, quisiera anunciar una innovación digna de beneplácito. 
Hoy hemos abierto una zona para fumadores detrás del hemiciclo, un encantador sitio soleado y con buenas vistas. 
Espero que todos los colegas que siguen arruinando su salud con el tabaco se sientan cómodamente instalados fuera de la Asamblea y dejen de fumar en las zonas para no fumadores. 
Espero que todo el mundo lo haya oído. 
Gracias, señora Banotti, por ocuparse de los intereses de los no fumadores. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Acojo con satisfacción que ahora vaya a haber una zona para fumadores, en lugar de para no fumadores. 
Espero que ahora todos los diputados y todos los miembros del personal respeten las zonas para no fumadores en todo el edificio del Parlamento Europeo. 
Sigo teniendo problemas para entrar en el Pleno y para entrar a las reuniones de comisiones y salir de ellas, tanto aquí como en Bruselas. 
Conque ruego a todo el mundo que, ahora que hay una zona para fumadores, la utilicen y no las zonas para no fumadores, incluidos los pasillos y el trecho que llega hasta el ascensor. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Estaba preguntándome simplemente si alguien va a informar a las partículas de humo sobre dónde están las zonas para fumadores y para no fumadores. 
Ahora vamos a pasar a la votación. 
VOTACIONES 
Señorías, éste es un informe interesante cuya primera lectura se hizo nada menos que en marzo de 1987. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0375/2000) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, respecto de la posición común del Consejo (11540/1/2000- C5-0565/2000- 2000/0022 (COD) ) con vistas a la adopción de la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0351/2000) del Sr. Doorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 104- C5-0209/2000- 2000/2155 (COS) ) sobre el reexamen del proyecto SLIM (Simplificación de la Legislación en el Mercado Interior) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0382/2000) de la Sra. de Veyrac, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la aplicación de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural en los Estados de la Unión Europea (2000/2036 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0397/2000) de la Sra. van der Laan, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión (COM (2000) 224- C5-0223/2000- 2000/213 (DEC) ) sobre las medidas adoptadas a la luz de las observaciones del Parlamento Europeo en su resolución de aprobación de la gestión presupuestaria 1997 
Enmienda 1 
(NL) Señor Presidente, ésta es una enmienda extraordinariamente atractiva en cuanto al contenido. 
Sin embargo, he aconsejado que se vote en contra y quisiera que la Comisión comentara algo al respecto, ya que por lo que tengo entendido, este asunto ha sido ya investigado por esa institución y no resulta, en absoluto, que Europa financie libros de texto para los colegios. 
He aconsejado que se votara en contra porque no debemos introducir nuevos puntos en esta aprobación de la gestión, pero si la Comisión pudiera confirmar esto, entonces, todos podríamos votar en contra de la enmienda con la conciencia tranquila. 
La votación queda cerrada. 
Señor Presidente, temía tener que presentar mis declaraciones de voto por escrito. 
Debido a una fractura en el pie, estaba preocupado por no poder expresarme oralmente. 
De todas formas, espero no ser una persona que razona con los pies, que piensa con los pies, y espero llevar a cabo mi tarea con toda normalidad. 
Ahora bien, al expresar mi conformidad con el texto de la Sra. Peijs, pido que se organice concretamente un banco europeo. 
Por fortuna, en estos días hemos visto que el euro ha mejorado notablemente su cotización respecto al dólar y a la libra esterlina. 
Por lo tanto, aprovecho la ocasión de esta explicación de voto para expresar mi satisfacción por la política monetaria europea y para pedir que se intensifique la actividad del Banco Central Europeo mediante la creación de oficinas en toda Europa. 
Señor Presidente, Señorías, lamentablemente la enmienda nº 5 sobre el proyecto de directiva sobre el saneamiento y liquidación de institutos de crédito ha encontrado una mayoría. 
Esto es más que lamentable porque como consecuencia de ello se deriva una posibilidad de intervención por parte de terceros acreedores por lo que las hipotecas establecidas en el extranjero en beneficio de bancos ahora ya no están a prueba de quiebras. 
¡Y esto es inaceptable! 
Creo que este es un motivo suficiente para rechazar este informe. 
Lo he hecho y lamento que la posición común de la Comisión no haya encontrado una mayoría en la forma presentada. 
. (FR) La recomendación de la Comisión tiene por objeto armonizar a escala de la Unión los derechos de los acreedores en caso de liquidación de las entidades de crédito. 
Sin embargo, en ninguna parte se especifican los derechos que deberían tener los trabajadores de las entidades de crédito afectadas. 
Algunas legislaciones nacionales reconocen, desde luego, a los trabajadores como acreedores. 
Pero, en el mejor de los casos, sólo se les garantiza el pago de los salarios debidos. 
No se les indemniza, en cambio, por la pérdida de su empleo, es decir de sus salarios futuros, mientras que se trata de garantizar a los acreedores el reembolso de sus créditos, es decir su capital, fuente de sus rentas futuras. 
Los empleados no tienen ninguna responsabilidad en los fracasos de un banco o de una entidad de crédito pues no tienen participación alguna en las decisiones adoptadas. 
Son ellos los que deberían ser indemnizados prioritariamente por la pérdida de su empleo. 
Hemos votado en contra de esta recomendación que sólo se preocupa de los acreedores capitalistas y no de los trabajadores que hacen que las entidades de crédito funcionen. 
Recomendación Sanders-ten Holte para la segunda lectura (A5-0375/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Sanders. 
Hace unos días fui huésped de una universidad de la tercera edad, en la que se enseña a quien desea aprender por el gusto de aprender y no para conseguir un título. 
Naturalmente a estas universidades asisten muchas personas mayores. 
El responsable de esta universidad- se trata de la universidad de la tercera edad de Bérgamo, la ciudad de la que procedo- se lamentaba conmigo porque no existe una clasificación ni un examen de la calidad de estas universidades de la tercera edad. 
Me decía: " Muchas universidades están mal organizadas; la nuestra está bien organizada. 
Por lo tanto, en su explicación de voto diga que sería oportuno interesarse también por la calidad de las universidades de la tercera edad. " 
. (FR) No tenemos, desde luego, nada en contra de una "cooperación europea en materia de evaluación cualitativa de la educación escolar", pero todos sabemos que la calidad de la educación depende de los medios puestos a disposición de los colegios públicos. 
Para garantizar una educación de calidad, se necesitan escuelas en número suficiente, clases con un número limitado de alumnos, un gran número de docentes, de profesores, de personal técnico y administrativo en todos los niveles educativos, empezando por las clases de primaria. 
En todos los países de Europa, en efecto, es a nivel de clases de primaria donde se establece una diferenciación que hace que los niños de los barrios populares tengan a menudo un retraso irreversible en su educación. 
El primer paso hacia la armonización debería ser la obligación de seguir la línea de los países en los que los medios ofrecidos a la educación son más elevados. 
Pero, incluso en esos países, la tendencia es a recortar los medios destinados a la educación y, de forma general, al servicio público, en beneficio de otras partidas presupuestarias, siendo la principal las ayudas y subvenciones concedidas a empresas capitalistas, es decir a sus propietarios. 
Por falta de incremento de los medios puestos a disposición de la educación en todos los países de la Unión Europea, prioritariamente allí donde estos medios son más escasos, la recomendación europea sobre la calidad de la enseñanza será un deseo piadoso. 
La orientación principal de este informe está relacionada con la necesidad de una mayor cooperación europea en la evaluación de la calidad de la educación en nuestros sistemas escolares globales de la UE. 
Podría resultar una operación muy valiosa, porque los diferentes Gobiernos de la UE pueden beneficiarse mutuamente de programas educativos logrados que se han ensayado y puesto a prueba en el sistema educativo de Europa. 
También debemos recordar que ello resulta ahora más importante a la luz de la nueva sociedad de la información que ahora tenemos ante nosotros. 
Los dirigentes de la UE establecieron el año pasado en Portugal un marco de propuestas por las que la formación en materia de utilización de la red Internet se ampliaría a todas las escuelas primarias y secundarias de la Unión Europea. 
Se trata de un objetivo social y económico de la mayor importancia para que la Unión Europea aproveche el comercio electrónico y actividades comerciales conexas. 
La realidad es que las nuevas tecnologías de la información están cambiando continuamente. 
Eso significa que la formación en la esfera de la tecnología de la información está cambiando constantemente. 
Ésa es la razón por la que la Unión Europea debe responder de forma coordinada y estructurada para velar por que los mejores métodos educativos en la esfera de la tecnología de la información estén disponibles para todos nuestros estudiantes. 
Así se garantizará una mayor calidad de la educación y se velará también por que se coloque un fundamento más sólido para atraer a nuevas industrias de tecnología de la información a fin de que se creen e instalen en los territorios de la Unión Europea. 
La cooperación en la esfera de la educación ha tenido un éxito comprobado en la Unión Europea en los últimos años. 
Actualmente, dieciocho países participan en el programa Erasmus, incluidos países de la Europa central y oriental. 
Si bien acojo con beneplácito el éxito comprobado de la iniciativa Erasmus, quisiera recordar que, desde luego, hay margen para las mejoras en la forma como se administra ahora ese plan en la Unión Europea. 
Sigue habiendo estudiantes que topan con problemas financieros cuando estudian en el extranjero. 
No apoyo un sistema de desigualdad entre los niveles de financiación disponible para los estudiantes de los diversos Estados miembros participantes en el programa Erasmus. 
Quisiera instar encarecidamente a los Ministros de Educación de la UE a que preparen un sistema que elimine cualquier elemento de desigualdad en la administración del plan Erasmus. 
Debemos recordar que una política muy buena de la Unión Europa es la de alentar a los estudiantes a que estudien en otros Estados miembros de la UE, lo que brinda oportunidades reales y tangibles a los estudiantes de mejorar sus aptitudes prácticas en materia de idiomas, al tiempo que fomenta la libre circulación de las personas por toda la UE. 
Informe de Veyrac (A5-0382/2000) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, he votado a favor del informe de la colega De Veyrac pues creo que no sólo es completo y muy positivo sino además porque en el futuro vamos a tener que dedicar mucha más atención a este campo. 
También creo que no sólo es necesario realizar el correspondiente trabajo de cara a la opinión pública, tal como se prevé en el informe, sino que además debemos poner a disposición más créditos financieros para lograr que en la población se produzca la necesaria aceptación para estos campos. 
Aquí existe aún una gran necesidad de actuar. 
Pero estamos en la vía correcta y por esta razón he votado a favor. 
¿Por qué el Partido de los Pensionistas ha votado en contra del informe de la Sra. de Veyrac? 
Antes de viajar a Estrasburgo, coincidí con la Sra. Monica Baldi, ex diputada del Parlamento Europeo, muy al tanto de los temas culturales, la cual comentando este informe en un bar, delante de una buena taza de café, me hizo notar: " ¿Por qué este informe confía en reducir el número de centros de interés cultural existentes en Italia incluidos en estas listas? 
¿No se debería prestar más atención a la calidad que al número de centros en un Estado? 
¿Acaso somos culpables de que Italia tenga que conservar tantas antigüedades? " 
El informe de la Sra. Veyrac muestra buenas intenciones y hay en él algunas propuestas constructivas. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en su favor. 
Sin embargo, mucho nos tememos que las propuestas están dirigidas a "oídos sordos". 
Es sabido por todos que el patrimonio cultural y natural están amenazados de destrucción por actividades que deterioran o que menoscaban el contexto urbano y paisajístico, en donde se encuentran elementos preciosos de dicho patrimonio. 
El consumo abusivo del territorio, el incremento de la construcción en los centros históricos, en los espacios verdes y zonas libres, así como la escasa aplicación de criterios de respeto y protección de los bosques y del medio ambiente son el resultado de un ataque continuamente intensificado contra el paisaje natural y cultural. 
Por supuesto, nada de esto sucede casualmente, por culpa de algunos perversos, sino que es la consecuencia directa de una política que comercializa todo, cuya única pauta es garantizar cada vez mayor beneficio. 
Característico es el ejemplo de las instalaciones de la empresa TVX Gold en Olimpiade, en Calcídica, cerca de Estagira, cuna de Aristóteles, que han destruido el bosque y están poniendo en peligro los monumentos; por si esto fuera poco, han llevado a los habitantes de la zona a los tribunales y les han condenado porque se han atrevido a defender su entorno cultural y natural. 
Muchos otros ejemplos se podrían extraer de los desastres que están teniendo lugar o se están programando a causa de la organización de los juegos olímpicos del 2004 en Atenas. 
La Unión Europea no sólo no hace nada por frenar y dar soluciones a estos fenómenos, sino que, por el contrario, es el principal defensor de esta política. 
Financia obras que se construyen en lugares arqueológicos, enterrando y arruinando monumentos antiguos como en el caso del museo de la Acrópolis. 
Estos días el Gobierno griego deroga el artículo 24 de su Constitución y suprime, de esta manera, la protección legislativa, aunque fuese elemental, que había sobre los bosques, sin que haya la más mínima reacción por parte de la Unión Europea. 
La Unión Europea se complace en pronunciar grandes y pomposas frases sobre la cultura y, aun declarando que el patrimonio cultural es un elemento básico de la identidad particular y de la evolución histórica de una sociedad, no ha hecho nada por la devolución de los frisos del Partenón a su lugar natural e histórico, del cual son parte inseparable, como muestra factible mínima de respeto al patrimonio cultural e histórico y de protección de la memoria histórica. 
Se queda también indiferente ante el saqueo de los monumentos de Chipre del norte, y ante su bárbara destrucción por parte de las tropas turcas de ocupación. 
Finalmente, tiene una responsabilidad tremenda en la destrucción de monumentos provocada por los bombardeos en la incursión en Yugoslavia. 
Esta situación no puede remediarse ni con medidas a medias, ni con buenos deseos ni, por supuesto, en la lógica del mercado. 
Se debe movilizar a todo el movimiento de masas, a todas las instituciones culturales, a todos los trabajadores, se debe imponer otra política que respete al trabajador y los resultados de su creación. 
El Grupo ELDR considera que el informe de Veyrac es una contribución importante a una mejor protección del mundo cultural y del patrimonio natural. 
Opinamos que la aplicación de la Convención de París sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural en la UE es una tarea de los Estados miembros y no de la Comunidad Europea. 
Nos resulta difícil ver el "valor añadido" de la intervención de la UE en ese asunto. 
Las enmiendas del Grupo ELDR al informe de Veyrac reflejan esta posición. 
De modo que, por falta de "valor añadido" y por el principio de subsidiariedad, el Grupo ELDR se abstendrá en la votación final. 
. (FR) La defensa y la promoción de nuestro patrimonio, en cada Estado, son fundamentales en el sentido de que garantizan nuestras identidades y nuestras particularidades, respetando las diferencias. 
Este patrimonio, ya sea cultural, arquitectónico o natural, procede de nuestro pasado: defenderlo no es un combate en la retaguardia, sino que, por el contrario, representa una preparación de nuestro futuro. 
Así, como escribía Ernest Renan: " Los únicos hombres progresistas son aquéllos que tienen como punto de partida un profundo respeto del pasado.». 
Por lo tanto, debemos tomar las riquezas de nuestro pasado, de nuestro patrimonio, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, incluso de las más antiguas, para preparar nuestra vida de mañana; gracias a esta riqueza y a esta diversidad cultural, podremos así garantizar un mejor conocimiento de nosotros mismos. 
Pero para ello, hay que respetar toda la diversidad de nuestro patrimonio, todas nuestras diferencias, y esto sólo el recurso al principio de subsidiariedad puede permitirlo. 
Gracias a este principio, podremos así conservar, desarrollar y transmitir nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras tradiciones. 
Tratar de que desaparezca alguna o reducirla a escoria (así, la caza, el medio rural o la gastronomía) , es romper la cadena de transmisión de nuestras riquezas y de nuestras formas de vida, es provocar un empobrecimiento cultural que, a fin de cuentas, sólo llevará a crear un molde en el que todo el mundo deberá introducirse para vivir en una sociedad insípida, pero más maleable y controlable por los «dirigentes y gobernantes». 
Esto no se puede aceptar. 
Así, desde esta perspectiva de defensa, de conservación y de promoción de nuestro patrimonio, debemos salvaguardar nuestra arquitectura, apoyar nuestra artesanía, preservar y valorar nuestros paisajes pero, e insisto sobre este punto, sin tenerlos en una urna, y sin excluir las tradiciones y usos culturales que en ellos se practican. 
También tenemos que garantizar el derecho a la diferencia y la ayuda a la conservación de todos estos valores, pues el ruralismo tiene derecho a existir en esta sociedad ultraurbana. 
De este modo, a la vista de este informe, si desde luego es importante defender el patrimonio ajeno y de la Unión, también es tan importante y fundamental defender el patrimonio de nuestros países y regiones. 
Por eso, acogemos con satisfacción todo lo que se ha anunciado en términos de consideración de este patrimonio en los diversos proyectos de formación para la defensa y la restauración de este patrimonio. 
Lo mismo ocurre con la ayuda y el apoyo a las actividades artesanales, sector muy creador de empleos, a poco que no se le asfixie con reglamentaciones puntillosas e irrealistas, como se ha hecho con los comerciantes de los mercados. 
No obstante, formularemos una reserva sobre la reglamentación europea que, bajo la apariencia de protección (término, sin embargo, demasiado exclusivo) del medio ambiente, no hará más que borrar las tradiciones y los usos locales que forman parte integrante de la cultura de nuestras tierras, lo que, evidentemente, está en el polo opuesto del fin buscado por este informe, que apoyamos, pero sobre el que nos abstendremos por esta razón. 
Desde que en 1972 la Asamblea General de la UNESCO aprobó la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural ya fijado por 158 países, incluidos los 15 Estados miembros de la Unión Europea, se han inscrito 630 bienes en la lista del patrimonio mundial, el 30% de ellos de la Unión Europea (188) , de los cuales 10 en Portugal. 
Pero es evidente que no basta con clasificar bienes como patrimonio mundial. 
Es necesario adoptar todas las medidas para apoyar su conservación, incluidos apoyos financieros, como hemos hecho con las propuestas que presentamos para el presupuesto comunitario. 
Como subraya la ponente, hay un desequilibrio entre los países europeos y el resto del mundo en sitios naturales y culturales reconocidos, por lo que los terceros países deben ser apoyados y alentados a fin de completar la lista del patrimonio natural y cultural, con una perspectiva no excluyente, para que puedan contar con protección. 
Igualmente importante es que los Estados miembros cumplan las directivas vigentes, en particular la Directiva EIA sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el patrimonio cultural y natural, como se afirma en el informe. 
. Mi voto favorable al informe De Veyrac sobre la aplicación de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial y natural en los Estados de la Unión Europea, se fundamenta en el convencimiento de que se debe avanzar en la dimensión cultural de la Unión Europea y trabajar para asegurar una política cultural en la Unión que ponga de relieve, como una de sus principales características de su riqueza espiritual y del Viejo Continente, la diversidad cultural, lingüística, arquitectónica y artística, así como todos aquellos elementos que componen nuestro patrimonio cultural común, como se constata cuando recorremos la Unión y vemos cómo las diversas corrientes espirituales a lo largo de los siglos se han ido plasmando en nuestros monumentos, estilos artísticos, sistemas de valores, corrientes religiosas y espirituales, escuelas de pensamiento filosófico y científico. 
En suma, y de acuerdo con los Tratados, debe profundizarse en la política cultural europea, apoyando y protegiendo su diversidad, factor que a la vez define la unidad europea. 
El informe De Veyrac constituye una contribución estimable en esta dirección. 
Informe Doorn (A5-0351/2000) 
Señor Presidente, estoy seguro de que usted también escuchará con atención mi explicación de voto favorable. 
Estoy a favor de todo lo que simplifica y agiliza, siempre que se haga de manera no excesivamente dura para quien sufre esta simplificación y que se haga con sentido común. 
Por lo tanto, insisto a fin de que en esta actividad de simplificación y de agilización de la legislación comunitaria, en lo referente al ámbito de la coordinación de la seguridad social- de la se habla en este informe- se tenga en cuenta que sería oportuno que el trabajador que trabaja en distintos Estados de la Unión Europea no recibiera una parte de su pensión en un Estado, otra en otro y otra en otro más, sino que la recibiera de una única pagaduría. 
Gracias, señor Fatuzzo. 
Cuanto más lo escucho, más comprendo que no voy a tardar en conocer la historia de su vida. 
. (FR) Por estar en contra de la economía de mercado, no tomamos posiciones sobre la supuesta simplificación del mercado europeo. 
Por lo tanto, nos abstenemos de pronunciarnos sobre el informe presentado. 
Sin embargo, en relación con los aspectos que pueden afectar a la mayoría trabajadora de la población, estamos a favor de: 
simplificar, en efecto, la legislación social y la seguridad social situándolas en la línea de los países en las que son más favorables para los trabajadores; 
por lo que respecta al IVA, estamos por la simplificación que consiste en suprimir en todas partes el IVA y cualquier impuesto sobre el consumo, especialmente injustos pues gravan sobre todo a las clases con rentas modestas, y por sustituirlos por un importante incremento del impuesto sobre sociedades capitalistas y por un impuesto fuertemente progresivo sobre las rentas de capital cualquiera que sea su forma. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Van der Laan. 
Al aprovechar la ocasión para agradecerle su anterior comentario, con mi voto favorable quisiera subrayar la parte de este texto que se refiere a las ayudas a la Autoridad Palestina. 
Esto me fue sugerido por los representantes del Partido de los Pensionistas en Israel- ya que en el Knesset se sientan los representantes del Partido de los Pensionistas israelí- uno de lo cuales me dijo: " Hacen bien en ayudar a los palestinos. 
Mejor dicho, deberían ayudarles más y mejor y vigilar que estas ayudas sirvan verdaderamente para la población palestina que las necesita realmente. 
De hecho, estoy convencido de que si los ciudadanos palestinos están mejor desde el punto de vista económico y de la salud, habrá menos guerra que la que, lamentablemente, hay en la actualidad ". 
. (FR) No puedo seguir a mi Grupo en su postura sobre la enmienda de mi colega Rijk Van Dam, que yo personalmente he decidido apoyar. 
Que este elemento, es decir la cuestión de la propaganda antisemita difundida por los manuales escolares palestinos, no figure en el texto de la Aprobación de la gestión 97 es una cosa. 
Una cuestión técnica, diría yo. 
Que nos opongamos por esta razón únicamente, sobre la forma, por tanto, y no sobre el fondo, es a mi modo de ver un signo político erróneo. 
El sistema educativo palestino está, desde los acuerdos de Oslo, sumamente subvencionado por la Unión Europea y los Estados miembros. 
Por tanto, nos corresponde exigir que la Comisión vigile de cerca que la literatura que se difunde en las escuelas palestinas no constituya una incitación a la guerra, a la violencia y al odio racial. 
La Unión no puede al mismo tiempo apoyar activamente la reconciliación y la paz, con esfuerzos constantes, y continuar cerrando los ojos a la corrupción ideológica de sus ayudas financieras. 
Deseo ardientemente, por otro lado, que esta cuestión sea rápidamente objeto de un verdadero debate en nuestro Parlamento. 
Debemos ser intransigentes con esta cuestión. 
Nuestra conciencia así nos los exige. 
Nuestros electores también. 
. (SV) He votado a favor del informe y, especialmente, de la enmienda 1 del Sr. Van Dam. 
Es importante que el Parlamento Europeo lamente profundamente las expresiones antisemitas contenidas en los libros escolares palestinos y que inste a la Comisión para que las ayudas que se dan al sistema escolar palestino no sirvan para financiar, directa ni indirectamente, el odio de razas, sino que, por el contrario, fomenten la paz y la reconciliación en Oriente Medio. 
En la medida de lo posible, las ayudas comunitarias deben orientarse a la consecución de la paz y a la reconciliación en Oriente Medio. 
La Unión otorga ayudas, entre otras cosas, al sistema educacional palestino. 
Es muy lamentable y ofensivo que los libros que se usan en los colegios palestinos contengan expresiones antisemitas y describan a Israel, la única democracia en Oriente Medio, con términos tan execrables como el de nazi. 
El ponente y el Grupo ELDR comparten la opinión expresada en la enmienda nº 1 sobre la preocupación por la posible utilización del apoyo financiero de la UE para la incitación del odio racial entre los palestinos contra sus vecinos judíos. 
La Comisión de Control Presupuestario se muestra estricta en cuanto a que un informe sobre la aprobación de la gestión se limite al contenido de la resolución original sobre la aprobación de la gestión correspondiente al año de que se trate. 
Este enmienda plantea una nueva cuestión a partir de documentación que ha salido a la luz recientemente. 
Así, pues, la ponente recomienda que se rechace la enmienda, pero que se aborde ese asunto más completamente en el marco del informe en curso sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1999. 
Informe Garriga Polledo (A5-0331/2000) 
Apoyo su preocupación, pues existe el convencimiento general de que los delincuentes internacionales están ahora más interesados en el contrabando de cigarrillos que en el tráfico de drogas, ya que es más rentable y menos peligroso. 
En la UE debemos reaccionar ante este problema con urgencia. 
Los beneficios resultantes del contrabando de cigarrillos no sólo llena los bolsillos de los delincuentes, sino que, además, priva de ingresos a la UE, que se podrían utilizar para luchar contra el cáncer, la pobreza, el fomento de los derechos humanos, etc. Además, unos cigarrillos más baratos aumentan el peligro para la salud, por el aumento del consumo de tabaco, por lo que debemos conseguir el apoyo de los ministros de los gobiernos nacionales y regionales para organizar una campaña contra esta situación. 
La Comisión debe ponerse en contacto, en particular, con los Ministros de Salud y Educación en la Asamblea de Irlanda del Norte, la Sra. de Brun y el Sr. Martin McGuinness. 
Lo digo, porque utilizamos programas educativos y sanitarios para la lucha contra el cáncer y la revista Anderstown News reveló recientemente la profunda participación del IRA en el contrabando ilícito de cigarrillos. 
Tienen lazos con esa organización. 
¿Qué mejor forma de cumplir con sus obligaciones ministeriales que la de alentar a sus amigos a que cesen en esa actividad? 
Eso subraya también la necesidad de una mayor vigilancia policial en Irlanda del Norte. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe, aunque con muchas reservas. 
Antes de viajar a Estrasburgo, me vi en un restaurante con el Sr. Rota, un pensionista de Bérgamo como yo. 
Hablábamos del Partido de los Pensionistas y él me preguntó si estaba satisfecho del Parlamento Europeo. 
Le contesté: " Me ha tocado en suerte realizar una tarea muy bonita. 
Estoy satisfecho, me encuentro bien, tengo grandes amigos. 
Además, los Vicepresidentes prestan mucha atención y me gustan mucho como, por ejemplo, el Vicepresidente Provan ". 
Y él me dijo: " ¿Funciona todo bien en Europa? 
¿Alguna vez malgastáis el dinero europeo? " 
"No ," le contesté, "funcionamos perfectamente." 
Sin embargo, lamentablemente, he leído en este informe que los Estados nacionales no han aplicado las normas comunitarias para cobrar los derechos arancelarios comunitarios. 
En consecuencia, espero que en el futuro Europa funcione también en lo que al cobro de los aranceles aduaneros se refiere. 
. (DA) Hemos votado a favor del informe relativo a las fianzas y garantías de los recursos propios tradicionales. 
El informe en conjunto resulta razonable. 
No obstante, existen puntos aislados que rechazamos. 
Los puntos 15 y 16 plantean la introducción de un único corpus juris en la UE y la armonización del Derecho penal nacional y de la administración de justicia en los Estados miembros. 
En primer lugar, está formulado de manera poco clara. 
En segundo lugar, no apoyamos la armonización del Derecho penal nacional y de la administración de justicia en los Estados miembros. 
Abogamos por la creación de los instrumentos necesarios para combatir más eficazmente el fraude de fondos comunitarios. 
Somos partidarios de suplir el régimen de la OLAF y crear una unidad dentro de la OLAF que dirija las investigaciones y facilite el seguimiento penal en los tribunales nacionales. 
Esta unidad sólo deberá ocuparse de los delitos cometidos por empleados comunitarios. 
A largo plazo, debe considerarse la introducción de un Ministerio fiscal europeo que se ocupe del seguimiento penal del fraude de fondos comunitarios en los Estados miembros. 
Sin embargo, no debemos armonizar por armonizar, y el Derecho penal nacional y la administración de justicia en los Estados miembros son en otros ámbitos una cuestión nacional. 
Informe McCartin (A5-0396/2000) 
Señor Presidente, a pesar de que no encuentro mis notas, creo recordar que he votado en contra del informe McCartin que trata de agricultura y de leche en polvo. 
En esta ocasión, me satisface hablar de esta materia tanto porque quiero insistir al efecto de que se favorezca realmente a los agricultores que en este texto, en cambio, no se protegen lo suficiente, como porque quiero destacar que en estos días en Italia existe una gran inquietud por la leche en polvo y la leche en general. 
Lamentablemente, desde ayer, en Italia no solo se habla de vacas locas, sino de leche loca. 
Algunos dicen que si se bebe leche se puede contraer el mal de las vacas locas. 
Es realmente imperdonable que se diga y convendría que la Unión Europea interviniera para afirmar que la leche no está loca sino que es buena. 
El informe es profundamente contradictorio en la apreciación que hace de diversos aspectos de la PAC. 
Así, por ejemplo, adopta posiciones que revelan una preocupación estrictamente presupuestaria, cuando se congratula de su reforma respecto de la reducción de los precios agrarios y los excedentes productivos, e insiste en una mayor reducción de los pagos compensatorios, sin decir palabra sobre sus consecuencias para las rentas de los agricultores. 
Por otra parte, avanza con el principio de la cofinanciación, es decir, la renacionalización de los costos de la PAC, principio que rechazamos. 
Igualmente se congratula de la decisión de la Comisión de hacer una amplia evaluación de la OCM de la leche, siguiendo de cerca un dictamen del Tribunal de Cuentas de poner en entredicho el sistema de cuotas y los aumentos aplicados en la Agenda 2000, olvidando que, a pesar de algunas injusticias en la distribución de las cuotas, como sucedió con Portugal, este sistema aún consigue garantizar en cierto modo una protección en el nivel de los precios y la renta. 
En cuanto al sector del cerdo y de las epidemias animales, acaba considerando y apoyando la propuesta de la creación de fondos con la contribución de los propios productores o de otros tipos de regímenes de seguros, lo que constituye un retroceso respecto de la opinión emitida en el informe Garot, que defendía los fondos cofinanciados por la Comunidad. 
Con todo, convengo con el ponente cuando plantea un problema muy importante relativo al régimen de los cultivos herbáceos, que es la concentración de las ayudas en los grandes productores y en las regiones más prósperas. 
Lo que se debe hacer es mejorar la situación de los pequeños productores, diferenciando el apoyo en función de la dimensión. 
Lo difícil es comprender cómo quiere el ponente apoyar a los pequeños agricultores con las medidas que propugna. 
Informe Staes (A5-0389/2000) 
Señor Fatuzzo, si quiere permanecer de pie, proseguiremos, pues es usted el único orador que falta. 
Señor Presidente, la pierna se me cansa fácilmente, por esto me siento de vez en cuando. 
Por lo que respecta a mi explicación de voto sobre el informe Staes que se refiere a la Comisión de Control Presupuestario y en particular a cómo se han gastado las ayudas a Bosnia y Herzegovina, he de decir que me reuní con los representantes de los pensionistas de esta región. 
Me rogaron que dijera al Parlamento Europeo- cosa que hago con mucho gusto en esta ocasión- que se vigile para que de algún modo las ayudas lleguen también a las personas mayores de Bosnia y Herzegovina. 
"Pero nosotros no podemos ir a controlar qué sucede con nuestro dinero", contesté. 
" Eh no, señor Fatuzzo, usted debe hacer hincapié en que se controlen dichos fondos en su destino. 
Nosotros los pensionistas necesitaríamos recibir algo de este dinero ". 
Señor Presidente, hay sin duda una crisis de sucesión en la agricultura como bien sabe, con su experiencia como agricultor, el Sr. Parish. 
Si esta crisis es particularmente aguda en el propio Estado miembro del Sr. Parish, ello es consecuencia directa de las políticas puestas en marcha por los gobiernos del R.U. durante los últimos veinte años, y para superarla, el Reino Unido debe analizar las implicaciones del acuerdo de Fontainebleau sobre su contribución a las finanzas de la Unión Europea. 
Esto ha sido desastroso para la agricultura. 
Así mismo, el ponente, miembro del Partido Conservador, debe trabajar dentro de su propio partido para garantizar el apoyo a sus propuestas en la Cámara de los Comunes. 
En países en los que menos del 10% de la población vive ahora en zonas rurales, es demasiado fácil para los gobiernos dejar a un lado las necesidades de estas zonas, y el mensaje que debe salir de este debate es que al hacerlo están poniendo en peligro a sus países. 
Intervenciones militares bárbaras en nombre de la paz, tratados sucios "pacificadores" que han sido firmados por una manu militari, seguidos de "ayudas" financieras sospechosas para "restablecer la paz": Estos son los logros que puede exhibir la Unión Europea en el caso de Bosnia- Herzegovina, de Kosovo y más ampliamente en el de los Balcanes, que desde hace años están sufriendo a acusa de los tremendos intereses políticomilitares imperialistas y de lo que se está jugando en la región. 
El informe del Parlamento es especialmente revelador sobre la forma de gestionar las financiaciones referidas y pone de relieve el despilfarro, incontrolable y opaco, del dinero de los contribuyentes de la Unión Europea, dichas financiaciones se explotan para estabilizar la penetración de los grandes intereses de la Unión Europea en el protectorado de la OTAN en Bosnia, a pesar de las proclamaciones "humanitarias y pacificadoras". 
Las expresiones "mala gestión", "retrasos", "demora en los pagos", "subvenciones de millones de ecus para material no subvencionable" "despilfarros e irregularidades" se repiten a menudo en el informe Staes y en los considerandos. 
Describen con los colores más negros la situación predominante y ponen en evidencia la gran hipocresía sobre la "ayuda en favor de la sociedad civil" y el "restablecimiento de la democracia". 
¿Se puede referir algo más característico que la propia constatación del informe sobre un "conflicto de intereses" en la propia Oficina del Alto Representante? 
A nosotros no nos sorprende, señora Presidenta, el hecho de que no puedan y no quieran desempeñar papel pacificador quienes "fomentan" la paz con bombas de uranio empobrecido, sembrando la muerte y la desgracia. 
No nos sorprende que los grandes intereses económicos que crearon, cultivaron y fomentaron que los pueblos se desgarraran mutuamente, y los agentes- sirvientes de estos intereses, como el famoso Sr. Kusner despilfarren la mina de partidas presupuestarias. 
Sin embargo sí que nos sorprende la dureza y la hipocresía de los dirigentes que aún siguen hablando de esfuerzos de "saneamiento" y de "mejora de los procedimientos para absorber las partidas presupuestarias y por restablecer el Estado de derecho". 
El balance que hace la triste realidad no deja margen ni para dudar, ni mucho menos para tranquilizarse. 
Los pueblos no son cuentas, no se pueden comprar sus conciencias; y por mucho que intenten adornar la realidad, van a encontrarlos siempre en contra. 
No vamos a votar a favor del informe Staes a pesar de tener bastantes constataciones y propuestas positivas, porque su concepción más general está empobrecida en cuanto a cualquier concepto de resistencia a la presencia imperialista y su única inquietud es cómo adornarla para que los pueblos puedan digerirla. 
Informe Dell ' Alba (A5-0359/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Dell ' Alba, sin embargo, deseo subrayar que este voto favorable esconde- y quiero decirlo aquí- mi posición, como representante del Partido de los Pensionistas, absolutamente contraria a la costumbre generalizada de insistir para que los Fondos estructurales y las ayudas europeas se sumen a las ayudas nacionales. 
En definitiva, los Fondos estructurales deben ser fondos adicionales. Pues bien, no estoy de acuerdo. 
Creo que los fondos europeos no tienen nada que ver con las financiaciones y las políticas nacionales. 
Los fondos europeos no deben estar vinculados a los fondos nacionales. 
Europa no es lo mismo que las naciones que la componen. 
Señor Presidente, antes de nada quisiera felicitar a mi colega Neil Parish por haber presentado un informe basado en la realidad de los agricultores, la realidad del campo y no en la visión de Bruselas. 
Eso en sí mismo supone una contribución digna a la política agrícola. 
No obstante, si examinamos ahora la situación, cabe preguntarse si todavía hay jóvenes lo suficientemente locos como para convertirse en agricultores en la Unión Europea. 
Lo que necesitamos es gente que quiera realizar una gran prestación, de hecho, superdotados, y que no provengan de una modificación genética. 
Parece que se lucha contra molinos de viento cuando se examina lo que la gente espera y, al mismo tiempo, lo que tienen que conseguir los jóvenes agricultores. 
Si analizamos la situación, y me limito a mi propio país, resulta que en la ganadería lechera se controla ahora todo desde las briznas de hierba hasta el momento en que la leche se encuentra en el supermercado. 
Veo que los agricultores de cultivos herbáceos y horticultores tienen que llevar ya desde hace tiempo una contabilidad completa en cuanto al medio ambiente y los consumidores, y que están haciéndolo con mucha motivación. 
Al mismo tiempo, debemos constatar que en muchos países europeos los requisitos en cuanto al bienestar de los animales se encuentra entre los más estrictos del mundo. 
Quien quiere convertirse en agricultor en Europa, tiene que hacer más que un joven agricultor en otra parte del mundo. Debe tener en cuenta el paisaje y las condiciones culturales. 
Debe garantizar los criterios más estrictos por parte de los consumidores, fabricar una gran variedad de productos, tanto en cuanto al aspecto regional como al de la calidad, garantizar el bienestar de los animales como exigencia máxima y ser responsable de un producto también cuando éste ha dejado el corral. Eso es lo que llamamos ser empresario social como deporte de alto nivel. 
Ello requiere amor por el empresariado, el medio ambiente y la naturaleza, orientación social y perseverancia. 
Ya tan sólo por ese motivo sería deseable iniciar de cara al futuro una política concreta para los jóvenes agricultores. 
Tal vez deberían figurar en ella puntos orientativos tales como un sistema de primas combinado con la calidad, la protección de paisaje y del medio ambiente, pero también la introducción de un impuesto medioambiental, no para los agricultores, sino que tenga que ser abonado por los consumidores, para financiar los requisitos adicionales que deben cumplir los agricultores y para mejorar la posición en el mercado de agricultores y consumidores. 
Lo que llama la atención en toda la política de la competencia de la Unión Europea es que sí se le presta mucha atención, pero por ejemplo, en el sector alimenticio se ha ido creando paulatinamente un monopolio para los compradores, los supermercados, y que a la vez la venta, en pequeña escala, de los terrenos agrícolas está todavía fragmentada. 
En ese sentido sería deseable que tanto el Comisario Monti como el Comisario Bolkestein analizaran alguna vez esta cuestión de forma más crítica en lo que al aspecto de la competencia se refiere. 
Eso requiere productores motivados. 
Eso significa que la comida no sólo es mercado, sino también salud pública, paisaje y naturaleza. 
Resumiendo, si somos conscientes de ello, sabemos que los agricultores jóvenes deberán ser superdotados en el futuro y, en ese sentido, merecen más respaldo o apoyo político del que tienen en este momento. 
Informe Heaton-Harris (A5-0395/2000) 
Señor Presidente, el informe Heaton-Harris sobre el que he votado a favor es un informe sobre la eficacia del Instituto Monetario Europeo y, por consiguiente, sobre la situación del euro. 
Ya he mostrado mi satisfacción por la mejora que ha registrado la moneda única europea, es decir, el euro en estas últimas semanas, pero en esta ocasión quisiera insistir para que se organice un banco europeo. 
Creo que el BEI- Banco Europeo de Inversiones- debería estar más cerca de los ciudadanos europeos también como banco, como entidad de crédito. 
En consecuencia, espero que se siga mi indicación. 
. (FR) El informe Heaton-Harris mezcla dos cuestiones. 
Critica, en nombre de la moderación salarial, la concesión de primas extraordinarias a una parte de los trabajadores del BCE, lo cual no se puede aceptar. 
En cambio, el ponente reprocha al BCE el impedir la acción de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude). 
Así sabemos "que el BCE ha declarado que no permitirá que la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) lleve a cabo investigaciones internas", que, "en su primer informe dirigido al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, el Comité de vigilancia de la OLAF pidió que se iniciaran procedimientos ante el Tribunal de Justicia Europeo contra los organismos de la Comunidad que no hubieran aplicado el reglamento nº 1073/99 antes de finales de 1999" y "que la Comisión inició un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la decisión del Banco Central Europeo, de 7 de octubre de 1999, en lo referente a la no aplicación del reglamento nº 1073/99 del Parlamento y del Consejo". 
Consideramos que todo esto es grave y apoyamos el pasaje del informe que "deplora la evidente contradicción entre este compromiso público asumido por el BCE de establecer una estrecha colaboración con la OLAF y la decisión del propio BCE de impedir que la OLAF lleve a cabo investigaciones internas, a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo". 
Por esta razón, votaremos a favor del informe Heaton-Harris. 
Informe Bushill-Matthews (A5-0335/2000) 
Señor Presidente, no puedo dejar de formular una explicación de voto sobre el informe de mi amigo Bushill-Matthews, aunque ya intervine en el debate sobre el mismo. 
Sin embargo, en esta ocasión, quisiera señalar que mi voto favorable implica también una invitación para que, en el futuro, el Sr. Bushill-Matthews acepte una enmienda que presenté y que, lamentablemente, fue rechazada. Es decir, que se asignen fondos a las pequeñas y medianas empresas que tomen la costumbre de constituirse uniendo a un joven empresario, lleno de entusiasmo y de ganas de trabajar, un empresario mayor que sabe todo, conoce todo y puede transmitirle sus conocimientos, aunque ya no tiene muchas ganas de trabajar y que se complacería en legar a los jóvenes su bagaje de experiencias. 
- (EL) Los diputados del Partido Comunista de Grecia vamos a votar en contra del informe Ph. R. Bushill Matthews, porque las medidas propuestas de "ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de carácter innovador y generadoras de empleo" se sitúan en la política más general de los monopolios y de la Unión Europea frente a las PYME que tiene tres componentes: 
La ayuda selectiva a una pequeña parte de grandes y medianas empresas para la situación económica griega, con el objetivo de consolidar su papel satélite alrededor de los monopolios, y el refuerzo de los procesos de concentración de capital. 
La agudización de las condiciones de competencia para la aplastante mayoría de las pequeñas y medianas empresas para reforzar los mismos procedimientos por otros caminos. 
Aparte de lo referido anteriormente, en todos los programas de la Unión Europea sobre las PYME es evidente el propósito del capital monopolístico por descargar puestos de trabajo, que está obligado a anular, en las PYME, aumentando la explotación de la clase trabajadora, y además ayudándose de los cambios tecnológicos. 
Se trata de un propósito con mínimas posibilidades de éxito, puesto que tropieza con los contrasentidos del sistema capitalista. 
También es importante una observación relacionada con los destinatarios de los programas comunitarios, que son empresas aisladas y no el total de las PYME. 
Por supuesto, el gran capital sabe que una política en favor del total de las PYME va a crear un competidor que debe tenerse en cuenta. 
Así, las ayudas a los programas europeos, incluso si llegan a pequeñas empresas, no tienen perspectiva de revalorización, puesto que la posición de cada una de ellas por separado es excepcionalmente débil en el mercado capitalista. 
Hay una serie de observaciones sobre el fondo de estos programas en concreto, que vienen a reforzar las observaciones generales citadas anteriormente: 
1. 
Las condiciones en las empresas a las que se dirigen estas medidas (hasta 250 asalariados y hasta 14.000.00044DOTQUANT77000 de dracmas como volumen de ventas anual) , permiten beneficiarse presumiblemente a grandes empresas para la realidad griega. 
Realmente en Grecia el 91% de las empresas emplean a cuatro asalariados y tienen un volumen de ventas de hasta el 60 millones de dracmas. 
Desde este punto de vista tiene base la observación del informe del Parlamento Europeo de que no se hace todo lo necesario por las PYME. 
2. 
El total de las pequeñas y medianas empresas a las que se dirigen estos programas es insignificante ante el número de las PYME de la UE. 
En concreto, 7.387 en un total de 15 millones aproximadamente o en un porcentaje del 0.05 % del total, durante dos años a partir de su aplicación. 
3. 
Las cantidades totales que los Fondos europeos conceden son desesperadamente bajas y no componen el concepto de una política real en favor de las PYME. 
¡En total se han concedido 273 millones de euros (93.600.00044DOTQUANT77000 de dracmas) o 18 euros (6170 dracmas) por empresa! 
4. 
Todavía peor están las cosas en las consecuencias de esta política: Finalmente se han creado 2.038 nuevos puestos de trabajo en un total de decenas de miles de parados en la Unión Europea, con un coste de 122.000 euros (42 millones de dracmas) por cada puesto de trabajo. 
5. 
El 97% de las PYME beneficiadas por estas medidas, concierne al tercer bloque de los programas relacionado con la garantía de las financiaciones de las que las propias empresas se hicieron cargo por completo. 
Por consiguiente es normal dudar de cómo un procedimiento complicado con un coste elevado y con resultados tan pobres, se puede presentar como un logro de la Unión Europea. 
En cuanto a Grecia, no estaba en ningún punto de estos programas, por consiguiente no ha habido ni una sola financiación para nuestro país. 
Por todas estas razones, vamos a votar en contra tanto del informe en cuestión como de la propuesta relativa de la Comisión Europea. 
El turno de explicaciones de voto queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Situación de los trabajadores fronterizos (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la situación de los trabajadores transfronterizos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a la Sra. Oomen-Ruijten su excelente informe. 
Muchas veces se ha intentado utilizar los problemas de los trabajadores fronterizos como una suerte de palanqueta para armonizar toda la legislación fiscal. 
Pero la Sra. Oomen-Ruijten sabe que estos trabajadores no alcanzan siquiera a un medio por ciento de la fuerza de trabajo, que sus problemas son diferentes en las distintas regiones fronterizas y que, por eso, se necesitan soluciones regionales para sus problemas. 
Puedo hablar con conocimiento de este tema, ya que he viajado entre Dinamarca y Suecia durante 25 años. 
Ahora se ha construido un puente entre Copenhague y Malmö, calculándose que los viajeros fronterizos aumentarán considerablemente y que ambas urbes constituirán una región de grandes ciudades. 
Por iniciativa danesa, se estableció en 1997 el principio, respaldado por la UE, de pago de impuestos en el país en el que se trabaja. 
Esto significa que es posible vivir en Malmö y tener acceso allí a la sanidad, a los cuidados infantiles, a la educación y a todo lo demás, mientras se pagan impuestos al estado danés. 
Esto es completamente insostenible si se quiere crear una región común en la zona del Öresund. 
Los políticos suecos proponen el modelo OCDE para los impuestos en las zonas fronterizas, esto es, que se paguen en el país de residencia. 
Pero un principio de esta índole también causa problemas, ya que los impuestos financian mucho más que el bienestar social de las familias. 
Lo mejor para esta región sería que pagásemos impuestos municipales donde vivimos y estatales donde trabajamos. 
Creo que esto eliminaría las argucias y fraudes fiscales. 
Pero un modelo así también debería estar finamente calibrado para que sea justo, ya que se trata de situaciones complicadas. 
Por eso es decisivo que las soluciones emanen de las propias regiones, fundamentándose en el principio de que los trabajadores fronterizos deberán pagar sus impuestos en el lugar en que reciban los beneficios financiados con recursos fiscales. 
Sólo así se conseguirán soluciones duraderas. 
En cuanto a la región del Öresund, es absolutamente necesario que se aplique este principio para que ésta llegue a ser una región común. 
Señor Presidente, después de felicitar sinceramente, en mi calidad de representante del Partido de los Pensionistas, a la ciudad de Piacenza que ha incluido en su estatuto los artículos 25 y 26 de la Carta Europea de los Derechos de las Personas Mayores y Discapacitadas, paso a expresar mi opinión sobre el informe de la Sra. Oomen-Ruijten. 
Apruebo el contenido de este informe y, en particular, la parte en que se pide que se examinen los reflejos de los cambios de las legislaciones nacionales en el Reglamento nº 1408 que afecta a quien ha trabajado en más de un Estado, y sobre todo esa parte del Reglamento concerniente a las normas de pago de las pensiones de quien ha trabajado en distintos Estados. 
Se habla de los problemas de los trabajadores transfronterizos: ciertamente se hace referencia a los trabajadores de la Unión Europea e, indirectamente, a las relaciones de los Estados que se han adherido al Reglamento nº 1408, esto es, al Espacio Económico Europeo (EEE) , es decir, Italia y Suiza. 
Lamentablemente, la Convención entre Italia y Suiza y el consiguiente reglamento han sido mal interpretados por el Gobierno italiano que hasta ahora ha pagado las pensiones a quien ha trabajado en Italia y en Suiza, en la medida de la mitad de la mitad, o sea, una cuarta parte de lo debido, según lo establecido por los jueces italianos de primera y segunda instancia. 
Espero que el Parlamento Europeo intervenga a fin de que los trabajadores no se vean obligados a acudir a la vía judicial para que se les reconozcan sus derechos. 
Señor Presidente, la cuestión de los trabajadores fronterizos, que hoy examinamos, es una problemática lancinante en la Unión Europea, que todavía no ha encontrado una solución satisfactoria. 
Señora Comisaria, Señor Presidente, es una situación que no permite a los que viven y trabajan a ambos lados de los diferentes países de la Unión el experimentar realmente la noción de integración europea que defendemos, de la que, sin embargo, ellos deberían ser los primeros beneficiarios. 
En esta Asamblea tenemos por costumbre incensar la cuestión de la libre circulación de las personas y, por tanto, de los trabajadores. 
Y, sin embargo, en esta cuestión las trabas persisten especialmente en términos de situación fiscal, de protección social, pero también hay que examinar otras cuestiones. 
No pienso que esta cuestión sea coherente con todos los principios de liberalismo que examinamos, y para los que encontramos muy buenas soluciones cuando se trata de la libre circulación de capitales y de mercancías. 
Aquí se trata de una verdadera traba al principio de libre circulación de personas y al principio de no-discriminación basado en la nacionalidad. 
Creo que este informe es una verdadera inyección de recuerdo respecto a informes hechos anteriormente. 
A pesar de todo, no debería ser necesario hacer todavía más. 
Debemos recordar a los Estados miembros sus responsabilidades, pidiéndoles que establezcan realmente una evaluación de las políticas que tengan como resultado mantener sistemas que produzcan impactos negativos sobre la situación de los fronterizos. 
Estamos de acuerdo con el enfoque general del informe, pero la reintroducción de ciertas enmiendas rebaja las ambiciones que nosotros debemos tener. 
En efecto, estos acuerdos bilaterales a los que nos referimos, en materia fiscal, por ejemplo, o de seguridad social, deben ser verdaderamente conformes, pues no se trata solamente de tener en cuenta diferentes disposiciones. 
Para terminar, Señor Presidente, quisiera recordar que debería proponerse un verdadero inventario de las situaciones perjudiciales, incluso discriminatorias, pero que permita también eliminar los fraudes que hoy se producen, y esperamos del Consejo orientaciones en este sentido. 
Señor Presidente, también me gustaría dar las gracias a la Sra. Oomen-Ruijten por su informe de iniciativa propia. 
Me parece acertado ocuparnos desde este Parlamento en reducir los problemas a los que se enfrentan los trabajadores que cruzan una frontera diariamente para ir a trabajar. 
Conozco los problemas del Sur de Jutlandia, donde llama la atención el escaso número de personas que viven a un lado de la frontera alemana / danesa y trabajan al otro lado, lo que creo ilustra los grandes obstáculos existentes en la práctica. 
Por ello me parece una buena idea trata de imponer a los países miembros la elaboración de informes sobre las consecuencias que tendrán para los trabajadores fronterizos las modificaciones de su legislación en los ámbitos de la seguridad social y de los impuestos, sin embargo, en mi opinión no podemos imponer a los gobiernos la obligación de que compensen económicamente a los trabajadores fronterizos por las modificaciones de su legislación. 
Resulta más conveniente aguzar la atención no sólo hacia los problemas que han existido todo el tiempo, sino también hacia los nuevos que pudieran surgir. 
También me gustaría respaldar la idea de llevar adelante una simplificación del Reglamento 1408/71; hablamos de una problemática muy compleja, pero también de una problemática que afecta mucho a mucha gente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero hacer algunas observaciones con motivo de este expediente. 
Antes de nada, quiero agradecer a la Sra. Oomen-Ruijten el trabajo que ha realizado. 
En segundo lugar, hay que contemplarlo, por supuesto, como un llamamiento al Consejo Social y en parte a la Comisión, pero sobre todo al Consejo Social para hacer algo de una vez con este expediente. 
Especialmente, por saber que se trata del inicio de una liberalización necesaria de la circulación del trabajo en toda Europa. 
El trabajo fronterizo es libre circulación y crecerá, especial y previsiblemente, como consecuencia del ingreso de los países de la ampliación. 
Sin embargo, todavía hay graves problemas, sobre todo, si examino mi propio país y algunos países vecinos: Bélgica y Alemania, veo que hay distintos grupos que quieren garantizar diferentes principios. 
Fundaciones que tienen que ver con los trabajadores fronterizos abogan por el principio del país de residencia; los sindicatos abogan por el principio del país de trabajo; el propio Gobierno, de nuevo, por el principio del país de residencia, etc. El problema debe, entre tanto, resolverse de una vez, y en este sentido, no queremos apoyar algunas enmiendas que la Sra. Oomen-Ruijten ha propuesto, en parte para llegar a un planteamiento conjunto de las mismas, y proponemos garantizar el principio del país de trabajo como punto de partida y trabajar en el llamado modelo social europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la señora ponente por este informe. 
Está bien que no olvidemos a los trabajadores fronterizos y sus problemas. 
El informe es otra demostración más de que el Reglamento 1408/71 precisa una revisión radical y una simplificación, como se viene proponiendo en el Consejo desde hace dos años; por ello una vez más volvemos a lamentar que no se lograra alcanzar más decisiones por mayoría en la Conferencia Intergubernamental de Niza. 
Los socialdemócratas daneses estamos a grandes rasgos de acuerdo con la mayoría de lo que la señora ponente dice, no obstante, estoy completamente en desacuerdo con ella cuando considera un problema el que cada vez más elementos de los regímenes nacionales de seguridad social se financien con fondos públicos. 
El Reglamento 1408/71 trata de la coordinación de los regímenes de seguridad social y no de su armonización, y es importante recalcarlo. 
Quiero subrayar este punto porque son precisamente este tipo de argumentos de los que se ha servido para atizar el fuego contra la UE esta parte de la oposición danesa a la UE que afirma que la UE merma el bienestar danés. 
Esta oposición organizada a la UE es de los que trabajan con el objetivo de que no haya avances en este campo. 
Da la impresión de que olvidaran que la falta de capacidad de acción en el Consejo tiene de hecho consecuencias- consecuencias para las personas que trabajan en otro país y para sus familias, que se ven afectadas por la precariedad. 
No obstante, la falta de capacidad de acción del Consejo también tiene la consecuencia de que en lugar de los políticos responsables sean los tribunales quienes adopten las decisiones. 
Los euroescépticos hablan mucho de democracia, pero nunca puede ser democrático dejar de tomar las decisiones que son necesarias y así dejar a los ciudadanos en situación de precariedad otorgando a los tribunales una influencia que deberían tener los políticos. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a la Sra. Oomen-Ruijten por su excelente informe sobre la situación de los trabajadores fronterizos y, en particular, los problemas sociales y fiscales que afrontan dichos trabajadores. 
También quisiera agradecer al Parlamento el apoyo prestado a la propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento 1408/71 a los ciudadanos de terceros países, la propuesta de modernizar y simplificar dicho reglamento, y el alentador apoyo prestado a la red Eures. 
La Comisión apoya plenamente las preocupaciones de sus Señorías respecto de los problemas que encuentran los trabajadores fronterizos. 
Así, pues, acojo con beneplácito la propuesta de sus Señorías de transmitir la resolución al Consejo. 
Permítaseme ahora exponer brevemente el criterio de la Comisión respecto de las observaciones formuladas en la resolución. 
En primer lugar, sobre la seguridad social y el mercado laboral, el informe pide a la Comisión, antes de que acabe este año, que organice una conferencia internacional para los Estados miembros y los países candidatos sobre la situación de los trabajadores fronterizos. 
Es una idea excelente y se puede aprovechar la experiencia acumulada con la red Eures. 
Esa conferencia podría determinar los procedimientos e iniciativas óptimos que se podrían lanzar en los niveles comunitario y nacional y el Parlamento Europeo participará en su organización. 
Respecto de las disposiciones sobre coordinación en materia de pensiones suplementarias, quisiera recordar a sus Señorías que la Comisión se ha comprometido en su programa de política social a proponer en 2002 una directiva relativa a la transferibilidad de las pensiones suplementarias. 
Esa iniciativa complementará la directiva ya vigente en esa esfera, que se aprobó en 1998. 
Como la propuesta estará basada en el artículo 42 del Tratado de la CE y dependerá del procedimiento de codecisión para su aprobación, el Parlamento participará plenamente. 
Además, puedo confirmar que ya está prevista la realización de un estudio sobre la amplitud y la naturaleza del trabajo fronterizo con los auspicios de Eures en 2001. 
Sobre las iniciativas adoptadas por los organismos de seguridad social en pro de una más estrecha cooperación transfronteriza para facilitar el acceso a las prestaciones de atención de salud, estoy totalmente a favor de semejantes iniciativas y puedo confirmar que la Comisión tiene la intención de alentar semejantes iniciativas y fomentar los intercambios de experiencia y procedimientos óptimos. 
De hecho, la Comisión ya está prestando apoyo a un proyecto de esa clase en el que participan los habitantes de la eurorregión Mosa-Rhin, que abarca parte de Bélgica, Alemania y los Países Bajos. 
Respecto del seguimiento de los fallos Decker y Kohl, actualmente se están debatiendo importantes cuestiones jurídicas en nuevos casos que se están viendo ante el Tribunal. 
Dichas cuestiones se refieren a la asistencia hospitalaria y al sistema de salud de los Países Bajos. 
La Comisión esperará al resultado de esos fallos antes de adoptar una posición. 
Sobre los obstáculos a la movilidad de cursillistas, estudiantes, voluntarios e investigadores, la Comisión ya ha adoptado la iniciativa y ha presentado una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la movilidad dentro de la comunidad de estudiantes, personas que siguen cursos de formación, jóvenes voluntarios, profesores e instructores. 
El 9 de noviembre de 2000, el Consejo de Educación aprobó sus posición común sobre dicha propuesta. 
Quiero agradecer al Parlamento Europeo su apoyo a este respecto y espero que los debates finales permitan al Parlamento y al Consejo aprobar en breve las recomendaciones. 
Sobre la idea de una propuesta de directiva relativa a la introducción de informes sobre los efectos para los trabajadores fronterizos, que obligaría a los Estados miembros a comprobar los efectos de su legislación en los trabajadores fronterizos, quisiera decir con claridad que ya es tarea de la Comisión velar por que todas las disposiciones de las legislaciones nacionales sean compatibles con el Tratado y la legislación secundaria del derecho comunitario. 
Desde luego, la Comisión seguirá utilizando las competencias establecidas en el artículo 226 del Tratado e incoando procedimientos de infracción contra los Estados miembros que violen la legislación comunitaria. 
Sin embargo, tengo entendido que la propuesta de directiva va encaminada a establecer una evaluación de las repercusiones socioeconómicas más generales de la legislación nacional que es en sí compatible con el derecho comunitario, pero podría causar dificultades suplementarias a los trabajadores fronterizos. 
La Comisión no está segura de que sea apropiado proponer semejante instrumento legislativo. 
La Comisión considera más apropiado estimular la cooperación transfronteriza de los interlocutores interesados en las diferentes regiones y en el nivel comunitario para prevenir cualesquiera consecuencias negativas de la legislación nacional para con los trabajadores fronterizos. 
Por último, mis observaciones sobre la fiscalidad. 
A diferencia de la seguridad social, no existe una legislación comunitaria sobre la fiscalidad personal. 
En realidad, los Estados miembros se muestran extraordinariamente protectores de su soberanía en esa esfera. Así ocurre en particular con la competencia para concertar tratados fiscales bilaterales. 
Así, pues, existen pocas posibilidades de que la Comisión pueda lograr la aprobación de medidas por los Estados miembros, como se pide en el informe. 
Por desgracia, el Tratado de Niza no va a cambiar nada al respecto. 
Como saben sus Señorías, en contra de nuestro deseo común, se mantuvo el requisito de la unanimidad en el Consejo para los asuntos fiscales. 
Además, es posible que haya división de opiniones sobre los méritos de las recomendaciones formuladas en el informe relativo a la fiscalidad en el Estado de empleo. 
De hecho, la opinión predominante en las administraciones fiscales es la de que el Estado de residencia está en mejores condiciones que el Estado de empleo para tener en cuenta la situación global de los contribuyentes. 
En conclusión, deseo agradecer de nuevo a la Sra. Oomen-Ruijten su estimulante informe y subrayar la determinación de la Comisión de mantener sus medidas para superar los problemas que afrontan los trabajadores fronterizos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Directivas medioambientales 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la pregunta oral (B5-0556/2000) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, dirigida a la Comisión, sobre la aplicación deficiente de determinadas medidas medioambientales (PCB y PCT, hábitats naturales, nitratos). 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento está cada vez más preocupada por que aprobemos legislación medioambiental europea y después desatendamos su aplicación apropiada. 
Dicho claramente, creemos que el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento Europeo son cómplices de un engaño al público. 
Las encuestas de opinión revelan que la mayoría de los ciudadanos apoyan la idea de que las cuestiones medioambientales son importantes y se debe abordarlas en el nivel europeo. 
Estamos aprobando una legislación que parece atender esa necesidad. 
En realidad, en demasiados casos se pasa por alto la legislación medioambiental, no se cumplen las metas, no se envían los informes a la Comisión a tiempo y los países que violan la legislación quedan impunes. 
El objeto de este debate es el de poner de relieve lo que no funciona e intentar hacer algo al respecto. 
En la Comisión de Medio Ambiente hemos preparado tres informes, que denominamos "informes indicativos", basándonos en el modelo del Congreso de los Estados Unidos. 
Hemos descubierto que la Directiva relativa a los hábitat está bloqueada por polémicas y juicios. 
La Directiva relativa a los PCB se caracteriza por la omisión por parte de los Estados miembros, que no facilitan los importantísimos inventarios de las poblaciones con que cuentan. 
La Directiva relativa a los nitratos probablemente fuera defectuosa desde el comienzo y todos menos dos países- Dinamarca y Suecia, naturalmente- están ahora ante el Tribunal Europeo de Justicia por no haberla aplicado. 
Es muy probable que esas deficiencias se repitan en toda la legislación medioambiental de la UE. 
¿Qué se puede hacer a este respecto? 
Esperamos en primer lugar que en el programa de acción medioambiental, que el mundo espera con impaciencia, la Comisión aporte recursos adecuados para el seguimiento de la aplicación de la legislación. 
Sería interesante que la Comisaria dijera cuántas personas, aproximadamente, se encargan de ello en su Dirección en comparación con las que supervisan la introducción de nueva legislación. 
En segundo lugar, tiene que haber un debate mucho más sincero- en los niveles nacional y europeo- sobre la posibilidad real de alcanzar los objetivos medioambientales establecidos en el proyecto de legislación. 
Con demasiada frecuencia, sospechamos, los Estados miembros subscriben leyes verdes, porque queda bien hacerlo y oponerse a ellas o moderarlas está considerado una insensibilidad política. 
Si, en realidad, no pueden cumplir con lo que han acordado, esos países están perjudicando a las causas verdes. Si los alemanes y otros, por ejemplo, tienen ahora problemas con la Directiva relativa a los hábitat, ¿por qué no lo supimos cuando dicha directiva pasó por el Parlamento? 
Y, de hecho, ¿votó el Gobierno alemán en contra de esa directiva originalmente? 
Desde luego, cuando se adopta un instrumento legislativo, hay que tener en cuenta el costo de las disposiciones relativas a las operaciones de limpieza. 
Un buen ejemplo de deficiencia al respecto es la directiva relativa a las aguas residuales urbanas para cuyo cumplimiento el Gobierno de Bruselas carece de medios. 
Sospechamos que lo mismo ocurrirá con la directiva relativa a la limitación de las emisiones nacionales. 
En tercer lugar, queremos que los Estados miembros desarrollen las infraestructuras que les permitan- a todos ellos- llevar a cabo la labor de vigilancia que debe acompañar la aplicación idónea de muchas de las directivas de la UE que aquí aprobamos. 
Mis colegas y yo nos sentimos desesperadamente decepcionados de que el Consejo considerara que no podía acceder a nuestra propuesta de transformar en directiva la recomendación sobre las inspecciones medioambientales. 
No pedíamos un cuerpo de inspectores, sino simplemente que los Estados miembros accedieran a hacer cumplir a sus cuerpos de inspectores una norma común más estricta. 
Volveremos a proponer esa idea dentro de dos años, cuando examinemos de nuevo esa cuestión. 
En cuarto lugar, deseamos una actuación más rápida de la Comisión a la hora de llevar a los Estados miembros ante los tribunales, cuando violan la legislación de la UE. 
La semana pasada, el Gobierno griego, que no nada en la abundancia precisamente, pagó el segundo plazo de una sanción, que ahora asciende a un total de dos millones de euros, por no haber cumplido un fallo del Tribunal de Justicia sobre los vertidos de residuos en Creta. 
Fue trece años después de que la Comisión recibiese la primera queja sobre el vertido de esos residuos y no menos de diecinueve años después de que entrara en vigor la directiva de que se trata. 
Es absurdo que un país pobre se coloque en la situación de tener que pagar dinero a Bruselas, pero igualmente absurdo es que se haya tardado tanto en ese caso. 
Por último, permítaseme decir que en el Parlamento no nos arredra ni nos distrae la idea de que el Parlamento Europeo sólo deba preocuparse de la aprobación de la legislación y no de su seguimiento. 
Al parecer, al Consejo de Medio Ambiente le extrañó un poco- e incluso desaprobó- que hubiéramos invadido su jurisdicción y que nuestra intención fuera la de tomarnos muy en serio la recomendación sobre las inspecciones medioambientales. 
Como todos sabemos, los diputados al PE son los que reciben las críticas públicas por las deficiencias en la aplicación. 
El público suele quejarse ante nosotros, no ante el Consejo de Medio Ambiente. 
Por el interés de los ciudadanos de Europa y de su medio ambiente, vamos a seguir de cerca esa cuestión y no vamos a cejar al respecto. 
Señor Presidente, en primer lugar agradezco a la Sra. Jackson su importante pregunta. 
Quisiera recordar a todos los diputados al Parlamento Europeo que la aplicación de la legislación de la Comunidad Europea abarca la transposición de las directivas en la legislación nacional y también su aplicación a las decisiones particulares. 
También comprende el cumplimiento de otras obligaciones, tales como la aprobación de programas, las designaciones y la supervisión. 
Las dificultades encontradas por la Comisión de Medio Ambiente en estos tres informes no se limitan, en realidad, a las tres directivas elegidas, sino que afectan a todas las directivas medioambientales de la CE. 
La Comisión- y, muy en particular, la DG de Medio Ambiente- están al corriente de esas dificultades y llevan ya cierto tiempo dedicadas a mejorar su actuación en esa esfera y puedo asegurar a sus Señorías que la semana que viene, cuando la Comisión examine el Sexto Programa de Acción Medioambiental, toda la cuestión de la aplicación será un aspecto muy importante de ese programa. 
Tenemos diversos instrumentos a nuestra disposición para mejorar la aplicación. 
Podemos, por ejemplo, difundir información para ofrecer un panorama más actualizado de la situación y sé que también hemos transmitido algunos de esos informes y encuestas anuales al Parlamento y que podemos hacer mucho más para velar por que los medios de comunicación presten atención al respecto. 
Podemos crear instrumentos para contribuir al análisis y la evaluación de los avances en la aplicación. 
Podemos adoptar medidas legales para seguir la aplicación. 
Desde 1997, se han adoptado iniciativas concretas en varios frentes, incluida la responsabilidad medioambiental, que, naturalmente, presionará a los Estados miembros para que apliquen las normas y reglamentos vigentes; quejas y procedimientos de investigación en el nivel nacional, en los que hemos desempeñado el papel de asesoramiento; acceso a la justicia, cursos de formación de magistrados- también muy importante, porque tiene que ver también con la educación- y la publicación de esta encuesta anual sobre la aplicación de la legislación medioambiental. 
También hemos trabajado para crear un vínculo claro entre la aplicación de las directivas y la cofinanciación comunitaria, que ha resultado muy eficaz, además de velar por una estrecha relación con el instrumento financiero LIFE, porque, cuando los Estados miembros vean que, si no cumplen los reglamentos, estará amenazada la entrega de fondos, se sentirán claramente presionados. 
En mayo del año pasado organizamos la primera operación de citar los nombres de los incumplidores para avergonzarlos en relación con la calidad del agua de baño. 
En marzo de este año se organizará una segunda operación y así seguiré para que dispongamos de un marcador de resultados en materia de aplicación por los Estados miembros de la legislación comunitaria. 
La semana pasada, sin ir más lejos, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, como ha dicho la Sra. Jackson, sobre una recomendación en la que se establecerán criterios mínimos para las inspecciones medioambientales en los Estados miembros. 
Todas esas iniciativas van encaminadas a aumentar el nivel de conocimientos y cumplimiento de la legislación medioambiental y de la Comunidad Europea. 
Naturalmente, reconozco que falta aún mucho por hacer. 
Debemos buscar formas nuevas de fomentar la transposición y la aplicación idóneas de la legislación medioambiental. 
Por ejemplo, necesitamos trabajar para mejorar la participación de las personas en los niveles local y regional. 
Una mayor sensibilización pública en esos niveles propiciaría un análisis más minucioso y la exigencia pública de aplicación eficaz de la legislación medioambiental. 
Debemos permanecer vigilantes y activos para velar por que la situación mejore y quisiera confirmar al Parlamento Europeo mi compromiso personal y el de mis servicios de velar por el mayor nivel posible de cumplimiento de la legislación medioambiental de la Comunidad Europea. 
Para ese fin, voy a aplicar todos los medios disponibles, incluidos los procedimientos reglamentarios de infracción establecidos en los artículos 226 y 228 del Tratado de las Comunidades Europeas y 141 y 143 del Tratado Euratom, que pueden concluir con la imposición de sanciones económicas a los Estados miembros infractores. 
Me complacería que el Parlamento Europeo me concediera más recursos y personal para esa labor. 
Hoy tenemos entre 45 y 50 miembros del personal trabajando exclusiva o parcialmente en los asuntos relativos a la aplicación y, naturalmente, necesitaríamos más. 
Pero también creo que todo funcionario debe ocuparse aquí del aspecto relativo a la aplicación de la introducción de nueva legislación. 
Desde el principio he dicho con toda claridad que insistiré más en la aplicación. 
Espero que convendrán conmigo sus Señorías en que estamos empezando a lograr avances en la mejora de la aplicación y, si tanto la Comisión como el Parlamento Europeo siguen adoptando medidas para poner de relieve ese problema y actuar al respecto, durante esta legislatura parlamentaria se lograrán sin lugar a dudas más avances. 
Señor Presidente, Señorías, en materia de medio ambiente y salud pública el principal problema del acto legislativo europeo no radica en la incapacidad para producir legislación adecuada. 
El problema radica, por un lado, en la lentitud con que se trasponen las directivas al derecho nacional y, por otro, en su falta de aplicación. 
Las directivas medioambientales en debate, relativas a los PCB, los nitratos y los hábitat, son ejemplos de ello. 
De poco ha servido que se aprobara la Directiva relativa a los hábitat y la creación de la red "Natura 2000" a fin de proteger los sitios de importancia comunitaria, cuando la Comisión está desde 1995 esperando que todos los Estados miembros presenten la lista definitiva de dichos sitios, así como sus planes, normas y mecanismos de gestión. 
Lo mismo sucede con la Directiva relativa a los PCB. 
De poco ha servido que se formulara, en nombre de la protección de la salud pública, la prohibición de los PCB y la descontaminación de todos los equipos que contienen PCB y PCT, cuando, transcurridos cinco años, la inmensa mayoría de los Estados miembros no sólo no han puesto en práctica la directiva, sino que, además, ni siquiera han hecho lo que era más sencillo: los inventarios de los PCB y los planes de descontaminación. 
Por tanto, estamos ante un marco general de incumplimiento y, por esa razón, estas directivas no han dado los resultados medioambientales que se esperaba. 
Pero estamos también ante cierta impunidad. 
La lentitud del contencioso comunitario y la escasa aplicación de sanciones económicas a los Estados miembros prevaricadores ha enviado dos señales políticas negativas. 
Los que cumplen no sienten estímulo para continuar, los que no cumplen no sienten presión para cambiar de vida. 
Por eso, es fundamental que la Comisión, como custodia de los Tratados que es, controle todo el proceso de transposición y aplicación de la legislación comunitaria, haciendo público el desempeño de todos los Estados miembros y velando por la sanción ejemplar de los que no cumplen. 
Señor Presidente, como ha ilustrado tan eficazmente la Sra. Jackson, el cuadro que aflora del examen de la aplicación de las tres directivas en cuestión es realmente inquietante. 
Aunque se trata de medidas muy diferentes entre sí, resulta que la inmensa mayoría de los Estados miembros ha ido acumulando un grave retraso en su aplicación concreta. 
Y éste es un hecho grave que, más allá de las consideraciones técnicas acerca de cada una de las de las tres directivas, nos debe empujar a reflexionar sobre los motivos que están detrás de esta situación. 
Quisiera subrayar dos aspectos de la misma: por un lado, en nuestros Estados cuesta integrar la protección del medio ambiente en el concepto mismo de las distintas políticas sectoriales y, por el contrario, dicha protección continúa contemplándose como una serie de acciones que tienen que llevarse a cabo a posteriori, para reparar un daño eventual y, por otro, precisamente por este enfoque póstumo, los costes de la aplicación de las directivas se consideran con frecuencia demasiado gravosos y desprovistos de una verdadera utilidad, y esto también por la escasez de los medios puestos a disposición por los Estados miembros. 
En último término, el error está precisamente en considerar las inversiones medioambientales como una obligación impuesta, un coste añadido inútil. 
Sin embargo, el medio ambiente es nuestro futuro y, para defenderlo, no podemos confiar sólo en el voluntarismo ni tampoco en la capacidad punitiva del Tribunal de Justicia. 
Yo también estoy de acuerdo con que si con el Quinto programa de actuación en materia de medio ambiente se ha apostado principalmente por un enfoque sectorial de la política medioambiental, quizás al reflexionar con vistas del Sexto deberíamos, por el contrario, insistir mucho más en la implicación de los agentes sociales y económicos, así como de las autoridades locales en el logro de los objetivos fijados de vez en vez, de manera que la protección del medio ambiente llegue a ser cada vez más un elemento a integrar en el planteamiento global. 
En este contexto, será importante garantizar, como decimos en nuestra propuesta de resolución, una amplia difusión, incluso a través de Internet, de los mejores y de los peores resultados conseguidos por los Estados miembros en materia de aplicación de las directivas medioambientales, al objeto de subrayar el distinto empeño puesto por cada uno de ellos en esta materia y de someter el comportamiento de los Estados al juicio de la opinión pública, casi siempre más eficaz que el del Tribunal de Justicia. 
Para facilitar las tareas de control, así como de comparación entre las distintas situaciones, pienso que sería aún más importante seguir profundizando la investigación sobre los parámetros comunes en materia medioambiental. 
La protección del medio ambiente no conoce fronteras nacionales y es un ámbito de actuación comunitario por excelencia. 
Por esto, y aún más con vistas a la ya inminente ampliación a los países de Europa central y oriental, no podemos aceptar que no se cumplan las decisiones adoptadas por los quince Gobiernos y por nosotros. 
El medio ambiente natural es una riqueza común y nuestro empeño en perseguir los objetivos debe poder servir de ejemplo a los países candidatos tan enfrascados en el difícil trabajo de saneamiento de situaciones de degradación a menudo extraordinariamente graves. 
Para mejorar la situación, cada uno de nosotros, como representante de las Instituciones comunitarias, nacionales o locales y como simple ciudadano, debe poner algo de su parte. 
Señor Presidente, mi asistente, Vikki Phillips, acaba de entregarme una nota en la que dice que Dinamarca gasta quince veces más que Grecia en inspecciones medioambientales y las evaluaciones apropiadas. 
En fin, si es así, es evidente que algo no funciona en absoluto y sospecho que no es en Dinamarca. 
Me complace mucho apoyar la mayor parte de lo que ha dicho la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, aunque me preocupa un poco hacerlo, pues soy consciente de que la próxima sanción del TEJ puede ser perfectamente para el Reino Unido por su incumplimiento de la Directiva relativa a las aguas de baño, pese a que en los últimos años se ha gastado mucho dinero y se han adoptado muchas medidas con vistas a dicho cumplimiento. 
Ahora bien, quiero decir con claridad que no creo que debamos utilizar el incumplimiento por parte de algunos Estados miembros de la legislación medioambiental para justificar un menoscabo de nuestras ambiciones o afirmar que demasiada legislación resulta poco práctica. 
Soy totalmente partidario de adoptar posturas realistas y velar por que la nueva legislación tenga sentido, pero los problemas que afrontamos en toda la Unión Europea y en todo el mundo son demasiado graves para que dejemos de tener objetivos elevados al respecto. 
Y creo que algunos de los avances logrados el año pasado por el Reino Unido en la aplicación de la Directiva relativa a los hábitat demuestran con toda claridad que con mucha frecuencia no es culpa de la legislación, sino de la falta de voluntad política, la omisión del cumplimiento que todos deseamos. 
Quiero apoyar firmemente la idea del marcador de resultados mencionada por la Comisaria y de las operaciones para nombrar y avergonzar a los Estados miembros que defraudan las esperanzas de los diputados al Parlamento Europeo, de la Comisión y del público. 
Como político, la Comisaria conoce muy bien la importancia de que se vele por una presentación de la información fácil de asimilar y comprender por todos los periodistas de la Unión Europea y tal vez por algunos políticos también. 
Conque llamémoslo el libro rojo de la Comisión, no, mejor llamémoslo el libro verde de la Comisión, si bien con algunas motas negras en sus páginas. 
Citemos los nombres de los incumplidores para avergonzarlos en todas las oportunidades que se presenten y ganémonos al público para velar por que se imponga el cumplimiento de esta legislación y por que los Estado miembros reconozcan sus responsabilidades. 
Señor Presidente, la Sra. Presidenta Jackson ha expresado bien la preocupación de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, que, en mi caso, se ve reforzada por mi pertenencia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 
El 40 % de las peticiones que llegan a esta última procede de ciudadanos preocupados por la preservación del medio natural. 
Y habitualmente se refieren a la Directiva "Hábitats", a la Directiva sobre el impacto ambiental, a la Directiva "Aves" y a la Directiva sobre el derecho a la información, que probablemente sean, con las que hoy discutimos aquí de nitratos y PCB, las más incumplidas. 
El informe del Sr. Goodwill muestra que hay unos Estados miembros en los Tribunales, otros con procedimientos abiertos y sólo hay dos Estados miembros fuera de toda duda. 
También el Sr. Jonas Sjöstedt, en su informe, recuerda a aquellos Estados miembros que han incumplido reiteradamente la Directiva "Hábitats". 
La Comisión de Peticiones y yo misma sabemos que en muchas ocasiones lo que ocurre es que los Estados miembros, o no responden a tiempo, o, como decimos en España, y no sé si tiene una buena traducción, "marean la perdiz". 
Y, con los escasos recursos humanos de los compañeros de la comisión, que tienen que responder continuamente a requerimientos, no sólo de los peticionarios, sino también de los Gobiernos, es muy difícil trabajar, Sra. Comisaria. 
Es imprescindible que respetemos el derecho que nosotros mismos elaboramos, y la prueba de que hay falta de voluntad política es que algunos Estados miembros lo cumplen y otros lo incumplen. Ello sitúa en un diferente nivel la competitividad de las empresas. 
En mi opinión, hay tres cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, lo que ya se dijo aquí: utilización disuasoria de los Fondos europeos; no se pueden dar Fondos europeos a proyectos que incumplan el Derecho comunitario. 
En segundo lugar, que hay que encontrar sanciones adecuadas; es muy duro (yo estoy en una región que necesita mucho las subvenciones europeas) , pero aunque sea muy duro congelar unas subvenciones, si no se hace, los Estados miembros no lo van a entender. 
Pero yo sé que eso está en manos de los Tribunales, está en manos de los Gobiernos, está en manos de todos. 
Señor Presidente, el objetivo de estas directivas es la protección del medio ambiente. 
Esto significa que los Estados miembros no sólo tienen que transponer las directivas en la legislación nacional, sino que esta legislación nacional debe cumplirse de forma efectiva. 
Además, significa que hay que examinar el cumplimiento de los objetivos, en lugar de los medios, en el control de la ejecución. 
La práctica desgraciadamente muestra que las directivas europeas no son a menudo correctamente ejecutadas por los Estados miembros. 
Acciones tales como el control del cumplimiento mediante inspecciones independientes, resultan, por tanto, indispensables. 
En lo que a las inspecciones medioambientales respecta, el Parlamento Europeo se ha esforzado al máximo por regularlas bien. 
El resultado de las negociaciones no permite, sin embargo, la adopción de una directiva vinculante, ya que el Consejo y la Comisión no están todavía dispuestos a ello. 
Me temo que en el futuro también surgirán problemas con otras directivas en cuanto a la ejecución dada esta postura de los Estados miembros. 
Sólo hace falta examinar las muchas advertencias efectuadas por la Comisión a los Estados miembros, que ya han conducido, en algunos casos, a procedimientos por incumplimiento. 
Tras la ampliación, esta situación sólo puede empeorar, ya que los actuales Estados miembros dan un mal ejemplo. 
La Comisión debe presentar propuestas de modificación para lograr reglas viables cuando surjan diferencias de interpretación. 
Estas modificaciones no deben tener como objetivo medidas complementarios o más amplias, sino que deben servir para mejorar la ejecutabilidad de las normas actuales. 
En lo que a la directiva sobre el PCB se refiere, también hay que prestar atención a las reservas. 
Si éstas se mantienen durante mucho tiempo, se harán esperar mucho los efectos de esta directiva. 
Señor Presidente, para empezar quisiera expresar mi acuerdo con lo que han dicho la Sra. Jackson y muchos de mis colegas y querría centrar mi atención en algunos puntos. 
Tal como todos han subrayado, la legislación existe. 
El problema está relacionado con la incorporación y la aplicación de dicha legislación. 
Y claro que debe haber voluntad política; pero sobre todo depende del seguimiento que realice su despacho, señora Comisaria. 
Cuando, por ejemplo, muchas veces encuentran denuncias, no las hagan frente sólo con una correspondencia interminable, sino adopten una postura de presión con determinación, para que se aplique realmente la legislación. 
Y si hay razones para ir al Tribunal de las Comunidades Europeas, pues vayamos; y si se debe imponer una sanción, que se imponga. 
Como ha dicho la Sra. Jackson, mi país está pagando cada día 20.000 euros, y espero que entre en razón y que se conforme. 
En particular quisiera también llamar su atención sobre la Directiva 92/43 sobre las regiones Natura 2000. 
No debemos permitir, a la ligera, obras en estas regiones porque el artículo 6 de la Directiva dice que, sólo a falta de soluciones alternativas, debe realizarse un proyecto por otras razones imperiosas, de importante interés público en regiones Natura 2000. 
Y en este punto, le recuerdo de nuevo que en una región de mi país, en Ftiotide, en donde todos están en contra del puente del Golfo Máliko, que además debemos señalar que el propio Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas ha incluido entre las regiones Natura 2000; y en su despacho hay denuncias de que el Gobierno griego quiere que se construya este puente que va a tener consecuencias ambientales tremendas, y sin embargo hay soluciones alternativas. 
Y me alegro por el compromiso que ha referido en su ponencia y quiero esperar que este compromiso sea real, y voy a hacer un seguimiento de lo que suceda en estas regiones Natura 2000 de Europa, y por supuesto en la región del golfo Máliko en donde se está planificando un puente que va a destruir por completo un gran hábitat. 
Señor Presidente, en primer lugar he de agradecer a la Comisaria, al presidente y a los demás diputados sus sabias palabras. 
Son compromisos muy positivos y claros para hacer algo en relación con este gravísimo problema. 
Pero no son simples palabras lo que necesitamos, son acciones, hechos, y no podemos depender de los Estados miembros para que los lleven a cabo solos. 
Aun cuando hubiera aquí representantes del Consejo, que no parecen estar presentes, aunque estuvieran dispuestos a hacer declaraciones, que no lo parecen, no podríamos dejarles que lo hicieran solos. 
Necesitamos algún tipo de vigilancia para que supervise y garantice la aplicación de la legislación. 
Lamentablemente, nuestra propia Agencia de Medio Ambiente no parece estar aún a la altura de esa tarea. 
Esperemos que lo esté en el futuro. 
Conque, ¿qué soluciones tenemos? 
¿Qué podemos hacer los diputados? 
En fin, estos tres informes que el Parlamento tiene ante sí son un comienzo. 
Citan los nombres de los incumplidores para avergonzarlos. 
Piden sanciones. 
Hacen propuestas para lograr mejoras suplementarias. 
Pero también formulan una observación que debemos tener en cuenta aquí, en el Parlamento. 
Dicen esencialmente que nunca se debería haber aprobado instrumentos legislativos deficientes. Y ésa es una enseñanza que debemos tomarnos muy en serio. 
Tal vez debamos empezar a pensar en hacer menos, pero mejor. 
Hemos hablado de hacerlo, pero, al parecer, sin conseguirlo aún. 
Cuando incluyamos mejores instrumentos legislativos en el orden del día del futuro, se deben respetar. 
Por no haber transpuesto los Estados miembros la legislación, cuyo ejemplo más representativo es el de la legislación relativa a los PCB y los PCT, ahora tenemos el problema, extraordinariamente grave, de una contaminación a largo plazo de nuestra cadena alimentaria por una substancia química tóxica y persistente. 
Esa substancia química tóxica se está acumulando lenta, pero inevitablemente, en la cadena alimentaria humana y está alcanzando niveles que ya superan los fijados por la Organización Mundial de la Salud en ciertas substancias grasas, en particular la mantequilla, y en algunos casos los pescados grasos, como, por ejemplo, el salmón. 
Ahora están subiendo sigilosamente por la cadena humanitaria hasta el punto de que ahora nuestros niños están empezando a ingerir cantidades de esas toxinas que superan las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. 
Si no estamos dispuestos a adoptar medidas en serio y con prontitud, en el futuro nos encontraremos con más problemas de esa clase que afectarán a las generaciones futuras. 
Debemos seguir de cerca esa cuestión en pro de dichas generaciones futuras. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la Sra. Jackson y con muchos otros oradores que dicen que una vez que hay legislación, ésta debe ejecutarse. 
Así mismo, estoy de acuerdo con la Sra. Jackson cuando dice respecto de las directiva sobre nitratos: "that was flawed from the beginning". 
Se trata de una norma mala. 
Cómo es posible que si se quiere mantener 50 miligramos de nitrato en el agua subterránea, se mantenga la misma densidad de ganado por hectárea en toda Europa, de Finlandia a Italia. 
El período de crecimiento es, por supuesto, mucho más corto en Finlandia que en Italia y, por tanto, en Italia, en general, puede haber más cabezas de ganado por hectárea que en Finlandia. 
Por lo que a mí respecta, cada ganadero puede tener tantas vacas como quiera si no sobrepasa estos 50 miligramos de nitrato. 
En lo que a las mediciones se refiere ¿Cómo es posible que la Comisión no haya adoptado directivas claras sobre cómo debe medirse, a qué profundidad, cuántas veces al año, cómo hay que tener en cuenta la influencia de la época? 
Toda esa serie de cosas se desconoce todavía y, aparentemente, existen diferencias de país a país y de época a época. 
Cuando se mide el nitrato, ¿cómo queda claro que procede del estiércol animal? 
Un montón de agricultores emplean abono artificial, ¿cómo se mide eso? 
¿Cuál es la influencia, por ejemplo, de las cloacas que tienen filtraciones? 
¿Cuál es la influencia de los ríos grandes que desembocan en los diferentes países? 
La contaminación causada por los nitratos no puede proceder solamente del estiércol de origen animal, y resulta completamente irrazonable decir a los ganaderos que debe haber limitaciones, cuando no sabemos de dónde procede la restante contaminación causada por los nitratos. 
Estoy de acuerdo con todos los oradores que dicen que debemos tener una buena política medioambiental. 
No estoy en contra de la norma relativa a los 50 miligramos de nitratos en las aguas subterráneas, pero sí quiero que se adopten directrices claras sobre cómo debe medirse y cómo debe realizarse esa medición. 
Señor Presidente, he redactado el seguimiento de la Directiva "Hábitats" y durante este tiempo me he convencido de que muchos países miembros realmente no sabían qué obligaciones contraían con su aprobación. 
No se entendió su amplitud. 
Ésta es una de las principales explicaciones de la lentitud de todo esto. 
Pero que vaya lento no significa que no pase nada. 
Están sucediendo muchas cosas en esta materia, pero no tantas como quisiéramos. 
Cuando se cuestiona la directiva es importante recordar que, aunque con lentitud, están sucediendo cosas interesantes. 
Creo que esto también explica las insuficientes inversiones en información y en diálogo con aquellos a quienes directamente afecta esta directiva en las zonas protegidas, lo que también causa muchos conflictos innecesarios. 
En este campo hay mucho que aprender. 
Obviamente, los Estados miembros tienen la responsabilidad principal, económica y judicial, pero es importante que la UE no sólo legisle y destine recursos de los Fondos, lo que está muy bien, sino que también divulgue todos los buenos ejemplos existentes y use los recursos propios para propiciar un adecuado desarrollo. 
La actual situación es muy grave, especialmente porque el empobrecimiento de la diversidad biológica es muy veloz. 
No vemos que la situación cambie. 
Por eso, el trabajo debe continuar y la directiva, en la situación actual, no debe modificarse ni revisarse. 
Señor Presidente, es muy positivo que, en tanto Parlamento, ejerzamos nuestras competencias de control y examinemos directivas que encuentran muchísima crítica en los Estados miembros. 
No solamente mucha crítica en los Estados miembros, sino también mucha división en el Parlamento Europeo. 
Quisiera hacer hoy una observación sobre dos directivas. 
En primer lugar, la directiva sobre los hábitats y, en segundo lugar, la directiva sobre nitratos ¿Qué tienen en común estas dos directivas? 
Que los Estados miembros han recibido competencias amplias desde Europa para indicar ellos mismos los espacios naturales, las especies protegidas y, también, especialmente en la directiva sobre nitratos, las zonas sensibles. 
Ahora oigo cada vez más que los miembros de la Segunda Cámara de los Estados Generales dicen: ¿qué habéis conseguido con ello? 
Sin embargo, no es Europa la que ha dictado que todos los Países Bajos sean señalados como zona sensible a los nitratos. 
Son los propios Países Bajos los que lo han hecho. 
Entonces, somos nosotros, gracias también a la buena ayuda de algunos colegas, quienes debemos examinar cómo, mediante una petición de derogación, podemos introducir todavía modificaciones en, por ejemplo, la legislación relativa a los nitratos, a fin de posibilitar la consecución del objetivo, una reducción de los nitratos, de forma decente. 
Lo mismo se aplica a la directiva sobre hábitats. 
Si vuelvo a echar un vistazo al drama de hoy, un terreno empresarial ubicado en la frontera, entre Maastricht y Aquisgrán ha sido por enésima vez paralizado porque se han encontrado dos hámsters de una determinada especie. 
Éstos han sido retenidos de nuevo, porque un grupo de acción para la protección y conservación de esta especie piensa que si ahora los retiene en el terreno, se aparearan. 
El apareamiento forzado no funciona ni con los animales. 
De nuevo, por enésima vez, el Consejo de Estado de los Países Bajos ha paralizado un terreno empresarial transfronterizo. 
Si se examinara atentamente la directiva sobre hábitats, y si se interpretara bien la regulación relativa a las zonas que deben ser preservadas, esto no debería haber sucedido. 
Lo que deberíamos lograr, y de ahí que respalde el informe relativo a la directiva sobre hábitats, al igual que, ciertamente, la directiva sobre nitratos, es que la Comisión Europea deje muy claro y, quizá, en un buen neerlandés, lo que se puede y no se puede hacer. 
Existe acuerdo sobre los principios, éstos son excelentes, pero la forma en que los Estados miembros los aplican queda absolutamente por debajo de los mismos. 
Señor Presidente, el incumplimiento de la legislación medioambiental constituye un grave problema. 
Es importante que nosotros, en tanto colegisladores, nos pronunciemos al respecto, pero no debemos culpar tan fácilmente a los Estados miembros. 
También debemos examinar la calidad y naturaleza de la legislación que adoptamos. 
La Unión se hace cada vez más grande y diversa. 
Debemos, por tanto, establecer reglas que puedan prosperar en las diferentes culturas nacionales. 
Creo, por ello, que debemos detallar menos las cosas. 
Debemos ser muy concretos en cuanto a los resultados que queremos lograr, pero no en cuanto a la forma en que deben conseguirse esos resultados. 
De ahí que considere que, en lo que a la directiva sobre nitratos se refiere, debemos atenernos al resultado: un máximo de 50 miligramos. 
Que exista cierta flexibilidad en cuanto al método con que se consigue el objetivo no constituye un problema. 
Un ejemplo de buena normativa es la directiva sobre hábitats. 
La naturaleza constituye un legado común, la protección de la naturaleza es una tarea comunitaria. 
No tiene sentido que en un país se protejan los pájaros si cuando cruzan la frontera se les dispara. 
La directiva sobre hábitats establece un objetivo claro. 
El método conforme al cual se logra el objetivo es bastante libre. 
No es una directiva detallada, pero contiene un marco de análisis, un marco de análisis que permite la evaluación de los intereses locales o regionales, y ésa es precisamente la forma en que debemos trabajar. 
No obstante, el resultado de la protección de las especies protegidas y sus hábitats debe continuar siendo lo primero. 
Por supuesto, existen muchos conflictos en pueblos y provincias en cuanto a la aplicación de la directiva. 
Existen ejemplos de una aplicación incorrecta. 
Una información clara sería útil y necesaria, pero me sorprende que tantos colegas soliciten una revisión de las directivas sobre aves silvestres y hábitats a fin de elaborar más determinados conceptos que figuran en la directiva sobre hábitats. 
Se trata de las consecuencias significantes, de la compensación y el gran interés público. 
La fuerza de la directiva sobre hábitats reside precisamente en su flexibilidad. 
La directiva recoge una forma moderna de proteger la naturaleza. 
No hay que poner vallas a la naturaleza, pero sí que hay que tratar de forma consciente las especies y la riqueza natural. 
Creo, por tanto, que es lamentable que algunos colegas contribuyan a crear confusión al sugerir en una enmienda que la infraestructura existente debería eliminarse o que es imposible realizar nuevos grandes proyectos. 
Señor Presidente, Señorías, saludo mucho que este tema se encuentre hoy en el orden del día. 
Señora Jackson, muchas gracias por haber planteado esta pregunta. 
Cuando se refiere a tres directivas concretas de la Unión Europea quiero constatar que se trata de un problema general en la aplicación de normas legales de la Unión Europea en los Estados miembros. 
Si se parte del hecho de que en la UE el Consejo y el Parlamento aprueban directivas y reglamentos, entonces quiero creer que el Consejo- que es el usuario de estas directivas- las aplicará del modo correspondiente en los Estados miembros. 
Por un lado, la Unión Europea que busca los fallos en los Estados miembros. Por otro lado, los Estados miembros, quienes desean traspasar los problemas a la lejana Europa olvidando que ellos son Europa y que entre medias se encuentra la Comisión. 
Señora Comisaria, usted se ha esforzado mucho para que estas leyes se apliquen de un modo concreto en la Unión Europea. 
Pero no es tan sencillo y nosotros hemos criticado a veces sus métodos. 
Para los problemas de aplicación existen diversas causas. 
Una de las causas en la directiva de los nitratos es en mi opinión la no observancia de los conocimientos científicos, pues una cosa está clara: no se pueden reducir los nitratos con la rapidez que hemos exigido. 
Esto no lo permite sencillamente la Naturaleza. 
Por el contrario, en la directiva "Hábitats" el Parlamento mencionó el año pasado con toda claridad los fallos, por ejemplo que la directiva es en parte complicada y poco clara por lo que no se puede aplicar así en los Estados miembros. 
Hemos estado en Toulouse y hemos visto cómo los ciudadanos intentan aplicarla allí. 
Pero en el fondo no saben cuál es la dirección a seguir. 
No saben dónde están los límites ni cómo pueden aplicarla correctamente. 
Estos son los fallos que es urgente corregir. 
Pero también tenemos que ocuparnos de que las directivas estén acuñadas menos por utopías y mucho más por el sentido de la realidad. 
La pregunta de la Sra. Jackson contiene todo lo que debemos tener en cuenta. 
A ello no hay que añadirle nada más. 
Con unas sanciones más rápidas y una cuidadosa revisión de las leyes podremos solucionar este problema. 
Sin embargo, quiero indicar que también tiene que cambiar algo en los Estados miembros, pues los ministros de medio ambiente son a veces demasiado cobardes para defender en sus países las ideas que aquí aprueban cuando esto puede ocasionar conflictos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Jackson y a los ponentes de los tres informes que hoy debatimos. 
La aplicación eficaz por parte de los países miembros de las directivas medioambientales comunitarias tiene naturalmente gran trascendencia de dos maneras distintas. 
Por un lado, por cuanto hace referencia a la protección del medio ambiente- ésta es la única finalidad de las directivas -, sin embargo y por otro lado, también es muy importante que no permitamos que quede debilitada la confianza hacia el trabajo legislativo que se lleva a cabo en la UE permitiendo que los países miembros salgan airosos de no haber puesto en marcha durante mucho tiempo la legislación que ellos mismos contribuyeron a sacar adelante en el Consejo de Ministros. 
Por ello considero que los tres informes relativos a la falta de aplicación por parte de los países miembros de la legislación comunitaria son importantes. 
Al Consejo le ha irritado un poco que desde este Parlamento les miremos por encima del hombro, pero creo que el trabajo de estos informes ha revelado cuán laxa es la aplicación de la legislación comunitaria en la mayoría de los países miembros. 
También han revelado la lentitud de la reacción de la Comisión y del Tribunal de Justicia cuando se trata de una falta de aplicación. 
A menudo oímos grandes discursos sobre la Europa del futuro y sobre las grandes visiones europeas, también a algunos miembros de este Parlamento. 
También se los oímos a muchos gobiernos, pero a menudo éstos ocultan cómo se atiende a estrechos intereses nacionales en lugar de a los intereses comunitarios por los que hemos trabajado durante el trabajo legislativo. 
Y resulta interesante observar que los países que a menudo son percibidos como un poco reacios y un poco críticos ante partes de la cooperación europea, son en realidad los países que cumplen mejor con las decisiones comunitarias. Con toda modestia pienso, por ejemplo, en los países nórdicos. 
He celebrado escuchar los comentarios de la Sra. Wallström a los informes. 
Estoy segura de que la Sra. Wallström tiene la voluntad de garantizar la calidad de la legislación de modo que pueda ponerse en práctica y de garantizar un eficaz seguimiento de ésta. 
Creo en cualquier caso que el Parlamento debe prestar en la mayor medida de lo posible su apoyo a esta tarea. 
Señor Presidente, Señorías, la pregunta de la Sra. Jackson muestra que las mejores leyes tampoco sirven de nada si no se aplican correctamente y, sobre todo, si no son controladas suficientemente. 
Por ejemplo, los Estados miembros no han aplicado sus propias resoluciones en la directiva "Hábitats", lo que es aplicable también a otras muchas disposiciones legales. 
Naturalmente, también se trata de la calidad de la legislación que vamos a necesitar en el futuro. 
Pero para la aplicación es competente la Comisión. 
También tiene que comprobar cómo se realiza el control in situ. 
Y para ello depende a su vez de la información que le suministren los Estados miembros. 
Tengo la sensación de que la supervisión es realmente difícil pues la Comisión precisa para ello de informaciones, datos y también de los informes que se deben poner a disposición. 
En el pasado se ha indicado con frecuencia que la Comisión dispone de muy poco personal y medios para realizar la evaluación de los datos puestos a disposición en el marco de sus tareas de control. 
Por ello, quiero preguntar a la Comisión si las capacidades actuales son suficientes. 
Pero nosotros, como Parlamento, tenemos que ocuparnos también de nuestros propios asuntos pues siempre exigimos informes. 
Sé que la Comisión está muy ocupada con la aprobación y revisión de los informes y esto absorbe capacidades y recursos de la Comisión, lo que no siempre sería necesario. 
Es decir, todos los afectados tienen que recapacitar qué es lo que pueden hacer mejor. 
En mi opinión, la Comisión debería reaccionar con mayor rapidez, tanto frente a los Estados miembros como en la incoación de los procedimientos necesarios ante el Tribunal Europeo de Justicia o la determinación de las multas. 
Al mismo tiempo, dirijo también una apelación a todos los Estados miembros para que atiendan mejor sus obligaciones de aplicación, control y elaboración de informes para la Comisión. 
Como responsable de nuestro Grupo político para la directiva marco sobre el agua y como ponente del aún pendiente programa de acción para las aguas freáticas, la directiva sobre los nitratos es naturalmente algo muy importante para mí. 
Mañana al mediodía tendremos que decidir sobre el informe Goodvill, al que he añadido algunas enmiendas. 
Ruego a todas y todos los colegas que las aprueben. Pues aquí también se trata de que los Estados miembros tomen sobre sus hombros una mayor responsabilidad. 
Les pido por ello su apoyo. 
Finalmente, quiero mencionar aún un punto, el relativo a los países candidatos a la adhesión. 
Exigimos a los países que quieren adherirse la recepción de la legislación europea. 
Pero si los mismos Estados miembros no la respetan y la Comisión Europea no está en situación de intervenir con eficacia, entonces la cosa se pone crítica. 
Ya sólo por este motivo pero naturalmente en primer lugar para proteger la salud de las personas y el medio ambiente es necesario que a la mayor brevedad de produzca un cambio radical en el modo de pensar entre todos los responsables. 
Los informes lo revelan claramente. 
Señor Presidente, me alegra mucho que hasta ahora ningún orador haya exigido dulcificar las directivas sobre el medio ambiente. 
Pues, señor Sjöstedt, no se trata de que los Estados miembros más pobres no hayan sabido en qué se metían. 
Y ustedes saben ahora también muy exactamente que sencilla y conscientemente no respetan la legislación europea. 
Quieren ganar tiempo y saben exactamente que no les va pasar nada en absoluto pues antes de que actúe el Tribunal de Justicia pasará mucho tiempo. 
Estamos confrontados ante una desautorización totalmente consciente de la legislación europea y ni el Parlamento ni el Consejo deberían admitirlo. 
Se ha dicho que hay que mencionar a los pecadores por su nombre. 
Me avergüenzo pues Austria pertenece también a este grupo de países que no han respetado la directiva "Hábitats" pero, estimada señora Comisaria, también quiero protestar pues en la directiva sobre el PCB Austria no ha estado inactiva. 
Hemos cumplido muy obedientemente todo lo que había que hacer, además ya antes de que existiese la correspondiente directiva europea. 
Ya en 1990 se aprobó en mi país una ley sobre los residuos y en 1993 un reglamento sobre las sustancias halogenadas. 
Aquí se nos critica injustamente. 
En lo que se refiere a la directiva de los nitratos, Austria ha subsanado entretanto los fallos. 
Sin embargo sabemos exactamente que la aplicación de la directiva de los nitratos para todos los Estados miembros ha sido muy problemática. 
En este contexto, el problema central ha consistido en que la excesiva densidad de ganado en muchas partes de la Unión ha ocasionado graves dificultades en muchos países para respetar el límite de 170 kg. de nitrógeno por cada hectárea de superficie útil agrícola para el vertido de abonos de granja. 
Quizás en el futuro no exista tal exceso de densidad de ganado pues el ganado, esta criatura torturada y comercializada, se está defendiendo actualmente. 
La forma de EEB a la que estamos actualmente confrontados es sin duda una especie de venganza de estos animales torturados. 
Deberíamos aprender de la Naturaleza. Comportémonos como deberíamos y respetemos las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. 
Señor Presidente, la Directiva relativa al agua potable, la Directiva relativa a la eliminación de residuos, los importantes riesgos de accidentes, los fangos cloacales, el amianto, las aves silvestres, el transporte de residuos, por no citar la Directiva relativa a los hábitat, la Directiva relativa a los nitratos y la Directiva relativa a los PCB: la lista es larga, la lista del incumplimiento de mi país en materia de transposición de la legislación medioambiental de la UE. 
Pese a las cartas de advertencia, los dictámenes razonados, las amenazas de acciones judiciales ante el Tribunal Europeo de Justicia en relación con la adopción de medidas ilegales, así sigue vergonzosamente. 
Somos el segundo país por el número de incumplimientos en materia de transposición y designación de sitios conforme a la Directiva relativa a los hábitat. 
A veces, pocas, puede haber razones auténticas para el retraso en la transposición de una directiva y la Directiva relativa a los nitratos hoy ha merecido aquí una mención particular a ese respecto. 
Pero no facilitar de forma oportuna y adecuada la información solicitada por la Comisión conforme al artículo 10 del Tratado es inexcusable. 
Ése es el primer paso: respuesta a las cartas de la Comisión. 
No se debe perdonar a ningún Gobierno los malos modales y una conducta inadecuada. 
Ése es uno de los pecados capitales de Irlanda y- sospecho- de muchos países en relación con la esfera de que estamos hablando. 
El artículo 10 obliga a los Estados miembros a cooperar activamente con la Comisión para abordar quejas, aclarar hechos y formular posiciones oficiales. 
La semana pasada, sin ir más lejos, leí en los medios irlandeses de comunicación que el pasado otoño el jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión, Sr. Curry, se quejó al embajador de Irlanda ante la UE, Sr. Denis O ' Leary, de que las autoridades irlandesas no estaban cooperando adecuadamente con Bruselas en materia de cuestiones medioambientales. 
La Comisaria Wällstrom escribió el pasado mes de marzo al ministro irlandés de Medio Ambiente, Sr. Dempsey, para proponerle que su departamento o el Defensor del Pueblo irlandés se ocuparan del gran número de quejas irlandesas en materia de medio ambiente que estaban recibiendo los funcionarios de la UE. 
Resulta vergonzoso que en Irlanda, con el 1% de la población de la Comunidad, hayamos provocado el 10% de las quejas medioambientales de la Comisión. 
El Sr. Curry pronunció palabras muy duras no sólo para con nuestro Departamento de Medio Ambiente, sino también para con las políticas de nuestro Departamento de Hacienda, nuestra Agencia de Protección del Medio Ambiente, nuestra Agencia de Protección del Patrimonio y, de hecho, nuestras autoridades locales. 
Hay que alentar una aplicación sensible para garantizar la cooperación y la comprensión política y pública de lo que debemos lograr. 
Con frecuencia pongo el ejemplo- como hice en una reunión de la comisión celebrada esta mañana- de la supervivencia de la única colonia de algodoncillo de Irlanda en el ángulo sudoriental de Wexford. 
Se encuentra en un sendero local de peregrinación. 
Con su excesivo celo para proteger el algodoncillo, el consejo local decidió prohibir la peregrinación desde la zona inmediata. 
Muy pronto resultó claro que los pasos de los peregrinos y no la intervención divina había sido, de hecho, esencial para proteger ese ecosistema determinado. 
Especies más fuertes y vigorosas, conocidas coloquialmente como "hierbajos" -aunque se trata de flores silvestres en todos los casos- se afianzaron en la colonia y empezaron a asfixiar el algodoncillo, una vez que desapareció la intervención humana. 
El cambio en el equilibrio esencial entre la actividad humana y nuestro medio ambiente propició la pérdida de ese precioso ecosistema. 
Por último, no se debe llegar a una situación en que la última persona que se vaya de la isla apague las luces. 
Tenemos que vivir y ganarnos la vida en esos lugares. 
Tampoco podemos hipotecar la salud y el patrimonio de nuestros hijos. 
Señor Presidente, quisiera agradecer de nuevo a todos sus Señorías sus declaraciones. 
No podría estar más de acuerdo con la mayor parte de lo que han dicho, excepto las acusaciones de autocomplacencia. 
Permítaseme recordar que, a día de hoy, el 45% de todas las quejas versan sobre cuestiones y casos medioambientales- 700 quejas- y el 30% -unas 400- de las infracciones son casos medioambientales. 
De modo que recae sobre nosotros una pesada carga y estamos intentando hacer todo lo posible, pero también pensar en el futuro. 
Por eso digo que también tenemos que buscar instrumentos nuevos y formas de actuar mejor. 
La observación del Sr. Sacconi ha sido la de que necesitamos los buenos ejemplos de los beneficios económicos que se pueden lograr cumpliendo la legislación medioambiental. 
Tenemos que evaluar mejor los resultados del cumplimiento de la legislación medioambiental. 
La eficacia mayor la logramos cuando hay una interacción entre las instituciones, sin por ello negar que los Estados miembros son responsables. 
Tienen que darnos respuestas y facilitarnos información. 
No tenemos medios para enviar funcionarios a todos los Estados miembros a hacer verificaciones. 
No podemos hacerlo, a no ser que sus Señorías me concedan otras 500 personas. 
Lo que tenemos que hacer es modernizar la legislación. 
Se ha dicho que necesitamos menos- pero mejores- propuestas legislativas. 
Estoy de acuerdo. 
La forma más sencilla es el criterio del valor límite: decir, por ejemplo, 50 mgs. de nitratos en el agua potable. 
Pero eso no se puede aplicar en otras directivas de mayor alcance, como, por ejemplo, la Directiva relativa a los hábitat. 
No es una coincidencia que se elijan las Directivas relativas a los hábitat y a los nitratos como ejemplos de cumplimiento deficiente, porque tienen un gran alcance. 
Son directivas ambiciosas y en algunos casos eso quiere decir que los Estados miembros deben revisar enteramente sus métodos agrarios. 
Lo sabemos en el caso de algunos Estados miembros. 
No se debe tomar como excusa, sino como una explicación de por qué se citan esas directivas en relación con el incumplimiento. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Sjöstedt en que no es porque esas directivas sean deficientes o no suficientemente ambiciosas. 
Tienen un gran alcance y consecuencias para los Estados miembros que tal vez éstos no comprendieran cuando se adoptaron las decisiones. 
No debemos ceder ahora, debemos continuar, porque por fin vamos a empezar a ver resultados. 
Lo que hemos hecho, que es muy eficaz, es establecer el vínculo entre la financiación europea y el cumplimiento de la legislación medioambiental. Tenemos que recurrir a eso. 
Podemos hacer más en materia de educación e información. 
Hemos iniciado actividades de ese tipo. 
Utilizamos a nuestros expertos para que vayan a los Estados miembros o impartan seminarios a fin de enseñar a los Estados miembros la forma mejor de aplicarlas. 
Procuramos utilizar todos esos instrumentos disponibles para mejorar la aplicación. 
En una Unión ampliada y más diversa, unas metas claras y jurídicamente vinculantes, así como instrucción y métodos de calibrado, supervisión y cálculo de resultados revisten cada vez mayor importancia. 
Espero que el Parlamento Europeo dé apoyo y respaldo a nuestros intentos suplementarios de mejorar la aplicación de la legislación medioambiental de nuestra Comunidad Europea. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 45 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0357/2000) del Sr. Parish, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la situación y perspectivas de los jóvenes agricultores en la Unión Europea (2000/2011 (INI) ). 
Señor Presidente, Señor Comisario Fischler, señoras y señores, me complace presentarles hoy el informe a iniciativa de propia la Comisión de Agricultura acerca de la situación y de las perspectivas de los jóvenes agricultores de la Unión Europea. 
Hace veinte años, yo mismo era miembro de la organización local de jóvenes agricultores del Condado de Somerset en Inglaterra. 
Ya en aquel entonces no era fácil para los jóvenes agricultores seguir con la explotación familiar o empezar en el sector. 
Hoy la situación se ha hecho aún más difícil y asistimos a una caída del número de jóvenes agricultores que se dedican al sector. 
Hemos llegado a un punto en el que es vital adoptar medidas para detener este descenso. 
No sólo en bien de la propia agricultura, sino también para salvaguardar las actuales estructuras de nuestras zonas rurales. 
Lo último que queremos ver son zonas rurales despobladas en las que el paisaje verde y agradable que damos por hecho deje de cuidarse adecuadamente. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la organización europea CEJA la ayuda y cooperación que me han prestado para poder presentar este informe. 
Se me dio la oportunidad de visitar a jóvenes agricultores de cinco Estados miembros que me hicieron comprender mejor y con mayor amplitud el modo práctico de ayudar a los jóvenes agricultores del sector. 
Me gustaría también dar las gracias al Sr. Comisario Fischler por su apoyo y quisiera también acoger favorablemente la propuesta de opinión sobre el informe elaborado por el Comité de las Regiones porque va a realizar un informe acerca de los jóvenes agricultores. 
Y en último lugar, y no por ello menos importante, me gustaría expresar mi agradecimiento a Ross Gordon Consultants que el año pasado llevaron a cabo un excelente estudio sobre la situación de los jóvenes agricultores de la Unión Europea, cuya publicación ha sido de gran ayuda a la hora de elaborar el informe que se presenta hoy. 
El informe plantea una serie de ideas y de formas de ayudar a los jóvenes agricultores a iniciar o a continuar su actividad. 
Sin embargo, he intentado no volver a inventar la rueda. 
Fundamentalmente, me gustaría que se creara un nivel básico garantizado de asistencia a los jóvenes agricultores de toda la Unión Europea. 
Soy plenamente consciente de que no es tarea fácil encontrar una solución que abarque todas las distintas situaciones a las que se enfrentan nuestros agricultores en sus respectivos países en una Comunidad de 15 Estados miembros. 
Por citar sólo dos ejemplos: el valor de las tierras puede oscilar desde los 12.000 euros por hectárea a los 15.000 euros por hectárea. La carga impositiva varía mucho de unos Estados miembros a otros, existiendo algunos que gravan las sucesiones con considerables impuestos, lo cual hace muy difícil la supervivencia de los jóvenes agricultores, sobre todo allí donde el precio de las tierras es muy elevado. 
No dispongo de tiempo para detenerme en todas las recomendaciones recogidas en el informe, pero citaré algunas de las medidas que deberían ser prioritarias: el mantenimiento de ayudas de hasta 40.000 euros para el establecimiento, acompañadas de tipos de interés subvencionados para el capital inicial de hasta 120.000 euros durante ocho años. 
Entre las dos mayores dificultades de los jóvenes agricultores están la obtención del capital inicial y, posteriormente, el peligro de desbordar su capacidad financiera al tener que efectuar pagos de intereses periódicos. 
Vivimos en una era informática. 
El acceso a la educación y a la formación tiene que fomentarse más para que los jóvenes agricultores puedan sacar todo el partido a las potenciales ventajas que ofrecen la moderna tecnología de la comunicación y las técnicas de gestión de empresas. 
La cambiante fisonomía de la agricultura, cada vez más determinada por acuerdos globales en el seno de la OMC, supone que la agricultura seguirá cambiando. 
Va en beneficio de todos nosotros el que los jóvenes agricultores estén bien preparados para anticipar y para controlar estos futuros retos. 
Las medidas de seguridad alimentaria y los métodos de producción están siendo últimamente objeto de un profundo análisis. 
En toda Europa se está poniendo un mayor énfasis en la producción orgánica. 
También aquí debe colocarse a los jóvenes agricultores en una posición que les permita acoger una nueva cultura emergente y ser conscientes de las ventajas que conlleva conservar la confianza de los consumidores en los productos agrícolas y su apoyo a los mismos. 
Existe un enorme margen para una producción local de alta calidad, creativa e innovadora. 
La industria agrícola europea atraviesa un período económico difícil con una gran reestructuración en marcha al mismo tiempo. 
Hay una gran necesidad de ayudar a algunos de los agricultores de más edad a retirarse con dignidad. 
En este sentido, me gustaría mucho ver un conjunto de medidas para la jubilación de los actuales agricultores que se vincule a que los jóvenes agricultores sigan en el sector. 
Me gustaría pedirle al Sr. Comisario Fischler que recomendara a los Estados miembros que establecieran esta política en toda la UE. 
Asistimos a un aumento de la edad media de los agricultores de la Comunidad a la vez que desciende el número de agricultores jóvenes. 
Esta tendencia debe invertirse. 
Los jóvenes agricultores necesitan un mayor acceso a los derechos de producción. 
No es fácil hallar un equilibrio en la concesión de nuevos derechos de producción a los jóvenes agricultores cuando tienen que detraerse de los agricultores existentes, los cuales ya se enfrentan, ellos también, a dificultades financieras. 
Cuando se modifiquen los derechos de producción en el futuro, me gustaría pedir a la Comisión que tenga más en cuenta la necesidad de aumentar la cantidad de producción adicional que se concede a los jóvenes agricultores. 
Dado el énfasis que pone la PAC en dar mayor importancia a los programas de desarrollo rural, es crucial que se reconozca que los jóvenes agricultores son los actores clave y los principales responsables de la aplicación de estas nuevas políticas de desarrollo rural. 
Teniendo en cuenta la próxima ampliación de la Unión Europea, recomendaría vivamente a los Estados candidatos que empezaran a establecer medidas en apoyo de sus jóvenes agricultores ya desde ahora, con vistas, sobre todo, a la introducción de los controles de producción que exige la Comisión. 
En muchas partes del mundo la aparcería es una práctica extendida. 
Quisiera pedirle a la Comisión que investigara las posibilidades de desarrollar la aparcería dentro de la política agrícola común. 
Como ya he mencionado, este informe se ha elaborado a iniciativa propia de la Comisión de Agricultura y espero que todas las partes puedan suscribirlo y garantizar que en el futuro se va a prestar una ayuda práctica y positiva a los jóvenes agricultores. 
Me gustaría también dar las gracias una vez más al Sr. Comisario Fischler por su apoyo y también pedirle que instaure la realización de una auditoría cada dos años sobre la disponibilidad y el éxito de las medidas establecidas en apoyo de los jóvenes agricultores. 
Es muy importante que no nos limitemos a apoyar de boquilla a los jóvenes agricultores, sino que ofrezcamos políticas dentro de la política agrícola común que aumenten el número de jóvenes agricultores que entran en el sector. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, en primer lugar quiero felicitar a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, muy en particular, a su ponente, Neil Parish, por la oportuna iniciativa de traer a las instituciones europeas el debate de este tema. 
Ya han transcurrido treinta y dos años desde que Sicco Mansholt, Comisario de Agricultura desde la constitución de la Comisión hasta 1972, presentó su proyecto de reforma de la Política Agraria Común: el plan "Mansholt". 
Creo que las instituciones europeas no han rendido aún el debido homenaje a esa gran figura de la política europea. 
Releo hoy ese clásico y sigo encontrando en él muchas de las respuestas necesarias a los problemas afrontados por los jóvenes agricultores, bien caracterizados por este informe de Neil Parish. 
Organizamos una pesada Política Agraria Común basada en apoyos por hectárea, por cabeza de ganado o incluso por la producción obtenida; limitamos derechos de producción y establecimos cuotas; impusimos complejos mecanismos de normalización de la producción; organizamos intrincados sistemas de intervención en los mercados internacionales. 
Los resultados han sido moderados, con algunos aspectos positivos pero con muchos otros negativos. 
Entre estos últimos destacan los efectos de esa política en la creación de grandes dificultades al establecimiento de los jóvenes en la actividad agraria. 
El valioso estudio elaborado sobre este tema para nuestro Parlamento confirma que la tierra sigue siendo la mayor inversión para los agricultores europeos. 
Es que la dificultad para acceder a ella es el problema principal que se plantea a los jóvenes agricultores. 
De acuerdo con ese estudio, por cada punto porcentual de aumento de la subvención al cultivo de trigo, el precio de la tierra aumenta el 0,4 %. 
Ese efecto aumenta en gran medida con los sistemas de cuotas y límites de producción. 
Por eso, no podemos afrontar el imperativo de proteger y apoyar la modernización y el rejuvenecimiento de la agricultura sin reflexionar sobre los cambios que se deben hacer en la PAC. 
La solución substitutiva de este modelo de política agraria requiere necesariamente una política orientada hacia el agricultor y su renta y no a hacia el producto, las tierras o el ganado, mediante los cuales se obtiene. 
Requiere una política agraria formulada desde el punto de vista regional y no sectorial, requiere la concesión de prioridad al medio ambiente, al desarrollo rural, a la formación profesional y a la jubilación anticipada. 
Al concluir, me permito proponer a Neil Parish y a la Comisión de Agricultura que este informe no sea un punto de llegada, sino un punto de partida para una profunda reflexión sobre la renovación de la agricultura y la reforma de la Política Agraria Común con la participación, en particular, de las asociaciones de jóvenes agricultores. 
La conmemoración del plan Mansholt sería un buen tema de partida. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre del Grupo de los Liberales, quiero darle mis más efusivas gracias al ponente por el extraordinario trabajo que ha realizado. 
Gracias de corazón. 
Quisiera centrar esta breve intervención mía en un par de puntos. 
El informe toma brillantemente en cuenta los problemas de los agricultores jóvenes y ha prestado especial atención a los problemas sociales. 
Esto es bueno, ya que los hombres jóvenes suelen mostrar más interés en continuar la actividad agrícola que las mujeres de su misma generación. 
El problema que se ha generado es la llamada "soledad de las cien hectáreas". 
La agricultura requiere planificación a largo plazo, sobre todo si pensamos en el relevo generacional. 
La edad media de los agricultores europeos es preocupantemente elevada. 
El relevo generacional ha de ser posible económicamente. 
Hay que incentivar a los jóvenes para que se conviertan en agricultores. 
Sin embargo, no existen suficientes jóvenes dispuestos a ello. 
Sería muy importante conseguir que los jóvenes se dedicasen a esta profesión que tanta importancia tiene para cada uno de nosotros. 
Los agricultores jóvenes están muy capacitados y se sirven de la tecnología actual en su trabajo en los campos de cultivo y en la cría de ganado sin ningún tipo de prejuicios. 
Del mismo modo, son capaces de aprovechar la tecnología informática punta en la planificación de los trabajos. 
Puesto que nos encontramos en el umbral de grandes cambios, mencionados aquí también por el ponente, son los jóvenes, mejor que nadie, quienes serán capaces de conducirnos con éxito a través de esta gran transformación que deberemos afrontar inevitablemente dentro de algunos años. 
Las decisiones y medidas propuestas en el informe son acciones que habrá que decidir a nivel nacional en su mayor parte, lo cual es bueno desde el punto de vista de la flexibilidad. 
Por su parte, la UE puede y debe contribuir a fomentar una política de incentivación de la juventud. 
La burocracia no debe ser un obstáculo a la hora de desarrollar la situación de los agricultores jóvenes. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera darle las gracias, la enhorabuena y nuestro apoyo por su informe al Sr. Parish. 
En unos tiempos en los que las nuevas generaciones ven que la calidad de vida ya no está íntimamente ligada con la industrialización y las ciudades y con los grandes centros comerciales, tenemos la obligación desde la Unión de fomentar y facilitar el relevo generacional y que se complete el ciclo vital y humano en la agricultura mediante nuevas iniciativas comunitarias que contemplen al joven agricultor como objetivo prioritario. 
Debemos poner en práctica los principios y acciones que se prevén en este informe de iniciativa con el objetivo de hacer la vida en el medio rural más atractiva para los jóvenes, evitando la despoblación territorial. 
Este colectivo social futuro es la base de la política agrícola común para el que tenemos que potenciar la ayuda a la instalación y la ayuda complementaria a las inversiones, fundamentalmente en aquellas zonas estructuralmente desfavorecidas donde abundan las explotaciones y pueblos abandonados, en los que los jóvenes pueden relanzar la economía rural. Y todo ello gracias al desarrollo de productos novedosos como el agroturismo, el turismo rural de interés regional o mediante la repoblación de especies animales y vegetales en esos espacios naturales, contribuyendo a un desarrollo sostenible y duradero de la zona. 
Señor Presidente, en la primera parte de la resolución que el informe propone, se repiten las conocidas constataciones sobre la situación y perspectiva negativa de los jóvenes agricultores en la Unión Europea. 
Pero no se refiere en ningún punto por qué tenemos estos resultados, puesto que a los marcos de los anteriores dos programas comunitarios de apoyo, les precedieron dos programas de ayuda a los jóvenes agricultores, que además la Unión Europea proyectaba como una panacea para solucionar todos sus problemas y para cambiar dicha situación negativa. 
Esta omisión consciente señala también las propuestas que hace la resolución, en la que tampoco se refieren tres factores básicos que, si no les hacemos frente, inutilizarán, también el tercer programa comunitario para los jóvenes agricultores. 
Estos factores son, primero, la PAC, especialmente tal como se formó después del año 1992 y tal como la formó la Agenda 2000, no garantiza a los cabezas de familia comunitarios, pequeños y medianos, una renta viable para sobrevivir, por esta razón es tan difícil invertir, aunque fuera con cantidades mínimas, aunque fuera con numerosas subvenciones, que por supuesto no son muchas, en un sector como es la agricultura, el cual no sólo no es rentable, sino que además ni siquiera garantiza la renta más elemental. 
Segundo, la mayoría de las veces falta el objeto de la aplicación de los incentivos, es decir, un joven agricultor, a causa de los cupos no tiene de qué ocuparse, puesto que se han agotado en todos los productos y debe esperar a que se cree una nueva reserva nacional que se pueda repartir entre los jóvenes agricultores o comprar cupos, y consecuentemente no hay día en que pueda ver brillar el sol. 
Tercero, independientemente de la altura de los incentivos, los términos y las condiciones son tales que van bien a los grandes agricultores y excluyen a los medianos y pequeños. 
La condición de las grandes extensiones cultivadas, incluso en las zonas insulares, es característica, y resulta prohibitiva si se une a los cupos. 
Es decir, la Comunidad solicita a los jóvenes agricultores que tengan grandes explotaciones y una gran producción, pero con los cupos no se les permite siquiera tener producción. 
Esta monstruosidad no es, en nuestra opinión, no deseada, ni una opción casual de la Unión Europea. 
Es intencionada y aspira a la desaparición de los agricultores pobres y medianos y al refuerzo de los grandes agricultores; mejor dicho, al de los grandes empresarios en el sector agrícola. 
Ya ve por qué, señor Presidente, no podemos votar a favor de este informe, precisamente porque disimula las causas reales. 
Incluso estas subvenciones se dan con cuentagotas cuando se dan a jóvenes agricultores medianos y pobres y, en mi patria, contamos con ejemplos característicos. 
Por ejemplo, no sé si tiene en mente el Sr. Fischler que todavía no se han dado a Grecia las subvenciones a los jóvenes agricultores, independientemente de que el Gobierno utilizara sobre todo este tipo de argumentación para ganar votos el pasado abril. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al ponente por su informe tan bien fundamentado y objetivo que ni yo ni mi Grupo tenemos problemas en apoyar. 
En el contexto de la Agenda 2000, se realizaron esfuerzos muy creíbles para abordar el grave problema de la sucesión en la agricultura europea. 
Un remodelado plan de jubilación para los agricultores, las ayudas para el establecimiento y otras medidas pueden, sin embargo, no lograr el objetivo que deseamos y, a mi juicio, el problema debe analizarse con urgencia, porque, de otro modo, la continuidad de la agricultura familiar correrá un grave peligro. 
Aparte de las devastadoras y tremendamente inquietantes consecuencias de la EEB, que yo creo que se superarán, el verdadero problema para los jóvenes que en circunstancias normales se dedicarían a la agricultura es la disponibilidad, por bienvenida que sea, de empleos alternativos e indudablemente mejor retribuidos desde el punto de vista económico. 
Los agricultores y los que no son agricultores deben enfrentarse a esta realidad y hacerlo antes de que sea demasiado tarde. 
La agricultura como profesión conlleva la onerosa responsabilidad de garantizar a nuestros ciudadanos la seguridad y la calidad de los alimentos, y nosotros debemos actuar para salvaguardar la base productiva de la agricultura europea asegurando que se incentiva y se compensa adecuadamente a los jóvenes que llevan la agricultura en la sangre. 
Soy consciente de que muchas explotaciones pequeñas no tienen capacidad para generar suficiente renta para sus propietarios debido al tamaño y a la empresa. 
Creo que debemos hacer más por ayudar a los que están interesados en un programa de reestructuración- como ha mencionado el ponente en su informe- mediante una puesta en común de tierras y recursos humanos, que diera lugar a una mayor eficiencia y a un aumento de la competitividad. 
Del mismo modo, debe, en cualquier caso, buscarse con vigor la oportunidad del desarrollo rural y las nuevas tecnologías para crear empleos agrícolas y de dedicación parcial para mujeres y hombres. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando nos damos cuenta de que el 55% de los agricultores europeos tienen más de 55 años y el 23% menos de 44 años, no podemos dejar de concluir que el futuro de la agricultura en la Unión Europea está amenazado. 
La situación es aún más grave en mi propio país, donde esos índices alcanzan el 66% y el 15%, respectivamente. 
Desde mediados del decenio de 1980, en que la PAC inició una evolución en el sentido de fortalecer las medidas de control directo de la producción con el objetivo de evitar los excedentes y garantizar la estabilidad de los precios y las rentas. 
No obstante, el reverso de la medalla de esa opción en pro de la estabilidad fue la creación de rigidez en el acceso a la actividad agraria, que castiga en particular a los jóvenes agricultores, en primer lugar, por la dificultad de acceso a las cuotas, los derechos de producción o los derechos de primas y, en segundo lugar, por el aumento del precio de la tierra debido a la plusvalía creada por los regímenes de cuotas. 
Por otro lado, es notorio que muchos Estados miembros no han aplicado medidas que respondan mínimamente a las preocupaciones de los jóvenes agricultores. 
Doy el ejemplo de mi propio país, en el que, después de una fase inicial de entusiasmo tras la adhesión europea, en los últimos años se ha caído en una situación de descrédito e incluso de penalización de las actividades de la organización de jóvenes agricultores más representativa. 
En ese sentido es necesario adoptar con urgencia medidas fundamentales, en consonancia, por lo demás, con lo que propone el ponente, en particular, crear reservas especiales de cuotas y derechos de producción exclusivamente para los jóvenes agricultores, aumentar los apoyos a la primera instalación y las inversiones en explotaciones, instituir un régimen especial de crédito bonificado complementario de los restantes apoyos a la inversión, crear condiciones para el funcionamiento en serio de un sistema de jubilaciones anticipadas para los agricultores más viejos que acelere el proceso de renovación y, naturalmente, adoptar medidas de formación e información. 
Ahora es necesario que la Comisión presente urgentemente propuestas de medidas de acción y que el Consejo las apruebe. 
Si no es así, estaremos adoptando una actitud irresponsable que pondrá en riesgo la continuidad de la agricultura en el espacio europeo con todo lo que significa para nuestra civilización. 
Al concluir, quisiera agradecer a nuestro colega Sr. Neil Parish el magnífico trabajo que ha hecho en este informe. 
Señor Presidente, el informe aborda un tema de lo más difícil: las perspectivas para los jóvenes en el sector agrícola, como ha indicado el ponente, son probablemente peores de lo que lo han sido nunca desde la creación de la PAC y sus perspectivas no pueden separarse de las del sector en su conjunto o de la prosperidad de las comunidades rurales. 
Una buena medida de la complejidad de la situación puede encontrarse en los cursos que se ofrecen en la actualidad en las facultades de agricultura. 
En las dos facultades de mi región el número de asignaturas relativas a la agricultura ha descendido hasta el 40%, dedicándose el 60% restante a caballos y animales pequeños. 
Es significativo, sin embargo, que el 70% de los alumnos proceda de familias agrícolas, así que todavía existe ese vínculo. 
El informe manifiesta que hay poderosas razones a favor de medidas destinadas a fomentar la entrada en el sector de nuevas personas y a lograr un mayor grado de normalización en toda la Unión Europea, una cuestión, que según ha citado el ponente, se trató en el excelente informe STOA de principios del año pasado. 
Ese documento contiene muchos buenos ejemplos de la valiosa documentación sobre el contexto que tuvimos oportunidad de utilizar durante los debates en el seno de la comisión. 
Ahora que ya está en marcha el programa de desarrollo rural es importante examinar cómo puede emplearse este programa para reforzar los servicios de formación y de recualificación en nuestras facultades agrícolas. 
Yo quisiera enfatizar la necesidad de formación en diversificación agrícola, que incluya productos de bajo volumen para nichos de mercado, y en técnicas cooperativas de comercialización en las que, al unirse, las explotaciones agrícolas individuales puedan intentar contrarrestar la fortaleza negociadora comercial de las cadenas de supermercados. 
También me gustaría que esos cursos prestaran especial atención a las necesidades de las explotaciones más pequeñas donde es más probable que se encuentren los nuevos agricultores. 
Espero que la Comisión y los gobiernos nacionales tomen nota de las muchas excelentes sugerencias que recoge este informe y den, así, un impulso a la futura prosperidad de la agricultura en las zonas rurales. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar a mi colega, el Sr. Parish, por su muy, pero que muy excelente informe. 
Quiero centrarme en la baja entrada de jóvenes a la profesión y al mismo tiempo también en la elevadísima jubilación que se está dando en estos años, porque sin la entrada de jóvenes a largo plazo no habrá agricultura. 
Creo que la imagen de la agricultura en la actualidad es uno de los grandes problemas y que obedece a los numerosos brotes de enfermedad, escándalos de las dioxinas, etc. Y esto arroja una imagen negativa sobre toda la profesión siendo injusto para las numerosas familias de agricultores que cuidan de sus granjas de manera sobresaliente. 
No cabe ninguna duda de que la transparencia y la concienciación respecto a la producción y los modernos establos, la información sobre la política agraria común y sobre cómo se cuidan campos y animales son aspectos muy importantes. 
Debe brindarse ayuda tanto moral y formativa como económica. 
Nadie pone en duda en estos años los muchos millones de euros que empleamos en la formación de abogados, ingenieros y médicos. 
Existe un paralelismo claro con el joven agricultor que tiene la responsabilidad de la tierra y de los animales que tenemos y especialmente de los alimentos que comemos. 
Señor Presidente, yo también alabo al Sr. Parish por su excelente informe y el duro trabajo que ha realizado. 
En el breve espacio de tiempo de que dispongo, quisiera recalcar que una de las mayores dificultades a la que se enfrentan los jóvenes agricultores que entran hoy en el sector es el capital y los problemas de liquidez en el primer año de actividad. 
Respaldo esta propuesta porque debe darse a los jóvenes la oportunidad de entrar en el sector con una sólida base financiera. 
Después de todo, los jóvenes agricultores son la clave del futuro de todas nuestras comunidades rurales. 
La falta de entrada de jóvenes en el sector agrícola en el R.U. es un problema muy preocupante. 
Las estadísticas muestran que en Irlanda el 14,8 % de los propietarios agrícolas tienen menos de 35 años, en Francia esa cifra es el 13.2 %, pero en el R.U. es tan sólo el 6,8 %. 
Insisto en que las explotaciones agrícolas constituyen también una importante fuente de empleo en nuestras comunidades rurales. 
El empleo protege nuestro campo, mantiene abiertas allí nuestras oficinas de correos, nuestras escuelas y nuestras instalaciones de servicios. 
La agricultura y la viabilidad de la agricultura es el alma del futuro de nuestras comunidades rurales tal y como las conocemos. 
Si todas las pequeñas empresas- incluyendo los agricultores- emplearan sólo a una persona más cada una, se resolvería de la noche a la mañana toda la situación de desempleo en la Unión Europea. 
De todos los países de la Unión Europea, el R.U. y los Países Bajos son los únicos que no disponen de un programa específico de ayuda a los jóvenes agricultores. 
Las normas en materia de desarrollo rural permiten que se ponga a disposición de las personas de menos de 40 años de edad una ayuda de 16.500 euros para que ese establezcan en una explotación agrícola viable. 
Pero el gobierno laborista del R.U. todavía no ha aprovechado este excelente programa. 
Yo, por tanto, apoyo plenamente la obligatoriedad de las ayudas al establecimiento en toda la Unión Europea. 
El sector agrícola necesita savia nueva que imprima un nuevo impulso a un sector que en la actualidad está envejecido y desilusionado. 
Los jóvenes agricultores son el futuro del sector agrícola y elementos vitales de las comunidades urbanas. 
Doy las gracias al Sr. Parish por su informe y deseo lo mejor para este informe, de tal modo que podamos continuar con las importantes decisiones que él ha adoptado de un modo concreto y constructivo. 
Señor Presidente, se han utilizado un gran número de palabras respecto al papel de los jóvenes en la agricultura, pero su condición continúa dando pocos motivos de optimismo. 
No es casualidad que, después de la adopción de la Agenda 2000, en la actual etapa de renegociación de la OMC y ante la ya inminente perspectiva de la ampliación, estemos aquí discutiendo del futuro de los jóvenes agricultores, de esos jóvenes que en muchos Estados de nuestra Europa están apostando por la posibilidad de seguir de manera estable en el sector agrícola. 
¿Cómo podemos ayudarles? 
Una de las primeras soluciones no puede sino buscarse en la revocación de las medidas previstas en la PAC. 
Ya es hora de valorar atentamente de qué manera la distribución de las contribuciones- en cuanto, por definición, ayuda a la renta- ha de llegar a empresas capaces de competir en el mercado globalizado. 
Y esto en el intento de dirigir las financiaciones a una visión más orientada a rebajar los costes generales favoreciendo la asociación empresarial. 
Asimismo se podría trabajar en la agrupación de los terrenos que, en último término, son algo así como el paso generacional de la empresa agrícola. 
Desde este punto de vista, continúa siendo fundamental prever que, a la vista de las inversiones realizadas por lo jóvenes, se contemplen incentivos bajo la forma de descuento de los tipos de interés correspondientes. 
De este modo se perseguiría lo que estableció el Reglamento nº 1257 de 1999, en que se premia el concurso de más acciones cuando están dirigidas a una utilización más significativa de los recursos previstos en los planes de desarrollo rural. 
Considero que si de este debate salieran señales en esta dirección, podremos comenzar a construir realmente la estructura de un nuevo edificio de la agricultura europea basado en los jóvenes que, además, no supondría en absoluto el abandono y el olvido de aquellos que buscan posibles alternativas en las nuevas oportunidades medioambientales y multifuncionales. 
Y acabo agradeciendo el excelente trabajo realizado por el Sr. Parish. 
Señor Presidente, el informe Parish analiza con rigor una cuestión esencial para la Europa comunitaria y para quien aspire a incorporarse a la Unión. 
En efecto, los agricultores jóvenes requieren una atención prioritaria. 
Primero, porque debemos apoyar a nuestros jóvenes en todos los sectores de actividad, y segundo, porque nos interesa fijar territorialmente a la población rural, en su mayoría relacionada con la actividad agraria. 
Al abordar la cuestión, estamos obligados a valorar elementos que están en la base de nuestra estructura social, de nuestra ordenación territorial, de nuestra economía, de nuestra cultura, de nuestra civilización, en definitiva. 
Muchos de los problemas que afectan a estos agricultores están sustancialmente relacionados con alguno de los fundamentos del modelo económico imperante en Europa, la propiedad privada de la tierra y las formas de su transmisión. 
Este informe contiene una llamada a la acción institucional en beneficio de un colectivo concreto y, además, a la puesta en marcha de medidas concretas para llenar de contenido la función social de la propiedad agraria. 
En esa línea, me parece muy oportuna la opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, cuando afirma que los agricultores jóvenes no constituyen un colectivo homogéneo. 
Hay que distinguir entre los estudiantes de escuelas agrarias, los jóvenes que desean instalarse en el campo como alternativa al medio urbano y los hijos de agricultores. 
Y, aun entre estos últimos, distinguiría yo entre los que son hijos de agricultores trabajadores de la tierra y los descendientes de agricultores que, por la dimensión de su propiedad, son auténticos empresarios agrarios. 
Aceptando que se promuevan medidas que aligeren las cargas de la adquisición de la propiedad por herencia, yo destacaría otras acciones enunciadas también en el informe Parish que ayuden a la viabilidad de las explotaciones amparadas en fórmulas de economía social. 
Me gustaría insistir en otro aspecto del informe: debemos procurar que nuestros futuros socios en la Unión, al incorporar el acervo comunitario, no arrastren vicios ocultos que dificulten el desarrollo del medio rural en sus países. 
El paso de unas economías agrarias colectivizadas a situaciones homologables con la comunitaria puede desencadenar procesos especulativos que aumenten artificialmente el valor de mercado de la tierra y, así, agrandar la dificultad de los jóvenes agricultores para establecerse o mantenerse en el campo. 
Este informe, Sr. Presidente, será, sin duda, importante, en la medida en que consigamos también divulgarlo en nuestros países, en los Estados candidatos y, en particular, en el sector al que específicamente se dirige. 
Señor Presidente, hay sin duda una crisis de sucesión en la agricultura como bien sabe, con su experiencia como agricultor, el Sr. Parish. 
Si esta crisis es particularmente aguda en el propio Estado miembro del Sr. Parish, ello es consecuencia directa de las políticas puestas en marcha por los gobiernos del R.U. durante los últimos veinte años, y para superarla, el Reino Unido debe analizar las implicaciones del acuerdo de Fontainebleau sobre su contribución a las finanzas de la Unión Europea. 
Esto ha sido desastroso para la agricultura. 
Así mismo, el ponente, miembro del Partido Conservador, debe trabajar dentro de su propio partido para garantizar el apoyo a sus propuestas en la Cámara de los Comunes. 
En países en los que menos del 10% de la población vive ahora en zonas rurales, es demasiado fácil para los gobiernos dejar a un lado las necesidades de estas zonas, y el mensaje que debe salir de este debate es que al hacerlo están poniendo en peligro a sus países. 
Señor Presidente, antes de nada quisiera felicitar a mi colega Neil Parish por haber presentado un informe basado en la realidad de los agricultores, la realidad del campo y no en la visión de Bruselas. 
Eso en sí mismo supone una contribución digna a la política agrícola. 
No obstante, si examinamos ahora la situación, cabe preguntarse si todavía hay jóvenes lo suficientemente locos como para convertirse en agricultores en la Unión Europea. 
Lo que necesitamos es gente que quiera realizar una gran prestación, de hecho, superdotados, y que no provengan de una modificación genética. 
Parece que se lucha contra molinos de viento cuando se examina lo que la gente espera y, al mismo tiempo, lo que tienen que conseguir los jóvenes agricultores. 
Si analizamos la situación, y me limito a mi propio país, resulta que en la ganadería lechera se controla ahora todo desde las briznas de hierba hasta el momento en que la leche se encuentra en el supermercado. 
Veo que los agricultores de cultivos herbáceos y horticultores tienen que llevar ya desde hace tiempo una contabilidad completa en cuanto al medio ambiente y los consumidores, y que están haciéndolo con mucha motivación. 
Al mismo tiempo, debemos constatar que en muchos países europeos los requisitos en cuanto al bienestar de los animales se encuentra entre los más estrictos del mundo. 
Quien quiere convertirse en agricultor en Europa, tiene que hacer más que un joven agricultor en otra parte del mundo. Debe tener en cuenta el paisaje y las condiciones culturales. 
Debe garantizar los criterios más estrictos por parte de los consumidores, fabricar una gran variedad de productos, tanto en cuanto al aspecto regional como al de la calidad, garantizar el bienestar de los animales como exigencia máxima y ser responsable de un producto también cuando éste ha dejado el corral. Eso es lo que llamamos ser empresario social como deporte de alto nivel. 
Ello requiere amor por el empresariado, el medio ambiente y la naturaleza, orientación social y perseverancia. 
Ya tan sólo por ese motivo sería deseable iniciar de cara al futuro una política concreta para los jóvenes agricultores. 
Tal vez deberían figurar en ella puntos orientativos tales como un sistema de primas combinado con la calidad, la protección de paisaje y del medio ambiente, pero también la introducción de un impuesto medioambiental, no para los agricultores, sino que tenga que ser abonado por los consumidores, para financiar los requisitos adicionales que deben cumplir los agricultores y para mejorar la posición en el mercado de agricultores y consumidores. 
Lo que llama la atención en toda la política de la competencia de la Unión Europea es que sí se le presta mucha atención, pero por ejemplo, en el sector alimenticio se ha ido creando paulatinamente un monopolio para los compradores, los supermercados, y que a la vez la venta, en pequeña escala, de los terrenos agrícolas está todavía fragmentada. 
En ese sentido sería deseable que tanto el Comisario Monti como el Comisario Bolkestein analizaran alguna vez esta cuestión de forma más crítica en lo que al aspecto de la competencia se refiere. 
Eso requiere productores motivados. 
Eso significa que la comida no sólo es mercado, sino también salud pública, paisaje y naturaleza. 
Resumiendo, si somos conscientes de ello, sabemos que los agricultores jóvenes deberán ser superdotados en el futuro y, en ese sentido, merecen más respaldo o apoyo político del que tienen en este momento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para comenzar deseo felicitar al Sr. Parish por la muy seria exposición que ha realizado en su informe de la situación de los jóvenes agricultores en Europa. 
Les pregunto lo siguiente: ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos a nadie que se haga cargo de nuestras explotaciones agrícolas? 
Es importante y correcto que llevemos a cabo una transformación estructural, pero esto no debe conducir a un abandono total de esta profesión. 
Si deseamos seguir teniendo una agricultura en Europa tendremos que ocuparnos también de nuestros sucesores. 
Estamos a favor de un modelo multifuncional de agricultura, es decir, que los agricultores no sean sólo responsables de la producción de alimentos sino que una gran parte de su trabajo beneficie también a toda la sociedad, que se alegre de una naturaleza intacta y de unas áreas rurales dignas de vivirse y que pueda allí buscar reposo. 
La política agraria y la política para las áreas rurales en su totalidad vive para y de su población. 
Por ello, tenemos que crear unas condiciones marco para que los jóvenes vean en las áreas rurales una oportunidad de establecerse allí o de seguir explotando las granjas agrícolas. 
Son absolutamente necesarias las ayudas para el establecimiento e inversiones para los jóvenes agricultores, pero igual importancia tiene que entren allí las tecnologías modernas. 
Deben conocer los ordenadores e Internet con la misma intensidad que las semillas y los animales en el establo. 
Por ello, la formación inicial y continuada de los agricultores jóvenes es cada vez más importante y estoy a favor de un aprendizaje durante toda la vida en la agricultura. 
Permítanme decir aún unas palabras sobre los aspectos sociales: observo continuamente que muchos agricultores no quieren traspasar a tiempo a sus hijos o sucesores sus granjas con una gran variedad de argumentos. 
Una entrega, lo sé por propia experiencia, es difícil pero es la única oportunidad de garantizar la supervivencia. 
Apelo a la generación de los mayores para que ayuden a los jóvenes y les proporcionen a ellos y, en consecuencia, a todo el estamento agrícola, las oportunidades que ellos mismos obtuvieron. 
Naturalmente, y lo digo muy sinceramente como agricultora, no es de ayuda si continuamente se habla sólo de las dificultades de esta profesión. 
Quiero constatar con toda claridad que no hay ninguna profesión que solamente tenga ventajas o desventajas. 
Para finalizar, quiero decir que saludo en gran medida que agricultores ya establecidos y jóvenes se unan para seguir desarrollando las explotaciones, intercambiar experiencias, aportar y hacer realidad ideas innovadoras. 
En el futuro se va a seguir demandando más que nunca el compromiso y trabajo personal. 
Tenemos que animar a las próximas generaciones para que tomen en sus manos con optimismo el futuro. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero sumarme a las felicitaciones al Sr. Parish. 
Me parece que ha surgido un informe por propia iniciativa muy constructivo. 
Tal como se dice: el futuro es de los jóvenes. 
Invirtiendo los términos, se puede decir para la agricultura europea que sin jóvenes agricultores no habrá futuro. 
Constato que las perspectivas de futuro de las áreas rurales y, en especial, de los agricultores jóvenes en Europa, no son buenas. 
Las alarmantes cifras nos deben estremecer. 
El número de explotaciones agrícolas en la UE ha retrocedido continuamente en los últimos años. 
Naturalmente, saludamos por un lado los cambios estructurales pero nos preocupa su magnitud. 
Lo que más se ha reducido es la cifra de agricultores menores de 35 años. 
Actualmente, gracias a Dios, los jóvenes provenientes de la agricultura tienen las mismas posibilidades profesionales que sus amigos de su misma edad, que sus hermanos. 
La obligación tradicional de seguir explotando la granja generación tras generación es cada vez más rara. 
Lo que pase con la generación de mayores que se ha quedado en la granja queda con frecuencia sin respuesta. 
Explotaciones vacías- también en mi región, lo que no me habría imaginado jamás- no son entretanto algo extraño. 
¿Qué joven quiere justificar continuamente su profesión de agricultor? 
Los agricultores jóvenes quieren obtener unos precios justos por sus productos. 
Las subvenciones no son el motivo por el que se adopta la decisión en favor de esta profesión. 
El informe Parish puede contribuir a mejorar en general la imagen de los agricultores jóvenes. 
Las prestaciones de la agricultura se tratan en la opinión pública de modo muy sesgado. 
Señor Comisario Fischler, quiero felicitarle en este lugar por destacar permanentemente la tarea multifuncional que aporta y debe aportar la agricultura. 
Pero, por lo visto, los mensajes negativos llegan mucho mejor. 
En estos momentos todos los días se lee algo sobre la crisis actual de la EEB. 
Pero en ningún lugar se menciona que en mi país, por ejemplo, las asociaciones de agricultores apuestan desde hace años de un modo irresponsable por los alimentos más baratos. 
Naturalmente, rechazo las actividades criminales en la industria de piensos, la falta de controles por parte de las autoridades y similares. 
Pero todo esto junto es lo que conduce al caos que entretanto encontramos en cada vez más colegas de profesión. 
Si uno pertenece a este grupo profesional, si uno es agricultor, entonces creo que una persona joven se plantea con razón la siguiente pregunta: ¿tengo que pasar por todo esto? 
En la situación actual relativa a la crisis de la EEB, es totalmente erróneo colocar en la picota a nuestros agricultores y a nuestros agricultores jóvenes. 
Tenemos unos estándares establecidos. 
La llamada buena práctica profesional ha sido continuamente desarrollada por nuestros agricultores jóvenes excelentemente formados. 
Las irrenunciables prestaciones para la producción de alimentos y materias primas, el desarrollo y evolución así como la preservación del área rural y también la protección de los fundamentos naturales de vida, todas estas son tareas por las que Europa va a seguir necesitando en el futuro agricultores y agricultores jóvenes. 
Para finalizar, quiero decir que los agricultores jóvenes no sólo necesitan una política fiable sino también buenas mujeres y una familia intacta. 
Pues sólo desde este entorno sacarán las fuerzas para tareas tan importantes para la sociedad. 
Señor Presidente, acabo de darme cuenta de que los últimos siete oradores de este debate pertenecen al Grupo PPE, así que tenemos a siete personas deseosas de hablar mientras que todos los demás han enmudecido. 
Esto es un indicio de la preocupación de este Grupo concreto por el problema que estamos tratando. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Parish por su contribución, por su exhaustiva investigación y por el muy detallado informe que ha elaborado. 
Me acordaba de mi juventud, cuando era miembro de los Jóvenes Agricultores de Irlanda; empecé mi carrera política en esa organización. 
Recuerdo que se elaboró un plan basado en dos cosas simples: un asesoramiento intensivo y un poco de incentivo financiero. 
Se basaba en la unidad geográfica de organización, que fuera de lo más popular en Irlanda, una comunidad eclesiástica llamada, parish, parroquia. 
Era el plan parish. 
Así que inicié mi vida política con el plan parish en la mano y hoy tengo otro plan Parish. 
Éste es mucho más completo y, de hecho, he de confesar que no veo tantas respuestas sencillas a las preguntas que éste plantea como las veía en mi organización de Jóvenes Agricultores de Irlanda hace 40 años. 
Se le ocurre a uno que no debemos dejarnos llevar por la emotividad ni conducir a la gente por el camino equivocado en todo este asunto. 
El censo de Irlanda de 1926 reflejaba que la mitad del total de la población del país se dedicaba a la agricultura y, aun así, el país no producía excedentes y había personas que sufrían escasez de comida. 
Todavía hay gente que recuerda los días en que, como dijo un poeta irlandés, "cada cuarto de acre mantenía a su hombre". 
Sin embargo, no debemos imaginar que éste era un mundo ideal para vivir. 
Con los años, al irse reduciendo el número de explotaciones agrícolas y al hacerse más eficientes los agricultores, lógicamente, hubo más alimentos a disposición de los pobres que podían comprarlos a menor coste. 
El reducido número de granjas ha producido mucho bienestar a Europa. 
No deberíamos olvidarlo. 
Desde la adhesión de Irlanda a la Unión Europea- cito sólo a Irlanda porque, obviamente, conozco bien lo que ha ocurrido, pero pueden sacarse lecciones de otras zonas- el número de muy pequeñas explotaciones se fue reduciendo gradualmente. 
Si no hubiera sido por la política agrícola común, eso habría sido muy doloroso. 
La reducción del número de explotaciones fue bueno como también lo fue que tuviéramos la política agrícola común para facilitar las cosas. 
Debemos preocuparnos de los problemas humanos que derivan de forzar un trabajo excesivo, pero a la vez, deberíamos recordar que el coste de los alimentos se ha reducido. 
En el futuro debe hacerse hincapié en la calidad, mientras que en mi época se necesitaban cantidades ilimitadas. 
Hoy necesitamos más calidad y tenemos que tener en cuenta el medio ambiente. 
Todas estas cosas las ha subrayado el Sr. Parish. 
Pero no deberíamos ofrecer una perspectiva de jóvenes enérgicos produciendo, en mayor número, la cantidad de comida que Europa necesita hoy porque no se lo comerán. 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Parish por presentar un informe más que excelente. 
Sé muy bien que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo y me complace que el Parlamento pueda debatirlo en el día de hoy. 
Se trata de un tema muy difícil de abordar y no existe solución fácil para el problema de los jóvenes agricultores, como admitirá cualquiera de los que conocemos algo el problema y el contexto. 
Por supuesto, a todo el mundo le gusta decir que debemos ayudar a los jóvenes agricultores. 
El problema es que cuándo les preguntas cómo hacer que la ayuda sea útil, tardan mucho en responder. 
¿Cómo se puede animar a que la gente joven se dedique al campo? 
Tiene que abordarse el problema en el marco de la situación en la que se encuentran hoy los jóvenes. 
Muchos jóvenes de zonas rurales hace 20, 30 ó 40 años, en la época de que hablaba el Sr. McCartin, se convertían de forma natural en jóvenes agricultores. 
En nuestros días, los jóvenes disponen de muchas otras opciones. 
Miran alrededor y ven a sus amigos en puestos de trabajo en los que se puede dejar de trabajar a la hora de comer el viernes y no volver a empezar hasta el lunes por la mañana. 
En cambio, el joven agricultor trabajará siete días a la semana por muy poco dinero. 
Basta con mirar a la propia situación económica de la Unión Europea en este momento para darse cuenta de que nos encontramos ante un problema terrible y que no va a ser fácil de resolver. 
La realidad es que no se consigue que la gente joven entre en el sector, que no se aportan nuevas ideas y que no se permite que el sector se desarrolle y asuma los retos a los que se va a enfrentar en el futuro, relativos no sólo a la producción de alimentos, sino a cómo se producen esos alimentos y a garantizar que se producen de un modo que resulte aceptable para los consumidores. 
No basta con proporcionar ayuda financiera a los jóvenes agricultores porque todo lo que se consigue entonces es poner el precio del cordero fuera de alcance. 
Nosotros, en la Unión Europea, hemos establecido cuotas lácteas, hemos establecido cuotas para las terneras, hemos establecido cuotas para las ovejas, todas ahora con un valor financiero que el joven agricultor no podía ni siquiera atisbar. 
Por tanto, creo que el mejor camino es hacer que a los jóvenes agricultores les resulte más fácil heredar la explotación familiar antes de lo que lo hacen, ya sea mediante un plan de jubilación anticipada o mediante un plan de préstamos. 
Yo creo, desde luego, que debería instarse al Banco Europeo de Inversiones a que ayude a los jóvenes agricultores que entren en el sector a través de un plan de préstamos. 
Pero si se crea este plan tiene que ser obligatorio y tiene que establecerse en todos los Estados miembros. 
No basta con establecerlo en un solo Estado miembro. 
Por último, estamos gastando mucho dinero en el desarrollo rural y la Comisión haría bien en buscar otras formas de gastar ese dinero, porque, según lo veo yo, podríamos hacer mejor uso del mismo. 
Podríamos animar a los jóvenes agricultores, que se enfrentan ahora a tanto papeleo y burocracia. 
Los jóvenes agricultores tienen ordenadores. 
Las esposas de los agricultores saben usar los ordenadores y utilizarlos en la explotación. 
Ésa es la manera de avanzar en el futuro. 
Pone, sin duda, de manifiesto el desolador futuro al que se enfrentan los jóvenes agricultores en la Unión Europea, a pesar del apoyo proporcionado por la Unión y por los Estados miembros. 
El actual clima económico desfavorable para la agricultura en general y para los jóvenes agricultores en particular, la evidente falta de perspectivas para los jóvenes agricultores, el descenso del número de agricultores con dedicación exclusiva y el consiguiente envejecimiento de los que quedan; son todas ellas tendencias generales que subrayan el problema. 
Está claro que vamos a experimentar una drástica caída en el número de jóvenes agricultores en las próximas décadas a no ser que se establezcan ahora medidas eficaces. 
Los jóvenes agricultores se enfrentan a enormes problemas como la gran carga financiera al inicio de su actividad y a ello se unen las dificultades ligadas a la herencia. 
La formación es, con frecuencia, deficiente, y para la gente joven la vida en las zonas rurales puede ser aislada, con una actividad social limitada si se compara con la de aquéllos con una edad similar que trabajan en núcleos urbanos. 
De todo esto surge la pregunta: ¿qué puede hacer la Unión Europea? 
Es esencial una política europea que se dirija a ayudar a los jóvenes agricultores y que esté vinculada a la PAC. 
Hasta ahora ha habido una escasa evaluación de las medidas de asistencia de la UE tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión. 
Debe prestarse mayor atención a los préstamos y a los tipos de interés subvencionados, las ayudas para el establecimiento y las subvenciones para la inversión deben pagarse con mayor celeridad y hay que analizar las repercusiones de la ampliación para los jóvenes agricultores e integrarlas en cualquier planteamiento político futuro. 
Podrían estudiarse otras medidas como ayudas a inversiones complementarias para agricultores de menos de 40 años, ayuda en las condiciones de los créditos, mejores oportunidades de educación, formación y trabajo en red, etcétera. 
Pero lo que quisiera dejar claro es que tenemos que hacer algo ahora. 
Siguiendo con lo que decía el Sr. Nicholson: ¿Por qué iba a quedarse en el campo la gente joven de la economía del Tigre Celta de Irlanda? 
¿Por qué iban a enfrentarse a una vida antisocial? 
¿Por qué iban a elegir una carrera que presenta incertidumbre económica cuando otras ocupaciones ofrecen una vida mucho más atractiva, mucha más seguridad, trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, fines de semana libres y largas vacaciones? 
Éste es el problema que tenemos que abordar y hemos de abordarlo ahora. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitarle a usted, señor Parish, por el informe relativo a la situación y perspectivas de los agricultores jóvenes en la Unión Europea. 
También quiero hacer extensiva esta felicitación a la Comisión de Agricultura por su trabajo. 
Con la Agenda 2000 hemos intentado, en especial mediante el desarrollo del segundo pilar, tener en cuenta los deseos de los agricultores jóvenes. 
En algunas organizaciones de mercado hemos creado la posibilidad de conceder unas condiciones especiales a agricultores nuevos o a agricultores jóvenes. 
Recuerden las primas por las ovejas o la administración de las reservas nacionales de cuotas lácteas o los derechos de plantación en el marco de los programas para la reestructuración y reorganización de viñas. 
Sin duda, en esta cuestión se trata del futuro de la agricultura pues si las personas jóvenes ya no están dispuestas a escoger la profesión de agricultor, entonces sobra cualquier debate agrícola. 
Queda fuera de toda duda que el atractivo de la profesión de agricultor depende no en último lugar de las condiciones marco políticas para la agricultura, además no sólo de la política agrícola en general sino también de las condiciones específicas por las que una persona joven da el paso para escoger esta profesión. 
Aquí, las medidas para el fomento del desarrollo rural son de especial importancia. 
Con la Agenda 2000 hemos elevado en un 66% el importe máximo de ayudas al establecimiento y con ello podemos pagar ahora hasta 25.000 euros en créditos de ayuda. 
Otra medida son los subsidios de intereses por préstamos para la financiación de los costes de establecimiento. 
Al mismo tiempo, las disposiciones sobre las inversiones en explotaciones agrícolas obtienen la posibilidad de elevar los tipos máximos de las ayudas si se trata de inversiones de agricultores jóvenes en un período de tiempo de hasta cinco años tras su establecimiento. 
Estos tipos de ayudas llegan hasta el 45% y en las regiones menos favorecidas hasta el 55%. 
A estas ayudas específicas para los agricultores jóvenes vienen a sumarse naturalmente todas las demás ayudas que puede reclamar el agricultor joven al igual que cualquier otro agricultor. 
En total, la regulación para el fomento del desarrollo de las áreas rurales es muy flexible pero su ejecución es, de conformidad con el principio de subsidiariedad, asunto de los Estados miembros. 
Estos son responsables de qué prioridad se debe conceder al fomento de los agricultores jóvenes. 
Finalmente, también quiero indicar que hoy es posible establecer una relación entre la regulación de jubilación anticipada, en la que se han elevado asimismo claramente los importes susceptibles de ayuda en el marco de la Agenda 2000, y la ayuda para el establecimiento de agricultores jóvenes. A favor de esta opción se han decidido ya varios Estados miembros. 
Al igual que el Parlamento, la Comisión da gran importancia a que se disponga de suficientes instrumentos estadísticos para poder mejorar la evaluación de la política. 
Las informaciones que reúne la Comisión sobre la red de información de contabilidades agrícolas y las informaciones estructurales, deberían ser suficientes para realizar un análisis de la situación de los agricultores jóvenes. 
En este contexto, no considero necesaria ni oportuna la creación de un nuevo banco de datos especialmente para agricultores jóvenes. 
Lo importante es que se disponga de las correspondientes evaluaciones. 
Actualmente, los servicios de la Comisión trabajan junto con los Estados miembros en la evaluación de la regulación que estaba ya prevista en el antiguo reglamento del año 1997 en lo referente a los agricultores jóvenes. 
Estoy convencido de que podremos extraer unos datos útiles de ello pero quiero indicar que no va a ser posible presentar ya el próximo año una primera valoración de las medidas en los programas que se encuentran actualmente aún bajo examen ya que sencilla y llanamente nos faltan aún los datos necesarios. 
Los Estados miembros tienen la posibilidad de modificar los planes para el desarrollo de las áreas rurales para tener en cuenta, en especial, los resultados de las valoraciones intermedias. 
La Comisión no va a introducir ahora ninguna nueva iniciativa comunitaria sino que va a mantener el tiempo de aplicación de siete años previsto en la Agenda y las normas jurídicas pertinentes. 
No se debe olvidar que los jóvenes y las mujeres son grupos objetivo prioritarios de la iniciativa comunitaria LEADER + y que el esquema de evaluación que tienen que elaborar los Estados miembros para la selección de los proyectos piloto debe tener en cuenta este aspecto central de la política comunitaria. 
Muchas de las cuestiones tratadas en el presente informe y en la propuesta de resolución, por ejemplo, los precios del suelo o la disponibilidad de superficies agrícolas útiles o el trato fiscal a dar a herencias o la situación fiscal de las explotaciones agrícolas, caen bajo la competencia exclusiva de los Estados miembros. 
A pesar de ciertas críticas, la Comisión va a examinar muy cuidadosamente las conclusiones del informe Parish en el marco de sus competencias y en ejercicio de su derecho de iniciativa para ayudar a mejorar las condiciones de establecimiento de agricultores jóvenes y contribuir de este modo a revitalizar las áreas rurales. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0001/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 25 formulada por (H-0962/00): 
Asunto: Supresión de la extradición entre España e Italia Recientemente, España e Italia han firmado un tratado para la persecución de delitos relacionados con el terrorismo, la trata de seres humanos, etc., que suprime la extradición y crea por primera vez un espacio común de libertad, seguridad y Justicia entre dos Estados miembros. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo aprobó recientemente que las instituciones de la Unión Europea puedan adoptar medidas efectivas para la persecución del terrorismo, en particular la orden de búsqueda y captura en Europa. 
¿Está decidida la Comisión a impulsar medidas que hagan efectivo lo acordado por el Parlamento Europeo en cuanto a la persecución del terrorismo y, en especial, la puesta en marcha de la orden de búsqueda y captura? 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión se comprometió a dar respuesta a la petición del Consejo Europeo de Tampere en el sentido de elaborar propuestas legislativas con vistas a substituir el proceso formal de extradición por un simple procedimiento de transferencia de personas que hayan sido objeto de una condena definitiva e intenten escapar de la justicia. 
En el último Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, celebrado el 30 de noviembre de 2000, manifesté la solidaridad de la Comisión con los Estados miembros que afrontan el problema del terrorismo y, en especial, con el Estado español y acogí con agrado el acuerdo bilateral entre España e Italia. 
Entonces anuncié que durante el año 2001 la Comisión presentaría para su examen por el Consejo propuestas sobre tres grandes ejes de reflexión. 
Primer eje: propuesta relativa a las tipificaciones, incriminaciones y sanciones comunes para delitos relacionados con el terrorismo. 
Segundo eje: la introducción de procesos de extradición acelerados entre los Estados miembros. 
Tercer eje: la creación de un instrumento denominado «mandato de busca y captura europeo». 
La Comisión promovió ya una reunión de expertos nacionales sobre esas materias, que se va a celebrar en los próximos días, a partir de un documento de trabajo que se está elaborando con vistas a la presentación de las propuestas a que acabo de referirme. 
Quisiera reiterar el compromiso de la Comisión de favorecer, por todos los medios que le confieren los Tratados, el fortalecimiento de una acción europea contra el terrorismo, materias que tendrán considerable relieve en el programa de trabajo de la Comisión para 2001, que en breve examinará esta Asamblea. 
Tengo que decir que me satisface la respuesta y la actitud positiva de la Comisión para buscar fórmulas y materializar medidas que puedan combatir con eficacia al peor enemigo de la libertad y de la democracia: el terrorismo. 
Pero ¿cuál es el problema, señor Comisario? 
El problema es la urgencia y la necesidad de establecer unos plazos concretos para que, con la mayor rapidez posible, estas medidas vean la luz. 
El Parlamento Europeo, como sabe el Sr. Comisario, ha urgido a que se ponga en marcha la orden de búsqueda y captura europea como instrumento para imprimir la agilidad y rapidez necesarias para facilitar la captura, juicio y condena de quienes, en territorio europeo, están atentando contra el derecho más fundamental de todos, que es la vida. 
Constituiría una auténtica aberración que en el nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea las normas legales sirvieran precisamente de amparo para quienes cometen tan despreciable delito. 
Me gustaría comenzar por compartir con el Sr. Hernández Mollar la idea de urgencia. 
La idea de urgencia es una idea muy importante. 
Creo que, en primer lugar, la urgencia es que todos los Estados miembros puedan aprobar y ratificar las convenciones sobre extradición de 1995 y 1996. 
Esa es la primera señal de urgencia. 
En segundo lugar, sobre la orden de búsqueda y captura europea, como el Sr. diputado verá, vamos a tener en el programa de trabajo del 2001 fechas y plazos muy concretos para que la Comisión pueda presentar sus propuestas. 
Y yo puedo garantizar que el año 2001 va a marcar la diferencia en materia de lucha contra el terrorismo, que es una lucha compartida por todos los Estados europeos, no como un problema de un solo Estado, sino como una amenaza a la libertad, a la seguridad y a la justicia en toda la Unión Europea. 
Pregunta nº 26 formulada por (H-0975/00): 
Asunto: Mujeres perseguidas sin asilo ni refugio En algunos países las mujeres sufren crueles persecuciones y castigos, violaciones de los derechos humanos básicos que pueden llegar a pagar con mutilaciones y hasta con su vida. 
Con frecuencia ello se debe a la aplicación de leyes fundamentalistas o a la ejecución de prácticas y tradiciones ancestrales. 
La Unión Europea dice que tiene voluntad de defender a las mujeres ante tan insoportables persecuciones y castigos, pero, no obstante, aún no ha sabido traducir sus declaraciones en medidas políticas y decisiones que ofrezcan una salida a la esperanza. 
¿Sería, consecuentemente, la Comisión favorable a avanzar propuestas para que estas situaciones que padecen las mujeres puedan llegar a ser acreedoras de la concesión de asilo y refugio, en términos políticos, dentro de la Unión Europea? 
Quisiera decir en respuesta a la pregunta de su Señoría que el estatuto de refugiado está regido, en el nivel mundial, por el Convenio de Ginebra de 1951 y por el Protocolo de 1967, relativos al estatuto de los refugiados. 
En el nivel europeo, está en vigor una posición común no vinculante del 4 de marzo de 1996, adoptada aún en virtud del Tratado de Maastricht, sobre la aplicación armonizada de la definición del término "refugiado" en la acepción del artículo 1 del Convenio de Ginebra de 1951, pero no existe una aplicación armonizada de la definición del término "refugiado" en todos los Estados miembros. 
La verdad es que ni el Convenio de 1951 ni los textos en el nivel de la Unión Europea hacen referencia concreta a las cuestiones relativas a las solicitudes presentadas por mujeres, en particular las que hayan sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, especialmente las relacionadas con su sexo, tales como violencia sexual, mutilaciones genitales o discriminaciones jurídicas fundamentales relacionadas con el sexo. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Unión tiene ahora, después de Tampere, un mandato para aprobar normas mínimas comunes en materia de asilo y protección de los refugiados con vistas a la aprobación a medio plazo de un sistema de asilo europeo común. 
La Comisión tiene intención de presentar durante el año 2001 propuestas concretas en relación con unas y con las otras. 
Y esas propuestas concretas tendrán en cuenta las situaciones específicas de las mujeres víctimas de abusos y malos tratos. 
Por lo demás, la Comisión ya ha empezado a ejecutar algunas acciones teniendo presente la situación concreta de esas mujeres. 
Por ejemplo, la propuesta de directiva relativa a la protección temporal en el caso de aflujo en masa de personas desplazadas, que presentamos el 24 de mayo del año pasado. 
En esa propuesta, conforme al apartado 4 del artículo 11, los Estados miembros están obligados a prestar asistencia médica adecuada u otras formas de asistencia a las mujeres víctimas de tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. 
Del mismo modo, en la propuesta de la Comisión relativa a las normas mínimas aplicables al proceso de concesión y retirada del estatuto de refugiado, que la Comisión aprobó el 20 de septiembre de 2000, hay varias normas relativas a las necesidades específicas de las mujeres, por ejemplo, el apartado 4 del artículo 4, que dispone que las mujeres podrán presentar una solicitud de asilo independiente de sus maridos, el apartado 8 del articulo 3, que consagra el principio de la entrevista autónoma y por separado de la mujer en relación con la solicitud de asilo, el apartado 7 del articulo 8, que confiere a las mujeres el derecho a cambiar de entrevistador y de intérprete, si se sienten inhibidas para exponer los motivos de su solicitud de asilo ante un entrevistador o intérprete del sexo masculino, en particular en situaciones de abuso sexual y, por último, la letra c) del apartado 1 del articulo 14, que establece la obligación de que los Estados miembros velen por que el personal que entrevista a las personas en situaciones vulnerables cuente con la formación básica necesaria para tratar los problemas específicos de esas mujeres. 
La Comisión tiene intención de presentar también disposiciones relativas a las personas con necesidades especiales en su propuesta de directiva relativa a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, que se presentará en el primer trimestre de este año. 
En cuanto a la cuestión concreta de que la persecución basada en el sexo sea el fundamento de la solicitud de asilo, la Comisión ha organizado ya una consulta amplia a ese respecto y esperamos que durante este año se puedan obtener las conclusiones necesarias para la presentación al Parlamento y al Consejo de una propuesta de protección subsidiaria que comprenda también ese tipo de situaciones. 
Muchas gracias, señor Vitorino, porque entiendo que la Comisión tiene la intención de plantear propuestas. 
Quiero decirle que en la última década del siglo que ha terminado, tanto la Conferencia de Viena como posteriormente la Conferencia de Pekín abrieron horizontes nuevos para que tuviéramos en cuenta la situación muy concreta que las mujeres sufren en muchísimos países, pero creo que el Comisario entiende lo que ha planteado la Sra. Izquierdo, y agradezco que vaya a hacer este tipo de propuestas. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 27 y 28 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 27 formulada por (H-0969/00): 
Asunto: Industria química europea La industria de los hidratos de carbono emplea a aproximadamente 8.500 personas. 
Sin embargo, pese a las restituciones a la exportación aplicables en los últimos años, la desventaja competitiva de la industria química europea es patente si se tiene en cuenta que ya se han cerrado cuatro unidades de producción europeas y que algunas empresas europeas han creado seis nuevas unidades en terceros países, lo que tiene unas consecuencias adversas, en particular la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos (agricultores) y de salidas para los productos agrícolas europeos. 
¿Qué piensa hacer la Comisión para invertir esta tendencia? 
Pregunta nº 28 formulada por (H-0977/00): 
Asunto: Restituciones a la exportación en la industria del almidón La industria de los hidratos de carbono utiliza 1,2 millones de toneladas de almidón/glucosa producidas a partir de 2 millones de toneladas de cereales cultivados en un promedio de 400.000 hectáreas. 
¿Es consciente la Comisión de que al suprimir el derecho a las restituciones a la exportación de los productos químicos derivados de materia prima agrícola, está menoscabando gravemente la competitividad de la industria química europea, ya privada de las economías de escala de las que se benefician los suministradores de glucosa de la industria estadounidense, como consecuencia del sistema europeo de cuotas para la isoglucosa y la falta de un programa para el etanol en la Unión Europea? 
Señor Presidente, Señorías, es cierto, desde finales de julio del año pasado la industria química de la Comunidad ya no percibe restituciones a la exportación por materias primas agrícolas como almidón, azúcar, etc. que se transforman en productos destinados a la exportación. 
Esta medida se incluye dentro de una serie de disposiciones para los llamados productos no pertenecientes al Anexo I que el Consejo de ministros de agricultura aprobó en marzo del pasado año. Desde entonces, la exportación de estos productos está sometida a la disciplina presupuestaria de conformidad con el convenio alcanzado en el marco de la OMC. 
Sin embargo, para estos productos se sigue concediendo una restitución por el producto, cuyo importe garantiza la competitividad con productos similares del mercado mundial. 
De este modo, es muy improbable que se produzca aquí un aumento de las importaciones ya que el precio de las materias primas agrícolas que son empleadas por la industria química desciende de hecho al nivel de precios existente en el mercado mundial, muy concretamente puerto franco en la Unión. 
De conformidad con los deseos expresados en el debate sobre esta medida, la Comisión observa también muy exactamente cómo evoluciona el mercado, inclusive las exportaciones y la situación presupuestaria en este sector. 
Doy las gracias al Sr. Comisario por su respuesta pero pediría a la Comisión que explicara la evidente falta de coherencia entre su voluntad de fomentar la industria biotecnológica, también declarada políticamente por el Consejo, y las medidas adoptadas, que ponen en peligro la existencia misma de esta industria. 
Señoría, de lo que ahora se trata es de bajo qué condiciones se ponen a disposición las materias primas con las que nuestra industria elabora determinados productos industriales. 
En principio, partimos del hecho de que nuestra industria europea es competitiva. 
Y lo es si recibe las materias primas que ella procesa bajo las mismas condiciones que las que existen en el mercado mundial. 
No veo porqué debe ser necesaria aquí una ayuda adicional. 
Además, sólo podemos fomentar la parte agrícola de toda esta cuestión con nuestros reglamentos de mercado agrícolas. 
Nuestra labor no es la de dedicar a la agricultura determinados créditos presupuestarios para llevar a cabo la promoción de la industria química. 
De conformidad con los objetivos del Tratado, nuestra tarea es la de promover la agricultura, es decir, que los agricultores europeos tengan la oportunidad de colocar en el mercado los productos que ellos producen. 
No creo que exista una diferencia de opinión sobre la pregunta de si queremos una subvención de una industria química basada en la política agrícola. 
Lo que sí resulta importante, y así ha sido también en los últimos años, es que conforme a consideraciones de disciplina presupuestaria y de otro tipo, esta posibilidad no ha existido durante un tiempo, ése es el primer punto. 
Segundo punto, desde la empresa privada nos han llegado mensajes muy claros en cuanto a que sí enfrenta las diferencias existentes y, en la transformación, los costes vinculados a la misma y que sí constituyen una parte importante de la política agrícola. 
No puede negarse, en cambio, que en este momento los productores de productos vegetales de la Unión Europea no se encuentran precisamente en una situación fácil. 
En este sentido, cada kilogramo adicional vendido es positivo para la industria química. 
Especialmente, cuando se puede probar que puede resultar muy difícil que uno pueda producir frente a un precio de coste más alto. 
Quisiera pedir al Comisario que conforme a un análisis real del precio de coste para las empresas europeas y para las situadas fuera de Europa, en que se incluya el aspecto de la modificación genética, para examinar críticamente una vez más si estas reglas no pueden aplicarse fuera del perfeccionamiento activo de una forma más estricta. 
Naturalmente que se puede examinar si existen posibilidades adicionales de ventas, pero quiero subrayar que también en el sector de las ayudas a la agricultura se deben respetar ciertos límites, pues, a la postre, para todos estos productos que se han mencionado aquí, ya se trate de azúcar o almidón, existen cuotas dentro de cuyo marco se proporcionan las ayudas. 
No podemos subvencionar ahora gigantescas cantidades adicionales porque para ello no existen créditos presupuestarios. 
Las ayudas en el sector agrícola deben realizarse en el marco de las cuotas máximas acordadas en los reglamentos de mercado. 
No podemos ampliar ahora dichas cuotas. 
Pregunta nº 29 formulada por (H-0003/01): 
Asunto: Actuación coordinada en las consecuencias financieras de la crisis de la EEB Según declaraciones del Comisario Franz Fischler, el embargo europeo sobre las harinas animales costará unos 4.500 millones de euros. 
En lo relativo a la indemnización por las pérdidas sufridas, reina la máxima incertidumbre. 
Las distintas medidas (financieras) que se contemplan podrían originar distorsiones de la competencia entre los 15 Estados miembros de la Unión. 
En la medida en que las distintas medidas (financieras) que contemplan las autoridades nacionales y regionales podrían originar distorsiones de la competencia entre los 15 Estados miembros de la Unión, ¿aboga la Comisión por una actuación coordinada a nivel europeo en lo que atañe a las consecuencias financieras de la crisis de la EEB? 
En caso contrario, ¿por qué se opone la Comisión a ello? 
Señor Presidente, Señorías, a la hora de valorar las repercusiones financieras de la crisis de la EEB es recomendable diferenciar entre medidas veterinarias, medidas comunitarias aprobadas en el marco de la organización común de mercado para la carne de vacuno y medidas nacionales. 
En lo que se refiere a las acciones de la Comunidad en este campo, quiero indicar al Sr. diputado que hace poco se han introducido una serie de medidas para apoyar al mercado de la carne de vacuno. 
Se han puesto en marcha tanto ayudas para el almacenamiento privado como la intervención pública que son financiadas al 100% por la Comunidad. 
Además, se ha introducido esta regulación especial para los animales que tienen más de 30 meses. 
La Comunidad paga el 70% del valor del animal y los Estados miembros deben aportar el 30% y hacerse además cargo de los costes de eliminación. 
Si los Estados miembros prevén introducir medidas nacionales, naturalmente se deberán comunicar las mismas a la Comisión. La Comisión comprueba también continuamente qué es lo que ocurre aquí para evitar que se produzcan distorsiones de la competencia. 
Si los Estados miembros quieren facilitar las consecuencias de la crisis de la EEB mediante ayudas, se deberá comunicar a la Comisión la correspondiente regulación de las ayudas tal como establece el apartado 3 del artículo 88 del Tratado- a lo que me he referido ya con la notificación- para que se pueda comprobar si está en consonancia con la regulación marco comunitaria. 
Por supuesto, me agrada oírselo decir, señor Comisario. 
Naturalmente, le agradezco su respuesta, la claridad que aporta y la distinción que ha realizado entre, por una parte, las medidas nacionales y, por otra, las medidas comunitarias. 
Sólo constato que en mi país hay en realidad mucho jaleo, y supongo que también es el caso en otros países. 
Nuestra propia Ministra flamenca de Agricultura, la Sra. Dua, habla de un impuesto sobre la carne. 
Otros hablan de un aumento del IVA, y otros quieren, incluso, remitir la cuenta a Europa. 
Constato que en mi país hay mucho caos, que reina la inseguridad. A pesar de que tales medidas tendrán, por lo visto, que ser notificadas a la Comisión, existe mucho desasosiego entre los ganaderos, y también en la industria de embutidos y, ciertamente, entre los carniceros, que son quienes deben soportar el primer golpe. 
En efecto, ¿no sería mejor armonizar a priori, en lugar de a posteriori, el reembolso o la forma en que se repartan los costes de todos los tests a partir del momento en que deban efectuarse, de manera que no pueda producirse un falseamiento de la competencia? 
Opino que su respuesta a esta cuestión resulta algo decepcionante. 
Señor Presidente, señor diputado, puede ser que mi respuesta le parezca algo frustrante pero si es cierto lo que usted dice de que en su región, en Flandes, debido a las declaraciones de responsables políticos locales se ha producido un caos, entonces deberán ser precisamente esos responsables políticos locales los que acaben con ese caos. 
Esto no se puede plantear como tarea a la Comisión Europea. 
Si un Estado miembro aplica medidas fiscales o parafiscales, tal como usted ha indicado, es decir, por ejemplo incrementos en el IVA, entonces estas medidas solamente se pueden llevar a cabo naturalmente en el marco de la legislación existente, es decir, tienen que ser compatibles con las directrices fiscales europeas. Si se aplican medidas que vayan más allá, entonces deberán ser revisadas del modo correspondiente por la Comisión. 
Pero es tarea y obligación del correspondiente país miembro notificar también las medidas regionales. 
Los Estados miembros no sólo tienen así pues que notificar las medidas introducidas a nivel nacional sino que tienen que notificar y comunicar todas las medidas. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Wallström 
Pregunta nº 30 formulada por (H-0972/00): 
Asunto: Exportación de residuos mineros En la década de los 80 la empresa minera sueca Boliden exportó una gran cantidad de residuos tóxicos a Arica, en Chile. 
Estos residuos se acumularon en un depósito abierto, con la consecuencia de que se han filtrado metales pesados en el entorno y que la población se ha visto afectada por graves problemas de salud. 
En Chile se pide que los residuos se devuelvan a Suecia. 
¿Considera la Comisión que esta exportación de residuos ha respetado las normas aplicables al respecto? 
¿Considera la Comisión que Boliden es ahora responsable de resolver esta situación? 
Los transportes de residuos, incluidos los transportes desde y hacia la Unión, están regulados en el Reglamento 259/93. 
Este Reglamento reemplazó a la Directiva 84/631 sobre transportes internacionales de residuos peligrosos. 
Mediante esta revisión, se incorporan las disposiciones de la Convención de Basilea de 1989 sobre transportes de residuos peligrosos a la legislación comunitaria. 
Por eso, desde el 1 de enero de 1998 la Unión ha prohibido todos los transportes de residuos peligrosos que serán usados como material reciclado o que se van a depositar en países que están fuera de la OCDE. 
Así, la Unión cumple con las modificaciones de 1995 a la Convención de Basilea, que aún no han entrado en vigor internacionalmente. 
Sin embargo, esta legislación no es aplicable a las exportaciones de residuos de la empresa minera sueca Boliden a Chile durante la década de 1980, ya que Suecia en esa época no era miembro de la Unión Europea. 
Además, las normas de la Convención de Basilea no regían en los años 80. 
En este caso específico, la Comisión opina que no existen normas comunitarias para exigir responsabilidades a la empresa por eventuales daños medioambientales ocasionados por esos residuos. 
En este caso, la responsabilidad de Boliden es un asunto de carácter nacional que debe ser resuelto por las normas medioambientales nacionales. 
Agradezco su respuesta. 
Obviamente me doy cuenta de que es así, es decir, que hoy no existen normas aplicables en este contexto. 
Sin embargo, éste es un ejemplo de un comercio extraordinariamente cínico, en el que se exportan residuos que causan enfermedades graves, especialmente a los niños de la zona, a países que no son capaces de hacerse cargo de ellos. 
Mi pregunta es: si hoy ocurriese algo semejante, es decir, si se intentase exportar residuos de esta manera, ¿prohibirían las reglas vigentes semejante tipo de exportaciones? 
La respuesta a esa pregunta es sí. 
Actualmente existe la prohibición de exportar residuos peligrosos, incluso a terceros países, es decir, fuera de la UE. 
Pregunta nº 31 formulada por (H-0973/00): 
Asunto: Plan Hidrológico Nacional Español: los ciudadanos solicitan la intervención de la Comisión Europea El proyecto de Plan Hidrológico Nacional ha recibido ya más de 80.000 alegaciones en su fase de consulta a las partes implicadas. 
En dichas alegaciones, las organizaciones ecologistas denuncian que numerosas obras planteadas en el PHN afectan a zonas declaradas LIC por el mismo Gobierno español, amenazando gravemente a especies protegidas; los sindicatos y las asociaciones de agricultores y ganaderos insisten en los aspectos negativos del Plan y proponen una profunda revisión; numerosas autoridades locales insisten en la planificación insolidaria de algunos trasvases y en sus consecuencias socioeconómicas para la población; etc. Todos estos agentes sociales han manifestado su deseo de que la Comisión Europea se pronuncie ante el Plan y que se dirija al Gobierno español para instarle a corregir los aspectos negativos del mismo. 
¿Podría la Comisión especificar su posición al respecto y explicitar sus conclusiones sobre los contactos que haya mantenido hasta el momento con el Gobierno español sobre el PHN? 
. (EN) Señor Presidente, a iniciativa del ministro español Sr. Matas, mantuvimos una reunión en la que nos presentó los principales elementos del borrador del plan hidrológico nacional español. 
El plan es en este momento un borrador que es susceptible de modificaciones tras las amplias consultas con una gran variedad de interesados que están en curso. 
El Ministro de Medio Ambiente español ha confirmado su compromiso con estas consultas. 
En la reunión, puse de manifiesto a las autoridades españolas la necesidad de garantizar el pleno respeto de toda la legislación aplicable y de toda la política europea en materia de medio ambiente, incluyendo la directiva marco sobre el agua. 
Esto sirve tanto para el procedimiento de aprobación formal del plan definitivo como para la fase de aplicación del mismo. 
El plan sigue siendo un borrador y, a petición del Ministro de Medio Ambiente español, ese borrador del plan está siendo actualmente objeto de examen por parte de mis servicios. 
Señora Comisaria, sí que es cierto que esto es un proyecto, y usted conoce que, en breve, va a ser tramitado en el Parlamento español. 
Pensando que este proyecto, tal como está presentado, incumple distintas Directivas europeas, tanto la de "Hábitats" como la de "Aves", e incluso los objetivos de la Directiva marco del agua, mi pregunta sería: si la ley definitiva continúa incumpliendo estas Directivas, si es perjudicial para el medio ambiente, ¿contará con los recursos anunciados de 1.300 billones de los Fondos comunitarios? 
. (EN) Por supuesto, todo este proceso de diálogo y consulta que hemos iniciado ya con el gobierno español sobre este caso particular supone que tenemos la intención de recabar todos los datos necesarios para estar bien informados sobre este proceso y para asegurarnos de que el gobierno español cumple con la legislación. 
Usted ya ha señalado algunas de las directivas en cuestión. 
Si se produjera una violación de la legislación medioambiental, podríamos, de hecho, retener el dinero destinado al proyecto. 
Es muy importante que hoy dispongamos de esta posibilidad y, desde luego, no deberíamos entregar dinero a un Estado miembro para que vulnere la legislación medioambiental. 
Tenemos previsto seguir en contacto con el gobierno español para asegurarnos de que sus planes se ajustan a las directivas vigentes. 
Creo que el plan hidrológico español- a estas alturas no nos cabe la menor duda- es un proyecto trascendental para nuestro país. 
Y hasta el momento, ha sido una opinión compartida a lo largo de los años por la práctica totalidad de los Grupos políticos españoles. 
De hecho, en 1993, el gobierno socialista, ya consciente de esta necesidad, elaboró una propuesta que, en su momento, no pudo o no supo sacar adelante. 
Por cierto, aquella propuesta contenía un número de infraestructuras sensiblemente superior al proyecto actual. 
Desde luego, han pasado los años y el proyecto actual tiene que ser coherente, de mucha mayor cohesión social que los que ha habido hasta ahora, de mucha más sensibilidad ambiental e, indudablemente, también muy participativo. 
En ese sentido, creo que, siendo un proyecto de tanta importancia para el desarrollo solidario de las regiones españolas, no me cabe duda de que el comentario, la promesa o la afirmación que el ministro de Medio Ambiente ha hecho ya en repetidas ocasiones en el sentido de que éste es un documento abierto, de que es un proyecto, una propuesta sobre cuya necesidad de consenso entre todas las regiones afectadas no cabe la menor duda, mi pregunta, señora Comisaria, es la siguiente: en el marco de la más estrecha colaboración entre la Comisión y el gobierno español y dentro de las situaciones previstas en la directiva marco, ¿qué apoyo puede prestar precisamente la Comisión para que este proyecto se desarrolle debidamente? 
. Señor Presidente, en esta etapa, evidentemente, lo que estamos haciendo es mantener un intercambio de información. 
Nos aseguramos de estar bien informados de lo que ocurre en España. 
Sólo puedo reiterar que el Ministro de Medio Ambiente español ha confirmado su compromiso con este proceso de consulta y yo sé que eso es lo que está teniendo lugar en este momento y que existe un debate- un debate acalorado, según creo- sobre este asunto. 
Hasta ahora, dado que el plan no está terminado se nos ha pedido consejo y orientación, y esto es lo que podemos ofrecer en este momento: mantener un diálogo auténtico con el gobierno español y asegurarnos de que el proceso de consulta se lleva a cabo como debe. 
Pregunta nº 32 formulada por (H-1002/00): 
Asunto: Qué hace la Comisión para reforzar la coordinación de las medidas de protección contra incendios de los Estados miembros Las estrategias de la Unión Europea en materia de seguridad contra incendios son deficientes. 
Catástrofes recientes como el incendio de un túnel en Austria o los incendios de restaurantes, hoteles y navíos ponen de relieve la importancia de mejorar la coordinación de las políticas de seguridad contra incendios en la Unión Europea. 
La integración cada vez mayor entre los Estados miembros exige la definición de estrategias comunes en el ámbito de la seguridad contra incendios. 
En la Comisión no existe ninguna coordinación entre las Direcciones Generales y ningún miembro de la Comisión es responsable de este tipo de cuestiones. 
La seguridad contra incendios afecta a ámbitos políticos como el turismo, el medio ambiente, la protección del consumidor, los transportes, etc. y las personas deben poder sentirse seguras en cualquier Estado miembro de la Unión. 
¿Qué hace la Comisión para reforzar la coordinación de las medidas de protección contra incendios de los Estados miembros? 
Agradezco muy sinceramente esta respuesta. 
Es evidente que se han hecho avances en esta materia. 
Mi intención no es en absoluto despojar a las autoridades nacionales y locales de su responsabilidad por estas materias de protección contra incendios; evidentemente, en esta materia debe regir el principio de la cercanía, igual que en otros campos. 
Las razones de mi pregunta son, entre otras, que un grupo de bomberos y sus organizaciones sindicales me han manifestado su preocupación por estos asuntos. 
Igual que el resto de la población, ellos se ven cada vez más afectados por situaciones de carácter internacional. 
Los bomberos tienen que trabajar con muchos barcos, vehículos y productos provenientes de países que no conocen y con normas de seguridad a las que no está acostumbrados. 
La gente viaja cada vez más y quiere sentirse segura, independientemente del país en el que se encuentren cuando viajan en transbordador o a través de un túnel o visitan una discoteca. 
Por estas razones, creo que resulta particularmente interesante no sólo que cada Dirección General maneje estos temas, sino que realmente se coordine esta responsabilidad estratégica común. 
Entiendo la información de la Comisaria sobre la existencia de un grupo de trabajo para coordinar estas materias como un paso en esa dirección y, en ese caso, quiero dar las gracias por la respuesta. 
Me resulta fácil coincidir con el Sr. Färm en estos criterios; deberían también servir para iniciar el estudio de estos asuntos en la Comisión. 
Pero no es tan fácil, ya que nos enfrentamos a una realidad que es muy diferente en los distintos países y en los que a menudo hay sistemas que están altamente descentralizados. 
Por eso puede resultar engorroso dictar recomendaciones, y aún más difícil es redactar directivas, para que tengan vigencia en todos los sitios y para solucionar todos estos aspectos. 
Como dije en mi primera intervención, intentamos coordinar tanto como sea posible. 
También tratamos de conseguir estándares similares en los diferentes países miembros y de coordinar nuestros propios trabajos. 
Hay mucho que se puede mejorar a través de la civil protection, entidad que tendrá una amplia responsabilidad. 
Habrá que seguir trabajando en el nada fácil proceso de revisar las normas especiales para edificios, discotecas, barcos y otros, y mejorando la coordinación de los trabajos contra los incendios. 
Señora Comisaria, quería plantearle, -lo había planteado también en otra ocasión a la Sesión Plenaria- que en los desastres como incendios, inundaciones, terremotos, lo importante es la rápida intervención del gobierno para solucionar el problema, y sobre todo para salvar vidas. 
Las autoridades locales de cada país en concreto no son nunca suficientes. 
Tendría gran importancia un plan de colaboración entre todas las unidades locales de salvamento para que, en caso de que en un país hubiese un terremoto, una inundación, un incendio, todas las fuerzas de los países que no tienen estos problemas se aproximasen y que corriesen por lo menos a salvar vidas humanas. 
¿Ha pensado en ello como una idea que se puede fomentar y ser efectiva? 
Pregunta nº 33 formulada por (H-0001/01): 
Asunto: Lucha contra la onagra (Jussieua) La onagra, planta originaria de Sudamérica, prolifera de forma inquietante en toda Francia. 
Todas las zonas húmedas se ven afectadas y, en especial, en el departamento de Loira Atlántico, los pantanos de Brière, Brivet, Goulaine y Redon, el lago de Grandlieu, las llanuras de Mazerolles, etc. 
El arranque, practicado por numerosos voluntarios, ya no es suficiente para paliar el desarrollo extremadamente rápido de esta planta. 
Todo ello plantea un grave problema ecológico y produce un trastorno considerable a la población. 
¿Qué medidas técnicas y financieras piensa adoptar la Comisión para luchar contra semejante plaga? 
. (EN) Señor Presidente, esta pregunta se refiere al sauce prímula. 
Esta planta concreta, como ha señalado su señoría, constituye un problema particular en las zonas pantanosas y la gestión de las zonas pantanosas es responsabilidad, por supuesto, de los Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión puede ayudar de dos formas. 
En primer lugar, dentro de los límites de su competencia, puede fomentar un intercambio de información entre agentes locales que tengan el mismo problema. 
Puede que usted conozca, por ejemplo, las iniciativas adoptadas por la Agencia Mediterránea de Medio Ambiente o por el consejo general de las Landas, en la región de Aquitania, que ha organizado recientemente una reunión sobre cómo controlar el sauce prímula. 
En segundo lugar, los fondos comunitarios, en concreto los fondos estructurales, y el instrumento LIFE pueden utilizarse para ayudar a controlar al sauce prímula en los lugares objeto de Natura 2000. 
Corresponde, claro está, a los solicitantes proponer medidas conforme a las reglas normales de elegibilidad. 
He escuchado atentamente su respuesta, la cual le agradezco. 
Me hubiera gustado también saber si a esta especie se le podía dar la calificación de "dañina" o "no comercializable", porque el problema de la onagra, es que es una planta que se vende para los acuarios, que está a la venta libremente y que cuando nos deshacemos de nuestro acuario, va a parar al medio natural, lo que plantea problemas. 
Por tanto, si se pudiera prohibir también su comercialización, pienso que sería una acción que permitiría limitar su propagación. 
. (EN) Sigue siendo competencia de los Estados miembros y, por supuesto, ellos tienen que decidir qué hacer o qué tipo de medidas adoptar. 
Sería muy radical intentar prohibir una determinada planta. 
Eso no se puede hacer. 
Cualquier acción y cualquier plan han de iniciarse en el ámbito local. 
Lo que nosotros podemos hacer es proporcionar consejo y enlaces con otros que tengan el mismo problema. 
Señor Presidente, siempre nos sorprendemos cuando en la Naturaleza se producen desequilibrios. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿existen posibilidades de determinar dentro de los programas de investigación europeos las causas de los desequilibrios? 
. (EN) Ojalá pudiera responder a esa pregunta. 
Puedo decir que la forma correcta de tratar este problema de la Ludwigia grandiflora, que es su nombre en latín, es analizarlo durante las jornadas técnicas que se van a celebrar el 23 y 24 de enero. 
Se trata de una conferencia dirigida a aquéllos que están preocupados por este tema. 
Quizás pueda usted obtener más información acerca de este sauce prímula y del modo en que se ha extendido de manera no natural. 
Ese es la única recomendación que puedo hacerle hoy. 
Seguiremos recabando información y esperamos poder poner en contacto a todos los que afecta este asunto. 
Preguntas dirigidas a la Sra. De Palacio 
Pregunta nº 34 formulada por (H-0955/00): 
Asunto: Valoración del informe provisional de la Inspección de las instalaciones nucleares del Reino Unido sobre la BNFL ¿Ha realizado la Comisión una valoración del informe provisional elaborado por la Inspección de las instalaciones nucleares del Reino Unido (Nuclear Installations Inspectorate) sobre los avances realizados por BNFL en relación con la puesta en práctica de las mejoras recomendadas por la Inspección en lo que se refiere a las estructuras de seguridad y gestión en Sellafield, teniendo en cuenta que las operaciones que se llevan a cabo en Sellafield repercuten negativamente en otros Estados miembros? 
. En febrero de 2000, la Inspección de Instalaciones Nucleares, organismo regulador británico, publicó un informe sobre los aspectos relacionados con las actividades de la British Nuclear Fuels Limited en la planta de Sellafield. 
Recientemente, este organismo regulador británico ha publicado un informe provisional de revisión sobre los avances realizados por la BNLF. 
Siguiendo las recomendaciones de febrero, los servicios de la Comisión también están estudiando este segundo informe provisional. 
Asimismo, la Comisión sabe que, desde que se publicó el informe de revisión en noviembre, el organismo regulador británico se ha mostrado satisfecho del tratamiento que la British Nuclear Fuels Limited ha dado, por ejemplo, a las quince recomendaciones del informe específicas para la fábrica de demostración, y que estas recomendaciones han sido lo que en terminología nuclear se denomina cerradas, es decir, que se dan por cumplidas. 
La Comisión observa que el organismo regulador británico aprecia el esfuerzo y compromiso que la BNLF ha mostrado respecto a sus preocupaciones, así como que se han realizado progresos significativos (estoy citando textualmente) en lo que se refiere a sus otras recomendaciones del informe de febrero. 
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, ya que en noviembre de 2000 sólo 3 de las 28 recomendaciones del equipo de inspección habían sido formalmente cerradas. 
No obstante, el organismo regulador británico ha reconocido que muchas de las medidas ya introducidas por la compañía necesitarán aún un tiempo antes de tener su pleno efecto. 
Según palabras de la Inspección de Instalaciones Nucleares, la British Nuclear Fuels Limited ha comenzado bien, pero debe seguir manteniendo el espíritu de cambio mientras continúa operando en sus instalaciones de manera segura. 
Sra. Ahern, señorías, la Comisión aprecia los progresos realizados y comparte el deseo de los inspectores de ver un impulso continuado hacia la mejora de la cultura de la seguridad en todos los niveles de gestión y obviamente, dentro de lo que son nuestras competencias o, más bien en este terreno, nuestras no competencias, mantendremos un seguimiento de lo que suceda en Sellafield. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. De Palacio por estudiar esta situación y por decir que estaba pendiente de la misma. 
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo en que cumplir 3 de las 20 recomendaciones suponga un progreso. 
Ciertamente no lo es. 
En la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el inspector jefe de la Inspección de Instalaciones Nucleares del R.U. dijo con bastante claridad que cerraría el centro de reprocesamiento si no se cumplía con la totalidad de las recomendaciones. 
Es evidente que no se han cumplido todas. 
Podemos discutir sobre si el avance es rápido o lento, pero hemos de ver un cumplimiento total. 
Espero, señora De Palacio, que declare usted hoy aquí que desea ver un cumplimiento total de las recomendaciones y de manera rápida, porque eso es lo que quiero escuchar. 
También señalé los efectos negativos sobre otros Estados miembros, es decir sobre la República de Irlanda, y me gustaría llamar la atención de la Sra. Comisaria sobre un informe publicado por el Instituto de Protección Radiológica de Irlanda en diciembre de 2000, que critica las emisiones de Sellafield y su efecto negativo sobre la República de Irlanda. 
Le pediría también, señora De Palacio, que lo estudiara en su totalidad. 
. Por supuesto, voy a pedir inmediatamente que se analice también, si es que no lo está siendo ya, ese documento al que hace referencia su señoría. 
Y si, lo que sería extraño, no dispusiéramos de él, le rogaría a su señoría que nos lo facilitara. 
En cualquier caso, quiero decirle que, evidentemente, nos gustaría que se diera cumplimiento lo antes posible a todas las recomendaciones, no a tres, sino a las 28, por parte de la British Nuclear Fuels en su actuación y su actividad en Sellafield y es obvio que, de no poderse llevar a cabo todas esas recomendaciones, ya lo han dicho las autoridades británicas, tendrían que tomar decisiones al respecto. 
Quiero recordar a su señoría que lo que puedo comprometerme a hacer, como he dicho anteriormente, es una especie de seguimiento muy cercano, pero que las competencias en este terreno siguen siendo nacionales, y sé que las autoridades británicas están actuando con pleno rigor en toda esta cuestión. 
En octubre planteé una pregunta a la Comisión acerca de los riesgos para el medio ambiente de los proyectiles de uranio empobrecido 238, en los Balcanes y sugería que parte del paquete de ayuda de emergencia a Serbia debería dedicarse a investigarlo y, en caso de demostrarse, a reparar el daño tóxico y radiactivo que pudiera suponer para la gente de Kosovo. 
El Sr. Comisario Patten, de modo bastante sorprendente, respondió que no era una prioridad. 
A la vista de la reciente publicidad en toda la UE y de las preocupaciones expresadas acerca de los proyectiles de uranio empobrecido y de los peligros que acarrea el polvo, en especial si es inhalado por soldados y civiles, particularmente niños que jueguen en los alrededores de los lugares en los que las bombas han producido daños, ¿ha cambiado el Sr. Comisario de punto de vista desde entonces? 
La pregunta sobre la British Nuclear Fuels Limited no es pertinente, no es complementaria, por lo tanto decae. 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0960/00): 
Asunto: Cambios intermodales del transporte por carretera al transporte ferroviario y cambio climático El transporte reviste una enorme importancia en el debate sobre el cambio climático, ya que genera el 26% de las emisiones de CO2 que se registran en la actualidad, de las cuales el 84% se deben al transporte por carretera. 
Según pronósticos recientes, es probable que en los próximos años el transporte se convierta en la fuente de emisiones de CO2 con la tasa de crecimiento más elevada. 
La liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril y el aumento de la interoperabilidad del sistema ferroviario son pasos importantes pero insuficientes para impulsar el transporte por ferrocarril, el modo de transporte alternativo más importante al transporte por carretera. 
¿Cómo tiene intención la Comisión de apoyar las inversiones en el transporte ferroviario, en particular en el marco del futuro Libro Blanco sobre la política de transportes, de las directrices sobre las RTE, y del Libro Verde sobre el transporte urbano? 
¿Tiene intención la Comisión de revisar los proyectos viales prioritarios y no prioritarios existentes en la actualidad en el marco de las RTE para conceder la prioridad a unos modos de transporte más sostenibles? 
¿Podría hacer la Comisión un desglose de las inversiones percibidas por cada modo de transporte en el marco del período de programación 2000-2006 de los Fondos estructurales? 
La Comisión tiene previsto aprobar a principios del mes que viene un Libro Blanco sobre la política común de transportes que irá acompañado de una revisión de las orientaciones sobre la red transeuropea de transportes y, en su caso, de otras iniciativas para promover unos sistemas de transporte menos contaminantes y más eficaces. 
Con tales iniciativas se pretende luchar contra la creciente saturación, los efectos medioambientales negativos, la dependencia excesiva del petróleo y el elevado número de accidentes de tráfico. 
La Comisión está elaborando un conjunto de medidas económicas reglamentarias de infraestructuras para favorecer una mayor utilización de aquellos medios de transporte que todavía disponen de capacidades y que son más respetuosos con el medio ambiente. 
El objetivo previsto es impulsar las nuevas tecnologías y fomentar una mayor cooperación entre los medios de transporte. 
En ese sentido, se llevará a cabo la revisión de las redes transeuropeas en dos fases. 
La primera fase se centrará en unos pocos temas prioritarios, haciendo hincapié en el fomento del transporte de mercancías por ferrocarril. 
En la segunda fase, cuyo inicio se prevé para antes del 2004, se efectuará una revisión más a fondo de las orientaciones, atendiendo ante todo a la ampliación de la Unión y al medio ambiente y se determinarán las principales rutas de transporte multimodal. 
Las orientaciones de la Comisión relativas a los programas de Fondos estructurales para el período 2000-2006 recomiendan que se conceda prioridad al transporte intermodal. 
La Comisión presentará una comunicación para mostrar de qué modo se han tenido en cuenta tales orientaciones. 
Quería plantear otra pregunta pero me temo que voy a tener que volver a las dos partes de mi pregunta que no se han tratado. 
He preguntado si la Comisión tenía previsto revisar los actuales proyectos de carreteras prioritarias y no prioritarias dentro del marco de las redes transeuropeas de tal forma que se diera preferencia a los modos de transporte más sostenibles. 
Esa parte de mi pregunta no ha sido contestada. 
En segundo lugar, quería que la Comisión indicara la parte de inversión que corresponde a cada modo de transporte en el marco del período de programación de Fondos Estructurales 2000 a 2006. 
Puede usted decir que eso no es posible pero podría, al menos, dar una estimación aproximada. 
Señora McKenna, quiero decirle que, en lo que se refiere a las redes transeuropeas, ya en este momento se le está dando prioridad de facto a los proyectos ferroviarios, si es lo que a usted le preocupa. 
La parte más importante- las inversiones- se corresponde con grandes proyectos ferroviarios. 
En segundo lugar, dentro de ese Libro Blanco, donde vamos a tener ocasión de discutir muy a fondo todas esas cuestiones, y donde van a aparecer también los problemas de la tarificación, los problemas de la competitividad entre los distintos modos de transporte, etc., lo que se plantea precisamente es avanzar en la solución de los cuellos de botella, lo cual no significa que en algunos casos no haya que pensar en incrementar algunas infraestructuras viarias. 
Lo que se plantea también es una mayor utilización de modos de transporte, como puede ser el fluvial o el marítimo de corta distancia, y lo que se plantea, sobre todo, es facilitar la integración del sistema de transporte porque al final, antes o después, normalmente aparece siempre la carretera para poder garantizar el "puerta a puerta", que es elemento decisivo. 
Y eso supone intemodalidad, plataformas de interconexión y, además, interoperabilidad incluso en los sistemas de carga. 
En cuanto a las cantidades para el período 2000-2006, francamente no le puedo dar las cifras exactas. 
Lo que puedo decirle es que en este momento más del 50% ya se está destinando a proyectos que tienen que ver con el sector ferroviario. 
Pregunta nº 36 formulada por (H-0963/00): 
Asunto: Abastecimiento de energía y energía nuclear La Comisión acaba de publicar un Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético. 
En este documento, la industria nuclear recibe un nuevo impulso en un momento en que, según los cálculos realizados por la propia Comisión, se apunta una reducción progresiva del consumo energético cubierto por el sector nuclear, del 15% al 6% para el año 2030. 
Ahora bien, la sociedad civil rechaza el fomento de la energía nuclear como alternativa a los combustibles fósiles. 
¿Tiene pensado la Comisión aumentar la proporción del consumo energético cubierto por el sector nuclear? 
¿Cómo pretende financiar el desarrollo de energías renovables? 
¿De qué forma piensa utilizar los beneficios producidos por la industria nuclear como fuente adicional de financiación de las energías renovables? 
¿No considera prudente, y hasta necesario, reorientar los recursos económicos destinados a fomentar la promoción de la investigación nuclear, fusión incluida, hacia el fomento de las energías renovables? 
Preguntas dirigidas al Sr. Nielson 
. A la pregunta de la Sra. Isler Béguin sobre energías renovables y nuclear quiero contestar, en primer lugar, que en este momento la prioridad es impulsar el incremento del uso de las energías renovables. 
Que esto quede muy claro. 
En ningún documento u otro sitio me he mostrado favorable al incremento del uso de la energía nuclear. 
En el Libro Verde- al alcance de su Señoría- lo que aparece claramente es el incremento del apoyo, de los incentivos y de todo tipo de respaldo al uso de las energías renovables. 
Consecuencia de esto es la discusión sobre la directiva sobre uso de la electricidad verde- la electricidad con bases renovables- o la colaboración que hemos mantenido con la Dirección General de la Competencia sobre la cuestión del tratamiento de las ayudas a este tipo de sectores. 
En segundo lugar, el Libro Verde también plantea la posibilidad de utilizar unos tipos de compensaciones o de subvenciones cruzadas que, a partir de las fuentes de energía habituales o tradicionales- carbón, petróleo, gas, energía nuclear, o todas ellas- puedan servir de apoyo a las energías renovables. 
Por último, en cualquier caso, al margen de esas ayudas a las energías renovables, que me parecen esenciales y que no sólo se plantean como discurso declarativo sino como objetivo- y recuerde que por primera vez se plantean objetivos concretos y diferenciados Estado por Estado, y eso se hace en la Directiva sobre la electricidad verde -, considero imprescindible mantener un apoyo a la investigación en el sector nuclear, especialmente en materia de seguridad, almacenamiento y tratamiento de residuos, porque enterrarlos no es una solución, o en cuestiones alternativas como puede ser el sistema de fusión. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, si he planteado esta pregunta es porque, efectivamente, en el Parlamento Europeo, desde hace quince años, los colegas trabajan para que las energías renovables sean tenidas en cuenta. 
La Comisión empieza a integrarlas, pero siempre parece que las energías renovables no representan las energías del futuro, que van a quedarse como una energía alternativa. 
Y ya lo vemos, se piensa que no hay suficientes inversiones, sobre todo en comparación con lo que se ha invertido en el pasado en las otras energías. 
Por otro lado, en relación con la energía nuclear, con la electricidad de origen nuclear, que no produce gases con efecto invernadero, se ha hecho una enorme promoción para luchar contra el efecto invernadero, que ha consistido en decir que efectivamente la energía nuclear podría ser una alternativa al efecto invernadero. 
Por tanto, es en este sentido en el que se ha planteado la pregunta, para ver si la Comisión sigue estando en la misma longitud de onda, es decir continuar efectivamente desarrollando las energías renovables en la Unión Europea, así como también en otras partes del mundo, y no únicamente como energías alternativas. 
Señora Isler Béguin, me encantaría decir que podemos garantizar toda nuestra demanda energética con energías renovables, pero, lamentablemente, en el punto actual de desarrollo tecnológico eso no es verdad. 
Nuestro potencial de energías renovables en la Unión Europea está limitado, tanto por razones físicas- porque salvo en energía solar, en que podríamos tener un mayor margen, las otras tienen unas claras limitaciones- como por razones de tipo económico, porque es verdad que hay que conceder ayudas a las energías renovables- y ya he dicho que he tomado iniciativas concretas y positivas en ese sentido -, pero, a pesar de todo, hay que mantener un cierto nivel de competitividad y de equilibrio. 
Conseguir un 12% de la energía básica a base de energías renovables, me parece un objetivo muy ambicioso, y yo estoy dispuesta a realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar dicho objetivo para el año 2010. 
Dicho esto, no se puede negar la evidencia, y la evidencia es que, al margen de otro tipo de problemas muy graves, como los residuos, la energía nuclear no supone contaminación por emisiones. 
Por último, quiero decir que el problema nuclear es un problema gravísimo, pero que está controlado. 
En este momento, lamentablemente, el problema del cambio climático está absolutamente descontrolado. 
Es un problema no controlado en este momento y, además, me temo que no es controlable si no tomamos medidas muy importantes. 
Comparto su preocupación. 
No solamente el Libro Verde de la energía sino también el Libro Blanco de transporte- porque el transporte tiene mucho que ver con este asunto- tiene claramente una orientación en el sentido de intentar, manteniendo un desarrollo, un crecimiento y una calidad de vida, minimizar los efectos, desde el punto de vista del cambio climático y desde el punto de vista medioambiental. 
Gracias, señora Comisaria. 
En su respuesta se ha basado usted mucho en el argumento económico, pero tenemos que decir que tanto la energía nuclear como el carbón están altamente subvencionados. 
Como decía la Sra. Isler Béguin, ¿podemos ver el mismo nivel de subvenciones- fíjese en el dinero gastado en investigación sobre fusión- en energías renovables? 
Hasta la fecha no tenemos un nivel de financiación ni de la UE ni de los Estados miembros. 
Tengo otras dos preguntas. 
En primer lugar, ¿considera usted la incineración de los residuos una energía renovable, porque es necesario que eso se clarifique? 
En segundo lugar, cuando consigamos que los beneficios industriales sean una fuente adicional de financiación para la energía renovable, ¿veremos unas reglas de juego iguales para todos sin excepciones? 
Quisiera también citarle el hecho- y esto ya lo he dicho en otros foros- de que el Director General Lamoureux ha efectuado declaraciones sobre la energía nuclear que exceden con mucho la competencia de la Comisión. 
Corresponde a los Estados miembros decidir si van a construir o no plantas de energía nuclear. 
¿Se desliga la señora Comisaria de estos comentarios? 
El Libro Verde dice claramente que las energías renovables en este momento necesitan ayudas y apoyos, como fue el caso hace un tiempo, por ejemplo, para las energías del carbón o nuclear. 
En este momento, hay que respaldar y darle, al menos- y yo creo que incluso más -, un apoyo semejante a las energías renovables. 
O sea, que coincido plenamente con usted y lo digo claramente en el Libro Verde. 
En segundo lugar, los residuos, sin más, no son energías renovables. 
La incineración de residuos sin más no puede ser una energía renovable. 
Ahora bien, en el caso de una incineración adecuada de residuos provenientes de componentes orgánicos renovables, sí nos encontramos en el terreno de las energías renovables. 
Sabe su Señoría que este asunto fue objeto de debate en este Parlamento y que, además, ha sido objeto de un compromiso al final en el que acordamos aceptar, en ciertos aspectos y bajo ciertas condiciones, determinado tipo de residuos. 
Pero si me dice residuos sin más, le digo que no. 
Sólo considerados de cierta manera y, desde luego, discriminados y seleccionados. 
En lo que se refiere a las declaraciones, Señoría, del Sr. Lamoureux, dice lo que afirma el Tratado y, desde luego, la decisión de poner o no una planta de energía nuclear o de hacer el opting out corresponde a los Estados miembros, no corresponde a la Comisión, ni tan siquiera es una decisión comunitaria. 
Son los Estados miembros quienes toman sus decisiones en función de sus opciones, por supuesto dentro del marco general, lo cual no quiere decir que no crea que debemos reflexionar al respecto porque creo que Europa necesita una política energética común. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisaria De Palacio, las preguntas 37, 38 y 39 se contestarán por escrito. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Quiero una respuesta a mi pregunta. 
Ha pasado usted por alto mi Pregunta 39. 
Estoy aquí para plantear la pregunta. 
Debo solicitar una respuesta a esa pregunta. 
Así mismo, quisiera señalar que en la Pregunta 36 había tres preguntas en una, lo cual ha llevado más de 20 minutos. 
Hay tres preguntas en una en la Pregunta 40, que llevará otros 20 minutos más o menos. 
Mi Pregunta 39 es una pregunta sencilla y todo lo que pido es una respuesta sencilla. 
Tengo derecho a ello. 
Por tanto, espero que usted, señor Presidente, me conceda el respeto de la Cámara y la respuesta a mi pregunta. 
Llevo aquí al menos 16 años y tengo, al menos, derecho al respeto de la Cámara. 
Señor Fitzsimons, le tenemos un enorme respeto, pero la primera obligación del diputado- y sobre todo de los que llevamos varios años- es leerse el Reglamento. 
Hay un orden de las preguntas. 
Comprenderá usted que llevo ya año y medio dirigiendo el turno de preguntas y me he tenido, por obligación, que leer esta parte del Reglamento. 
Su pregunta es la 39. 
La 37 y la 38 tampoco se han contestado, de acuerdo con el Reglamento, y también estaban presentes sus autores. 
No va a haber un debate sobre esto ahora, se lo aseguro, porque es impedir a los colegas que puedan hacer sus preguntas. 
Entonces, de acuerdo con el Reglamento, con el Anexo II, "Respuestas a las preguntas", punto 11, "las preguntas que no hubieren recibido respuesta por falta de tiempo, serán objeto de respuesta escrita". 
Esto es lo que hemos hecho, y le aplicamos la misma norma que a todos los demás. 
Es decir, el respeto que usted recibe es total y absoluto. 
Si usted tiene algo más que añadir, le ruego que lo haga por escrito. 
El Sr. Tannock, que pide una cuestión de orden, ha hecho una pregunta que no era pertinente, porque no era complementaria. 
Este es el punto de vista de la Presidencia de esta Sesión y no pienso entrar en ningún debate. 
Pregunta nº 40 formulada por (H-0959/00): 
Asunto: ONG en el marco de la reforma de los servicios y la política de desarrollo La Comisión ha abierto el proceso de reforma en el ámbito de la política de desarrollo, en cuyo marco tiene que definirse el papel de las ONG. 
El PE sostiene que las ONG constituyen uno de los pilares de la cooperación comunitaria y está preocupado por el tratamiento que reciban en las nuevas orientaciones y organigrama de la política y los servicios de desarrollo. 
¿Piensa la Comisión establecer un diálogo estructurado y permanente con la Coordinadora Europea de ONG (CLONG) que garantice los términos de la participación de las ONG europeas en la cooperación comunitaria? 
¿Cree la Comisión en la importancia de potenciar el papel de las ONG, con vistas a equilibrar su presencia en la política de desarrollo comunitaria, en relación con los organismos multilaterales de ayuda, fundamentalmente los de la familia de Naciones Unidas? 
¿Va la Comisión a tener en cuenta la experiencia con ONG del personal de la DG-Desarrollo al elaborar el organigrama del nuevo organismo de ejecución? 
. (EN) La Comisión está totalmente de acuerdo con su señoría en que las ONGs, en tanto que actores importantes de la sociedad civil, constituyen uno de los pilares en los que descansa la cooperación comunitaria. 
El Acuerdo de Cotonou cita expresamente el creciente papel de los actores no estatales en el proceso de desarrollo. 
La Comisión ha elaborado unas orientaciones de programación específicas acerca del papel de actores como las ONGs en la cooperación con los países ACP. 
El plan de acción de la Comisión recoge también compromisos de cooperación y consulta con la sociedad civil y los actores no estatales. 
En cuanto al Comité Europeo de Enlace de ONGs (CLONG) , nuestra relación con él ha sido siempre activa y fructífera. 
Además de las aportaciones a los proyectos de las ONGs, proyectos que llegan de verdad a las personas de los países en desarrollo, el CLONG recibe también ayuda financiera de la Comisión. 
De conformidad con sus normas financieras, la Comisión recibió en diciembre de 2000 los resultados preliminares de una auditoría del CLONG, que muestra una deficiente gestión financiera dentro del CLONG. 
La Comisión extraerá las consecuencias derivadas de esta auditoría con el fin de establecer su relación con el CLONG sobre una base sólida. 
Sin embargo, debería indicarse que el diálogo entre la Comisión y el CLONG no se ha interrumpido ni se interrumpirá. 
El diálogo con otras ONGs y con otras organizaciones que reúnen a ONGs- existen varias- se intensificará el próximo año cuando se establezca la nueva estructura organizativa decidida en mayo de 2000. 
En esta cuestión es importante pedirles que no cometan el error de pensar que aceptar un especial nivel inferior de gestión financiera en el CLONG es un modo adecuado para que la Comisión demuestre su actitud positiva hacia la inclusión de la sociedad civil como tal. 
Éste no es el problema, el problema al que nos enfrentamos aquí es sencillamente un problema de gestión financiera. 
La Comisión considera que las ONGs desempeñan un papel destacado y crucial, diferente del de las agencias de NN.UU. y que no compite con éstas. 
La utilización por ECHO de las ONGs, de NN.UU. y de otras organizaciones refleja lo que es mejor en la situación. 
Las situaciones cambian y también lo hace el modelo en que repartimos entre distintos socios. 
Por último, muchos miembros del personal de la DG de Desarrollo con experiencia en ONGs han sido trasladados a la Oficina de Cooperación EuroAid- nuestro nuevo órgano de aplicación. 
De este modo, aportarán sus conocimientos a la nueva oficina y se concentrarán en cómo tener una mejor relación con el fin de reducir algunos de los problemas que hemos tenido en el pasado con el diálogo no siempre fluido entre las distintas partes. 
Lamento lo que ha ocurrido, porque he entendido, o creo que he entendido al Comisario que va a seguir manteniendo el diálogo y la importancia que da a las ONG, pero en este sentido, me gustaría formular la siguiente pregunta: evidentemente, Sr. Comisario, nosotros, como parlamentarios y, en concreto, el Grupo socialista, no vamos a defender ni a pasar por alto la posible mala gestión por parte de la coordinación de las ONG (CLONG) , pero sí que nos parece muy importante el principio político del diálogo con las ONG, y una gran parte de estas ONG está representada por la CLONG. 
Por ello, entendemos que la solución que se puede plantear no es proporcional a la gravedad de las irregularidades que ha podido cometer la Administración de la CLONG, y que, si no se desbloquea la situación actual, puede tener lugar el cierre de esta coordinación de las ONG. 
Por eso, la pregunta es: ¿contempla el Comisario el desbloqueo de la situación financiera sin perjuicio que, a partir de ella, la Comisión negocie con las ONG la refundición o la forma nueva de cómo tienen que trabajar y cómo tienen que coordinarse? 
. (EN) Daremos a este problema el tipo de respuesta que hemos ofrecido hasta ahora para el CLONG. 
Permítanme señalar que no hemos llegado a la conclusión definitiva, hemos recibido el informe del Tribunal de Cuentas y estamos viendo qué tipo de conclusiones va a extraer la Comisión. 
Pero hemos indicado- y esto refleja lo que dice el Tribunal de Cuentas- que es necesario recuperar alrededor de un millón de euros. 
Esa recuperación normalmente supone también que se deje de financiar al receptor en cuestión. 
Éste es el procedimiento normal. 
Me enfrento a una situación en la que si no hago esto estaría actuando de un modo que sería con toda probabilidad fuertemente criticado por el Tribunal de Cuentas y por esta Cámara. 
Todavía recuerdo los muy sonados aplausos que recibí en mi comparecencia ante la Comisión de Desarrollo y Cooperación hace un año y medio cuando dije que yo y esta Comisión adoptaríamos una política de tolerancia cero con la mala administración de fondos y con todos estos problemas. 
Todo el mundo está de acuerdo en esto y lo que estoy haciendo ahora es seguir los procedimientos normales, en la medida en que tengamos tal cosa en la Comisión. 
Pero seré claro aquí. 
Soy consciente del problema que ha señalado la Sra. Sauquillo y estamos haciendo todo lo que podemos para encontrar una solución que permita que el grueso de la cooperación con el mundo de las ONGs continúe. 
Pero si fuera necesario algún tipo de reforma, esta es una fase que puede que tengan que atravesar. 
Por el momento me cuido mucho de no manifestar cuál ha de ser el resultado porque está en gran medida en manos de los responsables del CLONG y de las muchas diferentes ONGs de toda Europa. 
Pero no les estamos dando la espalda y esperamos y deseamos que la cooperación futura sea normal y fructífera. 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0971/00): 
Asunto: Ayudas para los cristianos expulsados de las islas Molucas Existen todo tipo de razones para atraer la atención sobre las persecuciones, la violencia y el terror de que son víctimas los cristianos en las islas Molucas, Indonesia, y especialmente en Ambon, donde los activistas de la Jihad han profanado y quemado iglesias, han obligado a los cristianos a un éxodo masivo y han dejado tras de sí innumerables muertos. 
Yo me he entrevistado personalmente con el obispo de Mondagi en Ambon y con líderes de iglesias protestantes. La situación es alarmante. 
El gobierno y el ejército indonesios son responsables de garantizar la seguridad y la vida de sus conciudadanos, independientemente de la religión que profesen. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para proporcionar ayuda económica a los miles de cristianos expulsados de sus hogares en las islas Molucas, y especialmente en Ambon, y paliar así la gravísima situación en la que se encuentran? 
. (EN) ECHO llevó a cabo sus primeras operaciones en las Molucas en marzo de 1999 cuando un paquete de ayuda de 1 millón de euros hizo posible el establecimiento de programas de distribución de alimentos y de asistencia médica para las personas desplazadas procedentes de las islas Amboina y Kai. 
La decisión financiera relativa a Indonesia fue firmada en diciembre de 1999 y se destinaron 900.000 euros para la continuidad de estos dos programas. 
Otras dos operaciones de emergencia con un presupuesto de 1,5 millones de euros se iniciaron en marzo de 2000 porque el número de personas desplazadas seguía aumentando. 
Estas operaciones abarcaban reparto de alimentos y primeros auxilios y aseguraban también asistencia médica y suministro de agua potable a las personas desplazadas del archipiélago. 
Dado que el conflicto ha alcanzado el norte de las islas Molucas y en particular a la isla de Halmahera, las dos ONGs financiadas por ECHO, Medecins sans frontières, Bélgica, y Action contre la faim, Francia, han ampliado su radio de acción de tal forma que incluya también a las personas desplazadas procedentes de esta isla. 
La reanudación de la violencia en mayo y junio del año pasado provocó nuevos desplazamientos en todo el archipiélago. 
Por ello se firmó una decisión de ayuda de emergencia a Indonesia en agosto de 2000 por un valor de 2 millones de euros. 
Está financiando un nuevo programa de ayuda a las personas desplazadas con un presupuesto de 600.000 euros que comprende la distribución de alimentos y de primeros auxilios. 
World Mission Alemania está llevando a cabo este programa. 
Teniendo en cuenta que la situación en las Molucas sigue siendo causa de preocupación humanitaria, se firmó una nueva decisión de ayuda humanitaria el 5 de diciembre de 2000. 
La decisión incluye un proyecto de mejora de las condiciones sanitarias y nutritivas de las víctimas que será desarrollado por Action contre la faim, Francia. 
Incluye también un proyecto dirigido a asegurar el transporte de agua potable que será realizado por el comité internacional de la Cruz Roja. 
Por tanto, es para nosotros prioritario ayudar a las víctimas de este conflicto tan desgraciado. 
Agradezco al Comisario Nielson su respuesta y los esfuerzos que se hacen en favor de todos los refugiados en las Molucas, donde el mayor grupo es cristiano. 
En total, se trata de 300.000 refugiados, en una población de 10 millones de personas. 
Es como si todos los habitantes de Malmö, la tercera ciudad de Suecia, fuesen refugiados y perseguidos. 
También quisiera destacar la gravedad de la situación que afecta a la minoría cristiana en Indonesia. 
La noche de Navidad se produjo una serie coordinada de atentados con explosivos contra las iglesias en las islas del archipiélago indonesio y contra la Catedral de Yakarta. 
Indonesia es el cuarto país con mayor población mundial y el país musulmán más densamente poblado. 
Doy por sentado que ustedes siguen de muy cerca el desarrollo de estos acontecimientos. 
Mi pregunta concreta es: ¿existe una colaboración entre Caritas, la Asociación Mundial Luterana y el Consejo Mundial de Iglesias para ayudar a las minorías cristianas perseguidas, especialmente en las Molucas? 
. 
(DA) Puedo contestar a la última pregunta diciendo que las organizaciones a las que hice referencia como nuestros socios en la ejecución de la ayuda humanitaria son aquellas de las que se trata. 
Además, añadiré que un conflicto de esta naturaleza podría agravarse si como donantes humanitarios eligiéramos socios implantados que pudieran ser percibidos como no-neutrales en el conflicto. 
Somos cuidadosos para evitar este problema adicional. 
Comprendo perfectamente la naturaleza del conflicto y los sentimientos ligados a él por este motivo, sin embargo, creo que en la ejecución del trabajo que dirigimos resulta conveniente hacer lo que estamos haciendo. 
Por una parte, esta ayuda es muy loable pero ¿no podría a su vez estar sacando al gobierno indonesio del atolladero; y no deberíamos verdaderamente utilizar la fortaleza política y económica de la Unión Europea para obligar al gobierno indonesio a cuidar de sus propios ciudadanos, especialmente de esta minoría cristiana? 
. Existen diversos conflictos en Indonesia. 
No todos presentan la misma naturaleza. 
Éste es distinto de los conflictos derivados de la cuestión de la secesión que está dividiendo a Indonesia. 
De hecho, estamos cooperando con el gobierno indonesio intentando no sólo insistir sino instarles dentro de un espíritu cooperativo a hacer lo que un gobierno tiene que hacer para tratar un problema de esta índole. 
Existe, a mi juicio, una diferencia entre este conflicto y el resto de conflictos en Indonesia y también algunas diferencias en el tipo de respuesta del gobierno indonesio. 
Aquí se encuentra la base de una cooperación relativamente buena con el gobierno de Indonesia. 
Pero el conflicto en sí mismo es extremadamente desagradable y muy problemático para todos, especialmente, por supuesto, para las víctimas. 
Pregunta nº 42 formulada por (H-0981/00): 
Asunto: Sobre la situación de los refugiados burundeses en Tanzania La situación alimentaria en los campos de refugiados burundeses no parece haber mejorado, según informes recibidos desde el campo de Lukole (Ngara) y además hay indicios que hacen pensar que se está preparando una repatriación de los refugiados burundeses actualmente en Tanzania. 
Teniendo en cuenta la resolución adoptada por la Asamblea Parlamentaria ACP-UE (ACP­UE 3005/00/def.) , especialmente su punto número 15 en el que se pide "a la Comisión, al Consejo y a los representantes de los Estados miembros en las organizaciones internacionales de tomar urgentemente las medidas apropiadas para hacer frente a la situación en los campos de refugiados burundeses en Tanzania", y considerando que desde que dicha resolución fue adoptada han pasado ya varios meses: 
¿Podría la Comisión explicar qué medidas ha tomado para dar cumplimiento a dicho punto de la resolución ACP-UE 3005/00/def.? 
. (EN) Me es grato informar a su señoría y a esta Cámara de que la Comisión ha adoptado y sigue adoptando medidas apropiadas en relación con la alimentación y la situación de repatriación de los refugiados burundeses en Tanzania. 
Estuve en Tanzania en marzo de 2000 y en esa ocasión visité también los campos de refugiados de Burundi. 
El número total de refugiados en Tanzania incluyendo los procedentes de Burundi sigue creciendo. 
A finales de 2000 había aproximadamente 500.000 refugiados en campos al oeste de Tanzania, de los cuales alrededor de 360.000 eran burundeses, 110.000 congoleños y el resto ruandeses, somalíes y de otras nacionalidades. 
A través de ECHO la Comisión financia más de un tercio del total de la ayuda humanitaria a disposición de los refugiados en Tanzania. 
En el año 2000 el presupuesto de ECHO para ayuda a los refugiados tanzanos fuer de 26,85 millones de euros. 
Se espera que el nivel de la ayuda de ECHO siga siendo básicamente el mismo este año. 
Los socios fundamentales en Tanzania son la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el ACNUR, UNICEF y el Programa Mundial para la Alimentación. 
Los principales objetivos de la ayuda humanitaria son la asistencia en diversos ámbitos a los refugiados, la alimentación, la educación, la atención sanitaria para los niños y, por último, la salud pública, el agua y la higiene en los campos. 
En cuanto al nivel de nutrición en los campos, ECHO aporta un tercio del coste total del Programa Mundial para la Alimentación en Tanzania, que proporciona una ración equilibrada diaria de 2.166 calorías por refugiado, bastante por encima del mínimo recomendado por la OMS. 
El Programa Mundial para la Alimentación alertó recientemente a la comunidad internacional de los potenciales problemas de suministro, que se derivarían de retrasos en la financiación procedente de fuentes distintas a la Comisión, y las raciones diarias se redujeron al 80%. 
Sin embargo, las raciones siguieron siendo adecuadas debido a que muchos refugiados tienen acceso a otras fuentes de alimentos. 
En 1999, la FAO se sumó a la operación de ayuda internacional estableciendo un programa para mejorar los niveles de nutrición de las familias más vulnerables. 
En colaboración con ACNUR, la FAO entregó a 15.000 familias en seis campos semillas y aperos para que plantaran huertos familiares y comunitarios. 
Se impartió formación y la FAO calcula que más de 50.000 personas se han beneficiado directamente del proyecto. 
Yo he visto este programa y verdaderamente está tan bien organizado y es tan bonito que la alternativa que podemos ofrecer a los refugiados cuando regresen parece mucho menos organizada. 
Pero, por supuesto, esto es lo que vamos a apoyar. 
En cuanto a la posible repatriación de los refugiados burundeses en Tanzania a raíz de la firma del acuerdo de paz en la cumbre de Arusha, la Comisión está preparada para esta eventualidad. 
Yo mismo estuve presente en la conferencia de donantes a Burundi presidida por Nelson Mandela en París en diciembre, que respaldó el acuerdo de paz. 
La Comisión sigue un planteamiento de doble vía. 
En primer lugar, el nivel actual de ayuda humanitaria a los refugiados se mantendrá mientras permanezcan en Tanzania. 
En segundo lugar, si se dieran las condiciones para su repatriación- y estamos presionando a todos los que tienen algo que ver, y a algunos que creen que deberían tener algo que ver, para hacer que esto ocurra- los fondos asignados por ECHO al programa de Tanzania seguirán a los refugiados en su vuelta a casa. 
Una cantidad adicional de 25 millones de euros ha sido asignada por la DG de Desarrollo al amparo del Artículo 255 del Convenio de Lomé para ayudar al ACNUR a una repatriación planificada y ordenada. 
En este momento las condiciones previas para que se produzca una repatriación ordenada y voluntaria desgraciadamente no se cumplen. 
Esto se analizó en la reunión anual de programación estratégica de ECHO con ACNUR en diciembre y se acordó entonces que la repatriación sólo puede tener lugar si todas las partes están convencidas de que la situación de seguridad en el interior de Burundi es estable y sostenible. 
Ésta es para nosotros una gran operación y queremos que tenga una conclusión satisfactoria. 
Señor Comisario, creo que es de justicia agradecerle una respuesta tan exhaustiva que me tranquiliza, en cierta medida. 
Creo que en la misma medida en la que está usted tranquilo, porque no hay duda de que los problemas de estos numerosos refugiados que existen en Tanzania son graves. 
Teníamos el informe del World Food Programme en el que se nos decía que a finales de año acabarían las reservas de alimentación. 
Está también la necesidad de permitir la formación y educación de todos estos refugiados, aún estando en una situación anómala en su vida, precisamente para que estos años no sean años perdidos. 
Por tanto, no sólo es imprescindible la ayuda humanitaria en relación con la alimentación, sino que también son necesarios programas de educación, programas de sanidad, para que estos años trágicos de este pueblo no sean años perdidos, sino que puedan ser el caldo de cultivo de una época mejor y, sobre todo, de una reconciliación definitiva del pueblo burundés. 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0984/00): 
Asunto: Prevención de conflictos y mantenimiento de la paz en el mundo en desarrollo ¿Cómo va a cooperar la DG Desarrollo con la Presidencia sueca en cuestiones relacionadas con la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz en los países en desarrollo? 
. (EN) La construcción de la paz y la prevención, gestión y resolución de conflictos siguen siendo prioritarias en nuestras políticas y la Comisión acoge favorablemente la importancia que la presidencia sueca concede a estas cuestiones. 
La paz y la estabilidad democrática son condiciones previas e indispensables para el progreso económico y social. 
La prevención de conflictos constituye una parte integral de los objetivos de política externa de la UE. 
El reto está ahora en abordar de manera concreta las raíces de los conflictos y centrarse en acciones y en la aplicación de las políticas. 
La contribución de la UE a la prevención de conflictos es mayor cuando podemos usar o adaptar nuestros distintos instrumentos, especialmente los acuerdos comerciales y de cooperación, la ayuda al desarrollo y los instrumentos sociales y medioambientales, para luchar contra las causas de los conflictos. 
El último Consejo de Desarrollo, al centrar el objetivo de la política de desarrollo en la reducción de la pobreza, ha establecido la base para abordar una de las principales causas de conflictos: las grandes disparidades en prosperidad y pobreza. 
Permítanme repetir que la iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados que alivia la deuda de estos países supone también una contribución muy real a la prevención de conflictos. 
Globalmente, el bajo nivel de ayuda al desarrollo es, a mi juicio, la cuestión individual más importante que ha de abordarse si vamos a ser serios sobre la prevención de conflictos. 
La Comisión ya ha mantenido numerosas conversaciones con la presidencia sueca y compartimos sus preocupaciones. 
Se decidió, por ejemplo, celebrar un debate político sobre prevención de conflictos en el Consejo de Asuntos Generales del 22 de enero. 
Estamos de acuerdo en que es necesario incorporar el concepto de prevención de conflictos a los actuales instrumentos políticos con el fin de fortalecer la cooperación con Naciones Unidas, la OSCE y otras organizaciones regionales y de encontrar fórmulas comunes para los fenómenos transfronterizos de desestabilización como el tráfico de drogas, armas o diamantes. 
La Comisión presentará una comunicación sobre prevención de conflictos esta primavera. 
Es plenamente consciente del papel crucial de la cooperación al desarrollo en este ámbito. 
Trabajaremos estrechamente con la presidencia sueca para mantener la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz entre nuestras más altas prioridades. 
Señor Presidente, señor Comisario, la respuesta es desde luego muy satisfactoria pero me pregunto si era usted consciente, señor Comisario, de que las unidades de alerta temprana y planificación estratégica de la Comisión cuentan con un personal de 20 personas, de las cuales 11 son responsables de los Balcanes y sólo uno de África, que está bajo su responsabilidad. 
Me pregunto si estudiaría esta cuestión e intentaría que tuviéramos más personal sobre el terreno en estas unidades. 
Igualmente, ¿sabía usted que dependen de la financiación anual lo que supone que no pueden realizar una planificación a largo plazo como la que usted sugería ahora; por tanto, es importante que la Comisión estudie estas cuestiones. 
En segundo lugar, señor Comisario, todo el asunto de la descentralización a las delegaciones: ¿se va a asegurar de que en las delegaciones dispone de personal con experiencia en la prevención de conflictos y el establecimiento de la paz? 
. (EN) La respuesta, con toda sinceridad, es "no" y todo el mundo sabe que la Comisión no está desgraciadamente en condiciones de dar una buena respuesta a este tipo de pregunta. 
Estamos en manos de los Estados miembros y de esta Cámara en nuestra lucha por conseguir suficiente personal, y personal cualificado, para hacer lo que se espera y se supone que hemos de hacer. 
Pero no puedo decir "sí" vamos a hacerlo como a la Sra. Kinnock y a mí nos gustaría poder decir. 
Eso no es fácil. 
En cuanto a la distribución geográfica de las personas según sus responsabilidades en el grupo de alerta temprana y en los órganos políticos que hemos creado para hacer estas cosas mejor, no creo que pueda medirse sólo de ese modo. 
Indudablemente con la nueva estructura se hará más énfasis en la más transversal DG de Desarrollo, la gestión general de las relaciones con los países ACP, por ejemplo, a medida que cambie la división del trabajo entre la DG de Desarrollo y la nueva oficina de cooperación. 
Esto forma parte de nuestro propio ajuste a estas prioridades, y es, claramente, el camino que voy a seguir para mejorar nuestra eficacia incluso con los recursos dados. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Sr. Nielson, las preguntas 44 a 65 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Política pesquera común 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0365/2000 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la política pesquera común ante el desafío de la globalización de la economía (2000/2027 (INI) ); 
A5-0333/2000 del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del régimen comunitario de la pesca y la acuicultura en el período de 1996-1998 (COM (2000) 15- C5-0109/2000- 2000/2069 (COS) ); 
A5-0332/2000 del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión sobre las reuniones regionales organizadas por la Comisión en 1998 y 1999 sobre la política pesquera común después de 2002 (COM (2000) 14- C5-0110/2000- 2000/2070 (COS) ); 
A5-0367/2000 del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se fijan las modalidades de concesión a Guinea Bisau de un apoyo financiero en el sector de la pesca (nueva consulta) (8263/2000- C5-0361/2000- 1998/0355 (CNS) ); 
y sobre la declaración de la Comisión sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. 
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Pesca, Sr. Varela Suanzes-Carpegna, para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, yo querría pedirle, en nombre de la Comisión de Pesca, porque ayer debatimos en nuestra comisión este tema, y en nombre también y sobre todo de los ponentes de los informes que hoy vamos a discutir y, si el Sr. Comisario, con quien he hablado, no tiene inconveniente, y, en principio, no lo tiene, que pudiéramos escuchar en primer lugar la declaración del propio Comisario y después pudiéramos intervenir, por el orden establecido, el resto de los ponentes. 
Esto es lo que yo quería pedirle, señor Presidente. 
Sr. Presidente, no voy a hablar sobre algo que vayamos a debatir ahora, y perdón por salirme del guión. 
Esta misma tarde he tenido noticias de que diez miembros de la asociación ecologista Greenpeace, diez ecologistas pacifistas, han sido detenidos por la autoridad militar de La Roca, de Gibraltar, porque han pretendido acercarse al submarino "Tireless" con una pancarta expresando lo que yo creo que todo el mundo piensa: que el mar no tiene que estar ocupado por energía nuclear. 
Estos ecologistas siguen detenidos todavía, y ya que el Parlamento ha sido, por decirlo de algún modo, poco sensible para salvaguardar los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y de la bahía de Algeciras, pido que al menos se hagan las gestiones oportunas para que estos pacifistas ecologistas puedan dormir en su casa. 
Muchas gracias. 
Señor Bautista Ojeda, lo de dormir en su casa no sé si es factible que lo consigamos a estas horas desde aquí, pero tomamos buena nota de su intervención, que constará en las actas, pues supongo que también tiene interés en que así sea. 
Tiene la palabra el Sr. Nogueira Román. 
Señor Presidente, a mí me parece apropiado que hoy mismo el Comisario Fischler comparezca en este Parlamento para tratar de la cuestión de Marruecos. 
Me parece absolutamente oportuno. 
Lo que me parece totalmente inoportuno es haber mezclado un debate sobre cuatro resoluciones, importantísimas, según la Comisión de Pesca, para el futuro de la política pesquera común, con un debate sobre la cuestión de Marruecos que, inevitablemente va a absorber los demás debates previstos. 
Creo que son dos debates totalmente distintos, que deberían haberse realizado en horas distintas en esta sesión de Estrasburgo y que a cada uno debería habérsele dado la importancia que se merece. 
Al no ser así, sobre todo los diputados que tenemos poco tiempo, nos veremos obligados, o bien a no hablar de Marruecos, o bien a no hablar de los otros informes y, por lo tanto, del futuro de la política pesquera común, y ambas cosas son lamentables. 
Señor Nogueira, nuestras condiciones de trabajo son lamentables en general. 
Estamos intentando mejorarlas para que los debates puedan ser más correctos. 
Usted sabe que hay un documento de trabajo de la Mesa para discutir este tema. 
Pero en el punto concreto que usted cita, aparte de tomar nota, como es mi obligación, le puedo decir que su Grupo votó a favor de esta propuesta en la Conferencia de Presidentes. 
Por lo tanto, comprendo sus argumentos, pero le agradecería que se los transmitiera también a la presidencia de su propio Grupo. 
Tiene la palabra el Sr. Cunha. 
Señor Presidente, esta cuestión de orden es para decir que comprendo la cuestión planteada por el Sr. Nogueira Román, pero se trata de una cuestión de tiempo, como ha dicho el Presidente. 
Tenemos que comprenderla. 
Y, por eso mismo, entiendo y apoyo la cuestión planteada por el presidente de nuestra Comisión de Pesca, Sr. Varela Suanzes-Carpegna. 
En verdad, el de la cuestión de Marruecos es un debate muy importante para muchos de nosotros y sería pertinente que el Comisario hablara después, al comienzo del debate sobre esa cuestión. 
Creo que, teniendo en cuenta la importancia política de la cuestión de Marruecos, la rigidez del protocolo sobre la cuestión de orden es secundaria. 
Por eso, creo que sería una cuestión de sentido común que así se hiciera. 
Muchas gracias, señor Cunha. 
Creo que lo que nos conviene es poder proceder al debate y, si no hay ninguna objeción, retomaría la propuesta del presidente de la Comisión de Pesca. 
Por lo tanto, señor Fischler, tiene la palabra. 
Señor Presidente, Señorías, estoy gustosamente dispuesto a emitir ya al principio la declaración deseada sobre las relaciones pesqueras de la Unión con Marruecos. 
Posiblemente sepan ya por los medios de comunicación que han comenzado las negociaciones con el Reino de Marruecos sobre una nueva forma de cooperación en el sector pesquero después de que estuve en octubre en Casablanca y pude acordar con el rey de Marruecos que se iniciasen negociaciones formales serias. 
Como consecuencia de ello, desde el 30 de octubre hasta el 22 de diciembre han tenido lugar un total de seis rondas de negociaciones a nivel técnico. 
A comienzos de enero me reuní dos veces- en una ocasión durante tres días y en la otra durante dos- para mantener conversaciones con el Jefe de Gobierno Youssoufi y el ministro de pesca Chbaatou. 
Me he esforzado mucho por lograr en ambas partes comprensión en lo relativo a los aspectos principales de las futuras relaciones de pesca y sobre todo en lo referente a las posibilidades de las capturas, la duración del tratado, las condiciones técnicas para la pesca y, en especial, la compensación financiera. 
Entre el primer y el segundo encuentro político de este año, casi cada día se han celebrado negociaciones, las últimas a nivel técnico. 
Se ha trabajado muy constructivamente y se han podido aclarar muchos detalles. 
Durante todas las negociaciones que se han celebrado hasta ahora, ante las exigencias más importantes de Marruecos, la Comisión se ha esforzado por ser lo más flexible posible desde nuestro punto de vista, en especial en lo que se refiere a las posibilidades de capturas y a las descargas obligatorias en puertos marroquíes. 
Desde el principio siempre hemos declarado que estamos dispuestos a tener en cuenta tanto los intereses marroquíes como a ayudar a ampliar el sector pesquero marroquí. 
Pero también hemos dicho siempre con claridad que queremos proteger los intereses sociales y económicos de la Comunidad y que buscamos la cooperación para preservar los recursos. 
Lamentablemente, en mi segunda visita el 8 y 9 de enero, la parte marroquí adoptó una posición muy rígida, sobre todo en las importantes cuestiones relativas a las posibilidades de capturas y las condiciones técnicas planteando adicionalmente unas exigencias extremadamente elevadas para la compensación financiera. 
He solicitado a la parte marroquí que recapacitase de nuevo sobre su posición pues sobre esa base no es posible ningún acuerdo y he rogado asimismo proseguir lo antes posible las conversaciones para llegar a una conclusión definitiva. 
Estamos dispuestos a pagar un precio justo por un acuerdo equilibrado pero que debe estar en una relación proporcionada con las posibilidades de capturas concedidas por Marruecos. 
Siempre he indicado esto con claridad a la parte marroquí. 
Si ahora nuestros interlocutores marroquíes retornan a la mesa de negociaciones y muestran disposición a negociar, estoy seguro que lograremos al final una solución aceptable para ambas partes. 
Para finalizar quiero indicar aún que la cuestión de la cooperación con Marruecos en el sector pesquero ha sido también un punto central de la visita del Presidente Prodi a Marruecos y también en esta ocasión ambas partes han subrayado su intención de llegar a un acuerdo. 
Asimismo se ha acordado reiniciar lo antes posible las negociaciones a nivel técnico. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Pasamos ahora al turno de los ponentes y les quisiera recordar que, a pesar de las tentaciones, son ponentes y que tienen que presentar sus informes. 
En primer lugar, tiene la palabra el Sr. Varela Suanzes-Carpegna. 
Señor Presidente, muchas gracias por su comprensión. 
Yo quiero agradecer al Comisario Fischler su declaración sobre el acuerdo de pesca con Marruecos y también quiero agradecerle todos los esfuerzos que está haciendo en esta difícil negociación. 
Todos sabíamos que iba a ser difícil y larga. 
Y quiero recordar aquí, como él ha dicho, pero quiero resaltarlo, que es la primera vez que un Presidente de la Comisión Europea se implica personalmente en una negociación de un acuerdo de pesca. 
Debe quedar claro, tanto a los ciudadanos de la Unión Europea como a Marruecos, que todas las Instituciones de la Unión Europea, y al más alto nivel, quieren este acuerdo: lo quiere el Consejo Europeo, y así lo declaró en Niza, lo quiere el Presidente de la Comisión, que ha ido a Rabat, y lo quiere el Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
Por lo tanto, de momento, quien no lo quiere, digo de momento, es Marruecos, al menos en las condiciones lógicas que reclama la Unión Europea. 
Esperemos que logremos entre todos convencerle pronto de los beneficios mutuos de este acuerdo, y podamos, así, asociar al Presidente Prodi al éxito del mismo. 
Yo simplemente le pido, Sr. Fischler, que se retomen cuanto antes- inmediatamente, si puede ser- las negociaciones, aprovechando, precisamente, el impulso que ha dado el propio Presidente de la Comisión Europea. 
Y no quiero que Marruecos, como se dijo aquí también, nos desvíe la atención del importantísimo debate que tenemos hoy aquí. 
Hemos sido convocados para debatir cuatro importantes informes que tienen que ver con la política pesquera común y su futuro. 
Yo voy a centrarme, como es lógico, en el mío, del que soy ponente, pero quiero felicitar previamente a los Sres. Poignant y Gallagher, y también al Sr. Cunha, por el magnífico trabajo que han realizado. 
Y quiero señalar, en cuanto al informe del que soy ponente, que creo que es el primero que una institución comunitaria hace en relación con la globalización en la pesca y que, por lo tanto, me parece que nuestra comisión ha acertado en los dos informes de iniciativa que ha decidido hacer; el otro está todavía en curso. 
Del mío, de este informe, quiero destacar lo siguiente: en primer lugar, Sr. Comisario, que la pesca en la Unión Europea tiene que empezar a perder ya esta consideración casi doméstica o casi marginal que tiene en la actualidad, quizá por el hecho de estar confinada en regiones periféricas o por la frialdad de las cifras, de las que siempre se habla, de las aportaciones del PIB comunitario. 
Hay que reconocerle a la pesca la dimensión mundial que tiene ya en estos momentos. 
Dependemos de las importaciones de pescado cada vez más; tenemos una flota propia en todos los mares y tenemos conocimientos técnicos suficientes y propios para que no dejemos este sector estratégico en manos de terceros Estados. 
Por lo tanto, la reforma de 2002 no debe servir solamente para seguir mirándonos el ombligo de nuestras propias aguas comunitarias, de nuestros propios problemas y de nuestras miserias. 
Necesitamos, definitivamente, una flota bien dimensionada y competitiva, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. 
Y más competitiva no quiere decir más depredadora, sino, simplemente, más eficaz en el aprovechamiento de los recursos realmente disponibles, y hacerlo mejor que los demás. 
La pesca es, y será cada vez más, un sector estratégico como reserva alimentaria: proteínas animales sanas y seguras para la creciente humanidad. 
Debemos implicar a la pesca- y esto viene a colación también del acuerdo de pesca con Marruecos- en la política exterior y en la política comercial de la Unión Europea. 
La política exterior pesquera de nuestra Unión tiene que ganar credibilidad e imagen, que todavía no tiene, erigiéndose ante la opinión pública mundial como lo que realmente es: la política de una potencia pesquera coherente como la que más con los principios de las Naciones Unidas, esto es, el desarrollo del Derecho internacional del mar, la conservación de los recursos de todos, la cooperación al desarrollo, etc. 
Hagamos, por ello, una política activa, tanto en los acuerdos de pesca con terceros Estados, adaptados a cada una de las situaciones, como en las organizaciones de pesca regionales, que tenemos que liderar, como hemos dicho muchas veces, y no conformarnos con que los quince Estados que hoy componen la Unión Europea- mañana, tal vez veinte o veinticinco- tengan que tener siempre el mismo peso que hoy tiene, por ejemplo, Estonia. 
El Consejo de Ministros de la Unión Europea o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son ejemplos a tener en cuenta de votaciones ponderadas por el peso específico de territorios y de poblaciones, y debemos tener en cuenta este importante ejemplo. 
En nuestro informe se afirma que la Unión Europea todavía no ha tomado conciencia de la importancia de sus intereses pesqueros en el plano internacional. 
Es cierto, como antes decíamos, que el peso relativo en el PIB comunitario es pequeño, pero no hay que olvidar que somos la cuarta flota del mundo. 
Y, si sumamos a esta flota la industria de transformación, la de comercialización, las industrias auxiliares, las inversiones en otros países y la construcción naval especializada, estamos, sin duda, ante el mayor conglomerado mundial en actividad económica ligada a la pesca. 
Otras potencias, como los Estados Unidos o Japón, son conscientes de ello y están invirtiendo en este sector. 
En la Organización Mundial del Comercio tenemos que defender nuestros intereses sin complejos. 
Y nuestro sistema de ayudas estructurales también, pues no todas se refieren a la pesca, algunas son ayudas para conservar y controlar los recursos, dotar de más seguridad a las embarcaciones, mejorar las infraestructuras pesqueras y las artes selectivas de pesca. 
En la OMC debemos exigir la liberalización real de los servicios portuarios, la libertad de inversiones y de establecimiento en terceros Estados con plenas garantías jurídicas y la libertad de acceso a los puertos. 
Denunciemos las pretensiones de extensión de las zonas económicas exclusivas y lideremos la lucha eficaz contra los pabellones de conveniencia. 
Todo esto, señorías, Sr. Comisario, es el auténtico desafío para la política pesquera común ante la globalización de la economía. 
El Parlamento Europeo ofrece hoy este informe, al que yo me remito, como reflexión para todos en vísperas de una reforma histórica de la política pesquera común, para que tengamos todos claro dónde estamos y a dónde tenemos que ir. 
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(FR) Señor Presidente, el informe que presento se refiere a las reuniones regionales de los años 1998 y 1999 organizadas por la Comisión. 
Ha sido objeto de un debate intenso, a veces acalorado, en la Comisión, no porque tenga un carácter decisivo o decisorio, sino porque pertenece, como el del Sr. Gallagher, los del Sr. Varela y de Cunha a los primeros informes que van a llevarnos a reflexionar sobre la política pesquera común de 2002. 
Es un asunto delicado puesto que es un sector que tiene características especificas muy especiales y que afecta a algunas de nuestras regiones en Europa y a regiones bastante representativas y bastante limitadas. 
Sus actividades son generalmente muy generadoras de empleo hacia arriba o hacia abajo y hacen que un gran número de nuestras regiones dependa de esta actividad, sin que existan alternativas fáciles de encontrar en caso de crisis. 
En estas regiones todo el mundo sabe que el 31 de diciembre de 2002 será decisivo porque es la cita de la política pesquera común, como 1992, como 1982, como si se hiciera cada 10 años. 
Con el fin de forjar una opinión- pienso que esto ha sido una buena idea -, una opinión lo más completa posible para preparar este vencimiento, la Comisión ha organizado un procedimiento sistemático de consulta a todos los socios implicados o afectados por esta actividad, y a la vez ha enviado cuestionarios y organizado reuniones. 
Por lo que respecta a las reuniones, se han celebrado treinta que han reunido a cerca de 1.500 personas. 
Sobre la forma, este informe ha visto como su método era discutido. 
Algunos diputados hubieran deseado que no entrara demasiado en el meollo de la cuestión. 
Lo hemos debatido ampliamente en nuestra Comisión del Parlamento y la Comisión de Pesca finalmente- porque pienso que realmente no tenía otra elección- se ha adherido a la opinión del ponente, y cada uno ha podido defender muy normalmente sus posiciones en este asunto. 
Sobre el fondo, se observa además que las discrepancias políticas un poco tradicionales son menores que las discrepancias nacionales, incluso regionales, dentro de cada uno de nuestros Estados, y esta es la razón por la que se han presentado numerosas enmiendas. 
El estudio de estas enmiendas ha demostrado que las posiciones iniciales estaban a veces alejadas, pero el debate político ha permitido a los grupos acercarse y, por tanto, ha permitido un texto de apertura, una base de partida seria para iniciar, en comparación con los otros informes, la reforma de la política pesquera común. 
Leyendo las enmiendas y de un modo global, se observa que la mayor parte de las disposiciones votadas en Comisión recogen el punto de vista del ponente especificándolas o aclarándolas. 
En los próximos meses se conocerán el Libro Verde- creo que será a finales de marzo de este año- y luego el texto legislativo durante el año 2002. 
Al día de hoy, en líneas generales se pueden distinguir dos escuelas. 
Una, que desea renovar todo el sistema y todas las bases que han constituido y que constituyen la política pesquera común y otra, que desea, sin cuestionar excesivamente sus fundamentos, especificar, modificar, mejorar el sistema para que el sector de la pesca continúe desarrollándose respetando, naturalmente, y preservando los recursos haliéuticos. 
A todos les consta que el sector europeo de la pesca debe afrontar los problemas por los que atraviesan la mayoría de las industrias pesqueras en el mundo, y no simplemente en nuestro continente o en nuestras aguas. 
La sobrepesca, que reduce reservas, capturas, ingresos, constituye la principal amenaza para el futuro de los recursos y del sector de la pesca propiamente dicho. 
La creciente competencia, asociada a la mundialización del mercado de productos pesqueros, constituye un reto suplementario. 
La mayor competitividad de la industria pesquera dependerá de la capacidad de adaptación, de lo que el sector tendrá que dar pruebas frente a las obligaciones impuestas a la vez por el estado de los recursos y por la demanda comercial. 
La política pesquera común es el instrumento de gestión del que la Unión se ha dotado para reglamentar la pesca y la acuicultura. 
Esta política se ha concebido para administrar un recurso común y respetar las obligaciones incluidas en los primeros tratados europeos. 
El informe refleja, por tanto, las reflexiones sobre los cuatro aspectos de la política pesquera común: conservación y gestión del recurso, política de estructuras, organización de los mercados, relaciones con terceros países. 
De forma global, se pide la renovación en sus orientaciones generales de la política de la Unión en el ámbito de la pesca. 
Es el hilo conductor. 
El principio de precaución, novedad reciente, si pude decirse así, está incluido abiertamente, así como la voluntad de desarrollar una pesca responsable. 
Añado, y con esto termino, la cuestión de la regionalización, que no se quiere ver como una renacionalización, como ha dicho el Sr. Gallagher, y, al mismo tiempo, de la introducción, más de lo que se hace actualmente, de medidas sociales en la política pesquera común. 
El Sr. Gallagher y yo mismo hemos podido dar la impresión de que nos repetimos. 
La política consiste en repetirse y en contradecirse. 
Nosotros hemos decidido repetirnos. 
Señor Presidente, señor Comisario, tan sólo quisiera pedir su comprensión para que, antes de entrar en el tema de mi informe, se me conceda un minuto para hablar de la cuestión de Marruecos, porque quiero expresar mi felicitación efusiva al Comisario Fischler por el empeño que ha puesto en las negociaciones para la renovación del acuerdo de Pesca con Marruecos, que se debe hacer extensiva también a la Dirección General de Pesca de la Comisión. 
Desde el comienzo de las negociaciones, topamos con una postura intransigente de los negociadores marroquíes, que utilizaron con nosotros argumentos de "sostenibilidad de los recursos haliéuticos" para reducir las posibilidades de acceso a la flota pesquera de la Unión Europea. 
Ahora bien, sabemos que no eran ésos los verdaderos argumentos, pues no utilizaron los mismos criterios con otros terceros países con los que concertaron acuerdos y en acuerdos privados con diversas empresas, algunas de ellas de la Unión Europea. 
Dada la importancia del acuerdo de Marruecos para la economía pesquera de la Unión Europea, se debería, desde luego, haber concedido a esa cuestión una gran prioridad política de primer plano en el propio Consejo Europeo, en el Consejo de Asuntos Exteriores, además, naturalmente, del Consejo de Pesca. 
Y la impresión que tengo es la de haber visto prácticamente solo en esa lucha al Comisario Fischler y a sus servicios, además de una intervención- aunque importante, más esporádica- del Presidente de la Comisión. 
En verdad, no se entiende que, siendo la Unión Europea la patria de tantos millones de marroquíes y concediéndose a ese país tantas facilidades comerciales para el acceso de sus productos a nuestro mercado, haya habido por su parte una falta tan grande de reciprocidad para con nuestra postura de apertura y cooperación. 
Por eso, había importantes bazas políticas que jugar por parte de las autoridades comunitarias en el más alto nivel, con el auxilio de los Estados miembros más interesados. 
Pero hemos visto que no se han jugado dichas bazas. 
¿Por qué? 
En su momento veremos por qué, pero, en cualquier caso, deseo ardientemente que se llegue rápidamente a una negociación razonable. 
Pasemos ahora al tema de mi informe: Guinea-Bissau. 
El protocolo que rige las relaciones de pesca entre la Unión Europea y la República de Guinea-Bissau fue firmado en junio de 1997, entró en vigor en diciembre de ese año y tiene validez hasta junio del corriente año. 
A raíz de un conflicto armado que aquel país vivió en 1998, la Comisión presentó una propuesta de decisión al Consejo y al Parlamento en la que se solicitaba la suspensión del acuerdo. 
El Parlamento, en el informe Girão Pereira, de comienzos de 1999, consideró justificada y legítima la propuesta de la Comisión y emitió su dictamen conforme, con lo que autorizó la suspensión del acuerdo mientras durasen las hostilidades, después de lo cual se levantaría la suspensión y se concedería al Gobierno de Guinea-Bissau una ayuda para acciones ad hoc de apoyo al sector pesquero local, a las infraestructuras y a las actividades de control. 
A raíz de algunos problemas de procedimiento y jurídicos planteados por una propuesta anterior de la Comisión, ésta presenta ahora una nueva propuesta. 
En este nuevo texto, la finalidad, como en el anterior, pero con una formulación jurídica diferente, es la de conceder a las autoridades legítimas de Guinea-Bissau una cantidad equivalente a la parte no pagada de la compensación financiera prevista en el acuerdo en vigor, que asciende a cerca de 6,5 millones de euros y que se destina exclusivamente al apoyo a las actividades de pesca local, al refuerzo de las medidas de control y a la reconstrucción de las infraestructuras de pesca que entretanto resultaron dañadas. 
La Comisión, a partir de un programa de acciones presentado por el Gobierno de Guinea-Bissau, entregará el 50% de la compensación financiera prevista y pagará el resto cuando el Gobierno de ese país haya presentado el informe detallado sobre la realización de las acciones previstas y los resultados obtenidos, informe que se deberá haber entregado a la Comisión el 31 de mayo de 2001, a más tardar. 
Pero habrá que ampliar el plazo de pago, dado que ha habido inmensos problemas de organización administrativa en Guinea-Bissau, de su Gobierno, a raíz de ese mismo conflicto armado. 
A eso se debe que la Comisión de Pesca de este Parlamento haya aprobado como plazo final del proceso de los pagos la fecha de 31 de mayo de 2003, en vez de la propuesta inicial de mayo de 2001. 
Por tanto, teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión es básicamente igual a aquella a la que dimos nuestro consentimiento en marzo de 1999, que el importe financiero previsto es rigurosamente el mismo y consta en el protocolo y que la propuesta tiene objetivos precisos, considero, como ponente, que el Parlamento debería emitir un dictamen conforme a esta propuesta. 
Señor Presidente, señor Comisario, a esta hora tan tardía nos hemos propuesto realmente algunas cosas y este primer debate sobre la pesca en el 2001 es realmente amplio. 
Señor Comisario Fischler, me alegra muy especialmente poder saludarle hoy. 
Durante mucho tiempo, los debates sobre la pesca se han celebrado en Estrasburgo los viernes. 
Con el nuevo año se ha suprimido el viernes y debatimos ya el martes. 
Aunque muchos colegas no nos escuchan hoy, usted al menos ha venido. 
Muchas gracias por ello. 
Por un lado, con el nuevo año van unidas muchas esperanzas y anhelos de nuestros pescadores en la Unión. 
Menciono solamente el tema de la reforma de la política pesquera común y el Libro Verde de la Comisión que se espera con gran interés. 
Pero por otro lado tengo que constatar lamentablemente que las arrugas de preocupación sobre la frente de mis colegas y, en lo que puedo apreciar desde aquí, señor Fischler, también sobre su frente, no han disminuido. 
Una causa de ello son, sin duda, las permanentes y difíciles negociaciones sobre el convenio de pesca con Marruecos. 
Me temo que aún no se ve realmente la luz al final del túnel de las negociaciones. 
Pero el cuidadoso y diplomático modo de proceder de la Comisión- permítanme que lo exprese así- ya sea por su parte, señor Fischler o por nuestro Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, han conducido a la parte contraria- y casi estoy tentado de decir adversaria- sólo a unas pequeñas concesiones y, en consecuencia, a ningún auténtico progreso. 
Lo lamento profundamente pues yo quiero un convenio pero también digo claramente que no a un convenio a cualquier precio. 
El marco financiero es limitado y los pagos de la UE y las contrapartidas tienen que estar en una relación recíproca razonable. 
El Reino de Marruecos tiene que plantear por fin unas propuestas realistas y que despierten confianza. 
La actitud obstruccionista practicada hasta ahora por Marruecos podría convertirse en un boomerang pues, a la postre, la pesca no es el único punto de contacto entre Marruecos y la UE. 
La UE no debe actuar como un elefante en la cacharrería de la diplomacia pero tampoco como un mosquito que sólo revolotea irritando. 
Nos tenemos que ocupar de la próxima indemnización financiera para los pescadores españoles y portugueses. 
Ha llegado realmente la hora de recapacitar sobre alternativas y de ponerlas sobre la mesa con todo lo incisivas que sean pues una ayuda no puede ni debe ser una solución duradera. 
En este contexto va a ser interesante observar más detalladamente el estudio sobre el análisis de costes/beneficios del convenio de pesca y extraer las necesarias consecuencias. 
Nuestro colega Gallagher se refiere en especial a este punto en su informe. 
Ya se hizo una primera presentación pero de esto ha pasado ya mucho tiempo y entonces lo oportuno era guardar silencio. 
Prestemos atención para que esto no sea la tranquilidad que precede a la tormenta, pues el barómetro apunta ya hacia la tormenta. 
En primer lugar quiero felicitar en cualquier caso a Pat Gallagher por su excelente informe. 
Como uno de nuestros compañeros más activos en la Comisión de Pesca ha realizado de nuevo un trabajo muy meritorio. 
No necesito destacar lo importante que es un análisis de las medidas y evoluciones precisamente de cara a la reforma de la política pesquera común pero ¿qué se va a proponer en el Libro Verde de la Comisión tan anhelado durante mucho tiempo? 
Tenemos claro que el objetivo debe ser lograr una consonancia entre una mejora de las recursos de pesca y la importancia socioeconómica de la pesca. 
Considero que es además absolutamente necesario unificar los grupos de intereses. 
Ante las considerables deficiencias que están saliendo a la luz ya solamente en el sector agrario, por ejemplo, la EEB, es también necesaria una nueva comercialización adecuada del sano alimento e irrenunciable suministrador de proteínas que es el pescado. 
Quiero decir a todos que nos espera un gran programa de trabajo. 
Me alegra que tenga lugar un sugerente y controvertido debate en interés del futuro de la pesca europea. 
Soy de la opinión de que nuca debemos cejar en nuestros esfuerzos. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario Fischler que haya comparecido ante esta Asamblea. 
Su comparecencia se produce a petición del Grupo del PSE en la Conferencia de Presidentes y le recuerdo que en octubre de 1999, un mes antes de la expiración del acuerdo, usted decía aquí que "haría todo lo que estuviera en sus manos para encontrar una solución" y que "se mojaría los pies". 
Catorce meses después es la flota comunitaria la que se moja, pero tiene el agua hasta el cuello. 
Pero no seré yo quien le acuse a usted. 
Creo que usted ha hecho lo que estaba en sus manos, que realmente era muy poco. 
El problema para mí es que no ha habido una concertación de esfuerzos entre los diferentes servicios de la Comisión, ni ha existido el suficiente impulso político del Consejo, ni ha habido, lo que es más grave, y así lo pienso, lucidez, acierto y trabajo paralelo por parte del gobierno del país más afectado. 
Pienso, señor Varela, que la visita del Sr. Prodi- que me parece muy positiva- más que tranquilizar al sector lo ha inquietado, precisamente por el momento procesal en el que se produce. 
Tales son las vacilaciones y las dudas que en este momento tiene el sector. 
El sector sigue repitiendo que no quiere un acuerdo a cualquier precio y tiene miedo de que se firme un acuerdo sólo para salvar las apariencias. 
Dice el sector que lo que están ofertando los marroquíes- las condiciones técnicas a las que quieren someter a la flota comunitaria- es inaceptable, que hay unas modificaciones, una serie de limitaciones a los arrastreros congeladores y a los marisqueros que son inaceptables. 
Pienso que las autoridades marroquíes necesitan un mensaje claro de la Unión. 
La Unión desea una cooperación leal con sus socios y ahora constatamos todos que habríamos ganado mucho si el Gobierno marroquí hubiera respondido a tiempo a las llamadas comunitarias. 
Resulta inaceptable que durante 14 meses el Gobierno marroquí haya repetido que no quería un acuerdo y que ahora intente culparlo a usted, señor Fischler, de que no se celebre y de que se rompa la negociación. 
El resultado será que los próximos austríacos- como usted- o suecos que negocien en Rabat pensarán que lo que los marroquíes quieren es justamente lo contrario de lo que están pensando o diciendo. 
Todo este ridículo proceso, que dura ya 14 meses, no conduce a nada bueno por una sencilla razón: porque en ciertos sectores de la Unión genera rechazo a la propia Unión Europea. 
Aquí nos pasamos días enteros discutiendo acerca del déficit democrático y del buen gobierno de la Unión y luego, cuando tenemos entre manos un asunto que afecta directamente a más de 4.000 pescadores, jugamos a no ver lo que es evidente y a no hacer lo que cualquier gobierno haría para defender a una parte tan importante de su tejido productivo. 
Hay quienes sostienen que el Presidente Prodi debería haber bloqueado no sólo la cooperación pesquera, sino todo el programa MEDA II. 
Respecto a los informes Poignant y Gallagher, que anticipan muchos puntos de debate sobre la próxima reforma de la PCP, creo que con la aprobación de una serie de enmiendas podremos lograr dos resoluciones equilibradas y corregir algunas contradicciones. 
Pero un acuerdo equilibrado- como el que deberemos alcanzar sobre el Libro Verde- no significa que sea el punto medio de diversas posiciones extremas, sino un informe coherente que respalde el futuro de todo el sector y la viabilidad de la pesca como actividad económica en toda la Unión Europea. 
El equilibrio que deseamos los socialistas sólo se alcanza con una política pesquera fundada en criterios científicos y adecuada al mercado y con la supresión de las discriminaciones políticas que todavía persisten. 
El proceso de reforma debe ser participativo, como dice nuestro colega Poignant, a quien felicito por su trabajo, realizado en condiciones difíciles. 
Su informe pone en evidencia muchos de los problemas que vamos a tener que debatir durante el proceso de reforma de la política pesquera común. 
Ha aportado muchas soluciones, por ejemplo el aspecto socioeconómico de la pesca, el desarrollo de los aspectos sociales de la PCP, la actualización de criterios que definen a una región como dependiente de la pesca. 
También el informe Gallagher es interesante en la medida en que hace referencia a aspectos sociales o califica a los acuerdos con terceros países como una parte fundamental de la PCP. 
Nosotros solicitamos la elaboración de dictámenes jurídicos y científicos claros sobre las restricciones de acceso. 
Pensamos que no debe contener la reforma de la PCP ningún elemento discriminatorio de índole política o basado en la nacionalidad. 
Nuestras enmiendas respaldan el mantenimiento del límite actual de las 6/12 millas. 
Por último, quisiera felicitar al Sr. Varela- y también al Sr. Cunha- por su excelente informe sobre el desafío de la globalización y los peligros que para el sector comunitario pesquero supondrán determinados aspectos de la misma. 
La vertiente internacional de la PCP, nuestra cada vez más necesaria participación en organizaciones multilaterales es un reto pendiente. 
Esta cuestión está llamada a volver aquí y ser objeto de debate muchas veces en este hemiciclo. 
Felicito al Sr. Varela por su anticipación política que casi podría calificar de poética. 
Señor Presidente, era inevitable que los informes Gallagher y Poignant no sólo hablaran del pasado sino que se detuvieran también en la reforma de la PPC, y considero que es totalmente apropiado que los parlamentarios intenten influir en el proceso de reforma adelantándose a cualquier consulta formal con el Parlamento. 
Yo sostengo que el principal objetivo de la PPC, es decir la conservación de las poblaciones de peces, no se ha conseguido y que, en consecuencia, tenemos que enfrentarnos a unas drásticas fluctuaciones año tras año en las cuotas, como ejemplifica la actual crisis del bacalao. Así mismo, debemos volver a examinar el proceso y el nivel de toma de decisiones. 
Que, a la luz de la experiencia en zonas como Shetland Box, las zonas especialmente protegidas atendiendo a recomendaciones científicas deberían continuar en el futuro. Y debería establecerse un sistema de gestión por zonas basado en las zonas CIEM y con representación de los intereses de pescadores, científicos y conservacionistas capaces de participar de modo positivo, no con el fin de renacionalizar la PPC, ni de arrebatar poder al Consejo o a la Comisión, sino de permitir que cada Estado miembro con cuotas en una zona concreta ayude a diseñar y a recomendar controles que son relevantes y apropiados para estas zonas y, por tanto, tienen más posibilidades de éxito. 
Acontecimientos recientes han dado lugar en Escocia a una falta de fe aún mayor en los procesos de toma de decisiones y en la propia estructura de la PPC. 
¿Cómo puede, por ejemplo, justificar la Comisión el mantenimiento de los niveles de pesca industrial e incluso los aumentos en la captura accesoria de pescado blanco y, en cambio, reducir las cuotas del pescado destinado al consumo humano? 
Aprovechemos las oportunidades que surgen de la reforma de la PPC para llegar a una solución que funcione. 
Insto a la Comisión y al Consejo a que contemplen seriamente la gestión por zonas dentro de un marco de objetivos a escala comunitaria, por supuesto, pero de tal modo que las partes interesadas puedan participar más plenamente y que la nueva PPC, una vez acordada, pueda verdaderamente lograr su objetivo, es decir, la sostenibilidad a largo plazo de la pesca europea. 
Señor Presidente, es de reconocer el excelente trabajo realizado por los Sres. Poignant y Gallagher pero, sinceramente, creo que su celo- y son personas de una enorme experiencia y conocimiento del sector- les ha llevado, en algunos aspectos, a ir más allá del tema objeto de sus informes. 
El problema es que las enmiendas insistieron en esta visión y, en general, en algunos aspectos, incluso se ha llegado a aprobar cosas contradictorias. 
Espero que, con toda normalidad, mañana, en las votaciones, se puedan corregir estas cuestiones, porque mi Grupo desearía votar favorablemente los dos informes. 
En cuanto a la cuestión de la pesca y la mundialización, es forzoso reconocer que el reducido nivel de autoabastecimiento comunitario de productos de pesca ha provocado la liberalización de los intercambios de una forma mucho más temprana y mayor que en otros sectores, pero la naturaleza de la propia actividad pesquera, la progresiva nacionalización de los caladeros u otras circunstancias- que, aún con muchas peculiaridades, tienen efectos asimilables a los de la mundialización- producen efectos particularmente intensos en el plano social, con efectos a veces graves sobre las condiciones laborales, o deslocalizaciones de las actividades relacionadas con la pesca. 
Creo que el excelente informe del Sr. Varela apunta medidas correctoras de esos efectos negativos. 
Quisiera también felicitar al Sr. Cunha. 
Por último, en cuanto al tema de Marruecos, quiero exponer dos constataciones: en primer lugar, los negativos efectos que la falta de acuerdo está teniendo y tendrá en zonas desfavorecidas de la Comunidad, tanto en relación con los pescadores como con las actividades dependientes ligadas a la pesca. 
Por su carácter de zonas desfavorecidas, las acciones de reconversión cuentan con muy escasas posibilidades de éxito. 
La segunda constatación es que la actitud de los negociadores marroquíes difícilmente puede ser identificada con la propia de un Estado al que nos liga un acuerdo de asociación. 
En esta situación es de desear que la Comisión sepa hacer entender a las autoridades marroquíes que la asociación sólo puede estar basada en la reciprocidad y que, en su caso, sepa adoptar las medidas adecuadas. 
Lo que se dice en los medios de comunicación es que en el caso de que haya acuerdo, éste podría ser incluso muy lesivo para los intereses de la Unión Europea. 
Yo desearía que hubiera un acuerdo y espero que la Comisión sepa hacer valer sus derechos de reciprocidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera señalar a la atención un aspecto que me parece corresponder a una omisión en la Política Pesquera Común. 
Sería importante que se tuviera en cuenta en la reforma de 2002, ya que tiene que ver con la situación de la pesca en las regiones ultraperiféricas. 
Era importante que en la Política Pesquera Común se tuviera también en cuenta la enmienda hecha en el tratado de Amsterdam y pusiera de relieve las potencialidades- en particular, en el caso de Portugal, con sus regiones de Azores y Madeira, pero también de las regiones ultraperiféricas francesas y españolas- resultantes de su situación. 
La Unión Europea tiene, en esas regiones que están particularmente desfavorecidas, la posibilidad de proyectar su zona económica exclusiva y es importante que a ese respecto se subraye ese valor estratégico para el futuro. 
En cuanto a Marruecos, apreciamos las informaciones que aquí ha facilitado el Comisario, si bien para los portugueses representa un triste consuelo. 
La situación en Portugal es de 40 embarcaciones que siguen paradas desde diciembre de 1999 y que muchas de cuyas empresas, si un día se celebrara el acuerdo, podrían incluso haber quedado inviables. 
Por tanto, apoyo los comentarios que aquí han hecho los Sres. Arlindo Cunha y Miguélez Ramos con vistas a que se procure adoptar una posición más enérgica tanto en el Consejo como en la Comisión en el diálogo con el Gobierno marroquí. 
En términos generales, mantenemos una prudencia expectante en cuanto a la revisión de la Política Pesquera Común de 2002. 
Sabido es que hay una perspectiva muy crítica en Portugal, porque, si bien la pesca debe ser una fuente de empleo, la experiencia portuguesa revela que la Política Pesquera Común ha sido una fuente de desempleo. 
Esperamos que el mantenimiento de las cuotas decidido para este año sea una primera señal positiva para el futuro. 
Y vemos con particular interés el hecho de que se haya prestado atención al sentimiento de discriminación que revelaron las consultas celebradas en los últimos años, así como que se examine debidamente el problema del ordenamiento. 
Por último, como ya ha subrayado aquí el Sr. Gallagher, quisiéramos que hubiera una reserva de 24 millas para la pesca costera. 
Señor Presidente, sigo teniendo mis dudas respecto a la metodología seguida, sobre todo en el informe del Sr. Poignant, y sigo creyendo que las opiniones del sector pesquero expresadas en las reuniones regionales merecían un análisis más profundo. 
Por otra parte, los Sres. Gallagher y Poignant han presentado visiones en muchos casos opuestas de las medidas que debería contener la PCP. 
No se puede dejar de reconocer el esfuerzo que han llevado a cabo a posteriori para intentar aunar criterios, pero el Partido Popular Europeo cree que en algunos temas de fondo quedan aún claras contradicciones. 
Hemos presentado, por tanto, una serie de enmiendas que intentan sobre todo eliminar la impresión de que el Parlamento no tiene un criterio definido respecto al futuro de la PCP, porque no es así. 
Es posible que no estemos de acuerdo sobre medidas concretas, pero si algo se desprende de estos informes es que el Parlamento coincide totalmente con el sector pesquero en que la PCP necesita cambios de fondo. 
Por ello, pido la aprobación de nuestras enmiendas porque, lejos de entrar de nuevo en debates estériles, reflejan esta aspiración de cambio y la necesidad de una reflexión profunda sobre la política pesquera con la mirada puesta en el futuro y no en el pasado. 
Si esta necesidad no fuera patente, el Consejo de ministros del pasado mes de diciembre habría dejado ya la pista clara. 
Así no se puede seguir. 
Los fallos de base que arrastra la PCP desde sus inicios tiene que pagarlos el sector cada final de año con una serie de recortes, cada vez más brutales, en su actividad. 
Cuando se llega a los extremos que se han planteado este año, cabe preguntarse qué sector económico sería capaz de sobrevivir con estas reglas de juego. 
Si los recursos están cada ver peor es porque una serie de fallos en cadena en la política que regula la actividad de pesca no sólo lo permiten sino que lo provocan. 
Un sector constreñido a una serie de normas caducas, contradictorias y muchas veces incomprensibles, sólo puede tener una responsabilidad muy limitada con este estado de cosas y, sin embargo, es el que paga las consecuencias en exclusiva. 
La PCP necesita una renovación muy profunda que dé soluciones a una industria pesquera que, al contrario de las normas que la rigen e incluso a pesar de ellas, ha sabido sobrevivir y ha hecho lo posible por evolucionar y seguir proporcionando a las regiones costeras riqueza y empleos. 
Por eso vuelvo a insistir en que, cuando es patente la insatisfacción con la política de recursos, cuyos brillantes resultados acabamos de ver una vez más en el Consejo de diciembre, con un sistema de TAC que favorece los descartes, cuando están por resolver temas como la estabilidad relativa y la libertad de acceso, por no hablar de la adecuación a los Tratados de la única política comunitaria que aún mantiene discriminaciones en razón de la nacionalidad, la Comisión no puede proponernos en serio un borrador del Libro Verde como el que ha redactado. 
Si la Comisión cree realmente que el futuro de la pesca europea pasa, no ya por la simple modificación de un reglamento, sino por la propuesta de medidas que ya están contenidas en los reglamentos actuales, si la gran propuesta y el gran descubrimiento de la Comisión para la futura PCP van a ser los TAC plurianuales y el fomento de la acuicultura, quizás ha llegado el momento, señor Presidente, de pedir con toda seriedad que se deje sitio a otras personas que puedan aportar nuevas ideas y un mínimo sentido de la responsabilidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, muy breve y someramente quiero exponer aquí tres reflexiones sobre la prevista revisión de la Política Pesquera Común. 
Punto primero: acceso a las aguas y a los recursos internos. 
El mantenimiento de las actividades tradicionales de cada comunidad pesquera debe ser una preocupación de la Unión Europea. 
Por eso, me parece esencial al menos preservar la reserva de acceso al llamado "mar territorial", en particular teniendo en cuenta que las actividades llevadas a cabo por la pesca artesanal se basan de forma determinante en los recursos costeros de cada Estado miembro. 
Punto segundo: principio de estabilidad relativa y utilización plena de las posibilidades de pesca obtenidas fuera de las aguas comunitarias. 
El principio de estabilidad relativa constituye un pilar fundamental de la Política Pesquera Común. 
Pero la aplicación de dicho principio respecto de las cuotas de pesca obtenidas por la Unión mediante contrapartidas financieras, ya sea en acuerdos con terceros países o en aguas gestionadas por organizaciones regionales de pesca, puede propiciar situaciones perversas. 
A saber: la Comunidad no aprovecha plenamente las cuotas que adquiere a titulo oneroso en aguas de algunos terceros países, aun cuando haya Estados miembros interesados en su utilización. 
Así, en cuanto a los llamados acuerdos "con países del Sur", se dispone que, después de la utilización por los Estados miembros de sus posibilidades de pesca, se ponga la parte no utilizada a disposición de todos los Estados miembros interesados y, en los acuerdos denominados "con países del Norte", no se aplica ese mecanismo. 
La Unión Europea no utiliza plenamente las cuotas de pesca que obtiene en alta mar en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca, aunque existan Estados miembros interesados en capturar las cantidades no pescadas por los "adjudicatarios" -prefiero no comentar esta expresión -, con lo que se expone a ver reducida su posición en una revisión de las cuotas atribuidas a las partes contratantes. 
Punto tercero: el papel de la Unión Europea en la escena internacional. 
Por ser la Unión en conjunto una potencia pesquera en el nivel mundial y uno de los mayores mercados de productos pesqueros, conviene que reclame y desempeñe un papel correspondiente a su importancia en el marco de las organizaciones internacionales y concretamente de las organizaciones regionales de pesca. 
Agradezco mucho la intervención del Comisario y le pido que empeñe la fuerza de los quince Estados miembros en la negociación con Marruecos y no sea sólo el abogado de Portugal y España. 
Señor Presidente, la política pesquera común, como muchos han señalado, no ha logrado mantener las poblaciones de bacalao a unos niveles adecuados para apoyar una industria viable. 
Eso se debe, al menos en parte, a la naturaleza contradictoria de algunos de los objetivos de la PPC establecidos en el Reglamento 3760/92. 
Es imposible satisfacer tanto al mercado como a la industria y a la vez conservar los recursos. 
Cuando se reforme la PPC el próximo año es esencial que la conservación de las poblaciones de peces y la protección del hábitat marino se conviertan en su objetivo principal y preponderante, y la única forma de hacerlo es adoptando un enfoque cautelar riguroso y exhaustivo en materia de gestión de la pesca. 
Este enfoque cautelar debería suponer que antes de que pueda pescarse cualquier banco con fines comerciales, debe existir como mínimo una evaluación científica del banco y una captura total permitida basada en objetivos de conservación. 
En otras palabras, el actual pillaje de determinados tipos de poblaciones de aguas profundas por parte de algunos países de la UE no sería permitido. 
Significa que cualquier nuevo aparejo de pesca o cualquier modificación significativa de los aparejos existentes habría de ser evaluado para comprobar su potencial impacto en el banco de peces al que se dirige así como en cualquier especie pescada como captura accesoria o cualquier impacto en el hábitat marino. 
Significa ser conservador cuando se decide el nivel al que se desea mantener las reservas de un pescado. 
La utilización de un máximo sostenible o de cualquier otro punto de referencia es sencillamente un error, porque conduce a un exceso de capturas y a un colapso de las reservas. 
Deben establecerse metas y puntos de referencia limitados que mantengan las poblaciones de bacalao a un nivel lo bastante alto como para que el riesgo de desaparición o de colapso del banco sea insignificante. 
La mejor definición hasta la fecha del enfoque cautelar es la recogida en el acuerdo sobre poblaciones de peces de NN.UU., donde se definen también muchos otros principios. 
La UE ha aceptado estas ideas para algunas poblaciones de peces y creo que ya es hora de que las ponga en práctica en sus propias poblaciones. 
Ya se han dicho diversas cosas sobre Marruecos y yo sólo quiero decir que nosotros insistiríamos en que corresponde totalmente de Marruecos, como estado costero con soberanía sobre su pesca y su zona económica exclusiva, decidir lo que desea hacer con estos recursos. 
Nos oponemos, por tanto, a cualquier tipo de presión política o económica que se ejerza sobre Marruecos para instarle o forzarle a firmar un acuerdo con la Unión Europea. 
En segundo lugar, somos inflexibles en que ningún acuerdo potencial con Marruecos debería contemplar el acceso a las aguas del Sahara Occidental. 
Nosotros no reconocemos la soberanía marroquí allí y, por tanto, Marruecos no tiene ningún derecho a negociar el acceso allí de los barcos de la UE, ni tiene la UE derecho alguno a entrar en tales negociaciones con Marruecos ni a permitir que barcos con pabellón de la UE vayan allí como ha ocurrido en el pasado. 
Señor Presidente, sabida es la importancia socioeconómica del sector pesquero no sólo en el nivel de los empleos directos e indirectos que gestiona, sino también para el desarrollo económico de muchas regiones y comunidades pesqueras, incluida la pesca costera artesanal que garantiza el abastecimiento de pescado fresco y la preservación de tradiciones y culturas de la Unión Europea. 
Ahora bien, como se confirmó en los seminarios regionales, hay críticas profundas a la Política Pesquera Común por el sistema de TAC y cuotas y el sistema de los POP, que han tenido un efecto discriminatorio y no han aportado grandes beneficios al sector, por lo que es necesario que los Estados miembros que cumplan los objetivos no sean penalizados con nuevas reducciones del esfuerzo pesquero, mientras los demás países no cumplan los objetivos establecidos en los POP anteriores. 
Ha quedado igualmente claro que la mayoría de los profesionales de la pesca abrigan dudas sobre los dictámenes científicos relativos a la gestión y la conservación de los productos haliéuticos, aunque no pongan en entredicho la necesidad de conservación de las especies. 
Por tanto, es necesaria una revisión profunda de la Política Pesquera Común, en la que participen los pescadores y otras partes interesadas en el proceso de adopción de decisiones a fin de que su experiencia y capacidad contribuyan al establecimiento de un sistema más funcional y realista. 
Exigimos medidas estructurales adecuadas para garantizar la supervivencia de las comunidades dependientes de la pesca y medidas socioeconómicas que mejoren las condiciones de vida de los pescadores, que no pueden verse perjudicados por las posibles medidas de prohibición de las especies, como ha sucedido en el norte de Portugal con los pescadores de sardinas. 
También conviene tener en cuenta la especificidad de las regiones ultraperiféricas. 
Y resulta particularmente importante, como se afirma en el informe Gallagher, que se avance hacia la ampliación de la zona exclusiva a las 24 millas, decisión, por lo demás, ya adoptada anteriormente en este Parlamento. 
En cuanto a las negociaciones en curso en la Organización Mundial del Comercio, conviene subrayar, como se hace en el informe Varela Suanzes-Carpegna, que no se puede analizar la actividad comunitaria de la pesca con una óptica puramente económica de intercambio de mercancías. 
La pesca en la Unión Europea tiene un carácter multifuncional, contribuye a la consolidación del tejido social y económico de las zonas litorales, al constituir un estilo de vida y un factor de cohesión en vastas zonas costeras y una garantía de abastecimiento de los bienes alimentarios. 
También quisiera, señor Presidente, hacer una referencia a los acuerdos internacionales de pesca, que desempeñan un papel fundamental en el abastecimiento del mercado europeo por la flota europea. 
Pero son particularmente preocupantes las informaciones que aquí nos llegan no sólo sobre el retraso en los acuerdos de pesca con Angola, sino también sobre las dificultades para la renovación del acuerdo de pesca con Marruecos. 
Es necesario no sólo una aclaración que ya se ha dado, sino también la adopción de medidas que garanticen la protección de los pescadores y los derechos de los armadores afectados por esta situación, como sucede en Portugal. 
Señor Presidente, 2001 es el año en que la Comisión debe dar forma a la nueva política de pesca común. 
Creo que es muy importante que la Comisión implique explícitamente al propio sector pesquero en la preparación de sus decisiones. 
La Comisión no sólo debe consultar con los científicos, sino también con los pescadores en la interpretación de los resultados sobre las investigaciones relativas a las limitaciones de las capturas, en caso contrario, la imposición del total allowed catches y las cuotas se enfrentarán a una resistencia innecesaria por parte de los mismos. 
Los pescadores, al menos en los Países Bajos, reconocen la necesidad de imponer limitaciones de las capturas siempre que estén bien fundadas. 
Un mal ejemplo es la reciente limitación de las capturas de platija y lenguado aplicada a los pescadores neerlandeses, que les va a costar 35 millones de euros. Una limitación que según el Consejo de pesca europeo es necesaria para proteger el bacalao, mientras que los biólogos aseguran que nunca han dado semejante consejo y que se trata de una decisión política. 
Los pescadores europeos son activos en aguas muy diversas. Eso requiere todo un planteamiento regional en línea con el principio de subsidiariedad de la Unión Europea. 
Eso, en el caso de los Países Bajos, significa que realizan una política para el Mar del Norte junto a otros países de la zona. 
Estos países deciden si hay sitio para los barcos de otras regiones en el frágil sistema del Mar del Norte. 
Si la Unión fuerza el acceso de otros barcos al Mar del Norte, la imposición de cuotas sobre especies todavía no sometidas a ellas es una opción real para mantener a raya las capturas accesorias del pescado sometido a cuota. 
Por último, me sumo a la petición formulada por el ponente Gallagher para que se realice un análisis coste-beneficio de los acuerdos concluidos por la Comisión con terceros países ¿se benefician todos los Estados miembros de forma proporcional del empleo de este dinero comunitario? 
Lo dudo seriamente. 
Señor Presidente, cuando analizamos los excelentes informes de mis colegas, el Sr. Varela, el Sr. Cunha, el Sr. Poignant y el Sr. Gallagher, lo hacemos con el trasfondo de la crisis del sector pesquero de la UE. 
Cuando estudiamos reformas radicales en la PPC, que son claramente necesarias desde hace mucho tiempo y que se subrayan en estos informes, lo hacemos sabiendo que las poblaciones de pescado están descendiendo en espiral. 
Demasiados pescadores intentan atrapar demasiados pocos peces. 
Como consecuencia de esto, las flotas pesqueras de la UE están reduciéndose y muchos miles de puestos de trabajo se están perdiendo en el mar y en la costa. 
La situación en el Mar del Norte es particularmente preocupante. 
En diciembre el Consejo anunció recortes salvajes en las capturas totales permitidas y en las cuotas. 
Ahora la Comisión pretende establecer medidas provisionales de emergencia para ayudar a la recuperación de las poblaciones de bacalao, que han caído hasta niveles insostenibles en ese sector. 
Estoy tremendamente agradecido, al igual que mis colegas, los demás parlamentarios escoceses, al Sr. Comisario Fischler por haber aceptado reunirse con nosotros al inicio de esta tarde para tratar estas medidas de emergencia radicales. 
Acogemos favorablemente la generosa oferta del Sr. Fischler de reunirse con los líderes del sector para estudiar alternativas a las propuestas draconianas que ha difundido ampliamente la DG de Pesca en los últimos días. 
Un sensato plan plurianual de recuperación del bacalao que abarcara medidas técnicas de conservación realistas, el cierre de los lugares de desove del bacalao y el decomiso de los nuevos barcos pesqueros más grandes será, sin duda, más razonable que seguir un plan que permitiría continuar a la pesca industrial en amplias zonas restringidas y que conduciría potencialmente a la quiebra de la mitad de la flota escocesa. 
Los informes Poignant y Gallagher han dado lugar a algunas enmiendas que pretenden acabar con los límites de las 6-12 millas y abrir el Shetland Box y obtener libre acceso al Mar del Norte. 
Es evidente que hay algunos Estados miembros que siguen considerando los recursos del Mar del Norte como un valioso botín. 
Espero que este debate les haga recuperar el sentido común. 
Señor Presidente, ¿cómo debe ser y va a ser la política pesquera común de la Unión Europea después del 2002? 
Esto sacude los ánimos de aquellos que se ocupan de la pesca ya desde hace bastante tiempo. 
Los informes Poignant y Gallagher son unos importantes hitos en los debates preparatorios. 
Pero el auténtico debate para la reforma comenzará cuando se presente el Libro Verde de la Comisión en los próximos meses. 
Sin embargo, es comprensible que los representantes de los muy diversos intereses pesqueros en la Unión Europea intenten ya ahora influir sobre el proceso de preparación dentro de la Comisión. 
Se han planteado algunas exigencias a la Comisión. 
Pero creo que actualmente es aún demasiado pronto para que el Parlamento Europeo se pronuncie de un modo unívoco. 
En el marco de estos dos informes, debemos limitarnos a tratar los problemas y a discutir sobre diversas vías de solución. 
Ambos ponentes han invertido mucho trabajo exponiendo los problemas esenciales de la política pesquera común. 
Quiero felicitarles por ello. 
En primer lugar, la problemática cuestión del acceso a aguas que en el marco de la reforma es algo que al menos se debe revisar de nuevo. 
La base para la determinación de zonas protegidas tienen que ser análisis científicos de cuyos resultados se extraigan entonces las correspondientes consecuencias. 
Segundo: la regionalización es otro concepto que provoca continuamente controvertidos debates. 
No se trata aquí de una renacionalización del tipo que sea. 
En la UE tenemos una política pesquera común y así va a seguir siendo. 
Tercero: para finalizar quiero destacar de nuevo lo importante que es la inclusión de la totalidad del sector pesquero- pescadores, ciencia, industria y demás- en el próximo proceso de reformas. 
Sólo así podremos fortalecer la aceptación de la nueva política pesquera común entre los afectados. 
Señor Presidente, la política pesquera de la Unión Europea es un tema vasto. 
Yo lo abordo aquí desde el ángulo de la globalización y del problema específico de Guinea Bissau. 
Por lo que a nosotros, el Grupo de los Verdes, respecta, debo recordar que estamos a favor de una práctica de la pesca respetuosa con los equilibrios naturales, a favor del desarrollo de la pesca costera y de la pesca artesanal- generadora de empleo -, a favor de una pesca selectiva atenta a las reservas disponibles. 
Se trata no sólo de conseguir un desarrollo económico satisfactorio para las empresas sino también de preservar el aspecto social. 
No estamos a favor de la concesión de subvenciones que favorecen la pesca industrializada a ultranza, la pesca que captura de todo sin discriminación, con riesgo de esquilmar las especies y de perjudicar la seguridad alimentaria y la biodiversidad, esa pesca que permite el aumento exagerado de las flotas, etc. Por eso, consideramos que las fuerzas del mercado incontroladas constituyen una de las principales razones que conducen a esta sobreinversión y que estas cuestiones deben tomarse en consideración en las futuras negociaciones de la OMC sobre la liberalización de los intercambios. 
Así, pues, solicitamos a la Comisión que presente a los restantes miembros de la OMC propuestas apropiadas, tanto sobre la cuestión de la orientación de los sectores subvencionados como sobre el aspecto social. 
Por otra parte, en general, no estamos nada a favor de los acuerdos de pesca negociados de forma bilateral por la Unión Europea y terceros países, a menudo pequeños, cuyos presupuestos son a veces de la misma magnitud que los de las subvenciones concedidas. 
Hay que permanecer, cuanto sea posible, a un nivel integrado. 
No obstante, en el caso de Guinea Bissau, aceptamos la concesión de la reserva que se ha efectuado de 6,5 millones de euros, dado que se ha dedicado a acciones de apoyo a la pesca local, a infraestructuras y a actividades de control, y de que se someterá al Parlamento un informe detallado sobre la utilización de estos fondos. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero en primer lugar felicitar al Sr. Varela por habernos ofrecido un informe visionario compartido por toda la comisión, y al Sr. Cunha por el excelente trabajo realizado. 
Sin embargo, no cabe duda de que los puntos y los temas más sensibles que hoy abordamos son, como decían mis colegas, los de los informes Gallagher y Poignant. 
No voy a repetir los motivos técnicos que hacen estos temas más sensibles: el motivo de las 6 y de las 12 millas, el tema de las zonas protegidas, el tema del mantenimiento del principio de estabilidad relativa, el tema de la regionalización que, en cierto modo, se puede interpretar como una renacionalización. 
Comparto las especificidades de estos temas y la dificultad que han recalcado mis colegas. 
A este respecto, creo que, precisamente porque nos encontramos en una etapa de reforma- y si se hace una reforma es porque lo que tenemos no funciona, ya que, de lo contrario, no nos plantearíamos el problema de una reforma- debemos ser muy conscientes de que no podemos dejarlo todo como está ni tampoco mantener contradicciones en las indicaciones que damos. 
En este sentido, el PPE ha presentado unas enmiendas que tratan de convertir las posiciones en más coherentes. 
Quisiera, no obstante, hacer al Comisario y a todo el Pleno un ruego: es importante que encontremos un equilibrio en estos temas, también a la luz de un gran motivo político. 
Acabamos de salir de la última sesión plenaria que tuvo lugar en diciembre, en la que todos- la Comisión y el Parlamento- criticamos Niza porque volvía a tomar forma un proceso de nacionalización y de defensa de intereses particulares por parte de los Estados y dijimos que ese Consejo ponía en crisis el método comunitario. 
Ahora, debemos trabajar para no faltar a una política común precisamente en este sector que es ejemplificador, pero para hacerlo debemos dar una respuesta a quien se lamenta- y son los operadores- de que no existe la suficiente implicación, de que no hay consenso sobre las decisiones que se toman y de que, por lo tanto, falta una coparticipación en el proceso decisional. 
Si haremos esto, conseguiremos demostrar- y estoy convencido de que seremos capaces de hacerlo- que se puede llevar a cabo una buena política común valorizando las diversidades, en lugar de penalizarlas, e implicando a los operadores de todos los Estados miembros, en especial los operadores de la pesca en todas sus complejidades. 
Señor Presidente, siempre es reconfortante ver las mismas pocas caras en cada debate sobre pesca y me gustaría asegurarles al Sr. Comisario y a los colegas y amigos que podemos ser pocos en número pero que todos tenemos un gran interés en la pesca y que no importa lo tarde que sea el debate, estén seguros de que vamos a estar ahí. 
La reforma de la PPC y la próxima publicación del Libro Verde marcan un momento crítico para el sector pesquero. 
Por un lado, todos nosotros aquí en esta Cámara deseamos la existencia del sector pesquero, entre otras cosas porque nos gusta comer el producto; pero, por otra parte, tenemos ante nosotros graves pruebas científicas del esquilmado de las poblaciones de pescado, hasta tal punto que algunas especies pueden dejar de existir en el futuro. 
En Escocia, como han señalado esta tarde muchos de mis colegas escoceses, la cuestión del bacalao ocupa un lugar preponderante en las noticias. 
Algunos dicen que incluso antes de que se publique el Libro Verde podría quedar poco de la flota escocesa debido a los recortes en las capturas totales permitidas (TAC) y de las cuotas y a las propuestas para recuperación del bacalao. 
Otros dicen que para que podamos mantener un sector pesquero hemos de conservar y se remontan al artículo de 1996 en Nature que avisaba del colapso de las poblaciones de bacalao. 
Yo no sé realmente cómo cuadrar el círculo, pero para finales de 2002 debemos hacerlo. 
De las conversaciones con la gente del sector, con quienes realizan investigaciones científicas y con los implicados en la conservación, parece que hay voluntad de colaborar y necesidad de una mayor participación de todos los interesados. 
En Escocia, la Federación Escocesa de Pesca y la Fundación Mundial para la Naturaleza han unido sus fuerzas y han sugerido una mejor forma de trabajar. 
La propuesta de una gestión por zonas y de una mayor regionalización de la PPC es una propuesta seria que cuenta con el apoyo tanto de los grupos pesqueros como de los conservacionistas. 
En otros países hay también sugerencias. Esto no puede sino ser bueno para el debate. 
En conclusión, este año y el próximo brindarán una oportunidad de corregir la PPC. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, el Presidente Romano Prodi ha recibido una condecoración del Rey de Marruecos y, simultáneamente, ha firmado un Acuerdo de Cooperación con ese país del que quedaba excluida la pesca. 
Hace ya un año que la flota europea del banco canario-sahariano no sale al mar y hay millares de trabajadores en tierra. 
La Comisión no asume sus responsabilidades y está dispuesta a firmar un acuerdo limitado y lamentable que no dejaría de abrir la vía para la destrucción de nuestra flota en dos o tres años. 
Las resoluciones de este Parlamento son despreciadas y el propio Parlamento es menospreciado. 
Los Estados miembros, en particular el español, apartan la cara para no ver. 
Ésa es la lamentable impresión que los armadores, los pescadores y las poblaciones afectadas de Galicia, Andalucía, Canarias y Portugal tienen hoy de la Unión Europea. 
Siento tener que decirle, señor Comisario Fischler, que peor no se podría haber hecho. 
Señor Presidente, antes de nada, quiero felicitar a ambos colegas, Gallagher y Poignant, por cómo han impulsado el nuevo Libro Verde, ya que parece que este debate constituye de hecho una preparación del mismo, y podríamos decir que abusamos de forma adecuada de estos informes por tener ya una visión del mismo. 
Si examinamos la política de pesca, realmente hay de un asunto en el que tenemos que cambiar el rumbo en algunos puntos, y respecto de este debate quisiera dar algunas ideas, también desde el punto de vista de mi región, por supuesto, para indicar qué esperamos del Libro Verde. 
Para empezar, la cuestión del control dentro de la UE y, especialmente, el control de las cuotas. En el futuro debe regularse mejor, ya que con ello tiene éxito o fracasa esta política y, si se quiere contar con una política realmente estructurada, hay que tener un buen sistema de control. 
Éste es también el punto principal, y en el futuro deberemos pensar en introducir sanciones en este terreno cuando los países no cuenten con sistemas adecuados para controlar las cuotas. 
La segunda cuestión importante para la futura política es un programa de reestructuración que se debe desarrollar para reemplazar el actual programa de orientación plurianual. 
Las subvenciones europeas deben servir sobre todo para limitar la capacidad real y las inversiones en materia de medio ambiente y de calidad, con los siguientes puntos de acción: un régimen sobre el tiempo transcurrido en el mar en todos los países de la UE, en mi propio país ya se cuenta con muy buenas experiencias al respecto, hecho que se puso de manifiesto durante la conferencia de pesca que se celebró hace algunos meses en Bruselas. 
Un segundo punto es el régimen de primas para el uso de redes que limiten las capturas accesorias, se trata, por tanto, de una verdadera mejora tecnológica. 
El tercer punto es una llamada regulación set aside para las regiones que padecen mucho la disminución de los recursos pesqueros. 
Me refiero, por ejemplo, a las regiones europeas que dependen mucho de la población de bacalao y a su disminución. 
Europa sí debe invertir en ello. 
Para mí, un tercer punto es la reorganización de la política de pesca que habrá que configurar. 
Un quinto punto es invertir verdaderamente en la seguridad alimentaria, ya que el sector pesquero se enfrenta al debate sobre la dioxina y tenemos que tener una respuesta adecuada a ello. 
Un sexto punto es que tenemos que dedicar atención específica a los problemas que existen en los países candidatos en el terreno de la seguridad alimentaria desde la perspectiva de los conflictos medioambientales de esos países con vistas a la ampliación de la Unión. 
Señor Presidente, nos encontramos ante la incapacidad total de la Comisión y del Consejo para negociar en nombre de los ciudadanos. 
Los datos del último eurobarómetro predicen un escepticismo en alza, quizás fiel reflejo de esa incapacidad negociadora. 
En el acuerdo con Marruecos han tenido un peso nulo. 
Incluso la Presidencia francesa ya nos dijo en su momento que no estaba en condiciones de asegurar un acuerdo. 
Se nos avecina, pues, un problema social en toda regla y no tenemos alternativa real. 
Ahora, algunas de nuestras ciudades pesqueras van a desarrollar su economía alrededor y gracias- en parte- a la droga que Marruecos cultiva, comercializa y los europeos consumimos. 
Ante el chantaje alauita de negociar con los recursos de unos caladeros que le corresponden al pueblo saharaui, la Comisión responde viendo a los pescadores comunitarios como auténticos enemigos, recortando las cuotas e indicándole a Marruecos el camino a seguir, sin proponer alternativa. 
¿Alguien puede asegurar hoy que todos los barcos comunitarios que algo han tenido que ver con la pesca en Marruecos están amarrados? 
Así pues, la relación Marruecos-Unión Europea se debe de resentir gravemente. 
La totalidad de los fondos destinados a este acuerdo debe financiar íntegramente alternativas en las zonas afectadas. 
Mientras tanto, la Presidencia de la Comisión intenta solventar a última hora un problema muy antiguo. 
Nos preocupa el hecho de que la solución que se proponga sea un parche de cara a los medios de comunicación y no una verdadera solución al problema. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la globalización es un fenómeno en auge que implicará innovaciones y que conllevará notables cambios en todos los sectores de la economía. 
Concuerdo plenamente con el Sr. Varela cuando considera la globalización como un fenómeno llamado a tener diferentes repercusiones según los casos concretos. 
Si para muchos es un desafío que genera riqueza y oportunidades, para otros, o sea, para aquellos que no saben o no pueden adaptarse a los cambios, es una fuente de problemas y de insatisfacciones. 
En el sector pesquero la adaptación a una economía de dimensiones globales ha tenido diferentes repercusiones. 
En efecto, en un contexto como el de Sicilia y de Cerdeña, algunas pequeñas flotas de bajura que hasta ahora se han desarrollado y han sobrevivido en el ámbito local, resultan amenazadas por el impacto de la globalización y, en muchos casos, las pequeñas flotas son el eje fundamental de las comunidades locales que viven de esta actividad económica. 
Por lo tanto, cuando se habla de negociación para la liberalización de los intercambios en la Organización Mundial de Comercio, se han de tener en cuenta las realidades específicas, al objeto de no llegar a una liberalización total de los aranceles aduaneros que podría causar daños irreparable e implicar el hundimiento de todo el sector. 
En consecuencia, debemos respaldar una política tarifaria basada en la reciprocidad de los intercambios teniendo en cuenta que en muchos países las importaciones procedentes de Europa son sometidas a barreras no tarifarias que impiden el correcto funcionamiento del libre mercado. 
Asimismo debemos obstaculizar la pesca de algunas especies migratorias que en Europa están sometidas a parada biológica, pero que en otros países se pueden pescar y después vender en el mercado comunitario. 
Sería oportuno asimismo revisar el sistema de preferencias comerciales existentes, porque a veces algunos terceros países han alcanzado un nivel de desarrollo que ya no justifica la concesión de dichas preferencias. 
Por último, es necesario apoyar la política de la Unión Europea que subordina el acceso al mercado comunitario de los productos procedentes de terceros países al acceso de la flota europea a los caladeros a negociar. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión quiero felicitar sinceramente a todos los ponentes así como a la Comisión de Pesca y las demás comisiones participantes por el amplio trabajo que han realizado en la fase previa al debate de hoy. 
En especial quiero felicitar también al presidente de la Comisión de Pesca, el Sr. Varela, por la coordinación de todos los trabajos y por su interesante informe de propia iniciativa. 
Señor Varela, usted muestra en este informe de modo muy claro que no se puede hablar sobre el futuro de la política pesquera común sin tener en cuenta el entorno económico más amplio de la actividad pesquera. 
Al igual que cualquier otra actividad económica, la pesca se ve afectada también por la globalización. 
Puedo apoyar plenamente muchas de las cosas que dice en su informe y en la correspondiente resolución. 
Destaca que la política pesquera europea está comprometida con el principio de la multifuncionalidad, es decir, una explotación sostenible de la pesca que preserve las reservas, proteja el medio ambiente marino y realice una importante aportación a las estructuras económicas y sociales de las regiones costeras que practican la pesca. 
Saludo muy en especial también su apoyo en la lucha contra la pesca ilegal e irresponsable. 
Tendremos aún la ocasión de hablar sobre soluciones comunitarias para este problema de enorme actualidad. 
Pero constato ya ahora que usted también está a favor de actuar en este campo con mayor decisión. 
Sobre tres puntos del informe veo aún la necesidad de seguir debatiendo. 
En primer lugar, veo en el informe una cierta tendencia a protegerse más intensamente frente a la competencia internacional. 
Esto se justifica diciendo que la pesca es un importante generador de empleo en determinadas regiones costeras. 
Esto es sin duda cierto pero si insistimos unilateralmente en que los puestos de trabajo tienen que preservarse solamente con la ayuda de la política de pesca sin tener en cuenta la situación local de una región costera en su totalidad, corremos el peligro de que bajo determinadas circunstancias subvencionemos en la dirección errónea. 
Esto sería contraproducente tanto para las reservas de pesca como para los puestos de trabajo. 
La pesca tiene que poder mantenerse a si misma. 
En algunos casos, puede que esto conduzca a una reducción del status quo, pero si regiones se ven afectadas por tales adaptaciones estructurales, entonces la Comunidad tiene naturalmente que ayudar. 
El modo más efectivo de ayudar posiblemente consiste en proporcionar sobre todo a los jóvenes un futuro ofreciéndoles posibilidades de trabajo alternativas a la pesca. 
En segundo lugar, voy a referirme a las negociaciones de la OMC que usted ha mencionado. 
Como ustedes saben, en estos momentos no se sabe en absoluto si se va a poner en marcha una nueva ronda de la OMC y qué dimensiones va a tener. 
Pero incluso aunque se celebrase una amplia ronda, me permito dudar que la Comunidad estuviese dispuesta a la reciprocidad en la pesca en los temas de los que se trata, como por ejemplo, las inversiones o el derecho de establecimiento. 
Hasta hoy, en la mayoría de los Estados miembros sólo pueden invertir en el sector pesquero los mismos nacionales del país o pertenecientes a un país de la UE. 
Tercero: finalmente, quiero recordarles que desde los inicios de la política pesquera común se acepta que la Comunidad tenga una sola voz. 
La mera desventaja numérica se compensa con creces con la ventaja de la mayor influencia en la configuración de la política pesquera internacional. 
Resumiendo, quiero constatar que usted, señor Varela, ha realizado una importante aportación con su informe al posterior debate sobre el futuro de la política pesquera común. 
La Comisión va a tener sin duda lo más en cuenta posible sus consideraciones en el próximo Libro Verde. 
De este modo, llego a los informes y propuestas de resolución de los diputados Gallagher y Poignant. 
Ambos informes tienen en común el punto de partida. 
El sector pesquero en la Comunidad se encuentra sometido a presión, además desde varios lados. 
Las reservas de pesca se reducen, la flota tiene un exceso de capacidad y el acceso a aguas de terceros países es cada vez más difícil. 
Me alegra que en lo esencial compartan el análisis del informe de la Comisión sobre la aplicación de la política de pesca en el período 1996-1998. 
Aunque se han logrado algunos progresos- sólo voy a mencionar la flexibilidad en la administración anual de las reservas o las nuevas TAC para especies no reguladas en el Mar del Norte o el reglamento sobre medidas técnicas o la introducción del VMS- sin embargo, tenemos que reconocer que no hemos logrado dar la vuelta a las tendencias negativas en muchas de las reservas comercialmente importantes, como el bacalao o la merluza. 
Los dos ponentes subrayan también los siguientes graves fallos que ya se constatan en el informe de la Comisión: las limitaciones de la pesca no han funcionado o sólo lo han hecho insuficientemente, el reglamento sobre medidas técnicas en el Mediterráneo sólo se ha aplicado parcialmente, el MAP 4 no es en absoluto lo suficientemente ambicioso y las disposiciones de control no se han intensificado tal como propusimos en 1998. 
Las reuniones con los diversos representantes del sector pesquero han mostrado asimismo que hay muchos aspectos de la política de pesca que tenemos que mejorar o renovarlos incluso de raíz para lograr una pesca sostenible y responsable. 
A pesar de las diferentes opiniones, los afectados están mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que hacer más. 
En especial, tenemos que intensificar los controles, aplicar mejor las reglas, impulsar la investigación científica e incluir antes y de modo más intenso a los afectados, en especial a los mismos pescadores, en el proceso decisorio de la política de pesca. 
La Comisión apoya por ello muchos puntos de ambas propuestas de resolución. 
En la delicada cuestión de la zona de las seis o doce millas, la Comisión tiene sin embargo la impresión de que una mayoría de los afectados está a favor del mantenimiento del status quo. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 3760, en pocas semanas la Comisión va a publicar el Libro Verde junto con los informes. 
Tenemos que aprovechar el debate que comenzará entonces para ocuparnos de subsanar los fallos mostrados en los informes y de encontrar las soluciones adecuadas para proporcionar al sector pesquero de la Comunidad una base de futuro. 
Los objetivos centrales de este proceso de reformas mencionados por los tres ponentes son de conformidad con las propuestas de resolución los siguientes: reducir los excesos de capacidades y mejorar la coherencia con las medidas de política medioambiental para preservar y restablecer las reservas, vincular más intensamente en las decisiones a los directamente afectados y solucionar de modo más eficiente los problemas locales o urgentes para garantizar el respeto y aplicación efectiva de las reglas y mejorar en su totalidad la gestión pesquera, es decir, todo lo que cae bajo el concepto de good governance. 
A continuación, crear un sector pesquero que trabaje de modo sostenible pero que también sea económicamente viable y competitivo internacionalmente- quizás deberíamos ayudar también a aquellos que tienen que buscar otro trabajo -, desarrollar una política pesquera exterior moderna en estrecha coordinación con otras políticas comunitarias para alcanzar una gestión responsable y racional de las reservas y sobre todo desarrollar de nuevo la dimensión del Mediterráneo. 
De este modo llego al informe sobre Guinea-Bissau del Sr. Cunha. 
Con la presente resolución garantizamos la actividad de la flota comunitaria afectada y apoyamos al mismo tiempo al sector local. 
Me alegra constatar que el ponente apoya la propuesta. 
El importe ahora liberado de 6,5 millones de euros se va a emplear para restablecer los equipamientos pesqueros que han padecido intensamente como consecuencia de los enfrentamientos bélicos en Guinea-Bissau. 
De este modo, la flota comunitaria podrá hacer también un mejor uso de las posibilidades del convenio. 
En concreto, queremos apoyar las siguientes actividades: la reconstrucción de infraestructuras, el control y supervisión de la flota y la creación de nuevos programas de investigación. 
En este contexto, quiero realizar algunas observaciones sobre la condicionalidad de los pagos. Un primer tramo por un importe del 50% de la suma total se pagará tan pronto como el Gobierno presente un programa de acción. 
La suma restante, es decir, la segunda mitad, se pagará cuando Guinea-Bissau haya presentado un informe detallado sobre la ejecución de las actividades concretas del plan de acción y sobre el empleo dado a los créditos previstos para ello. 
Para finalizar, quiero decir aún unas palabras sobre las enmiendas. 
Las enmiendas nº 1, 2 y 3 prorrogan el plazo de aplicación de las actividades promovidas hasta el 2003. 
En mi opinión, esta enmienda es razonable y además está justificada. 
Por ello, la Comisión puede apoyar esta enmienda. 
Apoyamos plenamente la idea de la enmienda nº 4 pero ya ahora informamos a la autoridad presupuestaria sobre cualquier transacción financiera y presupuestaria en el marco de nuestro acuerdo interinstitucional, por lo que esta enmienda es en si superflua. 
En lo referente a las intervenciones del debate sobre el estado actual de las negociaciones con Marruecos, quiero agradecer que el Parlamento haya mostrado abiertamente confianza en el trabajo de la Comisión. 
Les puedo decir que de facto desde hace 14 meses no existe ya ningún convenio. 
Pero también es cierto que, lamentablemente, la parte marroquí sólo desde finales de octubre del pasado año, es decir, sólo desde hace tres meses y medio ha estado dispuesta a iniciar negociaciones serias sobre un nuevo convenio. 
Hemos aprovechado el tiempo de que disponíamos antes de las Navidades celebrando de facto cada semana una reunión técnica, bien en Bruselas o en Rabat. 
Desde el 2 de enero hasta el 9 de enero se ha negociado prácticamente todos los días en Rabat. 
Hemos mostrado realmente el máximo empeño. 
Por lo demás, es falso afirmar que no hemos recibido ningún apoyo del Consejo. 
Tanto los países principalmente afectados como la Presidencia nos han apoyado en nuestros esfuerzos y creo que al final del día ha sido útil el encuentro del Rey de Marruecos con nuestro Presidente de la Comisión. 
Espero que las negociaciones se pongan de nuevo en marcha para que entremos lo antes posible en la línea de llegada. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Bangladesh 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe (A5-0360/2000) del Sr. Van den Bos, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladesh (7595/1/1999- COM (1999) 155- C5-0356/2000- 1999/0086 (ACC) ); 
la pregunta oral (B5-0004/2001) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, a la Comisión, sobre Bangladesh. 
Señor Presidente, realmente podría sumarme totalmente a lo dicho por el Sr. Van den Bos y quisiera utilizar la oportunidad para recalcar cuán acertadas son las recomendaciones del Parlamento Europeo. 
Bangladesh ha sido siempre uno de esos países pobres de los que oímos hablar regularmente y las catástrofes que le asolan nos entristecen profundamente. 
Cuando una mira las cifras, se ve repentinamente lo que podría describirse como una historia de triunfo, con un crecimiento económico del 5% del PNB per cápita, con un aumento de las exportaciones no inferior al 12,8 % en los cinco años comprendidos entre el 93 y el 98, e incluso con un estancamiento del crecimiento de la población. 
Las madres tienen ahora tres niños en lugar de siete. 
En resumen, una diría que todo va por buen camino, pero por supuesto, es la diferencia entre un país muy, pero que muy muy pobre y un país muy, muy pobre. 
Continúa siendo un problema que 60 millones de personas vivan por debajo del umbral de pobreza y que el aumento de población no permita disfrutar del crecimiento económico. 
De los 162 países que figuran en el Índice de Desarrollo Humano, Bangladesh no aparece en el último lugar, pero sí en el 145º, algo que resulta bastante desolador. 
Estamos contentos, por tanto, con el libre acceso de las mercancías de este país al mercado europeo. 
Creemos que tendrá una influencia favorable, pero consideramos que nosotros mismos deberíamos efectuar mayores esfuerzos para, por ejemplo, recuperar la organización del yute, que ha expirado. 
Por último, me sumo al alegato en favor de utilizar más la cláusula de derechos humanos que constituye el primer artículo del acuerdo, a fin de poder realizar estos aspectos que el Sr. Van den Bos ha expresado tan elocuentemente. 
Señor Presidente, señor Comisario, hoy tenemos, por fin, la oportunidad de manifestar nuestra opinión sobre el nuevo acuerdo de cooperación establecido con Bangladesh. 
Y sobre él el ponente y nuestro colega van den Bos, que se trasladó conmigo a ese país el año pasado, ya ha dicho que lo aprobamos. 
Pero ha trazado también algunas de las grandes líneas fundamentales de lo que piensa la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre lo que debería ser la futura acción de las Comunidades en este país. 
Sin pretender repetir lo que antes se ha dicho, quisiera subrayar unos aspectos sobre los cuales, por lo demás, quisiéramos oír las consideraciones correspondientes por parte de la Comisión. 
Se trata del más populoso de los llamados "países menos adelantados". 
La fragilidad de la situación económica, caracterizada por el predominio del sector primario, que abarca cerca del 65% de la población activa, y también la gravedad de los problemas sociales se desprenden de los indicadores más diversos. 
Y, por si no bastara, no hay que olvidar tampoco las terribles calamidades que asolan permanentemente el país. 
Además de que también la situación política, como ya se ha dicho, presenta aún un grado de inestabilidad por toda clase de razones preocupante. 
En el desplazamiento que hicimos a ese país, aún reciente, pudimos confirmar todo ello: la pobreza que prolifera y las dificultades en el nivel de la salud y la educación, pero también algunas potencialidades que van despuntando, las iniciativas resultantes de la cooperación que se van adoptando en los más diversos niveles, ya correspondan al Estado o las pongan en práctica las ONG, el interesante recurso a los microcréditos, aunque de limitado alcance, el papel y la situación particularmente difícil de las mujeres. 
Igualmente observamos los desastrosos efectos de las sucesivas inundaciones y de la erosión y también los peligros y las consecuencias de ese tremendo desastre ecológico y sanitario resultante de la existencia de arsénico en el agua utilizada para el consumo. 
Y pudimos comprobar igualmente las debilidades existentes en la esfera política, muy patentes en el clima de gran violencia que caracteriza las relaciones entre el Gobierno de la Sra. Hasina Wajed, de la Liga Awani, y las fuerzas de oposición, en particular el Partido Nacionalista de Bangladesh, que, por lo demás, no participa periódicamente en la labor de su Parlamento. 
O las dificultades y retrasos en la resolución del conflicto con las poblaciones de la región meridional del país, en particular de Chittagong Hill Tracts. 
Ahora bien, la Unión Europea es, como es sabido, el principal socio comercial de Bangladesh. 
A la Unión Europea van destinados cerca del 45% de las exportaciones de ese país, que también se ha beneficiado de algunos instrumentos de desarrollo, en particular la ayuda para la cooperación técnica y financiera con los países asiáticos, la ayuda alimentaria y humanitaria y la exención de derechos aduaneros sobre las exportaciones. 
Y la Unión Europea ha concedido igualmente una parte importante de la ayuda exterior a él destinada y de la que el país depende, por lo demás, en gran medida. 
Por otro lado, sabemos que el presente acuerdo da continuidad al de 1976 y se puede ampliar en función de las necesidades futuras. 
La cuestión que se nos plantea, desde luego, en el marco a que antes nos hemos referido es la de cuáles son los verdaderos objetivos y las prioridades que se pretende alcanzar con este nuevo acuerdo y, en general, los efectos que se pretende alcanzar en materia de desarrollo sostenible en la esfera de la administración, así como en el nivel de la participación de los ciudadanos y sus organizaciones en la vida del país. 
En la resolución que aprobamos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación indicamos las direcciones que nos parecen más adecuadas. 
Por lo demás, mi colega el Sr. van den Bos ya las ha mencionado también en su intervención. 
Esperamos ahora de la Comisión que nos diga si está de acuerdo o no con dichas orientaciones que proponemos. 
Pero esperamos igualmente que la Comisión nos diga también en qué medida estará disponible para apoyar a ese país en la esfera política a fin de superar las dificultades a que antes me he referido. 
Y, teniendo en cuenta las peticiones formuladas por el Gobierno y por la oposición, que la Comisión nos diga también en qué medida se propone apoyar el próximo proceso electoral y enviar una misión para observar las elecciones previstas ya para el presente año. 
. 
(EN) Señor Presidente, permítanme decir, antes de nada, que es para mí un privilegio debatir estas cuestiones, como lo estamos haciendo, a partir de su informe. 
Para mí representa una especie de consenso político idílico. 
Estamos de acuerdo con su informe y lo acogemos de modo muy favorable y esto no es sólo agradable, es también realmente valioso para Bangladesh y para otros socios. 
Es muy útil que nosotros en Europa estemos tan profundamente de acuerdo acerca de cómo trabajar con nuestros socios. 
Si estuviéramos discutiendo desordenadamente, sin ningún rumbo, ellos no tendrían un buen socio; por tanto, es de verdad importante que estemos de acuerdo. 
Hace un año yo elegí deliberadamente Bangladesh como mi primer destino de un viaje normal de trabajo bilateral. 
Fuimos allí tras la conferencia de la UNCTAD en Bangkok. 
Yo quería ir a un país menos desarrollado que no perteneciera a ACP para comenzar en el lugar adecuado. 
Yo también quería empezar mis viajes de trabajo como Comisario en un país que conociera bien para poder valorar mejor cómo funciona la Comisión. 
Si iba a un país que no conocía, habría demasiadas impresiones distorsionantes, pero éste lo conocía bastante bien y me complace decir que lo que vi en el terreno me sorprendió gratamente. 
Estábamos más cerca de las mujeres pobres, estábamos más dentro de los pueblos de lo que yo esperaba y trabajábamos más con las ONG de Bangladesh de lo que yo esperaba. 
Ésta es una buena base y también una de las razones por las que el Parlamento y la Comisión están de acuerdo en el camino que ha de seguirse ahora. 
Hay grandes problemas que tratar con el gobierno de Bangladesh, sobre todo su ineficacia: obtiene unos resultados tan malos como los de la Comisión, por eso los dos tienen mucho de que hablar, pero lo sabemos y somos claros al respecto diciendo: "nuestros problemas de resultados son claros y bien conocidos, pero, por favor, no los agraven siendo también lentos y poco claros en su proceso de toma de decisiones". 
Por este motivo es tan importante este nuevo acuerdo, porque, de hecho, supone un paso adelante en la cooperación y clarifica las prioridades. 
Iremos por el mundo de un país a otro y elevaremos lo que estamos haciendo hasta niveles normales en cuanto a la base de la cooperación y las prioridades. 
Así que todo esto es muy bueno. 
En cuanto a las preguntas que se han planteado en relación con las elecciones, el 27 de enero vamos a enviar allí al equipo de evaluación de la Comisión y estaremos preparados, deseosos y dispuestos a incluir a representantes del Parlamento en calidad de observadores. 
Si esto es lo que decidimos hacer al final, creemos que será muy útil. 
Bangladesh ha hecho bastante cosas valiosas en los últimos años: a escala regional, ponerse más de acuerdo con sus vecinos y buscar soluciones a problemas muy antiguos. 
En cuanto a las tribus de las montañas de Chittagong, nosotros creemos que la cuestión se está moviendo demasiado despacio. 
Esto lo dejé claro cuando estuve allí en febrero del año pasado. 
Por otro lado, los problemas relativos a la propiedad de la tierra y otros son muy difíciles de resolver en cualquier país. 
La actitud es importante y creo que están intentando hacer algo positivo. 
Lo que ha mencionado el Sr. Van den Bos sobre la coordinación de los donantes y de las muchas ONGs presentes en Bangladesh es interesante e importante. 
Se han producido aquí muchas innovaciones. 
Los micro-créditos son un gran logro y no ha sido sólo una organización muy famosa la que ha tenido éxito. 
Pero yo volvería, cuando hablamos del desarrollo en Bangladesh, al papel de las mujeres. 
Ha sido muy destacable. 
Su capacidad para cambiar la vida y la situación de las familias es extraordinaria, pero, de hecho, yo señalaría a las muchas mujeres jóvenes y muchachas en las fábricas textiles que de un modo extraño representan la forma caótica de modernización. 
La alternativa- no tener puestos de trabajo- es muy problemática, pero los tipos de trabajos que tienen son también muy problemáticos. 
Al final, nuestra liberalización, el que tengan acceso a nuestro mercado, es parte de la esperanza de estas mujeres de Bangladesh, por lo que creo que vamos por el camino correcto y agradezco mucho el apoyo y el acuerdo con que contamos sobre qué hacer en Bangladesh. 
Señor Presidente, me complace mucho intervenir en este debate sobre la cooperación europea con Bangladesh, un país que conozco bien, un país que tuve el honor de visitar con la delegación del Parlamento Europeo en el otoño de 1998. 
Hay sin duda muchas personas de raíces bengalíes establecidas en Londres y en otras partes de la Unión Europea, gente originariamente de Dhaka, Sylhet y de otras partes de Bangladesh. 
Sé por ellos y por mi visita que Bangladesh es un país de gente orgullosa y trabajadora y un país con grandes perspectivas, pero que necesita ayuda de partes del mundo más ricas y desarrolladas como la Unión Europea. 
Este informe ayuda a prestar esa ayuda y debería ser elogiado, y, en consecuencia, alabo al ponente y a mi otra colega. 
Pero el ponente ha dicho algo que me ha sorprendido, al igual que la Sra. Maes. 
Ha dicho el ponente que las estructuras estatales en Bangladesh funcionan mal y la Sra. Maes ha ridiculizado algunos de los avances que Bangladesh ha hecho en los últimos años. 
Sin embargo, en muchos sentidos, yo creo que Bangladesh es asombroso por la forma en que funciona. 
Funciona a pesar de su historia turbulenta y violenta, a pesar de los problemas políticos, a pesar de las demás dificultades y a pesar de la pobreza. 
Funciona y, como acaba de decir el Sr. Comisario, eso es asombroso teniendo en cuenta todas las dificultades. 
Creo que esto se debe fundamentalmente a la gente y también al gobierno de Bangladesh. 
En el lado positivo- y algunos de ustedes procedentes de otros países pueden no saber esto- Bangladesh ha sido últimamente admitido como una nación jugadora de criquet que cumple todos los requisitos. 
Y lo que es quizás más importante, se han descubierto reservas de gas natural en el Golfo de Bengala. 
El Parlamento Europeo tiene que contribuir a que Bangladesh no sea explotada por grandes empresas multinacionales, a que pueda utilizar sus reservas adecuadamente y venderlas al precio más competitivo, y no sólo a India o a Rusia. 
El aspecto del criquet puede parecer irrelevante pero muestra la firme decisión de triunfar y Bangladesh lo hará bien en este campo del criquet y ello constituirá una inspiración para millones de personas en ese país. 
El informe deja claro que si la Unión Europea trabaja en cooperación con la gente local puede ayudar en temas importantes. 
Puede ayudar con la planificación familiar, la clave de la estabilidad para Bangladesh. 
Un país pobre o en desarrollo no puede sostener una tasa de natalidad que supera los dos hijos por mujer. 
La idea de que una familia numerosa es la forma automática de salir de la pobreza debe ser erradicada y las mujeres, todas las mujeres, deben poder elegir si quieren o no tener hijos. 
Las empresas europeas deben también demostrar que no explotan la mano de obra barata y que no perpetúan el entorno laboral en las fábricas, en las que las mujeres sufren y trabajan muchas horas por muy poco dinero. 
Así mismo, la Unión Europea dispone de experiencia para ayudar a resolver otros problemas de Bangladesh: las inundaciones de las que hemos oído hablar y que periódicamente destruyen grandes franjas de tierra no son inevitables. 
Europa dispone de los conocimientos para impedir la deforestación. 
Contamos con el conocimiento y la experiencia, por ejemplo en los Países Bajos, para ayudar a mejorar las tierras bajas y los terrenos susceptibles de inundarse. 
Nosotros, como Unión Europea, ya ayudamos a Bangladesh con subvenciones, con la condición de país menos desarrollado, y con el acceso preferente a los mercados que tal condición implica. 
Pero podemos, yo creo, y debemos hacer más. 
El futuro de Bangladesh depende también de su juventud. 
En mi opinión, demasiados jóvenes de Bangladesh se marchan para educarse en el extranjero, en Europa o en Estados Unidos, lo cual alabo, lo cual es bueno; pero luego muchos de ellos no regresan a Bangladesh llevando con ellos su educación, su experiencia y su gran fortaleza. 
Debemos animarles a que lo hagan. 
Terminaré como he empezado, diciendo que Bangladesh es un país con futuro. 
Igual que la última parte del siglo veinte perteneció a los países del sudeste asiático, a los Tigres económicos, yo creo que la primera parte de este siglo puede pertenecer a los países del sur de Asia. 
Con la ayuda de este Parlamento, Bangladesh puede compartir ese sentimiento de pertenencia a la riqueza, la prosperidad y, finalmente, al éxito que vendrá. 
Señor Presidente, formo parte al igual que otras personas presentes en esta Asamblea del afortunado grupo de personas que ha visitado Bangladesh, no en varias ocasiones como el señor Comisario, y sin embargo, he podido formarme una pequeña idea y es con este trasfondo que quiero subrayar la importancia de que se mantenga y se perfeccione la cooperación entre la UE y Bangladesh. 
Bangladesh presenta varias condiciones que no se dan en otros países en vías de desarrollo, puesto que el país- lo cual me parece muy importante- sólo tiene un lengua y una religión y sólo está formado por un grupo étnico, lo que significa que los conflictos étnicos que, por ejemplo, vemos en África no existen aquí ni tampoco las guerras religiosas y que también será aún peor si le fallamos precisamente a un país semejante puesto que Bangladesh justamente no presenta algunos de los problemas que vemos en otros países y le fallaremos al país si nos apostamos firmemente por él a través de la ayuda al desarrollo y de otro tipo de ayudas. 
Bangladesh sólo podrá arreglárselas si estamos dispuestos a ayudar al país y esto incluye tanto a la UE, como mencionó el señor Comisario, como también a los Estados miembros, entre los cuales puedo señalar a mi propio país, Dinamarca, como uno de los mayores donantes en la zona. 
Hay tres puntos que me gustaría señalar aparte de la necesidad general de ayuda y de desarrollo. 
Está la necesidad de disponer de un buen gobierno y de apoyo para la democracia. 
Otros han abordado este punto por lo que no voy a hacer ningún comentario más. 
Está la necesidad de seguir apoyando la autonomía de las mujeres, por ejemplo, manteniendo y perfeccionando la ayuda destinada a microcréditos. 
Las mujeres se hallan muy oprimidas en el país como han destacado varios oradores por lo que tampoco voy a entrar en más detalles. 
A este respecto, me gustaría decir que lo más vivificador de mi visita fueron precisamente las mujeres. 
No obstante, me gustaría insistir en la necesidad de ir ahora más lejos. 
No podemos contentarnos con los microcréditos, hemos de pasar a la siguiente fase del desarrollo, ya se trate de textiles o de otra cosa. 
Finalmente llego a mi tercer punto, en el que quizá el señor Comisario tenga una opinión ligeramente distinta. 
Creo que en este contexto quizá pudiéramos servirnos de las tecnologías de la información y de la comunicación precisamente para apoyar a las mujeres, porque ahora son una fuerza sustentadora de la sociedad, y así darles un estímulo y en general asegurar el futuro desarrollo del país. 
. 
(EN) Señor Presidente, me gustaría, en primer lugar, decir algunas palabras sobre la intervención de las organizaciones del yute y sobre el papel de Bangladesh como anfitrión de la antigua organización. 
Hace un año había problemas muy graves y yo intenté ver si era posible rejuvenecer la vieja organización. 
No hubo acuerdo entre nuestros Estados miembros para hacer lo que a nosotros en la Comisión nos hubiera gustado hacer y esto explica la etapa por la que estamos atravesando con esta organización. 
La buena noticia, sin embargo, es que se ha aceptado la necesidad de un esfuerzo especial, que espero que tenga su sede en Bangladesh, para fomentar el uso y los nuevos usos del yute como materia prima, así que quizás ahora sea posible continuar con la esencia de lo que la antigua organización del yute podría hacer. 
A principios de octubre hubo una reunión en Dhaka y todas las partes acordaron crear lo que se denomina un grupo internacional de estudio del yute. 
El borrador de propuesta para la constitución de este organismo se estudiará, y esperamos que se complete, en la reunión de la Organización Internacional del Yute que se celebrará en Dhaka a finales de este mes. 
Posteriormente se someterá a la UNCTAD en Ginebra y, una vez adoptada, se enviará para su firma y ratificación, a los gobiernos en cuestión y a la sección de tratados de NN.UU. 
Por tanto, tenemos ahora muchas esperanzas de que de las largas y difíciles conversaciones sobre la antigua organización del yute surja un nuevo organismo que pueda promocionar una cooperación internacional reforzada en este sector. 
Esto es muy bueno porque la Organización Internacional del Yute es la única organización internacional de este tipo que tiene su sede en un país menos desarrollado. 
Y esto es lo que puedo decir acerca de esta cuestión que se ha planteado aquí. 
A la Sra. Djubkaer le diría: sí, es una gran ventaja para Bangladesh el ser una nación y nosotros deberíamos, sin duda, fomentar el uso de ese potencial. 
El problema de las montañas de Chittagong constituye un desafío a esa imagen de Bangladesh, pero, afortunadamente, si se compara con el pasado, la tensión es menor y parece que se sigue el buen camino. 
En cuanto al papel de la TI en Bangladesh, sí, por supuesto que intentaremos ser útiles y hacer algo, pero yo no lo veo, sinceramente, como un atajo fácil, así que nos ajustaremos a las prioridades básicas de nuestro acuerdo con Bangladesh. 
Aunque utilizaremos TI en todas sus aplicaciones posibles. 
Sobre lo que ha dicho usted acerca de centrarnos específicamente en las mujeres en este aspecto, yo diría que Bangladesh puede ser uno de los lugares en los que sería posible experimentarlo. 
Así que deberíamos estar abiertos a estas posibilidades. 
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. van Orden sobre los aspectos regionales. 
Parece que Bangladesh es el chico bueno en la zona y ciertamente deberíamos reconocer este hecho y deberíamos relacionarnos con Bangladesh teniéndolo en cuenta. 
Tiene vecinos que no son precisamente fáciles y el conjunto de la región es más problemática de lo que solemos pensar. 
Hay alrededor de once millones de nacionales de Bangladesh viviendo ilegalmente en India. 
Eso es un número elevado en un contexto europeo, por tanto, desde el punto de vista de la estabilidad, la democratización, las elecciones pacíficas, etc., realmente se enfrenta a bastantes retos. 
Permítanme una vez más que les dé las gracias por este debate tan positivo. 
Espero seguir trabajando con el Parlamento sobre nuestras relaciones con Bangladesh. 
Las cosas se están moviendo tan rápidamente allí si se compara con el pasado que podemos esperar y detectar, en apenas unos años, verdaderos cambios gracias a nuestra cooperación, y eso inspira mucho. 
Por último, estamos deseosos de recibir a Bangladesh como uno de los principales participantes en nuestra conferencia de mayo en Bruselas sobre países menos desarrollados, que se celebrará junto a UNCTAD. 
Será para Bangladesh y para el resto de países menos desarrollados una gran oportunidad de presentarse a sí mismos no como pacientes enfermos en una cama de hospital, con el resto del mundo mirándoles como médicos curiosos, sino como socios de la sociedad global, que representan culturas y potenciales que son importantes para mantener viva la diversidad de la globalización. 
Así que estamos también deseosos de esa cooperación. 
La primera reunión del Comité Conjunto CE-Bangladesh al amparo del nuevo acuerdo de cooperación está prevista para la primera quincena de marzo de 2001, así que el tren está en marcha. 
He recibido una propuesta de resolución presentada sobre la base del apartado 5 del artículo 42. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.40 horas) 
Utilización del uranio empobrecido en Bosnia y en Kosovo ("Síndrome de los Balcanes") 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la utilización de uranio empobrecido en Bosnia y Kosovo. 
Doy la palabra al señor Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Danielsson. 
. (SV) Señora Presidenta, estimados diputados y miembros de la Comisión, las noticias sobre los riesgos para la salud de la población y del personal de las misiones para el fortalecimiento de la paz en los Balcanes y las eventuales consecuencias medioambientales que podría implicar el uranio empobrecido, han causado gran inquietud en Europa. 
Es una preocupación que hay que tomar muy en serio. 
Esta materia debe ser estudiada por las organizaciones e instituciones competentes. 
En noviembre del año pasado, visitaron Kosovo representantes del Programa Medioambiental de la ONU (UNEP) y de la Comisión Internacional de Energía Atómica (IAEA). 
La UNEP trabaja desde hace algún tiempo en la redacción de un informe sobre las consecuencias toxicológicas y radiológicas del uso del uranio empobrecido en los Balcanes. 
Damos la bienvenida a este informe y al informe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está preparando sobre esta misma materia. 
Los posibles riesgos para la salud de los soldados que participan en misiones de paz en los Balcanes son esencialmente responsabilidad de la OTAN y de los estados participantes. 
Los países comunitarios que participan en esas misiones lo hacen sobre la base de decisiones nacionales. 
Sin embargo, para obtener la máxima transparencia posible en esta materia, se está haciendo un intercambio de opiniones en el seno de los órganos del Consejo. 
Habrá una discusión en el almuerzo, durante la reunión con el Consejo (temas generales) , el 22 de enero. 
Esto nos recuerda también la importancia de que se discutan los efectos para la salud y el medio ambiente de las acciones militares para el manejo de las crisis, ahora que la UE está formando su capacidad para manejar crisis. 
Ésta es una parte de la organización de las actividades para el manejo de las crisis y este tipo de trabajos se realizan tanto en la OTAN y en la UEO como en la ONU. 
El tema de las consecuencias medioambientales y de los riesgos para la salud del uranio empobrecido, conduce nuestra atención hacia un asunto particularmente importante: los vastos problemas medioambientales de los Balcanes. 
Las poblaciones de Kosovo, de Yugoslavia y de otros países asolados por la guerra en los Balcanes han sido sometidas a duras pruebas, con largas y trágicas consecuencias. 
A toda Europa le interesa que se superen esas consecuencias en colaboración con los gobiernos de la región, todos ellos democráticos y con anhelos de paz. 
La UE ayuda a los países de la región a resolver sus problemas medioambientales por medio de programas de específicos de la Comisión 
Antes de dar la palabra a la Sra. Wallström, en nombre de la Comisión, tengo una cuestión de orden del Sr. Alavanos. 
Habida cuenta, Sr. Alavanos, de que no se podría modificar la organización de este debate por cuestiones de orden, le pediría que me dijera ahora, tal como establece el Reglamento, en qué artículo del Reglamento fundamenta su cuestión de orden. 
(Al aclarar el Sr. Alavanos que se trata del artículo 37 del Reglamento, la Presidenta le da la palabra) 
Señora Presidenta, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento, el Consejo y la Comisión pueden solicitar hacer una declaración en el Parlamento Europeo; la organización, sin embargo, del debate le corresponde al Presidente del Parlamento Europeo, le corresponde a usted concretamente. 
En este sentido, y dado que el debate es público y está siendo seguido por la conmocionada opinión pública europea, creo que tenemos todos la obligación de pedir al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que hasta hace bien poco era Secretario General de la OTAN, y sobre el cual está pendiente una investigación del Tribunal Internacional de la Haya, en el que podría ser juzgado por crímenes contra la humanidad, según declaraciones de la fiscal al diario La Repubblica, y a otros medios; tenemos, digo, la obligación de pedirle, para no ser acusados de complicidad, que dé explicaciones sobre cómo, en calidad de Secretario General de la OTAN, dio luz verde al desencadenamiento de una "miniguerra" nuclear en los Balcanes. 
Y mucho más cuando el Sr. Solana ha atribuido corresponsabilidad al Parlamento Europeo. 
Y a eso debe usted responder. 
Ha dicho que, puesto que llamábamos a actuar en los Balcanes, nosotros somos también responsables de la miniguerra nuclear. 
Le recuerdo que la organización de este debate se acordó en la Conferencia de Presidentes de la semana pasada. 
Doy la palabra ahora a la Sra. Wallström, en nombre de la Comisión. 
. (EN) Señora Presidenta, antes de entrar en el tema específico del uranio empobrecido, permítame situarlo en su contexto y decir unas palabras sobre la situación del medio ambiente en los Balcanes y sobre lo que la Comisión Europea ha venido haciendo para mejorar dicha situación. 
Casi una década de conflictos en la región, combinados con unas instituciones débiles, una industria obsoleta contaminante y un legado de años de contaminación sin ningún control han dejado el medio ambiente de los Balcanes en un estado de serio abandono. 
El informe del Centro de Medio Ambiente de Budapest, realizado en junio de 1999 por encargo de la Comisión, presentó una evaluación preliminar de las consecuencias medioambientales del conflicto en la región de los Balcanes. 
En octubre de 1999, las fuerzas de intervención de las Naciones Unidas en los Balcanes presentaron, a su vez, su valoración del daño medioambiental ocasionado por el conflicto de Kosovo. 
En nuestros esfuerzos por mejorar la situación de la salud y el medio ambiente en los Balcanes, la Comisión ha establecido un enfoque de doble vía. 
Este enfoque combina, por un lado, medidas para atender los problemas inmediatos con una asistencia a más largo plazo. 
Nuestra asistencia a más largo plazo ha sido ideada para arraigar un proceso de protección sostenible del medio ambiente en los países de la región, todos ellos posibles candidatos a convertirse en miembros de la Unión. 
Permítanme exponer brevemente qué hemos estado haciendo. 
En el marco del Pacto de estabilidad, la Comisión ha sido la fuerza motriz que ha desarrollado el Programa regional de reconstrucción medioambiental. 
Este programa proporciona un marco en el que poder desarrollar acciones en los Balcanes a nivel regional en materia de medio ambiente. 
Al reunir a los distintos donantes bilaterales y a los países de la región, estamos proporcionando un centro de coordinación de lo que, de otra forma, sería un solapamiento de acciones bilaterales dispares. 
Para ayudar al lanzamiento del Programa regional de reconstrucción medioambiental, la Comisión financia actualmente acciones por valor de 5 millones de euros. 
Otros donantes han contribuido con 2,5 millones de euros más, mientras que otros han expresado su intención de aportar aproximadamente 5,8 millones de euros adicionales, lo que hace un total de unos 13,3 millones de euros. 
A través de estas acciones nos hemos fijado el objetivo de crear instituciones, participar en las actividades que la Agencia Europea de Medio Ambiente desarrolla en la región, así como en dos focos medioambientales, uno en Albania y otro en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Nuestra contribución refleja el equilibrio entre sentar las bases para la protección a largo plazo del medio ambiente y la acción de rehabilitación urgente. 
Permítanme pasar a continuación al tema específico del uranio empobrecido y a la alarma social que ha despertado por los posibles riesgos para la salud de la población local, así como para el personal internacional que ha servido o sirve en la región; riesgos que se asocian con la utilización en Kosovo y Bosnia de armas que contienen uranio empobrecido. 
La Comisión, naturalmente, en su afán por velar por los intereses de su personal y de los contratistas que se encuentran en la región, también pide un examen de la situación. 
Permítanme hacer hincapié una vez más en que éste es un tema que ha despertado una preocupación considerable entre la sociedad y que dicha preocupación debe ser atendida. 
Pero sólo podrá ser atendida sobre la base de los hechos y la provisión de toda la información sobre el tema. 
Nuestra consigna debe ser "apertura". 
Es el motivo por el que es fundamental proceder racionalmente y sobre la base de evidencia científica. 
¿Cuáles son pues los hechos? 
El uranio, como ustedes saben, es un elemento radiactivo y tóxico que se encuentra en algunos minerales. 
El uranio empobrecido es menos radiactivo que el uranio natural. 
Existe en grandes cantidades por ser un subproducto del ciclo del combustible nuclear y es muy duro y autoafilante. 
Como tal, se utiliza para construir la punta de los proyectiles para incrementar su poder de penetración. 
No obstante, en estos momentos no existe una opinión científica unánime sobre los efectos del uranio empobrecido para la salud y el medio ambiente. 
Cuando la fuerza de intervención de las Naciones Unidas en los Balcanes presentó su valoración original del daño al medio ambiente que ocasionó el conflicto de Kosovo, aún no había recibido ningún documento oficial que confirmara si durante dicho conflicto se había utilizado o no uranio empobrecido. 
Cuando se tuvo dicha confirmación, el PNUMA llevó a cabo una misión para recoger, por ejemplo, muestras de suelo, agua y vegetación en otoño del pasado año. 
Esperamos que los resultados de dichos exámenes se darán a conocer en marzo del presente año. 
Por nuestra parte, la Comisión ha actuado con rapidez ante las recientes muestras de preocupación para garantizar que cualquier acción de la Comisión en relación con el uranio empobrecido esté basada en un conocimiento científico sólido. 
Hemos hecho uso de las estructuras actuales para convocar una reunión de un grupo de expertos independientes bajo los auspicios del Tratado de Euratom para que dé su opinión sobre las posibles consecuencias para la salud en general de la exposición a uranio empobrecido. 
Esperamos que los expertos hagan uso de todas las pruebas científicas disponibles a la hora de elaborar su opinión. 
La opinión científica del grupo de expertos independientes debería estar disponible en el plazo de un mes. 
A la luz de dicha opinión, la Comisión volverá a examinar si las acciones de seguimiento son o no las adecuadas, por ejemplo, para nuestro personal en la zona. 
También decidiremos si es adecuado prorrogar los programas de asistencia en vigor con vistas a garantizar el desarrollo sostenible de la región. 
La Comisión, naturalmente, invitará a los Estados miembros y a las autoridades internacionales a compartir la información sobre los resultados y los enfoques, y a discutir cualquier acción de seguimiento propuesta que resulte de la opinión proporcionada por los expertos científicos independientes. 
El enfoque de doble vía que he puesto en marcha hace hincapié en el valor añadido de la contribución comunitaria para la resolución de la situación sanitaria y medioambiental en la región de los Balcanes. 
La Comisión confirma su compromiso de reforzar nuestro apoyo a medio y largo plazo para mejorar la situación del medio ambiente y de la salud humana en la región de los Balcanes. 
Señora Presidenta, la población está preocupada porque hay indicios de que podría existir alguna relación entre el uranio empobrecido empleado en la munición y determinados efectos sobre la salud y el medio ambiente. 
Sin embargo, también sabemos que todavía no se ha demostrado que dicha relación sea cierta. 
Ningún estudio científico ha podido demostrarla hasta ahora, ni tampoco ninguna de las investigaciones que se han realizado en España, Italia u otros países. 
Por esto, enlazando con lo que acaba de manifestar el representante de la UE, Sr. Solana, yo quisiera señalar que este debate no supone una aprobación retroactiva de la conducta de Milosevic. 
La intervención que llevaron a cabo los soldados de la OTAN y de los Estados miembros de la Unión Europea en Bosnia y en Kosovo fue una intervención contra un criminal de guerra. 
Tenemos que seguir agradeciendo su intervención a favor de los derechos humanos. 
Los responsables políticos y militares de la misma merecen asimismo nuestra consideración. 
Quiero dejarlo muy claro en este contexto, en nombre de mi Grupo. 
No obstante, ahora tenemos noticia de que la explosión de la munición utilizada desencadena procesos químicos en los que se produce óxido de uranio, por ejemplo, y que podrían ser fuente de problemas. 
En los últimos días, hemos tenido noticia de unas investigaciones realizadas por el Pentágono en enero de 2000, de las que se desprendía que dicha munición también contiene a veces pequeñas cantidades de plutonio. 
Esto entraña un riesgo y es preciso informar a los soldados de la necesidad de observar precauciones especiales en las zonas donde se empleó dicha munición. 
A la vista de estas consideraciones, resulta efectivamente necesario realizar investigaciones que garanticen la seguridad. 
Éstas no constituyen una muestra de debilidad, sino de la credibilidad de las democracias, que investigan estas cuestiones sin ocultar nada. 
Se lo debemos a los soldados y colaboradores de organizaciones no gubernamentales afectados, y también a la población civil de dicha región. 
Tenemos que comprobar si ello ha tenido repercusiones para la salud y el medio ambiente, para luego desactivar la alarma o, por el contrario, retirar permanentemente de la circulación esas armas. 
Ello también exige que mientras se investigan dichas armas y sus efectos se utilice otra munición alternativa de eficacia equivalente, que no pueda tener ninguno de los efectos temidos. 
Yo quiero manifestar mi agradecimiento al Sr. Solana y también a la Comisión por su compromiso de mantener informado al Parlamento Europeo, lo cual nos permitirá adoptar llegado el momento nuestro dictamen final sobre esa base y garantizar así la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados, y también la credibilidad futura de nuestras intervenciones militares, cuando sean necesarias para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Comisión, al Consejo y al Alto Representante per haber aceptado participar en un debate sobre este tema, así como asegurar al Alto Representante que aquí no se trata de reabrir un antiguo debate sobre los motivos de las intervenciones en la antigua Yugoslavia. No sería correcto también porque el contexto ha cambiado profundamente. 
Hoy tenemos la razonable esperanza de poder incorporar a estos países a la Unión Europea; ayer experimentábamos la pesadilla de la limpieza étnica y de los horrores fomentados por las dictaduras de los varios Izetbegovic, Karadzic, Milosevic: ésta era la situación. 
Está bien que el Parlamento Europeo sea la sede en que se afronte de manera responsable y transparente el problema de la posible relación entre la utilización de los proyectiles de uranio empobrecido y cierto número de muertes y de patologías entre los militares de diferentes países que participaron en las operaciones primero en Bosnia y recientemente en Kosovo, junto con la preocupación por las consecuencias directas e indirectas en las poblaciones civiles implicadas. 
La alarma no se justificaría si no hubiera más que la sospecha de que la incidencia de estos casos es superior a la media en las mismas categorías de edad y es por esto que es necesario determinar con exactitud las posibles causas. 
A dicho fin, ya se han adoptado numerosas iniciativas a escala nacional e internacional. 
Exhortamos a la OTAN a erigirse en promotora de las mismas valiéndose de la contribución de la administración americana y, dado que toda posible garantía no puede sino que ofrecerla la comunidad científica, queremos que el Consejo y la Comisión se conviertan en parte activa de esta coordinación y de este intercambio de información y que la Comisión realice su propia investigación científica autónoma. 
Por último, la moratoria y el principio de precaución: aquí no se trata de forzar un principio, el de precaución, elaborado para la seguridad alimentaria, y de trasladarlo sin más a la política exterior. 
Se trata, en cambio, de comprender que el problema de militar se ha convertido en civil y afecta a la protección de la salud y de la vida más allá de la duración de la intervención, la salud y la vida no solo de los militares, sino también de la población civil. 
Señora Presidenta, el Grupo Liberal desea ver sustituida la incertidumbre por la certeza y la confianza. 
Los jóvenes hombres y mujeres deben poder unirse a los cuerpos de pacificación y de mantenimiento de la paz en la seguridad de que no se escatimarán esfuerzos para garantizar su seguridad. 
Se examinarán todos los riesgos, cualquier soldado que esté preocupado podrá ser objeto de una revisión gratuita y a fondo, y se prestará gran atención a los civiles que puedan haber estado expuestos y de ser necesario también serán examinados para que podamos aprender de estas experiencias. 
Fue precisamente por los civiles por lo que intervinimos en Kosovo y en Bosnia, y lo hicimos con sólidas razones morales. 
Las revisiones deben ser a fondo, deben ser realizadas por expertos independientes y debe existir transparencia en cuanto a los métodos y a los posibles factores de incertidumbre. 
De existir cualquier motivo para la preocupación, ha de apostarse por alternativas al uranio empobrecido, y hasta que no exista seguridad, posiblemente deba suspenderse su uso. 
Me gustaría dar las gracias al Sr. Solana por su promesa de que cualquier dato será dado a conocer. 
Haremos que cumpla su promesa y responderá por ella si no la mantiene. 
También me gustaría darle las gracias por señalar nuestra responsabilidad común en la acción militar y humanitaria, la cual es el motivo de que estemos hoy aquí. 
Tuvo resultados prácticos y abrió el camino a la democracia en los Balcanes. 
Esta acción era una obligación moral y podemos estar orgullosos de haber cumplido con ella. 
En abril de 1999, cuando comenzaban los bombardeos de la OTAN, intentamos comprometerlo en el marco de la legislatura precedente. 
Sin éxito. 
Unos días más tarde, exactamente el 5 de mayo, con once colegas, remití una carta al Sr. Solana, que entonces eran Secretario General de la OTAN, porque teníamos la certeza de que ese tipo de armas se estaba utilizando, para pedirle que se pusiera fin a esa utilización al tratarse de armas que pueden plantear, con posterioridad, problemas de salud a las poblaciones y a los militares, eso sin hablar de la contaminación irreversible del medio ambiente. 
En aquellos momentos no recibimos respuesta. 
La OTAN ha proporcionado con cuentagotas una serie de informaciones; como prueba tenemos el hecho de que el grupo de trabajo del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente constató a finales de 1999 que no disponía de información suficiente para valorar el estado de contaminación con uranio empobrecido del territorio de Kosovo. 
Lo que el señor Solana acaba de decirnos hace unos instantes, es decir, que se iba a actuar con transparencia, es nuevo, es algo bueno, pero tengo algunas dudas a la vista de la posición que ha adoptado la OTAN durante un año sobre esa voluntad de transparencia. 
Y tengo aún más dudas cuando oigo las palabras de los representantes actuales de la propia OTAN. 
Y quisiera aclarar una serie de puntos. Porque lo considero necesario. 
Cuando se dice que es preciso establecer un vínculo entre el estado de salud de los militares y la presencia o no de uranio empobrecido, es preciso ser prudente ya que la cuestión no es fácil; varios parámetros entran en consideración para explicar el mal estado de salud de una serie de militares. 
Está la contaminación química, están toda una serie de daños sufridos por el medio ambiente, están las condiciones de vida. 
Por otra parte, sabemos que la contaminación radiactiva no manifiesta sus efectos más que al final de un período relativamente largo. 
Por tanto, no es correcto decir en este momento, como hacen algunos científicos de forma, a mi juicio, ligera, que "no existe ningún vínculo". 
Es demasiado pronto. 
Sin duda, es cierto para algunos militares, pero me sorprendería que se pudiera generalizar. 
Segunda observación: el uranio empobrecido no es algo natural como se intenta hacer creer, o menos radiactivo. 
Es aproximadamente un 20% menos radiactivo que el uranio natural. 
Se trata de un residuo de la industria nuclear. Debe ser tratado como tal. 
Y debo señalar que disponemos de una directiva europea que data de 1996, y que los Estados miembros deberían transponer que prevé que, a partir de una concentración de 10.000 becquereles por kilo, es preciso confinar un residuo así. 
Ahora bien, aquí nos encontramos con una concentración 4000 veces más importante, por consiguiente, resulta completamente absurdo utilizar una munición así para diseminarla en el medio ambiente, crear unas partículas insolubles que se encuentran en las vías respiratorias y en las digestivas, pretender que es preciso probar la existencia de un problema. 
Pero hay necesariamente un problema, o si no ya no entiendo la directiva europea. 
¿Por qué lo que es válido para las poblaciones europeas no puede serlo para las poblaciones de Kosovo y de Bosnia y para los militares? 
Para terminar, quisiera hacerlo con una observación; espero que me disculpen, ya que he sido un poco extenso. 
El fin, Sr. Solana, nunca justifica los medios. 
(Aplausos) 
Nadie aquí toleraba el régimen del Sr. Milosevic. 
Pero el Sr. Milosevic y sus amigos no son víctimas de las radiaciones, no han ingerido uranio empobrecido. 
Las víctimas son las poblaciones locales, los militares, los representantes de las ONG. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, señor Alto Representante, hace un mes, al adoptar la Carta de los Derechos fundamentales, los Quince pretendían afirmarse como una comunidad de valor. 
Una ambición así no conquista su credibilidad solamente por los textos. 
La gana ante todo en la vida, con ocasión de acontecimientos señalados, a través de actos políticos importantes que responden a principios éticos y que, si llega el caso, tienen un coste para aquellos que los cumplen. 
Es en el tajo donde se reconoce al albañil. 
El síndrome de los Balcanes, diez años después de la guerra del Golfo, constituye con toda evidencia un acontecimiento importante. 
Sitúa de forma espectacular a los Quince frente a sus responsabilidades. 
Asumirlas plenamente supone, a mi juicio y a juicio de los miembros de mi Grupo, asumir decisiones valientes en al menos tres direcciones. 
En primer lugar está la dimensión humana del problema. 
Hay personas que han fallecido, otras están sufriendo y otras aún viven la angustia y el miedo por el futuro. 
Entre éstas, se encuentran militares y muchos civiles. 
Lo que hay de bárbaro en algunas armas es que continúan produciendo víctimas después de la guerra, de forma ciega. 
Nos enfrentamos claramente a una situación de este tipo en los Balcanes. 
La comunidad internacional se honró hace algún tiempo desterrando, por esta razón, las minas antipersona. 
Ahora, y en el mismo espíritu, debe prohibir las municiones con uranio empobrecido. 
A los países europeos que las fabrican, tales como Gran Bretaña, Portugal y, desafortunadamente, mi propio país, Francia, corresponde aceptar que se ponga término a su producción, a su almacenaje y naturalmente a su utilización, aunque sea a título experimental. 
No harán otra cosa, por otra parte, más que adecuarse a los principios del Convenio de Ginebra de 1980, que prohíbe cualquier arma que destruya sin discriminación. 
Al mismo tiempo debe reconocerse a las víctimas el derecho a los cuidados y a las reparaciones, a todas las personas afectadas el derecho a un examen médico preventivo, a todas las regiones afectadas el derecho a la descontaminación y a la rehabilitación. 
¿Es serio, es digno rehuir las propias responsabilidades pretendiendo hoy que el peligro de estas municiones no está establecido cuando muchas encuestas públicas e informes internos han aportado claramente la prueba? 
Creo sinceramente que ahí existe un combate de retaguardia, desfasado con respecto a las informaciones de las que disponen nuestros conciudadanos. 
Eso me lleva a mencionar en segundo lugar el desafío democrático que nos plantea este caso dramático. 
Efectivamente, es larga la lista de los silencios culpables, de las contraverdades, de las mentiras por omisión a las que se han entregado, en la medida en que ha sido posible, tanto la OTAN como algunos Estados miembros. 
Por haber aceptado hace tiempo jugar de algún modo el papel de interfaz entre una y otros no puede, Sr. Solana, sorprenderse de que le pidamos hoy explicaciones por hechos graves que van aflorando poco a poco. 
La exigencia de verdad sobre el pasado y de transparencia para el futuro es hoy incuestionable, usted mismo lo ha dicho. 
Pero, sinceramente, desde este punto de vista, creo que ni los Quince, ni la OTAN pueden considerarse libres después de lo que acaba de decirnos, señor Alto Representante. 
(Aplausos) 
Esta dura prueba debe finalmente, a nuestro juicio, servir de ocasión para una reevaluación de nuestro concepto de la organización de la seguridad europea y de las relaciones Unión Europea-OTAN. 
Somos de la opinión de que ya es momento para no dejarnos arrastrar más, ni en el continente europeo ni en el resto del mundo, a los dramáticos callejones sin salida de las opciones estratégicas americanas. 
Pienso en los efectos monstruosos de la guerra del Golfo en la población iraquí, especialmente en los niños. 
Pienso en las destrucciones sistemáticas del potencial económico y del patrimonio ecológico no sólo de Yugoslavia sino también de los países vecinos- véase el Danubio- a lo que se añade finalmente la confirmación de la utilización masiva, en estos conflictos, de armas y municiones que, no solamente producen innumerables víctimas inocentes en el campo de batalla, sino que constituyen una amenaza duradera para las personas que frecuentan las zonas bombardeadas. 
Esto no tiene nada que ver, Sr. Solana, con la defensa de los derechos humanos. 
No, para Europa, el fin no puede justificar los medios. 
Estoy convencido de que, de una u otra forma, estas cuestiones están ya en muchas mentes. 
Después de la etapa de hoy, habrá otras. 
Espero que seamos cada vez más numerosos los que nos incluyamos en esta perspectiva de cambio. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, Señorías, en el año 1950 yo tenía 20 años y arreciaba una campaña en todo el mundo, en Europa, en nuestras universidades, en las escuelas- en aquel entonces intentaron sin éxito entrar en las iglesias- y se trataba de la campaña contra Ridgway, el "general Peste". 
Estaba la guerra llevada por los americanos, por los occidentales, por los capitalistas en Corea, contra los derechos coreanos, y todo el aparato comunista, todo el aparato colaboracionista, de ustedes los comunistas buenos desde hace cincuenta años, desde 1960, desde 1970, se movía para explicarnos que Ridgway, el "general Peste", estaba en el 50º paralelo- no existía todavía la Alianza Atlántica en ejercicio en Extremo Oriente- y que estaba utilizando armas químicas y bacteriológicas para defender a la sociedad injusta y capitalista que oprimía al Tercer Mundo y a su proletariado. 
Compañeros comunistas, compañeros socialistas que entonces teníais los Premios Stalin de la paz en momentos importantes, de 1950 a 1953, algún papista tembloroso de uno u otro bando, ¿hacednos el favor de darnos un momento de respiro en vuestros moralismos a posteriori, en vuestro pedir constantemente cuentas? 
Lo habéis hecho poco. 
Cierto que los bombardeos de Dresde durante la Guerra Mundial fueron quizás algo no necesario y criminal, pero la verdad es que vosotros no insistís en esto: siempre se debe hablar del despliegue comunista, del despliegue de vuestro pacifismo. 
Entonces, un Parlamento Europeo que ahora se encuentra ante una moción por la que se pide una moratoria de este tipo es vil, imprudente, antidemocrático y poco serio: antidemocrático, al fin y al cabo, porque no tiene en cuenta los compromisos solicitados por los parlamentos y los Gobiernos cuando existían estados de necesidad. 
Esperamos conocer con urgencia la verdad científica sobre estas armas, pero si se hubieran usado para impedir que Vukovar fuera arrasada, como lo fue, en Croacia habríamos ahorrado la vida de decenas, di cientos de miles de bosnios, de kosovares, de serbios y demás. 
Señora Presidenta, le doy las gracias por esto y esperando que se esclarezca la verdad contra nuestra tendencia a faltar a ella y a alterarla... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, debemos establecer los hechos en el caso que nos ocupa. 
Hemos recibido ciertas garantías del Sr. Solana, pero sabemos, y nuestros colegas italianos, en particular, nos lo recordarán, que para aquellos cuyos hijos han muerto de leucemia será difícil aceptar sin reservas dichas garantías. 
En estos tiempos cuesta aceptar fácilmente la muerte cuando la mejora de la salud y la prosperidad parecen habernos llevado tan cerca de la inmortalidad. 
Ahora deberemos reforzar las garantías del Sr. Solana con la presentación, lo más amplia posible, de pruebas reiteradas y con la máxima transparencia por parte de las autoridades estadounidenses. 
Me han pedido, en particular mi colega Lord Inglewood que representa la zona de Cumbria, donde se han realizado pruebas de tiro de estas armas, que insista en la necesidad de tener en cuenta las posibles consecuencias para la población civil de la realización de estas pruebas. 
Si el Sr. Solana piensa responder a este debate, quizá quiera abordar este punto. 
Un gran número de soldados británicos participaron en la guerra de los Balcanes y, naturalmente, en la del Golfo, y como Conservadora británica diré lo siguiente: naturalmente, sentimos preocupación por las posibles consecuencias de la utilización de uranio empobrecido, pero ante el telón de fondo de la declaración del Sr. Solana, no creemos que la OTAN deba adoptar una moratoria sobre la utilización de dichas armas. 
Debemos librar guerras terribles contra personas terribles. 
Dicha moratoria podría dejar a nuestros ejércitos en posible desventaja, lo cual podría poner en peligro a un número aún mayor de vidas humanas que las fuerzas de la OTAN. 
Como ha dicho la Sra. Wallström: el peligro real e inmediato en los Balcanes proviene de la degradación generalizada del medio ambiente tras años de abandono, corrupción y guerra. 
Esto es lo que la Unión Europea debe abordar, al tiempo que vigilamos muy atentamente los resultados de las pruebas médicas. 
Para terminar, permítanme decir que la contribución del Sr. Wurtz ha sido muy reveladora de la continua agenda de la izquierda encaminada a alejar a la Unión Europea de los Estados Unidos, lo que tendría como resultado privar a Europa de toda influencia real en el mundo. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estamos desarrollando un debate muy curioso y también cínico. 
Yo casi me siento inclinada a negarme a discutir qué munición, entre las que matan a la gente, es la mejor. 
Eso es, no obstante, lo que estamos haciendo hoy aquí. 
También me niego a participar en el debate sobre qué guerras tienen sentido y cuáles son necesarias. 
Este no es el tema que hoy nos ocupa. 
Hoy tenemos que debatir otra cuestión. 
En el pasado siempre afirmamos- en esto siempre hemos estado todos de acuerdo- que si era necesario recurrir a las armas, la intervención debía ser lo más limitada posible, con los mínimos daños posibles para el medio ambiente y la salud de las personas supervivientes. 
Por esto, en la práctica, siempre condenamos y denostamos las armas químicas, por ejemplo, y siempre coincidimos en que no se debían utilizar, debido a la destrucción y el daño que continúan causando al medio ambiente y a la salud humana mucho después de ser utilizadas. 
En el debate de hoy sobre si la munición que contiene uranio puede provocar o no leucemia- o sea, cáncer sanguíneo -, me molesta oír hablar, ni siquiera al Sr. Solana, a quien tengo en gran estima, sobre si existe una prueba definitiva de lo uno o de lo otro. 
El tema no es si existe una prueba definitiva, y cuando en esta Asamblea debatimos sobre nuestra propia salud y la EEB, todos estuvimos también de acuerdo en que debía prevalecer el principio de cautela, a pesar de que en ningún momento pudimos aportar una prueba directa de que el material infectado provoca las nuevas variantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. 
Hace poco debatimos y celebramos una votación sobre el principio de cautela, y manifestamos que, aun cuando no se disponga de una prueba definitiva, cuando un material o un procedimiento determinados susciten temores justificados, debemos prohibirlos. 
En este momento sabemos que se han incrementado los casos de leucemia. 
Y mientras los científicos continúen discutiendo, mientras ninguno de nosotros sepa cuál de ellos tiene razón, todos deberíamos coincidir en que esa munición no se debe utilizar en ningún caso y se deben aclarar todos los aspectos relacionados con la misma. 
Hoy sin duda debemos decidir como mínimo una moratoria en relación con el uso de dicha munición. 
Pero, además, también debemos preocuparnos por las personas que viven en dichas regiones y velar por su salud y la de sus hijos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, esta mañana he visto en la televisión alemana un reportaje realizado antes de la Guerra del Golfo para la instrucción del ejército americano. 
Ahí se decía literalmente que la asimilación por el cuerpo humano del polvo liberado en la combustión de uranio empobrecido supone un peligro para la salud. 
Es decir, los riesgos inherentes a la utilización de esta sustancia ya eran conocidos antes de la Guerra del Golfo. 
¿Estaban los aliados al tanto de estos datos antes de la Guerra de los Balcanes y antes de la intervención militar, cuya pertinencia no pretendo cuestionar ahora? 
¿Los conocían los gobiernos, los conocían los militares? 
Entonces, ¿por qué no se advirtió a los soldados? 
Entonces ¿por qué dice usted hoy que según la Alianza no se puede demostrar que existe dicho riesgo? 
Muchos han caído enfermos después de haber estado en los Balcanes, tal y como sucedió después de la Guerra del Golfo. 
Nadie sabe cuántas personas se pondrán enfermas en las zonas afectadas. 
¿Quién les brindará una respuesta creíble el día de mañana? 
La imposición de una moratoria sobre la utilización de armas con uranio empobrecido es la única medida que puede restablecer la confianza. 
Señor Presidente, las pruebas que nos llegan de Bosnia en particular apuntan a un aumento masivo de casos de cáncer en los lugares que fueron bombardeados durante la guerra de los Balcanes y donde se utilizaron obuses que contenían uranio empobrecido. 
Ahora se cree que los proyectiles con uranio empobrecido los dispararon los bombarderos que realizaron los ataques en las afueras de Sarajevo, entre otros lugares, durante la guerra de los Balcanes. 
La población de los Balcanes tiene derecho a respuestas completas e inequívocas con respecto a los efectos cancerígenos del uranio empobrecido contenido en los obuses utilizados durante la guerra. 
Este Parlamento y la Unión Europea deberían y deben ser más enérgicos en la búsqueda de respuestas completas a estas cuestiones de salud pública y derechos humanos que son de la máxima importancia. 
Respecto a otro asunto, aunque relacionado con el anterior, sentí un gran malestar cuando leí que las fuerzas del Ministerio de Defensa británico habían disparado obuses que contenían uranio empobrecido en el mar de Irlanda, en el estuario de Solway, entre Inglaterra y Escocia y también en algún lugar del litoral de Cumbria, a tan solo siete millas de una central nuclear británica. 
Este uranio empobrecido se ha utilizado en Cumbria hasta 1995 y se cree que nada menos que 1400 obuses que contenían uranio empobrecido han sido disparados en el estuario de Solway, que es una ensenada del mar de Irlanda. 
Como diputado al Parlamento Europeo que representa a Leinster, que está situado junto al mar de Irlanda, siento una gran preocupación ante estas revelaciones. 
Pido al Gobierno británico que haga una declaración completa sobre este asunto. 
Quiero saber si existe alguna posibilidad de que el uso de proyectiles que contenían uranio empobrecido tenga consecuencias para la salud pública en el lugar al que hoy he hecho referencia. 
El Gobierno británico tiene la responsabilidad de hacer una declaración sobre estas cuestiones. 
Señor Presidente, el caso de los proyectiles con uranio es un nuevo capítulo de la guerra detestable que emprendió contra Serbia. 
Ante este escándalo, Sr. Solana, habla usted con dos años de retraso del principio de transparencia. 
¿Nos toma por imbéciles? 
¿Cree que los Estados Unidos le dejarán hacer cuando han sido necesarios 40 años para ver las películas, los documentos, las víctimas de los experimentos humanos que ellos mismos realizaron con sus propios soldados en buques irradiados, tras las explosiones experimentales de Bikini? 
Lo que sabemos, en cualquier caso, es que se ha reído usted del principio de precaución con el que nos machaca los oídos. 
Lo que sabemos, como acaba de decir la Comisaria Wallström, es que la sonrisa de su portavoz, el señor Shed, disimulaba la utilización de estos explosivos. 
Lo que sabemos es que la tasa de leucemia de nuestros soldados es anormalmente elevada. 
Si se estableciera el vínculo de causalidad sería usted responsable de un crimen de guerra, ya que sólo se ha hablado de los militares, como si el uranio fuera capaz de distinguirlos de los civiles. 
Realmente, señorías, si desean conocer la verdad, búsquenla ustedes mismos, no esperen a que el Sr. Solana, Alto Representante europeo, condene al Sr. Solana, antiguo Secretario General de la OTAN. 
Señor Presidente, estamos abordando un asunto de gran calado que merecería mucho más tiempo y más reflexiones y, a pesar de todo, lo hacemos sobre la base de una ola de emociones que no es propia de la política que tenemos que hacer, pues no somos técnicos. 
Por lo que respecta al principio de precaución, al que acaban de referirse algunos oradores, tengo alguna perplejidad porque, aunque estamos afrontando el problema de las vacas locas, creo que, aunque no disponemos de resultados científicos concretos, nadie se atrevería a decir que no hay que comer ningún tipo de carne. 
Hay que examinar- como decía la Sra. Comisaria con la que coincido totalmente- la que era la situación medioambiental en el territorio, así como, y no cabe duda que hay que hacerlo muy atentamente, cuál es la relación de causa-efecto entre el material empleado- las armas- y las consecuencias en la salud. 
Por otra parte, he de recordar que el uranio empobrecido se utiliza en el ámbito civil para muchos más sectores, a los que, sin duda, deberemos dedicar mucha atención. 
Asimismo, tras la adopción de posturas fuertes, debemos estar atentos a cuál es el riesgo de pánico para quien envía y para quien es enviado por parte de los Estados miembros en el territorio. 
Creo que es preciso examinar con mucha atención este problema y reiterar que todos debemos agradecer a la OTAN lo que hizo y hará. 
No estamos de acuerdo con la idea de la moratoria. 
Señor Presidente, Señorías, hoy celebramos este debate movidos por nuestra preocupación por las personas. 
Éstas incluyen a los soldados, nuestros soldados, allí destacados, pero también a los millones que componen la población civil de Yugoslavia y de Kosovo. 
En este momento no se trata de determinar si la guerra de Kosovo estuvo justificada o no. 
El objetivo- y en este sentido le doy toda la razón al Alto Representante de la PESC- es examinar con absoluta minuciosidad y precisión si existe una relación entre los casos de enfermedad detectados y la cantidad de munición con el llamado uranio enriquecido que se arrojó durante la guerra sobre Yugoslavia y Kosovo, pero también en Bosnia. 
Si ese es nuestro propósito, debemos comprometernos a respetar algunos principios importantes, de manera que al menos nosotros, en nuestra calidad de representantes elegidos de los pueblos de Europa, podamos recuperar la credibilidad que ha perdido la Alianza, como resultado de estos y otros incidentes análogos. 
Ante todo, se requieren estudios minuciosos e independientes realizados por expertos internacionales con ayuda de todos los métodos científicos disponibles. 
En segundo lugar, debemos modificar por completo la política informativa, y yo quiero agradecer en este contexto el compromiso del Consejo, de la Comisión y, sobre todo, también del Alto Representante de la PESC de poner a disposición del Parlamento toda la información. 
Finalmente, en tercer lugar, debemos exigir una moratoria inmediata para todas las armas y munición de estas características hasta que dispongamos de los resultados completos de las investigaciones encargadas, con el fin de poder decidir de manera responsable nuestras decisiones. 
Señor Presidente, es la pesadilla de todos los políticos acabar involucrados en un debate entre científicos en el que muchos sí establecen una relación entre la utilización de uranio empobrecido y el aumento de víctimas mortales y algunos no. 
De este modo, el debate político amenaza con convertirse en una discusión científica. 
Yo soy partidario de que salvemos la tarea de los políticos que, en mi opinión, es doble. 
En primer lugar, opino que la responsabilidad de la Unión Europea consiste en velar por el bien de la población local, en tanto que la responsabilidad sobre los soldados recae en los Estados miembros. 
A mi modo de ver, corresponde a la Unión Europea preocuparse por la población local de las zonas afectadas. 
Nuestra segunda responsabilidad es que no podemos caer en la trampa de centrar todas nuestras declaraciones exclusivamente en la utilización de uranio empobrecido. 
No descarto que el incremento de los casos de fallecimiento pueda tener otras causas. 
Por eso, considero necesario que se lleve a cabo un estudio exhaustivo de todas las anomalías registradas sobre el terreno y en los ejércitos nacionales. 
Por último, me irrita sobremanera que el Sr. Solana y algunos colegas establezcan una relación entre la guerra y los medios en ella utilizados, cometiendo el error de mezclar el fin y los medios. 
Yo estaba a favor de la intervención en la guerra, pero estoy en contra de que se corran riesgos irresponsables. 
Señor Presidente, hay dos tipos de personas frente a las que tenemos una responsabilidad especial: por un lado, los jóvenes meritoriamente empeñados en las operaciones militares en Bosnia y en Kosovo, naturalmente junto con sus familiares; por otro, los destinatarios de esas misiones de paz, o sea, las poblaciones balcánicas. 
Si bien es verdad que el nexo directo o indirecto entre el empleo de proyectiles de uranio empobrecido y los casos de leucemia, cuya lista se va ampliando, aún no ha sido comprobado con certeza, a pesar de que parece cada vez más probable, no lo es menos que estos casos existen y que su incidencia es tal que justifica la máxima preocupación. 
En consecuencia, es justo realizar de manera coordenada todas las investigaciones científicas necesarias para esclarecer el impacto de ese tipo de munición en la salud y en el medio ambiente; entretanto, sin embargo, también es justo aplicar el principio de precaución que en esta ocasión es más apropiado que nunca, motivo por el cual la moratoria es una medida urgente e indispensable. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, a diario, casi cada hora incluso, recibimos nueva información sobre los posibles riesgos. 
Por lo tanto, es muy conveniente que el Parlamento examine hoy este tema. 
Yo agradezco la intervención del Alto Representante, que nos ha prometido completa información y transparencia. 
También para nosotros constituye, en efecto, una novedad poder debatir de este modo sobre temas relativos a la política de seguridad y defensa. 
La política europea de seguridad y defensa nos brinda justamente la oportunidad de situarnos fuera de la órbita de los Estados miembros, donde los Gobiernos argumentan en contra de la oposición cuando se tratan estos temas. 
Por ejemplo, en Alemania- muy al contrario de lo que sucede aquí en esta Cámara -, el Gobierno rojiverde trivializa todos estos riesgos con su Ministro de Defensa al frente. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo, tenemos la oportunidad de recibir explicaciones e información centradas en los hechos, y esto es muy positivo. 
En cambio, es pernicioso- y el presente debate también ha estado marcado por ello- que se proceda a una revisión retrospectiva de la guerra del Golfo o la de Kosovo. 
Señor Wurtz, ya que ha citado la Carta de Derechos Fundamentales y los elevados principios de Europa, yo debo recordarle que en ese momento, cuando estaban en juego los derechos fundamentales europeos, las limpiezas étnicas, la persecución y el terror en los Balcanes, su Grupo político se mantuvo al margen y no respondió. 
También esto debe formar parte del debate. 
Nosotros pedimos que se reúna la información pertinente y que la información disponible en los Estados miembros se recopile a escala europea en colaboración con la ONU- con los organismos especializados de las Naciones Unidas- y vuelva a exponer luego ante esta Asamblea. 
En un conflicto violento es obligado respetar siempre la proporcionalidad de los medios. 
Por esto necesitamos disponer de información y también que se investiguen sistemas de armamento menos dañinos que los que son objeto de debate hoy. 
El Parlamento Europeo puede cumplir su responsabilidad en el marco de la política de seguridad y defensa ofreciendo aportaciones constructivas. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, el mandato que usted recibió para intervenir en Yugoslavia no fue un mandato para utilizar armas que la conciencia de la humanidad rechaza y condena y cuyo potencial de toxicidad, como se mide ahora, era conocido por los mandos militares de la época. 
Si ahora, que han comenzado a revelarse los hechos y seguirán otros más, usted se siente alarmado por la situación, lamento decirle que buscar cómplices en este Parlamento es muestra de cobardía y mal gusto. 
Señor Presidente, sentimos inquietud por los efectos de esos bombardeos en la región de los Balcanes, sentimos inquietud por los soldados que participaron, sentimos inquietud igualmente por los habitantes de las zonas que se convirtieron en campos de batalla, y pedimos una amplia investigación medioambiental sobre el eventual deterioro del medio ambiente en toda la región de los Balcanes. 
Esta inquietud ha llegado a límites que resulta difícil imaginar en esta sala; al menos en la opinión pública de mi país. 
La resolución común pide también una moratoria... 
(El orador es interrumpido por el Presidente) (Aplausos) 
Señor Presidente, sólo tres puntos, porque ya se han dicho muchas cosas. 
Está en las Actas del Parlamento. 
Segundo; el uranio empobrecido es un material peligroso y nocivo, especialmente cuando es utilizado en proyectiles, ya que con el impacto se evapora; se produce óxido de uranio, pasa a la atsmófera y cualquiera puede absorberlo al respirar; los óxidos de uranio son solubles, pueden pasar al agua y a la cadena alimenticia. 
En consecuencia- y conviene tener presente que no hay ningún agente nocivo que no cause daño aun cuando se ingiera en pequeñas dosis- se impone un estudio epidemiológico exhaustivo en el Golfo, en Bosnia y, por supuesto, en Kosovo, aunque allí los efectos, si es que se dejan sentir, serán perceptibles más adelante. 
Tercero; desde el momento en que aceptamos- y usted, señor Solana, lo acepta- que hay razones para llevar a cabo ese estudio, al objeto de llegar, en todo caso, a la verdad, ¿no debería prevalecer el principio de prevención? 
Si alguien me dice- a mí o a cualquiera- "mire, hay que hacer una inspección técnica, porque, sabe usted, su casa podría venirse abajo", ¿me quedaré en la casa mientras termina la inspección o me iré hasta saber el resultado? 
Es algo elemental, y no acepto que el uranio empobrecido sea la única arma de la que dispone la OTAN; en su arsenal se encuentran muchas otras armas que podría utilizar con todo éxito. 
Señor Presidente, aquí se nos ha venido asegurando por parte de diferentes ámbitos que se nos transmitirá abiertamente la información y que los asuntos serán tratados con transparencia. 
Hasta ahora ha faltado esa transparencia. 
Es evidente que debemos tener información como base de nuestras actuaciones, pero coincido con las ideas que se han expuesto aquí sobre la aplicación práctica del principio de precaución. 
El punto siguiente del orden del día es el debate sobre las fuerzas de reacción rápida. 
En este contexto, debemos adoptar una posición clara con respecto a nuestra actitud ante la salud de las personas, aun cuando no tengamos certeza sobre la relación causa efecto, por ejemplo, en los casos de leucemia. 
Es muy posible que aparezcan a largo plazo otros efectos nocivos, por ejemplo, en el agua potable. 
¿Es que podemos partir de la base de que al tiempo de hacer un bien resolviendo conflictos, provoquemos así mismo una gran preocupación e inseguridad en la población civil con respecto a su futuro? 
Señor Presidente, me parece un poco extraño que se hable del principio de cautela en relación con armas que, al fin y al cabo, son diseñadas para que dañen la salud. 
El problema es, naturalmente, que no hay más que pronunciar la palabra "uranio" para que se produzca una explosión de algo que sólo puede describirse como histeria colectiva. 
Ni que decir tiene que deben investigarse las enfermedades y muertes y saludo la acción emprendida por los Estados miembros de la OTAN con este fin, pero debemos emitir un juicio basado en los hechos y los hechos son muy claros por ahora. 
No existe ningún nexo entre el uranio empobrecido y las enfermedades. 
Si analizamos el estudio realizado en los Estados Unidos sobre los veteranos de la guerra del Golfo y lo comparamos con el estudio del grupo de control, no existe ninguna diferencia en los índices de muertes ni en los índices de enfermedades ni en los índices de cáncer entre ambos grupos. 
Debemos asegurarnos de que trabajamos sobre una base de datos científicos y por este motivo no es adecuado pedir una moratoria en estos momentos, cuando no existe un nexo científico entre ambos. 
Existen muchos otros aspectos diferentes relacionados con la guerra de los Balcanes que deberíamos estar investigando, como las bombas de dispersión no explosionadas y el daño medioambiental que ha subrayado la Comisión, pero ciñámonos a los hechos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los diputados que han intervenido, por la forma en que lo han hecho y por la franqueza con que se han expresado, que prueba, de manera clara, que todos tenemos el mismo deseo de que se clarifique esta situación porque lo que nos debe preocupar a todos, sin ningún género de dudas, son las personas que en este momento están enfermas y las que puedan enfermar y sufrir en el futuro. 
Por lo tanto, vaya una vez más mi compromiso de informar en todo aquello en lo que pueda informar. 
Lo que sus Señorías no me pueden pedir es que informe de lo que no tengo capacidad para informar o de lo que no sé. 
Estamos hablando de un tema que, por su propia naturaleza, compete a la responsabilidad de los gobiernos y, por lo tanto, tenemos que estar pendientes de la información que nos proporcionen todos y cada uno de los gobiernos. 
Como he dicho en mi primera intervención, estoy en contacto con los gobiernos y con las organizaciones que están trabajando en este asunto y les puedo garantizar una vez más que, por nuestra parte, por parte del Consejo y por la mía propia, habrá toda la información de que nosotros dispongamos y toda la transparencia. 
De informaciones de las que no disponemos formalmente difícilmente podría hacerles partícipes a sus Señorías. 
En segundo lugar, me gustaría decir que, como algunos de ustedes han señalado, en los análisis científicos tenemos que mantener todas las variables abiertas, no vayamos a estar concentrados en unos parámetros dados y olvidemos otros que puedan tener unas repercusiones también dañinas para la salud. 
Por eso, me encanta haber escuchado, tanto de la Comisión como de algunos diputados que han intervenido, esa apertura para analizar todo lo que pueda tener consecuencias medioambientales. 
Les puedo decir que también yo soy un científico por formación y, además, físico. 
No voy a traer a colación mis conocimientos- ya escasos- de lo que sabía en su momento. 
Pero me parece importante que mantengamos una posición racional frente a este problema y que esperemos a tener toda la información de que podamos disponer para sacar todas las consecuencias. 
En este momento nadie debe dudar de que todos los países y todas las organizaciones internacionales están haciendo los máximos esfuerzos para encontrar una solución a este problema, reuniendo la información más pertinente con la mayor rapidez posible. 
Se han dicho muchísimas cosas, todas muy interesantes. 
De todas he tomado nota, pero no quiero contestarlas una por una porque se han formulado pocas preguntas. 
Pero sí quisiera contestar a algunas de las cosas que se han dicho para evitar malentendidos. 
A los representantes del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiero decirles con toda franqueza y con todo cariño que me enviaron una carta, que la recibí, y que, como ellos mismos saben, porque hablé con ellos, la puse en conocimiento y a disposición de todos los Jefes de Gobierno y ministros de la Unión. 
La carta tuvo una contestación oral, no tuvo una contestación por escrito, pero saben que la decisión que tomaron los gobiernos fue continuar en la línea que habían iniciado ya a partir del mes de mayo en que yo recibí esa carta. 
Por lo tanto, que no entiendan que no hubo respeto a la carta que yo recibí. Hubo respeto a la carta, pero hubo una decisión, por parte de los gobiernos, de actuar de una manera distinta a la propuesta en la carta. 
Pero, por favor, que se entienda que hubo siempre respeto por la carta de cualquiera de los miembros de los Grupos políticos que pertenecen al Parlamento. 
Quisiera hacer dos reflexiones de carácter casi personal. 
En primer lugar, distingo muy bien entre fines y medios. 
No quisiera que se me hiciera el reproche de que confundo fines y medios. 
Distingo perfectamente lo que son los fines y lo que son los medios, y sé muy bien que lo importante son los fines y que la obtención de los fines depende mucho de los medios que se utilicen. 
Los medios y el conocimiento de los mismos cambia con el tiempo. 
Hay veces que se tienen informaciones que determinan que un medio puede ser útil o que deja de ser útil y tenemos que tener en cuenta, cuando hagamos estas reflexiones, la información de que se dispone en el momento preciso en que se toman algunas decisiones. 
Por lo tanto, que quede claro que no estoy confundiendo fines y medios. 
No lo he hecho nunca y me gustaría no hacerlo. 
Quisiera decir algo a quien me acusa de haber pedido complicidad a este Parlamento. No, no estoy pidiendo complicidad en absoluto a este Parlamento, ni hoy ni nunca. 
Son ustedes representantes de la voluntad popular de la Unión Europea y son ustedes responsables de sus actos. 
Lo que tengo y creo que debo compartir con sus Señorías son los momentos en que hemos coincidido hace años o hace meses. 
Eso no es utilizar o hacer cómplice al Parlamento. 
Repito una y mil veces que asumo todas mis responsabilidades, las he asumido siempre en mi vida y las pienso seguir asumiendo y no necesito hacer cómplice a nadie. 
Lo que necesito es pedirles a ustedes que asuman sus responsabilidades. 
Yo asumo las mías y ustedes deben asumir las suyas. 
Y no podemos negar que las resoluciones que se aprobaron en este Parlamento me hicieron pensar. Y cuando yo presidí el Consejo de ministros de la Unión Europea sus resoluciones fueron importantes para mí e importantes también para los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 
Eso no es hacer cómplice a nadie. Es compartir una responsabilidad, como europeos responsables que somos todos los aquí presentes. 
Debemos ser capaces de compartir y de hacernos colectivamente responsables. 
Y nada más. 
Quiero darles las gracias y decirles que volveré el día 31 para un debate sobre Oriente Medio, pero que estoy a su disposición también durante la sesión plenaria para seguir tratando este tema de tanto interés porque en él nos jugamos mucho. Nos jugamos nuestra credibilidad y nos jugamos también seguir dando pasos en la gestión de crisis en la Unión Europea. 
En ese sentido, Señorías, tengan siempre la seguridad de que podrán contar conmigo, al menos con mi buena voluntad; con mi saber ya es más dudoso. 
. (EN) Señor Presidente, yo también deseo comenzar expresando mi agradecimiento a todos los diputados al Parlamento Europeo por sus declaraciones, porque han hecho hincapié en la necesidad de tomar en serio los temores y las preocupaciones por todos aquellos que presentan síntomas y sufren enfermedades, así como en la necesidad de recoger toda la información disponible y examinar también los efectos sobre la salud a largo plazo. 
La Comisión, les aseguro, hará todo lo que esté en sus manos y entre en sus competencias para establecer una base científica sólida en relación con este problema y, naturalmente, también cooperaremos plenamente con otros organismos nacionales e internacionales que trabajan en este ámbito: la OTAN, el PNUMA, el OIEA y la Organización Mundial de la Salud. 
Los esfuerzos de la Comisión serán integrados en nuestro programa más amplio de ayuda a los Balcanes en materia de salud y medio ambiente, porque debemos analizar los efectos acumulados. 
Asimismo acogemos con satisfacción la oportunidad de mantener puntualmente informado al Parlamento Europeo sobre el progreso de nuestros esfuerzos para establecer una base científica sólida sobre los efectos del uranio empobrecido. 
Nos gustaría volver a informar al Parlamento y, naturalmente, siempre estamos dispuestos a responder a cualquier pregunta que el Parlamento desee dirigirnos. 
Señor Presidente, solamente quiero aprovechar la oportunidad para pedir a la Comisaria Wallström y a los demás oradores que aquí en el Parlamento hablen en sus respectivas lenguas maternas; en el caso de la Sra. Wallström, en sueco. 
Muchas gracias, Señoría. 
De conformidad con la Carta de Derechos Fundamentales, la Unión Europea es una tierra libre, donde cada cual puede decidir en qué lengua va a hablar. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Estaba leyendo el texto de la propuesta de resolución común. 
Me gustaría señalar que la firma que suscribe la propuesta en nombre del Grupo Liberal es la de Lord Bethell, a quien damos nuestra más cordial bienvenida a nuestro Grupo. 
Quisiera hacer constar que estamos encantados de contar hoy con un nuevo miembro que firma en nuestro nombre. 
Señor Cox, nos encargaremos de aclarar de manera inequívoca antes de la votación a qué Grupo pertenece Lord Bethell. 
He recibido siete propuestas de resolución y también una propuesta de resolución común, presentada por seis grupos, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Quizá podamos zanjar la cuestión de orden ahora. 
Lord Bethell es y sigue siendo firmemente miembro del Grupo Conservador británico. 
Señor Van Orden, sólo puedo aceptar su aclaración si dispone de poderes por escrito de Lord Bethell que le autoricen a efectuar declaraciones en su nombre. 
Señor Presidente, ya que se habla de resolución común para el síndrome de los Balcanes, quisiera señalar simplemente que mi nombre y el de mi Grupo figuran por error en esta resolución común. 
Señor Wurtz, acabo de anunciar explícitamente que he recibido una propuesta de resolución común presentada por seis grupos, no por siete. 
Conozco muy bien las susceptibilidades de su Grupo en relación con esta cuestión y por eso lo he especificado. 
Dispositivo de reacción rápida 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0392/2000) del Sr. Newton Dunn, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se crea el Dispositivo de Reacción Rápida (COM (2000) 119- C5-0272/2000- 2000/0081 (CNS) ). 
. (EN) Señor Presidente, la presente propuesta es relativa a la asignación de fondos para que la Unión pueda dar una respuesta urgente no militar a las crisis. 
Pertenece al Primer Pilar- para aquellos que entienden la jerga de la Unión- y ha sido impulsada por la Comisión. 
No se trata de una fuerza militar de reacción rápida, que, naturalmente, pertenece al Segundo Pilar y es dirigida por el Consejo de Ministros. 
No obstante, me han invitado, presionado y preguntado cómo voy a desplegar a los soldados, los tanques y los aviones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Me han preguntado si pensamos utilizar las bases navales de Chipre y me han pedido que pronuncie una conferencia ante un congreso de soldados canadienses. 
Quiero dejar perfectamente claro que ésta no tiene nada que ver con la Fuerza de Reacción Rápida militar: se trata de un dispositivo financiero que permita a la Comisión responder a las crisis con gran rapidez. 
A pesar de que la Comisión hará uso de los fondos con la rapidez necesaria, el Parlamento, en su calidad de una de las dos partes de la autoridad presupuestaria, conserva el control. 
Votaremos sobre los fondos y la Comisión deberá informar al Parlamento sobre la utilización que ha dado a los mismos. 
Esperamos que la Comisión utilice los fondos para comprar medicamentos, contratar a médicos o enfermeros, fletar un avión para transportar los medicamentos, los enfermeros o los policías- lo que sea necesario- para responder a la crisis allí donde ésta se produzca; no necesariamente dentro de Europa. 
En el pasado, la Unión ha sido criticada, con razón, por su lentitud en responder a las crisis. 
No hemos sabido enviar una respuesta inmediata cuando la necesidad era más acuciante, y la presente propuesta forma parte de los loables esfuerzos del Comisario Patten para mejorar el programa de ayudas de la Unión, en el que reina un cierto desorden, por ponerlo en términos suaves. 
Confío en que el Parlamento dé su apoyo a la propuesta y volveré sobre este punto. 
Nos interesaría mucho saber, cuando el Comisario responda a este debate, si puede explicar en qué tipos de situaciones prevé él que podrá utilizarse este dispositivo- aunque, naturalmente, nosotros también tenemos algunas ideas. 
Algunos colegas que han leído el informe me han preguntado por qué, si es una idea tan buena, contiene tantas enmiendas. 
La propuesta original de la Comisión data de abril del pasado año, pero desde entonces no ha sucedido nada. 
Fue bloqueada, según parece, por la Presidencia francesa, sin ninguna explicación de lo que estaba ocurriendo. 
Por lo tanto, presenté una pregunta en el turno de preguntas en la que pedía una explicación y, milagrosamente- aunque es posible que no guarde ninguna relación- la Presidencia francesa y la Comisión se unieron para negociar y levantar el bloqueo. 
Ambas presentaron un texto alternativo pero, y lamento tener que decirlo, el Consejo no ha tenido en ningún momento la cortesía de informar al Parlamento sobre la nueva versión del texto. 
Por consiguiente, las numerosas enmiendas que contiene mi informe son un intento de enmendar la propuesta original y de comentar sobre el nuevo texto de compromiso que llegó a nuestras manos, a pesar de que nunca nos fue entregado por la vía oficial. 
El Parlamento sólo celebrará una lectura de la propuesta, que es otro reflejo del déficit democrático que quedó sin corregir en la Cumbre de Niza. 
Debería tratarse, naturalmente, de codecisión, pero no es así. 
No obstante, hemos podido amenazar con hacer uso de nuestra lectura única para retener la propuesta- como el famoso caso de isoglucosa de hace unos años- y si retenemos una opinión, no puede hacerse nada. 
Lo que significa que tenemos un veto efectivo. 
Pero afortunadamente, la comisión parlamentaria ha examinado muy detenidamente la propuesta y está a favor de la misma. 
De ahí las numerosas enmiendas presentadas por la comisión. 
Por último- no entraré en los detalles de las enmiendas- me complace afirmar que la comisión ha aprobado las enmiendas casi por unanimidad, con la única excepción de los Conservadores británicos, que sin duda explicarán a qué se debe su actitud. 
Me vi obligado a abandonar ese partido porque había adoptado un talante totalmente negativo respecto a todo lo relativo a Europa. 
Espero realmente que cuando sometamos esta propuesta a votación, los Conservadores británicos adopten un talante positivo y le den su apoyo incondicional. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Presupuestos acoge con satisfacción el Dispositivo de Reacción Rápida que propone la Comisión. 
Apoyamos la creación de este mecanismo comunitario que permitirá financiar la gestión de las crisis y la prevención de conflictos, concretamente aquellas operaciones en las que no intervengan fuerzas de combate. 
No podemos dejar de considerar acertado que la Unión Europea contribuya al mantenimiento o el restablecimiento del orden público, al fomento del diálogo, a la reconciliación y la mediación, y a evitar que se vulneren los derechos humanos. 
Sin embargo, todo ello sólo puede ser o llegar a ser eficaz si dicho Dispositivo de Reacción Rápida permite efectivamente una intervención rápida. 
Por esto nosotros apoyamos explícitamente el procedimiento de aplicación que propone la Comisión, o sea, la comitología, incluido un comité consultivo. 
Con especial hincapié en el término "consultivo". 
En efecto, a lo largo de los años, la Comisión ha venido aplicando- con el respaldo del Parlamento, todo sea dicho- el enfoque de la comunitarización. 
Es decir, la transferencia de actividades del ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, o sea, del segundo pilar, al pilar comunitario. 
Esta tendencia se mantiene en la presente propuesta sobre el Dispositivo de Reacción Rápida. 
Hasta aquí, nada que objetar. 
Los créditos necesarios deberán proceder, empero, de la rúbrica 4 de las perspectivas financieras. 
Todas y todos los colegas saben, no obstante, cuán ajustados son nuestros recursos financieros en la rúbrica "Políticas exteriores" desde hace dos ejercicios como mínimo. 
En este terreno hemos mantenido en cada ocasión los enfrentamientos más duros con el Consejo en relación con el presupuesto. 
No se requieren dotes de adivinación para vaticinar que algo parecido ocurrirá este año. 
Por esto, pedimos a la Comisión competente para el fondo dos cosas: en primer lugar, que inste a la Comisión y al Consejo a que expongan en un informe conjunto sus intenciones en este ámbito y, sobre todo, el modo en que piensan repartir las responsabilidades entre ambos y cómo se proponen financiar las medidas, y en segundo lugar, que incluyan en el texto un considerando que exprese claramente que los créditos destinados al Dispositivo de Reacción Rápida se deberán financiar en el marco del la rúbrica 4. 
El ponente y la Comisión competente para el fondo han hecho suyos estos aspectos de política presupuestaria, lo cual les agradecemos mucho. 
Señor Presidente, la Comisión Europea posee una serie de competencias importantes que le permiten contribuir con medios civiles a la gestión de situaciones que amenazan con desbordarse. 
Estas mismas competencias pueden utilizarse en la fase de estabilización posterior a los conflictos armados para evitar que las cosas vuelvan a complicarse. 
Aparte del personal de asistencia habitual se requiere la colaboración de monitores, funcionarios públicos, formadores y fuerzas policiales. 
Estos proyectos y esta política de ayuda tienen un objetivo específico: la estabilización de una región determinada. 
Aplaudimos esta iniciativa que, al reunir todos esos instrumentos civiles en un dispositivo de reacción rápida, les dota de la necesaria coherencia política y organizativa. 
A partir de este momento resultará mucho más fácil dar forma a la responsabilidad de la Unión Europea ante el orden jurídico internacional. 
Además, permite a la Comisión y al Comisario competente formular sus propias iniciativas y propuestas. 
En nuestra opinión, la interacción entre el ponente y la Comisión ha dado lugar a una excelente resolución. 
Ambos se han negado a mantener o a introducir estructuras superfluas que retrasen la toma de decisiones. 
El ponente señala con razón que es necesario asignar suficientes recursos financieros y crear una célula de gestión y ejecución financiera con una formación adecuada. 
En algunos puntos mi Grupo prefiere el texto de la Comisión a las enmiendas del ponente. 
Así por ejemplo, me parece sumamente útil la enumeración de ejemplos y objetivos del dispositivo de reacción rápida tal y como figuran en el apartado 1 del artículo 1. 
El informe hace hincapié en la necesidad de implicar claramente al Parlamento Europeo en esta política. 
Como es probable que la falta de coordinación entre los esfuerzos de los Estados miembros perdure en el futuro, el informe aboga oportunamente por un sistema de intercambio de información. 
Quién sabe si a largo plazo cabe la posibilidad de una coordinación y un control más profundos. 
Aprendemos a base de errores. 
Los ejemplos de Bosnia y Herzegovina y Kosovo ilustran cómo nos hemos equivocado y cómo hemos ido aprendiendo. 
En este sentido el dispositivo de reacción rápida supone un enorme adelanto. 
Obviamente, esperamos tener que utilizarlo lo menos posible, pero eso no es más que una vana ilusión. 
Sabemos que en política es bueno guardarse esta posibilidad, como complemento de la unidad militar de reacción rápida que está bajo la responsabilidad del Sr. Solana. 
Creemos que en el futuro las facultades civiles de la Unión Europea serán las más importantes para la preservación de la paz y del orden y, evidentemente, es deseable que así sea. 
Al fin y al cabo, nosotros, como todo el mundo, también aspiramos a que los instrumentos civiles prevalezcan sobre los militares, pero es mejor no decirlo en voz demasiado alta en este entorno que suele vacilar en momentos en que es necesario poner en práctica los instrumentos militares. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar al Sr. Newton Dunn por habernos guiado hábilmente a través de los complejos preparativos del informe, primero en la Comisión de Asuntos Exteriores y ahora también aquí. 
A este respecto es muy significativo que en el Pleno solamente se haya presentado una enmienda a su informe. Debo decir que mi Grupo respaldará dicha enmienda. 
La propuesta de crear un dispositivo de reacción rápida que permita suministrar financiación inmediata merece el pleno apoyo de mi Grupo. 
Concuerda con nuestro firme deseo de que en las inminentes situaciones de conflicto se dé prioridad a los instrumentos civiles. 
Es éste el segundo paso concreto tras haberse establecido el primer requisito que consiste en la creación de una fuerza policial de rápida reacción. 
Esperamos con gran expectación una propuesta detallada para un paquete integrado que incluya los denominados headline goals u objetivos prioritarios. 
Queremos que exista un equilibrio entre los esfuerzos realizados por la UE en los ámbitos de la gestión civil y militar de crisis. 
Es importante que en situaciones de emergencia la UE pueda reaccionar rápidamente con una amplia y adecuada gama de instrumentos. 
Por eso se propone que el dispositivo de reacción rápida se regule por procedimientos sencillos. 
Si nos atenemos al marco comunitario nos evitamos la comitología. 
Si bien es cierto que en teoría esta opción reduce el número de países susceptibles de beneficiarse del presente instrumento, creemos que en la práctica no habrá ningún problema. 
¿Acaso hay alguna región en el mundo donde no esté trabajando la Unión Europea? 
Ahí donde la Comisión propone formalmente- y lo entendemos- que el dispositivo se utilice para garantizar la ejecución de los programas de la UE, nosotros desearíamos que se añadiera el término "políticas comunitarias". De este modo se amplía el espectro. 
Para no entorpecer el buen funcionamiento del dispositivo hemos sugerido que no se establezcan límites financieros previos ni se incluyan plazos en el reglamento. 
El dispositivo de reacción rápida ha de ser flexible por naturaleza. 
Rogamos a la Comisión que sobre todo al principio realice numerosas y frecuentes evaluaciones y mantenga informado al Parlamento. 
Sentimos asimismo una gran curiosidad por saber cuál va a ser la relación entre el dispositivo y el programa ECHO. 
Se trata de un instrumento nuevo y sus dificultades iniciales pueden resultar muy instructivas. 
Para concluir quisiera preguntar si en el futuro cabe la posibilidad de abrir un debate con el Comisario acerca del uso del dispositivo en casos concretos. Ahora estamos celebrando una discusión teórica sobre los instrumentos, pero más en adelante tendremos que hablar de las aplicaciones prácticas y creo que para ello es imprescindible una reflexión sobre posibles escenarios futuros. 
Señor Presidente, el mundo espera cada vez más de Europa cuando surge un problema y esta expectativa está plenamente justificada. 
Tenemos los medios, la organización y el propósito de ayudar en situaciones de emergencia. De la América de Bush no cabe esperar gran cosa en este sentido, sobre todo en lo que a África se refiere. 
Es por eso por lo que aplaudo la propuesta de la Comisión de crear un dispositivo de reacción rápida, aparte de la unidad militar y como complemento de ECHO. 
No cabe duda de que este nuevo mecanismo responde a una necesidad real. Es más, no me extrañaría que en poco tiempo la demanda acabe superando la oferta de ayuda. 
Considero que los recursos financieros asignados para este año constituyen una verdadera ofensa para el DRR, que es un proyecto muy serio. 
Incluso si el importe actual se duplica o se triplica en años posteriores no dejará de ser una suma ridícula en comparación con la gran cantidad de acciones que pueden entrar a formar parte del nuevo concepto. 
Se trata de decidir, actuar y financiar con celeridad. 
Por eso mismo, sorprende un tanto ver la impresionante lista de operaciones que recoge el por otra parte excelente informe NEWTON DUNN. 
En ella figuran numerosas tareas importantes que en realidad carecen de ese carácter urgente. Pienso por ejemplo en la enseñanza, la supervisión de elecciones y la retirada de minas. 
¿Puede el Comisario indicarnos claramente cuál debe ser, a su juicio, el campo de acción, sobre todo habida cuenta de las limitadas posibilidades financieras? 
Me agrada el planteamiento del DRR como iniciativa perteneciente al primer pilar que cae bajo la responsabilidad de la Comisión. 
Es harto importante que se implique de lleno al Parlamento. 
¿Se nos informará con el debido tiempo de las acciones planificadas? 
Los problemas de competencia y la rivalidad entre los Sres. Patton y Solana dan mucho que hablar. 
Sobre el papel el reparto de las tareas militares y civiles entre los gobiernos y la Comisión no supone ningún problema, pero en la práctica puede resultar mucho más problemática. 
¿Puede el Comisario tranquilizarnos al respecto? 
Las operaciones europeas políticas, militares y civiles han de coordinarse debidamente. Es otra cosa que el mundo espera de nosotros, y con razón. 
Señor Presidente, desde el Consejo de Amsterdam, la Unión se ha erigido orgullosamente en bombero de las situaciones de crisis en Europa. 
El único problema es que ni siquiera dispone de cubos para acarrear el agua. 
El fondo extraordinario para hacer frente a las situaciones de crisis aporta por lo menos los cubos y yo lo celebro de veras. 
Sin embargo, habría deseado, además, que un cuerpo de bomberos aportase mangueras contra incendios. El colega ya ha resaltado también que la dotación de este fondo no corresponde a las necesidades; pero las mangueras contra incendios son caras, qué le vamos a hacer. 
Aun así, el fondo extraordinario constituye un progreso y yo debo recordar claramente otra vez que su definición es muy parcial, puesto que sólo cubre las medidas posteriores. 
Las medidas previas, las medidas preventivas, son sin embargo mucho más importantes. 
Las fuerzas policiales no bastan para ello y por esto nosotros esperamos que también se prevea la financiación de una fuerza de paz civil europea, tal como solicitó el Parlamento en su resolución de 1999, y le pedimos al Sr. Solana que siga con mayor atención estas cuestiones. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Newton Dunn por su informe y por la facilidad con que la comisión ha recogido todo tipo de sugerencias. 
La iniciativa que ha tomado la Comisión nos parece importante. 
Sin embargo, hay que señalar que en nuestro Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, aunque no existe un único punto de vista sobre esta materia- lo que es comprensible -, la mayoría estamos a favor de este dispositivo de reacción rápida. 
Pensamos que es importante, que debe situarse como política comunitaria europea y que debe ponerse más énfasis en la prevención de conflictos como dimensión europea de contribución a la paz. 
Por ello, habríamos deseado una mayor financiación, más coordinación para la eficacia entre los distintos programas que pueden aplicarse, así como también mayor corresponsabilidad respecto a la ulterior- y a veces, desgraciadamente, necesaria- intervención militar, que quizá no lo sea si se realizan las fases anteriores. 
Señor Presidente, el debate acerca del dispositivo de reacción rápida se está alargando demasiado. 
Los Estados miembros siguen sin ponerse de acuerdo sobre el contenido del dispositivo y, según parece, el consenso no está a la vuelta de la esquina, a pesar de que las consecuencias financieras son mínimas. 
Los Estados miembros ni siquiera tienen que aumentar su contribución a la política exterior de la Unión. Tan sólo se les pide que aprueben la reestructuración de los recursos existentes. 
Estas difíciles negociaciones demuestran una vez más que en la práctica los nobles ideales en materia de política exterior europea se estrellan contra las posiciones inamovibles de los Estados nacionales. 
La eliminación de los límites geográficos de los programas comunitarios no puede dar lugar a que la Unión Europea acabe interviniendo arbitrariamente en todo el mundo. 
Por ello, me alegro de que el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores concrete la propuesta inicial. Las acciones emprendidas en el marco del dispositivo han de situarse necesariamente en el ámbito de los programas europeos. 
Se podrá poner en marcha dondequiera que haya una crisis que haga peligrar la ejecución de los mismos. 
Hay, sin embargo, un punto en el que no comparto las conclusiones del informe. 
A diferencia del ponente soy partidario de mantener el Comité de Crisis al que hace referencia la propuesta de la Comisión. 
De este modo, evitamos que los Estados miembros carezcan de apoyo para desplegar las acciones. 
Además, garantizamos la necesaria coherencia entre las acciones de la Unión y de los Estados miembros, lo cual no es poca cosa después de todas las críticas que se han vertido contra la Unión a lo largo de los últimos años. 
Tampoco me convencen las sugerencias que se hacen en la exposición de motivos para modificar el fundamento jurídico de este reglamento. 
El único artículo en el que se puede fundamentar la presente propuesta es el artículo 308. 
Además, dudo que la inclusión del artículo 179 redunde en beneficio de la rapidez de este dispositivo. 
Creo que el procedimiento de codecisión retardaría innecesariamente la puesta en marcha del mismo. 
Por otra parte, sí considero imprescindible que podamos exigir cuentas a la Comisión sobre la utilización del dispositivo. 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento por el que se crea un dispositivo especial de intervención rápida en situaciones de crisis se incluye dentro de la categoría de aquellas cuyo objetivo es absolutamente deseable, pero cuya ejecución podría fracasar debido a los obstáculos burocráticos y las disputas por las competencias y la influencia. 
La Unión Europea no ha desempeñado hasta ahora un papel demasiado convincente en el marco de la intervención en situaciones de crisis y la resolución de conflictos. 
El motivo no parece ser la falta de esfuerzos personales o financieros. 
Al contrario, más bien se trata de un problema de gestión, de planificación y de coordinación de las diferentes propuestas y medidas. 
Aun así, la intención declarada de intervenir de manera más activa en la resolución de conflictos y ante situaciones de crisis se debe interpretar como un paso importante en la dirección adecuada. 
Hasta ahora la Unión Europea ha dedicado sobre todo recursos financieros a actividades, en parte muy loables, destinadas a mejorar la situación en las zonas afectadas por crisis. 
No obstante, el dinero no siempre es un sucedáneo de la determinación y la influencia políticas. 
Si la Unión Europea quiere desempeñar un papel más importante en el futuro, esto requerirá la voluntad política de incrementar su intervención con las medidas adecuadas. 
Yo sólo estoy aquí en calidad de representante de un país pequeño, pero puedo asegurarles que Austria, con su larga tradición de neutralidad y de no participación en alianzas, cuenta con una gran experiencia en el ámbito de la mediación política y la intervención en situaciones de crisis y goza de la correspondiente aceptación entre las partes en conflicto. 
Este es posiblemente un ámbito en el que se debería prestar mayor atención a las experiencias de los países más pequeños de la UE. 
Lo que se requiere no son primordialmente recursos financieros y grandes organizaciones de tamaño desmesurado, sino que en las intervenciones en situaciones de crisis y los esfuerzos de mediación lo que cuenta es sobre todo la confianza de los grupos enfrentados en la oferta de intervención. 
Y la Unión Europea hasta ahora ha fracasado justamente en este aspecto. 
Tenemos un problema de imagen frente a las partes en conflicto en muchos de los focos de crisis del mundo. 
Éste no se puede resolver únicamente por medio de nuevos departamentos y planes financieros. 
Es decir que aún nos falta la voluntad convincente de asumir una mayor responsabilidad en el ámbito de la mediación y la intervención en situaciones de crisis. 
Señor Presidente, espero poder contar con la atención del Comisario, que en estos momentos mantiene una conversación con el Sr. Brok. 
Desde todos los sectores de este Parlamento hemos venido pidiendo a la Comisión que introduzca procedimientos administrativos y de gestión financiera más eficientes de manera que pueda proporcionar asistencia exterior y ejecutar sus programas, como la acción antiminas, con urgencia en tiempos de crisis o cuando está en juego la vida de las personas. 
En nuestra opinión, éste era el motivo intrínseco que se escondía tras la propuesta del Sr. Patten en favor de un dispositivo de reacción rápida. 
Espero que así sea y me quisiera pedir al Comisario que nos confirme este extremo. 
Es una pena que se haya utilizado el término "Dispositivo de Reacción Rápida" para lo que, en definitiva, debería ser una cuestión de procedimiento, un instrumento de gestión financiera. 
El término se presta a ser confundido fácilmente con la "Fuerza de Reacción Rápida"; ha sido confundido en los medios de comunicación e incluso en el propio boletín del Parlamento de esta semana. 
Quizá, en aras de una mayor claridad y para evitar malentendidos, la Comisión podría cambiar el nombre por algo así como "Dispositivo de financiación urgente". 
Apoyamos el principio, como he descrito, pero parecen haberse colado algunos elementos poco afortunados. 
En primer lugar, en vez de hacer referencia al dispositivo en el contexto de la PESC y de las acciones exteriores de la Comisión bajo el Primer Pilar, se ha situado en el contexto de la Seguridad Común y Política de Defensa. 
Hemos expresado nuestra preocupación en muchas ocasiones por el hecho de que la UE se inmiscuya en asuntos militares y los acontecimientos en Niza no han aliviado nuestras reservas. 
Se trata de un asunto distinto. 
El dispositivo financiero de la Comisión no debería confundirse con estos temas de defensa. 
En segundo lugar, hay un hilo de corrección política que recorre toda la propuesta. 
Me desconcierta, por ejemplo, la idea de que la lucha contra la discriminación por razones de sexo entre en la categoría de gestión de crisis y desencadene la utilización del dispositivo de reacción rápida. 
En tercer lugar, y para nosotros más importante, el ponente, Sr. Newton Dunn, ha aprovechado la ocasión para introducir una enmienda relativa a uno de sus temas favoritos, a saber, la creación de una Fuerza Europea de Seguridad Pública, en otras palabras, una gendarmerie o policía armada europea. 
Éste es el motivo principal por el que no podemos aceptar este informe. 
No queremos un ejército europeo y desde luego no queremos un cuerpo policial europeo. 
Queremos que la Comisión lleve a cabo su asistencia exterior con mayor eficacia y acogemos con satisfacción las medidas que persiguen este fin. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo siempre se ha pronunciado por la necesidad de incrementar la capacidad de intervención no militar de la Unión Europea. 
Por tanto, nos congratulamos de la propuesta del Consejo y apoyamos el informe de nuestro colega Newton Dunn, que introduce propuestas que perfeccionan el texto. 
En este caso se trata, evidentemente, de asuntos del ámbito del primer pilar. 
Ahora bien, sabido es que en el ámbito del segundo pilar se está construyendo un dispositivo militar de reacción rápida destinado a desempeñar tareas del tipo Petersberg. 
Tareas que, según se prevé, se ejecutarán en terceros países donde también deberá actuar el dispositivo no militar de reacción rápida. 
Pero, ¿cómo? 
¿Cuáles serán las modalidades de esa relación? 
¿Cuál la coordinación? 
Así, pues, creo que habría sido provechoso que el documento abordara también ese aspecto. 
Y, como diputado a este Parlamento, quisiera asistir al derrumbe de algunas barreras que separan terrenos de competencia de unos y otros para que haya mayor cooperación dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, mi partido reconoce plenamente la necesidad de que los países desarrollados pongan a disposición recursos para paliar las crisis internacionales y que nuestra respuesta sea rápida y eficaz. 
En este contexto, la propuesta de la Comisión parece atractiva porque prevé los mecanismos necesarios para ofrecer una respuesta a situaciones de crisis. 
No obstante, creemos que para que nuestros esfuerzos sean rápidos a la vez que eficaces, deberían ser planificados, financiados y ejecutados a una escala realmente internacional, utilizando los recursos y las posibilidades de todo el mundo libre, incluidas la influencia técnica y la buena voluntad de los Estados Unidos. 
Los mecanismos para garantizar esto ya existen en la forma de las Naciones Unidas y sus distintos organismos. 
Aunque imperfectos y siempre susceptibles de reforma, estos organismos han proporcionado un buen servicio y aliviado mucho sufrimiento. 
De cara al futuro, el modo de garantizar la optimización de las respuestas es continuar trabajando a través de dichos organismos, velando por una utilización sabia y eficaz de los recursos. 
En cuanto a la propuesta de la Comisión, trata sencillamente de volver a inventar la rueda, anteponiendo las ambiciones políticas de la Unión Europea a las necesidades de las personas que sufren. 
Las personas afectadas por una crisis necesitan el Dispositivo de Reacción Rápida europeo del mismo modo que un pez necesita una bicicleta. 
Debemos abandonar estos planes grandiosos y apoyar y desarrollar los organismos existentes que tienen una trayectoria mejor de la que jamás tendrá la UE. 
Señor Presidente, aprovecho que tratamos sobre este asunto para expresar mi gran satisfacción por la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco que acabo de ver hoy, relativa a un plan de acción orientado hacia el objetivo para la prevención de conflictos, porque como he dicho en anteriores ocasiones, en la Unión Europea deberíamos transmitir una filosofía de paz a las zonas de conflicto y no limitarnos a enviar a ejércitos. 
La Unión Europea es el mejor ejemplo de resolución de conflictos de la historia mundial y eso es algo que a veces tendemos a olvidar. 
Contemplemos el siglo pasado: la primera mitad estuvo marcada por el peor conflicto que jamás ha presenciado el mundo; dos guerras mundiales y millones de muertos y heridos. 
Y sin embargo, quién habría podido prever que en la segunda mitad de ese siglo esos mismos pueblos se unirían en el seno de la Unión Europea. 
Sé por propia experiencia que los principios centrales de la Unión Europea resolverán los conflictos en cualquier lugar del mundo en que se apliquen. 
Por consiguiente, ¿no creen que es una sugerencia muy positiva y sensata que la Unión Europea disponga de un departamento que se ocupe precisamente de eso? 
En otras palabras, la Comisión debería disponer de un departamento de paz y reconciliación y tener un Comisario para la paz y la reconciliación que se desplace de antemano a las zonas del conflicto y aplique los principios de resolución de conflictos, en particular, aquellos que constituyen el núcleo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, lamento profundamente que algunos diputados de mi región del Reino Unido pertenecientes a diferentes partidos hayan dicho durante el debate que se opondrán al presente informe. 
Me complace apoyar el Dispositivo de Reacción Rápida y lo hago en mi calidad de miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlamento. 
En la semana en que 600 personas han perecido víctimas del terremoto en El Salvador, esta Unión Europea debe poder actuar con mayor rapidez precisamente porque no supimos hacerlo en respuesta al huracán Mitch en aquel mismo país en 1998. 
Pido al Comisario Patten que cuando cierre el debate, primero, nos garantice que el dispositivo será utilizado en respuesta a crisis en cualquier lugar del mundo y en apoyo de los objetivos de la UE en materia de desarrollo y no sólo en el patio trasero de Europa. 
Segundo, podría decirnos cómo ha podido hacer semejante promesa cuando año tras año la Comisión propone financiar intervenciones en la Europa central y oriental y en la antigua Yugoslavia a expensas de partidas presupuestarias que deberían beneficiar a los países en desarrollo. 
Tercero, se encargará el Sr. Comisario de presentar la relación operativa detallada que existe entre el Dispositivo de Reacción Rápida y la financiación de ECHO y también explicar por qué no ha presentado al mismo tiempo y de una sola vez propuestas para acelerar nuestra asistencia humanitaria como parte del programa de reforma que, como sabe, apoyamos. 
Por último, puede decirnos el Sr. Comisario si comparte nuestra creencia de que el desarrollo es la mejor prevención de conflictos y si se compromete a mejorar el programa de desarrollo de la UE para evitar la necesidad de intervención en caso de crisis en los años venideros. 
Corea (RPD) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las preguntas orales siguientes: 
B5-056/2000, del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, al Consejo, sobre la República Popular Democrática de Corea. 
B5-0825/2000, del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a la Comisión, sobre la República Popular Democrática de Corea. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, permítanme que diga unas palabras sobre la pregunta de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, formulada en particular a raíz de la información obtenida por nuestros colegas Santer y otros en el curso de su viaje a Corea del Norte. 
Yo considero que la Unión Europea debe desempeñar un papel más importante en este contexto del que ha cumplido hasta ahora y que nuestra política exterior no se puede basar exclusivamente en el apoyo al programa de la KEDO. 
Desde luego, es lamentable que ocho países miembros hayan establecido entre tanto relaciones diplomáticas con Corea del Norte sin que ello haya ido acompañado de ningún tipo de actuación coordinada con respecto a dicho país. 
El año pasado fue extraordinariamente significativo para la península de Corea, sobre todo como resultado de la política de aproximación entre Corea del Norte y Corea del Sur y los intercambios familiares que ésta ha hecho posibles. 
No obstante, tenemos que comprender que esta región continúa siendo una zona potencial de crisis sumamente importante. 
Por otra parte, en este momento existe la oportunidad política de alcanzar un arreglo de paz duradero. 
Por esto es preciso que la Unión Europea actúe en este ámbito en su calidad de actor internacional en un mundo multipolar. 
El objetivo ha de ser apoyar una política que haga posible la democracia y el respeto de los derechos humanos en Corea del Norte y que, sobre esta base, contribuya de manera significativa al progresivo entendimiento entre las dos zonas de Corea. El mismo que ha permitido que, tras el encuentro entre ambos presidentes, se reanudara por primera vez el debate sobre la unificación del país. 
Dicha política también debería ir acompañada de la posibilidad de obtener información más precisa sobre las cuestiones relacionadas con la situación alimentaria y el sistema sanitario de Corea del Norte, así como sobre cómo se podrían vincular las correspondientes medidas de ayuda a un proyecto político que permita mejorar la situación y quizá promover también a la vez una evolución necesaria que contribuya a la pacificación de la región. 
En efecto, una pacificación de dicha región también es, obviamente, de importancia mundial. 
Corea del Norte es un actor importante en nuestro mundo, en su calidad de proveedor de armamento, y un país que podría llegar a constituir una amenaza importante para otras zonas del continente asiático y fuera de éste, asociada al desarrollo de armas de destrucción en masa y vehículos portadores más modernos. 
Señora Presidenta, a mi parecer, esto nos obliga a intentar mejorar la situación en estos aspectos con objeto de atajar la proliferación de armamento y contribuir así a la estabilidad mundial. 
Yo confío que nuestra propuesta de resolución merezca su apoyo y que el Consejo y la Comisión puedan emprender un proceso coordinado junto con el Parlamento Europeo que nos permita hacer una aportación en esa zona, también en interés propio. 
. (SV) Señora Presidenta, estimados diputados, en la conferencia que se realizó en Pyongyang, entre el 25 y el 27 de noviembre del año pasado, la troica europea manifestó, en el marco del diálogo político, las partes sustanciales de las líneas de acción de la Unión Europea frente a la República Popular Democrática de Corea, líneas de acción que habían sido aprobadas por el Consejo en sus reuniones del 9 de octubre y del 20 de noviembre. 
Permítanme mencionar brevemente las tres líneas de ación más importantes. 
En primer lugar está el apoyo de la Unión al trabajo para conseguir una paz duradera entre los dos estados coreanos. 
En segundo lugar encontramos la importancia de que la República Popular Democrática de Corea adopte una posición responsable en relación con la no proliferación de armas atómicas y misiles balísticos, además de que termine con la exportación de misiles. 
En tercer lugar está el respeto a la Convención de Derechos Humanos de la ONU. 
En relación con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular Democrática de Corea, el Consejo acordó el 20 de noviembre del año pasado que las partes interesadas deberán intercambiar opiniones e informar al Consejo sobre el contenido de las discusiones con Pyongyang. 
En reiteradas oportunidades el Consejo ha pedido a la República Popular Democrática de Corea que cumpla con los compromisos del tratado de no proliferación de armas nucleares y que interrumpa la fabricación, prueba y exportación de misiles y de su tecnología. 
La Unión también ha instado a la República Popular Democrática de Corea para que firme y ratifique el tratado sobre prohibición total de explosiones atómicas. 
Además, la Unión ha comunicado a la República Popular Democrática de Corea que se espera que tome medidas concretas en esas materias. 
En todos sus contactos con la República Popular Democrática de Corea, la Unión ha subrayado su gran preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en ese país, por la cantidad de prisioneros políticos, por la ausencia de legislación nacional y por la negativa de las autoridades coreanas a colaborar en conformidad con los mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos. 
Se ha exigido que se mejores estos aspectos. 
Vamos a continuar haciendo hincapié en estos temas. 
La Unión aplaude la decisión de la República Popular Democrática de Corea de continuar durante el año 2000 informando en conformidad con la Convención sobre Derechos Políticos y Ciudadanos de la ONU y espera que este país inicie un diálogo útil y constructivo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, basándose en su propio informe. 
En cuanto a eventuales medidas, el Consejo ha instado a la Comisión para que trate el tema de las medidas técnicas de apoyo que se puedan adoptar en los sectores a los que se ha dado prioridad. 
El Consejo y la Comisión estudiarán en breve las medidas apropiadas para abrir el mercado europeo a los productos de Corea del Norte. 
Se harán estudios de factibilidad en los sectores a los que se ha dado prioridad. 
La Unión Europea se ocupará de ampliar los contactos políticos con la República de Corea, cuyos esfuerzos para un acercamiento de los dos estados coreanos cuenta con el pleno respaldo de la Unión. 
También hay que fijar sectores en los que se puedan desarrollar medidas comunes, tales como apoyo técnico y colaboración económica con la República Popular Democrática de Corea. 
. (EN) Señora Presidenta, acojo con gran satisfacción la ocasión de decir unas palabras sobre este tema de extraordinaria importancia. 
Los recientes acontecimientos que se han sucedido en la Península Coreana revisten un gran interés para todos nosotros en Europa y afectan a nuestra contribución encaminada a fomentar la reconciliación de la Península Coreana, a ayudar al Gobierno y a la sociedad de Corea del Norte, por así decirlo, a salir del frío. 
Dichos esfuerzos reflejan el alcance del papel que debe desempeñar Europa en el mundo, equiparable, en cierto sentido, al papel que Japón viene desempeñando en los Balcanes- contribuir a apoyar la estabilidad en la región. 
De forma similar, nosotros también tenemos responsabilidades en otros continentes. 
El enfoque que debía adoptar la Unión Europea respecto a los recientes acontecimientos en la Península Coreana fue aprobado en los Consejos de Asuntos Generales de 9 de octubre y 20 de noviembre del pasado año. 
Este enfoque tiene el objetivo, como he dicho, de apoyar el proceso de reconciliación entre ambas Coreas con vistas a alcanzar la paz y la estabilidad en la Península Coreana. 
Tomando este enfoque como base para su acción, la Comisión mantendrá su asistencia a Corea del Norte y está estudiando la posibilidad de incrementar dicha ayuda. 
En términos generales, durante estos últimos años, la ayuda se ha elevado a un total de aproximadamente 275 millones de euros- incluida la contribución a la Organización para el desarrollo de la energía en la Península Coreana. 
No obstante, cualquier incremento de la ayuda debería medirse como respuesta a señales de progresos en la República Popular Democrática de Corea en ámbitos de principal interés para nosotros y, me consta, también para los diputados a este Parlamento. 
Por ejemplo, el respeto de los derechos humanos; el tema de la no proliferación; el acceso de la población a la ayuda exterior; la mejora de las condiciones para operar de las ONG- una observación que tuve ocasión de hacer al ministro de Asuntos Exteriores de la RPDC en Bangkok el verano pasado- y la apertura de la economía de la RPDC, así como la reforma estructural que será un factor necesario para dicha apertura. 
Hemos explicado este enfoque a las autoridades de Corea del Norte en la reciente reunión de la Troika de altos funcionarios celebrada en Pyongyang a finales de noviembre. 
Tengo entendido que mis servicios mantienen plenamente informado al Parlamento sobre este asunto. 
El Parlamento muestra un vivo interés por este asunto desde hace algún tiempo. 
La asistencia humanitaria y alimentaria que la UE proporciona a la RPDC- que asciende a unos 200 millones de euros desde 1993- continuará. 
La Comisión acaba de aprobar un nuevo programa de seguridad alimentaria para el año 2000, por un total de 20 millones de euros. 
Debo señalar que hemos pasado de la ayuda alimentaria regular a la asistencia alimentaria estructural y, en particular, a la provisión de aportaciones y asistencia técnica para mejorar la producción agrícola. 
La ejecución de los proyectos humanitarios aprobados en el año 2000 se extenderá hasta bien entrado el verano del presente año. 
Está previsto que continúe la ayuda humanitaria- principalmente medicamentos, agua, servicios sanitarios y ropa de abrigo- sobre una base más selectiva, pero al nivel adecuado para responder a las necesidades humanitarias reales. 
También disponemos de los medios para acompañar, con asistencia adicional, cualquier progreso adicional que hagan las autoridades de la RPDC, en particular, en términos de acceso a los sectores más vulnerables de la población y la mejora de las condiciones de trabajo de las organizaciones no gubernamentales. 
Asimismo, la Comisión está estudiando actualmente posibles medidas en los ámbitos de la asistencia técnica y el comercio, que podrían ampliarse gradualmente si Corea del Norte avanza en los ámbitos que he mencionado. 
Como un primer paso, estas medidas incluyen un incremento general de la cuota textil para la RPDC del 60%, y del 50% en el caso de algunas categorías de productos. 
En breve se enviará una misión de reconocimiento formada por expertos para que evalúe las necesidades e identifique los ámbitos en los que podrían realizarse proyectos piloto de asistencia técnica. 
Entre dichos ámbitos se incluirá sin duda uno que, me consta, interesa al Sr. Ford; a saber, la cuestión de las empresas de energía de Corea del Norte que tendrán un papel decisivo para el futuro económico del país. 
En cuanto al establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Comunidad Europea y la RPDC, la Comisión está estudiando, en estrecha coordinación con los Estados miembros, cuál es el momento oportuno para dar ese paso. 
Por último, es evidente que el Presidente Kim Dae-Jung, que ha sido galardonado con el premio Nobel, ha tenido, como de costumbre, visión de futuro en los esfuerzos que ha realizado para fomentar la reconciliación en la península. 
Es igualmente evidente, que el Presidente Kim Dae-Jung ha sido muy realista respecto a lo que se puede alcanzar a corto plazo. 
No creo que sus exigencias sean exageradas en lo que se refiere al ritmo y al desarrollo. 
Lo importante es que no perdamos de vista las perspectivas y sigamos trabajando para realizarlas. 
Deberíamos inspirarnos en el Presidente Kim Dae-Jung, que es uno de los grandes estadistas de nuestra tiempo. 
Espero que con su aliento, la Unión Europea continúe desempeñando la parte que le corresponde para garantizar que la Península Coreana, la región e, incluso, el mundo, gocen de paz y prosperidad. 
Si mantuviéramos el aislamiento de la RPDC y si ésta siguiera dispuesta a permanecer aislada, las perspectivas son demasiado sombrías como para poder contemplarlas. 
Señora Presidenta, la resolución sobre Corea del Norte, sobre la cual este Parlamento se prepara para votar, posee una significación política de primer orden. 
No sólo el Parlamento Europeo fijará así su posición con respecto a la mitad norte de la península coreana, sino que habrá determinado igualmente las nuevas orientaciones de esta posición para todas las instituciones europeas. 
Como presidente de la delegación "ad hoc", cuya visita a Corea del Norte inspiró la redacción de la resolución, me gustaría darles cuenta de tres consideraciones fundamentales. 
La primera es el inicio de una nueva era en las relaciones bilaterales entre las dos Coreas, marcada por la política de aproximación, llamada sunshine policy, del Presidente Kim Dae Jung, que ha realizado un primer gesto importante con su visita histórica a Pyongyang en junio de 2000. 
Es deber de Europa apoyar los esfuerzos de todo el pueblo coreano y de los dirigentes políticos de la península para conseguir la estabilidad y una paz duradera en Corea. 
En este marco, nuestra política coreana debe percibirse y los elementos de su acción han de ser definidos. 
En segundo lugar, Corea es la última nación en el mundo que sigue dividida por un muro. 
Después de Alemania y del Yemen, Corea entrevé ahora una perspectiva de cooperación para superar su muro interno. 
Europa, solicitada por los dos Estados coreanos para acompañarlos en las definiciones de nuevas relaciones económicas y políticas en la península, debe afrontar ese desafío que indicará a los coreanos el camino de la integración después de un largo y duro período de división. 
Es el modelo europeo de creación progresiva de un espacio sin fronteras el que se ve aquí llamado a servir de ejemplo. 
Una vez más, nuestra responsabilidad política consiste en proporcionar toda la asistencia posible a una Corea que resurge lentamente de su cisma histórico. 
Finalmente, me gustaría decirles, con respecto más en particular a Corea del Norte, que las confrontaciones y el aislamiento han de ser relegados definitivamente al pasado. 
Los dirigentes norcoreanos parecen dispuestos a la apertura y al diálogo con Corea del Sur, los Estados Unidos, Europa y Japón, y aunque sea necesario en definitiva juzgarlos por sus actos, estoy convencido de que una política europea de diálogo, estructurado y crítico, contribuirá de forma significativa a un cambio en la República Popular Democrática de Corea, beneficioso para todo el mundo. 
Señora Presidenta, permítame decir que hemos hecho grandes progresos durante los últimos tres años en lo que se refiere a las relaciones con la República Popular Democrática de Corea. 
Ya hemos celebrado tres reuniones de delegaciones interparlamentarias y la resolución pide que los coreanos vuelvan aquí de nuevo para continuar el diálogo. 
Hemos visto que la Comisión Europea ha pasado de no hablar con los norcoreanos a destinar a un representante de ECHO en Pyongyang, y hemos pasado de cinco Estados miembros que mantenían relaciones diplomáticas a, según tengo entendido, trece que están en vías de establecer relaciones diplomáticas con la RPDC. 
Me gustaría mucho que la Comunidad Europea también estableciera relaciones diplomáticas con la RPDC. 
Destinamos fondos al proyecto KEDO, como ha dicho el Sr. Patten, proporcionamos ayuda humanitaria y alimentaria y esperamos proporcionar otra asistencia estructural por un total de 275 millones de euros. 
Es de locos hacer todo eso sin tener la capacidad de mantener un diálogo político. 
Necesitamos entablar un diálogo sobre los derechos humanos, un diálogo sobre las ventas de armas y un diálogo sobre el desarrollo económico. 
Lo cierto es que con la caída del imperio soviético, al no haber sabido efectuar la transición de las industrias pesadas de Stakhanovite del pasado a las nuevas industrias ligeras y tras una serie de catástrofes naturales, la economía está sumida en una completa crisis. 
Los observadores estiman que la crisis alimentaria provocada por esta situación ha tenido como consecuencia la muerte prematura de 3 millones de norcoreanos, un habitante de cada ocho. 
Actualmente, sus únicas exportaciones son materia prima y armamento. 
Si logramos encontrar una solución, podremos ayudar a la población de la RPDC a ayudarse a sí misma con ayuda alimentaria y con asistencia para que pueda reconstruir la agricultura, la minería y los proyectos de energía nuclear. 
Y si nos involucramos en la desaparición del imperativo de exportar armamento, quizá podamos obligar a la entrante administración Bush a reconsiderar su aparentemente ciego compromiso con el plan de defensa nacional antimisiles que representa una amenaza para la paz y la estabilidad mundial. 
Quisiera felicitar al Presidente Kim Dae-jung de la República de Corea por su compromiso con la "política del sol" que permitirá la normalización de las relaciones entre ambas Coreas, y saludar la respuesta positiva de Kim Jong-Il. 
El diálogo es el modo de avanzar. 
Europa debería seguir esta vía no sólo porque es la política que ha adoptado actualmente la República de Corea, sino también porque es el modo adecuado de proceder. 
Nuestra ventaja es que no somos Japón ni los Estados Unidos y podemos actuar como intermediarios sinceros en esta zona que es la más peligrosa del mundo. 
Señora Presidenta, las esperanzas que la Cumbre de junio entre los dos Kim, el del Norte y el del Sur, hizo concebir parecen esfumarse y el optimismo va desapareciendo. 
A Corea del Norte le cuesta cumplir esos pocos compromisos, más que nada simbólicos, asumidos en el terreno militar, retrasa la reunificación de las familias que quedaron divididas a raíz de la guerra de los años cincuenta y no da señales de querer concretar la visita de Kim Jong Il a Seúl, prevista para la primavera de este año y que no se sabe todavía cuándo y si se llevará a cabo. 
La decisión del Presidente Clinton de renunciar a ir a Corea del Norte, un viaje que, sin embargo, deseaba realizar para culminar con un viaje histórico su presidencia, ahora podría implicar una larga pausa en el proceso de apertura de ese país al exterior. 
A pesar de todo, vislumbro cierto optimismo y veo que los Estados europeos se ponen desordenadamente en fila- lo decía hace unos instantes el Sr. Brok- para correr a reconocer el régimen estalinista de Pyongyang cerrando los ojos ante lo que sucede dentro de ese país y ante las trágicas violaciones de los derechos humanos. 
En consecuencia, digo: cierto que promovemos el acercamiento entre las dos Coreas; cierto que ayudamos a los norcoreanos para evitar que se mueran de hambre- lo acaba de decir el Sr. Ford- pero imponiendo rígidas condiciones para garantizar que las ayudas vayan a quien realmente las necesita y no sirvan para apoyar a un régimen paranoico e imprevisible, acostumbrado a acudir al chantaje nuclear y de los misiles para garantizar su supervivencia. 
. (SV) Señora Presidenta, quisiera agradecer a los estimados diputados sus valiosas intervenciones en esta discusión sobre el importante tema de las relaciones de la Unión con la República Popular Democrática de Corea. 
Permítanme hacer algunos breves comentarios finales. 
Es provechoso que en la Unión se haya logrado acuerdo para conseguir una mejor coordinación en torno al establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular Democrática de Corea. 
Algunos Estados miembros, inclusive mi propio país, han mantenido todo el tiempo sus relaciones diplomáticas con la República Popular Democrática de Corea, otros se han decido hace poco a establecerlas, y hay un grupo que espera para tomar decisiones al respecto. 
Personalmente, creo que la presencia diplomática reviste gran importancia. 
Hace 20 años tuve la ocasión de servir en Pyongyang y sé lo que es enfrentarse directamente con la realidad de ese país. 
También quisiera referirme a una declaración de Kim Dae Young, Presidente de Corea del Sur, realizada en una visita a Estocolmo en relación con su viaje a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. 
Pidió públicamente mayor injerencia de la Unión Europea en la situación de la península coreana. 
Creo que tenemos que tomar en serio su petición. 
Debemos contar con los medios para que, llegado el momento, podamos responder a este tipo de peticiones. 
Es importante que haya acuerdo en la Unión sobre lo que corresponda hacer en ese caso. 
Debemos tener una idea clara sobre las posibilidades razonables de hacer avances y, obviamente, también es importante que las condiciones en la República Popular Democrática de Corea sean tales que den sentido a estas acciones. 
Les comunico que he recibido una propuesta de resolución de conformidad con el párrafo 5º del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Les propongo que interrumpamos la sesión. La reanudaremos a las 12.00 horas para la votación. 
(La sesión, interrumpida a las 11.45 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
VOTACIONES 
Señor Presidente, nuestro Grupo no apoyó el informe Sjöstedt en la comisión. 
Sin embargo, estaríamos dispuestos a votarlo afirmativamente si se aceptasen las enmiendas 5 y 6. 
Hemos mantenido conversaciones al respecto con los demás grupos. 
En el caso de la enmienda 5, otros grupos también estarían dispuestos a aprobarla- según me dicen- si se modifican dos aspectos lingüísticos. 
El primero afecta sólo a la traducción del alemán al inglés. 
Donde el texto alemán dice: "fordert eine Überprüfung der FFH-Richtlinie", esto se ha traducido erróneamente en inglés por "review", cuando debería decir "examination". 
Por lo tanto, se trata únicamente de una adaptación lingüística. 
El segundo sería, no obstante, una enmienda oral. 
Solicitamos que en la enmienda 5 se sustituya la expresión "seguridad jurídica" por la palabra "claridad". 
En inglés no debería decir, por lo tanto, "legal certainty", sino "clarification". 
Yo les ruego que tomen nota de esta enmienda oral y que la enmienda 5 se someta a votación así modificada. 
. (SV) Señor Presidente, estoy dispuesto a respaldar las modificaciones propuestas a la enmienda 5, ya que ellas son considerablemente mejores que la versión original. 
Por tanto, insto a los diputados a aprobar las modificaciones verbales presentadas por el Sr. Liese del Grupo PPE. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe sin debate (A5-0379/2000) del Sr. Bowe, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación de la Directiva 96/59/CEE del Consejo (2000/2112 (INI) ) relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB e PCT) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0367/2000) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (8263/2000- C5-0361/2000- 1998/0355 (CNS) ) por la que se fijan las modalidades de concesión a Guinea Bisau de un apoyo financiero en el sector de la pesca 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0360/2000) del Sr. van den Bos, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la propuesta de decisión del Consejo (7595/1/1999- COM (1999) 155- C5-0356/2000- 1999/0086 (CNS) ) relativa a la celebración del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladesh 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0392/2000) del Sr. Newton Dunn, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (COM (2000) 119- C5-0272/2000- 2000/0081 (CNS) ) por el que se crea el dispositivo de reacción rápida 
. (EN) Señor Presidente, quiero proponer una enmienda oral de carácter técnico a la enmienda 28. 
Pido disculpas por no haber detectado en comisión este error técnico. 
La enmienda 28 dice actualmente: "Cada año, la Comunidad fijará un límite máximo para la financiación de las intervenciones previstas con arreglo al presente Reglamento". 
Como ha señalado el Comisario Patten durante el debate, no es la "Comunidad" la que fija el límite presupuestario, sino la autoridad presupuestaria. 
Quisiera proponer oralmente que eliminemos la palabra "Comunidad" y la sustituyamos por las palabras "autoridad presupuestaria", de manera que la enmienda quedaría ahora como sigue: "Cada año, la autoridad presupuestaria fijará un límite máximo para la financiación de las intervenciones previstas con arreglo al presente Reglamento". 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0338/2000) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la situación de los trabajadores transfronterizos (2000/2010 (INI)) 
Después del apartado 2 
Señor Presidente, propongo una enmienda oral para rectificar una aparente errata. 
Me parece que faltan dos veces las palabras "de residencia y". Habría que insertarlas delante de los términos "de trabajo", porque evidentemente no me corresponde a mí decidir lo que tenga que elegir la Comisión. 
Le incumbe a ella. 
Pido que se añada dos veces "de residencia y". 
Señor Presidente, se ha acordado con la ponente, la Sra. Oomen-Ruijten, que en el apartado 6, una vez llegados a la enmienda 2, ésta se considerará como un añadido al apartado original. 
Ello significa que en caso de que se adopte la enmienda 2 también habrá que votar el apartado original. 
Señor Presidente, lo que propongo es que primero votemos la enmienda 6 y luego el apartado original 2, porque de este modo resulta más lógico. 
Después de la votación de la enmienda 6 
Señor Presidente, ahora quisiera que votáramos sin falta el apartado 6. 
Después de la votación del apartado 6 
Señor Presidente, para mayor claridad puntualizo que acabamos de votar el texto: "pide a la Comisión que recomiende a los Estados miembros que en sus tratados bilaterales presten atención a las complicaciones ocasionadas por la falta de coordinación entre la recaudación de impuestos y los regímenes de seguridad social en el caso de los trabajadores transfronterizos." Esperemos que éste sea el texto original. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0038/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación deficiente de algunas directivas medioambientales 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0357/2000) del Sr. Parish, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la situación y perspectivas de los jóvenes agricultores en la Unión Europea (2000 / 2011 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0365/2000) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Política Pesquera Común ante el desafío de la globalización (2000/2027 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0333/2000) del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 15- C5-0109/2000- 2000/2069 (COS) ) sobre la aplicación del régimen comunitario de la pesca y la acuicultura en el período de 1996-1998 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0332/2000) del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión (COM (2000) 14- C5-0110/2000- 2000/2070 (COS) ) sobre las reuniones regionales organizadas por la Comisión en 1998-1999 sobre la Política Pesquera Común después de 2002 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Resolución común () sobre la utilización del uranio empobrecido en Bosnia y en Kosovo (Síndrome de los Balcanes) 
No me cabe duda. 
Se trata de un error de los servicios. 
Señor Presidente, también a mí me gustaría dejar igual de claro que aunque mi nombre es Bertel, no me he convertido en Lord. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0037/2001) de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular Democrática de Corea 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Sjöstedt (A5-0387/2000) 
El informe presentado por Jonas Sjöstedt, del Grupo GUE/NGL, sobre la protección de los hábitats naturales en Europa nos parece especialmente importante, principalmente para Francia. 
Este país es, efectivamente, uno de ésos en los que la aplicación de la directiva "Hábitat", con más de ocho años de antigüedad, y de la directiva "Aves salvajes", con más de veinte años de antigüedad- así como la constitución de la red Natura 2000- se ha retrasado más, hasta el punto de encontrarse verdaderamente cuestionada. 
Ahora bien, cuanto más tiempo pasa y más se destruyan los medios (semi -) naturales, más difícil será conservar o restablecer los ecosistemas en su diversidad, en su riqueza. 
Lejos de ser "marginales", el mantenimiento y el enriquecimiento de la biodiversidad (por tanto de la diversidad de los ecosistemas) se imponen como una cuestión política de primer orden: tiene, en efecto, implicaciones de alcance global en nuestras condiciones de vida (incluso en el cambio climático). 
No se trata de constituir "reservas" localizadas en las que las especies se protegerían como en un museo, sino de integrar estas preocupaciones en el conjunto de la política comunitaria y de los Estados miembros. 
La aplicación de las directivas "Hábitat" y "Aves salvajes" ha de ser ahora rápida, generalizada y efectiva. 
- (NL) Los diputados al Parlamento Europeo Nelly Maes y Bart Staes, del partido VU-ID, no han apoyado las enmiendas presentadas por los Grupos ELDR y PPE a la Directiva sobre hábitats porque, en nuestra opinión, no son más que un intento de debilitar la directiva existente. 
Los diputados europeos del partido VU-ID señalan que la actual Directiva sobre hábitats permite a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias cuando las disposiciones de la misma obstaculicen la ejecución de los proyectos existentes. 
Es lo que da a entender el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE: " Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 
Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. " 
Entretanto, los diputados europeos del partido VU-ID han formulado una pregunta parlamentaria en la que solicitan un resumen de todas las notificaciones recibidas por la Comisión desde la entrada en vigor de la directiva. 
Estoy totalmente de acuerdo con la directiva "Hábitat" y sus objetivos de protección del patrimonio natural importante o amenazado de los países de la Unión. 
Este patrimonio y su diversidad biológica y genética constituyen los bienes más preciados del planeta y debemos velar por su protección, por su reproducción y su transmisión a las generaciones futuras. 
Sin embargo, he votado contra el informe Sjöstedt por dos razones esenciales. 
Primera: introduce un inaceptable chantaje a los créditos europeos atribuidos a nuestros países condicionándolos, mediante su artículo 11, al respeto de la directiva "Hábitat" en su estado actual. 
Si se hubiera tratado simplemente de velar para que los fondos europeos no financiaran proyectos destructores de esos importantes ecosistemas, lo hubiera admitido y lo hubiera votado, pero resulta inaceptable y sin precedentes que se condicione una política de la Unión con respecto a otra y que se imponga una condicionalidad ambiental, por ejemplo, a una condicionalidad social. 
Segunda razón: esta resolución no precisa la noción de "perturbación" y su parte jurídica, cuya imagen deliberadamente borrosa puede conducir a reabrir, ante las jurisdicciones, una guerra cinegética que llegue a prohibiciones de cazas populares y tradicionales allí donde la directiva "Aves" y el derecho subsidiario de los Estados las autoricen. 
Es precisamente porque la Unión mantiene de forma deliberada este equívoco por lo que algunos países sufren dificultades para publicar sus listas "Natura 2000" y para aplicar serenamente y sin resistencia por parte de sus propios agricultores la directiva "Hábitat", sobre la que todo el mundo coincide en reconocer la nobleza de sus objetivos. 
Informe Cunha (A5-0367/2000) 
Señor Presidente, el verano pasado fui de vacaciones a Guinea Bisau y, según mi costumbre, intercambié unas palabras con un pensionista del lugar, mejor dicho, con un pescador de Guinea Bisau al que le hubiera gustado llegar a ser pensionista. 
Al saber que soy el responsable del Partido de los Pensionistas en Italia, se lamentó conmigo diciendo: " Voy al mar a pescar, trabajo todas las veces que me es posible y querría trabajar muchos días para cobrar mi pensión. 
Lamentablemente, sin embargo, en nuestro mar vienen a pescar los buques de pesca de la Unión Europea, motivo por el cual no consigo trabajar lo suficiente para cobrar una pensión ni tampoco veo las ayudas financieras de la Unión Europea que se conceden al Gobierno de Guinea Bisau que a mí no me da absolutamente nada ". 
Por esto he votado a favor de este informe, pero con reservas de una futura mejora. 
Este informe y sus enmiendas tratan de un apoyo financiero a Guinea Bissau en el ámbito de la pesca. 
Las hemos votado, por solidaridad con la población, y especialmente con los pescadores de este país, pero también con muchas reservas. 
En primer lugar, porque los acuerdos de pesca Unión Europea/países terceros tienen como objetivo- algo que se dice expresamente en otros informes- ahorrar los recursos pesqueros de la Unión y, por tanto, incrementar las capturas en los mares de otros países. 
En segundo lugar, porque no se sabe cómo se utilizarán esas ayudas y cuál será su destino exacto. 
Desafortunadamente, en efecto, muchas de esas ayudas no son con frecuencia más que una bonificación de hecho concedida a las sociedades europeas que invierten en esos países. 
Además, estas mismas ayudas también suelen ser desviadas por los dirigentes locales. 
A pesar de todo, este dinero destinado a ayudar a las poblaciones locales será finalmente menos mal utilizado allí que el que se concede aquí a la gran patronal que produce despidos. 
Señor Presidente, el verano pasado, después de haber estado quince días en Guinea Bisau, fui a Bangladesh, donde estuve bastante días porque no es un Estado muy rico. 
También allí me acerqué a un señor mayor que, al saber que soy el responsable del Partido de los Pensionistas en Italia, me preguntó: "¿ Pero qué es una pensión ?" 
En Bangladesh, señor Presidente, por desgracia son tan pobres que no saben siquiera qué significado tiene la palabra "pensión". 
Entonces me dije: "Cuando se someterá a votación el informe van den Bos, vota a favor- no lo olvides -, pero recuerda también que sería conveniente vigilar y controlar que las ayudas que, gracias a este acuerdo, se conceden a la población de Bangladesh sirvan también para que algún pensionista reciba una pensión del Estado." 
La Comisión de Desarrollo se alegra por el hecho de que el nivel de crecimiento del sector de la exportación a Bangladesh sea el triple que el crecimiento de la producción interior del país. 
Pero las exportaciones proceden, por así decir únicamente, de grandes sociedades, en su mayoría occidentales, implantadas en este país. 
Aunque es cierto que esas sociedades se enriquecen con la explotación de los trabajadores del país a los que pagan bajos salarios, incluidos sus niños, ello no permite a Bangladesh salir del subdesarrollo, ni a su población trabajadora salir de la miseria. 
El informe llama a la "eficacia y a la competitividad del sector privado" en los mercados mundiales. 
Ello indica claramente en beneficio de quién desea eliminar los "cuellos de botella estructurales", principalmente las "infraestructuras de transporte y energía", hacer el "sistema financiero eficaz", o asegurar "un entorno institucional transparente y responsable", eufemismo para levantarse contra lo que, en la corrupción ambiente, molesta a los inversores occidentales. 
En estas condiciones, la propuesta de desbloquear fondos europeos se orienta en lo esencial a suplir los fallos del Estado de Bangladesh y a que las instituciones europeas se hagan cargo de los gastos de infraestructura útiles para los grandes "trusts", para permitir a estos últimos obtener el máximo beneficio de una de las poblaciones más pobres del planeta. 
. (EN) Me complace secundar a nuestros colegas de la Comisión de Desarrollo y sumar mi apoyo incondicional a la propuesta de la Comisión sobre el nuevo Acuerdo de Cooperación con Bangladesh. 
Este nuevo acuerdo es una señal más de nuestro firme deseo de reforzar nuestras relaciones con Bangladesh. 
Espero que el acuerdo despeje el camino para que el Gobierno de Bangladesh también intensifique sus esfuerzos con vistas a desarrollar el potencial de la Asociación de Cooperación Regional del Sur de Asia como un medio más de impulsar la economía y crear puestos de trabajo en la región. 
El informe del Sr. Van den Bos y la resolución Miranda exponen con claridad las principales características de la economía de Bangladesh y los principales retos a los que se enfrentan el Gobierno, sus instituciones, sus políticos y su población. 
Bangladesh es uno de los países en desarrollo más pobres. 
Casi la mitad de los 127 millones de habitantes que componen su población vive por debajo del umbral de la pobreza. 
Vive constantemente amenazado por los peligros de las inundaciones y los ciclones. 
A pesar de ello, ha conseguido mejorar algo el nivel de vida durante los últimos 25 años. 
Las reformas económicas de los años noventa han registrado logros significativos en lo relativo al PIB, que ha experimentado un incremento medio del 4,8 % durante el período comprendido entre 1994 y 1999. 
Bangladesh depende en gran medida de la ayuda exterior. 
La UE es uno de los proveedores principales de ayuda con un 17% del total de los fondos que recibe el país. 
La UE es su principal socio comercial; en 1998, fuimos los destinatarios del 45% de las exportaciones de aquel país. 
Bangladesh presenta un superávit comercial con respecto a la UE. La UE ha destinado desde 1976 casi mil millones de euros a proyectos en aquel país: 660 millones de euros en concepto de ayuda alimentaria y humanitaria y 185 millones de euros para paliar la pobreza e impulsar la agricultura. 
Respaldo firmemente los objetivos de los programas financiados por la UE destinados a contribuir al aumento de la renta y mejorar la seguridad alimentaria de los pobres; mejorar el acceso de la población, especialmente de las mujeres y niños pobres, a unos cuidados sanitarios de calidad y a los servicios de salud pública; así como mejorar el acceso de estos niños a la enseñanza. 
Este aspecto tiene una importancia fundamental para el futuro de Bangladesh. 
Me alegró en particular que Bangladesh pasara a formar parte, en 1984, del programa de la OIT para la abolición del trabajo infantil y de que desde entonces haya habido "considerables progresos". 
Acojo con satisfacción estos esfuerzos y espero con interés que se siga avanzando en este sentido. 
Quiero apoyar plenamente los principales objetivos del Acuerdo, a saber, el apoyo al desarrollo económico sostenible, especialmente en lo que respecta a los más pobres de la sociedad: las mujeres y los niños. 
La resolución de la Comisión de Desarrollo hace hincapié en la importancia de las próximas elecciones generales en Bangladesh que se celebrarán en noviembre del presente año. 
La Unión Europea debería responder favorablemente a las invitaciones del Gobierno y de la oposición para que envíe observadores del proceso electoral, como hiciera en las elecciones generales de 1996 y 1991. 
Informe Newton Dunn (A5-0392/2000) 
Señor Presidente, es cierto que voté en contra de la enmienda 9 referente a la creación de una fuerza europea de seguridad. 
No obstante, voté a favor del informe en su totalidad, puesto que creo que es provechoso que el Parlamento Europeo una vez más resalte que la UE debe dar preferencia a las medidas no militares para el manejo de las crisis. 
Esto es algo importante, en lo que debe insistirse muchas veces. 
Así, veo que, al menos en la exposición de motivos, se menciona la recomendación unánime del Parlamento Europeo para la creación de una fuerza de paz civil. 
Me parece bien que se reitere. 
Esto también es algo que debe repetirse muchas veces. 
Desgraciadamente, las Presidencias finlandesa, portuguesa y francesa optaron por ignorar la recomendación unánime del Parlamento Europeo. 
Por eso, opino que sería una magnífica oportunidad para que la Presidencia sueca tomara alguna iniciativa. 
En muchas ocasiones se lo he dicho directamente a la Sra. Lindh, Ministra de Asuntos Exteriores y al Primer Ministro Sr. Persson. 
Pero, desgraciadamente, parece que el gobierno sueco no ha entendido bien qué significa una fuerza civil de paz y cree que otras medidas que se están aplicando son lo mismo que estas fuerzas. 
Es lamentable que no se quiera estudiar el informe con detenimiento, que no se respete la postura del Parlamento Europeo y, en todo caso, que no se haga nada. 
Espero que se trate de un malentendido entre el gobierno sueco y yo. 
A pesar de que hemos discutido el tema muchas veces, pueden producirse malentendidos. 
Por esa razón quiero aprovechar la oportunidad para insistir, una vez más, frente al gobierno sueco. 
Si seriamente opina que la UE no debe ser una superpotencia militar, sino que un factor de paz, ahora que tiene la Presidencia del Consejo debería tomar iniciativas en concordancia con la recomendación del Parlamento Europeo sobre una fuerza civil de paz. 
Señor Presidente, ¿qué es el dispositivo de reacción rápida? 
Me lo pregunté cuando, al llegar al hospital para que me pusieran el yeso, vi que unos médicos golpeaban con un martillito la rodilla de un enfermo e inmediatamente su pierna se disparaba hacia arriba. 
Pero luego, al estudiar los textos de esta mañana, vi que el dispositivo de acción rápida es, en cambio, una financiación importante, una iniciativa importante para que Europa pueda intervenir de inmediato y con rapidez para llevar la paz allí donde la paz está en peligro. 
Un compromiso loable, y por esto he votado a favor, sin embargo, creo que esto va mucho más allá de lo que nosotros, en mi opinión, podemos hacer, al no contar todavía con una verdadera Europa unida. 
. 
(DA) Hemos votado a favor del informe puesto que las intenciones respecto al control no militar de las crisis son acertadas. 
No obstante, queremos subrayar al mismo tiempo la imposibilidad en la práctica de distinguir entre la- deseable- intervención civil y la- inaceptable- intervención militar. 
Además, insistimos en que las intervenciones se realicen a través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la OSCE. 
Una intervención rápida de policía siendo, a semejanza de la guerra, la continuación de la política por otros medios, y habida cuenta de que ya no confiamos en la política de la Unión Europea más que en la de los Estados miembros, estamos en contra de cualquier forma de intervención militar o policial de la Unión Europea, sea donde sea. 
El informe menciona el ejemplo de los Balcanes. 
Pero una fuerza de intervención de policía Europea "independiente" no sería mejor que la que asegura la ONU, es decir, los Estados Unidos. 
Como mucho, reforzaría en la región la posición de los grandes grupos industriales europeos que miran deseosos el mercado de reconstrucción de lo que los bombarderos de la OTAN han destruido. 
En cuanto al deseo según el cual "el dispositivo de reacción rápida no será limitado geográficamente", anuncia actos de bandidaje a cargo de antiguas potencias coloniales en África o en cualquier otra parte, como ha cometido Francia para proteger a dictadores cuya población no deseaba, o como hace, en este momento, Gran Bretaña en Sierra Leona. 
En consecuencia, hemos votado en contra de la creación del dispositivo de reacción rápida, como votaremos en contra de cualquier presupuesto que se le dedique. 
Conviene alegrarse por el hecho de que la propuesta del Consejo se incluya en el camino de las conclusiones de los Consejos europeos de Colonia, Helsinki y Feira que habían invitado a la Unión a "mejorar y utilizar con más eficacia los medios a su disposición para la gestión civil de las crisis". 
La Unión posee una gran experiencia y los medios necesarios para poner a punto en los plazos más breves operaciones tales como el control de las elecciones, la gestión de las fronteras y la formación y equipamiento de las fuerzas de policía. 
Es conveniente valorar estas potencialidades, sobre todo porque la Unión no ha sido capaz de reaccionar con bastante rapidez y porque los mecanismos de financiación de tales operaciones no eran suficientemente flexibles. 
La Comisión no prevé límite geográfico al dispositivo de reacción rápida (DRR). 
Prevé por el contrario que las intervenciones han de ser de corta duración. 
Si los acontecimientos exigen una intervención más larga, convendrá utilizar los medios actualmente disponibles como los programas temáticos. 
A modo de ejemplo, en el marco del programa MEDA, el DDR servirá principalmente para la formación de agentes del servicio de inmigración y para la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo. 
. (EL) La propuesta de reglamento para la creación de un dispositivo de reacción rápida no supone sino el marco de las intervenciones político-económicas- no militares, pero no por ello menos imperialistas- en cualquier punto del globo. 
Lo que los círculos dominantes de la Unión Europea desean es un dispositivo rápido de activación de los recursos humanos y económicos que pueda intervenir directamente, no sólo cuando se produzcan "crisis" (por cierto, que nos expliquen los autores del texto cuales son los elementos que componen el concepto de "crisis") , sino también ante la simple preocupación por que los programas de la supuesta ayuda y cooperación con esos países pudieran llegar a verse amenazados. 
Claro que los inspiradores del texto no ocultan sus intenciones de que las medidas propuestas sean complementadas con la fuerza europea de seguridad pública (evidentemente armada) para la "imposición de la ley y el orden". 
Y no deja de ser sintomático el hecho de que la Comisión de Asuntos Exteriores se muestre más papista que la... Commission, con enmiendas que eliminan el techo de los doce mil millones de euros por intervención, el comité consultivo de crisis y el límite de los nueve meses por intervención. 
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia no dejaremos de denunciar esta política de la Unión Europea que se propone la subordinación política y económica de terceros países, así como la represión de su movimiento popular. 
No sólo estamos en contra de cualquier forma de dispositivo imperialista de reacción rápida o... lenta, sino que además contribuiremos con todas nuestras fuerzas a la formación de un poderoso frente de todos los pueblos de estos países en contra de cualquier plan imperialista encaminado a esclavizarlos, y por la reivindicación del lugar que les corresponde en un nuevo y justo concierto internacional. 
Al decidir la creación de un núcleo de un ejército europeo, la Cumbre de Niza ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la Unión Europea. 
Durante veinte años, ésta ha intentado lograr un apoyo popular pretendiendo construir una Europa social. 
Ante el fracaso, y después de la guerra de los Balcanes, acaba de cambiar su fusil de hombro. 
Admite, sin disfraz, que su objetivo es una Europa-potencia que "defienda sus intereses en todo el mundo". 
Señala abiertamente su carácter imperialista. 
Lo hará de acuerdo con los Estados Unidos en el marco de la OTAN. 
En el futuro, coordinando sus fuerzas diplomáticas y militares, la Unión Europea intentará optimizar lo que los Estados miembros han hecho individualmente a lo largo de todo el siglo pasado. 
Todo ello se anuncia en nombre del "mantenimiento" o de la "imposición" de la paz, y de "operaciones humanitarias". 
Al mismo tiempo dentro y fuera de la OTAN, dominada por los Estados Unidos, la Unión Europea intenta "vendernos" su proyecto en nombre de la "autonomía de Europa" con respecto a Estados Unidos. 
No necesitamos un euromilitarismo: nos oponemos de forma tan radical a este ejército europeo como lo hemos hecho al de la OTAN. 
Porque la primera consecuencia será un aumento drástico del presupuesto militar, que irá sin falta a la par con una propaganda militarista creciente. 
Ésta desplazará a la investigación científica y tecnológica hacia el sector militar. 
Transferirá una porción creciente del presupuesto del Estado hacia las empresas del sector, teniendo como objetivo la creación de una industria militar europea (EADS, Dassault, BAE) capaz de ganar la partida a los Estados Unidos. 
Los trabajadores no tienen nada que ganar y todo que perder en este "nuevo" objetivo Imperial de la Unión Europea. 
. (IT) Es indiscutible la oportunidad de crear un instrumento de reacción rápida y, por otra parte, la misma ya ha sido valorada positivamente por las tres Instituciones comunitarias. 
Sin embargo, más allá de su compartida finalidad, consideramos que hay que poner de relieve algunos aspectos de la propuesta del Consejo. 
El primero es sustancialmente de principio: parece que para el dispositivo en cuestión emergen actividades que no se pueden definir más que como actividades de policía internacional. 
Tanto es así que el ponente propone explícitamente su creación. 
Y si así fuera, la propuesta se podría incluso examinar, pero con otro fundamento jurídico y, sobre todo, con un orden institucional comunitario distinto del que se estableció y surgió en la reciente Cumbre intergubernamental de Niza. 
En realidad, creemos que los fines últimos del dispositivo de reacción rápida son, de hecho, los de lograr más rápidamente o de mantener más establemente la eficacia de la políticas y de los programas comunitarios. 
La impresión originaria aumenta, entre otras cosas, a raíz de la formulación de los ámbitos de su puesta en marcha que, inspirada en altos fines, sin embargo, no permite adquirir un conocimiento práctico de la misma, cuando habría bastado, sin perjuicio de los ámbitos de intervención normalmente previstos en los reglamentos comunitarios, evidenciar los ámbitos que, precisamente por la necesidad de rapidez, ponen en marcha el dispositivo de reacción. 
Parece paradójico además que el sistema de información sobre la puesta en marcha del dispositivo no incluya a los Gobiernos de los Estados dentro de los cuales hay que poner en marcha el mecanismo en cuestión. 
Y además en este caso, parece extraña su exclusión desde el momento en que las políticas y los programas que han de preservarse han sido destinados a dichos países. 
Por último, cabría objetar la amplitud de los plazos de información al Parlamento Europeo, incluso en presencia del procedimiento de consulta; con todo, confiando en que en el futuro se amplíen los casos en que se aplique la codecisión, estimamos que, en los casos excepcionales tanto de relevancia geográfica como política, la Comisión no se puede eximir de informar inmediatamente al Parlamento. 
A la vista de las consideraciones hechas, compartimos la labor de revisión realizada por el ponente votando favorablemente. 
. (EN) Durante los últimos dieciocho meses, los Conservadores británicos hemos venido pidiendo a la Comisión que mejore la eficacia de la gestión financiera y de los procedimientos administrativos de manera que le permitan proporcionar la asistencia exterior y ejecutar los programas urgentemente, como la acción antiminas, en tiempos de crisis o cuando hay vidas humanas en juego. 
Los Conservadores apoyamos las propuestas con estos objetivos en mente y, por consiguiente, saludamos la iniciativa de la Comisión relativa a un Dispositivo de Reacción Rápida (o Mecanismo) , a pesar de su confuso título y de algunos elementos políticamente correctos, aunque innecesarios. 
La principal objeción de los Conservadores británicos es relativa a las enmiendas que intentan utilizar la presente propuesta como vehículo para el establecimiento de una "Fuerza de Reacción Rápida Europea". 
Este concepto, de una especie de gendarmería europea, tiene repercusiones de gran alcance y está fuera de lugar en la propuesta de la Comisión que nos ocupa. 
Estábamos dispuestos a respaldar la propuesta de la Comisión a condición de que no incorporara dichas enmiendas (9 ni 39) , pero nos abstendríamos en caso de que fueran incluidas. 
Informe Oomen-Ruijten (A5-0338/2000) 
Señor Presidente, como responsable del Partido de los Pensionistas no podía dejar de intervenir sobre este informe que establece cómo se deben regular las pensiones y la asistencia sanitaria de los trabajadores transfronterizos y no transfronterizos que van a trabajar en regiones distintas de las suyas y en las cuales desarrollan un trabajo en otros períodos de su vida. 
Un pensionista que vive al lado de la frontera entre Italia y Suiza y que, en todo caso, se halla comprendido en estos acuerdos, me dijo: "¿ Es verdad que se ha establecido un aumento de las pensiones en favor de aquellas personas que trabajan en los demás Estados miembros de la Unión Europea ?" 
"¡ Ojalá !" le contesté. 
" Sería una satisfacción tanto para mí como para ti, porque trabajarías mucho más y mejor en los demás Estados europeos. 
De todos modos, lo voy a proponer con ocasión de la explicación de voto sobre el informe Oomen-Ruijten que trata de este tema ". 
. (DA) El Partido Liberal hace hincapié en que se eliminen los obstáculos para la libre circulación de trabajadores. 
Por ello hemos respaldado este informe de propia iniciativa que propone redoblar los esfuerzos para acabar con los problemas que pueden crear las diferencias entre sistemas sociales y fiscales. 
No obstante, no somos partidarios de que se presente una directiva que obligue a los países miembros a evaluar los efectos para los trabajadores fronterizos de la nueva legislación. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe de la Sra. Oomen-Ruijten sobre la situación de los trabajadores transfronterizos en la Unión Europea. 
Hemos actuado así porque este informe señala los muchos y graves problemas a los que se enfrentan los trabajadores transfronterizos. 
Gran parte de estos problemas pueden resolverse si el Consejo muestra la energía suficiente. 
A pesar de que no se lograra introducir la mayoría cualificada en este ámbito en la Conferencia Intergubernamental de Niza, queremos enviar con nuestro voto de hoy una señal clara al Consejo y exhortarles a que acaben la revisión a fondo y la simplificación del Reglamento 1408. 
Pensamos que las normas de la coordinación deben ser sencillas y fáciles de aplicar, por ello no podemos apoyar una nueva directiva que añada nuevos procedimientos al Reglamento 1408. 
Con motivo del debate hemos subrayado que no podemos respaldar los comentarios del informe relativos a la financiación fiscal de los regímenes de asistencia social. 
Además, queremos subrayar que tampoco nos parece que puedan compararse los servicios sanitarios como el tratamiento a enfermos con servicios generales y que la responsabilidad en este ámbito debe seguir correspondiendo únicamente a los Estados miembros. 
Este informe se conforma, en lo esencial, con consideraciones generales, pero no propone decisiones concretas. 
Incluso cuando adelanta una medida positiva como "ampliar a los miembros de la familia a cargo de los trabajadores fronterizos o a los trabajadores fronterizos jubilados y a los miembros de sus familias el disfrute de las prestaciones y las asignaciones relativas a la asistencia sanitaria... ", no pide al Consejo que "se pronuncie lo más rápidamente posible". 
Dando nuestro apoyo a esta demanda, nos hemos abstenido en el informe. 
Todos los trabajadores de la Unión deberían disfrutar de la misma protección social, ajustada, para cada uno de sus componentes (seguridad social, jubilaciones, asignaciones familiares) a las prácticas del país en el que éstos sean más favorables para los trabajadores. 
Entretanto, para mejorar la situación de los trabajadores fronterizos, sería preciso que ellos mismos, así como sus familias, pudieran tener la posibilidad de elegir, en cada uno de esos ámbitos, entre el país residencia y el país de trabajo, en función de la situación que les sea más favorable. 
. (DE) Ofrecer soluciones prácticas para los problemas de los 420.000 trabajadores transfronterizos que existen en total significa poner al alcance de la gente de manera comprensible y visible el mercado interior y la libre circulación de personas que éste garantiza. 
Yo quiero expresar, por lo tanto, mi satisfacción porque el informe de la Sra. Oomen-Ruijten aborda varios de estos problemas y su origen, y a la vez propone medidas que harán más llevaderas las desigualdades en los sistemas fiscales y sociales para las personas afectadas. 
Las discrepancias entre las normas jurídicas de cada Estado y el principio de la libre circulación se deben sobre todo a que el Reglamento nº 1408/71 ya no resulta adecuado y no puede ofrecer seguridad jurídica a los trabajadores afectados debido a sus numerosas modificaciones. 
Como consecuencia directa de esta falta de coordinación, los trabajadores transfronterizos se encuentran a menudo en una situación desventajosa en materia de prestaciones sociales, de desempleo, de pensiones de jubilación y también en el ámbito de la asistencia sanitaria. 
En relación con este último aspecto, yo acojo con particular satisfacción las iniciativas de los agentes del sector sanitario encaminadas a ofrecer servicios "exportables", que tengan en cuenta la situación específica de los trabajadores fronterizos. 
A semejanza de lo que sucede en el sector de la seguridad social y sanitario, también en el ámbito de la fiscalidad se han generado inseguridades jurídicas en numerosos aspectos, que los acuerdos fiscales bilaterales no han podido eliminar. 
Esto genera desigualdades, tanto entre los trabajadores transfronterizos como también entre las autoridades locales, que sólo una coordinación general de los sistemas fiscales a escala europea permitiría superar en un futuro próximo. 
No podemos dejar de apoyar la medida que propone la Sra. Oomen-Ruijten, en forma de una directiva que obligue a los Estados miembros a examinar las consecuencias que tendrán para los trabajadores transfronterizos las modificaciones de su legislación en los ámbitos de la fiscalidad y la seguridad social, y a adoptar al mismo tiempo un régimen legal de compensación. 
A pesar de los numerosos dictámenes del Parlamento Europeo a favor de una armonización de la legislación en materia de seguridad social y fiscalidad, y de las propuestas concretas de la Comisión con vistas a la actualización y simplificación del Reglamento nº 1408/71, son los propios ministros de los Estados miembros quienes bloquean el proceso de reforma necesario en el Consejo de Ministros e impiden la realización del mercado interior para las personas. 
Si bien las directivas relativas a la conservación de los hábitats naturales, la eliminación de los PCB y PCT y la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos sólo se aplican de forma insuficiente en los Estados miembros, ello no significa en ningún modo que esas directivas sean malas y que hayan de cambiarse, como intentan hacer creer algunos en el seno de esta Asamblea. 
Estas directivas responden totalmente a las aspiraciones de los ciudadanos europeos, que exigen una mayor consideración de su medio ambiente y solicitan un arbitraje de las instancias europeas. 
Las numerosas denuncias y peticiones registradas por la Comisión de Peticiones relativas a infracciones al medio ambiente y a esas directivas son un testimonio de dichas expectativas. 
De hecho, si esas directivas no se aplican más que parcialmente, es porque los Estados miembros no midieron las consecuencias en el momento de su adopción. 
No integraron el coste financiero de las modificaciones, a veces fundamentales, que esas directivas implican para sus políticas. 
Eso vale tanto para la directiva "Hábitat" como para la directiva "Nitratos", que exigen ambas reconsiderar las políticas agrícolas y de ordenación del territorio, contaminantes y destructoras de medios naturales. 
La aplicación de la directiva "Hábitat" tiene como objetivo proteger de forma duradera una red europea de medios naturales biológicamente destacables y sustraerla a futuras ordenaciones, y ello para evitar conflictos de uso y una degradación de los medios afectados. 
Estos objetivos han sido sin duda muy mal presentados en los Estados miembros, generando conflictos en ocasiones muy duros entre propietarios y usuarios de los espacios afectados. 
Sin embargo, allí donde se ha aplicado una verdadera concertación, los resultados no se han hecho esperar, al permitir precisamente la directiva "Hábitat" apoyar los modos de gestión respetuosos con el patrimonio aportando contrapartidas suficientes. 
Esta directiva "Hábitat" es absolutamente innovadora en el ámbito de la ordenación del territorio y en materia de protección de la naturaleza, ya que concilia la gestión de los espacios naturales destacables y sus usos para una mejor valorización de los territorios. 
En este sentido, la Unión Europea debe hacer todo lo posible para apoyar su aplicación. 
No debe ceder en ningún caso a determinados intereses profesionales que reducirían a la nada el propio espíritu de la directiva. 
La Comisión, guardián de los tratados, debe mostrar por una parte toda su firmeza con respecto a los Estados miembros para que apliquen esas directivas y, por otra, mantenerse firme frente a los intentos de modificación de dichas directivas antes incluso de que hayan podido demostrar toda su pertinencia, en especial en los ámbitos de la contaminación del agua mediante nitratos y de la protección y valorización de las zonas naturales destacables. 
Por estas razones, el Grupo de los Verdes da su apoyo global a los informes presentados, y especialmente al informe Sjöstedt, que contribuirá a una mejor aplicación de la directiva "Hábitat". 
Si nos hemos abstenido, es porque no nos parece que las tentativas del última hora para desnaturalizar el informe, pretendiendo debilitar la directiva "Hábitat" y solicitar la modificación, vayan en el sentido del respeto por las directivas que votamos. 
Informe Parish (A5-0357/2000) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, le ruego que dedique algo de su atención, que seguramente no le falta, a esta explicación de voto favorable al informe Parish que se preocupa por los jóvenes agricultores. 
Quisiera destacar la importancia de la leche producida por los jóvenes agricultores y de la ayuda a este producto en este difícil trance de la agricultura. 
Me acuerdo de una película de los años sesenta del famoso director italiano Federico Fellini, cuya protagonista era la actriz Anita Ekberg que desde un cartel publicitario invitaba a todos los transeúntes a que bebieran leche. 
¿Se acuerda usted de Anita Ekberg? 
Muy lozana ella, era la actriz ideal para invitar a los italianos a beber leche. 
Pues bien, me gustaría que también ahora se dirigiesen estos mensajes a los ciudadanos, al objeto de que los agricultores puedan colocar y vender la leche que producen y que, lamentablemente, está amenazada por la leche loca. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Parish se ocupa del futuro de los jóvenes agricultores en la Unión Europea. 
Una vez más se piden nuevas subvenciones, las llamadas ayudas a la instalación. 
Yo he votado en contra del informe. Éste pretende que todo va bien. 
Sin embargo, nada va bien. 
La EEB ha puesto en entredicho todo el sistema agrícola. 
Gastamos la menudencia de cerca de 100.000 millones de marcos anuales en la agricultura. 
Lo cual no deja de ser la mitad del presupuesto europeo. 
Progresivamente hemos empezado a preguntarnos qué obtenemos a cambio. 
La peste porcina, terneras tratadas con hormonas, pollos con dioxinas y ahora la epidemia de la EEB. 
La cadena alimenticia que estamos produciendo comienza a darnos asco y quizá incluso empezamos a estar asqueados de nosotros mismos. 
En vez de pasto y cereales, alimentamos a los bovinos con cadáveres de gatos domésticos, ratas de laboratorio y otros animales, y yo creo que este es exactamente el tema que es preciso debatir ahora. 
La degradación y fecalización de nuestros alimentos es la consecuencia lógica de una política agraria demencial, que a estas alturas no cabe la menor duda que se tiene que acabar. 
Esto es justamente lo que debemos decirles a los jóvenes agricultores. 
Tenemos que discutir esta cuestión con los jóvenes agricultores, que tienen que poder sostenerse en el mercado sin necesidad de subvenciones. 
El informe no se ocupa en absoluto de ello. Por esto debemos rechazarlo. 
. (EL) El informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se mueve en una dirección positiva. 
Se requiere una mayor ayuda económica para favorecer la instalación de los jóvenes agricultores y frenar su éxodo hacia las ciudades. 
Los jóvenes agricultores pueden ser la palanca fundamental de la revitalización de zonas abandonadas, de islas menores, de comunidades tradicionales que poco a poco se pierden. 
Es importante crear- con la optimización de las nuevas tecnologías, como Internet- un nuevo entorno para su actividad: cívico, técnicamente avanzado, apacible y de dimensiones humanas. 
Un aspecto, por otra parte, no incluido en el informe de la Comisión de Agricultura, y sin embargo relevante, es- tras la desastrosa experiencia de la explotación hiperintensiva, que conduce a callejones sin salida como el de las vacas locas- la configuración de un ámbito que les permita a los nuevos agricultores el desarrollo de la explotación agraria ecológica y familiar alternativa. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos aplaudimos muchas de las medidas que propone la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para mejorar la situación de los agricultores jóvenes. 
Sin embargo, opinamos que las subvenciones agrícolas comunitarias deben disminuir drásticamente y, por eso, nos oponemos a las exigencias de aumentarlas que se contienen en los puntos 7, 11 y 14 del informe Parish. 
Estamos a favor de ayudar a los agricultores jóvenes privados de dinero, con el fin de que puedan hacer frente a los gastos considerables que representa una instalación, con la adquisición de la explotación agrícola y la compra de material. 
Hemos votado por tanto a favor de este informe a pesar de nuestras reservas, ya que nada garantiza que esta ayuda no vaya en gran parte, incluso en su integridad, a los hijos de grandes propietarios agrícolas y que, una vez más, se deje de lado a los más pobres. 
Denunciamos por adelantado el desvío de esos fondos en beneficio de ricos propietarios de explotaciones agrícolas. 
. (EN) Creo que el informe de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural es muy equilibrado y debería tener una buena acogida. 
Como representante de una circunscripción rural, soy plenamente consciente de las preocupaciones expresadas por los agricultores sobre el futuro mismo de la agricultura en Irlanda. 
Parece increíble, pero es cierto, que en Irlanda, donde la agricultura ha sido durante mucho tiempo uno de los puntales de la economía del país, los agricultores comiencen ahora a preguntarse si sus hijos o hijas podrán seguir la tradición familiar. 
El informe del Sr. Parish es muy oportuno y el estudio "El futuro de los jóvenes agricultores en la Unión Europea", realizado por expertos independientes a petición del ponente a comienzos del año pasado, ofrece un enfoque muy necesario sobre toda la temática. 
Los jóvenes agricultores son una parte fundamental del futuro de la agricultura. 
Desempeñan un papel muy importante en la vida social de los pueblos y de las comunidades rurales, fomentan toda una serie de actividades y participan en asociaciones locales. 
Los agricultores contribuyen a fomentar un campo saludable y próspero porque conservan el paisaje. 
En Irlanda, el Plan de Desarrollo Nacional para 2000-2006 prevé una amplia gama de medidas que ayudará a los jóvenes agricultores a emprender su carrera agrícola. 
Estas medidas incluyen un nuevo plan mejorado de ayudas para instalarse, con vistas a animar a los jóvenes agricultores a que se hagan cargo de explotaciones agrícolas y para ayudar a los jóvenes agricultores que emprenden la actividad agrícola por primera vez. 
Este plan ha sido dotado de unos 30 millones de libras, que espero que obtenga en breve la aprobación de la Comisión. 
Asimismo, se ha creado una amplia serie de incentivos fiscales encaminados a reducir el coste de transferencia de la propiedad. 
Estos incentivos incluye la desgravación fiscal por el aumento en valor de existencia, el impuesto de timbre, la adquisición de capital y el impuesto de sucesión. 
Junto con el plan de jubilación anticipada, está claro que las ayudas en vigor para los jóvenes agricultores que se inician en la actividad agrícola tendrá ventajas considerables y que estas medidas deberían potenciar la transferencia más rápida y eficaz de tierra a los jóvenes agricultores. 
Muchos jóvenes agricultores que adquieren una explotación deben realizar una serie de inversiones en la granja para poder optimizar el rendimiento y garantizar la sostenibilidad económica de sus explotaciones. 
Con este fin, se han previsto unos 230 millones de libras para inversiones en granjas en el marco del Plan de desarrollo nacional. 
Los planes de inversión abarcarán la gestión de residuos agrícolas, la mejora de las medidas de higiene de los productos lácteos, de la vivienda y de las instalaciones de tratamiento para empresas alternativas. 
Estos planes estarán abiertos a un mayor número de agricultores a tiempo parcial y a tiempo completo, incluidos los jóvenes agricultores han recibido formación, y contribuirán a garantizar la viabilidad de muchas explotaciones. 
Los planes van dirigidos, en particular, a jóvenes agricultores. 
Cabe observar también que la naturaleza de estos planes muestra un claro compromiso con la protección del medio ambiente, un factor que destacará con fuerza en el futuro desarrollo de la agricultura irlandesa y europea. 
Para terminar, es imprescindible que nosotros, a nivel europeo, nos esforcemos por garantizar el futuro de la agricultura europea. 
La Política Agrícola Común ha sido todo un éxito europeo y queremos que lo siga siendo. 
El futuro está en nuestros jóvenes agricultores y en prácticas agrícolas sostenibles que protejan el medio ambiente. 
Debemos dar todo nuestro apoyo a estos objetivos. 
La situación y las perspectivas de los jóvenes agricultores dependen mucho de la propia situación y de las perspectivas de la agricultura en la UE. 
Ahora bien, como es sabido, la agricultura y el mundo rural se encuentran en decadencia, a lo que ha contribuido mucho la Política Agraria Común, que promueve la concentración de las tierras, la intensificación productiva, la progresiva verticalización de las producciones agrícolas, con consecuencias en la desertización y en la despoblación rural, como lo demuestran el descenso del empleo y las explotaciones casi en un 22% y un 20%, respectivamente, desde 1990. 
Los jóvenes agricultores representan la renovación de las explotaciones agrarias y son esenciales para garantizar el futuro de la agricultura en las diversas regiones de la UE. 
El descenso, en el último decenio, en un 28% de las explotaciones agrarias con agricultores de menos de 35 años demuestra las perspectivas negativas existentes. 
Así, pues, son esenciales medidas especiales de apoyo comunitario a los jóvenes agricultores, aunque el problema fundamental estribe en la necesidad de un cambio de fondo de la PAC. 
Ahora bien, el informe Parish, con el cual, de forma general, concuerdo, a pesar de su dispersión, no insiste en los necesarios cambios de política. 
Juega con el marco existente. 
Con todo, se han aprobado tres enmiendas que he presentado y que considero importantes, en particular: 
la necesidad de apostar por una producción agropecuaria sostenible y de calidad, que contribuya a la consecución de productos seguros y de alto valor añadido, para lo que se requiere el apoyo a la agricultura biológica, el apoyo a razas autóctonas, el fortalecimiento de las denominaciones de origen y la creación de mecanismos de apoyo a los productos regionales de particular calidad; 
el fortalecimiento de las sumas para el desarrollo rural y de los Fondos estructurales para apoyar y crear amplias redes de servicios públicos, crear infraestructuras y dinamizar los mercados locales en el nivel del mundo rural; 
la necesidad de simplificar y agrupar la legislación relativa a los jóvenes agricultores. 
. (DE) El hecho de que justo ahora se debata un informe sobre la situación y perspectivas de los jóvenes agricultores en la Unión Europea tiene una especial importancia en el contexto de la crisis de la EEB. 
Lo que está ocurriendo en la mayoría de los Estados miembros desde que se empezó a hinchar de manera absolutamente histérica la crisis no contribuye, desde luego, a inducir a los jóvenes a seguir dedicándose a la agricultura y mucho menos a contemplar un futuro en las comunidades rurales donde, como dice con tan bellas palabras nuestro informe, están llamados a desempeñan un papel muy importante en la vida social, mediante la promoción y el mantenimiento del entorno rural y mediante su contribución a las necesidades económicas, sociales y medioambientales de la comunidad 
Ante esta crisis de confianza, desencadenada principalmente por los consumidores, debe preocuparnos más que nunca el futuro de la agricultura en la Unión Europea, donde desde hace bastante tiempo se registra un descenso especialmente acusado- de un 28%- del número de agricultores menores de 35 años y la proporción de agricultores está disminuyendo en casi todos los Estados miembros. 
Nuestro informe incluye todas las constataciones importantes y adecuadas y también todas las exigencias de cuyo cumplimiento depende que un número suficiente de jóvenes siga considerando que tiene un futuro en la agricultura. 
No sólo la Comisión Europea, sino también el Consejo de Ministros y todos los Estados miembros deberían tomarse muy en serio esta lista de exigencias si quieren evitar una despoblación de las zonas rurales de la Unión Europea, un abandono y decadencia de las regiones rurales, que iría acompañado de una agudización de los problemas sociales y culturales. 
La UE necesita una producción agrícola sostenible y de alta calidad. 
Tenemos que defender y asegurar también las denominaciones de origen de nuestros productos de calidad, entre ellos el vino, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pues el futuro de la UE y de la exportación a terceros países depende de los productos de alta calidad, que cuentan entre nosotros y también a escala mundial con una demanda de consumidores maduros y con fuerte poder adquisitivo. 
Existe una tendencia a responsabilizar de los problemas actuales, sobre todo los relacionados con la crisis de la EEB, a la agricultura, de la que se espera que produzca con unos costes cada vez más bajo. 
Dado que durante muchos años fui miembro del Comité consultivo de los consumidores de la Comisión Europeo, yo quisiera recordar también la responsabilidad de las organizaciones de protección del consumidor, que han exigido una continua reducción de los precios de consumo, sin tener en cuenta los ingresos de loa productores. 
En los años setenta y ochenta, y aún después, se manifestaron reiteradamente en contra de unos precios adecuados para el productor en el marco de las organización común de mercados en los sectores de los productos agrícolas. 
Por lo tanto, también tienen su parte de responsabilidad en la industrialización de la agricultura y la transformación de los bovinos en animales carnívoros, por no haber tenido en cuenta que los agricultores también tienen derecho a una remuneración justa por su trabajo. 
Por una vez, he querido decirlo también aquí. 
Yo estoy de acuerdo con el espíritu del informe porque contiene y formula adecuadamente todas las consideraciones acertadas e importantes para el mantenimiento y fomento de las empresas agrícolas familiares en Europa, que son el requisito básico para promover una agricultura ecológica con productos regionales típicos de alta calidad, que los consumidores deben aprender a valorar y a pagar a un precio justo. 
Se constata que la situación de los jóvenes agricultores plantea un problema grave en la Unión Europea y que no tienen perspectivas reales, a pesar del apoyo que se les aporta a escala europea y nacional. 
Por ello, este informe era a mi juicio tan importante y por ello me alegro de que lo hayamos votado. 
La situación económica, principalmente de los jóvenes, es mediocre y a veces está muy deteriorada. 
Se constata una falta real de perspectivas para los jóvenes agricultores y una disminución importante del número de agricultores en general con un envejecimiento de los que quedan. 
¿Qué puede hacer la Unión? 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes, en su calidad de comisión para opinión, no ha querido insistir en aspectos que dependen de las competencias de las demás comisiones. 
Hemos insistido por tanto en las cuestiones vinculadas a los sectores de la educación, de la formación y de la información, de la vida social y cultural. 
Observamos que los jóvenes agricultores sufren una serie de problemas que resultan de una enseñanza y una formación con frecuencia inadecuadas. 
Incluso la Agenda 2000 deja de lado estos aspectos, sin embargo fundamentales. 
En lo que respecta a la enseñanza y a la formación profesional de los jóvenes agricultores, es necesario que la Unión, en el marco de los programas Sócrates y Leonardo, favorezca el refuerzo de la enseñanza y de la formación de los jóvenes agricultores con el fin de elevar sus cualificaciones al nivel que se requiere. 
Es necesario poner en marcha una formación en informática. 
El acceso a Internet ha de convertirse en una realidad y los jóvenes agricultores deben conocer sistemas integrados de gestión de la producción y de marketing de forma que gestionen bien sus explotaciones. 
La desertificación puede combatirse principalmente con el mantenimiento de los servicios públicos en las zonas rurales (escuelas, correos, transportes) , y la vida social puede mantenerse, por ejemplo, mediante agrupaciones de entidades locales o de servicios itinerantes. 
Si se cumplen las condiciones para que la actividad agrícola experimente un nuevo desarrollo, los jóvenes del mundo urbano, abiertos a la naturaleza y preocupados por una mejor calidad de vida, podrán instalarse en el campo y los jóvenes rurales no renunciarán ya a las explotaciones que les hayan legado sus familias. 
. (SV) Los cristianodemócratas suecos hemos votado en contra de la propuesta de informe, ya que creemos que se opone al principio de cercanía, a pesar de que la materia en sí, la situación de los jóvenes agricultores, es interesante. 
Rechazamos especialmente el punto 10. 
En él se propone la insensatez de que "la UE ha de considerar la posibilidad de imponer a los Estados miembros la obligación de prever unos niveles mínimos de ayuda a la instalación para los jóvenes agricultores". 
A nuestro juicio, esta materia no es de carácter supranacional. 
Informe Varela Suanzes-Carpegna (A5-0365/2000) 
Señor Presidente, el Partido de los Pensionistas que represento aquí en el Parlamento Europeo, considera que la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo deben cambiar una parte importante de la política pesquera y, en consecuencia, pide que cambien esa parte que se refiere a la ya tan arraigada costumbre de ir a pescar en las aguas de los demás y de pagar una suma de dinero a los Gobiernos en cuyas aguas hemos pescado para quedar en paz con nuestra conciencia. 
Siempre he oído decir: demos a quien carece de medios una caña de pescar. Sin embargo, nosotros, los europeos, lamentablemente, no les damos la caña de pescar; antes bien, vamos a pescar en sus aguas territoriales. 
Comprendo que hemos de resolver los problemas de los pescadores, pero debemos hacerlo de otra forma y sin perjudicar a las poblaciones que para sobrevivir no tienen otra cosa más que pescar. 
Informe Gallagher (A5-0333/2000) 
Señor Presidente, para comenzar quiero decir, en nombre de mi Grupo, que estamos firmemente a favor de que se mantenga una forma de política pesquera común en la Unión Europea, porque entendemos que la gestión de los recursos es el mejor modo de proceder para garantizar la continuación del desarrollo social y económico en un gran número de regiones costeras de la Unión Europea, que no disponen de ningún otro medio y no conseguirían crear empleo u otros proyectos si no es con recursos propios, por ejemplo, pesca y acuicultura. 
No obstante, dicho esto y en honor de la verdad, debemos reconocer también que la política pesquera común presenta muchas deficiencias. 
En particular, la oposición total a que exista una política regionalizada en el seno de la política pesquera común no es acertada. 
Esta Asamblea ha vuelto hoy a rechazar esa propuesta. 
La regionalización no significa la vuelta a la nacionalización ni que debamos alejarnos del modelo comunitario; significa brindar a las comunidades colindantes que pescan especies similares la oportunidad de agruparse para gestionar dichas especies. 
Además de eso, debemos poner mayor énfasis en un sistema uniforme de inspección en todas las aguas de la Unión Europea y otorgar mayores poderes a los inspectores comunitarios para garantizar que se cumplen debidamente todos los reglamentos. 
Por último, debo decir que la conservación es necesaria. 
Hemos asistido a una gran disminución de las poblaciones de peces en aguas de la Unión Europea. 
El modo de resolver las cuestiones de conservación no es desplazarse a nuevos caladeros e incorporarlos al sistema de cuotas, sino garantizar que existen determinadas zonas en las que no se faena para permitir que las poblaciones de peces se recuperen. 
Este ejemplo ya ha quedado demostrado en algunas zonas, mediante acuerdos voluntarios, en aguas irlandesas y mediante el mantenimiento de estas zonas en las que está prohibida la pesca- la denominada retirada de zonas, por utilizar un símil con la política agrícola común- durante un determinado período de tiempo. 
Es el único modo en que podemos garantizar el mantenimiento de esta fuente alimentaria, la creación de puestos de trabajo y la protección del medio ambiente en nuestros caladeros. 
Éste es el motivo por el que hemos apoyado el informe Gallagher. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre la política pesquera común, pero pido al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión que vigilen y controlen más aún, si cabe, uno de los aspectos que figura en el apartado 20 del informe y que se ha olvidado, o sea, cómo y si se controlan el importe, el montante y las condiciones de los pensionistas del sector pesquero, en particular de los pensionistas que se dedican a la pesca a pequeña escala. 
Estos tienen derecho a que, junto con todos los demás aspectos importantes de la pesca, nos interesemos también por cómo los Estados nacionales protegen a los pescadores pensionistas, ya que estos son los últimos en ser suficientemente protegidos en el ámbito de las pensiones. 
. (EL) Mi Grupo ha votado a favor de la propuesta de resolución. 
No puedo, sin embargo, dejar de referirme a un aspecto concreto. 
De acuerdo con la legislación comunitaria vigente, el derecho exclusivo de pesca para los pescadores griegos está fijado en las seis millas náuticas, en lugar de las doce millas en vigor en el resto de países de la Unión Europea, especialmente en los países mediterráneos. 
De este modo, los pescadores griegos son objeto de un trato discriminatorio y se encuentran en inferioridad de condiciones con respecto a los demás países en el marco de la Política Pesquera Común. 
De acuerdo con lo previsto por el artículo 5, parágrafo 1 del anexo IX de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Comunidad tiene la competencia exclusiva con respecto a la conservación y la administración de los recursos pesqueros marinos, y, por consiguiente, poder para establecer las normas y regulaciones pertinentes. La Comisión, en ejercicio de esa competencia que le corresponde, debería fijar para los pescadores griegos el derecho exclusivo de pesca en las doce millas náuticas. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo, con la resolución A4-0018/99 (C-153/1-6-99) insta a la Comisión a proponer la extensión de la zona económica exclusiva para la pesca en las 24 millas náuticas, al objeto de garantizar la adecuada política de descentralización y de salvaguardar los intereses de las regiones costeras. 
La Comisión debería adoptar esa resolución del Parlamento Europeo. 
Los informes parlamentarios sobre los que hemos de pronunciarnos abarcan diferentes aspectos de la política pesquera común, incluyendo la gestión y la preservación de los recursos pesqueros, la política estructural, las relaciones exteriores de la Unión sobre la pesca, la organización del mercado, la vigilancia y el control. 
Las prioridades manifestadas por la Comisión son las siguientes: una mayor coherencia entre los diferentes objetivos de la PPC, principalmente entre la conservación de los recursos, la eficacia económica y el empleo en las zonas dependientes de la pesca; una mejor consideración de la dimensión económica de la pesca; una mejor integración de las políticas medioambientales y pesqueras; la mejora de los instrumentos de gestión, con integración de instrumentos plurianuales; un proceso de decisión más transparente y el mantenimiento de la dimensión externa de la PPC. 
Sin embargo, me parece necesario insistir en los puntos siguientes, de los cuales la Comisión no parece haber señalado suficientemente su importancia. 
Si bien es cierto que la determinación de los TAC debe hacerse principalmente sobre una base científica objetiva, el diálogo con los profesionales debe ser absolutamente institucionalizado y reforzado. 
Los representantes de los pescadores deben estar implicados por encima del trabajo de los científicos, con el fin de reforzar la confianza y facilitar la adopción de decisiones fundamentadas y más fácilmente aceptables. 
Esta orientación será aún más necesaria cuando se trate de preparar líneas directrices plurianuales. 
Los sistemas de inspección y sanciones han de armonizarse de forma imperativa entre las diferentes zonas pesqueras, con el fin de evitar distorsiones entre Estados miembros. 
Debe reforzarse el sistema de control ejercido por los países de la Comunidad sobre las flotillas de los países terceros que operan en las aguas comunitarias. 
Finalmente, manteniendo el sistema de los TAC y de las cuotas en el centro de la PPC, debemos reafirmar nuestra adhesión al respeto por el principio de la estabilidad relativa y nuestra hostilidad de la privatización de las cuotas. 
Informe Poignant (A5-0332/2000) 
Señor Presidente, he apoyado este informe porque, al igual que el Partido de los Pensionistas, estoy a favor de que, antes de tomar decisiones importantes, tanto el Parlamento Europeo como todos los órganos de gobierno consulten a los grupos, las poblaciones, las personas y los sectores afectados. 
En este texto se dice que la Comisión ha consultado a varios organismos para decidir la política pesquera común: a los representantes de los pescadores, a los representantes de las empresas que viven de la pesca y a los representantes de los armadores. 
Les ha consultado a todos, incluso a través de una regionalización de las consultas. 
Todo esto está bien, pero ¿¡ha consultado también con los peces, señor Presidente?! 
. (FR) En 2003, se modificará la Europa azul y su política pesquera común. 
El año 2001 marca ya el fin de uno de los instrumentos de gestión de la pesca, el POP IV o programa de orientación de la pesca. 
Quedan dos años, hasta el 31 de diciembre de 2002, para reflexionar y tomar decisiones sobre una política común que plantea, según el inventario de la Comisión Europea, 18 cuestiones, desde el acceso libre o no a las aguas territoriales, al control o la gestión del mercado de los productos de la pesca y la acuicultura, pasando por los acuerdos internacionales de pesca, la investigación científica sobre las reservas haliéuticas o las peculiaridades del Mediterráneo. 
Este nuevo examen, si no reforma, de la PPC tiene lugar en un contexto de múltiples facetas. 
En primer lugar, los recursos no son indefinidos. 
Hay existencias en peligro o con dificultades: merluza, bacalao, sardinas, túnidos. 
Se cometen despilfarros. 
Más del 15% de las capturas mundiales son devueltas al mar cada año, en particular en la UE, con el pretexto de evitar la caída de los precios o de respetar las prohibiciones, mientras que países como Noruega aprovechan esas capturas que no cumplen las normas. 
Son 20 millones de toneladas de 122 millones de toneladas de capturas mundiales. 
Las organizaciones internacionales y regionales, desde la FAO a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, pasando por las instituciones del Atlántico Noroccidental, se ocupan también, con la participación de la CE, del control de las capturas. 
Europa ha celebrado 25 acuerdos bilaterales, con Angola, las Seychelles, Madagascar y otros, e intenta un difícil acuerdo, hoy estancado, con Marruecos. 
Y sobre todo, asistimos a una mundialización del mercado, con el problema que ello representa de las importaciones a precios bajos. 
En lo esencial, la reelaboración de la PPC, con sus reglamentos a menudo demasiado numerosos y oscuros, debe conciliar objetivos contradictorios: proteger las reservas haliéuticas, obedeciendo el principio de cautela, pero preservar también las economías y las sociedades costeras a veces dependientes de la pesca para el empleo, como ocurre en la Mancha. 
Del mismo modo, es necesaria una PPC clara, pero también suficientemente diferenciada para tener en cuenta peculiaridades regionales, desde el mar del Norte al Mediterráneo, o incluso, como desean los italianos, el Adriático u otros "mares" subregionales. 
Sobre todo hay que conciliar la extremada apertura del mercado europeo, que importa el 60% de su consumo, y la necesidad de proteger a nuestros pescadores, a quienes se les cierran los mercados japonés, norteamericano o coreano. 
Para tratar esta diversidad de problemas, la Comisión Europea ha empleado el método adecuado al organizar una amplia consulta entre las organizaciones de la pesca, el medio ambiente o los productores. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera saludar la resolución de compromiso que acabamos de aprobar. 
La voz fuerte y unida que pide inequívocamente una moratoria sobre la utilización de armas que contienen plutonio empobrecido es un paso adelante positivo, aun cuando no llega todo lo lejos que nos hubiera gustado. 
Los Verdes y la ALE pedimos la prohibición total de la producción, exportación y utilización de armas que contengan uranio empobrecido, y creemos que nos asiste un fundamento jurídico, así como moral. 
La Convención de octubre de 1980 de las Naciones Unidas prohibía la utilización de determinadas armas de efectos indiscriminados; la Resolución de 1996 de la Subcomisión sobre los derechos humanos también condenaba explícitamente las armas que contienen uranio empobrecido por su carácter no discriminatorio. 
La utilización de estas armas, por consiguiente, ya ha sido condenada en el Derecho internacional. 
Asimismo, nos habría tranquilizado más que la resolución hubiera incluido nuestras preocupaciones por la metodología que se está utilizando en la evaluación de los riesgos del uranio empobrecido. 
Un creciente número de científicos desafían ahora la metodología convencional, que está basada en dosis de rayos radiactivos externos, en vez de en partículas que entran en el organismo por ingestión o inhalación. 
Las investigaciones demuestran que las muertes por leucemia como consecuencia de la explosión de Chernóbil han sido cien veces más numerosas que las que pronosticaron comités de expertos relevantes sobre la protección contra la radiación, que basaron sus predicciones en los rayos externos. 
La enormidad de este error oculta el hecho de que incluso dosis muy bajas de radiación, como las que emanan del uranio empobrecido, pueden realmente tener consecuencias devastadoras para la salud. 
Por ello es fundamental que corrijamos dicha metodología o, de lo contrario, todas las pruebas y evaluaciones del mundo sencillamente no servirán para nada. 
Por último, quisiera hacer referencia a la noticia que aparecía en portada de la edición de la semana pasada de European Voice, que revela que la nueva Fuerza de Reacción Rápida de la UE está planeando, al parecer, utilizar armas que contienen uranio empobrecido. 
No podemos olvidar que se trata de una fuerza humanitaria, que está planeando la utilización de un arma que dejará un enorme rastro de casos de cáncer entre la propia población civil a la que se supone que debe proteger. 
Esa posibilidad es absolutamente escandalosa y debe ser anulada. 
Señor Presidente, he votado en contra de este texto porque considero que ha habido y hay demasiada hipocresía en este tema. 
Creo, mejor dicho, temo que los hechos se han desarrollado de esta forma. 
"¡ Las de siempre !" contesta el presidente. 
"¿ Cuáles son las armas de siempre que tenemos ?" pregunta el general. 
"¿ También los proyectiles de uranio empobrecido ?" 
"¿ Y por qué no ?" dice el presidente. 
"Pero" dice el general, "pueden causar graves daños a quienes los utilizan porque son armas- las hemos experimentado- dañinas en la guerra." 
"Pero en la guerra, querido general", responde el presidente, "como usted sabe, hay riesgos calculados y debemos asumir también estos riesgos." 
Señor Presidente, à la guerre comme à la guerre, como se suele decir. 
Creo que no nos podemos sorprender de lo que, desgraciadamente, podría haber sucedido y que se podía evitar sólo con una Europa unida e independiente. 
Señor Presidente, he apoyado la resolución conjunta sobre el uranio empobrecido y acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento haya decidido mantener la referencia y la petición de una moratoria sobre estas armas. 
Hubiera preferido una resolución más firme, pero sé lo difícil que es conseguir eso. 
Lo que quiero decir, sin embargo, es que lamento la actitud que ha demostrado el Sr. Solana aquí esta mañana. 
Al mismo tiempo que declaraba que está a favor de la transparencia y de la apertura en lo que se refiere a esta cuestión, ha reconocido que no comenzó a adoptar medidas al respecto hasta que la cuestión fue del dominio público, hace aproximadamente una semana, a pesar de que ostentó el cargo de Secretario General de la OTAN durante la guerra de los Balcanes. 
Tampoco hizo mención ni dio una opinión sobre la cuestión de si convendría o no imponer una moratoria sobre dichas armas. 
Lamento también su intento de hacer cómplice al Parlamento de la decisión adoptada por la OTAN de utilizar dichas armas. 
La utilización que se hizo de estas armas fue desproporcionada para el reto al que se enfrentaba la OTAN, en particular, en la guerra contra Serbia, y por ello fue una falta de consideración innecesaria y cruel de los efectos sobre la población en general. 
Fue una cruel falta de consideración de las consecuencias que tendría sobre las tropas de la OTAN y también fue una cruel falta de consideración de los efectos secundarios que tendría sobre los trabajadores humanitarios y sobre las fuerzas para el mantenimiento de la paz, militares y policías, en el período que siguió a dicha guerra. 
Quisiera pedir con insistencia, como han hecho otros, que la nueva Fuerza de Reacción Rápida no pueda disponer de este tipo de armas. 
De hecho, haré un llamamiento al Gobierno de mi país, Irlanda, para que se niegue a participar en esta Fuerza de Reacción Rápida a menos que exista el compromiso inequívoco de que estas armas no se utilizarán. 
. (EL) La Resolución común sobre el "Síndrome de los Balcanes" no sirve sino el propósito de encubrir la criminal política de la OTAN y de la Unión Europea, que, en nombre supuestamente de la defensa de los derechos humanos, agredieron a Yugoslavia, ocasionando incalculables pérdidas humanas y materiales. 
Y para que sus bombardeos fueran aún más destructivos no dudaron en utilizar armas con vainas de uranio empobrecido, cuando conocían muy bien, ya desde la guerra contra Iraq, sus mortales y duraderos efectos. 
La resolución común, que se niega a reconocer la relación entre el uranio empobrecido y los casos de cáncer y leucemia en soldados que formaron parte de las fuerzas de ocupación en Bosnia y Kosovo, y también en la guerra del Golfo, se reduce a una declaración de buenos intenciones sobre el deseable "debate transparente" y la formación de un grupo de trabajo, y tan solo "pide a los países miembros que son también miembros de la OTAN que propongan la suspensión temporal del uso de armas con uranio empobrecido"; igualmente "pide a la OTAN que estudie la posibilidad de usar otro tipo de proyectiles", es decir, que siga matando, pero con armas más "limpias". 
Es sintomático que la enmienda del grupo de la izquierda que proponía prohibir la producción, los ensayos, la utilización y la venta de armas con uranio empobrecido ha sido solemnemente rechazada por la abrumadora mayoría de los miembros del Parlamento Europeo; ha obtenido sólo el 23% de los votos. 
El Parlamento Europeo ha sido, desde luego, consecuente consigo mismo, puesto que, tal y como ha señalado con todo cinismo el criminal de guerra, ex Secretario general de la OTAN y actual Alto Representante de la UE, Javier Solana en su intervención, el propio Parlamento Europeo pedía insistentemente la intervención militar en los Balcanes, tanto en Bosnia como en Kosovo. 
Sería una ilusión, claro, esperar que los criminales de guerra pudieran condenarse a sí mismos. 
Ese papel le corresponde a los pueblos. 
El Partido Comunista de Grecia ha pedido repetidamente no solo que se prohiba el uso del uranio empobrecido, sino también que se retiren inmediatamente las fuerzas de ocupación de los Balcanes, y que la OTAN y la UE asuman los costes de tratamiento e indemnización de las víctimas, así como los ocasionados por la limpieza del medio ambiente. 
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra de la propuesta de resolución común, y llamamos a todos los pueblos a organizarse y a articular unidos su propia resistencia- y contraofensiva- a la barbarie del nuevo orden. 
. (DA) La propuesta de resolución común encierra muchas reflexiones razonables, pero no responde a la dificilísima situación en que la OTAN ha puesto a la población civil de los Balcanes, a los soldados que estuvieron destacados en la zona y a sus familiares. 
Alrededor de 20 veteranos de los Balcanes han muerto de leucemia y la cifra aumenta. 
Se advirtió a los soldados americanos de la KFOR que no inhalaran el uranio empobrecido. 
Se les advirtió que no tocaran nada que sospecharan hubiera estado en contacto con uranio empobrecido, se les exhortó a abandonar las zonas que fueran sospechosas de estar contaminadas con polvo del armamento con uranio empobrecido y a lavar sus uniformes con frecuencia. 
Nuestra opinión es que el ejército americano no da este tipo de advertencias sin motivo. 
Existen varios estudios que demuestran que la inhalación de uranio empobrecido es extremadamente peligrosa para la salud. 
Las consecuencias para la población civil de las zonas que estuvieron expuestas a las acciones bélicas de la OTAN no han sido examinadas a fondo. 
No obstante, el futuro pronunciará su sentencia en este caso. 
De ahí que consideremos absolutamente insuficiente querer limitar este tema a otro estudio más de las consecuencias del empleo de armamento con uranio empobrecido. 
Creemos que este tema ha quedado ahora dilucidado. 
Y en todo caso, somos de la opinión de que el principio de cautela debe incluir también a las personas que se unen a tareas internacionales y a la población civil de las zonas de guerra. 
Estas armas deben estar incluidas dentro de las disposiciones de la Convención de Ginebra relativas a las armas químicas y al armamento nuclear. 
Debe detenerse toda la producción y todas las existencias almacenadas ser destruidas. 
¡Exigimos ahora una moratoria en el empleo de armamento con uranio empobrecido! 
. (FR) El hecho de que los ejércitos de las mayores potencias mundiales conozcan desde hace al menos 10 años el carácter nocivo de las municiones de uranio empobrecido, incluso para quienes las utilizan, demuestra que los estados mayores sienten el mismo desprecio por sus propios soldados que por la población civil y el ejército enemigos. 
Hay motivos para la indignación ante las consecuencias de la utilización de estas armas para los soldados de la OTAN. 
Todavía hay más razones para indignarse de sus consecuencias para la población civil, para los muertos a causa de las armas de uranio empobrecido como para los muertos bajo las bombas clásicas. 
¿Pero qué pensar de la extrañeza hipócrita de los representantes de todas esas formaciones políticas que participaron en la decisión de bombardear Serbia y Kosovo, después de haber apoyado la mayoría de ellos, la guerra del Golfo? 
Dejaron manos libres a sus estados mayores y, hoy, ante las reacciones de la opinión pública, ponen cara de preocupación por las consecuencias de su decisión e intentan liberarse de sus responsabilidades. 
Hemos votado la propuesta de enmienda del Grupo GUE que pide "la prohibición de la fabricación, las pruebas, la utilización y la venta de las armas de uranio empobrecido", aunque sabemos que no por ello una guerra injusta se convertirá en una "guerra limpia". 
Hemos votado en contra de la resolución común para protestar tanto contra el uso de las armas de uranio empobrecido, contra las propias guerras en las que se han utilizado, como también contra la hipocresía de los partidos que apoyaron esas guerras. 
. (FR) La opinión pública está especialmente preocupada por la relación entre el uranio empobrecido utilizado en las municiones y la salud pública. 
En efecto, estas armas, en el momento del impacto, desencadenan unas reacciones químicas cuyas consecuencias para los militares, los civiles y el medio ambiente son aún desconocidas. 
Además, el uranio, incluso empobrecido (un 20 % menos de radioactividad que el uranio natural) , sigue siendo un residuo nuclear de empleo peligroso. 
Puede existir una relación entre los casos de leucemia detectados en los soldados que sirvieron en los Balcanes y el empleo por la OTAN de este tipo de armas. 
Aunque no se hayan aportado pruebas definitivas, si los científicos no se ponen de acuerdo, es que hay más que simples sospechas, como demuestran los resultados de distintas investigaciones. 
La preocupación es, pues, fundada y no debe tratarse a la ligera. 
En espera de las pruebas definitivas, debemos aplicar el principio de cautela y una moratoria sobre el empleo de estas armas. 
Es lo mínimo que podemos decidir hoy, en espera de su prohibición total si los estudios confirman el peligro. 
La OTAN debe ser absolutamente transparente en lo concerniente a la utilización de estas armas y, más en general, a la conducción de sus operaciones. Por su parte, la Comisión Europea debe lanzar una investigación científica autónoma. 
Esta exigencia de verdad y transparencia se la debemos a todos los que sufren o viven actualmente en la angustia. 
En un momento en que el Derecho internacional evoluciona hacia el deber de ingerencia legitimado por objetivos humanitarios y de defensa de los derechos humanas, nuestras fuerzas armadas no pueden poner en peligro a las poblaciones civiles que pretenden proteger. 
. (FR) En la exposición de motivos se recogen las justas preocupaciones que ha suscitado esta importante cuestión que afecta a la salud de los soldados participantes en las zonas conflictivas. 
Con toda razón, se contempla a las poblaciones afectadas, entre otras cosas en lo relativo a las condiciones indispensables para la reconstrucción social, económica y medioambiental de las regiones afectadas. 
En su conjunto, la resolución es, pues, justa y tiene mi beneplácito. 
En cambio, el apartado 6, en el que se pide a los Estados miembros de la OTAN que propongan una moratoria es, en el estado actual, excesivo, ya que el principio de cautela queda cubierto por el proyecto que invita a la OTAN a considerar otros tipos de municiones hasta el momento en que se conozcan los resultados de la investigación sobre el uranio empobrecido. 
En consecuencia, como no puedo suscribir el apartado 6, he decidido abstenerme sobre el conjunto del texto. 
Hemos votado contra la resolución común presentada, porque no podemos aceptar que todavía se pretenda negar lo evidente: las graves consecuencias para la salud de las poblaciones de las zonas afectadas por la utilización de armamento con uranio empobrecido. 
Desde el comienzo de la era nuclear, en la época de la segunda guerra mundial, son bien conocidos los riesgos y las precauciones que requiere el manejo del uranio y otras substancias radiactivas, por ser un elemento muy tóxico (química y radiológicamente tóxico) cuando se inhala o ingiere y también genéticamente peligroso. 
La utilización de ese tipo de armas por los EE.UU. y otros países de la OTAN durante la guerra del Golfo, en Bosnia y en Kosovo han provocado ya la muerte de muchos militares, el sufrimiento y la muerte de habitantes de las regiones bombardeadas y la contaminación del medio ambiente de las zonas afectadas con consecuencias a medio y largo plazo que van a afectar no sólo a las generaciones presentes, sino también a las futuras, lo que está prohibido por el Convenio de Ginebra, y revela claramente que no hay "guerras limpias". 
Así, ante la dimensión del crimen cometido contra las poblaciones civiles internas, es urgente investigar, evaluar y condenar a los altos responsables de esa actuación criminal contra la Humanidad y, desde ahora mismo, prohibir la fabricación, los ensayos, la utilización y la venta de ese tipo de armas con uranio empobrecido y no sólo aprobar una moratoria. 
. (EN) La delegación británica de diputados Laboristas al Parlamento Europeo acoge con satisfacción la medida adoptada por los Estados miembros de la OTAN de investigar las causas de las muertes y enfermedades que sufren los soldados que sirvieron en los Balcanes. 
Creemos que la consideración de si se debe o no utilizar uranio empobrecido debería tener una base científica. 
Tomamos nota de que hasta el momento no existen pruebas que demuestren la relación entre el uranio empobrecido y los problemas de salud que sufren soldados y civiles. 
Por este motivo, no creemos que sea adecuado en estos momentos pedir una moratoria sobre la utilización de armas que contienen uranio empobrecido. 
. (FR) ¿Es realmente una sorpresa el descubrimiento del peligro que implican las armas de uranio empobrecido? 
Todos sabemos que estas armas, utilizadas por la OTAN en las guerras del Golfo (1991) , de Bosnia (1994-95) y de Kosovo (1999) , han tenido graves consecuencias, en primer lugar para las poblaciones civiles bombardeadas, para su entorno y para los militares, ya pertenezcan a la OTAN, a las fuerzas armadas iraquíes, bosnias, serbias o kosovares. 
Las autoridades militares y políticas se han limitado durante mucho tiempo a denigrar a quienes se preocupaban por ello. 
Y ha sido necesario que soldados norteamericanos y después franceses se movilizaran para que, al fin, estallase el escándalo, tras la sospechosa muerte de un italiano. 
La guerra, "limpia" no existe. 
La confesión implícita de las antiguas fuerzas beligerantes debe permitir esclarecer las responsabilidades de los gobiernos y los jefes militares, en primer lugar las del antiguo Secretario General de la OTAN, Javier Solana. 
Debemos exigir la prohibición de la fabricación, las pruebas, el uso y la venta de las armas con uranio empobrecido. 
Nos pronunciamos a favor de la firma de un tratado internacional. 
Y en el futuro inmediato, exigimos un programa de vigilancia médica de los soldados que hayan participado en operaciones en los Balcanes, de los miembros de las organizaciones humanitarias que hayan trabajado sobre el terreno y de las poblaciones de las regiones afectadas. 
. (EN) He votado a favor de la moratoria sobre armas que contienen uranio empobrecido. 
En el mejor de los casos, hubiera preferido la prohibición total, habida cuenta de la altísima probabilidad de que dichas armas ocasionen daños sobre la salud de forma indiscriminada. 
Lamento además la utilización de dichas armas por sus consecuencias inadmisibles sobre las personas y sobre el medio ambiente en términos más amplios. 
Deseo, en particular, hacer constar mi profunda preocupación por los daños medioambientales que con casi total seguridad están ocasionando las pruebas de tiro en el campo de tiro de Dundrennan en el estuario de Solway. 
Esas aguas ya han soportado niveles inadmisibles de contaminación radiactiva procedente de la central de Sellafield. 
. (EL) Señor Presidente, después de los lamentables hechos relacionados con los bombardeos de Yugoslavia, y después de las revelaciones sobre el uso de munición con uranio empobrecido, el asunto más urgente en estos momentos es la prohibición de este tipo de munición que acarrea consecuencias peligrosas incluso después del momento de su utilización; durante mucho tiempo, además, e indiscriminadamente, es decir, sin ninguna posible distinción entre cuantos corren el peligro de verse afectados por sus efectos. 
Asunto igualmente importante y urgente es la configuración de una política a gran escala de ayuda, prevención y rehabilitación en todas las zonas de Yugoslavia afectadas por el uso de esa munición, que tenga por objeto la protección de la salud pública y del medio ambiente, la limpieza de suelos y aguas; que garantice el normal desarrollo económico del país y, más en general, de su área. 
El primer asunto no queda satisfactoriamente resuelto con la propuesta de resolución común que debatimos; no deja, sin embargo, de ser positivo el hecho de pedir una moratoria en el uso de esta munición. 
En cuanto al segundo, se hacen ciertas referencias generales y vagas a los programas de ayuda ya existentes, los cuales son, en cualquier caso, de alcance limitado; y no se entrevé ninguna disposición a emprender una nueva actuación efectiva y a la altura de las circunstancias y de las necesidades reales. 
Por otra parte, el proyecto de resolución se extiende en formulaciones esquemáticas sobre aspectos muy serios del estudio y de la necesaria investigación sobre el uranio empobrecido, sin hacer referencia alguna a los continuos intentos de silenciar y ocultar hechos, y también investigaciones independientes conocidas por todos, e incluso documentos oficiales de países de la OTAN sobre la peligrosidad del uranio empobrecido y las medidas preventivas que dichos países imponen a sus tropas. 
Por todas estas razones no puedo votar a favor de la propuesta de resolución. 
Expresaré mi posición mediante el voto en blanco, ya que la petición de moratoria en el uso del uranio empobrecido podría ser un paso en la dirección correcta, sin que ello signifique que así vayan a terminar las guerras, los bombardeos ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, y otras intervenciones similares e igualmente desafortunadas. 
En cualquier caso, la prohibición definitiva de estas armas debe ser objeto de esfuerzos permanentes y objetivo de un movimiento masivo en toda Europa y en todo el mundo. 
Quisiera, finalmente, dejar constancia de mi asombro ante la mutación política operada durante el debate: del mismo modo que hace tiempo algunos nos acusaban de que nuestras críticas hacia la política de Milosevic hacían el juego a la OTAN y sus bombardeos, del mismo modo, ahora el Sr. Solana nos acusa de que nuestra crítica a propósito del uranio empobrecido... olvida los derechos humanos de las víctimas de Milosevic. 
En ambos casos la falta de argumentos sobre el asunto concreto conduce a olvidar los principios del racionalismo y a coquetear con el absurdo, antesala de toda suerte de totalitarismos o estalinismos... 
Resolución sobre Corea 
Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado a favor de la resolución sobre la Corea comunista. 
No hay que decir que lamentamos vivamente las acciones cometidas en Corea del Norte desde 1950 por la dictadura comunista. 
El desprecio con el que se ha tratado a la persona humana no es sino el fruto del materialismo desenfrenado en que se fundamenta el comunismo en particular y la ideología revolucionaria, en general. 
Nuestro Grupo hace votos por que en Corea se restablezca pronto una libertad auténtica, condición indispensable para la paz. 
A este respecto, nos alegramos de que las dos Coreas mantengan desde hace algún tiempo mejores relaciones. 
Este esfuerzo de paz representa una inmensa esperanza para miles de familias separadas desde hace medio siglo. 
En la medida de lo posible, debemos alentar este cambio. 
Ahora bien, no podemos dejar de deplorar la voluntad, expresada en la resolución, de confiar a la Unión Europea la tarea de dirigir, en el lugar de los Estados miembros, las relaciones con la Corea comunista. 
Hay que recordarlo, la diplomacia figura entre los derechos de regalía de todo Estado soberano. 
Cada Estado es libre de mantener relaciones diplomáticas con otro Estado. 
Cada nación debe conservar la libertad de llevar la política exterior que desee, la política más adecuada a sus intereses políticos y económicos. 
Pero dudo mucho de que nuestras instituciones comunitarias, tan infladas de grandes principios mal asimilados, tengan la madurez necesaria para este realismo. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Prioridades del Consejo con vistas a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra 
De conformidad con el orden del día, el Consejo y la Comisión proceden a formular declaraciones sobre las prioridades del Consejo para el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Señor Presidente, estimados diputados y señor miembro de la Comisión Europea, me alegra que se presente una oportunidad al comienzo de la Presidencia sueca para debatir esta importante materia que dice relación con los preparativos para la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Obviamente, durante el debate seguiré atentamente los criterios que se presenten y captaré la disposición de ánimo para el próximo debate, en el que se fijará la postura de la Unión. 
El objetivo de la Presidencia frente a esta reunión anual es mantener a la Unión tras una postura común, instar a los países candidatos a adherirse tanto a las posturas comunitarias como al trabajo para la toma de decisiones y, en lo posible, lograr un apoyo unánime a las propuestas, cosa particularmente importante en relación con Irán y Chechenia. 
Por razones comprensibles, aún no está claro cómo se hará el seguimiento de la reunión especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación en Medio Oriente, celebrada el pasado otoño. 
No obstante, está claro que se espera que este tema sea uno de los dominantes durante la reunión anual y que la UE sea uno de los protagonistas. 
El Consejo pidió en marzo del año pasado que se evaluase el diálogo de la UE con China sobre el tema de los derechos humanos. 
Las conclusiones serán conocidas en la reunión del Consejo de fines de enero. 
En ellas se definen los objetivos del diálogo y se detallan las formas, tanto de su organización como de las periódicas evaluaciones del resultado del diálogo. 
Aún no está claro si habrá una resolución sobre China en la sesión de este año. 
La UE mantiene estrechos contactos con EE.UU., país que el año pasado presentó una propuesta en tal sentido. 
Lo mismo vale para otra materia que incumbe a la Comisión de Derechos Humanos, esto es, la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, presentada por la República Checa y Polonia el año pasado. 
En cuanto a las resoluciones temáticas, la UE seguirá asumiendo su responsabilidad en torno a las resoluciones sobre los derechos de los niños y sobre la pena de muerte. 
Sobre los derechos de la mujer, la Comisión de Derechos Humanos decidirá sobre numerosas resoluciones, todas ellas respaldadas por la UE, aunque no sean de su iniciativa. 
Todavía no se sabe qué se exigirá a la UE en relación con la resolución de la Comisión de Derechos Humanos sobre una Conferencia Mundial contra el Racismo, al mismo tiempo que la participación de la Unión en los preparativos de esta conferencia indudablemente va a constituir uno de los grandes retos de este semestre. 
Desgraciadamente, la llamada resolución ómnibus sobre los derechos de los niños, redactada en colaboración con el grupo hispanoamericano, ha tenido tal amplitud que se ha hecho casi inmanejable. 
Por eso, el anhelo de la Unión es minimizar esta resolución y, a continuación, concentrarse en una perspectiva de justicia. 
Este anhelo se ve fortalecido por el deseo de alcanzar una contribución útil para los preparativos de la reunión especial sobre la infancia, que se celebrará en septiembre de 2001. 
Las directivas comunitarias aprobadas en 1998 disponen que los trabajos en contra de la pena de muerte tienen prioridad en la política exterior de la UE en materia de derechos humanos. 
Un hecho importante es la resolución sobre la pena de muerte de la Comisión de Derechos Humanos. 
El anhelo es, también en este caso, alcanzar el respaldo más amplio posible a esta resolución. 
El acceso a una información relevante es una condición importante para el interés de la UE en temas relacionados con los derechos humanos. 
Los países comunitarios y las representaciones de la Comisión destacadas en todo el mundo tienen un papel destacado en la obtención de información. 
Un factor esencial es la estrecha colaboración con organizaciones privadas y regionales. 
Finalmente, la UE continúa dando su apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores, en nombre de mi colega, Sr. Patten, que ha debido ausentarse para viajar a Moscú para asistir a una reunión, quisiera felicitar al Parlamento por la celebración de este debate de hoy, porque nos brinda una valiosa oportunidad de intercambiar opiniones con vistas al período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos que se celebrará próximamente. 
Es importante que las opiniones del Parlamento sean tenidas en cuenta, porque la Unión Europea trabaja por el establecimiento de posiciones sobre los principales temas que serán tratados en Ginebra. 
Las nuevas posiciones sobre las iniciativas de Ginebra sólo se decidirán tras largas deliberaciones que, naturalmente, forman parte integral del proceso. 
Las ONG, entre otros, tienen razón cuando hacen hincapié en la utilidad de debatir y analizar detenidamente las posiciones. 
Representantes de la Presidencia, los servicios de la Comisión y varios Estados miembros asistieron a una reunión del Grupo de contacto sobre los Derechos Humanos celebrada el 11 de enero en Bruselas. 
Una gran variedad de ONG tuvo la oportunidad de exponer sus opiniones sobre las principales preocupaciones en materia de países y temática, y esta aportación resultará sin duda de utilidad para el proceso de deliberaciones. 
La 56ª Comisión de Derechos Humanos del pasado año tuvo, inevitablemente, sus logros y sus fracasos. 
La aprobación de la resolución presentada por la Unión Europea sobre la pena de muerte fue un logro satisfactorio. 
La Unión Europea podría repetir la iniciativa este año, habida cuenta de que este asunto sigue siendo de la máxima importancia. 
La Presidencia sueca ha señalado, en términos más generales, que los esfuerzos realizados por la Unión Europea en conexión con la pena de muerte se mantendrán y se intensificarán. 
La aprobación de la propuesta de no adoptar medidas con respecto a China causó decepción. 
Algunos miembros de la Comisión de Derechos Humanos votaron en contra, dejando claro que dichas propuestas sólo servirían para reprimir el debate y debilitar la propia razón de ser de la sesión. 
Como he dicho, las decisiones relativas a las resoluciones de la UE para la 57ª Comisión de este año que se celebrará en Ginebra no han finalizado, como es habitual a estas alturas del proceso. 
La Presidencia y los Estados miembros están examinando la situación en varios países, teniendo en cuenta, en su caso, la información de los ponentes especiales de las Naciones Unidas y otras pruebas disponibles. 
Aventuraré algunos comentarios breves sobre algunos temas de interés que, tanto si forman parte de la iniciativa de la UE como si no, serán sin duda sometidos a debate entre los que asistan a la sesión de la 57ª Comisión. 
En el caso de China persisten las preocupaciones ya conocidas; preocupaciones que se siguen escuchando como parte del diálogo entre la UE y China. 
Entre los acontecimientos positivos que se han producido durante los últimos meses destaca la firma de un memorando de acuerdo sobre los derechos humanos con la Alta Comisaría de las Naciones Unidas el pasado mes de noviembre. 
Sigue siendo, sin embargo, fundamental, que el diálogo propicie un cambio concreto, observación ésta que fue reiterada por la Unión Europea en Ginebra el año pasado. 
Con esta idea en mente, el diálogo sobre los derechos humanos con China es actualmente objeto de un ejercicio de evaluación que desembocará en la adopción de conclusiones por parte del Consejo de Asuntos Generales de enero. 
Dichas conclusiones constituirán la base para impulsar el diálogo de una manera constructiva y significativa. 
En lo que respecta a Irán, la resolución adoptada en la 55ª Sesión de la Asamblea General en Nueva York saludaba los cambios positivos que han tenido lugar en aquel país. 
No obstante, también tomaba nota con preocupación de que persisten las dificultades con respecto a la restricción de libertades, la práctica de ejecuciones, torturas y discriminación contra las minorías religiosas y las mujeres. 
El informe provisional que el Sr. Copithorne, representante especial, presentó a la Asamblea General el pasado mes de septiembre refleja la necesidad de impulsar el progreso hacia la mejora de la situación de los derechos humanos. 
El acceso del representante especial sigue siendo, naturalmente, una preocupación fundamental. 
Por último, como preocupación puntual, los problemas de los niños recibirán, como se merece, mucha atención este año, incluso en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista para septiembre. 
Con esta idea en mente, la Unión Europea seguirá desempeñando un papel activo en la resolución sobre los derechos de los niños en Ginebra y, al igual que el año pasado, buscará la útil cooperación del grupo de países de América Latina y Caribe. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Presidente en ejercicio y al Comisario por sus observaciones. En particular, por lo que han dicho sobre la pena de muerte y la situación en China e Irán. 
Sólo lamento que ninguno de los dos caballeros haya mencionado la palabra Rusia, porque se me ocurre que la situación en Rusia es preocupante. 
La Comisión debería de estudiarla, en particular, si queremos conseguir una situación satisfactoria de los derechos humanos en toda Europa. 
Con un poco de suerte, el momento será oportuno y el Sr. Patten podrá plantear determinadas cuestiones al Presidente ruso. 
Es muy oportuno que este asunto se plantee, porque han transcurrido casi diez años desde la caída de la Unión Soviética. 
Entonces abrigábamos grandes esperanzas de que toda Europa se convertiría en una zona en la que prevalecerían los derechos humanos, pero las cosas nunca salen exactamente como esperamos que salgan. 
La situación, en particular, en Belarús, se ha deteriorado de manera dramática y se han librado las guerras civiles más horribles y se han producido masacres a gran escala en los Balcanes. 
En Europa debemos felicitarnos por haber realizado algunos progresos, aunque no suficientes. 
Me alegra, en particular, comprobar lo que ha ocurrido en Polonia, Hungría y la República Checa. 
Las situación de los derechos humanos en dichos países ha mejorado de forma espectacular, así como en los Estados bálticos con la creación del sistema económico mixto. 
Algunas personas no consideran que eso sea un derecho humano, pero yo creo que sí lo es y que representa un paso más hacia el progreso, que deberíamos acoger con satisfacción. 
Me conmueve muy profundamente ver cada verano en las playas del Mediterráneo y en otros lugares de veraneo a multitud de turistas procedentes de la Europa central y oriental, incluida Rusia, que pasan sus vacaciones tal y como venimos haciendo nosotros desde hace muchas décadas. 
Como solía decir Ernest Bevin, ministro de Asuntos Exteriores británico, el principal objetivo de la política exterior es permitir que los ciudadanos puedan viajar con un mínimo de injerencias y de molestias burocráticas. 
Creo, sin embargo, que debo mencionar dos o tres de los problemas específicos de Rusia. 
En uno de ellos tengo un interés reconocido, me refiero a la cuestión de Media-Most y al sistema de televisión alternativa de Rusia. 
Espero que el Sr. Patten esté bien informado sobre las circunstancias que han rodeado la actual detención del presidente de Media-Most, Sr. Vladimir Gusinsky. 
Sorprendentemente, se encuentra en su casa cerca de Málaga en España. 
Me resulta muy extraño que la policía española cumpla de esta manera una orden cursada por el antiguo KGB. 
El Sr. Putin prosigue su guerra contra los disidentes. Parece no tener ningún sentido del humor. 
No le gusta verse representado en televisión por un títere ni que se hagan bromas a su costa. 
Al parecer no es adecuado satirizar al Presidente de Rusia de esta manera y éste no está dispuesto a tolerarlo. 
Es una enemistad de lo más desagradable y que la hace tanto más desagradable el hecho de que una de las partes goce del apoyo del Presidente de Rusia. 
Esta situación no es satisfactoria y espero que sea abordada durante la visita del Sr. Patten. 
Muy brevemente, las otras observaciones que me gustaría hacer en relación con Rusia son la situación que reina en el ejército ruso, en particular, en Chechenia, pero también en el interior del país, porque el ejército ruso se ha hecho famoso estos días por la crueldad que ejerce y, en particular, por el trato que dispensa a sus jóvenes reclutas. 
Asimismo, durante el pasado año he contemplado con preocupación la tendencia de la actual clase dirigente de Rusia- de la que forman parte muchos de los antiguos agentes de la KGB, porque son nombrados por un antiguo coronel de la KGB- que parece algo propensa a detener sin motivo aparente a los denominados espías británicos, estadounidenses y rusos. 
Esta actitud es del todo innecesaria y yo la situaría en el entorno de la posguerra Fría. 
Con estas reservas, felicito a la Comisión y al Presidente en ejercicio y espero con interés que se produzca una mejora de la situación de los derechos humanos en este nuevo año. 
Señor Presidente, el año pasado asistí a la sesión de la 56ª Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y la semana pasada asistí a aquélla del Grupo de Contacto sobre los Derechos Humanos: hay que hacer mucho más y, si acaso, la situación empeora en todo el mundo. 
El fomento y la defensa de los derechos humanos es una prioridad de primer orden para la Unión Europea y sigue siendo uno de los principios fundamentales de la Unión. 
De hecho, creo que el concepto de los derechos humanos debería informar de todo lo que hacemos en nombre de la democracia, porque una situación negativa de los derechos humanos, a menudo, es provocada o agravada por la falta de democracia y por sistemas de gobierno ineficaces y corruptos. 
Los derechos humanos no existen de manera aislada, ni tampoco deben ser considerados de forma abstracta. 
Son los derechos fundamentales de todas las personas con independencia de quiénes son, de dónde o en qué familia nacen. 
Y sin embargo, mientras hablamos en esta Asamblea, los derechos humanos de hombres, mujeres y niños están siendo violados. 
Es el motivo por el que el Consejo y los Estados miembros deben esforzarse para conseguir la ratificación universal de los principales instrumentos para la defensa de los derechos humanos que están abiertos a todos los países, en particular, el Convenio Internacional sobre los derechos civiles y políticos, el Convenio sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, el Convenio sobre los derechos del niño, al que ya he hecho referencia, el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y el importantísimo Convenio contra la tortura. 
Asimismo, pedimos que se adopten con carácter inmediato medidas para proteger a las personas homosexuales contra el trato degradante e inhumano al que siguen estando sometidas: en algunas partes del mundo siguen enfrentándose a la pena capital por motivo de su orientación sexual. 
También hacemos un llamamiento a la UE para que apoye a la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como a las demás organizaciones internacionales y ONG en la lucha contra la represión de los medios de comunicación independientes, a la que ya ha hecho referencia Lord Bethell, y contra la represión de periodistas y escritores, e instar a todos los Estados a que pongan fin a la censura, protejan el derecho a tener acceso a la información oficial y pongan fin a la restricción del acceso a la tecnología moderna de información, que, a menudo, es una tabla de salvación para personas que sufren la represión. 
También hacemos un llamamiento al Consejo y a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que presten todo su apoyo a la redacción del Convenio Internacional sobre la protección de todas las personas contra desapariciones forzosas. 
Una vez más, y espero que no sea en vano, pedimos la abolición de la pena de muerte. 
Es posible y conveniente nombrar a los países afectados y afearles su conducta, pero en esta Asamblea y junto con el Consejo y con la Comisión de las Naciones Unidas, debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que hombres, mujeres y niños nacen iguales y pueden vivir como iguales y disfrutar de las libertades fundamentales de los derechos humanos. 
Éste es el mensaje que esta Asamblea debe llevar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y espero que todos los presentes en la Asamblea apoyen este propósito. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la Unión Europea es una importante comunidad de valores que se identifica con la democracia, con el humanismo y con los derechos humanos. 
Nuestro trabajo interno, y también la política exterior, se fundamentan en estos valores. 
En muchos aspectos relacionados con los derechos humanos, la política de la UE es buena, pero falta una estrategia consecuente y coordinada para el trabajo en pro de los derechos humanos. 
Las instituciones no siempre están coordinadas y hay deficiencias en seguimiento y análisis, circunstancias éstas que, obviamente, disminuyen nuestra capacidad de influencia. 
Frente a la reunión de Ginebra, el Grupo Liberal y yo esperamos ver una Europa fuerte y unida, capaz de promover ciertos asuntos con energía. 
Ha sido satisfactorio escuchar los anhelos de la Presidencia sueca. 
Es provechoso que el Consejo respalde la resolución sobre la pena de muerte y sobre los derechos de la infancia y de las mujeres. 
También quisiera instar al Consejo, en nombre del Grupo Liberal, para que dé su apoyo a la redacción de un protocolo de la convención sobre la tortura y para que respalde la celebración de una nueva convención internacional sobre los desaparecidos. 
El tema de los refugiados también debe ser destacado. 
En muchos países se producen violaciones a los derechos humanos. 
Éstas deben criticarse siempre. Aunque ocurran en países de la Unión. 
Sin embargo, en algunos países la situación es alarmante. 
Quiero pedir al Consejo que intente sinceramente conseguir una resolución sobre China, donde los atropellos a los ciudadanos chinos son cada vez peores, especialmente la creciente violencia contra los seguidores del Falun Gong. 
El Presidente del Consejo mencionó a Irán y a Chechenia. 
Quisiera pedir que se incluya también a Arabia Saudita, a Colombia, a Indonesia y a Afganistán. 
La situación en esos países también es muy alarmante. 
Las voces de la ONU y de la UE son importantes en el contexto internacional. 
Muchos países escuchan y se preocupan de las señales que vienen de "Bruselas". 
Podemos utilizar esta posición para luchar activamente en pro de los derechos humanos. 
Se necesita consecuencia, valentía y una estrategia más sofisticada. 
Espero que la Presidencia sueca contribuya a formular una estrategia de esta naturaleza, no sólo para la reunión de Ginebra, sino que para el futuro, que forme parte de la política exterior de la Unión. 
Señor Presidente, los derechos humanos forman parte inseparable de la base de los valores de la Unión y del Derecho comunitario. 
Estos derechos también son universales pese a la existencia de ciertas matizaciones. 
Sin embargo, la UE no cuenta con una estrategia en materia de derechos humanos, de modo que las cuestiones de responsabilidad recaen, en primera instancia, sobre los Estados miembros. 
A falta de estrategia, la táctica hace las veces de estrategia. 
En lo que se refiere a los derechos humanos, esto significa que las conveniencias políticas pueden llegar a determinar dónde y cuándo habrá que intervenir en las situaciones de violación de esos derechos. 
Y en cierta medida esto es ineludible. 
Una comunidad de la naturaleza de la UE, comprometida con el respeto y la defensa de los derechos humanos, debería en todo caso practicar una política en materia de derechos humanos mucho más firme y coherente que la practicada en estos momentos. 
Sería conveniente que la Unión tuviera una única voz en un ámbito tan importante como éste. 
Por ello, debemos congratularnos de haber tenido la oportunidad de debatir con el suficiente tiempo las prioridades del Consejo de cara a la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Las violaciones de los derechos humanos también deben ser tomadas en serio en todos los demás casos, y no sólo cuando se necesita una coartada política para intervenir. 
Los derechos humanos tienen un valor intrínseco, el cual se ve empañado cuando son usados como un instrumento que persigue otro tipo de objetivos, quizás legítimos en sí mismos, en casos particulares. 
O cuando se omiten violaciones graves de los derechos humanos por razones de política comercial o de cualquier otra índole. 
Esta tendencia se aprecia también en nuestras actitudes ante los puntos incluidos en el orden del día de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto en los enfoques a nivel regional y nacional, como en lo que se refiere a la elección de los asuntos a tratar. 
Por ejemplo, la represión de la libertad de expresión o la tortura y la impunidad, asuntos sobre los que Amnistía Internacional ha hecho su última campaña, merecerían ser erigidos como objeto de un examen más amplio. 
Así pues, no basta con las acciones ad hoc, si bien los derechos humanos tampoco deben ser un mero dulcificante retórico omnipresente, una especie de NutraSweet político sin ningún efecto práctico. 
Para que la voz de la UE tenga más eco y repercusión, la Unión debe adoptar una línea coherente y propiamente suya, así como consolidar su trabajo en este campo. 
Por ello, habría que estrechar en el futuro la colaboración interinstitucional y reforzar especialmente el papel del Parlamento. 
Antes que nadie nosotros, aquí en el Parlamento, deberíamos mostrarnos activos y cumplir nuestros propios compromisos retóricos. 
Esto requiere de una dedicación persistente y sistemática al trabajo en pro de los derechos humanos, también en aquellos casos que no estén relacionados directamente con la adquisición de derechos o con los acontecimientos de actualidad presentes en los medios de comunicación. 
Hay que intensificar el seguimiento y la emisión de partes de situación, cosa que, además de buena voluntad, requiere la existencia de suficientes recursos y medios diplomáticos. 
Las Organizaciones no-gubernamentales y las sociedades civiles pueden aportar una ayuda insustitutible. 
También pueden traer una ráfaga de aire puro a esa cámara cerrada en la que nos debatimos con exceso, esclavos de intereses cotidianos de poco alcance. 
Señor Presidente, señor Vitorino, señor Presidente del Consejo, cuando elaboramos una resolución sobre un tema como los derechos humanos, existen dos posibilidades: mencionar los principios y dejar sin nombrar determinadas zonas o hacer como hemos hecho, es decir, mencionar una serie de zonas y correr el riesgo de haya otras que queden relegadas al olvido. 
Sobre esto, entre otras cosas, versará esta intervención. 
No obstante, quiero decir en primer lugar cuánto celebro que se haya hecho alusión a la situación en China y quiero respaldar calurosamente las enmiendas presentadas. Quizá también debiera haber aparecido algún comentario sobre la situación con respecto a la libertad de culto para la secta Falun Gong, pero no importa. 
Se trata de una crítica bastante dura y lo celebro. También celebro que se mencione a Chechenia. 
Creo que es una zona a la que no prestamos suficiente atención. 
Hay varios ámbitos a los que me parece se ha dado poca prioridad. 
La Presidencia sueca dice que los trabajos para abolir la pena de muerte gozarán de alta prioridad para esta Presidencia. 
Me alegra mucho oírlo y estoy plenamente de acuerdo en que se trata de un ámbito al que hay dar alta prioridad. 
A este respecto, debemos prestar atención a nuestros llamados "amigos". 
Creo que debemos prestar atención a la situación en los EE.UU. Tras las elecciones presidenciales norteamericanas el número de penas de muerte en los EE.UU. marcará nuevos récords. 
Nos encontramos en la situación de que hay personas en el corredor de la muerte sobre las que estamos plenamente convencidos de que no han tenido un juicio justo y de que no estarán en condiciones de tenerlo a menos que haya fuerzas del exterior ayudándoles pues el sistema no lo hace por sí mismo. 
Creo que también debemos recordar a otro de nuestros "amigos", me refiero a un país solicitante como Turquía, que ni mencionamos en esta resolución. 
Es un problema que todavía tengamos tan cerca de nosotros un país que no quiere abolir la pena de muerte, que no quiere implantar derechos democráticos universales para las minorías étnicas y que no controla los métodos que su policía emplea ya sea en la calle o en sus prisiones. 
Turquía no respeta la Convención para la lucha contra la tortura. 
No les ayudamos a las personas que huyen de países de este tipo levantando Fuerte Europa y permítaseme concluir mi intervención con estas palabras dirigidas a la presidencia sueca: Recordad que no mejoramos la situación de los perseguidos levantando un Fuerte Europa en torno nuestro. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que las indicaciones que han dado mis colegas están claras. 
La Sra. Malmström y la Sra. Frahm acaban de hablar de China, y Lord Bethell ha hablado de Chechenia. 
Sin embargo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted habla de posición consensuada de la Unión. 
Sabemos por experiencia que la posición consensuada de la Unión es el medio que ha encontrado para no adoptar ninguna posición seria en Ginebra. 
Ya lo vimos el año pasado, cuando la Unión se escondió hasta el último momento detrás de Estados Unidos, detrás de otros países, para no tomar ninguna iniciativa seria ni sobre Chechenia, ni sobre la República Popular de China. 
Por desgracia, me temo que también este año, mi partido, el Partido Radical, será uno de los pocos, junto con Wei Jinsheng y algunos otros, en defender la cuestión de los derechos humanos en China y en el Tibet, en platear la cuestión de Chechenia, y que el Consejo y la Unión que representa estarán una vez más ausentes de las Naciones Unidas. 
Usted trabajará sobre la pena de muerte, pero sabe muy bien que la cuestión de la pena de muerte incumbe hoy a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Comisión de Derechos Humanos, y, por tanto, se refugiará, una vez más, de forma- discúlpeme- un tanto hipócrita, detrás de los grandes principios. 
Señor Presidente, en los anteriores debates acerca de la situación de los derechos humanos siempre he defendido que la Unión Europea refuerce sus medidas preventivas y trabaje a más corto plazo, adecuando sus acciones a las necesidades más inmediatas. 
Por eso, me sorprende un tanto que en la introducción que, acabamos de escuchar, ni la Presidencia ni la Comisión hayan aludido a la situación de los derechos humanos en África. 
Por todo ello, me permito llamar previamente su atención sobre una situación explosiva de máxima actualidad que entraña serios riesgos para los derechos humanos, a saber, la situación en la República del Congo después del atentado contra el Presidente Kabila. 
A pesar de la información confusa y a menudo contradictoria queda cada vez más claro que en Kinshasa amenaza un vacío de poder. 
Es, por tanto, fundamental que instemos sin mayor demora y con firmeza a los nuevos dirigentes a que hagan todo lo posible por mantener la calma y la serenidad en Kinshasa y respeten los derechos humanos. 
Al mismo tiempo creo necesario que se ruegue encarecidamente a los países involucrados directa o indirectamente en el conflicto que no se impliquen en la actual crisis interna. 
Si los países vecinos no se mantienen al margen, la crisis puede recrudecerse, con todo lo que esto significaría. 
Por otra parte, es importante que se retome cuanto antes el hilo del proceso de paz de Lusaka y que se pueda poner en marcha el diálogo intercongoleño entre todas las partes implicadas. 
Lo digo pensando en el genocidio cometido en Ruanda en 1994, donde la comunidad internacional no pudo sino observar con pasividad cómo fueron asesinados cientos de miles de personas. Por todo eso, pido a la Unión Europea y también a las Naciones Unidas que sean más asertivas y estén más atentas a lo que sucede en África Central. 
Y con esto llego al orden del día de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se celebrará en Ginebra. 
Pese a los numerosos tratados y convenios se sigue atentando masivamente contra los derechos de las mujeres, niños y otros grupos débiles. 
En todo el mundo una de cada tres mujeres sufre abusos físicos. 
Cincuenta millones de niños trabajan en condiciones inaceptables y cada año dos millones de niñas menores de quince años son obligadas a prostituirse. 
Hay que prestar especial atención a dos tipos de violaciones de los derechos humanos que en los últimos años han adquirido unas proporciones preocupantes en Europa. 
El primer problema es el de la pedofilia y la pornografía infantil. 
Mientras que denunciamos con razón el trabajo de menores en los países asiáticos o la utilización de niños soldados en los países africanos, nosotros en Europa Occidental nos sobresaltamos con los escándalos de pedofilia y pornografía infantil que estallan periódicamente. 
Para ello remito al excelente informe de nuestro colega, el Sr. Kirkhope. 
Disponemos de dos nuevos datos que ponen en evidencia la gravedad de la situación. 
En Italia se ha desmantelado recientemente una red que vendía a través de Internet imágenes de abusos sexuales y atrocidades sufridos por niños. 
La semana pasada la policía británica logró desmantelar el Wonderlandclub, incautándose de 750.000 ignominiosas fotografías de niños. 
El tráfico de seres humanos es otro fenómeno alarmante. 
Es un problema que afecta anualmente a unos 30 millones de personas, de las cuales medio millón acaba en la Unión Europea. 
El tráfico de seres humanos se ha convertido en una industria internacional altamente lucrativa y en no pocas ocasiones las víctimas corren el peligro de perder la vida. 
En España el mar arroja tantos cadáveres de inmigrantes ilegales ahogados a las playas que se ha abierto un lúgubre debate sobre quién ha de pagar los entierros. 
En ambos casos se trata de gente sin escrúpulos que se aprovecha de la desesperación de los pobres a fin de enriquecerse. 
En ambos casos es preciso que se informe debidamente a las poblaciones de los países de procedencia y que se refuerce la coordinación entre las fuerzas policiales internacionales para erradicar estas intolerables situaciones. 
Suecia goza de una buena reputación en lo que a la defensa de los derechos humanos se refiere. 
Espero de todo corazón que en los próximos seis meses Suecia haga honor a esta fama dedicándose de lleno a las recomendaciones formuladas por el Parlamento en estos dos importantes ámbitos. 
Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no sólo es un foro de debate, sino también el instrumento de difusión y defensa de los derechos humanos por excelencia. 
Es cierto que la composición de la Comisión y la dudosa solidaridad de los Estados miembros poco respetuosos de los derechos humanos impiden con frecuencia la adopción de unas conclusiones claras y nítidas, incluso de cualquier conclusión. 
Pero el hecho mismo de que un caso grave de violación de los derechos humanos en un país miembro de las Naciones Unidas se evoque en Ginebra constituye, en realidad, un acto político en sí mismo. 
Los países criticados tienen pavor al "name calling" y emprenden un intenso cabildeo hacia arriba para impedir cualquier debate, y es exactamente ahí donde el Parlamento Europeo, apegado a la defensa de los derechos humanos, puede desempeñar plenamente su papel. 
En cooperación con las ONG interesadas, y en particular con Amnistía Internacional y las ligas de derechos humanos, puede insistir ante el Consejo y los Estados miembros para que los Quince presenten en Ginebra posiciones comunes motivadas sobre temas prioritarios. 
Para el año 2001, considero que las cuestiones prioritarias que deberían abordarse en Ginebra son, ante todo, la pena de muerte, la tortura, la discriminación hacia las mujeres, la inobservancia de los derechos del niño, y la libertad de prensa y de información. 
Entre las nuevas formas de violación de los derechos humanos, los casos de desapariciones o de ejecuciones extrajudiciales, a menudo precedidos de tortura, son especialmente odiosos. 
No hay duda, las víctimas son siempre oponentes políticos a los regímenes vigentes. 
Tales violaciones, que no dejan lugar a recurso alguno, se registran, entre otros lugares, en la Federación de Rusia (en relación con Chechenia) , Sierra Leona, Indonesia, Colombia, Irán, Iraq, los Territorios Palestinos ocupados por Israel, Turquía, etc. Podría seguir largo rato. 
La lista es larga, y no exhaustiva. 
El Parlamento se honrará si exige a nuestros gobiernos que adopten una posición firme a este respecto. 
Acabamos de aprobar una nueva Carta de los Derechos Fundamentales. 
Tendremos que poner en concordancia nuestros principios con nuestros actos. 
Las familias de las víctimas nos esperan sobre el terreno. 
Señor Presidente, han pasado más de cincuenta años desde que aprobáramos la Declaración de Derechos Humanos y quizá debamos preguntarnos si la situación de los derechos humanos efectivamente ha mejorado. 
No resulta fácil contestar, pero hoy sabemos más de lo que sabíamos antes gracias, entre otros, a las numerosas ONG y a los numerosos periodistas que continuamente informan de las violaciones de los derechos humanos cometidas a lo largo y ancho del mundo, siendo este conocimiento condición necesaria para la acción. 
Sin embargo, cuando se tiene conocimiento, también se está obligado a actuar. 
La pasividad equivale a fallar a los que ven violados sus derechos y en este punto la UE tiene una responsabilidad independiente. 
La UE, como han mencionado varios oradores, se hace notar claramente en el campo de los derechos humanos, lo que tiene tanto un lado positivo como otro negativo. 
Lo fundamental es que seamos consecuentes y concretos. 
Con respecto a los países de la Europa Central y Oriental hemos tenido éxito con nuestra política a la que quizá la imagen que mejor la defina sea la de una mano de hierro dentro de un guante de seda. 
Sin embargo, no es suficiente, nuestro trabajo no se detiene en las fronteras de Europa. 
De ahí que también sea motivo de alegría ver cómo nos hemos centrado en la cuestión de los derechos humanos con relación a los nuevos acuerdos de asociación ACP-UE. 
Sin embargo, debemos estar seguros de poder también pasar a la acción si resulta que se violan los derechos humanos. 
Si nos viéramos obligados a introducir sanciones en Europa Central y Oriental, éstas incidirían sobre todos. 
En este punto, la situación de los países en vías de desarrollo es totalmente distinta. 
Si nos viéramos obligados a introducir sanciones, éstas en la mayoría de las ocasiones sólo afectarían a la parte pobre de la población, por lo que, cuando se trata de países en vías de desarrollo, debemos crear una estrategia específica con respecto a las sanciones de modo que no sólo perjudiquemos a los que realmente queríamos ayudar y a los que previamente han pagado el pato. 
En este punto tienen por delante una tarea enorme la UE en su conjunto y también el Parlamento Europeo. 
Debemos enterarnos de qué sanciones se van a llevar a cabo. 
Sin embargo, naturalmente es fundamental que trabajemos con los derechos humanos de forma más general, de modo que podamos disponer de algunas cifras comparables pues en este Parlamento somos propensos a intervenir tan pronto como nos enteramos de que un derecho humano es violado en algún lugar. 
Cuando viajamos fuera, debemos tratar de ser más concretos y ver en qué situación se encuentran los derechos humanos en los países en cuestión, podemos organizar encuentros con los activistas en materia de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos en la zona dejando así que el informe final trate la cuestión de los derechos humanos. 
Me gustaría decir para acabar que las zonas tratadas en la resolución son importante, pero que no son las únicas zonas que exigen nuestra atención. 
Por ello me he referido hoy a otras zonas. 
Señor Presidente, en este debate sobre los preparativos de la conferencia anual de derechos humanos en Ginebra y la correspondiente contribución de la Unión Europea quisiera centrarme en tres temas. 
Hablaré de la situación en Birmania e Indonesia y del fenómeno de los niños soldados. 
Hace casi diez años que Aung San Suu Kyi fue elegida Presidenta de Birmania y que su partido, la NLD, obtuvo la mayoría en el Parlamento. 
Desde entonces Birmania vive una dictadura militar, muchos diputados han sido asesinados o han huido y, según parece, se ha implantado un régimen de terror sin precedentes que afecta sobre todo a los disidentes políticos y a las minorías. 
Desde hace mucho tiempo soy miembro de Pidi-Birma, un grupo dirigido por el antiguo Primer Ministro de Noruega, el Sr. Bondevik, y he visitado los campos de refugiados birmanos en Tailandia. Conozco bastante bien la situación. 
Ahora me dicen que, según parece, Aung San Suu Kyi está dialogando con la junta militar y que el próximo mes se desplazará a Birmania una delegación de la Unión Europea bajo la dirección de Suecia. 
Ello no obstante, quisiera advertirles de que no se dejen engañar. No es la primera vez que el régimen militar se dispone a hacer concesiones que luego se quedan en nada. 
Lo hace preferentemente justo antes de que se celebre una Cumbre EU-ASEAN o en vísperas de la Conferencia de Ginebra. Les aconsejamos que preparen una resolución virulenta sobre Birmania por si acaso y que no tengan reparos en abogar por la imposición de sanciones o la congelación de las inversiones. 
Lo digo con insistencia, aunque las sanciones no me convencen mucho, pero si hay un solo país que se las merece ése sin duda es Birmania. 
Luego está Indonesia. Este país se halla en pleno proceso de democratización y su Gobierno encuentra mucha oposición. 
Tiene que hacer frente a graves problemas regionales, especialmente en Atjeh, las Molucas, Irian Jaya y Timor. 
Ya se habla de más de un millón de refugiados y de decenas de miles de muertos y heridos. 
Se están cometiendo serios atentados contra los derechos humanos, sobre todo por parte de militares desleales y grupos islamistas. 
El Gobierno no interviene suficientemente y por eso es útil y necesario que se presente una resolución en Ginebra. No se trata de atacar al Gobierno de Wahid, lo único que le pedimos es que afronte las violaciones de los derechos humanos con firmeza y que procese a los culpables. 
Por último, quisiera llamar su atención sobre el creciente problema, sobre todo en África, de los niños soldados que son incitados a cometer las más espeluznantes atrocidades bajo la influencia de las drogas. 
Lo vemos en Sudán y el fenómeno se está implantando asimismo en Sierra Leona y en algunos otros países. 
Aquí estamos ante una doble violación de los derechos humanos. 
Primero los niños son secuestrados y luego son entrenados con drogas y otras técnicas para que mutilen y asesinen a otras personas. 
A este respecto habría que criticar doblemente al Gobierno de Sudán puesto que admite la presencia de estos grupos en su territorio, en el sur de Sudán, para que desde ahí puedan sembrar el terror en Uganda. 
Además, dichos grupos secuestran a niñas de las escuelas del norte de Uganda, obligándolas a prestar servicios especiales. 
En realidad, ello crea una triple injusticia hacia esos niños. 
Por tanto, considero urgente e imprescindible que estas prácticas se condenen firmemente en Ginebra y ruego a la Unión Europea que presente una resolución en este sentido. 
Señor Presidente, obviamente estoy de acuerdo con las críticas vertidas contra China, por el Tíbet, contra Rusia, por Chechenia, y también me sumo a la condena de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el conflicto entre israelíes y palestinos, incluida aquella repulsiva ejecución pública. 
Entiendo que se critique a Irán por la falta de libertad, tanto en el ámbito de la religión como en cuanto a la mujer y la prensa, pero no se olviden de Birmania, Indonesia y los niños soldados. 
Ése es el fondo de mi mensaje. 
Señor Presidente, el año pasado unos pocos votos impidieron la inclusión en el orden del día de Ginebra de los atentados continuados contra los derechos humanos en China. 
Yo espero que en estos próximos meses tengamos más éxito y consigamos obtener el apoyo de los países que actualmente participan como miembros en la 57ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos. 
El fin de semana pasado participé en una conferencia en Suiza, en mi calidad de presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre el Tibet.. 
Parlamentarios de los Estados miembros de la UE, de los países candidatos a la adhesión y de los Estados Unidos examinaron las posibilidades de inducir a sus países a que debatan los graves atentados contra los derechos humanos que está cometiendo China. 
Éstos afectan a los tibetanos y también a los uigures y mongoles. 
La libertad de opinión, de reunión y de residencia están restringidas. 
Los tibetanos tienen vedada la autonomía religiosa y cultural, y más aún la autonomía política. 
Decenas de miles sufren persecución, encarcelamiento y torturas. 
No podemos cerrar los ojos ante esta segunda revolución cultural. 
Señor Comisario Vitorino, yo no subestimo la importancia del diálogo de la Unión Europea con China. 
Ni tampoco el papel de China como miembro de la OMC y futura potencia mundial. 
Se han empezado a hacer esfuerzos para cuidar más las relaciones con los socios comerciales importantes. 
Yo confío en que nuevas fuerzas con afán de reforma sustituirán un día a la vieja guardia de los dirigentes cerriles y centralistas. 
Sin embargo, no podemos esperar hasta que esto ocurra. 
No podemos permanecer cruzados de brazos a expensas de las numerosas personas que son víctimas de la violencia física y psíquica. 
Los derechos humanos no son un invento occidental. 
En los nuevos acuerdos de la Unión Europea con terceros Estados se establece justificadamente que ambas partes suspenderán las medidas si no se respetan los derechos humanos. 
En consecuencia, instamos al Consejo y a los Estados miembros de la UE- usted acaba de decir, señor Danielsson, que somos un actor central- a que en esta ocasión tomen la iniciativa en Ginebra. 
Junto con los Estados Unidos, Canadá y, según tengo noticia, también Suiza y los Estados candidatos a la adhesión a la UE, debemos procurar convencer a los países de África, Asia y Sudamérica para que el tema de China se incluya por fin en el orden del día de Ginebra. 
Los derechos humanos no son secundarios, ¡son derechos fundamentales de carácter universal! 
. (SV) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera agradecer el sólido respaldo que entiendo que esta Asamblea y los diputados han dado a la Unión Europea para que participe activamente en la próxima reunión de Génova. 
Agradezco también todas las ideas que se han vertido durante el debate. 
Permítanme comentar algunas de ellas. 
En primer lugar me referiré a Rusia y más específicamente a Chechenia. 
El Sr. Bethell tiene razón, no mencioné a Rusia, pero sí a Chechenia. 
Sólo quiero subrayar que el Consejo entiende que la situación en Chechenia todavía es grave. 
Tal vez no pueda calificarse como tan grave como la de años anteriores, pero creemos que hay que hacer un seguimiento de la resolución que se presentó y aprobó el año pasado a raíz de la grave situación reinante en ese país. 
Muchos oradores han destacado la situación en China. 
Quiero rechazar enérgicamente las afirmaciones de que la Unión intenta parapetarse tras otras naciones a la hora de combatir las violaciones a los derechos humanos en China. 
Simultáneamente, es importante que cuando hagamos algo en favor de los derechos humanos en China realmente podamos reunir un grupo suficientemente grande de países en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que nos asegure el éxito. 
Aquí se presentan problemas que algunos diputados han señalado en sus intervenciones. 
Estamos dialogando con China. 
El próximo mes tendremos la oportunidad de discutir con los chinos acerca de nuestra manera de entender la situación. 
Pero también necesitamos discutir con la nueva administración estadounidense, ya que EE.UU., según la tradición, presenta las propuestas y también lo ha hecho respecto a esta resolución. 
Así, puedo prometer a sus Señorías que la situación en China seguirá contando con la atención de la Unión. 
El diputado Frahm se ocupa de la pena de muerte, asunto que reviste particular importancia. 
Indudablemente, la Unión debe rechazar la pena de muerte en todos los lugares en que se aplique, inclusive, obviamente, en EE.UU. 
Agradezco especialmente al diputado Johan Van Hecke y a los demás que se han preocupado por la situación de los derechos humanos en África, lamentando no haberlo hecho en mi primera intervención. 
Los países africanos tienen problemas de mayor relevancia que la simple preocupación por los derechos humanos, es decir, el único problema no son los derechos humanos. 
Esta circunstancia no nos impedirá ocuparnos de los problemas existentes. 
Puedo asegurarle al estimado diputado que la Unión ha tomado debida cuenta de lo que se ha dicho sobre África a lo largo de este debate. 
La Unión prepara para este año también una proposición sobre la situación en Birmania/Myanmar para ser presentada en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. 
Debe entenderse como un elemento de una estrategia general para resaltar la situación de los derechos humanos en ese país. 
Por ejemplo, Suecia ha sido responsable durante muchos años de una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la situación en Birmania/Myanmar y la Unión en su conjunto está vivamente interesada en las discusiones que tienen lugar en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en relación con el hecho de que Birmania todavía mantiene los trabajos forzados. 
Allí hay una serie de medidas a las que la Unión da su pleno respaldo. 
Por tanto, agradezco todas las ideas concretas y prometo que éstas se tomarán en cuenta en las próximas reuniones del Consejo para la preparación de la importante reunión de la Comisión de Derechos Humanos de este año en Ginebra. 
. (EN) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señoras y señores, permítanme decir y reiterar brevemente que la Comisión tendrá plenamente en cuenta las opiniones que sus Señorías han expresado y subrayar que en mi presentación no toqué todos los temas que cabría tomar en consideración. 
Es por ello por lo que el debate de hoy tiene tanta importancia, como la tiene el debate paralelo con las ONG, porque nos permiten reunir el máximo de información posible e incorporar dicha información a la posición de la Unión Europea que estamos preparando de cara a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos. 
Unas cuantas palabras concretas sobre algunas de las observaciones. 
En primer lugar, y me dirijo al Sr. Thomas Mann, hago hincapié una vez más en el hecho de que la Comisión espera con interés poder hacer una evaluación del diálogo sobre los derechos humanos con China, y esperamos ver conclusiones concretas de dicha evaluación en el Consejo de Asuntos Generales de este mes, como ha dicho el Presidente en ejercicio. 
En nuestras preocupaciones, naturalmente, no nos hemos olvidado de África ni de Rusia ni de Birmania ni tampoco de algunos temas horizontales que son sumamente importantes, como la protección de las minorías, la discriminación de todo tipo o la abolición de la tortura- creo que éstas son las cuestiones que nos preocupan actualmente en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos. 
Para terminar, quisiera hacer hincapié en que atribuimos gran importancia a la preparación de la posición de la Unión Europea ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y acojo con satisfacción que la Presidencia sueca esté dispuesta a presentar muy seriamente esta posición en septiembre. 
Permítanme decir también al Sr. Van Hecke que comparto plenamente su preocupación por la amenaza que supone el tráfico de seres humanos. 
Permítame recordarle que la Comisión acaba de adoptar dos propuestas de decisión marco, una encaminada a la lucha contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, y la otra a la lucha contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación económica. 
Éstas se convertirán en dos instrumentos penales importantes para armonizar la legislación con vistas a luchar contra las redes transnacionales de delincuentes que explotan el tráfico de seres humanos. 
Estamos a la cabeza en lo que se refiere a concienciar y proporcionar a la policía y al sistema judicial de los quince Estados miembros los instrumentos jurídicos armonizados necesarios para luchar contra dichas amenazas para los derechos humanos y para la estabilidad en los quince Estados miembros. 
Muchas gracias, señor Comisario António Vitorino. 
He recibido siete propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 16.10 horas, mientras se esperaba el comienzo de la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo, se reanuda a las 16.30 horas) 
Programa de actividad de la Presidencia sueca 
Tengo el gran placer de recibir al Primer Ministro Persson. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría expresarle el gran placer que nos causa acogerle por vez primera en este hemiciclo para el comienzo de la Presidencia sueca, a la que deseamos todo el éxito. 
Sin más dilación, le doy la palabra. 
Sólo durante las últimas décadas, Europa ha cambiado de una manera nunca antes vista. 
La cooperación ha reemplazado a la guerra fría. El desarrollo tecnológico se ha expandido enormemente y nuestras economías se han entrelazado en el mercado mundial. 
Las amenazas a la democracia y a la paz ya no pueden simplemente atribuirse a regímenes totalitarios del otro lado del telón de acero. 
Por el contrario, hoy las amenazas provienen del interior de las propias democracias maduras. 
Esto se demuestra en la pérdida de confianza en los representantes populares, en la escasa participación en las elecciones, en los avances de los partidos demagógicos y en la exaltación de los movimientos de extrema derecha. 
Son pocos los grandes retos europeos que podemos resolver por nosotros mismos, cada nación aisladamente. 
Hemos llegado a ser demasiado dependientes unos de otros. 
Nunca ha habido tanta necesidad de cooperación. 
Al mismo tiempo, me atrevo a afirmar que el futuro de la cooperación nunca ha sido tan promisorio. 
La Presidencia sueca se inicia en una etapa importante, en un período caracterizado en Europa por grandes cambios y grandes retos. 
La Unión está ante la mayor ampliación de su historia. 
Después de haber acordado los marcos económicos e institucionales de este histórico acontecimiento, nos esperan ahora las verdaderas negociaciones. 
La Unión ha aprobado un programa de nuevas formas de cooperación para convertirse en la economía más dinámica y competitiva del mundo. 
El objetivo estratégico es el pleno empleo. 
En la Unión Económica y Monetaria se acerca la importante introducción de billetes y monedas. 
Los asuntos que interesan a los ciudadanos ocupan cada vez más nítidamente el centro de la atención. 
La Unión es hoy una asociación de dinámicos estados del bienestar. 
Actualmente gana terreno la noción de que el bienestar no constituye un freno para el desarrollo, sino que, por el contrario, el uno supone la existencia del otro. 
Suecia asume la Presidencia por primera vez. 
Trabajaremos en favor de la totalidad de la Unión, nos ocuparemos de la transparencia, de la continuidad y del desarrollo europeo. 
También nos interesa consolidar los avances que se han logrado. 
Como Primer Ministro de Suecia, es para mí un honor darles a conocer nuestro programa de trabajo. 
Escucharé con enorme interés sus ideas y comentarios. 
De la dilatada agenda de la Unión, vamos a dar preferencia a tres materias: la ampliación, el empleo y el medio ambiente. 
Son tres vastos sectores políticos que tienen una importancia decisiva para el futuro de los ciudadanos europeos. 
Empezaré con la ampliación. 
No hay materia más importante para el futuro de la Unión y para el desarrollo de Europa que la incorporación de los nuevos miembros de la Unión. 
Es nuestra oportunidad para afianzar la paz y la libertad, la democracia y el bienestar en Europa. 
Estamos terminando este proceso histórico que pondrá fin a la división en Europa del Este y del Oeste. 
Con humildad, orgullo y enérgica voluntad, el gobierno sueco anhela contribuir a la realización de este trabajo, de este proceso histórico. 
Durante la Presidencia francesa concluyó exitosamente la Conferencia Intergubernamental, cuyo objetivo era preparar a las instituciones de la Unión para que funcionen eficazmente después de la ampliación. 
En Berlín, en la primavera de 1999, se fijó el marco económico. 
En Niza se dejó en claro que la próxima Conferencia Intergubernamental no sería obstáculo ni condición para la ampliación. 
Queda mucho por hacer, pero hay posibilidades de recibir a los nuevos Estados miembros después del final de 2002. 
El proceso de ampliación entrará en una fase de negociaciones concretas, en muchos aspectos, en el primer semestre de 2001. 
La meta sueca es intentar preparar el terreno para alcanzar logros políticos en las negociaciones. 
El principio de la diferenciación va a ser una piedra angular en este trabajo. 
Cada país candidato será evaluado de acuerdo a sus propios méritos; todos tendrán oportunidad de dar alcance a los más avanzados. 
Sin embargo, para llegar a la meta se necesita que sigan haciendo enérgicas reformas que les permitan cumplir con las condiciones de la adhesión y que los países miembros contribuyan al progreso de las negociaciones. 
La Comisión debe facilitar este proceso. 
Es tarea de todos intentar que la ampliación cuente con un sólido apoyo de los ciudadanos de la Unión. 
La Presidencia sueca posibilitará ir más rápidamente a los países candidatos que estén mejor preparados. 
En Gotemburgo, en junio de 2001, el Consejo Europeo evaluará los avances del proceso de ampliación y fijará las directrices para su exitosa conclusión. 
Se continuará prestando atención a las relaciones de la UE con Turquía, como país candidato. 
La firma de un convenio de asociación con Turquía y la presentación de un plan nacional de adaptación por parte de este país, serán instrumentos fundamentales. 
Hay mucho por hacer, pero existe la posibilidad de dar la bienvenida a nuevos países miembros después del año 2002. 
Tengo la esperanza de que algunos países solicitantes puedan participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. 
Otra materia a la que daremos preferencia es el empleo. 
El desempleo desciende actualmente en los países comunitarios y cada vez hay más gente con trabajo. 
No obstante, no debemos contentarnos con esto. 
Todavía hay 14 millones de personas en la Unión que no tienen un empleo. 
El desempleo es un derroche gigantesco de recursos económicos y, lo que es peor, de anhelos y conocimientos de las personas. 
No hay nada más importante para el desarrollo individual y para la libertad que tener un empleo y poder ganarse el sustento. 
Nada es tan importante para la democracia y la igualdad de oportunidades que la existencia de trabajo para todos. 
Una Unión que no toma en serio el desempleo jamás podrá llegar a ser la Unión de los ciudadanos a la que todos aspiramos. 
El deseo de que la Unión Europea sea una unión de empleo ha sido definido a menudo en los debates como una quimera, pero ha sucedido algo nuevo. 
El Consejo Europeo fijó en Lisboa, en marzo del año pasado, un nuevo objetivo estratégico para la Unión. 
Dentro de diez años, la Unión Europea tendrá la economía más competitiva e intensiva en conocimiento del mundo. 
Al mismo tiempo, se estableció que el pleno empleo constituiría un objetivo fundamental de la política económica y social de la Unión. 
Éstos son hitos muy importantes y un gran avance en la Unión. 
La Europa actual está mejor preparada que nunca para ofrecer trabajo a todos los que quieran y puedan trabajar. 
Los pronósticos para la economía europea siguen siendo favorables. 
Las finanzas públicas son sólidas. 
Hay estabilidad en los precios. 
En toda Europa se han reformado los mercados de productos y de capitales. 
El camino que lleva al pleno empleo pasa por la continuación de las reformas económicas, por el desarrollo de la protección social y por el fortalecimiento del bienestar. 
También pasa por la realización de inversiones en educación e investigación, por la aplicación de nuevas tecnologías, por la creación de nuevas empresas, por apuestas para mejorar el medio ambiente y por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
La reunión del Consejo Europeo en Estocolmo, el 23 y 24 de marzo, será la primera de una serie de cumbres que se realizarán durante la primavera destinadas a impulsar el desarrollo hacia los objetivos fijados en Lisboa. 
En Estocolmo tendremos que evaluar, de manera abierta y autocrítica, los logros alcanzados. 
Los trabajos se realizarán en conformidad con el derecho comunitario en los casos en que esto sea recomendable, pero, especialmente, con la ayuda del nuevo método abierto de coordinación. 
Como país responsable de la Presidencia, intentaremos no desvirtuar la estrategia de Lisboa mediante la incorporación de demasiados temas nuevos. 
Tampoco necesitaremos nuevos procesos. 
Por el contrario, la Cumbre de Estocolmo deberá orientarse hacia algunos sectores prioritarios. 
Estamos en medio de un rapidísimo proceso en el que el crecimiento es impulsado, cada vez más, por la fuerza del cerebro que por la de los músculos. 
Simultáneamente, aumenta la movilidad. 
El capital humano ha llegado a ser el principal factor de competencia para las empresas; la formación lo es para los trabajadores. 
Los servicios de salud, los colegios, el cuidado de ancianos y niños, la educación y otros servicios propios del bienestar serán los elementos con los que competirán los países y las regiones. 
El modelo sueco de bienestar se ha fundamentado siempre en la idea de que la igualdad y la justicia son productivas, que el desarrollo es más dinámico si todos contribuyen a él y todos reciben sus frutos. 
Actualmente hay naciones que tienen un alto grado de desarrollo y una población con buena formación, que ponen el desarrollo tecnológico al alcance de todos, en los que hay una justa distribución de la riqueza y un sistema de bienestar amplio y también son los países más adelantados en materia tecnológica. 
Las naciones que no empleen los conocimientos y la creatividad de todos sus ciudadanos van a perder en competitividad. 
A esto hay que añadir el desarrollo demográfico de Europa. 
Aproximadamente a partir del año 2010, la baja tasa de natalidad y el creciente número de personas mayores amenazarán con aumentar la carga para las personas que estén en edad de trabajar. 
El desarrollo demográfico debe enfrentarse desde un ancho frente político. 
Se necesitarán considerables reformas en el sistema de pensiones y en los sistemas de salud y de cuidado de personas mayores. 
Se necesitarán también medidas para aumentar la participación en el mercado de trabajo. 
Desde el comienzo, hay que destacar la importancia de mejorar las condiciones de las familias con hijos, de acrecentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de la formación continua. 
En la medida que se crean nuevos empleos, hay que concentrarse más en las condiciones laborales. 
El objetivo es que coincidamos en una definición del concepto de calidad del trabajo y de su significado para el desarrollo y el empleo. 
Además, en Estocolmo habrá que hacer hincapié en la importancia de las nuevas tecnologías, a través del desarrollo del plan de acción eEurope y prestando mayor atención a la trascendencia de las técnicas biológicas en la innovación y el crecimiento. 
Quisiera también subrayar la trascendental importancia de la estabilidad y el bienestar en Europa para el buen desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. 
Suecia, como país que ejerce la Presidencia, contribuirá activamente para el éxito de la introducción de los billetes y monedas del euro en la Unión Económica y Monetaria. 
Nos interesa a todos. 
La tercera materia importante es el medio ambiente. 
No será posible eliminar las grandes amenazas medioambientales sin la cooperación internacional. 
La cooperación en el ámbito de la Unión debe profundizarse. 
Hay que tener un concepto integral de la política. 
A menudo se califica a la perspectiva ecológica como retrógrada y al anhelo de una sociedad sostenible como contradictorio con objetivos tales como la justicia o el aumento del bienestar. 
Esto es erróneo; es precisamente al revés. 
Mediante la aplicación de criterios de reciclado, la utilización de nuevos descubrimientos científicos y de nuevas técnicas de bajo consumo energético hoy es perfectamente posible usar los recursos del planeta sin agotarlos. 
Asimismo, estas circunstancias abren oportunidades únicas para el crecimiento económico en nuevos mercados. 
Aquí hay un enorme potencial y posibilidades que quiero que sean aprovechadas. 
Quisiera que la UE estuviera a la vanguardia de un desarrollo en el que se combinen y se fortalezcan los aspectos ecológicos, económicos y sociales. 
Las consideraciones medioambientales deben integrarse en todos los campos de la cooperación comunitaria. 
Hay que dar impulso a la tramitación del sexto programa de acción medioambiental de la Unión Europea. 
Éste tendrá vigencia los próximos diez años y debe orientarse hacia objetivos e indicadores medioambientales claros y justificados. 
Este programa debe ser uno de los fundamentos de la estrategia general de desarrollo sostenible que se aprobará en la reunión del Consejo Europeo en Gotemburgo. 
Esta estrategia debe centrarse en una serie de sectores clave cuyo desarrollo se califica hoy como insostenible y en medidas capaces de cambiar esta situación. 
En el futuro, la Comisión propondrá una estrategia de esta naturaleza. 
El creciente mercado de sustancias químicas también debe ser objeto de nuestra atención. 
Suecia intentará que se alcance unidad de criterios en torno a una nueva estrategia para las sustancias químicas, en la que predomine el principio de la cautela. 
Finalmente, el cambio climático. 
Me refiero, por ejemplo, a inundaciones, a seísmos y a hielos que se están derritiendo. 
Hay pocas cosas que preocupen más que el riesgo de que los daños medioambientales estén cambiando, rápida y peligrosamente, el clima. 
Este tema es fundamental en la agenda de la Unión. 
Le seguiremos dando preferencia. 
Deben reiniciarse las negociaciones sobre el clima. 
Los asuntos relacionados con el medio ambiente tienen una profunda dimensión moral. 
La tierra en la que vivimos la hemos prestado de nuestros hijos y nietos. 
La misión de nuestra generación es dejar una Europa en la que estén resueltos la mayoría de los grandes problemas ecológicos. 
Señora Presidenta, el nuevo Tratado de Niza posibilita, profundizar en muchos aspectos y hacer más eficaz la cooperación. 
Facilita una colaboración más estrecha entre los Estados miembros pequeños. 
Se podrán adoptar más decisiones por mayoría calificada y por medio de un procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo. 
Se ha clarificado la posición de los países candidatos en la Europa ampliada. 
Calculo que el nuevo tratado podrá firmarse dentro de algo más de un mes. 
Los Estados miembros, por su parte, se han comprometido a trabajar para su rápida y exitosa ratificación. 
La Unión no es estática. 
La cooperación tiene su propia dinámica. 
Los ciudadanos y el medio nos ponen continuamente frente a nuevos retos. 
Además, cabría discutir la arquitectura europea en su conjunto. 
En la Conferencia Intergubernamental se debatieron numerosos asuntos relacionados con el futuro. 
Por eso se redactó especialmente la Declaración de Niza sobre el futuro de la Unión Europea. 
En ella se propone una nueva Conferencia Intergubernamental en 2004 y se insta, tanto a la Presidencia sueca como a la próxima belga, a iniciar en 2001 un debate con todas las partes interesadas sobre los temas del futuro. 
Esto deberá hacerse en colaboración con la Comisión y con participación del Parlamento Europeo. 
Entre los asuntos que se discutirán durante el proceso hasta la nueva Conferencia Intergubernamental, se especifican cuatro. 
En primer lugar, la forma de alcanzar y controlar una delimitación de competencias más precisa entre los Estados miembros y la Unión; en segundo lugar, la reglamentación de los derechos; en tercer lugar, la forma de simplificar los tratados sin alterar su contenido y, por último, el papel de los parlamentos nacionales. 
Para la Presidencia sueca, la misión de fomentar un debate amplio y fluido, tanto con los Estados miembros como con los países candidatos, resulta interesante y estimulante. 
Contamos con que el Parlamento Europeo contribuirá activamente a promover debates mediante la utilización de su facultad de proponer iniciativas. 
También espero que los parlamentos nacionales y los gobiernos tomen iniciativas adecuadas. 
Además, tendremos que hacer esfuerzos especiales para interesar a nuestros jóvenes y habrá que estudiar mejor las opiniones de los ciudadanos sobre la colaboración en la Unión Europea del futuro. 
Señora Presidenta, lo que hoy llamamos Unión Europea se formó en su momento para evitar guerras en el continente europeo y, en este aspecto, el éxito ha sido rotundo. 
Sin embargo, siempre se producen conflictos en Europa y en sus cercanías. 
En el futuro, los retos en materia de política de seguridad en Europa estarán relacionados con el manejo de las crisis y con la prevención de conflictos. 
Esto presupone una combinación de instrumentos, tanto civiles como militares, para el manejo de las crisis. 
Además, hay que desarrollar una colaboración estrecha con la ONU y con la OSCE. 
La Presidencia sueca dará especial preferencia a la realización de las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo en Niza sobre la capacidad civil y militar de la Unión para el manejo de las crisis. 
La meta es que la Unión Europea decida acerca de su capacidad de intervenir, civil y militarmente, tan pronto como sea posible en el año 2001. 
En el campo militar, en primer lugar habrá que crear estructuras permanentes y, además, continuar avanzando en las distintas formas de colaboración existentes entre la Unión Europea y la OTAN. 
En el campo civil, seguiremos promoviendo un desarrollo que permita planificar y conducir acciones civiles, principalmente en relación con la policía. 
Durante la Presidencia sueca, se organizará una conferencia especial para definir los objetivos de capacidad de las acciones policiales. 
También se desarrollarán metas concretas para el fortalecimiento judicial, de la administración civil y de los servicios de salvamento. 
Simultáneamente con el trabajo para fortalecer la capacidad de manejar las crisis, Suecia se dedicará especialmente a promover una política comunitaria coordinada para la prevención de conflictos. 
Prepararemos un programa europeo para la prevención de conflictos que se presentará en la reunión del Consejo Europeo en Gotemburgo. 
Me consta que en el Parlamento Europeo existe gran interés por el manejo de las crisis y por la prevención de conflictos. 
Aquí se han presentado valiosas propuestas y han tenido lugar importantes debates. 
Espero que continúe esta estrecha colaboración. 
Señora Presidenta, lo que acontece en Rusia tienen importancia para el futuro de toda Europa. 
Europa y Rusia se necesitan. 
Por esta razón, hay que dar especial prioridad a la cooperación entre la Unión Europea y Rusia. 
Asimismo, nuestras relaciones deben ser sinceras y consecuentes, incluso hay que estar preparado para hacer críticas cuando sea necesario. 
Así, por ejemplo, el desarrollo de los acontecimientos en Chechenia, que sigue siendo una fuente de preocupación e inquietud. 
También lo es la situación que atañe a la independencia de los medios de comunicación en Rusia. 
El mensaje de la Unión debe ser que una genuina asociación ha de fundamentarse en un sistema de valores común. 
En una democracia moderna, un estado fuerte debe equilibrarse con una sociedad civil fuerte. 
El anhelo de la Presidencia es realizar una política respecto a Rusia que apunte tanto a la cooperación como a la sinceridad, con el objeto de que nuestras relaciones lleguen a ser más estables y predecibles. 
Concretamente, queremos que se profundice el diálogo entre la Unión y Rusia en materias de orden político, económico y jurídico. 
Nos interesa desarrollar la cooperación para prevenir conflictos, manejar crisis y fomentar el desarme y la no proliferación. 
Nos interesa fomentar la integración de Rusia en la economía mundial, entre otras cosas, apoyándola en sus aspiraciones para convertirse en miembro de la OMC. 
Queremos que haya más cooperación. Ésta es necesaria para enfrentar los retos comunes de nuestro continente como, por ejemplo, las amenazas medioambientales y las que provienen de la delincuencia internacional organizada. 
Queremos seguir respaldando las reformas en Rusia, especialmente las destinadas a fortalecer la sociedad civil y a modernizar la administración. 
Dedicaremos especial atención a los acontecimientos en los Balcanes Occidentales y en la Península de Corea. 
En los Balcanes Occidentales se trata de prevenir las crisis y de que se hagan reformas económicas y esfuerzos financieros. 
El paulatino acercamiento de la región a la Unión mediante los acuerdos de estabilización y de asociación es especialmente relevante. 
Sin embargo, para que este acercamiento se concrete, se necesitan claros esfuerzos de cooperación entre los países de la región. 
La Unión ha desempeñado un importante papel en el conflicto de Oriente Medio, apoyando los esfuerzos de paz americanos. 
Durante su Presidencia, Suecia continuará promoviendo el protagonismo europeo en el proceso de paz. 
Dentro de algunos días asumirá un nuevo presidente en EE.UU. Hay buenas posibilidades de que la cooperación con ese país reciba nuevos estímulos. 
Los temas comerciales y el plan de acción para la Asociación Económica Transatlántica son elementos fundamentales de esta cooperación. 
Los litigios comerciales tienen que ser resueltos de manera aceptable para ambas partes, pero no deben afectar los numerosos intereses políticos comunes ni el rico diálogo existente con ese país. 
Señora Presidenta, en una Unión en la que predominen los intereses de los ciudadanos, los debates políticos deben ser abiertos, los documentos accesibles, los procesos de decisión claros y debe ser posible exigir responsabilidades de quienes han tomado las decisiones. 
Se necesita seguir trabajando en pro de una Unión Europea más abierta y moderna. 
El Tratado de Amsterdam sentó las bases jurídicas relativas a la publicidad de los documentos de las instituciones. 
Suecia da gran importancia al trabajo legislativo sobre transparencia que se aprobará en conformidad con lo dispuesto en el Tratado. 
La Comisión, en el marco de sus reformas internas, ha tomado iniciativas propias para aumentar la transparencia, ha presentado una propuesta sobre la materia. 
En el trabajo que se realice en el seno del Consejo sobre esta materia, Suecia mantendrá un contacto estrecho con el Parlamento Europeo, que ha demostrado gran interés por este asunto. 
Promoveremos esta materia con el anhelo de alcanzar resultados durante la primavera. 
Como señalé en la introducción de mi intervención, los valores fundamentales de la Unión ocupan un lugar esencial en sus actividades. 
El exitoso trabajo en torno a la Carta de Derechos Fundamentales es una importante manifestación de ello. 
En consecuencia, los derechos humanos deberían hacerse valer con mayor energía, tanto en el diálogo político para la conservación de la paz, como en las conversaciones con países de fuera de la Unión con los que se firman acuerdos. 
Señora Presidenta, es importante que los ciudadanos europeos, a través de sus representantes, influyan y comprendan la cooperación europea. 
En esto, el papel del Parlamento Europeo es fundamental. 
A la Presidencia sueca le interesa una estrecha y rica cooperación con el Parlamento durante este semestre. 
Vamos a participar activamente en los importantes diálogos políticos que tengan lugar en este edificio y en esta Asamblea. 
Nos esperan importantes decisiones. 
El futuro de Europa se construirá con colaboración. 
Trabajemos por una Europa en paz, en libertad, con bienestar y cohesión social. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo su intervención. 
Tiene ahora la palabra la Comisión, el Presidente Prodi. 
Señora Presidenta, Sr. Presidente del Consejo, Sr. Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo quiero darle la bienvenida al Presidente del Consejo, al primer ministro Persson. 
Es la primera vez que Suecia ocupa la presidencia del Consejo y ha manifestado sus prioridades, las famosas 3 E, que coinciden con el manifiesto de los socialistas y de los socialdemócratas europeos, porque yo puedo decir, con orgullo, que el Sr. Persson y su partido pertenecen a mi familia política y, además, el Primer ministro de Suecia ha hecho aquí una defensa del modelo social europeo y su capacidad de adaptación en tiempos de globalización que nos llena de orgullo. 
Quiero decirle que, en relación con el empleo, cuenta con nosotros para la Cumbre de Estocolmo, para hablar de empleo, innovación y la palabra con la que ha acabado su discurso: cohesión social. 
En relación con la ampliación, espero que el entusiasmo de Suecia por la ampliación ayude a que los suecos se enamoren más de la Unión Europea. 
Y, en relación con el medio ambiente, apoyamos la iniciativa de Suecia de dar contenido al desarrollo sostenible. 
Ahora bien, señora Presidenta, el Presidente del Consejo ha hecho referencia a una cuestión básica para nosotros, que es la situación de la opinión pública europea. 
El barómetro europeo publicado estos días en diversos periódicos indica la esquizofrenia en que nos encontramos. 
Los ciudadanos, incluidos los de Gran Bretaña, piden más soluciones europeas a los problemas y, sin embargo, tienen un grado de confianza bajo en las instituciones. 
Y éste es un tema que nos afecta a nosotros, a la Comisión y al Parlamento, y también a los Gobiernos nacionales. 
Y la prueba está en el problema de las vacas locas. 
La Comisión, y hablo de la Comisión Santer, cumplió con su papel, y también la Comisión Prodi. 
El Parlamento creó una comisión de investigación en 1997 y este fin de semana hemos vuelto a ver, en el caso de Austria y de Italia, cómo los Gobiernos reconocen el problema cuando no les queda más remedio. 
Siguen haciendo la política del avestruz, cuando lo que se necesita es que demos soluciones europeas a los problemas europeos. 
El siguiente tema que va a ocupar a la Presidencia sueca y que nos va a ocupar a todos desde el año 2001, que comenzamos ahora, hasta el año 2004- son cuatro años y muchas elecciones de por medio, incluidas las europeas- es el tema "post Niza". Y yo aquí le haría un llamamiento a la Presidencia sueca. 
Seguramente ustedes no son grandes expertos en el laberinto institucional comunitario. 
Sin embargo, tienen una experiencia reconocida en lo que es democracia y transparencia, y eso es lo que nos hace falta en este momento. 
Por eso, tienen ustedes una especial responsabilidad. 
Y saludo la voluntad con la que ha afirmado que quieren llegar a un acuerdo claro sobre un tema tan delicado como el acceso a los documentos, pero hay que ir más allá. 
Usted ha vivido los cinco días del Consejo Europeo de Niza, y habrá salido tan agotado como sus colegas. 
Aquí, y le doy la razón al Presidente Prodi, no es el método Monet el que está en causa. 
Es el método intergubernamental, porque, además, le señalo- estamos viviendo ese escándalo -, que todavía tenemos a los embajadores acabando la negociación. 
Ha dicho usted que el Tratado se firmará dentro de un mes. 
Habrá que ver qué cambios se introducen en el Tratado. 
Eso no puede ser. 
Hay que acabar con este método. 
(Aplausos) 
Por eso, aparte de lo que ustedes dijeron al salir, hay un elemento positivo en el Anexo IV: no se habla de otra Conferencia Intergubernamental; hablan ustedes de la Conferencia de los Estados miembros. 
Y ha dicho usted, concretamente, que el Parlamento tiene un papel único para tomar la iniciativa, y como aquí estamos innovando, yo me voy a acoger a la propuesta que ha hecho- y es una iniciativa de la Comisión, que aplaudo- el Presidente Prodi. 
Tenemos cuatro años. 
Él ha propuesto tres fases: la primera, reflexión abierta. Yo invitaría al Consejo a que se incorporara a esa fase primera que tienen ustedes que iniciar y culminar en Laeken, en la que tenemos que encontrar el método para avanzar, y no solamente para hablar del futuro de la Unión, sino para ver cuál es el futuro de la Unión ampliada, porque, después de Niza, esos países ya están con nosotros y tienen que aprender cómo funcionamos, que es un tema bastante complejo. 
Por lo tanto, le pido, Sr. Presidente del Consejo, que ustedes también aporten iniciativas de cara a la Cumbre de Laeken, a finales de año. 
En segundo lugar, ¿qué método? : para mí, y para mi Grupo, el método tiene que ser el método democrático de todos nuestros países; que el debate se haga en sede parlamentaria y que se haga con luz y taquígrafos. 
No es nada más. Y, desde luego, multiplicar el debate en todos los medios, pero no colocar a la sociedad civil frente a los Parlamentos, porque estamos en democracias representativas y hay que elaborar un sistema complejo. 
Y por último, señora Presidenta, y con ello concluyo, entiendo que la Conferencia de los Estados miembros debe ser el último acto, en el que se decida sobre cuestiones concretas, y no un proceso cansino e inacabable. 
Y con eso, señora Presidenta, y ahora concluyo de verdad, ustedes podrían haber añadido una E más al proceso europeo, y lo digo como español: la E de la esperanza. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, Comisión, bienvenido señor Primer Ministro. 
Hay importantes tareas políticas que están esperando y confiamos en que una buena Presidencia tenga efectos positivos en la opinión pública. 
Podría servir para demostrar a nuestros compatriotas en Suecia que se pueden hacer buenas cosas junto con la Unión Europea. 
Podría demostrar a los colegas europeos que Suecia no es sólo oposición, sino que puede participar provechosamente en la construcción de Europa. 
El Grupo Liberal respalda plenamente la decisión sueca de dar preferencia a la ampliación. 
No hay tarea más importante que la creación de una Europa unida y las negociaciones necesitan realmente progresar durante la primavera. 
También nos gustaría que se fijase una fecha para la incorporación de los primeros países. 
Otro tema en el que el Primer Ministro sueco tiene todo el respaldo de los liberales y de gran parte del Parlamento, es en el relacionado con la transparencia. 
El acceso de la ciudadanía a los documentos es importante desde un punto de vista democrático; es fundamental para ganarse la confianza de los ciudadanos en la totalidad del proyecto comunitario. 
Durante el otoño, el Consejo no ha hecho avances en esta materia- el trabajo con el artículo 225- y ahora queremos ver resultados. 
Tenemos grandes esperanzas cifradas en Suecia y en su papel como impulsor y defensor del modelo existente en Suecia y en los Países Bajos. 
¿Por qué no empezar, como un buen ejemplo, haciendo públicas las reuniones del Consejo de Ministros? 
Los temas relacionados con la democracia están íntimamente ligados con lo que sucederá después de la Cumbre de Niza. 
Los Tratados tienen que simplificarse. 
Las tareas y las competencias de la Unión Europea deben definirse más nítidamente. 
Además, los liberales opinamos que los europeos necesitamos una constitución europea. 
Los ciudadanos deben participar en los trabajos relacionados con los resultados de Niza. 
Dependerá de Suecia si se da comienzo a una fase como a la que el Presidente Prodi llama de abierta reflexión. 
Sería interesante que el Primer Ministro explicara cómo entiende esta tarea, el método y estos temas que se habrán de tratar antes de que se inicie la Presidencia belga. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, hoy hablo en sueco, ya que ésta es la segunda lengua patria en mi país. 
Señor Presidente, después de las experiencias con la Presidencia francesa, creo que las expectativas respecto a la Presidencia sueca son muy grandes. 
Estoy convencida de que Suecia volverá a confirmar la regla de que los Estados miembros más pequeños a menudo son más imparciales, lo que beneficia los intereses comunes europeos ante intereses nacionales más restringidos. 
Es su primera Presidencia y su embajador- si se me permite contar esto públicamente- ha comparado de manera muy simpática esta primera Presidencia con la perdida de la virginidad. 
Él no quería perderla de manera violenta. 
Le aseguro que el Parlamento Europeo puede facilitar su Presidencia y, así, usted va a perder su virginidad suave y delicadamente. 
El desarrollo sostenido tiene que hacerse realidad ahora. 
Es ahora o nunca. 
En Gotemburgo habrá que confirmar los objetivos y los indicadores, tal como usted lo ha señalado. 
El manejo civil de las crisis es algo que puede fomentarse durante una Presidencia sueca. 
La prevención de conflictos, en todos los campos de la política exterior, es muy importante para nuestro Grupo. 
Celebramos su promesa de promover un programa en esta materia. 
Algo que quizá no se destaca con la misma claridad en la agenda sueca es una reforma profunda de la política agrícola comunitaria, que se fundamente en la seguridad de nuestros alimentos. 
Hay que terminar con los daños medioambientales y con el tratamiento cruel a los animales. 
He seguido el debate sueco y me he enterado que usted, señor Presidente del Consejo, súbitamente ha descubierto que realmente es vegetariano o, al menos, vegetariano de tiempo parcial. 
Permítame darle la bienvenida al club. 
Señor Presidente del Consejo, aquí tal vez encuentre una motivo para sorprenderse y para sorprender a los ciudadanos suecos: en algunos campos se necesita más Europa, no menos. 
Un ejemplo claro son los impuestos medioambientales. 
Todos entendemos que en esta materia hay que abandonar la idea de unanimidad. 
En esto se necesita un método comunitario, con instituciones comunitarias fuertes- la Comisión y el Parlamento- en lugar del método de la colaboración entre gobiernos. 
Este último método consta, en gran medida, de reuniones a puertas cerradas, sin control parlamentario. 
Es un método que no conduce a la transparencia que usted busca. 
Quisiera llamar a esto una Swedish paradox. 
Usted debe entender que la apertura presupone que se abandone el método de la colaboración entre gobiernos. 
Después de la Cumbre de Niza, es importante que se inicie una vasta reforma de la Unión, en la que participen los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Espero que usted acepte el reto a que ha aludido el Presidente de la Comisión. 
Señora Presidenta, colegas, señor Presidente del Consejo, en el programa de la Presidencia sueca hay muchos puntos a los que la izquierda unida da su apoyo. 
Opinamos que las prioridades- ampliación, medio ambiente y empleo- son correctas e importantes. 
También existen otros aspectos positivos en el programa que merece la pena destacar. 
Entre otros, cabe mencionar las medidas contra el comercio con mujeres y los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en Palestina. 
En cuanto a las negociaciones sobre ampliación, opinamos que es determinante que la Unión tome en consideración las necesidades especiales de los países candidatos y que no se les ofrezca una suerte de adhesión de segunda clase. 
En relación con este objetivo, los resultados de la Cumbre de Niza son un fracaso. 
Allí, realmente, no se hizo reforma alguna de la Unión que facilite la ampliación. 
Por el contrario, el proceso de decisión se hizo más complejo. 
También es inaceptable que países candidatos como la República Checa y Hungría hayan sido directamente discriminados asignándoles menos escaños en el Parlamento Europeo que a países con la misma cantidad de población. 
Ésta es una equivocación indecorosa que debe ser reparada. 
Por eso, mi primera pregunta a la Presidencia sueca es: ¿están ustedes dispuestos a reparar este error en el tratado de adhesión que se está negociando? 
Algunos países de la Unión quieren excluir por largo tiempo del mercado laboral comunitario a los ciudadanos de los futuros países miembros. 
Esto sería una discriminación inaceptable. 
Lo importante, por el contrario, es que los que trabajan en un país comunitario cumplan con las leyes y tratados de ese país en materia de mercado laboral, de modo que la libre circulación no conduzca al dumping de las condiciones sociales. 
Una verdadera política de izquierdas tiene que dar prioridad al empleo, incluso en la política económica, en lugar de dárselo al monetarismo dogmático que actualmente domina en la UE y en la Unión Económica y Monetaria. 
Una política de esta naturaleza permitiría también ejercer control democrático sobre el Banco Central Europeo. 
Sin embargo, los actuales gobiernos comunitarios, independientemente de su color político, han dado preferencia a la adaptación a la UEM en perjuicio del bienestar y de la lucha contra el desempleo. 
En muchos sitios de la Unión Europea crecen las demandas para que, mediante decisiones políticas, se pongan riendas al capitalismo que se ha desbocado, en lugar de continuar con las liberalizaciones y la libre especulación actuales. 
Una de esas demandas es que se establezcan impuestos sobre las transacciones de divisas, el llamado impuesto Tobin. 
Muchos de los miembros del gobierno sueco se han manifestado a favor de la idea. 
Ahora tienen una excelente oportunidad para tomar esta iniciativa durante la Presidencia. 
Por eso, mi segunda pregunta a la Presidencia es: ¿qué iniciativas a favor de un impuesto Tobin piensa usted adoptar durante su Presidencia? 
El asunto más importante en materia medioambiental durante el próximo semestre serán las negociaciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, en el marco del Protocolo de Kioto. 
En esto, es extraordinariamente importante que se llegue a un acuerdo, pero aún más relevante es que se alcance un acuerdo con contenido. 
Opinamos que un acuerdo de este tipo debe fundamentarse en disminuciones reales de las emisiones y no en que los países ricos, que ya emiten más que los demás, tengan derecho a eludir sus obligaciones comprando derechos de emisión. 
En la conciliación sobre el uso de mieses modificadas genéticamente que acaba de finalizar, la actitud de Suecia fue decepcionante. 
Suecia se opuso activamente al registro de estas mieses. 
Esperamos que Suecia recapacite y que no influya para eliminar la moratoria de facto existente en la materia. 
Desde una perspectiva medioambiental, la legislación comunitaria es todavía totalmente insuficiente en esta materia. 
Desgraciadamente, parece que la Presidencia sueca no quiere hacer nada para modificar desde sus cimientos la irresponsable política de refugiados de la Unión, que con el Acuerdo de Schengen como herramienta, crea diariamente nuevas tragedias. 
Por el contrario, hemos visto cómo Suecia acepta su empeoramiento, la última vez a través del endurecimiento de la responsabilidad de los transportistas. 
Esto implica una especie de privatización del estudio de las peticiones de asilo, ya que el destino de muchos solicitantes de refugio se decidirá en la práctica por el personal de aeropuertos ubicados fuera de la Unión Europea. 
La decepción mayor es, de todas las maneras, la militarización de la Unión. 
Suecia no sólo abandona su política de no alineación y de independencia, sino que ahora contribuye activamente a la militarización de la Unión Europea. 
En el ejército comunitario también va a haber tropas turcas. 
Tropas que un día atropellan a su propio pueblo u ocupan a un país vecino podrán, al día siguiente, prestar servicios en el ejército de la Unión Europea. 
Turquía, país miembro de la OTAN, demanda más injerencia en la política comunitaria en este sector para poner recursos militares a disposición de esa organización. 
Por eso, mi tercera pregunta a Göran Persson es; ¿promete usted que Turquía no llegará a tener esa injerencia? 
Espero las respuestas a estas tres preguntas sobre la posibilidad de modificar la discriminación contenida en el Tratado de Niza respecto a Hungría y a la República Checa, sobre lo que piensa hacer para establecer un impuesto Tobin y sobre la participación e injerencia de Turquía en el ejército de la Unión. 
Con estas palabras, la Izquierda Unitaria desea suerte a la Presidencia sueca. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero desear a la Presidencia sueca mucho éxito en el conocimiento de que su éxito será también, sin duda, el éxito de Europa. 
Quiero expresar mi satisfacción por la presentación que ha hecho esta tarde la Presidencia sueca ante el Parlamento porque parece ser sumamente constructiva y pragmática. 
Asimismo, acojo con satisfacción los comentarios que ha hecho el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi. 
El Gobierno sueco ha dejado claro que, durante su Presidencia de la Unión, se propone dar prioridad a lo que ha dado en denominarse las "3 Es", y eso significa que abordará los problemas fundamentales de la ampliación de la Unión, los temas del empleo y el fomento de las cuestiones medioambientales. 
Ciertamente deseo mostrar mi satisfacción por la intensificación de las negociaciones sobre la ampliación entre los países candidatos y la Unión Europea. 
Debemos recordar que las negociaciones de adhesión han sido divididas en cerca de 40 capítulos diferentes de conversaciones que cubren cada uno de los ámbitos de la actividad social y económica de la Unión Europea. 
Actualmente, muchos de los capítulos más difíciles de las negociaciones siguen sin estar abiertos, y entre dichos capítulos se incluyen los temas agrícolas, la libre circulación de las personas, el cumplimiento de la legislación de la UE en materia social y de empleo, así como la incorporación de numerosas directivas y reglamentos de la UE en el ámbito del medio ambiente. 
Es el quid de la cuestión en lo que se refiere al tema de la ampliación de la Unión Europea. 
Los países candidatos quieren que los dirigentes de la UE fijen la fecha de la próxima ampliación de la Unión. 
No obstante, los gobiernos de la UE quieren esperar a la conclusión de los capítulos más difíciles de las negociaciones entre los países candidatos y la Unión Europea para poder anunciar dicha fecha. 
No obstante, el hecho de que los dirigentes de la UE alcanzaran en Niza, antes de Navidades, un acuerdo sobre la reforma de los procedimientos de toma de decisiones en el seno de las instituciones comunitarias es ciertamente un paso en la buena dirección. 
Los países candidatos pueden ahora encontrar consuelo en el hecho de que la UE haya reformado sus procedimientos internos de toma de decisiones de manera que la mecánica del proceso de ampliación se desarrolle de una manera agilizada y estructurada. 
Saludo el hecho de que el Gobierno sueco se proponga garantizar que los temas del empleo y del medio ambiente ocupen un lugar prioritario en la agenda durante su Presidencia de la Unión. 
Es imprescindible que la Unión Europea garantice la incorporación de las ventajas de las nuevas tecnologías de la información en todos los sectores de la industria europea. 
Del mismo modo, es importante que se intensifique el apoyo a las iniciativas encaminadas a la creación de empleo en las zonas desfavorecidas urbanas y rurales. 
Por último, espero que la Unión Europea y los Estados Unidos de América lleguen a un acuerdo en Bonn, en mayo del presente año, que permita garantizar los objetivos medioambientales de reducir los efectos del calentamiento del planeta. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, les agradezco que estén con nosotros y que hayan intervenido tan extensamente. 
Me gustaría formularles una pequeña pregunta, si me lo permiten, dada su urgencia. 
La Unión debería pronunciarse dentro de unos días sobre Afganistán. 
Tendrá que adoptar una posición común. 
En las últimas semanas, el Consejo de Seguridad ha impuesto el embargo sólo a los Talibanes, y me gustaría saber, señor Presidente, si ésta será también la posición de la Unión Europea. 
En cuanto al futuro de la Unión Europea, hemos hecho muchos alardes, muchos anuncios publicitarios. 
Algunos nos predicen que votaremos en contra del Tratado de Niza, lo que me parece perfectamente legítimo. 
No ha habido respuestas en términos de democracia, no ha habido respuestas en términos de Estado de derecho, hay una programación de destrucción de la Comisión que se ha consumado en Niza. 
Por tanto, es perfectamente legítimo que muchos colegas, y espero que sean la mayoría, se pronuncien en contra de este Tratado. 
Dicho esto, el Parlamento nos tiene acostumbrados a sacar mucho músculo en la sala, pero veremos qué pasa cuando suba al ring, cuando tenga que votar. 
No sé, señor Presidente en ejercicio, si debe albergar muchos temores, pues el pasado está ahí para enseñarnos muchas cosas. 
No le pido, evidentemente, que se pronuncie en contra del Tratado de Niza; le pido un poco de compasión. 
Con ocasión del Tratado de Colonia, el Consejo, del que usted formaba parte, echó un hueso que roer a este Parlamento: la Carta de los Derechos Fundamentales. 
El Parlamento se dio cuenta un poco tarde de que se trataba efectivamente de un hueso que roer y que lo importante era lo que ustedes habían decidido en Niza y el modo en que lo decidieron, a saber la ponderación de los votos en el Consejo y la composición de la Comisión. 
Dicho esto, en Niza, no han echado al Parlamento otro hueso, sino una bolita de estricnina, señor Presidente en ejercicio. 
En efecto, al proponer a este Parlamento y a la Comisión una Conferencia Intergubernamental en 2004, no han hecho otra cosa que echarnos una bolita de estricnina, porque, en 2004, el Parlamento no existirá. 
En 2004, se encontrará de precampaña electoral en los meses de enero y febrero, para las primarias; en campaña electoral en los meses de marzo, abril y mayo; las elecciones serán en el mes de junio; después vendrá el descanso bien merecido de los meses de julio y agosto; en el mes de septiembre, se celebrarán las pequeñas reuniones necesarias para conocernos; en los meses de octubre y noviembre, la famosa cuestión presupuestaria y, por último, en el mes de diciembre, la Conferencia Intergubernamental. 
Por tanto, señor Presidente, tenga un poco de compasión y pida a sus colegas del Consejo que adelanten a 2003 o aplacen a 2005 la Conferencia, quizás pueda salvar el honor de este Parlamento que, muy a menudo, no sabe muy bien qué quiere decir eso. 
Señora Presidenta, al Grupo EDD le gustaría felicitar a Suecia por la Presidencia, nos parece una buena costumbre que la Presidencia rote. 
Aguardamos la cumbre de Gotemburgo y esperamos que muchos ciudadanos acudan a las citas alternativas. 
Exhortamos al señor Presidente del Consejo a que vuelva a abrir las negociaciones sobre el Tratado de Niza y éste pueda ser sometido a una revisión democrática. 
Hoy el resultado es más centralismo y menor democracia parlamentaria. 
Resulta también sorprendente que la negociación haya concluido con una decisión para celebrar todas las cumbres en Bruselas sin que la decisión haya sido conocida por el Primer Ministro sueco quien creíamos había participado en la adopción de esta decisión. 
Resulta provocador tratar a los checos y a los húngaros como seres inferiores y darles menos escaños en el Parlamento que a países con menor número de habitantes. 
Es una imprudencia introducir decisiones por mayoría en lo relativo al nombramiento de los comisarios de cada país de modo que éstos se conviertan en los representantes de la UE en los países miembros en lugar de en los representantes de los países en la UE. 
Con un gobierno comunitario formado gracias a decisiones por mayoría se avanza hacia una UE vista como formación estatal en lugar de hacia la visión de una Europa de las naciones y de las democracias como desean los electores. 
Exhortamos a Suecia a que introduzca una verdadera flexibilidad en las negociaciones para la ampliación, de modo que la mayoría de los países pueda incorporarse a la cooperación y participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo en el 2004. 
El Tratado de Niza ha sido llamado un tratado para la ampliación y sin embargo, la ponderación de votos y los escaños en el Parlamento aparecen en una declaración no vinculante mientras que el protocolo vinculante relativo a la ampliación del Tratado de Amsterdam desaparece. 
Exhortamos a la Presidencia sueca a que garantice que la mejora del Tratado de Niza entrará en vigor al mismo tiempo que la UE incorpora nuevos países, pues de no suceder así, acabaremos diciendo sí a un tratado para la ampliación sin tener ampliación. 
Corremos el riesgo de que el Tratado de Niza se convierta sólo en un tratado de consolidación con más unión y menos democracia y estoy seguro de que esto es algo que no gusta al nuevo Presidente sueco del Consejo. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, hoy llevo casualmente la corbata de Niza, pero aun así no puedo dejar de constatar que, como ya ocurrió en Amsterdam, en Niza se volvió a confirmar que el instrumento de la conferencia intergubernamental está agotado. 
Por el otro lado, la tan alabada convención es un procedimiento que, a mi modo de ver, todavía no está maduro. No obstante, podría servir como punto de partida para diseñar un procedimiento que funcione. 
Permítanme, por consiguiente, que esboce un procedimiento eficaz- tal como yo lo imagino- en el contexto de la delimitación de competencias a la que ya se han referido tanto el Presidente del Consejo como el Presidente de la Comisión. 
En una primera fase, paralelamente al debate iniciado bajo la Presidencia sueca a instancias del Consejo Europeo, se debería desarrollar también- y lo más pronto posible- un debate y un intercambio de pareceres a escala de los parlamentos nacionales, cada uno de los cuales, al igual que el Parlamento Europeo, debería presentar a continuación- antes de la primavera de 2002, pongamos por caso- una propuesta con vistas a la delimitación de competencias. 
Sólo entonces se convocaría una convención sobre esa base, en la que participarían expertos constitucionalistas, expertos en Derecho europeo, representantes de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo, de los gobiernos nacionales, pero también de los gobiernos de los países candidatos a la adhesión, y naturalmente también del Tribunal de Justicia y de la sociedad civil, con el encargo de elaborar la propuesta de un catálogo de competencias, antes de la primavera de 2003, por ejemplo. 
Luego, en la tercera fase, el Consejo Europeo debería encargar a la Comisión la elaboración de una propuesta de reparto de competencias, basada en la anterior, que cabe esperar que se pudiese presentar a finales de 2003. 
Finalmente, antes de convocar la Conferencia intergubernamental, en la cuarta fase- mi plan prevé, en efecto, más fases que el del Presidente de la Comisión -, se debería someter dicha propuesta a un nuevo debate a escala nacional, que debería concluir hacia mediados de 2004. 
A continuación, en la quinta fase, se convocaría la Conferencia Intergubernamental, que debería ser breve y eficaz. 
El procedimiento garantizaría, así, una participación eficaz de los parlamentos nacionales, cosa que la convención no ha permitido hasta ahora, y podría presentar una propuesta coordinada a los Jefes de Gobierno. 
Señora Presidenta, con el fin de despejar cualquier duda, permítame que haga una aclaración. 
El domingo 14 de enero se detectó en Austria el primer presunto caso de EEB. 
Hoy puedo anunciar a la Asamblea que el instituto de Tubinga nos comunicó ayer que el caso ha resultado negativo. 
Yo espero que todos los demás casos sospechosos sigan resultando negativos en Austria. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, estimados colegas y Comisarios, es muy grato ver a Suecia ejercer la Presidencia de la Unión Europea por primera vez. 
Los conservadores siempre hemos luchado por una Suecia en Europa, pero, desgraciadamente, hay que comprobar que Suecia sólo asume "media Presidencia". 
La responsabilidad por los asuntos relacionados con el euro está en Bruselas. 
En compensación, esperamos que Suecia, como país que ejerce la Presidencia, alcance los éxitos que se necesitan en los trabajos de ampliación. 
Durante la Presidencia sueca habrá que concretar la política de seguridad y defensa. 
Los acontecimientos se suceden son gran velocidad en este campo, pero las buenas intenciones deben ahora llenarse de contenido. 
Las relaciones de la UE con la OTAN serán de gran trascendencia. 
Para evitar confusiones y para dar a la UE un papel complementario en la capacidad militar de la OTAN, se necesita interés y capacidad para cumplir con las tareas pendientes. 
Por eso, espero que el hecho de que no se nombre a la OTAN en el programa sueco sea más una casualidad que parte de una estrategia. 
EE.UU. tendrá la economía más dinámica del mundo dentro de diez años. 
Suecia es uno de los países que ha llegado más lejos en el desarrollo de la nueva economía. 
Tenemos empresas punteras en el mundo en telecomunicaciones e Internet. 
La principal causa de esto son las liberalizaciones que tuvieron lugar durante el gobierno conservador de 1991 a 1994. 
Se liberalizaron los mercados de las telecomunicaciones, postal, de la electricidad, de los ferrocarriles y de los productos agrícolas. 
En general, Göran Persson fue un opositor, pero parece que ha cambiado de idea. 
Lo celebro, y espero que Suecia, con ayuda de las buenas experiencias, sea capaz de propulsar un desarrollo de esta índole. 
¡La Cumbre de Estocolmo será una oportunidad excelente! 
¡Hagamos de ella una Cumbre de la Liberalización, en favor del empleo y el bienestar! 
El debate en torno a la globalización y a la libertad de mercados ha acaparado mucha atención. 
Es hora de eliminar las últimas barreras proteccionistas de la Unión. 
La Unión Europea y la nueva administración norteamericana pueden, juntas, abolir las barreras aduaneras para los productos agrícolas y para la industria textil. 
Esto sí que es solidaridad con los pobres del mundo. 
A diferencia del Partido de Izquierda, partido que apoya al gobierno sueco, opino que es provechoso que la Presidencia sueca contemple en su programa que una de sus principales prioridades será trabajar para que la Unión Europea impulse en la OMC el desarrollo hacia liberalizaciones concretas. 
Esta declaración está en plena concordancia con la tradición de libre comercio sueca y de apertura hacia el mundo. 
Sin embargo, el Ministro de Comercio sueco, Sr. Pagrotsky, ha presentado literalmente el impuesto Tobin como una "idea simpática", y el Primer Ministro ha manifestado comprensión por aquellos que con desórdenes y altercados sabotearon la reunión de la OMC en Seattle. 
El impuesto Tobin es una amenaza contra los pobres del mundo. 
Un impuesto de esta naturaleza solamente serviría para empeorar la eficacia de los mercados. 
Por eso quisiera preguntar: ¿puede el Presidente del Consejo aclarar aquí en presencia del Parlamento, si la Presidencia sueca está a favor o en contra del establecimiento de un impuesto Tobin? 
Señora Presidenta, señores miembros de la Comisión, Señorías, doy la bienvenida al Parlamento a Göran Persson, Primer Ministro de Suecia. 
Acostumbro a ver con ilusión a todas las Presidencias, pero ésta es especial, y de ella espero muchas cosas. 
Opino que las prioridades que ha fijado Suecia, las tres Es, son correctas. 
Son pocas materias, pero importantes, y están en concordancia con la agenda de la Unión. 
Obviamente, lo más importante es la ampliación. 
Unir el Este y el Oeste de nuestro continente, después de años de guerra fría, es una tarea histórica. 
No puedo imaginar algo más esencial ni más necesario que participar en la conclusión de esta tarea durante mi vida política. 
Los anhelos de Suecia de acelerar el proceso de ampliación son loables. 
Espero que las negociaciones con los primeros países terminen pronto y que se pueda fijar una fecha límite para la incorporación de esos países. 
Entiendo que esto es difícil. 
Entiendo también que debe haber una base de realismo, que no hay que crear falsas esperanzas. 
Pero también es importante que los ciudadanos de los países candidatos no pierdan las esperanzas y que vean la luz al final del túnel. 
La segunda prioridad se refiere al empleo. 
Suecia ha impulsado el empleo. 
En Estocolmo habrá que coordinar en una sola política los temas de empleo, de política social, de formación y de política industrial. 
El método que se usará es el de la coordinación abierta. 
El Parlamento quisiera, igual que en el caso de la legislación, tener un papel en este método, ya que éste será cada vez más importante. 
Quisiera que se me dieran señales en este sentido. 
La tercera prioridad tiene relación con el desarrollo sostenible. 
Se trata de conseguir una economía sostenible, condiciones sociales sostenibles y un medio ambiente sostenible. 
La política medioambiental de la Unión ha tenido bastante éxito. 
Esto se debe a que los que tienen menos ambiciones no pueden bloquear las decisiones y, además, a que el Parlamento tiene poder de codecisión en materias medioambientales. 
Lo que falta en esta estrategia es que la política medioambiental esté coordinada con los sectores mencionados anteriormente. 
Esto hay que hacerlo antes de la Cumbre de Estocolmo y será un resultado de la reunión de Gotemburgo. 
Fue importante que se llegase a un acuerdo en Niza, especialmente para el proceso de ampliación. 
No obstante, no todo fue provechoso, como, por ejemplo, las complejas normas que regulan la codecisión. 
La manera de tomar las decisiones, a puertas cerradas, tampoco fue buena. 
En la agenda de Suecia se contempla la transparencia y se va a impulsar el tema de las contrataciones públicas. 
Espero que Suecia también dedique especiales esfuerzos a la obtención de un proceso de decisión más abierto. 
Espero, sinceramente, que Suecia haga algo en este campo. 
Permítanme mencionar algo sobre el manejo de las crisis. 
El manejo activo de las crisis y la ausencia de participación en alianzas militares no son sinónimos de pasividad ni nunca han tenido este significado. 
El manejo activo de las crisis consiste en intentar prevenir conflictos. 
Suecia y Finlandia han sido precursores de la idea de dar oportunidad primero al manejo civil de las crisis y, sólo como última medida, echar mano a los recursos militares; esta idea es buena y debe desarrollarse. 
Hay una mayoría que la apoya. 
Una vez más, doy la bienvenida a la Presidencia sueca. 
Señora Presidenta, señor Primer Ministro, ¡también deseo dar la bienvenida al señor Primer Ministro! 
Aquí las cosas no son como en el Parlamento sueco, pero uno se acostumbra con bastante rapidez. 
Hay muchas cosas que giran en torno a las tres Es. Permítanme destacar una cuarta E, la E de empatía. 
Todos nos conmovimos profundamente cuando, después de los agasajos de la cena de Navidad, vimos cómo la gente luchaba por sus vidas frente a las costas turcas, intentando llegar a Europa. 
Muchos murieron en su intento de lograr una vida mejor. 
Me consta que usted, señor Primer Ministro, manifestó su consternación por la enorme tragedia el año pasado, cuando 58 chinos fueron encontrados muertos en un contenedor en Dover. 
Europa no debe convertirse en una fortaleza. 
La política de asilo y refugio de Europa debe estar impregnada de dignidad y humanismo, así lo manifestó usted en esa ocasión. 
Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? 
Europa ha elegido la dirección equivocada. 
Se propone un endurecimiento de las penas por contrabando de personas. 
Esto es necesario, pero la propuesta tiene efectos no deseados. 
Algunas entidades, tales como las iglesias, los conventos, las organizaciones de refugiados y las redes de personas que ayudan a los refugiados, corren el riesgo de ser condenados. 
Hay que frenar esa propuesta. 
En Suecia, las iglesias gozan de inmunidad desde la Edad Media. 
Los líderes europeos deberían reflexionar sobre las causas del gran aumento del contrabando de personas hacia el continente. 
Europa se cierra. 
No es digno de una Europa democrática que se exijan visados a ciudadanos de 130 países. 
La norma fundamental debería ser que las personas pudiesen entrar libremente a la Unión. 
¿Está dispuesta la Presidencia sueca a acortar considerablemente la lista de países a los que se exige visado? 
Soy un ferviente partidario de la Unión y he abogado desde hace tiempo por normas comunes en materia de asilo y refugio, pero los liberales no estamos dispuestos a aceptar una Europa inexpugnable. 
En esto, señor Primer Ministro, la nueva Presidencia puede desempeñar un importante papel inspirándose en el espíritu de Raoul Wallenber, cuya memoria usted ha honrado con tanto mérito. 
¡Empatía, señor Primer Ministro! 
Señor Presidente, como representantes de las naciones y las regiones consideramos a Suecia como un aliado para la defensa de nuestras causas más preciadas, entre las cuales figura la diversidad lingüística y cultural. Pues bien, así como usted pretende reforzar el papel de los parlamentos nacionales, nosotros proponemos que se preste la misma atención a las instituciones de nuestras regiones constitucionales, de nuestros gobiernos. 
Deseamos que nuestras regiones puedan dialogar directamente, por ejemplo para eliminar eventuales desigualdades en materia de empleo entre diferentes regiones en un mismo país. 
Acogemos a Suecia como una Presidencia respetuosa con el medio ambiente, pero Suecia entraría en contradicción consigo misma si enviara combustible MOX a Sellafield. 
Ello iría en contra de la firma del Convenio OSPAR, que insta a todas las partes a que defiendan la opción del no reproceso. 
Y para finalizar, una última palabra acerca de la ampliación. 
No creemos que el único factor clave para la ampliación sea el acervo comunitario de índole material, sino que, en nuestra opinión, merece una especial atención el acervo ético. 
En otras palabras, la democracia y el respeto de los derechos humanos y las minorías desempeñan un papel fundamental para que Europa pueda convertirse en una verdadera comunidad de valores, o sea, en una Comunidad. 
Señor Presidente, el programa de trabajo de la Presidencia sueca es un espléndido documento, pero falta el desarrollo concreto. 
¿Cómo piensa la Presidencia sueca realizar este ambicioso programa de trabajo? 
Además, aparte de las prioridades suecas quedan por atar todos los cabos sueltos de la Presidencia francesa. 
La primera vez que Suecia ejerce la Presidencia de la Unión Europea ha acertado plenamente al convertir la ampliación en un objetivo prioritario. 
Pero ¿no se está adoptando una actitud demasiado optimista respecto a la disposición de los miembros de la Unión Europea a admitir a los países candidatos? 
El hecho de que no se mencionen fechas de entrada da muestras de un espíritu muy realista, puesto que ello depende del cumplimiento de los criterios de adhesión. 
Es importante que a los países candidatos se les ofrezca un futuro mejor, en libertad. 
Para ello es necesario que en estos países se cree más empleo y se fomente el desarrollo sostenible a través de una tecnología respetuosa con el medio ambiente. 
Considero positivo que a lo largo del próximo semestre se haga todo lo posible por cerrar el máximo número de capítulos de negociaciones con los países candidatos. 
Por otra parte, hemos de cerciorarnos de que el mercado interior continúe funcionando satisfactoriamente en una Unión ampliada. 
A este respecto merece especial atención la aplicación de las directivas medioambientales. 
¿Qué actitud adopta la Presidencia en las negociaciones de adhesión ante las directivas que no son aplicadas correctamente por los Estados miembros actuales durante un tiempo prolongado? 
Por último, me parece muy loable el propósito de integrar el medio ambiente en otras políticas, como es el caso del impuesto energético. 
Dicha integración constituye un buen punto de partida para el Sexto Programa de Medio Ambiente, así como para los objetivos e indicadores concretos que en él se recogerán. 
Sin embargo, aún no entiendo muy bien cómo se puede compaginar esta meta con la liberalización propuesta por la OMC. 
Señor Presidente, Suecia se precia con razón de su política de llevar a la práctica la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
Podrá imaginarse cuál fue mi sorpresa al comprobar que el largo séquito de la Presidencia sueca sólo está compuesto sólo por hombres. 
En su discurso ocupa un lugar primordial la exigencia de que en la Unión Europea toda la atención se centre en el ciudadano. 
Yo vengo de un país que ha hecho suyo el lema "palabras no, actos sí". 
Dentro de poco tendrá la oportunidad de pasar a la acción, puesto que está sobre la mesa un reglamento que regula el acceso a los documentos del Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Quisiera hacerle cinco preguntas al respecto. 
Primera pregunta: ¿qué piensa hacer con la propuesta elaborada por la Comisión, que ha sido objeto de virulentas críticas? 
Segunda pregunta: ¿se dispone a modificar en profundidad la propuesta de la Presidencia francesa a fin de aumentar la transparencia? 
Tercera pregunta: ¿está dispuesto a darse prisa para reunir cuanto antes a los grupos de trabajo del Consejo de modo que se pueda lograr lo antes posible un acuerdo con el Parlamento Europeo? 
Cuarta pregunta: ¿se atreve a provocar una revolución facilitando los documentos del Consejo ahora mismo a través de Internet para que pueda poner en práctica la transparencia? 
Quinta pregunta: ¿considera que el derecho de los ciudadanos europeos a la transparencia con respecto a las autoridades de Bruselas es menor que el derecho de que gozan los ciudadanos americanos con respecto a su Gobierno de Washington? 
Para concluir, quisiera hacerle una última pregunta: ¿se atreve a iniciar un autoproceso de transparencia respecto a la situación posterior a Niza, tal y como acaba de sugerir el Presidente de la Comisión? 
¿Cuál es su respuesta a esta pregunta? Me parece harto importante, señor Presidente del Consejo, que pase de la retórica a la acción. 
Señor Presidente en ejercicio, quisiera desear buena suerte a Suecia en su primera presidencia. 
Las tres "E" son tres buenas prioridades que compartimos. 
Sólo una palabra sobre la ampliación. 
Hay que sacarla adelante con éxito. 
No olvidemos nunca que una de las principales condiciones del éxito es que seamos capaces de gestionar correctamente también nuestros asuntos internos. 
El legado de Niza es malo. 
Tendrá que revisarlo. 
Pero voy a su segunda prioridad, el empleo, que es la que corresponde a mi función temporal en este Parlamento. 
En la evolución de la Unión, ha habido cinco años para preparar el gran mercado, y ello con instrumentos legislativos vinculantes. 
Lo mismo ocurrió con el euro. 
Entramos en un nuevo desafío, la mejora del empleo, o incluso el retorno al pleno empleo, como se ha osado decir en la Cumbre de Niza con nuestra aprobación. Pero sin instrumentos legislativos vinculantes todos conocemos sus limitaciones. 
Esto quiere decir que hay que reforzar los instrumentos de convergencia y de persuasión. 
Para la Unión Europea, significa, en primer lugar, una mejor coordinación entre la política macroeconómica, y sobre todo macrofinanciera, en nuestra historia, y la política de empleo. 
Señor Presidente, usted va a presidir el nuevo Consejo Europeo de primavera, que será el primero en que se confrontarán los objetivos macroeconómicos generales con los objetivos en materia de empleo. 
Establecerá un precedente si instaura la obligación de que haya algo que decir y los gobiernos deban confrontar resultados, y no sólo intenciones. 
Necesitamos también una coordinación que sea más favorable al empleo entre las distintas facetas de todas las políticas europeas. 
Nuestra política de competencia, una de las mejor definidas, una de las que mejor funcionan, ¿debe tener como único objetivo una sana competencia económica? 
Fusiones y estructuraciones se multiplican. 
¿Cuál es su plusvalía en términos de empleo y de crecimiento? 
La Comisión aplica los criterios actuales. 
El Consejo probablemente haría bien en reequilibrar esos criterios. 
La competencia debe favorecer también el empleo. 
La misma necesidad de coordinación política interna existe cuando la Unión reforma sus procedimientos de contratos públicos o reglamenta sus servicios de interés general. 
Tenía algunas otras cuestiones. He llegado al final de mi tiempo. 
Este Parlamento, señor Presidente, es una casa en la que casi no se habla. 
Se acostumbrará, y sólo le entristecerá moderadamente. 
A mí me da pena. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, quiero felicitar al Primer Ministro Sr. Persson por su ambicioso y concreto programa. 
Tengo la esperanza de que la UE avance y que esto también fortalezca la imagen de la Unión en Suecia. 
La materia más importante de aquellas que afectan directamente a los ciudadanos, es la de la seguridad alimentaria. 
He comprobado que el Primer Ministro ha manifestado dudas a la hora de comer carne, debido al manejo que se hace de los animales y de los productos cárnicos. 
A pesar de que soy un viejo agricultor y carnívoro inveterado, entiendo a las personas que piensan de este modo. 
El Parlamento va a debatir cerca de ochenta directivas relacionadas con la seguridad alimentaria. 
Ahora estamos empezando la tramitación de una propuesta sobre la creación de una autoridad europea de alimentos. 
Quisiera saber qué piensa el señor Primer Ministro acerca de esta autoridad. 
En un mercado común tiene que haber reglas y controles comunes y, si las reglas no se cumplen, un sistema de sanciones común. 
Una unicidad de esta naturaleza requiere algo más que la propuesta autoridad. 
En mi opinión, ésta debería actuar en colaboración con la Oficina de Inspección Veterinaria de Dublín y con la Comisión. 
En el campo de fuerzas de este triángulo, sería posible asesorar, hacer cálculos de riesgos y manejar los riesgos y las sanciones en el marco de la legislación vigente, ofreciendo así seguridad alimentaria de similares características en toda la Unión. 
Espero que la Presidencia respalde esta idea. 
Señor Presidente, señores representantes del Consejo y de la Comisión, colegas, es muy satisfactorio que la Presidencia sueca haya dado alta prioridad al medio ambiente, esto nos compromete. 
Para invertir las tendencias negativas que empeoran el medio ambiente, se necesitan decisiones políticas radicales. 
Las referencias del Sr. Persson, Presidente del Consejo, al desarrollo sostenible, nos hacen abrigar esperanzas de que la agenda de la Unión conduzca a una estrategia verde para la presente década. 
Esto significa imponer reglas de juego ecológicas a la economía, integrar el medio ambiente en todas las demás políticas y destinar los recursos que sean necesarios. 
Por eso resulta incomprensible que el gobierno sueco rechace los impuestos relacionados con el medio ambiente en el ámbito comunitario, como los niveles mínimos de dióxido de carbono, y los impuestos a la energía. 
¿Por qué se dijo que no a esto en Niza? 
Otro asunto de gran actualidad es la forma en que la Presidencia sueca asumirá la tarea de Niza de formular una estrategia para el futuro político de la UE. 
Usted, señor Presidente del Consejo, igual que una gran parte de la población de los países miembros, está en contra de una evolución federalista de la Unión. 
¿Cuál es su visión de la futura distribución de las competencias y de la subsidiariedad? 
¿Cómo piensa usted mantener la neutralidad y el no alineamiento suecos, al mismo tiempo que su tarea como Presidente del Consejo es continuar la construcción de la capacidad militar de la Unión? 
Finalmente, ¡deseo suerte a la Presidencia sueca! 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo suerte a la Presidencia sueca de la Unión Europea. 
Como el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo sabe, la labor de una Presidencia no consiste sólo en defender sus intereses nacionales, sino también en buscar consensos para que el proyecto de Unión Europea progrese. 
Y la única forma de progresar es estableciendo una cooperación armónica entre las tres instituciones: Consejo, Comisión y Parlamento. 
Por eso, nos tranquiliza la oferta de colaboración que usted ha brindado hoy a este Parlamento, sobre todo a la luz de las declaraciones a las que se ha referido hace un momento el Sr. Poettering, en las que usted, al parecer, ha afirmado que la Comisión es una institución que adolece de un grave déficit democrático y que este Parlamento, después de las elecciones de 1999 y de la baja participación de los ciudadanos de su país, debería disolverse. 
Yo no sé si son ciertas o son falsas, si han sido desmentidas o no, pero yo creo, Sr. Presidente, que se impone una clarificación sobre estas declaraciones. 
Dicho esto, se ha referido usted, cuando ha hablado de la Europa de los valores, a la necesidad de exportar el sistema de la Carta de Derechos Fundamentales a países terceros. 
Yo no sé qué es lo que ha querido decir exactamente usted con eso. 
Si tenemos que exigir a los países terceros unos valores que no hemos sido capaces de exigirnos a nosotros mismos, quizá la interpretación más lógica es que usted se ha convertido ahora en un ferviente partidario de aplicar la Carta de Derechos Fundamentales con carácter obligatorio, y quizá de incluirla en los Tratados. 
Al principio de su intervención, ha hecho usted referencia al proyecto de Unión Europea, a la que ha definido como una comunidad de Estados del bienestar. 
Y yo quiero decirle que esa interpretación del bienestar, de la Europa de lo tangible, de lo contante y sonante, del beneficiario neto y del saldo neto, es una visión legítima, pero incompleta, de Europa. 
La Europa del bienestar tiene que supeditarse, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a la Europa de los valores, puesto que la Unión Europea constituye y representa una llamada permanente a la paz, a la comprensión, a la concordia y a la solidaridad. 
Y nos gustaría mucho que la Presidencia en ejercicio no lo olvidase. 
. (SV) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, es obvio que no me será posible comentar todos los puntos de vista que se han vertido. 
Sin embargo, puedo referirme a algunas líneas centrales que han estado presentes en muchas intervenciones. 
Por razones obvias, no me referiré a aquello relacionado con la política interna sueca, ya que esos temas podremos tratarlos en otras oportunidades. 
Me concentraré en los grandes temas europeos. 
Siento que hay un gran deseo, expresado especialmente por los representantes de los grandes Grupos de partidos, de trabajar junto a la Presidencia en favor de una mayor apertura. 
Esta materia, como ustedes saben, comprende diversas concepciones en el seno de la Unión, por lo que su manejo durante los próximos meses va a ser difícil y complicado. 
Sin embargo, creemos que una condición fundamental para crear confianza en la Unión Europea, en su política y en sus instituciones, es que haya transparencia, que sea posible seguir la tramitación de un asunto, que se puedan exigir responsabilidades y que se pueda debatir. 
Así se podrá crear un espacio político europeo en el que se discuta, lo que a su vez es una condición para crear instituciones que den origen a una mayor legitimidad democrática. Lo que han dicho los Sres. 
Poettering, Barón Crespo y otros diputados es, sin duda, extraordinariamente provechoso en este punto y yo lo tendré en cuenta. 
En muchas intervenciones se han hecho referencias a la ampliación, especialmente en la vital y visionaria del Sr. Barón Crespo. 
También la Sra. Malmström me ha preguntado si podemos dar una fecha para la incorporación del primer país en la Unión. 
Me gustaría, nos gustaría poder hacerlo, pero no lo hacemos. 
No discutiremos este punto antes de saber si tienen éxito las próximas negociaciones. 
Creo que daríamos señales erróneas si fijásemos una oportunidad determinada en que los primeros países, de los que ahora negocian su adhesión, pudieran empezar a ser miembros de la Unión. 
Sería una señal engañosa, ya que, en primer lugar, queremos ver que las difíciles negociaciones que tenemos por delante tengan buenos resultados. 
Esos avances se pueden producir durante la Presidencia sueca y, entonces, podremos dar una fecha en Gotemburgo. 
Espero que sea así. 
Me gustaría que fuese así, pero no estoy seguro. 
Cuando hablamos de los grandes temas y de la ampliación, es evidente que estamos casi de acuerdo. 
No hay respaldo más decidido a la ampliación que el del Parlamento Europeo. 
Éste es un proyecto del Parlamento Europeo más que de ninguna otra institución. 
El Parlamento se ha comprometido con la ampliación. 
Es obvio que estoy muy interesado en que también se apruebe el tratado que suscribimos en Niza ya que éste es, a su vez, una condición para la realización de la ampliación. 
Espero que podamos resolver las diferencias de criterios existentes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, de modo que podamos avanzar en el proceso de ampliación. 
Tenemos una responsabilidad común por la ampliación, una posibilidad histórica de borrar las divisiones entre Europa del Este y del Oeste. 
En mi opinión, y tal como lo manifestó el Sr. Andersson en su intervención, el Tratado de Niza, a pesar de sus deficiencias y errores, facilitó el camino de la ampliación, cosa que es importante mencionar. 
En sus intervenciones, numerosos diputados se han referido a temas medioambientales. 
Valoro particularmente lo que la Sra. Hautala y otros diputados han señalado. 
Opino que los temas relacionados con el medio ambiente no deben entenderse como un freno al desarrollo económico, sino que, por el contrario, como una fuerza impulsora. 
Todos los problemas medioambientales actuales se pueden resolver con ayuda de nuevas técnicas. 
De eso estoy convencido. 
También estoy convencido de que, en la práctica, ya contamos con esas nuevas técnicas, están a nuestro alcance. 
Sabemos cómo habría que actuar. 
Cuando los ciudadanos ven lo que está pasando, por ejemplo con el cambio climático, y que no somos capaces de dar una respuesta coordinada, se deteriora, evidentemente, la credibilidad en nuestras instituciones. 
Por eso, creo que la Cumbre de Gotemburgo será un punto de partida importante, un camino para avanzar, en el que con ayuda de medidas políticas se promuevan nuevas técnicas, investigación, desarrollo y confianza en las capacidades humanas. 
Si fomentamos esto, también nos habremos puesto a la cabeza del desarrollo tecnológico, que es una condición para la competitividad europea. 
Hay que ver el medio ambiente como una fuerza propulsora y no como un freno ni como un deseo de volver al pasado. 
Hay que ver el medio ambiente como una contribución futurista para la creación de una Europa más moderna y mejor. 
Este esfuerzo debemos realizarlo junto con el meritorio trabajo de la Comisaria Wallström en torno al programa de acción para las sustancias químicas y su reglamentación. 
Sumemos esto y podremos conseguir en Gotemburgo resultados promisorios. 
He tomado nota de lo que ustedes han dicho sobre el medio ambiente y, en general, comparto sus opiniones. 
A grandes rasgos, el empleo es todavía una política, y durante mucho tiempo más seguirá siéndolo, que compete a los parlamentos nacionales. 
Hemos encontrado una forma de avanzar en la Unión, por medio de la coordinación contemplada en el Proceso de Lisboa. 
Estoy totalmente de acuerdo con el diputado Sr. Rocard en el sentido de que las discusiones macroeconómicas serán más relevantes en la medida que nos acercaremos al pleno empleo. 
Dicho simplemente: ¿cómo podemos aprovechar el hecho de que cooperamos en una Unión Europea, por ejemplo, para estimular aún más el crecimiento económico? 
Nos encontramos en una situación en la que no somos vulnerables a los estímulos. 
Un país aislado es vulnerable, pero no una unión de países. 
Esto es algo que hay que discutir y, reconozco abiertamente, es interesante para los países que ya forman parten de la cooperación en torno al euro. 
Esos países tienen mayores posibilidades de utilizar su situación o estimular un mayor crecimiento económico y, en consecuencia, un mayor empleo. 
Los trabajos que constituyen la esencia de la Unión están en relación con el mercado interior y con los métodos de trabajo del derecho comunitario, según el espíritu de Monnet. 
Este núcleo ya se ha construido. 
Ahora hay que colaborar en otros campos, por ejemplo, en lo que llamamos el Proceso de Lisboa. 
Son expresiones diferentes. 
Independientemente del camino que elijamos para la colaboración, las exigencias de apertura y transparencia son las mismas. 
No quiero estar en una situación en que los estados y los gobiernos discutan entre sí, en lo que podría considerarse como discusiones cerradas, secretas o que imposibilitan la transparencia. 
Sea cual fuere el método que usemos, la transparencia es fundamental. 
Se han dicho otras cosas en las que también estoy de acuerdo. 
No obstante, permítanme decirles que ha habido dos intervenciones diferentes, de carácter especial pero esenciales desde un punto de vista político, de las que, subrayo, he tomado debida nota. 
Lo que dice el Sr. Olsson sobre política y calidad de los alimentos, esto es, el interés de los consumidores en contar con protección y sobre la recuperación de la confianza, es algo que, en gran medida, coincide con mis criterios y con los de la Presidencia. 
Olle Schmidt se refirió a la política de refugiados, a una postura generosa por parte de la Unión hacia las personas que llegan hasta nosotros buscando seguridad y protección. 
La Convención de Ginebra debe ser siempre el fundamento de este tipo de razonamientos, pero nuestros anhelos deben ir más lejos. 
Como una parte rica de la comunidad mundial, deberíamos poder costeárnoslos. En común, no cada uno por su lado. 
Deberíamos razonar y discutir en torno a estos anhelos y hacer avanzar a la Unión en este campo. Comparto plenamente lo que manifestó Olle Schmidt en su intervención sobre una política humanista de refugiados. 
Finalmente, permítanme decir que la Presidencia sueca va a estar a menudo en este hermoso edificio para dialogar y discutir. 
Pero nos gustaría también que ustedes se acercasen a nosotros. 
Quisiéramos tenerles como huéspedes en nuestro lejano y frío país, que, sin embargo, en estos casos, se caracteriza por la calidez y la fraternidad; se los aseguro. 
¡Bienvenidos! 
Deseo una cooperación con todos los Grupos Parlamentarios, en bien de la Unión. 
Señor Presidente, yo quiero agradecer a la Presidencia del Consejo la actitud positiva con que se propone abordar la Cumbre de Estocolmo y alcanzar la sostenibilidad económica, en interés del pleno empleo, la reforma económica, la innovación y las perspectivas futuras de la Unión Europea. 
Lo que necesitamos en Estocolmo no es una cumbre de la desregulación. 
Necesitamos una cumbre que deje claro en qué ámbito es más conveniente que se regule cada cosa en la Unión Europea, con el fin de poder avanzar en la utilización del mercado interior no sólo en beneficio de la economía, sino también de las personas, de los trabajadores y trabajadoras. 
En consecuencia, yo también quisiera dirigir un ruego a la Presidencia sueca del Consejo: si desean demostrar una mayor transparencia y democracia justamente en el contexto de la coordinación de la política económica, empiecen por dar un primer paso con la participación del Parlamento europeo en el diálogo macroeconómico, en todas las iniciativas y en la definición de las líneas fundamentales de la política económica. 
Por primera vez, vamos a presentar nuestras propuestas en el marco de un procedimiento legislativo. 
Entonces podremos comprobar si la Presidencia recoge efectivamente el guante con vistas a la superación del déficit democrático y comienza a avanzar pragmáticamente a pequeños pasos. 
Se trata de una petición muy sentida del Parlamento europeo, que desde 1994 viene solicitando un acuerdo interinstitucional en este sentido. 
Yo quiero pedirle a la Presidencia del Consejo que siga impulsando de manera consecuente el proceso de Lisboa, manteniendo la misma prioridad para todos los ámbitos de actuación política allí citados. 
Es decir, que se transponga efectivamente una combinación de políticas adecuada y suficiente, impulsando una política de integración social, de pleno empleo y de reformas económicas con un calendario claro y también con unos indicadores cualitativos. 
Lo mismo cabe decir de la política financiera, ya que también debemos dejar claro mediante la política de inversiones que la población de Europa puede conseguir un valor añadido gracias a la cooperación a escala europea y las inversiones en las personas, pero también en infraestructuras. 
Finalmente, quisiera hacer una última observación a la Presidencia sueca del Consejo: nuestra esperanza de que los ciudadanos y ciudadanas- una gran parte de los cuales están muy preocupados- puedan efectuar sin temor la transición al euro está en sus manos. 
Mantengan una intensa colaboración con la Presidencia belga del Consejo e insten a todos los agentes a que cooperen, en los pueblos, las ciudades y las grandes capitales, pues el euro es un audaz proyecto histórico, que sólo podrá salir adelante con éxito si todos perseguimos el mismo fin. 
Señor Presidente, señor Comisario, como hemos podido oír de boca del presidente de nuestro Grupo durante este debate, el PPE visitó Berlín la semana pasada. 
Antes de volver, algunos colegas y yo tuvimos ocasión de visitar el Postdam, donde se celebró la conferencia en la que el Presidente Truman, el Primer Ministro Churchill- que extrañamente fue sustituido en mitad de la conferencia por el Sr. Atley- y el Mariscal Stalin acordaron la separación de Yalta de Europa. 
La Presidencia sueca, como hemos podido oír durante el debate, ha despertado grandes esperanzas de que, durante los próximos seis meses, logremos la restauración de una Europa unida, pero creo que el tiempo para la retórica ha quedado atrás y lo que todos deseamos ahora son resultados. 
Me pregunto si sería posible transmitir cuatro preguntas a la Presidencia sueca. 
En primer lugar, ¿tiene intención la Presidencia de convocar un Consejo o una reunión extraordinaria a la que se invitaría a representantes de los Gobiernos de los países candidatos, no sólo para facilitar las negociaciones, sino también para transmitir una señal importante a la sociedad de que la ampliación no es un mero ejercicio político, un espejismo, un objetivo que permanece lejano, sino que realmente estamos realizando los avances necesarios? 
En segundo lugar, ¿sería posible suavizar las negociaciones burocráticas teniendo en cuenta las experiencias del pasado? 
En cierto modo resulta cruelmente difícil que el proceso de ampliación se presente meramente como una cuestión de si se cumplen determinados acervos de carácter técnico, pasando por alto, quizá, las dificultades específicas a las que tuvieron que hacer frente las Repúblicas bálticas y otros países de la Europa central y oriental bajo el sistema soviético. 
En cuanto al calendario que nos hemos fijado: ¿está de acuerdo la Presidencia sueca con que hacen falta períodos de transición y, por último, podemos confirmar que no se pondrán nuevos obstáculos en el camino de los países candidatos? 
No hay duda de que hoy ha sido el día de Suecia. 
Todos tenemos grandes esperanzas de que dentro de seis meses en Göteborg, una vez más, no sólo sea el día de Suecia, sino también el día de Europa. 
Señor Presidente, doy la bienvenida con mis mejores deseos a la Presidencia sueca, si bien no se la puede envidiar, habida cuenta de la situación en que se hace cargo de la Presidencia del Consejo. 
Atrás queda una cumbre que quizás haya sido la más caótica de toda la historia de la UE. 
Las discusiones se dilatan siempre hasta las vísperas de la ratificación de los tratados, lo cual no transmite en absoluto una buena imagen del funcionamiento de las cumbres ni de la actuación del Consejo. 
Por esta razón, cabe reseñar con verdadera satisfacción que la Presidencia sueca ha anunciado su deseo de reformar la actuación del Consejo precisamente en una dirección de mayor transparencia. 
El programa diseñado por la Presidencia sueca para su período es ambicioso y equilibrado, y ya era hora de que, por fin, los temas medioambientales tomaran un protagonismo de amplio alcance en los debates de la Unión Europea. 
El plan de desarrollo sostenible para la UE, que será aprobado como parte del proceso Río Plus en la Cumbre de Goteburgo, deberá incluir todos los elementos de sostenibilidad que serán prioritarios durante esta Presidencia del Consejo de la UE. 
En mi opinión, las 3 E de estos elementos garantizan la sostenibilidad. 
Pero, sin embargo, estoy algo preocupada, y ahora me dirijo a la Comisión, por el calendario en que se elaborarán los asuntos a tratar, por ejemplo, en la Cumbre de Goteburgo. 
¿Cómo será posible que el Parlamento Europeo pueda participar de lleno con este calendario, por ejemplo, en la preparación del plan de desarrollo sostenible? 
Pero quiero darle las gracias a la Presidencia sueca por la incorporación de la dimensión nórdica. 
Y quiero volver a formular una pregunta a la Comisión: ¿cómo se garantizarán los recursos necesarios, por ejemplo los recursos humanos, para que la política en materia de esta dimensión nórdica tenga continuidad también por parte de la Comisión? 
Señor Presidente, quiero dar la bienvenida a la Presidencia sueca y a su programa, que contiene muchas prioridades interesantes. 
Tal como lo han manifestado otros diputados, me preocupa la tendencia a destacar, frecuente e insistentemente, el modelo interestatal a costa de lo que acostumbramos a llamar the community approach, es decir, un modelo en que se da mayor significado y un papel más preponderante a la Comisión. 
He tomado nota de las promesas del Primer Ministro sobre apertura, independientemente del modelo que se elija, pero el asunto es más extenso que eso. 
La interesante intervención del Sr. Prodi confirmó los retos que tendremos que enfrentar. 
Escuché atentamente los comentarios del primer Ministro sobre el medio ambiente. 
Me parecen bien, pero hay un problema. La mayoría de los problemas medioambientales actuales están directamente relacionados con el uso de la energía, y el problema es que en Europa hoy no existe una política energética. 
Los países miembros no han logrado ponerse de acuerdo sobre una tasa común para el dióxido de carbono. 
El gobierno sueco ha manifestado que está a favor de un arancel de este tipo, pero solamente si se acuerda con unanimidad, lo que es lo mismo que no decidir nada. 
Algunos gobiernos han bloqueado este asunto durante diez años. 
¿Qué hace pensar al Primer Ministro y al gobierno que el asunto se podría resolver justamente ahora? 
Sin aranceles que graven al dióxido de carbono, la UE no podrá cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto. 
Además, la estrategia para un desarrollo sostenible que se va a discutir en Gotemburgo va a cojear seriamente si la Unión no afronta los problemas energéticos de manera coordinada. 
El Sr. Prodi y otros oradores se han referido a este tema de manera loable. 
Con todo, no sabemos si el gobierno sueco está dispuesto a cambiar su parecer. 
Finalmente quisiera decir que, al igual que Olle Schmidt, me hubiese gustado ver una cuarta "E", de empatía. 
Esa letra no sólo debería valer para los asuntos de refugiados, sino que también para las relaciones con el Tercer Mundo. 
Se ha mencionado el impuesto Tobin, pero creo que su realización es imposible. 
Una forma de reunir dinero para los problemas mundiales sería intentar que todos los países de la Unión cumpliesen con la exigencia de dar el 0,7 por ciento de su PNB a las ayudas al desarrollo. 
Además, tal como dijo la Sra. Carlsson, ¡hay que bajar los aranceles aduaneros para los productos de los países en desarrollo! 
¿Está dispuesto el gobierno sueco a trabajar con ese espíritu? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, en el curso del debate ha quedado muy claro que el resultado de Niza ha decepcionado a la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo. 
El verdadero motivo es el siguiente: la democracia y la transparencia quedaron olvidadas en el camino en Niza. 
¿Qué sucedió? 
Como podemos ver, en el Consejo se está imponiendo la mayoría cualificada en cada vez más ámbitos. Esto imposibilita el control de los parlamentos nacionales, cuyas decisiones pueden ser revocadas por el correspondiente voto mayoritario en el Consejo. 
Este control democrático no ha sido sustituido. no obstante, lamentablemente, por el control democrático ni tampoco por el poder de codecisión del Parlamento Europeo. 
Yo tengo el convencimiento de que este es el punto débil decisivo de lo acordado en Niza. 
Señor Presidente del Consejo, Suecia cuenta con una gran tradición democrática y de transparencia. 
Yo creo firmemente en ella y confío en que la Presidencia sueca apoyará nuestros esfuerzos para subsanar esta deficiencia del Consejo de Niza y reforzar la legitimidad del proceso democrático de decisión en la Unión Europea. 
También quisiera referirme a una segunda cuestión. 
Bajo la Presidencia sueca del Consejo se deberá preparar la introducción del euro, o sea, la introducción de los billetes y monedas denominados en euros en doce países de la Unión Europea. 
Una pregunta que nos hacemos reiteradamente es: ¿quién representa al euro de cara al exterior? 
A mi parecer, la Comisión Europea debería desempeñar un papel más activo que hasta ahora en este contexto. 
La Presidencia francesa del Consejo nos dio una respuesta clara, que atribuye la representación exterior del euro al presidente del grupo Euro-doce. 
Lo cual genera a su vez una situación paradójica. 
El Ministro de Finanzas sueco ostenta la representación exterior de la Unión Europea en lo que respecta a los aspectos generales de la política económica, mientras que en todo lo que afecta al euro, a los asuntos monetarios, esta tarea recae en el Ministro de Finanzas belga. 
Si en el Parlamento Europeo ya no lo entendemos, ¿cómo podemos esperar que lo comprendan los ciudadanos de la Unión Europea? 
¿Cómo van a interpretarlo los mercados? 
¡Tenemos que hacer cuanto esté en nuestra mano para que vuelva a imponerse la razón! 
Usted puede contribuir mucho a ello, señor Ministro de Asuntos Exteriores. 
Si logra convencer a sus conciudadanos de que el euro es un proyecto favorable, que se trata de una moneda estable en el ámbito interior y que su estabilidad exterior también es cada vez mayor, si consigue convencerles para que participen en esta gran obra de la integración europea, a la vez contribuirá también a que los ciudadanos comprendan mejor este aspecto de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0001/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0952/00): 
Asunto: Cumbre UE-China En un nuevo informe de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) se señala que la mafia china de la trata de mujeres está muy bien organizada, y que se venden mujeres en mercados repartidos por toda China. 
Además, en términos relativos, los beneficios son elevados (en muchos casos sobrepasan los 30.000 euros). La OIM muestra su preocupación por un posible aumento dramático de la trata de mujeres con base en China, tanto en el interior de las fronteras de este país como sobre todo en Europa occidental. 
En la reunión celebrada el 23 de octubre de 2000 entre la UE y China, el Consejo y la Comisión abordaron la cuestión de la asunción de responsabilidad para repatriar a los inmigrantes chinos ilegales. 
¿Planteó asimismo el Consejo la cuestión de la trata, tan difundida, de mujeres y niñas chinas? 
. (SV) El Consejo consideró muy positivamente la posibilidad de iniciar un diálogo con China sobre las migraciones, especialmente las ilegales, y la repatriación de los ciudadanos chinos que residen ilegalmente en el territorio de los Estados miembros. 
Antes de la Cumbre con China, se realizó en Bruselas una reunión en la que participaron funcionarios del país que ejercía la Presidencia, la Comisión y una delegación china, para identificar y fijar los temas en torno a los que se podría cooperar en el futuro. 
Se hizo hincapié en el intercambio de información entre autoridades y entre organizaciones que se ocupan de asuntos relacionados con la trata de personas y la migración ilegal. 
Se han planificado más reuniones de este tipo y la próxima tendrá lugar en Pekín, dentro de algunas semanas. 
Esta reunión está siendo preparada por expertos. 
Como la Sra. Theorin seguramente sabe, el Consejo Europeo manifestó en Santa Maria da Feira su preocupación por los trágicos sucesos de Dover el año pasado y condenó los actos delictivos que cometen los que se enriquecen por medio del contrabando de personas. 
El Consejo Europeo encargó a la Unión la misión de intensificar la cooperación para erradicar ese tipo de delincuencia internacional. 
La Presidencia francesa contestó a la petición del Consejo Europeo y presentó una serie de iniciativas para combatir las redes criminales que organizan el contrabando y el comercio con personas. 
Aunque el problema específico que menciona la Sra. Theorin no se discutió durante la reunión entre la UE y China el 23 de octubre del año pasado, el Consejo es muy consciente de los problemas relacionados con la trata de mujeres y niñas. 
El comercio no sólo es desde China, sino que también desde otros países que no están tan lejos de la Unión. 
Como país que ejercería la Presidencia, en el otoño de 2000 Suecia se ocupó de este asunto en el marco de la colaboración de la ASEM, en la cual también participa China. 
El primer paso fue una reunión a fines de noviembre del año pasado, en la que participaron expertos en la materia, tanto de China como de Europa. 
Las recomendaciones de esta reunión serán presentadas, a través de la ASEM, en la reunión de Ministros de Exteriores de Pekín, en mayo de este año. 
Presidencia sueca, celebro que el Consejo se ocupe seriamente de estos asuntos. 
Son cosas muy, muy graves. 
Decenas de miles de mujeres y niñas son compradas y vendidas en China cada año, muchas de ellas a personas de Occidente. 
Los sectores más afectados son las regiones pobres. 
La OIM ha comprobado en su último informe que las autoridades occidentales tienen muchas dificultades para impedir la trata de mujeres desde China y que este comercio aumentará drásticamente si no se toman medidas enérgicas. 
La trata de mujeres en el interior de China es también enorme. 
Como consecuencia directa de la "política de un hijo" y de la pasión de las familias por los hijos varones, existen hoy 70 millones de hombres solteros en China. 
La Coalición Internacional Contra la Trata de Mujeres informa sobre un poblado que compra a cientos de mujeres para ser repartidas entre los hombres solteros, ya que encuentran que es lamentable la situación de estos hombres. 
Está muy bien que ustedes hayan formado este grupo después del escándalo de Dover. 
Me pregunto si órganos de expertos, por ejemplo la OIM y la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres van a formar parte de este grupo. 
¿Está preparado el Consejo para actualizar el tema de la trata de mujeres en sus contactos con China? 
Hay motivos suficientes para que los grupos que se han creado, en el marco del trabajo rápido y efectivo de la Unión, tomen contacto con otras organizaciones internacionales que trabajan con esos temas. 
La OIM es posiblemente la organización que posee los mayores conocimientos. 
Doy por sentado que muy pronto también se establecerá esta clase de contactos. 
Permítanme también mencionar que, en general, la lucha contra la trata de mujeres es un tema importante en el programa de trabajo de la Presidencia sueca. 
Nuestro deseo es trabajar contra este terrible fenómeno en un frente amplio, es decir, no sólo en relación con China, sino que a escala mundial. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 2 decae. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0956/00): 
Asunto: Medios al alcance de los ciudadanos de la UE en La Meca Teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 20 del Tratado CE, todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades consulares de cualquier Estado miembro, ¿qué medios pone la UE al alcance de los ciudadanos de la UE en La Meca durante la peregrinación a esta ciudad? 
. (SV) Quiero hacer presente al estimado diputado que se han aprobado dos normas sobre la aplicación del artículo 20 del Tratado CE. 
La primera, se refiere a las ayudas a los ciudadanos de la Unión Europea a través de las representaciones consulares y diplomáticas. 
La segunda, contiene medidas para la aplicación de la norma ya citada. 
En el anexo de esta norma se indican las condiciones para que las representaciones diplomáticas otorguen ayudas a los ciudadanos de la Unión. 
El Reino Unido mantiene servicios consulares en La Meca durante la peregrinación, la hajj. 
Hay muchos consulados en Jiddah que pueden ayudar a los ciudadanos de la Unión Europea durante la peregrinación. 
Señor Presidente, agradezco la respuesta del representante sueco del Consejo, pero no responde a mi pregunta. 
El representante del Consejo está en lo cierto cuando afirma que el Gobierno del Reino Unido proporciona algunos servicios consulares a los musulmanes británicos durante su peregrinación a la Meca. 
No obstante, los musulmanes procedentes de otros Estados miembros no tienen acceso a dichos servicios consulares y están sujetos a los mismos requisitos y condiciones que las autoridades sauditas imponen a los musulmanes del Reino Unido. 
Parece un poco extraño que a pesar de que se supone que existe la misma representación y el mismo trato para todos los ciudadanos de la UE, en circunstancias como la que acabo de describir, existe una desigualdad de trato y una desigualdad de representación para los ciudadanos de la UE. 
¿Podría asegurarnos, por favor, el Sr. Ministro sueco que se ocupará de este asunto y examinará las circunstancias en las que se produce este tipo de desigualdad de trato, con vistas a garantizar que las personas reciben de los servicios consulares de los distintos Estados miembros el mismo trato, con independencia de su religión o de su nacionalidad? 
No puedo dar garantías al estimado diputado de que este asunto vaya a ser discutido. Incluso puedo calmarlo y decirle que sus temores son algo infundados. 
En las resoluciones a las que me referí anteriormente se estipula que, si el que solicita ayuda consular es ciudadano de alguno de los países miembros, la representación diplomática o consular de otro Estado miembro deberá tramitar esa solicitud como si el solicitante fuese ciudadano del Estado miembro que representa esa embajada o consulado. 
Por tanto, no deben surgir situaciones de discriminación como las que teme el señor diputado, sino que todos los ciudadanos de la Unión deben recibir el mismo trato. 
Estoy convencido de que la representación del Reino Unido en este caso es solidaria y da el mismo trato a todos los ciudadanos de la Unión. 
Así, al menos, está estipulado en las resoluciones que se han adoptado. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0957/00): 
Asunto: Control del mercado en relación con la marca CE ¿Se puede garantizar, hoy por hoy, un control del mercado suficientemente eficaz en lo que se refiere al respeto de las disposiciones relacionadas con la marca CE a nivel europeo? 
El Consejo tiene mucho interés en que se controle eficazmente el mercado para poder asegurarse del cumplimiento de las exigencias esenciales de la directiva sobre la marca CE que se redactó sobre la base de que se cumpliría con el llamado nuevo método. 
Este método es una nueva forma de armonizar las exigencias técnicas en la directiva. 
El control del uso de la marca CE de los productos es una tema que incumbe tanto a la Comisión como a los países miembros. 
Es en primer lugar responsabilidad de los Estados miembros controlar, mediante autorizaciones o por otros medios, que esos órganos cumplan con las normas de idoneidad exigidas y que funcionen eficazmente. 
En cuanto a los órganos de control, a la Comisión se le ha asignado un papel fundamental para asegurar su uniformidad y alto estándar. 
Los órganos de control son nacionales y los Estados miembros informan a la Comisión acerca de éstos. 
A su vez, la Comisión fija los programas para asegurar que el control de los mercados se organice uniformemente en los Estados miembros. 
Para controlar el nuevo método, los órganos designados por los Estados miembros crean, por ejemplo, grupos de cooperación para cada directiva. 
Señor Presidente, la marca CE es un elemento esencial para la protección del consumidor. Sin embargo, se trata de una medida exclusivamente cuantitativa. 
Lo único que se debe demostrar es que se cumplen las disposiciones legales europeas vigentes. 
Esto es, sin duda, insuficiente desde el punto de vista de los consumidores. Éstos desearían poder contar también con procedimientos cualitativos de verificación y certificación que les permitan confirmar si un producto supera las normas medias de calidad y, por lo tanto, también responde a sus exigencias. 
La certificación por una tercera parte independiente, sobre todo en lo que respecta a los elementos de seguridad, es fundamental, por lo tanto. 
El accidente ferroviario de Eschede nos demostró que pueden ocurrir accidentes muy graves si el control de los ferrocarriles es exclusivamente interno y no está sujeto a un procedimiento de certificación independiente. 
¿Cree que sería necesario reforzar en el futuro el procedimiento de certificación independiente en la Unión Europea? 
Como señalé en mi respuesta inicial al estimado diputado, es en primer lugar la Comisión la encargada de garantizar la uniformidad en relación con la apreciación de los llamados acuerdos. 
Por esa razón, quisiera proponerle al estimado diputado que se dirija a la Comisión para recabar más información sobre esta materia. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0965/00): 
Asunto: Huelga de hambre de los presos políticos en Turquía Decenas de presos políticos que hace casi dos meses iniciaron en Turquía una huelga de hambre indefinida en protesta por las condiciones de vida inhumanas de las cárceles turcas se encuentran a las puertas de la muerte. 
Al mismo tiempo, el Consejo de Europa informa de que las torturas siguen siendo una práctica habitual en las comisarías de policía turcas, y Amnistía Internacional denuncia la tortura, la impunidad y en general la vulneración de los derechos humanos en Turquía, y pide a la Unión Europea que exija de inmediato que cesen las torturas, y no en 2002-2003, como prevé el proceso de adhesión de Turquía a la UE. 
¿Intervendrá el Consejo para que el Gobierno turco tome medidas para mejorar las condiciones en las cárceles turcas, de modo que los reclusos suspendan la huelga de hambre? 
¿Apoyará la petición de Amnistía Internacional que exige el cese inmediato de las torturas en el marco del proceso de adhesión de Turquía a la UE? 
. (SV) Con toda seguridad, el gobierno turco es bien consciente del firme convencimiento de la Unión sobre la necesidad de mejorar la situación en las cárceles turcas y de abolir las torturas. 
El Consejo celebra que Turquía haya iniciado reformas en su sistema carcelario y que ese país esté llano a cooperar con el Comité Europeo contra la Tortura. 
Las torturas constituyen una de los problemas más agudos de Turquía. 
Este tema también ha sido destacado por el Consejo como una prioridad en el borrador de asociación que espera la aprobación turca, esto es, "endurecer las normas jurídicas, tomar todas las medidas necesarias para fortalecer la lucha contra la tortura y conseguir que se cumplan las disposiciones del Comité Europeo contra la Tortura". 
Esto implica, entre otras cosas, que el Consejo espera que Turquía haga considerables avances en esta materia antes de fin de año. 
En relación con la situación en las cárceles turcas, en reiteradas ocasiones la Unión Europea ha exigido que el sistema carcelario turco se adecue a las normas internacionales. 
Por eso, en las prioridades a mediano plazo contenidas en el borrador de asociación, el Consejo ha exigido que la situación en las cárceles de Turquía cumpla con las normas de la ONU sobre condiciones mínimas para el tratamiento de los presos. 
En cuanto a las vidas humanas que, desgraciadamente, se han perdido en los disturbios del último tiempo en las cárceles turcas y al informe sobre torturas y malos tratos que se infligen a los presos cuando son trasladados, la Unión ha tratado estos asuntos en contactos bilaterales con las autoridades turcas. 
Como es obvio, la Unión no tolera las torturas ni los malos tratos a los presos. 
En sus contactos con la Unión, las autoridades turcas han negado todas las afirmaciones sobre torturas y malos tratos. 
Obviamente, el Consejo continuará vigilando de cerca esta situación. 
Me cuento también yo entre los diputados que afrontan con gran esperanza la Presidencia sueca en lo que respecta a los asuntos relacionados con los derechos humanos. 
Y ello porque se trata de la Presidencia de un país que ha mostrado con los hechos su gran sensibilidad y la distancia que le separa de cualquier juego de intereses cuando se trata de cuestiones relativas a los derechos humanos. 
Y quisiera decir que de alguna manera me entristece este sí pero no de la postura del Sr. Presidente en ejercicio. "Seguimos el curso de los acontecimientos, tal vez se hayan producido hechos lamentables, aunque Turquía, claro, nos ha asegurado que no pasa nada... " 
Yo quisiera preguntarle al Sr. Presidente en ejercicio: después de la tragedia a la que hemos asistido, con más sesenta muertos, con los malos tratos, con personas que puede que están en la cárcel por haber hablado en su lengua materna, y cuando unos 200 presos mantienen la huelga de hambre, ¿va a emprender la Presidencia sueca alguna iniciativa pública? , ¿va a pedir explicaciones y compromisos al gobierno turco? , y algo más, ¿se va a interesar, por fin, la Presidencia por la liberación de la diputada Leila Zana, ganadora del Premio Sajarov que otorga este Parlamento? 
Permítanme solamente señalar que el acuerdo de asociación con Turquía, que actualmente existe sólo como un borrador, ofrece, según el Consejo, posibilidades extraordinarias para "estar encima" de Turquía, constantemente vigilando las torturas, las condiciones en las cárceles y los derechos humanos en general. 
Obviamente, el Consejo piensa usar todas las herramientas existentes en el marco de este acuerdo para conseguir que Turquía se desarrolle en una dirección que sea compatible con los valores comunes de la Unión. 
Gran parte de los presos en las cárceles turcas deben ser considerados como presos políticos. 
En Turquía todavía se condena por motivos políticos. 
Personalmente presencié un juicio el 21 de diciembre del año pasado en Djarbakir, en el sudeste de Turquía, en el que un sacerdote sirio corría el riesgo de ser condenado a tres años de cárcel por el sólo hecho de haber hablado de la matanza de armenios y sirios en 1915. 
Éste era su único "delito" y por eso lo iban a condenar. 
¿Exigirá el Consejo que se modifique la ley penal turca y van a tratarse problemas concretos como éste, en que se apresa a personas por razones políticas? 
En realidad, puedo contestar la pregunta del Sr. Sjöstedt de la misma manera como contesté la anterior. 
Desde que la Unión declaró a Turquía país candidato a la adhesión, cosa que se hizo en la Cumbre de Helsinki, tenemos mayores posibilidades de seguir el desarrollo de los acontecimientos en Turquía y de llamar la atención sobre todas sus desviaciones de las normas que rigen para los países candidatos. 
Por esa razón, creo que es una tarea muy interesante, también durante la Presidencia sueca, conseguir que Turquía siga un camino que la acerque poco a poco a la familia europea, de una manera más concreta que hasta ahora. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0967/00): 
Asunto: Reuniones públicas del Consejo La Presidencia sueca ha declarado que la apertura es extremadamente importante en el trabajo de la Unión Europea. 
¿Cuántas reuniones públicas va a celebrar el Consejo durante la Presidencia sueca desde el 1 de enero al 30 de junio de 2001? 
. (SV) Como se deduce de la presentación del programa de trabajo que el Primer Ministro hizo hace unos momentos, la Presidencia sueca da gran importancia a la transparencia, al acceso de los ciudadanos europeos al trabajo del Consejo y a la transparencia en el trabajo legislativo. 
La Presidencia sueca se empeña para que tantos debates como sea posible sean públicos, dentro de los marcos formales vigentes. 
El reglamento del Consejo no permite que las reuniones del Consejo sean totalmente abiertas, algo que no ignora el Sr. Sjöstedt. 
Por el contrario, se permiten debates públicos. 
En Helsinki, en diciembre de 1999, el Consejo Europeo acordó que los debates del Consejo (asuntos generales) y del Consejo de Ecofin sobre sus programas de trabajo, fuesen públicos una vez cada semestre. 
Otros Consejos tienen también debates públicos. 
Por esta razón, una de las principales prioridades de la Presidencia sueca ha sido hacer una lista de los debates públicos que cubran la mayor cantidad de trabajos del Consejo. 
De este modo, hemos presentado una lista de los debates públicos que tendrán lugar durante nuestra Presidencia. 
Habrá nueve debates de este tipo en lo que podrían considerarse como los temas más importantes del Consejo, empezando este viernes, cuando Ecofin discuta su programa de trabajo. 
Después se sucederán estos debates durante todo el semestre, hasta el último debate público del Consejo (cultura) en junio, en el que se discutirá la protección a los menores contra los contenidos perniciosos en los medios de comunicación. 
Así, con estas medidas, habremos aumentado un poco más la apertura en los trabajos del Consejo. 
Seguramente se podrían dar otros pasos, pero, Sr. Sjöstedt, ¡no permitamos que lo bueno sea enemigo de lo mejor! 
No, no permitiré que lo bueno sea enemigo de lo mejor. 
Sólo que si continuamos avanzando al ritmo del Consejo de Ministros no llegaremos a la meta, a que las reuniones sean realmente públicas, antes de cien años. 
Nueve debates no son algo que nos deje pasmados, si se me permite la expresión. 
Creo que es obvio que en una democracia los ciudadanos tengan derecho a saber lo que pasa en su asamblea legislativa más importante, y ésta es, en gran medida en la Unión Europea, el Consejo de Ministros. 
Se trata, simplemente, de requerimientos democráticos. 
Si el reglamento del Consejo impide que las votaciones y las reuniones del Consejo, digamos en su ejercicio legislativo, sean públicas en su totalidad, se debería modificar inmediatamente este reglamento anticuado. 
¿No presentará por ese motivo la Presidencia sueca- que impulsa el tema de la apertura tan enérgicamente- una iniciativa en este sentido, cosa que, a mi juicio, sería muy importante y provechosa? 
Como el Sr. Sjöstedt seguramente sabe, la Presidencia sueca piensa usar toda la energía imaginable para intentar avanzar en los temas de apertura durante el semestre de ejercicio de la Presidencia. 
Creemos que lo conseguiremos, aumentando el número de debates públicos. 
Podemos hacer comparaciones con la mayoría de los parlamentos nacionales. 
Tomemos, por ejemplo, el parlamento sueco. 
Las tareas legislativas en las comisiones parlamentarias suecas no son públicas, y hay razones para ello. 
Existe la necesidad de alcanzar acuerdos políticos, pero también es necesaria la máxima apertura. 
Puedo asegurarle, Sr. Sjöstedt, que haremos todo lo posible por avanzar, pero Roma no se construyó en una día. 
Hasta las mayores expediciones comienzan con un pequeño paso. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0970/00): 
Asunto: Democracia y derechos humanos en Belarús A partir de unos valores comunes, la UE considera que tiene el deber de defender los principios de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. 
Belarús es un país limítrofe con los países candidatos Letonia, Lituania y Polonia en el que no se puede decir que se respeten de manera aceptable estos tres principios, con riesgo evidente de que se produzca un efecto de extensión a los países vecinos. 
La troica parlamentaria de la UE, el Consejo de Europa y la OCDE hizo público el 16 de octubre en Minsk un informe crítico sobre la deficiente democracia en Belarús en relación con las elecciones que se celebraron en ese país. 
Entre otras muchas desapariciones se destaca la del antiguo ministro del Interior Jurij Zaherenko, el antiguo portavoz Victor Gonchar y el cineasta ruso Dmitrij Zavadskij. 
¿Qué iniciativas concretas ha previsto adoptar la Presidencia sueca para contribuir al refuerzo de la democracia en Belarús, y qué medidas va a adoptar para aclarar la suerte de los desaparecidos? 
. (SV) Desgraciadamente, el estimado diputado tiene toda la razón en que en Belarús no se respetan aceptablemente la democracia, los derechos humanos ni el estado de derecho. 
El Consejo es consciente de la situación que reina en este país desde hace largo tiempo y sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. 
En reiteradas oportunidades, la UE ha pedido a las autoridades belarusas que respeten las normas internacionales vigentes en estas importantes materias. 
Asimismo, la Unión ha aprovechado todas las oportunidades que se han presentado para fomentar el desarrollo de una sociedad civil sana en Belarús. 
La Presidencia sueca continuará decididamente los esfuerzos de las Presidencias anteriores para favorecer mejoras democráticas en ese país. 
El Consejo piensa que sólo mediante esas mejoras el pueblo belaruso podrá ejercer plenamente su poder para cambiar el futuro. 
Eligiendo a un nuevo Presidente, este año el pueblo podrá decidir su futuro. 
Dentro de los marcos vigentes, el Consejo ofrecerá estímulos a las fuerzas democráticas para garantizar que los ciudadanos tengan una lista de candidatos verdadera y confiable. 
Las ayudas comunitarias a la sociedad civil, a las organizaciones y a los medios de comunicación son elementos importantes del fomento a la democracia. 
Belarús, como vecino de Letonia, Lituania y Polonia, pronto va a tener fronteras comunes con la Unión Europea. 
Por esa razón, el Consejo tiene especial interés en que Belarús se convierta a largo plazo en un socio en garantizar la estabilidad en toda la región. 
Obviamente, el Consejo tiene plena confianza en que las nuevas democracias en los países miembros saldrán airosas de los desafíos a los que se verán abocadas. 
Los tres países mencionados han tenido un papel importante y activo mediante sus relaciones diplomáticas bilaterales con Belarús. 
Además, éstos países pueden servir de valiosos ejemplos para Belarús en materia de reformas y democracia. 
Igual que esos países, la UE ha sostenido que una política que se fundamente en el aislamiento de Belarús sería contradictoria. 
Por este motivo, la Unión ha intentado mantener canales de comunicación abiertos con las autoridades belarusas y les ha ofrecido incentivos para mejorar las relaciones. 
Simultáneamente, la Unión ha continuado ejerciendo presiones para que este país cumpla con sus compromisos y permita al grupo de ayudas al desarrollo y control de la OSCE actuar libremente en el ejercicio legítimo de su misión. 
En las próximas semanas, la Unión manifestará una vez más su posición directamente a las autoridades de Minsk. 
La Unión va a aprovechar también esta oportunidad para plantear los casos de las personas que recientemente han desaparecido. 
Es con gran satisfacción y honor que doy la bienvenida a Lars Danielsson y a la Presidencia sueca. 
Nunca antes la lengua sueca, lengua de héroes y de honor, había resonado tanto en esta Asamblea como hoy. 
¡Muchas gracias por su respuesta! 
Quisiera formular algunas preguntas complementarias. 
Se trata de la unión política que de hecho existe entre Belarús y Polonia y de las presiones que la Presidencia sueca podría ejercer sobre Rusia para que perciba las consecuencias que su unión política con Belarús, país que casi no puede describirse como una democracia, tiene para su democracia y para su prestigio. 
Usted se ha referido a la elección presidencial en Belarús en 2001. 
En la elección parlamentaria del pasado otoño- estuve allí como observador- fue eliminado el 20 por ciento de los candidatos. 
Además, quiero destacar la importancia de que la Unión actúe de manera tal que no se produzcan efectos de propagación. 
En Ucrania, país vecino, comprobamos, Sr. Danielsson, una inquietante evolución de los acontecimientos. 
No podemos descartar que lo que ocurre en Belarús pueda extenderse, ya que no debemos olvidar que el régimen de Minsk ¡tiene sus manos manchadas de sangre! 
Creo que es totalmente acertado relacionar, como lo hace el Sr. Sacrédeus, los acontecimientos en Belarús con los de Rusia y Ucrania. 
En el programa de trabajo sobre cooperación entre la Unión y Rusia, que el lunes de la próxima semana presentará la Presidencia al Consejo (asuntos generales) , se hacen muchas referencias a la necesidad de hablar con Rusia sobre la situación en los países vecinos Belarús y Ucrania. 
Espero que nos encontremos con mayor comprensión por parte rusa, especialmente en la responsabilidad que le cabe para influir positivamente en el desarrollo ucraniano. 
Esto lo combinaremos con los grandes esfuerzos que describí anteriormente, en mi primera respuesta. 
Creemos que es correcto influir sobre Belarús, que está más cerca de Europa que lo que muchos creen, si este país no logra del todo ubicarse en el mapa. 
¡Es esencial que aprovechemos todas las oportunidades para conseguir un desarrollo democrático en Belarús! 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0974/00): 
Asunto: Mujeres perseguidas sin asilo ni refugio En algunos países las mujeres sufren crueles persecuciones y castigos, violaciones de los derechos humanos básicos que pueden llegar a pagar con mutilaciones y hasta con su vida. 
Con frecuencia ello se debe a la aplicación de leyes fundamentalistas o a la ejecución de prácticas y tradiciones ancestrales. 
La Unión Europea dice que tiene voluntad de defender a las mujeres ante tan insoportables persecuciones y castigos, pero no obstante aún no ha sabido traducir sus declaraciones en medidas políticas y decisiones que ofrezcan una salida a la esperanza. 
¿Sería, consecuentemente, el Consejo favorable a la adopción de medidas para que estas situaciones que padecen las mujeres puedan llegar a ser acreedoras de la concesión de asilo y refugio, en términos políticos, dentro de la Unión Europea? 
Quisiera preguntarle al Presidente en funciones del Consejo si es favorable a que, a efectos de visado y de petición de asilo, a las mujeres se las trate en la Unión Europea como personas individuales, sin que tengan que depender del marido o de un tutor. 
¿Es usted partidario, Sr. Presidente del Consejo, de que tratemos como personas a las mujeres que piden un visado o asilo? 
Contésteme, por favor. Espero que su respuesta sea afirmativa. 
Ciertamente que estoy a favor de que se les trate como personas. 
Es obvio que todas las personas deben ser tratadas como tales. 
Además, hay que recordar que en muchos casos de asilo se habla de distintas formas de reunificación familiar. 
Puede ser que el asilo solicitado por una parte de una familia, afecte al resto de los miembros de la misma familia. 
En ese caso nos apartamos un poco del principio de tratamiento individual, pero la respuesta fundamental a la pregunta de la diputada es: sí. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0976/00): 
. (SV) Las condiciones de vida del pueblo iraquí son, junto con los esfuerzos para alcanzar seguridad y estabilidad en la región, el asunto al que el Consejo da más importancia en relación con la política frente a Iraq. 
El Consejo estudia actualmente cómo la Unión podría realizar acciones humanitarias y culturales, en el marco de las actuales resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Iraq. 
Esto vale especialmente para la resolución sobre petróleo por alimentos. 
Pero también es importante que el gobierno iraquí coopere para que este programa pueda realizarse. 
En el futuro, la Unión Europea continuará aplicando en su totalidad las resoluciones que el Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado contra Iraq. 
La resolución 1284 de 1999 posibilita la eliminación de las sanciones con la condición de que Iraq coopere plenamente con los inspectores de la ONU responsables del desarme. 
En este contexto, el Consejo comprueba, y celebra, la creación en el seno de la ONU de un grupo de trabajo que redactará recomendaciones generales sobre el mejoramiento de las sanciones- cómo orientarlas con más precisión- y sobre el modo de evitar sufrimientos a la población. 
Deseo agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta y también desearle suerte a la Presidencia sueca. 
No obstante, al hilo de lo que acaba de declarar, ¿cree la Presidencia que debería mantenerse en funcionamiento la Comisión de compensación para el Iraq, que tiene su sede en Ginebra? 
Como usted sabe, dicha comisión se ocupa asimismo de la cuestión de las reparaciones tras la Guerra del Golfo. 
Ya hemos visto las consecuencias negativas, en términos publicitarios, que han tenido las sanciones y cómo éstas son utilizadas por Sadam Husein para atacar a la Europa occidental, así como a los estadounidenses y a las Naciones Unidas, y para ganarse el apoyo de la población. 
La declaración de anoche fue que es una victoria del bien sobre el mal y que Sadam Husein es bueno y el resto del mundo malo. 
Estamos entrando en su juego al garantizar que a las personas se les niega el acceso a los medicamentos, los alimentos y a otras necesidades para la vida. 
Creo que es importante recordar que la condición fundamental para abolir las sanciones a Iraq es que el gobierno iraquí coopere plenamente, especialmente con los inspectores de la ONU que controlan el acceso de ese país a armas de destrucción masiva. 
Ése es también el punto clave para que la Unión pueda discutir eventuales modificaciones a las sanciones. 
En cuanto a la Comisión de Compensación de la ONU, con sede en Ginebra, que desde la Guerra del Golfo ha trabajado en la regulación de las deudas de guerra, creo que sería razonable esperar una evaluación de la ONU sobre estos trabajos antes de que la Unión se pronuncie sobre su continuación. 
Permítanme subrayar que creo necesario que la Unión participe en esta discusión de principios sobre los instrumentos de sanción y sus efectos. 
Actualmente hay muchos ejemplos de justificaciones políticas para sancionar a un determinado país, pero es difícil lograr que esas sanciones realmente afecten a los que estaban destinadas, esto es, a los gobiernos de esos países. 
Creo que el Consejo debe continuar discutiendo los instrumentos de sanción, tanto en relación con Iraq como en términos generales. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 10 decae. 
La Sra. Ferrer me ha pedido que la sustituya y me ha dicho que informaría de ello al servicio competente. 
Señor Van Hecke, según el Reglamento, debería de haber enviado una nota escrita con esta delegación de funciones, como se ha hecho con el Sr. Crowley. 
Tengo que aplicar el Reglamento. 
Soy casi esclavo del Reglamento. 
Lo lamento mucho. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 11 y 12 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 11 formulada por Glenys Kinnock (H-0983/00): 
Asunto: Myanmar 
¿Podría presentar el Consejo una evaluación sobre los progresos que se están realizando con su política de "compromiso constructivo" con el régimen militar de Rangún? 
Pregunta nº 12 formulada por Richard Corbett (H-1004/00): 
Asunto: ASEAN y Myanmar 
¿Cuál es la reacción del Consejo ante la reunión de la ASEAN celebrada el 24 de noviembre de 2000, en la que- según algunas fuentes- los dirigentes de la citada organización insistieron en que las reuniones de la UE con la ASEAN deben contar con la participación de los diez miembros de la Asociación, incluido Myanmar? 
¿No opina también el Consejo que la represión ha empeorado de hecho en Myanmar desde el reforzamiento de la posición común de la UE en el mes de abril de 2000 y que sigue siendo inoportuno iniciar conversaciones ministeriales de cooperación con representantes del régimen en cuestión? 
. (SV) El Consejo comparte la preocupación de los diputados por la situación en Birmania/Myanmar, incluso las nuevas restricciones que se han introducido en los últimos meses contra la National League for Democracy. 
El Consejo comprueba también un desarrollo relativamente positivo el último tiempo, gracias a los esfuerzos de Tan Sri Razali Ismail, enviado especial del Secretario General, y a la apertura de un canal de diálogo entre Aung San Sui Kyi y la junta militar. 
El Consejo ha expresado su inquietud en reiteradas ocasiones, en declaraciones y notas protocolares, y en la postura común de la UE de 1996. 
El Consejo también ha exigido, en repetidas oportunidades, que se respeten los derechos humanos y que se adopten medidas concretas en favor de la democracia y de la reconciliación nacional. 
El Consejo casi no puede considerar esa política como un compromiso constructivo, sino que, por el contrario, la ve como un intento de lograr cambios ejerciendo presiones por medio de sanciones y a través del diálogo. 
Como señala el diputado Richard Corbett, se fortaleció considerablemente la postura común de la Unión en abril del año pasado debido a la preocupación del Consejo por el empeoramiento de la situación en Birmania/Myanmar. 
Al mismo tiempo, el Consejo acordó enviar una nueva troica a Rangún. 
Parece que esa misión va a concluirse a más tardar este mes. 
La Unión ha dejado en claro, entre otras cosas en el último Consejo de Ministros entre la UE y ASEAN en Vientián, en diciembre del año pasado, que confía en que la troica tendrá las mismas oportunidades de reunirse con todas las partes, con el gobierno, con la National League for Democracy y con las minorías étnicas. 
La reunión de Vientián, en la que participó Birmania/Myanmar, fue una buena oportunidad no sólo para destacar los lazos que unen a la UE con ASEAN, sino que también para expresar directamente al Ministro de Asuntos Exteriores de Myanmar la preocupación de la Unión por la situación en su país. 
El Consejo celebra también que, en la declaración conjunta que se emitió en Vientián, tanto la UE como ASEAN se hayan comprometido a respaldar a Tan Sri Razali Ismais, enviado especial del Secretario general de la ONU para Birmania, en sus esfuerzos para lograr avances en ese país. 
Señor Presidente, permítame a mí también dar la bienvenida a la Presidencia en ejercicio. 
Agradezco la respuesta, pero teniendo en cuenta que Aung San Suu Kyi ha permanecido prácticamente bajo arresto domiciliario durante 120 días, debo preguntarle: ¿cómo puede usted sugerir que una prisionera mantenga un diálogo sensato o una negociación con su carcelero? 
Ésa es mi primera pregunta. 
En segundo lugar, ¿no deberían garantizarse a Aung San Suu Kyi y a la LND las libertades fundamentales antes de que estemos dispuestos a abrazar de esta manera al SPDC? 
Usted dice que la troika tendrá acceso a todas las zonas y a todos los individuos que desee. 
¿Ha impuesto usted condiciones para la visita de esta troika, lo que significaría que las autoridades de aquel país estarán absolutamente obligados a proporcionar dicho tipo de acceso? 
Para terminar, permítame hacer un comentario escéptico: en 1994, Aung San Suu Kyi celebró algún tipo de negociaciones con el SLORC, como se denominaba entonces, el cual aseguró entonces que Aung San Suu Kyi estaba siendo demasiado inflexible, que no se podía tratar con esta mujer porque no deja de repetir que respetemos los resultados de las elecciones de 1990. 
Me pregunto si a usted le preocupa que el Gobierno pueda aún estar jugando con la Unión Europea y con la comunidad internacional y que vuelva a decir: "mire, esta mujer es imposible". 
Permítanme empezar diciendo que comparto plenamente la preocupación del diputado Kinnocks por la situación en Birmania/Myanmar. 
El Consejo sostiene el mismo principio que el expresado por el diputado en su pregunta, esto es, que es obvio que hay que exigir seriamente a ese país que respete los derechos humanos. 
Quisiera destacar que la Unión actúa en muchos campos relacionados con la lucha en favor de los derechos humanos en ese país. 
La Unión está presente en la OIT, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y en la Asamblea General de esa misma organización. 
Los contactos a los que he aludido, y los que espero que se establezcan durante la visita de la troica, presuponen, obviamente, el pleno acceso a las denominadas partes en Birmania/Myanmar. 
Esto es evidente, pero, desgraciadamente, podemos comprobar que la actual situación es más tensa por otras razones. 
Es ostensible que hay un conflicto fronterizo entre Bangladesh y Myanmar, que puede influir en la situación interna de este último país. 
Permítanme garantizarles que el Consejo comparte completamente la preocupación del diputado por esta situación. 
No se trata en absoluto de aceptar las condiciones del gobierno birmano. 
Exigimos que se nos permita acceso ilimitado a la NLD y a las minorías étnicas. 
Gracias por esa respuesta tan completa. 
Como usted sabe, está previsto que la próxima reunión ministerial entre la UE y los países de la ASEAN se celebre en Europa. 
En estos momentos existe una disposición en vigor que prohibe la entrada a cualquier Estado miembro de la UE a todos los miembros del régimen militar de Birmania y a sus familias. Por consiguiente, ellos no podrán tomar parte en dicha reunión. 
Los países de la ASEAN están presionando a la Unión para que levante la prohibición. 
¿Puede garantizarnos que no cederá ante dichas presiones? 
El Consejo no se deja presionar. 
El Consejo todavía no ha decidido acerca de la participación birmana en la próxima reunión de ministros de la UE y de ASEAN, a la que alude el diputado. 
Más adelante, el Consejo decidirá acerca de las relaciones con Birmania/Myanmar, en concordancia con la postura común aprobada por la Unión. 
Puedo asegurarle, estimado diputado, que tenemos exactamente los mismos criterios acerca de lo que se necesita para que el Consejo acepte la participación de Birmania en esta reunión de ministros. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0985/00): 
Asunto: Política pesquera y Presidencia sueca ¿Indicará el Consejo, bajo la Presidencia sueca, el grado de importancia que concede al sector pesquero a la vista de la situación sumamente difícil en que viven los pescadores irlandeses y de otros países de la UE, y expondrá sus prioridades en relación con el nuevo programa de desarrollo para la flota pesquera para el periodo 2002-2006? 
. (SV) No se deduce claramente de la pregunta si ésta está dirigida al Consejo o a la Presidencia sueca. 
De todas las maneras, aprovecho la oportunidad y, tal como lo desea la estimada diputada, me referiré brevemente a algunas prioridades en relación con la futura política para la flota pesquera comunitaria. 
En primer lugar, permítanme decir que la Presidencia da gran importancia a la política pesquera común y es consciente de la difícil situación por la que atraviesa la industria pesquera después de las rebajas de cuotas, y otras medidas, que aprobó el Consejo en su reunión de diciembre del año pasado. 
Sin embargo, estos recortes eran necesarios, debido a la situación en que se encontraban algunas especies, especialmente el bacalao y la merluza. 
Según el Consejo, el remedio obvio para esta situación es, a largo plazo, la creación de un equilibrio sostenido entre la capacidad de pesca y los recursos existentes, que posibilite la explotación duradera y sostenible de los recursos marinos vivos y asegure los ingresos futuros de los pescadores. 
Por estas razones, la Presidencia piensa organizar un debate general en el Consejo sobre el seguimiento de los programas de desarrollo de larga duración, ahora que concluyó el cuarto programa de estas características el 31 de diciembre de 2001. 
Dentro de poco, la Comisión va a presentar sus propuestas. 
Somos plenamente conscientes de que no se ha logrado un equilibrio a través de los actuales programas y de que éstos han sido controvertidos en algunas circunstancias. 
Además de los problemas estructurales que se mencionan especialmente en la pregunta, las prioridades de la Presidencia comprenden también la iniciación de los trabajos para la publicación de un Libro Verde de la Comisión sobre el futuro de la política pesquera común y la preparación de una propuesta de la Presidencia sobre la pesca y el medio ambiente, es decir, la integración de los aspectos medioambientales y el principio del desarrollo sostenible en la política pesquera común. 
Esto forma parte del Proceso de Cardiff y el Consejo está obligado a presentar un documento de esta naturaleza en la reunión del Comité Europeo en Gotemburgo. 
La Presidencia no cree que haya espacio para adoptar medidas de apoyo que favorezcan a algún Estado miembro determinado, sino que, por el contrario, la política pesquera común debe desarrollarse en beneficio del sector pesquero de toda la Unión. 
Con seguridad la estimada diputada no ignora que los drásticos recortes a la pesca van a ser seguidos de planes para recuperar las especies amenazadas. 
En este contexto, hemos instado al Parlamento Europeo a cooperar dando su opinión en enero sobre la propuesta de plan de protección al bacalao en el Mar de Irlanda, plan que puede entrar en vigencia el 14 de febrero de 2001. 
Agradecemos los esfuerzos del Parlamento Europeo en este sentido, pero todavía no estamos convencidos de que esto vaya a concretarse. 
Por eso, espero que el Parlamento esté dispuesto a cooperar con el Consejo en este punto. 
Gracias por su respuesta y también por concedernos unos momentos más. 
Estoy encantado de que haya sido tan realista como para calificar de drásticos los recortes, porque ésa es la única manera de calificarlos. 
No obstante, también reconozco que los recortes son necesarios para garantizar la existencia de recursos suficientes para esta generación y, también, para generaciones futuras. 
Le remito a sus comentarios sobre los planes de recuperación. Quisiera pedirle que nos garantice que no escatimará esfuerzos para asegurar que, cuando se negocien los planes de recuperación, se contará con la participación no sólo de científicos, sino también de los interesados y de los pescadores. 
Todos los pescadores que conozco son realistas y reconocen la necesidad de imponer vedas en algunas zonas para proteger los espacios de reproducción. 
En una palabra, ¿puede garantizarnos que se esforzará para que los pescadores participen en cualquier plan de recuperación? 
Comparto plenamente la opinión de la diputada. 
Cuando se discute este tipo de asuntos importantes, conviene que todos los interesados participen la discusión. 
Creo que es indiscutible que una discusión de esta naturaleza debe tener fundamentos científicos, pero, obviamente, tienen que participar todos los interesados, incluidos los representantes de la industria pesquera. 
De esta manera, puedo asegurar que la Presidencia hará cuanto pueda para que este tema sea debatido minuciosamente, con la participación de tantos interesados como sea posible reunir. 
Sólo quisiera preguntarle al Presidente en ejercicio si será posible obtener compensaciones por los recortes y ¿cómo afectarán éstas a los medios de vida de los pescadores? 
¿Existen propuestas de ofrecer compensación a los pescadores? 
La pregunta que formula el diputado es muy importante, especialmente para los pescadores afectados. 
Sin embargo, temo que ha sido formulada a quien no corresponde, es decir, al Presidente del Consejo. 
A nuestro juicio, esta pregunta debe formulársele, en primer lugar, a la Comisión, que es la responsable de estos asuntos. 
Muchas gracias, señor Danielsson, por haber cumplido más allá de su obligación con esta primera sesión. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 14 a 22 recibirán respuesta por escrito. 
Las preguntas 23 y 24 no serán tratadas al haberse incluido su asunto en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.43 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Aviación civil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0393/2000) del Sr. Simpson, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil. 
(EN) Señor Presidente, me han concedido unos muy generosos ocho minutos para presentar mi informe ante esta Asamblea, que esta noche está atestada- sospecho que ello se debe a que muchos encuentran este informe bastante técnico y detallado. 
Durante la preparación del segundo paquete de liberalización en 1989, el Consejo y la Comisión acordaron que la política comunitaria en materia de transporte aéreo debía ocuparse de la armonización del marco regulador aplicable a la aviación civil. 
Posteriormente, se adoptó el Reglamento 3922/91 del Consejo en el que se concedía a los requisitos técnicos, conocidos como los requisitos aeronáuticos conjuntos, formulados por las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas, el rango de ley en la Comunidad. 
Con estos antecedentes, los requisitos aeronáuticos conjuntos, conocidos como JAR-OPS y adoptados por las JAA en 1995, están siendo ahora incorporados al Derecho comunitario. Este ejercicio ha resultado ser difícil. 
Pero la Comunidad se ha comprometido a adoptar normas armonizadas comunes en materia de seguridad para la explotación de las aeronaves. 
En este sentido, el Reglamento JAR-OPS 1 constituye una buena base para ello, con los mínimos cambios necesarios para enmendar el reglamento adecuado. 
No obstante, existen ámbitos en los que el Parlamento debe intervenir. 
En primer lugar, con respecto a los tripulantes de cabina. 
Los operadores deberían continuar formando a su tripulación de cabina, pero deberían hacerlo sobre una base armonizada, con un sistema propio, uniforme y europeo de certificación, que sea aceptado por todos los Estados miembros. 
No tengo la menor duda de que en la mayoría de las ocasiones, los operadores son los más cualificados para organizar la formación. 
Sin embargo, en determinadas circunstancias debería ser posible que otras organizaciones cualificadas organicen la formación, a condición, naturalmente, de que toda la formación sea aprobada por la Autoridad nacional competente para aviación civil. 
Del mismo modo, convendría incorporar ahora a este reglamento la directiva sobre los tripulantes de cabina. 
En segundo lugar, la Comisión no examina en su propuesta el tema espinoso de la limitación del tiempo de vuelo. 
Falta la parte relevante, conocida como la subparte Q. Esto no tiene sentido porque no se puede tener una directiva en la que se pretende que la seguridad sea una de sus partes principales, y dejar fuera el tema del número máximo de horas de vuelo y de servicio para la tripulación de cabina. 
En este ámbito, los interlocutores sociales intentan llegar a un acuerdo desde hace diez años. 
Diez años sin alcanzar un acuerdo debe considerarse un fracaso en base a cualquier baremo que se desee adoptar. 
No obstante, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo reconoce que las personas más idóneas para que se ocupen de este problema son los sindicatos y las compañías aéreas y, en un espíritu de compromiso, ha decidido conceder a todas las partes hasta el 1 de mayo de 2001 de plazo para que lleguen a un acuerdo que constituya el texto base de la nueva subparte Q. 
Pero si los representantes de las líneas aéreas y de los trabajadores fracasaran en su cometido, el Parlamento, con ocasión de la segunda lectura y a través de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, actuará y legislará en este ámbito. 
Tengo esperanzas de que los interlocutores sociales interesados lleguen a un acuerdo y les agradezco los esfuerzos que están realizando en estos momentos. 
Se han presentado enmiendas que estudian también el problema del equipaje en cabina. 
Lamentablemente, en estos momentos, las compañías aéreas no cumplen estrictamente las normas en materia de equipaje de mano, lo que ha dado lugar a que los pasajeros lleven cada vez más bolsas en la cabina de los aviones. 
La enmienda 16 aborda este problema, sobre el que han hecho hincapié los propios tripulantes de cabina e incluso algunas compañías aéreas. 
Me parece absolutamente asombroso que algunos grupos de este Parlamento piensen votar en contra de esta enmienda. 
Es una cuestión de seguridad y, como ponente, quisiera pedirles que reconsideren seriamente su opinión. 
Esta enmienda es completamente aceptable para todas las compañías aéreas y tripulaciones de cabina, y de ninguna manera impide que los pasajeros lleven equipaje de mano. 
Lo que persigue es poner fin al exceso de equipaje en cabina, que ya ha provocado lesiones a pasajeros cuando el equipaje ha caído del compartimento que hay sobre los asientos; limita el movimiento de los pasajeros en los procedimientos de evacuación en caso de emergencia y, algo que me consta por experiencia propia, da lugar a que se utilicen los servicios de la aeronave para almacenar equipaje de mano. 
Aunque reconozco que los diputados al Parlamento Europeo se encuentran entre los mayores infractores de las normas sobre exceso de equipaje en cabina, espero que su sentido de la responsabilidad les permita reconocer que existe un problema, que este problema compromete la seguridad y que la enmienda 16 debería ser apoyada. 
Creo que el informe que tenemos ante nosotros merece ser apoyado. 
No obstante, para terminar, creo que debo reiterar la advertencia que hice antes de que necesitamos un acuerdo de nuestros interlocutores sociales sobre la limitación del tiempo de vuelo antes del 1 de mayo. 
Si pueden proporcionarnos dicho acuerdo, creo que tendremos un documento del que podremos sentirnos orgullosos. 
Debo decir que si fracasan en sus intentos, estoy seguro de que el Parlamento se sentirá obligado a intervenir en su nombre. 
Señor Presidente, Señorías, señor Simpson, muchas de sus consideraciones son indiscutibles. 
Es cierto que en 1989 se expresó claramente, en el marco del paquete de liberalización, que la Comunidad Europea no sólo debe velar por que la competencia se desarrolle en condiciones equitativas, sino que también debe encargarse de garantizar la seguridad aérea. 
Este es también el objeto de la presente propuesta de modificación del Reglamento y a mí me parece adecuado que las instituciones europeas asuman su responsabilidad de manera clara. 
Esto significa que si ostentamos las competencias en materia de regulación de la seguridad aérea en Europa, también debemos obrar en consecuencia. 
No obstante, por otra parte, también tiene que quedar claro que el Parlamento y los órganos políticos, como la Comisión y el Consejo, no pueden hacer caso omiso de las decisiones de los expertos. 
Por esto, debemos congratularnos de haber desarrollado un debate muy técnico en nuestra comisión y de que nadie intentase inmiscuirse, de hecho, en los detalles de las normas técnicas, dando prioridad, por decirlo así, al saber político frente a los conocimientos de los expertos. 
Usted también ha señalado, muy acertadamente, algo que a mi parecer es evidente, esto es, que es necesario regular el tiempo de actividad, y a mi me asombra que, a pesar de la larga duración del proceso, los agentes sociales no hayan conseguido elaborar hasta el día de hoy una normativa. 
En consecuencia, me parece acertado que el Parlamento vuelva a indicar claramente que los agentes sociales- tanto las compañías aéreas como los representantes de los trabajadores- deben cumplir su compromiso. 
Estamos dispuestos a incorporar sus conclusiones en el marco de la segunda lectura del reglamento. 
Al mismo tiempo, también estamos dispuestos a incluir nuestras propias normas si los interlocutores sociales no cumplen su compromiso, pues lo que está claro es que la seguridad aérea debe ser prioritaria. 
Ésta no se consigue, no obstante, únicamente con normas y sobre todo no con una sobrerregulación. 
Por esto yo también quiero manifestar muy claramente que aunque estamos muy de acuerdo con una gran parte del informe, sin embargo nos parece fuera de lugar que el Parlamento incluya en el reglamento sus propias condiciones detalladas en determinados aspectos, léase las disposiciones aplicables específicamente a la tripulación de cabina o la experiencia en el empleo, o sea el tiempo que una persona ha desempeñado las funciones de tripulante de cabina. 
Por esto, lamentamos tener que anunciar que no vamos a poder votar afirmativamente las enmiendas 9 y 10, que influyen sobre estos requisitos. 
Me sorprendió un poco la intensidad con que se discutió el tema del equipaje de mano en la Comisión de Transportes. 
A mi modo de ver, esa no es una cuestión de la que deba ocuparse el Parlamento y sólo puedo decirles al Sr. Simpson y los demás colegas: dejen que las compañías aéreas se encarguen de regularlo; eso no es tarea de los diputados. 
Señor Presidente, señor Simpson, señora Comisaria, después de ver las noticias deseaba por un momento- y, de hecho, en algo se parecía- que iniciáramos un debate sobre la caza del zorro, un tema que esta noche sin duda dará lugar a una acalorada discusión en el Parlamento inglés. 
Aquí también estamos hablando de asuntos peligrosos. 
Hay al menos un punto en el que últimamente hemos insistido mucho y con respecto al cual hemos formulado preguntas a la Comisión en una fase anterior. Me refiero a las horas de vuelo de los pilotos. 
Me alegro de que entretanto haya cambiado la situación y se haya recordado una vez más a las partes implicadas que están aún a tiempo de lograr un consenso o alcanzar un compromiso. 
Si no se llega a un acuerdo- y ya se ha dicho antes- pediremos automáticamente a la Comisión que presente normativas al respecto a fin de evitar que se produzcan accidentes como consecuencia de un excesivo tiempo de vuelo y actividad. 
Los análisis llevados a cabo en su día despejaron algunas dudas, pero actualmente los estudios están tardando demasiado. Estas negociaciones pueden acelerar el proceso y a más largo plazo posiblemente nos ayuden a tener una idea más clara de todos los factores que han de tenerse en cuenta. 
Hay un punto que se ha quedado al margen de las conversaciones porque ha entrado en juego más tarde, pero sí hemos presentado una enmienda al respecto. Se trata de los vuelos de larga distancia. 
Resulta cada vez más evidente que los vuelos de larga duración pueden dar lugar a trombosis. El número de reclamaciones va en aumento, no sólo en Australia, sino también en Inglaterra, en British Airways. 
Aún no disponemos de las pruebas y conocimientos necesarios, pero nos damos cuenta de la gravedad de la situación y nos preguntamos si no sería aconsejable pedir a la Comisión, en este caso a través de una enmienda- y si no ya buscaríamos otra solución -, que adopte algunas medidas en este terreno. 
Por último quisiera detenerme en un asunto que hasta ahora no ha merecido nuestra atención. Me refiero a los cuadros clínicos relacionados con el hecho de que algunas compañías aéreas que poseen aviones grandes comienzan a volar a alturas más elevadas. 
Volveremos sobre este tema más en adelante. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Simpson es realmente excelente y lo digo porque pienso que soy uno de los pocos que conocen el sector no solo desde el punto de vista político, sino también técnico por haber volado durante unas 10.000 horas como miembro de tripulaciones de vuelo, antes de dedicarme a la actividad que me hace estar presente en este Pleno. 
Les recuerdo que la seguridad es el primer objetivo que persigue el transporte aéreo, una seguridad que podemos considerar que se basa en dos aspectos: el aspecto técnico, por tanto, los medios, los aviones, los aeropuertos, las radioayudas, el control del tráfico aéreo, etcétera, y el aspecto humano, sumamente importante que, sin ser determinante, contribuye de manera porcentualmente muy elevada a los accidentes aéreos. 
Obviamente, el factor humano es algo muy complejo que, simplificadamente, podemos dividir en dos categorías principales: una es la formación y en relación con la misma hay que hacer los controles oportunos y todas las comprobaciones necesarias: puedo decir, por experiencia, que las tripulaciones cuentan con una formación, también porque no existen pilotos incompetentes: normalmente los pilotos incompetentes no vuelan, se quedan en tierra; la otra es la carga de trabajo. 
En este caso, las problemáticas son enormes: por un lado, existe la necesidad de hacer volar los aparatos y al personal lo más posible; por otro, existe la necesidad de evitar que especialmente al ser humano se le haga trabajar más allá de sus límites físicos y psíquicos. 
Pensemos en el sueño, pensemos en el desorden de los ritmos cardíacos, etcétera, que, evidentemente, influyen en la seguridad del vuelo además que en la salud personal de la tripulación de vuelo y de cabina. 
He aquí la laguna del reglamento que considera ante todo el aspecto técnico de los medios- los factores de carga de los aviones, las operaciones de carga, la longitud de las pistas, el sobrevuelo del obstáculo de cabecera de pista, etcétera- pero, en lo que se refiere a la carga de trabajo del personal, es realmente carente. 
Aquí no hablo como sindicalista, hablo como usuario del transporte aéreo a quien le gustaría realmente tener una garantía, lamentablemente, no absoluta pero sí la mayor posible y que evite alguna explotación exasperada del factor humano que incluso puede tener consecuencias fatales. 
Hay que considerar asimismo otro elemento: la competencia. 
Si no existen normas comunes es obvio que algunas transportistas aéreos, al hacer trabajar al personal hasta el límite de sus fuerzas, puede rebajar los costes y, en consecuencia, aplicar tarifas más competitivas y distorsionar la que debería ser la competencia normal en un sector ya casi totalmente liberalizado. 
Sin embargo, podríamos hablar incluso de competencia desleal o incorrecta si no se tuviera en cuenta este elemento, y me sorprende que ni la Unión en general ni el Parlamento en particular no hayan logrado todavía regular exactamente la materia. 
Pienso que el Parlamento debería sentirse insatisfecho por no haber conseguido, tras muchas décadas, expresarse claramente y definir eficazmente la materia desde todos los puntos de vista. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, yo considero que el presente reglamento es de suma importancia y el Parlamento Europeo viene abogando, de hecho, desde 1987 a favor de una mejora en la seguridad aérea. En este contexto también es necesario regular los tiempos de vuelo y de descanso, al igual que lo relativo a las tripulaciones de vuelo y de cabina. 
Yo comparto la opinión de los oradores que me han precedido, en el sentido de que debemos conceder a los sindicatos y las compañías aéreas una última oportunidad de resolver de común acuerdo y de manera realista esta cuestión. 
No obstante, hemos convenido en que deberán ponerse de acuerdo antes del mes de mayo del año próximo. 
Señora Vicepresidenta, puede decirles a sus servicios que a partir de mayo no vamos a seguir participando en este juego que ya hace seis años que dura, mientras la Comisión espera el acuerdo de las partes. 
Pero las partes no se ponen de acuerdo y la Comisión ha tenido la gentileza de no presentar sus propias propuestas. 
Si las partes no llegan a un acuerdo para el mes de mayo, esperamos que la Comisión presente una propuesta, que se podrá incorporar en la segunda lectura, pues es inadmisible que el aspecto decisivo para la seguridad de los pasajeros- esto es, que los capitanes y las tripulaciones hayan descansado lo necesario para poder cumplir su tarea- no esté regulado. 
Es preciso regular estas cuestiones. 
Permítanme que comente un segundo detalle que me llamó la atención en el Consejo de diciembre. 
Si emitimos un dictamen en primera lectura, tras la votación final de la Asamblea que tendrá lugar mañana, yo insisto- y seguro que mis colegas también- en que el Consejo debe adoptar una posición común. 
Puede esperar hasta mayo, mientras las partes llegan a un acuerdo. 
Pero, en interés de la seguridad de los pasajeros en Europa, no podemos aceptar que no se tome ninguna decisión sobre el tráfico aéreo hasta la hipotética resolución del conflicto de Gibraltar. 
Debemos velar, junto con la Comisión, por que esto no suceda. 
Señor Presidente, como se ha dicho, en 1989 el Consejo y la Comisión acordaron que debían ocuparse de la armonización del marco regulador aplicable a la aviación civil con el fin de mantener un alto nivel de seguridad y para garantizar una competencia justa en el mercado interior. 
Éste fue el motivo por el que la Comunidad adoptó el Reglamento 3922/91 del Consejo. 
Este reglamento enumera una serie de requisitos técnicos- los JAR- elaborados por las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas. 
Su objetivo no era reabrir el debate sobre la esencia de los JAR, sino garantizar la armonización. 
Asimismo, debería reconocerse que los JAR-OPS han venido aplicándose a nivel nacional y que se aplican en países europeos que no forman parte de la UE. 
Por ello debemos mantener los cambios en un mínimo porque en Europa no pueden existir dos grupos distintos de normativas en vigor en materia de explotación. 
La propuesta original de la Comisión hacía hincapié en cuatro ámbitos que, como se descubrió más tarde, eran incompatibles con el Derecho comunitario: excepciones, leasing, registro y formación de la tripulación. 
Lamentablemente, el debate hasta ahora se ha centrado en el equipaje en cabina y en las limitaciones del tiempo de vuelo para la tripulación de vuelo. 
Sobre el primer punto- el equipaje en cabina- las enmiendas van en contra de la competencia y no pueden ser aplicadas a las compañías aéreas de terceros países. 
Ya existe regulación suficiente que no permite llevar a bordo el equipaje de mano que no pueda ser guardado de manera segura; puedo responder de eso por haber sido miembro de la tripulación de cabina durante 26 años. 
En cuanto a mi segunda observación- limitaciones del tiempo de vuelo, sobre lo que ya existe regulación estricta aprobada por los gobiernos nacionales- el reglamento sobre el tiempo de trabajo ahora incluye también a la aviación civil. 
Con independencia de la decisión que se adopte el 1 de mayo, este asunto deberá ser devuelto a los gobiernos nacionales para negociaciones ulteriores. 
No corresponde al Parlamento legislar sobre las limitaciones del tiempo de vuelo. 
Por último, creo que, en el futuro, los informes sobre seguridad y que son de carácter muy técnico como éste deberían someterse a un procedimiento simplificado con el fin de introducir los cambios necesarios con mayor rapidez. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en el transporte aéreo europeo hay aspectos que no funcionan como todos desearíamos. 
El año pasado se evidenció sobre todo, en repetidas ocasiones, que ya es hora de adoptar más soluciones comunes europeas para que los vuelos a través del espacio aéreo europeo vuelvan a discurrir por cauces ordenados, sin olvidar el hermoso sueño de sobrevolar libremente las nubes sin fronteras, como canta Reinhard Mey. 
Sin embargo, sobre todo es preciso que volar sea seguro. 
Todos nosotros- empezando por el ponente, Sr. Simpson, a quien debemos agradecer la elaboración de un excelente informe- queremos que los vuelos sigan siendo seguros y que se consigan nuevas mejoras en este ámbito. 
No obstante, existe una diversidad de pareceres sobre el camino adecuado para mejorar la seguridad. 
Yo desearía- y afortunadamente no soy la única que piensa así- que dejásemos en manos de la Autoridad Europea para la Seguridad de la Aviación Civil la tarea práctica de regular la aplicación de las disposiciones en materia de seguridad, sobre todo en lo que respecta a la tripulación de cabina y las correspondientes disposiciones en materia de formación del personal. 
La autoridad legislativa europea debería conformarse con marcar los objetivos, sin perderse en excesivos detalles. 
Lamentablemente, esta posición no consiguió un apoyo mayoritario plenamente consecuente en la comisión. 
En consecuencia, el texto que vamos a votar mañana contiene algunas disposiciones excesivamente detalladas, por ejemplo en lo que respecta al contenido de los cursos de formación y otros aspectos. 
Menos hubiese sido, sin duda, mejor en este caso. 
Comoquiera que sea, Europa tiene todavía muchas tareas pendientes en relación con el tema del transporte aéreo. 
Igual que sucede a escala general después del Consejo de Niza, también en este ámbito particular convendría pedir menos soluciones nacionalistas y, por el contrario, más planteamientos europeos. 
El informe Simpson representa un paso adecuado en esa dirección. 
¡Demos ese paso mañana y defendámoslo de manera políticamente convincente en lo sucesivo! 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, en el pasado el Parlamento siempre mostró su compromiso con la armonización de las normas de seguridad al más alto nivel posible para la Unión. 
Ahora debe seguir demostrándolo y es urgente que el ciudadano, que cada año sigue sufriendo los problemas del espacio europeo, lo pueda ver. 
Todos coincidimos en que el objetivo es conseguir la eliminación de todas las variantes nacionales en vistas a lograr unas normas comunes de seguridad del nivel más elevado posible. 
La seguridad aérea no se detiene en las fronteras de la Unión y es importante que los ciudadanos europeos que viajan o que viven cerca de los aeropuertos estén seguros de que los aviones de terceros países cumplen todas las garantías necesarias. 
Por ello, la Unión deberá dotarse de métodos de control que aseguren que, dentro del respeto de las reglas internacionales, los aviones de terceros países que llegan a nuestros aeropuertos respetan las reglas de seguridad internacionales. 
Esto significa métodos de control comunes y una organización y asistencia técnica y administrativa. 
Es, pues, inevitable que la seguridad en este sector se convierta en un tema de cooperación internacional en el marco de sus diferentes instrumentos de asistencia técnica y de apoyo a las inversiones en los terceros países. 
Concluiré, señor Presidente, manifestando la necesidad de ayudar a la Comisión en su labor en este campo tan complicado y en la prioridad que hay que dar a la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, así como en la necesidad de una normativa independiente, de la que en estos momentos estamos tratando, sobre los temas que afectan al descanso de las tripulaciones. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Simpson por su magnífica labor como ponente en esta propuesta. 
Creo que su trabajo ha servido de manera considerable a que esta Asamblea entienda una propuesta muy técnica y muy compleja y que, desde luego, no es fácil traducir a un lenguaje asequible para el ciudadano de la calle. 
En este sentido creo que ha tenido un gran éxito. 
A partir de ahí, la enmienda que proponemos al Reglamento actualmente en vigor es doble en sus objetivos: en primer lugar, pretende hacer avanzar la armonización del sistema regulador en el ámbito de la seguridad de la aviación civil mediante su ampliación a la armonización de los requisitos operativos de las aeronaves; en segundo lugar, establecer los procedimientos que permitirán a la Comunidad gestionar las variantes y las excepciones que los Estados miembros se vean obligados a adoptar de vez en cuando por necesidades operativas. 
En cuanto a requisitos técnicos, el informe trata principalmente dos aspectos. 
De acuerdo con las normas JAA, de donde proceden los requisitos, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna prescripción sobre los tiempos de vuelo y servicio y sobre los períodos de descanso. 
Este tema es muy polémico y la realidad es que, a través de la JAA, no se ha podido llegar a un acuerdo al respecto. 
Por supuesto, la Comisión espera que tengan éxito los interlocutores sociales que representan a los operadores y a la tripulación, a los que el Sr. Simpson ha instado a celebrar un acuerdo voluntario sobre sistemas de seguridad relativos a los tiempos de vuelo y servicio y a los períodos de descanso. 
Si no fueran capaces de encontrar unos acuerdos de aquí al mes de mayo, en ese momento habrá que pensar si no tenemos que actuar. 
En cualquier caso, entre las enmiendas correspondientes, la Comisión acepta el espíritu de las enmiendas 12, 13 y 17, pero con otra formulación. 
Respecto a la enmienda 1, la Comisión comparte el deseo del Parlamento de regular la seguridad de los tiempos de vuelo y servicio y de los períodos de descanso, pero prefiere que el cumplimiento de este objetivo no se persiga únicamente con la propuesta concreta que debatimos hoy. 
Existen otras posibilidades, tales como la modificación del Reglamento tras la adopción de la presente propuesta. 
Me gustaría añadir también que cualquier propuesta que presente la Comisión en un futuro deberá garantizar el alto nivel de seguridad que todos deseamos. 
Así pues, si la Comisión se sirviera del acuerdo voluntario entre los interlocutores sociales- al que acabo de referirme- para efectuar una propuesta, modificaría el acuerdo cuando proceda para conseguir el alto nivel de seguridad necesario. 
Con esta reserva, repito, la Comisión acepta el espíritu de la enmienda 1. 
También se han adoptado varias enmiendas sobre los requisitos aplicables a la tripulación de cabina. 
Mientras que esta propuesta aborda los requisitos operativos de la tripulación de cabina, los requisitos de formación y la certificación de la competencia profesional son objeto de una propuesta separada y complementaria de la Comisión. 
Debe tenerse cuidado de mantener la conformidad y la compatibilidad de ambos textos. 
Las enmiendas 9 y 10 pueden aceptarse sin cambios, pero habrá que modificar la redacción de las enmiendas 6, 7, 8 y 11, que ahora- al igual que las enmiendas 12, 13 y 17- aceptamos sólo en principio, modificando sus redacciones. 
Finalmente, de las enmiendas sobre los requisitos técnicos, concretamente las enmiendas 4, 5 y 16, son aceptables, aunque el texto final de la enmienda 4 reflejará la solución del problema en cuestión encontrada por el Consejo. 
En relación con los procedimientos para la aprobación de variantes y excepciones temporales, la Comisión no acepta las enmiendas 2, 14 y 15. 
Las consultas contempladas por las enmiendas son ya una obligación institucional de la Comisión. 
Asimismo, se debe rechazar la enmienda 3, ya que está prevista la derogación del Reglamento una vez creada la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
Por último, en lo que respecta a la enmienda 18, los dos asuntos contemplados en ella conciernen más bien a la salud de los pasajeros y no a la seguridad operacional de los vuelos. 
Como ya se mencionó en la Comunicación sobre la protección de los pasajeros aéreos, la Comisión tiene la intención de establecer grupos de expertos con objeto de examinar los riesgos para la salud de los pasajeros, incluyendo los debidos a las radiaciones cósmicas, con el fin de poder determinar cuáles son estos riesgos y proponer las medidas necesarias. 
En lo que respecta al asunto concreto de la trombosis arterial- que ha sido planteado por algunos de ustedes- la Comisión ha solicitado por escrito a las líneas aéreas que tienen que proporcionar a los pasajeros información sobre los riesgos, los factores de predisposición y sobre lo que pueden hacer para minimizar dichos riesgos, en concreto con los problema de las trombosis y en general con los problemas relacionados con la salud. 
La Comisión estima que dicha información sería una precaución muy válida y que, dentro del reforzamiento de los derechos de los pasajeros, sería muy conveniente. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Prioridades de la seguridad vial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0381/2000) de la Sra. Hedkvist Petersen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Prioridades de la seguridad vial de la UE- Informe de situación y clasificación de las acciones". 
, ponente. 
(SV) Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a todos los colegas del Parlamento y de la comisión la ayuda que me han prestado para la redacción de este informe. 
La seguridad vial es algo que nos atañe a todos, como usuarios, pasajeros, peatones o porque algún familiar o amigo ha fallecido o se ha accidentado en la carretera. 
Los transportes por carretera son los más comunes y es la forma de transportar mercancías que crece más rápidamente, pero también la más peligrosa. 
En las carreteras europeas mueren cada año 42 000 personas. 
Esto significa más de 800 personas a la semana y casi 115 personas al día. 
Actualmente, en la UE los accidentes de carretera son la causa de muerte más común de los niños y de los jóvenes, esto es, de las personas menores de 45 años. 
Millones de personas sufren graves accidentes cada año y muchas de ellas quedan discapacitadas para el resto de su vida. 
Hablamos de unos sufrimientos y de unos costos sociales enormes. 
Jamás toleraríamos esas muertes en el campo de la aviación o el ferrocarril, donde los criterios de seguridad son muy diferentes. 
Por tanto, para disminuir la cantidad de víctimas mortales en las carreteras, habrá que introducir estos criterios de seguridad, ya que se trata de un complejo sistema entre el hombre y la máquina que debe tolerar los errores humanos. 
El objetivo a largo plazo debe ser que ninguna persona muera ni sea gravemente herida. 
Para alcanzar esta meta, tendremos que enfrentar el problema de manera tal, que la última responsabilidad la tengan quienes trazan los caminos y la infraestructura que los rodea. 
Los individuos, por su parte, tienen la responsabilidad de cumplir las reglas y leyes vigentes. 
La comunicación de la Comisión contiene medidas que tendrán prioridad durante el tiempo que resta del período del programa. 
Estoy de acuerdo con la Comisión en la importancia de muchas de esas medidas. 
Algunas de ellas son, por ejemplo, las ayudas a EuroNCAP, campañas de información, legislación sobre reguladores de velocidad en camiones livianos y, especialmente, normas para aumentar la seguridad de los frentes de los coches. 
En el informe me he concentrado en el período del próximo del programa, que se extenderá durante un tiempo más largo, probablemente desde 2002 a 2010, para posibilitar una estrategia a largo plazo. 
Pero si los anhelos de la Comisión de disminuir el número de víctimas mortales realmente son serios, debería dar prioridad, en primer lugar, al tema de la seguridad vial en su conjunto, ya que hay mucho por hacer en esta materia. 
Antes que nada, una estrategia verosímil contra los accidentes de carretera para los próximos diez años debería comprender objetivos numéricos concretos para la disminución de víctimas mortales. 
La comisión propone los objetivos que fijó el Parlamento hace tres años. 
Pero los objetivos en el ámbito comunitario no son suficientemente concretos para los Estados miembros, que es donde se hace una gran parte del trabajo. 
Por esa razón, cada Estado miembro debería formular su propio programa de seguridad vial, programa que no todos tienen, que contenga estrategias para alcanzar las metas nacionales. 
Obviamente podrá haber diferencias entre los países, dependiendo de las tradiciones y la cultura. 
A continuación, la Comisión debería hacer un seguimiento del cumplimiento de las estrategias por parte de los Estados miembros y contribuir a intercambios de experiencias y a best practice. 
Se necesita también una legislación europea que regule algunos aspectos importantes. 
El alcohol mata alrededor de 9 000 personas en la carretera cada año. 
Además, cada vez hay más jóvenes que conducen ebrios. 
Mediante una directiva que fije un límite máximo de 0,5 mg de alcohol se calcula que se pueden salvar alrededor de 100 vidas humanas. 
Desgraciadamente, la Comisión ha retirado su antigua propuesta de directiva, apoyada por el Parlamento en 1997 y que la comisión respalda también ahora. 
La Comisión ha dicho que la conducción en estado de ebriedad es un asunto en el que debe aplicarse la subsidiariedad. 
Pero, ¿cómo puede ser así? 
No es menos peligroso conducir con alcohol en la sangre en el Reino Unido, en Italia, en Irlanda y en Luxemburgo, en que rige la norma de 0,8 mg por ml, que en el resto de Europa. 
En la UE tenemos conocimientos sobre seguridad vial. 
Creo que hay que aplicarlos en los sectores en que realmente se consigan resultados, esto es, en temas relacionados con el alcohol y la conducción. 
Espero que el Consejo y la Presidencia tomen iniciativas en esta materia. 
No entiendo cómo vamos a tener credibilidad como políticos europeos si, por una parte, decimos que la seguridad vial es importante y, por otra, no estamos dispuestos a tomar decisiones importantes. 
He entendido que la Comisión hoy ha presentado una recomendación de 0,5 mg, pero tengo que decir que me parece extraño que se presente justamente hoy, cuando el Parlamento va a discutir esta materia y antes de que éste haya votado; la Comisión debió haber esperado la discusión en el Parlamento. 
Además de todo esto, y de frentes más seguros para los coches, se proponen en el informe otras medidas relacionadas con la seguridad vial. 
Destaco algunas de ellas, tales como luz de cruce en el día, formación para la obtención de la licencia de conducir y sistemas telemáticos. 
Para terminar, un asunto que yo considero extremadamente importante, pero que desgraciadamente no fue aprobado en la comisión: la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los choferes profesionales. 
Señor Presidente, el Parlamento europeo ha impulsado siempre la seguridad vial y debe seguir haciéndolo. 
Están en juego la vida y la salud de muchas personas, especialmente de los jóvenes europeos. 
Señor Presidente, sobran 40.000 víctimas de los 40.000 muertos en las carreteras europeas. 
Esta Asamblea reacciona con sensibilidad ante todos los fenómenos que ocurren alrededor del mundo, pero no prestamos la suficiente atención al laborioso verdugo asentado en las carreteras de Europa. 
Sin restarle importancia a la epidemia de las vacas locas, apelo a la consideración de las cosas en términos relativos. 
Los accidentes causan mil veces más muertes de conciudadanos nuestros que las enfermedades EEB. 
Este punto debería ser motivo de pánico. 
Agradezco a la Comisión el amplio análisis que ha realizado. 
La cooperación en el seno de la UE es más que necesaria, puesto que las diferencias en el grado de seguridad vial son dramáticas dentro de nuestra comunidad. 
En Portugal se dan en términos relativos cuatro veces más muertos que en Gran Bretaña. 
Sin embargo, en todos los países existe un amplio margen de mejora. 
Hay que conseguir que el entorno vial sea lo más seguro posible, si bien son los conductores quienes tienen siempre la responsabilidad sobre la seguridad propia y sobre la de los demás usuarios. 
Los coches son inofensivos en sus cocheras, pero mal usados pueden convertirse en armas. 
Las reglas de la circulación no son recetas de cocina que puedan ser adaptadas al gusto de cada cual. 
La era del individualismo en nuestras carreteras ha quedado atrás; es necesario que las reglas sean acatadas en nuestras carreteras con la misma rigurosidad que en el tráfico aéreo. 
Propongo tres importantes medidas para reducir el número de muertes por accidentes de tráfico. 
En primer lugar, el respeto de los límites de velocidad. 
Conduzco frecuentemente por los entrañables países mediterráneos rozando el límite de velocidad, y créanme si quieren, pero me están adelantando continuamente. 
Y no es de extrañar, pues casi nunca he visto controles de velocidad. 
Las estadísticas de casos mortales en estas regiones muestran un escenario escabroso. 
La indisciplina se paga con vidas humanas y con las lágrimas de los allegados. 
En Europa, dos de cada tres conductores sobrepasan el límite de velocidad en las zonas urbanas y la mitad incumple las restricciones de velocidad en las carreteras generales. 
Si bien es verdad que habría que sacar a las vacas locas de los prados, también habría que retirar de las carreteras a los conductores temerarios. 
Un medio eficaz, aunque no goza de mucha popularidad, es el control automático de velocidad y la severidad en las sanciones. 
Por otro lado, las multas de más de 100.000 euros que algunos han tenido que pagar en mi país, Finlandia, son ya pura recaudación de dinero. 
En segundo lugar, in vino veritas, la verdad está en el vino. 
También es verdad que el alcohol está presente en nada menos que en 9.000 casos mortales. 
Considero importante que todos los Estados miembros adopten la tasa máxima de 0,5 por mil de contenido de alcohol en sangre y que se ejerza un control sobre la misma. 
En caso de que a los Estados miembros les falte la valentía para llevar a cabo esta medida, la resolución de este asunto debería pasar a manos de los órganos decisorios europeos. 
A veces hay que proteger a los ciudadanos de sus propios gobiernos. 
En los casos graves de alcoholemia y en los de reincidencia, habría que sentenciar períodos largos de retirada del permiso de conducir y la confiscación del vehículo. 
La tercera medida afecta a los impuestos. 
La aplicación de altos impuestos al automóvil conduce a la conformación de un parque móvil envejecido e inseguro. 
Mi país es un triste ejemplo de esto. 
Finlandia es la Cuba de Europa en cuanto a la edad media de los vehículos. 
Los automóviles que cumplen con estrictos requisitos de seguridad deberían gozar también de un impuesto rebajado. 
Los impuestos tendrían que aplicarse más en función del uso del automóvil, y no dirigirse tanto a la adquisición del vehículo. 
Estimados colegas, les deseo un viaje seguro. 
¡Acuérdense de abrocharse el cinturón también en el asiento trasero! 
Señor Presidente, agradezco a la ponente su excelente trabajo en nombre de todos nosotros y agradezco también al Sr. Vatanen su intervención, en nombre del Grupo PPE-DE. 
Respaldo plenamente muchas de las observaciones que ha hecho, sin olvidar aquéllas relativas a la tasa máxima de alcohol en sangre. 
De hecho, esta noche sólo quisiera hacer dos comentarios; son relativos a la mejora de la seguridad de la parte frontal de los vehículos y a la tasa de alcoholemia. 
Respecto a los frontales de los coches, creo que conviene señalar los claros argumentos de la ponente para que la Comisaria presente una propuesta de directiva. 
De hecho, la Comisaria prometió a esta Asamblea en enero del pasado año, hace un año, que tendríamos una directiva sobre frontales de automóviles más seguros. 
Ha pasado un año y no existe ninguna directiva. 
Lo que tenemos es una audición en febrero. 
Más conversaciones. Nada de acción. 
Mientras tanto, dos mil personas han perdido innecesariamente la vida durante el pasado año porque la Comisión prefiere hablar a actuar. 
Espero que esta noche y mañana la Comisión preste oídos a la votación de esta Asamblea y decida seguir adelante con su compromiso de presentar una directiva sobre la mejora de la seguridad de los frontales de los vehículos. 
Basta de charla, por favor. 
Queremos ver algo de acción. 
Y esto mismo es cierto también en el caso del contenido de alcohol en sangre. 
Hemos hablado sobre este tema año tras año. 
Todos sabemos que en Europa mueren cada año diez mil personas en accidentes relacionados con la alcoholemia. 
Pero me parece muy irónico, y estoy seguro de que el momento no es fruto del azar, que el mismo día en que debatimos sobre el tema del alcohol en sangre, la conducción bajo los efectos del alcohol y la seguridad vial, el día antes de que este Parlamento vote sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, la Comisaria haya tomado una decisión. Ha emitido una recomendación sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. 
Habría estado bien que la Comisaria hubiera escuchado al menos el debate, que hubiera podido conocer el resultado de la votación que se celebrará mañana, antes de decidir adelantarse a los procedimientos parlamentarios y emitir esta recomendación. 
Sabemos que, por desgracia, una recomendación no vale el papel sobre el que está escrita. 
Los Estados miembros necesitan y apoyan orientaciones claras. 
Creemos que es hora de que la Comisaria adopte una actitud firme con respecto a los conductores que conducen bajo los efectos del alcohol y presente una directiva para reducir la tasa máxima a 50 mg. 
En el Reino Unido, país que tradicionalmente presenta una buena trayectoria, hemos asistido, lamentablemente, durante el período navideño a un incremento del número de personas ebrias al volante. 
En mi región, en algunos puntos, el 17% de los conductores sometidos a la prueba de alcoholemia superaba la tasa legal en el Reino Unido que es de 80 mg. Es evidente que necesitamos medidas. 
En este sentido, el Gobierno británico está pidiendo una solución a nivel europeo, en un contexto europeo. 
Por ello, esta noche sólo pido una cosa muy sencilla a la Comisaria: que escuche el debate y que haga caso de la votación de mañana. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente por su excelente informe, en el que trata un tema que afecta a diario a todos los ciudadanos de toda Europa, a saber su propia seguridad vial y la de sus hijos. 
En primer lugar soy partidaria de que se adopte una legislación europea que haga obligatoria la realización de una prueba europea de impacto sobre peatones y las cuatro pruebas de choque correspondientes. 
En los 22 años que ha durado el programa de investigación subvencionado por la Unión Europea ha quedado claro que estas pruebas son útiles, ya que permiten salvar varios centenares de vidas al año. 
Es un asunto vital para muchos peatones y ciclistas, sobre todo, aunque no únicamente, en un país tan poblado como los Países Bajos. 
El Comisario Liikanen ha tenido todo un detalle con la industria del automóvil al otorgarle más tiempo para alcanzar un acuerdo en sus propias filas, todo ello en el marco del denominado bottom-up approach o enfoque abajo-arriba. La fecha tope sigue siendo junio, pero del año 2001. 
A mí todo esto me resulta demasiado lento. 
Gobernar significa asimismo elegir. 
Y creo que ha llegado el momento. 
Otro de los puntos que quiero comentar aquí es el límite máximo de alcohol en la sangre. 
Algunos miembros de mi Grupo respaldarán la propuesta de la ponente de adoptar un reglamento comunitario que limite el grado máximo de alcoholemia a 0,5 mg/ml. 
No queremos estirar este límite, pero sí creemos que la armonización del mismo reforzará la seguridad jurídica de los ciudadanos en una Unión en la que muchos de ellos cruzan diariamente las fronteras interiores y en la que pretendemos fomentar precisamente la movilidad de los trabajadores. 
Por lo demás, no soy partidaria de introducir límites más bajos para determinadas categorías de jóvenes usuarios de la carretera. 
La señal ha de ser clara. 
Las normas son seguras o no lo son. 
A mi modo de ver, un límite máximo de 0,5 mg/ml está plenamente justificado desde el punto de vista social, es fácil de medir y perfectamente viable. 
Cambiando de tema, señora Comisaria, me parece una falta de respeto hacia el Parlamento que la Comisaria, anticipándose al debate de esta noche, en el que al fin y al cabo seguimos luchando por la introducción de un reglamento en materia de alcoholemia, aparentemente ya haya decidido que baste con una recomendación a los Estados miembros. 
Ello implica voluntariedad y ausencia de compromiso, y de cara a los ciudadanos ciertamente no redundará en beneficio de la claridad. 
Me queda por comentar un último punto: la consecución a largo plazo del objetivo cero. 
No me convence demasiado. 
Los objetivos han de ser realistas y viables para que sean motivadores y estimulantes. 
No cabe duda de que podemos reducir el número de víctimas, pero querer reducirlo a cero no me parece más que una vana ilusión. 
Señor Presidente, Sra. Comisaria, en primer lugar quisiera agradecer el magnífico trabajo realizado por la Sra. Hedkvist Petersen. 
Los accidentes y el elevadísimo número de víctimas en las carreteras europeas tienen una génesis múltiple. Son muchas y diversas las causas, y el informe ha sabido recoger y resumir las más importantes. 
Asimismo, la Comunicación de la Comisión sobre prioridades de la seguridad vial en la Unión Europea recoge en seis puntos los aspectos donde más podemos incidir para obtener mejores resultados. 
Me voy a centrar en los aspectos que se refieren a la gestión de los puntos negros de las carreteras y a la disminución de los efectos de los impactos contra las infraestructuras viales. 
Un elevado número de víctimas de accidentes son los usuarios de vehículos de dos ruedas, motociclistas y ciclistas, para los cuales, también son las carreteras. 
Éstos, por cultura y por condiciones climáticas, abundan extraordinariamente en algunos Estados miembros. 
Serios estudios han concluido que la mayor parte de los accidentados graves, muertos o con secuelas de estos colectivos, lo son por impactos contra los guardarraíles, es decir, contra las protecciones laterales o contra la señalización vertical, protecciones ambas diseñadas y creadas para los vehículos de cuatro ruedas. 
Gran parte de estos accidentes se producen en esos puntos negros que algunos Estados miembros ya están señalando e identificando. 
Mi enmienda de propuesta legislativa sobre el diseño y colocación de estas protecciones blandas en los puntos negros no es, pues, gratuita. 
No debiéramos conformarnos con una leve recomendación a los Estados o dejarlo, simplemente, en el ámbito de la subsidiariedad, que condicionará mucho su implantación. 
Seamos valientes ahora. Legislemos, busquemos un mayor grado de armonización, promovamos medidas para el uso racional y seguro del tráfico peatonal y de los ciclistas, y busquemos fórmulas para reducir el tráfico pesado, al menos en las poblaciones; armonicemos los límites de velocidad mediante un ambicioso marco jurídico, tal y como la Comisión recomendó en 1986, desbloqueando la inercia de los Estados miembros. 
Velemos por los impactos medioambientales generados por el tráfico, como son el ruido y la contaminación ambiental. 
Insisto, igualmente, en la importancia de legislar los niveles de alcoholemia máximos permitidos. 
Para finalizar, quiero agradecer la magnífica disposición de la Sra. Comisaria con respecto a nuestras propuestas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la desoladora cifra de 42.000 muertes anuales en las carreteras de la Unión Europea y el total estimado de 1,7 millones de personas heridas constituyen una llamada de atención permanente que nos obliga a considerar el tema de la seguridad vial como un problema importantísimo y prioritario. 
Además de los incalculables sufrimientos personales que hay detrás de estas cifras, éstas también suponen enormes pérdidas y costes para las economía nacionales. 
Las estimaciones son del orden de los 100.000 millones de euros, casi el 2% de la suma del PIB de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Más de lo que en conjunto dedican a la cultura. 
Yo quiero expresar mi sincero agradecimiento a la ponente. En particular, también es muy de agradecer que el informe se concentre en tres puntos principales: la prevención de los accidentes, la prevención de los daños, y el tratamiento y la rehabilitación. 
Con ello queda claro, a mi parecer, que no se podrá lograr la mejora necesaria en la seguridad vial con medidas aisladas, sino que esto sólo se podrá conseguir con un paquete de medidas que incluya la educación vial, la limitación de la velocidad, la limitación de l índice permisible de concentración de alcohol en la sangre, la mejora de las carreteras, sistemas de regulación del tráfico, normas de seguridad más exigentes para los vehículos, control más riguroso del cumplimiento de las normas de circulación y una revisión permanente de los vehículos en circulación. 
Por esto yo lamento muchísimo que no se aceptase la enmienda relativa a la armonización en la Unión Europea de la readmisión de los vehículos que hayan tenido parte en un accidente, a pesar de que los dictámenes independientes indican claramente una correlación apreciable entre los vehículos que han estado implicados en un accidente y su posterior participación en otros accidentes con un mayor número de víctimas. 
Finalmente quisiera dirigirme brevemente al orador que me ha precedido. 
Como usted sabe, yo he presentado una enmienda que presta particular atención al problema de los motoristas y los guardarraíles, y yo me congratularía si usted y su Grupo pudiesen votarla afirmativamente mañana, pues yo mismo soy motorista y, por consiguiente, naturalmente también soy muy consciente del problema. 
Señor Presidente, yo no puedo dejar de apoyar que la Comisión no proponga una norma comunitaria que regule los índices permisibles de concentración de alcohol en la sangre. 
El debate que están desarrollando mis colegas es hipócrita, absolutamente hipócrita. 
Hace un año, cuando se retomaron las propuestas del período anterior, decidimos junto con los socialistas que no deseábamos una normativa comunitaria. 
Nuestro argumento es que queremos que exista un control. 
¡Esto es lo decisivo y no lo que diga la ley! 
Lo importante es que se realicen controles sobre el terreno. 
En este sentido, sólo puedo replicarles a mis colegas ingleses que si su policía inglesa realizase controles durante las fiestas navideñas, mantendrían apartada a la gente de las carreteras y evitarían accidentes. 
Por lo tanto, yo sólo puedo repetir que lo decisivo es que se controle la concentración de alcohol en la sangre y no que exista una norma comunitaria al respecto. 
Por este mismo motivo vamos a votar en contra de la primera parte de la enmienda 4. 
Si a pesar de todo consiguen sacarla adelante, mi Grupo votará en contra de la totalidad de la resolución de la Sra. Petersen, pues es una hipocresía reclamar una norma comunitaria que es absolutamente innecesaria. 
Discútanlo en sus países. 
La mayoría de países coinciden con la opinión generalizada de esta Asamblea y apoyan un límite de 0,5 mg/ml. 
Éste es más que suficiente, como ha señalado con razón la Comisión. 
Nosotros recomendamos a todos los países que adopten ese límite. 
Debería dirigirse a los que aún no lo han hecho, Señoría. 
En resumen, lo importante no es el resultado de un debate hipócrita ni lo que diga la ley, sino que la policía realice controles sobre el terreno y aparte de la circulación a todos los que conduzcan borrachos. 
Si así se hace, la seguridad en las carreteras será máxima. 
En segundo lugar, tampoco vamos a aceptar la enmienda 6, con la que los Verdes intentan iniciar otro debate hipócrita, o sea, la limitación general de la velocidad a 120 km/h. En la mayor parte de las carreteras de Europa ya existen limitaciones de velocidad. 
En mi país, la velocidad está limitada en un 95% de las vías de circulación. 
¿Y dónde ocurren los accidentes? 
En ese 95% de las vías de circulación, porque no se controla suficientemente la velocidad. 
En resumen, menos leyes y más control. ¡Así mejoraremos más la seguridad vial! 
Señor Presidente, señorías, es sabido que si las muertes causadas por armas radiactivas se deben a la insensibilidad humana, las muertes causadas por accidentes de tráfico se deben a la estupidez humana. 
La sociedad organizada, sin embargo, tiene el deber no sólo de no ser ella misma estúpida, por acción u omisión, sino de proteger a sus ciudadanos incluso de los efectos de su propia estupidez. 
En el sentido de este esfuerzo, el excelente trabajo de la Sra. Hedkvist Petersen a propósito de la comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la seguridad vial, desbroza el camino a seguir. 
Así pues, nuestras acciones deberán girar en torno a tres ejes: primero, intervenciones legislativas reguladoras; segundo, fomento de nuevas tecnologías en los vehículos y en la infraestructura vial; tercero, medidas administrativas y campaña de información. 
Se necesita, claro, especial cuidado para que las medidas, cualesquiera que sean, sean ampliamente aceptadas y resulten así más efectivas; en este sentido, es necesario tomar en consideración la experiencia de los países miembros en estos asuntos, de manera que se pueda encontrar siempre el justo equilibrio, lejos de exageraciones. 
Podría, por ejemplo, ser aceptada por todos una drástica reducción de la tasa máxima de alcohol en la sangre para determinadas categorías de conductores, por ejemplo, los que transportan cargamentos peligrosos. 
Por otra parte, la tecnología actual puede y debe usarse en la imposición práctica de las medidas decididas, e igualmente en el control de la aplicación de las disposiciones vigentes. 
Por supuesto, deberemos activar e implicar más a las sociedades locales y a los organismos regionales en los temas de seguridad vial, cerca siempre del ciudadano; y no cabe duda de que la campaña de información deberá seguir con métodos más inteligentes, diría yo, de aproximación al público, especialmente a los jóvenes. 
Y no estaría tampoco de más examinar la posibilidad de primar a los automóviles más seguros a través del impuesto de circulación, y de exigir normas mínimas de seguridad, según la categoría vial, para que el estudio y la construcción de una carretera puedan incluirse en programas subvencionados por la Unión Europea. 
Finalmente, rogamos a la Comisión que no "corra" tanto en asuntos como el de hoy. 
Lo impone la seguridad vial. 
Señor Presidente, el drama de los accidentes de tráfico es tan grande y está tan infravalorado que justifica la adopción sin demora de cualquier iniciativa a todos los niveles de gobierno y en cualquier ámbito tanto del comportamiento humano como de las infraestructuras y de los medios de transporte. 
El único criterio de selección que deberíamos aplicar- pero me parece que es difícil hacerlo, a la vista del debate que hemos desarrollado hasta ahora- es determinar las intervenciones que pueden ser más rentables precisamente porque pueden llevarse a la práctica fácilmente. 
Creo que los ámbitos del comportamiento humano y de las infraestructuras son los que pueden producir resultados más a corto plazo: la introducción del uso obligatorio del casco y de los cinturones de seguridad, por ejemplo, está produciendo en mi país resultados extraordinarios. 
El casco obligatorio, introducido el pasado año, ha reducido en un 45% la mortalidad de los motoristas, sin hacer distinciones de edad. 
Me doy cuenta de que estas medidas- cinturones, casco- plantean también el problema del enforcement, de su aplicación, motivo por el cual son letra muerta si no se aplican y medidas que tan sólo están sobre el papel. 
Sin embargo, no creo que por esta razón se tenga que soslayar la relación entre el alcohol y la carretera, motivo por el cual yo no estaría en contra de un límite algo más generalizado, a pesar de que mi país podría sufrir algo por esto. 
Señor Presidente, vamos a votar a favor del informe sobre las prioridades de la seguridad vial en la Unión Europea porque contiene una serie de medidas concretas que pueden frenar, al menos un poco, la mortalidad de los accidentes de tráfico. 
Es aberrante que éstos puedan ser la primera causa de mortalidad de los niños y los adultos menores de 45 años. 
Pero la mayoría de las medidas, aun siendo positivas, van dirigidas únicamente a los usuarios y, así, se libera de su responsabilidad tanto a las empresas que producen vehículos como al Estado y, más en general, a la organización social. 
¿De que sirve instar, de forma vinculante o no, a los usuarios a que limiten la velocidad, cuando los constructores de automóviles no sólo fabrican vehículos que superan con mucho las velocidades autorizadas sino que hacen de ello un argumento de venta? 
¿De qué sirven los llamamientos a la prudencia y a la limitación del tiempo de conducción, cuando la búsqueda de la rentabilidad por parte de las empresas dedicadas al transporte por carretera y las empresas de comercio a gran escala y de la industria fuerza a los conductores a conducir hasta la fatiga extrema? 
¿De qué sirve lamentar que la circulación vial representa el 95 % de las causas de accidente de todos los transportes, sin punto de comparación, por tanto, con los ferrocarriles o los aviones, si la política de todos los gobiernos consiste, abiertamente o de hecho, en alentar el transporte por carretera con respecto a cualquier otra forma de transporte, tanto de personas como de mercancías? 
Incluso en los países más ricos de Europa, el transporte colectivo está infradesarrollado y, para muchas personas, desplazarse en automóvil no es una elección sino una obligación por falta de un transporte colectivo adecuado. 
La carrera por la rentabilidad y el deseo de alcanzar unas existencias nulas, que lleva a las grandes empresas a considerar el transporte por carretera un elemento de su cadena de producción, han convertido algunas autopistas en una larga cinta casi ininterrumpida de camiones. 
Incluso sobre la cuestión limitada del transporte combinado, la práctica real va contracorriente de los discursos oficiales. 
Y más en general aún, una organización racional del transporte exigiría una organización racional de la producción, es decir una organización que no busque el beneficio a cualquier precio. 
Pero en esto, nos apartamos mucho de las medidas irrisorias propuestas tanto por la Comisión como por este informe. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, he consultado los datos estadísticos cuando preparaba esta breve intervención y realmente me ha conmovido el constatar que desde que esta mañana comenzamos la sesión han muerto en las carreteras de la Unión Europea, estadísticamente al menos, más de 55 personas. 
La Unión Europea pierde cuatro personas por hora. 
Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de muerte de niños y jóvenes. 
Cada año perdemos, ni más ni menos, una universidad o un gran colegio de jóvenes, puesto que 15.000 jóvenes mueren todos los años en nuestras carreteras. 
Añadan a esto que yo tengo el triste privilegio de proceder del país miembro con el segundo número más alto de accidentes mortales en Europa. 
Y lo que es peor, Grecia es el único país de Europa en el que desgraciadamente no se observa ninguna tendencia a la baja durante la última década. 
Familias enteras son sacrificadas en el altar del asfalto. 
Señor Presidente, la seguridad vial puede y debe ser una prioridad para el Europa en su conjunto y para cada uno de los países en particular. 
Por ello no puedo sino estar de acuerdo con la propuesta de la Sra. Hedkvist Petersen- a la que me permitirán felicitar por su informe- sobre la necesidad de ultimar un plan estratégico para la seguridad vial y de definir una serie de objetivos cuantificados, estrictos y a la vez realistas. 
De este modo se conseguirá una mayor atención por parte de los políticos y se brindará un eficaz acicate. 
Nuestra responsabilidad, señorías, aquí y en Bruselas es enorme. 
Me parece negativo que no se haya presentado, por ejemplo, una propuesta legislativa sobre la adopción obligatoria de las cuatro clases de prueba a fin de garantizar partes frontales de los automóviles más seguras para los peatones; y se trata- atención- de un programa que la Unión Europea está financiando desde hace 22 años. 
Por otra parte, la continuación del apoyo al programa europeo de evaluación de nuevos vehículos, el impulso a las campañas a favor del uso de los cinturones de seguridad, la obligatoria instalación en motocicletas y automóviles de luces de carretera, y otras propuestas del informe pueden, con un coste relativamente pequeño, aportar grandes beneficios para la seguridad vial y para la salud pública. 
Señora De Palacio, creo que no se le ha pasado por alto un pasaje de su comunicación que pone de manifiesto la preocupante diferencia entre los Estados miembros en lo que se refiere a la calidad de las carreteras, la seguridad de las mismas y el número de víctimas. 
Lo embarazoso del caso es que esta diferencia refleja de manera simétrica la disparidad existente entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea en materia de calidad y de rapidez del desarrollo económico: por una parte, el Estado más seguro es Suecia y, por otra, los Estados menos seguros son Grecia y Portugal. 
¿Esto qué significa? 
Trataré de contestar de manera positiva: significa que invertir en la seguridad se puede hacer sólo si se invierte en la acción comunitaria. 
Creo que este Parlamento, con alguna plausible excepción, está pidiendo a la Comisión que sea más valiente y, en consecuencia, agradezco a la ponente su informe que convierte en más explícita y útil la comunicación de la Comisión. 
Más valor- me permito ser conciso- implica decir dos cosas: ante todo el compromiso de determinar los límites y las normas de las políticas de prevención, si no- y espero que el Sr. Jarzembowski no se enfade conmigo- el control no sirve. 
Si debemos controlar el límite de velocidad, es muy diferente que el límite sea 100 o 200 por hora. 
Lo mismo vale para el alcohol. 
Consideramos que la Comisión debe presentar una directiva que fije para todos los Estados miembros como tasa máxima de alcohol en sangre el 0,5. 
Lo digo como ciudadano de un país que ha establecido una tasa superior, precisamente para disipar cualquier sospecha de municipalismo en el razonamiento que estamos haciendo. 
El principio de subsidiariedad está bien- aunque creo absolutamente grotesco retirar el permiso de conducción a todos los borrachos- pero el problema está en entender cuándo, según nuestro código de circulación, los conductores se han de considerar borrachos. 
Este valor, señora Comisaria, creo que es la manera más simple y eficaz, pero creo que también la única de alcanzar el ambicioso objetivo que nos hemos fijado, es decir, reducir en un 40% el número de víctimas en las carreteras de la Unión Europea en los próximos años. 
Señor Presidente, permítame agradecer a la ponente su enorme interés en esta materia. 
El año pasado murieron aproximadamente 43 000 personas en la red de carreteras de la UE. 
Una de las principales causas ha sido la ingestión de alcohol. 
Éste es un hecho irrefutable. 
Seis años en el Parlamento Europeo me han enseñado a respetar nuestros diversos criterios, pero deberíamos estar de acuerdo en que el alcohol y la conducción no son compatibles. 
Aún así, cada día muere gente en la red vial comunitaria justamente a causa de esta combinación. 
También podemos tener criterios muy diferentes sobre la conveniencia de contar con normas comunitarias o si es mejor que cada país resuelva sus problemas. 
Permítanme decir un par de cosas a los que dudan en este asunto. 
Una de ellas es que ningún país comunitario aceptaría que otro país miembro tolerase que un comandante de aeronave que pilota un avión con 300 personas a bordo, un capitán de barco que transporta a mil personas o un maquinista de tren bebiesen alcohol antes de iniciar su viaje. 
¿Por qué no ponemos las misma exigencias a los que conducen por nuestras carreteras? 
Lo otro que quisiera destacar es que el 95 por ciento de los accidentes de circulación con resultado de muerte ocurren en las carreteras. 
Lo único que deseo es que el problema que afecta a este 95 por ciento sea tomado tan en serio como el que afecta al otro cinco por ciento de los accidentes que ocurren en los otros medios de transporte. 
Justamente por este motivo, pienso que el informe es un buen punto de partida para continuar trabajando y, por tanto, mañana votaré a favor de él. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la seguridad en las carreteras de Europa es un tema de vital importancia y las cifras hablan por sí solas: 42.000 muertos anuales y 1,7 millones de heridos. 
Ante estos datos, es preciso actuar. 
El sufrimiento de las familias que han perdido a uno de sus miembros en un accidente automovilístico es enorme. 
La movilidad es cada vez mayor en nuestra sociedad y yo estoy a favor de que así sea. 
Justamente por esto, tenemos el deber de encarar el problema de los riesgos. 
En nuestra calidad de políticos europeos y también nacionales o locales, debemos asumir nuestra responsabilidad ante la sociedad y promover la adopción de medidas de circulación más adecuadas. 
Es esencial un análisis de los accidentes de circulación. La actuación frente a las cifras de accidentes debe incluir, por lo tanto, la recogida, evaluación e interpretación de los datos. 
Un estudio sistemático de la circulación puede aportar datos importantes para mejorar la seguridad y prevenir los accidentes. 
Tanto la construcción de los vehículos como el trazado de las carreteras y las personas mismas son otros tantos puntos débiles. 
Tenemos que identificar estos puntos débiles y procurar eliminarlos en la medida de lo posible. 
Yo creo que este es un punto muy importante y en este contexto considero esencial la educación vial. 
Fomentar la conciencia de la población sobre los riesgos y peligros asociados a la circulación vial es un requisito para la aceptación de las medidas. 
Es preciso empezar a enseñar por medio de juegos didácticos la conducta adecuada a los niños, que son un grupo de riesgo particularmente importante en el contexto de la circulación vial. 
Es preciso informar a los jóvenes de los peligros, para ellos mismos y para los demás usuarios de la carretera, con los que se tendrán que enfrentar cuando obtengan el permiso de conducir. 
Un punto que me preocupa muy especialmente es la adopción de medidas contra el consumo de alcohol, pero también contra la conducción bajo la influencia de medicamentos y drogas. 
Ya se han adoptado muchas medidas contra la alcoholemia al volante y se ha realizado una abundante labor informativa. 
En cambio, a menudo se tiene poca conciencia de que el consumo de drogas y medicamentos puede provocar la misma ofuscación y alteración de la capacidad de conducir. 
El programa de seguridad vial de la UE debería definir con claridad las grandes prioridades. 
Sobre todo, es importante abordar de manera sistemática este conjunto de problemas. 
¡Es imprescindible exigir la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros! 
Señor Presidente, señora Comisaria, los accidentes de carretera son la causa más frecuente de mortalidad y lesiones graves en los niños y jóvenes, y de hecho entre los ciudadanos de la UE menores de 45 años, en general. 
No podemos seguir aceptándolo como un designio inevitable, sino que debemos procurar evitarlo. 
Un requisito previo es, empero, que dejemos de pensar que la seguridad vial depende en primer lugar del comportamiento y el autodominio de los usuarios de las carreteras. 
Los artículos 41 y 94 del Tratado CE, además de un mandato claro, también nos ofrecen el fundamento jurídico, que algunos miembros de esta Asamblea ponen en duda, para adoptar una serie de medidas más eficaces en el ámbito de la seguridad vial. 
De nosotros depende que por fin se conceda la debida prioridad política a esta problemática. 
Por otra parte, seguramente no existe otro ámbito político en el que la UE, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales y las organizaciones pertinentes compartan la responsabilidad de manera tan aceptada. 
El principio de subsidieriedad debe aplicarse, por lo tanto, en un grado muy importante. 
Justamente, por esto, no debemos subestimar el valor añadido de las medidas europeas frente a los esfuerzos de los Estados miembros. 
El cálculo de los costes económicos que ocasionan los accidentes de circulación indica que éstos son considerablemente superiores al coste de su prevención. 
Por lo tanto, incluso en tiempos de austeridad presupuestaria está justificado reclamar más recursos financieros para este fin. 
No obstante, no debemos engañarnos. 
No en todos los casos es válido afirmar que cuanto mayor la inversión, mayor será también el nivel de seguridad alcanzable. 
La organización de campañas de información sobre las mejores prácticas en los Estados de la UE y la adopción de medidas obligatorias para reducir las causas de accidentes, como pueden ser el consumo de alcohol y drogas y la ingestión de medicamentos, permitirán demostrarlo, al igual que la adopción de una directiva sobre la ampliación las pruebas de seguridad y de apoyo al programa de evaluación de los nuevos modelos de vehículos, Euro-NCAP, que fomente la creatividad de la industria automovilística. 
Yo felicito a la ponente, Sra. Hedkvist Petersen, por su excelente informe y les insto a votarlo afirmativamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, resulta interesante escuchar esta discusión y también lo será continuar trabajando con los temas de seguridad vial en el Parlamento, después del debate u de la votación de mañana. 
Compruebo que la mayoría de los Grupos políticos opinan que es preferible una regulación de la proporción de alcohol en sangre en el ámbito europeo, porque es una competencia exclusiva que podemos utilizar de acuerdo al Tratado. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Stenmark cuando dice que nunca aceptaríamos niveles de seguridad inferiores a los que pudiésemos crear, cosa que demuestra la discusión anterior. 
No obstante, lo hacemos en las carreteras, pero no en la aviación. 
Creo que es importante que se regule el alcohol en el ámbito de la Unión. 
El Sr. Jarzembowski formuló ideas interesantes, pero opino que hay que utilizar tanto las posibilidades de directiva como los controles policiales y otros medios. 
Hay que usar todos los medios, y lo haremos. 
Nunca hemos rechazado una directiva. 
Ahora podemos tomar una iniciativa política, ¡hagámoslo! 
En relación con lo que los Verdes mencionaron sobre las manchas negras, señor Bautista, creo que es importante que nos mantengamos atentos sobre los acontecimientos. 
Sería interesante ver un informe de la situación en la Unión. 
Soy consciente de que esta materia es importante para los ciclistas y motociclistas. 
Finalmente, unas palabras sobre la formación y la situación de los niños. 
Tal como manifestó la Sra. Schierhuber, se necesita educación vial. 
Vamos a utilizar esta posibilidad, junto con todas las otras medidas nacionales, locales, regionales y comunitarias. 
Tenemos que actuar juntos y enérgicamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar sinceramente a la Sra. Hedkvist Petersen por la completa propuesta de resolución que ha preparado sobre seguridad vial y que pone de manifiesto el interés del Parlamento Europeo- y hoy lo hemos visto en las intervenciones de sus Señorías- en disponer de una política ambiciosa para luchar contra la lacra de los accidentes de tráfico. 
Quiero expresar también mi agradecimiento a todas sus Señorías que han intervenido, que han hecho oír su opinión y que han enriquecido este debate. 
En respuesta a una petición del Parlamento Europeo, les recuerdo que la Comisión presentó el pasado mes de marzo una comunicación sobre seguridad vial en la que se enumeraban una serie de medidas concretas que habían de llevarse a la práctica durante los próximos años, concretamente, los dos últimos años de ejecución del segundo programa de acción sobre seguridad vial. 
Quiero recalcar que, en general, estoy perfectamente de acuerdo con lo que plantea el informe y también con lo que dice la resolución que lo culmina, tanto en lo que respecta al programa de acción en curso, cuya ejecución concluirá en breve, como al futuro programa de seguridad vial que la Comisión tiene previsto presentar en los próximos meses. 
Es también mi deseo que la Unión Europea cuente con una política eficaz y duradera para reducir el número de accidentes, que resulta absolutamente inaceptable. 
En una primera etapa habrá que llevar a la práctica las últimas medidas prioritarias establecidas en el marco del programa de seguridad vial, que está actualmente en curso y, en particular, proponer que la obligación de instalar limitadores de velocidad sea aplicable a un mayor número de camiones, concretamente rebajando el tonelaje a partir del cual se exige ese tipo de actuación. 
Asimismo, se deberá fomentar el intercambio de información sobre los puntos negros y las técnicas para reducirlos y, de modo general, incrementar la seguridad de las infraestructuras viales y adoptar las medidas para mejorar la parte frontal de los vehículos en caso de colisión con usuarios vulnerables en la red vial. 
Y dentro de las mejoras viales, se deberán diseñar de distinto modo los guardarraíles actuales, que son enormemente agresivos con los ciclistas y con los motociclistas. 
En una segunda etapa, deberá adoptarse un planteamiento más sistemático con miras al futuro programa de acción, estableciendo para ello objetivos cuantificados a escala europea, que se elaborarán con la colaboración de los Estados, a fin de lograr una mayor eficacia y complementariedad entre las medidas adoptadas en Bruselas y las establecidas a escala nacional. 
Porque está claro que el establecimiento de objetivos concretos- lo hemos visto en aquellos países en que se han planteado- es un estímulo y tiene un efecto psicológico de acicate para las autoridades que llevan a un mejor control y, por lo tanto, a una disminución de los accidentes. 
Sin embargo, no pretendo en esta ocasión plantear los aspectos sobre los que estamos de acuerdo- los conocen a través de la comunicación -, sino que quisiera extenderme un poco más sobre las razones por las que hay dos puntos de desacuerdo. 
El primero es la alcoholemia. 
Señorías, efectivamente, tienen toda la razón. 
Ayer o anteayer terminó el procedimiento escrito sobre la recomendación en cuanto al 0,5 como tasa máxima de alcohol en sangre en su adopción por parte de la Comisión. 
La fecha es puro azar. Estaba en la comunicación del mes de marzo. 
No piensen sus Señorías que ha habido ninguna maquinación por parte de nadie. 
Yo pensaba que esto estaba más adelantado. 
Lo siento. 
No piensen que la fecha ha sido elegida en función de este debate, en absoluto. 
Pero sí les quiero explicar por qué no se plantea una propuesta de directiva. 
No se hace así por dos razones fundamentales. 
En primer lugar, tengo que decir que Gran Bretaña, uno de los países en que la tasa de alcoholemia es superior al 0,5 que recomendamos, -como mencionaba el Sr. Watts hace un momento -, es el segundo país con menor número de accidentes en la Unión Europea después de Suecia. 
Si en Gran Bretaña tuvieran como máximo en vez del 0,8 el 0,2 a lo mejor en vez de ser el segundo país sería el primero o tendría muchos menos accidentes. 
No lo sé. 
Lo que quiero decir es que es un hecho, un hecho objetivo, con 0,8, Gran Bretaña es el segundo país con menor número de accidentes dentro de la Unión. 
Yo no recomiendo el 0,8 sino el 0,5. 
Lo que ocurre es que no basta con recomendar o con obligar a que se respete una tasa de alcohol si luego las autoridades nacionales no controlan adecuadamente la realidad de ese contenido de alcohol en sangre. 
Y quiero decirles a sus Señorías que si algunos Estados miembros no controlan en la actualidad el contenido de alcohol en sangre, porque bajemos sin más a 0,5, dudo que obtengamos mejores resultados. 
Hace falta conseguir un mejor control por parte de las autoridades. 
En segundo lugar, hay costumbres, hábitos, razones que me llevan a pensar que éste es el clásico asunto que hay que dejar al ámbito de la subsidiariedad, y por eso hacemos sólo una recomendación del 0,5. 
Entiendo que tienen una opinión distinta- ya lo he visto- y, desde luego, la verdad es, además, que no ha habido hasta ahora una mayoría suficiente en el Consejo para sacar adelante una iniciativa de estas características. 
Si, de repente, todos los Estados miembros coinciden, lo tienen muy fácil, entre otras cosas para poner el 0,5 en sus países. 
No me vengan a decir que el Reino Unido reclama una directiva europea para resolver un problema en Gran Bretaña porque no lo puedo entender. 
Pues que pongan 0,5 en Gran Bretaña. 
¿Por qué tenemos que obligarles nosotros? 
Si el Reino Unido lo quiere hacer y ya tenemos una recomendación, que se ajuste a ella. 
En lo que se refiere a las partes frontales de los coches, he oído claramente la crítica hecha por el Sr. Watts: la Comisión prefiere hablar y no actuar. 
Yo no puedo aceptar esa crítica. 
La Comisión quiere actuar de la manera más eficaz y, a veces, retrasar unos meses una iniciativa puede, en sus efectos reales, ser un método mucho más rápido en cuanto a su realización. 
Y hemos dado seis meses a las industrias automovilísticas para obtener un acuerdo. 
No es el 2002, Señoría, es junio del 2001. 
Y en ese sentido, quiero decirle que esa iniciativa no sólo depende de mí sino que depende también del Comisario responsable de industria, el Sr. Liikanen y eso es lo que acordamos. 
Con esto quiero decir que no hemos rechazado ni mucho menos hacer una reglamentación en cuanto a frontales de coches más respetuosos en los accidentes con las personas, con los cuerpos sin protección, sino sencillamente que pretendemos ser todavía más eficaces, obteniendo el apoyo del sector automovilístico. 
En cuanto al futuro programa de acción correspondiente al periodo 2002-2010, estamos abiertos a priori a todas las ideas incluidas en la propuesta de resolución. 
Y yo, Señoría, estoy dispuesta incluso a reconsiderar el asunto del 0,5. 
Le quiero decir que no voy a mantener en este asunto posiciones rígidas. 
Creo que no es ése el gran problema. 
Mucho más importante es el problema del control. 
De todas formas, cuento con su colaboración, con su ayuda, con su apoyo, y felicito una vez más a la ponente. 
Señor Presidente, se ha mencionado mi nombre. Es importante, para que conste en acta, aclarar la situación en el Reino Unido respecto a la opinión del Gobierno del Reino Unido sobre el alcohol en sangre. 
Estoy seguro de que la DG de Transportes y Energía dispone de un ejemplar de la estrategia del Reino Unido en materia de seguridad vial, hecha pública en marzo de 2000. 
En ella se deja perfectamente claro que el nuevo Gobierno del Reino Unido se compromete a respetar una solución europea dentro de un contexto europeo. 
Creo que la Comisión obtendría ahora una respuesta mucho más positiva a una propuesta de directiva que posiblemente en el caso de la administración anterior. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Si he entendido correctamente a mi colega, basta con que exista una recomendación para que el Gobierno del Reino Unido reduzca la tasa máxima de alcohol en sangre. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Intermodalidad y transporte intermodal de mercancías 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0358/2000) de la Sra. Poli Bortone, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre el Informe sobre los avances en la aplicación del programa de acción establecido por la Comunicación sobre intermodalidad y transporte intermodal de mercancías en la Unión Europea. 
. (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, pasaré por alto la definición de intermodalidad dando por sentada la definición que la Comisión dio en el pasado. 
Sin embargo, me parece que hoy hay que considerar como cada vez más urgentes las intervención en apoyo de la intermodalidad y ello por una serie de necesidades: necesidades de racionalización del tráfico, de optimización de los tiempos de transporte de las mercancías; necesidades de carácter económico y medioambiental, desde el momento en que la intermodalidad es un elemento clave de la movilidad sostenible. 
Actualmente, la intermodalidad presenta una serie de aspectos críticos ligados a la falta de integración de los distintos modos de transporte, así como a ineficacias específicas de algunos de ellos. 
Para el desarrollo de la intermodalidad reviste una importancia capital el nivel de eficacia de los servicios ferroviarios ofrecidos que en muchos Estados miembros se caracterizan por una escasa calidad y eficiencia, así como por un elevada relación coste/eficacia. 
Además, como ya ha manifestado en varias ocasiones la Comisión, la infraestructura sigue desarrollándose principalmente sobre una base unimodal, mientras el transporte intermodal requiere un enfoque de red basado en la complementariedad y la interconexión de los distintos modos. 
Por último, no existen aún sistemas de información intermodales abiertos capaces de gestionar de forma eficaz el transporte intermodal y los servicios de red y de garantizar un flujo de información y comunicación en tiempo real, racional y continuo. 
Analizando, en este caso concreto, los costes de fricción relacionados con el transporte intermodal de mercancías, se observa que los elementos más críticos, con respecto al transporte unimodal tradicional, son los precios altos, los tiempos más prolongados, el aumento del recorrido medio, una calidad inferior, un mayor riesgo de daños para la carga, las limitaciones en cuanto a la tipología de mercancías transportables y unos procedimientos administrativos más complejos. 
Estos costes de fricción son imputables prioritariamente a la falta de redes de sistema coherentes y de interconexiones entre las mismas, lo que provoca una pérdida de eficiencia y un aumento de los costes de transferencia. 
Además, los distintos modos de transporte presentan diferentes niveles de rendimiento y calidad de servicio que casan mal con una lógica de satisfacción del cliente y de traslado de mercancías en tiempo real. 
Las causas hay que achacarlas a la inexistencia de sistemas extendidos de comunicación electrónica entre los distintos partícipes de la cadena intermodal y a la ausencia de sistemas de identificación e información sobre las mercancías organizados sobre una base intermodal. 
Por último, todo el sistema está marcado por una serie de cuellos de botella debidos a la falta de armonización de tiempos y horarios entre los distintos modos de transporte, lo que ocasiona incoherencias entre las necesidades vinculadas a la cadena de transporte de mercancías y las exigencias operativas de los recursos empleados en el proceso: por ejemplo, horarios de trabajo de conductores y tripulaciones no adaptados a las operaciones intermodales; las terminales no siempre pueden ajustarse a los horarios de trenes y buques, de servicio durante las 24 horas. 
Es evidente que, en el ámbito europeo, el panorama del transporte intermodal es bastante variado, con situaciones totalmente diferentes en los distintos Estados miembros. 
Por tanto, es prioritario observar las distintas condiciones, con la ayuda de la Task Force sobre la intermodalidad, a fin de identificar líneas de acción específicas y acordes con las prioridades surgidas en cada Estado miembro. 
Los objetivos perseguidos por la Unión Europea para el desarrollo de la intermodalidad están vinculados a la necesidad de crear un sistema integrado de los distintos modos de transporte que ofrezca servicios puerta a puerta orientados al cliente, permita un uso eficiente y lucrativo del sistema de transporte y favorezca la competencia entre los operadores. 
En su comunicación sobre "Intermodalidad y transporte intermodal de mercancías en la Unión Europea", la Comisión indicaba los objetivos que debían perseguirse en el sector del transporte intermodal, dividiéndolos en áreas prioritarias de intervención dirigidas a puntos críticos específicos, las llamadas "acciones clave". 
La primera acción clave abarca las infraestructuras y los medios de transporte integrados; la segunda acción, la interoperatividad y la interconexión en las operaciones de tráfico; la tercera, los servicios y la reglamentación comunes a todos los modos de transporte. 
El objetivo es la implantación de un sistema de información que permita la gestión en tiempo real del transporte, así como la realización de transacciones electrónicas en el transporte, a través del desarrollo de sistemas intermodales de transacción e información electrónica en tiempo real; la armonización de los criterios de comunicación, de los procedimientos y de los documentos de transporte sobre base EDI (Electronic Data Interchange) ; la uniformización del régimen de responsabilidad, con el fin de ofrecer al usuario final un conjunto claro de condiciones y unos procedimientos transparentes en materia de responsabilidad por posibles daños o pérdidas de la carga durante el trayecto; el desarrollo de las tecnologías de la sociedad de la información en beneficio del transporte intermodal, mediante la creación de una estructura abierta que permita seguir el movimiento de las mercancías a lo largo del recorrido intermodal; el transporte sin soporte de papel mediante la armonización de las normas en materia de documentación y la creación de una ventanilla única electrónica. 
La Comisión ha previsto también una serie de actividades horizontales a través de proyectos focalizados de Investigación y Desarrollo Tecnológico que tienen por objeto la introducción de innovaciones con vistas al empleo de las nuevas tecnologías para el desarrollo de servicios innovadores y el aumento de la productividad. 
Es evidente que hablar de intermodalidad supone al mismo tiempo un fuerte cambio cultural de la cultura empresarial. 
La globalización y la liberalización de los mercados ya están determinando un significativo aumento de la demanda de transporte de mercancías y de bienes. 
Los altos índices de crecimiento inducen a una competición que fomentará cada vez más los volúmenes transportados y, en consecuencia, será absolutamente inevitable el proceso de incorporación de los operadores del sector. 
Por último, deseo dar las gracias a los diputados que han participado activamente, al objeto de permitir la elaboración de una resolución plenamente compartida. 
Quiero asimismo adelantar que, en cuanto a las enmiendas- pocas, por cierto- que se han presentado, en principio las suscribo en su totalidad, a excepción de la enmienda 3 que me plantea alguna duda en lo que a las ayudas de Estado se refiere. 
Señor Presidente, la intermodalidad está aún en pañales. 
Sin embargo, desde 1970 el recorrido medio va en aumento, lo cual supone una ventaja para el transporte combinado. 
El volumen de la carga va por el mismo camino. En los próximos diez años se espera un incremento del 70%. 
Es, por tanto, sorprendente que el transporte intermodal no acabe de despegar. 
Tal vez no se esté ejerciendo aún la suficiente presión sobre los transportistas y los cargadores para que lleven a cabo esta revolución. 
De todas formas, es preciso lanzar algunas advertencias a los sectores implicados. 
En primer lugar, la red de carreteras no podrá asimilar un crecimiento del 70%, y esto afecta tanto a la distribución urbana o regional como al transporte a larga distancia. 
Por eso mismo, la excesiva confianza en el transporte por carretera constituye un acto de audacia, que antiguamente se consideraba un pecado mortal. 
En segundo término, no cabe duda de que en los años venideros las condiciones medioambientales desempeñarán un papel cada vez mayor. 
Los camioneros encontrarán cada vez más resistencia para atravesar determinadas regiones de Europa. 
Los ciudadanos se opondrán cada vez más a los atentados del transporte contra su entorno vital. 
Es algo que ya hemos podido comprobar a raíz del fracaso de la directiva destinada a armonizar la prohibición de circular durante el fin de semana. 
Es evidente, pues, que no tenemos opción. 
Estamos obligados a implantar la intermodalidad. 
Ahora bien, si partimos de este supuesto, no podemos sino concluir que no estamos avanzando demasiado. 
Obviamente, los sectores deben esforzarse más y han de introducir innovaciones, pero por otra parte también es necesario que las autoridades pongan manos a la obra, por ejemplo simplificando y agilizando los procedimientos administrativos. 
Es urgente y absolutamente prioritario que se realicen las obras con las que se pretende mejorar la red transeuropea de vías navegables. 
Todo el mundo habla del tren, pero el agua, que ofrece posibilidades reales de crecimiento, ha desaparecido de las listas de prioridades europeas y nacionales. 
Nadie coordina los esfuerzos de los Estados nacionales, mientras que ésta es una de las tareas fundamentales de la Comisión Europea. 
Es una lástima porque en el norte y el noreste de Europa la combinación entre transporte por carretera y navegación interior podría cambiar las cosas. 
Pero de aquí a que llegue ese momento nos quedan aún por eliminar numerosos obstáculos en los ámbitos legislativo, técnico y práctico. 
Lo mismo sucede con la tradicional navegación costera que, después de haber sido desbancada, vuelve a irrumpir con fuerza bajo un nombre moderno: short sea shipping. Ahora bien, sólo podrá recuperar el terreno perdido si todos los implicados colaboran entre sí. 
Si nos fijamos en los avances obtenidos desde el excelente programa de acción de 1997, resaltan unos cuantos puntos positivos, por ejemplo el Grupo de trabajo sobre la intermodalidad en el transporte. 
La prórroga del programa PACT, el programa de acciones piloto de transporte combinado, supone asimismo un nuevo impulso. 
En vista de la inminente ampliación de la Unión Europea es importante que la nueva situación ya se tenga en cuenta en las negociaciones de adhesión. 
Desafortunadamente, el transporte intermodal continúa siendo demasiado costoso debido a la defectuosa infraestructura, la falta de eficiencia en el ámbito de la gestión y la información y el escaso espíritu de innovación. 
A pesar de ello, estamos llamados a desarrollar una red de transporte transeuropea que adopte la forma de una red de infraestructuras multimodal. 
A este fin es imprescindible que las empresas y las autoridades aúnen sus fuerzas a todos los niveles. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el transporte intermodal todavía no recibe la atención que se merece en la política de transportes. 
En efecto, como acaba de exponer mi colega, hasta ahora sólo un 8% del transporte europeo de mercancías se realiza por medios intermodales. 
Por esto, con frecuencia no se le concede la importancia suficiente. 
Sin embargo, el transporte intermodal constituye la expresión y a la vez también la prueba de la estrategia de integración europea, cuyo objetivo no sólo es la integración de los diferentes mercados nacionales del sector del transporte, sino también de los distintos modos de transporte. 
Tras la estrategia de liberalización, aún no totalmente finalizada, y una vez iniciada la armonización, la futura viabilidad del mercado interior requiere esta estrategia de integración. 
Los informes sobre los progresos en la transposición del programa de acción a favor del transporte intermodal también reflejan, por consiguiente, los progresos de la política europea de transportes. 
La comunicación de la Comisión y el informe abordan muchos, posiblemente todos, los puntos problemáticos importantes: la revisión de la orientación de las redes europeas de transporte en el sentido de una red auténticamente intermodal, medidas que permitan obtener un valor logístico añadido, la armonización aún pendiente de las unidades de carga y en otros aspectos, una información auténticamente intermodal, la normalización de las notificaciones y documentos, fomento de la regulación de la responsabilidad en el transporte intermodal y muchos otros temas. 
En todos estos aspectos se requieren, como todos sabemos, una serie de medidas de carácter reglamentario que en verdad garanticen la viabilidad futura del transporte intermodal. 
Dada la complejidad del marco de condiciones y puesto que todavía falta mucho para que el desarrollo del transporte intermodal sea un proceso autónomo, es necesario promover una serie de proyectos de demostración adecuados. 
Por consiguiente, yo espero que podamos disponer de un nuevo programa PACT bien dotado, que también estará abierto a los países candidatos a la adhesión, puesto que allí se decidirán muchos aspectos que afectan a nuestro futuro. 
Allí todavía no se ha adoptado una orientación equivocada en todos los aspectos. 
También espero que se conceda un lugar adecuado al transporte intermodal dentro del Sexto Programa Marco de Investigación. 
A nuestro modo de ver, los proyectos de demostración también deberían tener una orientación más estratégica en el futuro, es decir que se deberían aplicar a la interconexión de las redes modales parciales ya existentes. 
Otra consideración que hasta ahora no se ha planteado en estos términos es la posibilidad de estudiar las condiciones necesarias para la creación de nuevos agentes intermodales europeos. 
En efecto, este sector todavía carece de auténticos agentes. 
Una sociedad internacional que se hiciera cargo de la gestión global del transporte transalpino en todas sus modalidades, al menos teóricamente por el momento, podría sentar quizá un ejemplo. 
También apoyamos, como es lógico, la creación, repetidamente anunciada, de un centro de referencia europeo y esperamos que se lleva a cabo pronto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar las gracias al ponente de este informe por el buen trabajo realizado. 
Nuestro Grupo apoya la aprobación de este informe con todas las enmiendas. 
Hoy por hoy, la intermodalidad resulta cara debido a los costes de desgaste por fricción, a la ineficacia, a las carencias de las infraestructuras y, en parte también, a la preferencia por los transportes terrestres. 
Tanto este informe como la comunicación de la Comisión proponen muchas medidas dignas de apoyo encaminadas a incrementar el volumen de los transportes intermodales. 
Hay que servirse eficazmente las nuevas tecnologías, por ejemplo, extendiendo el comercio electrónico de tal manera que sea posible confeccionar las rutas y servicios más adecuados para cada tipo de operación. 
Quisiera destacar también que esta modalidad de transporte es el sistema más eficaz en largas distancias. 
A la hora de desarrollar el transporte, hay que dar preferencia a las regiones periféricas y a todas aquellas zonas con serias carencias en el marco de las redes transeuropeas. 
En las zonas colapsadas de actividad, es esencial desarrollar los sistemas de recogida y reparto de mercancías. 
Señor Presidente, señora Comisaria, antes que nada quisiera dar las gracias a la Comisión y a nuestra ponente por su trabajo. 
Como ya hemos hablado mucho de este tema seré muy breve. 
Hemos podido comprobar que en los últimos años se ha producido un cambio en la utilización de los modos de transporte, aunque la forma y la medida en que este cambio se ha manifestado dejan aún bastante que desear. 
Desde esta perspectiva es importante observar que los propios modos de transporte, a saber, el ferrocarril, la navegación interior y la navegación costera, están creciendo y que se ha creado un marco de libertades políticas en el que se ha optado por la liberalización, la interoperabilidad y otra serie de cuestiones gracias a las cuales el sector podrá aprovechar la coyuntura. 
Pese a ello creemos necesario que sobre todo las pequeñas y medianas empresas fortalezcan su posición. 
Como es previsible que en algunas ocasiones necesiten ayuda para conseguir este objetivo, hemos presentado una enmienda sobre diversas formas de ayuda pública para las pequeñas y medianas empresa, también para fines medioambientales. 
Además, no estoy yo tan seguro de que el proyecto Galileo aporte ventajas en ese sentido, pero será mejor que hablemos de este tema en otro momento. 
Quiero subrayar que debido al preocupante crecimiento del transporte, también a través del comercio electrónico, el transporte intermodal no es más que una gota de agua en el mar. Tendrá que desarrollarse mucho más. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, seguridad vial, intermodalidad, costes de las infraestructuras de transporte: veo estos temas sucediéndose en el orden del día de hoy desde la óptica de quien se ocupa de los problemas de las montañas, en particular de los Alpes. 
La seguridad vial recuerda, lamentablemente, la tragedia del túnel del Mont Blanc, ejemplo de la necesidad de contar con una coordinación europea que garantice la seguridad en los túneles ya operativos y en construcción. 
Cabe hablar asimismo del tema de la intermodalidad a través de los Alpes donde, a partir de la decisión de Suiza de invertir fuertemente en ferrocarriles, se registra un grave retraso en la construcción de los demás ejes y de otros túneles ferroviarios, ya previstos en los textos comunitarios como, por ejemplo, el Turín-Lyon-Brennero o en curso de debate como el Aosta-Martigny. 
Está claro que si el tema de los costes de las carreteras evoca los principios "quien rompe paga" o "quien contamina paga" los transportes en la zona alpina precisan menos TIR y más trenes en el futuro. 
Entretanto, a corto plazo será necesaria una seria contigentación de los camiones en tránsito, como la que deberá fijarse para el túnel del Mont Blanc tras su reapertura que tendrá lugar a finales de este año. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Poli Bortone por este ambicioso y constructivo informe y, además, por su intervención, que constituyen un gran apoyo a las actividades de la Comisión en este campo. 
Asimismo, quiero agradecer la participación de todos los diputados que han intervenido hoy en el debate. 
La Comisión está de acuerdo en que un sistema eficiente de transporte intermodal de mercancías es clave para la Unión y para los países en vías de adhesión y, desde luego, es esencial si queremos garantizar una movilidad en los próximos años. 
Creo que de él dependen la eficiencia de un mercado único ampliado, la competitividad de nuestras industrias y el desarrollo duradero de la Unión. 
La Comisión evaluará las infraestructuras de transporte intermodal en los países de la Europa Central y Oriental para, de este modo, facilitar la revisión de las orientaciones sobre la red transeuropea de transportes. 
El centro europeo de referencia del transporte intermodal, con sede en Estrasburgo, estará operativo este mismo año y recabará la información que necesita la industria intermodal y que podrá servir para elaborar nuevas políticas. 
La Comisión tiene intención de continuar apoyando el transporte intermodal, mediante la investigación a través de los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico y, también, prorrogando y ampliando las acciones piloto del transporte combinado, las llamadas "Pilote actions for combine transport" (las "PACT"). 
Como señala el informe, habrá que invertir en la infraestructura necesaria y en su gestión. 
En ese sentido, hay diversas intervenciones- la del Sr. Caveri, por ejemplo- que solicitan que se cultiven los grandes ejes viarios que ya están en los "TEN". 
Queremos estudiar la utilización de los recursos presupuestarios existentes, replanteando su utilización, para fomentar la asimilación a gran escala, por parte de la industria, del transporte intermodal. 
Y tengo que decirles, Señorías, que espero, por el grado de desarrollo y corrección, que estemos ya en los últimos retoques. 
Con respecto al Libro Blanco sobre la política común de transporte, así como la remisión de las redes transeuropeas revisadas, que les he prometido a sus Señorías, espero que en las próximas semanas la Comisión pueda aprobar definitivamente un texto al respecto. 
El transporte intermodal es uno de los elementos claves en el mismo. 
Nos encontramos en una fase importante en el desarrollo del transporte intermodal, ya que tenemos que pasar de propiciar acciones y proyectos piloto a conseguir que la industria los incorpore de manera generalizada. 
El trabajo que hemos emprendido ha confirmado que en Europa existen conocimientos, sistemas y tecnologías que permiten este tipo de actividades que facilitan el transporte de mercancías de manera segura y duradera. 
Las políticas de tarificación que presentaremos vendrán a apoyar la competitividad del transporte intermodal. 
Finalmente, quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con las propuestas para desarrollar sistemas electrónicos compatibles, que han formulado distintos oradores, entre otros, la ponente, el Sr. Stockmann o el Sr. Pohjamo. 
Sistemas electrónicos compatibles que apoyen, en concreto, el transporte intermodal: estos instrumentos de apoyo son un requisito previo para conseguir un transporte europeo eficiente, con una buena relación coste-eficacia y respetuoso del medio ambiente. 
Me alegro, también, del acuerdo entre Parlamento y Comisión sobre esta cuestión, y puedo asegurar que los servicios de la Dirección General TREN continuarán desempeñando un papel activo en el fomento del transporte intermodal. 
Quiero concluir dando las gracias a la ponente y a todos los oradores y espero seguir contando con su trabajo y su colaboración sobre esta misma materia, con motivo de la discusión del Libro Blanco sobre el transporte. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Facturación de las infraestructuras de transporte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0345/2000) del Sr. Paolo Costa, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la tarificación de las infraestructuras. 
. (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, me satisface presentar este informe de iniciativa elaborado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo con miras a que avance una materia que, tras este trabajo, espero pueda parecer algo menos complicada. 
El informe, como es sabido, se basaba en un Libro Verde de la Comisión del año 1995 que pedía medidas de internalización de los costes externos medioambientales, de seguridad, de congestión, para convertir en más justa y eficaz la imputación de los costes de las infraestructuras de transporte a los usuarios. 
Fundamentalmente, el informe pide a la Comisión que intervenga armonizando las definiciones de costes internos y externos, armonizando o estableciendo los sistemas de cálculo y la cuantificación de los mismos, dejando naturalmente la aplicación de estas medidas a la subsidiariedad y a la intervención de las decisiones que tomarán los Estados miembros. 
El corazón del informe, en mi opinión, hace que esta indicación de aplicación del principio "quien contamina paga" se inserte en el principio más amplio del usuario pagador. 
Ésta es la contribución que se ofrece, con dos consecuencias que quiero subrayar en esta presentación: la primera es que si, gracias a la metodología que esperamos conseguir de la Comisión y que confiamos en poder aprobar, lograremos contar con una más clara definición e imputación de los costes internos y externos a los usuarios, crearemos las condiciones para poder desplazar el problema del costo financiero de las infraestructuras de los puros recursos públicos, de la fiscalidad general hacia los usuarios como tales. 
En consecuencia, esto permite hacerse una idea del gran esfuerzo que Europa- la de hoy y la de mañana- tiene que realizar en el proceso de reinfraestructuración de sus posibilidades, el esfuerzo de hacer participar el capital privado en esta operación que, de lo contrario, no sería posible si no conseguimos identificar esta situación. 
El siguiente paso que se ha de dar es considerar que, cuando la imputación de algunos de estos costes ya no está justificada- pienso en las autopistas italianas, ampliamente amortizadas- estos costes que hoy existen podrían generar unos fondos que se podrían utilizar en la hipótesis de un subsidio cruzado, al objeto de que ciertos costes imputados a los usuarios de las carreteras sirvan para mejorar las infraestructuras de modo competitivo y seguramente más respetuoso con el medio ambiente. 
Todo este sistema, repito, que desplaza el costo de la financiación del Estado hacia los usuarios, debe tener una salvaguardia, y es el último principio introducido, según el cual aquellos usuarios que se encuentran en condiciones muy difíciles, discapacitados o que residen en zonas alejadas, rurales o periféricas, puedan quedar exentos del pago de una cuota y, en consecuencia, se pueda replantear una serie de intervenciones, incluso estatales, en este sentido. 
La ambición que se ha tratado de llevar adelante con este informe estriba en reunir algunos de los principios fundamentales que ya mencionado: el principio del usuario pagador, el principio de quien contamina paga, el principio de la posibilidad de subsidios cruzados, etcétera. 
¿Cómo se puede llegar a esto? 
La sugerencia metodológica que aquí se hace, es que ya existe en Europa una serie de buenas prácticas que hemos tratado de explorar y de reunir en un seminario, cuyos documentos pondremos a disposición de todos aquellos que quieran profundizar la cuestión y que pudimos financiar gracias también a la ayuda de la Comisión. 
Pues bien, estas prácticas hoy se pueden, en mi opinión, generalizar y poner a disposición de todos. 
De ello resultaría- creo que ha llegado el momento- la posibilidad de contar con indicaciones operativas para orientar concretamente la política europea en esta dirección. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, apreciado ponente, estimados colegas, yo quisiera dirigir un gran elogio al colega Paolo Costa que, tras varios años de intensas disputas en esta Asamblea sobre el enfoque adecuado para la imputación de los costes de las infraestructuras, ha conseguido un amplio consenso mediante su informe. 
Señora Comisaria, señora Vicepresidenta, yo confío en que mañana, después de la votación, vuelvan a examinar todos los borradores del Libro Blanco sobre la política de transporte y comprueben si éste responde a la orientación que propone la Asamblea. 
En efecto, la Comisión suele presentar habitualmente propuestas que tienen en cuenta la opinión de los Estados miembros y en el futuro quizá también debería tener más en cuenta al Parlamento. 
Yo creo que el informe Costa ofrece una oportunidad para revisar algunos hábitos muy arraigados en los servicios. 
También espero que no se confunda el tema del Libro Blanco con el tema de las redes transeuropeas de transporte. 
La revisión de las redes transeuropeas está pendiente y ambos son temas de gran calado. 
Sería muy desacertado, a mi parecer, presentarlos al Parlamento dentro de un mismo paquete, puesto que de hecho se trata de dos temas separados. 
Permítanme que añada sólo unas pocas observaciones sobre el informe Costa. 
En la enmienda 1 se expresa claramente que deseamos una imputación de los costes de las infraestructuras vinculada a su utilización y en función de los costes de construcción, ampliación y mejora. 
Esto es lo más inmediato. 
La armonización de dicha imputación de los costes tiene dos objetivos que no se deben perder de vista. 
El primero es completar por fin la realización del mercado interior en este sector. 
En efecto, si se considera que todavía se producen enormes distorsiones de la competencia debido a las diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a las cargas fiscales y de otro tipo, y que esto ocurre ocho o nueve años después del pleno establecimiento del mercado interior el 31.12.1992, es inevitable plantearse el tema de la igualdad de las condiciones de competencia. 
En segundo lugar, tras las subidas explosivas de los precios del petróleo del año pasado, todos estamos de acuerdo en la práctica en que, cualesquiera que sean los cambios que queramos introducir para disponer de un sistema más equitativo y más respetuoso con el medio ambiente, éstos no deberán incrementar las cargas globales para las empresas. 
No queremos provocar aumentos especulativos de los precios. 
Como último punto, en lo que respecta a los costes externos, yo quisiera hacer dos peticiones. 
En primer lugar, hace unos tres años, el Parlamento en pleno decidió pedir la elaboración sobre una base científica de una definición de qué se entiende, de hecho, por costes externos. 
¿Cómo se deben calcular e imputar? 
En segundo lugar, también se debe establecer una diferenciación en el cálculo de estos costes externos. 
Voy a citar sólo un ejemplo: los costes de los atascos. 
Sería absurdo gravar a una empresa por los atascos que sufren los conductores debido a que los Estados miembros no han ampliado las carreteras e imponer a dicha empresa- que ya ve aumentados sus costes de gasolina y de personal- el pago de tasas adicionales al Estado, que es el causante del atasco. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Costa, por su excelente trabajo sobre el que es un dossier muy difícil, detallado, pero importante. 
Atasco, contaminación, paralización total del tráfico, calentamiento del planeta, inundaciones, tiempo insólito. 
¿Ha llegado el fin del mundo? 
No, es sólo hora punta en mi región. 
Los mismos problemas se repiten en regiones y Estados miembros de toda la Unión Europea. 
Todos padecemos las mismas crisis de transporte y puede que existan soluciones comunes a estos problemas comunes. 
Todos debemos reconocer el hecho, por ejemplo, de que la causa del calentamiento global que crece con mayor rapidez son los gases que emite el sector de transportes. 
No hay duda, colegas, de que hay que hacer algo. 
No obstante, como todos sabemos, todos quieren que sea otro el que lo haga. 
Éste es nuestro reto. 
Espero que el trabajo del Sr. Costa, su informe y las conclusiones que saquemos mañana proporcionen un marco en el que podamos comenzar a resolver estos problemas. 
Debemos fomentar un mejor conocimiento de nuestros problemas comunes y, también, encontrarles soluciones comunes a nivel de la Unión Europea, pero sobre la base del consenso y del conocimiento mutuo. 
En segundo lugar, debemos fomentar el intercambio de ideas. 
Muchas localidades y regiones tienen ideas excelentes, y esos conocimientos y esa información deben ser difundidos por toda la Unión Europea. 
Es más, y ésta es mi tercera observación: Europa debe desempeñar un papel fundamental en la divulgación de la mejor práctica en lo que se refiere a la mejor forma de superar el reto del transporte. 
Y en cuarto y último lugar, en términos de lo que puede ser la contribución de Europa dentro del marco de esta iniciativa en particular, espero que los gobiernos, las autoridades locales y aquéllas responsables de la tarificación y de fijar las tasas actúen dentro de un marco desarrollado e integrado a nivel europeo, y que lo hagan juntas. 
No obstante, quiero decir que existe una gran preocupación y ansiedad por esta iniciativa concreta de la Comisión y también por el informe del Sr. Costa, aunque personalmente pienso que muchos de esos motivos de preocupación han quedado despejados plenamente en comisión, donde sé que el trabajo del Sr. Costa ha obtenido un amplio apoyo por parte de todos los partidos. 
Una de las causas de preocupación era, por ejemplo, el tema de la subsidiariedad. 
Pero este punto quedó de sobras zanjado cuando dijimos a la Comisión que debía desempeñar un papel fundamental en el intento de reunir toda esta investigación. 
Pero, está claro que los Estados miembros y su papel serán plenamente respetados en términos de sus derechos a determinar sus propios niveles de tarificación. 
Es más, el trabajo que hemos realizado ya ha obtenido y se ha asegurado un amplio apoyo. 
Puedo remitirles a una carta de la organización que representa a clubes de automovilistas de toda Europa, entre los que se incluyen, por ejemplo, el AA y el RAC, en la que se declaran ampliamente a favor y se solidarizan con nuestro trabajo, porque saben que a menos que Europa tome la iniciativa en este asunto, a menos que comencemos a reunir las mejores ideas procedentes de toda la Unión Europea, las ciudades y las zonas rurales continuarán sufriendo niveles inaceptables de atascos y de contaminación. 
Recomiendo el informe del Sr. Costa, su trabajo y, sobre todo, su capacidad de reunirnos a todos en torno al único objetivo común de intentar superar la crisis del transporte. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar las gracias al ponente de este informe, al Sr. Costa, por el trabajo tan extraordinario que ha realizado. 
Gracias también por la interesante serie de seminarios, donde el asunto fue tratado con ejemplos muy ilustrativos. 
Considero importante que este asunto esté ya en manos del Parlamento. 
El informe parte acertadamente de la base de que sean los usuarios quienes paguen los costes relacionados con la construcción y mantenimiento de las infraestructuras de transporte. 
La tarificación de las infraestructuras de transporte debe tener en cuenta los gastos ocasionados a la sociedad, pero también hay que considerar el principio de solvencia de los usuarios y la necesidad de apoyar las zonas alejadas. 
La facturación de las infraestructuras cobrará importancia en el futuro como una medida de orientación. 
El sistema de facturación deberá ser tan flexible y dinámico que sirva de incentivo para la adopción los nuevos servicios técnicos. 
Sin embargo, a la hora de establecer el tipo de impuestos y de tarifas, debemos encargarnos de que no se den imposiciones fiscales dobles. 
La facturación engendra aún muchos problemas. 
La recuperación de todos los gastos por medio de tarifas sólo es posible en las zonas con mucha actividad en el transporte. 
Sin embargo, las circunstancias varían notablemente de unas zonas a otras, por lo que no es posible aplicar los mismos criterios de tarificación en todas partes. 
Las largas distancias, la poca densidad de población y las circunstancias climáticas adversas deben ser tomadas en cuenta a la hora de establecer los baremos para calcular la tarificación, tal y como se indica en el informe. 
A mi juicio, es importante que se hagan estudios sobre los impactos antes de llevar a la práctica los instrumentos de facturación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quisiera manifestar mi gratitud hacia el Sr. Costa por todos sus esfuerzos, empezando por el seguimiento de las labores del grupo de trabajo de alto nivel, puesto que se trata de un informe de propia iniciativa. 
Todo este empeño ha culminado en un informe que, a nuestro modo de ver, carece de fuerza, especialmente de cara a la Comisión. 
En realidad esperamos de la Comisión bastante más que lo que se pueda desprender de lo que, en cierto modo, queda del informe COSTA inicial. 
Déjenme que lo explique. Incluso me siento levemente irritado. 
De vez en cuando tengo la esperanza de que seamos lo suficientemente inteligentes como para llegar a comprender ciertas cosas y luego actuar en consecuencia. 
Llevo ya mucho tiempo esperando que se celebre un debate razonable y racional sobre la tarificación justa que aporte medidas concretas. 
Tanta demora me irrita. 
Si me permiten establecer una comparación con la forma en que por ejemplo Alemania, pero también otros países, entre ellos el mío, están replanteando el debate sobre la modificación de la política agrícola a raíz de los problemas relacionados con la seguridad alimentaria, vaticino que algo similar ocurrirá con la política de transportes, habida cuenta de los actuales problemas medioambientales, el reiterado fracaso de las conferencias del clima, etcétera. 
Asimismo me irrita que casi todo el mundo siga ocultándose tras el pretexto de que no existen métodos científicos para estimar los costes, de los accidentes sí, de lo otro no. Me cuesta entenderlo. 
Por ello espero que el Libro Blanco incluya acciones concretas, como las que en un principio estaban presentes en el informe del Sr. Costa. Hemos vuelto a presentar algunas de ellas muy a conciencia. 
No pretendemos que sean aprobadas por todos; sólo queremos emitir una señal a la Comisión para que, por fin, se decida a coordinar o, mejor aún, armonizar dichas medidas, entre ellas la recaudación de un impuesto sobre el kilometraje. Necesitamos una normativa europea para impedir que algunos países sí actúen y otros no. 
Mientras que unos países sostienen que las medidas no están justificadas científicamente otros países las aplican sin más, lo cual es sin duda muy extraño. 
Es por eso por lo que hemos vuelto a poner sobre el tapete algunos temas con la esperanza de que algunos de ellos sean adoptados. 
Por lo demás, tan sólo me resta desearles a todos mucho ánimo con la concreción de este proyecto. 
Señor Presidente, al igual que mis colegas, quisiera manifestar hasta qué punto es importante el trabajo que han realizado el ponente y la Comisión de Transportes, al integrar un número tan elevado de enmiendas. 
Pero me gustaría volver sobre una serie de puntos que considero necesario subrayar para dar a este informe toda la eficacia necesaria. 
En primer lugar, me parece indispensable recordar que se trata, ante todo, de promover el carácter sostenible del transporte, como medio indispensable a largo plazo para proteger nuestro medio ambiente y evitar la saturación. 
A este respecto, considero que no se puede poner en el mismo plano el transporte de flete y el transporte individual. 
El primero se beneficia actualmente, como actividad económica, de medidas que lo favorecen, mientras que el segundo responde a una libertad fundamental, la de poder circular. 
Hay que desarrollar la oferta de opciones de calidad en los distintos medios de transporte. 
Y ello nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de promover servicios de interés general de calidad en estos sectores tan importantes para la población y la economía. 
En segundo lugar, me parece necesario identificar los problemas prioritarios. 
Tampoco se puede situar en el mismo plano a los usuarios del ferrocarril y a las empresas de transporte por carretera. 
En efecto, la carretera repercute sobre el conjunto de los gastos soportados por la sociedad: costes medioambientales y costes en accidentes. 
Todos los estudios lo demuestran claramente. 
Es un dato que hay que tener en cuenta prioritariamente para la acción comunitaria. 
Por último, en lo concerniente a la modificación de las tarificaciones, pienso que éstas no deben encarecer los costes, y en particular los soportados por los usuarios. 
Todo sistema de tarificación, como propone una de las enmiendas de mi Grupo, debe favorecer la promoción de los servicios de interés general que prestan determinados servicios de transportes, con el fin de garantizar la calidad, la seguridad y la igualdad de acceso, a costes asequibles, de todos los ciudadanos a dichos servicios. 
Señor Presidente, señora Comisaria, sepan que nuestro Grupo no está convencido de la necesidad de todas las competencias actuales. 
En eso estamos todos de acuerdo aquí en el Parlamento. 
Por ello me asombra que las opiniones acerca de este tema estén tan divididas. 
Al fin y al cabo hemos acordado entre todos que debemos luchar por una política de transportes sostenible que garantice no sólo la movilidad actual sino también la del futuro. 
Desde esta perspectiva es necesario que el usuario de los diferentes modos de transporte corra con todos los costes que genere a fin de reparar o, en su caso, prevenir el daño ocasionado. 
Se trata tanto de los costes internos de infraestructura como de los costes externos, más difíciles de desglosar y asignar. 
La presente resolución subraya una y otra vez que en esta fase es preciso cuantificar minuciosamente los costes internos. 
Por mucho que dichos costes representen una parte sustancial del total de costes ocasionados, es falso suponer que ello permite conocer los costes globales. 
Ahora bien, el hecho de que no se conozca el importe exacto de una partida de costes determinada no es una razón legítima para no incorporarla a la metodología que se vaya a elaborar. 
A este respecto suscribo plenamente las enmiendas del Sr. Bouwman, del mismo modo que me he identificado con su discurso. 
Por otra parte, coincido con los colegas más vacilantes en que es preciso impedir que la tarificación de todos los costes ocasionados reduzca el margen de los transportistas hasta tal punto que comience a peligrar su supervivencia. 
Sostengo, sin embargo, que la mejor manera de evitar que esto ocurra no consiste en mantener los precios de transporte en el nivel más bajo posible, tarificando un mínimo de costes, sino que debemos prestar a los transportistas la necesaria ayuda jurídica para que los costes ocasionados acaben siendo pagados por el grupo al que le corresponda pagar, es decir, el usuario final. 
Por último, quisiera señalar que desde el punto de vista de la competencia lo ideal sería que todos los modos de transporte recibieran un trato idéntico. 
Sin embargo, éste no debe ser nuestro único punto de partida. 
En nuestra lucha por una movilidad sostenible hemos de optar por aquellos modos de transporte que menos daño causen a nuestra sociedad y a nuestro entorno vital. 
Aunque en términos de competencia tal vez no sea muy oportuno que apoyemos el desarrollo de este tipo de transporte, dicho procedimiento está plenamente justificado, también desde el punto de vista político, puesto que nos ayuda a conseguir nuestro objetivo. 
Comprenderá que la presente resolución no merece mi apoyo incondicional. 
Señor presidente, señora Comisaria, yo también quiero iniciar mi intervención agradeciendo al ponente no solo la gran cantidad de trabajo que ha realizado que es realmente excelente, sino también y sobre todo la disponibilidad que ha mostrado al acoger las sugerencias, las enmiendas, las propuestas que toda la comisión ha formulado, tanto es así que creo que se puede decir que éste es un informe fuertemente colegial de toda la comisión. 
Por otra parte, entendemos que la situación actual es muy clara, el Libro Blanco y el Libro Verde son una fotografía de la misma: existe una gran dificultad por los costes medioambientales que debemos soportar y por los costes sociales, por atentar contra la libre competencia que la diferencia entre los regímenes fiscales, la diferencia entre los impuestos que hay en nuestros Estados, entregan al sistema económico de los mismos. 
Por lo tanto, con este informe hemos diseñado un posible escenario, una vía por donde se puede caminar y ahora le corresponde actuar a la Comisión. 
Recuerdo los principios que todos compartimos: una mayor proporcionalidad en la distribución de los costes al uso, una atención a los costes sociales, pero también una protección de las zonas geográficas y de las capas sociales menos favorecidas, un "sí" a la sostenibilidad medioambiental pero, al mismo tiempo, también la confirmación del derecho a la movilidad como derecho universal. 
La única recomendación que me permito formular, señora Comisaria, es que todo esto está bien; en particular está bien también el pasaje del usuario pagador- "quien usa paga" -pero una advertencia: no podemos permitir que este principio se convierta en punitivo para los ciudadanos o para las empresas. 
Pasar al principio del usuario pagador implica entrar en la lógica de la prestación de un servicio por el que se paga un precio, motivo por el cual hemos de garantizar al ciudadano y a las empresas lo que quieren y por lo que están dispuestos a pagar: la calidad. 
La calidad en términos de transporte supone, en mi opinión, ante todo seguridad, accesibilidad, conexión de las infraestructuras. 
Si garantizamos esto habremos superado el gap en el que nos encontramos y creado una nueva expectativa. 
Señor Presidente, quisiera sumarme al concierto de elogios que se han dedicado a Paolo Costa, el ponente, porque es un tema extremadamente difícil y suscita opiniones muy contrastadas. 
Además, ha tenido que tratar muchas enmiendas. 
Creo que, al final, el texto que se ha presentado es coherente y claro, y no era cosa fácil. 
Pienso que el Parlamento Europeo ha aportado una útil contribución a la marcha de los trabajos futuros de la Comisión. 
La cuestión de la tarificación de las infraestructuras es probablemente una de las más difíciles de hacer comprender al público en general, pero quizás sea también la clave del objetivo de movilidad sostenible que perseguimos, ante las previsiones de un crecimiento considerable de los desplazamientos tanto de mercancías como de personas dentro de la Unión. 
Hoy sabemos que el modo de transporte más contaminante, es decir la carretera, se beneficia de ventajas tarifarias tanto en lo que se refiere a la financiación de sus infraestructuras, que a menudo corre por cuenta de la colectividad, como en lo concerniente a su explotación. 
Por tanto, va a ser absolutamente necesario reequilibrar las tarificaciones, es decir el pago de los costes por los distintos modos de transporte al precio real, si realmente queremos conseguir que los desplazamientos sean mucho más respetuosos con el medio ambiente. 
Sin embargo, creo que debe saberse con toda claridad que el ferrocarril no está hoy está en condiciones de competir significativamente con la carretera, y probablemente no lo estará en muchos años, en particular para el flete o la intermodalidad, que representan prioridades imperiosas. 
Los costes de las infraestructuras y las necesidades de infraestructuras y de inversiones son aún considerables y no se remuneran suficientemente con los ingresos de las empresas ferroviarias. 
En cuanto a la explotación, sigue estando gravada por peajes demasiado elevados con respecto a la carretera. 
Por tanto, la cuestión de la tarificación es sin duda absolutamente capital y, si realmente queremos conseguir la transferencia modal, tendremos que tener la valentía de avanzar efectivamente hacia la denominada internalización de los costes externos, es decir, que la carretera pague lo que cuesta, que el ferrocarril pague lo que cuesta y que a la transparencia de los costes corresponda una verdad de los precios. 
Pero tampoco debemos ocultárnoslo, hay un obstáculo político a esto. 
El obstáculo político es que nuestros conciudadanos aspiran a la movilidad. 
Consideran que existe un derecho a la movilidad, creo que no hay que olvidarlo, y muy a menudo mezclan el transporte de mercancías con los vehículos particulares. 
Lo hemos visto el pasado mes de septiembre. 
Es preciso, pues, que nuestro enfoque sea prudente en el plano político y que sea, por un lado, gradual y, por otro, selectivo. 
Es preciso que sea gradual, porque no se pueden cargar a la carretera precios suplementarios mientras el ferrocarril no sea capaz de darle el relevo, y el ferrocarril no es capaz por el momento. 
Es preciso que sea selectivo, porque creo que habrá que disociar el transporte individual del transporte de mercancías, y que quizás habrá que empezar suavemente a gravar los camiones si realmente queremos conseguir un alivio significativo de las molestias que sufren regiones encrucijada como las nuestras. 
Señor Presidente, debemos dejar perfectamente claro que aquí no se trata de subir los impuestos ni de imponer nuevas tasas por encima de las ya existentes en el ámbito nacional. 
Se trata de un intento de encontrar un conjunto de criterios comunes, de componentes de los costes de infraestructura del transporte, y de reducir al mínimo las discrepancias sustanciales que existen en la Unión Europea. 
No obstante, compete a los Estados miembros fijar y recaudar las cargas impositivas, aunque dentro de un marco común. 
Actualmente no se asignan ingresos a la infraestructura del transporte. 
A menudo, así me consta en el Reino Unido, los ingresos se utilizan para reforzar las arcas del Estado. Estoy segura de que ocurre otro tanto en otros Estados miembros de la UE. 
Los costes del transporte deberían correr a cargo del usuario, pero los gobiernos no deberían cobrar a los usuarios rurales que no disponen de transporte público, y este informe deja muy claro este punto. 
El presente informe trata sobre la igualdad de condiciones para todos: no cobrar más, sino cobrar más eficientemente. 
Los transportistas por carretera del Reino Unido se quejan de que están en desventaja competitiva, lo cual es cierto. 
Los conductores de camiones que no son del Reino Unido no pagan el impuesto de circulación en el Reino Unido. 
La media del impuesto en otros países de la UE es diez veces más baja que el impuesto HTV. 
Lo mismo ocurre con el combustible diesel: es tres veces más caro en el Reino Unido. 
Esta diferencia distorsiona la competencia dentro de la Unión Europea. 
Los euroescépticos del Reino Unido en vez de criticar este informe, deberían acogerlo favorablemente porque contribuirá en buena medida a aliviar la pesada carga que soportan nuestros transportistas. 
Señor Presidente, yo no llego tan lejos como algunos de los colegas a los que oigo hablar esta noche. 
En la actualidad sólo tenemos constancia de que se han realizado inversiones en infraestructuras, por ejemplo en vías navegables y carreteras. 
Nadie sabe exactamente de qué cantidades estamos hablando. 
Por otro lado están los ingresos públicos procedentes del transporte, entre ellos el impuesto de circulación. 
Nadie sabe exactamente de cuánto dinero se trata, pero lo que sí sabemos con seguridad es que estos ingresos no se reinvierten directamente en carreteras y otras infraestructuras. 
El presente informe versa sobre el equilibrio entre ingresos y gastos, incluidos costes inmateriales como los que se derivan del medio ambiente o del ruido. 
Algunos son partidarios de que incluso los costes ocasionados por los atascos se carguen al ciudadano que se encuentra atrapado en ellos, de conformidad con el principio de que "quien contamina paga". 
Por eso es preciso subrayar que en estos casos quien contamina es el propio Gobierno, al menos en los Países Bajos. 
El informe que estamos debatiendo trata del balance de pago y del reparto de los costes sociales entre los diferentes modos de transporte. 
Fijémonos por ejemplo en el ferrocarril. 
Siempre se ha creído que el transporte por carretera contaminaba más que el tren, pero los estudios han demostrado que esto no es así. 
Así las cosas, hemos de preguntarnos qué es lo que queremos conseguir con esta visualización de los costes sociales. 
¿Estamos realmente dispuestos a atenernos a la realidad objetiva y racional de los costes de los modos de transporte o acabaremos por adoptar una decisión política cada vez que los resultados no nos agraden, por ejemplo si ello implica que los precios del tren se disparan? 
Como queremos que la gente viaje en tren hemos de abaratar este modo de transporte. 
Yo no digo que no, pero con tal de que se aplique otro método distinto. 
Es inconcebible que primero penalicemos la navegación y el transporte por carretera en nombre del modelo teórico para luego mostrarnos condescendientes con el ferrocarril. 
El transporte por carretera y de personas ya paga mucho más de lo que le corresponde. 
O llamamos a las cosas por su nombre para que todo el mundo tenga muy claro cuál es el asunto sobre el que puede pronunciarse a favor o en contra, o manejamos un sistema proporcional y equilibrado que incluya garantías para las personas discapacitadas, los habitantes de las zonas rurales que no tienen opción, y la competitividad de la Unión. 
Señora Comisaria, debo decirle que se ha metido en un atolladero puesto que tendrá que hacer frente a la pregunta de ¿por qué la aplicación de este sistema habría de limitarse al sector del transporte? ¿Por qué no se aplica a las fábricas de aluminio, los hospitales, las pistas de esquí, los centros comerciales, los edificios parlamentarios y las redes de alta tensión? 
Señor Presidente, me uno a las felicitaciones al ponente, Sr. Costa, pero quiero especificar que esta felicitación se debe no a su capacidad psicológica para aunar voluntades, sino a que ha incluido en el informe algunos factores que nos permiten estar unidos todos. 
Quiero resaltar dos, que son los que me llevan a apoyar el resto de sus propuestas. 
El primero es que en el informe, "recuerda que tales medidas necesitan una aplicación gradual y por etapas, basada en la transparencia y en una información suficiente". 
El segundo factor que ayuda a aprobar este informe es el de la subsidiariedad, porque, indudablemente, del informe del Sr. Costa se desprende con claridad- lo ha dicho con total transparencia- que va a haber un aumento de coste para los usuarios, que va a desplazarse el costo de la financiación de los Estados hacia los usuarios. 
Eso no lo podemos escamotear. 
Por tanto, se necesita esa graduación, que a mí me parece absolutamente necesaria porque, cuando hablamos de tarificación de costes internos y externos, con todo el significado de la palabra, que es en estos momentos difícil de concretar, estamos hablando de un aumento de coste para el usuario. 
Por tanto, de hecho, estamos hablando de favorecer el transporte por ferrocarril. 
Yo creo que ésta es una de las bases que justifican la tarificación. El hecho es que los transportes rodados por carretera- los automóviles- producen un impacto medioambiental neto y gravísimo, hasta tal punto que ellos solos están reponiendo y, por tanto, aumentando, lo que en el resto de las áreas industriales estamos ahorrando en gases de efecto invernadero. 
Pero, por otra parte, también, incidiendo sobre el conductor. Es evidente que esta tarificación va a incidir en un aumento del coste para el usuario para que piense en la posibilidad de utilizar transportes públicos y en la posibilidad de utilizar de una manera más racional- tanto para mercancías como para tráfico de viajeros- el ferrocarril. 
Creo que ésta es la clave que verdaderamente justifica el proyecto de tarificación de la Comisión y del Sr. Costa. 
Por eso le vamos a apoyar pero, indudablemente, esa graduación para que el consumidor pueda aceptar y asumir este proceso me parece fundamental. 
Señor Presidente, señora Comisaria, antes que nada quisiera felicitar al Sr. Costa por haber llevado adelante este complejo expediente. 
Estamos ante un tema engorroso. 
Aunque las 126 enmiendas son un claro indicio de que las opiniones divergen considerablemente, también es cierto que hemos logrado un planteamiento más realista. 
En grandes líneas coincido con el informe en que los costes sociales marginales del transporte han de reflejarse mejor en el precio. 
Me temo, sin embargo, que en la práctica las medidas previstas surtirán efectos inesperados e indeseables. 
Por eso mismo, aún harán falta muchos estudios antes de que los precios puedan calcularse correctamente. 
A este respecto no comparto la opinión del Sr. Bouwman. 
Uno de los efectos indeseables es que los costes del transporte por carretera subirán relativamente poco, entre un 10 y un 15%. Al contrario, los costes asociados al ferrocarril aumentarán más del 100%, frente al 50% de la navegación interior. 
Ello pondrá en peligro el objetivo perseguido: el cambio modal. 
Me preocupa asimismo que los costes del transporte puedan experimentar una subida sustancial, lo cual sería prejudicial para la posición económica de Europa. 
Por último, discrepo de la propuesta del ponente de hacer una excepción al principio de que "quien contamina paga" a fin de poder otorgar ayuda suplementaria, por ejemplo a regiones alejadas. 
Primero habrá que cerciorarse de que en la práctica esta medida no distorsione la competencia y no dé lugar a un incremento de los costes globales. 
Por la misma razón estoy en contra de las subvenciones cruzadas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, al informe Costa tiene el mérito de haber reabierto el debate sobre un marco común para la tarificación de las infraestructuras. 
Si queremos que el mercado interior funcione, necesitamos disponer de un sistema de transporte que también funcione y con unas condiciones de competencia iguales o por lo menos comparables para todos los participantes. 
La progresiva armonización de la tarificación de las infraestructuras es el paso más importante para ello. 
La decisión sobre qué costes- los totales o los marginales- se van a imputar es importante para el mantenimiento y gestión de las infraestructuras y la construcción de otras nuevas. 
No obstante, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades en materia de competencia es casi más importante que se alcance cuanto antes un acuerdo. 
Éste sólo deberá tener en cuenta un detalle: si se desean establecer también unas condiciones de competencia equitativas entre los diferentes modos de transporte, es preciso contemplar lo que siempre debatimos bajo el concepto de aplicación de los costes externos. 
Impedir este debate equivale a impedir la integración de los diferentes modos de transporte y, por lo tanto, es mera labor de lobby o política de presión a favor del statu quo. 
Ya aclararé en otro momento con el Sr. Jarzembowski quién plantea debates hipócritas en esta Asamblea; ahora sólo dispongo de dos minutos. 
Es urgentemente necesario establecer una tasa de pesos pesados de ámbito europeo vinculada al kilometraje, a la vez que se podría contemplar la reducción de los impuestos sobre los vehículos. 
Incluso muchas asociaciones de transportistas han llegado entre tanto a la misma conclusión. 
Sólo la aplicación del principio del "usuario pagador" a la tarificación de las infraestructuras permitirá disponer de un instrumento conforme a las reglas del mercado para hacer frente a la crisis que comienza a perfilarse en el transporte de mercancías, pues todos conocemos la expansión que cabe esperar en el transporte de mercancías: los incrementos como resultado de la ampliación y del comercio electrónico, que se sumarán, además, a las anteriores tasas de crecimiento. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al Sr. Costa por su magnífico informe y a todos los oradores que han intervenido por su participación en este debate. 
Me alegra poder decir que la Comisión acoge con gran satisfacción el informe y sus conclusiones. 
Me doy cuenta de la gran cantidad de trabajo y del enorme esfuerzo que ha realizado el ponente, Sr. Costa, para intentar lograr el mayor consenso posible, y eso ha sido celebrado por parte del Sr. Jarzembowski y por otros oradores. 
Y quiero decir que, en un asunto tan delicado y espinoso como es el de la tarificación de las infraestructuras, es un gran mérito- y quiero resaltarlo- haber obtenido no la cuadratura del círculo pero casi, porque es realmente difícil conseguir un consenso en una propuesta como ésta. 
Este informe se basa en una serie de seminarios con miembros del grupo de alto nivel de la propia Comisión sobre tarificación de infraestructuras y en una conferencia informativa sobre las mejores prácticas de tarificación de infraestructuras. 
Quiero decir con ello que se trata de un documento trabajado, elaborado, estudiado, y eso lo debemos en primer lugar al Sr. Costa y a los demás oradores, que han mostrado un profundo interés por un asunto tan espinoso y arduo. 
Por tanto, el informe está bien trabado y supone una sólida aportación a la comprensión de la política de tarificación de infraestructuras así como a su aplicación, cuestión clave para orientar una política de transportes y para poder sacar adelante una política que garantice un transporte, una movilidad duradera en el futuro, y hacer frente, de una manera racional a la extraordinaria demanda que vamos a tener que resolver en los próximos años. 
El informe también coincide con la política de la Comisión de tarificación de las infraestructuras de transporte. 
La Comisión cree que la falta de coordinación de las políticas fiscales, la falta de coordinación de la tarificación de los Estados miembros, obstaculiza la eficacia de las operaciones de transporte y limita el desarrollo del mercado único y la integración económica. 
El tratamiento de los diversos medios de transporte es igual, impone unos costes reales a las empresas europeas y a la sociedad en general. 
Por consiguiente, la Comisión ha propuesto la implantación gradual- y lamento que se haya ido el Sr. Izquierdo, porque no ha visto que, no sólo el Sr. Costa ha aceptado esa enmienda, sino que la Comisión celebra que lo haya hecho- de un marco armonizado de tarificación de infraestructuras en la Unión Europea que sea aplicable a todos los medios de transporte. 
La política de tarificación de infraestructuras de la Comisión proporciona un marco para la reforma de las tarifas e impuestos del transporte, con el fin de reflejar los costes medioambientales, de infraestructura y de gestionar la demanda del transporte. 
Se han conseguido avances, como es el caso de la aprobación, en diciembre, de las medidas sobre las infraestructuras ferroviarias por el procedimiento de conciliación. 
Sin embargo, queda mucho por hacer. 
Por ello, me alegra poder garantizar al Parlamento que las preocupaciones suscitadas por el informe en relación con la tarificación de infraestructuras se tendrán plenamente en cuenta en el próximo Libro Blanco de la Comisión sobre la política común de transportes, al que me he referido anteriormente y que, aunque con un cierto retraso respecto a las fechas iniciales, nos permitirá avanzar en la solución de uno de los problemas más complejos de esa política de transporte: la tarificación de las infraestructuras. 
Todo ello será posible gracias al magnífico trabajo de sus Señorías y, en especial, del Sr. Costa. 
Infinitas gracias, señora De Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(Se levanta la sesión a las 23.40 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, debo disculparme. No es una intervención oral sobre el Acta de ayer, sino sobre la de anteayer. 
Por desgracia, he visto demasiado tarde que no aparezco en la lista de asistentes. 
Sin embargo, estuve aquí todo el día y participé en todas las votaciones nominales y en las otras. 
Pido, pues, que se corrija esto. 
Señor Posselt, naturalmente, se corregirá el Acta para que refleje la verdad. 
Señor Presidente, la Sra. Maes no se encuentra en la sala. Está asistiendo a la sesión de la mesa de nuestro Grupo. 
Veo, sin embargo, que su nombre no figura en la lista de asistencia de ayer, aunque estaba aquí. 
Tomó la palabra en el debate acerca de la Presidencia sueca. 
Le pido, por tanto, que rectifique la lista de asistencia en este sentido. 
Así será, señor Staes. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señor Presidente, el lunes por la tarde, el Parlamento propuso que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales examinará la situación de los trabajadores del grupo europeo "Danone", que se ven amenazados con la supresión de 3000 puestos de trabajo en el sector de las galletas, de los que 1700 se suprimirían en Francia. 
Sin embargo, no sabemos cuándo va a reunirse la comisión para tratar este asunto y es urgente, ya que el comité del grupo europeo de Danone se reúne mañana. 
Los trabajadores de esta empresa se encuentran hoy en huelga, en todo caso en Francia, y quiero, en espera de su respuesta a propósito de esta comisión, afirmar mi solidaridad y la de mis compañeros con estos trabajadores, ya que es escandaloso que un grupo multimillonario pueda empujar al paro y a la miseria a miles de trabajadores en toda Europa. 
Señora Laguiller, le propongo que, dada la importancia y la naturaleza del asunto, se dirija al presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Sr. Michel Rocard. 
Señor Presidente, no sé si conoce la entrevista con un terrorista corso que publica hoy el Figaro en exclusiva. 
Se trata de un terrrista perteneciente a la organización Armata Corsa. 
La entrevista aparece en la primera del Figaro y menciona que Armata Corsa amenaza con próximos atentados en París y Estrasburgo si no son satisfechas las peticiones que formulan sobre presos y otros asuntos. 
El periódico afirma que publica la entrevista al objeto de informar a la opinión pública francesa del eminente peligro que se cierne, y menciona también, a título informativo, que en París se han adoptado medidas excepcionales para hacer frente a esta eminente agresión. 
Sobre Estrasburgo no dice nada. 
Quisiera someter a la consideración de la Presidencia este importante asunto y preguntar si lo conoce, si se han hecho las gestiones oportunas ante las autoridades de Estrasburgo para la adopción de medidas complementarias de protección del Parlamento; pues, por lo que tengo entendido, aquí cualquier persona puede entrar libremente al Parlamento, y me temo que podríamos enfrentarnos a situaciones peligrosas e imprevistas. 
Señoría, lo que quisiera decirle es que, en primer lugar, agradezco su información o, al menos, su divulgación. 
En el nivel del Pleno hay la sensación- que comparten, creo, todos los diputados- de que las instancias que gobiernan esta Asamblea prestan atención y conceden gran prioridad a la cuestión de la seguridad. 
Por tanto, creo que se está haciendo todo y se está examinando todo con vistas a garantizar un buen funcionamiento de esta Asamblea en Estrasburgo o en Bruselas en las mejores condiciones de seguridad posibles. 
En cualquier caso, agradezco su información. 
Señor Presidente, en calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre las condiciones de ingreso de la República Checa, me gustaría dirigirle una petición. 
Hemos sabido que en Cuba ha sido detenido un miembro del Parlamento checo, el Sr. Ivan Pilip. 
Se le acusa de espionaje. 
La verdad es que él se reunió con defensores de los derechos humanos y lo que hizo fue algo propio de un diputado de un Parlamento libremente elegido. 
Le ruego encarecidamente, señor Presidente, que inste a las autoridades cubanas a que liberen inmediatamente al Sr. Pilip y a su acompañante, porque el régimen cubano no tiene el derecho moral de querer enseñar democracia a diputados de un Parlamento libremente elegido. 
Se lo pido con mayor motivo aún porque en abril de este año debe celebrarse en Cuba una sesión de la Unión Interparlamentaria. 
No estaría justificado, evidentemente, que una sesión semejante se celebrase en un país en el que se detienen parlamentarios por hablar con defensores de los derechos humanos. 
Muchas gracias, señor Schröder, transmitiré su información y su preocupación- que compartimos, creo, todos nosotros- a la Presidenta del Parlamento, Sra. Nicole Fontaine, que no dejará de afirmar la posición de principio del Parlamento a ese respecto. 
Señor Presidente, quisiera pedir que se tomen en serio las amenazas terroristas contra este Parlamento y que el Secretario General haga un plan para garantizar verdaderamente la seguridad de esta Asamblea. 
Repito lo que acabo de decir hace poco: creo que el Parlamento atribuye una gran prioridad a las cuestiones de seguridad, todos nosotros sentimos que las circunstancias en que trabajamos y la notoriedad del propio Parlamento lo convierten en un blanco. 
Por tanto, las instancias competentes están muy atentas a esa cuestión y a estudiar medidas de refuerzo a fin de que podamos trabajar con tranquilidad y seguridad. 
. (EN) Señor Presidente, quiero referirme también a la cuestión de la seguridad del Parlamento. Como usted recordará, el 28 de noviembre de 2000, el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía pronunció un discurso ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad Común y Política de Defensa de esta Cámara y fue interrumpido por unos manifestantes. 
Esta situación provocó una gran preocupación. 
En aquel momento, llamamos la atención de la Presidenta sobre este asunto, que nos prometió ocuparse de él y averiguar lo que efectivamente ocurrió y el modo en que los manifestantes accedieron al Parlamento, así como adoptar las medidas adecuadas para garantizar que estas cosas no vuelvan a ocurrir. 
En el contexto de lo que venimos debatiendo, la seguridad de esta Casa, me pregunto si usted va a abordar este asunto y examinar qué medidas se han adoptado para mejorar la seguridad, y si va a informar sobre este particular incidente del pasado mes de noviembre. 
Señor Van Orden, la Presidenta del Parlamento y la Mesa toman buena nota de su observación y en breve tendrá una respuesta a la importante cuestión que ha planteado. 
Participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0373/2000) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el informe de la Comisión (COM (2000) 120- C5-0210/2000- 2000/2117 (COS) ) sobre la aplicación de la recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión. 
- (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, es un hecho que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales son una realidad muy reciente. 
Apenas en el siglo xx han conquistado las mujeres el derecho a acceder a la educación, a las ciencias, a las artes, al trabajo asalariado, y han sido por fin reconocidas como entes con derechos políticos. 
El siglo xx comenzó con la lucha de las mujeres por la conquista del derecho a voto. 
En los umbrales del siglo xxi las reivindicaciones de la mitad de la población del planeta se centran en la consecución de una justa distribución entre los dos sexos de todas las responsabilidades y de todas las obligaciones en todos los ámbitos de la vida económica, social, familiar y política. 
La necesidad de promocionar a las mujeres en los procesos de toma de decisión y de que en las instituciones democráticas haya una participación equilibrada de hombres y mujeres, reflejo del equilibrio entre los sexos previsto por la naturaleza, es condición necesaria de la democracia y la paz, así como de la cohesión y de la competitividad de la Unión Europea. 
En respuesta a esta necesidad y sobre el fundamento de las propuestas razonadas de la red europea de expertas formada por la Comisión en 1992, el Consejo adoptó en diciembre de 1996 una importante recomendación a los países miembros al objeto de que estos fomentaran la participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisión. 
Sobre la base de los datos aportados por los países miembros, hemos constatado un tímido progreso durante los tres últimos años, así como grandes diferencias entre los países miembros. 
Los mejores resultados corresponden a aquellos países que cuentan con una larga tradición en el fomento de la igualdad de los dos sexos, como Suecia y Finlandia, con porcentajes de mujeres en parlamentos y gobiernos que superan el 40%. 
Suecia, como es sabido, tiene un gobierno compuesto por 10 ministros y 10 ministras. 
Y, claro, en la orilla opuesta se encuentran países como Grecia e Italia con tasas de participación de las mujeres inferiores o en torno al 10%. 
El problema, desde luego, afecta no tanto a los escalones inferiores de la administración, cuanto a los altos cargos, donde se encuentran las verdaderas competencias para la toma de decisiones, para el ejercicio del poder, para el planeamiento y la organización del futuro de la Unión Europea. 
Sin duda se necesitan medidas audaces al objeto de hallar soluciones a los problemas y a las contradicciones que emanan de un obsoleto contrato entre los sexos. 
Necesitamos un nuevo marco institucional y social, que refleje plenamente los cambios hoy día operados. 
Un marco que garantice la igualdad de oportunidades, que garantice una justa y equilibrada distribución entre los dos sexos de todas las responsabilidades, de tal modo que cualquier decisión responda a los deseos, los valores, las prioridades, los intereses y las facultades de los dos sexos del género humano. 
Hoy, cuando las mujeres participan plenamente en el proceso productivo, cuando su participación en las universidades europeas es mayor que la de los hombres, es injustificable su exclusión de los centros de ejercicio de la política y de toma de decisiones; tampoco es justo que las mujeres soporten solas todo el peso de las obligaciones familiares y del trabajo doméstico. 
La cooperación y la codecisión de los dos sexos, el equilibrio femenino-masculino, de acuerdo con diferentes estudios e investigaciones, pueden tener como resultado un mundo más justo y equilibrado. 
Y este equilibrio, por supuesto, no puede substanciarse con una cuota inferior al 40% para cada sexo; porcentaje que ha sido aceptado especialmente por los países escandinavos, en los que se aplica desde hace años. 
No cabe duda de que una masa critica de mujeres en los centros de tomas de decisiones plantearía entre las prioridades de la agenda política asuntos relacionados con la calidad de vida, con la protección del medio ambiente, con la previsión y la política social, con la lucha contra las drogas y la trata de seres humanos, con la resolución de los conflictos por medios pacíficos. 
En esta dirección, en la dirección de la participación equilibrada de los sexos, se requiere la adopción de iniciativas y medidas concretas, como la revisión de las estructuras de los partidos y de los procedimientos de elección de candidatos. 
La legislación sobre financiación pública de los partidos deberá prever- tal y como recientemente ha decidido Francia- partidas complementarias para los partidos que garantizan el equilibrio entre los sexos en las candidaturas, y sanciones para los partidos que cuentan con un número reducido de mujeres. 
Los gobiernos, especialmente los de los países en los que la participación de las mujeres es inferior al 30%, deberán estudiar la adaptación o reforma de sus sistemas electorales. 
Igualmente, y para que la instauración de cuotas sea realmente eficaz, deberá esta acompañarse de otras medidas relativas a los partidos y a la adaptación del sistema electoral. 
Es también necesario hacer frente a los estereotipos, a través de la educación y de los papeles asumidos por los sexos desde la más temprana edad, así como cultivar la capacidad de las mujeres para participar al más alto nivel en calidad de dirigentes. 
Es necesario reforzar las infraestructuras sociales de atención y apoyo a la tercera edad. Finalmente, los países miembros deben incluir en la próxima Conferencia Intergubernamental modificaciones del Tratado, a fin de dotarnos de una sólida base legal que garantice una equilibrada participación de los dos sexos en los órganos institucionales de la Unión Europea, de tal suerte que de una vez por todas se haga realidad lo que es obvio, es decir, que el equilibrio natural entre los sexos tenga también su expresión en los centros de poder, y que ninguna decisión sobre el futuro de Europa se tome al margen de las mujeres. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, ¿cómo podemos conseguir que haya un equilibrio entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, tanto privado como público, tanto a nivel europeo como nacional? 
Necesitamos una estrategia efectiva que nos conduzca a medidas positivas. 
Hay que retomar la lucha contra la incomprensión y los clichés profesionales pasados de moda. 
Nuestra referencia son las mujeres conscientes de sí, bien predispuestas a asumir posiciones directivas y a participar activamente en la vida social. 
Pero para esto, las mujeres deben poder- al igual que los hombres- gestionar los trabajos del hogar con igual facilidad que las exigencias profesionales. 
En nombre del Grupo PPE/DE felicito a la Sra. Karamanou por su informe, que tantos párrafos importantes contiene, como por ejemplo la exigencia de que se valore el rol de la mujer o que se luche contra la escasa presencia femenina en órganos de dirección y decisión en las empresas y en los sindicatos. 
La falta de igualdad de oportunidades en el mercado debe ser contrarrestada con un fomento temprano del talento. 
Apoyamos también el fomento de estadísticas específicas de género para elaborar análisis sobre lo que es y lo que debería ser con capacidad prognosticadora. 
Estamos a favor de la cooperación entre ambos sexos y, por ello, queremos que los motivos de las mujeres, su visión de las cosas y su experiencia sean tenidos en cuenta. 
De hecho, enriquecen con ello el mundo de los hombres. 
Sobre algunos aspectos no ha habido mayoría de opinión entre los miembros del PPE en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Por ello una mitad votó a favor y la otra en contra del informe, en bella armonía paritaria. 
Las reservas principales las he incorporado en colaboración con Astrid Lulling en forma de cuatro enmiendas. 
Una de ellas ya la ha aprobado la Sra. Karamanou: el trabajo y la familia no deben seguir siendo considerados como un doble handicap de las mujeres, sino como una carga doble que ha de poder llevarse y que, en la práctica, han de poder llevar. 
Otra enmienda se dirige contra la disposición de que hay que enseñar a las mujeres aspectos necesarios para su carrera profesional, como por ejemplo a hablar en público y a tener una presencia pública autoconsciente. 
Por un lado, los hombres también tienen ahí déficit notables. 
Por otro lado, muchas mujeres de hoy no están esperando que se les ayude financieramente. 
Lo hacen solas, aprendieron a hacerlo solas desde hace tiempo. 
Las dos enmiendas más importantes se refieren, sin embargo, al rechazo de la fijación de cuotas. 
Sabemos que en los Estados miembros hay regulaciones muy diferentes. 
Unos tienen cuotas fijas, otros prorrateo. 
Unos quieren una especie de sistema de cremallera, esto es, un hombre y una mujer, y en otros se determina que los partidos pongan penas en dinero si el porcentaje de mujeres en las listas no se asegura suficientemente. 
Aquí debe intervenir el principio de subsidiariedad. 
No debe ocurrir que las medidas individuales tomadas por algunos Estados miembros a nivel europeo sean desarticuladas por la puerta de atrás. 
En otro párrafo se pide a los gobiernos que examinen las diferencias de grado que surgen debido a los diferentes sistemas electorales. 
Ésta no es tarea de los gobiernos. 
Es tarea de los partidos. 
Ellos deben establecerlas y precisar antes sus listas electorales. 
Es su obligación y no la del gobierno. 
Estas enmiendas nos parecen lo suficientemente importantes como para pedir una votación nominal. 
Si usted nos apoyase, señora Karamanou, su informe gozaría de una amplia mayoría. 
A quien de verdad le importe la igualdad de oportunidades, debe vigilar que no sólo esté bien planteado el objetivo, sino también bien estudiados los detalles. 
Cuanto más precisamente formulemos nuestra propuesta, mayor credibilidad tendrá, especialmente entre aquellos que aún no tienen suficiente experiencia en este ámbito, y más rápidamente lograremos hoy una amplia mayoría. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Grupo socialista ha empezado a facilitar el acceso a todas las ciudadanas de la UE a las funciones de toma de decisiones a nivel local, regional, nacional y europeo. 
La participación equitativa en tomas de decisión sociales y políticas no es sólo nuestro legítimo derecho, sino una necesidad social. 
No enriquecemos el mundo de los hombres, sino que lo compartimos en todos sus ámbitos. 
Al comienzo del nuevo milenio seguiremos luchando junto a nuestra colega Karamanou, a la que felicito por su empeño, para acercarnos al objetivo de una distribución paritaria del poder entre hombres y mujeres. 
El camino fue largo, desde el primer derecho electoral concedido a las mujeres en Finlandia en 1904 hasta las listas electorales paritarias en Francia, y todavía será largo hasta que consideremos obvio y natural que presidentas, alcaldesas, ministras y mujeres dirigentes de partidos sean una imagen cotidiana. 
La Unión Europea ha hecho aquí importantes avances. 
Hemos podido elevar el porcentaje de mujeres en el Parlamento hasta el 30%, por cierto que en los grupos de izquierda más que en los conservadores y de derechas. 
En la Comisión hay un 25% de mujeres, en los gobiernos de los Estados miembros un 24,8 %, en los Parlamentos nacionales un 22,5 %. 
Estoy orgullosa de que una buena noticia proceda de mi país. 
Tras una recomposición del gobierno alemán hemos podido alcanzar ahora una participación del 37,5 % de mujeres en el gobierno federal, mi Grupo, mi familia política. 
Con plena conciencia nos ponemos del lado e impulsamos la cuestión de la igualdad mediante las exigencias que el informe Karamanou plantea. 
Sólo pido a esta Asamblea que respecto de las tres cuestiones planteadas por el Sr. Mann sigan a la ponente, esto es, lo que dice el texto original presentado por la comisión. 
Rechazar las cuotas sería un camino equivocado que presentar a los partidos. 
Además, nosotros hemos apoyado las cuotas en el informe sobre la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijin. 
El camino correcto es utilizar todos los instrumentos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Karamanou por un informe realmente estupendo. 
Creo que ha sido escrito de forma modélica. 
El informe subraya claramente las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros, sin embargo, todos los países tienen algo en común: no existe igualdad entre hombres y mujeres. 
Tampoco en los países que están más avanzados y en este punto pienso, por ejemplo, en los países escandinavos. 
En éstos hemos avanzado mucho en el plano parlamentario, tanto entre los cargos electos como en el gobierno. 
Sólo se menciona a Suecia y a Finlandia, Dinamarca aparece en un aparte. 
Por ello me gustaría decir un par de cosas sobre Dinamarca. 
Quiero destacar que nueve de los veintiún ministros del gobierno danés son mujeres y que tanto el Ministro de economía como el Ministro de hacienda son mujeres. 
Mi propio partido tiene en la actualidad a cuatro ministras y a un ministro, además de a una mujer como jefe del Grupo parlamentario y a otra como presidenta del partido, siendo yo la única diputada al Parlamento Europeo. 
Afortunadamente nunca hemos abogado por los sistemas de cuotas, pues de haber sido éste el caso, creo que los hombres comenzarían a hacer uso de ellos. 
Sin embargo, también en los países escandinavos andamos escasos de mujeres en puestos de administración, en cualquier caso en los niveles más altos. 
Dinamarca no tiene nada de lo que alardear, y por lo que tengo entendido, tampoco Suecia. 
Como se dijo ayer, la delegación del Primer Ministro sueco estaba compuesta sólo por hombres. 
Personalmente creo que está relacionado con los requisitos exigidos a las mujeres en el sistema jerárquico. 
No obstante, podemos discutirlo. 
La globalización y las TIC (tecnologías de la información y de las comunicaciones) tirarán en dos direcciones diferentes. 
Las TIC presentan claramente una estructura plana y esto beneficia a las mujeres. 
La globalización presenta una estructura de concentración, lo que es una desventaja para las mujeres porque en general éstas pierden en el sistema jerárquico. 
Señor Presidente, diré para acabar que mi mensaje más importante es que podemos alegrarnos increíblemente de la cooperación en el plano europeo, pero que debemos reconocer que son problemas muy diferentes aquellos a los que los diversos países se enfrentan y que por ello son precisas iniciativas totalmente distintas. 
Hemos de separar entre las cosas que a todos nos alegran en la Comunidad, por ejemplo, estadísticas comparables, y los ámbitos donde es evidente que sólo podemos inspirarnos mutuamente. 
Esta postura no será menos actual con respecto a la ampliación. 
Se trata de países que seguramente tengan listas sus legislaciones pero no sus realidades y aquí realmente será precisa nuestra ayuda comunitaria. 
. (EN) Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Karamanou por su magnífico y exhaustivo informe. 
Uno de los principales asuntos del mismo trata de la necesidad de una estrategia integrada. 
Si queremos poner fin al enorme desequilibrio en la representación de hombres y mujeres, no sólo en la esfera política, sino también en la toma de decisiones a todos los niveles, esta es una cuestión fundamental. 
Hemos de tener presente que justamente el año pasado la Presidencia finlandesa examinó nueve sectores de los Estados miembros, incluidos las cámaras de representación nacionales, regionales y municipales, la administración pública y los órganos jurisdiccionales superiores. 
En todas las esferas examinadas constató que las mujeres estaban infrarrepresentadas. 
La existencia de estos problemas viene reconociéndose desde hace largo tiempo, pero los progresos en la solución de los mismos han sido muy lentos. 
En estos informes nos repetimos constantemente a nosotros mismos reclamando una mejor calidad de las estadísticas y de la formación, campañas de concienciación para animar a más mujeres a entrar en la vida política de la misma forma en que muy a menudo se han convertido en figuras relevantes en sus propias comunidades y grupos locales, así como medidas que hagan más fácil a los hombres y mujeres compaginar trabajo y vida familiar. 
Tenemos que seguir diciendo estas cosas porque son necesarias. 
Pero, además, necesitamos una actuación positiva, tales como la imposición de cuotas, para cambiar realmente las cosas. 
Este informe no impone qué debe hacerse en los diferentes Estados miembros, pero sí invita a los Gobiernos a examinar su particular situación y a actuar para mejorar el equilibrio entre hombre y mujeres mediante la adopción de medidas legislativas, si fuera necesario, como ya han hecho algunos. 
Estas medidas han resultado satisfactorias allá donde han sido adoptadas, y no sólo en el sentido de conseguir un mayor número de representantes femeninas en los Parlamentos, sino también en el de despertar conciencias, proporcionando buenos ejemplos para otras mujeres- jóvenes en particular- y mejorar el debate y los procesos de decisión en todos los niveles. 
Por ello, el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea prestará su apoyo a todas las conclusiones del informe, porque contribuirá a alcanzar la igualdad y la democracia real. 
Señor Presidente, en el Diccionario Histórico de la Mujer puede leerse bajo el título de patriarcado, lo siguiente: 
" Sistema social basado en relaciones jerárquicas entre hombres, en el que los procesos de toma de decisión son controlados desde arriba y las mujeres, como sexo, tienen una condición inferior. 
Su justificación ideológica es un sistema de valores creado por pensadores masculinos y fundamentado en su percepción de la realidad. 
La base material del sistema está constituida por una división del trabajo por sexos, que en todos los niveles de la jerarquía asigna a las mujeres tareas sin remuneración o las peor remuneradas. 
El requisito es el control de la sexualidad y la fertilidad de las mujeres. 
Este control presupone, a su vez, violencia estructural contra las mujeres y que ellas se repriman a sí mismas ". 
Señor Presidente, quisiera detenerme un instante en esto de la autorrepresión. 
Los representantes del PPE no sólo se oponen a las cuotas en esta Asamblea- por alguna extraña razón les dan terror las cuotas por sexo- sino que lo hacen en todos los estratos sociales. 
Se dice que las mujeres deberían valerse de sus méritos, pero quisiera formular una pregunta que, obviamente, los empleadores y los líderes políticos varones nunca harían: ¿qué méritos quieren ver? 
Es sabido que los hombres y las mujeres, en gran medida, tienen diferentes partes de un todo en la sociedad. 
La Izquierda Unitaria no tiene problemas para respaldar plenamente el informe de la Sra. Karamanou, todo lo contrario. 
Esperamos el llamado efecto ketchup. 
Hemos esperado 150 años y por eso no queremos esperar dos años más para que se haga algo. 
Señora Karamanou, no creo que la escasa representación de las mujeres o incluso de los jóvenes en nuestras Asambleas parlamentarias se deba achacar a un exceso de democracia, sino más bien a un déficit, y considero que las listas electorales confeccionadas por los partidos, confeccionadas incluso- como usted augura en su informe- como listas cerradas, en las que ni siquiera es posible expresar un voto de preferencia, constituyen un excelente sistema para conseguir una representación proporcional de los partidos, es decir, de los funcionarios de partido y de los candidatos elegidos por los partidos, sean mujeres u hombres, en nuestras Asambleas. 
Creo, por el contrario, que el retraso en la representación de las mujeres o incluso de los jóvenes en nuestras Asambleas se debe precisamente a sistemas electorales que impiden a los candidatos debatir, contrastar pareceres y ser elegidos, quizás a través de elecciones primarias, por la gente más que por las secretarías de los partidos. 
No creo posible disponer de estadísticas muy exactas en un sentido u otro- no sé que pensarían Margaret Thatcher o Hillary Clinton acerca de su posición respecto al sistema mayoritario- pero considero que muchos datos y evidencias demuestran lo contrario a sus tesis. 
La otra recomendación que usted formula en la exposición de motivos de su informe es nada menos que la que se refiere a la concesión de incentivos financiados con recursos públicos a aquellos partidos que lleven el mayor número de mujeres al parlamento. 
Creo que, pese a la buena intención, esta vía corre el riesgo de ser la vía burocrática y subvencionada hacia la representación y la representatividad de nuestras Asambleas, una vía que no considero que sea la vía a seguir. 
Hace falta más, y no menos, democracia para la representatividad de las mujeres. 
Señor Presidente, estimados colegas, el núcleo de todas las reflexiones debe ser la realización de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
Con igualdad de oportunidades no me refiero a que puedan hacer lo mismo, sino a que haya una igualdad en las posibilidades de acceso y ascenso partiendo de la misma cualificación para las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en la vida profesional, como por ejemplo la eliminación de diferencias salariales entre hombres y mujeres con trabajos igualmente cualificados. 
Los datos nos muestran que en casi todos los países la mitad del electorado son mujeres, pero, sin embargo, el porcentaje de mujeres en puestos de decisión en la economía o en cargos públicos es llamativamente pequeño. 
Considero una tarea prioritaria de la política eliminar todos los obstáculos que se opongan a la igualdad de oportunidades. 
Se trata de condiciones marco que posibilitan a las mujeres determinar responsablemente su vida individual. 
Una política que deja esta tarea a los agentes económicos, descarga cómodamente su responsabilidad sobre los hombros de las afectadas. Pues se trata de temas de seguridad social, de la valoración del trabajo del hogar, de la cualificación, de condiciones laborales, de la configuración de objetivos laborales y de más cosas. 
No se trata de cuotas y de discriminación positiva. 
Permítanme decir que el concepto en sí es absurdo. 
¿Cómo puede ser positiva la discriminación? 
No me gusta mi trabajo porque sea mujer, sino porque estoy cualificada para ello, y pienso que muchas mujeres defienden lo mismo. 
Señor Presidente, Sra. Comisaria, este informe se ocupa de la participación equilibrada de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones, analizando las distintas situaciones y la falta de participación de las mujeres. 
Siempre señalamos que las mujeres somos la mitad de la población y que, por tanto, la participación tiene que ser mayor para que las mujeres se sientan debidamente representadas. 
Pero es importante señalar que la incorporación de la mujer a la vida pública y al mercado laboral, ocupando puestos relevantes, es muy reciente. 
Y también hay que señalar que se ha hecho gracias al impulso de las propias mujeres, superando enormes dificultades. 
Es un camino largo en el que tenemos que seguir avanzando, hasta que sea tan habitual encontrar mujeres en los puestos que siempre han estado ocupados por los hombres, que informes como éste no sean necesarios. 
Las mujeres necesitan apoyo, necesitan una mayor formación, facilidades en los horarios y ayudas suficientes para poder conciliar la vida profesional y la vida familiar. 
La mayor participación de las mujeres supone el perfeccionamiento de la democracia y el reconocimiento pleno de sus derechos a participar en igualdad con el hombre. 
Estamos de acuerdo con la mayoría del informe- y lo querríamos apoyar totalmente- con la excepción de la mención expresa a instaurar las cuotas fijas de forma obligatoria, porque esto puede crear problemas añadidos a las propias mujeres. 
Nosotros defendemos y propugnamos una participación más equilibrada y más alta que la actual, en particular en algunos países de la Unión Europea. 
La red europea de comisiones de igualdad de los Parlamentos nacionales, que ya existe, debería potenciarse, porque es un foro muy adecuado para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
Las mujeres deben involucrarse en todos los ámbitos- no sólo en la defensa de sus propios derechos -, participando en la solución de los problemas de la vida diaria desde las instituciones y desde los órganos de dirección de empresas, sindicatos y organizaciones sociales y culturales. 
Señor Presidente, las mujeres soportan la mitad del cielo, dijo una vez un hombre de éxito. 
Pero la voz de las mujeres está ausente en las decisiones clave. 
Las mujeres, que constituyen más de la mitad de la población mundial, están muy escasamente representadas en los foros políticos, económicos y sociales. 
Esto es inaceptable en una democracia. 
Las mayores diferencias entre la igualdad de oportunidades de jure y de facto se presentan en la toma de decisiones. 
Para conseguir un equilibrio, se necesita un plan de acción con un calendario prefijado. 
Parte importante de este plan es el sistema de benchmarking. 
Por este motivo, celebro que la Sra. Karamanou haya mencionado un sistema de este tipo. 
Propongo que los objetivos de la Unión para las mujeres en los procesos de toma de decisión se basen en el promedio de los tres Estados miembros más avanzados en cada sector y que los Estados miembros informen una vez al año. 
Las mujeres son las principales víctimas de los atropellos a los derechos humanos, tales como violaciones, ofensas sexuales, malos tratos en el hogar y trata de mujeres. 
Hay pocos hombres en los órganos judiciales y legislativos que condenan esos delitos. 
La consecuencia de esto es baja prioridad; a menudo no se condena a los culpables. 
La participación de las mujeres en igualdad de condiciones en los procesos de toma de decisión no sólo es una demanda de justicia social y democracia, sino que también una condición para que las experiencias y conocimientos de las mujeres sean tomados en cuenta. 
No utilizar la capacidad de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es un derroche inaceptable. 
En Suecia, el Partido Socialdemócrata se ha decidido por las cuotas después de muchos años de lucha para incorporar a más mujeres, y hablo de mujeres cualificadas. 
En el gobierno, el 50 por ciento son mujeres, y un 44 por ciento en el parlamento. 
El único partido que se opone abiertamente a esto es el Partido Conservador, pero todas esas mujeres son cualificadas. 
Las mujeres no sólo sostendrán la mitad del cielo sino que, además, tomarán decisiones que atañen a nuestro planeta. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias por este excelente informe. 
Debería ser obvio que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades en todos los niveles de los procesos de toma de decisiones, pero, desgraciadamente, no es así. 
¿Qué se puede hacer? 
Se necesita más igualdad en el hogar, acceso a buenas guarderías, que los padres compartan las responsabilidades frente a sus hijos, mejores estímulos en los sistemas educacionales para romper con los roles tradicionales y jornadas laborales flexibles que se adapten a las necesidades individuales. 
Además, se necesitan métodos de trabajo en la política, en la industria y en las organizaciones que no descansen exclusivamente en las prioridades masculinas. 
Aunque la política es todavía, en gran medida, un mundo masculino- en algunos países más que en otros- el problema es aún mayor en la industria y en las organizaciones sindicales. 
Esto es inaceptable y debe ser remediado. 
La igualdad de oportunidades no es un asunto femenino y sólo se logrará mediante la acción conjunta de ambos sexos. 
Por eso, los hombres deben involucrarse de manera más decidida en estos trabajos. 
Entre otras cosas, debería haber más hombres que trabajen activamente en favor de la igualdad de oportunidades en este Parlamento. 
Se necesitan más mujeres que tomen decisiones, pero- en esto estoy de acuerdo con la Sra. Theorin- no porque sean de un determinado sexo, sino que porque es inaceptable que se pierdan tantos conocimientos y experiencias. 
Señor Presidente, Señorías, creo que el informe de la Sra. Karamanou insiste sobre un tema importante: la igualdad entre hombres y mujeres es algo sumamente frágil. 
Todas las cifras lo demuestran en permanencia. 
Es por ello que, a mi juicio, es preciso insistir en el tema de la toma de decisión y sobre lo que Europa puede hacer. 
Europa ha desempeñado un papel motor en la lucha por la igualdad de trato, por una parte, y por la igualdad en los procesos de toma de decisiones, por otra. 
Incluso si es sumamente insuficiente, cuando se considera el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales en la que sólo se menciona, por ejemplo, en materia de toma de decisiones, las elecciones europeas y municipales. 
Quisiera comentar sólo un momento el caso francés. 
En las batallas que libramos, puesto que tenemos una ley que se encuentra en curso de aplicación en este momento para las elecciones municipales, comprobamos que todos los días aparecen en la prensa francesa artículos y debates totalmente apasionantes sobre la transformación de la realidad. 
Ya que, señora Karamanou, Francia es, con Grecia, el último país de Europa en este ámbito. 
Actualmente, con el juego de sillas musicales que existe en el Gobierno, somos un 8% en el Parlamento nacional. 
Para decir si el caso francés es importante. 
El debate que hoy nos ocupa en esta sala, lo libramos continuamente desde hace dos o tres años en Francia. 
Por mi parte, al final, no tenía sino un solo argumento para defender la paridad, preocupada como estaba en defender, al menos, la igualdad en general y no solamente la igualdad política. 
Este argumento es el siguiente. 
Es político y filosófico: no existe, y desafío al Partido Popular Europeo a que me demuestre lo contrario, la igualdad sin limitaciones. 
No hablamos de cuotas de discriminación positiva o de no sé qué otra cosa. 
No puede haber una producción en nuestra sociedad que deje de imponer limitaciones aptas a asegurar la igualdad. 
Este es el único comentario que quisiera hacer. 
Era nuestro último argumento en la batalla por la paridad. 
Por ello, añadiré muy rápidamente para concluir, que hay no obstante algo importante que es necesario precisar en este debate que hoy nos ocupa sobre la toma de decisiones, que no se refiere al conjunto del problema de la igualdad de los sexos; se trata de la diferencia entre la política y la economía. 
Ya sabemos qué hacer de ahora en adelante en el ámbito político. 
Creo que avanzamos. 
En todo caso, la experiencia que estoy viviendo en mi país me aporta mucho. 
Pero en lo relativo a la igualdad económica, en general, y en el proceso de la toma de decisión, el problema es mucho más grave, mucho más importante. 
Mi compañero liberal acaba de recordarlo: lo que ocurre en el medio sindical, lo que ocurre a nivel de las elecciones en el plano profesional apenas se está esbozando actualmente. 
La cuestión es mucho más difícil. 
Creo que de ahora en adelante ya no debemos hablar de paridad política sin encontrar los mecanismos, que no serán los mismos, a mi juicio, en términos de limitaciones, que los utilizados en el espacio político. 
Es preciso encontrar los medios para asegurar la mejor representación de las mujeres a nivel de la magistratura del trabajo, a nivel profesional. 
En aquel entonces participé en Nueva York en la reunión preparatoria de la conferencia mundial sobre las mujeres que se iba a celebrar en México y allí acompañé a la única mujer diplomática con que contaba mi país en esa época. 
Ella había conseguido su objetivo por sus propias fuerzas, pero se había visto obligada a renunciar a tantas cosas que se había convertido en una mujer que no me gustaría que sirviera de modelo para otras mujeres, precisamente porque las mujeres que lograron abrirse camino en la política, en la diplomacia, etcétera, hace muchos años son mujeres que tuvieron que renunciar a muchas cosas. 
Nosotros pretendemos que, con el respaldo de la sociedad, las mujeres puedan participar normalmente en la toma de decisiones, en la política y en el mundo laboral. 
Entonces uno puede preguntarse: ¿cómo ha de materializarse esta aspiración? ¿cómo podemos ayudar a las mujeres? 
Llevamos años buscando estrategias para esta sociedad que, aunque acate la idea de que las mujeres deben tener todas las oportunidades del mundo, no se esfuerza demasiado por idear estrategias concluyentes y eficaces que permitan realizarla. 
Las pocas estrategias encontradas siempre se regían por objetivos o cuotas. 
Llámese como se quiera. 
Los sistemas de objetivos o cuotas no se aplican únicamente a las mujeres. 
En mi país, donde las dos comunidades lingüísticas, la flamenca y la walona, han de convivir sin fricciones, también acudimos a las cuotas para regular las relaciones lingüísticas. 
En resumen, el sistema de cuotas no es un sistema específico para mujeres. 
Ahora lo presentan como si fuera un sistema exclusivo, pero se aplica en numerosos ámbitos de la sociedad. Además, es de suponer que su ámbito de aplicación seguirá extendiéndose en el futuro. 
He puesto sólo un ejemplo. Hay muchos. 
Desde luego no entiendo a quienes sienten terror ante este sistema. 
En esos casos me pregunto siempre si lo que se pretende con esa renuencia al sistema de cuotas en realidad no será obstaculizar la participación de la mujer o si verdaderamente se trata de una cuestión de fondo. 
Yo soy partidaria del sistema de cuotas. 
En mi Grupo hay muchos que no comparten este punto de vista, aunque hay otros que sí lo suscriben. 
Yo estoy a favor del sistema. 
Lo introduje con éxito en Bélgica. Fue el primer país europeo en aplicarlo. 
Luego siguió Francia. En mi opinión, es una de las pocas soluciones prácticas viables de las que disponemos en este momento. 
Respaldo el informe Karamanou. 
Enhorabuena. 
Señor Presidente, señora Comisaria, a pesar de que la incorporación de las mujeres a la educación, al empleo y a la política ha aumentado y sigue aumentando, es evidente que todavía tenemos grandes dificultades y grandes desigualdades en función de los sectores sociales de referencia. 
Aquellos que confían en que, gracias a la igualdad formal y al paso del tiempo, los mecanismos de autorregulación funcionarán en favor del equilibrio social se equivocan, porque ignoran que la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades son condiciones necesarias pero no suficientes. 
Las mujeres con capacidad muchas veces no consiguen llegar; sin embargo, conocemos muchos casos de hombre que acceden a espacios de poder sin tener los méritos suficientes y jamás son llamados "hombres cuota". 
La democracia paritaria, a la que hacemos referencia hace ya muchos años, es un instrumento que pretende, a través de una representación equilibrada, acabar con un modelo de poder estructural que ha mantenido a las mujeres fuera de los ámbitos de decisión. 
Es imprescindible crear estructuras administrativas que impulsen y vigilen la igualdad entre los géneros, y también sería muy interesante retomar el trabajo de la red europea de expertas para la promoción de las mujeres en la toma de decisiones que, en el pasado, tuvo bastante éxito. 
Por otra parte- como recoge el excelente informe de la Sra. Karamanou -, es de especial relevancia que se favorezca la participación de hombres y mujeres en todas las políticas en una proporción del 40% como mínimo y el 60% como máximo. 
En este sentido, los sistemas cremallera, impulsados en algunos partidos políticos, han tenido éxitos indudables. 
Así, el horizonte se sitúa en la aprobación de normas electorales nacionales que obliguen a la confección de listas paritarias. 
La próxima Conferencia intergubernamental deberá incluir enmiendas al Tratado en este mismo sentido, para que este objetivo se cumpla en todas las instituciones y políticas de la Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, compañeras, si queremos mejorar nuestra democracia- y aquí debemos tener ese objetivo -, no podemos sino compartir las responsabilidades y el poder. 
Señor Presidente, la participación de las mujeres en la adopción de decisiones no es sólo una condición necesaria para que se respeten los derechos e intereses de las mujeres, sino también una base esencial para la materialización de la justicia y del desarrollo de la democracia. 
La realidad demuestra que, a pesar de las diversas recomendaciones y resoluciones, ésta es una esfera en la que persisten grandes equilibrios con enorme subrepresentación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones, ya sea en las esferas de actividad económica y social o en la vida política, lo que contribuye a mantener las desigualdades y discriminaciones existentes. 
Así, pues, es necesario- como subraya la ponente, a la que felicito por su trabajo- adoptar medidas valerosas para fomentar la participación de las mujeres en la adopción de decisiones- lo que también entraña que hombres y mujeres asuman una parte igual de responsabilidades en las esferas pública y privada- y se incentiven nuevos métodos antidiscriminatorios, incluidos los partidos políticos y las administraciones públicas y privadas, con vistas a la eliminación de los obstáculos psicológicos y prácticos a la participación de las mujeres en las estructuras de adopción de decisiones y en la vida política, poniendo fin a los retrocesos, como el caso reciente de Portugal, donde el Gobierno suprimió el Ministerio para la Igualdad. 
¡Es necesario cambiar esta situación! 
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy a favor de una participación mucho más equilibrada de las mujeres y de los hombres en el proceso de toma de decisión que la que tiene lugar actualmente. 
Sin embargo, no soy tan pretenciosa como nuestra ponente, para pretender que todo sería diferente y mejor si las mujeres participaran en igualdad en los procesos de toma de decisión. 
No hay que hacer, sin embargo, un proceso de intención a los hombres en general, por ejemplo, en materia de defensa de los derechos del niño, o del medio ambiente, para citar sólo algunos ámbitos mencionados en este contexto por nuestra ponente. 
Existen felizmente hombres que son defensores talentosos y fervientes de los derechos e intereses que tanto nos importan. 
Hay también, lamentablemente, mujeres políticas con las que no se puede contar, ni siquiera cuando se trata de presentar un mayor número de mujeres candidatas en las listas electorales. 
En mi larga carrera política, puedo decirles que fueron sobre todo las mujeres, asustadas por la competencia que podía hacerles, las que trataron de ponerme todo tipo de obstáculos. 
Naturalmente, tenemos que comprobar que, a pesar de la buena política de igualdad de trato y de oportunidades, desarrollada desde 1975 por la Comunidad y, sobre todo, a pesar de la recomendación bien intencionada del Consejo de 1996 sobre una participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisión, los progresos hacia esos objetivos son lentos, con una velocidad más bien semejante a la de los caracoles y las tortugas que a la de un caballo de carreras. 
Si, no obstante, voté, en Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, contra este proyecto de resolución sobre el informe de la Comisión Europea, es porque incluye ciertas pretensiones y reivindicaciones exageradas, incluso contraproducentes para las mujeres que desean participar plenamente en los procesos de decisión. 
Así, estoy contra la mención de una cuota del 40%, debajo de la cual se piden medidas para favorecer la representación equilibrada de cada sexo. 
Opino que se imponen medidas de este tipo ahora y para el futuro, haciendo abstracción del porcentaje de participación alcanzado. 
Estoy en contra de la reivindicación que se dirige a los partidos políticos para que adopten sistemas de cuotas y especialmente el sistema de "cremallera" para establecer las listas electorales. 
Este sistema de "cremallera" sería incompatible con la ley electoral de mi país, donde no es el partido, felizmente para mí, el que decide el lugar de un candidato en la lista para ser elegido, sino el pueblo, por votos de prioridad. 
Lo que hay que hacer, es pedir a los partidos políticos que reformen sus estructuras y procedimientos, con miras a suprimir los obstáculos, directos e indirectos, a la participación de las mujeres, dando por sentado que los Estados podrían, incluso a través de incentivos financieros, alentar a los partidos a incluir en las listas electorales un número elevado de candidaturas femeninas. 
Por último, me parece anormal pedir la formación únicamente de las mujeres para desempeñar un papel dirigente y participar en el proceso de toma de decisiones, cuando muchos hombres, que ya desempeñan ese papel y esos cargos, lo necesitarían tanto. 
Mi Grupo presentó enmiendas para eliminar las demandas contraproducentes descritas anteriormente y espero que esas enmiendas se adopten. 
Permítame hacer todavía una observación, que no debo hacer antes de la votación, sobre la traducción francesa de nuestras enmiendas. 
Es defectuosa, en la medida en que estas enmiendas se vuelven no solamente incomprensibles, sino que debo decir, como coautora, que al leer estas enmiendas en francés me encuentro en la situación de un gato que ya no encuentra a sus crías. 
Por tanto, ese el texto alemán el que da fe, señor Presidente. 
Pido que se tome nota de ello y que se tenga en cuenta a la hora de las votaciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la lista confeccionada por la ponente muestra que el número de declaraciones, resoluciones y aprobaciones relativas a la igualdad de oportunidades es muy respetable. 
El Tratado de Amsterdam es, en definitiva, la base jurídica, y define la igualdad de oportunidades como una de las prioridades principales de la política europea. 
El resultado, no obstante, es más bien pequeño. Sin embargo, los déficit son manifiestos. 
Hay un fuerte desequilibrio en la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones, y hay desigualdades alarmantes entre los Estados miembros singulares. 
A lo largo y ancho de Europa hay una escasa participación de mujeres en la administración y en la política en tareas directivas. 
Por ello hay que movilizar a todos los participantes en la vida social y económica para conseguir un reparto equitativo de las responsabilidades tanto en el ámbito privado como en el público, en la economía, en la política y en la familia. 
Debemos entender que las razones de esta falta de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo radican, por un lado, en el escaso porcentaje de mujeres directivas en la economía europea, en los sindicatos y en el sector público, y, por otro lado, en la insuficiente infraestructura social, en estereotipos distorsionados y en salarios más reducidos. 
Un importante campo para empezar es la formación. 
Las mujeres deben aprender, entre otras cosas, a aspirar a la dirección y a la toma de decisiones. 
En todos los ámbitos políticos- tanto a escala europea como nacional- no puede hablarse de igualdad aún con una participación del 40%. 
La cuota es, por tanto, un instrumento importante para aproximarse a ese objetivo. 
Pero no se trata sólo de la elevación de la cifra de mujeres, sino también de la revalorización de su rol profesional y social y del reconocimiento de la calidad de su trabajo en la sociedad. 
Las estructuras partidistas y gubernativas deben crear condiciones comunes y vinculantes, como Ministerios de Igualdad de Oportunidades, allí donde no existan. 
La mejora de la participación de la mujer en la vida pública debe ser supervisada regularmente sobre la base de estadísticas, lo que también nos pondría de manifiesto que no sólo hemos logrado objetivos, sino que también se han dado pasos para atrás. 
Es decir, debemos trabajar en pro de la igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, defender lo que ya se ha conseguido. 
Señor Presidente, quisiera expresar el punto de vista de las mujeres trabajadoras, tanto porque, de todas las mujeres, es sobre ellas que pesa el mayor peso de la organización social, como también porque el movimiento obrero puede enorgullecerse de haber sido el primero en luchar por el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres. 
Mucho antes de que la clase dominante acordara a las mujeres el mero derecho de voto, el movimiento obrero ya había tenido en su seno a grandes figuras femeninas el lugar que merecían. 
El destino de las mujeres trabajadoras está ligado a la propia condición obrera. 
Son las mujeres las principales víctimas de la precariedad, del tiempo parcial obligado y de los bajos salarios que de éstos se derivan. 
Lo que es inadmisible, es que existan la precariedad, el tiempo parcial obligado y los salarios bajos. 
Los discursos sobre la igualdad entre hombres y mujeres seguirán siendo discursos mientras se prive a numerosas familias obreras de una vivienda correcta y mientras no haya un número suficiente de equipamientos colectivos, de guarderías y escuelas de párvulos. 
En todos estos ámbitos, no existe una política más favorable a los intereses de las mujeres trabajadoras a nivel de las instituciones europeas que a nivel de los Estados miembros. 
Si voto el informe presentado debido a las buenas intenciones que allí se afirman, éstas no dejan de ser sino buenas intenciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, una participación igual en todos los ámbitos todavía no es algo natural. 
Todos estamos de acuerdo en ello. 
Pero también sabemos que la igualdad, tanto para hombres como para mujeres, no puede ser reclamada globalmente. 
El sector específico, la competencia profesional o la autoridad competente toman parte en la decisión para cada caso. 
Para hombres y mujeres que se presentan a un cargo, un puesto o para ser admitidos en una asociación, el sector es parcialmente decisivo. 
Pero nosotros nos hacemos esta justificada pregunta: ¿Siempre es esto así? 
¿No están vigentes aún en nuestra sociedad prejuicios en contra de una persona o de un género? 
El educador en la guardería, la mujer en el parque de bomberos, no son más que casos individuales. 
Y también son casos individuales las mujeres que ocupan cargos elevados en la administración, en los puestos directivos o en las asociaciones políticas. 
Por regla general, esta subrepresentación no radica en una falta de capacidad o de preparación. 
La mujer siempre ha de demostrar su capacidad de manera extra, no sólo la capacidad es decisiva, sino todas las circunstancias que rodean su vida. 
Hijos, familia, incluso la simple imagen del sexo débil le cierra las puertas. 
Demasiado tiempo hemos predicado a las mujeres: debéis ser mejor que vuestros competidores. 
Sólo por eso es ya necesario mantener siempre despierta a la sociedad con informes como el presente para que las cosas sigan marchando. 
La doble carga de los deberes del hogar y la actividad laboral no puede ser calificada, según mi opinión, de discriminación, pero tampoco es un doble handicap como aparece formulado en el Considerando D. Poder unir la familia y el trabajo manifiesta más bien una alta dosis de talento organizativo y una experiencia de la vida que no hay que subestimar y que debe ser valorada como una cualificación especial de personalidades con capacidad de liderazgo. 
La familia debe ser también cosa de hombres, como lo es de mujeres, pues nosotras mujeres que hoy por la mañana estamos aquí en este debate, nosotras no podríamos hacer todo eso si los hombres, cuando se tiene familia, si los padres en sus casas no se comprometen con su papel en la familia. 
Pero desgraciadamente aún no hemos llegado a tanto y todavía puede decirse que la familia apoya al hombre pero representa una carga extra para la mujer. 
Por eso, en la educación de los jóvenes, hay que trabajar en contra de estos arraigados estereotipos sociales. 
Dudo que la mera exigencia de cuotas y porcentajes sea el camino correcto hacia una mayor participación, y no puede ser tarea de este Parlamento exigir una cuota del 40% en todos los ámbitos políticos nacionales e internacionales. 
La conciencia debe crecer, y para poder hacerlo necesita informes y documentos para debate que sean ponderados y que instauren la igualdad de manera positiva. Por eso pido el apoyo a las enmiendas del Grupo del PPE. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a nuestra colega Anna Karamanou por el excelente informe que nos presenta. 
No lo hago por una mera razón formal, sino porque es justo y por razones de fondo. 
Este informe no sólo es excelente. 
Su exposición de motivos es un estudio del mayor interés para quien se interesa por la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, por lo que constituye sin duda un texto bibliográfico de referencia para el futuro. 
Y eso demuestra hasta la evidencia cuán peregrina es la decisión de la Mesa de nuestro Parlamento de reducir a una página la exposición de motivos. 
Esta Asamblea no produce papel por metros. 
Aquí se hace política y la política tiene que estar fundamentada. 
Su informe, señora Karamanou, es un buen ejemplo de la importancia de los textos políticos elaborados en este Parlamento. 
Voy a centrar esta intervención mía en el sistema electoral. 
Se trata de un problema determinante, porque es previo a la propia participación política. 
Es preciso brindar a las mujeres la oportunidad de ser elegidas para que entonces puedan demostrar de lo que son capaces. 
Ahora bien, hay sistemas electorales que dificultan aún más la participación de las mujeres. 
Son, como está demostrado, los que utilizan las circunscripciones uninominales. 
Ese sistema ha venido castigando a las mujeres. 
No lo hace tanto el electorado cuanto las estructuras de los propios partidos que crean dificultades enormes por medios muchas veces poco legítimos. 
Así, cuando hay un movimiento para intentar cambiar ese sistema electoral por circunscripciones uninominales, en el que se crean, como en Francia, procesos encaminados a corregir y alcanzar una cuota de 50% para cualquiera de los dos sexos el Gobierno de Portugal ha anunciado la presentación de una nueva legislación electoral para substituir parcialmente el sistema proporcional por el uninominal. 
Es una iniciativa muy preocupante y hay que tener en cuenta que en este caso se está perjudicando objetivamente a las mujeres que quieren tener una participación política activa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Karamanou por la extraordinaria ilustración de la realidad de Europa en lo que respecta a la igualdad de los dos sexos, así como por el sistemático enfoque de propuestas y soluciones. 
Lamento que el ponente del PPE, que es quien ha expresado las objeciones fundamentales al informe, no esté presente, porque realmente el diálogo ha sido muy interesante. 
Permítanme una primera observación política. 
El título del informe, "Participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisiones" tiene doble interpretación. 
Los centros de toma de decisión son los puestos de poder, pero es también la participación equilibrada en el centro de toma de decisiones mas importante para el futuro, que es la familia. 
Se refiere, pues, a los dos sexos, y es que no puede aumentar cuantitativamente la participación de la mujer en los centros de toma de decisiones sin que aumente proporcionalmente el tiempo dedicado por los hombres a los asuntos familiares. 
Y esto significa automáticamente que para alcanzar el objetivo deseado se necesitan cambios que afectan a la familia, a la sociedad, a la economía, a una identidad cultural de siglos. 
El debate ha girado en gran medida en torno a si las cuotas, es decir un compromiso cuantificado de participación, pueden o no constituir una solución. 
Yo diría, desde una aproximación filosófica, que en ningún caso un conjunto de cifras o normas puede cambiar una realidad social. 
La historia, sin embargo, muestra que las normas y los objetivos han cambiado las realidades, cuando han estado acompañadas de un conjunto de políticas. 
Lo relevante, y queda perfectamente expresado en el informe de la Sra. Karamanou, es que hacen falta políticas de tres tipos para la consecución de este importante objetivo que concierne a la democracia en nuestros países. 
El primer tipo de políticas es el mainstreaming de la igualdad de oportunidades en la economía y en el empleo, en los sistemas sociales y en la protección social, en los sistemas educativos y en la identidad cultural de nuestras sociedades. 
El segundo tipo de políticas es el referido a medidas concretas y a acciones positivas concretas que apoyan esta política de participación en los centros de toma de decisión. 
Estas medidas atañen a los sistemas electorales, pues se ha comprobado que existe una estrecha relación entre los sistemas electorales y la participación de las mujeres; atañen al seguimiento estadístico permanente, que ilustra perfectamente la realidad; atañen a los partidos políticos y a sus compromisos políticos internos; y atañen también a la legislación de acciones positivas. 
Se han mencionado excelentes ejemplos en la sala que demuestran que cuando las cuotas se han aplicado acompañadas del conjunto de políticas al que me he referido han tenido buenos resultados. 
Y no es posible dejar de tomar en consideración que los únicos países que pueden presentar hoy logros serios en el ámbito de la prticipación de las mujeres son los países que han tenido políticas concretas. 
No siempre mediante la legislación de cuotas obligatorias, también mediante compromisos adquiridos por los partidos políticos, pero siempre en países en los que había objetivos cuantitativos. 
Finalmente, hay un tercer tipo de políticas relativas a la intervención de la Unión Europea y a la cooperación de los países miembros. 
Son las redes políticas de mujeres, son los indicadores a escala europea- me refiero a la Presidencia finlandesa y a los 9 indicadores cuya aplicación puede establecer compromisos nacionales y objetivos nacionales -, el benchmarking, la formación, y, finalmente, el apoyo a mujeres de cada uno de los países y de la escena política europea para desempeñaer papeles importantes en la política nternacional, porque así se crean modelos de poder, modelos de mujeres políticas para las nuevas generaciones. 
Señor Presidente, señorías, termino repitiendo lo que dijo el Primer Ministro de Luxemburgo cuando se debatía sobre si debe o no haber objetivos concretos para el empleo en los países miembros: " La mera expresión de un deseo político, la mera formulación de intenciones políticas no es suficiente. 
La política sin objetivos cuantitativos y sin medios concretos es pura literatura ". 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Competitividad de las industrias silvícolas y afines 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0384/2000) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: La situación de la competitividad de las industrias silvícolas y afines de la Unión Europea (COM (1999) 457- C5-0306/2000- 2000/2159 (COS)) 
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(FI) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han contribuido al cambio en el orden del día de este informe para que podamos proceder al debate y votación del mismo en la sesión de la mañana de hoy. 
Si se hubiese dejado el debate del informe para la tarde, ello habría sido insultante para cuatro millones de trabajadores que directa o indirectamente pertenecen al ramo de la industria forestal. 
El sector en cuestión genera la décima parte de la producción industrial del territorio de la UE y la tercera parte de la producción mundial de las industrias silvícolas y afines. 
Todos los presentes sabemos los problemas que afectarán a partir de hoy a las sesiones vespertinas de los jueves. 
Durante el debate de la comunicación de la Comisión se ha puesto de manifiesto que el ramo de la industria forestal es bastante heterogéneo. 
Las editoriales y las imprentas consumen papel y otros productos madereros, pero muchas de ellas se consideran, ante todo, productoras de contenidos. 
La producción de la industria de contenidos se caracteriza, además de por el consumo de papel, por la utilización de la realidad electrónica, de la comunicación electrónica. 
En el informe se expresa el deseo de que la Comisión también tome en cuenta las particularidades de estos nuevos sectores en el ámbito de la competitividad. 
El informe recomienda la incorporación al ramo forestal de la industria de la turba de pantano. 
La turba desempeña su propio papel en la coyuntura de las industrias forestales, sobre todo en los países nórdicos y en Irlanda. 
El informe no se pronuncia sobre si la turba es un combustible fósil o renovable. 
En todo caso, dado que la turba se produce por métodos industriales, sus productores deben tener cabida en la administración de la UE. 
A juicio de este ponente, en el informe se han incluido demasiadas conclusiones innecesarias relacionadas con la silvicultura, pero ello ha respondido al deseo de la comisión parlamentaria, a pesar de que el Parlamento ha adoptado ya una posición sobre asuntos forestales en el reciente informe Thomas. 
Este último no necesita ninguna complementación, mientras que la Comisión, en cambio, debería ser más activa en dar cumplimiento a las conclusiones de dicho informe. 
La Comisión también tendrá que examinar detenidamente las conclusiones que el Sr. Pesälä expondrá en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
El ramo forestal representa al sector abierto de la economía, en cuyo ámbito es necesario desarrollar las actividades comerciales en mercados abiertos a la competencia global. 
Por ello, no puedo aceptar la enmienda de mis colegas, de la Sra. Schierhuber y del Sr. Rübig, según la cual la Dirección General de Agricultura se encargaría de la economía forestal. 
La agricultura de la UE no está acostumbrada a funcionar bajo las condiciones del sector abierto a la libre competencia. 
Este mismo problema afecta a la enmienda presentada por la Sra. Ainard. 
A mi juicio, la enmienda de la Sra. Flesch ha sido tenida en cuenta en el texto aprobado por la comisión parlamentaria, que, en este punto, responde bastante a sus propias correcciones. 
Las necesidades particulares de la industria de contenidos son abordadas meticulosamente en mi informe, y por eso considero que esta enmienda es innecesaria en estos momentos. 
El árbol es un recurso natural renovable. 
Ofrece muchas alternativas de explotación, entre otras, su uso en las industrias energéticas. 
En el informe se ha aprobado el principio de que los productos madereros deberían usarse como fuente de energía sólo en la fase final del proceso de producción, una vez que ya no exista la posibilidad de reciclarlos, o sea, de hacerlos aprovechables. 
Los Estados miembros son los mejores conocedores de la gestión de sus propios bosques. 
El uso diversificado de los bosques, su importancia como absorbedores de dióxido de carbono y su preservación para las generaciones venideras serán asuntos mejor atendidos si aplicamos el principio de subsidiariedad, y no existen fundamentos para incrementar las competencias de la Comisión en materia forestal. 
En cambio, la Comisión sí tiene importantes funciones en lo que se refiere a garantizar la competitividad de las industrias silvícolas y afines. 
La política comercial también debe tomar en cuenta las necesidades de la industria forestal. 
El ramo forestal europeo triunfará incluso en marcos de competencia muy concurrida, siempre que las reglas sean iguales para todos. 
Si la explotación abusiva del hombre y de la naturaleza está prohibida en Europa, tampoco debemos permitírsela a los demás. 
Muchas modalidades de aprovechamiento de la madera pueden mejorar el empleo, sobre todo en las zonas rurales, por lo que los bosques también tienen relación con la estrategia de empleo de la UE. 
La ciencia y la investigación deben encontrarle nuevas utilidades a la madera; por ejemplo, el uso de hierba para producir celulosa permitiría que la madera dispensada fuera utilizada con otros propósitos. 
Este tipo de cuestiones deberían ser fomentadas en el nuevo programa de directrices de la investigación. 
La construcción puede aumentar la utilización de madera como material saludable y respetuoso con el medio ambiente. 
Y por último, si los bosques se portan bien, también lo harán las personas. 
- (FI) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero dar afectuosamente las gracias, en nombre de la Comisión de Agricultura, al ponente, Sr. Seppänen, tanto por el buen informe de la Comisión de Industria, como por su excelente colaboración. 
La Comisión ha redactado una comunicación digna de alabanza sobre el estado de la competitividad a nivel mundial de las industrias silvícolas y afines. 
Este documento ha propiciado que se aborde el debate, muy necesario, sobre los asuntos forestales, cosa que, lamentablemente, ocurre con demasiada poca frecuencia. 
La Comisión de Agricultura está satisfecha a grandes rasgos con las directrices diseñadas en la Comisión y en el informe del Parlamento. 
Quisiéramos destacar en nuestra declaración de opinión la importancia de la rentabilidad en toda la cadena de la economía forestal como proveedora de materias primas a las industrias silvícolas, incluidas las labores de silvicultura y tala de madera; de hecho, la práctica de una economía forestal europea sostenible sigue dependiendo básicamente de doce millones de propietarios privados, la llamada "economía forestal familiar", y de la actividad que ellos mantengan. 
La Conferencia internacional de La Haya sobre el clima fue un fracaso. 
En nuestra calidad de Comisión de Agricultura, hemos seguido de cerca el proceso de negociaciones sobre los tratados climáticos, ya que creemos que en la revisión del Protocolo de Kyoto se presta muy poca atención a la importancia de los bosques. 
Los bosques y todos los productos madereros son grandes absorbedores de dióxido de carbono; en este sentido, hay que reconocer su importancia. 
La coordinación de los asuntos forestales en la UE es deficiente. 
Hay diferentes Direcciones Generales que tratan estas cuestiones, pero falta uniformidad. 
Se han incrementado los recursos humanos en el marco medioambiental, pero la Dirección General de Agricultura, encargada de la economía forestal, cuenta con muy pocos recursos, al igual que la Dirección General de Industria. 
Por todo ello, apoyo la enmienda número uno, presentada por la Sra. Schierhuber en nombre del Grupo PPE-DE. 
Asimismo, quiero apoyar especialmente las enmiendas tres y cuatro, presentadas en la declaración de opinión de la Comisión de Agricultura. 
Nuestra comisión las aprobó por una amplia unanimidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero empezar declarando mi interés económico, o mis dos intereses, en este asunto. 
El primero consiste en que poseo una empresa de explotación forestal en Nueva Zelanda, heredada de mi padre, lo que me concede un interés de orden práctico en el asunto. 
He visitado recientemente Finlandia para estudiar el funcionamiento de la industria forestal en calidad de invitado de la CEPI, la Confederación de Industrias Europeas del Papel. 
De modo que, como verán, la fuerte componente finlandesa en este informe se prolonga incluso conmigo. 
Quiero manifestar que acojo con satisfacción esta comunicación y expreso mi complacencia por que ponga de relieve la importancia de esta industria. 
Al igual que el ponente y otros colegas, reconozco que la actividad forestal es una industria muy importante, importante para la economía e importante para el medio ambiente. 
Es mi deseo felicitar al ponente por su informe. 
Este informe supone en sí mismo una importante contribución en lo relativo al consumo de papel, lo cual debe acogerse con satisfacción, incluso si nuestros colegas de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía han tenido que hacerlo un poco más largo que lo que el ponente habría deseado. 
Es mejor decir demasiado sobre la actividad forestal que demasiado poco. 
Tomo nota con interés de su referencia a las telecomunicaciones y a los cambios en la configuración de la industria de la comunicación. 
Se me ocurre que a pesar de todos estos maravillosos aspectos de la tecnología moderna, seguiremos necesitando papel para nuestra lectura, porque es el medio con el que la mayoría de las personas se sienten aún más cómodas, y yo me encuentro ciertamente entre ellas. 
Asimismo, seguiremos necesitando indudablemente de madera para todos los demás usos a que se destina, como la construcción y otros posibles nuevos usos. 
El ponente y la Comisión de Agricultura llamaron la atención sobre el potencial de investigación en los nuevos usos de los productos de madera 
Me voy a permitir hacer una llamada de advertencia. 
Es poco realista solicitar a la Comisión que garantice que los precios del papel en Europa sean competitivos. 
Creo que ello podría ampliar en cierto modo las competencias de la Comisión. 
Veo que el Comisario sonríe, así que es posible que esté de acuerdo conmigo. 
No obstante, la Comisión debe garantizar que exista una competencia justa. 
Esta es la cuestión fundamental en este asunto, más que intentar favorecer a nuestra industria. 
Esta es una industria valiosa y sostenible, muy importante para la economía de Europa y para nuestro medio ambiente, y este informe llega en un momento muy oportuno. 
Señor Presidente, excelentísimo Comisario, estimados colegas, doy las gracias al ponente por el trabajo que ha realizado, con la tenacidad que le caracteriza, en la elaboración de este informe, el cual describe ampliamente la vida humana en terrenos arbóreos. 
La tercera parte de la superficie de nuestro país está cubierta de bosques, y si incluimos a nuestros vecinos orientales, encontramos aún más bosques. 
De hecho, estas industrias silvícolas y afines dan empleo a dos millones y medio de personas, que ya es algo decir, y suponen, como sabemos, la décima parte de la producción industrial. 
A la hora de calcular la cantidad de carbono impregnada en los bosques, creo que debemos tener en cuenta también los árboles plantados y criados antes de 1990. 
En otro caso, ese trabajo que se ha realizado durante decenios no será tomado en cuenta al determinar la compensación por emisiones de gases de efecto invernadero. 
Y entonces lo que ocurrirá es que se premiará solamente a los que han talado sus bosques e intentan ahora repoblarlos de cualquier manera, tras haberlos ido talando durante siglos. 
Aquéllos que se han dedicado a repoblar debidamente, que han vivido en el bosque y que son conscientes de este sutil equilibrio interrelacionado serán castigados por la razón de que hay Estados miembros en los que ya no hay sitio donde plantar un árbol, a no ser que se haga en el tejado de casa. 
Por eso, el punto 17 de este informe es muy importante. 
Los bosques y los mares son los mayores sumideros y almacenes de dióxido de carbono, y también se ha observado que la capacidad de absorción de carbono de los suelos forestales nórdicos es incluso mayor a la de los propios árboles. 
Pero, estimados colegas, la realidad es que no podemos hacer crecer a los mares, el único elemento que podemos criar es el bosque. 
El bosque nos rodea de paz. 
Es un medio creciente de esparcimiento- para mí que le gana al Nintendo- y contribuye al equilibrio ecológico. 
Los árboles son simpáticos incluso muertos, y uno puede recostarse en ellos haga frío o calor, mientras que en las piedras sólo cuando hace calor. 
Así pues, es necesario diversificar el uso del árbol, y sobre todo ahora que vivimos una época en que la comunicación va abandonando progresivamente al papel, producto derivado del árbol. 
Yo propondría que la Comisión anexara a algún documento apropiado, a manera de sumario, las ideas sobre el uso diversificado del árbol, puesto que ahora, en lo que se refiere a la producción maderera, nos encontramos inmersos en esta situación tan crítica. 
Ahora se están transformando las bases de esta actividad y debemos idear nuevos métodos. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero felicitar al ponente de este informe, al Sr. Seppänen, por el excelente y cooperativo trabajo que ha realizado en el marco de este importante asunto. 
La Comisión merece también nuestro agradecimiento por este nuevo estilo de comunicación, en la cual se ha examinado en su conjunto un sector industrial concreto desde el punto de vista de la competitividad mundial. 
Tal y como está planteado ahora, este informe tiene una cobertura muy amplia. 
Durante su elaboración en el seno de la comisión parlamentaria, se introdujo además el objetivo fijado en el período de la Presidencia portuguesa, según el cual la UE debe configurarse como la economía más dinámica y competitiva a nivel mundial también en el sector forestal. 
Nuestro Grupo apoya las visiones presentadas en el informe y la mayor parte de las enmiendas añadidas. 
Nosotros hemos presentado también algunas enmiendas y les pedimos a ustedes que las apoyen. 
Quiero mencionar especialmente la enmienda tres, que pone de relieve la importancia de las pequeñas y medianas empresas. 
En el mejor de los casos, el sector forestal puede servir de modelo a otros sectores en cuanto al aprovechamiento de recursos naturales renovables, en técnicas de incrustación de carbono en los productos y en modalidades de adquisición de materias primas para el proceso de producción que sean a la vez rentables económicamente y sostenibles ecológicamente. 
En este sentido, la utilización de la madera en la construcción debería cobrar mucha más importancia. 
También es importante reconocer la trascendencia de la economía forestal para las regiones menos desarrolladas y, particularmente, para las zonas rurales en dificultades. 
Esta importancia se deja ver de forma especial en el empleo. 
Por ello, la Unión debería proceder a desarrollar de forma más eficaz, entre otras cosas, las actividades de las pequeñas empresas que usan la madera como materia prima. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el énfasis del ponente en las industrias forestales sostenibles, que revisten indudablemente una importancia fundamental para la Unión Europea. 
Sin embargo, la comunicación de la Comisión es un batiburrillo que junta en un mismo grupo y de cualquier manera a la industria editorial, basada en el conocimiento y centrada en los contenidos, con las industrias forestales primarias y la producción de papel. 
La industria editorial está triste y desconcertada, por decirlo suavemente, y este no es el modo en que fomentamos la Unión Europea ni en el que las cosas funcionan en los Estados miembros. 
La industria editorial cree que no se reconocen sus particulares exigencias con respecto a la expansión del sector de IT (tecnología de la información). 
Podría reprocharse a la Comisión, efectivamente, que quizá prefiere un sector de IT vacío de contenidos. 
Yo recomendaría, señor Comisario, examinar a fondo esta cuestión y revisar toda esta división de trabajo. 
Asimismo, quiero tratar el apartado 2: la turba no es un sustituto de la madera, es un combustible / fertilizante por sí mismo. 
Sé que en esta materia hay particulares intereses irlandeses y finlandeses, pero no creo que podamos considerar que las industrias de turba son industrias silvícolas. 
Se trata de un sector de combustibles completamente separado que cuenta también con el fertilizante entre sus componentes. 
Cambio climático: el ponente realiza unos interesantes comentarios al respecto. 
Coincido con él en que deberíamos aplicar urgentemente el Protocolo de Kyoto. 
Eso es lo que todos queremos hacer. 
Los bosques son, indudablemente, importantes almacenes de C02, pero el potencial de expansión de la superficie forestal es limitado, aun cuando sea conveniente. 
Sin embargo, no llego a entender la referencia a los océanos. 
Hemos tenido océanos desde un tiempo inmemorial, y esto no tiene nada que ver con nuestros problemas actuales con el cambio climático, de modo que estoy de acuerdo con mis otros colegas, no consigo ver la posible pertinencia de ese apartado. 
Por último, con respecto a la industria del papel, estimo que debería limpiar su antiguo récord negativo de contaminación del medio ambiente, y es asimismo importante investigar los problemas de los monopolios en el sector del papel, sobre todo con respecto a los cárteles en el sector del reciclaje. 
Señor Presidente, querría hacer una breve referencia a la importancia del sector forestal para el desarrollo rural también desde la perspectiva de la explotación agraria familiar. 
La agricultura europea examinará siempre de forma crítica el bienestar de las economías rurales europeas; de hecho, constituye la principal opción de actividad económica. 
Sin embargo, los controles de la producción impiden que muchos agricultores incrementen sus ingresos derivados de la actividad agrícola; en consecuencia, las formas alternativas de generación de ingresos a partir de actividades no agrícolas se hacen vitales si se quiere que la población rural se beneficie del crecimiento económico. 
Hemos asistido al éxito de programas de desarrollo rural, incluido el plan LEADER y otras actividades que han contribuido a crear un empleo muy necesario en pequeñas y medianas empresas en zonas rurales de toda Europa. 
No obstante, la opción de apostar por la actividad forestal también puede ser una forma muy constructiva y respetuosa con el medio ambiente de que los agricultores pueden incrementar sus actuales ingresos. 
En el plan de desarrollo nacional del Gobierno irlandés para los años 2000-2006, se destinan un total de 580 millones de IEP a actividades forestales. Esto será cofinanciado a través del programa de desarrollo agrario y rural común. 
Esta inversión fomentará un programa de plantación de árboles en Irlanda de más de 20.000 hectáreas al año a lo largo de todo el período de aplicación del plan. 
Los esfuerzos se concentrarán en una actividad forestal de explotación agrícola, con subvenciones, plantación y mantenimiento, así como primas de fomento de los ingresos. 
Además de las ayudas y de las medidas de la PAC, se ha previsto una asignación de 80 millones de IEP en el programa operativo regional para inversiones en cosechadoras, caminos forestales y mejoras generales en los bosques. 
Con respecto al plan operativo de la UE para el sector forestal y las generosas ayudas que pueden destinarse a la forestación, resulta obligado que el producto final de esta inversión sea un producto forestal de calidad y sostenible, que con el tiempo pueda ser rentable tanto para el agricultor individual como para la comunidad. 
Dada la relativa capacidad de supervivencia de los árboles, podrían descuidarse las actividades silvícolas necesarias en los primeros años de plantación de nuevos bosques. 
Esto debe evitarse si queremos que el sector europeo afronte el reto de la calidad y la competencia en el futuro. 
Desde una perspectiva más amplia, el Parlamento debe ser consciente de la seria amenaza que se cierne sobre los bosques tropicales del mundo, cuya extensión disminuye a razón de 15 millones de hectáreas al año. 
A este respecto, debemos tener presente el trabajo del Instituto Forestal Europeo, su compromiso y su investigación en la plantación de nuevos bosques tropicales. 
Si tenemos que abordar la necesidad de la sostenibilidad, debemos afrontar estos problemas lo más pronto posible. 
Señor Presidente, Señorías, la comunicación de la Comisión es de una actualidad que sigue siendo candente, cuando se piensa en la situación, siempre igualmente preocupante, de los profesionales de la madera, víctimas de las tormentas de diciembre de 1999. 
Por tanto, cabe felicitarse de un enfoque más amplio en su concepción de la política industrial y de la estrategia forestal común. 
Hablar de competitividad en el momento en que existe una viva competencia mundial, los desafíos de la ampliación y de la reestructuración del mundo rural teniendo como tela de fondo el reconocimiento de la diversidad y la multifuncionalidad del bosque es, naturalmente, positivo. 
Sin embargo, me permito decir al Sr. Seppänen que su informe me decepcionó un poco porque me parece bastante reduccionista en el enfoque que tiene sobre la competitividad de la industria. 
Me da la desagradable impresión de abordar los bosques exclusivamente como conjuntos de producción industrial basados en monocultivos intensivos que requieren una revolución cada treinta años. 
A mi regreso de Finlandia, donde observé efectivamente este tipo de cultura intensiva, que es absolutamente indispensable que la industria papelera promueva, pienso de todas formas, señor Seppänen, que la riqueza de Europa reside precisamente en la diversidad. 
Y si sigo estando convencida de lo bien fundado de este enfoque del cultivo de los bosques nórdicos, pienso que habría sido necesario tener en cuenta en este informe los bosques donde sigue existiendo la biodiversidad, como, por ejemplo en Francia, así como otras industrias distintas a las industrias papeleras. 
Me parece que se tuvo tendencia a olvidar todo lo que es madera para carpintería y otros materiales de construcción de madera que son fabricados en otros lugares de Europa. 
En conclusión, apoyamos este informe, por haber encontrado un enfoque plenamente significativo, así como por las excelentes enmiendas de nuestros compañeros, salvo la enmienda núm. 5, que nos parece fuera de tema. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, una economía forestal y una industria maderera que sean rentables y sostenibles son, desde distintos puntos de vista, de gran importancia para Europa. 
Me permito recordarles tanto los aspectos medioambientales como los ecosociales y económicos. 
La madera como materia básica es la mayor fuente de energía renovable de Europa. 
Tampoco hay que subestimar la importancia a escala de política regional de las pequeñas y medianas empresas de la industria maderera y de la economía forestal en cuanto empleadores en las zonas rurales, además de ser un factor esencial para una economía multifuncional tanto rural como forestal. 
La economía forestal junto con la industria maderera aseguran en Europa millones de puestos de trabajo. 
Por lo que se refiere a la protección del clima y a los objetivos del Protocolo de Kyoto, una economía forestal sostenible puede representar una notable contribución. 
Visto a escala planetaria es necesario que protejamos nuestros bosques para protegernos nosotros de posibles catástrofes. 
Por eso felicito a mi antecesora en el turno de palabra por su comentario. 
Quisiera también llamar la atención sobre los bosques protegidos y reservas forestales de los Alpes. 
En la industria maderera habría que seguir avanzando con propuestas específicas. 
Se debe fomentar la utilización de la madera y de objetos de madera en la construcción, y la madera debe encontrar mayor utilización sustituyendo a otros materiales. 
Su elevado enlace de CO2 en largos periodos es otra ventaja de la madera. 
Apoyo, pues, el planteamiento de que debemos sensibilizar a la población mediante medidas específicas de publicidad y comercialización de productos de la industria maderera. 
Hay que llevar por toda Europa una campaña de información y asesoramiento sobre las ventajas de la madera. 
No estoy a favor de una política forestal común, sino de una estrategia europea común respecto de la riqueza forestal. 
La Comisión sería la encargada de ejercer al respecto su función coordinadora. 
Los distintos aspectos de la economía forestal deberían ser coordinados por una única Dirección General, y sería bueno que subordinada a la Dirección General de Agricultura. 
Una dotación de personal suficiente sería igualmente necesaria para atender a las diversas tareas que implicaría. 
Sin una economía forestal no hay industria maderera. 
Por eso espero que esta Asamblea actúe conforme a esta lógica y apruebe las enmiendas 1 y 2. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera primero tanto felicitar al ponente, el Sr. Seppänen, como también compadecerme de él. 
En el informe está más o menos todo lo importante sobre el tema bosques y consecuencias, y mucho de ello es correcto. 
Pero quiero referirme a un par de aspectos. 
En primer lugar echo en falta una referencia al dramático desarrollo de ese sector cuando se trata de mergers y acquisitions. 
Lo estamos viviendo ahora con la industria papelera en la que cada vez más empresarios se están fusionando porque creen que deben hacerlo para aguantar la competencia. 
Mi preocupación es que en Europa, que crece evidentemente de manera conjunta, generemos crecientemente una situación como la de Canadá u otros países en los cuales la presión que ha surgido sobre las empresas es repercutida directamente sobre los bosques sometiéndolos a una brutal explotación. 
Sobre este punto desearía que la Comisión hiciese propuestas que podamos entender, y si fuese posible incluso en forma de directivas. 
Sobre el tema del medio ambiente. No nos engañemos. 
Nueve años después de Río y aún no podemos aplicar adecuadamente principios que allí se establecieron como el de la sostenibilidad. 
A la larga deberemos prepararnos a hacer con nuestros bosques nórdicos lo que en las selvas tropicales del Tercer Mundo, por las razones que sea, no ha podido ser hecho. 
Por eso, el papel del bosque en un futuro tendrá muchísimo que ver sobre todo con la conservación del medio ambiente, lo que me lleva al tercer punto, a saber, internet. 
Personalmente espero que la idea de una oficina sin papeles o incluso de un Parlamento sin papeles basada en las posibilidades que ofrece internet produzca algo más que sonrisas de satisfacción y pueda llegar a ser real. 
Podría tener consecuencias laborales en la industria, pero sería sensato desde un punto de vista ecológico. 
Éste es el último punto. 
Resumiendo: la lectura del informe da una mala impresión. 
Se refiere demasiado a industrias existentes hasta ahora, y podría uno tener un poco la impresión de que se intenta proteger algo que realmente ya no puede ser protegido. 
La industria del acero puede ser un aviso al respecto. 
Las subvenciones en este ámbito no me parecen adecuadas. 
El planteamiento de la enmienda 3 de subvencionar a pequeñas y medianas empresas es muy positivo. 
También es muy importante que nos planteemos el problema de la cartelización en el proceso de desarrollo de este sector industrial. 
Señor Presidente, contrariamente al Sr. Chichester, yo no tengo vínculos con la línea roja finlandesa que atraviesa este informe, salvo que trabajé en la Comisión bajo la autoridad del Comisario Likkanen, y fue un gran placer. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Comisión el haber presentado esta comunicación sobre "la industria silvícola", felicitar al ponente y agradecerle por haber aceptado algunas de mis enmiendas en el seno de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energías, incluso si ahora encuentra superflua mi enmienda 5. 
Quisiera limitarme, señor Presidente, a una sola cuestión, relacionada precisamente con esta enmienda 5, y relativa a la vinculación del sector de la edición en el seno de los servicios de la Comisión. 
Leí en la prensa que en noviembre de 2000, la señora Comisaria Wallström reconoció el hecho de que la industria de la edición no debe considerarse como parte de la industria como podría hacerlo pensar el lugar que ocupa actualmente en el seno de la Comisión Europea. 
¿Esa es también la opinión de la Comisión? 
En ese caso, ¿cuáles son los proyectos para el futuro? 
Señor presidente, distinguido Comisario, señoras y señores, la madera es un material renovable, un material de construcción con futuro. 
La madera crece, se destruye y entra de nuevo en el ciclo natural del que surge. 
Por ello, en el VI Programa Marco de Investigación no deberíamos dejar de lado el sector maderero, sino potenciarlo, especialmente en el ámbito de la biotecnología. 
Creo que en un futuro la madera tendrá para nosotros más importancia que la que tuvo en el pasado. 
Como la madera se usa mucho internacionalmente en la construcción, la industria maderera está ante muchos problemas. 
Se enfrenta a un sin número de obstáculos comerciales, a una desbordante cantidad de exigencias nacionales normativizadoras, o sea, lo que se exige para la autorización; y se enfrenta también parcialmente a supervisiones, controles y certificaciones burocráticas. 
La Comisión Europea debería aplicar aquí SLIM. 
Quizás el sector maderero sea apto para establecer procedimientos ejemplares, incluso quizás BEST. 
Quisiera felicitar a Hans-Peter Martin porque la subvención de la pequeña y mediana empresa es, naturalmente, un motivo importante y central, y aquí encontramos en la Comisión a un colaborador importante. 
Pero se trata también de adaptar correspondientemente las leyes y normativas relativas a la construcción, porque especialmente las normativas de incendios son muy distintas en Europa. 
Creemos que es el momento de promulgar la Directiva de Productos de la Madera. 
Justamente esta Directiva posibilita progresos esenciales para la comercialización de la madera. 
Por lo que concierne al comercio mundial quisiera subrayar que Japón tiene directivas muy restrictivas en este sector. 
Deberíamos también discutir sobre ello, porque en último extremo la madera no es sólo un material de trabajo y de construcción, sino que en la biotecnología tendrá una gran importancia en el futuro. 
Por eso queremos justamente subvencionar las más pequeñas centrales de biomasa. 
Contribuyen esencialmente a la independencia energética de Europa, y también aquí la madera tendrá un papel importante en el futuro. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias tanto a la Comisión, como al diputado ponente de este informe, Sr. Seppänen. 
Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, me interesa particularmente el modo en que el informe ha logrado tomar en cuenta los factores ecológicos y, en buena parte, incluso los factores sociales y económicos de un sector que desarrolla sus actividades en mercados abiertos. 
Personalmente, quiero poner de relieve la turba de pantano, tratada en el segundo punto del informe. 
En el informe se exige que la industria de la turba sea incluida en el ramo forestal. 
Se trata de una exigencia muy justificada. 
Si consideramos la política energética de la UE, esta inclusión contribuiría a alcanzar los objetivos que persigue la Unión y que han sido expuestos recientemente en el Libro Verde sobre la energía. 
La turba incrementa nuestra capacidad de aprovisionamiento, que se debilita alarmantemente, y nuestro grado de autoabastecimiento energético, fomenta la producción combinada de electricidad y calor y aporta las ventajas de sinergia derivadas del uso energético de la madera y de la turba. 
Usada en la medida en que se regenera anualmente, la turba es claramente una fuente de energía renovable. 
Asimismo, la turba tiene muchas repercusiones positivas en los ámbitos regional y laboral que hablan en su favor. 
En suma, la turba debería equipararse más a la madera que, por ejemplo, al carbón, con el cual está emparejado, contra toda evidencia, en la clasificación que hace la UE. 
La renovabilidad de la turba es un hecho biológico indiscutible. 
La turba se genera continuamente mediante la fotosíntesis de la vegetación de los pantanos y la asimilación de residuos arbóreos. 
Su génesis se produce básicamente de la misma manera que las demás biomasas de origen vegetal, por ejemplo los árboles. 
Sólo que el tiempo requerido es más largo. 
Según un reciente estudio científico imparcial, la turba debería diferenciarse de los combustible fósiles, cuya formación requiere de millones de años. 
En base a su proceso de formación y a su intrínseca capacidad de regeneración, la turba debe ser clasificada en el grupo de los combustibles provenientes de biomasas, pero como su regeneración es mucho más lenta que la del resto, habría que crear una tercera y nueva categoría intermedia entre las fuentes de energía fósiles y las de rápida renovabilidad. 
Se trata de un biocombustible de lenta renovabilidad. 
Sin lugar a dudas, la combustión de la turba, al igual que la combustión de la madera, emite a la atmósfera gases de efecto invernadero. 
El Protocolo de Kyoto no incluye las emisiones de la madera entre los contaminantes con impacto en el planeta, ya que el carbono asimilado por los árboles se liberaría de todas formas al descomponerse la madera. 
Durante los últimos años también han aparecido estudios sobre el grado de asimilación de carbono y sobre la rotación de los gases en los pantanos de turba, y según los resultados obtenidos, sería recomendable hacer una revisión de los niveles de emisión en la combustión de la turba, tomando en cuenta en su conjunto el grado de asimilación de gases en los pantanos. 
Al hablar de la turba, cabe recordar las escalas en que nos movemos. 
La superficie usada con fines energéticos es ínfima en comparación con los terrenos pantanosos usados por la economía forestal y por la agricultura. 
En la extracción de turba se usa menos del uno por mil de la superficie total de los terrenos pantanosos nórdicos. 
Sin embargo, el aprovechamiento económico de la turba tiene gran importancia para las zonas con grandes superficies pantanosas. 
Por ejemplo, en Finlandia se utiliza cada año menos de la mitad de la turba que se genera anualmente. 
No se echa mano del capital porque basta con los intereses. 
En el informe se insta a la Comisión a que impulse la coordinación y la coherencia de las acciones comunitarias de los diferentes sectores con repercusiones en el ramo forestal, con el fin de mejorar la competitividad. 
Esta necesidad de coordinación y de coherencia parece afectar particularmente a la turba, y un paso importante en esta dirección sería cambiar la clasificación y el estatus de la turba de forma acorde con su auténtica naturaleza. 
. 
(FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los diputados al Parlamento, particularmente al ponente de este informe, Sr. Seppänen, por su meritorio trabajo. 
La Comisión acoge con agrado este informe y la propuesta de resolución. 
Ambos coinciden con las visiones de la Comisión. 
El informe es muy detallado y se concentra en los múltiples factores que influyen en la competitividad de la industria forestal, sean éstos de índole material o inmaterial. 
Estamos de acuerdo con usted en que son precisamente los factores inmateriales, tales como la profesionalidad, la innovación, la investigación y los trabajos de desarrollo del producto, los que configuran las piedras angulares del grado de competitividad de la industria europea. 
Una de las prioridades más importantes es precisamente garantizar la existencia de un alto nivel de profesionalidad. 
Para empezar, quiero ilustrar con unas cuantas palabras la gran importancia de este sector industrial. 
Representa el diez por ciento del total de la producción industrial, tanto en términos de valor añadido de la producción como de nivel de empleo mantenido. 
Cabe recordar que existen 12 millones de propietarios forestales privados que proveen de madera a la industria, y hay industrias del sector por todo el territorio de la UE. 
La industria se encuentra principalmente en zonas alejadas, en las que contribuye a mantener la actividad comercial, el empleo y las infraestructuras. 
Los cinco campos de actividad más importantes de estas industrias constituyen uno de los sectores industriales más grandes de la Unión Europea. 
El valor de su producción supera los 300.000 millones de euros, siendo su valor añadido de 110.000 millones de euros. 
Emplea directamente a 2,5 millones de personas y a muchísimas más de forma indirecta. 
La comunicación de la Comisión sobre la situación de la competitividad de las industrias silvícolas y afines se ha aproximado a este sector industrial de una forma novedosa, enfocándolo como un ramo global en el que el rendimiento de cada campo de actividad repercute en la competitividad de todos los demás subsectores. 
Esta aproximación de conjunto resta amplitud al análisis específico de cada subsector, pero permite enfocar las cuestiones desde una perspectiva más amplia. 
La comunicación aporta un punto de partida para la evaluación continua de los factores que influyen en la competitividad de dichas industrias. 
Por ello, la Comisión ha realizado un conjunto de estudios específicos de las ramas de las industrias silvícolas y afines. 
Las investigaciones sobre la industria gráfica y la industria mecánica han sido ya publicadas. 
Asimismo, como continuación de la comunicación que nos ocupa, la Comisión ha creado dos canales para abordar las diferentes cuestiones. 
El primero es un comité consultivo del sector forestal y de las industrias forestales, el cual reanudó sus actividades en 1997, y el segundo es un foro del sector de las industrias silvícolas y afines. 
Este foro desempeña un papel fundamental, puesto que permite abordar las cuestiones claves de forma sistemática y hace posible una interacción eficaz entre las empresas, las organizaciones industriales y los demás agentes implicados. 
Este foro también cuenta con la participación de representantes de órganos comunitarios, como el Parlamento y la Comisión, y de los Estados miembros. 
El primer foro, de alto nivel, tuvo lugar aquí en Estrasburgo a principios de septiembre, y puedo informar que el ponente de ese informe, el Sr. Seppänen, también estuvo presente en el mismo. 
Allí se abordaron también cuestiones relacionadas con el sector de la impresión y la edición, aspectos mencionados por la Sra. Flesh: los derechos de autor, los derechos de los productos industriales y el comercio electrónico. 
El siguiente foro tendrá lugar en Estocolmo el próximo mes de junio. 
Este foro se concentrará en un análisis más exhaustivo de las fórmulas mediante las cuales las industrias silvícolas y afines pueden fomentar el desarrollo sostenible y optimizar sus aportaciones en materia de protección medioambiental durante todas las fases de la cadena de producción, desde el bosque hasta la elaboración final del producto. 
La toma en consideración del desarrollo sostenible reviste cada vez más importancia. 
En junio tendrá lugar el Consejo Europeo de Goteburgo, que tomará decisiones importantes en este sector. 
La industria forestal es uno de los sectores en cuyo ámbito todos y cada uno de los factores económicos, sociales y ecológicos con incidencia en el desarrollo sostenible están estrechamente interrelacionados. 
La industria forestal utiliza materias primas renovables y se sirve de los métodos más modernos de reciclaje y acumulación de energía, por lo que su aportación al conjunto del desarrollo sostenible puede ser muy importante. 
A la pregunta de la Sra. Flesch respondería del siguiente modo: nos consta que, hoy por hoy, el sector editorial difiere del sector forestal propiamente dicho, pues se basa tanto en el uso del papel como en el de otros muchos productos. 
El problema con el que se ha encontrado la Comisión es que los recursos de la Dirección General de Empresas se han visto reducidos en un 20 % durante el último año. 
Se ha efectuado una reducción de personal de 210 empleados. 
Nos hemos visto obligados a reagrupar secciones y oficinas. 
No obstante, estoy dispuesto a retomar el debate sobre esta cuestión con el objeto principal de examinar en qué sector o grupo de actividades sería conveniente incluir al ramo editorial. 
Tras este debate, me pondré en contacto con los representantes de este sector. 
Quiero volver a dar las gracias al Sr. Seppänen por su excelente informe y al resto de los diputados por su contribución a este trabajo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
Señora Presidenta, deseo formular tanto a usted como al Pleno una solicitud. 
El informe sobre el que soy ponente y que debía debatirse esta mañana, se ha aplazado a la tarde junto con la votación. 
Lamentablemente, no puedo quedarme, motivo por el cual les agradecería su aplazamiento al próximo período parcial de sesiones. 
Señora Presidenta, exactamente eso es lo que temíamos cuando se eliminó la sesión de los viernes: que no podamos ya trabajar el jueves por la tarde. 
Señora Pack, comprenderá usted que no corresponde a la Presidencia comentar ese comentario. 
Solamente diré que tratándose del caso preciso que se me somete, el informe del Sr. Ferri estaba programado esta mañana, pero no tuvimos tiempo de examinarlo. 
El Sr. Ferri está ausente esta tarde y no puede quedarse para presentar su informe. 
Me parece, salvo si hay objeciones, que podemos dar curso a su deseo de aplazar este informe debido a su ausencia esta tarde y visto que el informe no pudo examinarse en el momento previsto. 
Señora Presidenta, si usted opta por dejarlo pasar, entonces la razón es nuestra. 
Pero quisiera apoyar a la Sra. Pack y dejar fundamentalmente claro que si nosotros acortamos las sesiones no puede ser que los informes se queden sin ser votados porque los ponentes ya no están los jueves por la tarde. 
Estamos de acuerdo con el procedimiento de hoy. 
Pero pido de nuevo que prestemos atención, incluidos los miembros de las comisiones, para que la asistencia esté garantizada hasta el jueves por la tarde. 
Señor Swoboda, estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Si el informe del Sr. Ferri no hubiera sido programado esta mañana, yo no habría tenido esta posibilidad. 
Señora Presidenta, Señorías, no puedo sino apoyar las observaciones de la Sra. Pack y del Sr. Swoboda, pero pienso que el problema de las modificaciones de programación se debe también a lo que yo llamaría una mala programación en el orden del día, puesto que nunca podemos cumplirla. 
Siempre tenemos que retrasar el examen de los informes. 
Creo que ello se debe al hecho de que el tiempo no puede ser controlado de manera suficiente y que quizás también necesitemos modificar y examinar un determinado número de elementos de funcionamiento de nuestra Asamblea, pero pienso que la reducción de la sesión a cuatro días es el principal elemento responsable de estas desviaciones en su conjunto. 
Si ya no podemos trabajar en sesión plenaria sino tres días y medio, luego serán dos días. 
Es, sin embargo, el conjunto de los diputados el que debe manifestar aquí la seriedad de su trabajo en relación con su compromiso parlamentario. 
Creo que esta cuestión se plantea una vez más. 
Señora Presidenta, quiero hacer dos breves observaciones a este respecto. 
La primera es que durante toda la semana hemos oído hablar sobre la decisión de suprimir la sesión del viernes. 
Cualquiera que fuera la decisión tomada y fuera nuestro voto del signo que fuera, el Parlamento adoptó una decisión democrática, y la próxima oportunidad de modificarla se presentará cuando debatamos el calendario para el año 2002. 
Creo que no es democrático seguir planteando la cuestión. 
En segundo lugar, si examinamos la agenda de esta semana, veremos que en orden del día la tarde del lunes estaba libre. 
Así que quizá podríamos estudiar formas de hacer un mejor uso de nuestro tiempo y destinar la tarde del lunes a la celebración de debates. 
De este modo acabaríamos todos el jueves por la tarde y podríamos irnos a casa y hacer nuestro trabajo el viernes. 
Señora Presidenta, formo parte de aquellos que resultan los menos sospechosos de ser favorables a las sesiones sin viernes. 
Por tanto, puedo decir sin cuidado que pienso que, cuando se hace la petición de aplazar la votación de un informe que está previsto para el final de la jornada del jueves, que éste debe ser presentado por un miembro que tiene que hacer 2000 kilómetros para regresar a su casa y que, si no puede tomar el único vuelo disponible el jueves por la tarde, se ve obligado a regresar a su casa el viernes por la noche, también nos podemos mostrar flexibles en la apreciación de su situación en el futuro. 
Lamentablemente, es una votación que considero irresponsable, lo que nos pone en esta situación; debemos administrarla de la manera lo más responsable posible en los próximos meses. 
No vamos a iniciar un debate sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, en el contexto de los asuntos que estamos tratando, ha surgido un primer problema con la semana de cuatro días en relación con el transporte. 
Resulta imposible hasta el próximo mes de diciembre conseguir una plaza en el vuelo Estrasburgo-Bruselas de las 16.30 de los jueves. 
Ello ha originado que muchos miembros de nuestro personal y encargados de prensa tengan que salir en el vuelo de las 12.30 de los jueves. Esto es inaceptable. 
Le ruego que hable con los que mandan en esto para conseguir vuelos de vuelta extra a Bruselas para el jueves por la tarde con el objeto de acomodar a nuestro personal, de modo que puedan quedarse aquí todo el jueves. 
Señora Doyle, puesto que aborda usted esta cuestión, puedo decirle que el Ayuntamiento de Estrasburgo nombró al Sr. Ries como responsable para seguir todos los problemas, éstos y otros, que pudieran presentarse. 
Me entrevisté largamente con el Sr. Ries esta semana y abordamos precisamente, a mi iniciativa, estos diferentes problemas, porque estoy muy consciente de ellos, no solamente, por lo demás, en lo que atañe a una nacionalidad, sino prácticamente a todos los diputados de esta Asamblea. 
Señora Presidenta, el Parlamento votó la reducción a cuatro días de la sesión de Estrasburgo, lo que implica una reducción de las jornadas que trabaja el personal auxiliar. 
Por nuestra parte, pedimos que no se le penalice financieramente... 
No es una cuestión de orden, señora Bordes. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, el lunes pasado tomé la palabra para dar a conocer a los honorables diputados de este Parlamento la reciente decisión del Gobierno español por la que se garantiza el perdón a catorce torturadores. 
En ninguna propuesta de resolución sobre derechos humanos encontramos la más mínima referencia al Reino de España, a pesar de que muchos países son mencionados específicamente. 
Esto es tanto más lamentable en cuanto que el Gobierno español ha concedido el perdón para garantizar la impunidad a los torturadores y para mantener la tortura como una práctica fundamental en su estrategia de represión. 
En lo que respecta a los derechos humanos, una vez más, la hipocresía ha ganado por votación en este Parlamento. 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra 
La liberalización del sector del transporte aéreo y la salvaje competencia entre las compañías aéreas ha ocasionado serios problemas de relajación de los criterios de seguridad de los aviones de pasajeros. 
Por ello es especialmente importante el establecimiento de exigencias armonizadas para el funcionamiento del transporte aéreo comercial, al objeto de mantener un elevado nivel de seguridad que no sea socavado por la competencia. 
Tanto la Comisión de Transportes como el ponente han mejorado las propuestas de la Comisión. 
Es importante que, en el caso de que no haya propuestas de normas consensuadas por los interesados, el propio Parlamento Europeo asuma también la iniciativa respecto a las horas de vuelo, las horas de servicio, y el resto de exigencias relativas a las tripulaciones de cabina de pasajeros y cabina de pilotaje antes del 1 de mayo, tomando en consideración las necesidades de los trabajadores y las exigencias de la seguridad. 
Es una necesidad aun más imperativa desde el momento en que la Comisión, desgraciadamente bajo las presiones de las compañías aéreas, no propone en su texto ninguna disposición con respecto a la limitación de las horas de vuelo. 
La única razón por la que votamos esta propuesta de resolución común es la toma de posición en favor de la abolición de la pena de muerte y la afirmación de algunos principios elementales relativos a la igualdad de las mujeres, el trato de los niños y la oposición a la discriminación racial. 
Si la resolución cita, sin embargo, un determinado número de países, tales como el Tíbet, China, Afganistán, Papuasia o Chechenia, donde los derechos humanos se violan efectivamente en un buen número de ámbitos, si no en todos, no hay una sola palabra sobre esas grandes potencias, especialmente la Unión Europea que, cuando no violan algunos derechos humanos en sus países, los violan en sus antiguas colonias, directamente o protegiendo a los dictadores que pisotean esos derechos. 
Cuando las reivindicaciones de los derechos humanos proceden de aquellos que son víctimas de su ausencia, o cuando provienen de asociaciones que trabajan sinceramente para aligerar el peso de la opresión, por lo menos en los ámbitos en los que se ocupan, somos solidarios de ellas. 
Sin embargo, para las grandes potencias responsables de la explotación y de la opresión de la mayor parte del planeta y para sus representantes políticos, las referencias a los derechos humanos no son, en general, más que informaciones hipócritas contradichas por todas sus acciones diplomáticas y militares y por esa "razón de Estado" detrás de la que por lo general se esconden sórdidos intereses de grandes grupos financieros a los que no les importan los hombres, ni sus derechos. 
Informe Hedkvist Petersen (A5-0381/2000) 
Señora Presidenta, seguía yo en la cabina del piloto del avión que me llevaba de Milán a Estrasburgo y charlando con él- incluso recuerdo su nombre, Antoine- le expresé mis preocupaciones por el transporte aéreo diciéndole: " ¿Seguro que no hay peligro? 
¿Es posible que el vuelo no sea seguro? 
¿No habrá peligro de accidente? " 
"¡ Pero qué dice, Sr. Fatuzzo !" me contestó el piloto. " ¡El avión es el medio de transporte más seguro que existe! 
Donde hay accidentes es en el transporte por carretera. 
De entre todos los medios de transporte, el coche es con creces el que más muertos y heridos provoca. " 
Por ello, acojo muy favorablemente y apoyo este documento a través del cual Europa emprende una acción concreta para limitar los gravísimos daños que los accidentes de tráfico ocasionan. 
Señora Presidente, quiero hablar sobre este informe porque creo que es necesario que la Unión Europea encuentre una forma más efectiva de garantizar que los Estados miembros que asumen compromisos en asuntos en que está en juego la vida de las personas cumplan dichos compromisos. 
El informe pone de manifiesto que durante los años noventa el número de muertes en accidentes de tráfico descendió el 26% en la Unión Europea. 
En Irlanda, sin embargo, el descenso sólo ha sido del 13%. 
Tenemos la tercera tasa de accidentes más alta y la más alta de víctimas mortales en la Unión Europea. 
Justamente en el pasado mes de agosto, el National Safety Council señaló que, en lo que a él respecta, entiende que no existe compromiso político alguno para tratar efectivamente el problema de la seguridad en el tráfico. 
Según sus cálculos, de los 62.000 jóvenes que se presentaron al examen del permiso de conducir en junio de 2000, dentro de ocho años mil de ellos habrán muerto en accidentes de tráfico evitables. 
Esta situación me parece grotesca y, simplemente, la Unión Europea no debe tolerarla. 
Si los Estados miembros asumen compromisos para abordar asuntos en que está en juego la vida de las personas, debemos encontrar formas de garantizar que cumplan dichos compromisos. 
Felicitaciones a la Sra. Petersen por su trabajo, serio, detallado e innovador. 
En efecto, la seguridad vial es un tema grave en el que no puede permitirse la hipocresía ni efectos de lenguaje (lo que sin duda alguna evita nuestra compañera). 
Algunos, en nuestra Asamblea, aprovecharán para pedir el fortalecimiento del principio de subsidiariedad para dejar a los Estados miembros el cuidado de administrar como les parezca conveniente las decisiones de seguridad vial. 
Por mi parte, comparto la opinión del ponente que, sin dejar de reconocer la posición fuerte de los Estados en este ámbito, reconoce, sin embargo, que se trata de un sector de competencias de carácter compartido entre las autoridades comunitarias, nacionales, regionales y locales. 
En efecto, las fuertes disparidades existentes entre los Estados miembros, especialmente en lo relativo a las limitaciones de velocidad y a las tasas de alcoholemia (autorizada) en la sangre, ¡no mejora la disminución del número de accidentes en las carreteras europeas! 
(Los accidentes de la circulación constituyen en la Unión Europea la primera causa de mortalidad en los niños y los adultos menores de 45 años.). 
Por esta razón, me parece necesario, al igual que a la ponente, que la Comisión no se contente con una recomendación sobre la tasa de alcoholemia, sino que la limite claramente a 0,5 mg/ml. Asimismo, se precisa un apoyo suplementario al programa europeo de evaluación de nuevos modelos de vehículos (EuroNcap). 
Este apoyo podría concretarse, especialmente, en la forma de una propuesta de directiva. 
Del mismo modo, nos es preciso examinar un fortalecimiento del vínculo existente entre medio ambiente y seguridad vial (para llevarnos, por ejemplo, a analizar de nuevo los equipamientos de señalización vial con la finalidad de que sean más seguros). 
Todos debemos asumir nuestras responsabilidades, y es lo que propone que hagamos la señora ponente en esta iniciativa que la honra. 
Por tanto, votaré en favor de este informe. 
Si todo el mundo está de acuerdo en condenar el considerable número de accidentes de carretera en los diferentes Estados miembros europeos, el Grupo Europa de las Democracias y las Diferencias no puede estar totalmente de acuerdo con el informe de la Sra. Hedkvist Petersen sobre los medios que hay que aplicar para solucionarlo. 
En efecto, la solución no puede ser siempre más Europa, siempre más dinero, y siempre más represión. 
Este cóctel, ya introducido en diferentes escalas en varios países, ha demostrado su ineficacia. 
En cambio, una mejor adecuación entre las medidas concretas y las especificidades nacionales parece ser la vía que hay que explorar si se desean resultados positivos reales. 
El modo de transporte que es el automóvil, con todo lo que implica, depende más de una cuestión de formación, de comportamiento y de cultura. 
¿Cómo entonces querer encontrar soluciones armonizadas a escala europea? 
El informe de la Sra. Hedkvist Petersen constituye para nosotros la propia negación de la subsidiariedad que nos esforzamos por preservar, no de manera dogmática, sino con el fin de ser lo más eficaz posible respetando las diferencias de cada uno, para el mayor provecho de nuestras poblaciones. 
¿Qué hay de una aplicación de verdaderas soluciones, las que necesitan inversiones importantes? 
Una reforma de la formación (por ejemplo, una educación vial desde la edad escolar, o cómo frenar en caso de emergencia en la escuela de conducción) , la sistematización de los elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos más baratos de la gama mediante incentivos fiscales en favor de los constructores de automóviles, o incluso la modificación de las infraestructuras suprimiendo totalmente los "puntos negros", son la verdadera baza de una política de seguridad vial inteligente. 
¡Naturalmente, eso resulta ciertamente más difícil que la mera represión que consiste, por ejemplo, en poner un radar en un coche que parece ordinario en la bajada de una autopista de tres vías totalmente despejada! 
. (EN) Presto mi apoyo incondicional al informe presentado por mi colega del Partido Socialista, que conmina a la adopción de nuevas medidas para reducir el número de muertes en la carretera y promover la seguridad vial en Europa. 
Las espeluznantes estadísticas ponen de manifiesto la gravedad del problema. 
Es simplemente inaceptable que cada año mueran unas 42.000 personas y cerca de 1,7 millones resulten heridas en las carreteras de la UE. 
Como es lógico, las cifras varían de un país a otro. 
En Portugal y Grecia se producen 243 y 212 muertes por cada millón de habitantes, respectivamente, mientras que en el extremo inferior del espectro se encuentran Suecia y el Reino Unido, con 60 y 61 muertes por millón, respectivamente. 
Cada persona que muere es una persona de más que muere. 
Cada uno de los casos es una tragedia individual que destroza a una comunidad. 
Necesitamos desesperadamente mejorar la seguridad vial con equipos de seguridad en los automóviles, campañas de promoción del uso del cinturón de seguridad y una mejor señalización de las carreteras. 
El Gobierno laborista británico se halla al frente, liderando una campaña contra la conducción bajo los efectos del alcohol. 
Las vidas de todos nuestros ciudadanos, sobre todo las de nuestros jóvenes, valen demasiado como para no valorarlas. 
Informe Poli Bortone (A5-0358/2000) 
. (SV) La causa más frecuente de muerte de las personas de menos de 45 años en la UE son los accidentes en carreteras, de tal manera que se ha convertido en un problema de salud pública. 
El parlamento sueco ha fijado como objetivo general de los trabajos de seguridad vial la desaparición total de los accidentes de circulación. 
Sin embargo, para alcanzar esta meta serán necesarias herramientas confiables. 
Para disminuir a corto plazo el número de víctimas mortales se requieren controles enérgicos que comprendan revisiones a los coches, controles de velocidad con métodos fotográficos modernos, pruebas de alcoholemia, uso de medidores de pupilas en los casos en que se sospeche el uso de narcóticos y control del uso de cinturones de seguridad. 
Para alcanzar la meta de que nadie muera en las carreteras, tendrán que aumentar los transportes colectivos a costa del tráfico por carretera. 
Respaldamos el informe en la votación final, pero creemos que va demasiado lejos en sus ambiciones de armonización. 
El informe es una iniciativa del Parlamento que exige propuestas de armonización de la seguridad vial en el ámbito europeo. 
A nuestro juicio, el anhelo de aumentar la seguridad vial es plausible, pero no es un asunto en el que la Unión deba invertir recursos, sino que donde mejor se le puede atender es en el ámbito nacional. 
Señora Presidenta, cuando volví al asiento que me había sido asignado en el avión, me puse a charlar con mi vecino de asiento- que es un pensionista y se llama Lino Miserotti- el cual de pronto me dijo: "¡ Mira, estamos sobrevolando Düsseldorf !" 
Miré por la ventanilla y vi la ciudad y cerca de ella unos hangares muy grandes, visibles a muchos metros de altura. 
¿"Qué son esos hangares ?" le pregunté al pensionista que estaba sentado a mí lado. 
Y él me contestó: " Esos son unos hangares donde se guardan camiones y vagones. 
Es un centro intermodal. 
Estos centros de transporte intermodal son muy útiles porque las mercancías se guardan en estos hangares para que los transportes se puedan realizar mejor, más rápidamente y a un precio más barato ". 
Señora Presidenta, quisiera aclara que he votado a favor del informe Poli Bortone especialmente porque la enmienda 1 fue aceptada. 
Esta enmienda expresa la preocupación de que hay retrasos en la construcción de la red ferroviaria europea y de los corredores ferroviarios europeos. 
Esta problemática es para la región de los Alpes, de donde yo soy, y sobre todo para la transversal Múnich-Verona, de gran importancia, y esperamos que la Comisión se sienta estimulada por la votación reciente de este Parlamento a acelerar los trabajos de preparación correspondientes y a impulsarlos con mayor concentración y energía de lo que lo ha hecho hasta ahora para que este urgente problema de la región de los Alpes pueda ser solucionado. 
Informe Costa Paolo (A5-0345/2000) 
Señora Presidenta, me encontraba en el tramo de autopista entre Bérgamo y Milán, donde el tráfico es muy intenso, en compañía de Lino Miserotti, el mismo pensionista de antes, y hablábamos de los peajes que se pagan por circular por el autopista. 
Lino Miserotti me decía: " Soy pensionista y encuentro justo pagar el peaje por utilizar este autopista, ya que de este modo contribuyo a la construcción y al mantenimiento de la autopista que es una infraestructura importante para los transportes. 
Sin embargo, a los trabajadores que trabajan y que no se han jubilado todavía convendría que no se les hiciera pagar ninguna tarifa ". 
Pues bien, he votado a favor de este texto, pero pido que establezca una diferencia entre quien utiliza la carretera para trabajar y quien la utiliza en su tiempo libre: el primero no debería pagar lo mismo que el segundo. 
Como de costumbre, bajo las intenciones a primera vista loables, se adivina lo peor en un informe del Parlamento Europeo. 
Aquí, se trata de la tarificación de las infraestructuras de transporte. 
Pero debe leerse entre líneas para comprender de qué se trata exactamente y se cae de nuevo en la cuenta de dos manías de esta institución: la creación de un impuesto medioambiental y la guerra que se hace al transporte por carretera y al automóvil. 
En efecto, lo que aquí se propone en letra pequeña sólo quiere una cosa: poner un impuesto más, y siempre a los usuarios de la carretera, ya considerados en Europa como vacas lecheras. 
La posibilidad de instaurar incluso peajes e impuestos por la utilización de las carreteras nacionales o departamentales. 
Es demencial. 
Cuando el precio del combustible es prohibitivo, cuando alcanza cinco a seis veces su precio de salida de la refinería porque más del 80% de ese precio está integrado por impuestos, nos decimos que el usuario de la carretera paga ya con largueza el hecho de utilizar las infraestructuras viales públicas en proporción con la utilización que hace de su vehículo. 
Y no hablo de todos los demás impuestos relacionados con la carretera: la lista es demasiado larga y los importes demasiado deprimentes. 
Por lo demás, al terminar de leer este informe, uno se pregunta para qué pueden servir los impuestos que pagamos. 
Visiblemente, para nada, puesto que en Francia, por ejemplo, descontar previamente la mitad de la riqueza nacional en beneficio de las colectividades públicas no permite ni la seguridad de los ciudadanos, ni el logro de un bienestar colectivo, ni la preservación de un marco de vida, ni una política de transporte coherente y eficaz. 
El Estado, los Estados, deberían pensar primero en el uso que hacen de nuestro dinero antes de dar a Bruselas un determinado poder de agravar inútilmente la situación. 
Comparto el enfoque preliminar del informe que destaca la necesidad de tener mejor en cuenta los costes externos de la tarificación. 
Evidentemente, las infraestructuras deben ser rigurosamente mantenidas y modernizadas. 
Sin embargo, ¿qué financiaciones deben solicitarse? 
El informe destaca que nada debe obstaculizar el desarrollo del mercado en los Estados miembros, es decir que no debe tocarse a los beneficios de las empresas. 
El dumping social practicado por el sector del transporte por carretera o el escándalo de las concesiones de las autopistas, por ejemplo, no se ponen para nada en tela de juicio. 
No querer el aumento de la fiscalidad, es impedir también que los Estados no intervengan para obstaculizar la sacrosanta regla de la competencia. 
Por el contrario, "eliminar definitivamente las distorsiones de la competencia entre los Estados miembros" como lo recomienda el ponente. 
En ningún momento en el informe, no hace referencia a una respuesta pública a las necesidades sociales, sino por el contrario, la única respuesta al "mercado total" es recurrir a las sociedades privadas, tanto para la construcción como para la gestión de las infraestructuras. 
Por tanto, los únicos pagadores claramente identificados en el texto son los usuarios. 
Esa es la razón por la que no votaré este informe. 
Informe Karamanou (A5-0373/2000) 
Estamos de acuerdo con algunos aspectos mencionados en este informe, en particular en cuanto a la necesidad de desarrollar las infraestructuras de transportes en el sentido de la sostenibilidad medioambiental y la preservación y el fortalecimiento del derecho de movilidad de todos los ciudadanos y la accesibilidad de los servicios de transportes de interés público, si bien creemos que esas referencias deberían merecer una mayor atención en el conjunto de la resolución. 
Sin embargo, no podemos dejar de oponernos al establecimiento de criterios comunitarios que traten igualitariamente a todos los usuarios de los medios de transportes y no tengan en cuenta los diferentes niveles de infraestructuras existentes en los Estados miembros. 
Por estas razones, no podremos votar a favor de este informe. 
. (DE) La política debe desarrollar un sistema que ayude a que surja a la luz el principio de los costes verdaderos de los transportistas. 
Esta Resolución es un paso importante y un reto para la Comisión para que presente finalmente propuestas concretas. 
Los problemas de transporte sólo pueden resolverse con un consenso europeo. 
Como representante de un país que tiene que combatir graves problemas derivados del tránsito alpino, pido a la Unión que se ocupe de este tema con más energía que hasta ahora. 
La Unión aún no ha ejercido su responsabilidad de manera suficiente. 
Una competencia limpia entre transportistas sólo tendrá lugar si los costes externos se contabilizan entre los gastos. 
Los aspectos geográficos y ecológicos deben encontrar necesariamente acomodo en este sistema unitario. 
Todo ello en beneficio del medio ambiente y de la población. 
. (SV) No puedo imaginarme, en virtud de los principios de subsidiariedad y de democracia, que la Unión Europea tenga derecho a recaudar impuestos. 
Esto vale también en el sector de los transportes. 
Según cálculos del gobierno de los Países Bajos, la presente propuesta significaría un alza de un 15 por ciento del precio de la gasolina y del 21 por ciento del precio del gasóleo, además de encarecer el precio de los billetes de trenes de distancias medias y largas en alrededor de un 50 por ciento. 
Las consecuencias para las zonas con baja densidad de población, por ejemplo Dalarna, donde la población disminuye y emigra, son evidentes y desastrosas. 
El ponente pretende establecer nuevos impuestos estatales y comunitarios, además de gravámenes al uso de caminos, ferrocarriles y aeropuertos; a los seguros de vehículos y a la gasolina y el gasóleo. 
Una parte de los ingresos recaudados de esta forma se destinarían a los gobiernos de los Estados miembros para uso exclusivo en infraestructuras, y otra iría a la Comisión, para disponer de ellos libremente. 
Si esta resolución se aprobase en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros, se habría dado a la Unión derecho a recaudar impuestos propios, como un verdadero estado. 
Los cristianodemócratas suecos no queremos ayudar a que esto ocurra. 
En mi opinión, es muy grave encarecer aún más los transportes de personas y mercancías. 
Es evidente que esto afectaría muy seriamente a las provincias alejadas. 
Además, dificultar y encarecer los encuentros entre las personas, dentro y fuera de las fronteras nacionales, no está en concordancia con la idea de la comunidad europea. 
Señora Presidenta, en el informe de la Sra. Karamanou se habla mucho de cuotas. 
Yo me he abstenido en la votación. 
¿Por qué? 
Soy el secretario nacional del Partido de los Pensionistas en Italia desde 1983 y es desde 1983 que, aunque represento el Partido de los Pensionistas, oigo decir: " Pero usted no es pensionista. 
Es usted muy joven, no está jubilado ". 
Esto es algo que me alegra, pero con frecuencia me preocupa porque me pregunto: "¿ Pero por qué? ¿Acaso una persona que no está jubilada no puede defender a los pensionistas ?" 
Señora Presidenta, ¿cree usted que no puedo defender con determinación, convicción y constancia a los pensionistas, aunque aún no me jubilado? 
Entonces, ¿acaso nosotros, los hombres, a pesar de que no somos mujeres, no podemos defender los derechos de las mujeres igual de bien? 
Es por esto que no estoy muy a favor de las cuotas. 
Señora Presidenta, en el informe Karamanou el Grupo del PPE/DE ha votado mayoritariamente en contra. 
Esta señal puede ser mal entendida o incluso puede ser utilizada contra nosotros con animo de polemizar. 
Naturalmente, no estamos en contra de la política de equiparación y mucho menos a favor de la postergación de las mujeres. 
Estamos totalmente de acuerdo con los principios que la Sra. Comisaria Diamantopoulou ha expuesto en la discusión de esta mañana para cerrar el debate. 
Estamos a favor del mainstreaming en la economía y en las instituciones públicas, en los ámbitos de la educación, de la formación y de la cultura. 
Estamos a favor de la constitución de redes políticas y necesitamos indicadores políticos, por ejemplo el procedimiento benchmarking. 
Estamos también a favor de acciones y de medidas concretas que se lleven a la práctica en los estados miembros de la UE. 
Esto lo hemos demostrado en los países en los que los cristiano-demócratas y los conservadores tienen la responsabilidad. 
En nuestros partidos se puede demostrar que hay mujeres que ocupan con éxitos posiciones de dirección. 
Por ejemplo, en Alemania, en mi partido, la CDU, una mujer ostenta la dirección, y en el Grupo del PPE/DE un considerable número de jefaturas nacionales de delegaciones esta formado por mujeres. 
Por consiguiente, no cabe duda alguna acerca del objetivo de implantar la equiparación; esto puede leerse también en las intervenciones de mis compañeras y de mí mismo esta mañana. 
Pero la ponente, la Sra. Karamanou, y su Grupo Socialista no estaban dispuestos a apoyar nuestras enmiendas que rechazan el establecimiento de cuotas en toda Europa. 
En los Estados miembros de la Unión Europea existen diferentes sistemas para la participación numérica de las mujeres. 
Por lo demás, al contrario de cómo figura en el informe, ésta no se fija por los gobiernos sino por los partidos cuando confeccionan sus listas. 
Esto debe seguir siendo así, éste es el principio de subsidiariedad. 
Por consiguiente, el intento de acusar a mi Grupo de que estamos en contra de una participación equilibrada de hombres y mujeres en el proceso de decisión, por haber rechazado mayoritariamente el informe Karamanou, está condenado decisivamente al fracaso. 
Señora Presidenta, no sólo debe coincidir la dirección de las ideas y de las iniciativas, sino que deben coincidir también y, sobre todo, los detalles. 
Votamos, naturalmente, en contra de la enmienda de la derecha que considera aparentemente como excesiva la propuesta del informe en la que se quiere que, en los órganos electos, tanto las mujeres como los hombres estén representados por lo menos en un 40%. 
Votamos el párrafo controvertido del informe Karamanou aunque tengamos la convicción de que fijar cuotas no soluciona, ni mucho menos, la desigualdad que se impone a las mujeres, tanto en los puestos de decisión como, todavía más, en la sociedad. 
. (EN) He votado a favor del informe Karamanou. 
Los distintos informes y aportaciones a este debate nos recuerdan que algunos de nuestros peores temores están justificados. 
La discriminación aún existe, y ello lleva todavía a las mujeres más resueltas a romper el espeso sistema de perjuicios ocultos y adentrarse en las organizaciones políticas, empresariales y de otro tipo. 
La acción positiva seguirá siendo necesaria hasta que se alcance una igualdad real, y no sólo para las que posean un mayor talento, sino también para las menos fuertes. 
En todo el mundo las mujeres están infrarrepresentadas en las esferas de toma de decisiones. 
A principios del tercer milenio, las mujeres en el capitalismo aún luchan y se esfuerzan por conquistar, siquiera formalmente, su derecho a la participación, algo que el socialismo ya les había concedido a principios del siglo xx. 
El Partido Comunista de Grecia estima que el problema de la insuficiente participación de las mujeres en los centros de toma de decisiones no es tan solo un problema de democracia, sino índice de la desigualdad social y de la explotación de clase. 
Por esta razón, afecta principalmente a las capas populares. 
El supuesto interés expresado en la propuesta de resolución por la democracia en el seno de la familia no es, en realidad, sino interés por la erradicación del pleno empleo (algo reconocido sin ambages en la propuesta) , así como por la reducción y la privatización de las prestaciones sociales. 
Por otra parte, está demostrado que las llamadas políticas de igualdad de oportunidades y los diferentes programas de la UE no son sino medios para impulsar la reestructuración capitalista. 
Se proponen una igual distrubución de las cargas y la constricción de las prestaciones sociales a la familia, perjudican a las capas populares, empeoran en la práctica la situcación de la mujer y, por consiguiente, son responsables de la no participación de la mujer en los asuntos comunes. 
Las mujeres alcanzarán el lugar que les corresponde, tanto en la familia como en la vida sociopolítica, solo a través de su participación en el movimiento popular de masas que se propone dar al traste con las políticas responsables de su déficit de participación y representación. 
La auténtica participación de las mujeres no puede conseguirse con cuotas de participación en instituciones que atentan contra sus intereses y promueven el empleo a tiempo parcial, la privatización de la salud, la previsión social y la educación, el aumento de la jornada de trabajo y de la edad de jubilación. 
No estamos de acuerdo con la imposición de cuotas en los partidos, porque los partidos son organizaciones de participación voluntaria y tienen derecho exclusivo de decisión sobre su propia estructura y su propio funcionamiento. 
La imposición de cuotas en los partidos supondría una injerencia en sus asuntos internos, la violentación de la voluntad colectiva de un organismo político. 
No nos opondremos a la adopción de medidas administrativas para la participación de las mujeres en los centros de toma de decisiones si se combinan con las correspondientes medidas de una política favorable a las capas populares que actúen eficazmente en el sentido de eliminar los obstáculos a la participación de la mayoría de las mujeres. 
En caso contrario, las medidas administrativas crean falsas ilusiones y resultan desorientadoras. 
Por ello no podemos apoyar medidas aisladas de carácter administrativo, como propone la resolución. 
Por las razones expuestas el Partido Comunista de Grecia no ha participado en la votación. 
Votaré el informe porque tiene el mérito de plantear de nuevo un problema recurrente sobre la participación de las mujeres en la vida política. 
Se subraya, con toda razón, que la educación es un instrumento indispensable en la lucha contra los estereotipos y en la formación igualitaria, desde la edad más temprana, de los niños de ambos sexos. 
No obstante, faltan dos elementos esenciales a mi ojos. 
El primero es de orden económico: mientras las mujeres sean las primeras víctimas de un sistema económico que les impone tiempo parcial, salarios de segundo orden y precariedad, su participación en la vida política seguirá siendo un voto piadoso. 
El segundo es de orden político, el informe podría por lo menos proponer un estatuto del cargo electo que permitiría que los cargos electos pudieran renovarse en cada mandato, autorizando una rotación que favorecería el lugar de las mujeres. 
Asimismo, la acumulación de mandatos debería estar totalmente prohibida, la renovación del mandato podría también limitarse en su duración. 
Informe Seppänen (A5-0384/2000) 
Señora Presidenta, la semana pasada fui a visitar a un pensionista que reside en un pueblo de un valle de Bérgamo: se llama Giuseppe Carminati y es leñador. 
Me dijo: "Paso mucho tiempo solo en la montaña, en medio de los bosques, a veces por la noche, porque si cortamos la leña con la luna llena, la leña se quema mejor en las chimeneas" -esto es lo que me dijo, aunque lo sé desde hace tiempo- " y me siento muy solo. 
Pero ahora que el Parlamento Europeo va a votar una ayuda a las industrias de los productos forestales, dígale usted a la Presidenta del Parlamento, y dígaselo como representante de todos nosotros, que sentiré más cerca de mí al Parlamento Europeo en mi trabajo de leñador. 
También por la noche, con la luna llena, me parecerá que la Sra. Fontaine ésta conmigo haciéndome compañía y el trabajo me pesará menos ". 
El informe Seppänen relativo a las industrias silvícolas y afines se mueve en la dirección adecuada e intenta superar los estrechos límites de la competitividad comercial al introducir una perspectiva más amplia y profunda con respecto al bosque europeo; epecial importancia revisten: 
el desarrollo de la industria silvícola en el marco del desarrollo sostenible; 
garantizar la renovabilidad de los recursos; 
la configuración de una estrategia forestal y la coordinación de las diferentes políticas communitarias que la afectan; 
el fomento de la investigación y el aprovechamiento de los productos forestales para múltiples fines, médicos, por ejemplo. 
He de seãalar la especial importancia que se debe conceder al bosque mediterráneo y balcánico, fuente de vida en el pasado para numerosas comunidades y que hoy corre peligro de extinción. 
Por ello hacen falta programas especiales de acción comunitaria para el bosque mediterráneo y balcánico. 
- (NL) Hay varias razones por las que el informe SEPPÄNEN no ha merecido nuestro apoyo. 
Una de ellas es que la Comisión y el ponente ciñen la sostenibilidad en el sector forestal casi exclusivamente a la repoblación sustitutoria en caso de tala. 
Este criterio no es correcto. 
De ese modo, el Sr. Seppänen no tiene en cuenta el principio de biodiversidad, a pesar de que los bosques destinados a la producción de madera tienden al monocultivo. 
Por eso, es imprescindible que se planten diversas especies. 
En todo esto el productor inicial desempeña un papel clave, aunque en un mercado libre suele estar sujeto a muchas presiones. 
Por tanto, es necesario poner coto al funcionamiento del mercado. 
Desafortunadamente, el informe presta poca ocasión a este tema. 
En segundo término, el informe no insiste suficientemente en la necesidad de minimizar las emisiones. 
La combustión de madera no es una fuente de energía sostenible porque libera CO2 y otras sustancias contaminantes. 
Existen alternativas más sostenibles, como la gasificación y el compostaje. 
Además, el hecho de que los bosques se utilicen como sumideros de dióxido de carbono con objeto de alcanzar los objetivos de Kioto es discutible, puesto que también habría que tener en cuenta la combustión de madera como fuente de dióxido de carbono. 
A esto se añade que el ponente atenta contra el principio de subsidiariedad al pedir acciones comunitarias en el ámbito de la enseñanza y la tecnología así como medios para la Comisión. 
La sostenibilidad desempeña un papel cada vez más importante como factor de competitividad, tanto fuera como dentro de la UE. Por eso mismo, necesita un mayor impulso del que propone el ponente. 
(La sesión, interrumpida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, Señorías, me refiero al orden del día de nuestros trabajos de esta tarde. 
Esta mañana, la señora Presidenta estuvo de acuerdo en proponer el aplazamiento del informe del Sr. Ferri. 
Yo acepté- soy ponente del informe sobre los visados para estancias de larga duración- que el informe fuera debatido esta tarde a las 17.30 horas. 
Pero, desde entonces, he tomado nota de las excusas de varios diputados que tenían la intención de participan en este debate. 
Registré las excusas del presidente de la Comisión de Libertades, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, Sr. Watson. 
Se excusa, no estará presente. 
El Sr. Pirker, coordinador del Grupo PPE y la Sra. Terrón i Cusi, coordinadora del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, oradora prevista esta tarde, se excusan por el mismo motivo, al igual que el Sr. Hernández Mollar, previsto en el debate. 
Y otros diputados se encuentran exactamente en la misma situación. 
Considero que esta ausencia de diputados para un informe que era una de las prioridades de la Presidencia francesa no permitiría tener un verdadero debate, como conviene a un tema en la que el Parlamento debe ser consultado antes de que el Consejo pueda tomar una decisión. 
Por tanto, señor Presidente, en mi calidad de ponente y en nombre del Grupo PPE, pido aplazar mi informe a una próxima sesión. 
Comprendo su situación pero al comienzo de la semana primero fijamos el orden del día, y lo que nuestro colega, el Sr. Ferri, dijo ya esta mañana no era cierto. 
Dijo que su informe tenía que haber figurado en la mañana de hoy en el orden del día. 
Lea usted el orden del día. 
En el mismo figura el debate desde las 17.30 horas hasta las 18.30 horas y su informe figura junto con el informe Deprez al final de la lista. 
Es decir, desde el principio ha estado claro que los informes Deprez y Ferri se tratarán y se someterán a votación en la tarde de hoy, y yo me he adaptado a esto y también lo mantengo. 
La Presidenta ha dicho todavía a mediodía: la votación será a las 18.00 horas en vez de a las 18.30 horas; a las 17.30 horas finalizan las cuestiones de urgencia. 
Soy vicepresidente de la Comisión de Asuntos Interiores y puedo decirles que si hay colegas que no están presentes en ella, estoy dispuesto de buen grado a asumir su turno de palabra por entero y a emitir mi opinión sobre el informe Deprez, que es excelente. 
Señor Posselt, éste es el anuncio de una intervención de casi veinte minutos durante el debate sobre el informe Deprez. 
Señor Presidente, señoras y señores, la última manifestación de nuestro colega, el Sr. Posselt, la amenaza de que hablará sobre el informe Deprez durante 20 minutos ininterrumpidamente, constituiría ya un verdadero argumento para aplazar ahora el informe. 
Pero la problemática de fondo es otra. 
De hecho, el Sr. Posselt ha dicho todo lo que hay que decir. 
Lo que estamos viendo aquí- lo hemos discutido ya hoy a mediodía y también el lunes y el martes- es, y lo digo drásticamente, el intento de acabar sistemáticamente con la sede del Parlamento en Estrasburgo. 
Esto se puede hacer con tales métodos. 
Señor Posselt, incluso si fuera realmente enriquecedor el hecho de que usted hablase 20 minutos- en ese caso también yo podría hablar durante 20 minutos, pues tampoco habrá allí nadie de mi Grupo- sucedería realmente que el trabajo que el Sr. Deprez ha llevado a cabo con tanto cuidado no podría ser discutido en la medida en que sería adecuado hacerlo. 
En este sentido, puedo entender el deseo de nuestro colega, el Sr. Deprez, de que su informe sea tratado también adecuadamente en el Pleno sobre la base de las aportaciones que se han hecho en la comisión y que encontrarán su realización en el Pleno. 
Por consiguiente, comprendo realmente que se aplace un informe tan importante y recomendaría por mi parte que se acceda al ruego del Sr. Deprez. 
No se abre un debate sobre una cuestión de orden: se escuchan una propuesta, una opinión en contra y una a favor. 
Ahora, en relación con lo que acaba de decir el Sr. Deprez, he de manifestar lo siguiente. 
Usted, Sr. Deprez pidió, en nombre de su Grupo, el aplazamiento del debate. 
Luego, hemos escuchado la intervención del Sr. Posselt que pertenece al mismo Grupo y que tiene una opinión distinta. 
En cualquier caso, ésta es una cuestión secundaria, porque el artículo 146 del Reglamento no prevé que se resuelva ahora un asunto de este tipo. 
En este momento, no podemos votar este punto. 
Usted tiene la posibilidad de pedir y solicitar- en el sentido de que un Grupo político o treinta y dos diputados como mínimo pueden hacerlo- al comienzo del debate, el aplazamiento de dicho debate para otro momento de los trabajos parlamentarios. 
Ahora no es posible. 
Esta solicitud usted la podrá presentar, en nombre de su Grupo, sólo al principio del debate, esto es, a las 17.30 horas y no ahora. 
Perdóneme, señor Presidente, pero en ese caso la regla debería haber sido la misma esta mañana para el informe del Sr. Ferri. 
El informe del Sr. Ferri fue aplazado esta mañana a pesar de que no hubiera podido hacerse, si sigo su interpretación del Reglamento. 
Por tanto, puesto que pudo hacerse para el Sr. Ferri, no veo por qué no podría hacerse en el momento en que yo lo pido para la organización adecuada de los trabajos de esta tarde. 
No pido un privilegio, pido sencillamente la aplicación del procedimiento que tuvo lugar esta mañana. 
No seguiré el procedimiento de esta mañana, sino que aplicaré el artículo 146 que, a pesar de los aplausos del Sr. Ford y de otros, les voy a leer: " Un Grupo político o treinta y dos diputados como mínimo podrán presentar, al comienzo del debate sobre un punto del orden del día, una solicitud con objeto de aplazar el debate para un momento determinado. 
Y la votación correspondiente se realizará de inmediato ", es decir, no ahora, sino a las 17.30 horas. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Proceso a los antiguos "Jemeres rojos" en Camboya 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5­0055/2001 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre la ley relativa al proceso de los Jemeres Rojos; 
B5­0057/2001 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la ley relativa al proceso de los Jemeres Rojos; 
B5­0063/2001 de los Sres. Hautala, Maes, Gahrton y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la ley relativa al proceso de los Jemeres Rojos; 
B5­0070/2001 de los Sres. Tannock y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos y Demócratas Europeos, sobre la ley relativa al proceso de los Jemeres Rojos; 
B5­0075/2001 de los Sres. Randzio­Plath, Van den Berg, Corbett e Iivari, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el Tribunal Internacional en Camboya; 
B5­0080/2001 de los Sres. Vinci, Herían Schmid y Manisco, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la ley relativa al proceso de los Jemeres Rojos en Camboya. 
Señor Presidente, por fin se ha conseguido que los dirigentes del régimen de terror de los Jemeres Rojos sean procesados ante un tribunal "internacional". 
Nos alegramos de que esta propuesta haya sido aprobada por unanimidad por el Parlamento de Camboya y deseamos que las decisiones adoptadas se implanten cuanto antes en el sistema jurídico. 
Resulta intolerable, sobre todo para los parientes de las víctimas, que hasta la fecha ningún dirigente de los Jemeres Rojos haya sido castigado por sus crímenes y que los protagonistas de entonces se muevan por Camboya como ciudadanos libres, por no decir nada de la participación de antiguos Jemeres Rojos en el Gobierno. 
Ello no obstante, el contenido del proyecto de ley adoptado nos obliga a formular algunas observaciones críticas. 
Después de muchos años de tira y afloja entre las Naciones Unidas y Camboya queda de manifiesto que se ha logrado un compromiso inestable. El modelo aprobado recoge precisamente aquellas cuestiones jurídicas a las que los expertos de Naciones Unidas ya pusieron su veto en un dictamen emitido hace tres años. 
Algunas declaraciones sospechosas de los dirigentes camboyanos inducen a creer que el Gobierno intenta ralentizar y postergar la administración de justicia. 
El principal objetivo de esta ley- dijo recientemente el ministro competente Sok An- consiste en garantizar la estabilidad y la paz en el país. 
En otras palabras, no se procesará a los antiguos Jemeres Rojos cuyo testimonio pueda hacer peligrar la actual estabilidad del Primer Ministro Hun Sen. 
El Rey Sihanouk también toma la defensa de las autoridades renuentes al fingir que "la estabilidad es más importante que la venganza". 
Para concluir, señor Presidente, ¡instamos a la comunidad internacional y a Camboya a que vigilen que los Jemeres Rojos asesinos sean sometidos sin mayor demora a un juicio justo e íntegro evitando que el proceso se convierta en una farsa! 
Señor Presidente, me parece que el Sr. Belder ha dado en el clavo. 
Obviamente, nos felicitamos de que dicho proceso por fin se vaya a celebrar. 
Es importante que Camboya acabe con los espíritus del pasado que siguen atormentando al país. 
Sin embargo, no nos entusiasma la forma en que se plantea, pero en todo caso siempre es preferible tener algo a no tener nada. 
No nos queda más remedio que mostrar nuestro acuerdo. 
El Parlamento camboyano ha dado su visto bueno. 
¿Quienes somos nosotros para decirles que así no se hace? 
Ahora bien, todo ello no obsta para que pongamos serios reparos al método adoptado. 
En primer lugar, todos los tribunales de Camboya tendrán problemas para garantizar su propia independencia. 
En este caso concreto los jueces camboyanos han sido designados por el Consejo Superior de la Magistratura de Camboya, controlado por el partido del gobierno. 
¿Qué clase de independencia se puede esperar de estos jueces? 
En efecto, existe la posibilidad de designar jueces internacionales y sin duda intervendrán, pero ¿tendrá su contribución el suficiente peso como para que las víctimas de los Jemeres Rojos se convenzan de que las sentencias pronunciadas son realmente independientes y proporcionales a la situación que se vivió en el país? 
En este sentido es muy sospechoso que personas como Ieng Sary, que han desempeñado un papel clave en el régimen de Pol Pot, queden exentas de pena porque el Primer Ministro haya decidido no someterlas a juicio. No lo ha decidido ningún tribunal, sino el propio Hun Sen. 
Nos congratulamos de que por fin se celebre un juicio, pero seguiremos el desarrollo del mismo con recelo. 
Tendremos que esperar a que concluya para saber si estamos ante una evolución positiva o no. 
Esperamos que todo salga bien, pero albergamos serias dudas al respecto. 
Señor Presidente, acojo con gran satisfacción la constitución de tribunales para juzgar a los sospechosos de haber pertenecido al antiguo régimen comunista de los Jemeres rojos. 
Es importante que, para que Camboya pueda avanzar hacia el futuro, los responsables de los atroces crímenes contra el pueblo camboyano comparezcan ante la justicia. 
El de los Jemeres rojos ha sido uno de los regímenes que ha cometido las peores violaciones de los derechos humanos en el siglo XX y es responsable de aproximadamente 1.720.000 muertes en un corto período de gobierno de cuatro años. 
Aunque acojo con satisfacción la constitución de tribunales, debo formular algunas reservas. 
Hemos de recordar que los miembros del partido en el poder, el Partido del Pueblo Camboyano, incluido el Primer Ministro, Hun Sen, fueron en su tiempo activistas del Jemer rojo al servicio del dictador Pol Pot. 
Hun Sen ya ha decidido quién puede ser llevado ante un tribunal y quién no, desafiando así las competencias de todo órgano jurisdiccional. 
Se han suscitado temores fundados a que algunos altos cargos del régimen puedan escapar a la acción de la justicia, en particular el antiguo secretario de relaciones internacionales de los Jemeres rojos, Ieng Sary. 
Le fue concedida una amnistía parcial después de desertar con cerca de 10.000 seguidores en 1996. 
Ieng Sary y otros líderes de los Jemeres rojos fueron condenados a muerte en rebeldía en 1997 por el Tribunal Popular constituido por el ejército vietnamita que ocupaba Camboya en aquel tiempo. 
La amnistía concedida por el Rey Sihanouk se refiere únicamente a esta pena y no afecta a futuras condenas, razón por la que es importante que sea llevado a juicio. 
Nunca se ha juzgado a un líder de los Jemeres rojos, y sólo dos de ellos están detenidos; uno es quien dirigió un tristemente célebre centro de tortura en Phnom Penh del que sólo salieron vivos siete de más de catorce mil presos. 
El tribunal ofrece un amplio margen de actuación a jueces y fiscales internacionales y camboyanos. 
Normalmente, en otros tribunales que juzgan crímenes de guerra sólo hay jueces y fiscales extranjeros. 
Ello es tanto más preocupante cuando observamos que mientras que los jueces nombrados por la ONU serán examinados por el Consejo Supremo del Poder Judicial camboyano, un órgano controlado por el partido en el poder en Phnom Penh, la ONU no tiene competencia alguna para examinar a los jueces nombrados por Camboya. 
Por último, hemos de examinar igualmente la implicación de China en todo este asunto. 
Aunque siempre se ha mantenido que sólo prestó a los Jemeres rojos asesoría técnica en materia de agricultura, el Centro de Documentación de Camboya descubrió recientemente pruebas que ponen de manifiesto que estuvo directamente implicada en el establecimiento de un centro de interrogatorios y torturas en Phnom Penh en el que murieron miles de camboyanos. 
En esta Cámara hay personas que tienen la suficiente edad como para no haber olvidado las tremendas y pavorosas noticias procedentes de Camboya en 1975, con fotografías aéreas de una capital desierta porque los Jemeres rojos, cuyos líderes se educaron en los violentos principios de la tradición revolucionaria francesa y poseían una mezcla de idealismo político y psicopatología de masas, trasladaron a 2 millones de personas de la ciudad al campo para comenzar una nueva sociedad en el año cero bajo el liderazgo del "gran" Pol Pot. 
Los enfermos fueron sacados de los hospitales o se los abandonó hasta morir. 
Lo que vino después conmocionó al mundo. 
Las violaciones de los derechos humanos en Bosnia, Kosovo, Sierra Leona, Chile, Angola, quedan pequeñas al lado de la tremenda dimensión de las atrocidades cometidas bajo el régimen de los Jemeres rojos. 
El asesinato de entre 1 y 2 millones de personas constituyó un verdadero genocidio. 
Quizá, para ser exactos, deberíamos llamarlo un sectoricidio, puesto que la intención no era hacer desaparecer a una raza, sino a toda una clase social, de modo que las víctimas eran seleccionadas según si habían recibido formación, sus manos mostraban signos de trabajo manual o incluso si llevaban gafas. 
Por ello, no sorprende que después de la muerte de Pol Pot y la derrota de los Jemeres rojos surgiera la necesidad de una suerte de catarsis nacional mediante la aplicación de la justicia y la petición de cuentas a los responsables. 
Yo, personalmente, espero que las acusaciones no se limiten a los 20 dirigentes principales, sino que se extienda a aquellos que diariamente infligían atrocidades y ejecutaban a sus víctimas. 
Si el pueblo camboyano quiere que estos juicios se sustancien, y la situación política es lo suficientemente estable como para que ello sea posible, es lógico que la comunidad internacional, a través de la ONU, desee apoyarlo en la consecución de este objetivo. 
No obstante, debemos guardarnos de imponer justicia en otros estados, especialmente si estos procesos pudieran acabar con la tregua o los acuerdos políticos que han traído paz o estabilidad a la región y auguran un futuro mejor. 
Las amnistías son a veces necesarias aunque difíciles de digerir. 
En Camboya, sin embargo, parece que el pueblo y el Gobierno están dispuestos a asumir el riesgo de revocar amnistías previas para garantizar la justicia. 
Si este resulta ser el caso, debemos desearles suerte en esta empresa. 
Señor Presidente, es positivo que el proyecto de ley sobre el proceso judicial a los Jemeres rojos de Camboya haya sido aprobado en el Congreso nacional y que esté previsto que el rey Sihanouk firme esa ley una vez que haya sido tratada en el Consejo Constitucional. 
La ONU y el Gobierno de Camboya han llegado a un acuerdo sobre el procedimiento de los juicios. 
Debido a la fragilidad que aún acusa el poder judicial de Camboya, los juicios contarán con la doble presencia de jueces internacionales y de jueces locales. 
Durante el mandato de los Jemeres rojos fueron asesinados casi todos los letrados del país, y no ha habido tiempo de restablecer un poder judicial que cuente con las garantías de la profesionalidad. 
La Comunidad Internacional viene estando preocupada por la posibilidad de que no comparezcan ante los tribunales muchos de los implicados en el genocidio, a pesar de ley relativa a los procesamientos. 
Esta preocupación tiene razón de ser. 
Quienes causaron la ruina del Estado de Camboya y el sufrimiento inenarrable de su pueblo han de ser obligados a responder de sus actos ante la justicia. 
No obstante, paralelamente a este principio, hay que tomar en consideración el futuro del país y los requisitos para su estabilidad. 
Pude observar personalmente el verano pasado cómo se albergaba una aspiración al perdón en el seno de los ciudadanos para poder seguir viviendo. 
No siempre es fácil hacer una división categórica entre víctimas y verdugos. 
Hay que evitar que se desencadene de nuevo la espiral de la venganza indiscriminada. 
Aunque los problemas de Camboya y su sangrienta historia son aún recientes, el país ha conseguido construir los cimientos de una democracia representativa. 
Camboya es el único país del Sudeste asiático que ha abolido la pena de muerte. 
Un amigo mío que trabaja en la región ha afirmado que, hoy por hoy, Camboya es el único país de la ex-colonia francesa de Indochina que cuenta un sistema pluripartidista, si bien es verdad que aún queda mucho por hacer para consolidar la democracia y el Estado de derecho. 
Del mismo modo que aplaudimos con satisfacción la ley relativa a los procesamientos, debemos apoyar con determinación el incipiente desarrollo positivo de este país. 
Señor Presidente, acabamos de ver como después del viernes se intenta también demoler el jueves, en parte, mediante el hecho de poner en cuestión los debates de urgencia. 
Sin embargo, quisiera decir que precisamente el tema de Camboya es una prueba de la importancia de nuestros debates de urgencia. 
Como ha dicho con razón nuestro colega, el Sr. Tannock, el genocidio en Camboya fue silenciado de diversas maneras en los años 80. 
Nadie se ocupó de Camboya. 
Fue nuestra Asamblea la primera en convertirse desde las primeras elecciones directas de 1979 en la voz moral de los pueblos oprimidos, aunque entonces apenas tenía competencia alguna. 
Tomó parte de manera muy especial en el destino de los camboyanos. 
Recuerdo que en los años 80 nuestro colega, el Sr. Otto von Habsburg- yo era entonces su colaborador- ponía sistemáticamente el tema de Camboya en el orden del día. 
Y cuando los camboyanos quisieron entrar en contacto con los pueblos de Europa lo hicieron a través del debate de cuestiones de actualidad y urgencia del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
Un político, que falleció recientemente, Son San, un demócrata que siguió el difícil camino entre los Jemeres rojos, por un lado, y el régimen marioneta provietnamita, por otro, hizo avanzar paso a paso, sobre todo con la ayuda de la UE y del Parlamento Europeo, el restablecimiento de una Camboya democrática. 
Hoy podemos construir sobre esto y yo celebro que se vaya imponer un justo castigo a este cruel genocidio de los Jemeres rojos. 
Pero también es positivo- y en esto quiero dar la razón a nuestra colega, la Sra. Livari- que nosotros, como Unión Europea, tengamos la posibilidad de apoyar de manera activa la democracia, el estado de Derecho y la pluralidad en la Camboya de hoy. 
No obstante, deberíamos comprender en este ejemplo que no siempre se trata solamente de que se tengan las facultades absolutas de poder. 
Esta Asamblea, gracias a Dios, tiene entretanto más facultades de poder que hace 20 años incluso en la política exterior. 
Es preciso que aquellos que han sido privados de sus derechos cobren una voz moral, y éste es uno de los, más altos deberes de esta Asamblea. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión ha apoyado sin reservas los esfuerzos de la ONU y de las autoridades camboyanas dirigidos a alcanzar rápidamente un acuerdo sobre el tribunal que juzgue a los Jemeres rojos. 
El año pasado, la Comisión instó de forma bilateral, y juntamente con los Estados miembros de la UE, a expresar su apoyo a este proceso que debe llevar a la adopción del acuerdo sobre la creación del tribunal y ha recordado que dicho tribunal debe cumplir los requisitos internacionalmente aceptados de justicia, imparcialidad y de seguimiento de un procedimiento adecuado. 
Tras ciertos retrasos en su tramitación, la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 2 de enero y por el Senado el 15 de enero. 
Ahora debe ser ratificada por el Consejo Constitucional y por Rey Norodom Sihanouk. 
Aunque acogemos con satisfacción la adopción por la Asamblea Nacional y el Senado de la ley relativa al tribunal que vaya a juzgar a los Jemeres rojos, debe tenerse presente que todavía estamos a la espera de un pronunciamiento oficial de las Naciones Unidas sobre el proyecto de ley. 
Algunos indicios apuntan a que el texto no se halla completamente en línea con lo que se había acordado con las Naciones Unidas. 
Sin embargo, la primera reacción de la ONU tras la recepción de una traducción no oficial ha sido prudentemente positiva, y la Comisión espera, por tanto, que los asuntos pendientes puedan resolverse de modo tal que la ONU pueda mejorar la constitución de este nuevo tribunal y el acuerdo entre el Gobierno camboyano y las Naciones Unidas puede ser llevado rápidamente a la práctica. 
Otro asunto pendiente que la Comisión seguirá de cerca es la cuestión de qué dirigente de los Jemeres rojos será juzgado. 
Aunque el Primer Ministro Hun Sen ha garantizado que nadie se librará de ser procesado, también ha señalado que es una cuestión muy delicada para una buena parte de la población camboyana. 
En particular, Hun Sen ha advertido de que "podríamos estallar" si el viceprimer ministro de los Jemeres rojos, Ieng Sary, fuera llevado a juicio. 
Por tanto, hay buenas razones por las que seguir de cerca este asunto. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 18.30 horas. 
Concesión de visados entre Rusia y Georgia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B5­0056/2001 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre la situación en materia de visados entre Georgia y Rusia; 
B5­0058/2001 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el régimen de visados impuesto a Georgia por la Federación de Rusia; 
B5­0061/2001 de los Sres. Dupuis, Pannella, Bonino, Turco, Della Vedova, Dell ' Alba y Cappato, del Grupo Técnico de Diputados Independientes, sobre el régimen de visados en Georgia; 
B5­0064/2001 de los Sres. Gahrton, Lagendijk, Schroedter e Isler Béguin, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la cuestión de los visados entre Georgia y Rusia; 
B5­0071/2001 de los Sres. Schleicher y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos y Demócratas Europeos) , sobre el régimen de visados impuesto a Georgia por la Federación de Rusia; 
B5­0076/2001 del Sr. van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el régimen de visados impuesto a Georgia por la Federación de Rusia; 
B5­0081/2001 de los Sres. Markov y Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en materia de visados entre Georgia y la Federación de Rusia. 
Señor Presidente, en líneas generales no tenemos ningún reparo en apoyar la presente resolución, puesto que se distancia claramente de la obligatoriedad de visado impuesta unilateralmente a Georgia por la Federación Rusa. 
Creemos, sin embargo, que el apartado 2- solicitud de suspensión del régimen de visados impuesto por Moscú a Tbilisi- es incompleto, en el sentido de que esperamos de ambas partes que adopten una actitud dialogante. 
Consideramos mucho más grave la omisión en el considerando D. Afecta directamente al quid de la cuestión: la estabilidad política de Georgia. 
El considerando D pide con razón garantías de seguridad para el grupo de aproximadamente 35.000 refugiados georgianos de los cuales algunos entretanto ya han regresado al sur, al distrito de Gali, o se desplazan a diario hasta esa zona por razones laborales. 
En la actualidad la región se encuentra bajo el poder del régimen separatista abjasio. Hay que puntualizar que en presencia de las tropas rusas estos dirigentes se erigen en supuestos defensores de la paz que adoptan un comportamiento meramente pasivo. 
Ahora bien, en el considerando D echamos en falta una referencia al gran grupo de refugiados georgianos procedentes de Abjasia que hasta la fecha permanecen en territorio georgiano. Según las estimaciones, se trata de unas 175.000 a 190.000 personas. 
Las condiciones de vida de estos refugiados y desplazados son francamente deplorables. 
Este problema humanitario en concreto supone una verdadera amenaza para la autoridad del Presidente Shevardnadze. 
Estos días los refugiados procedentes de Abjasia están ejerciendo una fuerte presión sobre las autoridades georgianas para que faciliten su regreso. 
En resumidas cuentas, constituyen una permanente fuente de perturbación para Georgia. Aparentemente, Rusia tiene interés en que esta situación se prolongue puesto que no obliga a Abjasia a aceptar una solución para estos refugiados. 
Ya se han elaborado diversas propuestas al respecto bajo vigilancia internacional, pero hasta ahora los abjasios siempre han dado largas al asunto. 
Habida cuenta de la existencia de esta y otras situaciones políticas explosivas en el Cáucaso aplaudimos la sugerencia formulada en el apartado 8, a saber, la designación de un enviado especial europeo para esta región tan importante desde el punto de vista estratégico y económico. 
Tal vez dicha presencia europea vigilante funcione como fuerza preventiva en este foco de tensiones, pero esperamos sobre todo que fomente sobre el terreno el respeto de los derechos fundamentales al que se comprometieron formalmente las partes implicadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, hemos tenido que esperar mucho tiempo para ver esta resolución en el orden del día. 
Georgia, evidentemente, está muy lejos, y los Balcanes, hace algunos años, parecían también muy lejanos. 
Hemos visto lo que ha pasado, hemos visto que, por el contrario, estaban aquí al lado. 
Considero que, en muchos aspectos, Georgia y el Cáucaso al completo son ya hoy los Balcanes de ayer, los Balcanes de los años 90. 
Chechenia, el Karabaj, Abkacia, Osetia del Sur y toda Georgia viven ya, con mucha frecuencia, situaciones trágicas. 
Georgia es hoy un país literalmente asfixiado por su gran vecino, un país sometido al chantaje de los suministros de petróleo, de los suministros de gas, de los suministros de electricidad, al chantaje de los visados, con esa increíble discriminación entre, por una parte, los ciudadanos de Osetia del Sur y de Abkacia, y por otra, los demás ciudadanos georgianos. 
Esta situación es obra de Moscú, de esta nueva política imperial puesta en práctica por el Presidente Putin. 
Georgia se está hundiendo, la miseria se extiende por doquier y a la Unión Europea, permítanme la expresión, le importa un rábano. 
Le importa un rábano Georgia, le importa un rábano este nuevo absceso a las puertas de Europa. 
No se plantea ninguna solución, a pesar de que sería muy posible, en una Unión Europea que tendrá 450 millones de miembros, contar con 455 millones. 
No se propone la única medida que podría estabilizar a la región en su conjunto, para estar a las puertas de Chechenia, para poner freno al dominio de Rusia en esta zona, la única propuesta seria, es decir, una propuesta de adhesión de Georgia a la Unión Europea con todas las de la ley. 
Bastaría con darse cuenta de que urge que la Unión Europea acuda a Chechenia, y esta invitación se dirige en particular al Comisario Poul Nielson. 
Señor Presidente, señor Comisario, quien siembra vientos recogerá sin duda tempestades. 
Estas palabras, aplicadas a los países del Sur del Cáucaso, cobran todo su sentido. 
¿Qué región de nuestro continente, o qué región vecina, está más castigada por las tensiones y por los intereses en juego? 
¿Qué región pide a gritos con más intensidad la pacificación y la normalización? 
Efectivamente, el Sur del Cáucaso está atenazado por las potencias regionales- Rusia y Turquía -, por los conflictos de intereses, y por tanto militares, aferentes, desde la meseta del Alto Karabaj hasta las montañas de Chechenia, o las regiones de Abkacia y de Osetia del Sur. 
Esta zona se estanca, paralizada por procesos teóricos de transición política, económica y energética. 
Una situación mantenida hasta hoy en un statu quo vegetativo considerado, sin embargo, como un mal menor. 
Al menos, todo se ha hecho para desactivar los casus belli en el marco de un pacto de estabilidad ad hoc. 
Al menos, la reciente incorporación al Consejo de Europa de estos tres países, tan pequeños geográficamente como estratégicos regionalmente, podría interpretarse como un gesto de atención manifestado por las naciones de Europa. 
Una esperanza de normalización para esta región y una prueba de un futuro más favorable para estos pueblos. 
A partir de ahí, ¿cómo interpretar la reciente decisión unilateral del gobierno ruso de establecer un régimen de visados para los ciudadanos georgianos, sino como un ostracismo voluntario que fisura los intercambios económicos y los vínculos históricos entre antiguos hermanos soviéticos? 
¿Cómo interpretar esta segregación administrativa entre ciudadanos de un mismo país reconocido por la comunidad internacional, entre los de Abkacia, de Osetia del Sur y de Tbilisi, sino como una ratificación oficial exterior que destruye la integridad de un Estado soberano? 
Además, ¿no contempla un proyecto de ley, presentado ante la Duma, la posibilidad de integrar un Estado extranjero o una parte de él, incluso aunque no haya fronteras? 
Todas estas son puñaladas voluntarias y calculadas en el turbio juego de los intereses geopolíticos de Rusia, y para nosotros suponen otras tantas razones para manifestarnos con nuestra voz, condenando estas actuaciones de Rusia frente a su antiguo vasallo, y con nuestra acción, trabajando concretamente a favor de la estabilización política de esta región y de su despegue económico. 
Y, por supuesto, para nombrar, tal y como propone la resolución, un enviado especial para el Sur del Cáucaso: una borrasca en el Sur del Cáucaso podría, efectivamente, llevarse a Europa por delante. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, nuestra delegación en el Parlamento Europeo para el Cáucaso meridional está muy preocupada por los dramáticos acontecimientos que actualmente se están produciendo allí. 
La implantación forzosa de visado para Georgia, con la exclusión de dos territorios que están bajo el dominio de Georgia, aporta nuevos elementos de excisión en un país que pertenece al Consejo de Europa, que quiere desarrollarse por la vía democrática y con el cual hemos celebrado un acuerdo para prestarle ayuda, ciertamente, en todos sus ámbitos. 
La consecuencia de estos acontecimientos son tensiones con los estados limítrofes, grandes impedimentos para los propios georgianos que, en parte, trabajan en la Federación Rusa y que ahora tienen dificultades. 
Para obtener el visado han de retornar a Tiflis. 
Parte de ellos no tienen, en absoluto, el dinero para ello. 
Por otro lado, estas alteraciones tiene también, naturalmente, consecuencias económicas. 
Estamos muy preocupados por esto, sobre todo, porque todo el Cáucaso meridional, por sus yacimientos de petróleo, constituye el juguete de los intereses comerciales y también es un foco explosivo para Europa. 
No sólo debemos preocuparnos por esto, sino que debemos hacer todo lo que podamos. 
Por nuestros amigos georgianos del parlamento nacional y por la embajada, que ha tomado contacto con nosotros, sabemos que se encuentran en una situación apurada y que temen el ulterior desarrollo, tanto más cuanto que se está introduciendo también una cuña respecto de Armenia y Azerbayán, los cuales, al parecer, a los ojos de Moscú, se evidencian como mejores amigos. 
Georgia teme resultar aislada. 
Por consiguiente, éstos son acontecimientos dramáticos. 
A finales de diciembre también fueron cerrados los gasoductos de Rusia a Georgia porque no se había pagado, aunque la financiación marcha de otra manera. 
Por consiguiente, éstas son cosas que si se las somete a la lógica parecen muy inofensivas, pero nos muestran, ciertamente, que la situación se ha agudizado de forma dramática en los últimos seis meses. 
Por esta razón, pedimos a la Comisión que reflexione junto con el Consejo acerca de si no deberíamos abordar estos casos conflictivos e intervenir con decisiones que vayan en la dirección adecuada en el sentido de ayudar allí a las personas que quieren edificar una sociedad democrática y necesitan unas perspectivas pacíficas de futuro, y apoyar a Georgia para que pueda respetar los derechos humanos y cumplir los demás compromisos que haya asumido en el Consejo de Europa. 
En estas difíciles circunstancias, resulta difícil para Georgia cumplir todos sus deberes actuales. 
Por esta razón, pedimos a la Comisión que haga algo en este punto. 
Hemos planteado exigencias y en el Parlamento estamos también de acuerdo, por encima de todos los Grupos, en que es preciso que se haga algo. 
Busquemos conjuntamente soluciones que posibiliten salidas pacíficas. 
Señor Presidente, quisiera apoyar expresamente a nuestra colega, la Sra. Schleicher, que está trabajando con un gran compromiso en pro de la región del Cáucaso y, en este caso, de una manera especial, en pro de Georgia. 
Todos sabemos con qué tienen que ver estas represalias. 
Por un lado, tienen que ver con intereses geoestratégicos y con intereses energéticos y petroleros,. Por otro lado, tienen que ver con la brutal guerra de exterminio que se está llevando a cabo contra el pueblo checheno. 
Estamos viendo con toda claridad que, después de Chechenia, se intenta desestabilizar ahora a Georgia. 
Tenemos sumo interés en una estabilización de la estatalidad, aunque frágil, y de los débiles comienzos de democracia en esta región y en Georgia. 
Por esta razón, quisiera hacer un llamamiento al Comisario para que vigile este espacio con más intensidad que hasta ahora. 
Justamente, en lo que respecta a la ayuda humanitaria, ésta tiene un fuerte efecto estabilizador más allá de lo puramente humanitario. 
Celebro que actualmente una delegación de nuestra vecina, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se encuentre en Chechenia, y quisiera hacer un llamamiento al Comisario para que viaje enseguida a Georgia y a Chechenia y observe con exactitud in situ la situación de los derechos humanos, como lo está haciendo intensamente el Consejo de Europa. 
Insto al Comisario a que convierta nuestra ayuda humanitaria en la prioridad política nº 1- para Rusia y para los USA la región del Cáucaso constituye una prioridad hace mucho tiempo- pues tengo la impresión de que la Unión Europea- con excepción de la Sra. Schleicher, que está haciendo un trabajo excelente- está dormida ignorando este reto. 
Después del caso de los Balcanes, en el que despertamos demasiado tarde, no debemos cargar con la culpa por segunda vez, actuando demasiado tarde y con demasiada debilidad. 
. (EN) Señor Presidente, quiero comenzar diciendo unas palabras sobre la ayuda humanitaria a esta región. 
Somos el principal proveedor de ayuda humanitaria a la región del norte del Cáucaso y, durante años, hemos sido también el principal proveedor de ayuda humanitaria a la región del sur del Cáucaso. 
Hace justamente un año me encontraba en Osetia del Norte e intentaba entrar en Chechenia, pero las autoridades rusas no me lo permitieron por razones de seguridad: Pero aún estamos allí. 
En este momento, nuestro principal problema es el secuestro de las personas que trabajaron para una de las organizaciones que fundamos en Chechenia. 
Esto, lógicamente, ha causado una gran preocupación. 
La reacción inmediata fue retirarnos de Chechenia. 
Sin embargo, muchas organizaciones rusas nos han instado a reconsiderar esta decisión y a volver. 
En nuestra condición de donante de ayuda humanitaria, esto nos sitúa ante un dilema, Por un lado, tenemos que estar allí, y nos complace especialmente que el Parlamento entienda la necesidad de que la ECHO funcione sobre la base de una "operación de control remoto" en estas circunstancias. 
Por otro lado, a veces para nosotros es demasiado fácil decir a las organizaciones que estamos constituyendo que vayan allí; es el personal voluntario el que tiene que ir. 
Tenemos que encontrar un equilibrio que sea éticamente aceptable para nuestra condición de donantes. 
Por el momento, estamos replanteándonos la posibilidad de volver o no a Chechenia, pues allí nos necesitan. 
Permítanme pasar a la cuestión de Georgia. 
La UE ya ha expresado su profunda preocupación por la decisión unilateral de la Federación Rusa de exigir visado a los ciudadanos georgianos. 
Toda la comunidad internacional, incluida Rusia, se ha comprometido a apoyar la soberanía y la integridad territorial de los estados independientes. 
La aplicación de un régimen de visado especial o el establecimiento de excepciones para los habitantes de regiones secesionistas podría implicar un apoyo a la legitimidad de sus regímenes y socavarían la soberanía de Georgia y su integridad territorial. 
Además de la aplicación de la concesión de visados, Georgia ha tenido que hacer frente a diversas crisis en sus relaciones con Rusia en los últimos meses, en particular relativas a las suspensiones del suministro de gas, el ritmo del desalojo de las bases militares y los debates sobre la renegociación con el Club de París. 
En lo relativo al suministro de gas a Georgia, instamos a que todas las acciones se basen en consideraciones de carácter estrictamente comercial y contractual. 
Quiero subrayar que a Rusia le interesa ser vista como un suministrador de gas serio y fiable a nivel internacional. 
Y esto lo digo como europeo. 
Lógicamente, nos preocupan las consecuencias humanitarias, sociales y económicas para el pueblo georgiano, así como la estabilidad general en el Cáucaso. 
Tampoco Rusia está interesada en asistir a un aumento de la inestabilidad en el Cáucaso. 
Georgia es un estado miembro de la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa y ha suscrito un acuerdo de asociación y cooperación con la UE. 
Merece nuestro apoyo. 
Invitamos a los estados de la región a emplear los mecanismos de la OSCE, así como otros instrumentos pacíficos apropiados, para resolver rápidamente este conflicto. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Situación en las cárceles turcas- B5­0059/2001 del Sr. Duff, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en las cárceles turcas; 
B5­0065/2001 de los Sres. Cohn­Bendit y Lagendijk, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación en las cárceles turcas; 
B5­0072/2001 del Sr. Van Orden, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos Y Demócratas Europeos) , sobre la situación en las cárceles turcas; 
B5­0077/2001 de los Sres. van den Berg, Katiforis, Sakellariou y Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la intervención de las autoridades turcas para poner fin a las huelgas de hambre en las cárceles turcas; 
B5­0082/2001 de los Sres. Uca, Morgantini, Ainardi, Sjöstedt, Cossutta, Korakas, Miranda, Seppänen, Frahm, Papayannakis y Theonas, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las cárceles turcas. 
Situación en Argelia- B5­0062/2001 de la Sra. Caullery, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre la situación en Argelia; 
B5­0066/2001 de los Sres. Flautre, Cohn-Bendit y Maes, en nombre del Grupo de los Verdes (Alianza Libre Europea, sobre la situación de los derechos humanos en Argelia; 
B5­0083/2001 de las Sras. Boudjenah y Eriksson, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Argelia; 
B5­0086/2001 de los Sres. Obiols i Germà, Van den Berg y Napoletano, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación política en Argelia. 
Situación en las cárceles turcas 
Señor Presidente, un año después de Helsinki ha sido con pena y angustia que hemos seguido los acontecimientos en Turquía, donde el pasado 19 de diciembre treinta y tres personas resultaron muertas durante la intervención de las fuerzas del orden y continúan siendo preocupantes las noticias sobre el estado de salud de los presos que han sido trasladados por la fuerza y que siguen en huelga de hambre desde el 20 de octubre pasado. 
Asimismo no podemos dejar de condenar la campaña de represión y prohibición sistemática de cualquier manifestación en favor de los presos, de la que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han sido las primeras víctimas. 
Y esto, aun a sabiendas de que la situación en las cárceles turcas no nos permite ignorar la violencia y la intransigencia de algunos presos y de que, en algunos casos, las autoridades turcas habían perdido el control de galerías enteras, así como de que se van repitiendo las noticias, procedentes de fuentes diferentes y fidedignas, sobre ejecuciones sumarias de presos que se quisieron apartar de sus respectivas organizaciones o sobre el hecho de echar a suerte qué presos debían ayunar hasta la muerte. 
Sin embargo, son las autoridades turcas las que han demostrado no saber garantizar la tranquilidad y la seguridad en las cárceles, sino recurriendo a un uso excesivo e ineficaz de la fuerza y, en consecuencia, son sobre todo las autoridades turcas las responsables de lo sucedido y las que deben poner remedio a la situación. 
El remedio no puede ser la represión ciega y la paranoia por la seguridad. 
El Gobierno turco tiene el deber de impedir que la situación, ya tensa de por sí, se radicalice y precipite en una espiral de violencia sin salida que ayuda y refuerza a los grupos y partidos políticos violentos y extremistas. 
Le corresponde al Gobierno tomar cartas en el asunto. 
Evidentemente, la Unión Europea y todos nosotros estamos directamente interesados en un proceso, que esperamos que sea rápido, de estabilización y pacificación. 
Tenemos el deber de señalar y apreciar cualquier avance en el camino de un mayor respeto de los derechos humanos en Turquía, motivo por el cual nuestro Grupo respalda con fuerza la idea de enviar lo antes posible una delegación a las cárceles turcas. 
Señor Presidente, los recientes acontecimientos ocurridos en cárceles turcas son trágicos desde cualquier punto de vista, y es muy de lamentar que se haya permitido que la situación se haya deteriorado durante un período tan largo, con las casi inevitables consecuencias que ello ha entrañado. 
No obstante, estos acontecimientos deben ser situados en su contexto y debemos reconocer la determinación de las autoridades turcas en introducir un régimen penitenciario más humano, aceptable y sobre todo controlable. 
Dado que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía evolucionan de una forma cada vez más positiva, debemos adoptar una actitud mesurada en nuestros comentarios sobre los problemas de este país. 
Al mismo tiempo, nuestras relaciones con las autoridades turcas deben ser lo suficientemente sólidas como para poder permitirnos ejercer una critica justificada. 
Debo decir que, en el pasado, en el Reino Unido hemos tenido dificultades para mantener el régimen penitenciario adecuado para los condenados o detenidos por delitos de terrorismo. 
Asimismo, hemos vivido situaciones en que los terroristas han tenido un control más o menos absoluto en sus zonas de alojamiento y de tiempo libre, y también hemos debido afrontar la tragedia de las huelgas de hambre. 
Los propios presos se convierten en símbolos. 
La situación en las prisiones se convierte en un nuevo frente de la lucha armada contra el Gobierno establecido. 
Debemos tener presente esta perspectiva. 
En lo que respecta a la resolución en sí misma, deploramos sin reservas los recientes acontecimientos, pero mi impresión es que deberíamos mostrar una mayor receptividad y apoyo a las reformas iniciadas por el Gobierno turco. 
Al fin y al cabo, Turquía esta respondiendo a las exigencias que nosotros le planteamos en el sentido de acercar sus cárceles a los regímenes europeos. 
Debemos recordar que muchos de los presos son revolucionarios que aceptarán cualquier tipo de control de su situación. 
Es indudable que un régimen penitenciario debe ser humano y deben existir mecanismos que permitan a los presos expresar sus legítimas quejas. 
Esto conviene a todas las partes, pero no podemos esperar que los gobiernos negocien con los presos sobre sus condiciones de internamiento y régimen penitenciario. 
Los problemas actuales se desencadenaron porque los grupos armados no estaban dispuestos a ceder a las autoridades el control de las cárceles. 
La respuesta de las fuerzas de seguridad no es la causa, sino la consecuencia del problema. 
Las fuerzas de seguridad turcas tuvieron que retomar las cárceles por la fuerza enfrentándose a una oposición armada organizada; las circunstancias de muchas muertes no se han aclarado aún, y cada muerte que se produce es una auténtica tragedia. 
Sé que las autoridades turcas están muy afligidas por los recientes acontecimientos. 
Asimismo, se han comprometido firmemente a introducir reformas y a dar paso a una cooperación más estrecha con la Comisión y con la Unión Europea y sus Estados miembros en la reforma del sistema penal. 
Lo consideran una parte del proceso natural de adopción del acervo comunitario. 
Debemos expresar sin reservas nuestra preocupación por lo sucedido y por haberse tolerado el agravamiento de la situación hasta ahora. 
Ofrezcamos ahora toda el asesoramiento y asistencia técnicos y fomentemos un proceso rápido de reformas sin dar nuevas oportunidades a las fuerzas antidemocráticas que pretender derrocar al Gobierno turco y frustrar los progresos de este país dirigidos a su adhesión a la Unión Europea. 
Señor Presidente, permítame decir al Sr. Van Orden lo siguiente: ustedes tuvieron que liberar a sus propios presos políticos irlandeses casi con honores militares. 
Recuerdo las imágenes de la BBC. 
Estos problemas no pueden resolverse por la fuerza, sino con soluciones políticas. 
Señor Presidente, el debate de hoy y la resolución consiguiente constituyen la continuación del debate mantenido en esta sala el 14 de diciembre del año pasado y que concluyó con la cancelación de la votación urgente prevista, tras decidir los tres grupos políticos la retirada de sus proyectos. 
Aquella decisión fue, por parte del Parlamento Europeo, un gesto de confianza hacia la voluntad y la capacidad de las autoridades turcas de gestionar la crisis de la huelga de hambre de modo no violento, humanitario y eficaz. 
De hecho, en la propuesta de resolución de los colegas del Grupo Liberal, firmada por el apreciado colega Sr. Duff, leemos que "el Parlamento expresa su satisfacción por la decisión del gobierno turco de aplazar sus polémicos planes de traslados de presos a estas cárceles, y de buscar el consenso social en el asunto de la reforma del sistema penitenciario". 
Semejantes esperanzas expresaba igualmente la propuesta de resolución del Grupo de los Verdes, firmada por el Sr. Cohn-Bendit, invocando declaraciones del Ministro turco de Justicia. 
Tal vez, finalmente, algunos de entre sus señorías quedaran convencidos por los argumentos de la carta al respecto remitida por Su Excelencia el embajador de Turquía, el cual nos hizo una vez más el honor de enviarnos su ya consabida carta para estos casos, en la que señalaba la seriedad de las gestiones del gobierno turco y la necesidad de que nuestro Parlamento deje a un lado las frivolidades cuando se enfrenta a cuestiones tan serias como la política penitenciaria de Turquía. 
Después de todo esto, es trágico, señorías, que la frivolidad del Parlamento Europeo se haya mostrado, al menos en este caso, más próxima a la realidad que la seriedad y la madurez política de las autoridades turcas 
Unos días más tarde, el 20 de diciembre, fuerzas de la policía y el ejército llevaron a cabo el conocido asalto- para salvar, claro, tal y como nos hace saber el embajador de Turquía en una nueva carta, las vidas de los presos- en el que mataron a 24 presos e hirieron a 131. 
Además, también tres soldados turcos perdieron su vida en el curso de la operación. 
¿Y cuál es el resultado de tanto derramamiento de sangre? 
La huelga de hambre en las cárceles turcas continúa a mayor escala, por lo que no se pueden excluir nuevos asaltos, nuevas muertes, nuevo derramamiento de sangre. 
Acertadamente, nuestra propuesta común de resolución antepone la necesidad de evitar nuevas tragedias y llama por ello al gobierno turco a adoptar inmediatamente medidas no violentas que eviten semejante posibilidad. 
Esta es la demanda principal. 
Se impone, por supuesto, una investigación objetiva, con garantías internacionales, para determinar responsabilidades por lo ocurrido el 20 de diciembre. 
Y yo propondría, además, hacer frente a la situación con la supervisión de la Unión Europea, y hablo de supervisión puesto que Turquía es un país candidato a la adhesión y su candidatura ha de satisfacer los criterios políticos de Copenhague, que naturalmente se ven afectados por hechos semejantes; hechos que, claro está, quedan registrados por nosotros y supongo que también por la Comisión, a la que pedimos en nuestra resolución que haga mención especial a la situación en las cárceles turcas en su informe anual de progresos. 
Estos son, mucho me temo, los testarudos hechos y no avienen con el tono arrogante, por no decir insolente, de las amonestaciones de los representantes de Turquía a este Parlamento. 
Señor Presidente, resulta casi absurdo discutir cómo deberían ser las cárceles turcas. 
La semana pasada, la Delegación del Parlamento Europeo para Turquía me entregó material que trata justamente de la situación en las cárceles turcas. 
Pero no creo que realmente estemos discutiendo si la situación penitenciaria es buena o mala. 
Una gran parte de los presos en las cárceles turcas están condenados por delitos políticos. 
Es evidente que continúan su lucha política desde las cárceles. 
Así, las acciones del estado turco, con fuerzas militares y medidas represivas, son también un elemento de la lucha política que se dirige hacia los kurdos y otras minorías que habitan las cárceles de ese país. 
La situación es desesperada, tanto para la sociedad turca como para el estado de ese país. 
Deben elegir otros caminos. 
Los partidos políticos y los movimientos populares turcos tienen que tener libertad para actuar como partidos y movimientos en toda Europa. 
La lucha entre las diferentes fuerzas debe realizarse con medios pacíficos. 
En tanto esto no ocurra, no veo cómo Turquía va a poder llegar a ser miembro de la Unión Europea. 
El estado turco debe mostrar el camino a seguir. 
Deben aceptar que en Turquía hay diferentes grupos nacionales y culturales, que deben tener los mismos derechos. 
La lengua y la cultura de esos grupos debe ser aceptada en los colegios, especialmente en los territorios con predominio kurdo. 
Creo que lo único que se puede hacer es amnistiar y liberar a esos presos políticos. 
Cuando esto ocurra, no habrá más problemas en las cárceles turcas que los existentes en las cárceles inglesas, alemanas o francesas. 
Señor Presidente, cuando en la última sesión plenaria del Parlamento Europeo, en diciembre del 2000, se había programado un debate sobre la inaceptable situación en la cárceles de Turquía, y las propuestas de resolución correspondientes fueron retiradas por falta de coordinación entre los grupos políticos interesados, la agitación en las cárceles turcas se encontraba todavía en su fase inicial, y la bárbara reacción de las autoridades turcas no se había dejado aún sentir en toda su crudeza. 
Qué duda cabe de que para un país menos problemático que Turquía, el mero atisbo de disposición del Parlamento Europeo a interesarse por el asunto habría sido un mensaje suficiente claro como para hacerle abandonar cualquier intención de violar sus compromisos legales y éticos. 
Turquía, sin embargo, poniendo de manifiesto una vez más que es un país problemático, hizo justamente lo contrario. 
Ignoró con insolencia y desdén al Parlamento de la Unión Europea- de la que, no obstante desea convertirse en miembro -, y, siguiendo su procedimiento favorito, procedió tan solo unos días más tarde a la ignominiosa operación de matanza de decenas de presos, comportamiento que ha provocado la indignación internacional. 
La resolución condenatoria de hoy- excesivamente clemente en mi opinión- constituye, no obstante, una reacción lógica y positiva, aunque, desgraciadamente, insuficiente en el caso de Turquía, que ha demostrado repetidamente que semejantes bofetadas no le causan impresión alguna. 
Lo que es, pues, necesario es que de una vez por todas Turquía sea tratada por la Unión Europea, y por el conjunto de la comunidad internacional, con la misma vara de medir y con los mismos patrones, con las mismas reglas, con los que en otros casos probleméticos semejantes se han impuesto el respeto a los principios democráticos, a los derechos humanos y al estado de derecho; sin aplazamientos en la aplicación de las políticas ni juegos ni cálculos de intereses; y sin mostrar tolerancia y comprensión hacia las supuestas particularidades turcas. 
Y por lo que respecta más especilmente a la Unión Europea, se debe dejar meridianamente claro a Turquía, e igualmente a sus valedores extraeuropeos, no solo de palabra, repito, sino con los hechos, que el camino de este país hacia la familia europea- a la que, en todo caso, es discutible que pertenezca- permanecerá hermética y definitivamente cerrado si no somete absolutamente y sin reserva alguna su comportamiento dentro y fuera de sus fronteras a las reglas fundamentales del derecho y la ética que informan la estructura y el funcionamiento de las sociedades civilizadas contemporáneas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en realidad es sumamente triste que hoy debamos ocuparnos una vez más de Turquía, en concreto, de la situación de las prisiones en Turquía. 
Yo habría deseado que pudiéramos tributar hoy nuestro reconocimiento a Turquía por haber solucionado de manera pacífica la difícil situación. 
Pero, lamentablemente, no sucede así. 
Por consiguiente, como Parlamento Europeo debemos exigir que la propia Turquía investigue- y donde sea necesario, que la Comisión haga también lo que esté en su mano para investigar- cómo se ha llegado a esta catastrófica situación en Turquía, en relación con las prisiones, a la huelga de hambre como tal y, también, a la intervención militar y policial que ha costado tantos muertos. 
En segundo lugar: debemos exigir absolutamente que haya transparencia en relación con el trato que se da a los presos, que los presos tengan el derecho a recibir atención médica y, ciertamente, no sólo bajo la vigilancia de policías y funcionarios de custodia, sino en condiciones bajo las cuales los médicos puedan realizar realmente exploraciones serias y llegar a buenos resultados. 
En tercer lugar: hemos de exigir de Turquía que intente lograr un consenso en el país, en especial, con las organizaciones de derechos humanos y que, en lo que respecta a la situación en las prisiones, reflexione acerca de cómo las puede mejorar y cómo puede lograr un consenso básico al respecto. 
En cuarto lugar: debe suceder que los reclusos que actualmente en virtud de disposiciones actuales y anteriores son prisioneros políticos- en Turquía se reconoce también de diversas maneras que éstos existen- sean puestos en libertad. 
Esto aliviaría seguramente la situación en las prisiones que están llenas en demasía. 
En quinto lugar: hemos de exigir que se modifiquen las leyes. 
Efectivamente, no se trata solamente de decir que los reclusos son tratados debidamente tras su reclusión y que en caso de una huelga de hambre se intenta resolver las cosas de manera pacífica. 
Más bien hay que preguntar: ¿Por qué hay tanta gente en las prisiones? 
Hay tanta gente en las prisiones porque existen leyes que castigan delitos de conciencia- quizá también en la modalidad de declaraciones o manifestaciones por escrito- y no las acciones propiamente dichas. 
Esto es sencillamente inaceptable en una democracia moderna. 
En este sentido, señor Presidente, quisiera hacer una vez más un llamamiento a Turquía para que, por fin, elimine de la legislación estas disposiciones y no haga más presos políticos. 
Señor Presidente, quiero ante todo expresar en nombre del Partido Comunista de Grecia, y del pueblo griego en general, nuestra solidaridad con los presos políticos de Turquía y con todo el pueblo turco, sometido a padecimientos sin fin por el régimen militarista de Turquía. 
Y quiero a continuación recordar que en todo crimen hay culpables y hay también cómplices. 
Hay autores por comisión, hay autores por complicidad necesaria y hay autores por inducción. 
El autor por comisión es, por supuesto, el régimen turco, que, de entrada, considera terrorista a cualquier persona de izquierdas, a cualquier comunista, o a cualquier kurdo, e intenta exterminarlo. 
Los autores por complicidad necesaria y los autores por inducción son, sin embargo, más serios, son el sistema imperialista internacional, son los Estados Unidos, es la OTAN, es la Unión Europea. 
Todos ellos tienen enormes intereses económicos, estratégicos y políticos en Turquía, y apoyan de todas las formas posibles al régimen militarista de ese país; un régimen que no dudó en quemar vivos a los presos políticos, porque no hubo en realidad autoinmolaciones de los presos, los presos fueron asesinados con lanzallamas. 
Los autores por complicidad necesaria han de ser, pues, condenados; los que le conceden a Turquía el título de país candidato, los que no hacen nada por los presos políticos. 
Nosotros ya en agosto habíamos señalado el problema; solicitamos más de dos veces la intervención de la Presidenta del Parlamento Europeo: no pasó nada. Y cuando solicitamos por última vez la intervención- y ya había empezado la agresión -, tampoco pasó nada. 
Me temo que estamos ante una resolución muy blanda, ni siquiera condena la actuación del régimen turco; mucho menos, claro, condena a los que están detrás del régimen turco. 
Sería extraño, por supuesto, que quienes ayer aplaudieron al criminal de guerra Javier Solana tuvieran un comportamiento diferente ante Turquía. 
Señor Presidente, en el pleno anterior, bajo condiciones poco claras, se retiraron las propuestas de resolución de tres grupos políticos y hoy debatimos una propuesta común de resolución sobre el mismo asunto. 
No viene al caso determinar qué ocurrió, qué cambió, qué pudimos favorecer con nuestra postura. 
Turquía tiene estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
Sin embargo, percibimos un doble lenguaje procedente de fuentes muy diversas, y el asunto es muy serio. 
Personalmente, estoy a favor de la perspectiva europea de Turquía. 
Pero hemos constatado- incluso muy recientemente- que personas que han desempeñado, y desempeñan, un papel importante en la construción europea, como los ex cancilleres Kohl y Schmidt, cuando hablan en su calidad de políticos se muestran partidarios de la perspectiva europea de Turquía, pero cuando hablan, sin embargo, en congresos, o pronuncian conferencias, sostienen que Turquía no tiene ningún papel en la Unión Europea. 
Es posible que, políticamente, facilite las cosas a aquellos que, como decimos, pretenden una Europa económica; no facilita, sin embargo, la Europa política en la que está interesado el Parlamento Europeo. 
Y en la medida en que el comportamiento de algunos siga causando la impresión de que el sistema hoy dominante en Turquía puede instalarse en Europa, se seguirán creando más y más situaciones sin salida. 
¿Por qué? 
Porque siempre que buscamos argumentos contra la perpectiva europea de Turquía los encontramos precisamente en la inadaptación de Turquía a los parámetros europeos. 
Y la perspectiva de la adaptación debe constituir para nosotros un esfuerzo absoluto. 
Señorías, debemos ser categóricos; debemos ser justos. Categóricos en cuanto a la observancia de los criterios europeos de Turquía, en cuanto a su perspectiva; y justos en cuanto al modo en que la sometemos a control. 
Esta política nos sirve a nosotros, le sirve a Turquía, y le sirve a su pueblo. 
Si por cualquier razón no somos categóricos en las cuestiones del respeto a los derechos humanos, de la democracia, de la libertad y, al mismo tiempo, del acatamiento del derecho internacional, entonces no ofrecemos buenos servicios ni a Turquía ni a nosotros. 
Situación en Argelia 
Señor Presidente, nuestro Grupo, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, ha conseguido al principio del actual periodo de sesiones que se debata la situación en Argelia. 
La acogida que se dispensó a su demanda fue la que era de esperar, es decir, una oleada de buenos sentimientos, buenos pero totalmente gratuitos, por parte de la cohorte habitual de aquéllos cuya defensa todo-terreno de los derechos humanos se ha convertido en una especie de tic que sustituye al auténtico análisis político, a veces incluso, y aquí se da el caso, al menos para algunos, sin más resultado que el de ocultar intenciones más oscuras. 
Por nuestra parte, nuestro mensaje no es compasivo, sino político. 
Ciertamente, deseamos una vez más expresar nuestro sobrecogimiento ante la espantosa violencia que cada día hiere más profundamente al pueblo argelino, pero también sabemos que los argelinos están hartos de compasión. 
Ya que gracias a la política valiente de su Presidente, el Presidente Bouteflika, se ha demostrado, y al menos eso está claro, que ningún discurso razonable, ninguna promesa de perdón, ninguna tentativa de reconciliación, en resumen, ninguna solución política es aceptada por los fanáticos, es necesario que pasemos a la acción y que reconozcamos que los Estados miembros que conceden el asilo, y a veces incluso más, a sus dirigentes, son de ahora en adelante totalmente cómplices de lo que aquí denunciamos, con una hipocresía creciente, a cual mayor. 
He aquí, mis queridos colegas, la esencia del asunto. 
Varios países miembros son en realidad culpablemente complacientes con los autores de las masacres. 
Por delante, se lamentan. 
Por detrás, protegen, disimulan, amparan, e incluso a veces acogen a sabiendas a los autores de atentados perpetrados en mi país, Francia. 
Nosotros pensamos que una defensa de los derechos humanos bien entendida debe empezar por fortalecer el Estado de derecho en Argelia y por contribuir a consolidar la autoridad del gobierno y del Presidente respaldados por elecciones que insistimos en considerar democráticas. 
La vigilancia democrática en materia de derechos humanos no podría aplicarse únicamente a los regímenes vigentes. 
Me refiero concretamente a los demás países del Magreb, a Marruecos, a Túnez, a Libia. 
Debe servir también para apoyarlos, particularmente, más allá de todos los detalles puestos de manifiesto, cuando se enfrentan a una ciega locura asesina, aún más peligrosa considerando que potencias extranjeras la apoyan bajo mano, potencias que ni siquiera son europeas- ya saben ustedes en cuáles estoy pensando -, y que se aprovechan de una situación inestable para mover en la sombra, por mediación de fanáticos, oscuros hilos. 
Es el viejo juego de los imperios, cuya víctima no es únicamente la población argelina, sino la propia Argelia y sus amigos más antiguos, que al final son los más fieles. 
Así pues, Señor Presidente, Damas y Caballeros, intentemos de una vez por todas tener las cosas claras en este asunto de Argelia. 
Sí, hay fuerzas exteriores actuando en Argelia. 
Sí, Argelia está una vez más sometida a luchas de poder, ciertamente favorecidas por sus viejas divisiones, seculares, viscerales, y mi país, Francia, que sin duda tiene responsabilidades frente a este país, seguirá asumiéndolas en nombre de una amistad ancestral y consiguiendo que el gobierno, que el Presidente que este país ha elegido, logren asegurar mal que bien la paz y la autoridad de un Estado que es, todavía hoy, un Estado de derecho, frente a ciertas vicisitudes y ciertas maquinaciones exteriores, incluidas, repito, las de algunos de nuestros amigos. 
Señor Presidente, señor Comisario, no debemos perder la esperanza. 
La esperanza generada en Argelia y en el mundo entero por la iniciativa de concordia civil del Presidente Bouteflika no debe dejarnos constatar con desengaño que, decididamente, nada se podrá hacer en este país para erradicar la violencia y para establecer en él un Estado de derecho. 
Al igual que nos hemos comprometido a brindar nuestro apoyo a los que, en el País Vasco, se han rebelado contra el terrorismo ciego, tenemos el deber de hacer todo lo posible para apoyar, en Argelia, a los partidarios de la concordia y de la reconciliación. 
Es deber de Europa, y también responde a su interés. 
Siguiendo el proceso de Barcelona, a Europa le interesa extender, al Sur del Mediterráneo, la zona de paz y de estabilidad que ha conseguido establecer en su interior. 
A Europa le interesa escuchar las llamadas que le llegan del conjunto del continente africano, y que pretenden instaurar una cooperación renovada que pase sin complejos la dolorosa página de la descolonización. 
Nosotros, Europeos, debemos tomar conciencia del hecho de que, en la ejecución de esta empresa, vamos a recibir tanto como lo que vamos a dar. 
Nuestro propio futuro dependerá de la manera en que sepamos ayudar al continente africano a salir de la miseria y del caos. 
Estoy absolutamente en contra de la tentación de encerrarnos en una fortaleza "Europa" que estaría destinada, como toda fortaleza, a ser algún día asediada. 
Es el motivo por el cual daré mi apoyo a la propuesta de resolución común que será sometida a votación en nuestro Parlamento dentro de un rato. 
Con este motivo, pido a los socios argelinos que comprendan que no deseamos en absoluto que parezca que estamos dando lecciones, amparándonos en nuestra apariencia de superioridad, sino que queremos que se nos vea como hombres de buena voluntad, decididos a ayudarles, si lo desean, a poner fin a su tragedia actual, y a reanudar con ellos, en el futuro, los lazos de amistad que nos han unido a lo largo de la historia. 
Señor Presidente, estimados colegas, el mes del Ramadán se ha caracterizado en Argelia por una nueva escalada del horror: masacres terribles desde 1991, al principio de la guerra fratricida, sin olvidar los miles de heridos y desaparecidos, ni el dolor, ni el pánico de las familias. 
A pesar de la concordia civil, iniciada por el Presidente Bouteflika, la violencia no se ha visto frenada. 
El pueblo argelino sigue aspirando a la paz y a la reconciliación, incompatibles con la impunidad. 
Tal y como ponen de manifiesto las organizaciones internacionales de derechos humanos, la lucha contra el terrorismo islámico se lleva a cabo desde la ilegalidad. 
Es crucial que las autoridades argelinas consientan en hacer comparecer ante la justicia a todos los responsables de todos los crímenes. 
En un contexto como éste, se plantea una cuestión. 
¿Qué significa la aparente impotencia y pasividad de las fuerzas armadas? 
En Argelia, nadie puede negar la intransigencia de la alta jerarquía militar, en el poder desde hace 39 años, que bloquea el sistema político y cultiva la opacidad. 
Europa ha optado durante demasiado tiempo por la inercia frente a los acontecimientos argelinos, alineándose de hecho con el poder vigente. 
Urge reajustar la visión simplificadora y maniquea que acusa al islamismo de ser el único responsable de la actual degradación. 
La sociedad argelina está profundamente afectada por la corrupción generalizada y por la exclusión social y económica. 
La postura atemperada de Europa conlleva un riesgo de debilitamiento y de asfixia de las fuerzas sociales del cambio, símbolo del futuro, que intentan liberarse de las presiones vinculadas al poder. 
Si seguimos siendo vigilantes frente a las amenazas que pesan sobre los ciudadanos, si permitimos que se reconozca un derecho de asilo, se establecerán sólidos vínculos entre las dos orillas del Mediterráneo. 
Ayudar a Argelia a acceder a las libertades democráticas exige que las relaciones dejen de ser exclusivamente asunto de los Estados, y pasen a servir el interés de los pueblos. 
No debemos olvidar nunca que todos los menoscabos de los derechos afectan principalmente a las capas populares y son campo abonado para todos los extremismos. 
Señor Presidente, el pasado martes por la noche, once personas fueron asesinadas en un control simulado en la Wilaya de Aïn Defla; el sábado, 24 de diciembre, una joven cantante fue asesinada en una discoteca de Annaba; ocho días antes, fueron dieciséis los alumnos de un instituto que resultaron ser salvajemente asesinados en el interior mismo de su internado. 
Argelia acaba de vivir el Ramadán más sangriento de los dos últimos años. 
Más de doscientas personas asesinadas- hombres, mujeres, niños, ancianos -, chicas jóvenes secuestradas y violadas. 
Parece que la espantosa violencia de los grupos islámicos armados, tan bárbara e inhumana, se reanuda, si es que alguna vez había cesado. 
Estas informaciones nos llegan esencialmente por los periodistas. 
En efecto, no podemos dejar de lamentar el relativo silencio de las autoridades, salvo quizás en el caso de los extranjeros. 
Sí, la prensa, una de las más independientes del mundo árabe, y a la que desearía aquí rendir homenaje, por el pesado tributo que ha pagado esta profesión a aquéllos que profesan un odio temible a cualquier expresión libre y sueñan con una población inculta y sometida a sus dictados. 
Sin embargo, desde hace más de un año, parece que miles de terroristas han abandonado las armas al tiempo que se han beneficiado de una amnistía total. 
La elección del Presidente Bouteflika había suscitado una esperanza entre la población. 
Pero no podemos dejar de señalar que la vía iniciada por la ley denominada "de concordia civil" está muy lejos de haber conducido a la paz. 
Mientras que el pueblo argelino había desplegado una formidable resistencia para rechazar el integrismo, la amnistía de crímenes como éstos, que algunos califican de crímenes contra la humanidad, y la impunidad de que se ha hecho gala frente a los que los han cometido, parecen liberarles totalmente, hasta el punto de proseguir con su actividad mortal. 
¿No sería mejor escuchar a las asociaciones de familiares de víctimas del terrorismo, que están indignadas por no recibir indemnización alguna, mientras que islamistas "arrepentidos" se benefician de ayudas financieras para reinsertarse en la sociedad? 
¿No deberíamos reconocer la lucha doblemente valiente de las mujeres argelinas, principales víctimas del terrorismo y, al mismo tiempo, todavía y permanentemente sometidas a un código familiar que desprecia sus derechos más elementales? 
Finalmente, la situación económica y social encierra también grandes peligros, esa situación que ya en los años 80 supuso un marco favorable al auge del islamismo. 
Sometida a fuertes condicionantes exteriores, y me refiero a la deuda, Argelia vive una crisis que ya ha conducido a un aumento del paro sin precedentes. 
La solidaridad con los demócratas y con Argelia, que lucha contra el horror y la muerte, y por un futuro de libertad, es más que nunca necesaria y urgente. 
Señor Presidente, mis colegas ya han dicho muchas cosas. 
Creo que la dramática reactivación de un terrorismo que no duda en matar incluso a niños de tres años hace que volvamos a caer en una situación que esperábamos haber dejado atrás. A pesar de que todos pensamos que, desgraciadamente, Argelia deberá convivir durante algún tiempo con este fenómeno, la reactivación del mismo durante el Ramadán nos recuerda situaciones que ya vivimos en el pasado. 
En realidad, confiábamos en que la iniciativa del presidente Bouteflika podía alcanzar resultados positivos, pero los acontecimientos de estos días nos preocupan. 
Por esto creo, como decían los demás oradores, que no podemos mostrar duda a la hora de formular un juicio sobre el terrorismo y de ofrecer toda la cooperación posible a las autoridades argelinas para vencer este fenómeno. 
Pero dicho esto, no hay que olvidar que, a causa del terrorismo, existe un avance en la vía de la democracia y del Estado de Derecho, y que la lucha contra el terrorismo no puede justificar el hecho de que en ese país continúe prevaleciendo el poder opaco e inescrutable del ejército. 
Por lo tanto, el Presidente Prodi ha hecho muy bien en firmar un acuerdo y en donar 5 millones de euros para fomentar la prensa independiente y establecer un estatuto de los periodistas. 
Creo que es exactamente lo que hay que hacer, además de ofrecer a las víctimas de la violencia asilo en nuestros Estados, un asilo que en algunos de ellos no es posible, mientras sí que fue posible acoger a muchos terroristas que están organizando y han organizado redes muy peligrosas en dichos Estados. 
Por último, creo que deberemos estudiar la posibilidad de enviar a una delegación a Argelia. 
Hace mucho que el Parlamento ha dejado de ir a este país y creo que lo primero que hay que hacer es llegar a comprender qué está sucediendo realmente. 
Señor Presidente, ¿por qué Europa guarda un profundo silencio sobre los masivos crímenes cometidos en Argelia? 
Dicho mutismo contrasta fuertemente con nuestras condenas de las injusticias que se producen en otros lugares del mundo. 
En Argelia se siguen perpetrando masacres. 
La gente continúa desapareciendo misteriosamente. 
La tortura sigue siendo una práctica generalizada. 
Sólo el año pasado fueron asesinadas cruelmente entre doscientas y trescientas personas al mes. 
El balance de diez años de desmesurada violencia es horripilante: 150.000 muertos y 10.000 personas desaparecidas. Dos veces más que bajo el régimen de Pinochet. 
El Presidente Buteflika pronunció bonitas promesas comprometiéndose a la erradicación de la violencia, la creación de un marco de diálogo y el esclarecimiento de los casos de desaparición, pero en la práctica la situación apenas ha variado. 
Perdura la impunidad. 
Los bárbaros que a altas horas de la noche perpetran sus monstruosas matanzas se siguen librando del castigo. 
Las fechorías cometidas por las fuerzas de seguridad tampoco son motivo de persecución. 
Tenemos, por tanto, razones más que suficientes para llamar al orden a las autoridades argelinas. 
Entonces, ¿por qué no se hace? 
¿Por no hacer peligrar los intereses comerciales franceses en la antigua colonia? 
¿Acaso se mantienen callados los Estados miembros porque esperan firmar ellos mismos lucrativos contratos comerciales? ¿Tenemos miedo a que los actos terroristas argelinos se desplacen a nuestros propios países? 
¿O tememos sobre todo el recrudecimiento del fundamentalismo islámico en la propia Argelia? 
El principal cometido del Estado consiste en proteger a la población. 
Es realmente vergonzoso comprobar hasta qué punto fallan las autoridades argelinas en este sentido. 
Va siendo hora de que la Unión Europea salga en defensa de la población argelina relegando sus propios intereses a un segundo plano. 
Es necesario que se ponga fin a la violencia. 
Hemos de firmar cuanto antes un acuerdo de asociación para que podamos intensificar el diálogo político. 
A este respecto tengo una pregunta para el Comisario: ¿cómo está ese tema ahora mismo? 
Porque no podemos callarnos más tiempo. 
. 
(EN) La Comisión comparte la preocupación del Parlamento por la situación de los presos turcos que mantienen la huelga de hambre. 
El estado de salud de algunos de estos presos es verdaderamente preocupante. 
Esta situación urge a las autoridades turcas a buscar una solución pacífica. 
En cualquier caso, las fuerzas de seguridad turcas no deberían extralimitarse en sus funciones. 
En lo relativo a las operaciones llevadas a cabo por la policía y el ejército en veinte cárceles en diciembre del año pasado, la Comisión espera que se abran investigaciones para determinar la causa de las muertes y que se proceda a la identificación de las víctimas de dichas operaciones y de sus responsables. 
Deben investigarse asimismo las acusaciones de tortura y de malos tratos a los presos durante su traslado después de las operaciones. 
La Comisión recuerda que el asunto de la mejora de las condiciones de internamiento en las cárceles turcas es abordado en la asociación para la adhesión de Turquía, que recibió la aprobación política del Consejo el 4 de diciembre de 2000. 
En dicho acuerdo de adhesión se concede carácter prioritario a la mejora de las condiciones de internamiento para aproximarlas a las normas mínimas de la ONU relativas al tratamiento de los presos y a otras normas internacionales. 
Con respecto a Argelia puedo decir lo siguiente: la Comisión apoya los esfuerzos de las autoridades argelinas dirigidos a conseguir la reconciliación nacional y el final de la violencia. 
La democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales son principios fundamentales que la Unión Europea aplica con imparcialidad a todos sus socios. 
Celebramos que Argelia acepte la cláusula relativa a este respecto en las negociaciones del acuerdo de asociación. 
Sin embargo, la violencia produce nuevas víctimas todos los meses. 
Nos preocupa particularmente el recrudecimiento de la violencia durante el Ramadán, que acabó con muchas vidas en todo el país. 
Asimismo, Argelia debe encontrar una forma de abordar los antiguos crímenes cometidos por terroristas que han renunciado a la violencia. 
Aun comprendiendo la dificultad de poner fin al terrorismo en Argelia, la Comisión sigue preocupada por las violaciones de los derechos humanos y, en particular, por las desapariciones. 
Es fundamental que se emprenda una acción decidida contra la regresión de la situación y las violaciones de los derechos humanos. 
Seguimos planteando estas cuestiones en todos los niveles del diálogo político con las autoridades argelinas. 
El Sr. Prodi, por ejemplo, subrayó la necesidad de restablecer paz en todo el país durante su visita a Argelia los días 12 y 13 de enero. 
Como parte de este planteamiento y con el objeto de prestar una ayuda material a los esfuerzos de Argelia, la Comisión, representada por el Sr. Prodi, ha firmado unos acuerdos de financiación por los que se conceden 13 millones de EUR a dos proyectos sobre derechos humanos. 
Uno consiste en la ayuda a los medios de comunicación y a los periodistas del país, y el otro se refiere a la modernización y formación de las fuerzas policiales, de modo que aprendan a actuar como las fuerzas policiales deben hacerlo en un régimen democrático. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar, según discurra el debate, a las 17. 30 horas aproximadamente. 
Como ustedes saben, después de las cuestiones de urgencia haremos una breve interrupción hasta las 17.30 horas y se decidirá luego si se procede o no al debate Deprez. 
Por consiguiente, la votación tendrá lugar después del debate Deprez a las 17.30 horas en lugar de a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0060/2001 del Sr. Malmström, en nombre del Grupo ELDR sobre la ratificación del Tratado de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional; 
B5-0067/2001 del Sr. Frassoni y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE- sobre la pronta creación de un auténtico Tribunal Penal Internacional permanente; 
B5-0069/2001 de la Sra. Bonino y otros en nombre del Grupo TDI sobre la pronta entrada en vigor del Tratado de Roma respecto al Tribunal Penal Internacional; 
B5-0073/2001 del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la ratificación del Tratado de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional; 
B5-0078/2001 del Sr. Sakellariou y otros, en nombre del Grupo PSE sobre la ratificación del Tratado de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional; 
B5-0085/2001 del Sr. Di Lello Finuoli y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre el Tribunal Penal Internacional 
Señor Presidente, me alegro de que esta cuestión figure en el orden del día, puesto que el Tribunal Penal Internacional marcha viento en popa. 
El pasado 31 de diciembre venció la fecha límite para que los Estados firmaran este Tratado, el Tratado de Roma. 
Todos sabemos que ha sido una tarea ardua. 
Sin embargo, hemos podido observar cómo en los últimos días del pasado año una gran cantidad de países se dispuso de repente a firmar el Tratado. 
En su día, 120 países votaron a favor del Tratado, en tanto que recibió siete votos en contra. 
Pues bien, en la actualidad ya ha sido firmado por más de 120 países, entre ellos los Estados Unidos, que en un principio se oponían. A última hora también ha sido firmado por Israel, Irán y Yugoslavia. 
Habida cuenta de este amplio consenso no se puede sostener de ninguna manera que estemos ante un tratado nórdico o un tratado de países desarrollados. El enorme apoyo demuestra hasta qué punto es infundada esta afirmación. 
Ahora nos resta la ratificación del Tratado y de esto trata la presente resolución. 
Es grato comprobar que el Tratado ya ha sido ratificado por 27 países, de los cuales ocho pertenecen a la Unión Europea. 
Sin embargo, faltan Suecia, el Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Grecia y Dinamarca. 
Están en ello, pero el procedimiento aún no ha concluido. 
De los países candidatos a la adhesión ninguno ha ratificado el Tratado y Turquía ni siquiera lo ha firmado. 
Ello significa que aún queda mucho por hacer. Por eso instamos al Consejo a que incorpore este tema al orden del día. 
Es importante que Europa tome la iniciativa en esta materia. 
Es algo que podemos hacer nosotros mismos, sin tener que hacer reproches a los demás. 
Podemos pasar a la acción y es fundamental que nos demos prisa. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve: como segundo orador que va a intervenir está anunciado el Sr. Franz Xaver Mayer. 
Pero en nombre de nuestro Grupo político va a hablar el Sr. Hans-Peter Mayer. 
Uno es un excelente político agrícola y el otro es un excelente jurista. 
Sólo quería aclarárselo para que se sepa quien va a hablar. 
Muchas gracias, señor Posselt. 
Usted es, por así decirlo el observador oficial. 
Se da cuenta de todo. 
Muchas gracias por la observación. Lo habría visto después pues el auténtico Sr. Mayer está también en la sala. 
Señor Presidente, debo decir que envidio mucho al Sr. Posselt por sus facultades de tribuno que no todos poseemos en este Pleno. 
Así y todo, ocho son los Estados miembros de la Unión Europa de entre los 27 que han ratificado el Tratado de Roma, mientras que otros 7 siguen sin figurar en la lista. 
Ésta es una de las paradojas de la Unión Europea, así como una consecuencia de la falta de una verdadera política exterior común. 
En efecto, ¿cuáles pueden ser los motivos de los Estados miembros de la Unión Europa que aún no han ratificado el estatuto del Tribunal, más que las dudas respecto a una ulterior, verdadera e importante cesión de su soberanía y cierta falta de confianza en sí mismos, dado que quizás siguen temiendo el hecho de tener que sentarse algún día en el incómodo banquillo de los acusados? 
Obviamente, esto es mucho más cierto para otros importantes actores del escenario internacional. 
Ha sido acertado señalar, como se ha hecho en nuestra resolución, que el Presidente Clinton firmó el Tratado de Roma al final del año pasado, pero es lícito preguntarse si lo habría hecho en la coyuntura de que el recuento en Florida hubiera dado la victoria a Al Gore. 
El camino hacia el inicio del trabajo concreto del Tribunal es aún muy largo y está plagado de obstáculos. Tal como sugiere la resolución, hay que impedir cualesquiera modificaciones del estatuto y hay que lograr que el reglamento ejecutivo entre en vigor o, por lo menos, se defina rápidamente. 
Confiamos en que la Unión Europea convierta todo esto en una de sus prioridades en materia de política exterior, dado que, en teoría, todos estamos de acuerdo. Confiamos asimismo en que este Parlamento pueda seguir desempeñando un papel influyente para que el Tribunal llegue a ser una realidad, haciendo figurar en el orden del día de cada reunión de sus delegaciones mixtas el tema del Tribunal Penal y manteniendo y aprobando resoluciones como la que votaremos dentro de poco. 
En consecuencia, siento que no se haya vuelto a hacer referencia al tema de las delegaciones mixtas en la resolución común, pero estoy plenamente de acuerdo con esta propuesta y espero que la podamos hacer nuestra. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, por octava vez en cuatro años nuestro Parlamento aprobará dentro de unos minutos una resolución sobre el Tribunal Internacional. 
Esto demuestra la determinación con la que nuestro Parlamento ha querido seguir, paso a paso, el lento devenir de una justicia internacional que se necesita cada vez más- come los prueban los casos Milosevic, Mladic, Pinochet y muchos más, a los que empieza a faltarles esa impunidad que hasta ahora había garantizado a muchos asesinos, a muchos criminales seguir tranquilos en su puesto y tal vez jubilarse con todos los honores- y demuestra el mucho empeño con que nuestro Parlamento ha seguido este acontecimiento, en muchos casos indicando el camino a la Unión Europea. 
Recuerdo las primeras resoluciones en las cuales pedíamos a gritos una Unión Europea en que los 15 Estados miembros se mantuvieran unidos y firmes en esta batalla y defendieran los principios fundamentales de este Tribunal: la independencia del fiscal, la autonomía del Tribunal a la hora de juzgar los crímenes, la definición del objeto del mandato del Tribunal, etcétera. 
Estos objetivos han sido alcanzados. 
Lleva razón la Sra. Frassoni en decir que es importante reiterar que estos objetivos y el contenido del estatuto han de ser defendidos por quien ha firmado, como Clinton u otros, con el fin de continuar a formar parte de la Junta de los miembros del Tribunal, pero, en realidad, para influir negativamente en las negociaciones esperando quizás una exención para los militares americanos. 
No hace falta una exención, es necesario llegar cuanto antes a las sesenta ratificaciones: es un ámbito en que los Quince dan buena muestra. 
Confío en que, en las relaciones que mantendremos con los terceros países, este tema figure en el orden del día, y espero que los 7 Estados de la Unión que aún no lo han hecho, ratifiquen el estatuto dentro de este año. 
Señor Presidente, realmente se producen algunas confusiones si ni siquiera la administración parlamentaria está en situación de distinguir entre dos personas que tienen el mismo nombre. 
Así a veces también ocurre que el correo se confunde. 
Las Naciones Unidas han reactivado la idea de crear un Tribunal Penal Internacional tras los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. 
Otro motivo adicional han sido las violaciones del derecho internacional en Yugoslavia y las masacres en Ruanda. 
Algunos se preguntan para qué es competente un Tribunal Penal Internacional, qué es lo que le delimita de los Tribunales ya existentes. 
El Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo decide sobre la aplicación e interpretación de los Tratados de la Unión Europea. 
El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya decide sobre los litigios interestatales. 
El Tribunal Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo se ocupa de las violaciones estatales de los derechos derivados del Convenio sobre los Derechos Humanos. 
Para los cuatros delitos especialmente graves, genocidio, delitos contra la Humanidad, delitos de guerra y delitos de agresión se quiere crear ahora el Tribunal Penal Internacional. 
Hasta ahora, las Naciones Unidas han permitido tribunales especiales, por ejemplo, los Tribunales penales ad hoc para los crímenes cometidos en Yugoslavia y en Ruanda. 
En el futuro, el Tribunal Penal Internacional va a señalizar claramente que se va a perseguir y castigar cada uno de esos delitos. 
Los criminales de guerra ya no se podrán esconder más tras las fronteras de la soberanía. 
Para la comunidad internacional, el nuevo Tribunal de Justicia representa un importante logro para cerrar lagunas en la persecución penal. 
Por ello, me pronuncio a favor de que todos los Estados miembros ratifiquen pronto el estatuto y recomiendo la aprobación de la resolución. 
Señor Presidente, esta propuesta de resolución común sobre la ratificación del Tratado de Roma por el que se constituye el Tribunal Internacional Penal con carácter permanente llega en un momento oportuno. 
Justamente ayer debatimos en esta Cámara sobre nuestras prioridades con respecto a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. 
El Primer Ministro sueco ha reiterado una vez más la importancia de los derechos humanos durante la Presidencia sueca. 
Sin embargo, el debate de esta tarde es un nuevo y vívido recordatorio de las injusticias que se cometen en todo el mundo. 
De ello debe deducirse, por tanto, y espero que esta Cámara coincida conmigo, que si queremos afrontar con seriedad el asunto de los derechos humanos de hombres, mujeres y niños, debemos contar con un Tribunal Penal Internacional permanente que persiga a los que perpetren o cometan crímenes contra la humanidad. 
Necesitamos un tribunal penal con jurisdicción internacional que pueda juzgar con independencia a los acusados de tales atrocidades. 
Sólo mostrando una plena determinación en la aplicación del Tratado de Roma seremos capaces de acabar con la impunidad de quienes perpetran estos crímenes y de contribuir a disuadir e impedir la comisión de estos delitos en el futuro. 
Como ya hemos oído, 139 Gobiernos han suscrito el Tratado de Roma, aunque tristemente sólo 27 lo han ratificado. 
Son necesarias sesenta ratificaciones para que el Tratado entre en vigor y para la constitución del Tribunal. 
Por tanto, creo que es obligado que los Estados miembros den ejemplo. 
En particular, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, España, Alemania, Austria y Finlandia ya han ratificado el Tratado, una actitud que les honra. 
Es ya hora que los demás Estados miembros de la Unión sigan su ejemplo. 
El cinismo es una opción fácil y no la voy a tolerar. 
Creo que debemos acoger con satisfacción la firma del Tratado por los Estados Unidos de América el 31 de diciembre pasado, así como que Yugoslavia haya hecho lo propio el 19 de diciembre de 2000. 
Ahora hemos de invitar a sus respectivos Parlamentos a ratificar el Tratado. 
No obstante, al mismo tiempo hemos de conminar a todos los Estados a seguir apoyando el trabajo de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la antigua Yugoslavia. 
La Historia nos enseña que nunca debemos olvidar. 
Por ello, dirijan su mirada al último milenio. 
Examinen al mundo ahora tal y como es y recuerden que el precio de la libertad consiste en estar siempre alerta. 
las generaciones futuras nunca nos perdonarán que ignoramos a los que han sufrido estas terribles atrocidades y siguen sufriéndolas, como ya he dicho. 
Las palabras no bastan. 
El momento de actuar es ahora. 
Firmemos el Tratado de Roma sobre el TPI y mostremos así nuestro compromiso y nuestro desafío al resto del mundo. 
Como autor de la misma, invito a esta Cámara y al Parlamento a apoyar esta propuesta. 
Señor Presidente, si se mira la lista de Estados de la UE que ya han ratificado, se puede ver que cinco de los seis Estados fundadores han llevado a cabo la ratificación. 
Sólo faltan los Países Bajos, país que se ha pronunciado de modo especial a favor de este Tribunal de Justicia y también de su sede. 
Uno se pregunta entonces cuál es la causa. 
De los nueve Estados miembros restantes de la Unión Europea sólo han ratificado tres, entre ellos la tan por muchos criticada Austria. 
Apelo a los demás Estados de la Unión Europea para que inicien lo antes posible el proceso de ratificación. 
Necesitamos este Tribunal Penal para que cuando se cometan crímenes internacionales contra la Humanidad que, lamentablemente, no han disminuido sino más bien aumentado, exista por fin una referencia objetiva en todo el mundo. 
Antes hemos hablado de Camboya. Hablamos de la antigua Yugoslavia. 
Allí están sin duda justificados los tribunales de justicia especiales que se han creado. 
Pero tenemos que saber que en parte son difamados por las fuerzas nacionalistas de estos países como la justicia de los vencedores. 
Para que esto no pueda ocurrir más es enormemente importante que exista pronto un Tribunal Penal de Justicia unitario en este mundo para que no tengamos que seguir trabajando con tribunales especiales. 
El Tribunal de Justicia para los crímenes en la antigua Yugoslavia con sede en La Haya se ha hecho acreedor a grandes méritos. 
Necesita de nuestro apoyo. Pero han visto que el Presidente Kostunica, quien aún hace poco ha pronunciado unos discursos solemnes en el Parlamento, ha rechazado hace dos días recibir a la Sra. Del Ponte porque protocolariamente no estaba a su nivel. 
Esto es un escándalo. 
Aquí vemos lo importante que es no sólo establecer en todo el mundo normas jurídicas de derecho internacional orientadas contra las expulsiones en masa, el genocidio y la agresión sino también poner a disposición los correspondientes instrumentos sancionadores. Y esto lo garantiza sobre todo este Tribunal Penal de Justicia. 
Hemos trabajado intensamente para ello y ha llegado ya la hora de que pueda iniciar su actividad. 
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(EN) Aunque el establecimiento del Tribunal Penal Internacional no está comprendido en sus competencias, la Comisión espera que se alcance pronto el número necesario de sesenta ratificaciones, de modo que el Tribunal pueda comenzar a funcionar. 
A fecha de 31 de diciembre, el estatuto ha sido firmado por 139 países y ratificado por 27. 
La Comisión observa con satisfacción que los Estados Unidos hayan firmado el Tratado de Roma el 31 de diciembre y la Federación Yugoslava en una fecha anterior, el 19 del mismo mes. 
En sus relaciones con terceros países, la Comisión hará todos los esfuerzos posibles por recordar la necesidad de firmar y ratificar este estatuto lo más rápido posible. 
Entretanto, la Comisión seguirá concediendo ayudas a las iniciativas de apoyo al Tribunal Penal Internacional. 
Hasta ahora, en este año se han concedido cerca de 4,8 millones de euros en ayudas dirigidas a fomentar las actividades de las ONG o de las instituciones que trabajan en campañas de información relativas al Tribunal Penal Internacional. 
La Comisión concederá este año nuevas ayudas para apoyar estas actividades. 
Queremos fomentar esto y utilizar nuestra cooperación con las ONG para mantener el impulso y convertir en realidad a este Tribunal. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar hacia las 18.30 horas. 
Terremoto en El Salvador 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0068/2001 del Sr. Nogueira Román y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre el terremoto en El Salvador; 
B5-0074/2001 del Sr. Galeote Quecedo y otros, en nombre del Grupo PPE-DE sobre El Salvador; 
B5-0079/2001 del Sr. Seguro y otros, en nombre del Grupo PSE sobre el terremoto en El Salvador; 
B5-0079/2001 del Sr. Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el terremoto en El Salvador. 
Señor Presidente, una vez más El Salvador ha sido arrasado por una catástrofe, solamente dos años después del Mitch, aquel temible huracán cuyas consecuencias aún no se han superado y aún no se han pagado, puesto que, según parece, la Unión Europea todavía no ha ingresado el dinero que prometió en aquella ocasión. 
Me felicito por la resolución que hemos podido elaborar entre todos, aunque, habida cuenta de todas las catástrofes que ha sufrido El Salvador, incluido este último terremoto, la considero excesivamente minimalista. 
En realidad la encuentro poco sustanciosa porque no basta que ese sentimiento de solidaridad que nos mueve a todos y que está en el origen de la presente resolución se exprese en términos bonitos. 
Lo importante es que se materialice y es por eso por lo que hemos presentado en nombre de nuestro Grupo algunas enmiendas más en las que esa idea se resalta y se refuerza. Con esto queremos conseguir entre otras cosas que los actuales proyectos destinados a mejorar la situación puedan llevarse a la práctica, especialmente los programas de reconstrucción, lo cual implica, evidentemente, que Europa ha de desembolsar el dinero previsto para ello. 
Además, consideramos que todo el mundo, nosotros incluidos, debemos mostrar nuestra consternación y nuestra solidaridad ante este terremoto que afecta de nuevo a miles de personas. 
El impacto de los terremotos en los países pobres depende de la resistencia y de la capacidad de recuperación de cada región. 
El Salvador ha sufrido una guerra, El Salvador ha sufrido catástrofes naturales y, para colmo, ha sufrido este terremoto. 
Para poder trabajar en condiciones aceptables desde el punto de vista medioambiental es imprescindible que el Gobierno abandone sus preferencias políticas por determinadas formas de politización de la ayuda y que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones. 
Señor Presidente, quisiera referirme, en esta resolución, que ha recibido el consenso de todos los grupos, al último de los apartados, al que hace referencia a la eficacia que tendría que tener en esta ocasión la ayuda económica que vamos a conceder a El Salvador, a esta población tan necesitada. 
Acabo de hablar con la Oficina responsable de la ayuda humanitaria en Nicaragua y quisiera traer ante esta Asamblea- y ante el Sr. Comisario- la gran preocupación que tienen todas las abnegadas personas que hoy trabajan en las ayudas de urgencia- y que mañana lo harán en los trabajos de cooperación- y la preocupación de los medios de comunicación españoles e internacionales en el sentido de que todavía no hemos entregado la ayuda económica comprometida después del huracán Mitch, cuando nos encontramos con el siguiente acontecimiento luctuoso. 
Vamos a ver, señores de la Comisión, si esta vez llegamos a tiempo. 
Y lo digo no sólo porque pertenezca a la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México, sino porque también soy portavoz coordinador del Grupo del Partido Popular Europeo en la Comisión de Control Presupuestario. 
Gastar tan tarde es tirar el dinero. 
El dinero tiene que gastarse a tiempo y los funcionarios- no sólo los que estén en El Salvador, sino también los que están en Bruselas- tendrán que asumir sus responsabilidades. 
Para algo tendrá que servir la reforma del Sr. Kinnock, para ver si esta vez la ayuda para paliar las consecuencias de este terremoto no llega cuando, por desgracia, un nuevo acontecimiento azote a este país hermano. 
Eficacia significa on time, dar la ayuda en su momento. 
Si no, tantas personas dando la cara sin ninguna compensación en estos países, tantas personas esperando, tantos gastos administrativos, ¿para qué? 
Si no sabemos hacerlo de otro modo, entreguemos la ayuda a través de los Estados miembros. 
A la ONU- al ACNUR- ya le damos dinero- somos los principales donantes- y ahí sólo está la bandera de las Naciones Unidas. 
Pues, aunque esté mal, hagámoslo a través de España o Austria, o con dos banderas, pero que llegue la ayuda de urgencia y, sobre todo, la de cooperación. 
No hagamos nuevamente el ridículo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los números y las imágenes que nos llegan de El Salvador son espantosos, tanto en cuanto a los centenares de muertos como a los millares de heridos, a los centenares de personas desaparecidas y a cerca de 26.000 desalojados. 
Las réplicas no cesan tanto en El Salvador como incluso en Nicaragua. 
Esta situación que se da en la América Central no es nueva. 
Como ya han repetido la Sra. Maes y el Sr. Pomés Ruiz, también con el huracán Mitch, en noviembre de 1998, hubo consecuencias dramáticas, tanto en el nivel de las personas como en términos materiales, en aquella región del mundo. 
La América Central es una de las regiones más pobres del mundo. 
Cerca del 40% de la población vive por debajo de los umbrales de pobreza y, por eso, Europa tiene una responsabilidad particular en relación con esa zona del mundo, no sólo porque se trata de una región que vive conflictos muy graves y que aún mantiene tensiones, en particular fronterizas, sino también porque es necesario ayudar a su consolidación desde el punto de vista democrático. 
Por fortuna, hoy todos los órganos son democráticamente elegidos, pero aún hay hábitos muy poco democráticos en esos países de la América Central. 
Además, la deuda externa es grande. 
Y sólo se incluye a dos países en la iniciativa lanzada. 
Por eso, la idea que tenemos cuando hablamos con las principales autoridades de los países de la América Central- y aún el martes tuvimos la oportunidad de recibir al Presidente de la República de Honduras-- es la de un pueblo que sufre y, cuando ve un poco de luz en el fondo del túnel para levantarse, para afrontar sus problemas y su historia, topa con situaciones dramáticas provocadas por esas catástrofes naturales. 
Europa ha actuado prontamente desde el punto de vista de la ayuda de emergencia, tanto en noviembre de 1998 como ahora. 
Pero el problema se plantea- y como ya han dicho y muy atinadamente mis dos colegas- en relación con una ayuda más estructural. 
Es indispensable que la Comisión ponga en práctica el programa de reconstrucción para la América Central. 
Lo que proponemos, señor Comisario Poul Nielson, es que se haga una reformulación rápida de ese programa con más medios humanos y más recursos financieros para cumplir también este objetivo de ayudar a El Salvador. 
Y el día 26 de marzo de este año se celebrará en Guatemala una nueva reunión del Grupo de San José con la Unión Europa. 
La aplicación de ese programa de reconstrucción de la América Central con esta nueva modalidad de ayuda a las víctimas de El Salvador sería una buena forma de concluir esa reunión del Grupo de San José. 
Señor Presidente, mi Grupo, el Grupo Confederal de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, se suma a los sentimientos de solidaridad con los familiares de las víctimas del reciente terremoto, así como con el pueblo salvadoreño, ante esta nueva tragedia. 
Precisamente me cupo a mí el honor y la grata responsabilidad de presentar ante esta Asamblea, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, un informe sobre la ayuda para la reconstrucción de Centroamérica tras el huracán Mitch, que fue aprobado por unanimidad. 
La verdad es que me siento frustrado porque nuestra ilusión y nuestro esfuerzo no se han visto acompañados por la eficacia de los responsables de la aplicación de este programa. 
Ya en aquella ocasión señalé que la Comisión, cuando tuvo lugar el huracán, actuó con rapidez en la primera ayuda. 
Ahora también ha sido así, pero hay que perseverar en la continuación de la ayuda, tenemos que ser más eficaces. 
La magnitud del terremoto es importante. 
Esta zona estaba empezando a recuperarse y va a ser imprescindible desarrollar un enorme esfuerzo para poder alcanzar cuotas de seguridad económica, social y democrática. 
El trabajo que la Unión Europea debe realizar en este lugar es arduo y, entre los problemas que hay que afrontar, hay uno que quisiera señalar: los desvíos fraudulentos de las ayudas enviadas. 
La Unión Europea- y la Comisión en concreto- debería evitar esa situación, garantizando que asociaciones, ONG y ayuntamientos participen activamente en la aplicación de estas ayudas, en aras de la eficacia y de la justicia de los esfuerzos realizados por la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Grupo del PPE-DE, está conmovido y consternado por la noticia del grave terremoto en El Salvador. 
Estamos al lado de las numerosas víctimas y heridos y de los que han perdido su familia, bienes y enseres. 
El grupo del PPE-ED apoya la resolución de varios grupos del Parlamento Europeo. 
Es positivo saber que la Comunidad ha reaccionado con tanta rapidez ante esta catástrofe natural con el envío de expertos y dinero. 
Este es un ejemplo convincente de solidaridad. 
Por un motivo de gran actualidad me permito añadir que como persona positiva perteneciente a la generación del 68, en los años 70, como oficial en la reserva del ejército alemán, no tiré piedras con las manos como otros jóvenes sino que busqué con mis propias manos muertos y heridos en un terremoto que tuvo lugar en Italia pudiendo salvar la vida a muchas personas que habían quedado enterradas. 
Esta es una gran alegría. Las terribles imágenes del terremoto en Italia en los años 70 están aún ante mis ojos y puedo comprender qué tragedia reina en El Salvador. 
Es extraordinario que Europa ayude allí con tal rapidez. 
Espero que la ayuda no llegue demasiado tarde ni vaya a parar a canales ajenos en El Salvador. 
Señor Presidente, tengo que decir que me sorprende mucho cómo se puede lograr en un debate sobre un terremoto en El Salvador presentarse a si mismo con oficial en la reserva del ejército alemán y como persona "positiva" de la generación del 68 y hablar sobre los miembros del movimiento del 68 que tiraban piedras. 
No sé qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra excepto quizás que el Sr. Knolle nos tenga que contar algo de su biografía que quizás sea muy interesante. 
Según las descripciones de mis colegas, los acontecimientos en El Salvador son dramáticos y hemos escuchado de varios oradores una observación acertada. 
Si se plantea aquí la pregunta de la eficiencia y rapidez de nuestra ayuda, parece que en esta catástrofe natural las primeras ayudas llegan realmente con rapidez. 
Pero lo que nos inquieta y lo que además ha caracterizado el debate sobre la resolución y su formulación en nuestro Grupo político es la experiencia de que no siempre ha sido así. 
Apelamos a la Comisión para que la ayuda que da la Unión Europea, ya sea con get it, con know how, con aparatos o con personas in situ, no llegue cuando las personas ya se han ayudado a si mismas en su mayor parte. 
Perjudica la credibilidad de la Unión Europea tanto en el interior como en las relaciones con sus interlocutores que, aunque se ponga dinero a disposición y se prometa ayuda, debido a obstáculos burocráticos la ayuda o no llegue o lo haga demasiado tarde. 
Así pues, por un lado, se trata de la ayuda inmediata para los más pobres entre los pobres, quienes precisan de nuestra solidaridad y, por otro, debemos tener en cuenta que nuestra ayuda no tiene sentido si se queda retenida en el entramado burocrático. 
Por ello, nos alegramos de que esta resolución se haya adoptado por encima de los Grupos políticos. 
Señor Comisario Nielson, deseamos que la Comisión trabaje con la misma rapidez que el Parlamento con esta resolución. 
Al Sr. Knolle le deseo un Ministro de Asuntos Exteriores que no arroje piedras. 
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(EN) Permítame contestar al Sr. Seguro, que se ha referido a la situación en Honduras. 
Quiero dejar claro que, como parte de nuestra decisión del año pasado, apoyada por esta Cámara, de incrementar nuestra participación en el conjunto de la iniciativa HIPC (que asciende a 1.000 millones de euros) , decidimos gastarla de forma global, y no sólo en los países ACP. 
La razón de ello fue que, como consecuencia del huracán Mitch, Honduras fue incluida en la iniciativa HIPC. 
Teníamos que encontrar una línea presupuestaria no incluida en el Fondo de Desarrollo Europeo para así permitir que la Unión actúe con imparcialidad y apoyar a Honduras. 
Honduras recibirá 15 millones de euros para paliar su deuda con nosotros en este concepto. 
Ello, lógicamente, viene a sumarse a lo que Honduras está recibiendo en virtud del plan de rehabilitación a medio y largo plazo del huracán Mitch, como parte del programa regional. 
Algunos diputados han expresado su preocupación por la demora en el envío de la parte de reconstrucción más a largo plazo del plan del huracán Mitch. 
Sólo me cabe sumarme a las críticas. 
Yo mismo he calificado esto de un verdadero escándalo. 
Los servicios de la Comisión han necesitado casi un año y medio para reclutar a las seis o siete personas que enviar a Managua para formar la unidad que se haga cargo de la ejecución del programa de reconstrucción nacional de 250 millones de euros. 
¡Es patético! 
No es una cuestión de burocracia, es una organización carente de toda funcionalidad compuesta por partes que no se hablan entre sí. 
Justamente por esta razón estoy buscando en el mercado más TNT, para volar todas esas estructuras que impiden el buen funcionamiento de la Comisión. 
La actual situación en el marco de la ejecución de este programa es que esta gente ha estado trabajando en Managua desde principios de otoño. 
De los 250 millones de euros, hemos destinado específicamente y comenzado la ejecución en diversos Estados comprendidos en el programa de reconstrucción de más de 80 millones de euros. 
De modo que se han puesto a trabajar 80 de los 250 millones de euros. 
Por fin comienza a actuarse sobre el terreno. 
Además, quiero establecer una clara distinción- de la cual invito a tomar nota a todos los que han intervenido en este debate- entre la respuesta inmediata de ayuda humanitaria a corto plazo ante el desastre y los trabajos de reconstrucción a largo plazo. 
Son dos tipos de actividad totalmente distintos, y esto debe tenerse presente. 
Nada se ha movido lentamente en el plan de ayuda ante el huracán Mitch excepto, como ya he señalado aquí, el reclutamiento de las siete personas que debían se enviadas a Managua. 
Pero esto ya es suficientemente negativo. 
Permítanme referirme más concretamente a la terrible situación de El Salvador. 
No cabe duda de que la Comisión comparte la consternación y la solidaridad expresadas en la resolución del Parlamento sobre el terrible terremoto que ha sacudido a varios países centroamericanos, y en particular a El Salvador. 
La Comisión- el Presidente Sr. Prodi, el Sr. Patten y yo mismo- ha expresado inmediatamente nuestra condolencia a los familiares de las víctimas y a las autoridades, y ha anunciado una respuesta de la Comunidad rápida y efectiva ante esta catástrofe. 
Al igual que en el pasado, cuando auxilió a El Salvador tras el terremoto de 1986 mediante la construcción de un nuevo hospital y prestó una ayuda humanitaria y a la reconstrucción muy importante a los países golpeados por el huracán Mitch, la Comisión se halla dispuesta a ayudar a América Central y a El Salvador para afrontar los nuevos y dramáticos desafíos. 
Tan pronto como se produjo el terremoto, la oficina de ayuda humanitaria de la Comisión, la ECHO, ordenó a un experto en la materia establecido en Honduras desplazarse directamente al escenario de los sucesos, y allí apareció el domingo. 
La ECHO dispuso el lunes pasado el envío de una misión para efectuar una valoración inicial de las necesidades en lo relativo a la cooperación con otros donantes y las autoridades locales. 
Esta misión salió ayer. 
El lunes decidí que la primera respuesta en términos de dinero debía ser de 2 millones de EUR. 
Ello cubriría las cosas que sabíamos que serían necesarias en cualquier caso. 
Sin ningún tipo de coordinación o de examen ulterior, estaba claro que se necesitaría agua potable, servicios sanitarios, alojamientos, alimentos y medicamentos. 
También tuvimos inmediatamente claro a qué organizaciones solicitar que se hicieran cargo de todo ello en nombre de la Comisión, a saber, diversas ONG europeas y la familia de la Cruz Roja. 
Estas decisiones iniciales vendrán seguidas de nuevos compromisos, según cuál sea la respuesta que obtengamos en lo que vamos a hacer en comparación con otros donantes, etc. 
Permítanme añadir que esta terrible catástrofe pone de manifiesto una vez más que la pobreza en sí es peligrosa. 
Mucha gente piensa que los terremotos y estos tipos de catástrofe producen mucho más daño en nuestras avanzadas sociedades, con toda la compleja infraestructura de que disponemos; sin embargo, en El Salvador la consecuencia inmediata ha sido que más del 50% del suministro de agua a todo el país se ha interrumpido por los daños sufridos por las tuberías, el sistema eléctrico, etc. 
Así, el impacto secundario es enorme, a menudo porque los sistemas son vulnerables y no funcionan muy bien. 
Por ejemplo, las inundaciones de Mozambique causaron mucho más daño a las presas, carreteras, puentes y demás infraestructura que el que habrían ocasionado si el país hubiera contado con una infraestructura normal, bien mantenida, sólida y más cara. 
Por esta razón, insistimos en las actividades de preparación ante los desastres como parte de nuestra ayuda humanitaria. 
También estamos considerando de la forma más favorable posible las peticiones de reorientación de los recursos disponibles hacia proyectos de desarrollo impulsados por la Comisión en las zonas y sectores afectados, incluidos los comprendidos en el marco del programa de reconstrucción tras el huracán Mitch. 
Mi opinión a este respecto es que necesitamos más recursos para esto. 
No es aceptable desviar fondos del programa de reconstrucción tras el huracán Mitch, que ya ha sufrido suficientes problemas como consecuencia de nuestras dificultades burocráticas, pero sí supone un activo contar con una unidad en funcionamiento en la región, que está formada por personas particularmente comprometidas en este tipo de actividades de reconstrucción. 
Este es sin duda todo un activo, y volveremos definitivamente a los problemas más a largo plazo de El Salvador cuando vayamos más allá de la respuesta humanitaria inmediata. 
Les doy, en fin, las gracias por su formidable apoyo en este asunto. 
Volveremos a examinar cómo llevar a cabo estas cosas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Me dirijo ahora también a los colegas en sus oficinas para que estén aquí presentes a las 17.30 horas y no tal como figura en el programa impreso a las 18.30 horas. Depende de cómo podamos comenzar con la votación. 
La Presidenta ha dicho ya este mediodía que serán las 18.00 horas y puede ocurrir que sean las 17.50 horas y dependiendo de cómo se desarrolle la votación sobre la solicitud del Sr. Deprez, puede tener lugar incluso antes. 
Así pues, de conformidad con la decisión de la Conferencia de los Presidentes, les ruego que indiquen a sus colegas que estén presentes en el Pleno ya a las 17.30 horas para la votación y que contribuyan a que todos estemos aquí a las 17.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 17.15 horas, se reanuda a las 17.30 horas) 
Visado para estancias de larga duración 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0388/2000) del Sr. Deprez, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa para la adopción del reglamento del Consejo relativo a la libre circulación con un visado para estancias de larga duración. 
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(FR) Disculpe, señor Presidente, creo que ha sido oficialmente presentada ante usted una solicitud de aplazamiento de mi informe. 
No me ha sido presentada oficialmente, esperaba que alguien me la presentara oficialmente. 
Este es el motivo de que haya marcado una pausa en el anuncio del debate, pero aparentemente nadie ha querido requerir a la Presidencia. 
Que yo sepa, señor Presidente, un documento firmado en nombre del Grupo de los Verdes le ha sido entregado hace un rato. 
Por tanto, supongo que estará en su poder. 
Y según creo, este documento es válido. 
Esto demuestra claramente la absoluta imparcialidad de su presidente de sesión. Este documento no me ha llegado, pero quiero creerle. 
Ya conoce el procedimiento en caso de solicitud de aplazamiento de un informe: es necesario que un orador intervenga a favor del aplazamiento, que otro lo haga en su contra y, eventualmente, el ponente puede intervenir. 
Señor Presidente, estaba aún algo confuso debido al colega Knolle, pero no quiero exponer lo que ahora él quería decirme. 
Aquellas personas que estaban en la sala saben a lo que me refiero. 
Si recuerdo bien, el Sr. Deprez quería aplazar su informe. 
No sé porqué se me concede a mí la palabra en primer lugar. Como ponente no ha justificado aún porqué desea este aplazamiento. 
Por ello, sería justo que le concediese primero a él la palabra. 
A continuación expondré mi opinión y la de mi Grupo político. 
Habitualmente, preguntamos quién quiere intervenir a favor del aplazamiento. 
El primero que ha levantado la mano ha sido usted, señor Schulz, ha sido usted el más rápido. 
Pero evidentemente, voy a permitirle a nuestro ponente que intervenga. 
Señor Presidente, queridos colegas, la señora Presidenta ha anunciado esta mañana en la plenaria que el informe del Sr. Ferri se aplazaba al próximo periodo de sesiones. 
Por mi parte, he aceptado desde ese momento que el informe en el que he trabajado, que por cierto ha sido adoptado por unanimidad por la Comisión de Libertades Públicas, se aplace hasta esta tarde. 
Pero, en el interim, he sido avisado que la mayoría de las personas que habían participado en este debate en mi comisión, y que deseaba pudieran intervenir en la plenaria, por desgracia se habían disculpado por no poder participar en el debate. 
Esto afecta a más de la mitad de los oradores que estaban inscritos en este debate relativo a un tema sobre el que estamos básicamente en conflicto con el Consejo, ya que las bases jurídicas de lo que yo propongo y de lo que el Consejo acepta se contradicen, lo cual es susceptible de tener consecuencias considerables para miles de personas que, cada año, quieren disfrutar de la libertad de circulación dentro del Espacio Schengen. 
Por tanto, he debido constatar, a mi pesar, la ausencia del Sr. Watson, presidente de la comisión, del Sr. Pirker, coordinador del Grupo PPE, de la Sra. Terrón i Cusi, oradora prevista, coordinadora del Grupo PSE, del Sr. Hernández Mollar, que ha presentado sus disculpas por no poder estar aquí, y de dos oradores más. 
En estas condiciones, en una materia en la que necesitamos la adopción de una postura clara por parte del conjunto de los Grupos políticos, en la medida en que se trata de un conflicto fundamental entre el Parlamento y el Consejo, he considerado que era importante contar con un debate de fondo y con una votación masiva. 
Este es el motivo de que solicite el aplazamiento al próximo periodo de sesiones del Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, apoyo en principio el ruego del colega Deprez. Lo apoyo también en nombre de mi Grupo político porque somos de la opinión de que un tema tan importante- el Sr. Deprez lo acaba de exponer- precisa de la atención de toda la Asamblea. 
Y ha expuesto de un modo muy convincente que entre las oradoras y oradores que han expuesto su opinión en la comisión y que querían hablar esta mañana y aquellos que aún se encuentran presentes han surgido unas considerables lagunas. 
Lo que ha sido considerado justo esta mañana para el informe Ferri, debe serlo también para el informe Deprez esta tarde. 
No obstante, quiero decir asimismo que en el debate que mantenemos no podemos negar que, entre otras cosas, se trata también de un problema del orden del día y del calendario. 
Si no acordamos otra cosa mejor y hacemos del jueves un día de trabajo al igual que el viernes, discutiremos de nuevo sobre esta problemática todos los jueves por la tarde. 
En mi opinión, esto se puede solventar si se crea un sistema coherente y en si lógico para el trabajo hasta el mediodía del viernes. 
En el caso concreto, el colega Deprez tiene derecho a una presencia mayor a la que ahora existe. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo último que acaba de decir el Sr. Schulz, pero quiero decir de nuevo con toda claridad que existe una agitación perfectamente planificada para destruir el jueves después de hacerlo con el viernes. 
Y por el otro lado hay reacciones que no están en absoluto planificadas. 
El lunes el Sr. Seppänen dijo que su informe era demasiado importante como para ser tratado el jueves por la tarde. 
A pesar de ello, esta Asamblea, tras consultar con el Sr. Seppänen, decidió democráticamente tratar el informe el jueves por la tarde. 
Después, el mediodía del miércoles el Presidente en funciones declaró que, tras consultar con los Grupos políticos, se colocaba el informe del Sr. Seppänen para el jueves por la mañana. 
Esta mañana se ha presentado un orden del día del que se deduce que los informes Ferri y Deprez se van a tratar esta tarde. Esta mañana nadie ha protestado. 
Este mediodía, el Sr. Ferri ha indicado que se iba a ir y ha rogado que se aplace su informe. 
Se le ha concedido esto y el Sr. Deprez estaba presente y no ha protestado. 
Esta tarde, el Sr. Deprez se ha dado cuenta de que sus oradores habían desaparecido y ahora quiere esta misma tarde que se aplace su informe. 
Tengo que decir realmente que esto se va pareciendo lentamente a una comedia. 
Quiero decir muy claramente que estoy en contra de que se aplace. 
El Sr. Schulz, la Sra. Boumediene-Thiery y yo pertenecemos a esta comisión. 
Podemos expresarnos sobre este tema y deberíamos proseguir al debate. 
En cualquier caso, deseo que en el futuro se haga de forma ordenada. 
Le advierto a la Asamblea que, efectivamente, la solicitud escrita le ha llegado a la Presidencia. 
Por tanto, el procedimiento se ha respetado escrupulosamente. 
Ahora, les vamos a someter a votación la solicitud de aplazamiento. 
(La Asamblea rechaza la solicitud de aplazamiento del informe Deprez) Vamos por tanto a proceder al debate relativo al informe Deprez. 
La votación se celebrará inmediatamente después del debate. 
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En consecuencia, señor Presidente, hablaré con perfecta lentitud, porque creo que no tiene usted intención de no permitir un verdadero debate, y consecuentemente una verdadera exposición de cada uno de los argumentos. 
Querido colega, aplicaré el reglamento. 
Se le han otorgado cinco minutos, y le concedo la palabra por cinco minutos. 
Señor Presidente, estimados colegas, la iniciativa de la República Francesa sobre la que versa mi informe se interesa por los súbditos de los países terceros que son titulares de lo que se denomina un visado nacional para estancias de larga duración- es decir, cuya validez no es superior a tres meses- concedido por un Estado miembro del Espacio Schengen. 
Los citados súbditos están a la espera de la concesión de un permiso de residencia en el Estado miembro que ha tenido a bien acogerles. 
En el estado actual del derecho comunitario, es decir, particularmente, del artículo 18 del Convenio de Aplicación de Schengen, este súbdito de un país tercero sólo puede realizar un tránsito por el territorio de los demás Estados miembros para dirigirse al país que le ha concedido el visado para estancias de larga duración. 
Y, una vez que ha llegado a ese país, este súbdito ya no puede volver a circular por el Espacio Schengen hasta que no haya obtenido lo que se denomina un permiso de residencia definitivo. 
Ahora bien, y ahí es dónde precisamente reside el problema, la concesión del permiso de residencia definitivo puede demorarse varias semanas, o varios meses, debido principalmente a la lentitud de los procedimientos administrativos, a la mala coordinación de los servicios administrativos en ciertos Estados miembros, y a la dificultad que tiene el interesado para conocer con precisión el procedimiento a seguir. 
Por ello, el titular de un visado para estancias de larga duración que está a la espera de un permiso de residencia definitivo, es el que se encuentra, desde el punto de vista de la libertad de circulación en el Espacio Schengen, en la posición más desfavorable con respecto a los súbditos de los demás países terceros en materia de libre circulación, y esto afecta a miles de personas cada año en el territorio de la Unión. 
Esta situación es aún más paradójica, y, en mi opinión, aún más escandalosa, considerando que la obtención de un visado nacional para estancias de larga duración está sometida, en cada uno de nuestros países, a un conjunto de condiciones extremadamente estrictas. 
Salvo en el caso de la reagrupación familiar, los demandantes son objeto de una investigación previa en profundidad. 
Deben demostrar que disponen de recursos suficientes y presentar, según el caso, ya sea un certificado que acredite su aceptación en un centro de enseñanza o de investigación, ya sea un contrato de trabajo en toda regla. 
El objetivo perseguido por la República Francesa está simple y muy claramente enunciado en la Exposición de Motivos. 
Se trata de posibilitar la libre circulación en el Espacio Schengen a estos titulares de un visado nacional para estancias de larga duración que están a la espera de obtener su permiso de residencia definitivo. 
Y compartimos unánimemente, al menos así lo espero, este objetivo de pretender facilitar la libre circulación para estos súbditos. 
Por tanto, el problema no está en el objetivo perseguido, sino claramente en los medios elegidos para alcanzarlo, y en las consecuencias que estos medios implican en términos de poderes discrecionales confiados a los Estados miembros en cuanto a los derechos de los ciudadanos. 
Efectivamente, de manera bastante sorprendente, la iniciativa de la República Francesa opta, como base jurídica, por los artículos 62.2 y 63.3, ambos relativos a los procedimientos y a las condiciones de expedición de los visados. 
Sin embargo, si el objetivo real es el de facilitar la libre circulación de los súbditos, la base jurídica que se impone es el artículo 62.3, que prevé que el Consejo establecerá, en los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, medidas que determinen las condiciones en las que los súbditos de países terceros pueden circular libremente por el territorio de los Estados miembros durante un periodo máximo de tres meses. 
Queridos colegas, la elección de la base jurídica no es nunca una elección inocente. 
En realidad, la base jurídica adoptada por la iniciativa francesa demuestra que el objetivo prioritario de esta iniciativa consiste en armonizar las condiciones de expedición de los visados para estancias de larga duración, asimilándolos a los visados uniformes de corta duración. 
Esto significa que si aceptásemos la propuesta en estas condiciones, tal y como ha sido presentada por la República Francesa, todos los Estados miembros que aplican la cooperación reforzada de Schengen, por la vía de lo que se denomina la consulta previa, tendrían derecho a ser informados de todas las solicitudes de visados para estancias de larga duración en cualquier otro país del Espacio Schengen y, en consecuencia, a poder impedir la libre circulación de los solicitantes que ese país no aceptase. 
En la práctica, esto significa que si aceptásemos este dispositivo, si España decidiera mañana conceder un visado para estancias de larga duración a un súbdito argelino, por la vía del procedimiento de consulta previa, el Estado francés podría pedir que se le informara de ello sistemáticamente, y tendría derecho a oponerse a ello sin que nadie lo supiera, porque ahora nadie sabe cuáles son los países que utilizan el procedimiento de consulta previa, y el Consejo se niega a hacer pública esta lista de países. 
En consecuencia, por mi parte, he optado por enmendar la iniciativa de la República Francesa, con el fin de adecuarla a su objetivo declarado, es decir, el proclamado en la Exposición de Motivos, de facilitar dentro del Espacio Schengen la circulación de los titulares de un visado nacional de estancia que están a la espera de su permiso de residencia. 
Por otra parte, comparto el objetivo de implantar un visado uniforme para estancias de larga duración, a semejanza del que ya existe actualmente en los visados para estancias de corta duración. 
Pero desearía, y pienso que todos deberíamos desearlo, que esta iniciativa, cuyo autor debería ser la Comisión, se inscribiese en el marco de una propuesta clara, coherente y global, y no, como aquí, en el marco de una iniciativa fragmentaria en su alcance y coja en el equilibrio de sus disposiciones. 
Es el motivo por el cual le pido a nuestra Asamblea que apoye las enmiendas que he introducido con el apoyo unánime de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Señor Presidente, agradezco la oportunidad de poder hablar en nombre de la Comisión de Peticiones. 
No es el asunto relativo a los nacionales de terceros Estados residentes en una situación de legalidad el único en el que tenemos un problema de fundamento jurídico apropiado. 
Estoy pensando, por ejemplo, en las prórrogas del Reglamento 1408/71, relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social. 
En la cumbre de Tampere de 1999 se acordó conceder a los nacionales de terceros Estados derechos similares a los que disfrutan los ciudadanos de la UE. 
Sin embargo, aún hay algunos que prefieren considerarlos como personas que se desplazan por un corto período de tiempo y no como personas que han prestado una importante contribución a la Unión. 
Si no, ¿por qué se mostrarían nuestros Gobiernos tan inclinados a fomentar la inversión en su territorio de empresas americanas y asiáticas? 
Creo que debemos mostrar coherencia en nuestra acción política en este ámbito. 
La falta de coherencia explica en parte el argumento relativo al fundamento jurídico. 
La Comisión de Peticiones apoya la opinión expresada por el ponente, el Sr. Deprez, y le agradezco la diligencia mostrada en este asunto. 
A juicio de nuestra comisión, en el futuro podríamos reducir el número de divergencias con el Consejo reduciendo el número de iniciativas nacionales individuales en este ámbito y, en su lugar, favorecer las propuestas de la Comisión que pasen un procedimiento de examen inicial. 
Ya sé que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ya planteó esto durante la Presidencia sueca, y hemos de esperar que dé sus frutos. 
Con respecto a la cuestión fundamental, al mismo tiempo que, lógicamente, tenía presente que no todos los Estados miembros son parte del Acuerdo de Schengen, nuestra comisión sostenía que debemos aproximar los derechos de los nacionales de terceros Estados a los de los ciudadanos (de la Unión). 
Ello es particularmente importante en el caso de que los socios (y no los padres, como consta en mi breve justificación por alguna extraña razón) que están sujetos a un estatuto legal diferente, y hemos recibido diversas peticiones relativas a estos asuntos que hemos añadido a nuestra opinión. 
A nuestro juicio, era asimismo importante apoyar la posición del Sr. Deprez, dado que la necesidad de esta propuesta en sí misma es más el resultado de un retraso burocrático que de la toma de decisiones. 
Es nuestro deseo y nuestra esperanza que en el futuro se solicite automáticamente a la Comisión de Peticiones que expresa su opinión en tiempo oportuno sobre estos asuntos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al colega Deprez por su brillante informe que merece nuestro pleno apoyo. 
Este informe ha sido preparado muy intensamente en nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Estimado colega Deprez, no te habría podido desear un momento mejor para tratar sobre este informe, pues siempre que el Parlamento está reunido se trata de un momento excelente, pero lo que sí te habría deseado es unos oradores mejores. 
Pero independientemente de ello, soy de la opinión de que los oradores que intervienen ahora sustituyendo a los oradores previstos, están perfectamente en situación de contribuir algo a este tema. 
Quiero decir con toda claridad que las actividades del colega Deprez merecen nuestro pleno apoyo tanto en lo que se refiere al fundamento jurídico como a la crítica ejercida al modo de proceder del Consejo y de la Comisión. 
Con la misma falta de planificación que casi habríamos actuado antes en la cuestión del orden del día y hemos actuado esta semana, el Consejo y la Comisión actúan de modo similar en esta importante cuestión. 
En las cuestiones relacionadas con el asilo y la inmigración nos encontramos ante una política totalmente confusa por la que se nos presentan unas tras otras iniciativas aisladas, a veces por parte del Consejo, a veces de la Comisión o a veces de los diversos Estados miembros pero falta un enfoque estratégico. 
Y precisamente aquí es donde cojea esta en la práctica perfectamente razonable propuesta. 
No existe un enfoque estratégico que diferencie unívocamente entre asilo e inmigración, que regule de modo adecuado ambas cosas, que trate la importante cuestión de la distribución de las cargas y de todo esto se derivan problemas. 
Estos problemas se regulan entonces por la puerta trasera si bien no se regulan realmente sino que se producen pseudoregulaciones. 
Si realmente personas que residen durante mucho tiempo en la Unión Europea, obtienen ciertas facilidades gracias a esta iniciativa, lo saludo. 
Pero no se puede tratar el cáncer con aspirina. 
No se puede proseguir el modo con que hemos tratado durante los últimos años este importante campo y, lamentablemente, aún tratamos. 
Por ello, soy de la opinión de que la crítica del colega Deprez está más que justificada. 
Facilidades prácticas en interés de las personas, sí. 
Una distribución razonable de las cargas allí donde surjan, también. 
Naturalmente, también libertad de circulación para los pertenecientes a terceros Estados dentro de la Unión Europea. 
Pero exigimos al Consejo y a la Comisión que de una política de remiendos pase por fin a una política estratégica planificada en este campo y que presenten un concepto unitario con el que podamos avanzar paso a paso. 
Cuando esta tarde hemos discutido y tendría que haber comenzado mi intervención con la frase: "señor Presidente, honorable y vacía Asamblea", pues en total se encontraban presentes cinco colegas, el Sr. Posselt ha dicho que si no había más oradores de su Grupo político excepto él mismo, recogería todo el tiempo de intervención del Grupo del PPE. 
Esto habría significado que tendríamos que haber escuchado durante 15 minutos al Sr. Posselt. 
¡Imagínenselo! 
Este cáliz ha pasado de largo ante nosotros y podemos dedicarnos al tema al que se ha referido el colega Deprez. 
Estimado colega Posselt, la distribución de cargas, a lo que usted se ha referido y que es uno de sus temas favoritos, no tiene nada que ver con lo que hoy debatimos si bien le tengo que reconocer que deberemos hablar sobre este tema en otra ocasión. 
Permítanme que me dirija primero al Consejo para decirle que nos encontramos ante una iniciativa del Gobierno francés y en los últimos tiempos somos testigos continuamente en la Comisión de Asuntos Interiores de que Estados miembros aislados adoptan iniciativas y también somos testigos de los Estados miembros casualmente se equivocan de fundamento jurídico. 
Me atrevo a recoger la frase del Sr. Posselt. Falta un concepto estratégico, en especial en el Consejo. 
Por ello, el Consejo haría bien en recoger el concepto estratégico ya existente del Comisario Vitorino en lugar de bloquear casi siempre sus ideas. 
Lo digo desde una posición básica dirigiéndome a los Estados miembros y al mismo Consejo. 
Segundo punto: ¿porqué falta un concepto estratégico? 
Falta el concepto estratégico por un motivo sencillo. 
La política en la Unión Europea, la que practican los diversos Gobiernos de los Estados miembros en el sector de la libertad de circulación, se caracteriza, si bien no en todos pero sí en la gran mayoría de los Estados miembros, por una actitud defensiva pues, en el fondo, la mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea parten de la limitación de la libertad de circulación y no de su concesión que, por lo demás, está definida en el Tratado de las Comunidades Europeas como una de las cuatro libertades fundamentales. 
Nos encontramos ante un concepto estratégico deficiente pues hablamos de la libertad de circulación de servicios, capitales y mercancías que se pueden mover libremente en Europa desde el ganado vacuno hasta el uranio. 
Sólo las personas están sometidas a limitaciones en la Unión Europea. Están sometidas a estas limitaciones por un mecanismo de defensa. 
Cuando el Sr. Posselt habla de la libertad de circulación, casi siempre lo hace sobre las personas del hemisferio sur o de los solicitantes de asilo. 
Pero yo hablo de un catedrático norteamericano que se hace cargo de una cátedra en una Universidad alemana, obtiene un permiso de residencia para la República Federal de Alemania y que si se le invita para dar una conferencia en la Sorbona de París tiene que solicitar un visado, al que bajo determinadas circunstancias tendrá que esperar porque las autoridades francesas o alemanas no avanzan debido a las muy diversas y heterogéneas normas administrativas existentes en los países miembros ya que falta un concepto estratégico. 
Hablo del ingeniero que es enviado a la UE por una empresa de un tercer país, empresa que posee filiales en diversos lugares. 
Se encuentra sometido a los mismos obstáculos burocráticos- lo que por lo demás no debería existir en un mercado libre, en una economía libre. 
Por ello, mi apelación en relación con el excelente informe del Sr. Deprez es no asociar la libertad de circulación a un mecanismo de defensa frente a aquellos que se supone o que realmente no queremos sino que se entienda por fin que la libertad de circulación es, primero, un derecho humano y, segundo, es de sentido común económico en la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Estimados colegas, la iniciativa francesa examinada hoy demuestra, una vez más, lo necesario que es clarificar todas las medidas relativas a la libertad de circulación que plantean el problema de la apertura de las fronteras. 
Todas las estadísticas revelan que los flujos migratorios no han disminuido, y que incluso se irán incrementando durante los próximos años. 
Por tanto, la cuestión de la libre circulación de los residentes de países terceros en el Espacio Schengen se planteará aún con más crudeza. 
Ahora bien, los ciudadanos europeos esperan una política migratoria global, clara y coherente. 
El elemento clave de la iniciativa francesa se basa en la modificación del artículo 18 del Acuerdo de Schengen. 
El titular de un visado para estancias de larga duración no debe tener menos derechos que el de un visado para estancias de corta duración. 
Se trata de facilitar la libre circulación de los emigrantes que hayan entrado regularmente, sea cual sea su visado. 
Hoy, debemos tener claro que un súbdito de un país tercero sólo puede estar en tránsito en el territorio de otro Estado miembro para dirigirse al país que le ha concedido el visado para estancias de larga duración. 
Después, ya no podrá circular más por el Espacio Schengen, hasta que no le haya sido concedido el permiso de residencia. 
Aquí es dónde nos aprieta el zapato. 
Respecto al principio de la libre circulación, el súbdito del país tercero titular de un visado para estancias de larga duración es el que se encuentra en la posición más desfavorable, incluso aunque haya tenido que esperar varios meses, incluso varios años, para obtener su visado. 
Además, el texto francés ignora el problema del reagrupamiento familiar, que se plantea especialmente cuando los ciudadanos de la Unión se casan con súbditos de los países terceros. 
Por lo tanto, ¿porqué no considerar a los titulares de un visado para estancias de larga duración como ya residentes, para que puedan disfrutar de los mismos derechos de circulación? 
La base jurídica sobre la que se fundamenta la propuesta, tal y como lo ha subrayado por cierto nuestro ponente, habría podido ser enfocada de forma diferente y cubrir todos los aspectos mencionados por estas disposiciones. 
En conclusión, parece adecuado rechazar una iniciativa imprecisa e incompleta en una materia tan sensible como la política comunitaria de inmigración. 
Con la precaución de respetar y de asegurar plenamente el poder legislativo comunitario, es urgente que adoptemos, por fin, un código sobre la libertad de circulación, sobre el derecho a la inmigración y sobre el derecho de asilo. 
El rechazo de una fortaleza "Europa" requiere necesariamente una verdadera flexibilización de la política de visados, que es represiva, y no reduce en absoluto el flujo migratorio, sino que, por el contrario, contribuye al desarrollo de las redes de introducción ilegal de inmigrantes. 
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Deprez. 
Este es un asunto verdaderamente importante que va al fondo de la cuestión de por qué tenemos una Unión Europea. 
Los principios fundamentales de la Unión son la libertad, el respeto de la democracia y los derechos humanos, y si eliminamos la libre circulación, si estigmatizamos a las personas sólo porque han solicitado un visado o porque son titulares un tipo especial de visado, creo que socavarán los principios fundamentales de la Unión. 
Por ello, acojo con satisfacción el amplio alcance del informe del Sr. Deprez. 
Es un informe bien planteado, y. como ha dicho con toda razón, afecta a miles de personas. 
Pero incluso si sólo afectase a una persona, actuaríamos, me temo, años, décadas después del momento en que deberíamos haberlo hecho. 
Se trata, como ha dicho el Sr. Deprez, de un medio para conseguir un fin y acojo con satisfacción que fije su fundamento jurídico en el apartado 3 del artículo 62 (del Tratado). 
Comparto las preocupaciones del Sr. Deprez; sus enmiendas aseguran la libre circulación de los que están a la espera de obtener un visado definitivo. 
Acojo con satisfacción su afinamiento de las propuestas francesas. Existe una verdadera necesidad de estas propuestas. 
Debemos tratar a las personas de forma justa y con dignidad, y eliminar el estigma de las estancias con visado. 
Algunos Estados miembros tendrán sus reservas, pero debemos reconocer que el cambio es fundamental y que las personas no deben resultar penalizados en materia de libre circulación debido a la lentitud injustificada de los procedimientos administrativos. 
Felicito al Sr. Deprez por su enfoque inteligente y bien planteado, que comprende medidas que facilitan la libre circulación de nacionales de terceros países por el territorio de los Estados miembros durante un período máximo de tres meses. 
Esto es una garantía. 
Debemos acogerlo con satisfacción, y por ello acojo con satisfacción este informe. 
Por último, este informe nos permitirá, en algún momento, mantener en esta Cámara y en la Unión un debate racional y razonable en materia de inmigración y visados, desprovisto del espanto del nacionalismo y de la xenofobia. 
Acojo con satisfacción el informe del Sr. Deprez. 
. 
(EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión quiero expresar mi felicitación al ponente, el Sr. Deprez, por su concienzudo y exhaustivo informe. 
La Comisión apoya el objetivo que persigue la iniciativa francesa, consistente en facilitar la libertad de movimiento dentro del espacio Schengen de los titulares de un visado antes de la expedición de un permiso de residencia, que concede un estatuto equivalente al de un visado. 
Sin embargo, la Comisión no puede apoyar el fundamento jurídico elegido, que tiene consecuencias evidentes en el contenido del instrumento actual. 
La Comisión, en consecuencia, comparte la opinión de su ponente. Estima que el fundamento jurídico adecuado de este reglamento es apartado 3 del artículo 62 del Tratado CE, que hace referencia a las "medidas que establezcan las condiciones previstas para que los nacionales de otros países puedan circular libremente por el territorio de los Estados miembros durante un período máximo de tres meses". 
En aras de la coherencia con dicho fundamento jurídico, la Comisión también coincide con el ponente en la necesidad de modificar el artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, que regula la circulación de extranjeros, y no el artículo 18. 
Este último artículo especifica simplemente que los visados para una estancia larga serán visados nacionales expedidos por cada Estado miembro, y establece las condiciones de tránsito de los titulares de visados para estancias de larga duración. 
La única puntualización que la Comisión podría añadir a las hechas por el ponente hace referencia a las enmiendas a la Instrucción consular común, en el sentido de que van lo suficientemente lejos. 
Es también necesario modificar el manual común, de modo que la policía de fronteras puede ser informada del nuevo estatuto del visado para estancias de larga duración. 
Por último, la Comisión puede confirmar su intención de presentar en un corto espacio de tiempo una propuesta general de regulación relativa al derecho de viajar al espacio Schengen para evitar una acción fragmentaria que no propiciaría la transparencia y la claridad en la opinión pública ni la certidumbre jurídica. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación de este informe tendrá lugar inmediatamente después de las votaciones sobre las urgencias que van a comenzar. 
VOTACIONES (continuación) 
Señor Presidente, ésta es la última explicación de voto del período parcial de sesiones y, dado que tengo el pie fracturado y enyesado, si consigo terminar también esta última explicación, tendré la esperanza de que las explicaciones de voto no se hacen con los pies. 
Dicho esto, quisiera significar que, respecto a este informe, consulté a mi hija Elisabetta, abogada novel y diputada regional en Lombardía del Partido de los Pensionistas. 
Le pedí consejo y me dijo: " Para los abogados, el informe es perfecto tal como está, porque aumentará el número de demandas y de actos procesales. 
Por lo tanto, te aconsejo que la votes tal como está. 
Sin embargo, puesto que soy legisladora y diputada, debo hacer y aconsejarte que hagas todo lo que es útil para los ciudadanos; en consecuencia, en el caso de que se presenten enmiendas, vota a favor ". 
Y así lo he hecho, señor Presidente. 
Le agradecemos a la familia Fatuzzo sus comentarios sobre el informe Deprez. 
El núcleo del reglamento que propone la República Francesa es el reconocimiento mutuo de las decisiones de alejamiento (es decir, expulsión) , desde el momento en que un Estado miembro de la EU adopte semejante decisión. 
El Partido Comunista de Grecia rechaza esta lógica, pues de hecho varios países de la UE ya abusan de las expulsiones y esta nueva directiva brindará un terreno abonado para más y más violaciones de la ley. 
La experiencia demuestra que incluso en el caso de inmigrantes legales que eventualmente han cometido alguna infracción (incluso de tráfico) , las autoridades recurren con notable facilidad a la expulsión, con el pretexto de la amenaza para el orden público y la seguridad nacional. 
Es algo previsto, precisamente, por la nueva ley de extranjería que se vota estos días en el Parlamento griego. 
Por estas razones rechazamos el informe Deprez. 
. 
(FR) Al proponer que los visados para estancias de larga duración que están a la espera de convertirse en permisos de residencia ofrezcan las mismas posibilidades de circulación que los permisos de residencia, el informe Deprez mejora la iniciativa francesa, que proponía que estos visado para estancias de larga duración tuviesen el mismo valor que los visados para estancias de corta duración en materia de circulación. 
Cuando, en 1986, con el pretexto de la lucha antiterrorista, Francia restableció los visados turísticos, el Parlamento Europeo le pidió que los eliminara, ya que veía en ellos una "discriminación frente a los ciudadanos de países que no son miembros de la Comunidad". 
Hoy, esta discriminación está camuflada por el Convenio de Schengen y por la comunitarización de las políticas migratorias. 
Los visados son rechazados por los servicios consulares con una absoluta falta de transparencia, ya que la motivación del rechazo es rara vez obligatoria. 
Los consulados europeos se contentan con invocar el "riesgo migratorio" o la inscripción en el Sistema de Información de Schengen. 
Al aluvión de rechazos registrados viene a sumarse el número incalculable de rechazos verbales. 
La escasez de visados provoca numerosos trapicheos en los consulados. 
Esta permanente humillación impuesta a los súbditos de los pueblos del Sur no tiene otro fin que el de cerrarles las fronteras ni otro efecto que el de alimentar las redes clandestinas. 
El informe Deprez, con razón, concluye que existe una ausencia de transparencia y de control democrático en materia de visados y de circulación en Europa. 
Por ello, votaré a su favor. 
El Parlamento ha agotado el orden del día. 
Declaro interrumpida la sesión del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 18.15 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 18 de enero de 2001. 
Señorías, el día 26 de enero pasado ETA se cobró una nueva víctima en un atentado con bomba en San Sebastián, que costó la vida a Ramón Díez García, cocinero del ejército, y en el que fueron heridas otras dos personas. 
En nombre del Parlamento Europeo, deseo transmitir nuestro pésame a la familia de la víctima y nuestros deseos de un pronto restablecimiento de los heridos de este atentado. 
Desgraciadamente, sólo podemos reafirmar nuestra indignación y nuestra condena absoluta a esta violencia ciega. 
Luis de Grandes y Jesús Caldera, presidentes, respectivamente, de las delegaciones del PP y del PSOE en el Parlamento español, que han venido a presentar a las instituciones europeas el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por sus partidos políticos el 8 de diciembre último, al que se han adherido, entre otros, sindicatos, asociaciones de empresarios y asociaciones pacifistas vascas. 
Su actitud, señores, es particularmente valerosa si se considera que ETA ha declarado recientemente que todos los firmantes de dicho acuerdo, presentes y futuros, serán objetivo de sus acciones. 
Sepan que cuentan con la solidaridad de nuestro Parlamento. 
Les pido, Señorías, que guarden un minuto de silencio. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Señorías, debo hacerles ahora la comunicación siguiente. 
El Presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas dictó auto el 26 de enero por el que sobresee la ejecución de la decisión del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2000 adoptada sobre la base de la notificación del Gobierno francés respecto a la pérdida del mandato del Sr. Jean-Marie Le Pen. 
Este auto precisa que el Sr. Le Pen debe reintegrarse al Parlamento, y yo, naturalmente, tengo la responsabilidad de acatar inmediatamente una decisión judicial. 
Además, he solicitado el dictamen de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el seguimiento que el Parlamento Europeo debería dar a este asunto. 
Pero en este momento observo ya un elemento nuevo: el Presidente del Tribunal de Primera Instancia confiere al Parlamento Europeo un poder de apreciación sobre un decreto de pérdida de mandato de un diputado europeo. 
Si esta decisión estuviera confirmada en cuanto al fondo, la jurisprudencia "Le Pen" contribuiría a hacer prevalecer las competencias de las instituciones europeas sobre la de los gobiernos nacionales. 
Señora Presidenta, ayer le dirigí un escrito, porque la mayor democracia del mundo, la India, vive momentos particularmente trágicos, y creo que sería oportuno que nuestro Parlamento mostrara su apoyo a las autoridades y al pueblo indio, y le pediría, si está de acuerdo, que el Parlamento guardara un minuto de silencio. 
Gracias, señor Dupuis. 
Ya he dirigido, naturalmente, dicho mensaje a las autoridades indias. 
Le doy las gracias por su solicitud de guardar un minuto de silencio por las víctimas de esta terrible catástrofe, solicitud que, según creo, deseaba formularme también la Sra. Gill, y a la que accedo con gusto. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Señora Presidenta, muchas gracias por ese pésame, que es a lo que quería referirme en lo que respecta a la India. 
Señora Presidenta, intervengo sobre la base de los apartados 1 y 2 del artículo 7 y del apartado 4 del artículo 8 de nuestro Reglamento para preguntar si usted o su gabinete ha recibido una comunicación del Gobierno británico para informarle de que el Partido Conservador ha solicitado la modificación de uno de los tres nombres de su lista, mediante la cual se eliminaría el nombre de alguien elegido en la región de East Midlands en las elecciones europeas del pasado mes de junio. 
La modificación consistiría en retirar de la lista el nombre del Sr. William Newton Dunn y sustituirlo por el del Sr. Javed Arain, que ocupa el cuarto lugar en la lista de los Conservadores y que hoy se encuentra presente en la tribuna del público. 
Como sin duda usted sabrá, las pasadas elecciones europeas fueron la primera vez que en el Reino Unido se utilizó el sistema de representación proporcional y las personas que votaron en dichas elecciones votaron por el partido con cuyas opiniones estaban de acuerdo y no por un individuo. 
Quizá, si no han recibido ninguna comunicación, usted podría ponerse en contacto con el Gobierno británico para preguntarle cuál es su posición jurídica oficial sobre este asunto. 
Por último, en virtud del apartado 3 del artículo 7 de nuestro Reglamento, pido que la comisión responsable, que se menciona en dicho artículo, verifique los credenciales del Sr. Newton Dunn para comprobar si el Sr. Newton Dunn ha actuado de conformidad con el acta de 20 de septiembre de 1976, tal como prevé nuestro Reglamento. 
Señora Presidenta, el Sr. Newton Dunn está absolutamente en lo cierto cuando llama la atención sobre el artículo 2, pero lo que olvida es que las elecciones de 1999 tuvieron lugar bajo representación proporcional. 
Ningún elector votó por el Sr. Newton Dunn, ni tampoco por mí ni por el Sr. Heaton-Harris. 
Votaron por la lista de un partido y el Sr. Newton Dunn se presentaba en apoyo del Partido Conservador, de su dirigente y de su política europea. 
Ahora ha abandonado por completo dicha posición y, por consiguiente, está negando los derechos democráticos de los electores de East Midlands, de los que más del 40% votaron a los Conservadores. 
Invito al Sr. Newton Dunn a que presente su dimisión. 
Señor Helmer, este debate británico es, sin duda, muy recreativo, pero tenemos una comunicación sumamente importante de la Comisión sobre la cohesión económica y social. 
Señora Presidenta, seré muy breve, pero quisiera intervenir también en relación con la cuestión portuguesa. 
Fue una gran tragedia y lo más grave fue que hubiera seis muertes. 
Además de las muertes, que, por desgracia, son irreversibles, ya se prevén importantes daños materiales, por lo que va a ser necesario obtener la solidaridad de la Unión Europea. 
Como ha dicho la Sra. Ilda Figueiredo, esperamos contar con el apoyo de esta Asamblea en Estrasburgo. 
Señora Presidenta, lo cierto es que a pesar de que el sistema electoral del Reino Unido es un sistema de listas, los nombres de los que figuran en la lista aparecen por el orden en el que los electores son invitados a votar por ellos. 
Por consiguiente, es cierto que estamos aquí como individuos y también como representantes de una posición política. 
Esto es muy importante y convendría saber que el Partido Conservador del Reino Unido fue uno de los partidos que votaron en favor de la disposición de que los nombres figuraran en la papeleta, no fuera de ella. 
Me gustaría llamar su atención y la de este Parlamento sobre una catástrofe creada por el hombre a la que nos enfrentaremos dentro de pocos días. 
Durante la semana pasada estuvimos de visita en Estambul dos de mis colegas, Feleknas Uca y Konstantinos Alyssandrakis, y yo y allí nos reunimos con ex presos, sus familias, sus abogados y con defensores de los derechos humanos en Turquía. 
Gran parte de los presos encarcelados en las prisiones turcas mantienen una huelga de hambre, algunos de ellos harán huelga de hambre hasta morir ante la política que el Gobierno turco mantiene con los encarcelados. 
Me gustaría pedirle, señora Presidenta, que se ponga en contacto con las autoridades turcas y presione para que se entable un diálogo entre el Gobierno turco, las organizaciones de presos y las organizaciones de derechos humanos. 
De lo contrario, durante la próxima semana veremos las rayas de fallecimientos causados por la huelga de hambre que se viene manteniendo desde hace meses. 
Gracias, señora Frahm. 
He oído su mensaje. 
Señora Presidenta, a la vista de las presentes circunstancias, yo apoyo firmemente la solicitud. 
Anteayer tuve ocasión de entrevistarme con el Ministro de Justicia de Turquía y le señalé que la situación es apremiante. 
Yo le ruego, por lo tanto, que intervenga en este sentido. 
Señora Presidenta, quiero sumar mi voz a la de quienes han planteado el problema de la tragedia sucedida en Portugal el pasado fin de semana. 
Para hacerse una idea de lo ocurrido, bastará con tener en cuenta lo siguiente: el invierno del año pasado fue el más seco del siglo y los pasados meses de diciembre y enero fueron los más lluviosos de que se tiene recuerdo, por lo que todas las intervenciones hechas en el territorio para controlar las aguas fueron ineficaces. 
Por otra parte, sucedió todo tan rápidamente, que el resultado fueron muertes e inundaciones impensables. 
Así, pues, se trata de hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que se podría creer, porque la situación fue realmente excepcional. 
Señora Presidenta, yo también quiero expresar mi postura sobre el tema que ha planteado la Sra. Fram. 
También estuve en la Delegación, tal como les ha dicho y, al igual que todos nosotros, me encontré en una situación muy embarazosa ante los padres de los presos políticos porque realmente, aunque nos pedían con insistencia que hiciésemos algo por sus hijos, no podíamos contestarles. 
Me asombra el hecho de que, a pesar de las reiteradas apelaciones tanto de mi colega, el Sr. Korakas, como mías, no se haya realizado aún ninguna gestión frente a las autoridades turcas. 
Quisiera solicitar que hiciéramos cuanto antes alguna gestión de este tipo, antes de que tengamos a lamentar víctimas, aparte de las víctimas que ya tuvimos que lamentar en la incursión de las autoridades turcas en las cárceles en diciembre del año 2000. 
Señora Presidenta, Señorías, en los últimos días varias zonas de Portugal, en particular en el norte y en el centro del país, se vieron afectadas por graves condiciones climáticas con lluvias torrenciales que provocaron pérdidas de vidas humanas, derrumbamientos de viviendas, desalojos de familias, estragos en residencias, daños enormes en la agricultura, en la pesca, en la industria, en el comercio, destrucción de vías de comunicación, cierres de puertos. 
Claro, que aún no se han evaluado todos los estragos, pero se habla de centenares de miles de millones de daño, lo que requiere la movilización de ayudas comunitarias extraordinarias para afrontar los problemas económicos y sociales resultantes de esa destrucción. 
Así, además de expresar nuestro sincero pésame a las familias de las víctimas y manifestar nuestra solidaridad para con las personas desalojadas y que han perdido sus pertenencias (a lo que se sumarán, desde luego, todos los diputados a este Parlamento) , solicitamos, señora Presidenta, que interceda ante la Comisión para que, en colaboración con el Gobierno portugués y con las autoridades locales, se conceda una ayuda de emergencia a las poblaciones más afectadas para la recuperación de las actividades económicas. 
Solicito también, señora Presidenta, que la próxima Conferencia de Presidentes de los Grupos parlamentarios inscriba este tema en las urgencias del próximo Pleno. 
Señora Presidenta, como eurodiputado vasco que soy, quiero expresar mi rechazo y mi condena al terrorismo y a la violencia de ETA. 
Quisiera también expresar mi pésame a la familia de Ramón García y a las familias de todas las víctimas del terrorismo y de la violencia. 
Quisiera también, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, expresar la supremacía de los principios éticos de los derechos humanos y, sobre todo, del derecho a la vida. 
Usted nos ha presentado el acuerdo antiterrorista del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. 
Yo le tengo que decir que ese pacto no aporta nada nuevo, que simplemente habla de medidas represivas, de medidas policiales y de imposiciones. 
No aporta ninguna propuesta válida para solucionar el conflicto político que vive el País Vasco. 
Hace ya 10 años que el Parlamento vasco aprobó el derecho de autodeterminación y, sin embargo, el Gobierno del Estado ha hecho caso omiso de esa libre decisión democrática adoptada en el País Vasco. 
En el País Vasco necesitamos menos fascismo de ETA y menos centralismo e imposición del Estado; necesitamos más diálogo, más democracia y más respeto a las decisiones democráticas del Parlamento Vasco. 
Señora Presidenta, tras el anuncio del indulto a 14 torturadores y la concesión de una medalla al antiguo director de la policía política de San Sebastián, Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que la concesión de indultos y de distinciones a torturadores envía un claro mensaje; la violación de los derechos humanos no se castiga eficazmente en España. 
No es la primera vez que las autoridades españolas conceden indultos o distinciones. 
En su informe de 1999, Amnistía Internacional declaró su creencia de que en España existe un clima de impunidad. 
El artículo 6 del Tratado de Amsterdam.... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, el Sr. Ortuondo, en este papel que nos ha leído, nos habla de centralismo. 
No sé si se refiere al centralismo de España con respecto al País Vasco. 
Seguro que no, porque, como él sabe, el País Vasco es la región europea con un mayor nivel de autogobierno. 
Pero le quiero preguntar si en ese papel también se habla de las declaraciones del líder de su partido cuando le dijo a ETA: "No maten a cocineros, maten al poder". 
Con lo del poder se refiere al Partido Popular, pues yo estoy seguro, señor Ortuondo, de que, en este sentido, el poder es el Partido Popular, así como el Partido Socialista, y que ese poder se encarna en todo este Parlamento. 
Todo este Parlamento se encuentra en la situación de considerarse víctima de ETA. 
Señora Presidenta, el Parlamento sabe, porque lo hemos dicho muchas veces y hoy se lo hemos explicado a algunos de ustedes, que cuando presentamos y defendemos un pacto por las libertades y contra el terrorismo en Euzkadi, estamos defendiendo y presentando un pacto que va más allá del mero ámbito político, pues es un pacto en defensa de las libertades, en defensa de la vida, en defensa de la pluralidad. 
Puede haber gente que no comparta este pacto; puede haber gente que lo critique; incluso ha habido una organización- naturalmente la organización terrorista ETA- que ha amenazado a los firmantes, y a los que lo puedan firmar después, con matarnos por defenderlo. 
Pues bien, Señorías, pese a todo esto seguiremos defendiendo siempre las libertades. 
Seguiremos defendiendo siempre el derecho de cualquier ciudadano de Euzkadi, que esté por la autonomía o por la independencia, a poder circular por nuestro país sin escoltas. 
Yo no quiero ser ni más ni menos que el Sr. Gorostiaga: quiero pasear por mi país con mis hijos, como pasean ellos, sin tener que llevar escoltas. 
Señora Presidenta, quiero intervenir brevemente, después de las últimas intervenciones de los representantes del PNV y de Euskal Herritarrok, para solidarizarme e identificarme con la declaración que ha hecho usted, señora Presidenta, en nombre del Parlamento Europeo en favor de la democracia y de la paz en España. 
Nuestro principal problema en España es el terrorismo, y posturas fascistas como las de Euskal Herritarrok son una amenaza para la paz en España y en Europa. 
El que haya problemas internos en España por las diferencias políticas entre el Gobierno central y el Parlamento vasco no impide que aquí, en el Parlamento Europeo, estemos por la paz, por la democracia y contra el fascismo. 
Cohesión económica y social 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la cohesión económica y social. 
Tiene la palabra el Sr. Comisario Michel Barnier. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, antes de referirme al punto principal que esta mañana les presento en nombre de la Comisión, desearía, si me lo permiten, decir dos palabras. 
Señora Presidenta, haciéndome eco de la preocupación que acaban de manifestar la Sra. Figueiredo, la Sra. Secretaria de Estado Torres Marques y el Sr. Ministro Cunha, tras las gravísimas catástrofes naturales que han afectado la región del norte de Portugal, y puesto que me ocupo de dichas cuestiones, deseo decirles que utilizaremos, naturalmente, todas las posibilidades de redistribución de créditos, como lo hemos hecho en otras circunstancias y en otras catástrofes naturales en Europa, para hacer frente, junto con las autoridades portuguesas, a los gastos excepcionales de reconstrucción, de indemnización o de prevención provocados por dichas catástrofes. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, la Comisión Europea ha dedicado esta mañana la mayor parte de sus debates a la aprobación del informe, del segundo informe de cohesión, sobre la cohesión económica y social en la Unión, que he tenido el honor de presentarle, junto con mis colegas, la Sra. Diamantopoulo y el Sr. Fischler. 
He presentado dicho informe en virtud del artículo 159 del Tratado, que ustedes conocen, como lo había hecho, en 1996, Monica Wulf-Mathies, informe que sentó las bases para que se definieran los primeros elementos con miras a la elaboración de la agenda 2000. 
El informe que les presento, del que disponen de un resumen en tres lenguas a la entrada del hemiciclo, hace por primera vez, en su primera parte, un análisis de cómo será la situación de la Unión desde el punto de vista de la cohesión en una Unión ampliada, compuesta por veintisiete miembros. 
En una segunda parte, el informe hace un estudio de la manera en que han contribuido las otras políticas comunitarias al objetivo de la Unión, así como el balance de los resultados de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión. 
Finalmente, formula recomendaciones para el futuro en un documento sintetizado, que, les repito, se está distribuyendo a cada uno de ustedes. 
La versión completa de dicho informe, señoras y señores diputados, estará disponible esta noche en Internet, así como los mapas y las cifras que se adjuntan. 
Desearía mencionar dos puntos en esta intervención preliminar, antes de escucharles: ¿cuáles son los desafíos de la cohesión en dicha Unión ampliada y cómo podemos responder a los mismos? 
El primer desafío que voy a mencionar es el de un contexto global que evoluciona rápida y profundamente con respecto a cada uno de nuestros países y, por tanto, a la Unión: el de la globalización, el de las nuevas actividades basadas en la inteligencia y el conocimiento, la nueva economía, la sociedad de la información, el contexto de la estructura demográfica. 
Como ustedes saben a eso se añade un deseo de nuestros compatriotas, cada vez más fuerte, de una mayor visibilidad de nuestras políticas, una mayor exigencia de que se les asocie, una mayor exigencia de colaboración. 
El segundo desafío es el de la ampliación. 
La Unión de veintisiete países, y quizá de veintiocho o más, se convierte en nuestro nuevo horizonte, y es evidente que, como se expresa en el informe, esta Europa ampliada tendrá que hacer frente a cada vez mayores disparidades, mayores desigualdades, y en una dimensión que nunca se había producido en ninguna de las anteriores ampliaciones. 
Deben recordar, simplemente, tres cifras con respecto a esta cuestión: con la futura ampliación, la población y la superficie de la Unión aumentarán en un 30%, mientras que el PIB sólo lo hará en un 5%. 
Por eso hemos identificado en este informe un tercer grupo de países que incluirá ocho de los países candidatos, que representarán, siendo los más pobres, el 16% de la población de la Unión ampliada, y cuya renta per cápita sólo alcanzará el 40% de la media comunitaria. 
En eso radica el principal desafío y el verdadero cambio. 
Y con la ampliación, el centro de gravedad de la política de cohesión se desplazará hacia el Este. 
De los 105 millones de habitantes que comprenden los países candidatos, 98 millones vivirán en estas regiones, cuyo producto interior bruto per cápita es inferior al 75% de la media de la Unión ampliada. 
Por consiguiente, señoras y señores diputados, el hecho de que entren en la Unión regiones muy pobres del Este no implica que las actuales regiones pobres del sur, del norte y del centro- pienso también en las regiones periféricas o ultraperiféricas- se vayan a convertir por arte de magia, de golpe, en regiones prósperas y ricas. 
Estas regiones que actualmente forman parte del objetivo nº 1, aun cuando se hayan registrado progresos, tienen todavía problemas. 
Ha habido progresos. 
La renta per cápita de estas regiones se ha acercado a la media comunitaria. 
La misma ha progresado en un 63% en 1988, para alcanzar el 69% en 1997. 
En parte, gracias a los Fondos estructurales y al Fondo de cohesión los países de la cohesión han conocido un crecimiento económico más fuerte que la media comunitaria. 
Sin embargo, en un mayor número de Estados miembros la tendencia no es la disminución de las diferencias. 
Existen desigualdades que se mantienen e incluso que se profundizan. El desempleo es en algunas regiones superior al 20%, regiones que desde hace tiempo están al margen del progreso debido a su situación periférica, a la desertización, al empleo de las mujeres, que se sitúa 19 puntos por debajo del empleo de los hombres. 
Este es el balance que pueden leer, señoras y señores, en dicho informe; también describimos las desigualdades territoriales, las bolsas de pobreza, y a veces de extrema pobreza, que existen en las ciudades o en algunas zonas rurales. 
¿Cómo debemos responder a estos desafíos? 
Señoras y señores, la política de cohesión debe seguir siendo, desde nuestro punto de vista, el elemento central del modelo de sociedad de la Unión Europea. 
Formamos parte de una Unión Europea que quiere organizar sus solidaridades. 
Eso implica formular tres preguntas a propósito de la política de cohesión: ¿por qué? , ¿para quiénes? , ¿cómo? 
¿Por qué? 
A veces oigo decir: "No se puede hacer todo desde Bruselas, hace falta más solidaridad". 
Estoy de acuerdo en que hace falta más solidaridad. 
Pero no estoy ni estaré de acuerdo en que la política de cohesión se convierta en una simple política de transferencia financiera. 
No podemos contentarnos con mandar cheques, no podemos aceptar cualquier renacionalización de la política de cohesión, ya que siguen existiendo prioridades comunes, verdaderas prioridades comunitarias, y nuestro interés común nos obliga a desarrollar de manera sostenible y equilibrada un marco de referencia para la política de cohesión. 
En esta fase el debate no ha hecho más que empezar. 
No tengo ninguna decisión para someterles. 
Quizá reflexiones, simplemente. 
Una de estas reflexiones se basa en la experiencia adquirida desde hace más de diez años en el marco de la política de cohesión, y me lleva a pensar que existen problemas más cruciales, más graves que otros, con respecto al desarrollo de nuestros territorios. 
Por ejemplo, como ya he dicho, el problema urbano, la conexión en red, o incluso problemas específicos que afectan a las zonas que acusan desventajas geográficas, como su situación periférica o su altitud, y desventajas naturales. 
Hay que pensar, asimismo, en los recursos humanos, ya que ello afecta al empleo. 
Nuestro informe establece sobre todo orientaciones en favor de un mayor número de empleos de mejor calidad, de una mejor inserción social, así como en favor de la igualdad de oportunidades. 
Finalmente, a la vista de este debate, señoras y señores diputados, la Comisión podría estar dispuesta, llegado el caso, a proponer a las otras instituciones comunitarias un enfoque más estratégico y más coherente de desarrollo de los territorios de la Unión. 
De esta forma nuestro objetivo de cohesión económica y social tendría una dimensión y una base más territoriales. 
¿Una política de cohesión para quiénes? 
Con respecto a esta pregunta tengo dos convicciones, que la Comisión en pleno ha compartido. 
La primera consiste en que debemos seguir dando prioridad a las regiones más atrasadas desde el punto de vista del desarrollo tanto en los países miembros de la Unión como en los países candidatos. 
Esta problemática del apoyo prioritario de las regiones más atrasadas plantea, naturalmente, el problema del nivel en el que habrá de fijarse el umbral de elegibilidad en relación con dichas regiones. 
Mi segunda convicción consiste en que las regiones atrasadas desde el punto de vista del desarrollo no son las únicas que deberán hacer frente a unas dificultades a las cuales tendremos que encontrar una respuesta con respecto a las demás regiones en la Unión ampliada. 
Puesto que tenemos prioridades comunitarias, debemos considerar la acción en el conjunto del territorio de la Unión. En efecto, a menudo, dentro de un mismo Estado, existen regiones más ricas que las demás, y a veces incluso dentro de la misma región existen zonas de exclusión al lado de zonas de gran dinamismo, es decir, lo que demostró la auditoría urbana que publiqué hace algunos meses. 
Señoras y señores, respecto a la manera de poner en práctica la política de cohesión, pienso que es posible delegar más en los Estados miembros, aplicando mejor que en el pasado el principio de subsidiariedad, con la condición de garantizar el respeto de las prioridades comunitarias y de que se continúe concentrando el esfuerzo europeo en aquellos que más lo necesitan. 
Simplemente, dos observaciones: más eficacia, mejor gestión- lo he explicado ante la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y lo haré ante la Comisión de Control Presupuestario- y una política creíble con ambiciones- acabo de mencionarlas- y medios. 
No hemos querido efectuar evaluaciones o previsiones presupuestarias. 
Sería demasiado pronto y estaríamos empezando la casa por el tejado. 
Hablemos antes de los objetivos, hablemos del fondo y de las prioridades europeas. 
Luego deberemos encontrar los medios para llevar a cabo estas prioridades. 
Lo único que observo y que deseo manifestar ante esta Asamblea es que en 1999 se decidieron algunas cuestiones en Berlín. 
En efecto, en 2006, al final de este período de programación, cuando ustedes sumen los medios asignados a los Fondos estructurales, al Fondo de cohesión, a los créditos de preadhesión- concretamente ISPA- y a la reserva para hacer frente a las primeras adhesiones antes de 2006, se obtiene un esfuerzo total, si se suma todo lo que acabo de decir, equivalente al 0,45 del PIB comunitario. 
Este importe es para mí un punto de referencia. 
Se trata de una cantidad importante en los debates financieros que celebraremos juntos y con los Estados miembros, en su momento. 
Señoras y señores, cualquiera que sea el nivel del gasto con respecto al aumento de las desigualdades, la política de cohesión será creíble sólo si dispone de los medios suficientes. 
Cualquiera que sea el nivel del gasto estructural, lo importante es también que el contenido de las demás políticas comunitarias sea igualmente favorable a la cohesión, como lo recomienda el Tratado. 
Cuando se analiza la contribución de las otras políticas comunitarias advertimos que se pueden hacer progresos, en particular para encontrar mejores sinergias. 
Pienso en la Política Agrícola Común. 
Señoras y señores, les doy las gracias por su atención, y antes de responder a sus preguntas, desearía decir que este informe no presenta orientaciones firmes y definitivas. 
No propone decisiones; abre el debate. 
Se trata de una herramienta de información y evaluación, de un análisis, que se hace por primera vez, de la Unión de veintisiete miembros, y, finalmente, formulamos preguntas y hacemos algunas recomendaciones. 
Seremos mucho más concretos en el tercer informe, en 2004, que se presentará poco tiempo antes de que llegue el momento de las decisiones a propósito de la nueva agenda. 
Pienso, simplemente, que este debate sobre la política de cohesión y el presente informe demuestran que dicha política de cohesión ha sido útil según los objetivos del Tratado. 
Más unidad europea, más solidaridad entre los pueblos europeos y respeto a la diversidad de los territorios europeos. 
Este sigue siendo nuestro objetivo. 
El presente debate sobre la cohesión forma parte del gran debate sobre el futuro de la Unión Europea, que se lanzó en Niza, y en el que vamos a participar. 
Cuenten con nosotros en los próximos tres años, antes de la nueva Conferencia Intergubernamental de 2004, para este gran debate y para el debate específico sobre la idea que nos hacemos de la Unión Europea, la idea del nivel de solidaridad entre los pueblos y los territorios. 
Les doy las gracias y les garantizo el compromiso de la Comisión Europea respecto de la participación que esta Asamblea tendrá en dichos debates. 
Señor Comisario, en calidad de Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quisiera decirle que el informe sobre la cohesión es una base muy buena para el debate, y quiero creer que este debate lo vamos a celebrar en dicha comisión muy rápida y globalmente. 
Ahora como diputado, quiero decirle que el informe sobre la cohesión demuestra que ha habido una relativa mejora en nuestro esfuerzo por lograr la cohesión económica y social en la Unión Europea; hemos tenido mejores resultados en los índices económicos, pero no tan buenos, tal como usted nos ha dicho, en los índices sociales. 
Unos países han aprovechado mejor las oportunidades que se les ha brindado, como Irlanda por ejemplo, otros las han aprovechado peor. 
Por tanto, el mensaje que debemos emitir hoy desde aquí es que hace falta una gestión más eficaz por parte de todos, especialmente de los Estados miembros y de las regiones y, por supuesto, que haya incentivos, como además es la reserva, para hacer mejor uso del dinero de los contribuyentes europeos. 
Ahora bien, evidentemente estoy de acuerdo en que debe darse énfasis a las regiones y a los países más pobres de la Unión Europea de ahora en adelante y del año 2006 en adelante. 
Pero no olvidemos una cosa importante: los países que en la actualidad son más pobres, no van a ser más ricos, simple y llanamente, porque el término medio del PIB per cápita de la Unión Europea vaya a caer artificialmente a causa de la ampliación. 
Es un elemento que vamos a tener que tener en mente para no encaminarnos hacia políticas equivocadas. 
En consecuencia, creo que es acertado reunir los recursos, es correcto explotar mejor dichos recursos, es acertado realizar una mejor gestión, tanto por parte de la Comisión como de los Estados miembros y de las regiones, pero a partir de ahí no debemos olvidar un dato básico: que después de la ampliación deberemos partir la tarta en más trozos y, señor Comisario, para mi tiene una importancia vital hacer una tarta mayor, deberemos aumentar los recursos de que se dispondrá en los Fondos estructurales del año 2006 en adelante. 
Y quisiera escuchar su opinión al respecto. 
. (FR) Señor Presidente Hatzidakis, comparto, naturalmente, su diagnóstico. 
Yo lo había efectuado dentro del mismo espíritu y con las mismas bases que usted. 
Debo señalar a la Asamblea que si los actuales doce países candidatos entraran ahora en la Unión, la media comunitaria del PIB caería 18 puntos. 
Eso tendría como efecto matemático, mecánico, el hecho de que regiones que siguen teniendo dificultades se situarán, de golpe, por encima del umbral. Por lo tanto, no sería justo. 
Tendremos que encontrar una respuesta para estas regiones que quedarían, de este modo, mecánicamente por encima de dicha media comunitaria. 
Usted me dice, señor Presidente Hatzidakis: se necesitará más dinero. 
En esta fase, sólo puedo expresarme a título totalmente personal. 
Aún no estamos en la fase de decisión con respecto a las futuras perspectivas financieras. 
He dado, simplemente, una indicación a título personal. 
En el marco de las decisiones de Berlín, en 2006 se alcanzará la cifra del 0,45 % del PIB, si se suman los Fondos estructurales, el Fondo de cohesión, los créditos de preadhesión, SAPARD, PHARE, ISPA, así como los créditos de la reserva para hacer frente a las primeras adhesiones en 2004. 
En mi opinión, se trata de un punto de referencia. 
Y para ir más lejos en mi respuesta, pienso francamente que si tenemos una docena de países más en el estado en que hoy se encuentran, no podría realizarse una política creíble por debajo de este tanto por ciento. 
Esto es lo que hoy puedo decir. 
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento al Comisario por el modo tan abierto en que ha decidido presentar su informe ante el Pleno. 
Es el inicio de un debate- un debate sincero- en el que queremos tomar parte como diputados. 
El Comisario y el Sr. Hatzidakis han dicho que las desigualdades entre las regiones aumentarán hasta llegar a ser el doble que ahora. 
El reto de alcanzar la cohesión será mayor: nos encontramos ante una expansión sin precedentes de la Unión y seguimos teniendo regiones pobres. 
Existe un problema de muchos millones de euros que, en palabras de un antiguo Presidente francés de la Comisión es el siguiente: "¿ Disponemos de los medios para hacer frente a nuestras ambiciones ?" 
Esto no quiere decir que los medios tengan que ser financieros, sino que debemos analizar también otras políticas. 
Está claro que las contribuciones presupuestarias tienen un límite. 
Por ello les pido a usted, señor Comisario Barnier, y a sus colegas que estudien las oportunidades que ofrecen otras políticas, en particular, las ventajas reales y tangibles de contar con la participación del sector privado para la regeneración de nuestras regiones. 
¿Tiene la certeza, señor Comisario, de que se adoptará una visión progresista, en particular, por parte del Sr. Monti, el Comisario responsable de competencia, para garantizar que se tienen en cuenta los enfoques innovadores del sector privado para reducir las desigualdades entre las regiones de la Unión? 
(FR) Le doy las gracias, señora McCarthy, por su apreciación, y le confirmo el ánimo de la Comisión, y el mío propio, de participar- no sólo en este hemiciclo, sino ante los Parlamentos nacionales y en las regiones y con las regiones, de la manera más descentralizada posible- en un gran debate. Asimismo, el conjunto de mi equipo de la dirección general se comprometerá a presentar el balance de la evaluación de este análisis y lanzar el debate en los próximos dos años, de forma muy transparente y abierta. 
El esfuerzo financiero actual es unos treinta millardos anuales. 
He vuelto a repetir al Sr. Hatzidakis lo que yo pensaba del umbral, por debajo del cual sería difícil realizar una política creíble. 
Estoy de acuerdo con usted, señora McCarthy, en que es necesario que dicha política europea sirva de incentivo para otros esfuerzos y otras sinergias. 
Por eso es importante la cooperación, la modernización de los fondos privados, la intervención del Banco Europeo de Inversiones, que es nuestro socio. 
Comprendo también su preocupación por lograr una mejor coherencia respecto a la política de competencia, de la que se responsabiliza Mario Monti. 
En ese sentido tenemos que encontrar un camino entre el respeto del Tratado, concretamente en el ámbito de las normas de competencia, y la política regional. 
Simplemente, señora McCarthy, le manifiesto mi convicción de que no realizaremos la solidaridad y la cohesión en Europa contando solamente con las leyes del mercado, con la oferta y la demanda o con una simple política de transferencias fiscales. 
No creo únicamente en el liberalismo para que estas regiones más pobres dejen de serlo y reduzcan su distancia con respecto a las regiones más ricas. 
Por eso es por lo que lucharé, para que siga habiendo una intervención pública europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre de mi Grupo, yo también quiero agradecerle sinceramente su excelente informe. 
Sin duda va a suscitar un sólido, pero también controvertido, debate y, por lo tanto, yo quisiera animarlo ya de entrada con una doble pregunta. 
El sistema actual permanecerá en vigor, de hecho, hasta el año 2006. 
Si negociamos con los países candidatos fijándonos como meta su adhesión en 2004-2005, ¿cómo podemos dejar claro que aunque se adhieran bajo las presentes condiciones, no pueden contar con que el sistema se pueda seguir manteniendo, es decir, que independientemente de las condiciones bajo las cuales se adhieran, luego se tendrán que adaptar a una política de cohesión modificada? 
En segundo lugar, quizá podría disipar un poco los temores que existen en algunas regiones, si nos explicase qué se podría hacer para que las regiones que a partir de 2007 podrán recibir menos ayudas- cualquiera que sea el techo que se establezca- no pierdan de golpe todo el apoyo, toda la solidaridad. 
¿Cómo se les podría ofrecer la posibilidad de realizar gradualmente la transición- como ya se ha venido haciendo hasta ahora con la supresión progresiva de las ayudas- sin excluirlas de inmediato del sistema? 
Su respuesta seguramente permitiría disipar una serie de temores. 
. (FR) Gracias, señor Jarzembowski por formularme esta pregunta, que es, cuando se habla de dinero, posiblemente la pregunta principal que suscitará debates. 
Señalo, con todo, que, tratándose de las nuevas adhesiones que tendrán lugar, como es probable, antes de 2006, en Berlín se estableció, en las perspectivas financieras, reservar alrededor de 39,5 millardos para permitir a estos países acceder a la política actual de cohesión; pero, naturalmente, después de 2006, se les aplicará, como a los países actuales, una política que será seguramente diferente. 
Con respecto a las regiones que podrían encontrarse mecánicamente, de golpe, por encima del umbral por el simple hecho de que se adherirán a la Unión países muy pobres, he planteado en el informe cuatro posibilidades, y sólo puedo mencionarlas. 
La primera consiste en mantener estrictamente dicho umbral del 75% del PIB comunitario, que es el umbral actual, por debajo del cual las regiones tienen derecho a acceder al objetivo nº 1, es decir, a la mayor concentración de los créditos. 
La segunda idea consiste en asociar a este umbral del 75% una política de phasing out, durante cierto tiempo y con un importe sustancial de fondos, para facilitar la transición de las regiones que se encontrarían, de golpe, por encima de dicho umbral. 
Una tercera posibilidad consiste en aumentar el umbral más allá del 75% para que ya no existan regiones afectadas. 
Probablemente, en tal caso, habrá de plantearse el problema de los fondos. 
La cuarta idea consiste en que haya dos umbrales, uno para las regiones actuales de la Unión y otro umbral para las regiones que entrarían en la Unión. 
No puedo, no quiero, tomar una decisión. 
Estoy aquí para escucharles. 
Escucharé lo que dirán los Estados miembros, los diputados, los elegidos de dichas regiones. 
Pero entre estas cuatro posibilidades se encuentra, en cualquier caso, uno de los caminos que deberemos elegir. 
Señor Presidente, señor Comisario, usted ha mencionado que la cohesión de concentrará en el futuro en el Este y que dicha política de cohesión sólo será posible si se dispone de recursos suficientes para financiarla. 
¿Estaría usted de acuerdo en que también será necesario disponer del tiempo suficiente, puesto que la experiencia nos indica que el desarrollo de las regiones también lleva un tiempo? 
¿Cómo podemos concretar el compromiso de la Comisión de manera que destine un tiempo y también dinero a preparar preventivamente la cohesión? 
Para el año 2002 se dispone de 4.000 millones de euros en la categoría VIII. ¿No sería más razonable dedicarlos ya al objetivo de la cohesión en el Este, incluso antes de la adhesión? 
¿Qué opina usted al respecto? 
. (FR) Señora Schroedter, se requiere tiempo, en efecto. 
He mencionado en el informe que incluso con respecto a los países actuales que atraviesan más dificultades en la Unión, las regiones más atrasadas, haría falta aún una generación para reducir dicho atraso. 
He indicado, de manera necesariamente global, que, en ese sentido, harán falta dos generaciones para los países que se nos unirán en torno a 2004-2005. 
Estoy de acuerdo con usted en que la ampliación y la adhesión efectiva de estos países se logrará en la medida en que preparemos, desde ahora, de la mejor manera posible dicha adhesión. 
Por eso, al igual que mis colegas, el Sr. Verheugen y el Sr. Fischler, responsables, respectivamente, del programa PHARE y del programa SAPARD, y yo mismo, responsable del programa ISPA para el medio ambiente y los transportes, me preocupo mucho por que se utilicen bien estos fondos, por que se utilice una parte de la ayuda técnica comprendida en dichos fondos, para formar dirigentes territoriales. 
Este es el verdadero punto débil de los países candidatos que poseen regiones de muy reciente creación. 
Los voivodatos, en Polonia, sólo datan de dos años. 
Debemos, pues, ayudar a los dirigentes territoriales a través de dichos Fondos estructurales, y aprovecho todas las ocasiones que se me presentan para pedir a las colectividades locales de la Unión actual que efectúen hermanamientos, cooperaciones descentralizadas, con las regiones de los países candidatos, para lograr una cooperación humana y un mayor seguimiento en el ámbito de cada colectividad territorial. 
Trabajamos, pues, para utilizar lo mejor posible estos fondos de la preadhesión. 
No puedo aventurarme a decir lo que haremos, señora, con los fondos de la reserva a partir de 2002- he mencionado unos cuarenta millardos- si dichos países no se adhieren en esta fecha; por el momento tenemos estos fondos para hacer frente a las adhesiones efectivas. 
Pero, con motivo de su pregunta, deseo recordar que contamos con instrumentos de preadhesión y que es la manera que tenemos para tomar medidas preventivas, a fin de poder realizar, llegado el momento, las adhesiones. 
Señor Comisario, estoy de acuerdo en que no hay unión sin cohesión económica y social, y en que sin medios no hay cohesión. 
También estoy de acuerdo en que los Fondos estructurales utilizados han sido eficaces y positivos. 
Por eso, concretamente, mi pregunta es: ¿es posible la ampliación sin un esfuerzo complementario por parte de la Unión Europea- desde el momento de las primeras adhesiones- más allá de esa reserva presupuestaria? 
En segundo lugar debo decir, señor Comisario, que hay intranquilidad en algunas regiones europeas, y algunas de sus respuestas no son tranquilizadoras, si bien es verdad que estamos en el contexto de un diálogo muy rápido. 
Pero precisamente por eso yo creo que es necesario precisar algo más. 
Usted dice que hay que encontrar una solución para aquellas regiones que, en estos momentos, están recibiendo fondos, especialmente del Objetivo 1.Yo quiero que usted sea más preciso, señor Comisario. 
¿Qué va a pasar, según su criterio, con Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Galicia, regiones de Portugal y de Grecia, "Länder" que acaban de entrar en el Objetivo 1? 
Seamos concretos, porque la intranquilidad en esas regiones solamente se evitará por medio de la claridad. 
. (FR) Señor Izquierdo Collado, hoy no tengo respuestas para todo, y si las tuviera, usted me lo podría reprochar. 
Estamos abriendo un debate. 
Las dotaciones son claras. 
Las reglas están definidas. 
Se han dado seguridades a todas estas regiones de la Unión hasta 2006. 
He querido decir la verdad, porque no se pueden hacer discursos sobre la ampliación de la gran Unión Europea, la acogida de los pueblos hermanos del Este, sin considerar las cifras reales. 
Este informe dice la verdad. 
Y no he esperado hasta 2005 para decir la verdad y para plantear las cuestiones sobre las que deberán decidir, en su momento, los jefes de Estado y de gobierno y el Parlamento Europeo, sobre la base de las propuestas de la Comisión. 
Pero no debe cundir el pánico. 
Deseo expresar, asimismo, que, con respecto a la pregunta concreta que usted formula en relación con las regiones actuales, Extremadura, el sur de Italia y algunos Länder del Este, todo dependerá del nivel de renta que hayan alcanzado en torno a los años 2005-2006. 
Pero sé que si mantenemos- como yo lo deseo, porque es objetivo- el criterio de la renta per cápita, la media comunitaria del PIB descenderá con la ampliación. 
Descenderá en mayor o menor grado, señor Izquierdo Collado, en la medida en que los doce países entren o no al mismo tiempo. 
Por lo tanto, no debe cundir el pánico. 
Quizá se trate de una caída que esté por debajo de los dieciocho puntos que he indicado hace un momento. 
Lo cierto es que algunas regiones del objetivo nº 1, y que actualmente poseen un buen nivel de desarrollo, aunque aún se sitúe por debajo de la media, pueden colocarse por encima de la nueva media. 
Será necesario, pues, encontrar una respuesta. 
He dicho que estas regiones no serán ricas de golpe por el hecho de la entrada de los países del Este. 
Habrá que encontrar una respuesta sustancial para dichas regiones, habrá que seguir ayudándolas, y he mencionado varias pistas. 
Una de ellas sería, por ejemplo, contar con una dotación de créditos, como lo hicimos con Irlanda y con otras regiones, con una política de phasing out, para facilitar la transición, sobre todo con respecto a las regiones que se situarían lo más cerca posible de dicha media. 
Y luego, es muy probable que siga habiendo en la Unión actual, si se miran los mapas del informe- observe bien los mapas -, en España, en Portugal, en Grecia e incluso en Italia, a pesar de la nueva media, regiones muy pobres. 
Para las regiones intermedias será necesario encontrar una respuesta, sobre todo financiera, y yo quiero formular las preguntas para que se me ayude, en su momento, a encontrar las respuestas. 
Señor Presidente, este debate nos brinda la oportunidad de reflexionar seriamente sobre los problemas que tenemos ante nosotros. 
Mi pregunta es muy simple. 
Es evidente que, para las regiones menos favorecidas que estamos a punto de incluir en la Unión, la ampliación no comportará sólo problemas, sino que de paso y si tendremos un efecto de mercado único otras regiones gozarán de los beneficios derivados de este hecho. 
Ahora bien, francamente, estoy algo preocupado por este razonamiento sobre la media, porque el problema de la distribución del nivel de renta podría quizás hacer identificar regiones que de alguna forma- no sé cómo- podríamos hacer que contribuyan algo más a la financiación global del sistema con vistas al proceso de ampliación. 
Por lo tanto, creo que tal vez sería necesario establecer unos criterios de referencia algo más sofisticados para la política de cohesión. 
En consecuencia, insisto en confiar en que el ejercicio sobre el esquema de desarrollo espacial europeo pueda ofrecernos algún objetivo más articulado y no nos ligue necesariamente a esta idea de absoluto automatismo que hace saltar las regiones de una parte a otra, sino que se pueda definir una escala de manera más articulada. 
. (FR) Señor Paolo Costa, he hecho hincapié hace un momento- y perdóneme que lo repita -, en que he querido abrir este debate ahora, con bastante antelación, para que se discuta del fondo de las cuestiones, de la idea que nos hacemos de Europa, que no es sólo un supermercado, sino también una comunidad. 
Deseo que se hable de solidaridad y que nos pongamos de acuerdo respecto a sus objetivos políticos. 
Después de lo cual, si estamos de acuerdo sobre los objetivos y las prioridades, así como sobre la línea, debemos dotarnos de los medios. 
Por consiguiente, una mala manera de iniciar este debate sería hablar ahora sólo de fondos. 
Sé que hablaremos de ello llegado el momento. 
Primer punto. 
Segundo punto: la solidaridad. 
Pienso que es necesario que ésta se siga realizando a través de los Estados. 
Usted sabe que existen Estados que son contribuyentes netos y otros que no lo son. 
Y creo, pues, que dicha redistribución es bastante justa y bastante eficaz. 
Tercero: le doy las gracias por haber manifestado al principio que la ampliación suponía, como pienso, algunos problemas y algunos riesgos, pero que también supone posibilidades y oportunidades. 
Si miramos lo que ha ocurrido desde hace veinte años con España, Portugal o Grecia, tengo la convicción de que- y lo digo en todos los debates públicos en los que participo- en toda ampliación existen, a medio y a largo plazo, más oportunidades y posibilidades que riesgos y problemas. 
Más allá de la moral y de la política, no tenemos ningún interés en dejar a nuestra puerta a pueblos en la miseria. 
La miseria, cuando está al lado de nosotros, como ocurre con los países del Este, o Albania o los Balcanes, produce siempre los mismos resultados. 
Cuando la población no puede comer, emigra. 
Cuando está en la miseria, es víctima de todos los conflictos nacionalistas, de las guerras, de los tráficos, de las mafias. 
Más allá de la moral y de la política, nos interesa realizar esta ampliación y pagar el precio que supone compartir el progreso. 
Y le doy las gracias por haberme permitido decir que dicho debate debe demostrar, asimismo, que en este gran desafío de la ampliación existen tantas posibilidades como riesgos. 
Señor Presidente, señor Comisario, aún no he tenido ocasión de leer el informe, pero el primer informe sobre la cohesión ponía de manifiesto claramente que la Política Agraria Común no contribuía a la cohesión en la Unión Europea. 
La reforma de la Agenda 2000 se limitó a mantener el status quo en la PAC. 
Y yo pregunto al Comisario si puede decirnos algo sobre las conclusiones de este informe sobre esa misma PAC. 
Señor Presidente, mi contribución al Sr. Comisario será más simple. 
Desearía proponerle, en pocos segundos, que considerara otros criterios de atribución distintos de los criterios del estricto importe del PIB y de la tasa de desempleo. 
¿No debería tomarse en cuenta la concentración de la población, su repartición, su potencial o sus carencias en materia de nuevas tecnologías y de investigación, su accesibilidad geográfica? 
Y, por último: ¿la situación actual nos obligará a considerar una redefinición de las perspectivas financieras antes de 2006? 
Señor Comisario, al principio de su intervención usted indicó que los desafíos que tenemos ante nosotros son la mundialización y la ampliación. 
Yo acabo de asistir, con otros diputados, al Foro Social Mundial de Porto Alegre, donde se vio claramente que en el problema de la mundialización entramos en un periodo distinto, en el cual la Unión Europea tiene que cumplir un papel fundamental en el mundo. 
Este problema del equilibrio social mundial debe formar parte de nuestra política económica y, dado que usted se refirió a él, le pregunto qué va a hacer la Unión Europea en este sentido, porque ello va a influir claramente en nuestros problemas económicos internos e incluso en nuestros problemas presupuestarios. 
En segundo lugar, señor Comisario, quisiera preguntarle: ¿en qué medida considera usted justo que Estados, como el español, que aún reciben fondos de cohesión, se planteen como política económica el déficit cero a riesgo de... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Usted ha comentado que la ampliación requerirá nuevas normas y seguramente también más dinero. 
Yo quisiera preguntarle por dichas normas y también por las nuevas ideas. 
¿Va a ser realmente posible y también adecuado continuar vinculando en el futuro como norma las subvenciones a un mapa de zonas asistidas y a unas zonas determinadas? 
¿No sería más razonable dar mayor prioridad que hasta ahora a propuestas o núcleos de actuación concretos? 
Esto también permitiría canalizar mejor el dinero hacia los objetivos previstos. 
Señor Presidente, señor Comisario, me complace decir que me ha gustado oírlo. 
Aún no he tenido oportunidad de leer el texto, pero me ha gustado lo que ha dicho. 
Y quisiera preguntarle lo siguiente: ¿está la Comisión dispuesta a luchar para que el presupuesto de la Comunidad pase de 1,04 %, que tenemos actualmente, a 1,27 %, como está aprobado? 
Es porque, si el presupuesto ascendiera a lo que está aprobado, tendríamos fondos. 
La segunda pregunta es la siguiente: señor Comisario, ¿qué va a ser de las regiones ultraperiféricas? 
No nos ha dicho nada y yo estoy preocupada por ellas. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario por mencionar la palabra solidaridad en relación con este informe. 
Las políticas de cohesión y regional tratan justamente de esto. 
Me gustaría también preguntar brevemente si en el futuro el debate va a incluir todos los sectores políticos comunitarios relevantes para el crecimiento regional- educación, investigación y política social- para que toda la gente contribuya al desarrollo de las regiones. 
. (FR) Señor Presidente, soy yo quien me disculpo por haberme extendido demasiado, pero sobre todo lo lamento mucho por los diputados del Parlamento que no han podido formular sus preguntas. 
Pero, como saben, seguiré estando a disposición de ustedes durante las próximas semanas y los próximos meses para continuar este diálogo. 
Sr. Cunha, si lee el informe, verá que decimos que la PAC, cuyo objetivo es la producción, la capacidad de exportación, el abastecimiento, no ha contribuido, en efecto, como cabía esperar, a esta política de cohesión territorial, en particular porque en las regiones que necesitan dicha cohesión el tamaño de las explotaciones agrícolas es mucho más modesto. 
Por lo tanto, yo mismo he hecho hincapié en el hecho de que se deberían obtener- lo he dicho hace un momento- mejores sinergias a través de la política agrícola común. 
Quizá uno de los medios para ello sería potenciar en el futuro lo que ya se inició en Berlín, es decir, el segundo pilar de la PAC sobre el desarrollo rural. 
Señora Darras, no creo que necesitemos, con respecto a la política de cohesión, volver a negociar las perspectivas financieras. 
Lo que se estableció en Berlín me parece correcto. 
Incluso ya se habían previsto para 2002- sabemos que no habrá adhesiones de nuevos países en 2002 ni en 2003- sumas suficientes para hacer frente a dichas adhesiones, y no creo, por tanto, que se necesiten nuevas perspectivas financieras. 
Usted menciona posibles modificaciones de los criterios. 
Se podría continuar el diálogo, señora Darras, pero lo que deseo señalar es que cuando se trabaja sobre la base del nivel de vida, del PIB per cápita, no se está lejos de la verdad, porque se puede observar que con los niveles de vida más bajos existen las mayores tasas de desempleo, las condiciones medioambientales más degradadas, la tasa de acceso a Internet más baja. 
Cuando se estudia, pues, el nivel de vida por habitante- y no es por casualidad que mi predecesora, la Sra. Wulf-Mathies, y todos los demás diputados que han reflexionado en estas cuestiones se hayan puesto de acuerdo en dicho criterio- se obtiene un buen análisis de la realidad de las regiones. 
Ahora bien, usted sabe que podemos combinar dicho criterio con otros elementos y, en particular, el desempleo, pero desearía que se mantuviera este criterio porque me parece objetivo. 
Señor Nogueira, no dispongo de tiempo para participar en un debate sobre la globalización y la mundialización. 
En cualquier caso, como usted habrá podido observar hace un momento, he mencionado el nuevo contexto de la política de cohesión relacionado con dicha globalización y con dicha mundialización, que supone el peligro que Jacques Delors y otros habían diagnosticado hace unos quince años, y en razón del cual habían propuesto esta política de cohesión. 
En el propio mercado único existe el peligro de que las riquezas, los intercambios, los individuos, se concentren siempre en los mismos lugares y de que las regiones más pobres sean cada vez más pobres y periféricas. 
En el mercado único este peligro se agrava en una Europa que vive al ritmo de la globalización. 
Por eso pienso que tenemos, en efecto, una mayor necesidad de cohesión y de medios para la cohesión en el futuro. 
Señor Rack, sí, estoy dispuesto a reflexionar con usted a propósito de nuevos métodos, en particular sobre lo que podría ser la nueva política del Objetivo 2. 
Me pregunto, por ejemplo, acerca de la utilidad o del sentido de esta distribución en zonas con respecto al Objetivo 2 desde Bruselas, donde he tenido que certificar, de común acuerdo con los Estados miembros, que tal barrio, tal municipio, tal localidad, debe o no debe incluirse en el Objetivo 2. 
No creo que esta burocracia sea útil, y por eso la política referente al Objetivo 2, que afecta a las regiones que no están comprendidas entre las más atrasadas, podría ser más simple, más descentralizada, dotada de instrumentos al servicio de las políticas comunitarias o de la dimensión territorial, las ciudades, las zonas de montaña, las islas, las regiones fronterizas, o los objetivos transversales, como la cohesión social, la lucha contra la gran pobreza. 
Me gustaría reflexionar a propósito de estos instrumentos, descentralizados en el ámbito de su gestión en los Estados, y que a menudo no dan esa impresión burocrática a los ciudadanos. 
Señora Torres-Marques, no puedo ir más lejos en mi respuesta en cuanto a las perspectivas financieras. 
No he olvidado mencionar las regiones ultraperiféricas. 
Me he referido a ellas incluso en mis palabras preliminares. 
Existe un apartado específico sobre dichas regiones. 
Trabajo mucho para estas siete regiones ultraperiféricas, como lo ha pedido el Sr. Prodi. 
Por eso la Comisión publicó hace algunas semanas un informe importante sobre las adaptaciones o excepciones en materia de ayuda estructural, de ayuda agrícola, de ayuda a la pesca, que globalmente han satisfecho a los responsables de dichas regiones periféricas, y pienso que, de conformidad con el artículo 229 del Tratado, habrá que mantener para estas regiones ultraperiféricas un trato particular- porque son ultraperiféricas, porque son nuestras fronteras activas más alejadas, en el océano Índico, en el Atlántico o en las proximidades del continente americano. 
Señora Hedkvist-Petersen, le doy las gracias por haber subrayado la importancia que yo también otorgo a la palabra "solidaridad". 
El título de este informe, señoras y señores diputados, es Unité de l´Europe, solidarité des peuples, diversité des territoires. 
Este es el título que hemos querido dar a dicho informe, y ustedes verán cuando lo analicen, que menciono- porque me preocupa- la coherencia que deben tener las políticas comunitarias con respecto al desarrollo regional y a la cohesión, sobre todo tratándose de la investigación o de la agenda social, y señalo, al mismo tiempo, que en relación con la política social, los Estados miembros, los gobiernos, conservan, naturalmente, sus competencias. 
Trabajo en el marco de las competencias actuales de la Comunidad. 
Gracias, señor Comisario. 
Este punto queda cerrado. 
Región mediterránea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0008/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la estrategia común de la Unión Europea para la región mediterránea, establecida en el Consejo Europeo de Feira del 19 de junio de 2000 (C5-0510/2000- 2000/2247 (COS) ), y 
A5-0009/2001 del Sr. Naïr, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las relaciones UE/Región mediterránea: un nuevo impulso para el proceso de Barcelona (COM (2000) 497- C5- 0630/2000- 2000/2294 (COS)) 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a aquellos colegas que mediante reuniones, diálogos y intercambios de pareceres han contribuido al que consideramos un paso adelante en el papel de Europa con respecto al Mediterráneo: el Mediterráneo como puerta no sólo hacia Oriente Próximo, sino también hacia el Atlántico, realidad cultural y no sólo económica, para consolidar el diálogo Sur-Sur, así como Norte-Sur y Este-Sur, en el momento en que la próxima ampliación nos exige responsabilidades concretas. 
El desarrollo debe ser compatible con la dignidad humana y con la defensa del medio ambiente y de la salud. 
El desarrollo económico no puede prescindir de los derechos humanos y del respeto de las especificidades recíprocas. 
Todos nos hemos dado cuenta de la necesidad de una nueva filosofía para Europa: las estrategias comunes para ser eficaces deben ser realistas y posibles; es decir, debemos plantearnos objetivos concretos y alcanzables para que, paso a paso, se puedan conseguir desarrollo, seguridad y estabilidad. 
El poeta diría: "¡ Ay de aquel que no sabe soñar a lo grande !", pero el estadista respondería: "¡ Ay del político que, dejándose ilusionar por sueños demasiado lejanos, no se da cuenta, no resuelve los problemas que tiene delante !" 
Hemos tratado de dar a nuestras esperanzas concreción y factibilidad a corto y medio plazo. 
Es decir, en definitiva, hemos formulado propuestas a través de las cuales todos los países del Mediterráneo podrán encontrar la misma dignidad y las mismas posibilidades de desarrollo en una nueva relación articulada con una Europa cada vez más amplia y compleja, cuya credibilidad en el plano internacional se juega en una competición a todos los niveles con los demás mundos industrializados. 
Protección del medio ambiente y de la salud, dignidad para los trabajadores, protección de la calidad de los productos en defensa de los consumidores y de un mercado libre en cuanto correcto, atención a las especificidades culturales y a las tradiciones incluso arquitectónicas de cada país y de los productos DOC, prohibición para nosotros, los europeos, de utilizar de manera vejatoria las relaciones de asociación exportando a esos países productos que prohibimos porque son peligrosos, impulso del desarrollo de todas las potencialidades de nuestros socios mediterráneos también a través de ayudas para la inserción en el mercado de trabajo de miles y miles de jóvenes que han estudiado y se han especializado en Europa. 
La protección de la infancia, la lucha contra la explotación infantil y la nueva esclavitud, la atención al mundo del trabajo femenino y, en todo caso, a la dignidad de cualquier ser humano son pasos importantes, así como importante y prioritario debe ser el esfuerzo y la atención de Europa en emplearse a fondo para lograr la paz y el respeto mutuo en Oriente Próximo. 
No podemos negar que las Cumbres que se han ido sucediendo si, por una parte, han marcado hitos en la identificación de muchos problemas, por otra, han estancado la resolución de los mismos. 
En efecto, comprobamos con pesar que los Gobiernos no han dado curso a las propuestas establecidas en Barcelona: democracia, Estado de Derecho, transparencia, derechos sociales, política de desarrollo endógeno para ayudar a las poblaciones a no abandonar forzosamente sus países. 
La nueva política de triangulación comercial, la protección de las producciones típicas, incluidas las europeas, condenando e impidiendo las falsificaciones y los fraudes, la seguridad alimentaria y medioambiental, el desarrollo de las peculiaridades artesanales y los programas concretos contra la desertización y para la potabilización del agua y el desarrollo turístico son algunos de los muchos puntos que hemos abordado. 
Y aquí quiero agradecer a los funcionarios de la comisión y de los Grupos políticos el trabajo realizado, un trabajo especialmente difícil, a la vista de la premura de los plazos. 
Ahora los tiempos están maduros para hacer frente a proyectos realizables, y realizables son aquellos proyectos que no nacen de prejuicios partidistas o de equilibrios de intereses inconfesados, sino que nacen de una capacidad de síntesis de la política a partir de las urgencias de los ciudadanos y de las realidades económicas y sociales. 
Es por esto que toda Europa y no sólo la Europa mediterránea, a la que como italiana me honro pertenecer, hoy debe encontrar imprescindible su papel y su compromiso con el Este y el Sur reafirmando que para un progreso armónico y duradero, las necesidades de la economía deben ir al mismo compás que la dignidad de la persona. 
Este texto no se ha escrito para ser publicado y para quedar en una mera declaración de intenciones, sino para ser llevado a la práctica. Por esto, miramos con confianza y esperanza a la Comisión y al Consejo para que la sinergia con el Parlamento Europeo llegue a ser viable y factible. 
. (FR) Señor Presidente, en el mes de noviembre pasado fui nombrado ponente por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa a propósito de la comunicación de la Comisión Un nuevo impulso para el proceso de Barcelona. 
El objetivo de esta comunicación de la Comisión es doble. 
Se trata ante todo de realizar el balance del proceso de Barcelona, y luego de formular reivindicaciones en la perspectiva de la conferencia ministerial celebrada en Marsella en el mes de noviembre pasado. 
Antes de abordar las cuestiones de fondo, desearía primero dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, con quienes he tenido numerosos y muy constructivos intercambios de ideas respecto a la elaboración final de mi informe. 
Desearía expresar, asimismo, que he elaborado dicho informe teniendo en cuenta lo que ya se ha hecho en el Parlamento, la memoria de este Parlamento en relación con la cuestión mediterránea, y desearía rendir un homenaje muy especial al trabajo realizado por el Sr. Yannis Sakellariou. 
En su comunicación, la Comisión expone nuevamente los tres principales objetivos de la política mediterránea de la Unión Europea, a saber: la creación de una zona de paz y de estabilidad, la creación de una región de prosperidad compartida, a través del establecimiento progresivo del libre comercio, y, finalmente, la mejora del entendimiento mutuo entre los pueblos y el desarrollo de una sociedad civil. 
Señor Presidente, puede considerarse que, de estos tres objetivos, hasta ahora sólo se ha iniciado efectivamente la realización de una zona de libre comercio. 
Ahora bien, me ha alegrado oír hace un momento al Sr. Comisario Barnier expresarse en tal sentido; sólo la liberalización, en un contexto de profundas desigualdades, no puede garantizar ni el desarrollo económico ni la integración de sociedades profundamente desestructuradas. 
Además, se trata de una zona de libre comercio con arreglo a las condiciones de Europa. 
Una sola cifra permite hoy convencerse de ello. 
Las transferencias presupuestarias globales de la Unión Europea hacia los países mediterráneos ascienden a un millardo de ecus anuales, mientras que las que resultan del déficit comercial de los países mediterráneos en relación con la Unión ascienden a 34 millardos de euros anuales. 
Dicho de otra manera, el esfuerzo presupuestario de la Unión Europea para con los países mediterráneos supone menos de una treintava aprte de los beneficios que reporta a Europa la zona de libre comercio. 
En cuanto a la creación de una zona de paz y de estabilidad, la Unión no tiene mucho peso político, a pesar de la fuerte demanda que existe respecto a Europa por los países del Sur. 
Las zonas en conflicto son numerosas y pueden comprometer el proceso de Barcelona, en su conjunto. 
En cuanto al desarrollo de una sociedad civil activa, se puede observar que los programas MEDA han afectado principalmente a las personas que poseían vínculos y contactos en Europa, o que estaban muy próximas a los gobiernos. 
La sociedad civil, de hecho, se ha visto poco afectada. 
Finalmente, los programas de cooperación descentralizada, que debían permitir que los agentes de la sociedad civil de las dos riberas del Mediterráneo se reunieran para elaborar proyectos, están en suspenso desde 1995. 
El balance es, pues, muy modesto, las frustraciones muy fuertes; la Conferencia de Marsella supuso para muchos casi un fracaso. 
La visión global de la asociación euromediterránea inaugurada en Barcelona en 1995 hoy ha dado lugar a una negociación, diría yo, que carece de una verdadera voluntad política. 
En mi informe, trato de elaborar algunas propuestas tendentes a superar esta situación. 
Les presentaré aquí los seis ejes principales. 
Primero, pienso que es necesario inscribir la zona de libre comercio dentro de una verdadera perspectiva estratégica. 
Es necesario establecer con nuestros socios mediterráneos los fundamentos de un mercado común asociado, capaz de insertarse positivamente en el contexto económico europeo, tomando en consideración los parámetros endógenos del desarrollo del Sur. 
Es preciso defender la idea de una orientación del proyecto de libre comercio hacia la creación, a la larga, de un verdadero mercado común que integre el conjunto de los bienes. 
En segundo lugar, hay que situar las migraciones en el centro del desarrollo. 
No habrá una asociación auténtica entre las dos riberas del Mediterráneo hasta que no se organice la circulación de las personas. 
Por esta razón, creo que las migraciones constituirán en los próximos años un elemento esencial en nuestras relaciones con dichos países. 
Necesitamos una gestión común de los flujos migratorios, incluyendo la lucha contra la inmigración irregular y las mafias. 
Debemos, asimismo, orientarnos hacia migraciones temporales, a semejanza de lo que propone hoy la Organización Internacional del Trabajo, sin que por ello se instaure el derecho a una residencia permanente. 
Pienso, además, que debería concederse un visado de circulación específico a los actores del partenariado. 
Asimismo, la inmigración debe estar al servicio del desarrollo de los países de origen. 
Los inmigrantes contribuyen al desarrollo del país de origen. 
Sé que la Unión Europea, sé que la Comisión, hace un gran esfuerzo en tal sentido. 
Pido que se vaya mucho más lejos y se financien los microproyectos de los inmigrantes. 
Y propongo, dentro de este espíritu, crear un Observatorio de las migraciones, cuyo objetivo consistiría en estudiar los flujos migratorios, con miras a presentar propuestas a la Unión. 
Ha de favorecerse, asimismo, la asociación reforzada de los Estados euromediterráneos que lo deseen. 
Recojo, en este sentido, una propuesta que considero muy interesante, del Sr. Comisario Patten. 
El Sr. Comisario desea que algunos proyectos regionales sean accesibles a un número variable de Estados miembros y de socios mediterráneos directamente interesados, según unas configuraciones que pueden ser diferentes de un proyecto a otro. 
Apoyo este enfoque, porque creo que introduce relaciones reales y muy fuertes entre los países del norte y del sur del Mediterráneo que desean ir más lejos juntos. 
Y también es necesario, evidentemente- cuarto punto- reformar la gestión del programa MEDA. 
La Comisión tiende a ser crítica frente a los socios mediterráneos. 
Sin embargo, debe constatarse que, si bien es cierto que algunos países socios han podido toparse con dificultades, debido sobre todo a unas infraestructuras insuficientes, la infrautilización de los fondos MEDA resulta más que nada de la incapacidad de la Comisión para gestionar dichos fondos y para apoyarse en agentes capaces de aplicarlos. 
Es necesario, igualmente, que la defensa de los derechos humanos sea algo más que una afirmación de principio. 
El objetivo es ayudar a la construcción de los Estados de derecho en los países del sur del Mediterráneo, y no sólo crear sistemas económicos que se integren en los programas de ajuste estructural que se proponen. 
En sexto lugar, es preciso comprometer medios financieros importantes. 
El bloqueo del proceso de paz en Oriente Medio obstaculiza cualquier dinámica subregional, económica, social o cultural. 
Pienso que la Comisión debe tomar conciencia de esta situación. 
Para concluir, diré que la circulación organizada de las personas, el codesarrollo y la cooperación descentralizada constituyen los ejes principales que hoy estructuran mi informe y que, en mi opinión, deberían ser los de la Comisión. 
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Cultura sobre el proceso de Barcelona, quisiera trasladar aquí algunas de las preocupaciones y sugerencias que se han aprobado por unanimidad en comisión. 
En primer lugar, quiero llamar la atención sobre la necesidad de fomentar los programas culturales, lo cual no es la llamada de atención clásica. 
Sabemos que el programa EUROMED- Heritage ha sido la más exitosa de todas las colaboraciones con el Mediterráneo. 
Por otra parte, entendemos la cultura en un sentido de dinamizador de riqueza. 
¿Qué sería, por ejemplo, de Egipto sin su turismo cultural, que ha sido uno de sus principales enlaces con el mundo y una de sus principales fuentes de riqueza? 
La cultura, por tanto, es uno de los factores de más fácil acceso, más a mano, más desarrollados y con mayor experiencia acumulada en el ámbito del desarrollo mediterráneo, lo que le puede vincular estrechamente a la comunicación entre personas y seguir abriéndole puertas. 
Al mismo tiempo, queremos llamar la atención sobre la educación. 
Creemos que un espacio mediterráneo de comercio, si no se atiende a la educación, será un espacio de colonización mediterránea. 
Por tanto, la única posibilidad de que exista una trama social capaz de incorporarse al mundo empresarial y al mundo occidental se basa en la educación. 
Por otra parte, creemos que es ahí donde existe también una trama autóctona y auténtica para establecer los pilares para el futuro desarrollo. 
Además, la única posibilidad de extender nuestras ideas sobre derechos humanos exige que contemos con una población mejor formada y mejor educada. 
Por tanto, no estamos hablando de tópicos, sino de realidad. 
Otro punto que también nos preocupa es la adaptación de la Comisión a la filosofía y a las condiciones de los países a los que se dirige la convocatoria. 
Creo que gran parte del fracaso del programa MEDA se debe a que estamos aplicando una mentalidad de escala europea, cómoda para los proyectos de la Comisión. 
Son precisos muchos proyectos pequeños. 
Es preciso acudir a la estructura social interna de los países implicados, a las universidades, a las instituciones educativas, a los museos, al ámbito de la cultura, y a la propia sociedad, para apoyarse en ella para el futuro desarrollo. 
. (FR) Señor Presidente, las distintas intervenciones de nuestra Comisión de Industria en el debate sobre la política mediterránea de la Unión y de reactivación del proceso de Barcelona establecido en 1995 han sido muy importantes. 
Nuestra intervención fue preponderante con motivo del informe de actividad MEDA, que presenté el 5 de septiembre de 2000 y que se aprobó- al igual que la modificación del reglamento a través de MEDA II- prácticamente por unanimidad en el Parlamento. 
Habría sido conveniente que la reunión de Feira se hubiese referido a MEDA, que constituye el instrumento principal para la aplicación de esta política y que se dotará para el período 2000-2006 con 5,37 millardos de euros, sin tener en cuenta los créditos del Banco Europeo de Inversiones. 
Nosotros deseamos, por otro lado, un aumento de dicha dotación financiera, ya que la política mediterránea de la Unión Europea no debe sufrir las consecuencias de los créditos que ésta asigna, legítimamente, para los Balcanes. 
En todos los debates, en la comisión de que se trate (Asuntos Exteriores, Industria, Agricultura, Cultura) , así como en el Parlamento, estas recomendaciones, en las que se insiste constantemente, son apoyadas por unanimidad. 
Nosotros hacemos hincapié, primero, en la necesidad de definir la estrategia mediterránea en concertación con los terceros países; segundo, en la necesidad de desarrollar una cooperación descentralizada a través de delegaciones por contrato con las colectividades locales y la sociedad civil, concretamente las ONG, tanto con respecto a las regiones transfronterizas como al contexto Sur-Sur y a la integración regional; tercero, insistimos en la decisión del Parlamento y de la Comisión con miras a efectuar una evaluación anual de la situación de los derechos humanos en los países contratantes; y, cuarto, en la urgencia que reviste aprobar la Carta para la Paz y la Estabilidad, a fin de desempeñar un papel más activo, sobre todo en el restablecimiento de la paz en Oriente Medio. 
Para nosotros es particularmente importante desarrollar las acciones endógenas y de desarrollo sostenible que las conclusiones de Feira no toman en consideración, así como una evaluación gradual en este ámbito, la creación de programas consecuentes sobre el medio ambiente y el agua, la reactivación del programa START y la participación de los terceros países mediterráneos en el sexto programa marco de investigación y de desarrollo tecnológico. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha emitido una opinión unánime sobre estas distintas cuestiones. 
. (IT) Señor Presidente, reivindicar un papel motor de la Unión Europea supone poner en práctica una serie de directrices que, hasta la fecha, figuran más sobre el papel que implícitas en la actuación cotidiana. 
Desarrollar una asociación duradera con el Norte de África, Asia Menor y los países balcánicos es una responsabilidad que ya hemos reivindicado, pero que estamos persiguiendo con demasiada lentitud. 
Es un deber de esta Europa, cuyo cometido es ser el motor de un sistema equilibrado de comercio, de mercado, de desarrollo, de crecimiento y de prosperidad económica. 
Y ello también con el fin de detener los preocupantes flujos migratorios de esta última década, señal inequívoca de la frustrada política de cooperación bilateral. 
Hay que partir de estos dos instrumentos si se quiere realmente devolver a la región del Mediterráneo el antiguo esplendor y sobre todo volver a desempeñar con dignidad política ese papel protagonista. 
Es indispensable que en este panorama geopolítico Europa cumpla un papel de liderazgo pisando el acelerador en los acuerdos de asociación a través de los instrumentos financieros acordados por el BEI y sobre todo por el programa MEDA. 
Paralelamente, tampoco se puede aplazar la aprobación de la Carta Euromediterránea para la Paz y Estabilidad en la que ambas orillas colaboren con un esfuerzo concreto y cuyas bases han de buscarse en los derechos de la persona, del núcleo familiar, de la diversidad cultural y del diálogo religioso. 
En efecto, el problema de la inmigración, que es el reto más difícil, se ha de afrontar respetando las peculiaridades culturales e históricas y se ha de convertir en un instrumento de desarrollo. 
Es innegable que las necesidades europeas de mano de obra están en constante aumento, pero al mismo tiempo hay que poner fin a la inmigración clandestina y a los numerosos tráficos ilegales existentes. 
No crear un freno efectivo y una sólida barrera contra todo lo que se opone a la legalidad o a las leyes democráticas, sólo puede servir para reagudizar divisiones, exasperaciones e incluso violencias que anularían los esfuerzos y el diálogo desplegados hasta la fecha. 
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados y miembro de la Comisión, para la Presidencia sueca, la cooperación mediterránea en un asunto interesante e importante. 
Por este motivo, he escuchado atentamente las ponencias de la Sra. Muscardini y del Sr. Naïr. 
Compruebo con satisfacción que algunas de las críticas contenidas en ambos informes corresponden a las prioridades esenciales de la Presidencia sueca. 
En el plano político, la Presidencia quiere fomentar la democracia y los derechos humanos, los avances económicos, sociales y medioambientales, además de la igualdad de oportunidades y la lucha contra distintas formas de discriminación. 
En el terreno económico y financiero, queremos trabajar en favor de acuerdos de colaboración y cooperación dinámicos y "humanos". 
En el concepto de bienestar están comprendidos el crecimiento y el equilibrio social. 
Hasta ahora no se ha realizado ninguna Conferencia de Ministros de Comercio en el seno del proceso de Barcelona, a pesar de que la economía y el comercio son uno de los pilares de este proceso. 
Por este motivo, la Presidencia organizará una reunión con la participación de Ministros de Comercio de los 27 países. 
El objetivo es dar dinamismo a los principales aspectos comerciales del proceso y discutir las directrices del trabajo futuro. 
Otro asunto importante del que habrá que ocuparse es la integración regional. 
Las normas sobre el país de origen, las medidas sobre armonización y acumulación y los estándares y normas sobre protección de la propiedad intelectual son también asuntos de gran trascendencia. 
En este contexto quisiera manifestar que la Presidencia comparte el criterio de que los productos agrícolas no deben ser eliminados de las discusiones sobre libertad de comercio. 
También es importante incentivar y apoyar el intercambio comercial y la cooperación entre los países que forman parte de los acuerdos de colaboración y cooperación. 
Éste es un terreno olvidado en el que hay mucho por hacer. 
Han pasado más de cinco años desde la iniciación del proceso de Barcelona. 
Se ha hecho bastante, pero muchas de las metas no se han cumplido. 
En parte, se ha debido a que la situación en que se encuentran las negociaciones de paz han impedido mayores avances, pero también ha habido otros factores. 
Estamos convencidos de que se puede y se debe hacer mucho para que la colaboración mediterránea sea más eficiente y para que todas las partes del proceso se sientan más dueñas de él. 
Por esta razón, escucharé con gran interés el debate de hoy, que estoy convencido de que será una valiosa contribución al fortalecimiento de la colaboración de la Unión en el Mediterráneo. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias a los dos ponentes, Sres. Muscardini y Naïr, que han convertido estos informes sobre las perspectivas de la política del Mediterráneo en unos informes cualificados y fuertes. 
Considero que la política del Mediterráneo se ha de relanzar por los aspectos políticos, culturales y económicos que entraña: porque hay que reforzar cada vez más la democracia y el parlamentarismo, porque hay que ampliar los límites del Estado de Derecho, porque hay que tomar conciencia del valor de la defensa de los derechos humanos, porque nos sirve el intercambio cultural para el conocimiento mutuo de la sociedad, y en particular de las comunidades islámicas, porque es necesario crear sociedades multiétnicas, raciales, religiosas y culturales, y, por ende, reafirmar el principio del respeto a las minorías como momento de afirmación de las democracias, exaltar el valor de la paz como momento que caracteriza la vida cotidiana de los ciudadanos de la orilla meridional del Mediterráneo y, en consecuencia, excluir del proceso cultural cualesquiera radicalismos, fundamentalismos y odios que crean lutos, masacres y guerras. 
El intercambio comercial es importante para Europa y también es importante poder ofrecer y garantizar formaciones profesionales y técnicas, así como instrumentos financieros adecuados y además reforzamiento y consejos para las monedas de estos países, ya que, tarde o temprano, la zona de librecambio deberá convertirse en zona euro. 
Esto es lo que nosotros esperamos. 
Sin embargo, creo que la Unión Europea ha de invertir la tendencia porque, en mi opinión, hoy la política es una política de incumplimiento de las perspectivas y de los compromisos auspiciados. 
La reducción del instrumento MEDA, por motivos que considero instrumentales, y la ralentización en los procesos de asociación son alarmantes. 
Las declaraciones de principio no se traducen en hechos y actos, sino en una ralentización en los hechos y actos. 
Hay que desmentir la ecuación de que la ampliación implica una reducción del interés hacia el Mediterráneo. 
Pedimos una fuerte inversión de la tendencia y pedimos un firme compromiso con el proceso de paz en el Mediterráneo entre israelíes y palestinos, no solo entre ambos pueblos, sino en toda la zona, afrontando los problemas de Líbano, Siria e Irak, para que todo esto pueda crear paz y serenidad en esta región del mundo. 
En consecuencia, hagamos de este Mare Nostrum un mar de paz- porque fue un mar de cultura- donde los niños, las mujeres, los ciudadanos puedan realizar intercambios y circular libremente en esta región. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes y destacar que, por el tenor del debate que se está desarrollando, hemos logrado una evolución de la posición del Parlamento sobre la cuestión de la política mediterránea, una evolución que es muy importante porque, más allá de las diferencias entre los Grupos políticos, compruebo una sintonía sobre este tema que nos hace más fuertes y convierte en más fuertes a las Instituciones europeas. 
La estrategia euromediterránea de la Unión es tan importante como la de la ampliación a los países de Europa central y oriental, pero, mientras que para la ampliación hemos trazado un camino, para la política mediterránea estamos todavía buscando una estrategia, a pesar de que tenemos a nuestra espalda la asociación que surgió de Barcelona y a pesar de que en la región existen muchos problemas, empezando por el de la continuación de algunos conflictos. 
En todo caso, y habida cuenta de que de esto se hablará más tarde a presencia del Sr. Solana, no me quiero alargar. 
Ahora sólo quiero decir que auspiciamos un papel más activo y más convincente de los Gobiernos europeos que brinde al Alto Representante la posibilidad de hacer una política no contraria o alternativa a la de los Estados Unidos, sino mucho más significativa que la que Europa consigue hacer hoy con respecto a unos interlocutores a los cuales, lamentablemente, no nos podemos sustituir. 
Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que la posibilidad de alcanzar un acuerdo surge ante todo de la comprensión, del diálogo que los palestinos y los israelíes lograrán llevar adelante. 
Por otro lado, no hay que olvidar otros conflictos y aquí recuerdo el del Sahara occidental. 
No debemos ignorar que existen las Naciones Unidas, pero que en ese ámbito hay un espacio para la iniciativa europea, y en este momento creo que, con relación a la cuestión del Sahara occidental, hay un espacio para la iniciativa europea que podemos poner en marcha para cerrar el último conflicto colonial. 
En cuanto a la cuestión de la asociación, me interesa abordar algunos de los temas más nuevos que sugerimos a la Comisión y al Consejo que tomen en consideración más de lo que han venido haciendo hoy. 
Quiero tratar el tema de los derechos humanos y del Estado de Derecho. 
Con la Carta de los Derechos Fundamentales europeos hemos dado un significativo paso adelante: declaramos que en el territorio de la Unión a todo el mundo se le reconocen los derechos sociales y de la persona. 
En consecuencia, con respecto a estos países, esto nos permite estar en condiciones de mantener un diálogo que aborde la cuestión de una ciudadanía euromediterránea, donde las cuestiones del respeto a los derechos humanos no son una injerencia nuestra en una situación que es la suya, sino la necesidad común de construir unos valores que estén en la base de una convivencia como la que queremos conseguir. 
Análogamente, y en cuanto a las cuestiones de inmigración, creo que nos interesa a nosotros tanto como a ellos luchar contra la inmigración ilegal y, por ende, practicar una política de dimensión europea. 
En lo que se refiere a la agricultura, quisiera recordar a la Presidencia sueca que es muy sencillo decir: "Abramos el librecambio también a la agricultura." 
Les quiero hacer notar que hoy en esos mercados nuestros productos, pese a pagar un arancel, son competitivos con los productos locales. En consecuencia, tengamos cuidado, porque con una liberalización corremos el riesgo de destruir un sector que para algunos países es fundamental. 
Nuestros amigos marroquíes nos recuerdan que agricultura quiere decir mantener las personas en los campos, mantener el empleo, mantener el medio ambiente. 
Por lo tanto, debemos tener cuidado de no hacer un discurso algo precipitado y superficial sobre sectores en que, por el contrario, debemos avanzar en una asociación que no haga pagar ningún precio a estos países. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero mostrar nuestro agradecimiento al trabajo realizado por la Sra. Muscardini y el Sr. Naïr y a su receptividad ante nuestras propuestas, y expresar que nuestro Grupo apoya ambos informes. 
Más concretamente, quisiera destacar algunos aspectos positivos que se han introducido, en particular en el campo de los derechos humanos, y muy especialmente una enmienda de nuestro Grupo que pide la condena de la pena de muerte y una moratoria en el caso de las ejecuciones pendientes. 
Sería muy esperanzador que la moratoria tuviera efecto inmediato. 
En otro ámbito, también quiero expresar nuestra confianza en el estímulo que se da, a través de las enmiendas, al ámbito regional y local, a la sociedad civil y, muy principalmente, a la inversión privada como auténtico motor del desarrollo, por encima de las ayudas de Estado o de ayudas europeas al más alto nivel. 
No entro en más detalles, porque creo que ya han quedado claros los ejes definidos por la Sra. Muscardini y el Sr. Naïr en sus intervenciones,. 
Pero me gustaría hacer dos consideraciones al hilo de los debates que hemos tenido en comisión y en mi propio Grupo. 
Una sobre las prioridades políticas y otra sobre la coherencia de nuestras actuaciones. 
No todos entienden que debamos contraponer la prioridad de la ampliación al Este frente a la prioridad mediterránea. 
Creo, además, que la Presidenta en ejercicio del Consejo, la Sra. Lindh, el otro día lo dejó claro en comisión. 
Son dos auténticas prioridades pero distintas. 
La ampliación es una prioridad operativa, en la que tenemos objetivos fijados, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que queremos y, de hecho, no hay opciones estratégicas alternativas. 
En cambio, la política mediterránea es una prioridad estratégica, en la que no sabemos a dónde vamos o, para ser más exactos, vamos inexorablemente a donde no queremos ir. 
La evolución previsible de la renta, teniendo en cuenta la demografía y el crecimiento económico actuales, indica que nuestra renta media per cápita crecerá y la renta media per cápita en el norte de África decrecerá y, si no hay una inflexión al respecto, crecerán los problemas que todos tenemos in mente, y que creo que no es necesario citar. 
Sabemos lo que ocurrirá, pero no sabemos cómo evitarlo, aunque queramos evitarlo a toda costa. 
Por tanto, no contrapongamos prioridades políticas. 
Mi otra reflexión es sobre la coherencia de nuestras actuaciones. 
Porque, para obtener resultados, debemos ser más coherentes. 
Evidentemente, hace falta voluntad y hacen falta recursos, pero resulta que los recursos no se usan; y esto significa que no hay suficiente capacidad de gestión por nuestra parte y no hay suficiente capacidad de absorción por parte de los países receptores. 
Se pide más y no se consume. 
Alguien, por tanto, puede preguntar "¿ por qué no reajustamos las cifras ?". 
Pero lo cierto es que hace falta el presupuesto, y debe usarse. 
Por todo ello, creo que se requiere convicción así como capacidad de absorción. 
Espero que estos informes ayuden a encontrar el método correcto, pero sinceramente no estoy convencido de ello. 
Señor Presidente, voy a centrarme en un aspecto de la estrategia común para la región mediterránea que no está siendo tenido en cuenta en toda su dimensión: el diálogo Sur-Sur, que es un motor importante dentro de la estrategia para la relación Unión Europea-Países del Magreb. 
La creación de órganos y mecanismos centralizados que ahonden en los problemas más acuciantes es un imperativo. 
La gestión de proyectos en puntos concretos y sobre aspectos comunes es una necesidad que se ha convertido en realidad en casos en los que, a título privado, ciudadanos y ciudades de ambos lados del Estrecho de Gibraltar vienen colaborando con magníficos resultados y sin el auspicio comunitario. 
Para esa gestión local, sería necesaria la creación de un nuevo órgano que, como mecanismo descentralizado y permanente, reuniera a los responsables institucionales, políticos y sociales de estos territorios tan cercanos y tan lejanos a la vez. 
Los catorce kilómetros que separan la Unión Europea del Magreb son reales, pero hagamos que no sean una distancia insalvable que impida una cooperación más íntima. 
La inmigración, sus causas y consecuencias- a veces terribles e irreparables -, los intercambios empresariales, agrícolas y pesqueros, los intercambios sociales, técnicos, formativos, universitarios, los aspectos de desarrollo común, como en el sector energético, y los fundamentales aspectos políticos democratizadores que la Unión Europea debe fomentar en estos países exigen la creación de nuevos mecanismos e instrumentos que, de forma descentralizada, respondan a esas necesidades locales, pero que tienen repercusiones generales. 
Señor Presidente, si bien Barcelona hizo abrigar esperanzas y expectativas, hoy el balance es decepcionante. 
Las ambiciones loables de ayer: la reivindicación de una zona de prosperidad compartida, el espíritu de un reequilibrio Norte-Sur, la voluntad de lograr más paz y estabilidad, hoy son urgentes. 
Pero si bien todos mencionan la necesaria reactivación de la asociación, las opiniones son divergentes. 
El futuro de la propia idea de una asociación no reside en un ajuste de las necesidades de estos pueblos a las leyes de los mercados del Norte y a nuestras propias ambiciones, sino en su desarrollo, en la satisfacción de sus prioridades. 
Así pues, en mi opinión, Europa debería iniciar una vía distinta del simple apoyo a la zona de libre comercio. 
El establecimiento de cooperaciones, a través sobre todo de los servicios públicos, la búsqueda de otros recursos financieros- gracias, por ejemplo, a un impuesto del tipo Tobin y a la reducción, o anulación, de la deuda -, dotaría de un verdadero contenido a una asociación equitativa y útil. 
Este enfoque favorece unas relaciones Norte-Sur exentas de cualquier tipo de dominación. 
Lo mismo puede decirse de los derechos humanos. 
Nuestros vínculos en el Mediterráneo sólo pueden estar basados en la confianza, y, puesto que los acuerdos suscritos comprometen a las dos partes a respetarlos, nos preocupan vivamente las violaciones perpetradas, por ejemplo, en Túnez. 
Está en juego, asimismo, el respeto por Europa de los derechos de todos. 
Pienso en la necesidad de una concepción más solidaria y generosa de las migraciones. 
La libre circulación para las mercancías y los capitales, pero no para las personas, es algo inhumano e ineficaz. 
La experiencia demuestra, en efecto, que el cierre de las fronteras no hace sino poner a los hombres y a las mujeres que carecen de papeles, de derechos, en manos de traficantes y empresarios sin escrúpulos. 
No se puede hablar de una gestión más humana de la inmigración ni aspirar a una mayor integración sin poner en entredicho sus fundamentos. 
Debe garantizarse la libre circulación de las personas, la igualdad de derechos sociales, económicos, culturales y políticos. 
Finalmente, la construcción de una zona de paz exige de la Unión Europea una acción mucho más franca y enérgica en Oriente Medio. 
La aplicación íntegra de las resoluciones de las Naciones Unidas, el respeto por Israel de sus compromisos, el reconocimiento del derecho legítimo de los palestinos de disponer de un Estado, son actualmente cuestiones ineludibles. 
El mismo problema- y concluyo- se plantea en el Sahara Occidental, donde se corre el peligro de que se produzca la reactivación del conflicto armado. 
Por todo ello, Europa saldría beneficiada si asociara a todos aquellos que ya están construyendo otro tipo de cooperación, como las asociaciones, las colectividades locales y los sindicatos. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Muscardini sobre la política mediterránea, o lo que se tiene por tal, es notable ante todo por una razón simple, pero que este recinto sigue ignorando. 
Por fin este informe basa la problemática de la política exterior común en lo que constituye su pilar natural, es decir, la geografía, el espacio, la dialéctica de la tierra y el mar, la repartición de las naciones según sus propias esferas, sus propios vínculos, sus propias solidaridades, aun cuando fuesen centrífugas con respecto a la mítica Europa, ese continente impreciso, tan impreciso que no tiene realmente fronteras. 
Este informe sitúa de nuevo la política exterior en sus bases. 
La geografía, como decía, y lo que constituye su receptáculo- su tabernáculo, podría decirse -, o sea, la Historia, que permite leer, comprender y, por tanto, respetar las constantes políticas dictadas por la geografía. 
Esta es la dificultad, por no decir, con mayor precisión, la falta de viabilidad de la política exterior común con miserables títeres como Solana. 
Ahora bien, la manera en que funciona actualmente la Europa política impide mecánicamente el enfoque geopolítico, ya que a falta de una definición de un bien común europeo- es decir, de una res pública europea -, Europa privilegia siempre, tras los habituales puertos de arrebatacapas, la ley del más fuerte, que hace avalar- entiéndase tragar- al resto de los Quince sus opciones estratégicas. 
Así pues, se acaba percibiendo en la política mediterránea, como en muchas otras cuestiones, la posición de fuerza de la Europa del Norte- me refiero al Reino Unido y a la Alemania emparejada con sus acólitos seculares -, y de este modo se da claramente prioridad a la ampliación al Norte, al Este, incluyendo los Balcanes, donde sufrimos las consecuencias de la política alemana, mientras que nuestros amigos mediterráneos pagan los platos rotos de todos los arbitrajes. 
Así pues, la ponente tiene razón, como también mi excelente amigo Sami Naïr, en denunciar la desmovilización de Europa en la esfera mediterránea, al igual que en los asuntos de Oriente Medio. 
Añado solamente que el conjunto de las naciones latinas pueden, más tarde o más temprano, rechazar, incluso brutalmente, una perspectiva que no hace más que convertirlas en zonas periféricas de un conjunto en el que ya no tienen ningún medio de influencia. 
Creemos que de aquí en adelante las naciones del Sur de Europa, o más exactamente las naciones del Norte del Mediterráneo, tienen el deber de organizarse con las naciones del Sur del Mediterráneo y en primer lugar con los tres países del Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez, para crear, en el siglo que comienza, ese espacio de solidaridad que forma parte de la Historia, de la geografía y también de nuestros intereses. 
Señor Presidente, los dos informes que estamos debatiendo tienen, en cualquier caso, una cosa en común: contienen una letanía de deseos y anhelos inalcanzables respecto de la región mediterránea. 
Sencillamente, no podemos hacer mucho en cuanto al aspecto financiero y, además, la actuación externa de la Unión Europea no ha sido hasta ahora de tal naturaleza que nos permita tener mucha confianza en nosotros mismos. 
Ya va siendo hora de que fijemos prioridades para que podamos ejecutar bien las acciones que efectuamos fuera de la Unión Europea. 
Las recientes declaraciones del Sr. Solana confirman la necesidad de fijar prioridades. 
Se refirió a los documentos estratégicos de la Unión Europea, también en relación con los países mediterráneos, como un puro ejercicio burocrático. 
Lo que figura sobre el papel, apenas se materializa en la práctica. 
Los considerandos y párrafos sin fin que figuran en los documentos que debatimos despiertan, sin embargo, esperanzas entre nuestros socios, esperanzas que no podemos cumplir porque también tenemos otras responsabilidades. 
En ambos informes se mencionan estas otras responsabilidades de forma negativa. 
En particular, nuestra relación respecto de los países de la ampliación ha dado lugar, según los ponentes, a un descuido de los países del Sur y esto debe corregirse ahora. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con ello. 
La ampliación merece toda nuestra atención en los próximos años. 
Si la queremos hacer bien, bastante tenemos con ocuparnos de ella. 
No es adecuado emplear la misma cantidad de dinero en nuestros vecinos del Sur, sobre todo, si vemos cuán poco inclinados están los Estados miembros a aportar más dinero a la Unión. 
Así mismo, la influencia de la Unión en el plano político se ha enfocado de forma muy optimista. 
Sobre todo, no tenemos que hacernos ilusiones respecto del papel que la Unión Europea puede desempeñar en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Considero lamentable que ambos informes corran el riesgo de no ser tomados en serio por resultar demasiado ambiciosos. 
Al fin y al cabo, la Unión Europea sí puede desempeñar un papel importante, especialmente en el ámbito económico, pero también en el problema de los refugiados. 
Tan sólo debemos actuar ahí donde la Unión Europea aporte una plusvalía y pueda realmente resultar importante. 
El hecho de ser modestos en cuanto a nuestras posibilidades mejora la calidad de la actuación externa de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en mi calidad de representante de un país que en otro tiempo tuvo acceso directo al Mediterráneo, yo quiero expresar mi apoyo a la mejora de las relaciones de la UE con el área mediterránea y, por lo tanto, también al informe. 
En nuestro caso, no sólo se trata de un compromiso político, sino también histórico. 
Las actividades de la UE en el ámbito del mantenimiento de la paz en el área mediterránea y muy especialmente en relación con el foco de conflicto de Oriente Medio constituyen sin duda una responsabilidad especial, que los representantes y los miembros de la Unión Europea, en particular sus representantes en el ámbito de la política exterior, lamentablemente no han asumido como corresponde hasta ahora. 
Impulsar una política de paz europea autónoma y activa también debe seguir siendo, empero, un objetivo de la UE. 
Por otra parte, más allá de las consideraciones de seguridad, un mayor compromiso de la UE en el área mediterránea también sería importante en otros aspectos. 
En el ámbito social y cultural, la UE no puede y no debe escatimar costes en el apoyo a los procesos democráticos, la intervención en el caso de atentados contra los derechos humanos, las ayudas al desarrollo económico y un mayor diálogo y cooperación en el mayor número de aspectos posibles, de manera que podamos demostrar que se han alcanzado progresos visibles. 
Para que todos estos propósitos que se enumeran en el informe no se queden en una mera declaración de intenciones, habrá que establecer la lista de prioridades que también se solicita y definir exactamente el orden de importancia y la financiación de los diferentes objetivos. 
Y quiero añadir que cuando me he referido al acceso perdido al Mediterráneo no lo he dicho en son de lamento. 
Señor Presidente, se deduce de la intervención de los ponentes, y a estas alturas resulta casi innecesario repetirlo, que el Mediterráneo debe ser un área de máxima prioridad para la Unión Europea, porque los problemas del sur del Mediterráneo- las convulsiones políticas, el estancamiento económico, el crecimiento demográfico- nos afectan, directa o indirectamente, como europeos. 
Así ocurre con los flujos migratorios que recibimos, el deterioro de nuestro medio ambiente y los peligros que para nuestra sociedad comporta el fundamentalismo radical. 
En una palabra, el equilibrio en la frontera sur es indispensable para nuestra estabilidad. 
Así pues, es importante que compartamos la concepción de que el lógico interés de la Unión por ampliarse hacia la Europa central y oriental no puede traer como consecuencia un deterioro de su política hacia el Mediterráneo. 
Por eso, si en el año 1995 mi Grupo apoyó e impulsó firmemente el proceso abierto en Barcelona que diseñaba, por fin y después de casi cuarenta años, una estrategia global de los países comunitarios hacia los mediterráneos, ahora comparte el objetivo de profundizar en el proceso de Barcelona señalado en los informes que hoy debatimos. 
En particular, en lo que se refiere al informe del Sr. Naïr, hemos intentado mejorarlo en comisión con diversas aportaciones sobre las que quiero desde ahora agradecer la receptividad del ponente. 
Hemos insistido en la importancia de potenciar el diálogo interparlamentario, que debe consolidarse como una de las claves del impulso del proceso de Barcelona. 
Señalamos la conveniencia de promover la liberalización de los sistemas económicos de los socios mediterráneos y la realización de las reformas estructurales necesarias para competir en mercados más abiertos. 
Hemos propuesto la creación de un Observatorio de los flujos migratorios, encargado entre otras cosas de articular mecanismos de lucha coordinada contra las mafias que se benefician de la inmigración ilegal. 
Recordamos que las relaciones de la Unión Europea con los países mediterráneos se basan en una estrategia global, uno de cuyos elementos incuestionables para nosotros es la pesca y, por eso, en ese sentido, confiamos en que el Gobierno de Marruecos adopte una actitud acorde con la urgencia del momento en las negociaciones que se están desarrollando. 
Y señalamos, por fin, a la Comisión la necesidad de que, en el marco de las reformas que están teniendo lugar en su servicio exterior, se refuercen los recursos humanos destinados a la asociación mediterránea, se establezca al respecto una estructura específica en la Comisión y se avance en la desconcentración y en la descentralización de la ayuda. 
En definitiva, mi Grupo apuesta por que la Unión asuma en el Mediterráneo un papel de mayor envergadura y esperamos que se pongan a disposición por fin unos medios humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos planteados. 
Señor Presidente, la idea de que el Mediterráneo es la prioridad número uno de la política exterior de la Unión Europea deriva de la convicción de que en el Mediterráneo- que ya no es el centro del mundo -, de todas formas, se condensan todas y cada una de las grandes contradicciones y retos del siglo XXI. 
El tema de la guerra y de la paz se halla dramáticamente presente en el Mediterráneo. 
El tema de las relaciones Norte-Sur se halla espectacularmente vivo en el Mediterráneo. 
El tema, muy a la moda, del choque de civilizaciones o del diálogo de culturas tiene como paradigma el Mediterráneo. 
La emergencia de la xenofobia y el racismo, o de la tolerancia y el mestizaje, tiene su punto álgido en el Mediterráneo. 
La cuestión de la democracia y los derechos humanos o del autoritarismo está viva en el Mediterráneo y va a seguir estándolo en los próximos años. 
El tema de la respuesta regional a los retos de la globalización se plantea en el Mediterráneo. 
El tema de la emancipación o la sumisión de la mujer tiene también su presencia más álgida en la región mediterránea. 
No hay que insistir, por consiguiente, en que ésta es nuestra prioridad fundamental, porque los escenarios de futuro están completamente abiertos en ella, mientras que la ampliación va a tener su recorrido, sus costes, sus incidentes, pero nadie razonablemente puede imaginar otro escenario que no sea el de su culminación. 
En el Mediterráneo se puede obtener en el siglo XXI un sandbelt o un slumbelt, y ambos temas están dramáticamente planteados. 
Las dos contribuciones que se presentan hoy aquí, en el Parlamento Europeo, son contribuciones al relanzamiento de la política euromediterránea. 
Yo creo que el Sr. Patten y el Sr. Solana harían muy bien en leerse estos informes y, muy especialmente, el informe de mi amigo y maestro, Sami Naïr, porque constituye un elenco muy coherente, muy bien trabado, que inspira una propuesta política. 
Ésta es una política que quedó bien trazada en Barcelona hace cinco años, pero que requiere hoy no sólo un relanzamiento de voluntad, sino también una concreción de iniciativas. 
Debemos alcanzar- sobre todo en el Mediterráneo; los mediterráneos lo sabemos- algo muy importante: la explicación de las cosas. 
Sin embargo, si hay hoy una carencia es la carencia de una concreción simbólica, de una señal fuerte de que la Unión, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, estamos interesados realmente en este relanzamiento más allá de las palabras y de las narrativas. 
En este sentido, me permito llamar la atención sobre un aspecto presente en el informe de Sami Naïr: la necesidad de elaborar iniciativas fuertes en el terreno del comercio Sur-Sur y de la integración subregional o la integración en el sur del Mediterráneo. 
Necesitamos algo fuerte, no sé exactamente qué puede ser, pero que pueda realmente cautivar a las opiniones públicas en el sur para que vean que la Unión Europea, más allá de una política bien trazada, tiene claramente la voluntad de crear instrumentos bancarios y financieros, ferrocarriles que integren subregionalmente el sur o redes de autovías o autopistas. 
Y un mensaje que realmente contribuya a esta reanudación de voluntad integradora que, sobre todo en el Magreb, se está planteando esperanzadamente en estos tiempos y que debe contar con una contribución ambiciosa y también generosa por parte de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, tanto el planteamiento como el contenido de los informes de la Sra. Muscardini y del Sr. Naïr son aceptables, sin embargo, es necesario detenerse en algún aspecto que no se ha abordado. 
Es importante partir de esta consideración: la estrategia de la Unión Europea para el Mediterráneo, elaborada en Feira, junto con la falta de indicaciones concretas y operativas, no tiene en cuenta algunos aspectos que han aflorado en los últimos años en la cuenca del Mediterráneo que se ha vuelto a convertir en el centro del tráfico comercial mundial después de siglos de dificultades y marginación que, tras el descubrimiento de América, han asistido a un fuerte dominio de las rutas atlánticas. 
Hoy Europa, gracias también al nuevo impulso productivo de Asia, realiza más operaciones comerciales con este continente que con América. 
Las mismas rutas comerciales entre esta última y Asia encuentran en el Mediterráneo un sistema de reparto de mercancías hacia el norte de Europa que permite no alargar los recorridos. 
Por lo tanto, se trata de un nuevo escenario que la Unión Europea no puede ignorar y que ya ha dado los primeros asombrosos resultados. 
Y es en este sistema orgánico integrado que debemos tratar de emplear nuestros fondos, un sistema dotado también de intermodalidad en los transportes por medio de aeropuertos, ferrocarriles y autopistas. 
Sin esta concreción los fondos quedarán a menudo, como viene ocurriendo, sin aprovechar. 
Señor Presidente, creo que el gran mérito de estos informes reside en que moderan el optimismo que pregona el documento de la Comisión, a propósito de lo que en el mismo se denomina los progresos realizados desde la reunión de Barcelona, y creo que éstos abren a dichos informes vías ambiciosas y más equitativas, con miras a la asociación. 
Se ha vuelto a insistir en los objetivos de la asociación concertada en aquel momento: la creación de una zona de paz, una mejor comprensión mutua de las poblaciones, la formación de una zona de prosperidad compartida. 
Los dos primeros objetivos, como ha dicho el Sr. Naïr, no han sido alcanzados. 
Desgraciadamente, es verdad. 
Tampoco se ha construido una zona de prosperidad compartida, sino sólo un esbozo de zona de libre comercio con algunos países, con arreglo a las condiciones establecidas por nosotros mismos, ya que los primeros en sacar provecho de ello son los productos industriales con respecto a los cuales nos beneficiamos de una ventaja competitiva. 
Siempre me sorprende, por otro lado, que los primeros en reivindicar la extensión de una zona de libre comercio, a través de la imposición de un modelo liberal cuyos términos son muy desfavorables para los países del Sur, sean también los primeros en hablar de injerencia e incluso de neocolonialismo cuando se trata de los derechos humanos. 
En Barcelona se reconoció por primera vez, en un texto que compromete a la Unión Europea y a los quince países del Sur del espacio mediterráneo, la contribución esencial que debe aportar la sociedad civil en el desarrollo de la asociación. 
En este punto, hay que reconocer que el fracaso es estrepitoso. 
No sabemos- ¿pero lo queremos realmente? -apoyar las dinámicas ciudadanas y los proyectos democráticos frente a la dureza de la mayoría de los regímenes. 
¿Cómo deben utilizarse los acuerdos de asociación y el programa MEDA para apoyarlos? ¿Qué estrategia eficaz y qué conjunto de medidas apropiadas somos capaces de adoptar para superar esta situación esquizofrénica entre lo que se dice y lo que se hace? 
¿Queremos reactivar realmente Barcelona, o limitarnos a reproducir a escala de los Quince las relaciones labradas por la Historia de algunos Estados que pretenden ser realistas? 
Señor Presidente, la política de la Unión Europea ante los países del Mediterráneo está muy lejos de la Declaración de Barcelona, y más lejos todavía de las necesidades reales de los pueblos de estos países. 
Tal como muy correctamente ha señalado el Sr. Nair, parece que la Unión Europea no se interesa por el Mediterráneo, si no es por razones de seguridad, e interviene económicamente sólo para abrirse mercado en los países del sur. 
La nueva estrategia común profundiza aún más en esta dirección y además quiere implicar a los países mediterráneos en la agresiva PESC. 
La cooperación euromediterránea es principalmente un medio de intervención en los asuntos internos de los países mediterráneos. 
Y todo esto sucede, supuestamente, en nombre del bienestar común, de la democracia, del estado de Derecho y de los derechos humanos. 
Pero resulta que, al mismo tiempo, la Unión Europea permanece impasible ante el drama del pueblo palestino, ante los asesinatos diarios de palestinos por parte del Estado de Israel. 
El Partido Comunista de Grecia es un defensor de la cooperación entre los pueblos en términos de igualdad y sin la intervención de un país en los asuntos internos de otro. 
Subraya especialmente la responsabilidad de los países capitalistas desarrollados de la situación actual de los países subdesarrollados. 
Esta es una razón adicional de la que deriva la obligación de los países desarrollados de ayudar a los segundos a desarrollar su base productiva y a elevar el nivel de vida de sus habitantes. 
Señor Presidente, Señorías, he valorado muy positivamente el informe del Sr. Naïr que se deja de cuentos y plantea de manera desapasionada un problema que es preciso resolver ante todo a nivel político, así como el informe de la Sra. Muscardini muy exhaustivo y sumamente puntual. 
Evidentemente, no es necesario recordar a este Pleno el papel, la función y la importancia del Mar Mediterráneo en la propia creación de la cultura europea, así como el hecho de que es el vector y la cuna, al tiempo, de la civilización de la que procedemos. 
Sin embargo, no podemos esconder que, hasta la fecha, nuestra acción conjunta en esta fundamental zona geográfica no ha sido eficaz ni tampoco exhaustiva. 
Programas mal gestionados e irregularidades administrativas, así como cierta falta de lucidez y rapidez política han impedido concretar la que- estoy seguro de ello- es la voluntad de nuestras Instituciones, o sea, el logro de los tres objetivos fijados en Barcelona: zona de paz y estabilidad, región de prosperidad común mediante el librecambio, mejor entendimiento entre los pueblos. 
Como miembro de la Comisión de Presupuestos, no puedo sino hacer votos por que la Comisión esté en disposición de modificar de manera sustancial el método de gestión y la misma estructura del programa MEDA avanzando en la dirección indicada por el Sr. Bourlanges, o sea, basándose en una radical reducción de los procedimientos, en un mayor recurso a apoyos de ayuda macrofinanciera y en un sistema de comités más simplificado. 
Asimismo sería necesario un esfuerzo de transparencia por parte del Ejecutivo comunitario ya en la fase de presentación del anteproyecto de presupuesto, a través de la elaboración de un documento anual capaz de establecer los compromisos de gasto que pueden asumirse para cada país. 
Esto es algo que deberemos abordar si realmente queremos dar una respuesta a nuestra política. 
Señor Presidente, la idea del proceso de Barcelona es magnífica, sólo que, bien mirado, llega con 2000 años de retraso. 
El objetivo es pasar de un sistema colonial y postcolonial a un sistema de colaboración, con igualdad de derechos y deberes. 
Históricamente, las estructuras de dominio han estado construidas siempre de tal manera que creaban una desigualdad entre el Norte y el Sur, y es justo que Europa, cuyos países- en particular algunos Estados europeos- han sido usufructuarios de dicho sistema prácticamente en todo momento, asuma ahora la responsabilidad de la aproximación y la equiparación y las promueva. 
Nadie discute el objetivo del proceso de Barcelona. 
Su éxito no depende sólo del resultado de las negociaciones formales, sino también de la medida en que consigamos eliminar de nuestro pensamiento los prejuicios contra los Estados mediterráneos y sus habitantes. 
Debemos tener claro que el cumplimiento de los objetivos de Barcelona será decisivo para una estrategia de paz en el siglo XXI. 
También es igualmente importante que no se excluya a ningún país mediterráneo. 
En el documento de Barcelona no se menciona a Libia, un país que está situado casi exactamente en el punto central entre los Estados mediterráneos. 
El proceso de aproximación no funcionará si la UE no procura invitar a Libia a participar en el mismo. 
Señor Presidente, señor Comisario, el catálogo de problemas y sus causas, que afectan a la zona euromediterránea, lo conocemos: son básicamente los mismos que en 1995, cuando se lanzó el proceso de Barcelona. 
Se han mencionado ya en el debate: de la inmigración ilegal a las sequías, de la deuda exterior al incumplimiento del respeto de los derechos humanos y al terrorismo, que destruye sin piedad la vida de seres humanos y familias inocentes, como estamos sufriendo en España, en Argelia o en el propio Oriente Medio. 
Hoy más que nunca tenemos que proclamar que sólo la cooperación, el diálogo, los intercambios económicos y culturales, la solidaridad, el mutuo entendimiento, pueden hacer de las dos orillas del Mediterráneo una zona próspera y pacífica. 
Ni la Unión Europea ni los países del Magreb o del Mashreq pueden permitirse el lujo de desaprovechar los recursos humanos y culturales que enriquecen la región. 
El problema es que no estamos acertando en esa línea. 
Los acuerdos de asociación son letra muerta en muchos de sus aspectos. 
Los instrumentos financieros no se aprovechan como se debiera y el desarrollo político, económico y social de esos países no se acompasa ni al ritmo de una cooperación horizontal, muy necesaria, ni a la modernidad que exige hoy un mundo que tecnológicamente avanza a pasos agigantados. 
Es hora de pasar de las musas al teatro, de exigir rendimiento y eficacia a los esfuerzos de la estrategia que se ha diseñado y, en ese sentido, me permito hacer hincapié en la petición de refuerzo de los recursos humanos que ha señalado nuestro colega Gerardo Galeote. 
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo sobre dos informes políticos por excelencia, con los que estoy completamente de acuerdo. 
Y desde este punto de vista, en lugar de explayarme hablando sobre estos dos informes, voy a decir tres cosas, sólo para reforzar esta argumentación. 
Motivado por lo que el Sr. Presidente de la Comisión Europea, Sr. Prodi, ha dicho: que la historia europea comienza en la época de Carlomagno, les recuerdo que hace unos meses, celebramos todo un debate. 
Quiero decir que el propio nombre de Europa, que llevamos todos nosotros como europeos, es el nombre de la hija de Libia y de Poseidón, dios del mar. 
Europa era la esposa de Zeus, madre de Minos, de Sarpedón, de Radamantis. 
¿Por qué estoy diciendo todo esto? 
Porque la propia mitología, que registra en términos narrativos la historia, muestra la relación de Europa con Africa del norte. 
El Mediterráneo es básicamente el único mar europeo. 
Así pues, si nosotros, en nuestros proyectos y en nuestras políticas, miramos a la otra parte con la cabeza alta, no vamos a tener resultados positivos. 
Debemos aclarar algunas cosas. 
Si en el siglo XXI, buscamos políticas basadas en el esfuerzo de algunos países europeos por hallar rastros de la reciente colonización en los que apoyarse, entonces no va a haber resultados políticos para Europa. 
Así pues, debemos entender que el punto de partida del debate de hoy, basándonos en las dos intervenciones y en las decisiones tomadas en Barcelona, debe enfocar el otro lado como una parte de Europa. 
Y es la propia Unión Europea quien debe emprender iniciativas de desarrollo, culturales y sobre todo pacificadoras, para que las dos partes de Europa se miren cara a cara; y no debemos pronunciar exclamaciones como "Hannibal ante portas" o "Delenda est Cathago" o Escipión el Africano con concepciones modernas. 
En el otro lado también hay europeos y debemos pensar en esto también con seriedad. 
Señor Presidente, no faltaban ni buenas intenciones ni recursos financieros en el proceso de Barcelona. 
Sin embargo, se han conseguido pocos logros, hecho que resulta muy decepcionante. 
Se ha seguido una política demasiado simbólica y existe muy poca capacidad a la hora de ejecutar los planes. 
Tres cuartos del dinero comprometido no se ha podido gastar. 
Esto da lugar ahora a un aumento de los medios en vez de a una reducción de los mismos, y esto resulta un poco extraño. 
No tiene sentido presupuestar cantidades todavía más elevadas si la capacidad de absorción continúa limitada y las delegaciones de la Comisión no cuentan con suficiente personal. 
Sería mucho mejor que la Unión Europea mostrara su solidaridad con los países mediterráneos abriendo más sus mercados, no sólo para los productos industriales, sino también para los productos agrícolas y hortícolas. 
Aún queda por recorrer un largo camino antes de que se consiga establecer una zona de libre comercio. 
Las economías de los países asociados son todavía muy vulnerables. 
Sus intercambios comerciales son limitados y están plagados de proteccionismo. 
Así mismo, debe desaparecer primero la mutua desconfianza política que existe entre los socios. 
El proceso de Barcelona tan sólo puede tener éxito si los socios mediterráneos se democratizan más. 
Las cláusulas en materia de derechos humanos que figuran en los acuerdos de asociación no deben continuar siendo letra muerta. 
A las violaciones, debería seguirles una disminución del apoyo financiero. 
No obstante, si reducimos las cantidades que, de todas formas, no podemos gastar, esto no tendrá ningún efecto. 
Debemos conciliar nuestras ambiciones con la ejecutabilidad. 
La cuestión es si los numerosos buenos deseos que recogen los informes pueden realizarse todos al mismo tiempo. 
Es mejor hacer algo menos bien que hacer mucho, pero mal. 
Las palabras y los presupuestos bonitos no bastan para lograr la estabilidad y la riqueza. 
Se trata de la disposición para efectuar verdaderas reformas políticas y ésta no está todavía presente en el proceso de Barcelona. 
Señor Presidente, el Mediterráneo es la cuna de la civilización europea. 
El legado del antiguo Egipto, Grecia y Roma ha dado forma a nuestra cultura, nuestra literatura y nuestra manera de entender el patrimonio común europeo. 
En las orillas del Mediterráneo se fundaron, fomentaron y esparcieron por todo el mundo conocido las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. 
Nuestra deuda con el Mediterráneo no es sólo histórica y cultural; sino que también inspira nuestro interés común actual en la ampliación. 
Es cierto que la ampliación abarca principalmente a países de la Europa Central y Oriental, pero entre los países candidatos se incluyen a dos famosos pueblos insulares mediterráneos: el maltés y el chipriota. 
Espero realmente que el programa mediterráneo y el proceso de ampliación sean contemplados como acciones complementarias y no encontradas. 
Es oportuno que hoy la Presidencia esté representada por el Sr. Danielsson, que procede de la Europa Nórdica. 
Un ejemplo de la solidaridad entre el Norte y el Sur fue la visita que realizó el Presidente Aznar a Gdansk para asistir a la conmemoración de la fundación del movimiento Solidaridad. 
Espero que el programa MEDA permita mejorar las relaciones entre la UE y el Norte de África. 
Hoy esperamos el fallo de un tribunal escocés reunido en los Países Bajos para el juicio por el atentado de Lockerbie, pero tengo entendido que, en el futuro, las autoridades británicas se proponen fomentar, entre otras, las relaciones diplomáticas con países como Libia. 
Quiero dirigir una pregunta al Consejo. 
¿Podría confirmar el Sr. Danielsson que el programa MEDA ha sido coordinado en consonancia con el proceso de ampliación al que la Presidencia atribuye tanta importancia? 
Me pregunto si sería posible que el Comisario nos explicara en su respuesta qué opinión le merecen las críticas sobre la infrautilización de fondos dirigidas ocasionalmente al programa MEDA. 
¿Es cierto que la Comisión está dispuesta a proporcionar, cuando haga falta, ayuda administrativa en la formulación de los programas adecuados, como hizo en el pasado cuando yo redacté un informe sobre las zonas de Lisboa de Alfama y Mouraria? 
¿Es cierto que, si existiera una infrautilización de los fondos, el importe restante podría volver a ser asignado? 
Por último, en lo relativo al apartado 54 del informe Naïr, ¿podría confirmar, señor Comisario, que los dos países candidatos mediterráneos podrán participar en el programa "Euromed Heritage". 
Señor Comisario, usted mismo lo declaró en la prensa francesa el pasado mes de noviembre: el objetivo de Barcelona era a la vez simple y ambicioso; a saber: una región en paz capaz de sacar provecho de una prosperidad compartida, de favorecer la vitalidad de la sociedad civil dentro del respeto de los derechos humanos y la comprensión mutua de las civilizaciones. 
Es esta triple orientación la que debe guiar nuestras relaciones con nuestros socios mediterráneos. Dentro del mismo espíritu, el Grupo Socialista ha colaborado con los ponentes, la Sra. Morgantini y nuestro amigo Sami Naïr. 
Puesto que hoy, en efecto, debemos establecer prioridades con objetivos reales y comprobables, y destinar para ello los medios necesarios. 
Conocemos dichas prioridades: primero, progresar en la difícil vía de la Carta para la Paz y la Estabilidad. 
Esto es lo que ha querido llevar a cabo la Presidencia francesa en un contexto muy complicado; estoy segura de que la Presidencia sueca sabrá continuar por esta vía. 
Así lo esperamos, y procuraremos realizarlo conjuntamente. 
El proceso de Barcelona no debe sufrir las consecuencias del proceso de paz en Oriente Medio. 
Hoy, por el contrario, las tensiones y el estado de guerra persistente entre israelíes y palestinos no hacen más que subrayar la necesidad de un mayor diálogo entre los países de ambas riberas del Mediterráneo. 
Debemos, igualmente, acelerar la negociación, la ratificación y la aplicación de los acuerdos de asociación, ya que este contrato formaliza los compromisos de las dos partes y garantiza una asociación efectiva, y, en este sentido, nos enteramos con satisfacción de la reciente conclusión del acuerdo con Egipto. 
Por otro lado, no podemos seguir invirtiendo un euro en el Sur, cuando invertimos diez en el Este. 
Dicho desequilibrio es cada día más explosivo. 
En primer término, naturalmente, es urgente realizar la reforma del instrumento financiero MEDA, para mejorar la aplicación en calidad y rapidez. 
Finalmente, pedimos la reactivación de la cooperación descentralizada sobre nuevas bases, para responder a las aspiraciones y al aumento del volumen de iniciativas de la sociedad civil a la vez europea y mediterránea, ya que la asociación no tendría valor si no constituye la asociación de los pueblos. 
Por otra parte, he observado con interés que la Presidencia sueca procura hacer hincapié en el capítulo cultural, social y humano de la asociación mediterránea. 
Señor Comisario, nuestra relación con el Sur debe nutrirse de algo más que de palabras y de políticas simbólicas. 
Nuestros socios esperan actos concretos, como lo ha subrayado el Sr. Naïr en su informe, que he apreciado muy especialmente. 
Señor Presidente, creo que hace tan sólo un año la política de ampliación al Este era considerada una posible línea de desarrollo de Europa. Hoy, creo que nadie cuestiona que es una piedra angular de la política europea. 
Espero que, a partir de hoy, se permita a la política mediterránea seguir ese mismo camino no sólo porque una de las regiones más inseguras en nuestras fronteras está en Oriente Próximo, no solo porque de la orilla sur del Mediterráneo proviene la presión más fuerte de la inmigración hacia Europa, sino también y por suerte porque, como ha escrito recientemente el Presidente Prodi, después del descubrimiento de América, hoy se ha descubierto Asia, y el Mediterráneo se ha vuelto a convertir en un zona fundamental para los tráficos y las actividades mundiales que se ha de explotar tanto en su parte norte como en su parte sur. 
Si esto es cierto, creo que el punto de referencia no pueden ser las actuaciones del programa MEDA, a pesar de que estoy convencido de que una atenta evaluación de sus resultados daría una notación distinta de la que se ha dado hasta ahora, sino tres líneas de profundización: primera, aumentar el entendimiento mutuo a través de la cooperación descentralizada que se puede fomentar fuertemente; segunda, un programa de formación de las clases dirigentes mediterráneas que Europa debe captar para asegurarse una perspectiva sin duda mejor; tercera, la definición de políticas en materia de transporte marítimo sostenible en el Mediterráneo que se convertirá o en un punto fundamental de peligro o de gran desarrollo tanto para el norte como para el sur de la cuenca. 
Señor Presidente, tanto ayer como hoy todos hemos señalado la importancia que para nosotros reviste la política mediterránea y la necesidad de reactivar urgentemente el proceso de Barcelona, que muy a menudo se olvida. 
El último año no ha estado a la altura de estas expectativas. 
Naturalmente, con ocasión de la Presidencia francesa pudo celebrarse una nueva Conferencia Euromediterránea, pero en esta reunión se adoptaron pocas decisiones, y sobre todo no surgió ninguna estrategia real. 
Por lo tanto, creo que ya es hora de afianzar sólidamente nuestra política mediterránea y de arrancarla de las angustias del conflicto palestino-israelí. 
Tengo cifradas esperanzas en que la Unión logre su objetivo de reforzar los vínculos económicos, políticos y culturales con los países de la cuenca mediterránea. 
Pronto discutiremos sobre el acuerdo de asociación entre la Unión y Egipto, y me congratulo de que por fin dicho acuerdo se haya suscrito la semana pasada. 
Como ponente de este expediente, espero vivamente que podamos, en esta ocasión, fomentar el esfuerzo de los otros socios que aún no han firmado acuerdos, y hacerlo lo más rápidamente posible. 
Conviene, asimismo, reflexionar sobre el papel de nuestro Parlamento en este proceso, que sigue siendo demasiado limitado, y quizá podríamos aproximarnos al foro parlamentario euromediterráneo sobre la base el modelo de la asamblea paritaria Unión-ACP, que se reúne dos veces por año y que puede constituir grupos de trabajo, misiones de estudios. 
Quizá podríamos, igualmente, organizar la participación regular del Parlamento en las reuniones ministeriales de los miembros del proceso de Barcelona. 
Desearía, finalmente, señor Presidente, pedir al Consejo y a la Comisión que reconocieran expresamente el papel de las ciudades y de los núcleos urbanos, y doy las gracias a nuestro ponente, el Sr. Naïr, por haber aceptado la enmienda que he presentado a su excelente informe. 
Debe incitarse a las principales ciudades mediterráneas a desarrollar sus relaciones, a compartir sus experiencias relativas a los problemas urbanos específicos. 
En efecto, es en las ciudades y en los núcleos urbanos donde se plantean con intensidad los problemas de nuestro tiempo. 
Todos nosotros estamos convencidos de que el futuro de la estrategia mediterránea de la Unión depende sobre todo del éxito de la política de paz en Oriente Próximo que debemos respaldar con mayor empeño, a pesar de que esta iniciativa política ve en primera línea los Estados Unidos. 
La misma política de paz puede verse favorecida por el éxito del proyecto euromediterráneo y por los resultados concretos de la cooperación económica entre la Unión Europea y los países de esta región. 
Por otra parte, la ampliación de la Unión hacia los países del Este que ha recibido un nuevo impulso de la Cumbre de Niza, debe ir acompañada de un relanzamiento no menos convencido de la estrategia mediterránea que no es una realidad cerrada. 
En consecuencia, es necesario dar un nuevo impulso, incluso financiero, al proceso de Barcelona y a los programas MEDA, en particular a los programas dirigidos a la formación profesional, a los intercambios entre universidades, a los programas que favorecen las sinergias con los centros de investigación y con los polos tecnológicos de la Unión, en especial con las ciudades y las regiones de la Europa mediterránea. 
Del progreso económico y social depende el reforzamiento de los espacios de democracia, sin embargo, creo que debemos recordar, como algún orador ya ha subrayado, que para la realización efectiva de la asociación es fundamental el pleno respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a los ponentes, Sra. Muscardini y Sr. Naïr, por el excelente trabajo que han realizado sobre un asunto tan sensible como es esta zona del planeta. 
Quiero empezar también esta intervención informando a este Parlamento- lo que yo creo que es una buena noticia- sobre el programa MEDA, que quizá algunos ya conozcan. 
El Consejo adoptó el pasado 12 de diciembre una dotación presupuestaria al respecto que representa un aumento del 10% sobre la inversión anualizada del programa MEDA. 
Esto supone que, frente a los 684 millones de euros que se emplearon en el anterior periodo, ahora dicha dotación anual pasará a ser de 764 millones de euros al año. 
Creo que esto demuestra el buen talante que ha presidido las relaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo en esta materia. 
Pero, por otro lado- y desafortunadamente- debemos constatar que no se están poniendo los medios suficientes para dar un destino adecuado a esta ayuda, ya que, en el período 1995-1999, no se dio aplicación a casi un 30% de la asistencia presupuestada. 
Es una gestión decepcionante. 
No sé lo que falla, pero algo falla. 
Por otro lado, también desearía referirme a la dimensión social, cultural y humana de estos 15 países del norte de África, a los que debemos acercar nuestras distintas sociedades, promover la comprensión y mejorar el entendimiento mutuo. 
También requiere un esfuerzo especial la enseñanza y la formación de la juventud, que deben estar basadas en la tolerancia, ya que constituyen el futuro de estas naciones. 
Tampoco podemos olvidar el diálogo, así como promover los derechos fundamentales. 
Finalmente, quiero decir una cosa: estamos obligados a hacerlo bien, porque si no lo hacemos por amor, lo tenemos que hacer por temor, porque está en juego la salvaguardia del sur de Europa. 
Señor Presidente, es muy oportuno que estemos debatiendo estos dos excelentes informes cuando sólo faltan pocos días para la celebración de la próxima reunión del Foro Parlamentario Euromediterráneo, prevista para la semana próxima. 
Varios oradores se han referido a la importancia de dicho foro, que debe ir en aumento durante los próximos años si queremos volver a poner en marcha y ampliar el Proceso de Barcelona. 
Quisiera hablar principalmente sobre la financiación del Programa euromediterráneo MEDA, y decir que me ha decepcionado que la participación haya sido tan baja. 
El informe menciona que ello se debe a la mala administración y a los procedimientos internos de la Comisión. 
Un antiguo colega mío, el Sr. Patten, está haciendo todo lo que puede para garantizar que los fondos se utilizan en los ámbitos correctos; con eficacia y eficiencia y para atender a las necesidades de los distintos países. 
Soy vicepresidente primero de la Delegación para las relaciones con Malta. 
A este país no se le permite presentar todos los proyectos de obras que quiere. 
Necesitamos más transparencia en la utilización de los fondos acordados. 
Debemos saber adónde se destinan los fondos y- lo que es muy importante- necesitamos mejores medios para detectar el destino de los fondos, porque en los medios de comunicación se habla mucho sobre la mala utilización de fondos y sobre destinos equivocados por razones equivocadas. 
Es un abuso de la posición que defendemos en el Parlamento. 
Espero que mejoren las relaciones entre el Parlamento y la Comisión en beneficio de todos los países de la cuenca meridional del Mediterráneo. 
Queda mucho trabajo por hacer, puede hacerse y, realmente, debe hacerse. 
. (SV) Señor Presidente, Señorías, en el debate de hoy, y en los dos informes presentados, se ha analizado y criticado constructivamente la colaboración mediterránea. 
He escuchado atentamente los puntos de vista y las críticas que se han manifestado, muchas de ellas justificadas. 
Las verdaderas posibilidades que encierra el proceso de Barcelona sólo podrán materializarse si todos los participantes se sienten dueños de él y asumen responsabilidades. 
Permítanme comentar brevemente algunas de las interesantes intervenciones que se han hecho en este debate. 
El estimado diputado Sr. Beazley se pregunta si la ampliación y la colaboración mediterránea son procesos coordinados. 
La respuesta obvia de la Presidencia es sí, deben estar coordinados. 
Tal como el estimado diputado Sr. Esteve, la Presidencia tampoco puede ver contradicciones entre la ampliación y la colaboración mediterránea. 
Tenemos que poder trabajar con gran energía en ambos terrenos, y así lo haremos. 
Me alegra que muchos diputados, especialmente la Sra. Carlotti y el Sr. Martin, hayan destacado la importancia de celebrar tratados de asociación entre la Unión y los países con los que hay acuerdos de colaboración y cooperación. 
En nuestra opinión, esos tratados son el fundamento necesario para la creación de una región de libre comercio en la zona. 
El objetivo es que esos tratados estén listos en 2010. 
Por esto, según el Consejo, es importante que se acelere el proceso. 
Compruebo con satisfacción que el tratado de asociación con Egipto se ha suscrito, preliminarmente, hace algunos días. 
Esperamos que durante la Presidencia sueca se celebre el primer Consejo de Asociación con Jordania. 
También es esperanzador que las negociaciones de asociación con Argelia, Siria y el Líbano progresen a buen ritmo. 
A nuestro juicio, por tanto, esos tratados de asociación no sólo tienen importancia para el comercio y para la integración económica, sino que también constituyen una valiosa plataforma política. 
Son la base de un diálogo político amplio, profundo y continuo. 
En el debate de hoy se han criticado las ayudas comunitarias a la región mediterránea. 
El Consejo confía en que las modificaciones al reglamento de negociaciones aprobadas en el otoño pasado posibiliten formas de trabajo más eficaces y estratégicas. 
El estimado diputado Sr. Martin destacó la importancia del papel de las ciudades en la colaboración mediterránea. 
Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. 
Vale la pena considerar el significado de las regiones urbanas en la colaboración mediterránea. 
El Consejo, por tanto, piensa que debe continuar ocupándose de estos aspectos. 
En su intervención, el Sr. Gemelli hizo hincapié en un tema muy importante, esto es, el diálogo con la sociedad musulmana. 
En el plano social y cultural, la Presidencia da gran prioridad al diálogo entre culturas y civilizaciones, campo en el que Suecia, por suerte, ha podido desempeñar un papel protagonista desde hace mucho tiempo. 
Podemos mencionar, por ejemplo, el llamado Proyecto euro-islam y las denominadas conclusiones de Estocolmo de 1998, que contienen las directrices para el trabajo futuro en una serie de materias comprendidas en este diálogo. 
La Sra. Napoletano destacó la importantísima colaboración en materia judicial. 
La Presidencia sueca quiere fomentar la cooperación en esta materia. 
Organizaremos una reunión de alto nivel y un seminario. 
Ambas cosas tienen por objeto contribuir al nuevo programa regional en materia judicial y de interior de la Comisión. 
Como lo han señalado algunos diputados en el curso del debate, los temas relacionados con las migraciones tienen particular trascendencia en este cúmulo de materias. 
Creo que los asuntos relacionados con las migraciones deben ser entendidos en una perspectiva de conjunto. 
Hay que considerar aspectos sociales, económicos y culturales. 
Señor Presidente, entramos en una fase que debe orientarse a la realización de lo acordado en el proceso de Barcelona. 
Creo que fue el Sr. Obiols quien mencionó la falta de una concreción simbólica. 
La Sra. Carlotti se refería a lo mismo. 
Creo que la UE y los países del Mediterráneo con los que ha celebrado acuerdos de colaboración y cooperación deben preocuparse de que se cumplan los compromisos de la Declaración de Barcelona, puesto que igual que todas las actividades, el proceso de Barcelona será juzgado por sus realizaciones y no por sus promesas. 
. (EN) Señor Presidente, me produce un gran placer participar hoy en este debate sobre el Mediterráneo. 
Estoy especialmente agradecido a los dos ponentes, la Sra. Muscardini y el Sr. Naïr, por el excelente trabajo que han realizado en la preparación de sus dos informes. 
Ha sido un debate extremadamente bueno. 
Personalmente encuentro algo decepcionante que muchos de los que han podido hacer un hueco en sus apretadas agendas para tomar parte en el debate no hayan encontrado tiempo para escuchar buena parte del mismo ni hayan podido esperar hasta el final para oír las respuestas. 
Supongo que es una descortesía por mi parte responder a aquellos que han formulado preguntas serias, pero que no han podido quedarse para oír la respuesta, por ello no lo haré. 
Me limitaré a responder a los que han podido permanecer hasta el final, que es lo que en realidad da sentido al debate. 
El Mediterráneo delimita nuestra frontera por el lado sur, por ello debería ocupar un lugar muy especial en nuestras relaciones exteriores. 
Los objetivos acordados en Barcelona siguen siendo básicamente válidos y su relevancia es cada vez mayor: trabajar unidos por la paz y la estabilidad, crear prosperidad compartida a través del establecimiento del libre comercio, proporcionar asistencia económica y financiera para hacer frente a los retos que ello implica y contribuir a la mejora del entendimiento y la tolerancia mutuos entre los pueblos de culturas diferentes y tradiciones diferentes. 
Como la Asamblea sabrá, creo desde hace mucho tiempo que ha llegado la hora de buscar el modo de mejorar la realización de los objetivos de Barcelona. 
Por ello, hemos trabajado con ahínco en la comunicación de la Comisión sobre el relanzamiento del proceso de Barcelona, que fue, a su vez, la principal aportación al Consejo de Ministros euromediterráneos de Asuntos Exteriores celebrado en Marsella el pasado mes de noviembre, reunión en la que nuestras ideas obtuvieron el respaldo de la abrumadora mayoría. 
Ese documento estaba sobre la mesa; ese documento fue la agenda de principios para dicha reunión. 
A continuación, quisiera ofrecerles mi valoración de la situación en que nos encontramos y del rumbo que deberíamos seguir en lo sucesivo. 
Con el permiso de la Asamblea, abordaré algunos puntos que se desprenden de ambos informes en este contexto, en vez de referirme a cada informe por separado. 
Primero, permítanme analizar la situación política en la región, sobre la que debatiremos dentro de un momento. 
Ambos informes reconocen el considerable significado que tiene el proceso de paz en Oriente Medio para la política de la Unión Europea en el Mediterráneo. 
Tomo nota de que en ambos informes se pide a la Unión Europea que desempeñe un papel más activo en el proceso de paz. 
No debemos subestimar nuestra contribución. 
Somos, por ejemplo, y no es un asunto baladí, el principal donante a la Autoridad Palestina. 
El pasado año se destinaron 155,6 millones de euros con cargo al presupuesto comunitario, importe que incluye un dispositivo especial de fondos que puse a disposición a finales de año para ayudar a preservar el marco institucional de la Autoridad Palestina, a la que hemos ayudado en su creación y financiación. 
Quisiera expresar mi agradecimiento sin reservas a la Asamblea- agradecer a esta parte de la autoridad presupuestaria- y agradecer también al Consejo su asistencia para que pudiéramos proporcionar dicho dispositivo de fondos antes de Navidad. 
Unos fondos que, como lamentablemente han demostrado los acontecimientos, serán muy necesarios. 
En su reunión en Marsella, los ministros decidieron, en mi opinión, acertadamente, no buscar la aprobación de la Carta para la Seguridad y Estabilidad. 
A todas luces, no era el momento adecuado. 
No obstante, en lo esencial, se ha avanzado mucho hacia la aprobación de dicho instrumento. 
Deberíamos asegurarnos de que podemos capitalizar dicho progreso cuando llegue el momento, de manera que el documento adquiera auténtico significado, que refleje el compromiso activo de la Unión Europea respecto al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región. 
Mientras tanto- y en este sentido también me hago eco de los comentarios que recogen los dos informes que nos ocupan- no deberíamos esperar hasta que la Carta entre en vigor para intensificar nuestros esfuerzos encaminados a fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas en la región. 
Nuestra comunicación trata inequívocamente sobre este asunto. 
La Unión Europea debería hacer uso de todos los foros adecuados para impulsar el avance en estos temas. 
Debería seguir utilizándose el programa MEDA-Democracia para financiar acciones positivas y las propias dotaciones al programa MEDA deberían depender en mayor medida de un progreso adecuado. 
Acojo muy favorablemente el respaldo del Parlamento a este punto y espero que el Consejo también reaccione positivamente. 
Los aspectos económico y financiero ocupan, naturalmente, una parte central de la asociación, aunque, como han señalado varios oradores, no son ni mucho menos el único contenido de dicha asociación. 
En Marsella se alcanzó un alto nivel de consenso sobre nuestras propuestas en favor de dar un nuevo impulso al proceso y quisiera poner de relieve lo siguiente: debemos acelerar la negociación, la firma y la ratificación de los acuerdos de asociación. 
Me complace confirmar que estamos realizando progresos considerables en este sentido. 
El viernes pasado conseguimos, por fin, poner en marcha el acuerdo con Egipto y nos sentimos alentados por el progreso que estamos realizando con Argelia, el Líbano y Siria. 
Quiero que las negociaciones con Argelia, el Líbano y Siria prosigan con energía este año, aunque el proceso de ratificación en los Estados miembros es lamentablemente lento. 
El acuerdo con Jordania fue suscrito hace tres años, pero aún no ha entrado en vigor. 
La contribución del Parlamento Europeo en este sentido sería muy gratificante. 
Espero realmente que, además de hacer intervenciones en la Asamblea, sus Señorías se dirijan a sus respectivos Parlamentos y Gobiernos para garantizar que cuando se apruebe uno de estos acuerdos de asociación, éste sea ratificado cuanto antes. 
Hay dos Estados que aún no han ratificado el acuerdo con Jordania- no diré nombres porque, como suelde decirse, en boca cerrada no entran moscas -, pero espero realmente que los diputados belgas y franceses- y espero no haber estropeado el juego- se dirijan a sus respectivos Parlamentos para instarles a que lo ratifiquen lo antes posible. 
En su momento deberemos ocuparnos también del tema del comercio de productos agrícolas. 
La credibilidad de nuestra asociación depende de que seamos capaces de tratar sobre asuntos delicados como éste y debemos celebrar un auténtico debate. 
Debemos desarrollar el comercio y la cooperación Sur-Sur, incluso sobre una base subregional. 
Queremos que todos los países que celebren un acuerdo de asociación con nosotros celebren también entre ellos acuerdos de libre comercio en el plazo de cinco años. 
Es el único modo de preparar nuestro objetivo, ya acordado, de establecer una zona euromediterránea de libre comercio más amplia antes de 2010. 
El desarrollo del comercio a nivel subregional debe ir acompañado de una mayor cooperación a nivel subregional. 
No se aprovecharán las oportunidades comerciales a menos que exista la infraestructura. 
Debemos introducir la 'acumulación del origen' para que todos los países socios establezcan el libre comercio entre ellos y adopten el protocolo armonizado relativo a las normas de origen. 
Deberemos armonizar las medidas relativas al mercado único. 
Queremos que, antes del año próximo, se fije un calendario para los sectores prioritarios- tales como las normas de origen, cuestiones aduaneras y fiscales, normas y propiedad intelectual- para su aplicación a partir de 2004 entre los países socios y la Unión, así como entre los propios países socios. 
Todo ello, junto con el apoyo que prestamos a nuestros socios en el marco del programa MEDA, incrementará el atractivo de la región a los ojos de los inversores. 
Un mercado "descompartimentado" y abierto con un entorno jurídico y administrativo bueno y predecible es el mejor medio de garantizar un incremento de los niveles tan bajos de la inversión local, europea y mundial en la región. 
Ambos informes dedican, acertadamente, mucha atención a la necesidad de mejorar el programa MEDA, punto al que han hecho referencia durante sus intervenciones uno o dos de los oradores que aún permanecen en el salón de sesiones. 
De hecho, el programa MEDA presenta una excelente trayectoria en lo que se refiere a los compromisos, aunque ésta es mucho menos buena en lo relativo a los pagos. 
El pasado año se mantuvo la tendencia en cuanto a los compromisos: las cifras provisionales demuestran que se ejecutaron 879 millones de euros o lo que es lo mismo, el 98% de los compromisos en vigor, y el récord de pagos se mejoró hasta 335 millones de euros o sea el 95% de los créditos disponibles. 
Me complace poder afirmar que el control de salida de los pagos, necesario para poder ejecutar los compromisos, ha comenzado a mejorar. 
Si tomamos el promedio de los últimos cinco años, ya hemos comenzado a pagar el 30% de los compromisos en vigor, en comparación con el 26% de hace un año, aunque queda aún un largo camino por recorrer. 
Estamos en vías de aplicar dos reformas: el Reglamento MEDA revisado y la reforma interna de la Comisión. 
Confío en que, juntas, nos permitirán realizar mejoras importantes en los próximos años. 
Mi distinguido amigo, Sr. Beazley, de quien me complace poder decir que aún se encuentra en su escaño, se ha referido a este punto y ha formulado una pregunta específica sobre Chipre y Malta y la participación de ambos países en los programas regionales. 
Estoy encantado de responder "sí" -en el sentido afirmativo. 
Es un "sí" positivo y no un "sí" negativo o ambiguo. 
Tomo nota de la opinión de que el importe asignado para el período 2000-2006 es insuficiente. 
No me ha sorprendido que se mencione este extremo en el informe. 
Esta claro que la suma de 5.350 millones de euros acordada por el Consejo- y no estoy desvelando ningún secreto- es menor que la que propuso la Comisión. 
No obstante, junto con el crédito del BEI, ésta significa que para dicho período se dispondrá de cerca de 13.000 millones de euros, que no es un importe insignificante. 
Lo importante ahora es procurar que dichos fondos sean utilizados con eficacia en términos de la calidad de nuestras acciones en relación con los objetivos de las políticas y de los pagos propiamente dichos sobre el terreno. 
La Comisión ha propuesto que, en el futuro, la asignación al programa MEDA guarde una relación más estrecha con el proceso de asociación y la aplicación de las reformas económicas. 
No retiro lo dicho y me alegra observar el apoyo a esta línea en uno de los informes. 
He tomado nota de las peticiones de que se aumente el número de funcionarios de la Comisión que trabajan en este sector. 
Reconozco que el personal afectado está sometido a fuertes cargas de trabajo, pero cualquier decisión deberá adoptarse en el contexto de un aumento de los niveles de dotación de personal de la Comisión y, en este sentido, una vez más, estaría encantado de poder contar con la ayuda concreta del Parlamento. 
Durante el presente año trabajaremos también en un programa que permita tener en cuenta los efectos sociales de la transición económica. 
Este programa fomentará la educación y la formación, la mejora del papel de la mujer y los sistemas de seguridad social, así como acciones en materia de salud. 
No me ha sorprendido que ambos informes pidan un mayor apoyo a la sociedad civil. 
Estoy completamente de acuerdo con ello. 
La cuestión es cuál es la mejor manera de proceder. 
Me temo que la financiación de microproyectos no es la respuesta. 
Los microproyectos no presentan una buena relación coste-eficacia y suponen un derroche de los recursos de personal. 
La cooperación descentralizada merece ser acogida favorablemente, pero no en el sentido de volver a lanzar los antiguos programas de cooperación descentralizada de la región mediterránea. 
Por muy valiosos que fueran sus objetivos, dichos programas recibieron duras críticas del Tribunal de Cuentas e, incluso, fueron muy criticados por este Parlamento. 
Lo que necesitamos es explicar más claramente a la sociedad civil- ya se trate de las ONG, las autoridades locales u otras agrupaciones- que nuestros programas están abiertos a la participación de todos y que lo único que deben hacer es organizarse para responder a nuestras convocatorias para la presentación de propuestas. 
Ya existen buenos ejemplos de esta medida en nuestros programas de cooperación regional por sectores, por ejemplo, en materia de medio ambiente, patrimonio cultural y MEDA-Democracia. 
Propongo que realicemos un esfuerzo concertado en este sentido para intentar generalizar el enfoque. 
A más largo plazo, podríamos estudiar otros medios de apoyar a la sociedad civil y ciertamente estaría dispuesto a estudiar cualquier propuesta concreta que presente el Parlamento. 
Por último, me alegra observar que existe acuerdo generalizado sobre la necesidad de mejorar la visibilidad de los acuerdos de asociación. 
Acojo con gran satisfacción las actividades del Parlamento en este sentido a través del mantenimiento de contactos internacionales a todos los niveles. 
Sólo lamento que no podré asistir al foro los días 8 y 9 de febrero, porque tomaré parte en una visita de la Troika durante esos dos días. 
Espero que el Parlamento lo entienda. 
Complementaremos nuestras actuales actividades con la introducción de un programa dedicado que haga uso de todas las técnicas modernas a nuestro alcance para garantizar el reconocimiento más amplio posible, tanto en la Unión Europea como entre nuestros países socios mediterráneos, del valor de lo que estamos haciendo. 
Un orador, el Sr. Obiols i Germà, a quien me complace ver en su escaño, ha dicho que no debemos limitarnos a hablar de boquilla sobre nuestros objetivos en el proceso de Barcelona. 
Otro diputado, que me temo que no está presente, ha dicho que deberíamos dar prueba de medidas tangibles. 
Eso es lo que estamos intentando hacer. 
Eso es lo que el documento que pusimos sobre la mesa en Marsella intenta hacer: un esfuerzo serio de relanzar el proceso de Barcelona con propuestas de medidas concretas. 
En lo que respecta a nosotros en la Comisión, no queremos hacer las mismas viejas declaraciones, no queremos seguir dando los mismos viejos rodeos de reuniones, cumbres, conferencias y acuerdos bilaterales. 
Queremos culminar todos los acuerdos de asociación y que éstos sean ratificados, y tenemos muchas probabilidades de celebrar al menos dos nuevos acuerdos de asociación durante este año; me gustaría que pudiéramos celebrarlos todos. 
Debemos tratar sobre asuntos como el comercio y la acumulación de normas Sur-Sur, debemos tratar sobre la cooperación regional y debemos acelerar el proceso de entrega en el marco del programa MEDA. 
No es una política virtual. Es una política real que queremos que funcione en tiempo real. 
Espero que en futuros debates en el Parlamento- en los que la participación desde el inicio hasta el final sea tan buena como ha sido en este caso, al menos en parte- podamos seguir atentamente nuestro progreso en la que debe ser una de las prioridades de las acciones exteriores de la Unión Europea. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio. 
Le doy la bienvenida al Sr. Danielsson, Presidente en ejercicio del Consejo, quien tiene la palabra en nombre del Consejo. 
. (SV) Señora Presidenta, Señorías, considerando la elección de Primer Ministro del 6 de febrero en Israel, el proceso de paz en Oriente Medio se encuentra en una situación insegura. 
Durante las negociaciones en Taba, las partes estuvieron más cerca que nunca de una solución negociada. 
Simultáneamente, la violencia en los territorios palestinos y la gran cantidad de muertos y heridos ha significado que la confianza entre las partes se ha reducido considerablemente. 
Cualquiera que sean los resultados de la elección del 6 de febrero, el gobierno israelí se enfrenta a cambios, pero los anhelos de paz de ambos pueblos deberían ser fuertes. 
La elección de Primer Ministro en Israel y la posterior formación de un gobierno serán factores importantes en la determinación de la futura dirección del proceso de paz. 
A pesar de las dificultades, las partes no han logrado perder los avances que han alcanzado. 
En Taba, las partes negociaron directamente y sin la presencia de terceras partes. 
En una atmósfera seria y buscando resultados, las partes dijeron ser optimistas en relación con la posibilidad de obtener un acuerdo definitivo. 
Sin embargo, el tiempo no permitió que éste se alcanzase en Taba, pero las partes acordaron el 28 de enero un joint concluding statement. 
Esta declaración puede ser una plataforma sobre la que descansen las conversaciones sobre acuerdos definitivos, cuando éstas se reanuden. 
Quisiera llamar la atención de sus Señorías y del Parlamento en que en esta declaración se hace hincapié en el papel de la Unión Europea en el futuro trabajo por la paz. 
Desde muchos sectores, se hacen llegar a la Presidencia y a otras instancias los deseos de que la Unión amplíe su ya gran participación en los asuntos de Oriente Medio. 
La UE tiene un papel destacado, puesto que es el principal socio comercial de casi todos los países de la región y el mayor portador de ayudas públicas a los territorios palestinos. 
La UE ha tenido ocasión de seguir las negociaciones de Taba a través del Sr. Moratinos, su representante especial, que ha estado presente todo el tiempo. 
Para la Unión ha sido muy valioso que el Sr. Moratinos haya podido participar, demostrando su respaldo a las negociaciones y su decisión de ayudar a las partes. 
Por otra parte, quisiera subrayar que durante las últimas dos semanas la Presidencia ha tenido contactos regulares, al más alto nivel, con los líderes de Israel y de Palestina. 
El tema reiterado por la Presidencia en el curso de esas reuniones ha sido el deseo de la Unión de ayudar a las partes de la manera que ellos deseen. 
Esos contactos se han realizado siempre en estrecha colaboración con el Alto Representante y con el Secretario General de la ONU. 
Me gustaría subrayar también la importancia de que el Sr. Solana, Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, participe en la Comisión Internacional que, bajo la dirección del senador Mitchell, investiga la violencia actual en los territorios palestinos y que esperamos que presente propuestas que impidan la repetición de estos actos de violencia. 
Esta prolongada crisis ha enfrentado al pueblo palestino a difíciles problemas humanitarios y económicos. 
Además, la autoridad palestina tiene grandes problemas presupuestarios desde que el gobierno israelí cortó las transferencias de recursos provenientes de la recaudación de impuestos a la que está obligado según el denominado Protocolo de París. 
En una declaración del 22 de enero, el Consejo (Asuntos Generales) instó a Israel a continuar con esas transferencias. 
Además, la Unión, por iniciativa del Comisario Patten, ha puesto a disposición de la autoridad palestina recursos adicionales temporales. 
La situación de los derechos humanos continua siendo inquietante. 
La Unión ha expuesto esta situación ante la autoridad palestina en relación con las condenas a pena capital que se han aplicado recientemente. 
Lo mismo ha hecho en Israel, respecto de las ejecuciones sumarias de palestinos que han sido confirmadas por portavoces militares. 
Vamos a continuar haciendo un seguimiento de estos asuntos. 
Desgraciadamente, nada se sabe de nuevas iniciativas o avances en las conversaciones de paz entre Israel y Siria y entre Israel y el Líbano. 
Señora Presidenta, la Unión, en diálogo con las partes y en estrecha cooperación con la nueva administración americana, seguirá haciendo todo lo posible para impulsar las conversaciones de paz hacia resultados exitosos en todos los frentes. 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera muy brevemente tratar de añadir algunos elementos más específicos, desde el punto de vista político, a la intervención que acaba de hacer la Presidencia. 
Creo que el debate de hoy es un debate fundamental en el momento en que se produce. 
La primera de ellas, ¿cuál será el panorama político en Israel tras las elecciones del 6 de febrero? 
La segunda, que también estaba en las palabras de la Presidencia, ¿cómo salir de este ciclo de violencia del que hemos sido testigos en los últimos meses? 
Y la tercera, quizá la más importante, ¿qué sentido debemos dar al proceso de paz en el año 2001? 
El año 2000 fue un año de esperanza: se inició con la idea de que se podría quizá llegar a una solución definitiva. 
Se tomaron algunas medidas importantes en la parte siria. 
Pero, desgraciadamente, el año 2000 terminó sin que hubiéramos llegado a alcanzar la paz. 
Hagamos todo lo posible para que este año 2001 sea realmente el año en que seamos capaces de conseguirla. 
Ciertamente, la situación en estos momentos sigue siendo muy fluida. 
Yo les tengo que decir a sus Señorías que he pasado esta misma mañana en Estocolmo reunido con el Primer Ministro sueco y Presidente en ejercicio del Consejo y con el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Hemos estado dialogando hasta prácticamente la hora de comer, en que yo tomaba el avión para venir aquí y poder estar con sus Señorías esta tarde. 
Un gran número de iniciativas están teniendo lugar en este momento, iniciativas que esperamos y deseamos concluyan con éxito, habiendo la posibilidad de una cumbre última y definitiva antes de las elecciones del 6 de febrero. 
Creo que todavía existe la posibilidad de que esta cumbre tenga lugar, y también la posibilidad de que pueda tener lugar en Europa. 
Como ha dicho muy bien la Presidencia, desde el día 23 de diciembre del año pasado hemos conocido una actividad realmente muy importante, y hemos estado todos involucrados de una manera tremendamente activa. 
Tanto es así que, si me permite, señora Presidenta, le diré que el primer día del año lo pasé en Israel, lo pasé junto con Barak y Arafat, y hemos tenido una actividad realmente significativa. 
Creo que las reuniones que han tenido lugar en Taba, como la Presidencia ha dicho, han sido sin ninguna duda- dicho por todos los que han participado- las más sustantivas negociaciones que ha habido nunca. 
Les diré que en todos los campos se ha avanzado. 
En el tema del territorio estamos muy próximos a alcanzar potencialmente un acuerdo- si hubiera tiempo material para terminarlo- en una proporción muy próxima al cien por cien del territorio, con algunos intercambios del mismo. 
Desde el punto de vista de la seguridad, yo creo que se puede llegar a un buen acuerdo, aceptando que haya tres estaciones de alerta temprana y que, a lo largo del Valle del Jordán, se pueda conseguir un despliegue de fuerzas internacionales que garanticen la estabilidad. 
Sobre Jerusalén, como saben sus Señorías, continúan, con algunos avances, las conversaciones acerca del problema de cómo definir el Muro de las Lamentaciones y la muralla occidental. 
Todavía no ha habido una decisión precisa sobre la misma. 
Pero existe el deseo de poder avanzar y encontrar una solución definitiva sobre Jerusalén. 
Con respecto al tema de los refugiados, en las reuniones de Taba también se ha avanzado, y se ha avanzado sobre temas específicos y concretos. 
La subcomisión constituida al respecto ha hecho grandes progresos en todo lo relativo a los refugiados, aunque ha tenido que posponer, por el momento, el elemento fundamental del derecho de retorno. 
Han pospuesto ese tema para encontrar soluciones específicas y concretas a problemas específicos y concretos: comisiones internacionales, cómo se podrían encontrar recursos en los distintos países para ayudar en esa dirección, etc. 
Por lo tanto, Señorías, todavía hay alguna esperanza de que podamos, o bien llegar a un acuerdo definitivo- esperanza débil, por decirles la verdad, pues hay pocas probabilidades de que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo antes del domingo -, o bien un compromiso explícito de las dos partes sobre un conjunto de parámetros de forma tal que, sea cual sea la situación en Israel y en los territorios a partir del 6 de febrero, haya siempre un conjunto de compromisos adquiridos, aceptados por las dos partes, para no tener que iniciar la negociación próxima desde un punto cercano a cero. 
Yo les puedo decir que, por parte de la Unión Europea, todas las Presidencias sucesivas van a mantener sin ningún género de dudas un compromiso no solamente político, sino también personal. 
El Primer Ministro Göran Persson está completamente comprometido personalmente- y soy testigo de ello por las horas que hemos pasado juntos al teléfono haciendo todas las negociaciones necesarias para intentar llegar a una solución- y, por nuestra parte, no tengan la menor duda de que seguiremos implicados física, psicológica y políticamente en ello, porque la solución de este conflicto de Oriente Medio, como saben ustedes, nos interesa, y nos interesa mucho. 
Es importante también subrayar el comportamiento constructivo de los países de la región. 
Tanto Jordania como Egipto siguen manteniendo un compromiso determinante y firme para tratar de encontrar una solución negociada y definitiva. 
Vamos a vivir momentos muy difíciles, sin ninguna duda, a partir del resultado de las elecciones; habrá incertidumbres y habrá que seguir teniendo- como hemos tenido siempre los europeos- la determinación de seguir apoyando este proceso de paz. 
Desde otros puntos de vista- desde el punto de vista económico -, la Presidencia ha dicho ya lo que estamos haciendo. 
Estoy seguro de que la Comisión lo hará también. 
Seguimos con la generosidad que siempre ha puesto de manifiesto la Unión Europea. 
Les quisiera decir unas palabras también sobre la comisión de investigación, comisión que surgió de la reunión de Sharm el-Sheij. 
La comisión ha trabajado bien durante un cierto tiempo pero, desde hace una semana, el Gobierno de Israel decidió romper los contactos con ella hasta después de las elecciones. 
Por lo tanto, aunque queda todavía un equipo de la comisión desplegado sobre el terreno, los miembros de la comisión como tales no iremos a los territorios hasta el día 16 de febrero. 
Esto es lo que les puedo decir en este momento. 
Finalmente, quiero reiterar que seguiremos trabajando en los días que quedan con toda la energía y determinación y, si al final se celebra una cumbre, la representación europea acudirá a ella y hará todo lo posible por impulsar este proceso en la buena dirección. 
. (EN) Señora Presidenta, estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me brinda de intervenir brevemente en este debate. 
No tengo intención de repetir nada de lo que he dicho en el anterior debate ni me propongo repetir lo que la Presidencia y el Alto Representante acaban de decir, no porque no sea importante, sino porque la repetición sería un insulto a la inteligencia de la Asamblea. 
Naturalmente, todos esperamos progresos en las conversaciones de paz. 
Naturalmente, todos creemos que sería absurdo especular sobre cuál será la situación tras las elecciones en Israel. 
Corresponde a la población de Israel hacer su elección democrática y luego al resto de nosotros hacer frente a las consecuencias. 
Naturalmente, todos sentimos una gran preocupación por la pérdida de vidas humanas por ambas partes. 
Ya ha habido un alto número de víctimas debido al uso excesivo de la fuerza y sentimos una gran preocupación por las matanzas extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad israelíes. 
Esta actitud no sólo debilita las perspectivas de alcanzar un acuerdo negociado, sino que además es inaceptable que un país democrático recurra a dichos medios contraviniendo gravemente a los derechos humanos y al Estado de derecho. 
Permítanme que sea igualmente claro, también sentimos una gran preocupación por el asesinato de civiles israelíes a manos de palestinos y por las recientes ejecuciones de palestinos. 
Eso también es inaceptable, especialmente, habida cuenta del anterior compromiso de las autoridades palestinas de respetar una moratoria sobre la pena de muerte. 
También seguimos preocupados por la situación humanitaria en Cisjordania y Gaza. 
Los cierres que aún mantiene Israel están teniendo consecuencias devastadoras sobre la economía palestina y, por consiguiente, lo que no es sorprendente, sobre la estabilidad política. 
Están incluso afectando a la entrada de la ayuda humanitaria en los territorios palestinos. 
Por ejemplo, la Autoridad Palestina ha notificado al representante de la Comisión en Jerusalén que la inauguración oficial del Hospital Gaza- hospital que este Parlamento conoce quizá demasiado bien -, prevista inicialmente para mediados de enero, ha sido aplazada hasta nuevo aviso. 
La situación se ha deteriorado aún más, y el personal y los pacientes no pueden ni siquiera llegar hasta el hospital. 
De manera similar, el equipo y los suministros, como oxígeno, medicinas y combustible, no pueden llegar hasta el hospital, y las obras de ampliación han tenido que ser interrumpidas. 
En su informe preliminar sobre la aplicación tras el llamamiento de emergencia en diciembre, el Organismo de obras públicas y socorro de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (OOPS) también muestra preocupación por las serias dificultades que encuentra en el suministro de alimentos, el suministro de material de construcción, de artículos médicos y de otros suministros fundamentales. 
La seguridad del personal que se dedica a la asistencia humanitaria se ha visto gravemente comprometida. 
Lamento profundamente que la situación haya seguido deteriorándose. 
No obstante, hemos continuado dejando perfectamente claro cuál es nuestra posición. 
Hemos exigido que los cierres restantes sobre la economía palestina deben ser levantados. 
Hemos pedido a Israel que ponga fin inmediatamente a la retención de los pagos de ingresos destinados a la Autoridad Palestina y hemos reaccionado rápidamente a la crisis abordando la situación humanitaria y la precaria situación presupuestaria de la Autoridad Palestina. 
En diciembre, la Comisión proporcionó 15 millones de euros en concepto de ayuda de emergencia, 14,5 millones de euros sólo al OOPS en respuesta a su llamada de emergencia. 
Asimismo, hemos desembolsado un dispositivo especial de fondos por valor de 27,5 millones de euros, en la creencia de que ambas partes están interesadas en no debilitar la capacidad de la Autoridad Palestina de pagar los salarios. 
En este mismo espíritu, la Comisión ha creado un nuevo dispositivo de provisión de fondos por valor de 90 millones de euros, al que ha hecho referencia la Presidencia. 
Estoy muy agradecido al Parlamento y al Consejo por haber hecho posible esa transferencia prudencial antes de Navidad. 
La semana pasada remití a la Autoridad Palestina el primer tramo por valor de 30 millones de euros. 
Debemos analizar la probable situación durante el resto del año. 
Habida cuenta de que nuestros recursos son limitados, debemos examinar detenidamente cómo debemos proceder a continuación. 
Si seguimos retirando pagos mensuales del dispositivo especial de fondos para poder hacer frente a las actuales necesidades administrativas de la Autoridad Palestina, entre las que se incluye el pago de los salarios de los funcionarios, la enseñanza, la sanidad y otros servicios públicos, los fondos se agotarán muy pronto. 
La Autoridad Palestina se enfrenta en estos momentos a la continua caída de sus ingresos y a un aumento del déficit. 
Deberemos ajustar nuestras políticas. 
En vez de limitarnos a sacarlos de apuros un mes tras otro, debemos estudiar cómo ayudarle a más largo plazo. 
De hecho, la Unión Europea y la comunidad internacional en general están interesadas en preservar el marco económico e institucional de la Autoridad Palestina, que nosotros hemos ayudado a crear y hemos ayudado a financiar con más generosidad que ningún otro donante. 
Si la Autoridad Palestina se colapsa, sería un duro golpe para las perspectivas de paz en la región, la seguridad israelí se vería amenazada y nuestros esfuerzos para fomentar la cooperación y la estabilidad en Oriente Medio se verían debilitados. 
Por este motivo, la Autoridad Palestina y la comunidad internacional en general deben mirar más allá de la crisis inmediata y estudiar cómo cerrar la brecha cada vez mayor que existe en las finanzas palestinas. 
Hay otra observación que me gustaría hacer y la haré con la debida delicadeza, aunque no creo que sea contraria a la experiencia de las Señorías de esta Asamblea que han visitado recientemente la región. 
Por muy terribles que sean los problemas a que se enfrenta la Autoridad Palestina, por los que me compadezco profundamente, nada justifica prácticas que estén por debajo del nivel de probidad que tenemos derecho a esperar de cualquier receptor de nuestros fondos y que los ciudadanos de cualquier comunidad tienen derecho a exigir de sus agencias rectoras. 
Creo que estoy en lo cierto cuando digo, como he mencionado hace un momento, que algunas de sus Señorías que han visitado recientemente la zona tienen una firme opinión al respecto. 
Queremos desempeñar nuestro papel en el apoyo a la Autoridad Palestina, pero para ello debemos poder garantizar a la autoridad presupuestaria de la Unión Europea, que debe responder ante los contribuyentes de Europa, que los fondos que proporcionamos son bien utilizados y debidamente utilizados. 
Repito lo que acabo de decir; queremos hacer todo lo que podamos para ayudar a la Autoridad Palestina. 
Espero realmente que las autoridades de Israel pongan fin al bloqueo económico y financiero de las zonas palestinas, porque, a corto, medio y largo plazo, este bloqueo incrementará la inestabilidad y mantendrá la violencia. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo la información y los comentarios tanto del Consejo como de la Comisión y decir que mi Grupo comparte el tono moderadamente optimista- ojalá, además, se confirmen los datos que nos ha apuntado el Alto Representante- en unos momentos que, en efecto, son muy sensibles, apenas unos días antes de las elecciones en Israel, y en plena transición en el Gobierno de los Estados Unidos, que tiene que reconstruir su política en la zona. 
Pero no podemos olvidar que, al día de hoy, hemos de contar más de 400 muertos a causa de la Intifada, que nos ha devuelto a un escenario que creíamos que no íbamos a volver a ver. 
Mi Grupo valora también como claramente positiva la mayor presencia europea en la zona en los últimos meses. 
Como mencionó la Presidencia, es verdad que la participación del Sr. Solana en Sharm el-Sheij y en la comisión de investigación, y la presencia de la Unión Europea en Taba a través de su representante permanente, el embajador Moratinos, nos ha permitido prestar aportaciones eficaces al proceso de paz. 
Nosotros consideramos que hay que intensificar este esfuerzo de presencia política de la Unión Europea en la zona, que creemos compatible con el papel fundamental que ha de seguir desempeñando en todo este proceso el Gobierno de los Estados Unidos. 
En Taba, las partes han reconocido no haber estado nunca tan cerca de un acuerdo final, pero yo creo que hemos de ser conscientes de que la aparente euforia no debe cegar nuestro realismo. 
Los israelíes y palestinos de bien tienen que ser conscientes de que comparten un enemigo común, el extremismo al que conducen los fundamentalismos de uno u otro signo, que constituyen el peligro principal para el proceso de paz, la estabilidad y prosperidad en la región, siendo asimismo un riesgo innegable para todo el Mediterráneo. 
Por otra parte, creo que tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un conflicto nacional, heredado de la historia, que ha impregnado los sistemas educativos de algunos países fomentando el odio en las generaciones más jóvenes, para el que no podemos, evidentemente, esperar una solución mágica y al que tenemos que enfrentarnos con perseverancia. 
Me parece muy pertinente vincular los debates sobre el proceso de paz en Oriente Medio al nuevo impulso que pretendemos dar desde la Unión Europea al proceso de Barcelona, tal como estamos haciendo esta tarde y lo ha hecho el Comisario Patten, porque seguramente la mayor contribución que Europa puede prestar en estos momentos al proceso de paz es mantener vivo el espíritu de la cooperación euromediterránea, reforzando su vitalidad y manteniendo su desarrollo al margen de las presiones políticas. 
Israelíes y palestinos han compartido en los últimos días la conciencia de que resulta imprescindible desterrar la violencia y restablecer un clima de seguridad en la zona, pero además han trabajado juntos en el desarrollo de fórmulas creativas para solucionar los problemas que los separan: Jerusalén, el trazado definitivo de las fronteras, los refugiados y los asentamientos a que ha hecho referencia el Sr. Solana. 
A la Unión Europea le corresponde muy especialmente la responsabilidad de consolidar esos cimientos al margen de los avatares políticos internos de los últimos días. 
Tenemos que apoyar que las partes se encaminen por una vía de solución al conflicto sustentada en la resolución pacífica de las divergencias, en la tolerancia, en el respeto a los derechos humanos y en la consolidación de la paz. 
Muchas gracias, señor Sakellariou. 
La majestuosa elegancia con que navega entre las lenguas tiene admirado al Parlamento. 
Señor Presidente, la UE es el donante más importante en la región palestina. 
Según la ONU, más de un millón de palestinos viven desde el cierre por debajo del umbral de pobreza de dos dólares al día. 
El efecto humano del cierre es posiblemente todavía más grave. 
El Comisario Patten ya lo ha dicho: los enfermos no pueden ni llegar al hospital europeo en Gaza, porque incluso las ambulancias no pasan las barreras. 
Resulta, por tanto, muy importante que continuemos con nuestro apoyo. Me satisface que el Consejo y la Comisión compartan esta opinión. 
El domingo pasado regresé de la región palestina con la delegación del Parlamento. 
Todos estamos de acuerdo en una cosa: dar dinero es importante, pero no suficiente. 
La Unión también debe asumir su responsabilidad política. 
Eso sólo se conseguirá dando pasos muy pequeños a fin de lograr desempeñar un papel pleno en el proceso de paz. 
No en último lugar, eso es achacable a la división existente dentro de la Unión. Me agrada oír explicar al Sr. Solana las acciones que emprende para que la Unión siga una única línea. 
Si dentro de poco se trazan mapas detallados de Jerusalén, planes para los asentamientos, una regulación sobre la retirada y también una compensación para los refugiados, ¿tiene la Unión suficiente experiencia para adoptar también una posición propia e inteligente o se lo dejamos a los americanos? 
Debemos evitar que se convierta en una discusión de blanco o negro. Europa puede tener precisamente un valor añadido por mantener una cierta neutralidad. 
Ambas partes en este conflicto violan los acuerdos. 
Debemos responsabilizar a ambas. 
Conducir a la gente a la muerte resulta siempre inaceptable. Ya se trate de las ejecuciones realizadas por la Autoridad Palestina o del político asesinado por el ejército israelí. 
No obstante, señor Danielsson, Europa se hace vulnerable ante la recriminación de que aplicamos un doble rasero si tardamos cuatro meses y medio en hacer que los israelíes rindan cuentas, mientras que con los palestinos lo hacemos directamente. 
También este Parlamento corre el riesgo de enviar un mensaje equivocado con sus dos delegaciones, una para Israel y otra para la zona palestina. 
Debemos trabajar en concordia y con entendimiento ante las preocupaciones legítimas de ambas partes. 
Señor Presidente, si una cosa dejó clara la visita realizada la semana pasada a las zonas palestinas por la delegación parlamentaria es el dramático empeoramiento de la situación en los últimos cuatro meses. 
La última vez que estuve allí, al comienzo de la Intifada, estaba claro que existía un futuro económico para un estado palestino libre. 
Si ahora uno pasea por Belén o Jerusalén duele ver que la economía está completamente destruida, consecuencia de la falta de turistas y de la política de cierres practicada por el Gobierno israelí, por la que decenas de miles de trabajadores no pueden acudir a su trabajo. 
También se da un empeoramiento dramático de la situación política por la retórica consistente en no cerrar ningún compromiso, algo que impera ahora en el lado palestino; hecho muy comprensible dadas las liquidaciones realizadas por el Gobierno israelí. Política que ha sido condenada de forma justificada, aunque algo tarde, por la Unión Europea. 
En resumidas cuentas, mi impresión es, francamente, muy negativa tras la visita efectuada la semana pasada. 
Mis esperanzas tampoco son, a decir verdad, muy positivas. 
En este sentido puedo sumarme a lo dicho por el Sr. Sakellariou. 
Preveo que el proceso de paz se paralizará debido a la postura expectante de la administración Bush, y a que creo que el Gobierno Sharon, que llegará con toda seguridad, mantendrá cierta calma inicial por la presión internacional. 
No obstante, esta paralización podría ser una blessing in disguise si la Unión Europea utilizara bien el tiempo. 
Eso podría hacerse si aprovechara su papel como donante principal en Palestina y como socio comercial más importante de Israel. 
En lo que a los palestinos se refiere, debe hacerse lo siguiente por lo que a mí respecta. La Unión Europea debería utilizar el hecho de ser el donante más importante para llamar la atención a los palestinos sobre el hecho de que la corrupción, que está muy ampliamente extendida, a la que mucha gente se resiste en el ámbito local y ante la que se irrita, debería impedirse. 
También debería implicar que los derechos humanos fueran mucho más respetados por las autoridades palestinas. No sólo en el caso de las ejecuciones, sino también, por ejemplo, en el trato dado a los prisioneros. 
No es aceptable que la Unión Europea financie la formación de los agentes de policía en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere, cuando en la práctica no mejora nada. 
Por último, la cuestión de los palestinos. 
Deben celebrarse elecciones locales a fin de afianzar la legitimidad de la Autoridad Palestina. 
En lo que a Israel se refiere, creo que la Unión Europa debe dejar muy claro a este país que si tras las próximas elecciones hay más represión, si no se varía la política respecto de los asentamientos y si no se logra una mejora en cuanto a la disponibilidad para alcanzar un acuerdo, no es business as usual. 
No es aceptable que continuemos comerciando con un socio que no hace lo que le llevamos pidiendo durante años. 
Debemos atrevernos a extraer consecuencias, a abordar la normativa que figura en el acuerdo de asociación y a adoptar medidas. 
Si la Unión Europea utiliza bien esta posición económica, también podrá desempeñar un papel político en el futuro, un papel político que se acomode a los deseos de la región y a los intereses y conveniencias de la propia Unión. 
Señor Presidente, en Davos el Presidente Arafat intervino reiterando la necesidad de paz y diciendo la verdad sobre las humillantes y trágicas condiciones de vida de la población palestina, sometida a la violación de los derechos humanos por parte del ejército israelí. 
Los medios de comunicación han considerado la cuestión como un endurecimiento de Arafat ante la paz y han criticado a Peres porque no se ha opuesto a él. 
El hecho es que Peres sabe lo mucho que las palabras de Arafat se ajustan a la verdad. 
También nosotros, como miembros de la delegación del Parlamento Europeo que estuvo in situ, pudimos comprobar la veracidad de las mismas. 
La población palestina está obligada a vivir en una cárcel a cielo abierto; las carreteras de acceso y salida de los pueblos están bajo ocupación militar y están cerradas; una gran cantidad de puestos de control en las carreteras principales bloquea a los palestinos que no pueden acudir a sus puestos de trabajo; castigos colectivos. 
Menciono sólo un episodio: Sabrine nació el 24 de enero en un puesto de control y en el segundo le cortaron el cordón umbilical. 
La madre que salió a las 17 horas del pueblo de Antis llegó al hospital de Ramallah a las 20,30 horas e hizo un recorrido que normalmente requiere unos 40 minutos. 
Su odisea aparece en el diario israelí Ha ' aretz. 
Los enfermos graves son devueltos a sus casas y el personal médico es agredido. 
En Gaza vimos cientos de metros de terreno convertido en desierto debido a la tala y destrucción de enormes palmeras, olivos y naranjos; casas derribadas. 
¿Culpa de los árboles? 
Sí, porque podían cubrir los posibles ataques de los palestinos contra los colonos que se comportan como amos y señores y destruyen las casas y los cultivos palestinos. 
Mientras tanto, cada día crecen los asentamientos y los settler en lo que debería ser el Estado de Palestina, los territorios ocupados desde 1967. 
El Consejo Legislativo palestino no puede cumplir sus funciones; los miembros de los distintos distritos no pueden moverse ni reunirse. 
El propio Arafat nos dijo que no tiene libertad de movimiento. 
Del dramático estrangulamiento económico han hablado otros. 
Las importaciones y las exportaciones están bloqueadas y la Unión Europea es testigo de ello: cada día llegan a la Comisión en Jerusalén notas sobre las distintas violaciones; los bombardeos han afectado a las estructuras civiles y a las escuelas facilitadas por la Unión Europea. 
Desastres económicos que se pagarán durante años. 
Todo esto se sabe y ninguno de nosotros, sobre todo en las instancias políticamente responsables, puede decir: "No lo sabíamos." 
Nuestros diplomáticos envían informes claros sobre la política colonial israelí e informes claros- lo dijimos a todos los dirigentes palestinos con los que nos reunimos- también sobre las violaciones que lleva a cabo la Autoridad Nacional Palestina. 
¿Pero por qué, todos nos lo preguntaron- de Arafat a la mujer y al hombre que estaban en los campos de refugiados- Europa no interviene política y activamente? 
Creemos en Europa, nos dijeron, y Europa tiene interés en ser socio político de Oriente Próximo y de Oriente Medio. 
Es lo que nos preguntamos y decimos también nosotros: Europa debe llegar a ser capaz de llevar a cabo una política exterior eficaz y en línea con los valores fundamentales que siempre decimos que tenemos: respeto de la legalidad internacional y de los derechos humanos, y para Palestina esto significa el reconocimiento de las Resoluciones de la ONU. 
Existe pragmatismo en los palestinos, lo hemos visto y se ha visto en Taba: pragmatismo en la aplicación, pero firmeza en el principio y los derechos que también nosotros deberíamos haber visto, ya que cada vez hablamos de ellos. 
El Sr. Solana tiene razón: ahora Europa ha jugado un papel más fuerte, pero debe hacerlo más aún. 
Los Estados Unidos han fracasado; nosotros no debemos ocupar su lugar, sino convertirnos en socios igualitarios en las negociaciones. 
No bastan nuestras ayudas económicas. Lo que se nos pide y es nuestra responsabilidad... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, señores representantes de la Presidencia del Consejo y de la Comisión, señor Solana, Señorías, evidentemente he escuchado todos los discursos y he leído los informes. 
Personalmente, encuentro que la realidad del problema que los propios Tratados constitutivos de la Unión Europea, de los Tratados de Roma en adelante, que la historia y el Derecho de Europa plantean e imponen, queda borrada unánimemente de sus conciencias, salvo alguna referencia mascullada como una letanía: los derechos humanos, etcétera, etcétera. 
La realidad que tenemos ante nosotros nos pone en la misma situación de complicidad con lo peor, con los asesinos y los torturadores del derecho a la vida y de la vida del derecho que teníamos claramente ante nosotros, ya desde 1985, en aquella que se ha convertido en la antigua Yugoslavia. 
Un comportamiento como el de hoy carece de estrategia, carece de concienciación de los objetivos institucionales de nuestra Unión, al menos de aquellos en abstracto entregados a las cartas de los derechos humanos, a las cartas de los derechos de los ciudadanos europeos y de los demás. 
No hay nada de todo esto presente en aquello que muy feliz, honesta y sobre todo valientemente el Alto Representante Sr. Solana indicaba como una política exterior de la Unión Europea, un ejercicio burocrático e ineficaz, sin ningún valor añadido en términos de concreción y de previsión. 
Tenemos este problema: ustedes tan dispuestos, Sra. Morgantini y Cía., a ilustrarnos dolores, tragedias del palestino, de la mujer y del hombre palestinos, de la mujer y del hombre árabes, de Oriente Próximo; tan elocuentes, tan empecinados, tan insistentes, con la conciencia tan lúcida y exigente, ustedes conocen al hombre y a la mujer árabes y palestinos sólo si se encuentran con una bala israelí; sólo entonces ustedes les reconocen al menos el honor de una sepultura, el honor del reconocimiento. 
Ante los ciudadanos palestinos, árabes, de Oriente Próximo que mueren a diario, asesinados por sus regímenes- saudíes, las bases de la derecha, de la izquierda- por la alianza histórica y fuerte de los jeques y del poder de Oriente Próximo, aliado de las grandes multinacionales del petróleo y de ustedes, izquierda más o menos comunista; ante la realidad kurda que no es sólo turca, sino también iraquí y de los demás; ante la vida concreta de las mujeres y de los hombre saudíes, palestinos, ustedes se ocupan de ellos sólo cuando la parte israelí se enfrenta con ellos a veces con graves errores. 
Ustedes se dan cuenta de la existencia de la humanidad palestina sólo cuando les sirve para denunciar su continuo enemigo de hoy, llámese Estados Unidos, Israel o Unión Europea, activa respecto a algunos valores, como respecto al Belgrado de Milosevic, como respecto a toda la realidad yugoslava. 
En consecuencia, señor Presidente, lo que tenemos que decir es que el peligro más grave para la paz es la debilidad objetiva de Israel. 
A lo mejor Israel se arriesga- y es por esto que sorprendentemente el pueblo israelí parece preferir al viejo león Sharon en lugar del sabio, razonable y valiente Barak- pero siente que cualquier concesión puede llegar a ser excesiva respecto a la paz a conquistar. 
Éste es el problema: cuando en un territorio tenemos que atravesar cien, ciento cincuenta kilómetros, un kilómetro más puede representar una trinchera más avanzada para hacer la guerra a partir de una mala paz. 
Esto es lo que temen. 
Pero ¿quién lo teme? 
Lo teme la democracia israelí, pero a ustedes no les importa en absoluto. 
¡Pardiez! ¿Pero qué Europa es está? 
A lo sumo el derecho a la independencia nacional y la independencia es no tener el 60% del dinero gastado en los ejércitos de los dictadores de allí, gastado en la corrupción y en el control de clase, burocrático y militar y de extrema derecha, de las mujeres y de los hombres de todas partes. 
Pero ¿dónde está escrito que la Unión Europea se hace garante de los Estados nacionales, de su independencia y de su conquista? 
Hoy, en ninguna parte está escrito en los corazones y en la cultura, el derecho al Estado nacional ochocentista: existe el de los derechos civiles, políticos y humanos, frente a cualquier autoridad estatal, central o centralizada, y de esto no tienen ustedes ninguna noción. 
Israel debe ser el territorio, la frontera de la Unión Europea. 
También Israel no comprende que no puede continuar defendiéndose como Estado nacional, pequeña cabeza de puente de la democracia, pero obligado a lo largo de 50 años, cada día más, a arriesgar su vida, su paz y la de los demás. 
Por lo tanto, señor Presidente, esto es lo que esperamos. 
Tenemos una declaración escrita que estamos preparando, ya firmada por treinta diputados, para pedir la plena participación de Israel en nuestra Unión: una batalla que hay que librar en Bruselas y en Tel Aviv sin demora. 
Esto es lo que, como Radicales, nos esforzaremos en conquistar, como una sabia reflexión y conquista de la libertad. 
Señor Presidente, he tomado nota con interés de las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de principios de la semana pasada sobre el proceso de paz en Oriente Medio. 
La intención de proceder a una colaboración más estrecha con la nueva administración americana en torno al Presidente Bush en este campo de minas diplomático, merece el apoyo del Parlamento Europeo. 
Esta perspectiva testimonia en sí misma las limitaciones políticas de la Unión Europea en Oriente Medio. 
El Alto Representante de la PESC, el Sr. Solana, expresó con mucha exactitud esta realidad en una entrevista reciente concedida al Süddeutsche Zeitung: " Podemos convencer, presionar, prestar apoyo financiero; pero también sabemos lo que no podemos hacer. 
El único país que puede dar garantías de seguridad creíbles a ambas partes es Estados Unidos. " 
Así mismo, el Consejo de Asuntos Generales anima en sus conclusiones, en particular, a los israelíes y a los palestinos a que se esfuercen al máximo por que las actuales negociaciones de Taba tengan éxito. 
Al fin y al cabo, éstas no se han cerrado sin esperanzas, al menos en opinión de los portavoces de ambos bandos. 
¿Cómo interpretan, sin embargo, el Consejo y la Comisión en este marco específico las duras acusaciones que el Presidente de la Autoridad Palestina, el Sr. Arafat, ha dirigido en Davos a principios de esta semana al Estado de Israel y a sus fuerzas armadas? 
Con las elecciones israelíes del 6 de febrero para elegir Primer Ministro como telón de fondo, este ataque verbal ha echado por tierra definitivamente el plan para que se produjera un encuentro entre el Primer Ministro israelí, Barak, y Arafat hoy en Estocolmo. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción, por consiguiente, la opinión del Consejo y de la Comisión respecto de esta postura internacional poco constructiva de Arafat. 
Al final de sus conclusiones, el Consejo de Asuntos Generales amonesta seriamente al Estado de Israel por su política económica y financiera respecto de la Autoridad Palestina. 
Sin embargo, en este documento falta una nota crítica sobre la ejecución pública de dos llamados "colaboradores" por la propia Autoridad Palestina. 
¿Por qué esta omisión? 
A fin de cuentas, las organizaciones palestinas de derechos humanos se han atrevido a protestar con razón contra un procedimiento judicial censurable y muy deficiente. 
Supongo, sin embargo, que el Consejo y la Comisión no quieren mantener su propia norma sobre un Estado democrático de Derecho en cada caso aislado. 
Señor Presidente, la clara toma de posición de la Presidencia sueca y del Comisario Patten en este debate no traiciona mi confianza. 
Señor Presidente, Europa no puede contentarse con mirar desde su balcón lo que ocurre del otro lado del Mediterráneo, y tener la conciencia limpia asignando más o menos generosamente unos fondos cuya utilización no siempre ha sabido controlar, como el comisario Patten acaba oportunamente de recordarlo. 
Europa debe asumir las responsabilidades que se espera de ella junto con sus socios norteamericanos. 
Es lo que usted intenta hacer, señor Alto Representante, y muchos de nosotros nos felicitamos por la acción que usted ha emprendido en tal sentido, en estrecha colaboración con el Sr. Moratinos. 
En espera de los resultados de las modificaciones que se produjeron en Washington y de aquellas que necesariamente se producirán debido al resultado de las próximas elecciones en Israel, comprendemos que estén todos obligados a ser prudentes y que les sea difícil aventurar hoy algún pronóstico, aun cuando hemos podido deducir de sus palabras, señor Solana, cierto optimismo, que deseamos compartir. 
Nuestra convicción en el seno del PPE, que estoy seguro suscriben muchos colegas de los demás Grupos políticos, es que, a través de ustedes, Europa debe implicarse con total imparcialidad en el proceso de conciliación en curso, para permitir lograr el apaciguamiento deseado, preludio de la esperada reconciliación. 
Europa no puede pretender llevar a cabo dicha mediación sino con esa condición, no de neutralidad, como si ella misma no estuviera directamente interesada, sino de imparcialidad. 
Ahora bien, desgraciadamente, ésta no es la imagen que ha dado de sí misma al dividirse nuevamente ayer, como lo hizo en la votación del 20 de octubre pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Señor Alto Representante, para que usted pueda hablar en nombre de la Unión Europea, sería necesario que la Unión Europea hablara con una sola voz. 
Se lo pregunto a usted y al representante en ejercicio del Consejo: ¿en qué punto estamos? 
¿Han notado en sus contactos con los gobiernos de los Estados miembros una voluntad de armonización de los puntos de vista? 
Esta es mi primera pregunta. 
La segunda pregunta está dirigida tanto al Consejo como a la Comisión, y recogerá la pregunta que le había formulado, señor Alto Representante, en el debate anterior y a la cual no tuvo tiempo de dar una respuesta. 
¿No considera usted que ha llegado el momento de llevar a cabo una iniciativa inteligente de la Unión Europea a propósito del estatuto de Jerusalén? 
No olvido que en Estrasburgo escuchamos las propuestas valerosas del Presidente del Knesset y de su homólogo palestino. 
¿Podemos contar con usted, señor Solana, para recordar a sus interlocutores, con toda la diplomacia y la firmeza necesarias, que Jerusalén no es sólo la ciudad santa del judaísmo y del islam, sino también de toda la cristiandad? 
Señor Presidente, este debate nos enseña una vez más que la paz es una palabra falaz si no va acompañada de un gesto político, sino no va acompañada del riesgo de una elección. 
La paz es una palabra peligrosa si quien la tiene que pronunciar es la Unión Europea y si nosotros no somos capaces de emplear esta palabra acompañándola con un gesto. 
El gesto que se nos pide es un gesto político, esto es, que asumamos directa y plenamente la responsabilidad política en el proceso de paz en Oriente Próximo. 
La Unión Europea, señor Presidente, o está presente hasta el fondo en el proceso de paz, no sólo como socio comercial, no sólo como el mayor país donante, o no lo estará en absoluto. 
Quisiera recordar el contexto que muchos otros oradores ya han descrito perfectamente: por una parte, las tres Resoluciones de las Naciones Unidas sobre los territorios y los refugiados, ignoradas por Israel también desde el punto de vista de la simple afirmación de los principios contenidos en ellas; por otra, un estado de asedio permanente en los territorios palestinos: 120.000 trabajadores obligados a no trabajar, 3 millardos de dólares de daños ya sufridos, sueldos pagados a los funcionarios y administradores gracias sólo a la financiación al contado de la Unión Europea, la mitad de los civiles muertos menores de 18 años. 
Señor Presidente, a mí no me interesa el color de las balas: no me importa que sean israelíes, iraquíes o turcas, yo reivindico el deber de la Unión Europea de denunciar la bala que mata a un joven. 
Por último, lo que más me preocupa, señor Presidente, es el apartheid, una palabra que no tendría derecho de ciudadanía si hablamos de Oriente Próximo y de cuestiones palestinas, pero que, lamentablemente, forma parte del clima del que estamos obligados a dar cuenta: la sospecha de que en esa región la vida tiene parámetros y precios distintos para árabes e israelíes. 
Especialmente en lo se refiere a la capacidad de indignación y resignación habituales. 
Ante esto, no es posible mantener serenamente la equidistancia. 
Es preciso afirmar reglas y principios, sobre todo si el gobierno Bush demostrará no saber o querer garantizar la afirmación de estas reglas y de estos principios. 
Es verdad- lo recordaba el Sr. Solana- la negociación sigue adelante, pero, paralelamente a la negociación, siguen adelante nuevos asentamientos del Gobierno israelí. 
Por esto, no podemos compartir del todo el optimismo del Sr. Solana. 
El Comisario Patten nos dice que hay que mirar más allá. 
Estamos de acuerdo. 
Hoy, la responsabilidad política que nos corresponde es la de alcanzar un acuerdo de paz; mañana será la de garantizar el respeto de este acuerdo y la legalidad internacional: en Oriente Próximo esperan a Europa, señor Presidente, porque creen en Europa. 
Si nosotros mismos no creemos en Europa, esta confianza será absolutamente inútil. 
Señor Presidente, este debate, como otros oradores acaban de decirlo, se produce en un momento crucial para los protagonistas, pero también para Europa. 
Crucial, en primer lugar, a causa de la proximidad de las elecciones para el cargo de primer ministro en Israel. 
Asimismo, se han suspendido oficialmente las negociaciones de Taba, las cuales, sin embargo, habían hecho retroceder la creación de comisiones, concretamente sobre las cuestiones atinentes a las fronteras y a Jerusalén y a los refugiados palestinos. 
Se ha suspendido, finalmente- aunque haya notado el optimismo del Sr. Solana -, la cumbre de esta semana en Estocolmo, tras las declaraciones agresivas, o, al menos, poco constructivas- para utilizar un lenguaje diplomático- de Yasser Arafat, este domingo, en Davos. 
Momento crucial, también, a causa de la transición en los Estados Unidos: Bill Clinton ya no está. 
Para el Presidente el proceso de paz era la principal prioridad de su agenda. 
El futuro dirá ahora la manera en que George Bush y Colin Powell enfocan la presencia in situ de los Estados Unidos. 
Por primera vez, desde hace años- el Sr. Danielsson lo mencionaba- acaban de celebrarse negociaciones de alto nivel en Taba, sin la presencia de oficiales norteamericanos, pero con el Sr. Moratinos, nuestro emisario en el proceso de paz. 
Quizá esta sea la oportunidad de Europa, la oportunidad para avanzar, para tener más peso político in situ, para hacer oír su voz y potenciar su savoir-faire, puesto que aspiramos a ser mucho más que los banqueros de la región. 
Sabemos que nuestra ayuda es necesaria, vital, para los palestinos, cuya situación económica es desesperada, pero queremos exportar mucho más que euros. 
Queremos exportar nuestros valores desde el punto de vista democrático, del respeto de los derechos humanos, de la educación y de la tolerancia. 
Saludo el compromiso del Sr. Patten en favor de la transparencia de la utilización de nuestra ayuda europea. 
Albert Einstein decía: "Peace cannot be kept by force but can be achieved by understanding" (la paz no puede mantenerse por la fuerza, pero puede conseguirse mediante el entendimiento). 
Hagamos, pues, que Europa sea el vehículo de este entendimiento. 
Señor Presidente, quisiera, si me lo permiten, aconsejar al Sr. Solana y a mi buen amigo el Comisario Patten que sean cautelosos en lo que respecta a Oriente Medio en estos momentos. 
Digo esto no porque yo sea, ni mucho menos, un entusiasta de la política exterior europea, sino porque creo que en estos momentos tenemos una situación muy difícil en Israel. 
Hay elecciones y debo recordar a la Asamblea que el Estado de Israel es la única democracia que existe en la región y eso es algo que merece ser tenido en cuenta. 
Hay elecciones en las que saldrá elegido un primer ministro que será crucial para el futuro del proceso de paz, por ello debemos cuidarnos de no parecer intervencionistas o que queramos interferir. 
Recuerdo a la Asamblea, porque supongo que existen muchos temores de que el Sr. Sharon salga elegido primer ministro, que el proceso de paz en Oriente Medio, desde el punto de vista israelí, siempre ha avanzado bajo la derecha israelí y fue Menájem Begin quien inició el acercamiento a Egipto. 
Pido a la Asamblea y pido a la Comisión y al Consejo que procedan con cautela. 
Pido a la Unión Europea que haga lo que mejor sabe hacer. 
La Unión Europea tiene influencia sobre los palestinos y debería ejercer dicha influencia. 
Debería preguntar al Presidente Arafat, por ejemplo, por qué permiten los palestinos en sus libros de texto el tipo de antisemitismo que nosotros, espero, hemos dejado a un lado hace mucho tiempo en esta parte del mundo. 
Deberíamos pedir al Presidente Arafat que garantice que la ayuda destinada a los palestinos llega hasta aquellos que realmente la necesitan. 
O sea, que en las pequeñas medidas y no en las grandes- porque los Estados Unidos deben tomar la iniciativa en estas cuestiones- la Unión Europea puede desempeñar un papel, pero no debería exagerarse su importancia. 
El papel principal deben desempeñarlo las propias partes, con ayuda de la gran República del otro lado del Atlántico. 
Señor Presidente, en este largo proceso de paz en Oriente Medio, nos sentimos como en una especie de montaña rusa. 
Una y otra vez, despacio y penosamente, vamos subiendo una pendiente y, cuando parece que estamos a punto de tocar el cielo, nos desplomamos vertiginosamente hasta el nivel cero. 
Eso es- y es también un poco el mito de Sísifo- un sube y baja infernal y sin fin, que amenaza con desgastar las fuerzas y hasta la esperanza de casi todos. 
En los momentos actuales- y a pesar de haber escuchado palabras de optimismo -, uno tiene la impresión de estar de nuevo en uno de los puntos más bajos de la curva, con un proceso de Oslo del que han renegado por muchos, con la confrontación sobre el terreno en un callejón sin salida y con unas elecciones en Israel que ofrecen perspectivas particularmente poco favorables para la paz. 
Sin embargo, es en estos momentos cuando hay que recargar las pilas de nuestra confianza y redoblar nuestros esfuerzos. 
Hoy por hoy, todo ello debe concretarse en dos afirmaciones: en primer lugar, no podemos perder de vista nuestro objetivo irrenunciable, que es la paz en la región, paz que hay que establecer y consolidar sobre la base de la aceptación por todos de las normas del Derecho internacional y las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU: y, en segundo lugar, Europa debe asumir de una vez, en la solución de este conflicto, una responsabilidad acorde con nuestro peso político, con nuestros valores y con nuestros intereses. 
No es digno ni coherente seguir renunciando a un protagonismo que debería correspondernos, limitándonos a ser, no interlocutores, sino meros comparsas de lo que hagan o dejen de hacer los Estados Unidos. 
Desgraciadamente, permanecemos demasiado en la vieja dinámica del paying but not playing. 
La actuación del embajador Moratinos es magnífica pero, para ser eficaz, necesitaría de un respaldo político que, desgraciadamente, no se da. 
Creo que no debe demorarse más el que la Unión desempeñe un papel protagonista, que, además, no basta con proclamar sino que debe ser definido de forma precisa y llenado de contenido con compromisos firmes en términos políticos y económicos. 
Señor Presidente, nos encontramos por enésima vez en un momento crucial del proceso de paz. 
Mucho dependerá de las próximas elecciones que se celebrarán en Israel. 
Debemos insistir de todas formas en que, sea quién sea el ganador, el nuevo Gobierno debe continuar sin demora con las negociaciones de paz con renovada energía e intensificarlas, si es posible. 
Es un momento único para que la Unión Europea gane influencia e importancia durante estas conversaciones dada la nueva situación en Estados Unidos, donde quizá la nueva Administración no cuente todavía con un rodaje completo. 
Nuestro deber, en tanto Unión Europea, es reforzar nuestra posición en el proceso de paz considerando los intereses excepcionales, sobre todo humanitarios, que están en juego; considerando nuestra posición geoestratégica respecto de esta región; y considerando nuestras importantes relaciones comerciales. 
La reciente ola de violencia y terror debe, en cualquier caso, ser condenada. 
La exigencia de repatriar a 3,7 millones de emigrantes no facilitará las conversaciones de paz, al igual que sucede con el reparto realizado por la Autoridad Palestina de libros escolares en los que, en lugar del lenguaje de la reconciliación, se predica el lenguaje del odio y de la enemistad, o lo mismo que ocurre con la postura inflexible de Arafat en Davos. 
No obstante, expreso la esperanza de que la paz y la estabilidad puedan alcanzarse en un plazo relativamente corto, pero inmediatamente añado que sería muy lamentable que nosotros, en tanto Unión Europea, no contribuyéramos de forma importante. 
Supone una prueba para nuestra credibilidad en el ámbito internacional. 
Señor Presidente, la semana pasada visité sobre el terreno, con una delegación del Parlamento, los puntos más conflictivos de Cisjordania y la franja de Gaza, o sea, Jerusalén, Belén, Hebrón, Ramala, Gaza y los campos de refugiados. 
Todavía estoy conmovido y escandalizado. Creía estar bien preparado para el viaje a través de la radio, la televisión, la prensa y los documentos de la Comisión, así como de las conversaciones mantenidas previamente. 
La realidad resultó ser muy distinta. 
Las condiciones de vida eran deplorables y espantosas. 
La situación había alcanzado un grado de explosividad inimaginable para mí. 
El concepto que mejor la describe es el de estado de guerra. 
La situación de las personas que viven en los territorios ocupados, sobre todo en los campos de refugiados, una parte de los cuales cuentan ya con más de 30 años de existencia, se puede describir como inhumana. 
Allí no están garantizados ni se respetan los derechos humanos ni tampoco valores fundamentales como la dignidad, la libertad o la democracia, o ni siquiera los derechos a la integridad personal y la higiene. 
En mi país somos extraordinariamente prudentes en las críticas contra Israel. 
Resulta más fácil aceptar las descripciones del terrorismo y las ejecuciones por parte de los palestinos, así como que éstos supuestamente envían a los niños a luchar. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que quien ha vivido durante más de 35 años en un campamento de refugiados, en barracas de hojalata, con las puertas y ventanas cubiertas con sacos, sin ningún tipo de infraestructura, confía poco en las negociaciones, sobre todo cuando éstas se vienen prolongando sin éxito desde hace ya siete años y ni siquiera se han acatado las resoluciones de la ONU. 
Además, los soldados israelíes obligan a dispersarse con sobrada frecuencia a los grupos de personas. 
Pudimos experimentarlo en carne propia, pues nuestro Grupo fue tiroteado. 
Por suerte nadie resultó herido. 
Encontramos un ambiente explosivo provocado por personas fanáticas, incapaces de llegar a un compromiso, que anteponen los principios a cualquier otra consideración, y que sin duda existen en ambos bandos, aunque parecen abundar más entre los colonos fundamentalistas, muchos de los cuales residen desde hace poco en el país. 
Señor Presidente, con frecuencia se habla de tragedia como si de un desastre natural se tratara, de un terremoto, por ejemplo. 
Utilizar el término "tragedia" para situaciones como la extensión de la enfermedad de las "vacas locas" -que ciertamente lleva camino de adquirir proporciones desastrosas- o para la situación que vive Palestina es, desde mi punto de vista, impropio porque, tanto en uno como en otro caso, hay responsables concretos. 
El terrible azar sísmico que ha golpeado El Salvador o la India no son comparables con la situación de frustración y humillación en que vive el pueblo palestino hoy en día. 
Situación absurdamente agravada por gentes con nombres y apellidos concretos el 29 de septiembre pasado en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. 
Soy amigo de Palestina y no soy enemigo de Israel. 
Pienso que la provocación de Ariel Sharon en septiembre pasado, consentida por quien podía impedirla, y los centenares de muertos palestinos desde entonces han creado un clima en la sociedad palestina que dificulta que el Presidente Arafat acepte tardías- aunque tal vez razonables- propuestas de paz que, de haber sido presentadas antes, en mi opinión habrían podido conducir a un acuerdo. 
Así, un tema espinoso, como es el derecho al retorno de los refugiados palestinos, podría haber sido presentado por la Autoridad Palestina a su propia circunscripción como un asunto con matices delicados que hay que tratar con el Gobierno de Israel, naturalmente siempre y cuando este Gobierno hubiera asumido a tiempo demandas palestinas más fáciles de aceptar. 
Está aún por ver si la nueva administración norteamericana será más aislacionista internacionalmente que su predecesora. 
Sin embargo, pienso que la retirada de Clinton ha hecho que, por ahora, la diplomacia de los Estados Unidos en la zona sea menos activa. 
Con toda la consideración y el respeto debido al amigo americano, creo que ello supone una razón adicional para que la Unión Europea se esfuerce ahora todavía más en impulsar verdaderamente su papel en el área. 
Finalmente, quisiera decirles un par de cosas. 
En primer lugar, ojalá tenga razón el Alto Representante, Sr. Solana, al augurar que pueda darse un posible acuerdo antes del 6 de febrero- Insha ' Allah -, pero no olvidemos que la sombra de Sharon continua presente. 
En segundo lugar, acabo de volver de un viaje de la delegación del Parlamento Europeo para Palestina y quisiera animar a todos los que puedan hacerlo a que vayan a Palestina, que vayan a Gaza y a Cisjordania, que vayan, que se reúnan, que miren a los ojos, que escuchen. 
Tal vez comprenderán mejor. 
Señor Presidente, los diputados que hemos sido elegidos a este Parlamento, lo hemos sido por personas de Europa que hablan en nombre de Europa para determinar el papel que puede desempeñar Europa en el panorama internacional. 
Me siento alentado por la declaración del Sr. Danielsson, la confianza del Sr. Solana y el excelente análisis que ha hecho el Comisario Patten de la situación sobre el terreno. 
Me sentí horrorizado cuando presencié, durante la visita de la delegación de la semana pasada, el alcance de la ocupación militar de Palestina. 
La población de Europa no tiene idea de esto. 
Es increíble que exista una situación en la que el Consejo Legislativo Palestino ni siquiera pueda reunirse. 
Los alcaldes de ciudades como Hebrón no pudieron acompañarnos a los lugares que nuestros embajadores habían concertado para nuestra visita. 
Existe injusticia por ambas partes, no hay duda de que existe. 
De lo que estoy en contra es que 33 años de negociaciones no hayan conducido a nada, a ninguna solución ni a la paz. 
Por consiguiente, creo que en la Unión Europea deberíamos asumir un papel más activo: de apoyo; no pretender sustituir a los estadounidenses en el proceso de paz, sino apoyar y convencer a ambas partes de que somos imparciales, tan solo un intermediario imparcial. 
También deberíamos apoyar a las Naciones Unidas y sus resoluciones, porque si queremos que países como el Iraq y Cuba respeten las resoluciones de la ONU, en ese caso también deberán respetarlas Israel y los palestinos. 
Esto es algo que espero que el Sr. Solana y el Consejo lo recalquen a ambas partes: si existen acuerdos internacionales en los que prevalece el Derecho internacional, ambas partes deberían respetarlos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Alto Representante, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, un colega- que ahora ya no se encuentra en la sala- ha manifestado hoy que la responsabilidad corresponde a los propios partidos. 
Si así fuese, si todo dependiese sólo de los partidos en liza, yo me pregunto: ¿dónde está la paz? 
¿Cuándo consiguieron cerrar y mantener la paz los partidos? 
No, yo creo que es necesaria una mediación- en este sentido, les doy la razón a cuantos así lo han manifestado -, que incluya sobre todo una mayor participación europea. 
En efecto, lamentablemente han vuelto a prevalecer el odio, la coacción y el intento de presionar a los interlocutores, a la otra parte. 
Yo no comparto la opinión que se ha expresado aquí en el sentido de que podemos esperar y pasadas las elecciones, y sobre todo bajo el gobierno de Sharon, se podrá plantear mejor la cuestión, y recuerdan el precedente de Menajem Beguin. 
En efecto, el Sr. Sharon no ha hecho últimamente nada que permita concluir que está dispuesto a cerrar la paz. 
Al contrario, su camino hacia el poder aparece empedrado con una serie de medidas que demuestran exactamente lo contrario. 
El Comisario Patten tiene toda la razón. 
Más allá de todos los intentos de dialogar con ambas partes, como es lógico- y sólo así es posible ejercer, por otra parte, una función de mediación -, tenemos que decir con toda claridad que no podemos aceptar que los recursos que destinamos a Oriente Medio no se puedan utilizar de manera productiva debido, sobre todo, a la presión y las restricciones que impone Israel a Palestina. 
Ya he vivido en varias ocasiones la misma experiencia en esta Cámara: cuanto más le cierra el grifo Israel a Palestina, más lo abre Europa, con lo cual Israel se ahorra además una parte de su contribución financiera al proceso de paz, que de este modo recae exclusivamente sobre Europa. 
¡Esto es inadmisible! 
Si asumimos esta responsabilidad financiera, que yo también acepto, entonces debe quedar claro que el compromiso político ha de ser también mayor. 
A pesar del pesimismo que lamentablemente comparto, yo le deseo al Alto Representante que su optimismo acabe resultando justificado y que consiga fortalecer el papel de Europa. 
La retirada o el retraimiento de América ofrece también a Europa una gran oportunidad de desempeñar el papel político que le corresponde en Oriente Medio. 
Señor Presidente, en Oriente Medio estamos actualmente en presencia de una situación paradójica. 
Por una parte, algunos participantes del proceso de negociación consideran que nunca las dos partes habían estado más cerca de un acuerdo. 
El Sr. Alto Representante parece también compartir esta opinión optimista. 
Por otra parte, uno de los candidatos a las elecciones en Israel declara superado el proceso de paz lanzado en Oslo. 
El hecho es que nos encontramos una vez más en una encrucijada en que la Unión Europea debe lanzar un mensaje y una advertencia. 
Me dirijo a la vez al Consejo y a la Comisión. 
El mensaje: ninguna solución justa y duradera del conflicto palestino-israelí podrá eludir el derecho internacional establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Así, la evacuación por Israel de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén-Este, el derecho de retorno de los refugiados palestinos, el derecho de Israel de vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y el derecho de los palestinos a disponer de un Estado propio, soberano, viable, contiguo, abierto sobre las fronteras internacionales y no militarizado, constituyen derechos indisolublemente ligados que deben ser satisfechos simultáneamente. 
Jerusalén, ciudad histórica que forma parte, en cierto modo, del patrimonio de la humanidad, debe volver a ser una ciudad abierta, de libre acceso para todos. 
La comunidad mundial, y, en particular, la Unión Europea, no pueden permitir que el justo equilibrio establecido sea cambiado en provecho o en detrimento de una de las partes. 
En estas circunstancias, la advertencia podría ser la siguiente: la Unión lanza un llamamiento formal para que cese la violencia y se prosigan las negociaciones, pero, al mismo tiempo, en su calidad de socio comercial y de donante de fondos, sacará las conclusiones que se imponen frente a cualquiera que se crea autorizado para abandonar el camino del diálogo y la búsqueda de un compromiso global y definitivo, aceptable para todos. 
. (SV) Señor Presidente, Señorías, después de este interesante debate sobre el difícil e importante tema de la situación en Oriente Medio, quisiera, muy brevemente, hacer una reflexión. 
El tema recurrente en las intervenciones de la mayoría de los diputados es que la Unión Europea debe tener un papel mayor en el plano político. 
El importante papel que ya desempeñamos en el campo de la colaboración económica con esta conflictiva región debe complementarse con un papel político más destacado. 
Con la mayor humildad, quisiera sostener que actualmente la Unión desempeña el papel político más importante de su historia. 
¿Por qué digo esto? 
Entre otras cosas, como una respuesta al diputado Sr. Morillon. 
Creo que hoy hay mayor voluntad que antes para conseguir lo que el Sr. Morillon denomina armonización de la política hacia Oriente Medio. 
Admito que todavía pueden existir diferencias menores. 
Sin embargo, hay una voluntad común muy fuerte, que la Presidencia nota en sus contactos con los países miembros, para trabajar mancomunadamente en favor de una solución pacífica. 
Me gustaría decir que no hay otro asunto que durante los primeros 30 días de la Presidencia sueca de la Unión Europea haya acaparado tanto la atención del Presidente del Consejo, el Primer Ministro sueco, como la situación en Oriente Medio. 
Tampoco hay otro asunto que haya ocupado más a la Presidenta del Consejo (Asuntos Generales) , la Ministra de Exteriores sueca, que la situación en Oriente Medio. 
Creo que lo mismo ocurre con el Alto Representante, quien podrá seguramente confirmarlo. 
Por tanto, la Unión está interesada, de la manera más profunda, en el proceso político, pero todavía estamos esperando resultados concretos. 
Comparto el cuidadoso optimismo del Alto Representante, Sr. Solana, pero, obviamente, hay que recordar que estamos frente a un conflicto político muy difícil. 
Para alcanzar alguna forma de éxito, se necesita que la Unión, realmente, se coordine internamente, que colabore estrechamente con Naciones Unidas- y con su Secretario General- y con Estados Unidos, que ha demostrado una fuerza inagotable para intentar resolver este conflicto. 
Si esto ocurre, entonces creo que nuestro optimismo podrá verse coronado con resultados concretos. 
Señor Presidente, Señorías, solamente quiero tratar de clarificar algunos temas, aunque sin entrar en un gran debate histórico, pues no creo que sea el momento ni para hacerlo ni para que nos arrojemos los unos a los otros sufrimientos ajenos. 
Señorías, algunos de ustedes han visitado la región hace poco. 
Yo les tengo que decir que la llevo visitando desde el año 1991, prácticamente sin parar. 
Sufrimientos hemos visto muchísimos. 
Lo que queremos los que hemos visto sufrir tanto es tratar de encontrar una situación pacífica y duradera. 
Ese es el compromiso que deseamos alcanzar los que estamos implicados en tratar de encontrar una solución en estos momentos. 
Quiero decirles que nada aconseja en este momento hacer un llamamiento al optimismo furibundo. 
Sería insensato el hacerlo, pero sí creo- y lo creo honestamente- que estamos en el momento en que mejor se han definido las connotaciones del problema y, por lo tanto, nos podemos acercar mejor a una solución. 
¿Por qué lo digo? 
Todos sabemos que, para encontrar una solución a este gravísimo problema, hay que definir el territorio y estar dispuestos a hablar sobre él, hay que definir las condiciones de seguridad y estar dispuestos a hablar sobre ello, hay que definir el futuro de Jerusalén y estar dispuestos a negociar sobre ello, y hay que negociar sobre los refugiados y estar dispuestos a hacerlo. 
En este momento, por primera vez se han definido los cuatro o cinco grandes parámetros, las dos partes los han aceptado como los grandes parámetros por definir y aceptar, y han empezado a negociar en serio, profundamente, sobre ellos. 
La pena, lo que me hace apelar a la desesperanza y no a la esperanza, es que el tiempo, desgraciadamente, se ha gestionado mal. 
Si tuviéramos un periodo un poco más largo de tranquilidad política, creo sinceramente que en ese momento se podría ser optimista. 
Pero ahora no lo soy tanto porque el tiempo, desgraciadamente, está condicionado por el calendario electoral y político, y poco podemos hacer sobre ello. 
Pero cualquiera que quiera negociar, en este caso con la Unión Europea, tiene que poner sobre la mesa el reto de alcanzar unos acuerdos sobre la base de que hay que aceptar dos Estados en la zona, que sean capaces de definir los cuatro parámetros a los que he hecho referencia: territorios, seguridad, capital y refugiados. 
La Unión Europea ha propuesto posibles soluciones para los cuatro temas mencionados. 
No crean sus Señorías que las personas que están implicadas en las distintas presidencias, en este caso la Presidencia sueca, no han puesto sobre la mesa sugerencias e ideas para avanzar. 
Lo que pasa es que no siempre ocurre el milagro de dar exactamente con la solución precisa en un momento dado. 
Pero sobre Jerusalén, señor Morillon, puedo decirle que debe tener la certeza de que se han puesto sobre la mesa muchas sugerencias. 
Sugerencias que no pueden ser milagrosas, que no pueden salir de un cierto marco que todos conocemos, y su Señoría ha puesto de manifiesto claramente cuál debe ser. 
Les diré también que, sobre los asentamientos, la Unión Europea ha tenido una posición brillante y generosa. 
Una posición que indica que no puede aceptarse una política de asentamientos como la actual. 
Lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo y les puedo asegurar que, por mi boca, siempre se hará la misma condena. 
No habrá solución definitiva sin una solución también al tema de los asentamientos. 
Lo sabemos y lo sabe cualquier persona que haya estado implicada en este conflicto tan terrible. 
Mi preocupación- que la tengo- y la causa de mi tristeza profunda- que también la tengo- es, como ha dicho alguno de sus Señorías, que el proceso de Oslo empieza a no tener el apoyo político que tenía de ambas partes hace unos años. 
Es verdad que el proceso de Oslo- no la paz- hoy no tiene la aceptación de todas las partes, con la misma intensidad y de la misma manera que la tenía hace unos años. 
Para unos no ha ofrecido la seguridad que deseaban, y para otros no les ha dado el cambio que esperaban y deseaban en su vida cotidiana. De ahí la frustración de unos y la falta de seguridad de los otros. 
Y de ahí viene una parte importante de la gran dificultad del debate actual. 
Yo les quiero decir que, por parte de la Unión Europea, haremos todo lo posible, con su apoyo, con el apoyo de los gobiernos y de los parlamentos, para seguir avanzando, pero es verdad que lo que unos y otros podemos hacer para impulsar el proceso no es inagotable. 
Las partes directamente implicadas son las que tienen que llegar a un acuerdo, y los demás sólo podemos intentar establecer las condiciones económicas, sociales y políticas para que pueda llegarse a dicho acuerdo. 
Mi propia experiencia, durante los últimos meses, me indica que nunca hasta ahora habían hablado las partes de manera más entregada y generosa, acercándose más a la resolución de los problemas. 
Y esa era mi esperanza. 
Desgraciadamente, a lo mejor tienen ustedes razón y esta esperanza ha sido vana. 
Lo sentiría muchísimo. 
. (EN) Señor Presidente, espero que lo que voy a decir no parezca un anticlímax tras la excelente intervención que acabamos de escuchar en respuesta al debate, pero hay una cuestión que ha surgido en un debate anterior y en dos intervenciones esta noche que me gustaría zanjar de una vez por todas. 
Al menos uno de sus Señorías que hoy han planteado la cuestión se encuentra en el salón de plenos y quizá pueda ocuparme ahora del tema, para que conste en Acta y podamos considerar zanjado este asunto. 
Se trata de la cuestión de los libros de texto, que me consta ha sido motivo de preocupación para varios de sus Señorías. 
Quiero dejar claro que la Comisión rechaza cualquier intento de utilizar el sistema educativo para fomentar la intolerancia o el odio. 
Conviene observar que la principal prioridad de la Comisión ha sido siempre fomentar una cultura de paz, tolerancia y derechos humanos en Oriente Medio. 
Por ejemplo, en estos últimos años hemos financiado varios proyectos, por valor de 4,5 millones de euros, encaminados a fomentar el diálogo entre jóvenes israelíes y palestinos. 
La Comisión nunca ha asignado fondos para el desarrollo de un nuevo plan de estudios ni para la impresión y distribución de libros de texto. 
El desarrollo de los planes escolares y la preparación de los libros de texto son responsabilidad del Centro palestino para el desarrollo del plan escolar. 
Este centro fue establecido en 1995 con la ayuda de los Estados miembros a través de la UNESCO. 
Desde entonces, el Centro se ha encargado de la tarea de armonizar los sistemas educativos hasta entonces separados- el egipcio para la Franja de Gaza y el jordano para Cisjordania- y de organizar un nuevo plan escolar que se ajuste a las necesidades de la nueva situación. 
El año pasado, la Autoridad Palestina editó por primera vez sus propios libros de texto para los seis primeros cursos de enseñanza primaria. 
En estos nuevos libros no se ha encontrado ningún contenido antisemita. 
Los libros que se utilizaban hasta entonces eran, según he podido saber, los libros de texto oficiales de Jordania y Egipto, y fueron autorizados por Israel para Cisjordania y la Franja de Gaza, al menos, hasta 1994; tras ser sometidos a un cierto control de edición. 
Espero que haya quedado clara la posición de la Comisión respecto a esta cuestión. 
La Comisión no ha tenido nada que ver con los libros de texto y deploramos todo fomento de la intolerancia, en particular, entre los más jóvenes y especialmente a través del sistema educativo. 
Ha valido la pena aclarar este asunto en estos momentos, porque ya había surgido en ocasiones anteriores. 
Muchas gracias, señor Comisario Christopher Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Plan Colombia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes preguntas orales: 
B5-0002/2001 del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, al Consejo, sobre el Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, llamado "Plan Colombia", 
B5-0003/2001 del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, al Consejo, sobre el Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, llamado "Plan Colombia". 
Señor Presidente, antes que nada quiero agradecer al Consejo y a la Comisión su disponibilidad para abordar hoy una problemática de particular importancia, oportunidad y gravedad como la situación en Colombia, que la Comisión de Desarrollo y Cooperación sigue- y continuará siguiendo- con la mayor atención y preocupación. 
Es evidente que la Unión Europea no sólo no puede permanecer indiferente ante la situación que se vive en ese país, sino que, además, no puede- o no debe- aceptar posiciones equívocas al respecto. 
La situación es de todos conocida. 
Por lo demás, no faltan documentos de los más diferentes orígenes que ponen de manifiesto el drama que padece Colombia y los riesgos reales de una agravación del conflicto, con graves peligros, incluso, de regionalización de dicho conflicto. 
Y a ese respecto he de recordar las preocupaciones puestas de manifiesto en la reunión de representantes en el más alto nivel de diversos países de América Latina, celebrada en Río de Janeiro, sobre esa cuestión, a mediados del año pasado. 
Y no cabe duda de que el elemento principal de la situación actual es el "Plan Colombia", acordado en septiembre de 1999 entre los Presidentes Clinton y Pastrana, por lo que es imprescindible que el Consejo y la Comisión adopten una posición y se distancien de él de forma aún más clara. 
Desde luego, por su carácter eminentemente militar, pero también porque no es el resultado de proceso de concertación alguno, sino que suscita una oposición generalizada dentro y fuera del país, porque hace tabla rasa del grave fenómeno del paramilitarismo y, por consiguiente, pone en entredicho el propio proceso de negociaciones iniciado. 
Y, además, porque ese plan, al centrarse en la eliminación del cultivo y del tráfico de droga (mediante el ataque a los productores, en particular mediante la utilización de fumigación química y biológica) , no sólo menoscaba la rica biodiversidad colombiana, sino que, además, acentuará probablemente el drama de los desplazados, que podrían incluso llegar a transformarse en refugiados en los países vecinos. 
Conocemos la declaración del Consejo de Asuntos Generales de 9 de octubre del año pasado. 
Compartimos, evidentemente y en lo esencial, los propósitos en él enunciados y los interpretamos incluso como un distanciamiento del "Plan Colombia". 
Por lo demás, consideramos que ésa es la posición de la gran mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Pero igualmente cierto es que hay quien pretende hacer de esa declaración del Consejo una interpretación de complementariedad con el "Plan Colombia". 
Y, por eso, nos parece indispensable una aclaración de la posición comunitaria para impedir que se le dé una interpretación que es- queremos creer- abusiva, aun cuando ello contraríe la opinión de uno u otro Gobierno de los Estados miembros, en particular del único que públicamente se ha comprometido política y financieramente con ese plan. 
Por lo demás, nuestra opinión es la de que la Unión Europea- y el propio Parlamento Europeo- no debe secundar una iniciativa que resulta manifiestamente de un entendimiento bilateral entre los gobiernos colombiano y norteamericano. 
Además, porque no nos parece que la misión de la Unión Europea deba ser la de curar las heridas resultantes de los actos de terceros. 
Esencialmente, a nuestro entender, y así lo expresamos en la propuesta de resolución adoptada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, como también en una resolución anterior de este Parlamento, que a la intervención de la Unión Europea debe corresponder una estrategia propia, no militarista. 
Y ése es el espíritu en que se inspirará- esperamos- la posición de los Gobiernos europeos para con el Gobierno colombiano el próximo día 30 de abril en Bruselas. 
Por lo demás, consideramos que esa estrategia de la Unión Europea debe partir de la comprensión de que el conflicto armado que afecta a Colombia dista de limitarse al problema de la droga. 
Es, por lo demás, muy anterior a él y radica fundamentalmente en fenómenos políticos, económicos y sociales profundos y negativos que se dan en ese país. 
Por eso, consideramos indispensable y prioritaria una reforma que garantice otra forma de distribución de la riqueza y, en particular, otra forma de distribución de la tierra mediante la ejecución de un proceso de reforma agraria. 
Como consideramos, por lo demás, que el problema del cultivo y del tráfico de la droga exige un planteamiento global basado en la responsabilidad compartida y la cooperación internacional entre los países productores y consumidores, que requiere, para empezar, la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico. 
Y creemos que la estrategia de la Unión Europea no puede dejar de tener presente la ineludible necesidad de poner fin a los fenómenos y a la impunidad con que actúan los grupos paramilitares, no pocas veces en conexión con las fuerzas militares colombianas, y principales responsables de las matanzas en masa de las poblaciones e incluso de cooperantes europeos. 
Como tampoco puede escamotear el trauma que subsiste en Colombia, resultante de la persecución y de la matanza de un número incontable de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, ejecutados precisamente a raíz de su participación en un proceso electoral. 
Para resumir, he de decir que es necesario que la Unión Europea ponga todo el empeño en un verdadero proceso de paz, que no coincide, desde luego, con el "Plan Colombia", que éste, al contrario, dificulta. 
Como también es necesario seguir cooperando y fortaleciendo esa cooperación con Colombia, lo que debe significar prioritariamente un compromiso efectivo del Gobierno colombiano con la ejecución de las reformas estructurales y la participación de las poblaciones y sus organizaciones en la resolución de los enormes problemas que éstas padecen y que asfixian el país. 
Espero que así lo entiendan también la Comisión y el Consejo. 
. (SV) Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar dando las gracias al estimado diputado Sr. Miranda, ya que gracias a que formuló su pregunta al Consejo nos da la oportunidad de discutir el importante asunto relacionado con la mejor manera en que la Unión Europea puede contribuir a la paz y la concordia en Colombia. 
Para comenzar, permítanme decir que la Presidencia sueca tuvo la semana pasada oportunidad de discutir directamente con el Presidente Pastrana, durante su visita a Estocolmo, la situación en Colombia y la participación de la Unión en este contexto. 
La Unión es consciente de que los problemas de Colombia son graves, complejos y enmarañados. 
Pensamos que para resolver estos problemas es absolutamente necesaria una estrategia integrada. 
En reiteradas ocasiones la Unión ha confirmado su intención de apoyar, de la manera más adecuada y concreta, los esfuerzos para iniciar un proceso de paz en Colombia fundamentado en el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. 
En su declaración de 19 de enero de este año, la Unión expresó su preocupación profunda por el recrudecimiento del conflicto colombiano y por el creciente sufrimiento de la población civil. 
La Unión esta convencida de que el conflicto sólo podrá resolverse mediante un acuerdo negociado y, por esa razón, insta a la reanudación de las conversaciones de paz. 
Después de que el Presidente Pastrana en octubre de 1999 pidiera aquí en el Parlamento Europeo ayuda a la Unión para su "plan de paz, bienestar y fortalecimiento del poder estatal", el Consejo, como respuesta a numerosas preguntas de sus Señorías, ha tenido oportunidad de repetir los rasgos principales de su postura frente a Colombia y de informar al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de los trabajos relacionados con este importante asunto. 
En su reunión del 9 de octubre del año pasado, el Consejo confirmó su respaldo político a los esfuerzos de los órganos elegidos democráticamente en Colombia para conseguir la paz y manifestó su anhelo de observar activamente, junto con la comunidad internacional, el proceso de negociaciones, proceso que en el marco de la colaboración con la sociedad civil y con la aceptación de todas las partes debe conducir a una paz fundamentada en los derechos humanos, en el derecho humanitario y en las libertades fundamentales. 
El Consejo comunicó también, en el marco de la continuación de los esfuerzos que se están realizando, su intención de iniciar un plan europeo concreto e independiente para dar ayuda socioeconómica e institucional al proceso de paz en Colombia, programa cuyo objeto será promover y cautelar el respeto a los derechos humanos, al derecho humanitario y a las libertades fundamentales, mejorar las condiciones de vida de la población, incentivar los cultivos alternativos y proteger la biodiversidad y respaldar un programa de reformas estructurales en todos los sectores que nutren al conflicto armado. 
En la segunda reunión con el grupo de apoyo al proceso de paz en Colombia, que se realizó en Bogotá el 24 de octubre del año pasado, comunicó la Comisión que la ayuda comunitaria a los esfuerzos de paz del Presidente Pastrana sería de 105 millones de euros durante el período 2000- 2006. 
Aproximadamente 40 millones de euros se destinan al desarrollo económico y social y a la lucha contra la pobreza, cerca de 30 millones de euros van al denominado desarrollo alternativo y 25 millones de euros se destinan a las reformas del sistema judicial y a la promoción de los derechos humanos. 
La Comisión también ha comunicado que aumentará la ayuda complementaria que se concede a proyectos destinados a catástrofes a través de la ECHO. 
Los Estados miembros estudian todavía las cantidades que destinarán al paquete de ayudas de Europa a Colombia, pero la mayoría ya ha comunicado sus intenciones en esta materia. 
La Comisión se ha comprometido a coordinar los esfuerzos para la creación de este paquete de ayudas. 
En relación con la lucha contra las drogas- asunto del que se ocupa el punto 8 de la resolución parlamentaria del 7 de septiembre del año pasado y a la que alude su Señoría- la Unión también ha subrayado la importancia de combatir esta plaga que afecta directamente a todos los estados europeos y a sus ciudadanos. 
La Unión ha establecido un mecanismo de cooperación en materia de drogas entre la Unión y los países de Hispanoamérica y el Caribe, mecanismo cuyo plan de acción fue aprobado en abril de 1999 y que recibió considerable respaldo político en la Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de la Unión Europea y los países de Hispanoamérica y el Caribe en Río de Janeiro en 1999. 
Para facilitar la reconversión agrícola y reemplazar sus productos de exportación, Colombia está incluida en el sistema de preferencias generales GSP y, además, desde 1999, en el sistema adicional de preferencias temporales. 
Ha entrado en vigor un acuerdo entre la Unión y los países andinos sobre precursores químicos que se suscribió en 1995. 
El Consejo no se ha manifestado acerca de la contribución de Estados Unidos al Plan Colombia, del que una parte significativa se destina a la lucha contra el comercio con drogas, ya que este asunto concierne a las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. 
Finalmente quisiera recordar a su Señoría las directrices para fortalecer la coordinación de acciones entre la Unión, representada por la Comisión, y los Estados miembros en el campo de las ayudas externas, que se aprobaron como una parte del debate de orientación en la reunión del Consejo (Asuntos Generales) del 22 y 23 de enero de este año. 
Confiamos en que en el futuro esto nos permitirá afrontar de mejor manera situaciones como la de Colombia. 
. (EN) La Unión Europea ha ofrecido apoyo político y financiero a la iniciativa por la paz del Presidente colombiano Pastrana. 
Somos perfectamente conscientes de la preocupación que ha despertado el componente militar del Plan Colombia, especialmente, entre los representantes de la sociedad civil en Colombia así como en Europa. 
El Presidente Pastrana y su Gobierno conocen perfectamente las reservas de la UE respecto a algunos aspectos del Plan Colombia. 
La Comisión no tiene intención de tomar parte en ninguna iniciativa que tenga una dimensión militar. 
En términos de la lucha contra la droga, seguiremos suscribiendo el enfoque global y equilibrado que la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó en su sesión sobre las drogas en junio de 1998. 
En este sentido, la UE hizo hincapié el pasado octubre en Bogotá en la necesidad de no poner en peligro los proyectos alternativos de desarrollo a través de medidas no selectivas para la erradicación de cultivos ilícitos. 
En este contexto, seguimos dando prioridad a medidas positivas, tales como la reducción de la demanda, el fomento de nuevos cultivos, la oferta de oportunidades para acceder al mercado europeo y el fortalecimiento del Estado de derecho. 
Como posiblemente sepan sus Señorías, la UE decidió el pasado mes de octubre crear un paquete europeo de ayudas al proceso de paz en Colombia, cuyo importe total deberá decidirse en la próxima reunión de donantes. 
Este paquete europeo de ayudas lo forman las contribuciones de los Estados miembros de la UE y de la propia Unión Europea. 
Todos los Estados miembros de la UE han declarado estar dispuestos a proporcionar contribuciones financieras a dicho paquete y la mayoría de ellos ya han presentado sus compromisos. 
Como la Presidencia sueca acaba de anunciar, la Comisión pondrá en marcha un plan de ayuda por valor de 105 millones de euros para el período 2000-2006. 
Estos fondos se destinarán a la modernización de la administración, al fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y al desarrollo de cultivos alternativos. 
Asimismo, se hará hincapié en la búsqueda de soluciones a una serie de problemas estructurales del país, en particular, las reformas política, social y económica. 
La Comisión continuará asimismo proporcionando ayuda humanitaria para asistir a las numerosísimas personas desplazadas que existen en Colombia. 
Esta ayuda no programable ha alcanzado un importe de 24 millones de euros desde 1997. 
Este año está prevista la asignación de 10 millones de euros para este tipo de intervenciones. 
Estos ámbitos de cooperación son también ámbitos prioritarios del Gobierno de aquel país. 
La UE tiene intención de hacer efectiva su contribución lo antes posible. 
Con este propósito, una misión en la que participan expertos procedentes de la Comisión y los Estados miembros se encuentra en estos momentos en Colombia con el fin de identificar un proyecto en una zona llamada Magdalena Medio, al que la Comisión podría destinar aproximadamente 20 millones de euros. 
En esta región, la violencia ha alcanzado su máximo nivel y la iniciativa de la UE estará encaminada al fomento del diálogo entre las partes que intervienen en el conflicto. 
Esta medida constituirá la aplicación efectiva del concepto de laboratorio de paz. 
Las conclusiones de esta misión de expertos deberían estar disponibles antes de finales de febrero. 
Aparte de nuestro compromiso financiero, Europa está incrementando asimismo su actuación política en el conflicto. 
Debo mencionar la representación de varios Estados miembros en el Grupo de Amigos que se encargó de asegurar la zona de la reunión con el Ejército de Liberación Nacional el pasado 26 de enero, así como la reunión promovida por la Presidencia con las Fuerzas Revolucionaras Armadas de Colombia celebrada en París el 15 de diciembre. 
Una última palabra sobre el riesgo de que el conflicto colombiano que extienda a los países vecinos. 
Muchos han manifestado su preocupación, en particular, Ecuador y Brasil. 
De hecho, ha crecido el flujo de refugiados que cruzan la frontera en las zonas afectadas. 
Por este motivo, la UE ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque regional para solucionar el problema de la droga y más específicamente, el conflicto colombiano. 
Éste será uno de los temas principales de la próxima reunión sobre drogas entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, prevista para el segundo trimestre del presente año. 
El objetivo que se persigue es hacer mayor hincapié en una estrategia global con vistas a contrarrestar el fenómeno de la transferencia de cultivos ilícitos de un país a otro. 
Resumiendo, acogemos con gran satisfacción el presente debate y apoyamos firmemente la línea expuesta por el Sr. Miranda. 
Señor Presidente, es indudable que el conflicto que vive Colombia desde hace más de treinta años no puede resolverse con medidas militares. 
Estamos de acuerdo, señor Comisario, por cuanto la violencia sólo puede generar más violencia. 
De ahí que el Grupo PPE, más allá de lo que constituye estrictamente el Plan Colombia para acabar con la producción y el tráfico de drogas, valore positivamente los esfuerzos concertados del Presidente Pastrana de diálogo con la guerrilla y la estrategia que propone para ir a la raíz del problema y atacar las causas que lo provocan. 
Porque los objetivos de esta estrategia son la elaboración de alternativas que permitan la recuperación económica y social de Colombia, la resolución del conflicto armado con la guerrilla, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el desarrollo social y, en último término, también la lucha contra el narcotráfico. 
En efecto, si no se pone fin a la violencia mediante el diálogo, si no se ofrecen alternativas a los campesinos que les permitan llevar una vida digna, si no se resuelve el grave problema de los desplazados, si no se respetan los derechos humanos, si no se fortalecen las bases sobre las que se sustenta el Estado de Derecho y se acaba con la impunidad, si no se pone fin al narcotráfico, la paz para Colombia no será más que una entelequia. 
Por ello, nos parece fundamental- y nos alegramos de ello- que la Unión Europea apoye los esfuerzos de paz del Presidente Pastrana en la línea de lo que nos acaba de anunciar el Presidente en ejercicio del Consejo y también en la línea que la Comisión, a través de los Comisarios Nielson y Patten, había anunciado en su momento y que ahora nos acaba de reiterar. 
Gracias a esta ayuda se contribuye a resolver las situaciones de injusticia social y a mejorar las condiciones de vida de la población local, así como a fortalecer las instituciones democráticas. 
También nos parece fundamental que las FARC vuelvan a la mesa de diálogo y se prorrogue la vigencia de la zona de distensión más allá del fin de semana que acaba de proponer el Presidente Pastrana, para que puedan proseguir las conversaciones de paz y llegar a buen término. 
Pero de ahí también, por nuestro empeño con la paz y el bienestar del pueblo de Colombia, que pidamos al Presidente Pastrana que intensifique su lucha contra los paramilitares y contra los grupos armados que violan los derechos humanos y siembran el dolor y la muerte entre la población civil, y que le pidamos también que aplique las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, porque sólo así, con el esfuerzo concertado de todos, con una lucha realmente intensa y decidida en favor de la paz, será posible que la esperanza vuelva a renacer para el pueblo de Colombia. 
Señor Presidente, la violencia en Colombia es una gran preocupación para este Parlamento, que ya ha aprobado en los últimos años una serie de resoluciones apoyando el proceso de paz. 
Un proceso de paz real, es decir, basado en la concertación entre los diferentes participantes en el conflicto y la sociedad civil, tanto las ONG como las organizaciones campesinas y las colectividades locales, y no un plan que consista en la financiación de fumigaciones, que pueda excluir el diálogo con los actores fundamentales de la paz. 
Europa ha tenido éxito en su acción exterior en América Latina cuando ha realizado una política autónoma, promoviendo soluciones internas e impregnando sus programas de cooperación de sus valores políticos en materia de derechos humanos, de democracia y de cohesión social. 
Recordemos el caso de Centroamérica, que desembocó en el diálogo de San José, en el que la entonces Comunidad Europea apoyó una solución regional en lugar de alinearse en el conflicto Este-Oeste. 
Esa línea diferenciada es la que debe seguir y promover internacionalmente la Unión Europea. 
En este sentido, he entendido que el Consejo y la Comisión están dispuestos a apoyar una línea autónoma, independiente y de lucha contra la droga. 
Pero luchar contra la droga es un problema que va más allá de fumigar los cultivos y, desde luego, está fuera de cuestión para nosotros que ello se haga en connivencia con los planes militares de los Estados Unidos. 
La sustitución de cultivos requiere un diálogo previo con los campesinos y alternativas de desarrollo para ellos. 
Requiere un compromiso con el desarrollo sostenible: sabemos ya que las fumigaciones con Fusarium oxysporum son malas para el medio ambiente. 
Requiere además una concertación con el Gobierno para que facilite una redistribución de la tierra que garantice la supervivencia de los campesinos y termine con sus desplazamientos masivos. 
En definitiva, un plan distinto y un plan que sea negociado. 
En cuanto a la cooperación comunitaria, sentimos cierta preocupación por que los 105 millones de euros de ayuda previstos no se destinen a proyectos concretos de lucha contra la pobreza y en favor de los derechos humanos. 
Quisiéramos más concreción sobre estos distintos fondos, y particularmente alguna garantía de que las ONG van a participar, por la vía de la cofinanciación, en la gestión de los proyectos a los que los fondos están destinados. 
Sería también una garantía para el destino de Colombia, de este plan Colombia. 
Según la información con la que cuento, en estos momentos no hay proyectos de cooperación de ONG cofinanciados por la Comisión en Colombia. 
Si los hay, me gustaría que se concretaran más. 
¿Qué tipo de programas son? 
En definitiva, creemos que la Unión Europea debe mantener una política propia en Colombia, basada en la paz real, en el diálogo, en la eliminación de la pobreza y en las perspectivas de desarrollo sostenible. 
Cualquier otro tipo de alternativa, particularmente las veleidades militares procedentes de Estados Unidos, no es buena para llegar a la paz y, desde luego, no es aceptable para este Parlamento, y espero que tampoco lo sea, por lo que he escuchado hoy, para el Consejo y para la Comisión. 
Creo que ello es importante, y hoy es un día bueno si conseguimos que se haga un verdadero plan de paz para Colombia, autónomo desde el punto de vista de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la población colombiana está sumida en la pobreza, la violencia y las drogas. 
Estos tres problemas tan sólo pueden resolverse si se relacionan entre sí. 
Muchos colombianos se encuentran en una situación sin perspectiva. 
Más de la mitad de la población gana menos de dos dólares al día. 
La desigualdad es espantosa. 
El tres por ciento de los colombianos posee el 70% del país. 
Para muchos pequeños agricultores, el cultivo de la coca y la adormidera constituye el único medio de supervivencia. 
La desigualdad social, las tradiciones violentas y la falta de un poder estatal proporcionan a las guerrillas y a las unidades paramilitares la libertad de continuar con sus prácticas atroces carentes de consideración. 
Su lucha por el poder constituye en el fondo una lucha por las drogas. 
Impera una total ausencia de justicia y las violaciones de derechos humanos son legión. 
Por supuesto, el problema mundial de las drogas debe atacarse en su origen sobre todo, por tanto, en los propios países productores. 
De ahí que sea deseable que se ofrezca una alternativa razonable a los agricultores colombianos ante la producción de droga. La contribución europea debe ir encaminada en ese sentido. 
Además, Europa y América deben abrir, por supuesto, sus mercados a los productos alternativos colombianos. 
El planteamiento militar por sí solo no ofrecerá una solución en tanto no se aborden las causas más profundas. 
Hasta ahora, el envenenamiento de las plantaciones ha ocasionado graves daños medioambientales, terribles afecciones a las personas y el desplazamiento de la propia producción. 
Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco debemos ser ingenuos. 
Debemos comprender que a veces también hay que actuar con dureza frente a la mafia de las drogas. 
Los grandes canallas no siempre se convencen con nada más que negociaciones. 
Europa debe centrarse, sobre todo, en el resultado. 
El mundo debe librarse de las drogas y la población colombiana, de la pobreza y la violencia. 
Señor Presidente, Señorías, ¿de qué Plan Colombia hablamos hoy exactamente? 
¿De la primera versión, que nos llega en inglés directamente de los Estados Unidos sin haber sido sometida antes al Parlamento colombiano, o de la versión destinada a Europa, que hace hincapié en el capítulo social, pero que no oculta el componente esencialmente militar de dicho plan? 
Este programa de ayuda al Gobierno colombiano pretende luchar contra la producción y el tráfico de drogas. 
Abasteciéndole de armas. 
Dicho material militar debe servir presuntamente para destruir los campos de cultivo de cocaína. 
Permítanme que dude de la utilización de estas armas en un país devastado desde 1948 por una guerra iniciada por razones socioeconómicas aún válidas, pero que se convierte cada vez más en una guerra de la alianza militares-paramilitares contra la población. 
¿A quiénes opone exactamente el Plan Colombia? 
Oficialmente, al Estado colombiano frente a los narcotraficantes. 
En realidad, los peces gordos de la droga están protegidos por grupos paramilitares, entrenados por el ejército colombiano. 
Son estos mismos grupos los que matan a los pequeños campesinos, cultivadores de coca, y que expulsan a los habitantes de los sitios codiciados por las multinacionales del petróleo. 
Por no hablar de las presiones sufridas por quienes apoyan el proyecto Nunca Más, que luchan para hacer perdurar la memoria de estas atrocidades. 
Con el pretexto de la guerra contra la droga, se lleva a cabo una guerra contra la población civil. 
Este plan constituye un apoyo directo a los asesinos, que ya han acabado con más de 150 personas desde principios de año, es decir, a los grupos paramilitares, cuya vinculación con el ejército es evidente. 
Además, la Unión Europea no puede en ningún caso avalar la ausencia de democracia y de legitimidad que ha presidido la firma de dicho acuerdo entre los Gobiernos norteamericano y colombiano. 
La Unión y sus Estados miembros no deben cooperar con este plan, sino oponerse a él, oposición que ya llevan a cabo las ONG y los movimientos sociales locales. 
Ni hablar de responsabilidad compartida con los norteamericanos. 
¿De millones de muertos? 
¿El Plan Colombia es aceptable? 
Yo apoyo la gestión de la Comisión de Desarrollo. 
Votaremos, pues, a favor de esta resolución, que, lejos de preconizar la donación de armas, propone la iniciativa contraria: promover la "desescalada" del conflicto armado, combatir la vinculación entre militares y paramilitares, respetar a los defensores de los derechos humanos, mejorar las condiciones de vida de la población a través de los movimientos sociales, y no actuar contra éstos. 
Es el diálogo lo que conduce a la paz, no la guerra. 
Señor Presidente, si América Latina sufre desigualdades que acaban generando violencia, en Colombia es donde esa trágica dinámica se expresa con toda su crudeza y dramatismo, hasta tal punto que yo, que soy médico y profesor de medicina, tengo que constatar que en Colombia se ha creado una rama de la epidemiología que se llama "epidemiología de la violencia". 
La Unión Europea ha convertido en un principio básico de su papel internacional la prevención de conflictos y la solución pacífica y negociada de los mismos. 
El Plan Colombia, elaborado entre Estados Unidos y el Presidente Pastrana, sin que haya participado el Parlamento de su país, va precisamente en sentido contrario. 
Por ello, ayer llegaba del Foro Social Mundial en Porto Alegre con un compromiso concreto, que aquí defiendo, que es el adoptado por un conjunto de parlamentarios de América Latina, de Europa y de otras partes del mundo, para indicar claramente que hemos de decir no al Plan Colombia y sí a la solución negociada y pacífica del conflicto. 
Aquí es donde la Unión Europea puede diferenciarse claramente de otro tipo de intervenciones. 
Se puede decir que, contra el narcotráfico, la mejor lucha es desmantelar las redes internacionales de distribución y lavado de dinero negro. 
Contra la violencia, la mejor solución es profundizar en la conquista pacífica de la democracia, negociando y desmantelando las redes de bandas paramilitares ligadas al ejército y al aparato de Estado. 
Contra la pobreza y la desigualdad, la mejor solución es avanzar en una reforma social para que todo el mundo pueda tener derechos. 
Por ello, la oportunidad es evidente para nosotros. 
Señor Presidente, hay una confusión en relación con la dramática situación que está viviendo Colombia, y quizá sea oportuno recordar que, tan sólo unos días después de su victoria electoral- por cierto, la mayor y más importante de un Presidente de Colombia en los últimos años -, el Presidente Pastrana se reunió con la cúpula de las FARC, el mayor y más antiguo grupo guerrillero del continente americano. 
Era la primera vez en treinta años de conflicto que un Presidente electo se reunía en suelo colombiano con los líderes de un movimiento guerrillero. 
Tres semanas después de su investidura, la cúpula del segundo grupo guerrillero del país, el ELN, y representantes de la sociedad civil alcanzaron un acuerdo en la ciudad alemana de Maguncia. 
Se abrieron unas mesas de negociación y se creó una zona desmilitarizada con una superficie igual a la de Suiza y bajo el control de la guerrilla. 
Sin embargo, y lamentablemente, todo este período se ha caracterizado por una palmaria ausencia de paz. 
Es más, la violencia, los asesinatos, la extorsión, los secuestros y los sabotajes, por parte de grupos armados de izquierda y de derecha, se han generalizado más que nunca. 
Esta situación y este clima generalizado de violencia que ha vivido el país dan lugar a un gran escepticismo a la hora de resolver este conflicto. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea ante esta situación? 
Como han manifestado la Comisión y el Consejo, no cabe otra solución que la de apoyar una respuesta específica de la Unión Europea dirigida a fomentar el fortalecimiento institucional, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo alternativo, la ayuda humanitaria y el desarrollo social. 
Les pregunto, señor Comisario, señor representante del Consejo, si piensan ustedes que Colombia, en estos momentos graves que está viviendo, puede permitirse el lujo de prescindir de la ayuda, de los recursos, que la solidaridad internacional está movilizando. 
Es evidente que hay que hacer un esfuerzo y también es evidente, señor Presidente, que la moderación se convierte en vicio cuando rechaza comprometerse. 
La Unión Europea no puede ni debe tener otro compromiso que el compromiso de un apoyo decidido a la paz. 
Y para que la paz sea posible, se requieren tres condiciones: el cese de la violencia criminal, la vuelta de la guerrilla a la mesa de negociación- en este sentido, el Presidente Pastrana ha hecho un llamamiento que esperamos sea escuchado- y el compromiso firme del Gobierno de asociar a los actores- a todos los actores- del proceso de paz y a la sociedad civil a los dividendos que pueda procurar esta paz. 
Y pienso que es así, señor Presidente, con generosidad, con realismo, con propuestas imaginativas y audaces y, sobre todo, con buena voluntad, como el problema de Colombia puede encontrar una solución a la que la Unión Europea tiene que dar su respuesta solidaria, como nos han anunciado los representantes del Consejo y de la Comisión. 
Señor Presidente, la Unión Europea debería combatir el narcotráfico y apoyar un proceso de paz genuino en Colombia, pero no puede, no debe ni debería hacerlo cooperando con el Plan Colombia. 
Este plan es una estrategia militar apenas disfrazada, patrocinada por los Estados Unidos, que sencillamente tendrá como consecuencia una escalada del conflicto, un aumento de las violaciones de los derechos humanos y, como mucho, el desplazamiento de la producción de la droga. 
Tres cuartas partes de la contribución estadounidense al paquete es asistencia militar; sólo el 6% va dirigida a los derechos humanos y sólo el 4% se destinará a ayudar a las personas desplazadas. 
Resulta desconcertante que alguien pueda sostener que éste es un plan que apoyará el proceso de paz, cuando sólo el 1% de la contribución estadounidense se destina a este fin específico. 
El Plan Colombia no ha sido el resultado de una consulta a la sociedad civil a nivel local, nacional o internacional; el Congreso colombiano nunca le dio su aprobación. 
El Plan ha sido objeto del rechazo de todos los sectores de la sociedad: las comunidades locales, los gobernadores elegidos democráticamente, la Iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales. 
Por consiguiente, un apoyo al Plan dañaría la confianza y credibilidad que la UE se ha ganado con sus proyectos y en sus relaciones con las comunidades locales. 
En cuanto a las fumigaciones aéreas, lo que se propone es nada menos que la utilización de armas biológicas. 
Se ha descubierto que los fungicidas tóxicos que se utilizan para matar las plantas de coca han ocasionado fiebres entre la población local, la muerte de reses y de peces y se ha demostrado que ataca el sistema inmunológico de los humanos, con resultados que pueden incluso ser de muerte. 
El Dr. Mondragón, que ha aportado pruebas ante este Parlamento este mismo mes, demostró que la fumigación de 22.000 hectáreas de cultivos ilegales el pasado año en Colombia no impidió la aparición de 38.000 hectáreas de nuevos cultivos, porque el problema es que los campesinos no tienen otra alternativa. 
Acojo con satisfacción la declaración de esta noche del Sr. Danielsson de que el apoyo europeo será independiente. 
Este Parlamento debe apoyar los esfuerzos con ONG suecas que actúen entre bastidores para fomentar entre todas las partes involucradas el proceso de paz iniciado en Costa Rica. 
Me complace que haya sido el Sr. Danielsson el que represente al Consejo y no el Sr. Solana, que se escabulló rápidamente antes del inicio del debate y que tergiversó gravemente la posición de la UE cuando en la reunión celebrada en Madrid el pasado mes de julio hizo una declaración preventiva en apoyo del Plan Colombia. 
Acojo con gran satisfacción el compromiso del Comisario Nielson de esta noche de no involucrarse con la estrategia militar. 
Eso es lo que pide este Parlamento. 
Aunque el Comisario debería desmentir el comunicado de prensa del pasado mes de septiembre en el que manifestaba apoyo al plan. 
El Sr. Salafranca dice que existe confusión. 
No existe ninguna confusión. 
No es una muestra de mala fe del Presidente Pastrana y sus intentos de proseguir el proceso de paz que, al mismo tiempo, señale que hasta ahora ha fracasado en sus intentos de desmantelar los grupos paramilitares, poner fin a los abusos del Ejército colombiano y ofrecer la debida protección a los defensores de los derechos humanos, 25 de los cuales han perdido la vida durante los tres últimos años. 
El Sr. Salafranca condena los abusos de los grupos radicales de izquierda y de derecha. 
Tiene razón al hacerlo, pero nosotros no estamos socorriendo a los guerrilleros, cuyos abusos de los derechos humanos condenamos, cuando decimos que más del 75% de las violaciones de los derechos humanos es obra de los paramilitares y del ejército. 
Este Plan Colombia es un plan de guerra y no un plan de paz, y esta noche Europa lo rechaza por completo. 
Señor Presidente, sólo quisiera respaldar todo lo que ha dicho el Sr. Howitt. 
El Plan Colombia está siendo promovido como un medio para combatir la producción y el tráfico de drogas, pero desde que comenzaron las campañas de erradicación y fumigación de los cultivos hace seis años, se han triplicado prácticamente las plantaciones de coca que hay en la actualidad, lo que demuestra que éste no es un método eficaz. 
No funciona y además es un desastre ecológico. 
Desde que comenzaron las guerras de la droga en los años ochenta, la violencia en Colombia se ha recrudecido terriblemente. 
Entre el 75 y el 80% de los asesinatos lo cometen las fuerzas paramilitares para proteger a los grandes agricultores y a las compañías petroleras. 
El Gobierno colombiano quiere hacer creer que intenta combatir a los paramilitares, pero en realidad mira para otro lado. 
Sabe perfectamente que existen claros nexos entre los paramilitares y las fuerzas armadas. 
Si el equipamiento militar se incrementa en la proporción que propone el Plan Colombia, no hay duda de que éste terminará en manos de los paramilitares. 
Aumentarán las masacres, aumentarán las desapariciones; se incrementará el número de violaciones que se cometen contra la población civil inocente. 
Cualquier plan que incluya un elemento militar no es la solución para Colombia. 
Sólo servirá para agravar la situación. 
Muchos Estados miembros tienen serias reservas con el componente militar y es muy cínico afirmar que queremos ayudar en el ámbito social cuando no hay ninguna duda de que éste es un plan militar. 
Señor Presidente, la Unión Europea está por fin dándose cuenta de que en la raíz de la dramática situación en Colombia están graves problemas sociales, especialmente el problema de una justa redistribución de la riqueza y de la tierra entre los pocos que lo tienen todo y la inmensa mayoría que no tiene nada. 
El Plan Colombia de Clinton y Pastrana, con el reforzamiento de las estructuras militares para luchar contra el narcotráfico, tiende a defender este desequilibrio social, tal como lo defienden los paramilitares, fieles aliados del ejército de Pastrana y de los narcotraficantes. 
No es casualidad que Carlos Castaño sea amigo del Gobierno y capo de los narcotraficantes y de los paramilitares. 
No es casualidad que, mientras los paramilitares matan a los campesinos y a los representantes políticos y democráticos, las avionetas americanas, con la excusa del narcotráfico, destruyen con las fumigaciones los cultivos y obligan a los campesinos a abandonar sus aldeas. 
La Unión Europea si cree realmente en lo que ha escrito en sus Tratados y en su reciente Carta en materia de justicia y de derechos humanos, debe apoyar las reivindicaciones sociales del pueblo colombiano y tiene que contrastar el Plan Colombia, un plan de guerra y no de paz. 
Señores de la Unión Europea, si en Colombia no se produce una verdadera redistribución de la tierra, las ayudas de la Unión Europea acabarán en los bolsillos de los narcotraficantes, de los terratenientes y de las multinacionales. 
En la raíz de este drama está la redistribución de la tierra y la equidad de la justicia social. 
Señor Presidente, como han afirmado muchos oradores que han intervenido en respuesta a este Plan Colombia, este plan militar estadounidense, la acción de la Unión Europea ha de ser autónoma e independiente, debe perseguir su propia estrategia no militar, debe promover y defender el respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario y de las libertades fundamentales, así como, y sobre todo, debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. 
Durante los pasados meses, hemos elaborado más de una vez una serie de resoluciones sobre los derechos humanos en Colombia, resoluciones aprobadas en este Pleno. 
Ahora, quiero aprovechar este debate para hacer una nueva denuncia: desde el 15 de septiembre de 2000, tres ciudadanos italianos, técnicos de una empresa fabricante de maquinaria industrial para confitería, están en manos del Ejército de Liberación Nacional. Junto con estos tres ciudadanos italianos hay otros tres europeos, además de miles de colombianos. 
No sólo permanecen secuestrados desde hace cuatro meses, sino que no se consigue mantener ningún contacto. 
Las autoridades italianas se están empleando a fondo, sin embargo, existe cierta reticencia, también por parte del Gobierno colombiano, respecto de abrir seriamente las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional para llegar a una solución. 
Considero que debemos poner los derechos humanos en primer lugar y, en consecuencia, quisiera aprovechar la ocasión para pedir a la Presidenta del Parlamento que dirija una carta a las autoridades colombianas para que se respeten los derechos humanos y para que el Gobierno no escatime esfuerzo alguno, dado que afirma que está negociando con el Ejército de Liberación y con las demás fuerzas, para que, en caso de llegar a un acuerdo, éste incluya la liberación inmediata de todos los ciudadanos europeos y colombianos- europeos y no europeos- que están detenidos y que se encuentran en manos de los militares. 
Señora Ghilardotti, respecto de la propuesta que ha hecho su Señoría del envío de una carta por la Presidenta del Parlamento Europeo, la Mesa toma nota e informará a la Presidenta de su solicitud. 
Señor Presidente, como parlamentario europeo y como secretario general de mi partido, Eusko Alkartasuna, y lo que representa en el País Vasco, quiero apoyar un proceso de paz en Colombia, pero no cualquier proceso de paz, sino aquel que, como dicen las ONG europeas más involucradas en la ayuda a Colombia, esté inspirado en el respeto de los derechos humanos y en la búsqueda de un verdadero desarrollo sostenible con justicia social para aquel país y para toda la región. 
Apoyar engendros como el Plan Colombia ni resuelve los conflictos, porque no va a su raíz, y además nos coloca en la contradicción de emplear fondos para aliviar los efectos del propio plan. 
Independientemente de mi profunda disconformidad con planes como el Plan Colombia, debo decir que es absolutamente contradictorio que partidos como el Partido Popular español y el Partido Socialista español, que hoy han venido aquí a presentarnos un frente antiterrorista que se sitúa en las antípodas de las salidas negociadas a los conflictos, se presenten como los valedores de las tesis contrarias en el caso del otro lado del Atlántico. 
Decididamente, a nuestros vecinos españoles- o al menos a éstos que quieren soluciones en Colombia pero las niegan en terreno europeo- habría que aplicarles aquello de "consejos doy que para mí no tengo". 
Señor Presidente, el debate de esta tarde en el Pleno revela el mismo panorama que ya observamos en septiembre cuando se celebró la audiencia en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Existe un gran consenso en el sentido de que el Plan Colombia y su importante componente militar ponen en peligro las negociaciones de paz ya iniciadas y entrañan el riesgo de una escalada del conflicto en Colombia, después de más de treinta años de guerra civil, de más de 300.000 muertos y de la esperanza de que tras la toma de posesión del presidente Pastrana se pudiera iniciar un diálogo que permitiera resolver los problemas del país y el conflicto. 
Hoy se ha repetido varias veces que el problema mundial de las drogas se tiene que abordar y atajar de raíz. 
Yo estoy, naturalmente, de acuerdo, pero el problema del conflicto en Colombia también se tiene que atacar en sus raíces y Europa no puede permitirse caer en los mismos errores que los Estados Unidos, o sea, creer que el tráfico de drogas está en la raíz de la creciente violencia y del conflicto, mientras cierra simultáneamente los ojos ante el sistema social injusto y políticamente difícil que existe en Colombia. 
Señor Comisario, señor Representante del Consejo, en septiembre pasado, el Parlamento instó a la Unión a que desarrollase una estrategia independiente contra las drogas. 
Un mes después, en octubre, el Consejo declaró que la Unión respaldaba los esfuerzos a favor de la paz y también estaba dispuesta a seguir de cerca las negociaciones. 
Lo que nos han dicho hoy aquí suena muy prometedor. 
Yo creo que la Unión debe seguir trabajando en esa dirección. 
Pensar que el conflicto en Colombia se podrá resolver recurriendo a medios militares para combatir el tráfico de drogas, mientras se olvidan los problemas sociales y políticos del país, es una farsa y también un fraude para la población que ya lleva demasiado tiempo esperando que la paz y la estabilidad lleguen a su país. 
Señor Presidente, Señorías, ¿cuántas veces hemos condenado ya los asesinatos y la guerra en Colombia desde esta Asamblea? 
¿Cuántas resoluciones hemos adoptado? 
Por esto yo también me alegro de que el Consejo y la Comisión se hayan expresado en la forma y con la claridad con que lo han hecho hoy. 
No obstante, quien crea que el Plan Colombia- negociado por los Estados Unidos con Pastrana, señor Salafranca Sánchez-Neyra- constituye un nuevo paso hacia la paz debería pararse a pensar que dicho Plan Colombia intensificará la guerra y propagará los enfrentamientos bélicos a las regiones vecinas y a otros Estados. 
Que yo recuerde, el Presidente de Brasil, Cardoso, no ha aprobado el Plan y tampoco lo ha acogido con satisfacción. 
El papel de la Unión Europea debe ser seguir apoyando e impulsando el proceso de paz, y conseguir también a la vez que el Gobierno de Colombia restablezca la legalidad constitucional, ahora inexistente. 
No existe una verdadera división de poderes y hay corrupción, todos estos problemas existen, ya lo sabemos, y la tarea de la Unión Europea- y yo les agradezco mucho que lo hayan manifestado así- no es echar leña al fuego, sino desempeñar un papel positivo en el proceso de paz y comprometerse a impulsarlo. 
¡También esto forma parte de nuestra tarea! 
Señor Presidente, sobre la base del artículo 122 del Reglamento y por alusiones personales, me gustaría contestar a las observaciones que han formulado el Sr. Kreissl-Dörfler y el Sr. Howitt. 
Yo creo que me he expresado con toda claridad, aunque soy una persona que se esfuerza siempre por defender sus ideas con la máxima corrección y con el máximo respeto para sus colegas, procurando siempre no entrar en alusiones personales. Me gustaría que me dijese usted en qué momento de mi intervención, y le invito a que lo haga, señor Kreissl-Dörfler, he sostenido yo la vertiente militar del Plan Colombia. 
No lo he hecho en ningún momento, y quiero decir muy claramente que condeno- y mi Grupo político lo condena, como ha dicho la Sra. Ferrer- la vertiente militar de este plan. 
Al Sr. Howitt quiero decirle que me reafirmo totalmente en mi propósito y en mi declaración de que el Presidente Pastrana ha actuado con la mejor buena fe. 
Si usted considera que ha actuado de mala fe, podría haberlo manifestado muy claramente con motivo de su comparecencia ante el Pleno de este Parlamento. 
. (EN) Sólo debo responder a unas pocas intervenciones. 
Al Sr. Howitt me gustaría decirle, en relación con el comunicado de prensa de hace medio año, que la posición de la Comisión es la que he expuesto esta noche. 
Tenemos nuestro propio plan. 
Tenemos nuestra propia filosofía y cooperaremos con todos los sectores de la sociedad de Colombia para reforzar la misión de paz. 
No necesitamos asociarnos al Plan Colombia. 
Lo que estamos haciendo no forma parte del mismo. 
A la Sra. Sauquillo me gustaría aclararle cuáles son los planes a título indicativo y cuál será el destino que esperamos dar a los 105 millones de euros de la Comisión: 40 millones de euros para proyectos en el ámbito del desarrollo social y económico y para luchar contra la pobreza. 
Aquí se incluye una serie de iniciativas descentralizadas en los ámbitos de la salud, la enseñanza, el desarrollo de la producción agrícola y tradicional y la pesca costera. 
30 millones de euros para apoyar el desarrollo alternativo, 25 millones de euros para apoyar la reforma administrativa y judicial y 10 millones de euros en acciones encaminadas al fomento y la defensa de los derechos humanos. 
Además de todo esto, hemos previsto un nivel de aproximadamente 10 millones de euros al año, parte del cual esperamos que sea en actividades de ECHO. 
He hecho referencia a las personas desplazadas cuyo número va en aumento, por tanto tenemos el claro compromiso de mantener la presencia de ECHO en aquel país. 
Esperamos mantenernos en el nivel de estos últimos años en lo que respecta a la cofinanciación de las ONG. 
El nivel de esta cofinanciación ha sido de 2,4 millones de euros; podría estar un poco por encima o por debajo de esa cifra. 
En estos últimos años mantenemos actividades por un importe de 1,3 millones de euros para programas encaminados a la protección del medio ambiente y de los bosques tropicales. 
Muchas de estas actividades se llevarán a cabo en cooperación con diferentes ONG o a través de éstas. 
Es fundamental que intentemos hacerlo, en la medida de lo posible, con ONG colombianas, y pediré a las ONG europeas que cuando emprendan estas misiones se asocien con ONG de Colombia, como ya se ha hecho en otros casos, y creen asociaciones. 
De este modo se reforzará el mensaje que intentamos transmitir. 
Algunas otras actividades persiguen el objetivo de estimular al Gobierno para que haga lo que consideramos acertado: que se centre más en la pobreza, que se tome más en serio los aspectos sociales de estos conflictos. 
En este sentido, el Gobierno de Colombia es el socio que necesitamos en nuestro intento de dar forma a un desarrollo pacífico en aquel país. 
El problema no radica en si recurrimos o no a las ONG. 
Ello dependerá en buena medida del objeto y de la actividad según los casos. 
Pero la transformación y el fortalecimiento de una sociedad civil pacífica, que forma parte de la solución y es un componente de la solución, únicamente pueden ser estimulados mediante una mayor participación de las ONG. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
He recibido las siguientes propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento: 
B5-0087/2001, del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia; 
B5-0088/2001, del Sr. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra y Concepció Ferrer, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el apoyo al proceso de paz en Colombia. 
Señor Presidente, quisiera pedir dos aclaraciones. 
Primera, si es reglamentario y normal la presentación de una propuesta de resolución alternativa a una propuesta de resolución presentada por una comisión. 
Se trata de una cuestión que me gustaría ver aclarada. 
En segundo lugar, quiero preguntar si se mantiene o si se ha retirado esa segunda propuesta de resolución. 
Me gustaría disponer de información clara al respecto. 
Señor Miranda, por la jurisprudencia- valga la expresión- de esta Asamblea, puede haber propuestas distintas de las de una comisión, nada hay en nuestros usos o costumbres que se oponga a ello y los derechos de iniciativa de los Grupos políticos son derechos intocables; por otra parte, en relación con la otra pregunta, no puedo responderle en este momento, pero, según la información de que dispone la Mesa, no se ha retirado. 
Señor Presidente, para contestar a la pregunta formulada por el Sr. Miranda, quisiera decirle que mi Grupo político está considerando efectivamente retirar esa propuesta para poder sumarse a la propuesta de la Comisión de Desarrollo enmendada. 
Muchas gracias, señor Salafranca, por la aclaración. 
Señor Presidente, sólo para que conste en Acta: tengo entendido que, tras un minucioso proceso de negociación entre el PSE y el PPE, el PPE retirará su resolución. 
Si se produce algún cambio en este sentido, este Parlamento debe ser notificado mucho antes de mañana. 
En segundo lugar, para ser perfectamente claro y no prolongar el debate, en ningún momento he sugerido que el Sr. Salafranca acusara al Presidente Pastrana de mala fe. 
Pero en sus intentos de acallar las críticas al Gobierno colombiano, creo que el Sr. Salafranca piensa que nosotros pensamos que el Presidente Pastrana actúa de mala fe. 
No estamos sugiriendo eso. 
Él actúa de buena fe, pero su Gobierno no ha cumplido con lo prometido. 
Señor Howitt, no voy a reanudar el debate sobre esa cuestión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 20.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Transporte por ferrocarril 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes 
(A5-0013/2001) del Sr. Jarzembowski, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios en la Comunidad (C5-0643/2000- 1998/0265 (COD) ); 
(A5-0014/2001) del Sr. Swoboda, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la directiva 95/18/CE relativa a las licencias de las empresas ferroviarias (C5-0644/2000- 1998/0266 (COD) ) y sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, la aplicación de cánones por su utilización y la certificación de la seguridad (C5-0645/2000- 1998/0267 (COD) ). 
. (DE) Señor Presidente, estimados colegas dispersos, tras unas duras pero leales negociaciones entre la Presidencia francesa del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo, éste consiguió a última hora del día 22 de noviembre progresos visibles en el marco del procedimiento de conciliación sobre las tres directivas que sientan las bases del desarrollo de los ferrocarriles comunitarios- a saber, las relativas al ulterior desarrollo de los ferrocarriles, a las licencias de las empresas ferroviarias y a la asignación de la capacidad de infraestructura -, progresos que permitirán proseguir la liberalización del sector ferroviario. 
Voy a resumirlos en tres puntos y le doy la bienvenida, señora Vicepresidenta. 
En efecto, conseguimos que el Consejo aceptase tres puntos. 
En primer lugar, se aprobó la apertura definitiva del acceso a todas las redes ferroviarias nacionales para el transporte transfronterizo de mercancías, a partir de 2008 a más tardar. 
De este modo hemos conseguido que, a partir de esa fecha, todos los Estados miembros estén obligados a permitir el acceso de las empresas ferroviarias de los demás Estados de la UE a la totalidad de su red y no sólo a los trazados de la llamada "nueva red transeuropea de transporte ferroviario de mercancías". 
En segundo lugar, se suprimió la cláusula de excepción- prevista originariamente por Austria- que habría permitido eludir a los Estados miembros las rigurosas normas europeas que debe cumplir el correspondiente organismo de control nacional. 
De este modo se ha conseguido, a mi parecer, que en todos los Estados miembros no sean las compañías ferroviarias nacionales o los servicios vinculados a las mismas quienes decidan sobre la concesión de licencias a las empresas ferroviarias y sobre la adjudicación de trazados y la aplicación de cánones por su utilización, sino que organismos verdaderamente independientes se encarguen de ello. 
Los dos componentes esenciales son, por lo tanto, la apertura del acceso a todas las redes para el transporte transfronterizo y la creación en todos los Estados miembros de una autoridad de control independiente que garantice una competencia equitativa. 
Si me permiten que añada unas palabras sobre el informe de mi colega, el tercer punto esencial que conseguimos fue, a mi parecer, la incorporación de una nueva disposición por la que se adopta como objetivo a largo plazo la cobertura de los costes de utilización de las infraestructuras por parte de los usuarios. 
De este modo hemos conseguido que los cánones de utilización se puedan incrementar a largo plazo con vistas a la cobertura de los costes, de manera que los costes de construcción, mantenimiento y también de la ampliación de las redes los cubran a la larga los usuarios y no los contribuyentes. 
La separación entre las funciones de gestión de la infraestructura y las funciones de prestación de servicios seguirá siendo necesaria a largo plazo, a mi parecer. 
Pero, en cualquier caso, es preciso que los usuarios cubran los costes de mantenimiento de la red. 
Por esto es necesario adoptar como objetivo a largo plazo la cobertura de los costes a través de los cánones. 
A mi modo de ver, con estos tres pasos fundamentales ya hemos abierto una brecha en la fortificación de las estructuras ferroviarias nacionales y creado nuevas posibilidades para la competencia entre las empresas ferroviarias. 
El Parlamento Europeo ha luchado para conseguirlo, en colaboración con la Comisión. 
Al principio, la Comisión no manifestó demasiado entusiasmo, pero finalmente se unió a nuestra lucha para lograr esta liberalización y yo quiero manifestarle a la señora Vicepresidenta mi especial agradecimiento por su cooperación en el procedimiento de conciliación. 
Yo creo que el Parlamento Europeo ha establecido de este modo, junto con el Consejo y la Comisión, el marco de condiciones que nos permitirá contar en el futuro con un sector ferroviario atractivo con una mayor oferta de servicios de transporte transfronterizo de mercancías orientados a satisfacer la demanda de los clientes. 
En efecto, nuestro objetivo es modernizar el sector ferroviario a través de la competencia, de manera que a la larga un mayor volumen de mercancías se desplace de la carretera al ferrocarril, ya que con vistas a la protección del medio ambiente es sumamente importante que el transporte de mercancías a larga distancia se desplace de la carretera al ferrocarril. 
Permítanme que añada entre paréntesis que el procedimiento de conciliación demostró una vez más la importancia del poder de codecisión, que en el caso del sector del transporte sólo empezamos a ejercer a partir del Tratado de Amsterdam. 
Sólo gracias al procedimiento de codecisión nos fue posible abrir una brecha en la posición del Consejo. 
Recuerden que, después de la primera lectura, la Presidencia francesa del Consejo se mostró convencida de que la posición común del Consejo ponía punto final a todas las negociaciones y nosotros tendríamos que aceptarla. 
No ha sido así y un proceso de conciliación leal nos ha permitido avanzar algo más y conseguir la realización del mercado interior en el sector del transporte transfronterizo de mercancías como mínimo, a partir de 2008 a más tardar. 
Permítanme que esboce brevemente el panorama futuro. 
En efecto, no basta con elaborar continuamente leyes, directivas y reglamentos, ni con su transposición al Derecho nacional. 
Mi Grupo insta a las empresas ferroviarias existentes- y veo que una de ellas está representada en la tribuna, hecho que agradezco- a que comiencen a realizar ya los preparativos necesarios para poder hacer uso de las nuevas disposiciones en el año 2003, cuando se tendrán que transponer las normas que ahora vamos a adoptar. 
Por ejemplo, el Deutsche Bundesbahn debería aprovechar a fondo, en colaboración con los ferrocarriles holandeses o con otras compañías ferroviarias, la posibilidad de ofrecer servicios de transporte transfronterizo de mercancías. 
Yo creo que los ferrocarriles tradicionales deben responder al reto y hacer realidad la apertura de los mercados que acabamos de conseguir. 
Además, si los ferrocarriles tradicionales no aprovechan las nuevas oportunidades de la liberalización, habrá empresas industriales que se plantearán la posibilidad de hacer el negocio ellas mismas y beneficiarse de la legislación europea por intermedio de pequeñas empresas ferroviarias. 
Tendrán todo el derecho a hacerlo. 
En Alemania existen 180 empresas ferroviarias autorizadas y éstas están autorizadas a operar donde quieran, aunque hasta ahora sólo lo hayan hecho a escala regional. 
En consecuencia, yo creo que debemos instar a todas las partes implicadas, a las empresas ferroviarias y a la economía a que empiecen a prepararse para aprovechar la competencia para transferir un mayor volumen de mercancías de la carretera al ferrocarril. 
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, sí, fue un parto difícil, pero al final culminó con éxito. 
Como en todos los partos hubo algunas personas que lo facilitaron. 
A veces también intervienen otras que obstaculizan el proceso, pero en este caso sólo voy a citar a quienes contribuyeron a facilitarlo, empezando por la señora Comisaria de Palacio, que ayudó mucho a la Comisión de Transportes a alcanzar una buena solución. 
Quiero resaltarlo y reconocerlo explícitamente porque realizó una labor extraordinaria. 
También el Ministro de Transportes francés, que al principio intentó amedrentarnos un poco, sin éxito, al final alumbró junto con nosotros un buen compromiso. 
Sobre todo, también quiero dar las gracias al Vicepresidente Imbeni, que dirigió la delegación parlamentaria con prudencia y un gran acierto, así como al presidente de nuestra comisión, Sr. Hatzidakis, que también nos apoyó de palabra, con sus consejos, y de obra, así como con su confianza en los ponentes. 
También quiero señalar que fue un parto difícil porque duró mucho, más de lo debido. 
Dados los reiterados rumores sobre la excesiva lentitud e indecisión del Parlamento que supuestamente hace necesario introducir procedimientos de "vía rápida" diferenciados, yo quisiera recordar que realizamos la primera lectura el 10.3.1999 y no recibimos la posición común hasta el 13 de abril pasado, o sea, más de un año después. A pesar de la urgencia con que se debatió en las comisiones gracias a los esfuerzos del colega Jarzembowski y míos. 
A continuación, también examinamos rápidamente la posición común el 5 de julio y ese mismo día aprobamos las correspondientes enmiendas. 
El Consejo volvió a necesitar luego un plazo bastante largo para decidir su posición. 
Yo quiero constatar que el Parlamento trabaja deprisa cuando es necesario, sobre todo también gracias a la buena colaboración que hemos mantenido con el colega Jarzembowski. 
El que siempre tiene grandes dificultades para alcanzar una posición común es el Consejo. 
Veamos ahora cuál es el contenido del presente paquete ferroviario. 
Yo creo que con él damos unos pasos esenciales, tanto los que se hallan inscritos en la norma, como también por lo que respecta la visión del futuro asociada a los mismos. 
En primer lugar, lo que yo designaría como una liberalización a la medida, que no se aplicará simplemente de manera generalizada, ni irá más allá de lo que juzgan adecuado los expertos razonables y prudentes, sino que se ajusta a unos objetivos. 
Al igual que el colega Jarzembowski y algunos otros, yo también habría deseado más. 
Se podría haber demostrado mayor valor. 
Pero aun así, se han definido unos primeros pasos y éstos se deben cumplir. En efecto, yo también opino que lo que se recoge en el texto se podría, se debería e incluso se tendría que transponer antes de la fecha que acordamos y que yo considero como un mínimo. 
En segundo lugar, por lo que respecta a la estructura de costes, es cierto que por un lado dijimos- y en este contexto seguimos el ejemplo de la Comisión- que a corto plazo sólo se podrá exigir la cobertura de los costes marginales, o sea, el coste de operación de un tren adicional en un tramo determinado. 
No obstante, el objetivo a largo plazo debería ser la cobertura total de los costes. 
Esto significa, empero, que la cobertura de los costes no se ha de poder alcanzar sólo en el sector ferroviario sino también en las carreteras. 
Por esto es preciso tener también debidamente en cuenta los costes medioambientales que sin duda son claramente más altos en el transporte por carretera que en el sector ferroviario, aunque el señor Jarzembowski aún no acabe de creérselo, si bien ya está medio convencido. 
En tercer lugar, no se ha suprimido la cláusula de excepción para algunos Estados miembros. 
Nos duele, pero es un dolor tolerable. 
Yo creo que el paso del tiempo también lo remediará. 
Por otra parte, también conseguí introducir o reintroducir un principio- y agradezco una vez más el apoyo recibido -, a saber, que en cierta medida y con buenas razones se pueda dar prioridad a los servicios públicos, sin que esto suponga una traba, evidentemente, para la porción más importante del transporte, o sea, el transporte económico, el transporte de mercancías, que es la parte más importante en la medida en que sobre todo querríamos desplazarlo de la carretera al ferrocarril. 
También conseguimos que la vigencia de los contratos marco suscritos por las empresas ferroviarias para utilizar la infraestructura se defina de manera que las inversiones realizadas por dichas empresas también resulten en verdad rentables y se lleven efectivamente a cabo. 
Yo creo que en conjunto se trata de un paquete redondo, con disposiciones adecuadas. 
Siendo así, tal vez alguien podría decirnos que ya podemos darnos satisfechos e irnos tranquilamente a casa mañana después de las votaciones. 
Cada uno habría hecho la parte que le correspondía. 
Sin embargo, sin duda no es así. 
Quedan dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la señora Comisaria también nos ayudó al anunciar muy claramente que la Comisión va a proponer nuevas medidas. 
Como ya he señalado, yo espero que éstas se adecuen a las diferentes situaciones y a sus objetivos, pero es importante que exista esa intención. 
El segundo punto también es muy importante. Ya he señalado que deberíamos avanzar progresivamente hacia un sistema de "internalización" de los costes externos, es decir que éstos se deben contemplar de manera paralela tanto en la carretera como en el ferrocarril. 
Esto acabaría con una parte de las distorsiones que continúan afectando al ferrocarril, concretamente el trato injusto que recibe frente a la carretera. 
No se introducirán modificaciones gravosas de la noche a la mañana. 
Los transportistas no tienen, por lo tanto, nada que temer. 
No obstante, el ferrocarril también va a recibir progresivamente un trato equitativo, como debe ser, y por lo tanto un apoyo indirecto, que en realidad se reduce a que se establezcan unas relaciones equitativas. 
También es importante, no obstante, el tema del Derecho laboral y de los tiempos de trabajo. 
El trato tampoco es equitativo en este aspecto. 
La Comisaria se comprometió asimismo a ayudarnos en este contexto y el Consejo ya decidió colaborar decididamente para acabar con la reducción desleal de las tarifas y los precios en los Estados miembros de la Unión Europea- la empresa Willi Betz desarrolla con frecuencia esta práctica -, con el fin de que conseguir un sistema más equitativo justamente en este contexto, en lo que respecta al Derecho laboral y a las horas de trabajo, ya que también en este caso el ferrocarril se encuentra en desventaja frente a las condiciones legales pero también fácticas que prevalecen en el caso del transporte por carretera. 
Evidentemente, es preciso que se invierta en los ferrocarriles. 
No basta con decir: muy bien, de acuerdo, tenemos un sistema estupendo, pero que luego nadie invierta. 
Las inversiones son necesarias. 
Lo digo pensando sobre todo en la ampliación. 
Si ésta va unida a un incremento adicional de la circulación de vehículos pesados por nuestras carreteras, suscitará oposición. 
Si la ampliación va acompañada de un incremento de unos servicios de transporte más equitativos y, por lo tanto, también menos agresivos para el medio ambiente, su aceptación será también mayor. 
Así interpreto yo el paquete de medidas que hoy se propone, o sea, que se incremente un poco más el transporte que no perjudica al medio ambiente y, por lo tanto, que el sistema de transportes también sea un poco más equitativo. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, desde 1994 en que fui elegido diputado al Parlamento Europeo, recuerdo que se celebran debates sobre los terribles problemas a los que se enfrentan los ferrocarriles europeos y me imagino que estos debates se celebraban también antes de ser elegido. 
A pesar de que llevamos años constatando el problema, creo que este compromiso sobre el que estamos debatiendo hoy, el resultado de la reconciliación entre el Parlamento y el Consejo, quizá sea el primer gran paso decisivo encaminado hacia la creación de una red realmente unitaria de transportes ferroviarios y hacia la, tan necesaria, liberación- considero necesaria la liberación, señor Presidente, porque de esta manera vamos a basar también la competitividad de los ferrocarriles europeos que desde hace años languidecen sin que nosotros podamos hacer nada. 
Y creo que cuantos se ocupan del tema no pueden hacer más que atribuir los méritos oportunos al Parlamento Europeo, y por supuesto también a la Comisión, por haber presionado durante años al Consejo a moverse en la dirección en la que finalmente, creo, ha tenido que hacerlo; y que seguramente va a ser una dirección beneficiosa para los ciudadanos europeos, para los consumidores, para los viajeros del ferrocarril y para cuantos transportan mercancías por ferrocarril. 
Les recuerdo que el Consejo en Helsinki, al lograrse un compromiso a nivel de 15 ministros, consideró que había terminado el camino hacia la liberación del ferrocarril y hacia el nuevo marco legislativo. 
Creo que es importante que el Parlamento, con la ayuda de la Comisión también, haya conseguido hacer cambiar de opinión al Consejo y que hoy tengamos ante nosotros una compromiso mejor que el de Helsinki. 
No voy a hacer hincapié en los detalles porque ya se han referido a ellos los dos ponentes, que además conocen sobradamente el tema y desearía darles mi enhorabuena por el compromiso conseguido; quiero recordar simplemente la importancia de la cláusula para una liberación posterior de los transportes ferroviarios, así como señalar que en líneas generales no hay excepciones ni derogations para los Estados miembros, a no ser las totalmente necesarias por la naturaleza y la situación de los Estados miembros en el mapa. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera expresar un deseo. Que el Consejo, de ahora en adelante, funcione con más transparencia, que converse pronto con los ponentes, que se presente ante las comisiones del Parlamento Europeo, no sólo para reforzar el papel del Parlamento Europeo, sino para que seamos más rápidos en la toma de decisiones, y esta rapidez seguramente deberá ser mayor que los dieciséis kilómetros por hora que hoy en día es la velocidad media de los ferrocarriles europeos. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a todos aquellos que han hecho posible el acuerdo del que estamos tratando esta tarde, empezando por los dos ponentes, Sr. Jarzembowski y Sr. Swoboda, siguiendo por la Presidencia francesa y acabando por la Comisión, y concretamente por la Sra. Comisaria que nos acompaña esta tarde aquí. 
Entre otras cosas, porque su posición en el Comité de Conciliación introdujo factores importantes para que el Parlamento saliera con la sensación de haber logrado una victoria concreta, que es el documento que debatimos hoy, y de no haber perdido una batalla en relación con los tráficos internacionales de viajeros y los tráficos nacionales de mercancías, sino aplazado estratégicamente esa decisión. 
Por tanto, yo creo que tenemos un ambiente muy positivo y constructivo para una tarea como la que estamos abordando. 
Porque, indudablemente, el acuerdo supone un paso histórico en consonancia con otros acontecimientos que estamos viviendo en estos momentos, o que estamos próximos a vivir y que se están tratando en el Parlamento, como la ampliación, la introducción definitiva de la moneda única, etc. 
Y desde luego, señor Presidente, con esta decisión se abre la red. 
Y en el momento en que se abre la red, creo que la gestión y la racionalización de la misma están a nuestro alcance. 
No hay que tener angustias por las proximidades o las lejanías de los acontecimientos, porque la lógica de los acontecimientos nos va a permitir avanzar. 
Esa autoridad independiente es importante en el acuerdo y, desde luego, estamos hablando del ferrocarril, intentando potenciarlo. 
Decía el Sr. Jarzembowski que el objetivo es que el usuario pague el coste. 
Es verdad, ése es el objetivo estratégico, pero en estos momentos hay que promocionar el tren y, por tanto, no hay que tener prisa. 
Hay que, incentivar, inicialmente el transporte de mercancías por tren, porque hasta ahora tren es prácticamente incompatible con transporte de mercancías. 
Nuestros trenes de mercancías están circulando a un 50% de velocidad en comparación con los trenes de Estados Unidos, y no hemos logrado todavía una oferta competitiva. 
Tenemos que mejorar la red de mercancías, y las propias empresas tienen que ser competitivas en el sentido de solventar los inconvenientes del tren. 
Hay que lograr que las empresas puedan encontrar una solución para enviar sus mercancías desde la empresa al raíl y, en el destino, desde el raíl a la empresa. 
Si esto no se hace, realmente el paso no será el adecuado y, desde luego, somos todos conscientes de que, con lo que se propone, el beneficio medioambiental es un beneficio neto. 
Por eso hay que saludar de manera muy positiva a todos los que han logrado este acuerdo y al propio Parlamento por su unanimidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el compromiso conseguido en la conciliación llevada a cabo entre el Parlamento y el Consejo sobre el desarrollo del transporte ferroviario es uno de los logros más importantes obtenidos en el sector de los medios de transporte durante la Presidencia finlandesa y la Presidencia francesa. 
Quiero dar las gracias en nombre de mi Grupo a los ponentes de los informes relativos al paquete ferroviario, al Sr. Jarzembowski y al Sr. Swoboda, y también al Comité de Conciliación por su excelente trabajo, que puede ser considerado un verdadero punto de inflexión en el avance de este importante asunto. 
Nuestro Grupo apoya el incremento de la competitividad de los ferrocarriles y la apertura del sector a la competencia. 
La conciliación entre el Parlamento y el Consejo ha logrado una solución de conjunto satisfactoria, en cuyo marco el desarrollo del transporte ferroviario recibirá un vigoroso impulso. 
El desarrollo del transporte ferroviario sigue estando incluido en la agenda, ya que la Comisión tiene previsto un segundo paquete ferroviario en el que se seguirá liberalizando el sector y se incorporará el factor seguridad. 
Considero que el punto de vista de la seguridad es de especial importancia tanto en el ferrocarril, como en el resto de los medios de transporte. 
El aprovechamiento y la generalización de las mejores tecnologías para incrementar la seguridad debe constituirse como uno de los campos más importantes a desarrollar. 
El desarrollo del transporte ferroviario es indispensable para corregir los problemas de tráfico en las zonas congestionadas. 
Ello aliviará las congestiones tanto de las carreteras, como del tráfico aéreo. 
Al mismo tiempo, también debemos encargarnos de que las redes transeuropeas se extiendan también hasta las regiones apartadas y de escasa población. 
Tal y como se ha indicado aquí, también los puntos de vista medioambientales hablan claramente a favor del desarrollo de transporte ferroviario. 
De aquí en adelante, debemos hacer el seguimiento de la aplicación práctica de este paquete ferroviario, y si los resultados obtenidos dan pie a ello, habrá que seguir liberalizando el sector. 
Hay que prestar especial atención a la interoperabilidad entre los distintos medios de transporte, así como a la interconexión de una red de transportes que funcione como un todo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señores ponentes, felicidades. 
Es muy considerable el trabajo que han realizado y, como ustedes saben, el desarrollo del transporte ferroviario resulta muy importante para el Grupo de los Verdes. 
Eso se aplica tanto al transporte público como al transporte de mercancías. 
Finalmente, hemos tenido que adoptar medidas para el desarrollo de los ferrocarril, de las licencias de las empresas ferroviarias, para fomentar la infraestructura del ferrocarril, entre otros medios, mediante un cambio hacia, en este caso, el proceso de liberalización. 
Señalo que, juntos, tenemos el deber de continuar vigilando especialmente la seguridad y los aspectos sociales que pueden aparecer vinculados a la liberalización, atención a la liberalización que ha tenido lugar en otras partes del mundo. 
Estamos a favor, en cierto sentido, de un transporte eficiente, pero sobre todo, estamos a favor de un transporte que respete el medio ambiente. 
Quiero hacer una observación crítica: las ventajas medioambientales del ferrocarril respecto del transporte por carretera disminuyen velozmente. 
Existe una razón simple para ello. 
Nuestro Parlamento ha adoptado cinco normas y valores límites europeos en el marco de una rápida renovación de la flota de camiones, y ahora tenemos la obligación de mejorar rápidamente los valores límites de las emisiones y la relación energía-eficiencia en el transporte por ferrocarril. En caso contrario, esta ventaja con que ahora contamos, desaparecerá. 
Ante este trasfondo, creo que todavía puede plantearse, hemos formulado preguntas al respecto que se nos han contestado, que debemos trabajar mucho y quisiera ver un gesto político por parte del sector. 
Hemos adoptado la decisión política, pero ahora queremos ver un gesto por parte del sector, que demuestre que empieza a ponerse totalmente manos a la obra en la continuación de su desarrollo. 
Señor Presidente, mi Grupo defiende la supresión de los obstáculos fronterizos innecesarios en el tráfico ferroviario. 
Desde el punto de vista del medio ambiente, de la ordenación territorial, de la seguridad y de las condiciones laborales, observamos con agrado, además, que mucho del transporte de mercancías que ahora se realiza por carretera se desplaza hacia el ferrocarril. 
Esa supresión puede lograrse mejor efectuando buenos compromisos entre los Estados miembros y la Unión Europea. 
De ahí que estuviéramos de acuerdo con los compromisos acordados por el Consejo en diciembre de 1999, al final de la Presidencia finlandesa. 
Esos compromisos permitían la creación de corredores transnacionales de tránsito y la creación de bastantes excepciones y disposiciones transitorias para eliminar a tiempo las posibles desventajas. 
Desgraciadamente, la mayoría del Parlamento Europeo consideró que este compromiso era insuficiente y que había que hacer más hincapié en la liberalización y en la privatización. 
Esta opinión encajaba en una tendencia en vigor que ha dado lugar a un ataque neoliberal a la prestación pública de servicios, las empresas comunitarias y la organización de los trabajadores, especialmente en los sectores del correo, el ferrocarril y el abastecimiento energético. Se trataba de empresas que tenían potencia en sí mismas para mostrar que nuestra economía podía organizarse de forma más democrática, más ecológica y menos ávida de ganancias, pero se han visto obligadas a adaptarse a la lucha por los beneficios y la competencia. 
Los defensores de la liberalización ven el ferrocarril como un monopolio estatal molesto en el que hay sindicatos pesados y exigentes. 
Sin embargo, su alternativa puede conducir al caos, a conflictos de interés y a nuevos monopolios que carezcan completamente de control democrático. 
La liberalización sí puede, por supuesto, constituir una ventaja para determinadas empresas privadas, que tendrán más libertad y más posibilidades de acceder a nuevas fuentes de ingresos, pero eso no garantiza la elección de una modalidad de transporte más respetuosa con el medio ambiente. 
Contrariamente, pueden surgir grandes desventajas para las empresas de ferrocarril existentes, para su personal, y para la toma democrática de decisiones sobre su futura política de transporte. 
Por tanto, mi Grupo estaba más de acuerdo en este caso con el Consejo que con la mayoría de este Parlamento. 
Si hubiera dependido de mi Grupo, esta conciliación no habría sido necesaria. 
A pesar de ello, he participado en ella partiendo de la idea de que las posiciones irreconciliables bloquean cada resultado positivo, y que tampoco es comprensible que el acuerdo finlandés se desbarate. 
Aunque antes voté en contra de la dirección elegida por el Parlamento, el 22 de noviembre abogué en la delegación del Parlamento por que existiera disposición hacia un compromiso. 
Una vez logrado, me abstuve, desde el respeto que merece este procedimiento de votación, tal como lo hará mañana la mayoría de mi Grupo en la votación final. 
Como resultado de esta conciliación, se va a liberalizar todavía más de lo que consideramos necesario, pero menos de lo que se amenazaba originariamente. 
Me temo, por lo demás, que este paquete que resulta de la conciliación se completará dentro de poco con planes de liberalización todavía más ambiciosos de la Comisión Europea con los que mi Grupo no podrá estar de acuerdo. 
Señor Presidente, señora vicepresidenta, Señorías, la reforma radical de los ferrocarriles era indispensable. 
Lo era sobre todo para invertir la tendencia actual, que, desgraciadamente, consiste en "todo carretera", en detrimento del transporte de mercancías por ferrocarril. 
Pero detrás de esta realidad, que se invoca como pretexto, las propuestas finales de dicho informe no colman nuestros deseos. 
Tres, cinco o siete años para obtener este resultado no parece ser el único reto. 
De hecho, la principal preocupación sigue siendo el deseo de algunos de una liberalización total, que nosotros no podemos aceptar. 
Debemos, en efecto, estar vigilantes, ya que dicha liberalización del transporte de mercancías tendrá efectos nefastos tanto en el ámbito de la ordenación del territorio como en el ámbito de la cohesión social, en particular si el servicio prestado ya no respeta el concepto de trama exhaustiva del territorio ni el de servicio a la población. 
Por otro lado, la apertura al servicio de pasajeros que algunos prevén sobre la marcha, será un test importante, por no decir capital, para la continuidad de esta noción de servicio público. 
En una palabra, ¿la liberalización total del transporte ferroviario se adecuará, como en el sector de los servicios postales, al respeto de dicho servicio público? 
Me temo que no, ya que veremos surgir los reflejos y coeficientes de rentabilización, principio que se opone al del servicio público. 
Ocurre lo mismo, Señorías, con la noción de seguridad. 
La infraestructura debe, evidentemente, ser segura y depender del organismo público, pero el funcionamiento no puede ser anárquico y ferozmente competitivo sin que exista el peligro de bloqueo o de accidente grave, lo que comprometería todos los esfuerzos emprendidos. 
Para concluir, y reconociendo la obligación de invertir en el plano europeo para restablecer el dinamismo del sector ferroviario, seguiremos estando muy atentos a las primeras fases de liberalización. 
Deseamos que el balance se efectúe antes de llevar a cabo las fases posteriores, bien entendido que otras vías deben y pueden ser examinadas. 
Señor Presidente, debemos numerosas expresiones al lenguaje ferroviario. 
Decimos que hemos perdido el tren cuando nos ocupamos con retraso de un asunto. 
Esto lamentablemente es cierto en el caso de nuestro tren. 
El paquete de tres propuestas de directiva relativas a las infraestructuras ferroviarias que mañana vamos a votar llega demasiado tarde. 
Lo que por fin se ha conseguido al cabo de laboriosas negociaciones en el Comité de Conciliación llega, de hecho, con diez años de retraso. 
Las estadísticas así lo demuestran, por desgracia. 
En los últimos años se ha registrado una enorme reducción del transporte ferroviario de mercancías y existen muchos indicios de que va a ser muy difícil invertir esta tendencia en un futuro próximo. 
Si tenemos presente que el mercado común se estableció en 1970 y el mercado interior en 1992/1993, es evidente que las actuaciones que emprendamos ahora, en 2001, llegan con retraso. 
Además, nuestro tren circula por una vía lenta. 
La liberalización del transporte ferroviarios transeuropeo en 2003 aún transmite la idea de un cierto compromiso, pero que ésta se haga extensiva al transporte nacional de mercancías en 2008 transmite sin duda una señal equivocada. 
Cuando, además, se constata que ni siquiera se aborda seriamente la integración del transporte ferroviario de mercancías europeo oriental, esto anuncia sin duda un nuevo retraso. 
También existen otras señales más favorables, que nos dan luz verde por decirlo así. 
No debemos pasar por alto los resultados positivos que se han alcanzado. 
Por ejemplo, la creación de autoridades de control independientes deja como mínimo el camino expedito para una ampliación de la competencia y cabe esperar que las reformas necesarias no queden aparcadas en la vía muerta. 
Las cláusulas de excepción para determinados Estados miembros han quedado reservadas tras un largo tira y afloja para los miembros de la Unión verdaderamente periféricos- con la salvedad del pequeño Estado de Luxemburgo- y al menos se ha empezado a encarrilar el proyecto de mejora del transporte ferroviario de mercancías. 
La interoperabilidad es el siguiente punto del orden del día y estamos sentando las bases para aumentar la intermodalidad. 
En algún momento también se hará realidad la libre circulación ferroviaria para los ciudadanos de Europa y no sólo la libertad de circular por las carreteras europeas. 
No debemos renunciar a esta esperanza y, en esta línea, yo quiero expresar mi sincero agradecimiento a ambos ponentes y a la señora Comisaria, cuya colaboración ya se ha citado y elogiado con razón hoy aquí. 
Señor Presidente, colegas, señora Comisaria, aquí se habla de los ganadores de esta conciliación. 
En mi opinión, los ganadores son los ciudadanos europeos. 
Hemos sido capaces de realizar esta conciliación y, con ella, aparecen nuevas posibilidades para mejorar el medio ambiente en Europa, y con esto ganan todos los ciudadanos. 
A mi juicio, el medio ambiente es una de las razones por las que debemos ocuparnos de los transportes por ferrocarril. 
Sabemos que los transportes por carretera aumentan a costa de los transportes por ferrocarril, y que esto ha ocurrido durante largo tiempo. 
Tenemos que cambiar esta situación. 
Además, es importante que podamos crear un tráfico combinado, de modo que en recorridos largos sea posible usar tanto las carreteras como los ferrocarriles. 
Las altas tasas que se cobran por el uso de los tendidos ferroviarios han sido también un problema que ha dificultado la eficacia de los transportes por ferrocarril. 
Además, no hay que olvidar las estructuras de organización de los ferrocarriles. 
A mi juicio, los resultados de la conciliación que se nos han presentado, y que merece la pena elogiar, son provechosos, aunque a veces podamos pensar que se pudo haber llegado más lejos. 
En relación con las tasas de costes marginales, opino que la conciliación ha sido buena. 
De esta manera también podrán competir los que operan en las distancias largas. 
Esto es importante en Europa, donde las distancias son largas. 
También es relevante el instrumento regulador que se contempla en la conciliación, cuyo objeto es controlar el sistema, ya que es conveniente que exista confianza en los ferrocarriles y en las soluciones que se han encontrado. 
Por tanto, opino que los resultados son buenos y agradezco a todos los que participaron en estos trabajos. 
Finalmente, espero que podamos ver que esto se convierte en realidad. 
Ya era tiempo. 
Ya era más que tiempo de construir realmente la Europa del ferrocarril, y sobre todo de dotarse de los medios para realizarla. 
Finalmente, podemos tener confianza, podemos responder a las expectativas de los ciudadanos y creer que el paso de la carretera al ferrocarril ha empezado. 
El procedimiento de conciliación sobre lo que denominamos el "paquete ferroviario" habrá permitido colocar esta primera piedra. 
Ahora se trata de invertir realmente y concretamente para permitir que el ferrocarril esté a la altura de las expectativas y para que encuentre su verdadero lugar como el medio de transporte menos contaminante, y que contribuye a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. 
No me cansaré de recordar las previsiones alarmistas de los científicos sobre el cambio climático, debido en gran parte al transporte por carretera. 
Un glacial se derrite antes de lo que tarda en enfriarse el acero en el molde del riel. 
Si bien podemos congratularnos por la decisión de la cumbre italofrancesa de construir una nueva línea férrea entre Lyon y Turín, la Unión Europea deberá todavía demostrar mucha audacia en sus proyectos de infraestructura. 
En efecto, en ciertos casos, aún nos planteamos el problema de saber si es mejor construir una nueva autopista, o pensar en el ferrocarril. 
Me refiero, en particular, al paso de mercancías por el valle del Mosela, en relación con el denominado proyecto de la A-32. 
En efecto, la Unión Europea debe avanzar sin reparar en obstáculos para que el ferrocarril se convierta en el medio de transporte preferido de los ciudadanos y en el medio de transporte natural, incluso obligado, para las mercancías. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el aspecto positivo del presente compromiso es que se eliminarán en un futuro próximo los obstáculos al transporte transfronterizo de mercancías, lo cual incrementará sin lugar a dudas las posibilidades de transferir el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. 
El principio ha de ser establecer una auténtica igualdad de oportunidades en el marco de la competencia a través de la armonización y con composiciones de costes comparables. 
Sin embargo, esto también exige otra definición de la competencia que no la limite sólo a la reducción de los costes y la maximización de los beneficios, sino que también incluya el esfuerzo para mejorar la sostenibilidad, la competencia social, la accesibilidad, la calidad y el servicio. 
¿Por qué se da por sentado que un proveedor privado ha de estar mejor capacitado para ofrecer todo esto que otro de propiedad pública? 
Tenemos que aclarar qué entendemos por servicios de interés general y si los operadores públicos permiten garantizarlos mejor o peor que los privados. 
Yo creo que el acceso en igualdad de condiciones para todos no siempre se puede considerar rentable. 
Los operadores privados tienen que obtener beneficios bajo la amenaza de desaparecer. 
Los operadores públicos pueden permitirse incurrir también en pérdidas en los ámbitos socialmente necesarios, gracias a las posibilidades de reasignación de recursos. 
No es admisible que se privaticen los beneficios y se socialicen las pérdidas. 
Es necesaria una aproximación de la oferta pública y privada de servicios subordinada al bien común en el marco de un mercado común europeo. 
Esto requiere un marco único de condiciones. 
La práctica tendrá que demostrar si la liberalización del transporte ferroviario europeo que se está iniciando mejora los servicios ofrecidos a los usuarios. 
Las experiencia de países miembros concretos que ya han adoptado normas liberalizadoras de más amplio alcance ofrece indicios muy diversos. 
Alemania- lamento tener que decirlo, señores de la Deutsche Bundesbahn- constituye una muestra de lo que no se debe hacer. 
Supresión masiva de recorridos regionales, cierre de estaciones, intervalos de espera cada vez más largos, cierre de talleres de reparación, reducción drástica del personal. Todo esto nada tiene que ver con la competencia por la mejora del servicio al ciudadano. 
Señora Comisaria, señor Presidente, estimadas y estimados colegas, al igual que la gran mayoría de la Asamblea yo también considero que los resultados de la conciliación sobre los informes del paquete ferroviario nos permiten avanzar un gran paso hacia la apertura de los mercados en el sector del transporte internacional de mercancías. 
Los informes del Sr. Swoboda y el Dr. Jarzembowski sientan las bases adecuadas. La separación entre el uso de la infraestructura y su gestión es un requisito necesario para la liberalización del transporte ferroviario europeo. 
La competencia- como han demostrado muchos otros sectores ya liberalizados- tiene efectos positivos para el sector en cuestión. 
En el caso del transporte de mercancías, las ventajas son inmediatamente evidentes. 
Si los ferrocarriles europeos logran mejorar su competitividad frente a otros medios de transporte, en particular frente al transporte por carretera, esto también tendrá efectos positivos para el medio ambiente y contribuirá a resolver los graves problemas de tráfico en las carreteras. 
Para alcanzar estos objetivos- y en realidad es lógico que así sea -, la competencia no se puede detener en las respectivas fronteras nacionales. 
Es preciso que se establezca a escala comunitaria. 
Sólo así podrá constituir el ferrocarril una auténtica alternativa. 
Haber logrado este objetivo, aunque sea con unos plazos de transición, constituye un gran éxito para el Parlamento. 
Lo que ahora se establece para el transporte de mercancías, se debe establecer también para el transporte de pasajeros. 
Los problemas que generan los demás medios de transporte- por ejemplo, el transporte por carretera- no se deben sólo a los vehículos pesados, sino también al transporte de pasajeros. 
El ferrocarril sólo podrá recuperar una parte del mercado del transporte si representa una verdadera alternativa y actualmente esto significa una orientación internacional, centrada en el servicio y en los usuarios. 
El ferrocarril sólo puede salir ganando, y nosotros también con él, si se decide a afrontar este gran reto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, si realmente queremos que se produzca una mejora medioambiental y que el ferrocarril alivie las sobrecargadas carreteras europeas, creo que debemos perseguir tres objetivos: en primer lugar, una absoluta separación e independencia entre los gestores de infraestructuras, que deben garantizar el buen uso de las mismas, y los usuarios y operadores de servicios; en segundo lugar, la complementarización del ferrocarril con otros medios para lograr un verdadero servicio de puerta a puerta; y en tercer lugar, lo mismo que existen autovías libres de peaje, deben existir vías ferroviarias libres de canon de utilización. 
El coste de transporte por tonelada de mercancía no debe ser disuasorio y, en todo caso, debe ser favorable al ferrocarril, si verdaderamente queremos que cambie la situación actual, que se liberen nuestras carreteras y que logremos una verdadera mejora medioambiental. 
Señor Presidente, todos sabemos lo importante que es el transporte ferroviario para el buen desarrollo de las actividades humanas, para el respeto del medio ambiente y para una ordenación sostenible del territorio. 
Por eso pienso que no podemos estar satisfechos con los resultados de la conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Dicho compromiso continúa la carrera de apertura al mercado y a la competencia del transporte ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros, para satisfacer una lógica económica de rentabilidad, en lugar de responder a las necesidades de los usuarios y de los asalariados de este sector. 
El informe aprueba el proyecto de liberalización del transporte ferroviario y, en particular, el de la independencia de las administraciones de infraestructura con respecto a los Estados. 
Aprobarlo significa la posibilidad del aumento de la inseguridad ferroviaria. 
Sin embargo, había otras alternativas. 
Aun cuando existen realidades históricas y nacionales diferentes, no hay ningún obstáculo insalvable para la coordinación en el plano europeo de los servicios públicos de transporte ferroviario. 
Eso es lo que, por otra parte, piden los ferroviarios. 
Hay que orientarse hacia la creación de euroservicios públicos en el marco de una política común... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, el Sr. Jarzembowski observa en su exposición de motivos que debemos reforzar el transporte por ferrocarril, incrementar la eficacia y la competitividad de los ferrocarriles con el fin de invertir la tendencia a la baja de su cuota de mercado durante los últimos 15 años. 
Observa también que ha sido escaso el progreso realizado por los Estados miembros en la aplicación de la separación de las operaciones de los servicios del ferrocarril de aquéllas de la gestión de la infraestructura y que en la mayoría de los países no existe una apertura efectiva del mercado de los ferrocarriles. 
En el Reino Unido creo que debemos reconocer el mérito considerable del anterior Gobierno Conservador por haber realizado precisamente eso; política que ha mantenido el actual Gobierno Laborista. 
No obstante, el pasado mes de octubre se produjo el accidente ferroviario de Hatfield en Hertfordshire, que pertenece a la región oriental que yo represento en este Parlamento. 
Cuatro personas perdieron la vida y muchas otras resultaron heridas de gravedad. 
El accidente se produjo en una curva cuando el tren circulaba a 115 millas por hora. 
Al parecer, las autoridades responsables de la infraestructura ya tenían conocimiento, desde noviembre de 1999, del mal estado de las vías, y en enero del pasado año hubo un nuevo aviso al respecto, pero no se adoptó ninguna medida para remediarlo. 
El Ministro de Transportes británico, Lord McDonald, ha anunciado que no habrá una investigación pública. 
No obstante, es posible que algunos miembros de Railtrack, la empresa responsable de la infraestructura, y de Balfour Beatty deban hacer frente a cargos de homicidio como consecuencia de este accidente. 
Me dirijo a la Comisaria, que estoy seguro de que estará al corriente de los pormenores de este accidente en particular, sobre el que me gustaría señalar que no es un caso aislado en la Unión Europea, y desearía pedirle que hiciera algunos comentarios sobre las consecuencias del accidente. 
En el Reino Unido existe caos en nuestros ferrocarriles, la confianza de los clientes en el sistema ferroviario ha descendido bruscamente, los trabajos de mejora han supuesto enormes inversiones financieras y Railtrack ha amenazado retrasar las obras del programa de la segunda fase del Eurotúnel, que forma parte integral del sistema ferroviario europeo que todos apoyamos. 
Espero realmente que la Comisaria pueda prestar algún apoyo a las autoridades competentes del Reino Unido. 
No se trata meramente de un asunto interno. 
Tiene ramificaciones europeas en lo que respecta a las obras del Eurotúnel. 
Es muy posible que pueda prestarse apoyo adicional a través del programa de las RTE y espero con interés poder mantener conversaciones con la Comisaria sobre este desarrollo que es de la máxima importancia. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero manifestar mi satisfacción- como lo han hecho todos o casi todos los oradores- por el resultado final de la conciliación. 
Pretendemos, digámoslo muy claro, con esta iniciativa salvar el ferrocarril, modernizar el ferrocarril, adaptarlo a las nuevas circunstancias y convertir en este inicio del siglo XXI el ferrocarril de nuevo en lo que fue en los inicios del siglo XX: un sistema de transporte fiable, eficaz, rápido, seguro- para aquella época -, motor de desarrollo y garantía precisamente de riqueza y de equilibrio territorial. 
El 22 de noviembre pasado, creo que dimos un paso importante en esa dirección. 
Con las decisiones que hoy adoptamos, lo que pretendemos es mejorar la calidad del servicio. 
Porque, frente a lo que han manifestado algunas de sus Señorías, yo les tengo que decir que el problema del ferrocarril hoy día no es que sea público o privado, aunque normalmente siempre es público. 
El problema es que no funciona. 
Vamos a ponernos de acuerdo. 
Si estuviéramos hablando de un ferrocarril que funcionara, podríamos discutir algunas de las medidas aquí expuestas. 
Pero el problema es que con la situación actual, de servicio público garantizado por unas entidades públicas en régimen de monopolio en el ámbito de los Estados de la Unión, no funciona. 
En esta situación actual de redes nacionales ferroviarias, compartimentadas y divididas, esto no funciona. 
Y de lo que se trata precisamente es de realizar un cambio- me atrevería a decir que revolucionario- en el terreno del ferrocarril. 
Porque, Señorías, lo que hemos conseguido hoy con este debate, o lo que espero que vamos a conseguir mañana- no me cabe la menor duda de que sus Señorías votarán a favor del texto acordado -, no es sencillamente abrir la red, sino crear algo nuevo, distinto. 
Estamos creando un ferrocarril europeo, que todavía no existe, en vez de quince ferrocarriles nacionales yuxtapuestos. 
Es un cambio revolucionario. Y tenemos que saber que eso es lo que estamos haciendo. 
Señorías, hay quien se ha quejado de que hemos tardado mucho o poco. 
Quiero decirles que es verdad, quizá nos hubiera gustado a todos haber ido más rápido, pero creo que el resultado, en este año y pico en que yo he tenido- y poco- esta responsabilidad, se ha avanzado con una gran decisión y se ha acelerado todo el proceso. 
Además, este trámite de codecisión ha funcionado muy bien, y quiero agradecer especialmente la labor hecha por el Parlamento en su conjunto, incluidos el Sr. Imbeni y los ponentes, Sr. Swoboda y Sr. Jarzembowski. 
Pero también quiero dar las gracias a la Presidencia finlandesa por lo hecho en su momento, y muy especialmente a la Presidencia francesa. 
Creo que, en este último caso, la condición de conocedor y de amante del ferrocarril del Ministro francés de Transportes- y había quien decía que ello impediría que llegase a un buen fin- nos ha permitido, al revés, conseguir lo que hemos conseguido. 
Señorías, hay quien está preocupado por la ampliación, pues ésta, obviamente, supondrá que la red europea ferroviaria que estamos hoy creando se ampliará allende las actuales fronteras de la Unión a medida que éstas se vayan extendiendo. 
Los elementos esenciales son la apertura de la totalidad de la red, la separación de funciones, como ha señalado muy bien el Sr. Jarzembowski, pero también- clave y decisiva- la cuestión de las tarificaciones. 
Muchas de sus Señorías se han referido a este asunto. 
En el Libro Blanco aparecerá la cuestión de la tarificación de infraestructuras de una manera no discriminatoria. 
En este aspecto, vamos a incorporar al Libro Blanco- y quiero agradecerlo a este Parlamento- lo que fueron las conclusiones del informe Costa. 
Quiero decirles también que, además de hablar de lo que se ha hecho ya y que vamos a culminar a lo largo del día de hoy y de mañana, vamos a referirnos también al transporte por carretera y a nuestra actuación de cara al futuro. 
Quiero garantizar al Sr. Swoboda que las medidas a las que se ha referido para conseguir una competencia leal dentro del propio transporte por carretera y entre el transporte por carretera y otros tipos de transporte, o bien ya están presentadas o bien se van a presentar. 
Pero quiero decir además que tenemos la intención de presentar, a lo largo de este año, la Directiva sobre seguridad ferroviaria que preocupaba a algunas de sus Señorías. 
Espero contar con su apoyo para adoptar la Directiva sobre interoperabilidad, y vamos a elaborar una comunicación, que presentaremos incluso antes de final de año, sobre la apertura al mercado del transporte nacional de mercancías y del transporte internacional de pasajeros, como dije durante la tramitación de estas dos directivas. 
Pero no sólo vamos a presentar esta comunicación, sino una nueva Directiva, que modifique la 91/440/CEE, para abrir el acceso a la red del transporte nacional de mercancías y del transporte internacional de pasajeros. 
Y además una modificación de la Directiva 96/48/CE, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario europeo de alta velocidad. 
Como dije, Señorías, vamos a presentar un segundo paquete ferroviario antes de fin de año, cuya tramitación espero que podamos agilizar. 
La cuestión de la seguridad es clave y la de la mejora medioambiental también- son problemas que afectan directamente a los ciudadanos -, pero quiero hacer una última reflexión respecto a algunas de las cuestiones que aquí se han expuesto. 
Se ha hablado de privatización porque se va a liberalizar, y se ha hablado de que no se va a garantizar el servicio público. 
Señorías, no mezclemos las cosas. 
Lo que hacemos hoy es abrir a la competencia una red transeuropea y un ferrocarril transeuropeo, hacer que los operadores europeos, con la licencia debida, sean públicos o privados. 
En segundo lugar, nadie está hablando de privatización. De ningún tipo. 
Ni de los operadores ni mucho menos de las infraestructuras. 
Al contrario, habrá que invertir en infraestructuras. 
Lo que pasa es que en muchos países hacía casi treinta años que no se invertía nada en infraestructuras, ni un solo euro. 
A través de los requisitos de seguridad se exigirá precisamente que se esté en condiciones de garantizar esa seguridad, que se refiere no sólo al material circulante, sino también a la infraestructura fija. 
Además, lamentablemente, el servicio público- insisto en lo que decía antes- hoy día no se garantiza de forma adecuada, y lo que queremos precisamente es que se haga mejor. 
Hablaba hace un momento el Sr. Ortuondo Larrea de que hacía falta atender a dos cosas más: el transporte intermodal y el equilibrio entre los distintos transportes con el realizado por carretera. 
Esta mañana leía una nota de prensa de una de las patronales del sector del transporte por carretera, en la que se quejaba de lo que va a ser el Libro Blanco, de su orientación demasiado ferroviaria. 
Bueno, siempre pasan este tipo de cosas. 
Señorías, sencillamente, lo que hay que afrontar es muy claro: un 40% de incremento de la demanda del transporte de mercancías en los próximos diez años. 
Lo que hace falta es que ese 40% no se vaya todo a la carretera. Lo que hace falta es que, fundamentalmente, se vaya a otros modos que no sean la carretera. 
Y lo que hace falta es que sigamos garantizando, precisamente, el crecimiento, la calidad de vida, el empleo y el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea a través de medidas concretas como ésta, que desde luego tendrá que complementarse con un estudio de conjunto de los distintos medios de transporte, de la competencia entre los distintos medios, la intermodalidad, la interconexión, la interoperabilidad, para conseguir finalmente un sistema mucho más eficaz para nuestra economía y para nuestros ciudadanos. 
Cooperación y relaciones comerciales UE/países industrializados de Norteamérica, Extremo Oriente y Australasia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0004/2001) de la Sra. Erika Mann, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la realización de proyectos que promuevan la cooperación y las relaciones comerciales entre la UE y los países industrializados de Norteamérica, Extremo Oriente y Australasia (COM (2000) 381- C5-0455/2000- 2000/0165 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, distinguidos presentes, señor Comisario y colegas de la Comisión aquí presentes, a esta hora tardía, quisiera dedicar el tiempo de uso de la palabra del que dispongo a presentarles brevemente la propuesta por parte de la Comisión de un reglamento del Consejo relativo a la realización de proyectos que promuevan la cooperación y las relaciones comerciales entre la UE y los países industrializados de Norteamérica, Extremo Oriente y Australasia, así como también mi informe. 
Con la salvedad de la formulación algo engañosa del título, que habla de los países industrializados cuando, naturalmente, no se refiere a todos los países industrializados del mundo, sino sólo a aquellos con los que no tenemos establecidas zonas de libre cambio ni ningún tipo de acuerdos de cooperación o asociación, yo quiero agradecer muy sinceramente a la Comisión la propuesta de reglamento que ha presentado. 
Yo creo que no sólo ha realizado un excelente trabajo en este contexto, teniendo en cuenta los difíciles debates políticos que han tenido lugar al respecto en el Consejo y que la colaboración con el Parlamento Europeo seguramente no siempre ha sido sencilla, sino que además ha llevado a cabo una magnífica tarea, concretamente la de reunir en una sola línea presupuestaria los numerosos y diversos pequeños proyectos y programas ya existentes en el ámbito de los países citados, creando así también un fundamento jurídico. 
Por todo ello yo quiero agradecer sinceramente la labor de la Comisión y la excelente colaboración que hemos mantenido. 
La presente propuesta de reglamento de la Comisión tiene como finalidad crear un marco jurídico y presupuestario sólido para las medidas ya adoptadas en el contexto de los diferentes acuerdos bilaterales suscritos entre la UE y los seis países industrializados citados. 
Dichas medidas se financian actualmente con cargo a diversas líneas presupuestarias. Algunas se tienen que desarrollar en forma de acciones piloto o medidas preparatorias, dado que actualmente no existe un fundamento jurídico que permita incluirlas dentro de las correspondientes líneas presupuestarias. 
La Comisión crea ahora dicho fundamento jurídico en la presente propuesta de reglamento. 
En la elaboración de la propuesta, la Comisión se preocupó de garantizar que la responsabilidad principal del apoyo a la exportación siga correspondiendo a los Estados miembros. 
La acción comunitaria se limita, por lo tanto, a las medidas que complementen los esfuerzos de los Estados miembros de la Unión Europea y otros servicios públicos de la Unión, generando así un valor añadido europeo, según la hermosa expresión que siempre repetimos. 
La propuesta prevé la futura presentación periódica de un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. 
Hemos enmendado algunos puntos y también hemos añadido una enmienda por la que el reglamento debería expirar en diciembre de 2005. 
Además, también he presentado una enmienda que espero que cuente con el apoyo de la Comisión y el Consejo, por la que se pide a la Comisión que en 2003 presente ya una nueva propuesta en la que defina el marco de una nueva política y una nueva filosofía comerciales globales. 
Esto permitiría superar también el dilema que todavía se nos plantea en estos momentos, dada la ausencia de cualquier definición positiva de la política comercial en nuestro Tratado, que sólo se define en negativo, a través de la delimitación de los aspectos que no debe incluir. 
La Comisión debería elaborar en el futuro dicha definición positiva. 
Yo creo que el proceso post-Niza resulta sumamente idóneo para ello y, en este contexto, yo quiero rogarle también a la Comisión que, como telón de fondo, no olvide que el Parlamento no está satisfecho con la actual formulación del artículo 133. 
Esto no debería ser una sorpresa para usted, señor Comisario Patten, sino que doy por sentado que evidentemente ya conoce la valoración del Parlamento al respecto. 
Por lo demás, también quiero rogarle que incluya en esta nueva formulación la posición que acaba de exponer con respecto a uno de dichos países, concretamente los Estados Unidos; usted ha presentado, en efecto, una visión general muy completa de nuestras relaciones con los Estados Unidos. 
Yo le pediría asimismo que en 2003 se proceda a una revisión y que ésta también incluya las reflexiones que está realizando en este momento la Comisión, inspiradas sobre todo por el Comisario Lamy, quien desea emitir en el futuro una declaración de principios en el ámbito de la política comercial. 
Los proyectos concretos que ahora se financian con cargo a esta línea presupuestaria incluyen proyectos de cooperación, programas de formación vinculada a la empresa y programas de fomento de las relaciones comerciales. 
Éstos comprenden los programas ya citados en relación con los Estados Unidos y también, sobre todo, programas con Japón. 
Para acabar, yo quiero volver a agradecer todos los proyectos experimentales que se han llevado a cabo en relación con los diferentes países- Sería deseable que se extrajesen consecuencias de los mismos y se resumiesen los aspectos que conviene transferir a los programas con otros Estados, aquéllos que a su parecer no han dado tan buen resultado y aquéllos que, en su opinión, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir más allá de 2005. 
Si realizan esta revisión, contarán, creo yo, con un excelente fundamento para sentar las bases de una auténtica política y filosofía comercial. 
Yo creo que acaban de establecer unas bases excelentes en el contexto de la globalización y de la próxima ronda de negociaciones comerciales y les doy una vez más las gracias.! 
Señor Presidente, para financiar las acciones comunitarias en materia de cooperación y de relaciones comerciales que se realizan en el marco de los diversos acuerdos bilaterales firmados por la Unión Europea y los países terceros industrializados, existen actualmente distintas líneas presupuestarias que han demostrado su utilidad. 
Pero los retos cada vez mayores a los que se enfrentan las empresas europeas exigen disponer de un marco jurídico bien definido y de una sola línea presupuestaria para poder desarrollar estas actividades de forma más coherente y coordinada y dar así un valor añadido a las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros. 
De ahí la oportunidad del Reglamento presentado por la Comisión, pero de ahí, más aún, la oportunidad del excelente informe de la Sra. Mann, por cuyo trabajo quiero felicitarla en nombre de mi Grupo, y que gracias a su trabajo ha conseguido mejorar y hacer mucho más eficaz y coherente la propuesta de la Comisión. 
Una propuesta a la que mi Grupo presentó también varias enmiendas; en primer lugar, para dar mayor transparencia a los procedimientos de decisión mediante la participación del Parlamento Europeo en la programación y definición de los diferentes subprogramas por realizar en los diferentes países asociados, y para dar mayor transparencia también a la actuación de los participantes, tanto de la Unión Europea como de los países asociados, en los programas de cooperación y de relaciones comerciales. 
En especial, mi Grupo ha solicitado a la Comisión que presente la documentación necesaria después de la toma de decisiones relativas a la definición del contenido de los objetivos de los diferentes programas y del calendario para el procedimiento de apertura de candidaturas, porque así entendemos que vamos a mejorar la eficacia y el acceso de los ciudadanos europeos y de las empresas a estos programas. 
Por último, quiero destacar y lamentar que el Parlamento no haya podido adoptar este informe- el informe Mann- durante el período parcial de sesiones del mes de diciembre del año pasado, pues en este caso el programa hubiera podido entrar en vigor rápidamente y tal como estaba previsto. 
Sin embargo, esperemos que a pesar de todo pueda cumplir con su función. 
Señor Presidente, las felicitaciones se prodigan a veces con mayor facilidad a esta hora tardía, pero con el informe en la mano se podrían expresar en cualquier momento del día. 
Yo creo que la Sra. Mann ha conseguido elaborar un excelente trabajo. 
Yo quisiera volver a centrar, no obstante, la atención en dos aspectos. 
Uno es el tema de la transparencia y el otro, el problema de una filosofía comercial que todavía se tiene que elaborar. 
En lo que se refiere a la transparencia, yo quiero instar, en particular, encarecidamente a la Comisión a que haga suyas las enmiendas 9-11. 
Yo creo que éstas señalan exactamente el camino que conviene seguir, esto es, que no sólo se informe debidamente al Parlamento, sino que como resultado de la tantas veces invocada transparencia también se ponga a disposición una información verdaderamente completa a través de Internet, en el marco de una iniciativa europea a favor de la transparencia, de manera los documentos se puedan consultar en cualquier momento y contribuyan a su vez a la credibilidad del objetivo que todos defendemos, a saber, la progresiva creación de una nueva Europa. 
La parte correspondiente a la exposición de motivos que acompaña el informe es sumamente interesante, cosa que no se puede decir en todos los casos. 
Esto enlaza con mi segundo punto, relativo a los principios orientativos de la política comercial. 
En efecto, sigue siendo tan difícil como antes aclarar que el comercio, debidamente organizado, mejora a nuestro entender el bienestar a escala mundial. 
Después de Seattle y Davos tenemos que enfrentarnos cada vez con mayor frecuencia a detractores irracionales de la globalización. 
Todo depende de que las normas sean adecuadas. 
Todo depende de una sintonía afinada y en parte también de la información. 
Si pudiéramos pedírselo, sería deseable que muchos de los que sólo hablan críticamente de la globalización comprendieran la solidez de la posición que ya ha alcanzado Europa en el ámbito de las inversiones directas en el extranjero, como se puede constatar en este contexto y también en otra diversidad de ámbitos. 
Lo que se requiere es una labor de persuasión. 
Sería deseable que la Comisión se empiece a ocupar pronto de estas cuestiones fundamentales, con el fin de que en 2005 podamos presentar ya los correspondientes programas básicos y convencer de este modo a los ciudadanos. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Mann por su trabajo, aunque ha conseguido elaborar un informe completamente técnico de lo que es una cuestión más bien política. 
De hecho, el tema del comercio y de las relaciones comerciales entre la UE y los países industrializados, en particular, con los Estados Unidos, reviste la máxima actualidad. 
Por ello es una pena que haya desaprovechado la oportunidad de abordarlo desde una perspectiva más política. 
No obstante, la propuesta de establecer una sola línea presupuestaria podría simplificar la labor del Parlamento Europeo en su conjunto e incrementar la transparencia. 
Por ello, no tengo nada en contra de sus propuestas técnicas ni tampoco de las propuestas de la Comisión. 
Es una pena, sin embargo, que no hayamos debatido sobre si necesitamos o no un mayor fomento de las exportaciones y, en caso afirmativo, de cuáles, así como que no hayamos entrado en toda esta cuestión con mucho más detenimiento. 
En cambio, la ponente ha aprovechado la oportunidad para exponer un marco bastante teórico sobre el comercio, que es sobre todo el suyo, más que de ningún otro. 
La ponente tampoco ha abordado temas como la coherencia con aspectos del desarrollo y el enorme complejo que teníamos en lo que respecta a la exportación. 
Pero, una vez más, la simplificación de la labor del Parlamento y de la Comisión merece ser acogida favorablemente y, por consiguiente, no nos opondremos al presente informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, en mi calidad de presidente de la delegación UE-Japón, quiero hacer uso de la palabra para expresar mi satisfacción con la nueva propuesta de reglamento, que por fin crea un fundamento jurídico básico para los proyectos que promueven la cooperación y las relaciones comerciales, aunque de momento expire en 2005. 
En primer lugar, quiero manifestar que comparto los elogios que ha dirigido mi colega Mann al señor Comisario por la buena colaboración mantenida, pero sobre todo quiero sumarme también a los elogios de los diputados aquí presentes a su labor, señora Mann, pues ésta no ha sido sencilla y yo sé que este es un debate a tres bandas entre la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento. 
Es necesario encontrar una base de entendimiento razonable, pues sólo unidos conseguiremos avanzar en este contexto. 
Yo creo que la nueva propuesta de reglamente nos ofrece una buena base para un debate político y económico con los Estados industrializados. 
Por esto, yo no quisiera limitarlo al comercio. 
Yo considero que es importante que mantengamos relaciones más estrechas con los Estados industrializados de Norteamérica, el Lejano Oriente y Australasia y que aumentemos los intercambios. 
Esto es necesario para volver a resaltar la importancia de Asia también en nuestras concepciones, incluso entre los diputados. 
Yo creo que en este contexto existen aún grandes diferencias. 
En el caso de las experiencias japonesas, contamos con programas muy buenos. 
Yo creo que el Executive Training Programme, el programa de formación de directivos para trabajar en Japón es modélico y también se podría aplicar en otros lugares, como se está empezando a hacer ahora en Corea. 
El proyecto Gateway To Japan también es un excelente proyecto de promoción del comercio. 
Otros países industrializados podrían adoptarlo. 
En sentido inverso, pienso que los diputados deberíamos plantearnos la conveniencia de seguir el ejemplo de la relación que mantienen con la región asiática otros órganos legislativos, como por ejemplo el Congreso norteamericano, pues los contactos del Parlamento europeo con Asia no son aún suficientemente intensos. 
En resumen, yo creo que deberíamos seguir el ejemplo y promover un diálogo más estrecho entre las dos cámaras del Parlamento japonés y el Parlamento Europeo, y exactamente como se hace en América, sobre la base de un fundamento jurídico, también nosotros deberíamos aprovechar las mismas posibilidades de actuación en lo que respecta a Asia. 
Antes de acabar, permítanme que añada una breve observación. A pesar de la división adoptada- en parte por razones de experiencia y debido a los diferentes fundamentos jurídicos -, deberíamos procurar trabajar, no obstante, de manera muy diferenciada. 
Voy a citar el ejemplo de mi ámbito de competencia, Asia, al que dedico una gran atención. 
Yo creo que deberíamos prestar un apoyo político y parlamentario mucho más sólido al proceso de la ASEM. 
Antes de la próxima reunión en el marco de la ASEM deberíamos celebrar imprescindiblemente una conferencia interparlamentaria. 
En otras palabras, es necesaria una mayor aproximación entre Europa y Asia, independientemente de cuál sea el marco jurídico. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Mann por su meticuloso trabajo y es para mí un gran placer apoyarlo. 
Como ha subrayado la Sra. Mann y como proponía la Comisión, la importancia de una sola línea presupuestaria no se limita únicamente a la simplificación del trabajo del Parlamento. 
Lo cierto es que podremos evaluar debidamente y votar sobre los fondos que destinamos a depende qué proyectos, de manera que la Comisión y el Parlamento puedan estudiar conjuntamente cuál es la mejor relación gasto-utilidad y cómo debemos utilizar los fondos en el futuro. 
También es decisivo que la Sra. Mann haya hecho hincapié en la importancia de la claridad respecto a la división de responsabilidades entre la Comunidad y los Estados miembros en el ámbito del fomento de las exportaciones. 
Existe una cierta sensibilidad al respecto y la claridad sobre la línea presupuestaria y el marco jurídico no sólo nos ayudará a realizar nuestra labor de una manera más lógica, sino que además tranquilizará a los Estados miembros respecto a un reparto adecuado de las responsabilidades. 
Quiero comentar muy brevemente sobre otros dos asuntos. 
Me alegró mucho, como presidenta de la delegación para las relaciones entre este Parlamento y el Congreso de los Estados Unidos, que el diálogo con los legisladores transatlánticos haya merecido una mención en el capítulo presupuestario. 
Ustedes saben, colegas, lo mucho que este Parlamento ha insistido en dicho diálogo. 
Y que el informe de la Sra. Mann mencione que, entre otros muchos proyectos excelentes, la Comisión apoye el Instituto Europeo en Washington. 
Es tan solo un ejemplo, pero un ejemplo excelente, de cómo la cooperación, no sólo financiera, sino también política, industrial y comercial, puede reportar beneficios muy sustanciosos. 
Estoy encantada de apoyar a la Sra. Mann y puesto que terminaré mi intervención con un segundo de antelación, espero recibir algunos aplausos por ello. 
Señor Presidente, distinguido Comisario, Sr. Patten, en esta ocasión yo también debo hacer excepción a mi costumbre y elogiar con entusiasmo a nuestra colega, la Sra. Mann. 
En el año y medio que he ejercido mis funciones de eurodiputada, he ido familiarizándome con el profundo conocimiento que nuestra colega, la Sra. Mann, tiene en el campo de las relaciones transatlánticas en particular, cosa que también queda demostrada en este informe. 
No comparto la opinión de la Sra. Ahern, quien parece haberse ausentado ya de la sala, en cuanto a que este informe no es lo suficientemente político. 
Y es que, por ejemplo, en la exposición de motivos del informe sí había elementos claramente políticos que, al menos para mí, fue un placer leer. 
Pero, por supuesto no es partidista. 
Apoyo fervientemente un programa de medidas puntualmente encauzadas que sirva para aumentar la eficiencia de la política comercial general de la UE y de sus Estados miembros. 
La intensificación de la cooperación debe considerarse incluso imprescindible si tomamos en cuenta las modificaciones hechas en Niza al artículo 133 y todas aquellas intervenciones en favor de una solución mucho más radical que tuvieron lugar durante la reunión nocturna de Niza. 
También comparto la visión de la ponente en cuanto a que uno de los puntos prioritarios de la agenda posterior a Niza debe ser encontrar un nuevo planteamiento para la Política Comercial de la UE. 
También son dignas de apoyo las ideas de la ponente sobre los procesos de globalización y, en particular, la idea sobre el afianzamiento de la política común en materia de competencia, tema que afecta a mi propia comisión, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
También hay que apoyar el establecimiento de fechas límite a la Comisión para la presentación de propuestas al Parlamento, al igual que la incorporación de la cláusula "sunset" a este Reglamento. 
Sin embargo, el hecho de que se establezcan unas fechas límite no quiere decir que la Comisión no tenga la obligación de mantener siempre al día al Parlamento sobre los avances del plan de acción. 
Entre las medidas incluidas en esta propuesta, quisiera recalcar especialmente los proyectos de cooperación transatlánticos con Estados Unidos. 
Creo que, por ejemplo, el foro del Diálogo Empresarial Transatlántico de la UE con EEUU ha funcionado bien, logrando prevenir contenciosos comerciales y consiguiendo coordinar posiciones en sectores en los que hay que reaccionar con rapidez. 
Un buen ejemplo de esto fue la conferencia celebrada en primavera pasada en Estambul "World Radio Conference". 
El comercio transatlántico sigue siendo el cordón umbilical de la economía global, y no debemos menospreciar la importancia de la cooperación en este terreno. 
Cabe recordar que existe también un elemento político estrechamente relacionado con esta cooperación, cuyos fundamentos se crearon en el año 1995 mediante la firma de la Nueva Agenda Transatlántica. 
El Parlamento también quiere participar en estos trabajos y, para ello, ha intentado estrechar sus relaciones con el Congreso de Estados Unidos el contexto del Diálogo Transatlántico, aspecto al que también se ha referido anteriormente nuestra colega, la Sra. Read. 
. 
(EN) Señor Presidente. Hoy he tomado parte en dos debates sobre Oriente Medio y el Mediterráneo, y ahora pasamos a un terreno ligeramente más fácil, quizá, aunque no hay duda de que se trata de un tema de gran importancia. 
Permítanme, para comenzar, expresar mi agradecimiento al Parlamento por su apoyo a la propuesta de la Comisión, en primer lugar, a través de la asignación de un presupuesto para 2001 por valor de 15,6 millones de euros para la aplicación del presente Reglamento de conformidad con la solicitud de la Comisión. 
Estamos muy agradecidos al Parlamento por este motivo. 
En segundo lugar, quisiera agradecer al Parlamento que adopte por unanimidad, como espero que lo hará, el informe favorable de la ponente, Sra. Mann. 
Lo interpreto como una muestra sólida del amplio respaldo del Parlamento a la propuesta de la Comisión relativa a los países industrializados. 
Permítanme ahora expresar mi sincera gratitud a la Sra. Mann y también a su colega, la Sra. Read, por su apoyo coherente y constructivo al desarrollo de nuestras relaciones transatlánticas. 
Habida cuenta de que visitaré los Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia en el transcurso de los próximos tres meses, siento una gran satisfacción de que esta noche hayamos realizado este progreso. 
Nuestras relaciones con los países industrializados se han profundizado de manera significativa e incluso ampliado durante estos últimos años. 
Estamos dejando atrás el estrecho enfoque sobre el comercio para avanzar hacia unas relaciones amplias que incluyen todos los ámbitos: la Política Exterior y de Seguridad Común, la justicia y los asuntos de interior, la educación y la cultura, temas medioambientales, ciencia e investigación y, lo que considero especialmente importante, los intercambios entre personas. 
En el caso de los Estados Unidos y Canadá, estas relaciones amplias ya son una realidad, y otros socios como Japón, la República de Corea, Nueva Zelanda y Australia están interesados en desarrollar relaciones similares. 
La piedra angular de estas relaciones la constituyen los valores comunes y los intereses similares que compartimos. 
Así, mientras que, por un lado, asistimos a la creciente demanda de una cooperación más estrecha con algunos de nuestros principales socios, por otro, hemos carecido del marco jurídico que nos permita dar seguimiento a las cosas. 
De hecho, en la actualidad sólo disponemos de fundamentos jurídicos para acciones con Canadá y Japón. 
Este último se limita a actividades de acceso al mercado y expira al final del presente año. 
En el caso de los Estados Unidos, no disponemos de ningún fundamento jurídico en absoluto, lo que nos obliga a ejecutar proyectos en virtud de la nueva agenda transatlántica como proyectos piloto o acciones preparatorias que no requieren un fundamento jurídico, pero que tienen un plazo limitado de entre uno y dos años. 
La propuesta de la Comisión que nos ocupa tiene el objetivo de resolver esta situación mediante el establecimiento de un fundamento jurídico sólido y común que sustente nuestras relaciones con los países industrializados. 
Un fundamento jurídico común es adecuado habida cuenta de que nuestras relaciones con todos estos países están basadas en valores comunes e intereses compartidos. 
Asimismo es adecuado porque permitirá a la Comisión desarrollar programas similares, en la medida de los posible, con todos o algunos de estos países. 
Además, si va unido a una sola línea presupuestaria como propone la Comisión, tendremos claras ventajas administrativas. 
Mejoraremos ampliamente la eficacia al perseguir economías de escala y crear una flexibilidad óptima. 
También se conseguirá una mayor transparencia presupuestaria para el Parlamento, y debo decir, también para el Consejo. 
Por último, un fundamento jurídico común unido a una sola línea presupuestaria se ajusta a la política de la Comisión de limitar el número de fundamentos jurídicos y líneas presupuestarias pequeños. 
Quisiera hacer hincapié en la importancia que atribuye la Comisión a la presente propuesta. 
Las ventajas de un marco jurídico y presupuestario común para apoyar nuestras relaciones con los países industrializados son evidentes. 
Confío en que nuestro primer informe sobre los resultados de la aplicación del presente Reglamento que presentaremos al Parlamento dentro de un par de años demostrará este extremo para satisfacción del Parlamento. 
Permítanme pasar a continuación a las 14 enmiendas aprobadas por el Parlamento. 
Estoy encantado de poder decir que la Comisión puede aceptar 11 de ellas. 
La Sra. Mann y el Sr. Ferrer han hecho referencia, en particular, a la enmienda 5. 
Las enmiendas 4 y 5 son relativas a la división de la responsabilidad entre la Comunidad y los Estados miembros en lo que respecta al acceso al mercado y el fomento de la exportación. 
La Sra. Read ha señalado que los Estados miembros son muy sensibles a este tema. 
Aceptar estas dos enmiendas tendría como consecuencia un alejamiento sustancial de los Estados miembros, mucho más allá de lo que acordamos para el reglamento sobre el acceso al mercado japonés hace unos años. 
A pesar de que no me asustan los desacuerdos ocasionales con el Consejo, yo desaconsejaría la adopción de estas dos enmiendas. 
La enmienda 14 de la Comisión de Presupuestos sería una excepción de la decisión de comitología de 1999 y, por consiguiente, tampoco es aceptable. 
En cualquier caso, sobre dicha enmienda, no creo que sea el número de participantes en las reuniones del Comité lo que realmente deba interesarnos a la Comisión o al Parlamento, sino cuántos de ellos son reembolsados con fondos comunitarios. 
Es una cuestión horizontal a la que deberíamos encontrar una solución general en vez de tener que abordarla en cada reglamento y espero que podamos proceder sobre esta base. 
Una vez más, quisiera expresar mi más cordial agradecimiento a la ponente por su ayuda constructiva e inteligente en el desarrollo de nuestras relaciones con algunos de nuestros mejores amigos de todo el mundo. 
En este caso en particular estamos corrigiendo una anomalía y llenando un importante vacío, como señalaba hace un momento el Sr. Jarzembowski. 
Por tanto, agradezco al Parlamento su comprensión y confío en que no le parezca demasiado ofensivo que la Comisión desaconseje tres de las 14 enmiendas. 
Muchas gracias, señor Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Etiquetado de eficiencia energética 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0006/2001) de la Sra. McNally, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos y de tecnología de la comunicación (COM (2000) 18- C5-0061/2000- 2000/0033 (COD) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, el presente informe es relativo a la propuesta de adopción por parte de la Unión Europea del programa de los Estados Unidos Energy Star aplicable a los equipos ofimáticos y de tecnología de la comunicación. 
Es posible, colegas, que éste no sea el título más excitante de cuantos aparecen en el orden del día de esta semana, pero guarda una relación directa con el futuro de nuestro planeta y con la posibilidad de que siga aumentando el número de acontecimientos climatológicos de consecuencias devastadoras, de los desplazamientos masivos de personas y de cosechas perdidas. 
Hay que poner fin al uso irresponsable y despilfarrador que hacemos de la energía, con sus consiguientes emisiones de C02 y otros peligros para el medio ambiente. 
Resulta bastante irónico que el país de origen del programa Energy Star sea los Estados Unidos, donde hemos asistido recientemente al absurdo espectáculo de cortes de energía eléctrica en California, debidos principalmente al increíble aumento de la utilización de ordenadores y otros equipos ofimáticos y la consiguiente necesidad de acondicionamiento del aire dentro de un marco de desregulación muy extraño y poco sensato. 
Las cosas habrían ido aún peor sin el programa Energy Star. 
Este programa, que es voluntario, fue introducido en 1992 y actualmente está muy extendido. Ha sido adoptado oficialmente en Australia y Japón, por ejemplo. 
Es posible que sus Señorías hayan visto el logotipo de Energy Star en los ordenadores comercializados en la UE, aunque eso aún no significa nada, porque la tecnología debe ser activada especialmente, lo que sólo se hace en los Estados Unidos. 
Esta noche debatimos la propuesta de reglamento en virtud del cual se celebrará un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre el que votaremos en la próxima sesión. 
Es un plan voluntario y se espera que a partir de ahora y hasta el 2015 se ahorren 10 TWh y 5 millones de toneladas de emisiones de C02 en la UE gracias a este programa. 
Paso a continuación al mundo de la ciencia ficción para explicar que para que los ordenadores sean energéticamente eficientes, éstos deben entrar en el "sleep mode", pero deben despertar instantáneamente cuando se les exija. 
Cuando están en el "sleep mode", su consumo eléctrico se reduce en una proporción media de 100 a 5 vatios. 
Dado el número de ordenadores que hay en los hogares, colegios, lugares de trabajo, etc., podemos darnos cuenta de cómo puede acumularse el ahorro energético gracias a los buenos hábitos del "sleep mode" de estas máquinas. 
Hasta ahora, la Unión Europea ha producido sus propias normas de eficiencia energética, a menudo con carácter obligatorio, y el Parlamento Europeo, como colegislador, se ha tomado en serio su responsabilidad de garantizar que dichas normas sean lo suficientemente estrictas. 
Éste es el motivo por el que el Parlamento tendría serias reservas acerca de la adopción de este programa estadounidense Energy Star si ésta fuera nuestra única medida y, especialmente, si el acuerdo no incluyera disposiciones sobre la revisión regular de los resultados, con el objetivo, naturalmente, de adoptar siempre los últimos avances de las tecnologías correspondientes. 
Sin embargo, afortunadamente éste no es el caso y se otorgarán poderes a la Comisión para negociar mejoras de las especificaciones técnicas. 
Y en una carta de acompañamiento al acuerdo se comunica con total claridad a las autoridades estadounidenses que el Parlamento Europeo, que sería colegislador con el Consejo para iniciativas similares a escala europea, será consultado por la Comisión sobre temas relativos a las especificaciones técnicas. 
En las enmiendas a mi informe dejamos claro que ciertamente son necesarias medidas adicionales, incluida la más evidente que es la de desconectar las máquinas de vez en cuando y la de retirar del mercado las máquinas especialmente poco eficientes, ya sea de manera voluntaria o, en caso necesario, mediante legislación. 
Estoy completamente segura de que el Consejo considerará estas enmiendas acertadas, así como el seguimiento regular y puntual del programa Energy Star como uno, pero sólo uno, de los componentes de nuestro plan de acción de eficiencia energética. 
Creemos que el actual fundamento jurídico es el correcto y hacemos nuestras las sugerencias de la Comisión. 
Como ponente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión por su cooperación y ayuda, y agradecer naturalmente a mis colegas, especialmente a la Sra. Müller, que ha redactado una opinión de gran utilidad en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. 
Todos deseamos que el programa Energy Star sea un éxito y esperamos realmente que los ordenadores de toda Europa entren en el "sleep mode" a su debido tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, en general, ha de acogerse con satisfacción la propuesta de reglamento relativo a un programa voluntario de etiquetado, presentada por la Comisión, y la Sra. McNally ha presentado un excelente informe sobre la misma. 
El etiquetado de la eficiencia energética es, desde mi punto de vista, un importante instrumento económico y de mercado para promocionar los aparatos de bajo consumo. 
Mediante la etiqueta, la Unión Europea da un impulso apropiado para reducir el consumo de energía. 
Con ayuda de la etiqueta Energy Star, se promocionará el uso de aparatos con modo de espera que permiten economizar energía. El ahorro potencial de estos aparatos no se debe subestimar y el etiquetado permitirá dar un impulso adecuado al ahorro energético en la Unión Europea. 
El ahorro energético supone también la reducción de las emisiones de CO2, tal como prevé el Acuerdo sobre la lucha contra el cambio climático. 
Yo valoro también como una gran ventaja que dicho sistema ya se esté utilizando prácticamente en todo el mundo en el sector de la ofimática. 
La Unión Europea contará así con un programa de etiquetado común no sólo con los Estados Unidos sino también con el Japón y otros Estados. 
De este modo también se contempla el carácter global del mercado. Esto contribuirá a eliminar las barreras comerciales. 
Los sectores de las telecomunicaciones y la informática son particularmente importantes en este contexto. 
En el contexto de la creación del Consejo Energy Star de la Unión Europea, yo considero imprescindible que, además de las partes interesadas, éste también incluya a expertos nacionales del sector de la energía, con el fin de que también se puedan contemplar con toda claridad los intereses nacionales. 
El Consejo Energy Star presentará un informe anual sobre la penetración en el mercado de los productos que lleven el distintivo Energy Star. 
Las ventas anuales me parecen un criterio adecuado, dado el ritmo de desarrollo técnico de los aparatos informáticos y de las telecomunicaciones. 
Sólo así será posible garantizar que reciban la etiqueta sólo aquellos aparatos cuya eficiencia energética sea claramente superior a la media del mercado. 
Por estas consideraciones, yo les pido que también apoyen mi opinión, anexa al informe y que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía hizo suya en su totalidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo quiero sumarme a las expresiones de agradecimiento a la ponente, Sra. McNally, así como también a la ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, Sra. Emilia Müller. 
El ahorro energético y la reducción de las emisiones de gases de invernadero, como el CO2, son objetivos importantes de la Unión Europea. 
Éstos no siempre se pueden alcanzar sin esfuerzo y sin tener que renunciar a algunas comodidades, pero a veces también resulta muy sencillo. 
A veces basta con utilizar las posibilidades técnicas ya existentes y lo que falta es la voluntad política de actuar con decisión. 
En mi país, Alemania, un 11% del consumo doméstico privado de electricidad corresponde a las pérdidas en posición de espera. 
Si a ello se suman los sectores privado y público, cada año se despilfarran inútilmente un total de 20 TWh, el equivalente a la producción de dos grandes centrales eléctricas. 
Es decir, que aunque el aparato no funcione, sin embargo consume energía. 
A la vista de ello, naturalmente, como también ha comentado la Sra. McNally, lo más sencillo sería desconectar el aparato cuando no se necesita. 
En muchos casos, esta es una solución que desde luego se debería promover más desde las instancias públicas, en el caso de los televisores, por ejemplo. 
Sin embargo, en algunos casos no es posible desconectar los aparatos y justamente en el sector de la informática es necesario que éstos entren rápidamente en reposo y también se "despierten" rápidamente, según la expresión de la Sra. McNally, pues a veces es preciso poder utilizar de inmediato el ordenador, sin tener que esperar a que arranque lentamente. 
Esto plantea problemas técnicos, pero éstos también se pueden resolver técnicamente sin consumir energía. 
Existen enfoques innovadores que permiten reducir prácticamente a cero las pérdidas en posición de espera, sólo falta incorporarlos a los aparatos. 
Técnicamente, el problema ya no existe. 
Por esto es bueno que se discuta la introducción del distintivo Energy Star y el etiquetado de los aparatos que utilizan estas nuevas posibilidades técnicas y que son muy eficientes. 
Es conveniente que así se haga y el Grupo del PPE apoya, por consiguiente, la propuesta de la Comisión y también el informe de la Sra. McNally. 
No obstante, yo creo que con esto solo no basta. 
Cuando asumí la responsabilidad de actuar como ponente en la sombra del grupo del PPE, consulté a los expertos de diferentes organizaciones, de ONG, de los ministerios y de la Comisión, pero también a personas que se ocupan a diario de estas cuestiones, como por ejemplo un comerciante informático conocido. 
Le pregunté qué opinaba sobre el sistema Energy Star. 
" Es una buena cosa- me respondió-. 
Al principio planteaba algunos problemas técnicos y los ordenadores entraban en reposo, pero luego no se 'despertaban' con suficiente rapidez. 
Ahora se han resuelto todos los problemas técnicos, pero a nadie le preocupa que un ordenador lleve la etiqueta Energy Star o no. 
¡No es un argumento que venda! " 
Por consiguiente, deberíamos considerar si, en lugar de limitarnos a aplicar el principio que ahora se propone, o sea, de distinguir positivamente a los aparatos muy eficientes, no deberíamos retirar también del mercado los aparatos muy defectuosos, muy ineficientes, y sencillamente dejar de autorizarlos al cabo de un período transitorio. 
Yo creo que también debemos considerar esta posibilidad- el informe de la Sra. McNally también la contempla -, de manera que la propuesta a favor de la eficiencia energética en este ámbito sea completa. 
Yo les pido, por tanto, que también apoyen dichas enmiendas. 
Señor Presidente, quiero dar afectuosamente las gracias a la Sra. McNally por su extraordinario trabajo, ya que este asunto es muy importante. 
Sin embargo, la tendencia actual en materia de eficiencia energética no es la mejor de las posibles. 
Por ejemplo, en lo que se refiere a los electrodomésticos, el objetivo debería ser que se pudiesen desconectar todos los circuitos que consumen energía. 
Pero esto no es posible en todos los casos, puesto que, como ya se ha mencionado aquí, los equipos actuales no suelen traer incorporado el botón on/off, de modo que es absolutamente imposible desconectarlos, aunque éste fuese el deseo del consumidor. 
Muchos aparatos tienen una pequeña luz roja que está siempre encendida, indicando que hay algún circuito conectado en la máquina y que ésta consume energía en cierta medida. 
Si consideramos que una vatio-hora de consumo, en sí insignificante, se va acumulando por hogares, obtendremos que el volumen de consumo se multiplica rápidamente. 
Mil aparatos alcanzan ya un consumo total de una kilovatio-hora y un millón consumen en total una megavatio-hora, de modo que ya estamos hablando de unas cantidades muy superiores. 
En cambio, por un lado, la corriente estática es algo positivo a la hora de calentar el interior de las viviendas. 
En las regiones nórdicas de la Unión hay que calentar las habitaciones y las viviendas, y en estos casos el calor emitido por las máquinas y por las bombillas incandescentes ahorra gastos de calefacción. 
Por el contrario, en condiciones de temperaturas altas, sobre todo en los países más meridionales de la Unión, donde hay que refrigerar el aire de las viviendas con la ayuda de máquinas, se doblan los gastos provocados por la corriente estática. 
El objetivo general debe ser el fomento de la utilización de tecnologías que consuman menos energía; entre otras cosas, el uso de bombillas incandescentes en los equipos debería evitarse siempre que puedan ser sustituidas por bombillas termoiónicas, por ejemplo. 
También debemos concentrarnos más en proporcionar información a los consumidores. 
Al consumidor le cuesta trabajo creerse que los equipos baratos, pero 'devoradores de energía', resultan caros con el tiempo. 
El etiquetado de eficiencia energética debe ser estandarizado de tal modo que todos los consumidores, desde los niños hasta los ancianos, comprendan la cantidad de energía que consume cada equipo. 
La información debe ser fácil de comprender. 
Hablar sólo de vatios no aporta nada a la mayoría de la gente. 
Los fabricantes de equipos deben explicar en las instrucciones, entre otras cosas, de qué manera se puede ahorrar energía al usar los equipos. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Sra. McNally por su excelente informe, y también me gustaría agradecer al Parlamento su amplio apoyo a esta propuesta que, en opinión de la Comisión, contribuirá significativamente a mejorar la eficiencia energética y, por lo tanto, a controlar la demanda, que es uno de los aspectos que señala el Libro Verde como elemento clave a la hora de hablar de seguridad de abastecimiento. 
Uno de los elementos de la cuestión es consumir menos, gastar menos utilizando mejor lo que tenemos. 
Quiero agradecer también a la Sra. Müller su opinión en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. 
Hace falta una mejora sustancial de la eficiencia en el uso final de la electricidad para cumplir el compromiso de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 para el año 2010. 
Los equipos ofimáticos suman un importante porcentaje del consumo energético en el sector servicios y presentan un amplio potencial de ahorro de energía. 
La Comisión ha propuesto el programa Energy Star precisamente como una medida fundamental para reducir el consumo de energía de estos equipos ofimáticos, lo que completa las medidas adoptadas en otros sectores de uso final, tales como el de los electrodomésticos o los de la iluminación. 
La Comisión ha trabajado en la introducción de este programa desde 1994 con el total apoyo de la industria comunitaria y de expertos independientes. 
El programa Energy Star es voluntario y se sirve de un instrumento de mercado, a saber, una etiqueta de calidad que permite identificar los productos que se comercializan y que son más eficientes desde el punto de vista del consumo energético. 
Además, gracias a la adopción del programa, la Comunidad no sólo introducirá un programa de etiquetado de equipos ofimáticos- que ha cosechado gran éxito donde se ha aplicado- y una medida rentable dirigida a reducir las emisiones de CO2, sino que también tendrá la oportunidad de participar en la aplicación de una norma que, de facto, está adquiriendo alcance internacional. 
Es importante lo que estamos haciendo no sólo por nosotros sino por su influencia en otras zonas del planeta. 
En ese sentido, el que contribuyamos y que estemos también coparticipando con Estados Unidos en esa labor de liderazgo a nivel internacional me parece necesario. 
Señor Presidente, soy consciente de que el Parlamento no estaba muy satisfecho con los procedimientos que se han seguido en la firma y celebración de este acuerdo. 
Sin embargo, hemos tenido que seguir los procedimientos que contempla el artículo 300 del Tratado, y me alegra observar que el Parlamento piensa que las ventajas del acuerdo son más importantes que ese tipo de discrepancias. 
Además, como lo ha solicitado el Parlamento mediante una carta adjunta al acuerdo, hemos informado a la otra parte, es decir, a Estados Unidos. 
Mantendremos al Parlamento informado sobre la revisión de las especificaciones técnicas, cuestión que ha sido señalada por la Sra. McNally y en la que estamos totalmente de acuerdo. 
Señorías, respecto de las enmiendas, tengo que decirles que podemos aceptar todas las enmiendas propuestas por el Parlamento a excepción de la nº 9. 
La Comisión coincide en que es necesario seguir la evolución de la eficiencia energética de los equipos ofimáticos, pero entendemos que no es necesario reclamar la creación de una unidad especial como solicita dicha enmienda, entre otras cosas, porque no nos van a dar más recursos por ello. 
Por lo tanto, les pediría a sus Señorías que reconsideren esta cuestión porque creo que, si no se incluyera dicha enmienda- lo que es decisión soberana de este Parlamento -, podríamos aprobar la propuesta en primera lectura y, por lo tanto, avanzar más rápido. 
Deben tener esto en cuenta. 
Les aseguro que no vamos a poder obtener más recursos y, al final, no va a tener una utilidad práctica. 
Por el contrario, aceptamos, en principio, las enmiendas 5, 11 y 15. 
En el caso de las enmiendas 11 y 15, aceptamos que la Comisión presente un informe al Consejo y al Parlamento, aunque para la Comisión el plazo conveniente es una vez transcurridos tres años, igual que para la primera evaluación que hicimos del programa Energy Star. 
Señor Presidente, Señorías, he resumido nuestra posición. 
Quiero de nuevo dar las gracias a todos los diputados que han intervenido, a la Sra. McNally muy especialmente por su magnífico trabajo, y confío en que nos pongamos todos de acuerdo lo antes posible, si fuera posible en primera lectura. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Reconocimiento de las calificaciones profesionales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0012/2001) del Sr. Wieland, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y se completan las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico (C5-0680/2000- 1997/0345 (COD)) 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, la Sra. McNally ha dicho antes que su informe trata de un tema que no resulta particularmente seductor. 
Yo creo que a medida que avanza la hora, los informes son cada vez menos seductores, sin ánimo de ofender al colega Ferri, que todavía espera su turno. 
Por la presente propuesta de directiva se modifican y completan diez directivas, una parte de las cuales se remontan al año 1977. 
El Presidente me ha obsequiado un tiempo adicional de uso de la palabra con su enumeración de las profesiones a las que éstas se refieren. 
¿Por qué hemos procedido con tanta prudencia en el caso de este informe, hasta el extremo de llegar a un procedimiento de conciliación que nos ha robado tiempo y esfuerzos, aun cuando algunos a veces digan que los diputados crean la impresión de que se hunde el mundo, cuando en realidad sólo se trata de cuestiones de detalle? 
¿Por qué insistimos en solicitar el procedimiento de conciliación por una amplia e importante mayoría? 
En esos casos la reparación de los daños tiene por objeto reparar el daño causado. 
En el ámbito de la salud, los daños por regla general no se pueden reparar. 
Por eso existen las indemnizaciones. 
En mi ejercicio de la abogacía no he conocido a nadie que no hubiese devuelto gustoso la indemnización si a cambio hubiese podido conseguir que el daño causado a su salud no hubiese ocurrido nunca. 
Yo creo que todo el procedimiento constituye también una buena muestra de que el Consejo debería celebrar en el futuro sus sesiones a puerta abierta, pues algunas cosas que allí se expusieron les habrían interesado mucho a todos los ciudadanos, desde Grecia hasta Irlanda, y de Italia a Finlandia, que se habrían dicho: " ¿Qué se traen entre manos nuestros gobiernos? 
¡Nosotros queremos una mayor protección! " 
Por esto interesan tanto estos temas. 
En segundo lugar, y esto me conduce al interfaz con el segundo objetivo, tenemos un mercado interior. 
Nos interesa que independientemente de dónde se haya obtenido un diploma, éste se pueda utilizar en el contexto de la libre circulación de personas y servicios. 
Por lo tanto, el Estado receptor y los ciudadanos están interesados en averiguar, en primer lugar, qué formación han recibido aquellos que inmediatamente después de pasar el examen empaquetan la mochila y se disponen a trasladarse a otro Estado miembro. 
En segundo lugar, en el caso de las personas que diez o incluso treinta años después de aprobar el examen deciden trasladarse a otro Estado miembro, los ciudadanos y los Estados miembros de destino están interesados en saber qué ha hecho esa persona en los años transcurridos desde que aprobó el examen. 
¿Ha continuado formándose? 
Paso a exponer ahora la tercera motivación. 
El Parlamento es el primer interesado en que elaboremos textos legibles. 
Como ya he señalado, yo soy jurista y debo decir que cuando empecé a leer los textos sobre este tema me encontré con un desastre tras otro. 
Los textos que producimos son en el fondo un batiburrillo de fechas para la opinión pública interesada. 
En el futuro tenemos que elaborar con mayor rapidez versiones consolidadas de los textos. 
Por todas estas consideraciones, el Parlamento aprobó por una amplia mayoría once enmiendas y lo único que yo lamento es no haber solicitado la comprobación de la mayoría cuando iniciamos el procedimiento de conciliación, pues ello habría permitido demostrar que bastante más de 400 colegas las votaron afirmativamente. 
También debo manifestar, por lo tanto, mi agradecimiento a la Sra. Gebhardt, con quien he trabajado en estrecha colaboración y con quien forjamos esa amplia mayoría, y que confió en nosotros, a pesar de que la delegación que participó en el comité de conciliación estaba formada por tres colegas del PPE, simplemente porque así lo determinaron las normas de esta Cámara. 
No voy aburrirles con los detalles: plazos de transposición, la petición relativa a los diplomas obtenidos en terceros Estados, la sustitución de la expresión "del mismo nivel" por "un nivel equivalente" y la finalización de los estudios de farmacia en Italia. 
Antes de acabar, permítanme que exponga muy brevemente los tres principios. 
En primer lugar, la Comisión se declaró dispuesta a producir en el futuro versiones consolidadas de los textos. 
Sólo me queda animar a todos los ponentes a que también pidan que esto se haga pronto en sus respectivos ámbitos. 
En segundo lugar, la formación continua. 
No podemos limitarnos a hablar continuamente de ella, sino que tenemos que exigirla. 
No elaboramos ninguna norma por razones de subsidiariedad, pero conseguimos imponer nuestro punto de vista en los considerandos. 
Finalmente, en tercer lugar, la formación de los médicos especialistas en medicina general se amplió a tres años. 
Francia aceptar ampliarla de dos años y medio a tres, y por el otro lado concedimos a dos Estados miembros, Bélgica y Finlandia, la posibilidad de aceptar esta especialización con una formación básica más prolongada. 
En consecuencia, puedo anunciarles que conseguimos un buen resultado en el procedimiento de conciliación y les pido que lo voten afirmativamente. 
No obstante, quiero añadir muy brevemente que lamentamos mucho que la Comisión no apoyara desde el principio nuestras peticiones en relación con aquellos puntos en los que el Consejo modificó finalmente su posición. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas del turno nocturno, en política, quien quiera realizar un buen trabajo debe hacer acopio de la voluntad y la paciencia necesarias para atravesar incluso gruesas barreras. 
El colega Wieland dispone de ambas cosas en un grado considerable. 
Por esto casi puedo decir que fue un placer colaborar con él, en su calidad de ponente, y con los demás colegas para alcanzar el resultado de la conciliación que ahora tenemos sobre la mesa. 
Podemos sentirnos bastante orgullosos. 
En efecto, por primera vez hemos conseguido enraizar en la legislación europea algo de lo que habitualmente sólo se suele predicar. 
Me refiero a la necesidad de una formación continua. 
En el ámbito de la medicina, en el futuro no sólo contaremos con normas y criterios para el reconocimiento de diplomas, certificados y otros documentos acreditativos. 
Ahora declaramos por primera vez que no basta con haber completado con éxito la formación, sino que ésta se debe proseguir luego, sobre todo en interés de los pacientes, pero también de los médicos y del personal de enfermería 
El aprendizaje profesional a lo largo de la vida es particularmente importante en el ámbito de la medicina, dada la rapidez de los progresos técnicos y científicos. 
Sin embargo, no podemos contentarnos con haberla incorporado a la presente directiva sobre el reconocimiento de las calificaciones. 
Además, deberíamos contribuir con nuestra labor legislativa a que este primer éxito y, por lo tanto, la formación continua se conviertan en un pilar fundamental de la vida profesional de todas las personas de Europa. 
Permítanme que me detenga ahora en un segundo punto, que siempre me ha preocupado en el contexto del reconocimiento de los títulos profesionales. 
Voy a formularlo en forma de una pregunta a la que la presente directiva tampoco da respuesta: ¿por qué ponemos tantas trabas para el reconocimiento de los títulos obtenidos fuera de la Unión Europea? 
Es una pregunta que me preocupa cuando observo cómo estamos globalizando los mercados y permitiendo que vagabundee el capital. 
Nuestros ciudadanos y ciudadanas pueden importar mercancías y dinero de cualquier rincón del mundo. 
Sin embargo, no se permite la libre transferencia del patrimonio absolutamente personal en forma de conocimientos y capacidades profesionales. 
Yo ruego, por lo tanto, a la Comisión que en la elaboración de las futuras directivas sobre el reconocimiento de calificaciones prescinda de dos consideraciones. 
En primer lugar, que el tema sólo afecta a un número reducido de ciudadanos de la UE. 
En segundo lugar, que el Tratado ofrece sólo un fundamento jurídico limitado. 
Ya verán como luego todo resultará mucho más fácil. 
Señor Presidente, quisiera unirme al agradecimiento que han expresado mis colegas al ponente por su continuo y diligente trabajo sobre este asunto, que aunque no alcance los titulares, es de gran importancia para todas y cada una de las personas que representamos aquí en este Parlamento. 
En particular, en los numerosos ámbitos sobre los que estamos tratando en el presente reconocimiento de calificaciones hemos experimentado una gran demanda de personal dentro de la UE durante estos últimos años. 
También se ha hecho referencia a casos en los que se han impuesto barreras y las personas que querían trasladarse de un Estado miembro a otro no conseguían que se les reconocieran sus calificaciones. 
Uno de los temas importantes que han surgido durante las negociaciones en el proceso de conciliación y también en el propio informe es el de aclarar algunos de los términos utilizados. En particular, está la cuestión de sustituir la palabra "similar" por la palabra "equivalente". 
En estos momentos me ocupo de un caso en Irlanda de alguien que ha recibido una formación de fisioterapeuta en un Estado miembro y que no consigue que se le reconozca su calificación en Irlanda debido a un aspecto académico formal, a pesar de que en cualquier otro país de la Unión Europea, la experiencia laboral es reconocida como el equivalente de las calificaciones académicas. 
Además de eso, existe también la necesidad de que garanticemos, una vez que se apruebe la legislación a escala europea, que los Estados miembros cumplen rigurosamente la legislación y permiten el acceso a las oportunidades existentes. 
Con demasiada frecuencia hemos asistido a la imposición de barreras camufladas para impedir que las personas de una profesión u otra se desplacen a un país para ejercer. 
Si realmente queremos hacer realidad la idea de un mercado único y si realmente queremos vivir de acuerdo con los principios de la libre circulación de las personas, debemos desmantelar dichas barreras que, como podemos ver, no son tanto a nivel de las instituciones de la Unión Europea, sino a nivel de los Estados miembros e incluso, en algunos Estados miembros, a nivel de determinadas profesiones. 
Es necesario que se cumpla estrictamente toda la legislación de manera que cualquier queja pueda ser atendida sin pérdida de tiempo. 
Quisiera recomendar el presente informe a la Asamblea y le pido que le dé su apoyo. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias sinceramente, en nombre de la Comisión, a los diputados de su Parlamento que han participado en el debate de hoy por el buen trabajo que han realizado. 
En particular, quisiera nombrar al Sr. Wieland por ser quien ha elaborado el informe y quien ha sabido llevar a buen puerto todo el proceso. 
La Comisión está muy satisfecha con que el hecho de que el Consejo y el Parlamento Europeo se hayan puesto ahora de acuerdo. 
La Comisión puede coincidir con el resultado ya que, al fin y al cabo, tiene como objetivo facilitar el reconocimiento de diplomas y mejorar la seguridad jurídica. 
En este punto, el Parlamento junto con el Consejo han logrado un resultado en interés de todos los que buscan trabajo en alguna parte de Europa con un diploma en la mano. 
Beneficia a la movilidad de los trabajadores y eso es algo importante. 
Quisiera agradecer en particular, ya lo he dicho, al Sr. Wieland, pero también a otros diputados que han colaborado con él, el buen trabajo que han realizado para poder llegar a este acuerdo. 
Le agradezco en general a su Parlamento, señor Presidente, la fructífera colaboración que han mantenido tanto con el Consejo como con la Comisión. 
Muchas gracias por su amabilidad, señor Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al informe (A5-0398/2000) del Sr. Ferri, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el informe del Grupo Multidisciplinar "Delincuencia Organizada" -Acción común sobre evaluaciones recíprocas (10972/2/1999- C5-0039/2000- 1999/0916 (COS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estimado Wieland, probablemente mi propuesta podría ser más sexy, ya que generalmente la justicia está desnuda, o al menos se intenta desnudarla para no hacerla funcionar. 
En realidad, creo que esta propuesta de resolución puede ser un primer paso bastante eficaz y significativo, dado que apunta a lo concreto. 
Entretanto, quisiera hacer una consideración de carácter previo, esto es, que los Estados miembros, a menudo por un malentendimiento del sentido del poder, tratan de obstaculizar la que puede parecer una cesión de soberanía especialmente en el terreno de la justicia penal. 
Por lo tanto, no es tarea fácil hacer coincidir la soberanía comunitaria y la soberanía de los Estados miembros en esta materia. 
La introducción de un mecanismo de evaluación recíproca por parte de los Estados miembros, previsto en el plan de acción común de Amsterdam de 1997, que- aun con cierto retraso- se ha puesto en práctica, nos permite hacer un primer cuadro de la situación. 
Se han elegido a los primeros cinco Estados: Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxemburgo y Países Bajos, y existe un grupo constituido por tres expertos. 
El Estado objeto de evaluación no prevé la presencia de su experto nacional y, por lo tanto, podemos decir que la acción es bastante libre. 
Éste primer carnet de evaluaciones lo primero que ha puesto de relieve es que a menudo existe una fuerte injerencia política en la justicia, especialmente en las solicitudes de cooperación judicial en materia de medidas urgentes, de embargo de bienes y de registros, y esto se pone en marcha de forma diferente, o con la injerencia del ministro de Justicia o con la injerencia de autoridades judiciales distintas de la destinataria, etcétera. 
Naturalmente, se han apreciado algunos aspectos positivos, por ejemplo, el sistema informático de los Países Bajos, llamado KRIS, que se toma como modelo. 
Evidentemente hoy nos enfrentamos a una delincuencia organizada mucho más sofisticada que utiliza tecnologías avanzadas. 
Los métodos cambian y, por lo tanto, hay que responder de forma diferente a la delincuencia. 
Ya están a punto los informes de Italia, Bélgica, España y Finlandia, pero sólo oficiosamente y no oficialmente. 
Con todo, se espera que exista un control de este mecanismo de evaluación que debería encomendarse a medio plazo al Tribunal de Justicia, deseo que también ha expresado el Parlamento en reiteradas ocasiones. 
En realidad, a esta propuesta le interesa poner de relieve sobre todo que han de plantearse algunas normas de aproximación. 
Pensamos, por ejemplo, en el bis in idem que con frecuencia dificulta el iter ordinario y más rápido de la justicia; pensamos en un delito que ha prescrito para uno de los Estados miembros, pero no para los demás. 
Ha ocurrido, por ejemplo, que Luxemburgo se ha negado a ejecutar las peticiones remitidas por la autoridad judicial de otro Estado por estar prescrito el delito según la ley nacional. 
Por lo tanto, existen bastantes obstáculos que, de no ser limados, hacen que la cooperación judicial acabe siendo sólo una palabra. 
Para convertirla en eficaz, ya está a punto otra propuesta de resolución sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias firmes. 
He hecho referencia a la misma también en esta propuesta de resolución, al objeto de tener un mosaico, un paquete completo de acciones dirigidas precisamente a convertir en más funcional esta cooperación judicial. 
Todos sentimos la urgente necesidad de disponer de un archivo electrónico, de un centro de documentación, al menos de las sentencias firmes, al menos del ámbito comunitario. 
Está claro que sería muy oportuno disponer con rapidez de las sentencias firmes a cargo de imputados o de ya condenados, a escala europea, pero ya sería una buena plataforma esta informatización que, en definitiva, no debería ser algo abstruso, ya que hoy, a través de la informática, se deberían alcanzar resultados bastante rápidos e importantes. 
En la propuesta de resolución se confía asimismo en una intervención bastante rápida de EUROJUST- lo hemos reiterado en múltiples ocasiones- y sobre todo del Ministerio Fiscal europeo, el llamado Fiscal europeo que, al menos en materia de delitos graves- delincuencia organizada, delincuencia telemática, guantes blancos, mafia- pueda realmente llevar la batuta de manera unitaria. 
Se pide, por lo tanto, la cooperación también de las autoridades judiciales y de los fiscales, así como de los juzgadores de los distintos Estados miembros que luego entrarán en la órbita del Fiscal europeo como soporte a nivel de los distintos Estados. 
En definitiva, se trata de una propuesta tendente a respaldar la red judicial europea y las llamadas "buenas prácticas": esto es lo que quiero subrayar, porque, a final de cuentas, el sentido común, las buenas prácticas en las reglas son sobre todo la remisión directa de las solicitudes entre los jueces. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el objetivo que nos orienta es el de la creación de un gran Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, en el que es imperativo fortalecer la seguridad de los ciudadanos europeos y la lucha contra la delincuencia organizada. 
Conforme a lo aprobado en Tampere, es urgente una aproximación de las legislaciones nacionales relativas a las infracciones penales y a las sanciones aplicables en las esferas de la delincuencia organizada, es decir, es imperativo que centremos nuestros esfuerzos en la aprobación de tipificaciones, incriminaciones y sanciones comunes en lo relativo a la aproximación legislativa en materia penal. 
Ese mecanismo de evaluación recíproca a que se ha referido ahora el Sr. Ferri y que constituye lo esencial del excelente informe que presentó a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos fue instaurado a partir del plan de acción contra la delincuencia organizada aprobado en junio de 1997 en Amsterdam. 
Y es ya, por sí solo, un avance considerable, fortalecido con la creación de la Red Judicial Europea, así como con otras iniciativas adoptadas con vistas a modernizar y reforzar la eficacia del sistema de prevención y lucha contra la delincuencia. 
En el ámbito de ese sistema de evaluación, aunque esté previsto que el Consejo adopte las medidas necesarias después de un ciclo completo de evaluaciones- es decir, tres años, cinco países por año -, son dignas de aplauso las decisiones adoptadas por algunos de los Estados miembros de anticipar las reformas y las mejoras consideradas más urgentes de su propio ordenamiento jurídico teniendo en cuenta los resultados de dichas evaluaciones. 
Y todos nosotros esperamos con impaciencia que se nos transmitan rápidamente los resultados de las evaluaciones relativas a los restantes países, entre los que figura el mío: Portugal. 
Me congratulo de que el tema elegido para el primer ciclo de evaluaciones haya sido el de los retrasos en el funcionamiento del sistema de ayuda judicial mutua y en las solicitudes urgentes de aprehensión de bienes y se preste atención particular a los casos relacionados con la delincuencia organizada. 
Resulta particularmente oportuno que se subraye el problema de los retrasos. 
De hecho, vemos con preocupación la intensificación de los retrasos generalizados en los procesos judiciales y sabemos lo pernicioso que resulta. 
Una justicia que se retrasa o se hace tardíamente acaba siempre constituyendo una denegación de la propia justicia. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, en nombre de mi Grupo, yo apoyo los análisis, conclusiones y reflexiones del ponente, pero a la vez también comparto su preocupación por los problemas que señaló el grupo multidisciplinario. 
Yo quiero agradecer al colega Ferri el trabajo que ha realizado. 
En la UE existen quince códigos penales distintos, una multiplicidad de aparatos policiales, que en parte compiten entre sí, y quince sistemas judiciales, todos profundamente marcados por una mentalidad, tradición y cultura propias. 
Hasta que se consiga la deseable unificación de los sistemas penales de la UE, la cooperación judicial se desarrolla a través de un complejo y anticuado sistema de petición de asistencia, un término que provoca intensas reacciones entre casi todos los fiscales y abogados. 
La cooperación europea es, sin embargo, más urgente que nunca. 
Por ejemplo, en 1998, en Alemania, un 77% de todos los casos de delitos organizados tenían vinculaciones internacionales. 
Es muy necesario que el Consejo comience a actuar. 
Por ejemplo, en Luxemburgo, el Ministro de Justicia debe conceder una autorización personal en el caso de asuntos que afecten al sector bancario. 
Los Países Bajos aplican sus propias categorías de urgencia, en vez de aplicar la urgencia del Estado solicitante. 
En los cinco países, el organismo encargado de las peticiones de asistencia no dispone de suficiente personal ni de suficientes recursos técnicos y financieros. 
Como elementos positivos cabe citar el programa neerlandés KRIS, el programa irlandés y también la experiencia de Dinamarca con los países nórdicos. 
Cuando la red judicial dispone de puntos de contacto, las experiencias y los resultados son buenos, pero esta red no interviene para nada en el caso de las peticiones de asistencia formales. 
La creación de puntos de contacto no puede garantizar por sí sola el salto cualitativo en la cooperación europea. 
La voluntad de mantener un intercambio regular dejaba mucho que desear, por otra parte, en el caso de algunos puntos de contacto. 
Si el Consejo desea seriamente combatir con éxito la delincuencia transfronteriza, que sencillamente ignora la democracia y las normas de la economía legal, es preciso que se transpongan efectivamente las recomendaciones del ponente y de la comisión competente. 
No voy a examinar de nuevo en detalle lo que ya ha expuesto el Sr. Ferri, pero esto significa que también es necesaria una pronta y plena participación de los países candidatos en la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada. 
Es preciso continuar consolidando la red judicial, por ejemplo mediante páginas en Internet sobre los diferentes sistemas judiciales y técnicas de videoconferencia, y Eurojust debe constituir por fin el complemento adecuado de la EUROPOL y la OLAF. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por el trabajo que ha realizado sobre un tema muy difícil y complejo. 
Ha sabido dotarlo de lógica y de sentido, pero al tiempo que lo alabo, también quiero criticar algunos puntos con los que no estoy de acuerdo. 
Al tratar sobre cualquiera de estos temas, debemos cuidarnos mucho de no precipitarnos en un frenesí cristiano y pensar que resolveremos todos los problemas de toda la delincuencia que existe en la Unión Europea sencillamente creando otra institución u otra oficina con más personal, y coordinando y armonizando más poder en una autoridad central. 
Ya existen ejemplos de dónde funciona la cooperación y la coordinación. 
Tenemos Europol y otras instituciones similares en las que diferentes agencias de diferentes Estados miembros colaboran y consiguen resultados. 
También tenemos la oportunidad de evaluar la situación en otros Estados miembros y de adoptar sus mejores prácticas y utilizarlas como una norma mínima común para todos los Estados miembros. 
No obstante, aún existen diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros. 
Aún tenemos ordenamientos jurídicos diferentes, por ejemplo, en Irlanda y Gran Bretaña aún trabajamos en el marco del antiguo ordenamiento jurídico común, mientras que en la Europa continental existe el sistema del Derecho romano. 
Es muy difícil, quizás imposible, casar estos dos sistemas, por lo que siempre debemos trabajar sobre la base de tres principios de cómo deberían funcionar las cosas. 
Número uno: eficacia, número dos: rapidez, y número tres: justicia; y no podemos olvidar la palabra "justicia". 
Las personas deberían tener derecho a defenderse cuando son acusadas o cuando se hacen alegaciones sobre ellas. 
Quizás sea únicamente un problema de interpretación, pero algunas de las sugerencias sobre el enfoque de vía rápida parecen estar diciendo que debemos atajar a través de los actuales impedimentos legales, por ejemplo, con respecto al derecho de recurso. 
Me complace particularmente que Irlanda obtenga una mención honorable como consecuencia de la "Criminal Assets Bureau". 
Quisiera animar a todos y cada uno de los diputados a este Parlamento y a cada Estado miembro a analizar el modo en que opera la "Criminal Assets Bureau" en Irlanda y los éxitos que ha cosechado desde su creación. 
Una propuesta a la que me opongo- y sobre la que hemos solicitado una votación por partes- es la cuestión de un Ministerio Fiscal europeo. 
Estoy completamente en contra del Ministerio Fiscal europeo y de que su jurisdicción se extienda a todo el territorio de los Estados miembros. 
Por último, imponer sanciones a los Estados miembros es un ámbito muy peligroso. 
Ya tenemos experiencia de hasta qué punto puede salir mal y de lo difícil que resulta echar marcha atrás. 
Es mejor depender de la cooperación; la zanahoria funciona mucho mejor que el palo. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión quisiera felicitar al Sr. Ferri por el excelente informe que presenta y en el que figura un análisis muy fino y clarividente de las dificultades que encontramos en la esfera de la cooperación judicial, basado en una visión ambiciosa y exigente de los esfuerzos necesarios para superar esas dificultades. 
En lo esencial, la Comisión comparte en gran medida el análisis y la visión expuestos por el ponente. 
Y nos identificamos muy en particular con el planteamiento consistente en afirmar que no se debe entender nunca el fortalecimiento de la cooperación judicial- o incluso, por emplear sus palabras, "una estrategia radicalmente nueva" como una reducción de la soberanía de los Estados miembros, sino, al contrario, como un medio, tal vez el más importante, para volver eficaz dicha soberanía ante la complejidad y el poder de la delincuencia organizada, que hoy representan amenazas gravísimas para las estructuras del gobierno democrático, para el propio funcionamiento de las normas de la economía legítima y para el propio respeto de los derechos de los ciudadanos. 
Es evidente que ya estamos recorriendo una parte de ese camino, pero es importante subrayar que así ha sido no tanto gracias a instrumentos reglamentarios- porque muchos de dichos instrumentos aún no están en vigor: por ejemplo, los Estados miembros no han ratificado sistemáticamente los convenios -, sino sobre todo porque entretanto se han creado mecanismos de carácter práctico, como, por ejemplo, el mecanismo de la evaluación recíproca, que ha puesto de manifiesto en términos concretos las necesidades de cambio de paradigma y en ciertos casos ha movido a los Estados miembros a introducir ahora mismo las modificaciones necesarias en sus respectivas legislaciones. 
Ese proceso de intercambio entre profesionales en el terreno, ya se dé en el ámbito de la evaluación recíproca, en los contactos en el ámbito de la red judicial o en un futuro- que espero breve- en el ámbito de la cooperación en el marco de EUROJUST, es esencial y debe proseguir. 
En este momento se ha consultado al Parlamento sobre la renovación del programa GROTIUS, que representa un instrumento importante de fortalecimiento de la cooperación entre los profesionales de la justicia y, asimismo, sobre el proyecto de creación de una red europea de formación judicial que permitirá trabar lazos más estrechos de cooperación entre las escuelas judiciales de los diversos Estados miembros. 
De entre las propuestas y peticiones formuladas por el ponente quisiera destacar sólo tres aspectos: el primero, cuando su Señoría se refiere a la necesidad de modificar el artículo 35 del Tratado de la Unión Europea a fin de conferir al Tribunal de Justicia la competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados miembros. 
Esa laguna en el nivel del control jurisdiccional está relacionada, a mi entender, con la propia naturaleza del título VI del Tratado de la Unión Europea, que sigue profundamente impregnado de un espíritu intergubernamental. 
Me permito subrayar que tal vez sea más productivo, en el momento oportuno, propugnar un alineamiento más categórico y completo del método de trabajo o del marco institucional del llamado tercer pilar con el método comunitario, lo que permitiría un mejor control por parte del Tribunal de Justicia, pero también procesos de adopción de decisiones con mayor participación del propio Parlamento Europeo. 
Con todo, dudo que se puedan adoptar medidas sancionadoras a los Estados miembros que no cumplan con sus obligaciones. 
Entre las medidas propugnadas por el proyecto de resolución figura la creación de un Ministerio Fiscal Europeo con competencia jurisdiccional sobre el territorio de la Unión. 
Como sabe el Parlamento, en la última Conferencia Intergubernamental la Comisión propuso que se estableciera en el Tratado un fiscal europeo independiente, pero con el objetivo específico y único de salvaguardar la protección de los intereses financieros de las Comunidades. 
Esa propuesta no fue aceptada en Niza; la Comisión no dejará de tener en cuenta esa decisión del Consejo, tras haber fortalecido ya los métodos y los medios necesarios para que la OLAF pueda desempeñar sus funciones. 
Del mismo modo, esperamos que la creación de la red EUROJUST sea también un instrumento que contribuya a ese objetivo que no se consiguió en Niza. 
En cuanto a la cuestión de la extradición, quisiera decir a su Señoría que la Comisión comparte las preocupaciones expresadas en su informe respecto de la simplificación y la aceleración de los procesos de extradición, que constituye, por lo demás, el tema de la tercera fase de evaluación recíproca. 
Y, por eso, la Comisión incluyó en su programa para el año 2001 una iniciativa concreta sobre la adopción de métodos expeditivos de extradición. 
Por último, quisiera, señor Presidente, sumarme a la preocupación expresada por el ponente en el sentido de que, en esta materia, es necesario que todas las iniciativas legislativas se basen en el respeto de los derechos individuales y las libertades fundamentales y de que ese respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos es indisociable de la eficacia de la lucha contra la delincuencia organizada. 
En un momento en que la Unión ha proclamado la Carta de Derechos Fundamentales, debemos procurar actuar con vistas a que los avances logrados en la esfera de la cooperación judicial, el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales, la coordinación de las actividades represivas en el plano policial y judicial y la simplificación de los procesos de extradición sean conformes a los principios que defendemos y no se alcancen en detrimento de la protección de los derechos individuales. 
No se puede hacer la construcción de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia con un alineamiento por el mínimo común denominador en materia de respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas) 
El Acta de la sesión anterior de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay algunas observación? 
Señor Presidente, ayer no tomé la palabra al inicio de la sesión, pero me gustaría precisar una cuestión relacionada con unas palabras dichas ayer por la Presidenta de este Parlamento. 
Al hilo de la presentación del llamado Pacto Antiterrorista en España, se dijo, por parte de la Presidencia de este Parlamento, que ha sido firmado por numerosas asociaciones, sindicatos y se citó a la Iglesia. 
Quiero decir, para información de todas sus Señorías, que esto no es así, a pesar de las presiones que ha habido por parte del Gobierno y del Partido Socialista. 
Esa declaración ni siquiera ha sido firmada por partidos que apoyan al Gobierno en Madrid y, con todo el respeto, debo decir que esa situación de la que se habla tantas veces aquí, la situación del País Vasco, es complicada y requiere esfuerzos de diálogo, como se pide por ejemplo en el manifiesto que le he entregado a la señora Presidenta, firmado por más de cuatro mil intelectuales y gente de la cultura de Cataluña. 
Finalmente, quiero decirles que la situación es tan complicada y tiene tantos matices que el propio partido de la señora Presidenta del Parlamento, la Sra. Fontaine, concurre a las elecciones municipales en el Estado francés- en Bayona, en Biarritz, en Anglet- en coalición con partidos nacionalistas vascos, incluido el partido del Sr. Gorostiaga, que no es santo de mi devoción, pero imagino que de la Sra. Fontaine tampoco. 
Señor Presidente, el pasado sábado María José, la última Reina de Italia e hija del Rey Alberto de ese país, murió. 
Era una reconocida demócrata e historiadora. 
Desgraciadamente no ha vivido para ver cómo se le permitía el regreso a su patria a su hijo y a su nieto en el exilio. 
Así que, lamentablemente su funeral no pudo celebrarse en Italia ya que no se les hubiera permitido asistir. 
Este artículo constitucional italiano no cabe en una Europa moderna y vulnera claramente la libertad de circulación que contemplan los Tratados europeos. 
He intentado tres veces recabar el apoyo de este Parlamento para condenar esta norma. 
El asunto está siendo sopesado actualmente en el Tribunal de Derechos Humanos y no desaparecerá. 
Insto al Gobierno italiano a que aproveche la ocasión proporcionada por la triste muerte de la Reina María José para cumplir con sus obligaciones legales con la Unión Europea y otorgue a los dos príncipes varones el mismo derecho a regresar a su casa como a cualquier otro ciudadano italiano. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
. Señor Presidente, Señorías, quiero, en nombre de la Comisión de Pesca, expresar el rechazo de nuestra comisión a este procedimiento de urgencia, solicitado por el Consejo al Parlamento el 18 de enero, y por el que se nos pide que demos nuestro parecer antes del 14 de febrero. 
Asumimos, en nuestra comisión, el compromiso de tramitar esta propuesta legislativa con la mayor rapidez y diligencia, pero siempre dentro de los procedimientos legislativos previstos, que harán que se vote el día 13 de febrero en la sesión plenaria de Estrasburgo, estando ya inscrita así en el orden del día. 
Quiero aprovechar esta oportunidad, señor Presidente- porque últimamente son habituales estas prisas a última hora -, para decir que el Parlamento tiene un calendario que la Comisión y el Consejo conocen con enorme antelación, con un año de antelación, lo que tiene que permitirles trabajar- y permitírnoslo también a nosotros- adecuadamente en la tramitación de estas propuestas. 
Se nos consultó tardíamente, en concreto el día 7 de diciembre, pero, aun así, nombramos ponente al Sr. Nicholson, y el señor ponente presentó su proyecto de informe inmediatamente, al día siguiente, el día 8. 
Como digo, tenemos previsto votar en comisión el lunes día 5 y debatir el informe en el Pleno del lunes día 12 en Estrasburgo, para que se pueda votar el día 13 y cumplir así los plazos que nos han requerido. 
Lo que queremos simplemente señalar es que tenemos toda nuestra buena voluntad, la mejor de las disposiciones, pero no queremos que se nos pida lo imposible, y menos todavía hacer mal nuestro trabajo. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Avance de las medidas tomadas a nivel comunitario y en los Estados miembros para combatir la EEB 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el avance de las medidas tomadas a nivel comunitario y en los Estados miembros para combatir la EEB. 
. 
(EN) Me satisface tener la oportunidad de poner al día al Parlamento acerca de los últimos eventos relacionados con la EEB. 
Muchos de ustedes estaban presentes cuando me dirigí a la Comisión de Agricultura la semana pasada. 
No obstante, permítanme resumir rápidamente los principales sucesos de las últimas semanas. 
El 1 de enero entraron en vigor nuevas e importantes medidas. 
Estas incluyeron la prohibición de la carne y el polvo de hueso y el análisis de todos los animales de más de 30 meses cuyo destino fuese la cadena alimentaria. 
La Comisión envió el 4 de enero a los ministros de agricultura un extenso cuestionario, solicitando su respuesta, sobre la ejecución de medidas relativas a la EEB. 
Un documento de trabajo que resume las respuestas fue trasladado al Consejo de agricultura el pasado lunes. 
La opinión del Comité Científico Directivo sobre ciertas cuestiones de la Comisión relacionadas con la EEB fue publicada el 17 de enero. 
Esto constituyó la agenda para el Consejo de agricultura del lunes. 
El tratamiento de calor para grasas de rumiantes que vayan a incorporarse a piensos animales y la retirada de la columna vertebral, el espinazo, del ganado. Estas tres medidas emanan directamente de los debates previos del Consejo sobre las medidas necesarias para restablecer la confianza del consumidor. 
También se basan en la opinión del Comité Científico. 
En los próximos días tengo la intención de presentar al Comité veterinario permanente unas propuestas relativas a todas estas cuestiones. 
Su resultado será, desde luego, unos mayores controles y unos costes potenciales considerables. 
No obstante, los Estados miembros están dispuestos a asumir prácticamente cualquier medida para garantizar que ahora la carne de vacuno sea segura. 
Seguramente la razón de que este empeño en atajar la EEB haya surgido tan tarde resida en un profundo remordimiento. 
Hace sólo siete meses la Comisión fue incapaz de obtener una mayoría cualificada para prohibir los sesos y la médula espinal para el consumo humano y los piensos para animales. 
De igual forma no todos los Estados miembros ejecutaron satisfactoriamente la prohibición de alimentar a rumiantes con carne y polvo de huesos. 
Ahora quisiera tratar las propuestas que la Comisión presentará al Comité veterinario permanente. 
En primer lugar, la relativa a la carne recuperada mecánicamente. 
En breve la Comisión va a considerar una propuesta para prohibir el uso de carnes recuperadas mecánicamente de huesos de rumiantes de todas las edades. 
Es probable que la carne de huesos que no sean el cráneo o la columna vertebral o los huesos de animales jóvenes sea segura. 
No obstante, esto implica importantes problemas de control y en las circunstancias actuales la opinión es que una prohibición total es necesaria. 
Podría añadir que el uso de la carne recuperada mecánicamente resulta cada vez más repugnante para los consumidores. 
La industria procesadora de carne también ha solicitado esta prohibición. 
Por tanto la medida propuesta será bienvenida tanto por la industria como por los consumidores. 
Acerca de la cuestión de las grasas rendered la Comisión va a proponer que las grasas de rumiantes que vayan a ser incluidas en piensos para rumiantes tengan que ser preparadas bajo presión además de cumplir el requisito actual del ultrafiltrado. 
La Comisión también va a actuar en el sentido de que tales grasas de rumiantes sólo puedan provenir de tejidos adiposos cuando vayan a ser sustitutivos de la leche para terneros. 
No obstante también hemos de reflexionar si estos cambios pueden ser puestos en práctica adecuadamente. 
Por ejemplo, si va a haber problemas de control al distinguir entre las diferentes grasas. 
En caso de ser así ¿existe la necesidad de prohibir absolutamente el uso de grasas de rumiantes en los piensos para los mismos? 
En caso afirmativo, ¿cómo garantizamos que las grasas sustitutivas son seguras? 
Un último punto respecto de las grasas de rumiantes: con toda seguridad para la opinión pública resulta increíble que deba haber unos niveles más estrictos en relación con el uso de grasas de rumiantes para los piensos para animales que los que se aplican en su uso para alimentos de consumo humano. 
En cualquier caso esta es la situación actual y mi intención es que esto se resuelva adecuadamente. 
Respecto de la columna vertebral la intención de la Comisión es exigir la extracción de la columna vertebral en aquellos casos en los que se presenten dudas sobre la eficacia de la prohibición de la carne y el polvo de huesos o cuando no se pueda demostrar que es altamente improbable que los animales estén incubando la EEB. 
Esto se ajusta a la opinión del Comité Científico Directivo. 
No obstante, de nuevo, hay ciertas cuestiones que deben ser tratadas. 
¿Dónde debe retirarse la columna vertebral? 
Si se hace en el matadero, el lugar en el que más fácilmente pueden llevarse a cabo los controles, surgen problemas para el transporte y el almacenamiento de las reses muertas. 
También aparecen riesgos de manipulación microbiológica debido a una mayor manipulación. 
Si, por contra, la extracción se realiza en la carnicería o en el punto de venta, habrá mayores problemas de control en la recuperación y destrucción de los huesos. 
De igual forma hemos de tener presente el impacto en los consumidores. 
Una ejecución estricta de las recomendaciones del comité científico exigirían la retirada de la columna vertebral en todos los animales de más de doce meses, como ocurre ahora en Francia. 
Esto implicaría la prohibición de ciertos cortes que son muy populares- por ejemplo el T-bone y la bistecca fiorentina. 
Por último ¿qué Estados miembros deberían eximirse de estas exigencias? 
¿Debería, por ejemplo, haber una exención para Estados miembros como Austria, Suecia y Finlandia, que siguen sin tener casos de EEB? 
Todos estos asuntos están siendo considerados por la Comisión y serán tratados en su propuesta. 
Confío en que todas estas observaciones ayuden a resaltar estos asuntos tan complejos que surgen de lo que a priori pueden parecer medidas relativamente sencillas. 
Soy consciente de que este asunto del control genera preocupación. 
A este respecto, las respuestas de los Ministros a mi carta del 4 de enero son reconfortantes. 
Todos los Estados miembros insisten ahora en que están dando la máxima prioridad a garantizar una segura ejecución de las medidas relativas a la EEB. 
La Oficina alimentaria y veterinaria continuará con su programa de inspecciones a este respecto. 
Finalmente, como un incentivo añadido para incrementar el cumplimiento, estoy considerando una propuesta para que en un futuro inmediato se exija de los Estados miembros la presentación de informes mensuales sobre la ejecución de las medidas de control de la EEB. 
Al Reino Unido y a Portugal ya se les exige la presentación de tales informes en el marco de sus restricciones a la exportación de carne de vacuno. 
En mi opinión esto ha sido de una ayuda incalculable a la hora de garantizar que los controles sean efectuados positivamente. 
Por lo tanto, creo que esto debe ser extendido a escala comunitaria. 
Señor Presidente, nos encontramos en una situación que entre tanto ya se arrastra desde hace seis años. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf debería intervenir, de hecho, inmediatamente a continuación y de ese modo volveríamos a encontrarnos reunidos los que de hecho llevamos seis años dando prioridad exclusiva al tema de la EEB en nuestro trabajo. 
El Parlamento Europeo viene reclamando desde hace más de seis años muchas de las decisiones que ahora han adoptado los Ministros de Agricultura, mitad voluntariamente y mitad por la fuerza, por decirlo así. El Sr. Byrne ya lo ha recordado. 
¿Qué ocurrió, por ejemplo, con la separación de los materiales de riesgo? 
De hecho, todos los Estados miembros intentaron obstaculizarla y bloquearla tanto tiempo como les fue posible. 
Señor Byrne, cuando ahora oigo decir que resulta difícil plantearse la separación de la columna vertebral, esto no deja de ser un nuevo tira y afloja. 
¿Qué sentido tiene? 
En este momento debemos considerar la columna vertebral como un material de riesgo y esto debe ser así en todos los Estados miembros. 
Se tiene que retirar y esto se debe hacer en los mataderos, y se debe tratar como un material de riesgo, ¡y punto! 
No podemos volver a tolerar una pequeña brecha por aquí, otra por allá. 
En los once años que llevo en el Parlamento Europeo, entre tanto he aprendido que el progreso avanza a paso de caracol. 
Así son las cosas. 
Hemos avanzado a paso de caracol. 
Y esto es bueno, con tal de que avancemos. 
Yo no tengo nada que objetar, pero ahora desearía que avanzásemos un poquitín más deprisa, ya que se nos ofrece una gran oportunidad, puesto que estamos rodeados de mercados de la carne tambaleantes en los Estados miembros y, por lo tanto, de Ministros de Agricultura y Ministros de Economía temblorosos, y todo lo que esto conlleva. 
Lamentablemente la situación también afecta a los agricultores, así como a la industria cárnica y la producción de piensos, que yo siempre menciono unidas, que en el pasado no siempre se preocuparon de mejorar la calidad. 
Si observamos los mercados de la carne en crisis y reconocemos la oportunidad que nos ofrecen para impulsar ahora algunas medidas, el siguiente paso ha de ser plantearnos qué clase de medidas se requieren. 
Esto incluye, naturalmente, lo que usted acaba de señalar, señor Byrne, o sea, la ampliación del concepto de material de riesgo y que por fin podamos prohibir de manera generalizada la carne separada mecánicamente. 
Me parece muy bien, podríamos haber empezado a hacerlo hace años, pero la prohibición debe ser general y no limitarse una vez más a los huesos del cráneo y la columna vertebral. 
Se tiene que suprimir totalmente esta práctica, que ya no es necesaria en una sociedad excedentaria como la nuestra. ¡Esto es evidente! 
¿Qué otras medidas se requieren? 
De hecho, necesitamos que todas las grasas animales reciban el mismo trato. 
No es admisible que se establezcan distinciones entre las grasas animales o entre las gelatinas, por ejemplo según se incorporen a la cadena alimenticia humana o se utilicen en la fabricación de cosméticos o productos farmacéuticos, por ejemplo. 
Esto no es admisible. 
Los sebos se deben esterilizar mediante el procedimiento de alta presión, ¡y punto! 
No se debe admitir ningún otro procedimiento. 
¡Es evidente que tenemos que minimizar los riesgos! 
Usted ha añadido a continuación un comentario magnífico, señor Byrne, que yo quisiera retomar. 
¿Cómo debemos tratar las excepciones establecidas en los Estados miembros, en el caso de la columna vertebral, de los sebos y otros? 
¿Cómo debemos tratar a los Estados miembros "libres de EEB"? 
Cuando esto se plantea, yo lo considero con interés y me digo: esto no es nuevo. 
Ya lo he oído otras veces en los últimos años. 
¿Qué Estado miembro está, de hecho, "libre de EEB"? 
Y permítanme que les pregunte: ¿cómo lo saben? 
Y si son capaces de hacerlo, ¿por qué no nos explican cómo lo hacen? ¡Nosotros también querríamos poder hacerlo! 
Mientras los Estados miembros no hayan practicado la prueba de detección de manera generalizada, a pesar de todas las insuficiencias ya conocidas de dichas pruebas, mientras no se hayan examinen de manera generalizada todos los animales, incluidos también- en esto coincido con el colega Böge- los que se retiran del mercado, no sabremos si Finlandia, Alemania, Austria o Italia están "libres de EEB". 
Y mientras no lo sepamos, todos los Estados miembros deben recibir el mismo trato, ¡y punto! 
Entonces se verá cuáles son los Estado miembros que bloquean las decisiones y lo dejaremos claro ante la opinión pública. 
Me gustaría ver qué hacen entonces los Estados miembros que ahora se resisten. 
Además de todos estos aspectos en los que no puedo detenerme ahora, quiero volver a insistir brevemente en mi tema preferido desde hace mucho tiempo: por buena que sea la legislación que adoptemos en la Unión Europea, ésta no servirá de nada si en los Estados miembros no se controla su cumplimiento. 
Yo estoy convencida de que en todos los Estados miembros hay demasiado pocos veterinarios, demasiado pocos inspectores encargados de controlar los alimentos y demasiado pocos controles sobre el terreno. 
Por consiguiente, yo le pido, señor Byrne, que obligue a los Estados miembros a comunicar con cuántos veterinarios e inspectores de alimentos cuentan, qué controles realizan y cuándo, y qué hicieron en el pasado. 
¡Y le agradezco sus informes mensuales, que acojo con gran satisfacción! 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera señalar muy brevemente que ahora nos encontramos ante un problema tan grande y tan extenso que nadie puede realmente permitirse el lujo de emitir acusaciones. 
Ahora no debemos acusarnos los unos a los otros. 
Ni Finlandia, ni Suecia ni Austria han acusado a nadie de la enfermedad EEB. 
Nosotros empezamos a aplicar determinadas medidas hace ya diez o quince años, y, probablemente gracias a esas medidas, el riesgo existente en nuestros países es quizás menor. 
No afirmamos que no exista tal riesgo, pero nosotros hemos aplicado las medidas que ahora, por fin, tendrían que ser aplicadas por todos. 
Ante todo, habría que velar precisamente por que las decisiones tomadas ahora sean cumplidas en todos los Estados miembros. 
Estas decisiones no son acatadas en todos los Estados miembros. 
Por esta razón, es muy acertada la propuesta de la Comisión de Agricultura de crear una subcomisión en la que la seguridad alimentaria, la EEB y este tipo de cuestiones sean controladas de tal modo que, en el futuro, sea posible prevenir los peligros y los riesgos existentes, sobre todo contemplando el escenario de la ampliación, que traerá a nuestra Comunidad importantes países ganaderos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, cuando se debatió la resolución parlamentaria sobre la crisis de la EEB, les decía en nombre de los Verdes que los países europeos que decían no tener casos de vacas locas eran aquellos que no los buscaban. 
Desgraciadamente, los hechos me han dado la razón, como suele ser el caso cuando se avisa con tiempo de los peligros que la economía liberal desenfrenada hace correr a la tierra y a los hombres. Pero sólo se nos oye cuando llega la catástrofe anunciada. 
Hoy puedo decir que la Comisión, y sobre todo los Estados miembros han subestimado la crisis de la EEB. 
Todos sabemos en este hemiciclo que Europa es ante todo un gran mercado sin fronteras desde 1993. Todo se compra y se vende aquí, incluso los piensos cárnicos contaminados. 
¿Acaso se ha acabado ya esta política egoísta? 
Acabo de volver de Porto Alegre y puedo decirles que los Brasileños y los Argentinos con los que me he reunido confiesan que en algunas ocasiones han llevado a cabo las mismas prácticas, es decir, hacer que bovinos coman cadáveres de animales. 
Mucho me temo que si ellos también buscan, acaben por encontrar casos de EEB. 
En cualquier caso, y quince años después del primer caso de vaca loca, las decisiones comunitarias siguen retrasadas con respecto a la enfermedad. 
El último consejo de los ministros de agricultura no es una excepción. 
En vez de prohibir sin más consideraciones las grasas animales de ciertos tipos, como insinuaba el comité científico veterinario, prefirió una decisión a medias: el tratamiento calórico de las grasas. 
El informe intermedio que acaba de presentarnos, Comisario Byrne, es preocupante en algunos puntos. 
Nos enteramos, por ejemplo, que un Estado miembro entierra los materiales de riesgo sin tratamiento previo, que otros no consiguen retirar la columna vertebral del matadero, y que algunas pruebas homologadas han dado resultados poco satisfactorios en el terreno. 
Por último me hago algunas preguntas sobre la cantidad de pruebas realizadas por los Estados miembros, cuyas cifras plantean problemas, como es el caso de Portugal, de Grecia y de Inglaterra (país de origen de la epidemia) , que realizan sólo 600 pruebas por día, cuando por ejemplo, Alemania realiza 37.000 e Irlanda 150.000. 
¿Qué pretende usted hacer, señor Comisario, para armonizar realmente estas campañas, para que el nivel de protección contra esta epidemia sea el mismo en toda Europa y para que el consumidor no sea el único que pague? 
Es preciso dar un nuevo rumbo a la situación con dos objetivos: transformar la PAC en una producción alimentaria segura, no limitar esta reforma a la cría de ganado bovino y a la crisis actual, sino plantear la cuestión de la cría intensiva en general, no corregir un error para cometer otro. 
Hoy por hoy, señor Comisario, llora con lágrimas de sangre por la crisis de la EEB, pero por otro lado sigue promocionando los organismos manipulados genéticamente. 
Señor Presidente, el caso que nos ocupa es digno de figurar en un manual de lo que no se debe hacer en política como gestión de la cosa pública. 
En primer lugar, es lamentable el retraso con que estas medidas se han puesto en marcha- las medidas para la erradicación de la EEB -, siempre a remolque de la alarma social y prolongando la exposición de los ciudadanos al riesgo. 
Hace ya más de cuatro años que este Parlamento formuló las recomendaciones que hubieran permitido evitar esta enfermedad. 
En segundo lugar, es lamentable la carencia de medios para la aplicación de las medidas propuestas y la propia gestión de la crisis. 
Estas carencias ponen de manifiesto ciertas cegueras y, a veces, vacíos en la construcción europea. 
Aunque hay diferencias entre Estados, es sorprendente que no se hayan previsto con tiempo los medios logísticos para la realización de análisis y la eliminación de harinas cárnicas o de materiales de riesgo. 
Las carencias financieras, por otra parte, son evidentes, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. 
Tanto los Tratados comunitarios como las Constituciones de los Estados exigen la obligación de proteger la salud de los ciudadanos. 
Por tanto, es absurdo intentar financiar esta crisis con impuestos al consumo de carne o con la renta de los ganaderos, provocando la desaparición de las explotaciones de pequeña dimensión. 
A veces parece que seamos prisioneros de nosotros mismos. 
En la Organización Mundial del Comercio, mediante la cesión de una parte de nuestro mercado de proteínas vegetales a los Estados Unidos, hemos aceptado la limitación de nuestra producción. 
¿Qué vamos a hacer ahora? 
¿Vamos a sustituir las harinas animales con soja modificada genéticamente importada de los Estados Unidos? 
En la Agenda 2000 se acordó una reducción de las ayudas a los ganaderos. 
Nos dimos cuenta de sus consecuencias. 
¿Cómo pensamos que se puede hacer frente a un incremento de los costes y a una brutal reducción de los precios? 
Pero, por otra parte, la Agenda 2000 tampoco implementa medidas para el desarrollo de la ganadería extensiva. 
Por último, el respeto "religioso" a las perspectivas financieras acordadas en Berlín no va a permitir hacer frente a situaciones excepcionales. 
Señorías, seamos realistas: esta crisis exige un cambio en la posición de la Unión Europea ante la OMC, una revisión de las perspectivas financieras de Berlín y una revisión de la Política Agrícola Común, corrigiendo sus desequilibrios y su orientación. 
Señor Presidente, hasta cierto punto lamento volver a intervenir en un debate parlamentario sobre la EEB, lamento que las medidas iniciales emprendidas por los Comisarios Byrne y Fischler no hayan conseguido el objetivo de controlar la EEB y restablecer la confianza del consumidor en la carne de vacuno. 
En último caso resulta decepcionante que algunos Estados miembros hayan estado dispuestos a ocultar la verdadera repercusión de la EEB en sus cabañas nacionales e igualmente hayan sido reticentes a la hora de ejecutar las medidas de control propuestas por la Comisión y aprobadas por este Parlamento. 
Sus acciones o la ausencia de éstas ha conducido a una resistencia de los consumidores, incomprensible aunque justificada, a consumir carne de vacuno, cayendo el consumo un 27%. 
Ahora, nuestro costoso plan de emergencia para restablecer el consumo y la confianza de los consumidores requiere la participación al 100% de cada uno de los Estados miembros. 
No caben disidencias en este momento crítico y aquellos que incumplan las normas deben ser, en mi opinión, severamente censurados. 
Ha habido ocasiones en el pasado en las que se constató que los ganaderos incumplían las normas alimentarias y fueron merecidamente condenados. 
En este caso, no obstante, son, de largo, víctimas inocentes de una situación más allá de su control. 
Son víctimas de los productores de piensos para animales que utilizan carne y polvo de huesos en los piensos para bovinos y existen pruebas, lamentablemente, que sugieren que productores sin escrúpulos siguen utilizando esos productos desde que se introdujeron las nuevas normas. 
Desde mi punto de vista actualmente estamos en disposición de recurrir a medidas extremas y comparto la opinión del Comisario Byrne de que en el momento presente constituyen el mínimo necesario. 
Sea como fuere, la cruda realidad es que los ganaderos, que son los garantes de la provisión y calidad de los alimentos, están desolados, sus ingresos desaparecidos y su distinción como ganaderos desvirtuada por la destrucción de un producto alimentario básico. 
Señor Presidente, Señorías, me parece que este problema de la EEB me persigue incluso en mi vida política y personal, en una situación en que las Instituciones- en este caso los Gobiernos nacionales- parece que reaccionan sólo ante el drama y nunca con un elemento de prevención, como si la historia no enseñara nada. 
Por ejemplo, señor Comisario, usted ha recibido el mandato del Consejo de "Agricultura" de aplicar las medidas que nos ha ilustrado. 
Le deseo lo mejor porque ya desde ahora me imagino la danza en que se meterá cuando las proponga: habrá Estados miembros que pedirán quedar exentos, otros que pedirán una prórroga, por ejemplo para el espinazo, de doce a veinte meses, y otros que pretenderán ofrecer carne segura al consumidor. 
En definitiva, de un modo u otro, todo está previsto y lo único que le deseo es que tenga la fuerza y el talante de mantener el rumbo correcto, a sabiendas de que no será fácil. 
Lo que ha aflorado en estos último meses es un tema de siempre, o sea, el del control de la aplicación de las medidas comunitarias por parte de los Estados miembros. 
Creo que es éste es el quid de la cuestión que hay que plantear al Consejo porque, por una parte, se establecen las medidas a aplicar y, por otra, los Estados miembros o no las aplican- de lo que derivan procedimientos de infracción de todo tipo, pero cuya tramitación es muy larga- o no son capaces de controlarlas. 
El resultado es que al final hay que tomar medidas aparentemente drásticas, dado que los controles no ofrecen ni garantías ni seguridad. 
Éste el punto que planteará más dificultades, ya que los Estados miembros tienden o a controlar poco o, cuando controlan, a no transmitir a las demás Instituciones los datos de que disponen. 
En consecuencia, creo que este Parlamento le aguijoneará cada vez más, señor Comisario, al igual que creo que en esta difícil batalla usted puede contar con nuestro apoyo. 
Y una última observación: está claro que cuando se intenta resolver un problema se plantean otros. 
Por ejemplo, ¿qué haremos con las harinas animales? 
Las incineramos. 
Lo cierto es que hasta la fecha no tenemos la capacidad de incinerarlas y, en consecuencia, se han de almacenar. 
También es cierto que nadie ha realizado un estudio del impacto medioambiental sobre qué significa incinerar cientos de miles de toneladas de harinas animales. 
Segunda pregunta: ¿Qué daremos de comer al ganado como suplemento proteínico? 
Tal vez sus Señorías sepan- pero es bueno recordarlo- que actualmente Europa importa 30 millones de toneladas de derivados de soja modificada genéticamente, y que la exclusión de las harinas no hará más que aumentar esta importación, ya que Europa depende de la soja. 
Pues bien, ¿qué vamos a hacer con respecto a todo esto? 
Lo que acabo de manifestar sólo sirve para decir que no existen soluciones milagrosas, aunque debemos estar abiertos y atentos a encontrar soluciones adecuadas de vez en vez. 
Señor Presidente, por haber tardado en tomar las medidas necesarias, la Unión europea es responsable en gran medida del alcance de la crisis de las vacas locas. 
El análisis de la situación es abrumador: bajada media de un 27% del consumo, multiplicación de los embargos a la exportación. 
Sólo en Francia, el sector bovino representa 400.000 puestos de trabajo. 
Los ganaderos, víctimas de la bajada de los precios y del consumo, se desesperan y amenazan con la ruina. 
Ya no pueden conservar los animales en las granjas. 
Los productores de leche superan su cuota. 
Los consumidores, desorientados e inquietos, ya no saben que comprar. 
Los mataderos, en paro técnico, no pueden almacenar todas las piezas a la espera de autorización. Actualmente, sólo hay pruebas postmortem. 
¿Cuál es la situación de la investigación sobre las pruebas de sangre? 
Según el Comisario Byrne, estaría en marcha una petición de patente. 
¿Estamos haciendo los necesario para ayudar a la investigación, y sobre todo la investigación pública? 
La destrucción sistemática de las cabañas ganaderas es cara, e inutiliza los esfuerzos de selección de los ganaderos. 
Las pruebas de detección son ahora obligatorias. ¿Es preciso pues eliminar los animales sanos o las partes de animales sanos? 
Esta destrucción sistemática elimina también a los portadores sanos de la enfermedad. 
¿Acaso no sería más inteligente conservar una parte de esta cabaña, por supuesto totalmente aislada, para utilizarla en la investigación? 
En lo que se refiere a los toros de lidia, considerados como animales de riesgo, y por lo tanto sometidos a la destrucción obligatoria como todos los animales fuera del matadero, su carne ya no es propia al consumo, cuando tiene un mercado y no puede soportar la congelación en espera del resultado de las pruebas. 
Por último, la prohibición de los piensos cárnicos se impuso al no poder rastrear los intrantes. 
Las autoridades eligen los emplazamientos por requisición, sin consulta previa de la población, estudio de impacto ambiental o evaluación de los riesgos. 
Para que la quema fuera eficaz desde el punto de vista sanitario, tendría que realizarse en una unidad especializada que hoy por hoy es insuficiente. 
A pesar del déficit en proteínas, los Estados miembros, dependientes de las importaciones de oleoproteaginosos, no pueden garantizar que no éstos no vengan de OGM. 
Sin embargo, Europa sigue congelando tierras. 
Por lo tanto es urgente volver a realizar negociaciones dentro de la OMC y poner en causa los acuerdos de Blair House. 
Europa no debe, como parece ser su intención, reducir su apoyo a los ganaderos suprimiendo la prima a la vaca de cría, reduciendo el número de bovinos autorizados, por ejemplo. 
Los agricultores aceptan realizar grandes esfuerzos para garantizar la el rastreo del origen y para tener una producción de calidad, y Europa no debe imponerles nuevos sacrificios, como se decidió en el último consejo de ministros. Al contrario, debe apoyarlos, incluso mediante ayudas directas. 
En situaciones excepcionales es preciso tomar medidas excepcionales. 
La salud pública rebasa con mucho el marco del presupuesto agrícola. 
Una parte de los gastos necesarios para garantizar la seguridad alimentaria y restablecer la confianza del consumidor debería pues imputarse a los presupuestos generales. 
Señor Presidente, señor Comisario, las medidas que ha propuesto hasta ahora la Comisión para controlar la crisis de la EEB han llegado demasiado tarde en la mayoría de los casos y no han sido particularmente eficaces, además de ser parciales. 
La Comisión reacciona en vez de actuar. 
No interviene con la energía necesaria para poder controlar efectivamente la situación. 
Continúan sin respuesta muchos interrogantes que preocupan a los afectados. 
¿Cómo se explican las diferencias en los precios de las pruebas de detección de la EEB en Europa? 
¿Qué medidas se adoptarán ante las posibles distorsiones de la competencia? 
¿Por qué no se ofrece un apoyo eficaz a los afectados inocentes? 
Me refiero sobre todo a los ganaderos de los países en los que no se ha detectado ningún caso de EEB y también a las carnicerías y mataderos, que todos los cuales luchan por su subsistencia y la ven amenazada en la situación actual. 
La incineración, en particular, encubre ciertos datos, se vuelve a ocultar el problema y, sobre todo, no se ayuda a los afectados inocentes. 
En los países que no pueden participar en dicha acción, los bovinos continúan retenidos en los establos. 
Esta carga resulta intolerable para los afectados. 
Se va a destinar exclusivamente a este asunto un 70% del presupuesto suplementario. 
¿Por qué no se continúa subvencionando y fomentando la investigación de pruebas de detección de la EEB en animales vivos? 
Tienen que comprender que si perdemos a nuestros agricultores, con ellos perderemos también nuestro medio de vida, pues son ellos quienes cuidan del paisaje, sobre todo en nuestras regiones, y me refiero ahora a las regiones alpinas. 
¡Junto con los agricultores perderemos también nuestro medio de vida! 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, una vez más, estamos aquí reunidos para hablar de la EEB. 
Les recuerdo que hace apenas unos meses, en el hemiciclo de Estrasburgo, denuncié la pusilanimidad de las decisiones propuestas por la Comisión. 
Así que hoy por hoy, sorprende este enloquecimiento, este movimiento de pánico en algunos países que creyeron por mucho tiempo que escaparían a esta plaga, pero que sin embargo tuvieron tiempo de tomar las medidas que se ponían en marcha en países vecinos. 
Nosotros no debemos ser presas de este pánico, porque somos responsables políticos. 
Ahora la Comisión nos propone ciertas medidas, y mientras escucho a mis colegas, me doy cuenta de que es importante armonizarlas. 
Por ese motivo debemos denunciar, lo que yo hice desde hace años, los perjuicios de la política agrícola común, que ha favorecido a los grandes agricultores pero olvidó al auténtico mundo campesino que tanto necesitan nuestras tierras. 
Necesitaremos mucho valor para poner en marcha una agricultura sostenible, preocupada por la calidad sanitaria de los productos, por su seguridad y el medioambiente. 
No sólo necesitaremos valor, sino también determinación para explicar las nuevas medidas de redistribución de las primas agrícolas, y sobre todo para hacer frente al Consejo para que los discursos no se queden en meras palabras. 
Estamos inmersos en un verdadero drama europeo. 
Tenemos que aprovechar esta ocasión para volver a definir una política agrícola europea que no sea una política-espectáculo como la de José Bové, sino que ofrezca una respuesta a las expectativas de los consumidores y de nuestros agricultores, de los que nos sentimos muy solidarios. 
No sirve de nada tomar medidas autoritarias, tecnocráticas, de limitación para el futuro de la producción bovina. 
La instauración de una agricultura extensiva acarreará de por sí una regulación de esta producción. 
Producir mejor pero menos, reforzar los controles, poner en marcha medidas excepcionales. 
Tengamos la decisión de hacerlo sin tardanza, por el interés general de nuestros conciudadanos. 
Tienen derecho a exigírnoslo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en algunas semanas el fenómeno EEB ha cambiado de dimensiones en Europa, puesto que ya está casi generalizado. 
La situación es alarmante, a causa de la caída del consumo y de las exportaciones y de la perspectiva de tener que gestionar importantes existencias de carne bovina. 
Es extremadamente grave, ya que los ganaderos se ven abocados a la precariedad y prácticamente a la certeza de que los créditos disponibles de la Unión europea van a ser insuficientes. 
En ese contexto, señor Comisario, en primer lugar es imperativo que los Estados miembros den pruebas disciplinadas de solidaridad en la aplicación de medidas comunitarias previstas para no encarecer la factura conjunta. 
Aunque tenemos que esperar hasta el Consejo de febrero y quizá también otras grandes citas europeas para sacar todas las consecuencias, ahora mismo ya es posible delimitar algunos puntos esenciales. 
En este sentido recuerdo la primacía de la seguridad alimenticia y de la protección de los consumidores, que requieren un refuerzo de los controles para que sean creíbles la aplicación de las decisiones tomadas y la rápida puesta en marcha de la autoridad europea alimentaria. 
También quería mencionar la necesidad de conseguir en todos los Estados miembros una mayor solidaridad entre los sectores dentro de la PAC, utilizando sobre todo la regulación horizontal prevista en la agenda 2000. 
Menciono además el deber de Europa de reunir las condiciones internacionales y de apoyar el desarrollo de la producción de proteínas vegetales que sustituyan los piensos cárnicos en la alimentación animal. 
Insisto por último en la obligación de sacar todas las lecciones de la evolución de la agricultura generada por nuestras sucesivas PAC y nuestros compromisos internacionales. 
¿Acaso este tipo de desarrollo, basado sobre la búsqueda de la máxima competitividad para que Europa gane cuotas de mercado no ha ido demasiado lejos en la vía industrial y la búsqueda del beneficio? 
Creo en lo que a mí respecta que ha alcanzado el límite y que debemos reconsiderar nuestra postura, especialmente en el marco de las negociaciones de la OMC y de la preparación de la futura PAC. 
Sea como sea, ¿cómo podemos asegurar un nuevo horizonte a la agricultura si la EEB acarrea la desaparición de sus productores? 
He aquí por qué, señor Comisario, abogo igualmente por que se consideren de forma real, seria, las expectativas de los ganaderos y del sector, a quienes conviene ayudar a superar esta crisis. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, sin pretender minimizar el problema de la EEB, quisiera destacar que en la situación de pánico existente no debemos olvidar otros problemas y riesgos, y también posibilidades, que hay en nuestra industria alimentaria. 
Puedo dar un ejemplo. 
Si se garantiza que la grasa de un rumiante está libre de proteínas, estará también libre de dioxinas, quinolonas, etc. 
Actualmente cunde rápidamente la desconfianza en la industria alimentaria europea, en la agricultura, en el campo y en los agricultores. 
Esto es muy peligroso para el empleo en Europa, para el campo, para el medio ambiente y también para nuestra herencia cultural. 
Pero, ¡imaginemos que pudiésemos aprovechar esta ocasión! 
Un hombre sabio y anciano dijo que el caos es vecino de Dios. 
¡Aprovechemos el caos existente de una manera creativa, ya que hoy tenemos el respaldo de nuestros electores para abrir y modificar el sector alimentario en su totalidad! 
Señor Presidente, la EEB sigue siendo un peligro. 
Todavía no se ha eliminado el riesgo. 
Sin embargo, si la probabilidad de contraer la EEB es actualmente menor que hace algún tiempo, esto se debe en parte a la labor del Parlamento. 
Y también a la suya, señor Byrne, lo reconozco. 
La nueva Comisión y usted personalmente están trabajando de manera consecuente. 
Dicho esto, permítame que critique algunos aspectos de las decisiones adoptadas. 
El flanco descubierto eran los sucedáneos de la leche, las grasas contaminadas con restos de proteínas. 
Ese era el flanco descubierto de la Comisión, del ámbito europeo. 
Lamentablemente se ha cubierto demasiado tarde este flanco. 
Las medidas que ahora se han adoptado apuntan en la dirección adecuada. 
Pero se seguirá añadiendo grasa, aunque ahora se someta a un tratamiento térmico. 
Además, es obligado preguntarse, señor Byrne, ¿a dónde va a parar la carne separada mecánicamente que ya no se incorpora a la cadena alimenticia? 
¿Se mezcla con la harina de huesos, con los sebos, y allí van a parar también restos del encéfalo cuando se vacían los cráneos? ¿La esterilización a 133 grados es suficiente? 
Sabemos que los priones han demostrado ser aparentemente resistentes al tratamiento térmico. 
Hubiese sido preferible rechazar la incorporación a los sucedáneos de la leche de ningún tipo de grasas procedentes de fuentes distintas de la leche. 
Si es imprescindible añadirles grasas, se debe volver a incorporar la mantequilla que previamente se ha separado o, si es posible, alimentar a los animales directamente con leche. 
El segundo problema es el del encéfalo. 
Todavía está autorizado el aprovechamiento del encéfalo de los animales menores de 12 meses. También se pueden utilizar sesos de cerdo. 
No es posible confirmar su presencia en los embutidos. Por lo tanto, habría que evitar la incorporación de sesos, tanto de bovino como de cerdo, a todos los embutidos, a la cadena alimenticia en general. 
El tercer aspecto es la prueba de detección. 
El Sr. Böge ha dicho antes que se someterán a la prueba los animales mayores de 18 meses. 
Permítanme que rectifique: la decisión del Parlamento dice que se someterán a la prueba todos los animales que se incorporen a la cadena alimentaria a partir de los 18 meses de edad. 
También se debe garantizar que así se haga y no podemos dejar de perseguir este objetivo. 
Tampoco podemos permitir, señor Byrne, que se sacrifiquen animales sin someterlos a la prueba, pues- como ya ha señalado el Sr. Böge- con vistas a un diagnóstico, esos resultados son imprescindibles para poder realizar una evaluación global de la incidencia de la EEB en Europa. 
Señor Comisario, aunque sea tarde, estamos avanzando y tomamos medidas cada vez más estrictas. 
Sin embargo, de lo que usted ha dicho derivan las cuestiones más importantes, sobre las que no nos ha hablado y tampoco nos habla el Consejo. 
Coordinación y control. 
Ha constatado indirectamente que hay carencias, sabemos que son significativas, pero no tenemos propuestas. 
La legislación sobre las inspecciones a nivel europeo, por ejemplo, no avanza. 
Lo han planteado también otros diputados. 
¿Qué se va a hacer con las harinas animales que deben destruirse? 
¿Qué va a pasar con los peligrosos materiales que retiremos del negocio de la alimentación? 
Lo sé por mi país. 
No sé cuáles son las soluciones fehacientes sobre su destrucción ni, por supuesto, las soluciones para cubrir el coste que esto suponga. 
Y ya que estamos hablando del coste, he aquí la última cuestión: Hay un tema de cobertura del coste, aunque sea a nivel de la Unión Europea. 
Los supuestos más baratos hablan de un coste de 3500 millones de euros, y además hay mucha gente que dice que podemos llegar a los 7 u 8000. 
No hay propuestas sobre la cobertura en la situación actual del presupuesto ni sobre las perspectivas presupuestarias que apoya. 
¿Qué vamos a hacer? 
Queremos respuestas más creíbles. 
Señor Presidente, quisiera hacer hincapié en que es necesario- y se ha repetido en muchas ocasiones- restablecer la confianza de los consumidores en los operadores del sector. 
Para conseguirlo, invito por enésima vez a la Comisión a arrojar luz sobre el asunto, o sea, a facilitar todos los datos, al objeto de contribuir con una información fiable a atenuar esta psicosis colectiva de la que, en mi opinión, también nosotros somos víctimas en parte. 
Quisiera lanzar una provocación diciendo que, tal como están las cosas, si nos limitamos a los datos es más probable que nos parta un rayo que nos infecte la EEB. 
Con esto no quiero decir que no debamos adoptar todas las precauciones posibles para impedir que se ponga en peligro aunque sólo sea una vida humana, pero cuidado porque los medios de información están creando más daños y están paralizando un sector sin contar en muchos casos con elementos objetivos para poder dar noticias concretas. 
Una correcta información es, por lo tanto, la condición indispensable para abordar el problema adecuadamente y para no magnificarlo de manera injustificada 
Es importante conseguir que el consumidor sepa qué come: hay que acelerar los tiempos con respecto al etiquetado obligatorio para que el consumidor sepa con exactitud cuáles son las características del animal, desde su nacimiento hasta su sacrificio. 
En lo que se refiere a las intervenciones, hay que recordar asimismo la necesidad de permitir a los operadores del sector superar este dramático momento. 
Por lo tanto, hacen falta ayudas de carácter económico: baste pensar que muchísimos ganaderos tienen miles de reses en sus cuadras y no saben qué hacer para aligerar el mercado de este producto. 
Hay que crear pósitos con ayudas públicas y, seguidamente, arbitrar medidas presupuestarias directas con el fin de que las crisis económicas de las empresas se afronten con ayudas directas de las entidades públicas. 
Señor Presidente, antes de participar en este debate, volví a leer un documento muy interesante: el texto de la denuncia presentada en 1996 ante el Tribunal de justicia por el sindicato agrícola francés de coordinación rural y por Philippe de Villiers contra la Comisión, a quien acusaban de haber gestionado de forma incorrecta la crisis de las vacas locas, haciendo prevalecer la libre circulación de mercancías sobre la salud pública así como de ignorar la aplicación del principio de precaución. 
Y hablando de denuncias, ¿cuál es la situación de aquella que presentó la Comisión hace dos años contra Francia porque mi país se negaba a garantizar la libre circulación de la carne? 
No he oído al Comisario Byrne hacer el balance de este tema en la declaración que acaba de hacer. 
La lección que hay que sacar hoy, es que lo principal debe ser la salud pública, y que no hay que dudar en anticiparse a cualquier riesgo, aunque cueste caro, y respetar a los Estados que quieren tomar medidas de protección más estrictas que la media. 
En particular, pedimos máximas medidas de seguridad, aunque sean caras para el presupuesto comunitario. 
Europa y los Estados miembros deben asumir sus errores. 
En el futuro, sólo se evitarán estos problemas imponiendo a la agricultura reglas draconianas de prudencia y de respeto a la naturaleza. 
Evidentemente, estas reglas implicarán un sobrecoste, que será un factor de desventaja para nuestra agricultura en la competencia mundial. 
Para compensar este handicap, será preciso hacer que prevalezca en la OMC, y en las negociaciones que precisamente van a abrirse, la idea de la libre elección por cada zona de su modelo agrícola, y tendremos que poner en causa el modelo del Uruguay Round, que tiende a someter la agricultura a la competencia mundial sin protección ni compensación. 
Señor Comisario, me dirijo a usted no como Comisario del encuentro, sino como representante del momento institucional, ejecutivo de la Unión Europea. 
Estoy perplejo y las intervenciones de esta mañana no hacen más que corroborar este malestar que me embarga porque el problema de la EEB, más allá de las explicaciones y de las medidas que usted nos ha ilustrado- que obviamente son una respuesta a una crisis coyuntural- es una crisis estructural a la que aún no hemos dado una respuesta. 
La EEB es un problema moral: durante décadas hemos construido la política agrícola sobre la agricultura y en este momento sobre la agricultura está cayendo un velo de desconfianza que nosotros, como momento institucional, no nos podemos permitir. 
El sector agrícola es un sector hecho de gente que trabaja, de familias que velan por el territorio, de personas que, enfrentándose con el día a día, están pagando un precio que no les corresponde. 
Debemos replantear las reglas, pero no podemos pedir a las personas que trabajan que paguen un precio- y en muchos Estados europeos estamos al borde de la quiebra- que no les corresponde. 
A un terremoto no se responde con un "veremos lo que hay que hacer"; a un terremoto se responde con ayudas adecuadas y sobre todo inmediatas. 
Hoy en Europa la agricultura está atravesando una de las etapas más delicadas de su historia: no llevemos a cabo un delito perfecto contra el sector agrícola que luego acabará repercutiendo no tanto en los agricultores, sino en Europa porque, al final, los agricultores y los pueblos europeos nos miran, miran a Europa y a las Instituciones como unas instancias que deben dar una respuesta a sus necesidades. 
Señor Presidente, señor Comisario, la crisis de la EEB no ha hecho sino poner de relieve y descubrir a la opinión pública europea la fragilidad y falta de rigor de los Estados miembros en el cumplimiento y control de las normas europeas relativas a los materiales de riesgo utilizados en la fabricación de piensos animales. 
A pesar de todos los debates de la crisis en sí, aún permitimos que ciertos elementos potenciales de riesgo lleguen a la cadena alimentaria, ya que, por ejemplo, no pesa ninguna prohibición aún sobre la grasa de animales para consumo animal. 
El ciudadano, indefenso ante decisiones políticas tomadas por políticos en los que prevalecen criterios económicos, exige más rigor y responsabilidad. 
¿Qué responsabilidades van a asumir los Estados miembros, la Comisión y el propio Parlamento en relación a los afectados por la variedad humana de la EEB? 
Seguimos sin tener homogeneidad en las medidas adoptadas por el Consejo, por lo que el principio de cautela perderá eficacia. 
Precisamos más investigación para conocer la naturaleza y los mecanismos de transmisión de esta enfermedad en toda su dimensión y, para finalizar, debemos extremar los controles en las fábricas de piensos, un importante elemento transmisor de la enfermedad. 
Si la codecisión en agricultura fuese una realidad, otra cosa hubiese pasado respecto a esta crisis. 
Señor Presidente, la situación actual de multiplicación de casos de EEB en la Unión Europea revela con claridad que no basta con hacer declaraciones de intenciones respecto de la reforma de la PAC, sino que es necesario ir al fondo del problema y avanzar rápidamente hacia una verdadera reforma de la Política Agraria Común actual. 
Las limitaciones presupuestarias y comunitarias no pueden ser una disculpa para no adoptar las medidas indispensables con vistas a la resolución del problema, apoyando simultáneamente a los agricultores que crían ganado bovino. 
La reforma de la PAC, que urge realizar, no debe tener como objetivo las economías presupuestarias, sino el reequilibrio en la distribución de las ayudas entre países productores y producciones teniendo en cuenta las especificidades regionales y la realidad de cada uno de los Estados miembros. 
A las nuevas necesidades deben corresponder nuevos medios, por lo que resulta necesario hacer una revisión del actual marco financiero decidido en Berlín. 
Por último, una referencia a Portugal, para preguntar al Comisario sobre la injusticia del mantenimiento de ese único embargo de las exportaciones en un marco en el que hay un importante descenso de los casos, mientras que en otros países no cesan de aumentar. 
Es una posición sin sentido. 
Señor Comisario Byrne, no suelo caracterizarme por alabar su trabajo pero en esta ocasión quisiera ser justo. 
Es completamente desacertado por parte de los Estados miembros acusar ahora a la Comisión, cuando usted hace dos años advertía de los problemas que iban a surgir. 
Lo que los Estados miembros han hecho al intentar averiguar cuál es el vacuno más seguro de Europa no es sino destruir el vacuno europeo. 
No hay ninguna duda al respecto. 
Ahora hemos de tomar medidas en toda Europa. 
Yo soy un ganadero que sufrió la crisis de la EEB en el Reino Unido. 
Contemple como el valor de mi ganado se desplomaba hasta ser virtualmente nada. 
Es muy doloroso para la industria ganadera ver que esto ocurre ahora en toda Europa, así que hemos de emprender acciones. 
No creo que queramos reinventar la rueda de modo que deberíamos contemplar las medidas que se han adoptado en Gran Bretaña y que han restablecido la confianza de los consumidores. 
Quisiera instar a que, y me consta que el Comisario Byrne está de acuerdo, a que tuviésemos una sola política para toda Europa. 
Si no fuera así, la prensa europea tomaría cada Estado miembro, analizaría las medidas de seguridad de esos estados y las compararía y entonces la confianza de la gente en el vacuno generalmente considerado se desplomaría. 
No hay duda de que el ganado más viejo, independientemente de lo duro que sea, ha de ser eliminado de la cadena alimentaria. 
Ha de ser destruido. 
No sólo está la incineración sino que ahora también disponemos de un método para disolver el ganado por hidrólisis sódica. 
Estoy seguro de que están contemplando esta posibilidad, ya que ésta podría constituir una opción mejor y probablemente más barata de eliminar ese ganado. 
También hemos de controlar las importaciones de ganado de fuera de la Unión Europea, porque no sólo hemos de aunar nuestras acciones, sino que creo que en el resto del mundo hay mucha complacencia sobre este asunto. 
En última instancia, tenemos que hacer que el consumo de carne de vacuno aumente, hemos de convencer al consumidor de que es segura y permitirles que consuman vacuno europeo. 
(Aplausos desde la derecha) 
Señor Presidente, teniendo en cuenta lo mucho que esto nos va a costar a todos los europeos, que nuestro objetivo es recuperar la confianza y que no se trata ya de la normativa en vigor, sino de la aplicación y control de dicha normativa, ¿no tendríamos que reflexionar acerca de cómo recuperar esa confianza? 
¿Podrá recuperar esa confianza el irresponsable Ministro que, llamándoles irresponsables, insultó a quienes certeramente nos advirtieron de ese riesgo? 
¿O la Ministra de Sanidad, que demostró una supina incompetencia en la materia? 
Señor Comisario, tan desacreditados como están, ¿podrán recuperar ellos la confianza, ellos, que son responsables de la actual confusión, de la falta de control sobre los piensos prohibidos, de las chapuzas medioambientales que se están produciendo, con enterramientos irregulares de cientos de vacas? 
¿Van ellos, tan desacreditados, a poder recuperar la confianza que necesitamos? 
Señor Comisario, si no les exigimos responsabilidades a ellos, nos las van a exigir a nosotros. 
Se lo aseguro. 
Señor Presidente, quisiera pedir que primero se preste atención a las consecuencias financieras de la crisis de la EEB. 
Para empezar, la Comisión ha adoptado finalmente la propuesta de la Comisión de Agricultura a fin de utilizar el margen todavía existente de más de 970 millones de euros en el presupuesto agrícola. 
Sí que digo al respecto que ese margen parecía entonces más amplio de lo que, de hecho, es ahora, dada la actual situación del euro que, de hecho, ya ha rebajado la suma en 250 millones. 
El segundo punto es que, por ello, la financiación, por supuesto, no es exacta. 
Solamente es el comienzo. 
Quisiera pedir explícitamente a la Comisión que examine si existen otras posibilidades financieras, concretamente en el marco de esta crisis, en relación con la propuesta de una tasa sobre el consumo. 
Podríamos pensar en una tasa temporal sobre la carne mediante la que, en cualquier caso, podamos costear medidas radicales de forma adecuada, también este año. 
No es noticia que de esta forma también se garantiza la seguridad de otros productos. 
Véase la tasa sobre el medio ambiente de determinados productos, que también existe en algunos países de la UE. 
El tercer punto importante, en mi opinión, es la cuestión de qué hacemos con los Estados miembros que, sabiendo y queriendo, violan las reglas de la UE. 
Seamos sinceros, la coalición rojiverde de Alemania aseguraba el año pasado una y otra vez que no tenían problemas y, luego, apareció el problema y se trasladó a otra parte ¿Qué hacen la Comisión y el Consejo? 
Debo decir que la Comisión ha sido algo más coherente en lo que al problema respecta en los últimos años que el Consejo, por sólo poner un ejemplo. 
Queda la cuestión de cuál es la solución. 
La solución finalmente no es otra que un buen sistema de vigilancia de la cadena alimentaria, un buen control y, a veces, medidas duras. 
En lo que a ello respecta, considero que constituye un abuso político pretender en este momento que un cambio en la política agrícola europea en la dirección de las pequeñas empresas o la agricultura biológica sea la solución. 
No se trata de eso. 
Se trata de la seguridad de los alimentos. 
Guárdense mucho los políticos de Europa de utilizar esta crisis para sus propios fines políticos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, éste es un problema fundamentalmente de sanidad animal que ha alcanzado proporciones de gran crisis por afectar a la seguridad alimentaria, aunque los especialistas en medicina dicen que la infectividad es baja. 
Es un problema que surgió en el Reino Unido hace más de una década y que, desde allí, se ha extendido a toda la Europa continental. 
Probablemente, en su día, la Comisión subestimó el problema y no tomó las medidas necesarias para evitar la dispersión del mal. 
Hay que reconocer que fue un error esperar hasta el 27 de marzo de 1996 para adoptar medidas de emergencia, procediendo al embargo de animales y harinas cárnicas procedentes del Reino Unido, y ceder a las presiones posteriormente derogando esta decisión dos años más tarde, el 16 de marzo de 1998. 
Es hora de aprender de los errores y de tomar medidas efectivas y proporcionadas, que se puedan cumplir sin pretender matar moscas a cañonazos. 
Y sobre todo, que sean medidas homogéneas, porque lo que más confusión, desorientación y desconfianza produce es la falta de criterios claros y concretos. 
Usted nos ha dicho lo que piensa el Comité Científico y lo que pretende hacer el Consejo pero ¿qué está dispuesta a imponer la Comisión, cuándo y cómo? 
Además, hay que controlar que se cumplan todas estas normas, porque el gran fallo han sido los controles. 
Siempre digo lo mismo: es fundamental que la Comisión coordine y armonice los controles y, sobre todo, que controle al controlador. 
Son imprescindibles unas normas claras y concretas, porque somos quince países, cada uno con sus problemas, y en algunos países- concretamente en el mío -, las competencias relativas al control residen, para este asunto, en los diecisiete Gobiernos autonómicos. 
Por último, le sugiero a la Comisión que haga un esfuerzo en la comunicación del riesgo, porque la profusión de noticias y comentarios en los medios de comunicación está contribuyendo a la confusión y a la alarma social. 
Además de todo esto, señor Comisario, hay que reflexionar sobre el futuro de la PAC, porque el fondo de este problema está en la competitividad a que está sometido el sector agrario. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, yo agradezco la información que nos ha proporcionado la Comisión sobre la lucha contra la EEB y también quisiera decirle al señor Comisario Byrne que tengo la impresión de que está controlando la situación y sus propuestas son claras y bien orientadas. 
Yo creo que esto también es necesario, pues junto con la EEB también tenemos que hacer frente a reacciones de histeria y de pánico en muchos ámbitos. 
Esta primera información es sin duda el resultado de un trabajo muy amplio. Sin embargo, permítame que también le diga, señor Comisario, que me gustaría mucho saber qué ocurriría si comparásemos la información aportada por los países y que usted ha enumerado con tanto esmero con los resultados de los controles realizados por la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
Yo quiero decirle sinceramente que no confío en absoluto en la información de los países y los ministros, teniendo en cuenta la ignorancia y los subterfugios con que el Consejo de Ministros de Agricultura se ha opuesto en los últimos meses a las propuestas, incluidas las del Parlamento. 
Sin duda, siempre es posible plantear alguna objeción contra muchas medidas. 
No obstante, todos hemos podido constatar que las medidas que ahora se han decidido son el resultado de la anterior negligencia, incluida la negligencia de los últimos años, y en estas circunstancias no se pueden hacer salvedades. 
Algunos colegas ya se han referido a las pruebas de detección. 
Lo cierto es que si no se somete a todos los animales a la prueba, se falsean los resultados. 
Conozco casos de mataderos que sencillamente se niegan a sacrificar a los animales. 
¿Qué se hace entonces? 
Se les mata sin someterlos a la prueba. 
¡Esto es inadmisible! 
Tenemos que intervenir y aclarar esta situación a escala de toda Europa. 
La Sra. Roth-Behrendt ha dicho que necesitamos más y mejores controles, ¡qué duda cabe! 
Pero entonces también necesitaremos leyes europeas claras y comprensibles. 
Próximamente vamos a examinar las normas en materia de higiene. 
Yo les digo muy sinceramente que las noticias que en estos momentos me llegan de los Estados miembros distan mucho de ser alentadoras. 
Se quiere volver a los antiguos surcos ya trillados, a recorrer los mismos caminos, ¡esto no puede ser! 
Tenemos que hacer frente común y adoptar una legislación clara de ámbito europeo. 
¡Sólo así conseguiremos resolver también este problema! 
Señor Presidente, seré muy breve. 
Lo único que quiero decir es que, como ya se ha recalcado, corremos el riesgo de repetir siempre las mismas cosas. 
Dentro de diez años vamos a repetir las mismas cosas porque con la investigación científica sobre los priones sufrimos un retraso muy notable. 
Hace quince años que conocemos los priones, querido comisario Byrne, y desde hace quince años no sabemos cuáles son los mecanismos moleculares que provocan la degeneración nerviosa, no sabemos si pasan la barrera placentaria, no sabemos si pasan a la leche, no disponemos de tests rápidos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Nisticò, la suya no es una cuestión de procedimiento. 
Sé que debo ser flexible, pero no abusen de ello por favor. 
Tiene la palabra el señor Comisario. 
Señor Presidente, si me lo permite, quisiera hacerle una observación al Sr. Byrne. 
En relación con el tema de las grasas animales yo reitero la propuesta de que no se separe la grasa de la leche, o sea, que se recupere la mantequilla. 
Esto es exactamente lo adecuado para los terneros. 
La naturaleza ha previsto que asimilen bien la grasa bajo esa forma y el riesgo de contagio es nulo. 
Seguramente la suya es una reflexión científica interesante, pero no creo que se trate de una cuestión de orden. 
El debate sobre la declaración de la Comisión queda cerrado. 
Sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0002/2001) del Sr. Olsson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/22/CE del Consejo por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado (COM (2000) 320- C5-0357/2000- 2000/0132 (COD)) 
. 
(SV) Señor Presidente, señor Comisario, acabamos de terminar un debate sobre el problema de la EEB, problema que está relacionado con una producción de alimentos en la que, quizás, el afán de lucro tenga mucha importancia y afecte la producción. 
Hay que recordar que en un mercado alimentario globalizado se necesitan límites políticos para las formas de producción, de modo que no se olviden otros objetivos sociales. 
En la Unión Europea hemos tenido normas que prohiben el uso de las hormonas de crecimiento. 
Se nos ha criticado por esto, especialmente EE.UU., y se ha puesto un panel en la OMC en el que se dice que nuestras pruebas son insuficientes. 
Ésta fue la razón por la que la Comisión ordenó una evaluación de las hormonas en uso. 
Según este estudio, hay distintos grados de riesgo. 
Todas las hormonas conllevan determinados riesgos, ante todo son carcinógenas. 
Una de estas hormonas, el 17 ß- estradiol, demostró ser más nociva que las demás. 
Por esa razón, la Comisión propone modificar la legislación para prohibir el uso del 17 ß- estradiol, tanto en los piensos como con fines terapéuticos o de crecimiento. 
Respecto a las otras cinco hormonas, se propone que se prorrogue la prohibición temporal y provisional existente. 
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y yo respaldamos completamente la postura de la Comisión. 
Es importante que sigamos avanzando en este camino. 
Obviamente, también es importante seguir estudiando las otras cinco hormonas para saber más sobre ellas, pero es positivo que se prohiba el 17 ß- estradiol. 
Por tanto, con estas pruebas tenemos argumentos más claros que ojalá sirvan para que los que no opinan como nosotros respeten nuestra posición, nuestra prohibición y las actuales prohibiciones a la exportación. 
Las razones que se esgrimen son de diferente carácter y me gustaría destacar algunas de las que he incluido en el informe y que han sido aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Tal vez no tengan mucho peso jurídico, pero políticamente son muy contundentes. 
Son, en parte, razones medioambientales. 
Es peligroso usar hormonas de esta manera. 
En EE.UU., donde sí se usan, se ha descubierto que las hormonas se extienden fuera del ámbito de la producción animal. 
En parte, son también motivos que conciernen a la protección animal. 
Tenemos que pensar si es razonable dar a los animales piensos que les hacen crecer de manera anormal. 
¿No se crea así un conflicto en cuanto al deseo de velar por el bienestar de los animales? 
En general, en estos casos hay que analizar los aspectos morales. 
Éstos serán cada vez más importantes en una sociedad en la que aumenta el conocimiento y en la que la ciencia descubre nuevos métodos de producción. 
Por eso, hay que analizar si todo esto se aviene con las normas fundamentales de ética de los hombres. 
La esencia del asunto es ver si estos profundos cambios implican modificaciones en las condiciones de vida de los hombres y de otros seres vivientes. 
No deberíamos tener derecho a producir semejantes cambios. 
Señor Presidente, solicito que se aprueben las modificaciones que se han propuesto. 
Asimismo, quisiera manifestar que existe una diferencia fundamental entre la propuesta de la comisión y la de la Comisión. 
En la comisión no hemos querido aplicar el procedimiento de comité propuesto por la Comisión, sino que queremos que las posibles enmiendas vuelvan al Parlamento para su aprobación, ya que esta materia, además de política, contiene mucha ciencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Olsson ha presentado un buen informe sobre el tema de la utilización de hormonas en la cría de ganado. 
La seguridad alimentaria debe tener prioridad en todas nuestras decisiones, pues el consumidor tiene derecho a unos alimentos seguros y libres de toda sospecha. 
Las sustancias de efecto hormonal y tireostático y también las sustancias â-agonistas empleadas para potenciar el crecimiento en la producción de carne de vacuno tienen efectos a largo plazo y, por lo tanto, pueden afectar a la salud humana. Los residuos hormonales podrían afectar sobre todo a los grupos de alto riesgo como los niños prepúberes y las mujeres embarazadas. 
En su evaluación de los riesgos de las seis hormonas en el marco del procedimiento de conciliación interpuesto ante la OMC, el Comité científico llegó a la conclusión de que el 17 â-estradiol tiene claros efectos carcinógenos y genotóxicos y provoca tumores. 
Cuando existe la sospecha, aunque sea mínima, de que una sustancia concreta puede ser perjudicial para la salud, como ocurre ahora en el caso del 17 â-estradiol, la respuesta ha de ser su prohibición irrevocable. 
El mantenimiento de un alto nivel de seguridad alimentaria y protección de la salud nos obliga a proceder también con cautela en el caso de las demás hormonas sospechosas. 
El cumplimiento de la prohibición de las hormonas también se tiene que controlar rigurosamente dentro de la Unión Europea. 
Los consumidores europeos son, sin embargo, extraordinariamente sensibles en lo que respecta a los productos importados. 
En consecuencia, es preciso supervisar asimismo los sistemas de control de las importaciones de carne de terceros Estados. 
Sólo si aplicamos el principio de cautela podremos demostrarles a los consumidores que hablamos en serio cuando invocamos la seguridad alimentaria en Europa. 
De ese modo transmitiremos una señal clara y marcaremos el rumbo que conviene seguir en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, sabemos hoy que la utilización de algunas sustancias en los animales de explotaciones puede tener consecuencias muy peligrosas para el hombre. 
De hecho, la declaración que la Comisión ha realizado sobre el estado del progreso de las medidas tomadas para combatir la EEB demuestra como la prevención, siempre que es posible, es mucho más eficaz que una intervención a posteriori, como reza el conocido refrán: más vale prevenir que curar. 
Por lo tanto tenemos que ser especialmente cuidadosos en las sustancias administradas a los animales de explotación. 
Esta vigilancia debe aplicarse a todos los ámbitos, sea cual sea la práctica veterinaria terapéutica o las costumbres ganaderas. 
Estudios recientes han demostrado que el estradiol 17 B es cancerígeno. 
Por lo tanto es imprescindible prohibir firmemente su uso en todos los animales destinados al consumo humano, y controlar todas las importaciones de carne con origen en terceros países. 
Mucho antes de la crisis actual que conocemos bajo el nombre de vacas locas, había defendido con firmeza en este hemiciclo dos principios: el principio de precaución, para proteger del mejor modo al consumidor y evitar cualquier manifestación de pánico cuyos efectos nefastos en el comportamiento humano y en el sector agrícola conocemos, y el principio de apoyo a la investigación científica, para podernos apoyar, en el mejor plazo, en los datos más exactos. 
El informe que nuestro colega, el Sr. Olsson, nos presenta, recoge estas dos ideas, y me alegro de ello. 
En efecto, siguen existiendo dudas con respecto a cinco hormonas más, y es importante que las investigaciones científicas en este ámbito prosigan. 
Pero en espera de resultados seguros, es preciso renovar la prohibición temporal relacionada con el uso de estas sustancias en animales de ganadería y tener mucho cuidado con las medidas derogatorias. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Olsson por su excelente informe que sigue muy de cerca la iniciativa presentada por la Comisión y añadir que ésta me parece una buena iniciativa. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que de por sí resulta inaceptable emplear sustancias de efecto hormonal para así estimular el crecimiento de los animales. 
No es ético, como dijo el Sr. Olsson. 
Tiene graves repercusiones sobre el bienestar de los animales y sobre el medio ambiente, y las seis sustancias de las que estamos hablando tienen también efectos perjudiciales sobre la salud pública. 
La prohibición definitiva del uso del estradiol no deja lugar a dudas. 
La sustancia es cancerígena. 
No obstante, también me parece importante que fijemos la prohibición transitoria del empleo de las cinco sustancias restantes. 
En realidad, refleja una aplicación muy ofensiva y positiva del principio de cautela que me gustaría respaldar plenamente. 
También me gustaría respaldar al señor ponente en que las prohibiciones no puedan ser suspendidas o suavizadas sin la aprobación del Consejo y del Parlamento. 
Es importante que establezcamos la responsabilidad política en este asunto. 
Y permítaseme decir por último que me resulta totalmente inconcebible que las autoridades norteamericanas ignoren los riesgos de este método de producción. 
Si se examinan la evolución de ciertos tipos de cáncer en los EE.UU. y la evolución de la obesidad extrema entre la población norteamericana, deberían saltar todas las luces de alarma entre las autoridades sanitarias norteamericanas. 
Por ello espero que esta renovada aprobación de la prohibición del empleo de esta carne con hormonas en Europa llame la atención de los consumidores norteamericanos y de las autoridades sanitarias norteamericanas de modo que nos libremos de mantener discusiones adicionales sobre este tema bajo los auspicios de la OMC. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Olsson, por su informe y también a las comisiones que han expresado su opinión sobre la propuesta de una directiva del Parlamento Europeo y el Consejo enmendando la Directiva del Consejo 96/22 sobre la prohibición del uso de hormonas en la ganadería. 
El principal objetivo de la propuesta de la Comisión es incrementar el nivel de seguridad alimentaria y cumplir con nuestras obligaciones internacionales que se derivan del acuerdo fitosanitario de la Organización Mundial del Comercio, el llamado Acuerdo SPS. 
La Asamblea es consciente de que la actual prohibición del uso de hormonas para el crecimiento fue puesta en duda en la Organización Mundial del Comercio y que el fallo definitivo de 1998 criticó el análisis del riesgo sobre las hormonas utilizadas en animales productores de alimentos, presentado por la Comunidad Europea. 
Como a ustedes les consta la Comisión inició un análisis de riesgo adicional sobre estas hormonas a la luz de las aclaraciones relativas al análisis de riesgos proporcionadas por el órgano de apelación de la OMC. 
En abril de 1999 el comité científico para las medidas veterinarias relacionadas con la salud pública emitió una opinión sobre los potenciales efectos adversos para la salud humana derivados de los residuos hormonales contenidos en la carne de bovino y los productos cárnicos. 
Esta opinión fue revisada y confirmada en mayo de 2000. 
La conclusión fundamental fue que no se podía establecer una ingesta diaria aceptable para ninguna de las seis hormonas evaluadas cuando se hubiesen administrado a bovinos para estimular el crecimiento. 
En lo que concierne a la hormona oestradiol 17-B, el Comité científico concluyó que debía ser considerado un absoluto cancerígeno, en la medida en que tiene tanto afecciones tumorosas como generadoras de tumores. 
Para el resto de las cinco hormonas se identificó la necesidad de más información. 
A la luz de estas conclusiones la Comisión propuso, en primer lugar, la prohibición de cualquier uso de oestradiol en ganado siguiendo el descubrimiento de que esta sustancia es un absoluto cancerígeno. 
En segundo lugar, la Comisión propuso mantener provisionalmente la actual prohibición sobre las otras cinco hormonas hasta que se dispusiera de más datos científicos más completos. 
Esta medida se irá revisando regularmente y por tanto es completamente compatible con nuestras obligaciones internacionales. 
Me satisface plenamente que el informe apoye este enfoque. 
Con esta propuesta la Comisión también ha proporcionado la base legal para la adaptación de las listas de sustancias definitiva y provisionalmente prohibidas por el procedimiento del comité regulador, con el fin de permitir una rápida reacción ante nuevas pruebas y, de este modo, aumentar la seguridad del consumidor. 
Lamento mucho que la introducción del procedimiento del comité regulador para la adaptación de las listas de sustancias no haya sido apoyado por el informe. 
Muchos de ustedes conocen mi opinión en este asunto. 
En varias ocasiones he discutido con ustedes en encuentros bilaterales la cuestión del uso del procedimiento de comitología y observo que la solicitud por parte de la Comisión no ha sido aceptada en las enmiendas presentadas. 
Quisiera instar al Parlamento a que reconsidere su postura en este asunto porque creo que es muy importante que la cuestión de la comitología sea tratada en este asunto. 
Creo que si el Parlamento insiste en que la adaptación de los anexos se lleve a cabo mediante codecisión en lugar de comitología, el Parlamento será culpable de no procurar adecuadamente la salud de los consumidores en este asunto, un asunto que el Parlamento ha discutido en el debate de hoy, tanto en el contexto de la EEB como en esta cuestión en particular. 
¿Cómo podemos justificar un retraso de un año y medio en el ajuste y adaptación de los anexos en unas circunstancias en las que un comité científico ha aconsejado a la Comisión, por ejemplo, añadir una nueva hormona a los anexos? 
¿Cómo puede justificarse esto? 
Alguien ha dicho que este es un asunto político. 
Rechazo enérgicamente esa declaración. 
Se trata de un asunto científico. 
Esa es la verdadera razón por la que se ha considerado la cuestión en la OMC. 
En cierta medida me preocupa que haya un riesgo de que si el Parlamento se adhiere a la opinión que parece tener en este asunto, vaya a darse una situación en la que la comitología no vaya a aceptarse y en su lugar se produzca una adherencia a la codecisión. 
Ya he pasado antes por esto. 
He mantenido este debate con el Parlamento y sé lo que va a ocurrir al final de la jornada. 
Los diputados de esta Asamblea van a venir a votar este asunto y seguirán el camino que les marquen los látigos. 
La inmensa mayoría desconocerá los detalles de lo que votarán porque no están informados acerca de este asunto específico. 
Me preocupa sobremanera que tanta gente vaya a votar hoy un asunto que es ciertamente importante para los consumidores sin saber que van a establecer un procedimiento que podría poner en riesgo la salud de los consumidores al retrasar el procedimiento que me permitiría, sobre la base del asesoramiento científico, introducir en el anexo algo que protegerá la salud de los consumidores. 
Señoras y señores, sinceramente les pido que reconsideren su opinión sobre este asunto y den mayor prioridad a la salud de los consumidores. 
Otorguen más importancia a la salud de los consumidores que a las escaramuzas interinstitucionales entre el Parlamento y la Comisión sobre si debe haber una completa codecisión en asuntos como este. 
Este es un asunto científico, basado en el asesoramiento científico: se trata de una decisión ejecutiva que será tomada por la Comisión y reflejada en un anexo en unas circunstancias en las que hay un pleno droit de regard del Parlamento respecto de este asunto. 
Ya lo he dicho anteriormente mientras debatíamos esta cuestión, no voy considerar ligeramente la opinión del Parlamento respecto de un asunto cuando surja la comitología. 
De modo que sinceramente les pido, señoras y señores, que consideren seriamente los derechos de los consumidores, la cuestión de la adecuada protección de los consumidores y también tengan en mente que confiamos en poder disponer el año que viene de una autoridad alimentaria y de seguridad. 
Desempeñará un importante papel en la reacción rápida. 
Si identifica un riesgo emergente podrá aconsejar medidas ejecutivas e inmediatas a ese riesgo. 
En ocasiones eso significará una respuesta legislativa introducida por la Comisión. 
Si eso pudiera hacerse con la comitología obtendremos la respuesta rápida que exige el consumidor. 
Pero si únicamente pudiera hacerse mediante codecisión sufriremos retrasos. 
Permítanme ahora tratar en detalle las enmiendas que han sido propuestas en este informe así como la enmienda presentada por la Sra. Grossetête. 
Quisiera empezar por las enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
Las enmiendas 4, 5, 6, 7, 9, 10 por lo que respecta a la comitología, por las razones que acabo de señalar. 
Tampoco las enmiendas 12, 13 y 14 que rechazan la introducción del procedimiento del comité regulador para la actualización de las listas de sustancias prohibidas provisional y definitivamente y que reintroducen el procedimiento de codecisión. 
La enmienda nº 1 se centra en una decisión bien fundamentada de mantener la prohibición. 
La Comisión no puede aceptar esta enmienda ya que prejuzga el resultado de cualquier investigación futura. 
Con la enmienda nº 2 la Comisión se comprometería a financiar la investigación de las cinco sustancias provisionalmente prohibidas. 
Esto no es aceptable. 
No existe ninguna obligación ni bajo el derecho comunitario ni en el marco de la OMC por la cual la Comisión tenga que financiar la investigación. 
Más bien la OMC exige a las partes que evalúen los riesgos sobre la base de todos los datos científicos. 
En cualquier caso, estos estudios no se excluyen de los programas de la Unión Europea sobre salud alimentaria. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3 y 11 que insisten en la necesidad de introducir unos sistemas efectivos de seguimiento para proteger la salud. 
Quisiera resaltar que ya existen sistemas de seguimiento tanto en los Estados miembros como a escala comunitaria. 
Por ejemplo, las importaciones de carne ya son controladas, fundamentalmente de acuerdo con las directiva de controles y residuos, Directiva del Consejo 96/23. 
Por último, la Comisión propuso que las disposiciones de la directiva relativas al oestriadiol no se aplicasen, antes del 1 de julio, a los animales tratados con fines técnicos o terapéuticos. 
La enmienda nº 15 de la Sra. Grossetête propone que esta disposición sea vinculada a la disponibilidad de alternativas adecuadas. 
La Comisión no puede aceptar esta enmienda por razones relativas a la salud dadas las claras pruebas científicas respecto del oestradiol. 
Además un reciente estudio indica que no hay falta de alternativas al oestradiol para el uso terapéutico o zootécnico en la Comunidad. 
Este estudio se pondrá a disposición del Parlamento en un futuro próximo. 
Por otro lado la Comisión puede aceptar la enmienda nº 8, así como en principio también la parte de la enmienda nº 10 que se ocupa de los datos científicos porque introducen unas útiles aclaraciones al texto. 
Para terminar quisiera volver a dar las gracias al Sr. Olsson por su excelente informe sobre este asunto tan importante. 
En resumen la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 por lo que respecta a la cuestión de la comitología, y 11, 12, 13, 14 y 15. 
Por otro lado está en disposición de aceptar la enmienda nº 8 y, en principio, la parte de la enmienda nº 10 que se ocupa de los datos científicos. 
. 
(SV) Señor Presidente, obviamente respeto la opinión del Comisario Byrne, es decir, una recomendación del procedimiento de comité. 
Pero no nos interesa retrasar la tramitación, sino que poder discutir aquí. 
En esta materia, así como en muchas otras, los científicos no están de acuerdo. 
Ayer me encontré en Estocolmo con un representante del Ministerio de Agricultura norteamericano y esta persona no tenía el concepto científico europeo. 
En consecuencia, en esta Asamblea no hay que debatir sólo asuntos científicos, sino también posturas éticas y el principio de la cautela. 
Por tanto, no se trata de retrasar la tramitación sino que el objetivo es un debate político más profundo. 
Gracias, señor Olsson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Las nuevas fronteras del libro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0005/2001) de la Sra. O ' Toole, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre las nuevas fronteras del libro: edición electrónica e impresión sobre pedido (2000/2037 (INI)) 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera hablar de por qué es importante y para hacerlo escojo aleatoriamente a algunos autores publicados: los trabajos de Michel Tournier, Leonardo Sciascia, Italo Calvino y un hombre de mi propio país, Caryl Philips. 
Un par de estanterías en casa guardan este trabajo de rica diversidad lingüística, de rica forma, rica cultura y rica historia. 
Van moldeando la forma en que reflexiono y contemplo el mundo. 
El lienzo sobre el que trabajo ha sido pintado por estos autores que son disfrutados por mucha gente. 
Para mí los libros constituyen el acceso a la elección, el acceso a las ideas y el acceso a las oportunidades. 
Crecí en un entorno humilde, en una zona pobre con pobres perspectivas y pobres expectativas. 
Pero desde el día que entré en una biblioteca pública los libros se convirtieron en mi liberación, como para tantos otros. 
Estoy muy agradecido a los autores y editores de esos libros por proporcionarme esa liberación y ahora es mi obligación garantizar que esa experiencia sea transmitida a otros. 
Entonces, ¿de qué trata el informe? 
Sencillamente quiero asegurar que mientras nos adentramos plenamente en la era electrónica, el contexto en el que se enmarcan los libros en los Estados miembros, tanto como si se refiere a la protección de los derechos de propiedad intelectual, los regímenes fiscales, la regulación de la demanda o las donaciones, siga operando en la nueva era. 
Los libros siempre han sido reconocidos como algo más que una simple mercancía y en un mundo crecientemente mercantilizado esto es de la mayor importancia. 
La publicación electrónica cubre cuatro áreas específicas: los libros electrónicos, la impresión bajo demanda, las librerías de Internet y la publicación en Internet. 
Debemos asegurarnos que tenemos las políticas necesarias para proporcionar un tablero omnicomprensivo en el que todo esto pueda tener lugar. 
De modo que ¿qué es lo que quiero ver en este informe? 
En primer lugar, necesitamos estimular el enorme crecimiento y desarrollo de estas industrias y la extensión del uso de los medios electrónicos en Europa. 
Necesitamos un acceso a los medios al alcance de todos los europeos y la proporcionar la educación que haga esto posible. 
Debemos seguir estimulando la diversidad lingüística y cultural mediante el uso de la publicación electrónica y debemos facilitar la fácil transformación de las industrias editoriales tradicionales hacia el escenario de la e-publicación. 
Para que esto ocurra es necesario que garanticemos que se adoptan las políticas apropiadas para perseguir este crecimiento y garantizar la libertad de acceso para todos. 
Por ello, mi informe apela a varias cosas. 
Las instituciones del UE deben desempeñar un importante papel en el aseguramiento del crecimiento futuro. 
En primer lugar, la Comisión podría establecer una política integral para desarrollar el sector. 
En segundo lugar, todos podríamos promocionar políticas que desarrollen y estimulen la alfabetización y combatan la barrera digital. 
La Comisión puede y debería desarrollar programas de formación y vocacionales y apoyar mecanismos para el desarrollo de la PYMES en este sector específico, y deberíamos trabajar con los Estados miembros para crear salvaguardias de los derechos de los autores y los intereses de los editores, y asegurar que los trabajadores de la industria tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades en la nueva era. 
Los Estados miembros deberían asegurar que las actuales normas del IVA aplicables a los libros sean evaluadas y tengan su reflejo en la publicación electrónica. 
Todo esto está a nuestro alcance y con esto encomiendo mi informe a toda la Asamblea, que casi está así presente, con la esperanza de que nos proporciones una guía que permita a todo el mundo disfrutar de los beneficios y los frutos de la emergencia de este nuevo sector. 
Señor Presidente, comienzo felicitando a la Sra. Barbara O ' Toole por su oportuno informe. 
Sobre éste, quisiera decir lo siguiente: en los tiempos que corren no es sólo el concepto de libro lo que está cambiando; el concepto de alfabetismo, también. 
La ignorancia o la incapacidad para dominar las nuevas tecnologías en la esfera de la palabra escrita y del conocimiento provocará inevitablemente la aparición de nuevas formas de analfabetismo con los consiguientes costos humanos, sociales, económicos y culturales. 
Por eso mismo, se debe mitigar, al menos metodológicamente, la euforia que ha predominado en reuniones internacionales, con su punto máximo en el Consejo de Lisboa, en cuanto al papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la Unión y en la lucha contra el desempleo de forma acelerada y es importante que las instituciones europeas reflexionen a fondo sobre materias como las que se abordan en este informe. 
Pero no se trata sólo de reflexionar sobre las cuestiones del libro, de la edición electrónica, del printing on demand y problemas afines. 
A nuestro juicio, es esencial que el trabajo de las diversas comisiones parlamentarias, de las diversas direcciones generales, de los diversos directivos, tanto europeos como nacionales, con voz en esas materias encuentren las vías de una coordinación útil y eficaz. 
Carecería de sentido adoptar medidas divergentes o tal vez contradictorias incluso en lo relativo a las políticas de la edición electrónica y del libro, de los derechos de autor o del e-learning. 
La formulación y la coordinación de las líneas que deben orientar tales políticas carecen cada vez más de verificación de por lo menos dos supuestos: el apoyo cada vez mayor de expertos competentes, para habilitar a los políticos en una esfera en la que por regla general no dominan bien, y la opción por dispositivos legales que se puedan adaptar fácilmente a la evolución de las tecnologías y del mercado. 
A nuestro entender, desde el punto de vista fiscal y de la aplicación del IVA, no se debe equiparar la edición electrónica con el libro tradicional. 
Carece de un régimen específico, por lo que es necesario tener presente que el libro tradicional representa otro tipo de valores y representa un producto diferente, por naturaleza, del simple fichero digitalizado que es el libro electrónico. 
Por último, se propone la designación del Año Europeo de los Libros y la Alfabetización y la proclamación del 23 de abril de cada año como Día Europeo de la Lectura. 
Son medidas que se inscriben en la lucha contra el analfabetismo, en la política de salvaguardia de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos europeos, en la creación de estímulos a la adquisición de conocimientos y en un marco de profundización de la ciudadanía. 
Por eso, merecen nuestro aplauso. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar a la Sra. O´Toole por su informe, en el que ha puesto de relieve los dramáticos cambios que han tenido lugar en el ámbito del libro en los últimos años, ocasionados por las nuevas tecnologías. 
Todos nosotros, a quienes como lectores o como escritores nos gusta el libro, debemos reflexionar desde el principio en nuestra relación con él. 
Ha tenido lugar una revolución que hace al libro aún más interesante, incluso más conciso, más necesario para cada uno de nosotros. 
Pero paralelamente, hace totalmente necesarias las políticas nacionales y europeas que debemos desarrollar para hacer frente a los problemas que derivan de la nueva forma de producirlo y hacerlo circular. 
A la pregunta de si se debe proteger el libro del funcionamiento incontrolable del mercado, contestamos positivamente, dada la significativa importancia cultural tanto del libro como de la lectura en nuestra sociedad, que debemos fomentar lo más posible. 
A las nuevas posibilidades que se nos ofrecen, relacionadas con la información y la ampliación de los lectores mediante Internet, les siguen problemas sobre la propiedad intelectual y el régimen de los escritores; y también les sigue el peligro de que haya grandes grupos de población que no tengan la posibilidad de acceder a los nuevos medios. 
Las desigualdades pueden ser fatales para los analfabetos tecnológicos, para las regiones agrícolas, para los grupos minoritarios, máxime cuando se añadan a los importantes porcentajes de analfabetismo ya observados. 
El problema es tan grave que podemos hablar de una amenaza más a la cohesión social, a la que debemos hacer frente a tiempo tomando decisiones políticas decisivas. 
Y también todos los Estados miembros deberán facilitar el acceso de los jóvenes a los libros en la educación, y deberán animarlos a leer, porque son el futuro de la Unión Europea y no hay futuro sin el libro, impreso o electrónico. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, los libros constituyen un medio importante para dar cultura, y las técnicas modernas de publicación contribuyen a ello. 
De ahí que éste sea un buen informe. 
Agradezco a la ponente todo el trabajo y toda la investigación que ha realizado. 
Se trata de un ámbito que está en continuo movimiento. 
Sin embargo, en la publicación, no sólo es importante la producción sino también el consumo. 
La lectura es una forma de consumo y debe ser fomentada de manera adecuada. 
Las personas deben poder decidir siempre cómo pasan su tiempo libre. 
De ahí que haya presentado una enmienda junto con mi colega Graça Moura para pedir un día europeo de la lectura. 
Hemos propuesto el 23 de abril, ya que es el día del cumpleaños de Shakespeare y de la muerte de Cervantes. 
Por tanto, toda Europa queda cubierta. 
En muchos países existe ya un día de la lectura respaldado por la UNESCO. 
No obstante, doy libertad y confío en la sabiduría de la Comisión para elegir otra fecha. 
Señora Comisaria, no puede haber oferta sin demanda. 
A fin de favorecer un desarrollo adicional de la misma, el Sr. Graça Moura y yo también pedimos un año de la lectura y, mejor, en un plazo no muy lejano, aunque eso va a ser difícil. 
Una segunda cuestión es el funcionamiento del mercado. 
El sector del libro, que es garantía de la diversidad cultural y pluriforme, debe ser protegido si es necesario. 
Los precios fijos y tarifas de IVA reducidas, tal como se aplican en varios Estados miembros sobre el papel impreso, también deben adoptarse de forma adecuada en la política respecto de los medios electrónicos. 
Señora Presidenta, hoy quisiera hablar desde el punto de vista del lector, tanto de forma positiva como negativa. 
Positivamente, se sabe que la oferta y la demanda individualizadas son una oportunidad para el libro electrónico. 
Hoy en día consideramos que es algo adquirido, como consideramos que es algo adquirido algo que se ve menos en estos momentos, es decir que la cadena del libro será ahora totalmente diferente, con una mejor polarización con respecto a los editores y a los libreros, porque la difusión se modificará completamente con el libro electrónico. 
Estos son los elementos positivos. 
Como puntos negativos, el obstáculo será ahora doble para acceder a la lectura. 
No seamos hipócritas. 
Desde luego que las nuevas tecnologías pueden suponer una oportunidad para la democratización de la lectura, pero también pueden representar un obstáculo añadido para la alfabetización. 
Para terminar, señora Presidenta y señora Comisaria, quisiera apelar a la vigilancia para el mantenimiento de los derechos de autor en estas nuevas tecnologías, que se ven especialmente amenazado. 
Por ese motivo también quisiera llamar la atención con respecto a la necesaria reglamentación del precio del libro en Europa, por los mismos motivos, es decir, el mantenimiento de la creación y la difusión de tal creación. 
. 
(FR) Señora Presidenta, el estimulante informe de la Sra. O ' Toole nos ofrece la ocasión de enriquecer nuestras reflexiones sobre el futuro del libro y prever las nuevas iniciativas. 
Como subraya con sobrada razón este informe, el libro conserva y conservará una importancia primordial en la difusión de las culturas en Europa, y de hecho el número creciente de los títulos publicados da sobradas muestras de la riqueza, vitalidad y diversidad de estas culturas. 
Por lo tanto es normal que nos volquemos en una acción a favor de la cultura que preste cada vez mayor consideración al vector cultural imprescindible que representa el libro. 
De hecho es el caso para la política de cohesión a través de los fondos estructurales. 
¿Los sabían ustedes, estimados colegas? 
Les daré ejemplos. 
Gracias al apoyo comunitario, el número de bibliotecas en Grecia se multiplicará por dos de aquí al año 2006: de 526 a 1170. 
Durante el mismo período, el programa operativo Cultura de Portugal dedicará 38 millones de euro al desarrollo de los archivos, de las bibliotecas y de la lectura, y la mitad de esta suma vendrá del Fondo europeo de desarrollo regional. 
También es el caso de la política de competencia, que ha tenido y tendrá en cuenta el bien del libro para las poblaciones europeas. 
También ocurre lo mismo con la acción cultural. 
Cuando debatimos del programa Cultura 2000, el Parlamento insistió en el lugar que debían ocupar las acciones a favor del libro y la literatura. 
El primer año de ejecución del programa demuestra que esta preocupación está llegando a buen puerto. 
El informe de la Sra. O ' Toole también nos invita a ampliar nuestras miras y a considerar bajo todos los puntos de vista la revolución tecnológica, a la vez para apoyar la oferta editorial europea dentro de toda su diversidad, para valorar las nuevas oportunidades, controlar los eventuales riesgos, garantizar el acceso al conocimiento y por último para garantizar el derecho de los creadores. 
La revolución digital es una oportunidad, pero al mismo tiempo entraña riesgos. De hecho es algo que está bien explicado en el informe de la Sra. O ' Toole. 
No insistiré sobre ello. 
Permítanme sin embargo una observación. 
El riesgo de exclusión que podría surgir si no se dedica una atención específica a la población en dificultad. 
La condición previa para que la digitalización sea benéfica para la cultura y la educación es que sea una herramienta accesible. 
Señora Presidenta, me niego a aceptar como un hecho adquirido que exista un abismo digital entre generaciones, entre capas sociales, entre los que están «conectados» y los que no lo están, entre aquellos cuya vida y trabajo aprovecharán al máximo las nuevas tecnologías y aquellos para quienes la tecnología seguirá siendo objeto de temores y riesgos sociales. 
Creo que es preciso hacer todo lo necesario para salvar tal abismo y no sólo afirmar, a) que existe, y b) que no podemos hacer nada al respecto. 
Sí que podemos hacer algo. 
Es un deber ciudadano, un deber social que nos incumbe a todos los que estamos aquí presentes, Parlamento y Comisión. 
Además, también creo, señora Presidenta, que la globalización, si se controla, y la técnica digital no son destructoras de forma mecánica de las culturas nacionales y regionales. 
Es evidente que la industria cultural se transformará de forma radical y rápida para incorporar las nuevas implicaciones de la sociedad de la información. 
Debemos pues controlar estos trastornos, y no acompañarlos o quedarnos a la zaga viendo como se desarrollan. 
Tenemos que estar presentes al comienzo de su desarrollo, para que lo digital pueda ofrecer nuevas oportunidades de acceso y seguir permitiendo una diversidad de la oferta editorial. 
Una primera acción, modesta en lo referente a su presupuesto, pero exploratoria, corresponde a la puesta en red de las editoriales y a su cooperación. 
Creo que sin lugar a dudas, es el eje donde la Comisión puede desempeñar el más importante papel, y me importa especialmente que la propuesta para poner en marcha el programa Cultura para el año 2001 prevea un apoyo específico para la realización de varios proyectos, asociando autor y editor. 
Si la experiencia es concluyente, vamos a renovar acciones a favor de la industria editorial bajo el ángulo de la industria cultural. 
Pienso que aquí se abre una nueva vía que aún no está suficientemente estudiada y donde tenemos un papel esencial, un papel capital que desempeñar. 
Además de la acción específica del programa Cultura, quiero mencionar un conjunto de acciones de acompañamiento que ayudan a la edición y difusión del libro para conseguir su revolución digital y que responden así a nuestro ponente. 
La iniciativa E-learning, que lancé en mayo último, se refiere a las infraestructuras del sistema educativo, que son un paso previo a cualquier situación posterior. 
Los servicios de la Comisión han preparado un programa detallado para su puesta en marcha. 
La Comisión financia también proyectos pilotos, y seguirá haciéndolo, sobre todo con Minerva, del programa Sócrates, que trata de forma específica del uso de las tecnologías en la educación, y que, junto con el programa Leonardo para la formación profesional, es un eslabón esencial de nuestra acción. 
Además el desarrollo de colaboraciones entre el sector público y el sector privado también puede solucionar situaciones deficitarias en materia de formación. 
El objetivo de la iniciativa de la Comisión E-Europe consiste en controlar que la sociedad de la información tenga una vocación de integración social. 
El acceso a Internet, a los recursos multimedia, se abrirá de aquí a finales del 2001 en múltiples centros públicos, incluso en las zonas menos favorecidas, y de aquí a finales del 2002 a todos los alumnos en las aulas. 
Otro eje de nuestro trabajo se refiere al desarrollo de los servicios que ayudan a los contenidos en el ámbito de E-Education y de E-Culture. 
Se acaba de adoptar el programa E-Content por cuatro años. Su objetivo es la estimulación de la creación y del uso del contenido digital. 
Una dinamización del mercado también es posible ahora, con la colaboración del Banco europeo de inversiones y la colocación del capital de riesgo para el multimedia. 
Ese es el sentido de la colaboración entre la Comisión y el Banco europeo, que acepta intervenir a favor de la financiación de las industrias culturales. 
Hemos abierto una nueva vía beneficiosa para el futuro, para ese futuro que nos ofrece la digitalización. 
Y esto, estimados colegas, justifica también una mayor movilización y visibilidad. 
Comparto, a título personal, la idea de varios colegas como el Sr. Graça Moura, la Sra. Sanders-ten Holte, o la Sra. O ' Toole, que han querido organizar un año del libro y de la lectura. 
Por varios motivos, la organización de un año así no es posible, pero creo que deberíamos pensar juntos en un día, una semana, un mes del libro y de la lectura que se podrían organizar a partir de 2002. 
No nos volquemos ahora mismo en una elección así, pero hablemos juntos para llevar a cabo la mejor elección posible que podamos insertar en el programa Cultura 2000. 
Por lo tanto estoy abierta al debate en la Comisión Cultura con los interesados para que juntos, en interés del libro, de la lectura y de la diversidad cultural, encontremos las soluciones que se imponen. 
Saben, señoras y señores diputados, que la tecnología es una herramienta y sólo una herramienta, pero una herramienta que nos puede ser muy útil para mejorar el potencial cultural que tenemos. 
En ese sentido, gracias señora O ' Toole, gracias a la Comisión de Cultura por el importante trabajo que acaban de suministrar en ese sentido. 
Gracias, señora Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en unos momentos. 
VOTACIONES 
. (IT) Señora Presidenta, algunos diputados me han hecho notar justamente que existe el programa MEDA, motivo por el cual pregunto si es posible alcanzar el consenso del Pleno sobre una enmienda oral que reza: "Pide a la Comisión que establezca un programa específico para, a ser posible, practicar o potenciar la acuicultura y el desarrollo del patrimonio pesquero". 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0009/2001) del Sr. Naïr, en nombre de la Comisión de Asuntos Extranjeros, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión relativa a las relaciones UE/región mediterránea: «un nuevo impulso para el proceso de Barcelona» (COM (2000) 497- C5-0630/2000- 2000/2294 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0087/2001) , del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, relativa al proceso de paz en Colombia 
Relativa a los considerandos B y C 
Señora Presidenta, en cuanto a la primera enmienda que vamos a votar, si no he entendido mal, hay una posible transacción con sus autores en el sentido de que se pueda retirar esta enmienda nº 1, siempre que se pueda celebrar una votación por partes en el párrafo inicial. 
En ese párrafo b) figuraría toda la primera parte hasta "Plan Colombia", y en la segunda el texto restante. 
Creo que podríamos evitar la votación de la enmienda nº 1 con la votación por partes del texto original del párrafo b). 
Señora Presidenta, el Grupo Socialista está de acuerdo con lo que ha propuesto el Sr. Miranda y votaríamos a favor de la primera parte y en contra de la segunda parte. 
Señora Presidenta, estaríamos de acuerdo con esta propuesta. 
Señora Presidenta, hay también una transacción respecto de la votación siguiente. 
Por lo que a ésta se refiere, de la enmienda nº 2 del Partido Popular Europeo y del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos resultará, si no he entendido mal, lo siguiente: votaríamos en primer lugar el texto original por partes, desde "Considerando que el Plan Colombia" hasta "agentes sociales". 
Después votaríamos una segunda parte- que, según me parece, los proponentes querrán rechazar- y después, como aditamento, votaríamos esta enmienda nº 2. 
Por tanto, votamos primero el texto original por partes y, en seguida, la enmienda nº 2 como aditamento al párrafo. 
Señor Presidente, he sido el ponente en la sonmbra del PSE en este asunto. 
Lo que dice el Sr. Miranda es correcto, pero es erróneo decir que eso es una enmienda. 
Como dicen las notas que están ante usted, ha habido un error cometido por los servicios y, de hecho, la redacción introducida tanto por el PPE como por nosotros mismos no ha sido reflejada en lo que se ha imprimido. 
Por tanto la interpretación del Sr. Miranda sobre lo que deberíamos votar es correcta y le apoyo completamente, pero esto no es motivo para una nueva enmienda. 
Ha habido un genuínoi error técnico cometido por los servicios del Parlamento. 
Para una absoluta claridad, tengo ante mi la redacción original. 
En el comienzo de la enmienda faltan las palabras "considerando que el Plan Colombia no es el proceso de diálogo entre los diferentes agentes sociales y... " y el resto permanece igual. 
Señora Presidenta, tan sólo deseo confirmar lo que ha dicho el Sr. Howitt. 
En efecto, en algunas versiones, en particular en las versiones portuguesa, neerlandesa y otras, donde se debería hablar de "estrategia de paz", como consta en las versiones española e inglesa, que dan fe, se habla de "Plan Colombia", lo que no es acertado. 
Hay que modificar la traducción en esas versiones. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0398/2000) del Sr. Ferri, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos, sobre el informe del grupo multidisciplinar sobre el crimen organizado- acción común relativa a las evaluaciones mutuas relativa a la aplicación y al respeto a escala nacional de los compromisos internacionales en materia de lucha contra el crimen organizado (10972/2/1999- C5-0039/2000- 1999/0916 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0005/2001) de la Sra. O ' Toole, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes, relativa a las nuevas fronteras en la producción del libro: edición electrónica e impresión a petición (2000/2037 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
. 
(FR) Nos hemos abstenido en este informe, del mismo modo en que nos abstendremos para el que se refiere al acuerdo pesquero con Angola, por una misma y única razón. 
No es que queramos oponernos a la mínima posibilidad de que las poblaciones que viven de la pesca en esos dos países puedan recibir una parte de los pagos europeos para la pesca en aguas de Costa de Marfil o de Angola, aunque sabemos que en el mejor de los casos será reducidísima. 
Sin embargo nos sublevamos contra la hipocresía de hablar en estos casos de ayuda a estos países, y más aún a su población. 
Ya que las mismas cifras que ofrecen los ponentes del PE muestran relaciones de desigualdad indignantes en la base de tales acuerdos, cuando vemos, por ejemplo, que en diez años los pagos realizados a Costa de Marfil por los buques europeos no han aumentado a pesar de la inflación. 
O cuando se comprueba que desde 1991 hasta 2003 la contribución europea para este mismo país se ha reducido en la mitad. 
Cuando vemos también, escrito muy claramente, que la UE se reserva el derecho a suspender lo que debe a Costa de Marfil y a Angola en materia de derechos pesqueros invocando la aparición de trastornos en estos países. 
Aunque se les cambie el nombre por el de "ayudas" o "acuerdos", los informes que demuestran estas cifras y cláusulas leoninas revelan que continúa la explotación del continente africano por las potencias europeas. 
Informe Jarzembowski (A5-0013/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor de la modificación de la directiva relativa al desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. 
He leído el informe del Comité de Conciliación y hago votos por que el Sr. Jarzembowski sea con frecuencia nuestro representante en los Comités de Conciliación, ya que ha conseguido lo máximo que se podía conseguir. 
Gracias a este resultado, se liberalizan los ferrocarriles para el transporte de mercancías en toda Europa. 
Espero que el Sr. Jarzembowski logre los mismos buenos resultados a la hora de luchar contra el Consejo por medidas en favor de las personas mayores y de los pensionistas. 
Me ha impresionado profundamente el éxito logrado por el Comité de Conciliación en esta ocasión. 
, por escrito. 
(FR) Los dos informes del comité de conciliación relativos al desarrollo de los ferrocarriles comunitarios y a las licencias de las empresas ferroviarias se alegran de que se haya alcanzado un acuerdo relativo a la apertura total a la privatización de este sector para el flete en 2008 a más tardar. 
Este compromiso abre la posibilidad de nuevas propuestas para la liberalización, es decir la privatización, de otros transportes por ferrocarril, es decir el transporte de viajeros. 
Los trágicos accidentes acaecidos recientemente en Inglaterra, la multiplicación de los incidentes en las redes privatizadas, como en Alemania, están sin embargo ahí para subrayar los perjuicios de la privatización de este servicio público. 
Y pretender resolver el engaño social que constituye el hecho de transportar mercancías esencialmente por carretera abriendo el ferrocarril al sector privado, es como mínimo una impostura. 
Desde hace ya mucho tiempo, se cierran en Europa los servicios ferroviarios para favorecer los intereses de las empresas privadas de transporte por carretera en todas sus formas. 
Hoy en día, cuando las redes por carretera están al borde del colapso, algunos capitales privados se vuelven al ferrocarril para obtener nuevos beneficios ayudados en ello por las instancias europeas o por los gobiernos nacionales. 
Ni los usuarios, ni la población en general deben esperar nada bueno de la privatización de los servicios públicos. 
Lo mismo ocurre para los trabajadores de este sector, que denuncian y combaten la liberalización-privatización y sus estragos para el empleo y las condiciones de trabajo. 
Naturalmente somos totalmente solidarias de estos trabajadores y de sus organizaciones sindicales cuando denuncian estas fechorías. 
Por eso hemos votado en contra de estos dos informes. 
. (IT) En esta explicación de voto considero oportuno dejar constancia del evidente progreso en la red europea ferroviaria tras la reciente decisión de la Cumbre italo-francesa de Turín de desbloquear la construcción del túnel ferroviario Turín-Lyon y de la consiguiente nueva línea ferroviaria de alta velocidad. 
Esta decisión desbloquea definitivamente una obra esencial en la lógica del reforzamiento del ferrocarril y del paso de la carretera al ferrocarril del transporte de mercancías a través de los Alpes. 
Como ya dije en el Pleno, mientras el proyecto suizo de Lotschberg-Simplon y del San Gotardo está avanzando, la Turín-Lyon ha sufrido peligrosas demoras en su planteamiento. Ahora, por el contrario, estamos ante una voluntad coherente con la red transeuropea de transportes desde la óptica de este siglo. 
Quiero añadir que la decisión de Italia y Francia, apoyada plenamente por la Comisión Europea, es coherente con el Protocolo sobre Transportes del Convenio Alpino. 
Por otra parte, es positivo que justamente en el pasado mes de enero la Comisión, después de años de desinterés por el Convenio Alpino, haya pedido al Consejo que le autorizara a firmar el protocolo y confíe en que este importante documento se ratifique cuanto antes. 
El proyecto tal como se plantea, en beneficio de un relanzamiento del ferrocarril en la zona alpina con el fin de invertir completamente el incremento de mercancías por carretera, deberá ser convenientemente completado con la determinación de nuevas líneas ferroviarias. 
Al respecto, la Comisión conoce ya mi esperanza de que la línea ferroviaria sobre el eje Aosta-Martigny pueda por fin figurar en la red transeuropea tal como se definirá en los próximos años. 
Y termino expresando mi satisfacción por la decisión tomada también en Turín de volver a abrir el túnel vehicular del Mont Blanc después del verano. 
Creo que las autoridades francesas e italianas, al decidir contingentar el número de los TIR que pasarán por el túnel, han dado muestras de sentido común. 
Pido a la Comisión que agilice esta decisión de reducción que deberá ser drástica y estar bien regulada. 
Informe Wieland (A5-0012/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor de la directiva destinada a facilitar el reconocimiento de los diplomas de enfermero profesional, farmacéutico, médico, tocólogo, veterinario, etcétera. 
Yo consideraba que estas directivas sobre reconocimiento eran útiles ante todo para los médicos, para los profesionales que de esta forma podían circular fácilmente dentro de la Unión Europea, pero después de fracturarme el pie derecho, tanto en Bélgica como en Francia he comprobado que existen diferencias entre los medicamentos y los tratamientos que me han sido aconsejados. 
Por ello, creo que sería perfecto para todos los enfermos poder circular libremente dentro de Europa para recibir tratamiento por parte de médicos que tengan la misma preparación. 
Informe McNally (A5-0006/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el etiquetado para el ahorro energético en el uso de ordenadores en las oficinas. 
Le expliqué a mi amigo pensionista Giuseppe Rossi que me acompañó al aeropuerto cuando salí de Bérgamo hacia Bruselas que este reglamento tiene por objeto ahorrar energía cuando los empleados salen de las oficinas y dejan encendido el ordenador realizando el llamado sleep-mode. 
Después de discutir y explicar largo y tendido la utilidad de este documento, al final de tanto discurso, este pensionista me dijo: "¿ Pero no es más sencillo obligar a los empleados a que apaguen el ordenador cuando lo dejan de usar ?" 
Es la pregunta que aún me estoy haciendo, señor Presidente. 
Señor Presidente, he votado a favor de la prohibición del estradiol-17 y de todas estas sustancias que son tan dañinas para el organismo humano, dado que, como es sabido, ralentizan el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos que puedan estar en contacto con las mismas. 
Sin embargo, he sabido que los ministros de Hacienda de nuestros Estados no son del todo contrarios a seguir utilizando estos estrógenos que, como sabemos, aceleran el crecimiento de los animales que de esta forma crecen más de prisa. 
¿Por qué? , me pregunte. 
Esta noche creo que he encontrado una respuesta en el hecho de que quizás ellos- nuestros ministros- esperan que, aumentando la velocidad de crecimiento de los animales, aumenta la velocidad de crecimiento de los seres humanos que serían mayores y pensionistas durante menos tiempo y, en consecuencia, generarían un ahorro en los presupuestos de los Estados. 
Señor Presidente, he votado a favor de la intensificación de la relaciones comerciales con Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda que, indudablemente, es un hecho positivo. 
Espero que en el futuro se intensifique la cooperación para que exista una acción dirigida a mejorar las condiciones de vida de la gente mayor en estos países. 
Espero asimismo que se puedan examinar los sistemas de pensiones existentes en estos países para ver si podemos extraer alguna sugerencia con miras a mejorar las disposiciones de ley que regulan la vida de las personas mayores. 
El informe Mann no cuenta con nuestro respaldo por varios motivos. 
Antes de nada, no cuenta con una base jurídica para los proyectos. Es correcto, ya que éstos no son una labor de la UE. 
La colaboración entre los Estados miembros es el medio para ello al no existir una competencia propia de la UE a menos que los Estados miembros le den un mandato. 
A pesar de ello, la Comisión y la ponente consideran que los artículos 133 y 308 constituyen la base jurídica. 
La Comisión no especifica de forma minuciosa qué actividades caen en el ámbito del artículo 133 y cuáles en el ámbito del 308, de manera que continúa sin existir claridad en cuanto a las competencias. 
Además, la Comisión propone una línea presupuestaria para ello. 
No es, sin embargo, deseable destinar dinero a programas plurianuales y proyectos a gran escala, ya que la Comisión no puede seguir una política independiente para los países socios mencionados. 
Además, la Comisión ha prometido efectuar un mejor trabajo realizando menos tareas. 
La Comisión tiene que representar a los Estados miembros de la UE en el ámbito de la OMC. 
Su papel complementario se manifiesta en la coordinación de las actividades de los Estados miembros. 
No se trata, por tanto, de la profundización y ampliación de esas actividades. 
La Comisión tiene bastante con las materias de carácter europeo, tales como la agricultura, los efectos para los países en desarrollo y los conflictos comerciales. 
En consecuencia, no es oportuna una política comercial más comunitaria. 
Consideramos que el informe de la ponente mejora la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, nos parece que no hace suficiente hincapié en los puntos mencionados. 
Informe Muscardini (A5-0008/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor de la estrategia presentada por el Consejo relativa a las relaciones con los países del Mediterráneo. 
Italia, mi país, es un país mediterráneo. 
Creo que la Unión Europea debe dedicar más atención a los Estados vecinos del Sur que están separados sólo por el mar. 
Propongo a quien se ocupará de esta parte de nuestra política en el futuro que extienda a todos los trabajadores de los países que limitan con la orilla sur del Mediterráneo el reglamento que permite la acumulación de los períodos de trabajo para tener derecho a una pensión y que, en consecuencia, el mismo se extienda por parte de los Estados de la Unión Europea a los países de allende el Mediterráneo. 
Muchos trabajadores de estos países circulan dentro de Europa y, por lo tanto, me parece justo que ellos también puedan beneficiarse de una única pensión. 
Con el proceso de Barcelona, se abrieron perspectivas de esperanza en las relaciones entre la Unión Europea y doce Estados miembros del Mediterráneo. 
Con todo, pronto se llegó a la conclusión de que aquel instrumento resultaba insuficiente. 
Por razones políticas, en las que el complejo proceso de paz del Oriente Medio es una razón importante, pero no la única. 
Los de apostar por la simplificación y la agilización del programa MEDA y el incremento de políticas de desarrollo endógeno de los países mediterráneos son vectores de cambio puestos de relieve en el informe y que merecen nuestro fuerte apoyo. 
Ahora bien, al persistir la importancia del Mediterráneo para la Unión Europea, en buena hora adoptó el Consejo Europeo una estrategia común para esa región. 
Así, pues, esperamos que esta vez se fortalezca la voluntad política necesaria para que prosiga la cooperación entre los Estados miembros y los del Mediterráneo, de éstos entre sí y de éstos en relación con la Unión Europea. 
Evidentemente, no como contrapunto a la dimensión nórdica, sino porque un camino construido en torno a ese tipo de cooperación es deseable y evita que Europa se vuelva un continente con un solo centro. 
Además, ya es una exigencia cada vez más común dar a la Unión Europea el sentido del mar; conferirle una dimensión atlántica, puede muy bien ser el paso siguiente... 
Unas palabras para la ponente, mi colega y amiga Cristiana Muscardini. 
He seguido de cerca el proceso de asignación de este informe en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
El resultado del trabajo de Cristiana Muscardini dio razón enteramente a todos cuantos desde el principio apoyaron su designación como ponente, pues su informe sólo obtuvo un voto en contra y ninguna abstención en la comisión. 
Ahora bien, cuando se producen demostraciones así, no podemos por menos de enaltecer el valor de quien concibió y elaboró el documento. 
Cierto es que era su obligación, pero no deja de ser grato que el Parlamento Europeo, en Pleno, lo haya reconocido por votación aplastante. 
Por tanto, mi colega y amiga Cristiana Muscardini es acreedora de mi- y nuestra- felicitación más efusiva. 
Informe Naïr (A5-0009/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor del texto con el que se pretende acelerar el Proceso de Barcelona. 
Se trata, señor Presidente, de la continuación de la anterior explicación de voto. 
En mi opinión, los países mediterráneos son a Europa como Turquía es a Europa. 
Espero y soy favorable a que Turquía se integre en la Unión Europea, sin embargo, si así fuese, creo que sería oportuno examinar con atención la posibilidad de que también los países del Mediterráneo entren a formar parte de la Unión Europea. 
Considero que son dos caras de la misma moneda. 
. 
(FR) Quiero felicitar calurosamente al ponente por el trabajo que ha realizado. 
Su informe relativo al proceso de Barcelona es muy completo, y por lo tanto me contentaré con insistir en algunos puntos que me parecen especialmente importantes. 
Recordaré en primer lugar que el objetivo de la comunicación de la Comisión "Un nuevo impulso para el proceso de Barcelona" era doble: establecer el balance del proceso de Barcelona y formular recomendaciones con miras a la conferencia ministerial de Marsella (noviembre de 2000). 
Si se quiere ser honesto, el balance es poco halagüeño. 
De los tres aspectos de la colaboración euro-mediterránea, el aspecto político, el aspecto cultural, social y humano y el aspecto económico y financiero, sólo este último se ha puesto en marcha. 
Y aún así, el desequilibrio en este ámbito es evidente. 
Se pide a nuestros socios que abran sus mercados en los sectores donde somos más competitivos. 
Sin embargo, cuando se habla de productos agrícolas, la pusilanimidad de la Unión europea hace que se mantengan barreras que penalizan a estos países. 
Como dice el ponente, queremos que se ponga en marcha una "ZLE en las condiciones de Europa". 
Esta actitud criticable es sobre todo irresponsable. 
¡Dejemos a un lado la hipocresía y dejemos de llamar a nuestros deseos "establecimiento de una zona de prosperidad común"! 
Ya es hora de denunciar en voz alta y sin miedo la poca importancia que Europa concede a esta colaboración, tal y como está ocupada en agrandarse por el Este. 
Se trata de un cálculo erróneo. 
Europa tiene mucho que ganar con el desarrollo económico y social sostenible y la estabilidad política de esta región situada del otro lado del Mediterráneo, el mar interior de Europa. 
Empieza a ser urgente el dar un nuevo impulso a esta colaboración euro-mediterránea. 
El ponente nos propone seguir varios caminos. 
Le sugiero en lo que a mí respecta que empiece por intervenir de forma más decidida en la escena política. 
La nueva situación internacional es sin duda una oportunidad que no debemos dejar de lado. 
La Unión europea tiene un papel que desempeñar en el proceso de paz en Oriente Medio. 
La solución del conflicto en Oriente Medio es un elemento esencial para el establecimiento de la paz y de la estabilidad en la región. 
Esto equivale al derecho a la seguridad para Israel y para todos los demás estados de la región, así como el reconocimiento del derecho legítimo del pueblo palestino a vivir en un estado viable y reconocido internacionalmente. 
Con idénticas perspectivas, la Carta euro-mediterránea por la paz y la estabilidad debe adoptarse cuanto antes. 
La Unión europea debe invertir asimismo más medios financieros y humanos, y promover la cooperación interregional y la implicación de la sociedad civil. 
Terminaré por una observación optimista al expresar mi satisfacción ante la voluntad de la Presidencia sueca por comprometer una reflexión seria sobre el Proceso de Barcelona en línea recta de lo que comenzó la Presidencia francesa. 
Queda por esperar que se traducirá rápidamente en hechos. 
Por ese motivo he votado el informe de Sami Naïr. 
. 
(SV) Opino que es lamentable que en el marco del proceso de Barcelona no se haya dado suficiente espacio los derechos humanos y su aplicación práctica. 
Por esta razón he votado a favor, entre otras, de las enmiendas 1 a 4. 
Como cristianodemócrata sueco, deseo manifestar mi preocupación por la situación de la minoría copta en Egipto, que, en la práctica, en su propia patria es tratada como si se tratase de ciudadanos de segunda clase. 
Además, es lamentable la creciente marginación de las congregaciones maronitas en el Líbano. 
Por eso pienso que la protección a los grupos étnicos, religiosos o culturales minoritarios en los países mediterráneos es una condición para que el proceso de Barcelona avance, no sólo en el campo económico y financiero. 
. 
(FR) El informe Naïr sobre la política mediterránea de Europa es más que ambiguo. 
No permite plantear verdaderos marcos de cooperación entre Europa y los países mediterráneos. 
En efecto, se puede se puede estar de acuerdo con el ponente sobre la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero el informe se vuelve problemático cuando trata de las otras cuestiones sociales. 
En primer lugar, el informe se inscribe en el enfoque de la Comisión, que promueve el libre intercambio y la liberalización económica de los países mediterráneos. 
El artículo 21 es elocuente desde ese punto de vista: "promover la liberalización de los sistemas económicos de los países colaboradores mediterráneos, así como la realización de reformas estructurales necesarias para la competencia en mercados más abiertos". 
El informe aborda la cuestión central de la deuda sólo en términos de "reconversión", cuando hay que exigir su anulación por parte de los gobiernos europeos. 
Relativo a los migrantes, el informe Naïr es limitado al hablar de gestión de flujo y al criminalizar a los inmigrantes. 
Las fronteras nunca han parado a los hombres y mujeres. 
Considerarlos como clandestinos, equivale a seguir el juego de las mafias y de los traficantes. 
Hay que tener la voluntad de abrir las fronteras. 
Por último, el ponente reconoce el derecho de los Palestinos a tener un Estado, pero no se mencionan sus legítimas reivindicaciones: liberación de todos los prisioneros políticos y derecho al retorno para los refugiados. 
Por estos motivos no he votado este informe. 
Resolución sobre el "Plan Colombia" (B5-0087/2001) 
. 
(FR) Hemos votado la resolución sobre Colombia para denunciar el plan de Estados Unidos, que, so pretexto de luchar contra el tráfico de droga, acarrea desplazamientos forzados de poblaciones, a menudo campesinas, para el mayor provecho de los grandes hacendados. 
Esta intervención militar pretende ante todo facilitar la explotación de los recursos de Colombia por parte de los grandes grupos capitalistas. 
Estamos en contra de la intervención militar americana en Colombia, como lo estamos de las intervenciones de Inglaterra en Sierra Leone y aquellas, directas o indirectas, de Francia en Ruanda, en Congo o en Zaire. 
Estamos también en contra de los planes de privatización de los grandes sectores de la economía colombiana y de las medidas que reducen el poder adquisitivo de la población, como la bajada de las pensiones de jubilación. 
Sin embargo, sabemos que la ayuda concedida por la Unión europea y por el FMI se preocupa ante todo de crear las condiciones favorables a las inversiones de la burguesía de las potencias imperialistas. 
Dicho esto, estamos en contra de cualquier represión y desplazamiento de las poblaciones, y este es el sentido de nuestro voto. 
. 
(FR) El plan Colombia de los Estados Unidos se ha decidido de forma totalmente antidemocrática, sin ninguna consulta de los distintos actores sociales y políticos, y sin el aval del Congreso colombiano. 
Sólo propone una solución muy peligrosa, un verdadero plan de intervención militar so capa de lucha contra el tráfico de estupefacientes, criminalizando a los pequeños productores, destruyendo sus cosechas con fumigaciones peligrosas para el hombre y el medio ambiente, condenándoles a abandonar las tierras que explotan. 
Al proponer una resolución para apoyar el proceso de paz en Colombia, la Comisión de Desarrollo y Cooperación rompe con la lógica asesina del plan Colombia. 
Tenemos que apoyar las propuestas de reforma agraria, el apoyo a los procesos de paz, relacionados con los países limítrofes. 
Los recursos concedidos por la Unión europea deberán pues controlarse para asegurarse de que no se utilicen con fines represivos. 
Pero sólo condenando a los grupos paramilitares e instaurando un diálogo con los FARC y el ELN se podrá dar un primer paso hacia la paz. 
En cuanto a la lucha contra el tráfico de droga y los verdaderos narcotraficantes, exige medidas radicales: lucha real y eficaz contra el blanqueo de dinero que así se obtiene, instauración de un impuesto Tobin sobre los movimientos de capitales que permitiría, por su redistribución, satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, me pregunto por qué el Sr. Fantuzzo no tiene nada que decir a este respecto. 
Pensaba que tendría un minuto que compartir con nosotros. 
Se nos está privando de algo puesto que no disponemos de ninguna explicación del sentido en el que ha votado el Plan Colombia. 
Me pregunto, apelando a usted, Presidente, si es posible pedirle que explique a la gente aquí reunida la forma en que ha votado, porque es importante que lo sepamos. 
Sí, sé que todos los colegas tienen derecho a explicar su voto, y el Sr. Fatuzzo tiene derecho a "no explicar" algunos votos, y se lo agradecemos. 
Informe Ferri (A5-0398/2000) 
Dinamarca mantiene una reserva judicial, lo que significa que no deseamos dar a la UE competencia en materia judicial, sin embargo, la delincuencia transfronteriza es un problema en vertiginoso aumento que hace necesaria la cooperación entre los Estados miembros. 
El que haya elegido votar a favor de este informe y de sus recomendaciones, aunque, sin embargo, me haya abstenido en la votación del punto 5 relativo a un Ministerio fiscal comunitario para la UE, es debido a que durante estos años Dinamarca se ha visto azotada por la presencia de un gran número de delincuentes extranjeros a los que nuestro obsoleto sistema judicial y una legislación demasiado blanda no están en condiciones de detener. 
Nunca antes hemos visto una brutalidad, cinismo y desdén por la vida humana como las que vemos ahora con relación al tráfico de drogas, la trata de blancas, el contrabando de inmigrantes, el terrorismo, el blanqueo de dinero y los robos contra los ciudadanos del país. 
Al tener Dinamarca el sistema más indulgente, los delincuentes afluyen atraídos por el principio de la mínima resistencia. 
La mayoría de nuestros políticos no quieren afrontar la realidad y tratan de hacer creer a los electores que las convenciones internacionales nos impiden proteger a nuestros honrados y pacíficos ciudadanos. 
Esta iniciativa comunitaria es necesaria para impulsar la restauración de la ley y del orden en Dinamarca. 
Estamos obligados a llegar junto a nuestros socios europeos en este trabajo común a un nivel que de a los estados de derecho más poder que a los delincuentes. 
. 
(EN) Los diputados británicos laboristas del PSE apoyan el espíritu de esta resolución, pero tienen reservas acerca de alguno de sus contenidos. 
No apoyamos la inclusión del Fiscal europeo en este texto (parágrafo cinco). 
La resolución persigue otorgar a tal órgano poder sobre el territorio de los Estados miembros, lo que constituye una inadecuada respuesta a la cooperación entre las naciones que el informe demandaba. 
La legitimidad de tal órgano para imponerse a las sentencias judiciales nacionales sería cuestionable y la discreción judicial de las instituciones legales de los Estados miembros debería ser preservada. 
Además algunos fragmentos del texto son potencialmente ambiguos en áreas de confusión legal, por ejemplo, en parágrafo nueve sobre sanciones indirectas aplicables a Estados miembros (parágrafo nueve) y la petición de extender los poderes de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia sobre instrumentos acordados fuera de la esfera de la UE. 
Por último, los diputados laboristas británicos apoyan la cooperación en asuntos penales, pero guardan reservas en relación con la referencia a la "armonización de las leyes penales" del parágrafo trece, que sugiere que los Estados miembros deberían homogeneizar en toda la UE el derecho penal. 
Mientras esto puede ser deseable en algunas áreas, la cooperación en asuntos penales debería centrarse en compartir información, coordinar órganos con una cierta aproximación de normas cuando sea beneficioso, pero no como una norma general. 
En la Propuesta de resolución del Sr. Ferri, la necesidad real de combatir la delincuencia organizada es la excusa para activar y ampliar los mecanismos de represión estatales e interestatales y para abolir todo rastro de soberanía nacional. 
En la propuesta se solicita que se tomen medidas para superar el mal funcionamiento en la aplicación de la institución de la asistencia judicial penal, el refuerzo del papel y la ampliación de las competencias del Tribunal de las Comunidades Europeas, la materialización de la institución del Fiscal Europeo, la aceleración de los procesos de convergencia de la legislación penal de los Estados miembros, etc, etc. Se trata de instituciones que infringen crudamente la soberanía nacional de los Estados miembros y los principios básicos de la administración de la justicia que datan de la revolución francesa. 
Todo esto se hace en nombre de la construcción del llamado "espacio de libertad, de justicia y de seguridad" tal como se proyectó en el Tratado de Amsterdam y en la Cumbre de Tampere. 
Sólo que debe añadirse que "... para el nuevo orden, en la época post-UEM ". 
Para los pueblos de Europa en realidad se está construyendo, piedra a piedra, un espacio "de falta de libertad, de falta de seguridad y de injusticia". 
Esto también se nota por el hecho de que el llamado "terrorismo" (naturalmente tal como lo entienden los redactores de los textos relativos que nunca han querido- por razones evidentes- concretar un concepto jurídico antes de incluirlo en los crímenes penados) se identifica con el crimen organizado. 
Con la excusa de acabar con el terrorismo aspiran, por una parte, a golpear cualquier tipo de resistencia política, de lucha social masiva y de desobediencia a sus opciones, y por otro lado, a hacer más digeribles para la conciencia de los pueblos, las medidas retrógradas tomadas. 
¿Pero quiénes hablan del crimen organizado y del terrorismo? 
¿Acaso no es crimen organizado, y ciertamente de larga duración, el derramamiento de sangre del pueblo de Yugoslavia y el envenenamiento, tanto de la población civil como de los militares de los países de la Unión Europea, arrojando bombas de uranio? 
De verdad, ¿se puede calificar de otra manera, a no ser de terroristas, estas tentativas de represión de las movilizaciones de Praga, de Niza, y recientemente de Davos y de Zurich? 
¿Cómo se pueden calificar los ataques bárbaros contra los agricultores, los jubilados, contra el movimiento social, más generalmente, en Grecia y el resto de los países de la Unión Europea? 
Estamos de acuerdo en que debemos combatir la delincuencia organizada. 
Pero esto no lo pueden hacer aquellas fuerzas que utilizan los mecanismos estatales de represión frente a la lucha del movimiento popular, fuerzas que lideran las organizaciones imperialistas como es la Unión Europea, y que también son responsables tanto del rápido aumento de la criminalidad como de las interconexiones de la delincuencia organizada con mecanismos políticos y personalidades políticas (por ejemplo: UÇK). 
Creemos que la propuesta es una contribución más a la creación de los necesarios, para el capital, mecanismos de represión de los derechos populares y de las libertades, que atenta contra todo concepto de soberanía nacional, que contribuye a la integración del "Derecho del Nuevo Orden", y que es peligrosa para los pueblos de Europa. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en su contra. 
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(EN) El Grupo ELDR ha votado a favor del informe Ferri porque deseamos ver una lucha contra el crimen organizado más coordinada y efectiva en la UE, a través del desarrollo de las capacidades de la UE que pueden complementar los sistemas nacionales de justicia penal. 
Sin embargo, nos hemos opuesto al parágrafo 5 que solicita una "fiscalía pública (europea) con jurisdicción sobre los territorios de los Estados miembros considerado como un todo", sugiriendo que el fiscal de ámbito europeo sustituiría a las fiscalías nacionales. 
Apoyamos la idea de una fiscalía europea que trabajase en paralelo con las instituciones nacionales, pero no sustituyéndolas. 
Hemos aceptado el parágrafo 11 (b) que supone un alineamiento de las definiciones nacionales de delitos, de modo que los criminales no puedan escapar de la justicia explotando eventuales vías de escape, aunque manifestamos claramente que esto no significa una armonización de los sistemas nacionales de justicia. 
Hemos aceptado el parágrafo 8 ya que apoyamos la racionalización de las lenguas de trabajo para la esencial cooperación transfronteriza entre profesionales, tales como jueces y fiscales, en materias tales como las garantías de extradición. 
A pesar de que hemos apoyado el parágrafo 9, en nuestra opinión la propuesta de sanciones ha mostrado debilidades en el seno de los procedimientos meramente intergubernamentales, actualmente en vigor. 
No hay medio de hacer valer el respeto por las medidas de asistencia judicial acordadas, comparable al cumplimiento que se daría si el ámbito recayese dentro de las competencias comunitarias. 
. (DE) El Parlamento Europeo pide en la propuesta de resolución una reforma del Tratado de la Unión Europea con el fin de que Tribunal de Justicia Europeo tenga el poder de pronunciarse sobre el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones que les incumben en este ámbito en virtud de la legislación europea. 
La pretensión del Parlamento de incluir también en la resolución los instrumentos del Consejo, en lugar de limitarse a la legislación europea, no sólo es utópica en las circunstancias actuales, sino que se transposición jurídica también plantea enormes dificultades y constituiría un peligroso precedente que generaría mucha confusión e inseguridad jurídica en el futuro. 
La idea de imponer sanciones a los Estados miembros que no atiendan con la debida eficacia las peticiones de asistencia entra en flagrante contradicción con la no obligatoriedad de numerosos instrumentos adoptados en el marco del Título VI del Tratado de la Unión Europea. 
Un recurso imprudente a las sanciones contra algunos miembros de la UE constituye una tendencia preocupante que suscita el temor a que la Europa de la legalidad vaya dando paso a una Europa de la ley del más fuerte. 
Finalmente, yo quisiera recordarle al ponente y a todos los colegas que los dos primeros puntos de las preocupaciones en relación con el gran Ducado de Luxemburgo que se enumeran en la exposición de motivos ya no son pertinentes a partir de la aprobación de la ley de 8 de agosto del año pasado. 
Informe O ' Toole (A5-0005/2001) 
Señor Presidente, yo quisiera explicar los motivos de la posición favorable de los Verdes a las enmiendas. 
Éstos se basan en los puntos 11 y 13 de los considerandos que sirven en última instancia de base para otro considerando importante. Así como de los espinosos puntos 7 y 12 de la resolución, que nosotros apoyamos en cualquier caso. 
El punto 7 responde al deseo de que se elabore un marco jurídico que permita abordar los problemas que se plantearán en este nuevo mercado. 
Este era de hecho el motivo principal por el que se elaboró el informe de iniciativa. 
¿Qué sentido tiene cuestionarlo? 
El punto 12 pide, solicita, insta a que se estudie la aplicación de un régimen de IVA específico para las publicaciones que se descargan de Internet. 
Este problema existe y puede distorsionar totalmente algunas de las políticas existentes. 
El punto 12 no se contradice en absoluto con el punto 13, pues este último sólo pide que se reduzcan o supriman los tipos del IVA que se aplican actualmente a los libros- particularmente en el caso de algunas instituciones, como las bibliotecas, etc.-, o sea, que no se trate de un modo distinto al nuevo mercado electrónico. Esto no supone ninguna contradicción. 
Al contrario, podría abrir las puertas a futuros pasos importantes para este mercado y para el patrimonio cultural. 
Por esto los Verdes han votado afirmativamente la resolución. 
Señor Presidente, he votado a favor del texto sobre la edición electrónica que el leído con mucha atención reflexionando sobre cómo podía motivar este voto favorable. 
Me he acordado, señor Presidente, de que alguna vez, por la noche, cuando me voy a la cama con mi mujer, le leo un libro y ella, al escucharme, se queda dormida. Evidentemente, escuchar mi voz tiene un efecto interesante y relajante. 
Entonces, me he preguntado: " ¿Por qué no montamos también un disco electrónico que lea los libros a las personas que tienen mal la vista y no consiguen leer? 
Con este sistema de lectura ellos también aprenden, leen y de esta forma estamos cerca de los que, lamentablemente, sufren una enfermedad, por ejemplo, en los ojos y a los que les gustaría escuchar y leer todas estas historias. " 
Hemos votado a favor del informe por considerar que aborda un tema importante de forma equilibrada, al poner de relieve la importancia del fomento de la creación literaria y lingüística, de la preservación y la mejora de la diversidad cultural y lingüística de Europa, de la salvaguardia del acceso universal a la palabra escrita y hablada y la profundización del conocimiento y de la ciudadanía y presentar algunas medidas concretas con ese fin. 
Consideramos igualmente importante que se intensifique la lucha contra el analfabetismo funcional y se fomente la sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de los libros y de la edición electrónica, pues es cierto que se impone la necesidad de desarrollos tecnológicos encaminados a mejorar la protección de la autenticidad y de los derechos de los titulares, en particular el derecho de los autores a ser informados y citados cuando se utilicen sus obras. 
. 
(EN) Es necesario que garanticemos la completa adopción de la agenda relativa a la e-publicación y que este importante sector pueda ser desarrollado de forma significativa paralelamente a la edición tradicional, y que haya espacio para ambas. 
Saludo el énfasis que el informe deposita en la diversidad lingüística y cultural y la importante contribución de la palabra escrita al desarrollo de la cultura en las distintas regiones europeas. 
Viendo que se hace mucho énfasis en la diversidad lingüística y cultural confío en que las referencias contenidas en el informe a "todas las lenguas" también abarquen lenguas menos usadas. 
La publicación electrónica es especialmente importante para los libros que tienen un mercado limitado, libros académicos y libros publicados en lenguas menos usadas pertenecen a esa categoría. 
Por tanto, es importante que la Comisión y el Consejo tengan esto en cuenta al considerar este informe. 
Así concluye el periodo de votaciones. 
Declaro interrumpida la sesión del Parlamento europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12 h 15) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 1 de febrero de 2001. 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día establecido de conformidad con el artículo 110 del Reglamento en la Conferencia de Presidentes, el jueves 8 de febrero. 
No se han presentado propuestas de modificación en lo que se refiere a los días lunes, martes y miércoles, pero el Sr. McMillan-Scott me ha pedido la palabra. 
Señora Presidenta, quisiera referirme al proyecto de reglamento sobre los partidos políticos europeos. 
En el último periodo parcial de sesiones de Estrasburgo la Comisión iba a trasladarnos una declaración al respecto. 
Posteriormente ésta fue retirada y creo que ahora la Comisión ha alcanzado una opinión sobre la financiación de los partidos políticos europeos. 
Este es un asunto sensible, especialmente porque es posible que algunos de los partidos representados en esta Asamblea, por la razón que sea, puede que no se consideren elegibles para obtener esa financiación, incluso a pesar de que aprobasen la financiación en primer lugar. 
¿Podría usted preguntarle a la Comisión si está en disposición de hacer una declaración ante la Cámara? 
En segundo lugar, señora Presidenta, mientras nos ocupamos del Orden del día del martes, me preocupa que el Parlamento Europeo matenga un debate sobre el programa de trabajo de la Comisión para el 2001 pero no emita una resolución al respecto. 
Esto es especialmente importante por cuanto hay unas 200 medidas contenidas en el programa de trabajo de la Comisión para el año 2001 que serán debatidas por el Parlamento pero sobre las cuales no podrá emitir una resolución. 
Esto constituye un mal precedente. 
Debería haber una resolución, especialmente porque se supone que debemos vigilar el trabajo de la Comisión. 
Por último, quisiera señalar que estando lejos de ser el programa de trabajo de la Comisión para el 2001, debiéramos cambiar el nombre por el de programa de trabajo de la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
Señor McMillan-Scott, el hecho de que no se haya previsto ninguna resolución se debe a que la Conferencia de Presidentes estimó que no era oportuna. 
Señora Presidenta, puede que me equivoque pero creí haber entendido que ciertamente nuestra intencion era emitir una resolución. 
Aunque en primer lugar deberíamos trasladar el programa de trabajo a las comisiones pertinentes para que sea evaluado y, entonces, presentar una resolución reflexionada junto con las opiniones de las comisiones responsables de las distintas areas. 
Esto es lo que me consta: habrá una resolución, pero no inmediatamente. 
Señora Presidenta, no se trata sólo de la comprensión por parte del Sr. Cox de lo que se acordó. 
En la línea de que haya un programa político de legislatura, que se inició, con retraso, el año pasado, la Comisión ha presentado un programa para el presente año y en anexo figuran las medidas, que no son 200 sino 485, según ha contado mi Grupo; 205 son legislativas y las otras no, y de ellas hay una cantidad sustancial que son acumuladas, porque no se han realizado el año pasado. 
Por tanto, no es serio que hagamos una resolución en la que se incluyan todos estos extremos; el procedimiento que hemos acordado es que las comisiones correspondientes la examinen con detalle y normalmente en abril podría votarse una resolución con conocimiento de causa. 
En cuanto a la extensión de este programa al Consejo, puede ser una sugerencia interesante de cara al futuro; pero las partes interesadas en este momento son la Comisión y el Parlamento. 
Gracias, señor Barón Crespo. 
Por lo tanto procederemos de esa manera. 
En lo que se refiere a su segunda pregunta, señor McMillan-Scott, no se ha previsto en efecto ninguna comunicación de la Comisión sobre el reconocimiento de los partidos políticos durante este período de sesiones. 
Si usted desea que esa cuestión se incluya en el orden del día, podríamos pedir a la Comisión que nos haga una comunicación el jueves por la noche, por ejemplo, si usted está de acuerdo. 
Señora Presidenta, presentamos esta solicitud por dos razones: una parlamentaria y otra política. 
La parlamentaria se refiere al trabajo de las comisiones en este Parlamento. 
En este momento, el examen de todos los planes de estabilidad y de la coordinación y la mejora sustancial de las grandes orientaciones de política económica está siendo objeto de estudio en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento, que tiene previsto- si no me equivoco- presentar su informe al Pleno en el mes de abril. 
Por lo tanto, esta cuestión interfiere en una actividad propia de este Parlamento. 
Y, en segundo lugar, hay una razón política. 
La pregunta presentada por el PPE entró en la Conferencia de Presidentes tratando de Irlanda. 
Salió de la Conferencia de Presidentes incluyendo a Francia. 
Si añadimos en el fuego cruzado de relaciones partidos que sostienen a Gobiernos, partidos que se oponen, y si añadimos todos los deseos de esta Asamblea, el jueves vamos a tener el debate- a una hora no muy afortunada- sobre los quince Estados miembros, no les quepa la menor duda. 
Por lo tanto, creemos que lo procedente es que el Parlamento se atenga a sus normas y trabaje de acuerdo con la lógica que él mismo se ha dado. 
Señora Presidenta, ciertamente es comprensible que nuestro apreciado colega, el Sr. Barón Crespo, quiera revisar aquí una decisión de la Conferencia de Presidentes. 
Ello es procedente y legítimo, y yo lo haría también así en otra cuestión. 
Sin embargo, espero que no obtenga una mayoría pues en esta cuestión no se trata de una violación de los procedimientos parlamentarios, sino que queremos tener una información de la Comisión. 
Con esto no se ve afectado en modo alguno el decurso de los trabajos normales de la comisión correspondiente. 
Simplemente, ahora queremos tener una información de la Comisión. 
Por lo demás, las deliberaciones en el Consejo de Ministros siguen adelante y por qué no vamos a profundizar en la discusión de esta cuestión, tanto más- y pido que reflexionen todos los que están en contra de la pregunta- cuanto que no vamos a tomar decisión alguna. 
En definitiva, no vamos a aprobar ninguna resolución, sino a obtener una información. 
Por lo demás- nuestro colega, el Sr. Barón Crespo lo sabe muy bien- la discusión se ha desarrollado en la Conferencia de Presidentes. 
Nuestro colega, el Sr. Wurtz ha aportado unas reflexiones- y, ciertamente, no estamos permanentemente en una coalición, el Grupo del Sr. Wurtz y mi Grupo- pero si se producen puntos de contacto ¿por qué no se van a abordar? 
No excluimos a nadie y por esta razón ruego que se mantenga esta pregunta oral, de suerte que podamos discutir esto aquí de manera apropiada. 
Señora Presidenta, quisiera plantear una cuestión relativa al orden de los trabajos, de modo que no voy a expresar una opinión favorable o en contra. 
Esta es la cuestión- tanto parlamentaria como política- pero que dirijo por otros motivos al Presidente del Grupo de los Socialistas. 
Si la Comisión está sentando un precedente y, más especificamente, el Consejo sienta un precedente esta semana ¿no se nos debería comunicar, lo antes posible y con el mayor quorum posible, ese precedente y la respuesta de la Asamblea? 
¿Es realmente idóneo, si estamos sentando precedentes, que el Parlamento considere un debate a las 17.30 de un jueves? , si va a ser como el debate de las 17:30 al que asistí el jueves del periodo parcial de sesiones de enero, no es recomendable como una hora para establecer precedentes. 
De modo que, señora Presidenta ¿podemos invitar a la Comisión y también al Consejo a que intervengan en esta Asamblea, con anterioridad durante la semana, para que podamos tratar esto apropiadamente? 
Mi temor es que el jueves por la tarde no sea la hora óptima para intentar hacerlo. 
Señora Presidenta, insisto en expresarme ya que las palabras del Sr. Poettering hacia mí se pueden prestar a confusión. 
Quiero, por lo tanto, esclarecer las cosas. 
No conozco las motivaciones profundas del Sr. Poettering o del Sr. von Wogau que han presentado esa solicitud, y por mi parte, plantearé otra cuestión. 
Pienso que es efectivamente oportuno que se celebre ese debate porque es la primera vez que la Comisión utiliza ese instrumento que le conceden los Tratados: o sea dirigir una recomendación, que es en cierto modo una sanción política, a un Estado refiriéndose a las exigencias ligadas al pacto de estabilidad presupuestaria. 
En otros términos, se les reprocha a Irlanda, en términos muy enérgicos, y a Francia en términos algo menos enérgicos, que hayan utilizado parte del producto del crecimiento para dedicarse más, demasiado, a lo social. 
Pienso que es una cuestión política que merece ser abordada. 
Efectivamente, no hemos insistido para que ese debate se cierre con una resolución, a fin de dejar que las instituciones que tienen competencia para ello hagan lo que tienen que hacer, pero pienso que una confrontación de opiniones al respecto sería oportuna. 
Sólo una información para contestar al Sr. Cox. 
Le diré que el Comisario responsable, el Sr. Solbes, ha hecho lo posible para poder estar presente en Estrasburgo el jueves por la tarde, a las 17.30 horas. 
No dudo un solo instante que los parlamentarios harán lo mismo, si se mantiene esa cuestión, claro está. 
Oiremos ahora a la Sra. Randzio-Plath, puesto que el Reglamento exige que escuchemos a otro orador en contra de aquel del Grupo que ha presentado la solicitud, y luego resolveremos. 
Señora Presidenta, en mi calidad de Presidente de la comisión quisiera indicar solamente que tenemos, de hecho, un informe para emprender un análisis cuidadoso de los programas de convergencia y estabilidad; son trabajos que no sólo son de gran amplitud sino que también han de ser emprendidos con gran sentido de la responsabilidad porque, de hecho, se trata de si como Estados miembros de la Unión Europea nos atenemos a los criterios de Maastricht, tanto antes de la entrada a la Unión Monetaria como, sobre todo, también después de la misma, pues, de todos modos, somos ya 12 los Estados miembros que estamos en la zona del euro. 
Éste es un proceso muy ambicioso que hace necesaria también una evaluación política muy cuidadosa. 
Por consiguiente, señor Poettering, necesitamos, de hecho, toda la información, pero las informaciones que recibimos están contenidas, sobre todo, en los informes escritos, y creo que esta alta Asamblea haría bien en permitir que este trabajo fuera acometido a través de su comisión competente. 
Quisiera recordar los grandes problemas con los que aprobamos aquí el Pacto de estabilidad y crecimiento y los grandes interrogantes que había acerca de si en relación con el déficit presupuestario había que agregarle las inversiones hechas en educación. 
Entonces no fueron solamente miembros del PSE sino también miembros de PPE los que plantearon esto. 
En consecuencia, yo sería partidaria de que en ningún caso celebremos un debate que necesariamente se va a producir una vez se plantee la pregunta y que, en cambio, hagamos el trabajo en las comisiones. 
Tenemos al Sr. Solbes en nuestra comisión, discutiremos el tema y en este punto tenemos la posibilidad de emitir en el Pleno con la ayuda del informe de nuestro ponente nuestro dictamen ponderado, y también adecuado. 
Someto ahora a votación la solicitud de retirada de esa cuestión del orden del día. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Hemos concluido la adopción del orden del día del presente período de sesiones y del próximo período de sesiones en Bruselas y por lo tanto podemos abordar ahora las cuestiones de orden. 
Señora Presidenta, quisiera informar a nuestros colegas de un estado de cosas que ha provocado discusiones relacionadas con la confección del orden del día. 
El Grupo del PPE y otros, solicitaron, en efecto, debatir esta semana sobre el tema de la eutanasia. 
Lamentablemente, la Conferencia de Presidentes lo rechazó. 
No obstante, hemos renunciado a presentar una impugnación del orden del día, pues se nos ha informado que algunos Grupos están en principio a favor de celebrar aquí, en el Parlamento, un debate, pero quizá en otro momento. 
Por consiguiente, quisiéramos entrar en diálogo con estos otros Grupos, pues no somos contrarios a las discusiones ni a las conversaciones, sino que queremos celebrar el debate. 
En todo caso, estamos muy decepcionados de que la ministra holandesa, la Sra. Borst, no se preste a la discusión y haya rechazado una invitación a las audiencias. 
Sin embargo, esto no nos va a impedir entrar en diálogo con otros Grupos y presentar, quizá, una solicitud de inclusión en el orden del día del periodo parcial de sesiones de marzo. 
Sólo quería decir esto con intención aclaratoria, pues, en efecto, se han discutido muchas cuestiones en relación con esto. 
Señora Presidenta, sólo quiero intervenir para dar una respuesta a la insinuación del Sr. Liese de que la ministra Borst no estaría dispuesta a debatir el tema de la eutanasia. 
Esto es completamente falso. 
El Gobierno neerlandés e incluso todos nuestros colegas neerlandeses aquí, están siempre dispuestos a mantener un debate abierto y sincero sobre hechos, pero no sobre insinuaciones y observaciones que rozan lo intolerable. 
Sin embargo, les facilitaremos esa información que se ha pedido. 
Asimismo, he entendido que el Gobierno neerlandés está dispuesto a recibir en los Países Bajos a todos los miembros del Parlamento Europeo que quieran informarse mejor o debatir esta cuestión, pero, lamentablemente, la agenda de la ministra Borst no ha hecho posible que ella esté esta semana aquí. 
Señora Presidenta, quisiera combatir la sensación de que el Sr. Liese, que es bien conocido por todos, estaría insinuando algo. 
En efecto, algunos Grupos Parlamentarios han organizado un hearing y, tal como querían algunos Grupos, se invitó a la Sra. Borst para que explicara los detalles de esa ley. 
Si resulta que la Sra. Borst no puede aceptar la invitación, habrá que ver simplemente si puede venir en otro momento. 
Por lo tanto, no se trata de ninguna insinuación. 
En todo caso, me parece muy útil y necesario que la Ministra de Sanidad de los Países Bajos venga a darnos una explicación a los miembros del Parlamento Europeo, porque tanto en nuestro Grupo Parlamentario como en otros Grupos hay una preocupación extraordinariamente seria sobre esta legislación neerlandesa en materia de eutanasia. 
Señora Presidenta, quisiera decir que la postura del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo me parece prudente no queriendo abordar el próximo jueves en el debate de urgencias la cuestión de la eutanasia que es tan compleja, difícil y llena de carga emotiva. 
En mi país, los Países Bajos, hemos tenido durante unos 20 años un debate social sobre este tema, un debate profundo, equilibrado y muy beneficioso y por supuesto nosotros no podemos abordarlo aquí un jueves por la tarde en un pequeño debate con sólo un minuto por orador. 
Quiero decir una cosa más. 
En esta Asamblea estamos hablando siempre de la subsidiariedad. 
Pues bien, se trata aquí de una cuestión de derecho penal nacional que incumbe al Parlamento neerlandés. 
Me parece que en esta Asamblea no debemos perder de vista el concepto de subsidiariedad. 
Señora Presidenta, estoy sorprendido que el Grupo de los Democratacristianos/Conservadores estime que las leyes sobre la eutanasia de los Estados miembros constituyan una asunto adecuado para ser tratado a escala europea. 
En el Reino Unido los Conservadores se han prestado muy rápidamente a condenar las garantías europeas a los Derechos humanos como una interferencia intolerable en los asuntos interiores y una violación de la subsidiariedad. 
Sin duda vamos a oír hablar mucho de esto en las próximas semanas y meses a medida que se acerquen las elecciones generales británicas. 
Resulta extraordinario que hayan apoyado la idea de plantear el asunto de la eutanasia en un Estado miembro en el plano europeo, y hago constar esto con vistas a la próxima campaña electoral. 
Señora Presidenta, se dice que esta cuestión está completamente ligada a la subsidiariedad. 
En efecto, los países mismos son los que tienen que dictar las leyes. 
Pero la pregunta es si la legislación sobre eutanasia va en contra de los tratados europeos e internacionales. 
Eso sí es lo que nos preocupa, y nuestra tarea es someterlo a debate, e investigar los efectos transfronterizos de esta legislación. 
Es decir, este tema se trata independientemente del principio de subsidiariedad que todos respetamos. 
Por otra parte, le puedo citar a la Sra. Van der Laan lo que la Sra. Borst contesta por escrito a Peter Liese, ya que dispongo de una copia. 
Ella escribe que ha sopesado seriamente la posibilidad de venir, pero que ha llegado a la conclusión de que no sería una decisión correcta para la Ministra de Sanidad acudir al Parlamento a informarnos. 
Nos ha sorprendido mucho que no considere el Parlamento el lugar adecuado para abordar esta cuestión. 
Señora Presidenta, me encuentro muy sorprendida de que un colega califique aquí la cuestión de la eutanasia como una cuestión propia de la subsidiariedad de la jurisdicción penal nacional. 
Efectivamente, todos estamos muy orgullosos y muy satisfechos de que no exista la pena de muerte en ningún Estado miembro de la Unión Europea, pues la intangibilidad de la vida humana es algo que debería unirnos a todos. 
Señora Presidenta, muy brevemente para responder a la intervención de la Baronesa Ludford acerca de si debería mantenerse un debate sobre la eutanasia o no, en mi opinión es absolutamente apropiado que el Parlamento debata sobre la eutanasia. 
Personalmente recomendaría que no hubiese votación a la conclusión de tal debate, y ciertamente mi propia delegación contaría con una votación libre ya que se trata de un asunto de conciencia. 
Únicamente para que conste en Acta quisiera dejar claro que mi delegación no ha tomado posición respecto de este asunto en el seno del Grupo PPE. 
Ahora bien, la intervención de la Baronesa Ludford me sugiere que puede que haya cierta eutanasia política que sí apoyaría. 
Señora Presidenta, es obvio que la cuestión de la vida y la muerte nos preocupa a todos, porque nos enfrentamos a ella en nuestra vida personal y familiar, y estamos luchando con la pregunta de qué es una muerte digna y cuál es la responsabilidad de la sociedad. 
Por lo tanto, deberíamos tener por lo menos el valor de respetarnos mutuamente: ambas partes mantienen unas opiniones basadas en principios éticos. 
No hay ningún partido aquí que tenga el derecho exclusivo sobre estos principios éticos ni tampoco hay ningún partido que pueda llamarles la atención a los otros, los liberales, los verdes y los socialistas, sobre el tema de la violación de los derechos humanos. 
Si se quiere mantener un debate serio, un debate abierto- y eso es lo que queremos- entonces eso está desvinculado del tema de la subsidiariedad, porque es una cuestión aparte. 
Se trata aquí de que se muestre respeto por algo que nos afecta a todos. 
Los hechos, tal como se han ido presentando por parte del entorno del PPE en las últimas semanas y el tema bajo el cual se han presentado, violación de los derechos humanos, no ha fomentado en absoluto este respeto. 
Ha sido un punto de partida equivocado. 
Si el Sr. Liese quiere organizar un debate, que lo haga, pero no debería hacerlo desde un punto de vista único, sino que debería invitar a diferentes personas para mantener entre todos un debate abierto. 
Estamos más que dispuestos a debatirlo, pero no en forma de ataques partidistas ordinarios a algo que en la opinión pública de los Países Bajos y Bélgica está muy vivo y que siempre ha sido tratado con profundidad y con respeto hacia la postura del otro y de una manera, que nos atrevemos a decir, muy respetuosa con toda la sociedad. 
Así me gustaría que se hiciera el debate también aquí con los colegas que tienen otra opinión diferente a la mía. 
Señora Presidenta, no tenía la intención de intervenir, pero después de haber oído expresarse a muchos colegas neerlandeses acerca de la problemática de la eutanasia, quisiera decir una palabra puesto que, en la Conferencia de Presidentes, a nombre de mi Grupo, me opuse al debate, no porque esté en contra de un debate sobre la eutanasia- y mi Grupo ciertamente no se opone a un debate de ese tipo- sino que no nos pareció muy sano que se celebre mediante un procedimiento de urgencia, apresuradamente, sin tomar en cuenta el riesgo de interferir en un debate nacional. 
Estamos, por lo tanto, a favor de un debate, pero de un debate organizado en buenas condiciones, con la posibilidad de oír toda una serie no solamente de expertos sino también de autoridades morales, porque nos parece que es un debate esencial desde un punto de vista ético. 
Y creo que ese debate se está produciendo no solamente en los Países Bajos sino también en otros Estados miembros de la Unión Europea. 
Toma mucho tiempo y hasta la fecha aún no está resuelto, a veces después de varios meses de discusión. 
Por consiguiente, pensamos que si ese debate se tiene que celebrar aquí, tiene que desarrollarse de una manera seria y eficaz. 
Señora Presidenta, en primer lugar apoyo completamente la celebración de un debate sobre la eutanasia en este Parlamento. 
Sin embargo quisiera aprovechar la ocasión para informarles sobre la profunda preocupación suscitada entre mis votantes de Irlanda porque un Comisario europeo junto con un ministro sueco, haya intervenido en nombre de la Unión Europea condenando las acciones de la nueva administración estadounidense que han dado fin a la financiación de organizaciones de planificación familiar que practicaban abortos en países menos desarrollados. 
En términos de subsidiariedad, en Irlanda no existe el aborto legal y no apoyamos el uso del dinero del contribuiyente para la realización de abortos, y tampoco lo hace la Unión Europea. 
De hecho en esta Institución hemos votado que el aborto no debe ser nunca utilizado como un medio de planificación familiar y que no debe ser financiado con ese propósito. 
La Conferencia del Cairo y la Conferencia de Pekín sobre la Mujer, declararon ambas exactamente lo mismo. 
Me gustaría preguntar por qué un Comisario osa manifestarse de esta forma, en conflicto directo con los acuerdos que ya se han firmado y por qué sobrepasa el ámbito de la subsidiariedad al hablar en nombre de mi país. 
Señora Presidenta, desde que hace unas semanas celebramos un pleno de este Parlamento, en las costas españolas, concretamente en Andalucía, aparecieron muertas doce personas inmigrantes de países africanos; se repite así algo que viene ocurriendo, desde hace tiempo, todas las semanas y todos los meses, y siguen muriendo personas jóvenes e incluso mujeres embarazadas. 
Yo podría enviarle fotos que aparecieron en la prensa española para que viera la gravedad de esta situación, de esta tragedia. 
Hace años, y acabo ya señora Presidenta, desde Europa, con gran hipocresía, creíamos que todas estas desgracias ocurrían en el río Grande, que separa México de Estados Unidos; hoy en día se están produciendo en las costas españolas sin que nadie intervenga. 
Es inadmisible mirar para otro lado ante este grave problema. 
Señora Presidenta, muy brevemente y en relación con la intervención del Sr. Nogueira, que hace muy bien en recordar a la Asamblea la tragedia humana que se está viviendo en la frontera sur española, respecto a la que todos nos sentimos involucrados y profundamente conmovidos, me gustaría añadir a sus palabras que el Gobierno español, a través del servicio de guardacostas, del servicio de helicópteros de la Guardia Civil, de Protección Civil y de todo tipo de organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, participa de manera activa, continua, permanente, muchas veces extenuante, con riesgo incluso de la seguridad física y de las vidas de los que participan, en el salvamento y la atención a estos náufragos. 
Por tanto, me gustaría complementar lo que ha dicho el Sr. Nogueira, poniendo de relieve que, por parte de las autoridades y de la sociedad españolas, se hace todo lo que está en nuestra mano por paliar este terrible problema humano. 
Señora Presidenta, quiero hacerle una notificación sobre nuestra colega la Sra. Caroline Lucas. 
Ella ha sido detenida hoy a las 9.30 horas en Escocia cuando estaba participando en una manifestación de protesta contra una base nuclear. 
Ella ha basado su participación en el argumento de que muchas de las últimas sentencias judiciales falladas sobre este particular han constatado que este tipo de armas de destrucción masiva son contrarias al Derecho Internacional. 
El caso es que no debería ser posible detener a un diputado al Parlamento Europeo cuando éste está en camino de acudir al Pleno del Parlamento, y nosotros le pedimos a usted que empiece a tomar medidas al respecto. 
De hecho, la inmunidad parlamentaria sólo puede ser suspendida tras haberse discutido el asunto en cuestión en el Parlamento, y si entabláramos ahora tal debate, el Parlamento se vería obligado a tratar por primera vez el problema de si las armas nucleares son contrarias al Derecho Internacional. 
Señora Hautala, puedo asegurarle que vamos a seguir de muy cerca la situación de esta colega. 
Señora Presidenta, intervengo a causa de la declaración de la Sra. Hautala sobre la detención de la Sra. Lucas mientras se dirigía hacia aquí para la Sesión de hoy. 
Me extraña que fuese detenida mientras se encaminaba hacia aquí puesto que representa al Sudeste de Inglaterra y fue arrestada seiscientas millas al norte. 
Es posible que en lugar de decir al gobierno del Reino Unido a quién puede arrsetar y por qué, las autoridades parlamentarias debieran proporcionarle un mapa del Reino Unido y también información sobre nuestros servicios de viaje. 
Señora Presidenta, siendo coherente y respecto del mismo asunto, me gustaría destacar que el gobierno Británico es absolutamente equitativo en su política de detenciones. 
También ha arrestado a un par de diputados de la Casa de los Comunes, a algunos miembros del gobierno Escocés y a algunos otros que habían violado la ley, ¡lo que, por lo general, constituye la causa por la que uno es detenido en el Reino Unido! 
Al arrestar a europarlamentarios junto con los demás no estamos sino aplicando equitativamente los mismos derechos. 
¡Espero que se les detenga por el tiempo necesario para evitar que en el futuro vuelvan a ser tan estúpidos! 
Señora Presidenta, protesto por los desmedidos comentarios del Sr. Balfe. 
No esxiste bajo la ley escocesa ningún poder que permita mantener detenida a una persona durante el tiempo que a usted le parezca bien. 
Las detenciones que se han producido hoy en Faslane han acaecido de acuerdo con la ley, y no tengo ninguna duda de que las personas implicadas serán liberadas rápidamente. 
Es muy importante que mi colega, la Sra. Lucas, tenga la oportunidad de plantear ante esta Cámara el asunto de si su inmunidad se extiende a este caso, teniendo en cuenta que existen serias dudas- ya planteadas y probadas en los tribunales escoceses- sobre la legalidad de las armas nucleares mantenidas en suelo escocés. 
Señora Presidenta, no sé si entra en las reglas del debate pero, sobre todo después de la intervención del Sr. Balfe, tengo el deber moral de mostrar mi solidaridad con Caroline Lucas por el trabajo que ha realizado. 
Quizás Caroline Lucas ha contravenido a la ley, sin embargo, creo que existe el derecho a desobedecer, sobre todo porque Caroline Lucas no ha ido de excursión, sino que ha ido a manifestarse contra las armas nucleares que son negativas y peligrosas para todos nosotros. 
¡Gracias a Caroline Lucas y a las demás mujeres que han sido arrestadas! 
A ellas vaya mi solidaridad. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero darle sinceramente las gracias porque ha habido un vuelo de Amsterdam a Estrasburgo esta mañana e incluso hemos llegado puntuales. 
Me parece que su intervención ante el Gobierno francés ha sido fantástica. 
Muchas gracias. 
Pero quiero tomar la palabra por otra cuestión. 
El 10 de noviembre hice ya unas preguntas a la Comisión Europea respecto a un trato de favor hacia las emisoras públicas en la subasta de frecuencias de radio en los Países Bajos. 
Esto fue hace tres meses y todavía no he recibido ninguna respuesta a estas preguntas. 
Dado que se trata de una cuestión muy delicado, entiendo que es difícil para el Sr. Monti que me dé una respuesta, pero la subasta tendrá lugar este verano. 
Por lo tanto, me gustaría que se me contestara en esta o la próxima semana. 
Mientras tanto, ya he puesto al corriente a los servicios competentes, pero no ha pasado nada todavía. 
Tal vez usted pueda hacer algo por mí. 
La ayudaría con mucho gusto, Señora, pero me percaté de que la Comisión había tomado nota cuidadosamente de su intervención, y que ésta tendrá sin duda alguna efectos positivos. 
Señora Presidenta, también yo quisiera decir que los diputados portugueses que hoy han venido en el vuelo Lisboa-Frankfurt han tenido que esperar 45 minutos un vehículo que ha ido a buscarlos, enviado por la Asamblea de Estrasburgo, y después han tenido que esperar otras 40 minutos- además, de los colegas italianos, que ya estaban allí y han esperado dos horas- para ser transportados a Estrasburgo. 
Resulta totalmente inadmisible que los diputados reciban un trato menos cómodo que las gallinas o los cerdos, según las reglamentaciones europeas. 
Por otra parte, también quería decir que, según la información del ministro Sr. Moscovici a mi jefe de delegación, a partir de abril iba a haber vuelos directos de Lisboa a Estrasburgo, pero, según la información de la propia Air France en Lisboa, no será así. 
Me gustaría preguntar quién vuela más alto: ¿un miembro del Gobierno francés o la compañía aérea francesa? 
Vamos a examinar eso muy atentamente. 
Señora Presidenta, junto con agradecer a Air France por volar entre Amsterdam y Estrasburgo, quisiera dejar en claro que esto posiblemente se ha debido a que el vuelo entre Copenhague y Estrasburgo estaba cancelado. 
Esta vez resultó cierto que "el pan de unos es el hambre de otros". 
Quisiera pedirle también a la señora Presidenta que piense si Air France tiene suficientes aviones ya que la cancelación se debió a "technical measures". 
Creo poder anunciarles que habrá mejoras muy significativas durante las próximas semanas. 
Señora Presidenta, muy brevemente quiero dar la bienvenida al Parlamento Europeo a un diputado, al Sr. Yiannis Patakis, somos de la misma ciudad- y desearle, tal como han hecho todos ustedes, éxito en su labor. 
Pero si en este lado solicita alguien la palabra, casi nunca se le toma en cuenta. 
La Sra. Flemming pidió la palabra muy al principio. Sólo quisiera pedir que de vez en cuando se mire también hacia el flanco derecho de esta Asamblea cuando se produzcan peticiones de palabra. 
Miramos hacia todos los lados del hemiciclo, señora Schleicher. 
Quizás no sepa usted que de ahora en adelante las cuestiones de orden intervienen después de la adopción del orden del día. 
Es una regla que, creo poder afirmarlo, ha sido muy bien acogida. 
Había sido solicitada por numerosos colegas, y cuando la propuse fue, me parece, objeto de una aceptación general. 
Por consiguiente las cuestiones de orden se presentan desde ahora en adelante después de la adopción del orden del día y es lo que estamos haciendo en este momento. 
Por lo demás, no se le habrá escapado que no son muchas las intervenciones que sean verdaderamente cuestiones de orden, pero como no lo sé por anticipado, dejo libremente la palabra a los colegas. 
Señora Presidenta, quisiera informarles, a usted y al Parlamento, de que la semana pasada visitó Bruselas una delegación de familiares de desaparecidos de Chipre. 
Tuvo contactos con los Grupos políticos y planteó, por enésima vez, el tema de los desaparecidos desde el punto de vista claramente humano. 
Veintisiete años después de 1974 hay todavía bastantes casos- más de 1000- de personas de las cuales aun no se ha aclarado su paradero. 
Estas personas tienen todo el derecho del mundo a saber qué les ha pasado exactamente a los suyos. 
Los esfuerzos realizados con la mediación de las Naciones Unidas tampoco han dado fruto, y quisiera plantear la posibilidad de que también contribuya el Parlamento Europeo en este sentido. 
Señora Presidenta, ¿querría usted, como Presidenta de nuestro Parlamento, considerar la posibilidad de enviar un mensaje de felicitación a Ellen Macarthur, votante de mi circunscripción de Derbyshire, que ha llegado en segundo lugar en la regata de la vuelta al mundo? 
Sé que la regata fue ganada por un compatriota suyo, un francés. Ha sido galante y amble en sus felicitaciones. 
Si usted, en nuestro nombre, pudiese felicitar a ambos, yo y muchos otros le estaríamos muy agradecidos. 
Solicitud de suspensión de la inmunidad del Sr. Ribeiro e Castro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Señor Zimeray (A5-0038/2001) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la solicitud de suspensión de la inmunidad del Sr. José Ribeiro e Castro. 
, ponente suplente. Señora Presidenta, el Sr. Ribeiro e Castro ha sido acusado de complicidad en un delito de calumnia, delito castigado por el Código Penal portugués de 1982 y por la Ley nº 58 de 1990. 
El origen de este procedimiento es un reportaje sobre las prácticas comerciales de una agencia privada de colocación, transmitido el 16 de febrero de 1995 por la TVI, Televisão Independente S.A., cuyo director de programas es el Sr. Ribeiro e Castro. 
En el curso de la emisión se afirmó que la agencia de colocación no conseguía empleos serios y reclamaba honorarios excesivos para las búsquedas de empleo, que eran además poco prometedoras. 
La agencia presentó denuncia contra el Sr. Ribeiro e Castro, así como contra otros empleados de TVI reclamando indemnización por afectar a su reputación. 
La inmunidad parlamentaria no es un privilegio en beneficio de uno u otro miembro del Parlamento Europeo, sino una garantía de independencia del Parlamento y de sus miembros con respecto a los otros poderes. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estima que la renuncia a la inmunidad parlamentaria por el diputado no tiene efectos jurídicos. 
El acto tuvo lugar en febrero de 1995, la demanda se presentó en mayo de 2000 y el mandato del Sr. Ribeiro e Castro no comenzó hasta el 17 de noviembre de 1999, cuando sucedió al Sr. Paolo Portas. 
Ha transcurrido mucho tiempo entre la realización del delito y la introducción de la demanda; se trata de un delito que afecta a la libertad de expresión, con respecto a la cual este Parlamento siempre ha reconocido la inmunidad, y el hecho de que el Sr. Ribeiro e Castro haya pedido que se suspenda la inmunidad no puede modificar esta decisión. 
En consecuencia, la Comisión de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los apartados 4 y 6 del artículo 6 del Reglamento, después de examinar las razones que abogaban en favor o en contra de la suspensión de la inmunidad, recomienda al Parlamento Europeo que no suspenda la inmunidad parlamentaria del Sr. Ribeiro e Castro. 
Señor Presidente, me sorprende que algún colega se tome a broma o critique el hecho de que un miembro del Parlamento haya sido arrestado en un territorio de la Unión Europea. Me parece un hecho muy grave que, por otra parte, tiene que ver con las cuestiones que estamos debatiendo y en las que estamos trabajando desde hace tiempo en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Entrando en materia, la Comisión de Asuntos Jurídicos propone que no se suspenda la inmunidad parlamentaria del Sr. Ribeiro e Castro. 
Dicha propuesta- quisiera que sus Señorías reflexionaran sobre esto- se basa en los contenidos de los Tratados y en algunos principios ya consolidados. 
En primer lugar, la inmunidad es una garantía de independencia del Parlamento Europeo y de sus miembros con respecto a cualquier otro poder; en segundo lugar, la inmunidad no tiene efectos jurídicos en el momento de la renuncia a la inmunidad; en tercer lugar, la inmunidad cubre cualquier período temporal, incluidos los traslados de los diputados; en cuarto lugar, la inmunidad parlamentaria europea tiene carácter autónomo respecto de la inmunidad parlamentaria nacional, aunque se aplica la legislación del Estado de origen; en quinto lugar, se ha de considerar siempre la referencia al contenido político del hecho, a la hipótesis del fumus persecutionis, al momento político de la solicitud de suspensión, al posible retraso de dicha solicitud y a la gravedad de los hechos denunciados; en sexto lugar, a veces existe una divergencia entre el auténtico delito y la sanción correspondiente en los distintos Estados miembros; en séptimo lugar, hay que buscar en todo caso la uniformidad de trato entre los diputados de distintas nacionalidades. 
Por todo ello, la Comisión de Asuntos Jurídicos pide que se apruebe el informe del Sr. Zimeray. 
Sin embargo, señor Presidente, no puedo desaprovechar la ocasión de hacer hincapié en dos cuestiones, sobre las cuales, repito, este Parlamento y todos los diputados tienen, en mi opinión, el deber de reflexionar profundamente. 
Las disposiciones de los artículos 9 y 10 hacen referencia a cuando nació la Comunidad Europea, a cuando los representantes de este Parlamento eran miembros de los parlamentos nacionales y, por lo tanto, la referencia a las inmunidades nacionales es obvia. 
No obstante, hay que tomar conciencia de que hoy el Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en los equilibrios institucionales, y creo que la necesidad de garantizar su plena independencia respecto a los Estados miembros es un hecho extraordinariamente importante. 
El Parlamento debe ser informado de los procedimientos que se pretenden tramitar contra sus miembros y si esta función informativa no se cumple por parte de la autoridad judicial del lugar en que ocurren los hechos, los miembros tienen el deber y el derecho de cumplirla directamente, ya que es este Parlamento el que debe decidir qué disposiciones se deben aplicar, tal como por otra parte sucede en algunos Estados de Europa. 
Señor Presidente, no quisiera verme obligado a solicitar antes o después asilo político a algún Estado distinto del mío, pero sobre todo creo que la comunicación hecha en el Pleno sobre la diputada arrestada en Escocia debe ser considerada como una clara información por parte de una autoridad competente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Carga y descarga de graneleros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0037/2001) del Sr. van Dam, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 179- C5-0254/2000- 2000/0121 (COD) ) por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros. 
Señor Presidente, el hundimiento del petrolero Erika frente a las costas francesas, ahora hace más de un año, ha removido drásticamente los ánimos y con razón. 
Se deja de lado desde la opinión pública y la política esta otra forma de transporte marítimo, la navegación de graneleros, y en especial el transporte de minerales y carbón. 
Es cierto que las consecuencias del hundimiento de un buque de esta categoría son menores en términos de contaminación, pero el número de tripulantes que podrían perder la vida es considerablemente más alto. 
Examinemos un momento los accidentes con graneleros: ha habido 146 naufragios en los últimos diez años, que costaron la vida a 780 marineros. 
El 69% de estos graneleros tenía una antigüedad de más de quince años. 
Se pueden señalar dos causas principales de estos accidentes. 
En primer lugar, la falta de capacitación de la tripulación y, en segundo lugar, el estado físico de la embarcación. 
En la mayoría de los casos se trata de un defecto en el casco de los graneleros, producido por los daños de una operación de carga y descarga inadecuada. 
Este problema ha sido reconocido en el ámbito internacional. 
La Organización Marítima Internacional, la OMI, estableció el código de prácticas para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros, el código BLU. Este código comprende los procedimientos que tanto el propio barco como la terminal tienen que observar antes, durante y después de la operación de carga y descarga. 
La OMI ha instado a todos los países miembros que declaren este código BLU de aplicación para los barcos inscritos en sus registros y para las terminales que se encuentren en su territorio. 
Con la directiva aquí presentada la Comisión quiere atender este llamamiento en nombre de los Estados miembros, que tiene por objeto la adopción del código BLU, con algunas adaptaciones, en la legislación comunitaria. 
Los puntos principales de la misma son, en primer lugar, la designación de un representante de la terminal, en segundo lugar, la redacción de un plan de carga y descarga y, en tercer lugar, el derecho de intervención de las autoridades competentes en caso de desacuerdo entre el buque y el muelle. 
Además, la Comisión propone que se ponga en marcha también un sistema de control de calidad en las terminales, como sistema complementario del denominado "código IGS" -que es un sistema de calidad para buques. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo encuentra de gran utilidad esta propuesta de la Comisión. 
No evitará todos los accidentes, dado que los daños más graves muchas veces se producen fuera de la Unión Europea. 
No obstante, dará un impulso al sector para que trabaje con mayor rigor y cuidado y evitar así los daños innecesarios. 
Justamente porque el problema, como el sector en sí, tiene un carácter mundial, es de gran importancia que se encuentre una solución internacional. 
Por lo tanto, damos nuestro apoyo a que se incorpore el código BLU en nuestra legislación comunitaria. 
Es importante que el texto de la directiva recoja, en la mayor medida posible, el texto del código BLU para que se evite una distorsión de la competencia entre los países dentro y fuera de la Unión Europea. 
A pesar de nuestro apoyo a la propuesta de la Comisión, nos parece que se pueden mejorar algunos aspectos de la misma. 
En primer lugar, me gustaría señalar la necesidad de que se garantice la seguridad de la tripulación, dado el elevado número de víctimas mencionado. 
Por tanto, serían apropiadas algunas modificaciones en el texto respecto a esta cuestión. 
Una segunda cuestión: el capitán tiene muchas responsabilidades. Por eso, es lógico que esté plenamente al tanto y que, en caso de reparaciones de emergencia, su opinión sea fundamental, para que el buque abandone el puerto o no. 
Por otra parte, es también importante que las sociedades de clasificación reciban los partes sobre los daños en graneleros, ya que estas sociedades han de calificar la condición del barco en repetidas ocasiones. Esto sólo se puede hacer si disponen de suficiente información. 
En tercer lugar, quisiera resaltar la función de la autoridad competente, a quien se comunica o que constata las irregularidades durante la operación de carga y descarga. 
Esta debería tener la obligación de paralizar esa operación con el fin de garantizar la seguridad del buque y de la tripulación. 
En cuarto lugar, es conocido por todos que la capacidad del control del Estado del puerto, el Port State Control o PSC, es insuficiente en los Estados miembros. 
Con esta directiva se corre el peligro de que las autoridades del PSC reciban unas tareas adicionales. Por este motivo, la Comisión debe comprobar que la directiva se aplique realmente. 
Finalmente, permítanme que haga unas observaciones sobre las enmiendas 14, 13 y 16. 
Ya hemos visto que hay que procurar recoger en la mayor medida posible el texto del código BLU con el fin de evitar que se produzca una distorsión de la competencia o que surjan imprecisiones. 
He de decir que la enmienda 14 no va realmente en esa línea y, por lo tanto, no la puedo apoyar. 
Asimismo, la enmienda 13 ha originado cierta intranquilidad. 
El registrador de datos de la travesía es un instrumento que registra los datos del viaje pero no recoge la información sobre la carga y descarga. 
Además, en el seno de la OMI ya se ha llegado a un acuerdo sobre el uso obligatorio de un registrador de datos de la travesía en los graneleros y el efecto del mismo se encuentra reflejado en el paquete Erika II. Por otra parte, si el registrador de datos de la travesía se encuentra a bordo de un buque, el Port State Control tiene la tarea de controlarlo y no el operador de la terminal. 
Además, este último no dispone de los conocimientos para ello. Dicho de otro modo, ustedes comprenderán que tampoco puedo apoyar la enmienda 13. 
Espero que mis colegas vean la lógica de mi decisión. 
Del mismo modo, me es imposible apoyar la enmienda 16 de los colegas Simpson y Fava. Esta enmienda impone unos requisitos, que no han sido acordados internacionalmente, a buques procedentes de fuera de la Unión Europea. 
Esto no es posible jurídicamente. 
Señor Presidente, si adoptamos este informe, en su versión ligeramente modificada, entonces creo que habremos mejorado considerablemente las garantías de seguridad de los buques de cargas sólidas a granel y de su tripulación. 
Señor Presidente, permítame comenzar felicitando al ponente Sr. Van Dam por este excelente informe y también expresar mis agradecimientos a la Comisión por haber tomado este importante asunto con tanta seriedad. 
Como consecuencia de una serie de accidentes que han afectado tanto a personas como al medio ambiente, en los últimos años la Comisión ha presentado numerosas propuestas para aumentar la seguridad marítima. 
Lamento, como lo he hecho en anteriores ocasiones, que a menudo la UE reaccione a posteriori en lugar de hacerlo a priori y con energía, pero, de todas las maneras, está bien que ahora se tomen medidas. 
El Erika I ha sido seguido del Erika II y probablemente vendrán más. 
En las sesiones de los próximos meses, el Parlamento debatirá numerosos informes sobre esta materia. 
Este informe se ocupa de la seguridad en las faenas de carga y descarga de graneleros. 
No cabe duda de que los graneleros, al menos en los últimos años, han sufrido muchos accidentes. 
Hay numerosos informes y datos estadísticos que lo demuestran, cosa que el ponente ha destacado. 
Alrededor de la mitad de los barcos que se han hundido ha sido como consecuencia de daños en el casco. 
Esta clase de accidentes se debe a que están en mal estado de conservación, pero, en general, son accidentes que se producen en relación con la carga y descarga. 
La OMI, órgano marítimo de la ONU, ha estudiado este fenómeno en los últimos diez años. 
En un informe especial se ha instado a los Estados miembros, a las organizaciones de inspección y peritaje de buques y a los navieros para que presten especial atención a las deficiencias relacionadas con las faenas de carga y descarga y se han propuesto, entre otras cosas, una serie de medidas transitorias. 
Señor Presidente, este problema debe ser visto en una perspectiva amplia. 
La cantidad de transportes crece enormemente. 
Cada vez llega más tráfico de Europa Central y del Este y de terceros países. 
Esto hace que la seguridad en la carga y descarga será uno de los asuntos más importantes en el futuro. 
En este contexto no sólo se trata de los buques graneleros, sino que de toda clase de transportes por mar y los transportes en general. 
Las deficiencias en la carga y descarga son actualmente un problema que crece en el ámbito del transporte marítimo, por carretera y por ferrocarril. 
Por ese motivo, la Comisión deberá presentar nuevas propuestas para solucionar estos problemas. 
Puesto que ellos no afectan exclusivamente a la UE sino que son de carácter mundial, es importante que la Comisión impulse iniciativas de estas características en el seno de la OMI y en otros foros internacionales. 
Señor Presidente, agradecería que el Comisario se refiriese a las iniciativas que la Comisión piensa seguir tomando en esta importante materia. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quiero expresar un juicio globalmente positivo tanto sobre la naturaleza del instrumento de armonización legislativa elegido por la Comisión, la directiva, como sobre el contenido de la propuesta. 
El tema que nos ocupa ya ha sido abordado por los organismos internacionales: se han sentado los principios y las normas para una acción que pueda contrarrestar y prevenir los accidentes muy frecuentes y las víctimas lamentablemente registradas, como decían tanto el ponente como el Sr. Stenmarck. 
Sin embargo, y tal como la Comisión nos recuerda, estas disposiciones no son vinculantes y esa el la cuestión. 
Es por esto que debemos intervenir a escala europea con una normativa que, basándose en esas disposiciones, las convierta en vinculantes para todos los Estados miembros. 
A la hora de establecer una normativa europea complementaria de la internacional, la Comisión se dirige justamente a todas las partes afectadas y en particular a las autoridades del Estado de amarre prestando la debida atención a la prevención de los accidentes en las delicadas operaciones de carga y descarga de mercancías como al problema de la reparación. 
Las enmiendas aceptadas en Comisión van en la dirección correcta, aunque hay que precisar algunos puntos: ante todo, la obligación y no la facultad de las autoridades competentes de paralizar las operaciones de carga y descarga en el caso de que exista peligro para la seguridad de los buques. Asimismo, en el caso de daño tal que comprometa la seguridad y la navegabilidad del buque, la decisión sobre la necesidad o no necesidad de realizar una reparación ahora la toman sin ambigüedades las autoridades de control del Estado de amarre. 
Por el contrario, en lo que respecta al personal de a bordo y en particular a los enormes problemas que plantea el aún muy bajo nivel de cualificación del mismo, en nombre de mi Grupo, propongo que se modifique la enmienda presentada por el Sr. Simpson y el Sr. Fava, sustituyendo el término "cualificación" por el término "experiencia". 
Por último, es importante que dicha legislación entre en vigor lo antes posible y que los Estados miembros se empleen a fondo de cara a su efectiva aplicación. 
En efecto, y a pesar de que exista una normativa europea o internacional en este sector, se echa de menos su puntual aplicación en los Estados miembros. 
Por lo tanto, coincidimos con la Comisión en pedir que dichas normas sean aplicadas por los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2003. 
Señor Presidente, también quisiera dar las gracias a nuestro colega Van Dam por su informe. 
También nosotros apoyamos la propuesta de la Comisión. 
En efecto, existen normas internacionales, una especie de acuerdo voluntario, pero resulta que no se respetan o que no se respetan suficientemente. 
Hablando de la seguridad del transporte marítimo, llama la atención el gran número de accidentes que se producen con graneleros. 
Está claro que hay que hacer algo al respecto y, por lo tanto, damos nuestro apoyo al informe redactado por nuestro colega Van Dam. 
No obstante, mi Grupo Parlamentario quiere hacer dos observaciones. 
No apoyaremos la propuesta sobre la caja negra, que queda reflejada en la enmienda 13. 
Se trata aquí de la carga y descarga de buques y no de la navegación. 
Por lo tanto, la cuestión de la caja negra no procede ahora aquí, pero sí en el paquete Erika II que se debatirá en el lugar donde tiene que ser debatido. 
En segundo lugar, he presentado una enmienda con respecto al artículo 8. 
Hemos convertido el derecho de paralizar la operación de carga o descarga en una obligación. Me parece que es un avance. 
También me parece un avance que el Estado miembro determine quién tiene la competencia para hacerlo. 
Pero si se asigna esta competencia a una autoridad portuaria, puede ocurrir que la autoridad portuaria tenga algún interés comercial en la carga y descarga de buques y entonces se puede dar el caso de que haya una mezcla de intereses, lo cual no nos parece bueno. 
Por este motivo, nos parece que en algunos casos el Estado miembro debe poder asignar este control a las autoridades que se ocupan del control del estado portuario. 
Aparte de estos dos puntos, sí podemos dar nuestro apoyo a las propuestas en general. 
La seguridad marítima es una cuestión importantísima y hemos de invertir en ella. 
Creo relevante, Señoría, que usted haya dicho que también hay que invertir en el personal, tanto en el personal que hace el control en el muelle, el control del Estado portuario y otros controles, como en la tripulación de los buques que deben dominar bien su profesión, ya que creo que es un elemento importante para fomentar la seguridad en el mar. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señor Van Dam, este informe me parece extraordinario. Al mismo tiempo, creo que la Comisión ha hecho bien su trabajo. 
Con el trasfondo de los accidentes que conocemos como el del Erika, y sobre todo de la información que hemos ido recabando mientras tanto, se desprende que hay 8.000 buques que no cumplen las normas y que navegan por nuestros mares de una manera que podemos calificar como arriesgada y con posibilidades de provocar algún accidente. 
Ya se ha dicho anteriormente que en los últimos diez años 146 buques se han ido al fondo del mar, y esto significa 780 muertos. 
Esto significa también que en grandes áreas marítimas el medio ambiente puede quedar contaminado. 
De estos 146 accidentes- ya ha sido señalado por otros aquí- un tercio fue debido a los problemas de casco y otro tercio a problemas de navegación. 
No nos corresponde ahora profundizar en el problema de la navegación porque ya se ha hecho antes. 
No, lo que me preocupa sobremanera son los problemas con respecto al casco. 
Sabiendo que el capitán debe hacer junto con el operador de la terminal un plan de carga y descarga, que se ha de realizar y que se somete a un control, nos sumamos a la consideración de no incluir el denominado registrador de datos de la travesía en esta enmienda. 
Pero sí nos gustaría recomendarle algo a la Comisión. 
Ya que si alguien ha estado alguna vez en una terminal, en una terminal de hierro, de carbón o de acero en algún puerto de Europa, habrá visto lo que ocurre allí. 
No sólo se pone la carga en las terminales, sino que además las bodegas se vacían con esas grandes palas que pueden causar daños. 
Me parece que este informe propone una solución para este problema, indicando quién tiene que hacer qué. Pero la cuestión de la formación no se ha solucionado todavía. 
Lo que no queda recogido en este informe, es que una parte de la travesía es la operación de carga y descarga. Los datos sobre la carga y descarga, si se produce alguna fricción o torsión en el buque, no se registran. 
Tomando en cuenta que son sobre todo los buques con una antigüedad superior a los quince años- fíjense también en los debates que tuvimos con respecto a los petroleros en los que determinamos que la antigüedad no siempre es un indicador- los que han sufrido en mayor medida estos accidentes, quisiera sugerirle a la Comisión que habría que registrar de alguna forma lo que ocurra en las terminales. 
Para concluir, me gustaría decir que estamos de acuerdo con la manera en que se han solucionado en el informe los demás problemas, es decir, las cuestiones del control de calidad ISO y especialmente las cuestiones relativas al derecho comunitario en el que se incorpora ahora una serie de puntos del código BLU. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al ponente, Sr. Van Dam y a toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo el trabajo que han realizado respecto a esta Directiva. 
Una Directiva que, como ha señalado el ponente, pretende incorporar al Derecho comunitario el acuerdo llamado "código blue", es decir, el código de prácticas para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros, que ya se aplica en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, pero al que le falta la obligatoriedad que resultaría de su incorporación al Derecho comunitario. 
A partir de ahí, deseo señalar que podemos aceptar la mayor parte de las enmiendas propuestas, tanto por el ponente como por los distintos grupos en general, y decir que aceptamos las enmiendas nº 2, 5, 8, 10 y 15 en su totalidad. 
Y que las enmiendas 1, 3, 6, 7, 9, 11 y 12 las aceptamos en principio, pero habrá que revisar los términos en que se incorporan. 
Sin embargo, no podemos aceptar las enmiendas 4, 13, 14 y 16 por las razones que voy a explicar. 
En primer lugar, porque, según la enmienda nº 4, la autoridad competente deberá poseer experiencia en las operaciones de carga y descarga de graneleros. 
No podemos aceptarla, si tenemos en cuenta el principio de subsidiariedad. 
No es conveniente interferir en las responsabilidades de los Estados miembros, que deberán disponer de un margen de maniobra suficiente para designar la autoridad competente que juzguen más capacitada, para garantizar una correcta aplicación de la directiva y para desempeñar la función de árbitro entre el capitán del buque y el representante de la terminal en caso de desacuerdo. 
En cuanto a la enmienda nº 13, la rechazamos, porque en ella se plantea asignar al representante de la terminal la tarea de comprobar la conformidad con las normas de la instalación de la caja negra o registrador de datos de la travesía. 
Señorías, la inclusión de este requisito en la directiva es redundante, ya que la misma disposición forma parte de otras dos propuestas de legislación en materia de seguridad marítima, de ámbito genérico; concretamente, me refiero a la relativa a la directiva sobre el control del Estado del puerto, en el paquete Erika I, y a la propuesta de directiva sobre un sistema comunitario de seguimiento, control e información del tráfico marítimo, que aparece en la propuesta Erika II. Quiero decir que sobre todo, a través de esta última propuesta, vamos a garantizar la incorporación de las cajas negras a todos los barcos comunitarios. 
En distintas etapas, pero a todos. 
Concretamente, para que quede claro, la pretensión es que las cajas negras, en los nuevos buques de mercancías, se incorporen a partir del 1 de julio de 2002; y que en los de mercancías existentes ya, en los casos de aquéllos de 20.000 toneladas de arqueo bruto o más, sea a partir del 1 de enero de 2007 y en los de entre 3.000 y 20.000 toneladas existentes, a partir del 1 de enero de 2008. 
La enmienda 14, que se refiere a un elemento de uno de los anejos técnicos, va en contra del código blue, del código de prácticas para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros, y de los principios de la directiva por lo que se refiere a la responsabilidad compartida del capitán del buque y del representante de la terminal, respecto a determinados aspectos de la seguridad en la relación entre buque y costa. 
Por último, no podemos aceptar la enmienda 16, que pretende imponer calificaciones para tripulación que no están incluidas en el Convenio STCW (Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente mar) , porque supondría discriminar las tripulaciones comunitarias. 
Señorías, termino agradeciendo nuevamente al ponente, Sr. Van Dam, y a toda la comisión su trabajo. 
Ésta es una más de las iniciativas presentadas a lo largo del año pasado por parte de la Comisión para incrementar los requisitos, las exigencias en seguridad marítima, que van a permitir que, aunque, no evitemos todos los desastres marítimos, porque eso es difícil, ya que siempre hay causas incontrolables, limitemos enormemente los riesgos. 
Como se ha señalado, en los últimos diez años han desaparecido más de 780 personas en accidentes relacionados con graneleros, precisamente en el ámbito comunitario. 
Entendemos que eso es algo que no podemos admitir sin más cuando se pueden tomar medidas que garanticen la seguridad de la vida de la tripulación. 
Aquí no estamos hablando sólo del problema de la contaminación de los mares, que mencionábamos, por ejemplo, en la cuestión de los petroleros con doble casco; estamos hablando de algo que va más allá, que es la seguridad de las tripulaciones en los barcos comunitarios y en los barcos que llegan a nuestras costas. 
Además, Señorías, estamos, una vez más, luchando con la competencia desleal que se plantea a veces con barcos bajo normas o con poco cuidado a la hora de comprobar y controlar todo lo que se refiere a la seguridad del barco; también hay que tener en cuenta la forma en que se cargan o descargan los graneleros. 
Creo que, con todas estas medidas, el paquete de seguridad queda debidamente enfocado en el ámbito comunitario, y podemos decir que el año 2000 ha sido, en cierto modo, el año de la seguridad marítima, desde el punto de vista del sector marítimo. 
El otro día presentamos por escrito unas medidas relativas a las documentaciones en el sector del cabotaje marítimo; espero que mañana la Comisión dé la luz verde al paquete de puertos; 
Señorías, en este año 2001, vamos a seguir trabajando en el ámbito marítimo para darle todo el impulso, toda la dinamización y toda la capacidad que son necesarias, precisamente, para que absorba parte de la demanda del transporte y se integre plenamente en un transporte intermodal más racional y más respetuoso con el medio ambiente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0031/2001) del Sr. Bakopoulos, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 489- C5-0475/2000- 2000/0236 (COD) ) relativo al Comité de seguridad marítima y por el que se modifican los reglamentos en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques y sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 489- C5-0476/2000- 2000/0237 (COD) ) por la que se modifican las directivas en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques. 
Señor Presidente, los temas relacionados con la seguridad en los transportes marítimos, así como con la protección del medio marino de la contaminación que causan los barcos, desgraciadamente, son de actualidad desde el punto de vista negativo. 
Una serie de accidentes nos han tenido ocupados los últimos tiempos, con muchas víctimas, y con consecuencias desastrosas para el medio ambiente. 
La Unión Europea en este momento cuenta con un gran número de directivas y de reglamentos relativos a estos temas. 
Pero también la Unión Europea debe realizar un seguimiento y tomar postura frente a las legislaciones que introducen los organismos internacionales, y verdaderamente debe hacerlo en poquísimo tiempo para que los Estados miembros no den muestras de incoherencia ante sus obligaciones internacionales. 
Así pues, existe la necesidad de una organización razonable, y de una concentración de tareas en lo que respecta a la política de la seguridad marítima de la Unión. 
Esta es también la razón por la que la Comisión Europea introduce la presente propuesta, que contiene dos propuestas: una propuesta de reglamento y una propuesta de directiva. 
El objetivo de la propuesta de reglamento es sustituir todos los comités existentes en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación causada por los barcos, por uno único, denominado Comité de seguridad marítima. 
Se anulan todos los demás comités que ya funcionan y cuyo objeto es la seguridad marítima. 
El objetivo de dicho comité es facilitar a los Estados miembros la aplicación de las modificaciones de los convenios internacionales pertinentes. 
También es importante subrayar que el Comité de seguridad marítima que está por crearse funcionará según lo previsto en la Decisión 1999/468 del Consejo. 
Tal como sabemos, con este procedimiento se prevé la consolidación de las competencias del Parlamento Europeo, y de los Estados miembros. 
Y al mismo tiempo, la Comisión Europea elige un procedimiento tal que le garantice el derecho de decidir por sí sola cuándo una modificación de una normativa viene a mejorar o a empeorar el nivel de seguridad marítima. 
El procedimiento que se elige para asegurárle este objetivo esencial es, en resumen, el siguiente: los Estados miembros aplican ya todas las decisiones de los acuerdos internacionales, excepto aquéllas que no hayan sido incorporadas expresamente a un acto comunitario. 
En este último caso la Comisión será la encargada de remitir las normas al "Comité de seguridad marítima" para que sean excluidas o, en el caso de que no las remita, entren en vigor de forma automática. 
Es decir, hay remisión al "Comité de seguridad marítima" sólo en caso de juzgar que la incorporación a un acto comunitario de la modificación de un convenio internacional empeoraría las condiciones de seguridad en el ámbito de la Unión Europea. 
Lo referido anteriormente es la esencia del fundamental artículo 4 de la propuesta de reglamento. 
Finalmente, la propuesta de directiva tiene como objetivo que se incluya el Comité de seguridad marítima en las directivas, lo cual es evidentemente imprescindible. 
La propuesta de la Comisión Europea constituye un esfuerzo correcto hacia una organización razonable y hacia un mejor procedimiento de control de la legislación comunitaria e internacional en el ámbito de la seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques. 
El bajo número de enmiendas aspira a que el texto sea más claro y, por tanto, a garantizar los derechos del Parlamento Europeo en el procedimiento de reglamentación. 
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por sus indicaciones tan constructivas y también por el apoyo unánime al proyecto de mi informe. 
- (FR) Señor Presidente, las intervenciones de esta noche muestran claramente la importancia que le concedemos a la lucha contra los buques portadores de desechos y creo que tenemos precisamente que continuar nuestros esfuerzos. 
Además, había manifestado, hace algún tiempo, mi sentir respecto al trabajo de la Presidencia francesa sobre los expedientes de seguridad marítima. 
Esperaba mucho de esa Presidencia, porque estaba realmente muy implicada, pero he quedado muy decepcionada. 
Espero por lo tanto que, gracias a lo que estamos haciendo en el seno del Parlamento, en relación con la Comisión Europea, espero- para retomar los términos de la Sra. Comisaria- que no bajaremos la guardia y que velaremos, precisamente, por reforzar esa seguridad marítima. 
En el ámbito de la seguridad marítima, Europa acusa efectivamente un retraso considerable, en particular frente a los Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo se han dotado de una reglamentación estricta. 
Desterrados de las aguas americanas, los buques portadores de desechos siguen contaminando nuestras costas y sin la acción eficaz de nuestro Parlamento, el peligro de ver más barcos hundirse cerca de nuestras playas seguirá aumentando. 
Espero por lo tanto que votaremos próximamente un verdadero texto marco que reagrupe el conjunto de medidas imprescindibles para preservar nuestro medio ambiente. 
El informe del Sr. Bakopoulos- un informe de gran calidad- tiende a crear un Comité de seguridad marítima; eso va en la buena dirección. 
Se trata, en efecto, de una primera etapa del reagrupamiento de diferentes dispositivos; la sustitución de los cinco comités existentes por un comité único permitirá que la Unión Europea reaccione muy rápidamente a la evolución del Derecho Internacional. 
Agradezco a la Comisión de Política Regional y a la de Transportes y Turismo que haya aprobado las enmiendas que he presentado. 
En efecto, la seguridad marítima abarca diferentes sectores, y me parecía particularmente importante que se incluyeran en la denominación de ese Comité los términos que se refieren a la prevención de la contaminación por los buques. 
Protegerse contra los barcos portadores de desechos, es también preocuparse por la protección del medio marino así como por las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques. 
Desearía, por consiguiente, que el Parlamento Europeo siga esa recomendación y otorgue a ese Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques la posibilidad de referirse también a las disposiciones comunitarias que rigen estos dos ámbitos. 
En breve plazos- o por lo menos, eso espero- vamos a pronunciarnos sobre una modificación de los regímenes aplicables en caso de siniestro, para que el principio de quien contamina paga se pueda aplicar concretamente. 
Debemos vigilar más de cerca las sociedades de clasificación, a fin de mejorar la calidad de los controles que realizan, y debemos también fijarnos en la responsabilidad de los propietarios de buques que, con demasiada frecuencia, escapan de la justicia, a través de montajes jurídico-financieros complejos. 
Contamos mucho con usted, señora Comisaria, para no bajar la guardia. 
Señor Presidente,. Señora Comisaria, en primer lugar- también en esta ocasión- quiero darle las gracias, señora Comisaria, a usted y a su equipo por su colaboración, tan constructiva y dinámica. 
En efecto, hay un buen ejemplo de ésta en estos últimos días. 
La categorización final de los puertos de la Unión Europea en el marco de las redes transeuropeas ha suscitado una atención extraordinaria en el caso de los denominados puertos de tamaño medio, tanto más cuanto que de una dimensión europea de estos puertos se derivan impulsos al crecimiento y estímulos a la inversión que son de importancia vital para la región respectiva. 
La solución practicada hasta ahora, la conciliación, es aceptable, pero pido que a la hora de clasificar los puertos se aporte, al menos alguna vez, buena voluntad pues, en el fondo, las fronteras se han establecido de manera arbitraria. 
Los puertos de tamaño medio se lo agradecerán y nos lo agradecerán. 
Pero, sobre todo, se ha hablado por ahí lo siguiente: la Comisión y el Parlamento no se dan una pausa de respiro. 
Estamos discutiendo de manera vertiginosa las propuestas para elevar la seguridad marítima. 
Habida cuenta de la situación en los mares tampoco debemos concedernos una pausa de respiro. 
El desastre acaecido a la altura de las Islas Galápagos es sólo el último eslabón de la cadena de catástrofes con devastadores efectos sobre la naturaleza y sobre las personas. 
La opinión pública se encuentra sensibilizada y, en consecuencia, el debate sobre la seguridad se inflama con regularidad una y otra vez. 
Hemos de aclarar a los habitantes de la costa que, aunque tarde, en Europa se ha abordado correctamente la problemática después de que habíamos presionado durante años. 
Europa hace algo a favor de la seguridad marítima y a favor de la prevención de la contaminación del medio ambiente. 
Ésta ha de ser nuestra clara señal a la OMI y al mundo, hoy y en el futuro. 
La Comisión presenta sus propuestas en un tiempo absolutamente récord. 
En noviembre del año pasado aprobamos el paquete Erika I. A finales de diciembre el Consejo llegó a una postura común: de esta suerte la directiva puede entrar en vigor a partir del 2002. 
Erika II está ya en puertas y yo celebro que el segundo paquete traiga también consigo auténticos avances para la seguridad marítima. 
En esta ocasión es preciso decir también que se está prestando un enorme trabajo in situ, es decir, por parte de los controladores de las sociedades de clasificación y de los estados del puerto. 
De esto he podido convencerme la semana pasada con ocasión de una visita que realicé al puerto de Amberes junto con nuestro colega Willy Piecyck. 
Los controladores se enfrentan a grandes retos y expectativas y les hemos de prestar apoyo en esa tarea. 
El presente informe de nuestro colega, el Sr. Bakopoulos, aporta una valiosa contribución al avance futuro de la seguridad. 
A favor de su convincente trabajo habla el hecho de que se emitió un voto unánime en la comisión. 
Estoy convencido de que el Pleno votará también con la misma convicción. 
Al celebrar expresamente la institución del ya mencionado Comité de reglamentación de seguridad marítima no solamente hablo en nombre propio sino también en nombre de una amplia mayoría. 
Apoyo también expresamente la segunda parte del documento de la Comisión pues ¿de qué sirve el Comité si no se adaptan a la nueva estructura las directivas y reglamentos en vigor? 
No necesitamos ninguna lucha por las competencias, necesitamos claridad administrativa, no una docena de grupos de trabajo o de comités, sino una estructura clara y dinámica, y creo que con esto estaremos en Europa en el buen camino y daremos un buen ejemplo al mundo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como señalaba el ponente, con el texto de hoy se consideran dos propuestas de la Comisión ejecutiva: la primera se refiere a la creación de un único comité de seguridad marítima, denominado Comité de seguridad marítima; la segunda, a una directiva por la que se modifican las directivas existentes para introducir dicho Comité. 
El objetivo de todo esto, como ya han indicado los oradores que me han precedido, es racionalizar la tarea de actualización de la legislación comunitaria en vigor en función de las normas y de los Convenios internacionales en materia de seguridad marítima y de protección del ambiente marino, así como del progreso técnico. 
Nosotros, los socialistas, compartimos este esfuerzo de racionalización contenido en dichas propuestas y apoyamos la propuesta de sustituir los actuales cinco comités por un único comité de reglamentación. 
No cabe duda de que dicho comité contribuirá a una mayor certeza y coherencia en la integración del Derecho internacional en el ordenamiento comunitario. 
Dicho esto, pedimos que este Comité refleje en el título y en el mandato ambos conceptos de seguridad marítima y de prevención de la contaminación. 
Por último, permítanme detenerme en particular en otro punto de reflexión, esto es, la participación del Parlamento en estas tareas. 
Es fundamental garantizar el derecho de este Parlamento a participar en el procedimiento de reglamentación. 
En consecuencia, pedimos a la Comisión que permita al Parlamento vigilar las actividades de los comités y, por tanto, del Comité de seguridad marítima que se va a constituir próximamente. 
Por consiguiente, también pedimos para el futuro Comité de seguridad marítima y de prevención de la contaminación, más transparencia y una mayor información. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, doy las gracias al ponente, Sr. Bakopoulos, por su logrado informe. 
El aumento de la seguridad marítima es de suma importancia para la navegación. 
Nuestro Grupo apoya las líneas principales del informe. 
Las propuestas de directiva y de reglamento presentadas permitirán tomar mejor en cuenta en el marco de la legislación comunitaria de seguridad marítima los cambios ocurridos a nivel internacional. 
El problema ha residido en los continuos retrasos causados por la lentitud de los procedimientos legislativos comunitarios. 
El objetivo de la propuesta es eliminar los problemas mencionados. 
Es necesario simplificar los procedimientos. 
Actualmente, la unificación de los comités, que funcionan por separado, en un Comité único encargado de las cuestiones de seguridad marítima es la solución acertada para clarificar la gestión de los asuntos. 
Las normas relativas a la seguridad marítima pretenden cumplir con determinadas exigencias mínimas, y la ventaja del procedimiento de inspección preventiva, incluido en el Reglamento, es que clarifica la ley a aplicar y aumenta la seguridad jurídica. 
En el futuro, hay que asegurarse de que se agilicen precisamente los procedimientos existentes en los Estados miembros para la aplicación de los convenios internacionales en materia de seguridad marítima y para la aplicación de la legislación comunitaria. 
No obstante, hay que garantizar que los Estados miembros sigan teniendo posibilidades de acción en el seno de la Organización Marítima Internacional, OMI. 
También debemos seguir contemplando el principio de que la Organización Marítima Internacional, OMI, es la encargada de liderar los trabajos en materia de seguridad marítima, decidiendo sobre los convenios, resoluciones y normativas internacionales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en principio mi Grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, le da la enhorabuena al Sr. Bakopoulos por su informe, con el que estamos totalmente de acuerdo. 
Igualmente le damos la enhorabuena a la Comisión por su propuesta y nos congratulamos realmente de la creación de este Comité de seguridad marítima que va a unificar de una forma muy importante y a coordinar la aplicación de 12 directivas y 3 reglamentos. 
Usted, señora Comisaria, se ha empeñado en unificar el cielo, la tierra y el mar, y al final lo va a conseguir. 
Espero, ciertamente, que lo logre. 
Nuestro Grupo la apoyará. 
Yo creo que el principio de cautela y precaución debe regir fundamentalmente para que a esas directivas, a esas normas y a esos convenios internacionales se les pida un nivel de exigencia mayor, tal como proponga este Comité de seguridad marítima. 
Le vamos a hacer una serie de recomendaciones. 
Creemos que este Comité de seguridad marítima no solamente debe ser un comité que haga un trabajo mejor o peor desde el punto de vista administrativo, sino que debe recoger los sentimientos de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de protección medioambiental, de sindicatos, para que toda esa sensibilidad se vea plasmada. 
Igualmente recomendamos que el comité haga especial énfasis en las zonas con una especial localización geográfica, con unas especiales condiciones de tráfico, con unos especiales aspectos medioambientales, como son, por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar o el Canal de la Mancha, donde todos sabemos que el número de accidentes o de incidentes es muy superior a la media, y donde un vertido de crudo puede provocar un gran impacto medioambiental o un gran impacto económico en zonas turísticas. 
Esperemos, pues, que el comité ponga especial énfasis en esas zonas con especiales condiciones, y quisiera hacerle dos preguntas al respecto: ¿Cómo va a coordinarse el trabajo entre el Comité de seguridad marítima y la Agencia europea de seguridad marítima, que se va a constituir próximamente? 
¿Se va a ocupar también este comité de gestionar o de trabajar las tres iniciativas legislativas del paquete Erika II? 
Señor Presidente, la creación del Comité de seguridad marítima con la excusa de mejorar la aplicación de la legislación que condiciona la seguridad de los buques; así como la protección del entorno y las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques, refuerza el carácter reaccionario de la política de la Unión Europea en el sector marítimo. 
Las propuestas de la Comisión contienen regulaciones reaccionarias, que minan el papel de los organismos internacionales, como la Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial del Trabajo. 
Esencialmente se legisla la negativa de los Estados miembros de la Unión Europea a participar en iniciativas de aceptación o de aplicación de las modificaciones en los convenios internacionales o en las resoluciones, aunque están obligados, en calidad de partes de la legislación internacional. 
La Unión Europea, actuando como guardiana de los intereses del gran capital europeo, interviene en la modificación del Derecho internacional que se formó tras la guerra y, convirtiéndose en guardiana mundial, sacrifica la seguridad, la propia vida humana y la protección del medio ambiente en aras del aumento de los beneficios de los monopolios. 
Estamos radicalmente en contra no sólo de la dirección básica de estas opciones, sino también de la toma fragmentaria de medidas, que no sólo no son efectivas sino que además aspiran a aquietar las vivas inquietudes y reacciones de la opinión pública, del movimiento obrero sindical y de las organizaciones ecologistas tras la abundancia de accidentes marítimos mortales, y además extremadamente graves para el medio ambiente. 
Además este esfuerzo del centro marítimo europeo económico y político por formar su propio mecanismo de control de los transportes marítimos y de imponer sus opciones en el marco de la guerra comercial con los otros centros marítimos, EE.UU., Japón, Australia y demás, mina a la Organización Marítima Internacional. 
Conduce a discriminaciones fuera de principios de aceptación general, las cuales engendran peligros gravísimos para la seguridad marítima real y esencial. 
La cuestión fundamental en la seguridad de los buques, y especialmente de los barcos cisterna es la del libertinaje del capital naviero y de la política que lo apoya a nivel nacional, regional e internacional. 
Este libertinaje sin freno no sólo se mantiene, sino que también se amplía. 
Un ejemplo característico es la situación predominante en los buques con bandera de conveniencia, que están directamente conectados con el deterioro de la seguridad marítima y son los principales responsables de la mayoría y de los más graves accidentes. 
Nosotros creemos que una política orientada a proteger la seguridad de los buques, de los pasajeros, de las tripulaciones y del entorno, debe combatir activamente ante todo el libertinaje naviero, debe aplicar medidas estrictas contra las infracciones de la legislación que se producen sin cesar, de manera flagrante, y, sobre todo, impune en el marco de la OMI y de los convenios internacionales. 
Esta política debe adaptar los puestos a las necesidades mayores de los buques, debe contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las tripulaciones, debe consolidar los derechos de las tripulaciones y del movimiento sindical y su intervención en los temas de seguridad. 
Muchas gracias, señor Patakis. 
El Presidente tenía la intención de felicitarlo antes de su primera intervención en este Pleno y desearle felicidades en su vida de diputado. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su completo informe. 
Como diputado del Parlamento Europeo que representa a la costa este de Irlanda, me enfurece especialmente el transporte de desechos nucleares por el Mar de Irlanda. 
Sólo recientemente se han producido dos transportes desde Holanda a las plantas nucleares reprocesadoras de Sellafield y Thorp gestionados por British Nuclear Fuels en Cumbria, y he sido informado de que otros 17 transportes deben ser efectuados desde Holanda en los próximos años. además, el Gobierno alemán ha declarado que está en disposición de reanudar el transporte de combustible nuclear consumido a Cumbria y que continuará con tales operaciones hasta el 1 de julio de 2005. 
Incluso a pesar de que en los dos últimos años ha habido una falsificación generalizada de documentación por parte de BNFL relativa con los transportes nucleares a Japón, éstos están a punto de reanudarse. 
Esto a pesar de que la BNFL ha sido multada, sólo por este incidente, con 60 millones de dólares americanos. 
Me complace especialmente que ahora haya una creciente oposición internacional al transporte de desechos nucleares de Gran Bretaña a Japón. 
La armada argentina está actualmente en alerta para interceptar un buque británico que transporta desechos nucleares suficientes para producir el doble de radiación que el deastre de Chernobil. 
El buque de la British Nuclear Fuel llamado Pacific Swan Ise está convirtiendo rápidamente en el paria de Sudamérica porque el capitán pretende negociar las traicioneras aguas del Cabo de Hornos con 90 toneladas de desechos vitrificados en 192 bloques de cristal. 
Creo que los países pertenecientes a la Convención OSPAR deben establecer vínculos internacionales más extensos con el resto de países que se encuentran a lo largo de las principales rutas de transporte de desechos nucleares, lo que incluiría a países alrededor del Canal de Panamá, Sudamérica y la costa de África. 
En el seno de la Unión Europea se debe llevar a cabo un estudio de impacto medioambiental sobre la construcción de nuevas carrteras, plantas de tratamiento de aguas y residuos y grandes proyectos de infraestructura. 
Hasta la fecha el Gobierno británico ha rechazado llevar a cabo un estudio de impacto medioambiental internacional sobre los considerables riesgos que surgen para el medioambiente y la salud humana a lo largo de las rutas de transporte de desechos nucleares. 
Ahora insto al Gobierno británico a impulsar un estudio de impacto medioambiental omnicomprensivo resaltando los riesgos medioambientales derivados del transporte de materiales nucleares en el Mar de Irlanda. 
Tal estudio también debería ser evaluado por la Comisión Europea. 
Para terminar, desearía ver que el reprocesado de productos nucleares en Sellafield cesase. 
No obstante, entretanto, es necesario que haya un acuerdo internacional que destaque los estándares de seguridad para tales transportes. 
He de alabar al ponente, el Sr. Bakopoulos, por su informe. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, creo que en el planteamiento de tres minutos que voy a hacer tengo tiempo suficiente, porque por lo menos en líneas generales, este informe no hace divisiones, y los posibles desacuerdos son excepciones que confirman la regla. 
Creo que es totalmente lógico que el Parlamento esté casi de acuerdo con el informe del Sr. Bakopoulos, a quien quiero felicitar por la labor que ha realizado: primero, porque la propuesta de la Comisión tiene por objeto la sustitución de los cinco comités relacionados con la seguridad marítima, ya existentes, y reemplazarlos con un único comité, simplificando así los procedimientos y, segundo, porque con la propuesta legislativa la Comisión echa mano de la ocasión y se reserva el derecho de decidir por sí sola cuándo una modificación internacional de una normativa viene a mejorar o a empeorar el nivel de seguridad marítima. 
Sobre los convenios internacionales, la Comisión remite y- o los envía para su exclusión al nuevo Comité de seguridad marítima, o en el caso de que no los remita, entren en vigor de forma automática. 
Esto es algo que creo que mejora la situación que tenemos hasta el momento, la simplifica y crea seguridad jurídica. 
Y bajo este prisma, me imagino que el Sr. Bakopoulos no ha querido presentar enmiendas, simple y llanamente para indicar la importancia y la presencia del Parlamento Europeo, ha estado de acuerdo con esta propuesta, que era totalmente lógica y sólo ha presentado algunas enmiendas que vienen a subrayar y a asegurar la presencia del Parlamento en el procedimiento de reglamentación. 
De ahí en adelante, señora Comisaria, la asistencia de cuantos nos encontramos aquí, indica no tanto nuestro acuerdo con el informe del Sr. Bakopoulos, que se sobreentiende, cuanto nuestra sensibilidad ante el tema de la seguridad marítima. 
Ya sabe que hemos estudiado rápidamente los tres primeros informes del llamado paquete Erika I sobre la seguridad marina, la seguridad marítima, es decir la retirada de los barcos cisterna de un solo casco, la propuesta sobre los registros y la tercera propuesta sobre los controles en los puertos. 
Vamos a empezar inmediatamente a analizar la propuesta Erika II, con las tres iniciativas legislativas complementarias, y creo que las iniciativas de la Comisión, en general, ejercen presiones sobre la OMI en esta cuestión para que funcione más rápida y más decisivamente y, al final, la lleva a adoptar soluciones a nivel internacional, que siempre son algo deseable y que todos deseamos en las soluciones a nivel regional. 
Otra vez mi enhorabuena al Sr. Bakopoulos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, por supuesto que no es muy interesante el diálogo cuando hay un acuerdo tal amplio como es el caso; pero este consenso, aún con sus pocas excepciones, es una prueba, una indicación de que la acción que se está juzgando es correcta, es decir, la iniciativa de la Comisión Europea de proponer y de fomentar la adopción del comité de reglamentación, cuyo objeto será la seguridad marítima y, por supuesto, los reglamentos que de ahí derivan que deben ser modificados. 
Igualmente es correcto intentar salvaguardar el derecho de elegir entre los reglamentos modificados por instituciones internacionales para incorporar a la legislación comunitaria sólo los que contribuyan a la mejora del nivel requerido de seguridad. 
Objetivo evidente de la doble propuesta es facilitar a los Estados miembros de la Unión la aplicación de las modificaciones de estos convenios y, claro, al funcionar un único comité, aumentar la efectividad en la materialización de la política sobre la seguridad. 
El Sr. ponente, con una labor formidable, y a continuación nuestra Comisión parlamentaria, proponen a la Sesión Plenaria determinadas enmiendas dentro del espíritu de la idea primaria de la Comisión Europea, poniendo énfasis en la inclusión de la previsión de la contaminación marítima por los buques y de las condiciones de vida en los buques, que están estrechamente ligadas a la seguridad marítima. 
Con el informe que estamos debatiendo también se prevé incluir en la propuesta de directiva el papel del Parlamento Europeo, que no debemos olvidar porque es determinado. 
En general, podemos decir que la Comisión, con su propuesta, sigue esforzándose por una organización más correcta en el trazado y aplicación de la política de seguridad y de prevención de la contaminación en el mar. 
Creemos que en este intento, el Sr. ponente del informe y la Comisión de nuestro Parlamento, ayudan con enmiendas que mejoran y complementan, y que esperamos que aprueben todos los Sres. diputados de la Sesión Plenaria. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, las cuestiones relacionadas con la seguridad del tráfico marítimo y con la protección del medio marino han sido objeto de gran atención tras el accidente del Erika, ocurrido hace algo más de un año. 
Aunque la avería del Erika fue una catástrofe para la navegación europea, el accidente también ha tenido muchos efectos positivos. 
La publicidad generada a partir del accidente y las presiones políticas han dado lugar a que la Comisión intensifique el seguimiento de la aplicación de la legislación de la Unión relativa al tráfico marítimo. 
La Comisión también ha sido capaz, en un plazo muy corto, de entregar para su tramitación al Parlamento y al Consejo un conjunto de propuestas legislativas que incrementan la seguridad marítima. 
Al igual que mis colegas anteriormente, yo también quiero darle las gracias a usted, señora Comisaria, por esta intervención tan activa. 
También quiero darle las gracias porque, en principio, usted ha acogido favorablemente la creación de una red temática relativa al tráfico marítimo de corto recorrido, iniciativa muy importante propuesta por AMRIE. 
La Unión contaba ya antes del accidente del Erika, y más incisivamente tras el mismo, con unas normas de gran cobertura en materia de seguridad de los buques y de prevención de la contaminación por los buques. 
La verdad es que, probablemente, el accidente del Erika no habría sucedido nunca si, en el momento de producirse, se hubieran acatado debidamente las normas ya vigentes y también se hubiera ejercido un control sobre su cumplimiento. 
La propuesta de la Comisión de sustituir los actuales comités encargados de las cuestiones de seguridad marítima por un Comité único es digna de apoyo. 
De este modo, la responsabilidad sobre la política en materia de seguridad marítima recaería con más claridad en el nuevo comité que va a constituirse. El nuevo comité deberá ejercer el seguimiento de la aplicación de la legislación, y hacerla más eficiente en caso de necesidad, así como desempeñar un papel activo, en representación la Unión, en el seno de la OMI y de otras organizaciones internacionales. 
En el contexto de la modificación del Reglamento, la Comisión se reserva el derecho de estimar si alguna modificación en concreto de la normativa internacional es perjudicial para la seguridad marítima europea. 
También apoyo la propuesta de la Comisión sobre el procedimiento presentado en este ámbito. 
En cualquier caso, es de suma importancia, como también resalta acertadamente el ponente en su informe, que el Parlamento goce de los suficientes derechos de participación en el procedimiento de reglamentación. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero en primer lugar felicitar al ponente, Sr. Bakopoulos, por el magnífico trabajo realizado y por la rapidez y la eficacia con que se ha resuelto y se está tramitando este expediente. 
Quiero agradecer también a todos los intervinientes, y muy especialmente a la Sra. Grossetête, que ha planteado el punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sus aportaciones y su colaboración. 
Las felicitaciones de sus Señorías a la Comisión por el trabajo hecho hasta ahora en el sector marítimo se las trasladaré a los servicios de Dirección General TREN, por el magnífico trabajo que vienen realizando a largo de todo este dilatado año, en el que indudablemente han hecho un esfuerzo muy notable para responder a la demanda de los ciudadanos, que se ha incrementado. 
Estoy segura de que sus Señorías lo venían pidiendo desde antes, pero el desastre del Erika ha actuado como una especie de catalizador. 
Señorías, como bien se ha señalado, esta propuesta tiene por objeto, por un lado, sustituir los actuales comités encargados de la seguridad marítima; representa por lo tanto un esfuerzo de simplificación, de clarificación, de coherencia. Sustituirlos todos por un único comité, y, por otro lado, facilitar la actualización de la legislación comunitaria de seguridad marítima en función de la evolución de los Convenios internacionales. 
Quiero reiterar mi reconocimiento por su trabajo y sus propuestas. 
Así, concretamente, por las enmiendas que recuerdan que el Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en el procedimiento de reglamentación, de lo que la Comisión se alegra. 
La Comisión va a incorporar todas estas enmiendas después de adaptar su redacción a las formulaciones normalizadas sobre la comitología, que han sido objeto de acuerdo entre las instituciones. 
También queremos agradecer al Parlamento que nos haya recordado que el Comité único, cuya creación proponemos, no va a ocuparse sólo de seguridad marítima, sino también de la prevención de la contaminación por los buques, lo que deberá reflejarse efectivamente en el título del Comité. 
Por el contrario, a pesar de que estamos dispuestos a incorporar al título la prevención de la contaminación por los buques, no podemos incorporar, de una manera genérica, la protección del medio marino. Ello es, sencillamente, porque esa protección del medio marino se puede referir también, por ejemplo, a contaminaciones provenientes de aguas interiores, como los vertidos de los ríos en el medio marino, que pueden provocar contaminación. 
O bien otro tipo de actuaciones en las orillas, en las riberas, que pueden provocar contaminación y que no están relacionadas con el problema de la seguridad marítima. 
Por eso no podemos aceptar esa definición genérica, que supondría incorporar otro tipo de competencias para las cuales el Comité no está capacitado, pero sí, desde luego, incorporar el añadido específico "prevención de la contaminación por los buques". 
Aceptamos en su totalidad las enmiendas 2, 4, 6, 8, 9 y 10. 
Las enmiendas 1, 3, 7 y 11, sencillamente, hay que someterlas a algunas modificaciones. 
Las únicas que no podemos aceptar son la 5 y la 12, por lo que acabo de señalar en cuanto a ese aspecto de protección del medio marino, relacionado con asuntos distintos de la seguridad marítima. 
Antes de concluir quisiera decir que, como ha señalado la Sra. Grossetête, no podemos bajar la guardia. 
Hay que seguir completando todo el panorama del tráfico marítimo, que, como he reiterado en otras ocasiones, hoy día no tiene nada que ver, ni en cuanto al número de barcos, ni en cuanto a las toneladas de materiales que se transportan, ni en cuanto a la calidad y a los componentes de esos materiales transportados, con lo que podía ser hace cien años. 
Señalaba el Sr. Fitzsimons el problema del transporte de residuos nucleares, por ejemplo, e indudablemente lo hemos incorporado al discutir el paquete Erika II. Concretamente, en la directiva sobre control del tráfico, se contempla la necesidad de respetar el código sobre combustible nuclear irradiado, o sea, contenidos de material radiactivo. 
Estamos viendo además- y con eso quiero contestar a lo que han dicho la Sra. Langenhagen y el Sr. Hatzidakis- que, como lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, si hay un sector que es global mundial, éste es el marítimo; últimamente se ha incorporado el sector aéreo, pero el marítimo tiene más tradición. 
Por lo tanto, tenemos que intentar que la Organización Marítima Internacional incorpore al máximo nuestras exigencias. 
En ese sentido, los países de la Unión están actuando como acicates, como motores, en la transmisión a la Organización Marítima Internacional de la sensibilidad medioambiental y las exigencias de seguridad y de garantía del medio marino, y también las de garantía de la vida y de la seguridad de las tripulaciones. 
Quiero contestar al Sr. Bautista Ojeda que las competencias de la Agencia de seguridad marítima y las del Comité de reglamentación son competencias distintas. 
La función de este último se enmarca y define de manera estricta en la legislación comunitaria de seguridad marítima y se limita a votar propuestas de la Comisión de actualización de directivas y reglamentos vigentes. 
Por lo tanto, el Comité de reglamentación tiene una función legislativa, mientras que la Agencia, por su parte, no tiene en absoluto una función legislativa ni interviene de modo alguno en ella, aunque eventualmente puede hacernos alguna sugerencia. 
Es un órgano de asistencia técnica a los Estados miembros y a la Comisión. 
Es un órgano de asesoramiento, que sirve de observatorio de aplicación de la normativa comunitaria, de elemento de diseminación de la información y, por lo tanto, de transparencia hacia todo el sector. 
Pero no tiene función legislativa. 
Por lo tanto, hay dos ámbitos de funcionamiento distintos. 
Creo que, efectivamente, la incorporación de los puertos a las redes transeuropeas, como también ha señalado antes en su intervención otra de sus Señorías, es un elemento clave para impulsar la incorporación o la integración de todos los sistemas de transporte en el sistema intermodal, que es lo que buscamos todos. 
Quiero concluir, Señorías, dándoles las gracias por su aportación y por su trabajo. 
Hace un momento la Sra. Langenhagen decía que los inspectores en los puertos trabajan mucho. 
Pues creo que sus Señorías y desde luego los servicios de la Comisión relativos al sector marítimo también están trabajando mucho en los últimos tiempos. 
Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A5-0016/2001) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional (C5-0564/2000- 1999/0252 (COD) ) (Ponente: Sr. Savary) 
Le doy las gracias, Señor Presidente, por concederme la palabra respecto a esa segunda lectura de un informe muy importante para el porvenir de los ferrocarriles en Europa y para la realización de la Europa del ferrocarril. 
Estos últimos meses, bajo la presidencia de la Comisaria Palacio, han sido, sin duda, decisivos para el porvenir de los transportes ferroviarios en Europa. 
A raíz de la conciliación sobre los informes Swoboda/Jarzembowsky, la apertura o la liberalización, llámese como sea, de las redes es de ahora en adelante un hecho reconocido. 
Hará falta ahora superar sus múltiples incompatibilidades técnicas, y, claro está, no es lo más fácil, puesto que esas redes han sido construidas con particularidades nacionales notables, de orden a la vez técnico e industrial. 
Ese proyecto de directiva tiene precisamente por objeto garantizar la interoperabilidad tanto desde el punto de vista técnico como de los procedimientos en los cruces de fronteras entre las quince redes europeas. 
Hoy, la situación es muy compleja. 
Existen unos quince sistemas de señalización, cinco a seis tensiones eléctricas, diferentes gálibos, distancias entre ejes de vías desiguales, procedimientos diferentes, culturas ferroviarias distintas, sistemas de información disímiles entre las diferentes empresas ferroviarias, que no permiten la circulación de los trenes en condiciones óptimas. 
Y si la apertura de las carreteras ha sido fácil, puesto que se eliminaron en seguida las rupturas de continuidad, la del ferrocarril sigue tropezando con este conjunto de obstáculos técnicos. 
Ocurre que en 1996, se adoptó una primera directiva, más fácil de ejecutar dado que se refería a una red nueva, la red de alta velocidad ferroviaria, y que nos indica hoy la vía a seguir desde un punto de vista metodológico. 
Desde ese punto de vista, se optó por elaborar especificaciones técnicas de interoperabilidad para cada subsistema ferroviario en concertación con las empresas ferroviarias, los administradores de las infraestructuras y los industriales. 
Cada uno de esos subsistemas es objeto de una especificación que será luego extendida a los componentes mediante la certificación de los materiales. 
Nos espera un trabajo considerable y hemos decidido adoptar el procedimiento inspirado en la alta velocidad, es decir un procedimiento gradual. 
Ese trabajo requerirá tanto tiempo que es importante realizar progresos inmediatos donde sean fácilmente realizables y con vistas a lograr una menor relación costes/ventajas. 
Este es el objetivo del método: escoger y evaluar el coste y las ventajas de tal o tal avance en materia de interoperabilidad para establecer una jerarquía y optar por hacer de él una prioridad, o al contrario desarrollarlo más tarde. 
Los progresos más significativos se deben dar, evidentemente, en los intercambios de información, los procedimientos, la telemática, el conjunto de los procedimientos de cruce de fronteras que más avances requieren y veremos luego, progresivamente, mediante un proceso de convergencia, cómo atacarnos gradualmente al problema de las vías, de los gálibos y del material. 
Creo, queridos colegas, que me incumbe agradecer a todos los parlamentarios que se han involucrado en ese informe, porque hemos realizado un trabajo considerable en la primera lectura. Cuarenta y seis enmiendas habían sido presentadas y votadas por el Parlamento. 
De esas cuarenta y seis enmiendas- y esta vez debo rendir homenaje al Consejo y a la mediación de la Comisión- treinta y tres han sido aceptadas tal como estaban y se puede decir que es un proceso legislativo ampliamente consensual que hoy culmina, o debería de culminar, cuando se proceda a la votación. 
En efecto el Consejo y la Comisión han aceptado numerosas enmiendas y han permitido que el Parlamento cambie netamente de posición en lo que se refiere a la concertación con los usuarios, con el personal, que los países candidatos a la adhesión se asocien en seguida a esos trabajos, y que además cambie netamente en lo que se refiere a las derogaciones, puesto que algunos países, tenían, con muchas razón, preocupaciones de orden derogatorio. 
Constituyen también, de parte del Consejo, importantes contribuciones en materia de seguridad, de acceso de las personas con movilidad reducida a los futuros materiales. 
En suma, me parece que hemos llegado hoy a un texto bastante sólido, operativo en bastante poco tiempo, basado en la experiencia de la alta velocidad, que se ha nutrido de una colaboración ejemplar entre los diferentes Grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Transportes- y me tomo la libertad de rendir homenaje al conjunto de mis colegas de los diferentes Grupos- y también entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, y, personalmente, me congratulo de que hayamos llegado tan rápidamente a un expediente tan ambicioso, que, hoy, pone verdaderamente en marcha a la Europa del ferrocarril. 
Quedará, Señora Comisaria, por atender otras dos cuestiones fundamentales: la tarificación, que a pesar de todo es hoy el principal elemento de la alternativa modal carretera/ferrocarril, y el financiamiento de las estructuras- las plataformas intermodales, por ejemplo- que son necesarias para que, de verdad, podamos realizar rápidos progresos en esa materia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidas señoras y señores, estimados colegas, en la minisesión de hace dos semanas aprobamos el llamado paquete ferroviario y estuvimos de acuerdo en que esto constituye un gran éxito para el Parlamento y para el transporte ferroviario de mercancías en la Comunidad Europea. 
Mañana votaremos en segunda lectura el informe Savary sobre la interoperabilidad en el transporte ferroviario convencional en Europa. 
La armonización de los estándares técnicos constituye el prerrequisito necesario e importante de la posibilidad de un seguro transporte ferroviario transfronterizo. 
En la primera lectura todas las partes invirtieron muchísimo trabajo y esfuerzos en esta propuesta, tan técnica, de la Comisión. 
Quisiera en este lugar dar mis más cordiales gracias al ponente, Sr. Savary. 
Los esfuerzos han merecido la pena. 
Por parte del Consejo se han aceptado, salvo pocas excepciones, todas las enmiendas del Parlamento. 
El Grupo del Partido Popular Europeo se encuentra con sus posiciones en una gran parte de las enmiendas aceptadas por el Consejo. 
Ésta es también la razón por la que ahora, en la segunda lectura, no tenemos más enmiendas. 
En comisión volví a presentar una enmienda que fue aprobada por el Parlamento en primera lectura, pero que no fue aceptada por el Consejo. 
Faltaron tres votos para su aprobación. 
Se trataba de establecer que las autorizaciones y el mantenimiento de los sistemas de alarmas fueran realizados por certificadores terceros, independientes y externos. 
El trasfondo de esta enmienda lo constituyen, aparte de intereses económicos comprensibles en algunos Estados miembros, numerosos acontecimientos graves en el ámbito ferroviario que posiblemente son atribuibles también a una inspección insuficiente. 
Estas autorizaciones e inspecciones han sido y son realizadas, en parte, por los propios explotadores del ferrocarril y no, precisamente, por terceros agentes independientes. 
En el debate habido en comisión todas las partes, incluida la Comisión, mostraron una gran comprensión para este asunto. 
Las formulaciones que se han elegido ahora en el artículo 18 y en el anexo VII, recogen en cierta manera nuestro deseo; pero hoy no podemos estar enteramente satisfechos. 
La promesa de la Comisión de abordar en el paquete sobre seguridad ferroviaria el tema de la autorización y del mantenimiento de los sistemas ferroviarios, de manera independiente y experta, merece que hoy se ponga en marcha de la forma más rápida posible este compromiso, por otra parte tan bueno, y que no se presente en el Pleno ninguna otra enmienda. 
Por lo demás, en el futuro dossier ferroviario pondremos una estricta atención a si la Comisión se atiene a la promesa dada. 
Señor Presidente, señora Comisaria, apreciados colegas, ante todo quisiera felicitar, naturalmente, a nuestro colega, el Sr. Savary, por su excelente trabajo, que es tan bueno que lo podemos concluir ya sin necesidad siquiera de llegar al tenso procedimiento de conciliación, cosa que ya he celebrado. 
Pero estoy muy contento, y ya se ha aludido a ello, de que con el paquete ferroviario, que hemos aprobado hace poco y en el cual nuestro colega, el Sr. Jarzembowski, y yo mismo hemos puesto mucho trabajo, hayamos conseguido juntos un paquete acabado al que ha contribuido también de manera esencial la Sra. Comisaria. 
Hemos llegado, no a un compromiso caduco cualquiera, sino a un paquete realmente bueno. 
En segundo lugar, se plantea la siguiente cuestión: ¿Nos podemos tumbar a descansar? 
¿Se han solucionado con esto las cosas en el ámbito ferroviario? 
Nuestro colega, el Sr. Savary, ha indicado ya que algunas cosas han quedado abiertas. 
La Sra. Comisaria ha anunciado ya algunos ámbitos en relación con la cuestión de la apertura del mercado en materia de circulación de mercancías y de circulación de personas y ha emprendido ya el trabajo pertinente, y yo considero esto muy importante de cara a la cuestión de las condiciones de trabajo y de la regulación de la jornada laboral. 
El gran problema es la competencia entre los raíles y la carretera. 
Lo que hemos hecho ahora y que mañana aprobaremos, significa que estamos haciendo más competitivo el tren. 
A todos los que siempre hablan de competencia hay que decirles también que la competencia significa o debe significar que las posibilidades de partida, las condiciones de competencia sean iguales, en cierta medida, algo que no se da, con seguridad, en el caso de los raíles y de la carretera. 
Cuando precisamente bajo la Presidencia sueca estamos hablando de desarrollo sostenible y ponemos en primer término el medio ambiente, cuando, además, precisamente a propósito de una enmienda relativa a la dependencia energética de la Unión Europea, hablamos de reducir esta dependencia, en el ámbito del transporte esto significa que hay que tener también especialmente en cuenta el ferrocarril. 
No digo, conscientemente, que se dé prioridad al ferrocarril. Pero significaría ya mucho, si al ferrocarril le diéramos la misma posición competitiva que a la carretera. 
Ya me he referido a la cuestión de la regulación de la jornada laboral. 
No estoy hablando, en absoluto, de la extrema conducción prolongada- incluso en carretera- bajo ciertas condiciones de aparente autonomía, en lo que al tráfico de vehículos industriales se refiere, la denominada situación Willi-Betz y su regulación, que también ha sido mencionada varias veces, ni de las cuestiones relativas a la escala de salarios, en lo que atañe también, naturalmente, a los costes externos. 
No obstante, estas cuestiones son enteramente decisivas en relación con la ampliación. 
Si consideramos la diversidad que existe en la situación del ferrocarril en los países candidatos a la adhesión, si consideramos que, en parte, la estructura es mala, incluso miserable, entonces debemos hacer todo lo posible para superar estos problemas no sólo en el nivel de la propia Unión Europea, sino también en el nivel de los países candidatos a la adhesión. 
Efectivamente, el mejor y más moderno sistema ferroviario, proyectado para la integración, de la parte occidental de este continente no servirá para nada si no logramos al mismo tiempo en la Europa oriental y sudoriental una mejor situación ferroviaria. Para este objetivo la Unión Europea debe hacer también una gran contribución. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, yo también quiero felicitar al Sr. Savary por su decidido trabajo y por su logrado informe sobre este asunto tan importante pero tan difícil. 
Este informe, unido a los informes encaminados a liberalizar los ferrocarriles, que fueron aprobados la semana pasada, significa el inicio de una nueva fase en el desarrollo de los ferrocarriles europeos. 
Esto se puso en marcha durante la Presidencia finlandesa y la Presidencia francesa continuó con éxito. 
La mejora de la competitividad de los ferrocarriles es imprescindible para eliminar las congestiones en las carreteras y en los aeropuertos. 
El desarrollo del transporte ferroviario es también un paso hacia la consecución de un tráfico sostenible desde el punto de vista medioambiental. 
La mejora de la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios es condición absolutamente necesaria para el éxito de todo el paquete ferroviario. 
Este asunto se ha ido dilatando más de la cuenta, pero el Sr. Savary ha conseguido ahora deshacer este complicado nudo. 
Queda aún mucho por hacer, pero ahora el trabajo se muestra prometedor. 
Nuestro Grupo apoya la propuesta del Sr. Savary de aprobar tal cual la posición común del Consejo. 
En esta posición se han tomado en cuenta las enmiendas más importantes del Parlamento y, por lo tanto, la propuesta será tramitada con rapidez. 
Al mismo tiempo, hay que recordar que la interoperabilidad de las redes ferroviarias es un proyecto a largo plazo. 
Por ello, es importante que se establezca un calendario para la realización de los trabajos y que se definan realmente cuáles son las redes prioritarias. 
Quiero dar aún las gracias al Sr. Savary por haber comprendido las necesidades específicas de Finlandia. 
El compromiso logrado sobre la utilización de vagones rusos en el tráfico entre Finlandia y Rusia no pone en peligro los objetivos del informe, sino que garantiza la continuidad fluida del tráfico en la frontera oriental de la Unión. 
Creo que la importancia de esta solución para toda la Unión se pondrá de manifiesto en el momento en que empiecen a aprovecharse de veras los enormes recursos naturales del Noroeste de Rusia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Savary, primero se dijo que se abordaría este tema sin debate, pero la verdad es que un debate viene bien para resaltar lo que ha ido bien. 
Ha habido un diálogo fructífero. 
Usted pidió que se mantuviera un diálogo abierto con los agentes sociales, con el sector ferroviario, y usted mismo dio ejemplo manteniendo un intenso diálogo con todos, lo que ha resultado en un informe que nos sirve de punto de partida. 
Lo que estamos abordando realmente ahora es el denominado paquete ferroviario. 
La primera parte fue la liberalización, es decir, abrir a la competencia el transporte de mercancías internacional que fue el tema que tratamos la vez anterior. 
La segunda parte es la interoperabilidad, lo que quiere decir que puede haber transporte entre los países con sistemas distintos. 
La tercera parte se hará más tarde. 
Ya lo dije en mi anterior intervención: en lo que respecta a la tercera parte- que no es sólo responsabilidad de esta Comisión y ya hemos entendido que el Comisario Wallström trabajará duramente en ello los próximos meses- somos de la opinión que tanto las normas de emisión como el consumo energético del paquete ferroviario deben mejorarse. 
Todo el mundo sabe que las normas para el transporte pesado por carretera se han endurecido, lo que quiere decir que está disminuyendo la relativa ventaja del ferrocarril y eso significa que, suponiendo que este transporte sea mejor que el otro, hay que trabajar en esas normas de emisión. 
Quisiera abordar algunas pequeñas cuestiones ahora, pequeñas en cierto sentido. 
Lo que vamos a ver es que se necesitarán para todo esto unas inversiones gigantescas. Unas inversiones gigantescas, que ya han sido mencionadas en el considerando nueve, a las que tienen que hacer frente tanto la administración como el sector. 
La administración se encargará, y ya estamos hablando del otro paquete que se acaba de mencionar, de los costes externos. 
Seguirá siendo necesario algún tipo de ayuda para que este sector se mantenga en un nivel que, por una parte, sea competitivo y que por otra pueda recibir ayudas. 
Esto suena muy ambiguo, pero hemos de prestarle atención en nuestros debates en torno al Libro Blanco. 
En segundo lugar, me pregunto si ha habido algún diálogo social y si la Comisión ha investigado las cualificaciones que las personas del sector ferroviario necesitan para hacer viable esta interoperabilidad. 
Desconozco si se ha llevado a cabo esta investigación y qué resultados ha arrojado y qué significará esto de cara al futuro. 
Se ha de hablar una lengua determinada. 
¿Qué idioma se va emplear? 
¿El inglés como se hace en el transporte internacional en el sector marítimo y aéreo? 
¿O va a ser el inglés para el ferrocarril en general? 
Si este va a ser el caso, propongo inmediatamente que se hable aquí en el Parlamento a partir de ese momento solamente inglés. 
Esto facilitaría enormemente la comunicación en su totalidad. 
Señor Presidente, en los preparativos para el debate parlamentario del 16 de mayo del año pasado, el Sr. Savary nos hizo ver que la modernización, ampliación e internacionalización del sector ferroviario es algo muy diferente a seguir simplemente la tendencia de finales del siglo pasado. 
Esa tendencia partía de la base de que la administración se haría innecesaria y se retiraría liberalizando y privatizando. 
El ponente ha dejado muy claro que la política de modernización no tiene porqué estar reñida con la continuidad de las empresas estatales o de situaciones de excepción muy defendibles para territorios que están separados del resto de Europa por el mar. 
El Consejo ha adoptado ahora mucho de lo que decidimos entonces. 
Le felicito al ponente por este magnífico resultado. 
Mi Grupo Parlamentario, al contrario que en las propuestas del Sr. Jarzembowski, da su aprobación al resultado. 
No contemplaré ahora los detalles técnicos de la propuesta y pido que se preste atención a los problemas de siempre. 
Es muy necesario que vigilemos las tendencias que siguen poniendo en peligro el conjunto del ferrocarril europeo. 
En el siglo XIX, los diferentes anchos de vía y tipos de vía impedían que los ferrocarriles pudieran funcionar como un conjunto europeo. 
No eran solamente los estados individuales, sino también las compañías ferroviarias que competían entre sí que tenían la culpa de ello. 
Actualmente, dentro de la Unión Europea los Pirineos siguen formando una frontera donde hay que cambiar de ancho de vía. 
En el siglo XX, el tendido eléctrico y los correspondientes sistemas de seguridad eran los factores que partían nuevamente la red ferroviaria. 
Ahí donde antes la locomotora de vapor podía continuar en la frontera, se tenía que cambiar de locomotora debido a una diferencia de voltaje. 
Los peligros del siglo XXI están en la combinación del desarrollo técnico y la competencia. 
Hasta hace poco, parecía que en Alemania la tecnología del tren magnético iba a imponer nuevas separaciones en la red ferroviaria. 
En los Países Bajos se está planteando construir una línea de estas características entre Amsterdam, Lelystad y Groninga, incluso cuando ha desaparecido la posibilidad de conectarla a Berlín, vía Bremen y Hamburgo. 
Por muy interesante que sea esta tecnología en algunos aspectos, esto significa sobre todo a corto plazo que se trata de un sistema que está separado de la red. 
Los intereses de algunas empresas individuales que intentan rentabilizar su nueva tecnología, no deben marcar la pauta en este tema. 
A pesar de la integración europea, estamos presenciando una creciente desintegración de los ferrocarriles. 
Los horarios internacionales se consiguen cada vez con más dificultad. 
Los billetes de tren para destinos lejanos se han de comprar a menudo fuera del país de salida. 
No hace mucho se podía viajar directamente en tren de Colonia a Atenas, de París a Lisboa o de Amsterdam a Copenhague. 
Además de la puesta en marcha de medidas técnicas, de la que trata este informe, se impone la necesidad de que se paralice la fragmentación del tráfico ferroviario. 
Hay que poner fin a la situación actual en que el sector ferroviario remite a los viajeros de largo recorrido al avión y el transporte de mercancías al camión. 
Señor Presidente, los diferentes sistemas en un mercado amplio son un problema cada vez mayor. 
En el sector de los ferrocarriles, los 15 Estados miembros de la Unión tienen cuatro sistemas de electricidad y 15 diferentes sistemas de señales. 
Dentro de diez años, tal vez seamos 25 o 27 países miembros. 
Entonces las diferencias en los sistemas serán aún mayores. 
Este problema no se resuelve solamente con soluciones nuevas y modernas. 
A raíz de la inauguración de la combinación de puente y túnel más larga de Europa, que une Suecia y Dinamarca, podíamos imaginar que se había resuelto el problema de la operabilidad, pero no es así. 
Existe un sistema de señales en Dinamarca y otro totalmente diferente en Suecia. 
Para hacer la cosa más complicada, en Suecia la circulación ferroviaria es por la izquierda y en Dinamarca por la derecha. 
Hay muchas razones que explican las diferencias entre los países europeos, y todas son de carácter histórico. 
Una de ellas es que los países europeos han realizado los tendidos eléctricos en diferentes períodos. 
Otra es que intencionadamente se ha querido dificultar la entrada de trenes de otros países. 
En la Europa actual, en la que hablamos de las cuatro libertades y en la que las personas, las mercancías, el capital y los servicios pueden circular libremente, las barreras constituyen problemas que tenemos que eliminar. 
Hay que armonizar y tenemos que llegar a conseguir la interoperabilidad en diferentes campos. 
Por eso, el hecho de que la Comisión tome la iniciativa de introducir paulatinamente un sólo sistema en los ferrocarriles es un importante avance. 
Un primer paso obvio es justamente el sistema ferroviario transeuropeo. 
Resulta primordial que estos trabajos se fundamenten en dos criterios. 
El primero de ellos, es que se necesita tiempo. 
Costará mucho dinero, especialmente si después queremos dar el paso de la red transeuropea a otras redes. 
A esto hay que agregar que a largo plazo habrá que realizar la misma operación con los países de Europa Central y del Este. 
El segundo criterio es que, al menos en el corto plazo, se pueden encontrar soluciones sin que exista el mismo sistema en todos los países. 
Esto se demuestra por el hecho de que hoy existen trenes que pueden traspasar las fronteras de los países europeos y esto es posible gracias a que se pueden incorporar nuevas tecnologías en las locomotoras. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este informe es un ejemplo excelente de cómo consigue este Parlamento, sobre un asunto tan importante como el de la interoperabilidad de los ferrocarriles en la Unión Europea, adoptar decisiones rápidas y evitar un comité de conciliación y una tercera lectura. 
Por eso, quiero felicitar al Sr. Gilles Savary por su capacidad de diálogo, su competencia y la demostración que ha dado de que la intervención del Parlamento Europeo es esencial para conseguir fortalecer normas tan importantes como las sociales, fortalecer la posición de los usuarios y la ampliación al Este. 
Se trata de un aviso para quien quiera reducir la capacidad de intervención de nuestro Parlamento a favor de la rapidez de decisión. 
Esta directiva, que completa las que aprobamos en el último miniperíodo parcial de sesiones de Bruselas, permitirá- así lo espero- que en Europa se pase de las buenas intenciones y se atribuya al transporte ferroviario un papel más importante que el actual respecto del transporte por carretera. 
Para un país como Portugal, situado en el extremo sudoccidental de Europa, la interoperabilidad de los transportes ferroviarios es esencial. 
Quien queda al final o al principio de una línea ferroviaria depende siempre de los demás países para tener un intenso tráfico transfronterizo. 
El enlace de los puertos con ferrocarriles interoperacionales es un paso decisivo para la mejora del servicio prestado, la reducción de los costos de los transportes y la rentabilización de las empresas ferroviarias europeas. 
Señor Presidente, distinguida Comisaria, señora de Palacio, estimados colegas, aunque yo simpatizo de forma especial con el tráfico rodado sobre neumáticos, me alegra que hayamos obtenido un buen resultado, en gran parte debido a los frutos del concienzudo trabajo del Sr. Savary. 
Es evidente que hay que mejorar la competitividad de los ferrocarriles, cosa que es sumamente importante en la congestionada Europa central. 
Europa necesita de una política a largo plazo en materia de ferrocarriles que se vaya conformando en torno a un objetivo común. 
El transporte ferroviario deberá soportar un análisis íntegro de la relación costes-beneficios. 
En caso de superarlo, la industria y las organizaciones ecológicas podrán lograr un acuerdo. 
Este prodigio es todavía posible. 
La mejora de la competitividad de los ferrocarriles debe efectuarse reduciendo costes y elevando la calidad de los servicios principalmente. 
Lamentablemente, hoy por hoy, el transporte ferroviario sale excesivamente caro a los contribuyentes, se sirvan o no éstos del tren. 
Ya es hora de que se extingan los ineficientes dinosaurios estatales para dar paso a una nueva y eficiente actividad comercial con espíritu de servicio. 
Las compañías ferroviarias son en gran medida un vestigio del pasado, la calidad de sus servicios es baja en general y es inflexible en lo que se refiere al transporte de mercancías. 
Por su parte, el transporte de pasajeros es un terreno independiente en el que el factor más importante en la prestación de servicios es, sin duda, la puntualidad. 
La propuesta de directiva que nos ocupa es sensata en su conjunto. 
La armonización de las normas técnicas conducirá a la mejora de la competitividad de los ferrocarriles sin repercusiones negativas en los demás medios de transporte. 
La priorización de las acciones mediante los análisis coste-beneficio es también un importante instrumento que permitirá llevar a cabo las medidas más urgentes en primer lugar, evitándose así el derroche de recursos. 
Esta Directiva es el mejor ejemplo del valor añadido que puede aportar la cooperación a nivel de la UE: 
A propósito de esto, quisiera aún recordar un asunto que es importante para Finlandia. 
Finlandia tiene más de mil kilómetros de frontera común con Rusia. 
Hasta un 40 por ciento del transporte de mercancías de la Compañía Estatal de Ferrocarriles tiene lugar con Rusia. 
Como Finlandia y Rusia tienen el mismo ancho de vía, diferente al de los países de la UE, por Finlandia también circulan muchos vagones rusos fabricados según el estándar "gost". 
Finlandia ha sido acusada, a veces con razón y a veces sin ella, del fenómeno llamado finlandización. 
Pero la utilización de vagones rusos en el tráfico entre nuestro país y Rusia se debe al hecho de que cuando enviamos nuestros propios vagones más allá de la frontera, suele ocurrir que vemos por última vez sus faros traseros. 
Por razones prácticas, es indispensable que podamos seguir utilizando vagones rusos también en el futuro. 
El ponente, Sr. Savary, ha hecho todo lo posible para tomar en cuenta este asunto, y quiero expresarle mi agradecimiento por ello. 
Estimados colegas, desde el tren Rocket de Stephenson hemos dado pasos de gigante en el desarrollo de los ferrocarriles. 
A pesar de ello, estamos aún lejos de la estación de destino de nuestro trabajo. 
Como, al fin y al cabo, mis palabras tampoco son tan imperecederas, dejo sin usar 45 segundos de mi tiempo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, todo lo importante ha sido dicho ya y sólo puedo subrayarlo, cosa que hago gustosamente. 
Así, pues, felicito a mi colega, Jules Savary, por su informe y por haber conducido a través de las barreras parlamentarias la directiva sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario convencional transeuropeo. 
Esto era urgentemente necesario pues la interoperabilidad es la condición previa y el fundamento de la liberalización, incluso en el transporte internacional de mercancías, que hemos puesto en marcha conjuntamente con el paquete ferroviario. 
Las dificultades en el transporte ferroviario convencional, a diferencia con los ferrocarriles de alta velocidad, residen en que en Europa encontramos sistemas nacionales considerablemente incompatibles que han materializado un enorme volumen de inversión y que solamente pueden ser reconvertidos paulatinamente mediante obra nueva y mediante transformaciones, y esto en condiciones de funcionamiento continuado y, naturalmente, de continua competencia con otras modalidades de transporte. 
No constante, el proceso de convergencia requiere una presión en pro del futuro del ferrocarril. 
Por consiguiente, es preciso que la directiva se lleve rápidamente a la práctica. 
Esto es bueno también en orden a crear un mercado interior de la industria de abastecimiento. 
Espero que los gremios y los procedimientos previstos para la elaboración de las especificaciones técnicas avancen sin obstáculos y se concentren, ante todo, en lo que pueda ejecutarse rápidamente: en las instalaciones de conducción, aseguramiento y señalización de los trenes. 
Además de las especificaciones técnicas, el ponente y el Parlamento han incluido también disposiciones sociales en la directiva y también la toma en cuenta estratégica de los países candidatos a la adhesión en la elaboración de las ETI. Esto está bien. 
En lo que concierne a los aspectos de seguridad, sin más, yo hubiera deseado un voto claro a favor de terceros agentes independientes a la hora de la certificación, mientras sigamos teniendo situaciones monopolísticas en algunos países y, por ende, naturalmente, colisiones de intereses en la certificación o en la autocertificación. 
En este contexto, es decir, en relación con las cuestiones de seguridad, el recurso a la subsidiariedad me parece demasiado insuficiente. 
En esta cuestión apoyo gustoso a la Sra. Jeggle y deposito mi esperanza en el paquete sobre la seguridad ferroviaria. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que la Comisión ha constatado con satisfacción la prioridad que el Parlamento Europeo ha dado a este informe, a esta iniciativa. 
Concretamente, la posición común, adoptada por el Consejo el 10 de noviembre de 2000, fue recibida por el Parlamento Europeo a finales del mes de noviembre y la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo pudo debatir un primer proyecto de informe el 4 de diciembre de 2000. 
Quisiera por otro lado expresar mi satisfacción y mi agradecimiento al ponente, Sr. Savary, y a toda la comisión, pero muy especialmente al Sr. Savary. 
Gracias a su capacidad de negociación y de trabajo en todo este asunto, que por otro lado es bastante complejo, ha sido posible avanzar rápidamente. 
Al final, todo el paquete ferroviario, al que hemos dado luz verde a lo largo del año 2000 y de este año ­inicios de 2001 -, tiene un color marcadamente francés, debido a los grandes hitos que se han ido adoptando, indudablemente con algunas tinturas finlandesas, puesto que también tuvo la Presidencia finlandesa un papel importante. 
Señorías, esta directiva es una disposición fundamental de carácter técnico, que además reviste una gran importancia política, porque es el elemento clave para poner en práctica y llevar a cabo lo que señalaba cuando aprobamos el paquete ferroviario, abrir a la competencia el transporte de mercancías internacional. 
Lo que hacemos, con esta última medida de interoperabilidad es construir un ferrocarril europeo. Esto es un hecho que va mucho más allá de lo que es abrir un sector o modificar unas condiciones técnicas concretas. 
Es realmente un hecho importante de la pequeña historia de la construcción europea, es construir un ferrocarril europeo. 
En este sentido, además, aportamos algo muy importante al sector tecnológico europeo: a la industria ferroviaria europea, donde tenemos algunas de las industrias tecnológicamente más avanzadas a nivel mundial, le estamos dando la posibilidad de disponer de un mercado interior con una masa crítica, con unas dimensiones, que van a permitir abaratar costes, mejorar rentabilidades y, por lo tanto, optimizar todo lo que es su producción y ser más competitivos a nivel internacional, a nivel mundial, más allá de nuestras fronteras europeas. 
Como ustedes saben, el Parlamento Europeo acaba de llegar a un acuerdo con el Consejo en torno a todo este paquete que se propone y como fecha tope para la completa apertura de la red ferroviaria de mercancías se ha puesto el año 2008. 
Tanto el Sr. Swoboda como el Sr. Jarzembowski, que fueron ponentes en este paquete, tuvieron un papel decisivo. 
Creo que estas medidas evidentemente no surtirían efecto si no pudiéramos al mismo tiempo permitir lo que señalaba el Sr. Savary, es decir, que la superación de la incompatibilidad técnica se pusiera en marcha. 
Y a eso es a lo que tiende, precisamente, esta medida. 
Tengo que decir que algunos usuarios importantes y algunos operadores, que aspiran a circular, a beneficiarse y a utilizar las posibilidades de esa red transeuropea ferroviaria, han señalado en los últimos tiempos, a los servicios de la Comisión, un gran número de obstáculos técnicos o bien operativos que dificultan la organización de los servicios internacionales de mercancías. 
Es en este contexto donde esta directiva adquiere todavía más importancia y donde la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional permitirá, precisamente, superar algunas de esas trabas que se están poniendo, intentando reservar todavía algunos mercados nacionales. 
En ese sentido, quiero felicitarles de nuevo por el logro que supone que se apruebe esta directiva en segunda lectura. 
Su adopción significa garantizar una dimensión europea, crear un mercado competitivo para productos ferroviarios interoperables y el desarrollo de importantes economías de escala en beneficio de las empresas y la supresión de las barreras técnicas provocadas por la excesiva fragmentación del sector, que son fruto a menudo de la colusión de los operadores monopolísticos con sus proveedores nacionales en un mercado cautivo. 
La Comisión se consagrará en cuerpo y alma a la aplicación de esta directiva, recordando siempre que su éxito depende de la capacidad de todos los agentes ferroviarios implicados ­gestores de infraestructuras, empresas ferroviarias e industrias conexas- para movilizar su experiencia con un talante creativo y encontrar soluciones técnicas, eficaces y económicas, evitando la superposición de soluciones, cuestión que lamentablemente se está produciendo en algún caso. 
El Sr. Bouwman me formulaba algunas preguntas y quiero contestarle. 
Concretamente las consultas sobre la opinión de los distintos utilizadores y de los distintos elementos, ya sean gestores de infraestructura, operadores, compañías ferroviarias, etc., y también de las organizaciones de transportistas, de los usuarios y demás, se producirán antes de la adopción de las especificaciones técnicas sobre interoperabilidad. 
Este es uno de los elementos que le quería señalar. 
En cuanto al impacto económico de la interoperabilidad, hasta dónde tiene sentido o no garantizar un único sistema en el futuro, algo que también, de alguna manera, planteaba el Sr. Vatanen, tengo que decir que antes de proponer cualquier decisión sobre una especificación técnica armonizada se debe llevar a cabo un análisis coste-beneficio que justifique el esfuerzo económico que se va a exigir. 
Por eso, como se ha señalado, lo que estamos planteando es una aproximación en dos etapas. 
Unas medidas son de rápida aplicación, algo que ha indicado el ponente, el Sr. Savary; ahí están medidas de tipo administrativo, por ejemplo los permisos de conducir de los conductores de locomotoras, a fin de que puedan ir más allá de una frontera nacional y de una licencia nacional, que sea una licencia europea, cuestiones como la documentación de la mercancía, cuestiones como la señalización, que es más rápida. 
Pero hay otras que son mucho más complicadas de llevar a cabo como, por ejemplo, armonizar el tamaño de los túneles para que puedan tener todos unas medidas estándar. 
Eso tardará algo más. 
En cuanto al Sr. Swoboda, quiero garantizarle, como he dicho reiteradamente, que las medidas pendientes, como la directiva sobre seguridad en el transporte ferroviario, la cuestión de la apertura a la competencia del cabotaje y de la cuestión del transporte de pasajeros, antes de fin de año esperamos poderla proponer. 
Desde luego, un factor clave en el sector ferroviario es toda la ampliación de la Unión Europea, porque en los nuevos países el elemento del transporte ferroviario es un elemento clave para su desarrollo y para permitir un crecimiento equilibrado. 
Muchas gracias Señor Presidente, muchas gracias al Sr. Savary y a toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0042/2001) del Sr. Nicholson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las medidas aplicables en el 2001 con vistas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (División CIEM VIIa) (COM (2000) 745- C5-0683/2000- 2000/0292 (CNS)) 
Señor Presidente, le doy las gracias al ponente en su ausencia y a la Sra. Langenhagen por su intervención. La Sra. Langenhagen ha reflejado una imagen desoladora sobre la situación del bacalao en el Mar de Irlanda. 
El Mar de Irlanda, como ha dicho la Sra. Langenhagen, es para todos nosotros un ejemplo de cómo pueden diezmarse las reservas si no son gestionadas adecuadamente. 
En tan sólo seis años la cifra de capturas de bacalao en el Mar de Irlanda se ha reducido a la mitad. 
En 1993 se capturaron 11.000 toneladas de bacalao y en 1999 se capturaron 5.500. 
Este reglamento para el 2001 es necesario, por doloroso que sea, si queremos que en el Mar de Irlanda siga existiendo la pesca del bacalao. 
También constituye un ejemplo para otras áreas. 
Una situación similar ha surgido en el Mar del Norte. Las reservas de bacalao han disminuido de tal forma que el total de capturas permitidas se ha reducido a la mitad y se ha introducido un nuevo programa de recuperación del bacalao. 
Grandes franjas del mar del Norte han sido protegidas mientras transcurre la temporada de desove. 
No obstante, otra consecuencia de la prohibición de la pesca del bacalao durante los meses venideros es que otras zonas en las que no existe tal prohibición han comenzado ha preocuparse. 
Por ejemplo, los pescadores de las Islas Orientales están preocupados porque a causa de la prohibición de pesca del bacalao en el Mar del Norte- y hasta cierto punto en el Mar de Irlanda- las reservas de bacalao cercanas al Cabo de Lewis y al sur de Barra puedan verse afectadas negativamente. 
Después de años de pesca sostenible en esta agua la gente teme que los efectos adversos de estas medidas de protección vayan a diezmar sus propias reservas. 
Estos temores no pueden más que agravarse al poder ver que la semana pasada, con la apertura de los lechos de vieiras, el número de embarcaciones había aumentado sensiblemente, que en caso contrario hubiesen estado pescando las especies prohibidas. 
Hemos de reflexionar sobre los efectos adversos sobre otras capturas a la hora de introducir medidas de protección. 
Hasta cierto punto resulta irónico que al proteger las reservas pesqueras de una zona inadvertidamente estemos destruyendo las reservas de otra. 
Para terminar, la reforma de la Política Pesquera Común y el lanzamiento en marzo del Libro Verde son fundamentales para la preservación de las reservas y para la industria pesquera. 
Hemos de conseguir un equilibrio entre la sostenibilidad y, por otro lado, una industria exitosa. La reforma de la Política Pesquera Común, creo, representa una oportunidad. 
Hemos de asegurarnos de que llevamos a cabo correctamente las reformas. 
En su ausencia, doy las gracias al ponente. 
Señor Presidente, en su informe sobre la pesca en el mar de Irlanda, el Sr. Nicholson reconoce que esta zona tiene el dudoso honor de ser pionera en la aplicación de medidas de emergencia para detener la disminución de las reservas de bacalao. 
Pero en el Mar del Norte, igualmente, somos objeto este año de medidas de emergencia, medidas necesarias destinadas a la máxima protección del bacalao durante el periodo de desove que transcurre desde este momento hasta finales de abril. 
Entonces ¿por qué después de tantos años de Política Pesquera común cuyo principal objetivo es conservar las reservas hemos de recurrir a medidas de emergencia en las zonas bacalaeras del Mar de Irlanda y el Mar del Norte? 
A la vez que aceptamos la necesidad de tales medidas a corto plazo también hemos de aprender de los errores del pasado y preparar unas propuestas de gestión a largo plazo para intentar manejar estas situaciones. 
Las medidas técnicas que han sido iniciadas en zonas como Escocia deben ser desarrolladas y extendidas a todas las zonas de pesca. 
Es necesario emprender acciones para evitar las desviaciones que producen ciertos esfuerzos y que causan daños en otras zonas y otras reservas. 
El impacto de la pesca industrial debe ser adecuadamente evaluado, en términos tanto de las capturas accesorias de pescado blanco permitidas como de sus efectos en toda la cadena alimentaria marina. 
En los próximos años se puede esperar una clara caída en la actividad pesquera y, claramente, con esa caída significativa en la actividad vendrá una significativa caída de los ingresos de muchas familias y muchas comunidades de nuestras zonas pesqueras, tanto en el sector pesquero como en el de procesamiento. 
Al igual que se han sentido en zonas determinadas los efectos económicos y sociales de la ausencia de un acuerdo con Marruecos, los efectos de estas medidas de emergencia, dentro de los planes a largo plazo de recuperación del bacalao, tendrán un efecto sobre zonas muy determinadas. 
La revisión de la PPC ofrece una desafío y una oportunidad. 
Espero que la solución que alcancemos sea una que funcione realmente. 
La mejor manera de hacer eso es asegurarse que la nueva política de pesca involucre suficientemente a los implicados- los pescadores, procesadores, científicos y conservacionistas de zonas determinadas como el Mar del Norte, de modo que podamos trabajar juntos para recomendar unas propuestas a medida para la gestión y que estén orientadas a las necesidades de estas zonas particulares. 
Los seres humanos no podemos vivir allí, pero sí sacamos cada vez más provecho del mar. No sólo para navegar de un continente a otro, sino también para extraer petróleo y otros minerales, para arrojar residuos y para generar electricidad por medio de las centrales maremotoras. 
El mercurio, el plomo y los residuos nucleares hacen disminuir en la fauna y convierten el pescado en cada vez menos apto para el consumo. 
Las zonas costeras de poca profundidad, las desembocaduras y otras zonas entre agua dulce y salada, donde antes se ubicaban los lugares de desove de peces, han cambiado drásticamente por la intervención del ser humano. 
Se ha visto el mar durante mucho tiempo como una fuente inagotable de alimentos. 
Se pesca con embarcaciones cada vez mayores y con unas técnicas cada vez más perfeccionadas para vaciar el mar. 
Esto ocurre en los mares fronterizos con Europa, pero también en creciente medida más lejos, con barcos europeos en la costa africana. 
En ocasiones anteriores ya he mostrado mi desacuerdo con respecto a los tratados que firma la Unión Europea con países del tercer mundo para empezar a vaciar allí también el mar. 
Es cierto que a corto plazo se suple la necesidad alimenticia europea de esta manera y así pagamos a cambio también algo a los países pobres. 
Sin embargo, a largo plazo esto seguramente no llevará a una situación en la que todos ganemos. 
La necesidad de pescado sigue aumentando mientras las existencias se están reduciendo cada vez más debido a la sobreexplotación y contaminación. 
Sigue habiendo pescadores que creen que el mar es una fuente inagotable. 
La semana pasada oí decir a un pescador en una entrevista en la televisión neerlandesa que siempre iba a haber pescado, porque siempre lo ha habido y además lo dice la biblia. 
Este tipo de certezas que parecían verdad durante siglos, irán desvaneciéndose en los próximos tiempos. 
Por esa razón, es bueno que se indiquen periodos y zonas donde la población de peces se pueda recuperar y donde se prohíba, por lo tanto, en ese periodo la pesca. 
Por la misma razón habrá que reducir las cuotas de pesca. 
El ponente reconoce que en los últimos diez años la provisión de bacalao se ha visto reducida dramáticamente en los puertos pesqueros de la costa oriental de Irlanda y de Irlanda del Norte. 
La cantidad que se permite capturar ahora no llega apenas a una quinta parte de la que se permitía a principios de los años noventa. 
Las capturas reales, que ya son menores que las permitidas, se han visto incluso reducidas hasta una cuarta parte. 
O sea, el mar ya está vacío. 
A pesar de todo, el ponente quiere ampliar el periodo de excepción para la pesca durante el periodo de cierre, con seis semanas entre el 22 de febrero y el 30 de abril y critica además el gran tamaño de la zona marítima que se tiene que cerrar a la pesca durante el periodo del freza. 
Los grupos de pescadores protestan cuando tienen la impresión de que las medidas administrativas son perjudiciales para su propio país mientras sus colegas de otros países pueden seguir esquilmando el mar. 
Entonces surge presión para aflojar las medidas y permitir más excepciones. 
Así se desvía la atención de la necesidad de imponer una limitación de las capturas. 
Cualquier limitación de captura causará indignación y oposición por los perjuicios a corto plazo. 
Sin embargo, es mejor que cerremos algunas zonas completamente de forma prolongada en vez de que se extinga una especie como consecuencia de unas medidas insuficientes. 
Esto volverá a ponerse sobre el tapete en breve con respecto al Mar del Norte. 
Señor Presidente, la supervivencia del bacalao está en serio peligro en las diferentes zonas marítimas europeas. 
La Comisión propone, con razón, una serie de medidas que tienen por objeto salvar esta especie de la exterminación. 
Pero tal como ha pasado con la medida de emergencia que tomó la Comisión para el Mar del Norte, también esta medida para el Mar de Irlanda es muy ambigua. 
Las medidas de la Comisión están sobre todo basadas en las posibilidades políticas y carecen del necesario fundamento científico. 
En el caso de las medidas de emergencia para el Mar del Norte se optó por una medida que perjudica a la flota pesquera neerlandesa en especial. 
Esto es viable políticamente, porque la situación de la flota neerlandesa es boyante y resulta que otros Estados miembros y flotas no lo pueden soportar. 
De ahí que las protestas neerlandesas y las alternativas presentadas no hayan encontrado ningún apoyo. 
Cerrar una zona a la pesca no tendrá suficiente efecto en la recuperación del bacalao. 
En el Mar del Norte ni tampoco en el Mar de Irlanda. 
La pesca se desplazará a las zonas abiertas, donde tal vez se esté desovando y donde puede haber bacalao joven. 
Si la pesca se desplaza a zonas donde haya una gran concentración de juveniles, entonces esta medida impedirá incluso la recuperación del bacalao. 
Además, es llamativo que la medida de emergencia del Mar del Norte no prohíba la pesca de bacalao dentro de la zona de doce millas ni dentro del banco de la platija con redes verticales, en las que se capturan justamente los peces en edad de desovar. 
Por la presión pesquera en las zonas libres se perjudicarán también la existencia de otras especies y los ecosistemas del fondo. 
No obstante, la medida alternativa que ha propuesto el secretario de estado neerlandés de Pesca, ofrece mayores posibilidades de supervivencia para el bacalao. 
Este plan, un amarre de todas las flotas que pescan bacalao durante un periodo considerablemente largo de semanas al año, puede salvar aún el bacalao. 
E igualmente importante es que tanto los biólogos de pesca como el sector pesquero apoyen este plan. 
Sin embargo, a la Comisión no le parece políticamente viable. 
Su medida de emergencia tendrá como consecuencia que encontraremos el bacalao dentro de poco sólo en un lugar europeo, a saber, ¡en un museo! 
Lamentablemente, nuestro colega Nicholson sigue en su informe la postura ambigua de la Comisión. 
Por supuesto, el golpe a la pesca es grande, pero ese golpe será mayor si después no nos queda bacalao. 
La Comisión debería estudiar cómo puede compensar económicamente a los pescadores, pero esto sin duda también les supone a los pescadores algún sacrificio. 
Para garantizar el futuro los pescadores neerlandeses están dispuestos a asumirlo y estoy convencido de que los pescadores de Irlanda del Norte tienen esa misma disposición. 
Ahora le toca a la Comisión. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera pedirle disculpas a usted, a su predecesor y a la Asamblea por mi retraso. 
Mis problemas comenzaron temprano esta mañana cuando se canceló mi vuelo de Belfast a Londres. 
Gracias a British Midland International y al buen hacer de su personal, he llegado tarde, pero al menos he llegado. 
Me disculpo pues no era mi intención ser descortés con la Asamblea. 
He escuchado con mucho interés como el Sr. van Dam hablaba de enfoques medio desarrollados por parte de la Comisión y de lo bien que están respondiendo los pescadores holandeses. 
El Sr. van Dam debería contenerse y leer mi informe puesto que ni he criticado a la Comisión ni a los pescadores. 
Este no es un problema sencillo. Es un problema muy serio. 
De alguna manera los pescadores de mi región se enfrentaron a este problema el año pasado. 
Para ellos este es el segundo año de veda. 
Quisiera decirle al Sr. van Dam y a los pescadores escoceses, que se enfrentan ahora a su primer año de veda y están levantando muchas olas, que los pescadores de mi región no sólo asumieron esto, sino que además respondieron de forma muy positiva. Cooperaron con la Comisión en las medidas técnicas y se dispusieron a observarlas de forma sincera. 
No resulta fácil para los pescadores asumir una veda de su área por un periodo tan extenso. 
Resulta incluso más difícil cuando no existen mecanismos de apoyo que ayuden a la industria a encontrar una salida hacia delante. 
Esto es lo que desearía centrarme. 
Cuando planteo el problema que suscita la Comisión cuando presenta medidas concretas- sean mecanismos de reserva o de apoyo- la Comisión declara: "que las autoridades nacionales generen ideas y nosotros las aceptaremos muy positivamente". 
Pero el problema es que las autoridades nacionales no van a presentar ninguna propuesta sincera para ayudar a los pescadores de la region. 
Ciertamente las autoridades del Reino Unido, no- y realmente no importa si se trata de un gobierno conservador o laborista. Ninguno de ellos presentaría nunca un apoyo positivo para ayudar a los pescadores. 
Tengo una enmienda a mi informe y le pido al Comisario que la acepte. 
Se trata de permitir que los pescadores, bajo la supervisión que ya fue acordada al comienzo de la veda, continuen hasta el final de la veda. 
Si en algún momento los descartes exceden parte de esa veda entonces los pescadores aceptarán gustosamente. 
En este momento la Comisión se ha negado a aceptar esta enmienda. 
Esto es de lamentar porque la cooperación ofrecida por los pescadores a la Comisión constituye un brillante ejemplo para otras regiones de la Unión Europea. 
Como ha dicho el Sr. van Dam, hay un tremendo problema, una tremenda preocupación y debemos asegurar el futuro del bacalao y de los pescadores. 
Confío en que la Comisión esté en disposición de aceptar el positivo aspecto que he presentado en mi enmienda. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Nicholson subraya la seria crisis que afecta a las reservas pesqueras en las aguas circundantes a Gran Bretaña e Irlanda. 
El mero hecho de que la Comisión haya encontrado oportuno aplicar medidas de emergencia en cuatro zonas separadas para salvar las reservas pesqueras exhaustas sirve para ilustrar el fracaso total de la Política Pesquera Común. 
Al día de hoy, 12 de febrero de 2001, más de 40.000 millas cuadradas del Mar del Norte serán cerradas durante 12 semanas a la pesca de arrastre de pescado blanco. 
Además, habrá vedas de emergencia en el oeste de Escocia, el Mar de Irlanda, como hemos escuchado, y sobre la merluza del Atlántico norte y todo ello se añade a los salvajes recortes aplicados a los límites de capturas permitidas y cuotas anunciadas por el Consejo el pasado diciembre. 
La Política Pesquera Común en su actual configuración ha venido operando durante 18 años. el sistema de tasas y cuotas ha conducido a que numerosas cantidades de pescado sano se devolviesen muertos al mar. 
Más de dos millones de toneladas anuales, el 25% de todas las capturas pesqueras de la UE, son desechadas de esta forma. 
El sistema de POPs también ha sido un desastre. 
Los Estados miembros que intentan respetar estas normas son castigados mientras que otros Estados miembros las ignoran completamente. 
Así, la PPC ha fracasado en sus objetivos principales. 
Ha fracasado a la hora de conservar las reservas pesqueras y ha fracasado en el aseguramiento del futuro de nuestros pescadores. 
La última ronda de recortes y medidas de emergencia volverá a expulsar a cientos de ellos de la industria. 
Las medidas del año pasado para la recuperación del bacalao en el Mar de Irlanda supusieron a la flota del Mar de Irlanda una caída devastadora del 42% en sus ingresos durante la temporada de veda.. 
A pesar de esta estremecedora crisis, a pesar del hecho de que hay demasiados pescadores persiguiendo a un número insuficiente de peces alrededor del Mar del Norte y del Mar de Irlanda, esta Asamblea votó por una vasta mayoría, en el último periodo parcial de sesiones enero, a favor del levantamiento de los límites de 6 y 12 millas adyacentes a las costas y abrir el acceso equitativo al Mar del Norte y Shetland y los caladeros irlandeses. 
Estas decisiones serán contempladas por muchos pescadores del Reino Unido e Irlanda como la gota que colma el vaso. 
El sesenta y cinco por ciento de todas las reservas pesqueras de la UE se encuentran en las aguas circundantes a las Islas Británicas, es decir, Gran Bretaña e Irlanda. 
¿Por qué hemos de quedarnos quietos y permitir que nuestros recursos pesqueros sean saqueados y permitir que nuestros pescadores se empobrezcan? 
La forma en que esta Asamblea votó los informes del mes pasado ha sido estúpida y corta de miras. 
Bien pudiera ser la gota que colma el vaso y saque al Reino Unido de la política pesquera. 
Señor Presidente, la situación de los stocks de las diferentes especies y de las medidas para recuperarlos es siempre una cuestión muy controvertida. 
El Grupo socialista apoya las conclusiones a las que llega nuestro colega, el Sr. Nicholson, en su informe, con relación a la propuesta de la Comisión para recuperar la población de bacalao en el mar de Irlanda. 
Sabemos bien que la sobreexplotación de una especie durante un año se paga a lo largo de los siguientes y que es muy costosa y muy lenta la recuperación del stock. 
Pero también sabemos que la permanencia de un segmento de flota amarrado en puerto durante un largo tiempo supone la pérdida de empleos y mercados y muchas dificultades para el futuro de esa flota. 
Coincido, por lo tanto, con el Sr. Nicholson en que es una cuestión que necesita mucho equilibrio y mucha ponderación. 
El sector se queja a menudo- y con razón- de ser ignorado a la hora de la adopción de propuestas por parte de la Comisión, que se basa casi exclusivamente en informes científicos que no tienen en cuenta la experiencia y el día a día de los pescadores. 
Yo pido a la Comisión que asocie a los trabajos de los científicos esa realidad diaria, cotidiana, que viven los pescadores y que también, a la hora de formular sus propuestas, tenga más en cuenta la situación socioeconómica de las comarcas dependientes de la pesca. Todo ello con mucha transparencia, explicando bien al sector las razones por las que se adoptan determinadas medidas. 
Yo no creo que la política común de pesca sea un fracaso. 
En este sentido, estoy completamente en desacuerdo con el colega que me ha precedido en el uso de la palabra. 
Opino que, de la misma manera que la reforma de la política agrícola común sólo es posible con una redefinición del mundo rural, también la reforma de la PCP tiene que ser muy ambiciosa e ir en paralelo con la reforma del mundo pesquero, de aquellas comarcas dependientes de la pesca, que seguramente deberán afrontar el futuro poniendo en juego otras potencialidades, diferentes de las que han venido utilizando hasta ahora, que dependen exclusivamente de un modelo de carácter extractivo. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias la Sr. Nicholson por su informe y por la rapidez con la que ha investigado y trabajado. Aprecio su actitud abierta y honesta en este asunto. 
No se ha dado la vuelta y le ha dicho a los pescadores del Mar de Irlanda que la Comisión Europea quiere perseguirles o cometer con ellos una injusticia. 
Ha planteado el problema a la gente de casa igual que lo ha planteado aquí. Tenemos un problema. 
Nuestro colega de aquella esquina de la Asamblea intervino antes y citó la Biblia. 
La Biblia, ha dicho alguién, nos dice que siempre habrá peces en el mar. bien, yo quisiera citar un documento sobre le bacalao algo más actual. 
Cito a Mark Kurlansky en su libro "Bacalao: una biografía del pescado que cambió el mundo". 
Siguiendo al Sr. Kurlansky, la Enciclopedia de Comercio y Navegación impresa en Nueva York en 1858 decía que el bacalao era una especie tan conocida que no había necesidad explicar nada sobre la misma, que era extraordinariamente prolífica y que alguien contó las huevas de un bacalao de tamaño medio y encontró 9.835.000 huevas. 
La enciclopedia llegaba a la conclusion de que la humanidad no podría nunca exterminar a esa especie. 
Hemos demostrado que tanto la Biblia y esta enciclopedia del siglo XIX estaban equivocadas. 
El Sr. Stevenson es demasiado joven para recordar las guerras del bacalao que se libraron en las inmediaciones de las costas de Islandia en otro periodo de mi vida- de hecho en un tiempo en el que ya estaba en política. 
Los británicos- con el debido respeto a todos estados de la Unión- mandaron barcos de guerra a las aguas islandesas para asegurar que sus pescadores estuvieran protegidos al ir a pescar los recursos de las aguas islandesas. 
Es muy positivo que la opinión británica esté cambiando a favor del derecho de los pescadores costeros, que yo siempre he aceptado, a explotar sus propios recursos. 
Con todo el debido respeto al Sr. Stevenson, que es un buen representante de su pueblo y tiene mucho entusiasmo, no acepto que la Política Pesquera Común sea un fracaso. 
No acepto que los pescadores británicos hayan sido perjudicados, ya que si se contemplan las cifras la industria pesquera británica está recibiendo su cuota natural de pescado europeo. 
El único país que ha sido "perjudicado" han sido los pescadores irlandeses a quienes se les ha negado su cuota natural y a los que nunca se les ha permitido explotar los mares. 
En el siglo XVI los británicos entraron en guerra con la Liga Hanseática a causa del bacalao islandés y sólo se retiraron de esa guerra, después de sufrir algunas bajas, porque habían descubierto una nueva fuente de bacalao en las costas de América. 
Esta es una vieja historia. 
Pero no les cuenten a los pescadores europeos que es la Comisión Europea a la que se debe culpar. 
Su intención es resolver un problema complejo. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera aclarar que en la próxima semana de Estrasburgo, una vez que se haya presentado el Libro Verde sobre la reforma de la Política de Pesca, tendremos oportunidad suficiente de discutir los aspectos generales de la Política de Pesca. 
Por esta razón, quisiera decir hoy aquí sólo alguna cosa sobre el informe inmediatamente próximo. 
Creo que es, ciertamente, indiscutible y, seguramente, cierto que en el mar de Irlanda nos estamos enfrentando a unas existencias de bacalao que se encuentran en un bajo nivel histórico. 
Seguramente, tampoco es falso que si queremos proteger las existencias de bacalao, debemos dejar en paz los bancos durante el período de freza. 
Por consiguiente, es muy importante cerrar a tiempo las zonas de desove antes del comienzo de la freza, aunque esto resulte tan doloroso y, también, aunque esto genere, evidentemente, problemas para los pescadores. 
Aparte de esto, el tiempo apremia, pues el período de freza comienza a mediados del presente mes. 
Soy consciente de que todos los participantes, y quiero dar también las gracias, en especial, a la Comisión de Pesca y al ponente, se han esforzado mucho por que alcancemos este objetivo que nos hemos propuesto. 
Ustedes votarán mañana el informe y luego queda el tiempo suficiente para que podamos producir un acuerdo en el Consejo y para que el reglamento esté listo el 15 de febrero. 
La Comisión está absolutamente de acuerdo con el presente informe y quiero dar las gracias una vez más por su apoyo. 
Paso ahora a la enmienda que se ha presentado. Lamentablemente, he de rechazar esta enmienda. 
¿Por qué? 
El año pasado realizamos una serie de capturas experimentales con redes de arrastre semipelágicas, justamente en la segunda mitad del período de veda. 
Estos experimentos han mostrado inequívocamente que durante este período el riesgo es muy grande para el bacalao y que es muy grande la proporción del bacalao que se captura.. 
Sin embargo, por parte de la Comisión estamos dispuestos a autorizar las redes de arrastre semipelágicas durante la primera mitad del período de veda y, en concreto, bajo las condiciones que ha indicado el Sr. Nicholson, es decir, que haya un sistema específico de observación de acuerdo con el artículo 3 y que se suspendan inmediatamente las actividades si se captura demasiado bacalao. 
Sabemos también que esta segunda condición que he mencionado va unida a un determinado riesgo, pero con el sistema de observación podemos saber exactamente el año próximo, en caso de un nuevo establecimiento de una zona de veda, si esta excepción para la primera parte del período de veda se puede poner en práctica o no. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
Nos ha tratado muy bien. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.30 horas.) 
Señora Presidenta, quisiera aprovechar la presencia del Presidente de la Comisión para interpelarle sobre un hecho grave. 
En Francia, todos los años, el Movimiento Europeo Francia organiza el 9 de mayo una jornada muy importante, el Día de Europa. 
Este año, queremos dedicarla al euro. 
Desde el mes de septiembre, este movimiento le ha requerido para financiar esta jornada que, sin su apoyo, no puede organizarse. 
Ahora bien, en día de hoy no tenemos seguridad alguna en cuanto al pago de la aportación de la Comisión. 
Si de aquí a final de semana no tenemos esta seguridad, el Movimiento Europeo Francia deberá renunciar a la organización del Día de Europa. Creo que esto sería sumamente perjudicial para una causa que nos es común y por la que desplegamos todos nuestros esfuerzos. 
Señor Presidente Prodi, ¿desea usted dar esta seguridad a la Sra. Berès ahora o posteriormente, con ocasión de su discurso? 
. (IT) Señora Berès, no conozco los pormenores de la cuestión que usted ha planteado, pero la examinaré inmediatamente y le daré hoy mismo una respuesta. 
Votación sobre la solicitud de urgencia 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores ha decidido aplicar el procedimiento sin informe a esta propuesta de decisión y voy a conceder inmediatamente la palabra al Sr. Watson para que nos dé la opinión de esta Comisión que él preside. 
Watson (ELDR) , Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. (EN) Señora Presidenta, la comisión que tengo el honor de presidir es muy consciente de la importancia de este asunto y la urgencia de su aprobación antes del 25 de marzo de 2001 para permitir la plena participación de la Unión Nórdica. 
Habríamos preferido que el Consejo nos hubiera informado antes al respecto. Nos lo ha presentado en el ultimísimo momento. 
No obstante, en estas circunstancias no deseamos aplazar la votación al respecto y creemos que es mejor considerarlo un asunto sin informe; así, pues, quisiéramos proponer que se someta directamente a votación en este período parcial de sesiones. 
Puesto que ningún Diputado desea expresarse en contra de esta urgencia, pasamos a la votación. 
(El Parlamento aprueba la urgencia) 
Presentación por el Presidente de la Comisión del programa legislativo de esta institución para 2001 / Niza 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre la presentación del programa 2001 de la Comisión Europea y sobre la pregunta oral (B5-0006/2001) del Sr. van Velzen y otros a la Comisión, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el seguimiento del Consejo Europeo de Niza. 
Tiene la palabra el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, cuando ya en los próximos años la Unión se vaya ampliando a los países más orientales de Europa central y a los países del Bático, nuestras relaciones con los países vecinos orientales que queden fuera de la Unión tomarán aún mayor importancia. 
Para la Unión, las mayores posibilidades potenciales de reforzar la situación de paz en el entorno cercano y de procurarse nuevos socios comerciales se encuentran del lado de Rusia y Ucrania. 
Lamentablemente, esto no se refleja aún en las actuaciones de la Unión. 
Nosotros preferimos buscar una explicación para ello en el hecho de que estos países no cuentan por sí mismos con las condiciones económicas necesarias o de que no tienen una voluntad política para encontrar fórmulas de cooperación adecuadas. 
En cambio, ya se han invertido cantidades importantes de dinero y de recursos en la cooperación con los países de la ribera sur del Mediterráneo, a pesar de que los resultados en esa zona se hacen aún esperar. 
También en el Este se necesita planificación a largo plazo. 
No me he percatado de que el Sr. Presidente de la Comisión haya mencionado una sola vez a lo largo de su exposición nuestras relaciones con el Este, algo que acaso haya sido imposible en el marco de una presentación tan amplia. 
Durante los últimos años, las inversiones financieras de la Unión en Rusia han representado la décima parte de las practicadas en la zona mediterránea. 
En la cooperación con todos los países de la antigua Unión Soviética se ha invertido la mitad que en la cooperación mediterránea. 
Esta relación no responde en absoluto a la importancia comparativa de estas dos regiones vecinas de la Unión. 
Ante todo, los modelos de cooperación económica deben ser concretos y viables. 
Las aguas residuales de los casi de nueve millones de habitantes de San Petesburgo y su entorno son vertidas, ya sin depurar o a través de instalaciones de depuración en mal estado, al ecológicamente vulnerable Golfo de Finlandia, poco profundo y bajo en contenido salino. 
Esto ha provocado ya graves y permanentes cambios en el equilibrio natural, y la situación sigue agravándose. 
El Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, ha proclamado la necesidad de un desarrollo sostenible ecológicamente. 
La construcción de una depuradora de aguas residuales en la región de Leningrado sería un buen ejemplo concreto de la cooperación con la región septentrional, proyecto que debería ser puesto en marcha ya. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías; en primer lugar, quiero saludar, en nombre de mi Grupo, el programa de trabajo para el año 2001 de la Comisión, que concreta el programa legislativo que, a iniciativa de mi Grupo, el Parlamento pidió como condición para votar la investidura. 
No se han quedado cortos en propuestas; tienen 485, 155 de las cuales vienen del año pasado y se acumulan. 
Hay que recordar que el año pasado cumplieron el 50 % del programa. 
No hace falta que propongan muchas cosas. 
Traten de cumplir las que proponen. 
También quiero recordar, una vez más, que hubo un acuerdo para que el programa se presentara en enero, tras una consulta con las comisiones del Parlamento; es de esperar que el próximo año sean capaces de cumplir mejor los plazos. 
Insisto en que, sin duda, la cuestión esencial que se plantea en el programa es la adhesión de los ciudadanos al proyecto europeo, que constituye el signo y la condición sine qua non de su éxito. 
Y ello nos obliga a hacer frente conjuntamente a los problemas que preocupan a nuestros conciudadanos, como son la agenda económica y social, de la que hablaremos en marzo, la seguridad alimentaria, la introducción del euro como moneda contante y sonante y la lucha contra el crimen organizado, sin olvidar la ronda del milenio. 
Quiero decir que mi Grupo apoya expresamente la propuesta de "todo menos armas" que hace la Comisión; es decir, que puedan exportar los 48 países más pobres del mundo sin limitaciones. 
Éstos son aspectos claves del programa. 
Ello no impide que seamos objeto de críticas que tenemos que asumir y afrontar. 
Una de ellas es la que se ha planteado en relación con los burócratas de Bruselas sobre el tratamiento de las vacas locas; creo que aquí también tenemos que defender que ya hace años la Comisión y el Parlamento cumplieron con su deber, que pronosticamos esta crisis y que tenemos que seguir insistiendo no sólo en la investigación acerca de los responsables sino en la necesidad de dar respuestas a las preocupaciones de nuestros conciudadanos. 
Porque hacer un mercado único no sólo es desregular y eliminar normas que defiendan a los ciudadanos buscando el beneficio sin límites, también es procurar garantizar los servicios esenciales e igualmente, en un contexto de mayor competencia y libertad, hacerlo de manera civilizada. 
Eso es algo que hay que recordar porque parece que, en este momento, sólo se habla de la virtud de la desregulación y no de las virtudes que también tiene vivir en un marco civilizado. 
Sobre la gobernanza, señor Presidente, más que una reflexión, muy a la moda y un tanto etérea sobre nuevas formas, conviene recoger la vieja y buena tecnología democrática que nos permite comprender los mensajes de Pericles, hace 2.500 años, por ejemplo. 
Yo le pediría que, en vez de hablarnos de cosas muy generales, como han hecho hasta ahora, hagan una propuesta concreta en ese contexto de reflexión para el debate, donde la Comisión, partiendo del trabajo del Instituto Universitario de Florencia, proponga unos tratados simplificados, sencillos y comprensibles, que eviten al Presidente Havel tener en su despacho esa maleta de tratados, protocolos y anexos. 
Eso es lo que necesitamos. 
Y también necesitamos una propuesta de la Comisión sobre el reparto de competencias y sobre cómo se puede integrar la Carta. 
Y eso es hablar de todo, es decir, hacer un planteamiento muy amplio. 
Señor Presidente, hagan menos apelaciones genéricas a la sociedad civil y hablen más con sus representantes elegidos que somos nosotros, en el Parlamento Europeo, y los diputados y diputadas de los Estados miembros. 
En este año, creo que lo fundamental no es hacer una tertulia de café, ni un top show; lo que tenemos que hacer a la hora de reflexionar es ver cuáles son el procedimiento y el método. 
Y aquí, señora Presidenta, creo que hay que hacer también una precisión. 
Nosotros lamentamos la ausencia del Consejo; sin embargo, no nos parece que sea un buen método parlamentario regalarle cinco minutos más al Partido Popular Europeo, en la persona del Sr. Poettering, porque él tendrá que agradecer a los colegas que votaron el que hubiera este mes una pregunta a la Comisión y no al Consejo, como habíamos propuesto nosotros y como parece que se va a hacer en marzo; ése es un debate parlamentario justo, en este caso nos encontramos, verdaderamente, con que se están falseando los términos del debate y pierde sentido el reparto del tiempo de palabra entre los grupos y los diputados. 
Por lo tanto, nosotros creemos que quien tiene que estar aquí, y así lo hemos propuesto, es el Consejo, para explicar en qué términos redactó la Conferencia el Anexo IV, para que no sea un brindis al sol ni tampoco una especie de lanzamiento de un proceso espontaneista o soviético sin ningún orden. 
Por eso, entendemos que es muy importante, en relación con la reflexión estructural de la que ha hablado el Presidente Prodi, precisar su última propuesta; es decir, que haya un foro, una conferencia o una convención en la que participemos diputados europeos, Comisión, Consejo, Gobiernos y también diputados de los Estados miembros; pero no sólo para debatir, sino para hacer propuestas que puedan decidirse y resolverse al final. 
Y concluyo, Señora Presidenta, porque se me acaba el tiempo, diciendo a la Comisión, que tiene la maquinaria para hacer propuestas, que las haga y así podremos reforzar una alianza que consideramos absolutamente necesaria para avanzar decididamente en el debate y para aportar soluciones sobre el futuro de la construcción europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, "Presidencia vacía" del Consejo, Señorías, quisiera comenzar felicitando al Sr. Prodi y sus colegas de la Comisión por los considerables avances logrados el año pasado, en particular la labor de reforma que se ha hecho, que no es una de las prioridades políticas máximas de la Unión, pero no por ello deja de ser una de las necesidades institucionales ineludibles. 
En nombre de mi Grupo, acojo con satisfacción los avances logrados al respecto. 
Tomamos nota con particular preocupación del informe de la Comisión de la semana pasada- el informe previo a Estocolmo- sobre el proceso de Lisboa. 
Aunque hemos formulado la ambiciosa aspiración de llegar a ser dentro de un decenio la economía más dinámica basada en el conocimiento del mundo, estamos avanzando hacia ella a un ritmo menos veloz de lo que deberíamos. 
No excluyo al Parlamento, no soy mal perdedor, pero fui parte de la minoría que perdió respecto de la propuesta de liberalización de los servicios postales. 
Todos estamos embarcados en esto. 
Me recuerda una historia que se cuenta en los Estados Unidos sobre el famoso alcalde Richard Daley, que lo fue varias veces de Chicago. 
Al iniciar uno de sus períodos, pronunció un discurso y quería hablar de nuevos "lugares en cumbres" de logro. 
Pero cometió un error, como todos estamos expuestos a cometer, cuando leemos rápidamente nuestros discursos políticos. 
¡Empeñó su nueva administración a conseguir nuevos "lugares comunes" de logro! 
Me parece que debemos velar por que no sea ése el compromiso que llevemos a Lisboa, sino que en verdad avancemos. 
El mensaje para Estocolmo es el de que nuestro compromiso es real y profundo y se le debe conceder prioridad para su ejecución. 
En los doce últimos meses los avances con vistas a infundir credibilidad real a la política en materia de alimentación y consumidores han sido considerables. 
Falta mucho por hacer, pero se han logrado avances muy considerables. 
Sobre comercio y desarrollo: mi Grupo apoya la propuesta sobre "todo menos armas". 
Espero que, como la propia Comisión tiene en cuenta el carácter delicado de los asuntos del sector agropecuario en relación con la Organización Mundial del Comercio y el debate sobre la reforma de la política agraria, no se permita que la sucesión de esos debates obstaculice la iniciativa relacionada con el comercio. 
Es una importante iniciativa europea, por lo que espero que el Colegio opte por ella, pese a algunas de las dificultades planteadas por la sucesión de los debates y que pueden surgir en relación con otras negociaciones. 
El Grupo ELDR considera que debemos prestar mayor atención con urgencia a las cuestiones del asilo y la inmigración. 
Felicito al Sr. Vitorino por la labor que se ha sacado adelante, pero en Tampere se estableció un programa y me pregunto por qué, tanto tiempo después de la cumbre de Tampere, seguimos esforzándonos para determinar cuál debe ser dicho programa. 
Respecto de la ampliación: mi Grupo está profundamente comprometido con ese proceso, pero quisiera decir a la Comisión- y se lo digo también a esta Asamblea y al Sr. Solana- que, en realidad, debemos prestar atención y dedicar tiempo a la cuestión de Chipre. 
No se trata sólo del acervo comunitario: a ese respecto sus resultados son muy buenos. 
No se trata simplemente de su capacidad para aplicar el acervo: es algo que pueden ejecutar. 
Sin embargo, en torno a ello hay graves cuestiones políticas que no están recibiendo la atención ni se les está dedicando el tiempo que necesitan, en nuestra opinión, para obtener resultados satisfactorios al respecto. 
Sobre el programa legislativo en lo relativo a su forma: me alegro de que vaya a pasar por las comisiones de esta Asamblea. 
Me alegro de que tengamos una oportunidad de reflexionar sobre él y examinar las prioridades. 
El Sr. Prodi ha dicho que no es simplemente una agrupación de ideas dispares y, de hecho, ha ofrecido aquí algunas prioridades al respecto. 
Pero lo he examinado. 
Son 49 páginas de no comunicación muy densa. 
Son 49 páginas que abarcan 593 iniciativas diferentes. 
Resulta muy difícil encontrar en esa metodología cuáles son las prioridades reales, dónde hay pasión y concentración políticas y cuáles son simplemente las cuestiones que debemos abordar porque forman parte del proceso normal. 
Tenemos que abandonar esa vía. 
Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. 
Espero que el próximo septiembre dispongamos de alguna propuesta en la que cada iniciativa esté justificada desde el punto de vista metodológico. 
No quiero decir que nada esté en este caso justificado, pero que se nos cuente la historia. 
Tal vez pidiéramos algunas iniciativas, pero, pensándolo bien, diríamos que no son, al fin y al cabo, tan prioritarias. 
¿Cuántas de ellas se debieron a la petición del Consejo Europeo a la Comisión de que adoptara iniciativas? 
Aquí no encontramos las respuestas. 
Quisiera verlas. 
No se trata de obstaculizar el derecho de iniciativa de la Comisión en relación con los Tratados, sino de una cuestión de control de la calidad. 
Si se me permite decir una cosa más, me parece que sería muy útil que lo hiciéramos el próximo mes de septiembre y concluyéramos el debate en diciembre, a más tardar, y que usted, señora Presidenta, y el Sr. Prodi, como Presidente de la Comisión Europea, fueran al Consejo Europeo y le dijeran ex ante: ésta es nuestra prioridad para Europa. 
¿Es suya? Así es como debemos actuar, con impulso y energía. 
Por último, sobre Niza- sobre el après Nice- quisiera hacer tan sólo una observación. 
En el Parlamento Europeo debemos fomentar un debate amplio y transparente como preludio para una participación institucional plena después de Laeken. 
Mi Grupo quisiera insistir en el período posterior a Laeken en un método del estilo de una convención con una participación profunda del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales y que comprenda el compromiso activo del Consejo. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, mi Grupo también es un ferviente partidario de que en este debate se busquen realmente las prioridades esenciales y que podamos olvidar por un momento el clásico planteamiento comercial, business as usual, con el cual nos tropezamos ya bastante en nuestro trabajo cotidiano aquí. 
Antes que nada, quiero señalar que el problema central que se avecina es que la Unión carece de instrumentos que le permitan dirigir una actuación que verdaderamente sea capaz de hacer frente, por ejemplo, a los retos de la creciente globalización, así como de instrumentos para estar en condiciones de proteger a los ciudadanos frente a las consecuencias caóticas de esta globalización. 
Me remito ahora aquí sólo al hecho de que la Cumbre de Niza ni siquiera fue capaz de tomar la decisión de que las votaciones futuras sobre los asuntos relacionados con los impuestos pudieran ser resueltas por mayoría cualificada. 
Esto quiere decir que dejamos en manos de las fuerzas del mercado este ámbito fiscal. 
Permitimos que las fuerzas del mercado moldeen nuestros sistemas fiscales, y es obvio que esto se convierte en el obstáculo principal en el camino de la construcción de lo que nosotros llamamos aquí el modelo social europeo, en cuyo marco queremos encauzar el desarrollo de la sociedad mediante la aplicación de los impuestos. 
Aquí se ha mencionado la evolución demográfica. 
Está clarísimo que debemos luchar muy enérgicamente contra el creciente racismo, ya que es la única manera de poder acoger a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo. 
En este punto, todos nosotros tenemos una gran responsabilidad pública. 
Señora Presidenta, en esta Asamblea se suelen pronunciar palabras muy marcadas refiriéndonos a los ciudadanos. 
Hoy también se ha dicho aquí en repetidas ocasiones que los ciudadanos deben participar en el proceso de toma de decisiones, pero, lamentablemente, esto se olvida con mucha frecuencia cuando aparece una situación real. 
Las instituciones están intentando tramitar un reglamento relativo a la transparencia que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre las decisiones de la Unión. 
Quiero advertir a mis colegas y a todos los presentes de que, en estos momentos, parece ser que tal reglamento sobre la transparencia se está convirtiendo más bien en un reglamento que protegerá la confidencialidad de las acciones de las instituciones, o sea, exactamente todo lo contrario. 
Nosotros no podemos aceptar algo así y necesitamos entablar un debate más público también sobre este asunto. 
No es posible que sólo se hable íntegramente de este asunto a puerta cerrada, tal y como ocurre en estos momentos. 
Señora Presidenta, el desarrollo sostenible ha sido mencionado en la intervención inicial del Presidente Prodi, y éste es un objetivo esencial de nuestro Grupo. 
Si no logramos trazar en Goteburgo un verdadero programa para el desarrollo sostenible, habremos perdido una oportunidad que quizás no se vuelva a repetir. 
Es en este punto, más que en ningún otro, donde la Comisión debe mostrar su capacidad de gobierno y sus visiones. 
Pero parece ser que también en esta situación concreta aparecen siempre problemas. 
La Comisión publicará hoy su Libro Blanco sobre la política en materia de productos químicos, pero yo tengo razones para suponer que, también en este asunto, el planteamiento de la Comisión se dedica más a proteger los intereses económicos inmediatos de la industria que a garantizar que nos libremos realmente de los productos químicos peligrosos. 
Esto es algo que nosotros no podemos aceptar de ningún modo, habida cuenta de que estamos hablando del desarrollo sostenible. 
La competitividad aportada por factores medioambientales es una cuestión que habría que tomar en serio, y la Comisión debería escuchar preferiblemente a las industrias y a los agentes que se han percatado de que el desarrollo sostenible puede ser también una actividad comercial rentable. 
La gran reforma de la Política Agrícola está siendo debatida en estos momentos y nosotros queremos impulsarla, así que exigimos que la Comisión adopte una posición que abarque todo el conjunto, y no que se conforme con ir dando pequeños pasos; estamos aquí, pues, ante un verdadero cambio de paradigma. 
Para concluir, señora Presidenta, si usted me lo permite, el Anexo IV del Tratado de Niza es seguramente lo mejor que contiene este Tratado. 
Recoge la gran obligación para el Parlamento y para la Comisión, así como para el Consejo y para la Presidencia sueca, de tomarse en serio la reconsideración del método del que nos estamos sirviendo para construir la Unión Europea. 
Nuestro Grupo apoya totalmente la iniciativa presentada por usted para hacer participar a la sociedad civil en este debate durante el próximo medio año, antes de la Cumbre de Laeken, y también, por supuesto, a los Parlamentos nacionales, incluidos los de los países aspirantes a la adhesión. 
Siento decepción cuando escucho que nuestro colega, el Sr. Barón Crespo, quiere destacar aquí que debemos conformarnos principalmente con escuchar a los Parlamentos nacionales. 
No, la sociedad de los ciudadanos es algo verdaderamente real. 
Debemos tomarla en serio de una vez por todas y no tenemos necesidad alguna de volver a ver ninguna Conferencia Intergubernamental que garantice únicamente los intereses nacionales, y todo ello ocurrió a puerta cerrada. 
Señora Presidenta, Señor Presidente de la Comisión, el programa de trabajo de la Comisión para 2001 es cuestionable en varios aspectos, en mi opinión, empezando por el papel de la Unión en Europa y en el mundo. 
Las negociaciones con los países candidatos continuarán según la hoja de ruta, así se indica en su documento, el cual menciona, y cito, "dieciocho capítulos suplementarios que deben cerrarse este año". 
¿Cómo, a partir de indicaciones tan abstractas, cuando no burocráticas, podemos hacernos una idea de los problemas que hay que resolver, de las contradicciones que hay que superar y, por consiguiente, de las alternativas políticas que tenemos que elegir? 
Por otra parte, encuentro especialmente pobre y reductor el concepto de política de vecindad para designar al mismo tiempo la estrategia de la Unión en los Balcanes, sus relaciones con Rusia y el partenariado euromediterráneo, todo ello en siete líneas. 
Algunas políticas aplicadas por la Unión en estos campos son, sin embargo, objeto de críticas. 
Así ha sido una vez más, la semana pasada, por parte del segundo foro euromediterráneo. 
¿Qué enseñanzas sacan ustedes de estas apreciaciones? 
¿Y qué queda de la política de desarrollo de la Unión? 
Para los más pobres, excepto la medida comercial que usted acaba de recordar, han creado la Oficina Europa Aid, a semejanza de la US Aid, y han sustituido en lo esencial el desarrollo por la asistencia. 
Para los demás países, usted trueca la filosofía tipo Lomé por la lógica tipo OMC. 
¿Dónde está hoy la ambición de Europa para su Sur? 
La segunda gran prioridad sobre la que deseo preguntarle es la Nueva Agenda económica y social. 
La Comisión debe preparar las decisiones que hay que tomar en este contexto a partir de una serie de criterios bautizados como "indicadores estructurales" ¿Qué lugar ocupan en estos indicadores las preocupaciones sociales y todo lo que el PNUD denomina muy juiciosamente indicadores de desarrollo humano? 
Por ejemplo, usted no propone la más mínima condición social para la aprobación por la Comisión de los proyectos de fusión de los grandes grupos. 
¿Por qué? 
¿Qué espera usted hacer en el futuro para evitar la multiplicación de los casos Michelin, Danone, Alsthom, Valeo, Aventis u otros, casos en los que los planes de supresión de empleos acompañan al anuncio de excelentes resultados financieros? 
¿Por qué aplaza usted para el año próximo la revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos, etc.? 
Es en este contexto en el que usted anuncia un Libro Blanco sobre la gobernanza europea que incluya un partenariado con la sociedad civil. 
Volviendo del Forum social mundial de Porto Alegre, debería aplaudir con las dos manos. 
Me contengo, sin embargo, pues detrás de un propósito político de cariz casi libertario, están precisamente todas estas orientaciones económicas de esencia clásicamente liberal. 
Ahora bien, para superar hoy la crisis de confianza de los ciudadanos en la Unión, creo que hay que jugar limpio hasta el final con ellos, con sus representantes, con sus sindicatos, con sus asociaciones, es decir aceptar la confrontación de opciones con toda claridad antes de las decisiones, permitir una evolución pluralista y transparente de los efectos de estas decisiones después de establecerlas y, llegado el caso, atreverse a cambiar de rumbo si, por casualidad, las prioridades de la sociedad fueran a trastornar la Agenda de los representantes comunitarios. 
¿Qué pasos, Señor Presidente de la Comisión, estaría usted dispuesto a dar en este sentido en 2001? 
Señora Presidenta, el acuerdo alcanzado en Niza va a preparar el camino para la ampliación de la Unión. 
Ése era el objetivo central que había que lograr durante las negociaciones sobre el Tratado y ahora creo que el camino que queda por delante está expedito para que los países candidatos se adhieran a la Unión en el futuro inmediato. 
El objetivo más inmediato para los 15 miembros actuales de la Unión Europea es el de velar por que se ratifique el Tratado de Niza en toda la Unión lo antes posible. 
Las disposiciones del Tratado de Niza no pueden entrar en vigor hasta que haya concluido el proceso de ratificación en los 15 Estados miembros de la Unión. 
Tomo nota con interés de que el programa para este debate que estamos celebrando hoy lleva el título de "Seguimiento de Niza". 
Quisiera advertir a todas las partes interesadas que no conviene examinar los grandes acontecimientos en la evolución de la Unión antes de que haya concluido totalmente el proceso de ratificación en la Unión Europa. 
Ésa es en realidad la dicotomía central que existe dentro de la Unión en este momento. 
Quienes hablan de una más amplia integración política dentro de la Unión dan por sentado que la ratificación del Tratado de Niza está ya hecha. 
No está hecha. 
Es algo que hay que vender a los 370 millones de ciudadanos de la Unión de una forma que sea fácil de comprender y que concite el apoyo público y la buena voluntad de todos nuestros ciudadanos. 
Ésta es una crítica que quisiera dirigir en particular a quienes proponen la implantación de estructuras completamente federales en la Unión Europea. 
A veces hay en ciertos medios europeos una actitud en el sentido de "nosotros sabemos mejor que nadie lo que hay que hacer; haremos los cambios oportunos y más adelante los ciudadanos nos los agradecerán". 
No es así como funciona la persuasión política. 
Presentamos propuestas. 
Después convencemos a los ciudadanos de Europa para que las apoyen, ya sea en nuestra respectivas estructuras parlamentarias o por referéndum. 
Nos corresponde a nosotros, que apoyamos la ampliación de la Unión y reconocemos el absoluto derecho de los países candidatos a adherirse a la Unión, convencer a los ciudadanos que nos votan de la importancia de las disposiciones del Tratado de Niza y de sus amplias consecuencias políticas. 
Lo que la Unión Europea no debe hacer es celebrar ningún otro debate sobre la evolución de la situación en la Unión antes de que se haya ratificado el Tratado de Niza en todos nuestros Estados miembros respectivos. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, he escuchado con cierto estupor la intervención del portavoz de los Populares que ha evidenciado la ausencia del Consejo, la disgregación institucional que en cierto modo se ha notado en el Pleno, y que además ha criticado fuertemente la política sectorial de los ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros. 
Creo que esto es sintomático respecto a lo que el Presidente Prodi ha ilustrado del programa hace unos instantes: un programa que de alguna forma calca un libro de los sueños, envuelto, sin embargo- he aquí la diferencia con los demás- en la búsqueda de un debate que el Presidente Prodi ha ilustrado en su informe. 
Hemos oído hablar de liberalización de los mercados, de privatizaciones y, al mismo tiempo, de desarrollo sostenible y de deterioro medioambiental, y se nota una contradicción evidente cuando se habla de liberalización, por una parte, y de desarrollo sostenible, por otra: contradicciones que son puestas en evidencia por una Comisión y por una Europa demasiado vinculadas a lobbies cuyo único interés es muy posible que no sea construir la Europa de la que se hablaba, sino llegar cada vez más a una Europa de los mercaderes que no amo y que creo que muchos de nosotros no aman. 
El problema continúa siendo de fondo, el que anima cada vez más el debate de la Europa moderna, el que alguno- con una palabra americana que a mí no me gusta- llama Welfare State y que nosotros los europeos desde siempre hemos llamado Estado social. 
El problema de fondo es y sigue siendo el siguiente: ¿Estado social o Estado liberal? 
¿Más Estado y menos mercado o más mercado y menos Estado? 
Hemos oído hablar de 2,5 millones de puestos de trabajo creados el año pasado y hemos escuchado por boca del Presidente Prodi que los dos tercios de estos puestos han correspondido a las mujeres. Creo que lo que el Presidente Prodi nos ha ilustrado es un excelente resultado que, sin embargo, debería evaluarse también sobre la base, querido Presidente, de su distribución territorial en Europa. 
De estos 2,5 millones de puestos de trabajo, por ejemplo, no sé cuántos han correspondido a Italia y, en particular, a Italia del sur, donde el problema del empleo es gravísimo y donde, si quisiéramos, se podría- es una sugerencia personal, pero que se podría estudiar atentamente- pensar en conjugar los problemas del desarrollo sostenible y los de la solución al problema del empleo: me refiero a la posibilidad de incentivar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral con un salario mínimo de incorporación orientada, por ejemplo, a la replanificación hidrogeológica del territorio. 
Hay mucha gente que está sin hacer nada y Europa podría encontrar una solución de este tipo para resolver dos problemáticas al tiempo. 
Pienso asimismo en la manera en que usted, señor Presidente, ha hablado de la reforma interna de la Comisión. 
Sé que está trabajando en ella con entusiasmo y este entusiasmo con el que la Comisión trabaja está repercutiendo, por ejemplo, en el mundo laboral interno, en los trabajadores de la Comisión que están preocupados por los recortes de las carreras y por una recolocación que podría influir en las posiciones del mundo laboral y de los trabajadores del Parlamento. Existe una preocupación generalizada en este sentido. 
En consecuencia, la invitación es la de poner en marcha un debate definitivo no tanto y ya no más sobre los papeles, sino sobre los contenidos políticos que sé que se quieren dar a la iniciativa de la Comisión y del Parlamento: decisiones concretas y visibles que diseñen una Europa en la que la alusión a los pepinos, a la que ha hecho mención el Presidente Prodi- sea cada vez más tenue y lejana. 
Señor Presidente, algunos euroescépticos dicen sí al Tratado de Niza porque los federalistas se oponen a éste. 
Algunos federalistas dicen sí porque los euroescépticos se oponen, cuando los dos grupos tienen buenas razones para decir no. 
Los euroescépticos pueden oponerse a desplazar poder de los parlamentos nacionales a Bruselas. 
Los federalistas pueden oponerse a que las decisiones ya no sean tomadas por los electores y los cargos electos sino por los funcionarios y ministros de la UE. 
En resumidas cuentas, Niza implica menos democracia. 
Ha de ponerse fin a los tratados celebrados a puerta cerrada, el próximo ha de ser negociado a la luz del día por los cargos electos y debe ser discutido no sólo con transparencia sino implicando directamente en el debate a los ciudadanos y ser por último aprobado en referéndum en los países donde esté permitido. 
Con este trasfondo, los federalistas y "euromonárquicos" pueden discutir el modelo de organización de la Europa del futuro. 
¿Qué será decidido en Bruselas, qué será decidido en Estrasburgo, qué será decidido en los parlamentos nacionales? 
El Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias trabaja en pro de una cooperación europea transparente, más libre y más delgada. 
Queremos que la mayor parte de todas las decisiones sean adoptadas en los países miembros y en los ámbitos locales. 
La riqueza de Europa descansa en las diferencias y así, por ejemplo, no vemos ninguna necesidad apremiante de que la UE deba modificar una decisión acordada por el concejo municipal de Århus sobre el modelo de funcionamiento del servicio local de autobuses. 
Es un tema que podemos decidir por nosotros mismos sin problemas. 
Por último, espero que los medios de información que la Comisión va a emplear ahora serán empleados de forma pluralista para fomentar el debate entre los diferentes puntos de vista existentes sobre la integración europea. 
Señor Presidente, la discusión, hoy, de una pregunta oral sobre el seguimiento del Consejo Europeo de Niza, aun cuando el proyecto de tratado no se ha firmado todavía y la próxima CIG no deberá convocarse hasta 2004, demuestra claramente la impaciencia de algunos por reanudar un ciclo de negociaciones. 
Para ellos, para la Comisión especialmente- como acaba de decirlo su Presidente- debería tratarse por fin del gran proceso constitucional europeo al que el Consejo de Niza se ha negado, proceso que debería ser propiciado sin tardanza por una convención europea inspirada en la que preparó, el año pasado, la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Pero la precipitación, incluso la agitación, no debe sustituir a la reflexión. 
La idea de Constitución europea remite a la de un Estado europeo que nuestros pueblos no quieren. 
El Consejo de Niza, anótenlo bien, se ha abstenido además de incluir esta idea entre los objetivos de la futura CIG. 
En efecto, la futura Europa necesitará, no un futuro Estado con su Constitución, sino una red de naciones respetuosa con las democracias nacionales, que se materialice en un tratado fundamental. 
Por ahora, debemos reflexionar sobre el método del futuro debate. 
Digámoslo, la convención que ha preparado la Carta de los Derechos Fundamentales ha sido un fracaso porque, constantemente, ha mezclado competencias, ha confundido responsabilidades y, finalmente, ha producido un texto, quizás agradable a los oídos de los supranacionalistas, pero inaceptable para el conjunto de miembros de la Unión. 
Sí, en el futuro habrá que preparar la CIG de diferente forma, pero ciertamente no por medio de convenciones en estado de ingravidez que nos llevarían a nuevos estancamientos. 
Para la próxima CIG, primeramente hay que organizar el debate en y en torno a los parlamentos nacionales, bajo su responsabilidad. 
En una segunda fase, la futura CIG sólo debería negociar las propuestas creíbles, es decir las apoyadas por al menos la cuarta parte de parlamentarios nacionales de la Unión después de una votación de sus asambleas plenarias. 
Así, estaríamos seguros de no divagar y de quedarnos fuertemente anclados en las democracias nacionales. 
Señor Presidente Prodi, comprendemos lo difícil que es resumir en un documento tan reducido la complejidad de los temas a los que la Comisión Europea dedica su atención. 
Me limito, por lo tanto, sólo a dos temas que me gustaría que se volvieran a abordar. 
Vemos lo que está ocurriendo en el sector agrícola y, como Partido Popular Europeo, consideramos que es absolutamente necesario reexaminar los términos de la política agrícola común y, sobre todo, llegar a comprender el alcance de las futuras estrategias. 
Baste pensar en el peso financiero que la política agrícola ocupa en nuestro presupuesto, pero sobre todo en las cartas que se jugarán en la agricultura o en las cuestiones de la globalización. 
Usted mismo ha recordado la propuesta Lamy, una propuesta extraordinariamente importante, pero que tendrá consecuencias muy significativas para las temáticas agrícolas. 
Pensemos asimismo en qué sucederá en el frente de la producción alimentaria respecto a la seguridad, en qué sucederá en el terreno de las producciones típicas y en el capítulo ligado a la biotecnología. 
Si luego añadimos los temas de la ampliación y el relanzamiento de la agricultura en algunas regiones como las de la cuenca del Mediterráneo, pues bien, quisiéramos saber cuál es el modelo de agricultura europea que la Comisión pretende realizar y, sobre todo, quisiéramos tener realmente la tranquilidad de que este modelo de agricultura no se pondrá en la mesa de la política exterior y no se considerará una moneda de cambio con situaciones que derivan de las exigencias internacionales. 
El segundo tema se refiere al Mediterráneo, cuya importancia ha quedado demostrada en un foro en el que hemos participado la semana pasada. 
Pues bien, por lo que respecta al Mediterráneo, siguen sin solución muchos problemas. 
Quisiéramos que respecto a este capítulo se arbitrara una política que garantice a la región del sur los mismos privilegios que se conceden a las demás regiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Presidente de la Comisión nos ha dicho que las instituciones deben ser responsables, transparentes y eficientes y ha prometido presentar un Libro Blanco sobre la administración de los asuntos públicos. 
Si necesitamos mejorar la administración de los asuntos públicos de la Unión, podríamos comenzar con el propio programa de trabajo de la Comisión. 
Deberíamos centrar la formulación de políticas en sectores en los que es indispensable la intervención a escala de la UE. 
Deberíamos velar por que se respetara plenamente el principio de subsidiariedad. 
¿Es así en verdad en el caso de la recomendación de la Comisión sobre un modelo europeo común para los curriculum vitae: la nº 379 de su lista de medidas por aplicar este año? 
Cada una de las propuestas legislativas debería ir acompañada de una justificación de la necesidad de actuar en el nivel de la Unión y nosotros podríamos contribuir a ello, como ha propuesto mi colega el Sr. Clegg, creando en esta Asamblea un comité permanente de análisis para velar por que las medidas propuestas cumplan los criterios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Su discurso sobre el estado de la Unión, señor Prodi, debería ir acompañado de una lista detallada de propuestas, justificadas y explicadas cada una de ellas por separado, no ocultas en anexos al documento. 
La propuesta debería ser el resultado de un debate serio en el Colegio de Comisarios y no quedar aprobada automáticamente. 
Nuestro comité debería interrogar a los Comisarios por separado sobre las propuestas correspondientes a sus ámbitos de competencias. 
Por último, el programa anual de trabajo debería someterse a votación aquí, en nuestro Pleno. 
En Niza se vieron los fallos de la Europa intergubernamental. 
A nosotros corresponde argumentar de forma más persuasiva en pro de una Europa federal. 
Señor Presidente, señor Presidente Prodi, me adhiero a las exigencias de respuestas más concretas. 
La unidad política de Europa no ha avanzado en Niza. 
Al contrario, lo que allí ha triunfado es la renacionalización. 
Señor Presidente Prodi, creo que es muy importante reconocer que lo que allí ha fracasado es la presunción del Consejo de ser el elaborador de la Constitución Europea. 
Por la naturaleza del asunto, los órganos competentes para ello son los Parlamentos. 
Señor Presidente Prodi, la actitud de la Comisión no está clara y es extremadamente vaga, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión del proceso posterior a Niza. 
Ha expresado unas críticas palabras sobre el Tratado pero escucho que en mi propio país la Comisión está poniendo en marcha una gigantesca campaña publicitaria en la que el Tratado de Niza se celebra como un hito y éxito histórico. 
Usted ha pronunciado palabras críticas pero su Comisario Barnier nos expone en unos cuantos trazos un mero foro de debate en lugar de un proceso constitucional y una Convención. 
Señor Presidente de la Comisión, le ruego que dé una respuesta muy concreta a una pregunta también muy clara: ¿está al lado del Parlamento cuando se trata de exigir un proceso constitucional, un modelo de Convención y la ampliación del catálogo de preguntas de Niza en principios democráticos tan decisivos como la división de poderes, los checks and balances, la publicidad de la legislación y similares? 
Señor Presidente, en Niza se ha dado un paso hacia atrás en la política de integración. Ni rastro de más transparencia o más capacidad de actuación y decisión. 
Por ello, desde mi punto de vista se debe utilizar el período posterior a Niza para salvar a la Unión frente a Niza. 
En el breve tiempo de que dispongo voy a mencionar cuatro puntos que son importantes para mí. 
En primer lugar, exijo al Consejo que corrija inmediatamente el número de escaños para la República Checa y Hungría en el Parlamento Europeo. No puede producirse una discriminación de estos dos países. 
En segundo lugar, es necesario un claro acuerdo inicial para el debate sobre el futuro de la Unión- refundación no debe significar renacionalización. 
En tercer lugar, la convocatoria de una conferencia de reformas según el modelo de la Convención que decida también sobre la legitimación y autoridad para las propuestas de reforma y, en cuarto lugar, se debería adelantar la Conferencia Intergubernamental pues no puede ser que tenga lugar en el 2004, en un momento en que expiran las legislaturas del Parlamento y de la Comisión no pudiendo participar ambas instituciones con todas sus fuerzas. 
Señor Presidente, desde hace años aumentan las prioridades tanto porque no se han alcanzado totalmente los objetivos como porque la frenética aceleración de los procesos políticos, tecnológicos y económicos nos plantea urgencias cada vez más nuevas y difíciles de afrontar. 
El problema del empleo y de la dignidad de las condiciones de trabajo y de vida sigue sin resolverse. Por lo que respecta a la ampliación, nuestras capacidades de afrontarla adecuadamente respecto a nuestros pueblos y a los pueblos en vías de adhesión, las estructuras necesarias, los ajustes económicos y las relaciones de tipo político y social precisan un mayor desarrollo y más coherencia. 
No se trata de acelerar la ampliación o de frenarla: se trata de llevarla a cabo de manera compatible con la realidad y con los plazos necesarios para que una decisión moralmente correcta no se convierta en una derrota. 
La lucha contra la inmigración ilegal, contra la delincuencia organizada, contra la explotación de las mujeres y de los niños, contra la droga, contra el tráfico de armas y de órganos humanos debe ser objeto de nuestra atención en todo momento; sin embargo, debemos decir que los documentos impecables desde el punto de vista formal no llevan aparejados avances significativos en el territorio. 
Esperamos una regulación europea para el uso de Internet. 
En efecto, sin normas no existe libertad sino violación de leyes nacionales e internacionales. 
El relanzamiento de la política del Mediterráneo, según fue aprobada por el Parlamento Europeo en el anterior período parcial de sesiones, se debe llevar a cabo- y pronto- al igual que se han de llevar a término las iniciativas de paz en Oriente Próximo. 
Sin embargo, en este momento, las más prioritaria entre todas las emergencias que tenemos es la salud alimentaria y la seguridad de los ciudadanos. 
En nombre de un falso progreso y de un beneficio ilícito de unos pocos, se están destruyendo de manera irreversible la salud del consumidor de hoy y de mañana y sectores agrícolas y alimenticios enteros. 
Las consecuencias serán desastrosas si no sabremos responder con firmeza, honestidad y rapidez. 
Ya son muchos los retrasos en las intervenciones de los Gobiernos tras las primeras denuncias, hace muchos años, sobre las vacas locas, los bistecs encolados, los pollos con dioxinas, en definitiva sobre todos los fraudes alimentarios que han resultado ser no solo fraudes comerciales, sino bombas ecológicas y sanitarias. 
Señor Presidente Prodi, le pedimos que inste al Consejo a que cree de inmediato un comité de control y verificación, pero, en el entretanto, esperamos que haya un mayor control por parte de su Presidencia. 
Señor Presidente, después de Niza nos encontramos ante numerosas cuestiones abiertas para las que necesitamos respuestas concretas. 
Estas cuestiones se refieren a la delimitación entre las competencias nacionales y europeas, a la simplificación de las disposiciones contractuales, al status jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales y al papel de los Parlamentos nacionales en la arquitectura de la Unión Europea. 
¿Sobre qué deben seguir siendo competentes al final los Estados miembros? 
Esta cuestión está estrechamente unida con la definición de los objetivos de la Unión Europea. 
Debemos tener claro que sólo con una clara determinación de las competencias se puede esperar aceptación entre la población para las decisiones legislativas y políticas europeas. 
Por ello, tiene que ser un objetivo preferente incluir más intensamente a los Parlamentos nacionales en el proceso de debates en la fase previa a la proyectada Conferencia Intergubernamental. 
Por un lado, para poner lo antes posible en marcha el proceso de debates en los Estados miembros y, por otro, para superar ya de antemano posibles problemas en la ratificación posterior. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, estamos comenzando un proceso de debates del siguiente tenor: los left overs de Amsterdam, que ahora mencionamos como los shortcomings de Niza, tienen que solucionarse en el proceso posterior a Niza. 
Creo que para ello debemos tener un procedimiento claro. 
Pues no es suficiente con que este año se presente como un gran escenario en que florecen y se multiplican los debates, en el que participa una sociedad civil, sobre lo que el Sr. Swoboda ha realizado unas acertadas observaciones críticas, sino que se plantea la pregunta en base a qué métodos claramente determinados se vincula al Parlamento Europeo, a los Parlamentos nacionales, o la clara cuestión de si es una convención o no lo es y qué papel va a desempeñar dicha convención en la adopción de decisiones de los documentos que se acordarán en el proceso posterior a Niza. 
La cuestión es si esto va a ser sólo una mera declaración folklórica que se va a aprobar en una convención y si los 15 se van a comportar en la noche decisiva del mismo modo como hicieron en Niza. 
Creo que aquí hay que aclarar, tanto en lo que se refiere al método como a los objetivos, en qué dirección debe marcharse; esto no debe quedar en la oscuridad. 
Por lo demás, también hay que recapacitar, después de que casi todos los jefes de Gobierno dicen que las estructuras decisorias de Niza son malas, bajo qué métodos se pueden arreglar las cosas quizás incluso antes del proceso posterior a Niza, por ejemplo, en relación con los Tratados de ampliación, en los que en el pasado esto se aclaraba siempre. 
Por lo demás, este es también el método para no retrasar la ampliación. 
La ampliación es el segundo gran tema que tenemos. 
Tenemos que cumplir nuestra obligación histórica. 
Esto me lleva al tercer tema. Debemos prestar atención para que los vínculos transatlánticos no se ahoguen ahora en unos nuevos debates sobre la política de seguridad, que los norteamericanos no nos comprendan con nuestra iniciativa de política de seguridad y de defensa y que nosotros no comprendamos a los norteamericanos con su sistema de defensa estratégica. 
En primer lugar, creo que podemos decir que la ampliación es nuestro gran logro en política de seguridad y, en segundo lugar, si desarrollamos nuestras propias aptitudes, éstas son parte integrante de la Alianza Atlántica que va a seguir siendo responsable de la seguridad colectiva en Europa. 
Y en tercer lugar, creo que esto nos concede la posibilidad de crear las condiciones previas para una plaza del mercado transatlántica. 
El actual enviado del Presidente norteamericano, Robert Zoellick, es el autor de la declaración transatlántica de 1990. 
Ruego recontinuar en esta tradición y hacer el Océano algo más estrecho. 
En primer lugar, a la primera fase no corresponde sólo el debate público- apoyo las observaciones realizadas al respecto por los Sres. Swoboda y Brock- sino que a la primera fase corresponde también la declaración prevista de Laeken. 
Mi pregunta muy clara dirigida a usted es la siguiente: ¿Está usted- la Comisión- dispuesto y lograremos en este año 2001 presentar para Laeken una propuesta conjunta de la Comisión y del Parlamento para la posterior estructuración del proceso "posterior a Niza"? 
Esta es la primera pregunta que se refiere al método. 
En lo referente a la segunda cuestión, saludo que haya dicho que tenemos que crear un gremio para la participación de los Gobiernos, la Comisión, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
Queremos una convención para el posterior desarrollo del proceso posterior a Niza, una convención que sea un centro gravitacional para el debate público, es decir, destinatario y remitente de propuestas y que al mismo tiempo presente una clara propuesta para la Conferencia Intergubernamental y para los temas que deberán ser tratados en el 2004. 
La tercera cuestión se refiere a los temas. 
Se han previsto cuatro temas, lo que está bien y es factible pero todos sabemos que no sólo se tienen que precisar estos temas sino que para el 2004 está y tiene que estar en juego mucho más. 
Me permito aconsejar que nos apartemos de este extraño concepto "Post-Niza", "después de Niza". 
No se trata de "después de Niza". 
Niza no es sólo el fin de un método sino que Niza en el fondo es también el fin de una época, la época del proceso de unificación europea de los años 50, 60, 70 y 80. 
Ahora se trata de crear los preparativos para una nueva Unión Europea, es decir, una Unión Europea del siglo XXI. 
No se trata del "proceso posterior a Niza" sino de que nos encontramos ante una renovación del proceso de unificación europea. 
Esto debe estar claro. 
Si queremos ganar para nuestros objetivos de la unificación europea a la opinión pública, al debate público, a las personas, ciudadanas y ciudadanos, entonces no es suficiente con iniciar un "proceso posterior a Niza" sino que tenemos que mostrar claramente a las personas que se trata de una nueva Unión Europea y de una nueva Europa que ha cambiado desde 1990. 
Señor Presidente, permítame comenzar expresando mi gran decepción porque ningún ministro de la Presidencia está presente en este importante debate. 
Señor Presidente de la Comisión, en la neblina que se ha levantado después de Niza, queda claro que el acuerdo tardío y a puertas cerradas tiene notorias limitaciones. 
Ahora, con más serenidad, se promete un amplio debate ciudadano sobre las metas, el futuro y las tareas de Europa. 
Pero, ¿cómo se hará? 
Si los ciudadanos europeos realmente van a participar en los debates sobre el futuro del proyecto europeo común, habrá que escucharles. 
¿Está dispuesta la Comisión a hacer suyas y a realizar las propuestas e ideas de los ciudadanos? 
En ese caso, significa que la Unión va a cambiar, que va a abrirse y a simplificarse. 
Nos consta que muchos ciudadanos quieren una constitución clara. 
¿Cuándo la obtendrán? 
También sabemos que los asuntos relacionados con el medio ambiente, el asilo y la delincuencia internacional son importantes y que los ciudadanos quieren que la UE demuestre fortaleza y capacidad de actuar con energía. 
¿Están dispuestos la Comisión y el Consejo a dar esas herramientas a la UE? 
Desgraciadamente, los resultados de Niza nos desalientan. 
Nos consta que existe una generalizada molestia por el gran interés de la Unión en los detalles. 
¿Está dispuesta la Comisión a dar un verdadero contenido al famoso principio de subsidiariedad y a buscar un método para limitar la enorme ansiedad por regularlo todo en detalle que nos caracteriza, tanto en Bruselas como en Estrasburgo? 
Hay que dar verdadera participación en los métodos, en la agenda y en las decisiones sobre el futuro de la UE a los ciudadanos de la Unión y de los países candidatos, a los parlamentos nacionales y, evidentemente también, a este Parlamento ¿Cómo hacerlo?. 
Ésta es la gran asignatura pendiente y de la que se han ocupado todos los colegas. 
Después de lo ocurrido el año 2000, resulta difícil convenir, señor Presidente Romano Prodi, con lo que nos dice de que su programa se refiere a Europa y al año 2001. 
Según su programa, podríamos pensar que no existe el gravísimo y determinante problema de las vacas locas. 
Sus propuestas hablan de forma idealista de la nueva economía y de millones de nuevos empleos sin tener en cuenta la necesidad de crearlos prioritariamente en las regiones menos desarrolladas, donde se padecen las mayores tasas de desempleo y la emigración de los técnicos más competentes. 
No se abordan los problemas económicos y presupuestarios de la necesaria ampliación a nuevos Estados ni el drama de la inmigración procedente del tercer mundo, se pasa por alto la crisis de la mundialización ultraliberal puesta en entredicho en particular en Porto Alegre, nada se dice de la inmensa desilusión de Niza, nada se habla, en este marco, sobre el hecho de que los Estados ya no puedan históricamente impedir la decisión democrática directa de los ciudadanos respecto de la Unión ni el surgimiento de las naciones sin Estado y de las entidades con personalidad política y legislativa. 
Señor Presidente Romano Prodi, la Comisión no debería apartar la cara para no ver que en la sociedad europea está surgiendo un proceso que ha de concluir con la aprobación de una Constitución de la Unión. 
Estaría bien que el ausente Consejo, la Comisión y el Parlamento tomaran juntos la iniciativa que piden los ciudadanos. 
Señor Presidente de la Comisión, hoy los euroescépticos han cambiado de bando, han pasado a ser los que dominan en esta Asamblea, que lo pintan todo de negro a propósito de Niza, ocultan mal su propio fracaso, directamente proporcional a la arrogancia política que exhibían y al que, por no haber aprendido las enseñanzas del pasado, vuelven, lamentablemente, a precipitarse. 
Ahora bien, la Unión Europea ampliada necesita exactamente lo contrario para no pasar sólo de los restos de Amsterdam a los despojos de Niza y, llegados a 2004, a nuevas frustraciones. 
Europa necesita otra estrategia, otra idea. 
La mayoría tiene que disponerse a comprender sin prejuicios la realidad. 
Ya basta con su fracaso en Niza. 
Ahora lo importante es que advierta la prueba de la verdad que allí hubo: el choque de la abstracción fantasiosa con la realidad efectiva de los pueblos. 
Hay una cuestión de rumbo, pero también una cuestión de ritmo. 
Querer forzar una superconstrucción política estatal, cuando no existe un pueblo europeo ni una opinión pública europea siquiera, sólo puede anticipar nuevos desastres. 
Más centralismo, menos democracia. 
Está claro que los pueblos se resisten. 
Nadie quiere abdicar de la calidad democrática que tiene en su propio país, en su lengua y cultura, cerca del poder que elige, que entiende y que dirige. 
Si no se entiende eso, si no nos disponemos a oír más en lugar de tanto hablar, si no queremos abrir el paso a la prelación de los parlamentos nacionales, si no queremos desdramatizar a Europa, despidiéndonos de obsesiones sin sentido útil, entonces el debate posterior a Niza fracasará, del mismo modo que fracasó el debate anterior a Niza. 
¡Es una lástima! 
Será una lástima que los federalistas, prefiriendo de nuevo su túnel teórico a la realidad de los pueblos, sigan repitiendo la misma frustración de Niza y debilitando a Europa. 
Lo que se preparó ha fracasado, lo que acontece carece de doctrina. 
Necesitamos una estrategia europea completamente distinta, una estrategia con las naciones a partir de los pueblos, no más una estrategia sobre los pueblos contra las naciones. 
Y, más que un debate europeo, lo que necesitamos es quince debates nacionales en el marco de la ampliación, veintisiete debates nacionales sobre Europa, sin eufemismos ni ambigüedades, con las cuestiones claras encima de la mesa. 
Señor Presidente, Señorías, la inexistencia de un programa de trabajo concreto de la Comisión para preparar la próxima reforma institucional preocupa, como se ha visto, a este Parlamento. 
Parece que habría que esperar las orientaciones de Laeken para ponerse en marcha. 
Pero el debate sobre el futuro de la Unión está en marcha desde hace meses, con intervenciones de varios Jefes de Estado y de Gobierno, y el Parlamento ya está trabajando activamente. 
La pasividad de la Comisión, si se confirmase, sería muy grave en esta etapa preparatoria, porque todos sabemos que tiene una gran responsabilidad: la de ejercer como guardiana del espíritu comunitario. 
Y esta responsabilidad tiene que plasmarse en propuestas concretas y no en vagas referencias a un Libro Blanco o a otros expedientes similares. 
En cambio, celebro de verdad que en la mañana de hoy el Presidente Prodi haya reafirmado su respaldo a las precisiones que el Comisario Barnier hizo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir, que haya reafirmado que la propuesta de un forum no es un retroceso respecto de la pasada convención, sino la ambición de una convención con mejor funcionamiento. 
Ahora bien, si es así, ¿para qué cambiar de nombre? 
Los europeos ya saben lo que es una convención y han podido comprobar sus resultados, transparentes y fructíferos, comparándolos con el penoso discurrir de la última Conferencia Intergubernamental. 
Sus oponentes no rechazan el nombre. 
Rechazan la convención en sí. 
Apoyémonos, por tanto, huyendo de nominalismos, en la opinión pública, para luchar codo a codo, Parlamento y Comisión. 
No retrocedamos frente a quienes no quieren una Europa democrática y transparente, sino una Europa opaca y diplomática. 
La Unión no necesita una Comisión apocada. 
Necesita una Comisión activa y con coraje: la que estamos pidiendo hoy. 
Señor Presidente, para conducir eficazmente el debate sobre el futuro de la Unión Europea que finalmente se abre, necesitamos un triángulo institucional sólido. 
Las propuestas que usted nos ha presentado esta mañana, deben permitirnos, si además sigue la propuesta de nuestro colega Klaus Hänsch, restablecer la complicidad natural que debe existir entre nuestras dos instituciones para llevar a buen término este diálogo dentro del triángulo institucional. 
Pero si se quiere seguir en esta vía, no sirve de nada estigmatizar tal o cual comportamiento del Consejo. 
Necesitamos un Consejo fuerte, necesitamos un Consejo presente, por tanto, en nuestro triángulo institucional. 
Hay reformas que podrían iniciarse fuera de cualquier revisión del Tratado. 
Apoyemos las iniciativas en este sentido en el seno del Consejo, antes de basarnos en elementos de procedimiento para deplorar la ausencia del Consejo, como el Sr. Poettering ha hecho hace un momento. 
El segundo punto de mi intervención se refiere al Libro Blanco sobre la gobernancia, señor Presidente. 
Suponemos que prefigura el debate que tendrá lugar sobre uno de los puntos del anexo IV, el que se refiere al reparto de competencias, pero desde ahora quisiera llamar su atención sobre un punto. 
Usted nos ha dicho esta mañana que quería una Europa más cercana a los ciudadanos. 
Nos parece que si queremos progresar en este sentido, realmente hay que aportar mejoras. 
Demasiado frecuentemente oímos mencionar, en nuestras circunscripciones, en nuestros países, las dificultades con las que unos u otros tropiezan para hacer valer sus proyectos ante la Comisión. 
La lentitud de los procedimientos, la concentración de proyectos no van en el buen sentido desde este punto de vista. 
El tercer punto se refiere al debate sobre el futuro de la Unión. 
Creo que, esta mañana, usted nos ha aportado algunos elementos que nos permiten iniciar el diálogo en buenas condiciones. 
Sí, hay que plantear preguntas de contenido; las preguntas institucionales vendrán después. 
Sí, la cuestión del peso político de la Unión en la escena mundial, la de la solidaridad- que yo prefiero llamar la del modelo social -, son los asuntos determinantes, sobre los que debemos recuperar la voluntad de vivir juntos dentro de la Unión Europea. 
En cuanto al método, nos alegramos del hecho de que usted haya recogido la idea de que, en la fase estructurada del diálogo, los cuatro socios de la convención deberán recuperar su capacidad de actuar conjuntamente. 
Hay que distinguir entre los recintos dedicados al debate y los dedicados a la deliberación. 
La convención debe ser un recinto de deliberación, porque la experiencia de Amsterdam y la de Niza nos demuestran que el lugar reservado a los representantes del Parlamento Europeo en la CIG es insuficiente, porque preferimos el modelo de la convención y estamos convencidos de que todas las propuestas pueden elaborarse en este marco. 
No están, por una parte, las cuestiones sobre los derechos humanos que podrían proceder de recintos políticos, y, por otra parte, las cuestiones sobre aspectos institucionales, que sólo podrían proceder de recintos diplomáticos. 
Niza ha demostrado que el modelo de la convención permitiría avanzar más deprisa, de un modo más estructurado, reforzando aún más nuestra forma de funcionamiento colectivo. 
Señor Presidente, la ampliación es el proyecto europeo más importante de nuestro tiempo. 
Quiero dar las gracias a la Comisión por sus esfuerzos orientados hacia este fin. 
Sin embargo, ahora vienen los puntos difíciles. 
Lo más importante es mantener este ritmo. 
La primera oleada de la ampliación debe cerrarse dentro de año y medio en Copenhague en diciembre de 2002. 
Éste es el objetivo de la Comisión y debemos aferrarnos a él. 
Me gustaría exhortar a los futuros países que ocupen la Presidencia de la UE a que se mantengan en contacto muy estrecho con los países solicitantes y les ayuden a retirar los obstáculos del camino a tiempo. 
Sin embargo, señor Presidente, no sólo son los países solicitantes quienes tienen que adaptarse a nosotros, nosotros también debemos adaptarnos. 
Una UE compuesta por 27 países miembros ha de aprender a concentrar las fuerzas en las tareas importantes y transfronterizas. 
Algo que hoy no hacemos. 
Usted mismo, señor Presidente de la Comisión, dijo hace un año en este Parlamento que la UE debería verse libre de todas las y cito "bagatelas irrisorias" de las que el Consejo de Ministros y el Parlamento le han hecho ocuparse. 
Usted repitió las palabras "bagatelas irrisorias" varias veces y tiene razón. 
Ya es hora de ponerle remedio. 
Sometamos a la UE a una cura de adelgazamiento pero al mismo tiempo hagámosla más fuerte. 
Dejemos de regar demasiados huertos. 
Propongo que usted, señor Presidente de la Comisión, designe un comisario valiente para la tarea de luchar contra las pequeñas subvenciones y la regulación de bagatelas y propongo que la Asamblea de Parlamentos Nacionales, COSAC, tenga la posibilidad de detener la legislación que infrinja el principio de subsidiariedad. 
Por otro lado, debe haber una Comisión fuerte para que la Unión sea activa en los demás campos. 
Señor Presidente, Señorías, un fantasma recorre Europa. 
Es el fantasma del intergubernamentalismo. 
La tendencia a la interestatalidad promovida por el Consejo ha conducido a Europa al callejón sin salida de Niza y en esta cuestión, señor Presidente Prodi, somos los aliados naturales de la Comisión. 
En esta cuestión, la Comisión y el Parlamento tienen que cooperar estrechamente. 
Si el Parlamento, señor Presidente Prodi, critica ocasionalmente los actos administrativos de la Comisión, no se trata de una oposición fundamentalista frente a la Comisión sino que es expresión de nuestra tarea de control democrática. 
En la duda, esto nos aproxima y no nos aleja. 
Se ha hablado de los Parlamentos nacionales. 
Doy una gran importancia a que una convención y no un foro se haga cargo de los preparativos para los siguientes pasos a dar, pues los que actúan en una convención están legitimados democráticamente, como los representantes del Consejo, la Comisión, el Parlamento y el Parlamento Europeo. 
No debemos caer en la arbitrariedad de los llamados grupos sociales relevantes. 
Sería importante que la Comisión formulase también de un modo claro esta idea. 
Por lo demás, debemos recapacitar sobre el papel de los Parlamentos nacionales en el proceso europeo. 
De lo que se trata es de que los Parlamentos nacionales controlen al Consejo. 
Esta es su tarea. 
No poseen una tarea de control frente a órganos comunitarios como la Comisión o incluso el Parlamento. 
Así pues, si se trata de la participación de los Parlamentos nacionales, deben colocarse al lado del Consejo en el procedimiento legislativo. 
No pueden limitar el papel del Parlamento Europeo. 
Damos también una gran importancia a una aclaración de este punto. 
Un punto central en el trabajo de la Comisión va a ser el asilo y la inmigración. 
Aquí no vamos a elaborar ningún código europeo del asilo e inmigración sino- tal como ha indicado acertadamente el Sr. Vitorino- directivas aisladas. 
Sin embargo, necesitamos un concepto común del que aún carecemos y que aún tiene que elaborar la Comisión. 
Señor Presidente, en este Parlamento hay, como es natural, diferentes evaluaciones sobre el Tratado de Niza, pero incluso quienes se muestran muy críticos con el Tratado- y son muchos- en este debate sobre el futuro de Europa convendrán en que la mejor forma de avanzar es la de utilizar los procedimientos posteriores a Niza y aprovecharlos al máximo para mejorar nuestra Unión, para rectificar las deficiencias de Niza y celebrar un debate apropiado sobre el futuro de la Unión. 
La forma como se debe hacer- y mi opinión al respecto está muy próxima a la de la Comisión- es la de celebrar un debate amplio y transparente el primer año- que mil flores se abran- y después pasar a un órgano amplio y deliberativo que formule los cambios necesarios. 
Se podría organizar del mismo modo que la convención que preparó y redactó la Carta de Derechos con representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos y los gobiernos nacionales. 
Por último, habría una breve e intensa CIG para aprobar los resultados al final. 
Evidentemente, abordaremos las cuatro cuestiones mencionadas por el Consejo Europeo, incluida una que se superpone en gran medida al Libro Blanco de la Comisión sobre la administración de los asuntos públicos. 
Me interesaría conocer las opiniones de la Comisión sobre cómo se van a enlazar esos dos procesos, porque existe cierta superposición al respecto. 
También habrá otras cuestiones que se deberían abordar. 
El futuro del Alto Representante, la cuestión de la ampliación de los poderes de codecisión del Parlamento a todos los procedimientos legislativos, para que abarquen unos pocos que ahora quedan anómalamente fuera de ese ámbito. 
También debemos examinar la cuestión de la codificación de los Tratados. 
Quisiera proponer que se recurra a un procedimiento especial. 
¿Por qué no crear este año un comité de expertos de los Estados miembros y de las instituciones para concluir la tarea iniciada en Florencia de codificar y simplificar los Tratados para que el año que viene pueda comenzar la labor política a partir de un texto ya simplificado y codificado? 
Así, la labor técnica habría concluido antes de que pasáramos a la labor política. 
Propugno esa forma de avanzar. 
Señor Presidente, comienzo con el programa de trabajo de la Comisión para el año 2001. 
Nunca ha estado tan clara ni ha resultado tan urgente la necesidad de que la UE haga menos y lo haga mejor. 
El Parlamento Europeo debe decirlo en las próximas semanas, cuando las comisiones examinen este programa. 
Con unas 600 iniciativas, de las que casi 200 son legislativas, hay mucho trabajo por hacer en materia de análisis y establecimiento de nuestras prioridades, cosa que estamos deseosos de hacer. 
Pasando ahora a la cuestión del proceso posterior a Niza, yo prefiero considerarlo nuestro futuro europeo. 
Nos remontamos a la historia de la Unión Europea en la última generación y del continente de Europa a lo largo del último siglo. 
Quisiera recordar unas palabras de Milan Kundera en su Libro de la risa y del olvido, donde dice: " La gente siempre está gritando que quiere crear un futuro mejor. 
No es verdad. 
El futuro es un vacío apático que carece de interés para todos. 
El pasado está lleno de vida, deseoso de irritarnos, provocarnos e insultarnos, tentarnos para que lo destruyamos o volvamos a pintarlo. 
La única razón por la que las personas quieren dominar el futuro es la de cambiar el pasado ". 
Pues bien, hemos cambiado el pasado y Europa es un lugar diferente de lo que era en la posguerra. 
Los cuatro asuntos pendientes de Niza no son de poca monta. 
Nuestra opinión sobre las cuestiones básicas es clara. 
Queremos que los parlamentos nacionales desempeñen un papel más importante de forma sistemática y constructiva. 
Acogeríamos con beneplácito una descripción más clara de las competencias, como propugnaba la Declaración de Berlín formulada por la Unión Demócrata Europea el mes pasado, siempre que no sea una excusa para fortalecer el centro. 
Asimismo, la simplificación de los Tratados estaría al servicio del interés público, pero eso no debe ser un pretexto para introducir toda una constitución europea, en particular si constituyera el documento fundacional de un Estado federal cuyo preámbulo fuese una Carta de Derechos vinculante. 
Todas estas cuestiones requieren y merecen el debate público más amplio posible. 
Pero, pese a las afirmaciones de boquilla hecha en el pasado sobre las consultas transparentes, el proceso de la CIG de Niza, como los de Amsterdam y Maastricht antes, fue, en última instancia, un coto vedado de los funcionarios nacionales que negociaron a puerta cerrada. 
La próxima consulta debe ser diferente. 
Debe entrañar consultas reales y amplias en toda la sociedad civil, que reflejen la cultura y la política transparentes que, según decimos, propugnamos. 
El Sr. Corbett ha citado al Presidente Mao. 
Yo prefiero citar a George Bush padre: la sociedad es "mil puntos de luz", no "mil flores abiertas". 
Nuestro debate sobre el futuro institucional de la UE debe recurrir a toda la sociedad, no debe limitarse a aprovechar los recursos de un mundo político cerrado de Bruselas, sino las posibilidades democráticas de la red Internet y- ya lo creo que sí- de las encuestas de opinión. 
La UE debe preservar una sociedad en verdad abierta. 
Los ciudadanos deben poder dar su opinión, incluidos los de los países candidatos. 
También debemos reprogramar la próxima CIG. 
En 2004 habrá una Comisión inválida, a punto de desaparecer, y las elecciones europeas se celebrarán en plena celebración de la CIG. 
Sería mejor programar la conferencia para 2003 y que las elecciones al Parlamento Europeo permitieran emitir un veredicto popular sobre algunas de las opciones fundamentales adoptadas por los Gobiernos con la ampliación en marcha. 
Hay cuestiones importantes. 
En Gran Bretaña, como en otros países que afrontan elecciones generales en los dos próximos años, una de las cuestiones fundamentales será la siguiente: ¿en manos de quién está seguro el futuro de Europa? 
Con el Consejo de Ministros y la Comisión firmemente en manos socialistas, Europa hoy va por mal camino. 
En Gran Bretaña podrían no estar claras las opciones en nuestras próximas elecciones: para garantizar una Europa descentralizada que funcione, sólo los conservadores ofrecen un programa que puede orientar adecuadamente el proceso posterior a Niza. 
Para garantizar nuestro futuro europeo, muchos ciudadanos de Europa, como los británicos, quieren estar en Europa, pero no ser dirigidos por Europa. 
(Risas y aplausos) 
Señor Presidente, a diferencia del anterior ponente, no quisiera citar a George Bush padre, sino a Bertold Brecht. 
George Bush hablaba de puntitos de luz mientras que Berthold Brecht decía: die im Dunkeln sieht man nicht (no se puede ver al que se encuentra en las tinieblas) , lo que me lleva al tema de mi breve intervención. 
Al parecer, una de cada cinco personas del mundo no tiene acceso al agua potable, a la atención sanitaria ni a la educación básica. 
Europa es una región que podría aportar mucho, no sólo como bloque comercial, sino también como baluarte de valores y normas. 
El año pasado cerramos un acuerdo sentados en esa mesa con la firma de la Comisión, del Consejo y del Parlamento ratificando el presupuesto para el 2001. 
Se duplicaron los créditos de todos los programas regionales de ayuda externa, incluyendo la asistencia sanitaria y la educación básica, no con carácter adicional, sino dentro del presupuesto. 
Se formularon objetivos y se aumentó el personal disponible. 
Nuestro Grupo socialista considera de vital importancia que la Comisión incluya de forma efectiva medidas en sus programas de trabajo para este año con el objeto de dar instrucciones a las delegaciones de las UE en las regiones, a nuestros interlocutores, con los que trabajamos conjuntamente, y también a nuestro propio servicio para el que se destina personal externo adicional con experiencia en el ámbito sanitario y educativo de modo que podamos cosechar resultados rápidos en este punto. 
Este planteamiento de la Comisión supone centrarse más en los resultados y menos en engordar los presupuestos de forma ilimitada. Se trata de intentar cosechar resultados en los ámbitos que resultan imprescindibles para el desarrollo. 
Quizás fuera éste un mensaje magnífico desde Europa: no sólo nos preocupamos a nivel interno sobre los aspectos sociales, sino también a nivel externo. 
En este sentido, espero que la Comisión nos presente unos resultados positivos este año. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, no quiero decir nada sobre Niza ya que por lo demás nadie escucha. 
El Presidente del Grupo del PPE se ha quejado antes amargamente de que nadie le ha escuchado. 
Me voy a centrar en el proyecto de la Comisión en lo referente a la política exterior y de seguridad. 
Hay dos aspectos, el geográfico y el de fondo. 
Estoy de acuerdo con la mayor parte de las enumeraciones geográficas de la Comisión excepto en un punto: falta la mención del Cercano Oriente. 
En el pasado hemos sido y espero que en el futuro también sigamos siendo los mayores donantes de ayuda a Palestina y a la región. 
Para mí no es suficiente ser el financiador de un proceso cuyo contenido político deciden otros. 
Necesitamos otro papel, un papel más fuerte en las negociaciones en el Cercano Oriente. 
Esperamos que esto no se entienda sólo como una tarea del Consejo y del Alto Representante de la PESC sino que esperamos una importante y creativa iniciativa por parte de la Comisión. 
En lo que se refiere al fondo necesitamos la presencia de la Comisión en la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Nuestro Parlamento ha saludado la evolución en este campo en el informe de la colega Lalumière, pero- y aquí voy a seguir la digresión marxista de mi colega Nassauer- un fantasma recorre Europa, en especial en este sector: el fantasma de intergubernamentalismo. 
Nuestro Parlamento quiere una Política Exterior y de Seguridad Común y no una intergubernamental. 
Señor Presidente, la Comisión debe fortalecer lo común de esta política. 
Usted quiere hacerlo con una aportación a la gestión de crisis y la evitación de conflictos y esto me parece positivo. 
Estimadas y estimados colegas, tengo que exponerles un ruego: por favor, no mantengan las necesarias conversaciones con el Presidente de la Comisión durante el debate pues no podrá escuchar y sin duda querrá poderlo hacer. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Presidente de la Comisión por su discurso de hoy y por el informe que ha hecho sobre el año 2000. 
También quiero resaltar el papel importante que otorga en ese informe a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde quiero felicitar al Comisario Vitorino por la gran intervención que tuvo. 
Los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, señor Presidente- y ahora hay que ver cómo incluimos esa Carta en el Tratado -, tienen también otra cara. 
Defender los derechos fundamentales es precisamente atacar a quienes los vulneran en el marco de la Unión Europea. 
Y, por tanto, yo creo que todas aquellas iniciativas que se refieren al tercer pilar son capitales para este Parlamento. 
Hoy se lo han dicho el presidente Hans-Gert Poettering y muchos otros oradores. 
Para nosotros, la fase de comunitarización de los asuntos que en Maastricht estaban en el tercer pilar es algo capital. 
Y creo que aquí hay una iniciativa, señor Presidente, que la Comisión ha puesto de relieve en sus marcadores semestrales, a la que conferimos una gran importancia: me estoy refiriendo a la orden europea de busca y captura. 
Yo creo que en el marco de la Unión Europea no puede haber lugar para los terroristas, para esos terroristas que ayer han puesto otra bomba en Madrid y han intentado atentar contra la vida de personas, de ciudadanos europeos. 
Por tanto, yo creo que si hacemos cosas reales, que se pueden hacer, que se pueden palpar, que se pueden ver, como esa idea de poner al presunto terrorista a disposición de aquel juez que ha dictado una orden de busca y captura en territorio europeo, los ciudadanos europeos van a entender que eso es construir Europa, que eso es algo útil y así se contribuirá de verdad a acercar Europa a los ciudadanos. 
Estoy seguro, señor Presidente, de que esa iniciativa, que es una de las prioridades de la Comisión, dentro de poco será una realidad. 
Por eso quiero darle ánimos para que siga en esa línea. 
Señor Presidente, lamentablemente, tengo que reiterar la observación que ya hice el año pasado, a saber: que nuestra Unión carece de proyecto de futuro. 
No es un reproche a la capacidad del Presidente Prodi o de la Comisión, puesto que, seguramente, la Comisión trabaja, o más bien debería decir se ocupa. 
Se ocupa incluso de casi demasiadas cosas. 
Nadie está en condiciones de seguir todos los libros verdes, todos los libros blancos, todas las comunicaciones, todos los informes presentados por la Comisión y los Comisarios y, sobre todo, de sacar de ellos un hilo conductor, un proyecto de futuro. 
De ahí mi primera conclusión: hagamos menos pero hagámoslo mejor. 
Como muy acertadamente ha dicho el Presidente Prodi, esta mañana, no hay que agotarse en medir el tamaño de los pepinos y de los pepinillos. 
Hay una urgencia por definir quien lo hace en nuestra Unión, es decir, por definir el principio de subsidiariedad. 
Y la Comisión, aunque tenga buenas razones jurídicas para hacerlo, no puede bloquear la decisión de un parlamento nacional de construir una autopista, la decisión de un parlamento regional de construir una nueva línea ferroviaria o la decisión de un consistorio municipal de construir un golfo: esta es la subsidiariedad. 
El presidente de la Comisión lo ha percibido esta mañana; ha planteado buenas preguntas, pero no está aquí para plantear preguntas. 
La Comisión tiene el derecho de iniciativa, y debe hacer propuestas. 
Me falta tiempo para profundizar en el debate, pero debo decir que si queremos construir la nueva casa Europa, no sólo hacen falta carpinteros y fontaneros, sino que también necesitamos, y de forma especial, un arquitecto; espero, Señor Presidente de la Comisión, que sea usted ese arquitecto. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, quiero darle las gracias porque hoy, con su intervención, ha comenzado un debate esencial, que da respuesta, o que aspira a contestar a la pregunta de a dónde queremos ir como Europa. 
Creo que, si estudiamos los mensajes correctamente, sería correcto querer ir a una Europa más colectiva y más democrática; querer ir a una Europa más pacífica, que busque soluciones a las diferencias con medios pacíficos; querer ir a una Europa más ecológica, que respete y ame el medio ambiente; querer ir a una Europa más segura, a una Europa con más sensibilidad social, a una Europa más eficaz, especialmente con vistas a los desafíos del siglo XXI. 
En este debate, señor Presidente, creo que el papel del Parlamento Europeo, que constituye el espacio de la coexistencia oficial de todas las corrientes y de todas las tendencias de Europa, debe ser significativo. 
Y como el debate de hoy, aparte y por encima de todo lo demás, ha estado caracterizado por la poesía, por el teatro, por referencias a sentencias de políticos anteriores, me van a permitir terminar recordando a una personalidad política de Europa que ustedes conocen. 
Se trata de Antonio Gramsci, que en sus cartas desde la cárcel, bosquejó los objetivos que debe seguir los seres humanos, los pueblos, para salvaguardar un mañana mejor. 
Señor Presidente, a raíz de las Cumbres de Lisboa y de Niza, yo había abrigado la esperanza de que hubiera un mayor equilibrio en el programa de trabajo de la Comisión entre empleo y políticas económicas y sociales, pero no veo muchas señales al respecto. 
Necesitamos avances equilibrados en el Mercado Interior, en la política de la competencia y en la política social, pero no veo- repito- demasiadas señales de ello en el programa de trabajo de la Comisión. 
Me gustaría que se reconociera, por ejemplo, la interdependencia entre esos sectores normativos. 
En materia de política de la competencia y normas del Mercado Interior es necesario modificar el reglamento sobre las operaciones de concentración para que comprendan también consideraciones relacionadas con el empleo y los derechos sociales y, por ejemplo, cláusulas sociales en el marco de los contratos públicos. 
Me habría gustado que se reconocieran esas interrelaciones, pero no lo veo. 
Veo un movimiento mucho más rápido en la esfera económica y del Mercado Interior que en la esfera social y existe el peligro real de que haya un desequilibrio en aumento a ese respecto. 
Además, no veo demasiadas señales en el programa de trabajo de la Comisión del programa social acordado en Niza el pasado mes de diciembre. 
Habrá más avances en sectores de coordinación abierta, en el empleo- bien asentado ahora- y los primeros pasos en relación con la protección social. 
Quisiera mencionar el problema fundamental de que no se faciliten a tiempo al Parlamento y a sus ponentes documentos fundamentales de la Comisión. 
Es necesario que se respeten los procedimientos parlamentarios en relación con estas nuevas formas de cooperación transparente. 
Por último, sobre una cuestión concreta, el programa de trabajo de la Comisión está muy desacertado al prometer un Libro Verde sobre el sentido empresarial de la responsabilidad social a mediados de este año. 
Un Libro Verde sobre ese código es una broma pesada para muchos millares de trabajadores que se han visto afectados por reestructuraciones en las últimas semanas. 
Es necesaria una completa revisión de la legislación marco en ese sector y espero que la Comisión avance rápidamente a ese respecto. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, consideramos muy positivo que usted señale medidas e iniciativas que desarrollen a la Unión hacia una Unión de la seguridad y que señale también medidas en relación con el asilo y la migración. 
Sin embargo, quiero exigir también algunos aspectos fundamentales; esperamos que se calculen las consecuencias y que en sus iniciativas tenga en cualquier caso en cuenta que no se encuentren en ningún caso en contradicción con iniciativas previas. 
A veces echamos en falta este cuidado que voy a exponer sirviéndome de un ejemplo, como el proyecto prometido por el Presidente sobre la llamada reunificación familiar que se debate en el marco de la política de migración. 
Cuando en la reunificación familiar se trata del núcleo de la misma, es decir, los cónyuges, los hijos menores de edad dependientes, entonces se trata de una medida extraordinariamente positiva en interés de una política de integración que merece todo nuestro apoyo. 
Pero si bajo el mismo título quiere ampliar mucho más el círculo de aquellos que deben obtener un derecho a venir a la Unión al cabo de un año, entonces no ha tenido sin duda en cuenta las consecuencias y además se encuentra en contradicción con sus comunicados relativos a una futura política de migración. 
Si usted amplía el círculo a las parejas no casadas, a los abuelos de ambas partes, a las parejas de estudiantes, concediéndoles el derecho a venir al cabo de un año, los cuenta entre los solicitantes de asilo y además les concede a todos el derecho a trabajar, entonces el sistema de la migración se convierte en incontrolable. 
La inmigración tendrá lugar, bajo determinadas circunstancias, sólo a través de la llamada reunificación familiar. 
Además, quita a los Estados miembros el derecho a decidir qué y cuántos trabajadores pueden traer a la Unión. 
De este modo, se coloca en contradicción con lo que usted piensa positivamente. 
Señor Presidente de la Comisión, queremos seguir apoyándole pero sólo podremos hacerlo si sus iniciativas no son contradictorias y si solucionan los problemas en vez de crear otros nuevos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, convenimos en que después de la Cumbre de Lisboa necesitamos una economía basada en el conocimiento. 
Me alegro de que el Sr. Prodi haya subrayado la importancia primordial del desarrollo sostenible, que tiene repercusiones que superan con mucho el medio natural. 
Acogemos con agrado la aceleración del mercado de la energía, aunque en ese sector existe el riesgo de que su objetivo choque con el del desarrollo sostenible. 
Espero que se aplique rigurosamente una política de fomento de las fuentes de energía renovables y la utilización racional de la energía. 
Por lo que se refiere al comercio, convenimos en que es deseable una nueva ronda de la OMC, también sujeta a las limitaciones del desarrollo sostenible. 
Deseo comunicar al Sr. Prodi nuestra profunda decepción ante la falta de participación del Parlamento Europeo en los asuntos comerciales, que se podría haber rectificado en Niza, pero no se hizo. 
Insto encarecidamente a que se trabaje en un acuerdo interinstitucional para que el Parlamento Europeo participe en los asuntos comerciales. 
Creemos en la reforma y la democratización de la OMC. 
Creemos que la iniciativa "todo menos armas" es buena, aunque algunos lamentamos el aplazado calendario, que envía un mensaje de compromiso incompleto a los países menos adelantados del mundo. 
Por lo que se refiere a la innovación y la investigación, esperamos con impaciencia un Sexto Programa Marco detallado. 
Si se nos presentan propuestas muy vagas, se retrasará sin lugar a dudas la ejecución, lo que inspirará preocupación y decepción en toda la UE. 
El sector europeo de la investigación es, naturalmente, importante. 
Esperamos con impaciencia que se dé mucha publicidad a las operaciones de comparación de resultados en materia de competitividad, en particular en los sectores de la empresa y la innovación. 
Para sorpresa mía, el siguiente orador es el Sr. Ferber durante dos minutos. 
Ferber (PPE-DE). 
(DE) Señor Presidente, usted tiene que dirigir la sesión y no expresar su sorpresa. 
Señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, la Comisión nos ha presentado un diligente programa de trabajo para el año 2001. 
Una cosa se puede constatar sin ninguna duda: es diligente y quiere serlo. 
Pero si miro solamente las transferencias del año 2000, es decir, del programa de trabajo del último año que se suman adicionalmente a este año, entonces me preocupa que al final solamente tengamos transferencias y ningún tiempo para nuevas iniciativas. 
Es decir, debería recapacitar si en la antesala de lo que se debe elaborar en el proceso posterior a Niza, a saber, la cuestión de la delimitación de competencias, no debería concentrar el trabajo en lo esencial y si usted, como Comisión, como instancia autorizada para realizar propuestas en esta Europa, no debería ir por delante dando buen ejemplo. 
De este modo, por un lado lograría que no se pasen tantos temas al año siguiente o subsiguiente y, por otro, que las personas perciban cuántas decisiones importantes se adoptan en total en Europa. 
Quiero realmente alentarle- he leído con gran atención todo lo que quiere proponer- para que compruebe si algún que otro tema podría considerarse como no auténticamente necesario en el marco de una delimitación de competencias razonable. 
Me voy a referir brevemente a un segundo tema ya que soy un luchador convencido a favor de la democracia representativa. 
Tengo una cierta preocupación ante su enfoque de la new governance. 
Se trata de la cuestión de qué papel un Parlamento elegido, que tiene que responder también en casa ante las ciudadanas y ciudadanos, desempeña en relación con asociaciones que no tienen esta responsabilidad de igual modo. 
Precisamente a nivel europeo numerosos representantes de asociaciones vienen con frecuencia ante nosotros, a las oficinas, y a veces uno se pregunta dónde están vinculados aún en sus países y a quién representan en Europa. 
No puede ser el sentido y finalidad de este nuevo enfoque que aquellos que no están legitimados sean los que decidan mientras que a los que sí están legitimados, es decir, nosotros, el Parlamento Europeo, se nos prive del poder de este modo. 
Estimado colega, creo que antes me ha entendido mal. 
Mi sorpresa no se refería a su persona sino sólo a la duración de su tiempo de intervención. 
Señor Presidente, puedo seguir sin nexo de continuidad con lo que ha dicho el Sr. Ferber. 
No voy a decir nada sobre el gran número de propuestas que se han presentado en mi ámbito de trabajo, es decir, en el de la política de medio ambiente y de la protección del consumidor. 
No voy a decir nada al respecto porque parto del hecho de que la mitad no se va a hacer realidad, que la mitad se va a transferir al año próximo. 
En un certificado alemán de trabajo figuraría lo siguiente: se ha esforzado. 
Pero no intentaría buscar con este papel un nuevo puesto de trabajo pues no lo obtendría. 
Cuando habla del buen gobierno, señor Prodi, aquí se incluye también que se valore a si mismo, a su Comisión, y que decida qué es lo que se puede realizar tanto en lo que se refiere al tiempo como a lo personal. 
Por seguir en lo del buen gobierno: ¿qué significa buen gobierno? 
¿Qué es en realidad? 
¿Significa transparencia? 
Perfecto, señor Prodi, todos queremos transparencia, pero ¿es más transparencia una mayor participación de grupos de intereses que usted escoge y con los que negocia usted solo? 
Le digo que no, que esto no es más transparencia. 
Y respecto al acortamiento del procedimiento, señor Prodi, sí, estoy a favor de dicho acortamiento y también del procedimiento Interservice en la Comisión. 
También estoy a favor del acortamiento del procedimiento en el Parlamento, lo que digo con un sentido de autocrítica, ¿pero son por ello la solución los autocompromisos con la industria? 
¿Funcionan más rápido? 
¿Y quién lo controla? 
¿Quién establece las sanciones si no funciona? 
¿Es esto más democracia, le pregunto? 
Usted, señor Prodi, ha sido elegido por los Jefes de Gobierno y confirmado por nosotros. 
Pero nosotros, los del Parlamento Europeo, hemos sido elegidos por las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea, además de modo directo. 
Este Parlamento Europeo desempeña por la definición de su existencia un papel central en la sociedad civil, tal como usted dice de modo tan sugestivo, y yo espero que lo vea del mismo modo desde su comprensión democrática. 
Advierto a todos en la Comisión que no modifiquen nada en este papel central de este Parlamento Europeo, señor Prodi. 
Parece ser que para la Comisión por el momento la good governance significa en primera línea governance on its own o governance alone, y le advierto encarecidamente que no prosiga en esta línea. 
Le ruego por ello que aclare que el Parlamento Europeo es el órgano decisorio y también el gremio que le controla a usted. 
Señor Presidente, la semana pasada, las playas de mi país amanecieron con los cadáveres de doce personas que intentaban llegar a la Unión Europea; el año pasado fueron 500. 
El señor Prodi nos habla de acercar la Unión Europea y sus instituciones a los ciudadanos. 
Creo que los temas que tienen que ver con la realización del espacio de justicia, libertad y seguridad son, sin duda, temas sensibles para la ciudadanía de la Unión. 
Nos encontramos, en relación con este tema, en una situación muy extraña. 
El programa legislativo de la Comisión es bueno; las propuestas que nos da el señor Vitorino son buenas, están claramente estructuradas en el marcador, tienen un tiempo para ser aplicadas y nosotros podemos hablar y discutir sobre ellas. 
Hay una buena comunicación sobre la inmigración- espero que se entere el señor Poettering -, sobre las bases de un consenso para llevar adelante una política común. 
Igualmente, en relación con el asilo y también en la cooperación judicial; por ejemplo, como decía mi colega, en relación con la lucha contra el terrorismo. 
Sin embargo, el Consejo, desde Tampere hasta la semana pasada en Estocolmo, insiste en que hay que avanzar, insiste en poner énfasis en lo que se decidió en ese Consejo Europeo de Tampere; pero actúa de una forma, para mí, incompresible. 
No ha habido acuerdo sobre una sola de las propuestas que tienen en la mesa, ni para la reagrupación familiar, ni para otras. 
Avanzamos muy poco a poco y, en cambio, vemos cómo proliferan iniciativas individuales de los Estados, que desequilibran el programa legislativo, cuando no algunas iniciativas bilaterales o multilaterales y acuerdos que no sé a dónde llegan, en relación, por ejemplo, con el tema de Schengen en el Tratado: no sabemos qué va a pasar ni cómo se va a trabajar, Schengen está secuestrado por los Estados miembros en este momento. 
Señor Prodi, dijo usted ante esta Asamblea que va a haber retrasos en la aplicación de estas políticas; lo dijo antes de Niza, y añadió usted que no iba a ser a causa de la Comisión; yo le pregunto: ¿Por qué va a ser? 
¿Qué va a hacer su Comisión para defender esta parte del programa legislativo que, insisto, creo que es un buen programa? 
Gracias. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, en lugar de contestar a todas las intervenciones de las que he tomado buena nota, quisiera hacer algunas observaciones sobre algunas de ellas para subrayar la línea general. 
De todas las intervenciones, a partir del discurso del Sr. Cox en adelante, ha aflorado el problema de que siempre se trabaja en las prioridades de forma analítica y no de forma sintética. 
Está claro que si se aísla del contexto el exceso de los 495 puntos de nuestro programa detallado puede incluso parecer un disparate, sin embargo, en determinados momentos debemos ser analíticos para dar una idea de concreción y luego, como esta mañana, debemos ser concretos respecto a las prioridades para dar una idea de política. 
Asimismo creo que a veces un gobierno debe ser pedante, pesado: nosotros tratamos de serlo lo menos posible, pero forma parte de nuestro oficio. 
Hoy y en las últimas sesiones hemos presentado un programa de programación estratégica. 
Creo que el Parlamento apreciará que he señalado las prioridades más fundamentales, pero precisamente estas prioridades deberán ir seguidas de documentos pormenorizados que serán extraordinariamente aburridos. 
Pero ésta es la política: es visión y, luego, concreción. 
En segundo lugar, ha sido planteado por todos- por el Sr. Hänsch y por otros muchos diputados- la relación entre la Comisión y el Parlamento como un problema de trabajo unitario. 
El Sr. Hänsch incluso ha hablado de elaborar un documento único. 
No sé si esto es útil. Lo cierto es que debemos trabajar en común de forma extraordinaria para llegar a una única voluntad, a una única decisión. 
Luego, las perspectivas con que estas decisiones se toman pueden incluso ser distintas o pueden coexistir en un único documento; el problema es que nosotros- en las comisiones, en el trabajo diario- seguimos haciendo un trabajo de convergencia, de estudio y de análisis, y continuamos tomando buena nota de los problemas, como lo estamos haciendo ahora. 
Por el momento, esto se deberá realizar con un calendario complejo. 
Éste es el tercer problema que ha aflorado esta mañana y que han señalado el Sr. McMillan-Scott, la Sra. Maij-Weggen y muchos otros diputados. 
En efecto, tenemos un calendario complicado: todos nosotros hablamos del año 2004, pero el año 2004 es un año de absoluta transición del Parlamento y de la Comisión. 
Si queremos realmente que este proceso se lleve adelante de manera unitaria y orgánica, está claro que será necesario concluirlo al final de 2003. 
Lo planteo sólo como un problema sobre el que debemos reflexionar pero, evidentemente, en la primavera de 2004 empezará la campaña electoral, en junio se celebrarán las elecciones, luego habrá la investidura de la nueva Comisión que se hará cargo del poder tan sólo en enero de 2005. 
Por lo tanto, se trata de un año de transición y creo que este Parlamento desea ser protagonista de esta gran transición política de Europa. 
En consecuencia, planteo este problema porque creo que ya no se puede eludir. 
Creo que una transformación de este tipo no la pueden hacer dos parlamentos en un momento de transición o en un momento en que la Comisión no tiene ningún poder o al menos ve que sus poderes se reducen y agotan. 
Lo planteo como un problema aún sin solución, pero creo que es preciso reflexionar sobre el mismo porque se ha fijado una fecha, el año 2004, que se ha de tomar en cuenta; de ella resultan incompatibilidades y problemas que hay que considerar para tratar de llegar a una solución. 
Los Sres. Swoboda, Hänsch, Voggenhuber y Corbett han planteado otro gran grupo de problemas, respecto de los cuales quisiera evitar cualquier malentendido en lo referente a las modalidades de estructurar el fuerte debate sobre Europa. 
En el fondo, con vistas a Laeken estamos todos de acuerdo: luego se verá si lograremos hacerlo bien y si conseguiremos implicar realmente a la sociedad civil en el debate, como hemos prometido. 
Con todo, nuestra idea es que el Parlamento y la Comisión deben ayudarse mutuamente a dirigir este debate. 
En lo que respecta a Laeken, quisiera evitar cualquier malentendido. Considero que ha llegado el momento de organizar el debate sobre el futuro de Europa sin dejar cabos sueltos. 
Reitero lo que he dicho y quiero precisarlo: hemos de crear un cuerpo interinstitucional conforme al modelo de la Convención redactora de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Repito: conforme al modelo; luego, por lo demás, deberá ser distinto, probablemente más limitado, más operativo. 
Ahora sólo hablo del modelo. 
Sin embargo, hay que ir más allá de ese modelo utilizado. 
Hago mía la propuesta de Michel Barnier y de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Es preciso que este cuerpo formule unas propuestas que no contemplen necesariamente la unanimidad, porque llegará el momento en que deberemos hacer propuestas tan fuertes respecto a las cuales será difícil alcanzar la unanimidad. 
En consecuencia, debemos pensar en un cuerpo diferente que tenga los mismos objetivos. 
Hay- y debemos trabajar en esto- algunos puntos indispensables. 
Los repito: que esté presente el Parlamento Europeo y que estén implicados los parlamentos nacionales, los gobiernos y la Comisión. 
Ésta sigue siendo la esencia y la fuerza de Europa. 
Cierto, las objeciones que he escuchado- esto, es, que no puede ser un cuerpo con unas dimensiones muy amplias- las comparto y, por lo tanto, al contar con cuatro estructuras, habrá un momento de dificultad a la hora de reducir el número de los miembros de esta estructura institucional, de este cuerpo decisional. 
Creo no obstante que ésta es la gran tarea que hemos de imponernos: una amplia representatividad de todas estas cuatro estructuras y un número suficientemente ágil para poder tomar decisiones; asimismo, actuar por mayoría y no por unanimidad, de lo contrario nos paralizaremos. 
Creo que podremos trabajar conjuntamente en esta línea y llegar a unas propuestas más definitivas. 
Ahora me gustaría hacer otra observación. 
Nos hemos comprometido con dos cosas: asociar- también esta palabra es indefinida, pero probablemente será sin derecho a voto, aún no se sabe- a los países candidatos. 
Esto lo tenemos que hacer y, por lo tanto, debemos pensar en las modalidades necesarias para hacerlo. 
Por último, estamos de acuerdo con que hay que ir más allá de los cuatro puntos de Niza. 
En consecuencia, mantenemos los contenidos y luego podremos encontrar un nombre: a mí me va bien asamblea, consejo, comité, no importa. 
De todos modos, creo que éste es el contenido operativo que nos debe guiar. 
Respecto al tema de la subsidiariedad y de la proporcionalidad, ha aflorado otra serie de problemas. 
Les aseguro que éste es el punto de referencia de nuestra Comisión y no es incompatible con el hecho de que alguna vez debemos dar también indicaciones analíticas. 
Se ha puesto un ejemplo interesante. 
¡Por el amor de Dios! no debemos unificar los modelos de los curriculum vitae, sin embargo, es una ayuda que con frecuencia debemos prestar a nuestros jóvenes trabajadores que cambian de país en país, para su utilidad. 
Puede ser no obligatorio, pero indudablemente es un instrumento para que puedan circular mejor dentro de los distintos países. 
De lo que se trata es de tener la capacidad de ver que hay cosas que nosotros regulamos, que pueden parecer incluso absurdas pero que hay que hacer para facilitar las decisiones que tomamos. 
Luego hay otras, muchas otras, que carecen de sentido. 
Por último, se ha puesto el acento, los Sres. Fiori y Sakellariou lo han puesto- y esto me satisface- en el Mediterráneo. 
Este año hemos hablado poco del Mediterráneo y lo entiendo porque hemos estado- justamente- sumergidos en la ampliación y en los Balcanes. 
Sin embargo, existe un programa muy concreto para el Mediterráneo: el año pasado estuve en Israel y en Palestina, este último mes en Argelia, Marruecos y Túnez, y la semana pasada en Jordania, Siria y Líbano. 
Les puedo asegurar que hay un deseo, una necesidad, un reclamo de Europa, no solo por los problemas económicos, sino también con cierta gratitud por el apoyo que prestamos a estas poblaciones. 
Sin embargo, hay dos nuevos puntos importantes que todos piden: el primero es el paso de un sistema bilateral a algo más, a un sistema multilateral; ayudar, por lo tanto, a la cooperación regional que, sin embargo, no se podrá extender a toda la zona sino que deberá realizarse por grupos, por ejemplo, por un lado, el Magreb y, por otro, el Mashreq. 
Lo que se hace sentir es un fuerte deseo de una Europa que se considera, en su fórmula- precisamente por ser Europa- que ha dejado atrás todo pasado colonial, toda herencia que conlleva tensión, y que se mira como una propuesta nueva y ante todo ejemplar para sus colaboraciones. 
Segundo punto: un deseo de Europa también de cara a las negociaciones de paz. 
Está claro que los problemas internacionales dirán si se podrá dar una respuesta a este problema. 
Lo planteo aquí, ante el Parlamento, porque me ha impresionado mucho: ha sido explícito, fuerte, acompañado por la motivación de que nosotros conocemos sus problemas, que diariamente estamos en contacto con ellos. 
Soy muy sensible al Mediterráneo y no por haber nacido en esa zona, sino porque quiero recordar que la convivencia, la paz, la guerra, la compatibilidad entre las regiones y las culturas pasan en su inmensa mayoría por allí. 
Esto quisiera recordarlo a todo el mundo, también porque existe un camino ya marcado y la Presidencia española se está orientando- hemos hablado de esto largo y tendido con el Primer Ministro- hacia una Cumbre sobre el Mediterráneo durante la Presidencia española del próximo año. 
La preparación de este año, por tanto, es absolutamente oportuna de cara a una preparación orgánica de esta política. 
Hasta el desarrollo sostenible estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. 
Sin embargo, quisiera reiterar una vez más que se trata de un capítulo que reviste una importancia extraordinaria pero que entraña dificultades enormes. 
Efectivamente, con esta expresión muchas veces queremos simplemente evitar la condenación eterna y, en cambio, desarrollo sostenible significa tomar unas decisiones que son terriblemente complicadas y difíciles, unas decisiones que afectan a la industria, a nuestra manera de vivir cotidiana, a las viviendas, al uso de la energía. 
Es una cita de gran importancia a la que no podemos faltar pero de gran peso y de gran responsabilidad si no queremos, repito, evitar simplemente la condenación eterna, cosa que se puede hacer también de otra forma. 
En lo que se refiere a la emigración y a la política de seguridad interior y exterior, mi preocupación es la misma. 
Por último, acojo con entusiasmo la invitación que me han dirigido algunos diputados de no retrasar la ampliación. 
Debo decir que no la estamos retrasando. 
En este tema, la Presidencia sueca ha dado un impulso, incluso vigoroso y personal; el Comisario Verheugen ha organizado los grupos de negociación con un esfuerzo enorme; se machaca un capítulo tras otro. 
En este momento está llegando a un punto crucial la cuestión de las grandes decisiones políticas- agricultura, medio ambiente, Fondos estructurales- que comportará un momento de terrible dificultad, un momento en que la sabiduría política deberá aflorar de manera muy fuerte porque esto dará el impulso final al gran proceso en curso. 
Hace unos instantes me he referido a Kofi Annan, pero precisamente el proceso de ampliación es considerado por las Naciones Unidas y, de hecho, por todos como un gran mensaje de paz y de civilización al mundo entero. 
Debemos resolver los problemas concretos para que esto sea posible. 
Quisiera terminar con unas palabras sobre la invitación que me ha hecho una de sus Señorías, el Sr. Goebbels. 
Diré que respecto a esto la Comisión no esta aquí solo para expresar opiniones, sino para hacer propuestas y, posiblemente, también para aceptar la invitación de su Señoría de ser los arquitectos del nuevo edificio: naturalmente con su ayuda, con su colaboración y también con su control. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Sin embargo, deseo comenzar ya con el siguiente debate ya que según el calendario con la sesión nocturna nos encontramos ya en las 24.00 horas y agradecemos cada minuto que podamos utilizar. 
Reestructuraciones y fusiones en el sector de la industria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0008/2001) del Sr. Rocard dirigida a la Comisión, sobre las iniciativas de la Comunidad en relación con las repercusiones sociales de las reestructuraciones y fusiones en el sector de la industria. 
Señor Presidente, Señorías, Europa debe afrontar la reestructuración industrial y sus consecuencias sociales combinando la innovación con la cohesión social y mejorando su capacidad para gestionar el cambio. 
Nuestra respuesta positiva y proactiva al cambio abarca estas tres esferas principales: mejora de nuestra capacidad, previsión y gestión del cambio, a saber, en el Observatorio de Dublín; creación o desarrollo de mecanismos que garanticen una protección adecuada de los trabajadores en situaciones de reestructuración industrial y fomento en general de su capacidad para prever el cambio; y desarrollo de la responsabilidad social en las empresas. 
La creación de un observatorio del cambio industrial es una de las acciones propuestas en el programa de política social aprobado por la Cumbre de Niza como medio para formular un planteamiento proactivo con vistas a prever y gestionar el cambio. 
Personalmente, atribuyo mucha importancia a ese asunto, en vista de la situación actual en materia de fusiones y adquisiciones. 
La Fundación de Dublín ha incluido esa iniciativa en su programa cuatrienal de trabajo. 
En el marco de sus limitados recursos actuales, la Fundación de Dublín ha proyectado en su programa de trabajo para 2001 la creación del comité directivo del observatorio. 
Esa labor brindará una base para el desarrollo ulterior del observatorio a partir de 2002, si se dispone de recursos suplementarios. 
Las directivas relativas a reestructuraciones de plantillas y traslados de empresas, que se remontan al decenio de 1970, fueron concebidas y aprobadas en un marco de pleno empleo y cambio lento. 
Desde entonces la situación en el mundo económico ha cambiado radicalmente. 
Es cierto que sus disposiciones ya no son adecuadas para las necesidades de las empresas y los trabajadores. 
Hoy se centran en el fomento de la previsión, la prevención de las crisis, la empleabilidad y la adaptabilidad. 
Nuestra reacción ante las deficiencias de las normas vigentes y el único modo eficiente de modernizar los sistemas nacionales de participación de los trabajadores consiste en centrar de nuevo los procedimientos de información y consulta en cuestiones económicas y estratégicas en la evolución a largo plazo del empleo en cada una de las empresas. 
Ése es el objetivo de la propuesta de la Comisión sobre información y consulta. 
Una vez que se apruebe ese marco general y se aplique ampliamente, las normas concretas sobre reestructuración de plantillas y traslados tendrán sentido: en primer lugar, porque en muchos casos se habrían prevenido crisis como éstas en la relación laboral. 
En segundo lugar, incluso cuando no se pueden evitar, los perdedores normales habrían sido avisados mucho antes y estarían en condiciones de adaptarse mejor a los cambios inevitables en su situación laboral. 
Sé que sus Señorías apoyan este planteamiento y comparten la satisfacción de la Comisión ante los avances irreversibles recientemente logrados en relación con este delicado asunto. 
Con su cooperación y una firme voluntad política del Consejo, podremos ultimarlo antes del final del año, lo que constituirá un paso adelante decisivo. 
También comparto el punto de vista de sus Señorías según el cual tarde o temprano habrá que actualizar la Directiva relativa al Comité de Empresa Europeo. 
No obstante, creo que será muy beneficiosa la evaluación de la rica experiencia de la aplicación práctica de la directiva. 
Además, antes de hacerlo, podríamos concluir algunas tareas inacabadas que también son motivos de preocupación fundamental. 
En primer lugar, hay que ultimar el expediente sobre la información y la consulta. 
Además, al final del año pasado hubo otro importante logro muy ansiado: el estatuto de la sociedad europea. 
Vale la pena citarlo en el marco de este debate, porque a esa nueva forma de constitución en sociedad recurrirán sin lugar a dudas las empresas de Europa que funcionan con carácter transnacional, sobre todo, cuando se reestructuren y se adapten a las nuevas condiciones económicas y del mercado. 
Uno de los destacados elementos positivos del estatuto es el de que en él figuran disposiciones bien formuladas sobre la participación de los trabajadores, que reflejan el planteamiento moderno también plasmado en la propuesta nacional sobre información y consulta. 
Sin lugar a dudas contribuirá a un mejor tratamiento de la dimensión social de la reestructuración de empresas en Europa. 
Después vienen las otras cinco propuestas legislativas, tras el desbloqueo de los textos sobre la sociedad europea: los tres estatutos vinculados correspondientes a las cooperativas, las mutuas y las asociaciones y los proyectos de directivas relativas a las operaciones de concentración entre empresas transnacionales y a los traslados de los domicilios sociales de empresas de un Estado miembro a otro. 
Todos esos instrumentos requerirán el mismo tipo de disposiciones que los que se dan en sociedades europeas. 
Ésa es otra razón para esperar un poco antes de lanzar la revisión de la Directiva relativa al Comité de Empresa Europeo, que, por cierto, podrá beneficiarse mucho de los debates celebrados sobre estos expedientes. 
Inevitablemente inspirarán y facilitarán la aceptación de las soluciones que estarán sobre la mesa para su debate cuando volvamos a esa tarea. 
Por último, sé que existe preocupación en esta Asamblea sobre la información y la consulta de los empleados en el marco del control de las fusiones y las adquisiciones. 
Como saben sus Señorías por intervenciones anteriores, en la Comisión estamos celebrando un debate sobre la forma mejor de abordar ese asunto. 
De conformidad con el reglamento relativa a las operaciones de concentración, los trabajadores y los representantes ya tienen derecho en algunos casos a ser oídos por los servicios de la Comisión, que realizan una investigación sobre la compatibilidad de una fusión con el Tratado. 
Nuestra idea es la de hacer que esas audiciones sean más sistemáticas. 
Por otra parte, sería útil recordar a las empresas concentradas sus responsabilidades y obligaciones en materia de información y consulta sobre esas operaciones que con mucha frecuencia les afectan. 
Como ahora la cohesión social es una prioridad máxima para Europa, ya no se puede esperar que las autoridades públicas sean las únicas encargadas de ella. 
Como todos los demás sectores de la sociedad, se espera que las empresas pongan de su parte. 
El fomento de la responsabilidad social de las empresas es ahora una parte esencial de la estrategia europea en pro de la cohesión social. 
El principio rector de la responsabilidad social para las empresas es ser competitivas y rentables sin por ello dejar de cumplir con sus responsabilidades sociales. 
En respuesta al llamamiento formulado por el Consejo en Lisboa a las empresas para que sean conscientes de su responsabilidad social, la Comisión ha incluido este asunto en su programa en materia de política social publicado en junio de 2000 subrayando su importancia para abordar las consecuencias sociales y para el empleo de la integración económica y del mercado y adaptar las condiciones laborales en la nueva economía. 
Ha anunciado una comunicación para apoyar iniciativas relacionadas con la responsabilidad social de las empresas y la gestión del cambio. 
La Comisión publicará un Libro Verde este año para facilitar un desarrollo ulterior con vistas a un marco para la puesta en práctica de las responsabilidades sociales de las empresas en el nivel europeo. 
En conclusión, la combinación de las diferentes líneas de acción que he mencionado a sus Señorías, además de una actuación adecuada por parte de las autoridades públicas, las organizaciones privadas, las empresas, los trabajadores y los interlocutores sociales en todos los niveles, es lo que nos permitirá abordar adecuadamente las consecuencias sociales del cambio industrial y la reestructuración de las empresas. 
Todos ellos son importantes, todos ellos requieren una actitud innovadora y transparente por parte de los encargados de la formulación de políticas. 
Sé que ésa es la posición de sus Señorías a este respecto y les agradezco su apoyo. 
Señorías, les comunico que de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido una propuesta de resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
La votación al respecto tendrá lugar el jueves. 
Señor Presidente, éste no es nunca el mejor momento para realizar este tipo de discursos. 
Me complace oír la respuesta del Comisario. 
Creo que contiene numerosos puntos de conexión- especialmente tras una segunda lectura en profundidad- en orden a alcanzar nuestro objetivo y encontrar soluciones para esta cuestión. 
Cada vez que se produce una reestructuración, surge el debate acerca de si nuestra estructura institucional resulta suficiente para este tipo de casos. 
No deja de tener lógica. 
El Tratado de la Unión Europea, y concretamente el artículo 136, otorga esta competencia a la Unión. 
Obviamente, debe existir un cierto equilibrio en el sentido de que se debe conceder a las empresas suficiente libertad a la hora de adoptar sus decisiones políticas de modo que se fomente su crecimiento comercial, contribuyendo a la lucha contra el paro estructural y de larga duración en Europa. 
Por otra parte, nos encontramos con la obligación moral de llevar a cabo consultas. 
En este caso quiero mencionar el ejemplo de Volkswagen en Alemania. 
Si se cumple correctamente con la obligación de llevar a cabo consultas, se sale antes de los problemas estructurales, cosa que no ocurre en el caso contrario. 
Si se compara la reestructuración de Volkswagen con las reestructuraciones que se están produciendo en la actualidad en otros países europeos en los que el cumplimiento de dicha obligación es menor, se ven claramente las diferencias. 
De ahí que resulte tan importante introducir la obligación de llevar a cabo consultas en el orden de día con el objeto de cerrar la cuestión, preferentemente bajo la presidencia sueca. 
Este es el objetivo de nuestras preguntas. 
En relación con la resolución, el Sr. Rocard afirmó con razón que ésta se había presentado en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Sin embargo, necesitamos introducir una serie de enmiendas con el fin de poner justamente de manifiesto que las empresas deben gozar de la máxima libertad a la hora de adoptar sus decisiones políticas. 
Así se indica en la resolución aunque no con toda la claridad que desearíamos. 
Por lo tanto, nos mostramos de acuerdo con la resolución pero con las enmiendas que propondremos y sobre las que podremos debatir hasta el jueves. 
Señor Presidente, en esta parte de la Asamblea no estamos intentando parar la reestructuración, pero queremos que se haga de forma socialmente responsable. 
Queremos un planteamiento proactivo de la reestructuración y del cambio industriales. 
Queremos que haya un código de responsabilidad social de las empresas, pero vemos que sólo se logrará cuando tengamos un marco legislativo actualizado y completado en ese sector. 
Queremos que haya una verdadera cooperación en marcha y ver los beneficios reales que puede aportar a la Unión Europea. 
Pero la última avalancha de reestructuraciones en el Reino Unido y en toda la Unión Europea revela que distamos de haberlo logrado. 
Para los trabajadores de Corus en el nordeste de Inglaterra o Gales, los trabajadores de Vauxhall en Luton- o, para el caso es lo mismo, los trabajadores de Danone en Francia y Holanda -, la idea de un código de responsabilidad empresarial es- como dije en el debate anterior- una broma pesada, sinceramente. 
La promesa de un Libro Verde a mediados del año no es una respuesta adecuada a la angustia que han sentido esos trabajadores y sus familias y comunidades enteras. 
Queremos que se revise la legislación sobre la reestructuración de plantillas, sobre traslados, que se revise la Directiva relativa al Comité de Empresa Europeo, para velar por que sea una directiva observada y no sistemáticamente eludida por las empresas. 
También queremos que se apruebe con carácter urgente el marco general sobre la información y la consulta. 
Resulta absolutamente esencial para introducir una corriente de consulta e información en marcha y día tras día y, de ese modo, crear una auténtica cooperación en el trabajo: una cooperación que brinde una mejora de la innovación, la competitividad y la productividad. 
Estamos cansados de que se vinculen diversas directivas en este plan con la excusa de que no podemos examinar una revisión de la Directiva relativa al Comité de Empresa Europeo hasta que esté bien asentado y en vigor el estatuto de la sociedad europea. 
Sí, hay que hacer esa vinculación, pero adoptando este plan ahora y adoptando un criterio holístico respecto de la necesidad de mejorar la información y la consulta a los trabajadores. 
Creemos que, si se puede actualizar de ese modo ese marco legislativo, junto con el nuevo observatorio del cambio industrial, podremos disponer de los instrumentos para adoptar un planteamiento más proactivo del cambio industrial en la Unión Europea. 
También quisiera hacer un llamamiento al Grupo liberal. 
En enero esta Asamblea nos encomendó el mandato de examinar esta cuestión de la reestructuración en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
El resultado ha sido una pregunta oral y una resolución con espíritu de cooperación. 
Quisiera pedir a los liberales, con espíritu de cooperación, que retiren su resolución sumamente destructiva. 
Sería útil. 
Señor Presidente, por desgracia, es muy oportuno que estemos examinando estas cuestiones hoy a la luz de los actuales ejemplos de reestructuración. 
Como ya se ha dicho, la empresa angloholandesa Corus- una empresa siderúrgica- es un ejemplo clásico de una empresa que adopta decisiones basadas en el beneficio sin tener en cuenta los desastrosos costos sociales de sus acciones. 
Corus acaba de anunciar unas pérdidas totales de 6.000 puestos de trabajo en el Reino Unido: casi 3.000 en mi circunscripción de Gales. 
Pese a que durante meses se han hecho conjeturas sobre posibles cierres de la fábrica, la empresa no quiso revelar y menos aún a sus trabajadoras sus planes para el futuro al Gobierno hasta que hizo el anuncio oficial el 1 de febrero. 
No hubo una consulta previa a los trabajadores, si bien desde que anunció la decisión la empresa ha estado celebrando lo que llama "consultas". 
Se habla de que Danone, empresa rentable, va a eliminar 3.000 puestos de trabajo en Europa. 
Tampoco en ese caso ha habido consultas a los trabajadores ni se han examinado otras posibles opciones. 
Por eso es tan importante aprobar sin demora la directiva relativa a la información y la consulta de los trabajadores, junto con una revisión de la Directiva del Consejo relativa al Comité de Empresa Europeo y la Directiva relativa a las reestructuraciones de plantilla, que tan poca protección han demostrado ofrecer, por cierto, a los trabajadores de Corus de mi circunscripción. 
Las empresas no deben tener libertad para provocar semejantes estragos en las vidas de los ciudadanos y en las comunidades. 
Existe un marco positivo de controles y sanciones al que podemos recurrir. 
Debemos velar por que sea eficaz. 
Señor Presidente, enfrentados a las gigantescas fusiones y reestructuraciones industriales que conducen a miles de supresiones de empleos, numerosos trabajadores, ciudadanos de la Unión, se han encontrado con una Europa impotente, cuando no cómplice, en nombre de las leyes de la libre competencia. 
Ya es hora de prever medios de intervención para los trabajadores. 
Hay una contradicción insostenible entre la prioridad al empleo pregonada por el Consejo y la Comisión y los despidos masivos a los que proceden las grandes empresas, las cuales, al mismo tiempo, obtienen beneficios fabulosos. 
Michelin, Moulinex, Danone, Alsthom no son grupos en dificultades. 
Son competitivos: anuncian beneficios más que sustanciosos pero suprimen miles de empleos. 
El ejemplo de Danone es edificante: 3.000 empleos suprimidos en Europa, 1.700 en Francia. 
En 2000, las fábricas europeas de esta sociedad han generado un beneficio neto de 795 millones de euros, es decir un 17% más que en 1999. 
No es posible asistir sin reaccionar al baile de fusiones que llevan al paro a mujeres y hombres y sumen en el desasosiego a familias enteras. 
La ciudadanía europea a la que tan a menudo nos referimos en esta sociedad seguirá siendo puramente retórica hasta que los trabajadores no sean realmente informados y consultados sobre las alternativas que afectan a su futuro, al de su región y al de su país. 
¿Cómo aceptar, por lo tanto, que grupos que, en nombre del fomento del empleo, obtienen ayudas financieras públicas se beneficien de ellas sin respetar los compromisos adquiridos? 
Estas ayudas, en este caso, deberían ser devueltas a la colectividad, que soporta el peso de las consecuencias sociales resultantes de la elección de la rentabilidad financiera en detrimento del empleo. 
No pienso que se pueda resumir el problema al desempleo y a la adaptabilidad, ni únicamente al tratamiento de las consecuencias sociales, como ha hecho el Comisario. 
Por eso me he adherido a las propuestas que se hacen en la resolución, así como a las enmiendas que especifican y refuerzan ciertos aspectos. 
Será necesario ir incluso más lejos para responder a las exigencias democráticas de los ciudadanos trabajadores. 
Por tanto, pienso que el desarrollo de los derechos debe ir hasta la posibilidad de suspender los despidos programados, de parar los procesos de fusión en curso. 
Todo acuerdo de fusión debe incluir cláusulas sociales. 
Hay que introducir también sanciones en caso de incumplimiento de las directivas relativas a la consulta. 
Cuando se habla mucho de la identidad europea y del sentido de su construcción, un texto que determina algunos derechos de los trabajadores frente a los objetivos financieros me parece algo mínimo para dar un poco de credibilidad a la Unión. 
Por ello votaré a favor de la resolución que, espero, se enriquecerá con un gran número de enmiendas. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
Al haber llegado el momento del turno de votaciones, se interrumpe el debate en este punto. Se reanudará a las 15.00 horas. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
Para justificar la ayuda europea, los ponentes ponen de relieve la difícil situación económica de Camboya y de Laos y la realización de programas de retirada de minas indispensables después de años de conflicto en esta región, guardándose bien de subrayar, en estos dos puntos, la gran responsabilidad de las potencias imperialistas, entre las que se encuentran Francia y Estados Unidos. 
Si se tratara de una simple ayuda desinteresada de los europeos concedida como reparación de años de saqueo o de destrucción de estos dos países, y sin contrapartida, tendría nuestro apoyo. 
Pero esta presunta ayuda no es más que una fina pantalla destinada a ocultar objetivos enseguida desvelados por una frase: atajar el descenso de las exportaciones de la Comunidad Europea en esta región del mundo, es decir, claramente, permitir a los depredadores, que son las grandes empresas europeas, continuar y, en lo posible, ampliar lo que queda de una política de saqueo de esta región del mundo. 
En consecuencia, nos hemos abstenido en estos informes. 
Informe Dover (A5-002/2001) 
El Reino Unido obtuvo un régimen de excepciones para la aplicación del reglamento sobre el máximo de horas de trabajo y el trabajo nocturno de los adolescentes. 
Hoy, la Comisión y este informe proponen levantar este régimen de excepciones. 
Podríamos alegrarnos de ver al Reino Unido aplicar reglas que protegen más a los jóvenes en el trabajo. 
Pero en realidad, el acuerdo consumado por conservadores y laboristas, liberales y socialistas, sobre el fin de este período transitorio se basa en el hecho de que, según el propio informe, "el régimen de excepciones existente es suficiente para permitir la flexibilidad necesaria" y que esto "no tendrá por tanto efectos adversos sobre las oportunidades de empleo de los jóvenes... " 
Es la demostración del hecho de que no sólo dicho reglamento de las instituciones europeas puede soslayarse, sino que, incluso aplicado, no protege a los adolescentes contra la sed de beneficios de los empresarios. 
Hemos votada en contra de este informe. 
. (FR) Los jóvenes trabajadores británicos, lamentablemente, corren el riesgo de no ver que su situación mejore mucho por la adopción de esta resolución. 
El hecho de que el escándalo de la excepción inglesa (el Reino Unido no se sometía totalmente a la directiva que limita el trabajo infantil y de los adolescentes) cese, no significa que esta directiva responda mejor a las necesidades de los jóvenes trabajadores. 
Este debate, por el contrario, debería haber sido una ocasión para modificarla para hacer que desaparezcan todas las excepciones que contiene y que la privan de toda eficacia real. 
En efecto, no hay nada que justifique que jóvenes de 14, incluso de 13 años, estén autorizados a realizar trabajos, del tipo que sean (artículo 4, párrafo 2c) , además de sus obligaciones escolares (artículo 8, párrafo 1b) y durante sus días libres (artículo 8, párrafo 1c). 
No hay nada que justifique tampoco excepciones que permitan que jóvenes menores de 18 años trabajen más de 40 horas semanales, más de 8 horas diarias (artículo 8, párrafo 5) , e incluso de noche (artículo 9, párrafo 2). 
No hay nada que justifique que no se ponga ningún límite al servicio doméstico que se presta a una familia o al trabajo en empresas familiares (artículo 2, párrafo 2). 
De nada sirve denunciar el trabajo infantil en Asia o en África si no protegemos a los jóvenes contra la explotación económica y el trabajo perjudicial para la salud, para la seguridad y para el desarrollo y si no les aseguramos una formación profesional que sea independiente del empresariado. 
Apoyo con entusiasmo este informe del Sr. Dover encaminado a mejorar las condiciones laborales de los jóvenes en Gran Bretaña. 
Corrobora la opinión de que el Reino Unido se ajusta a una directiva de 1994 que limita la jornada laboral de los jóvenes a ocho horas al día o 40 horas a la semana y prohíbe el trabajo nocturno, si bien establece excepciones en circunstancias especiales y para ciertos tipos de trabajo. 
El empleo, en particular el de los jóvenes, es, naturalmente, extraordinariamente importante para los jóvenes y para nuestra economía. 
No debemos hacer nada para menoscabar las perspectivas de empleo de los jóvenes de Gran Bretaña. 
Sin embargo, a veces los empleadores se aprovechan de nuestros jóvenes trabajadores y los obligan a trabajar en jornadas innecesariamente largas. 
Jornadas largas y condiciones laborales difíciles son extraordinariamente peligrosas y pueden ser perjudiciales para la salud y la productividad de nuestros jóvenes. 
Así, pues, reviste importancia decisiva que se supervisen las jornadas laborales y se impida a los empleadores explotar a jóvenes en el trabajo. 
La explotación es perjudicial e irresponsable. 
Debemos actuar para refrenarla y velar por que nuestros jóvenes estén protegidos contra la explotación y sus destructivos efectos por empleadores codiciosos o en apuros. 
Ya existe una legislación para reducir la jornada laboral de los jóvenes. 
Lo único que debemos hacer es velar por que se cumpla. 
Las atinadas medidas presentadas por la Comisión deben fomentar la utilización de esas medidas. 
Me resulta irónico que los tories, que constantemente se manifiestan en contra de la injerencia de los burócratas de Bruselas y que se opusieron a esta legislación, apoyen, de hecho, este informe sobre política social. 
Es una ilustración de su actitud, totalmente esquizofrénica, para con Europa. 
El Gobierno laborista está en la vanguardia con vistas a brindar puestos de trabajo a nuestros jóvenes y también medidas para protegerlos en el trabajo. 
Insto encarecidamente a la Asamblea a que muestre su apoyo para la protección de los jóvenes en Gran Bretaña y vote a favor de este informe. 
Informe Savary (A5-0016/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe cuyo fin es agilizar las infraestructuras ferroviarias en Europa. 
Tener un ferrocarril europeo es una meta importante para Europa. 
Antes de mi viaje a Estrasburgo, algunos pensionistas me animaron a votar a favor del informe presentado por la comisión cuyo presidente es el Sr. Hatzidakis, diciéndome: " Queremos viajar por Europa en tren y queremos hacerlo con un gran confort. 
Europa puede y debe darnos también esto. 
Seguramente el Sr. Hatzidakis nos lo permitirá ". 
Señor Presidente, precisamente ante las próximas adhesiones de los países de la Europa central y oriental a la Unión, una red de ferrocarriles eficaz desempeña un papel cada vez más importante para un transporte transfronterizo sin fisuras. 
Por ello, es necesario unificar las diversas redes nacionales en una única red europea. 
Un paso esencial en dirección a una red transeuropea de ferrocarriles es la supresión de las diferencias de las especificaciones aplicadas por las distintas empresas de ferrocarriles. 
Otro importante paso es la creación de conexiones de tráfico y la supresión de cuellos de botella en el tráfico en las regiones menos favorecidas o apartadas. 
Mediante la ampliación de la infraestructura se ofrece también a estas regiones la posibilidad de participar en el mercado interior y de beneficiarse del mismo. 
. (FR) Acojo con mucha satisfacción el informe de Gilles Savary sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario, que aprueba sin enmendarla la posición común del Consejo. 
Esta posición común incluye, efectivamente, 33 de las 36 enmiendas de la primera lectura. 
Al igual que el ponente, pienso que el futuro del sistema de transporte europeo pasa necesariamente por la revitalización del sector ferroviario. 
Como se ha tenido que recordar a menudo, en la Unión, las inversiones realizadas por las redes de ferrocarriles siguen muy marcadas por la realidad nacional. 
No es necesario decir que estas diferencias nacionales constituyen un obstáculo nada desdeñable para el desarrollo del transporte ferroviario en Europa, a pesar de las numerosas ventajas de este tipo de transporte poco contaminante. 
Paralelamente, la realización del mercado interior ha ocasionado un incremento considerable de flujos en la Unión Europea. 
Este incremento ha beneficiado principalmente al sector de transportes por carretera, en especial por lo que respecta al transporte de mercancías. 
Las causas del declive del ferrocarril son numerosas. 
Se debe, entre otros, al hecho de que se organiza según lógicas nacionales. 
No existe un mercado interior de servicios ferroviarios a nivel comunitario. 
Por otra parte, las redes no están siempre muy bien adaptadas a las nuevas formas de organización de la actividad económica y de urbanización, así como tampoco a los cambios que éstas han producido en los flujos de tráfico. 
Dicho esto, está claro que el futuro del sistema de transporte europeo pasa imperativamente por la revitalización rápida del sector ferroviario. 
Si me manifiesto en este sentido, es porque estoy convencido de que el raíl tiene un papel principal que desempeñar en la solución de problemas de movilidad a los que la Unión Europea se enfrenta. 
Los ciudadanos europeos sufren diariamente la polución, la congestión y los riesgos de accidente derivados de una dependencia excesiva de la carretera, dependencia que no ha hecho más que agravarse durante los últimos treinta años. 
El objetivo de la movilidad duradera está así estrechamente relacionado con la revitalización del ferrocarril. 
Me congratulo, por otra parte, de que el Parlamento Europeo haya conseguido imponer enmiendas que abogan por tener más en cuenta normas sociales de importancia, tales como las cualificaciones profesionales y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 
Algunos puntos delicados también son tenidos en cuenta por el Consejo. 
Tal es el caso de la protección del sistema ferroviario existente, de la adopción de un régimen de excepciones o de casos específicos, como la situación de ciertos países aislados del resto de la Comunidad o la diferencia en el ancho de vías. 
Del mismo modo, la posición común del Consejo que es realista, establece un programa de trabajo progresivo y tiene en cuenta problemas planteados por la ampliación en el sector ferroviario. 
Por todas estas razones, he votado a favor del informe Savary. 
. (FR) Votamos a favor de este informe pues es importante promover la interoperabilidad de la red ferroviaria transeuropea. 
Actualmente, la red de transporte por carretera está saturada y hay que redinamizarla. 
Así mismo, hay que iniciar procedimientos para incrementar el transporte ferroviario, con el fin de descongestionar las carreteras. 
Ahora bien, detrás de los loables objetivos del ponente sobre la revitalización del sector ferroviario, se encuentra el espectro de la liberalización, pues este informe tiene también como objetivo el contribuir a la apertura de mercados de servicios de transporte y de bienes de equipo y a la promoción de la competitividad del sector ferroviario en su conjunto. 
Sobre este punto, formulamos grandes reservas, pues siempre nos hemos opuesto a la liberalización. 
. (FR) Si verdaderamente se quiera encontrar una solución de sustitución al "transporte todo por carretera", es indispensable armonizar entre ellas las infraestructuras de transporte ferroviario en Europa. 
No puedo más que estar de acuerdo con el ponente en este terreno. 
Además, incluir normas sociales, cualificaciones profesionales y condiciones de higiene, de seguridad y de trabajo en el proceso de realización de una red ferroviaria transeuropea me parece que es lo mínimo. 
Sin embargo, estaré extremadamente vigilante para que la armonización se haga con las mejores experiencias sociales existentes, y no en detrimento de los usuarios y de los trabajadores de este sector. 
Pero subsiste peligrosamente algo no dicho: ¿En qué marco debe realizarse la interoperabilidad de las redes? 
¿En el de los servicios públicos coordinados a escala europea, garantes de la calidad de los empleos y de la seguridad o en el de un mercado entregado a la competencia y al beneficio? 
La reciente adopción por el Parlamento y el Consejo de tres directivas del paquete ferroviario hace pensar que Europa contempla desde la segunda perspectiva el futuro del transporte ferroviario transeuropeo. 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, ¿por qué he votado a favor del informe Van Dam sobre la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros? 
Esta vez me ha aconsejado el marino Fatuzzo. 
Digo "el marino Fatuzzo", señor Presidente, porque usted no lo sabe, pero mi carrera tenía que haber transcurrido en los barcos y quizás incluso en los barcos mercantes. 
Por lo tanto, mi compañero en potencia, el marino Fatuzzo, el que no he sido pero que podría haber sido, me ha dicho: " Mira, yo navego desde hace años en barcos mercantes. 
He leído este informe que quiere evitar los hundimientos, pero mira, diputado Fatuzzo, en mi opinión, los barcos se hunden porque son viejos. 
Los barcos viejos y en desuso también deben jubilarse: de esta forma los viajes serán más seguros ". 
No sé si dar las gracias al diputado o al marino. 
. (FR) Además de los petroleros, de siniestra actualidad, otros tipos de barcos mercantes se encuentran en un estado deplorable. 
Esto tiene unas consecuencias quizás menos espectaculares que los naufragios de los petroleros, pero aún más trágicas, cuando se sabe que 146 graneleros se han hundido en diez años y que, como consecuencia de ello, 780 miembros de las tripulaciones perdieron la vida. 
Al votar este informe, hemos votado a favor de medidas concretas que vayan en el sentido de un reforzamiento de la seguridad de los barcos y de sus tripulaciones. 
Pero tenemos que subrayar lo que hay de antinómico entre las preocupaciones relacionadas con la seguridad y las que se refieren a lo que el informe denomina "riesgos de distorsión de competencia para los puertos europeos y terminales europeos". 
Al tratar de escatimar los beneficios de los armadores y de los fletadores, se sacrifica inevitablemente la seguridad. 
Es una buena cosa dar al capitán la posibilidad de oponerse a operaciones de carga o de descarga que considere peligrosas para su tripulación y su barco. 
Pero sería hipócrita ignorar que las leyes de la competencia y del mercado (incluido el mercado de trabajo) impuestas por los armadores y los fletadores son tales que la facultad teórica que podría tener un capitán de oponerse a ellas no pesaría mucho frente a los medios de los que disponen los capitalistas del transporte marítimo para imponer condiciones peligrosas, y a veces mortales, de navegación y de trabajo a bordo de los buques. 
. (FR) En 10 años, se han hundido cerca de 150 graneleros, causando la muerte de 800 personas. 
Este es el funesto balance de un sector abandonado a las leyes de la competencia y del mercado. 
Considero, como el ponente, que el estado físico de los navíos y la incompetencia de las tripulaciones son los principales factores de estos naufragios. 
Por tanto, hay que actuar primeramente sobre el control de los navíos y de las tripulaciones y sobre sus condiciones de trabajo y de vida a bordo. 
Por eso apoyo todas las medidas obligatorias que refuercen las normas de seguridad, los controles del estado del puerto, así como el grado de responsabilidad de las terminales de carga y descarga y de los capitanes. 
Una vez más, tenemos que dotarnos de medios personales y financieros para hacer que se aplique la legislación en los Estados miembros, especialmente aumentando el número de controladores. 
Por otra parte, combatir la impunidad y la complacencia que reinan en el transporte marítimo es responsabilizar también a los fletadores y a los armadores, dotándonos, llegado el caso, de medios para imponer sanciones judiciales y financieras. 
Votaré todas las propuestas que vayan en este sentido. 
Informe Bakopoulos (A5-0031/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Evidentemente, en lo tocante a la seguridad marítima, no podía sino votar a favor también de este informe del Sr. Bakopoulos para la creación del Comité de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques. 
Esta vez, señor Presidente, mandé un correo electrónico a un superior mío que navegaba en los barcos en los que yo hacía cruceros entre Nueva York y las Bahamas cuando, con veintiún años, y antes de entrar en política, ejercía esa profesión de marino, de la que he hablado hace un momento. 
Este señor, que ha llegado a sobrecargo y que se llama Augusto Fazio, me preguntó: " ¿Acaso, vosotros, los del Parlamento Europeo, os ocupáis de la seguridad marítima y de que el mar no se contamine? 
¡Hacéis bien! 
Pero, ¿os ocupáis también de nuestra seguridad, de la seguridad de los marinos que navegamos en los barcos? " 
"¡ Ciertamente !", le dije. 
"Ten paciencia, ya llegarán los informes que se refieren a ti". 
. (FR) Al igual que el señor ponente, me congratulo de las propuestas de la Comisión Europea que contribuyen a la mejora de la política comunitaria de seguridad marítima. 
Las recientes catástrofes han suscitado grandes inquietudes en la opinión pública. 
Nos corresponde a nosotros, por tanto, tomar medidas voluntarias que contrasten con la política del dejar hacer que ha prevalecido hasta estos últimos años, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. 
Sin embargo, tengo que resaltar los avances que hemos conseguido en este ámbito con motivo de la presidencia francesa. 
Pienso, lógicamente, en la adopción del paquete de medidas más conocido por el nombre de "Paquete Erika". 
Para volver al informe que hoy nos interesa, debo recordar que hemos discutido dos propuestas: una propuesta de reglamento relativa al establecimiento de un comité de reglamentación bautizado con el nombre de "Comité de seguridad marítima", lo que implica una modificación de los reglamentos en vigor y una propuesta de directiva que modifique las directivas existentes, con el fin de incluir en ella el "Comité de seguridad marítima". 
Concretamente, esto significa que este Comité sustituirá a los actuales comités encargados de la seguridad en el mar; será un comité único que tendrá por objeto facilitar la puesta en marcha de las modificaciones aportadas por los Estados miembros a las convenciones internacionales en vigor sobre esta materia. 
La Unión europea dispone ya de un arsenal de doce directivas y de tres reglamentos tendentes a garantizar una aplicación más rigurosa de la reglamentación en los sectores de la seguridad de los navíos, de la protección contra la contaminación producida por los barcos, unos criterios de formación y de cualificación de las gentes del mar, así como unas condiciones de trabajo a bordo. 
Paralelamente, el establecimiento de este nuevo comité se espera reforzará la eficacia de la política de seguridad marítima puesta en marcha por la Unión Europea. 
Si, en su conjunto, las propuestas de la Comisión Europea eran satisfactorias, las disposiciones relativas a la participación del Parlamento no eran aceptables. 
Esta es la razón por la que se han presentado enmiendas que proponían preservar los derechos de participación del Parlamento en el procedimiento de reglamentación. 
Votando este informe, me he adherido, por tanto, al propósito deliberado iniciado a nivel europeo de dar seguridad a los transportes marítimos. 
. (FR) La propuesta del ponente Bakopoulos sobre la creación de un "Comité para la seguridad marítima y la prevención de la contaminación por los buques", que sustituiría a los actuales comités, es un paso más en el sentido de una renacionalización de la política comunitaria de seguridad marítima, pero también una baza suplementaria con vistas a la mejora del control de la aplicación comunitaria e internacional. 
Pero los recientes naufragios del Erika y del Ievoli Sun nos han demostrado que las mejores resoluciones no sirven de nada si no se tienen los medios para aplicarlas y para hacer que se apliquen. 
Por ello, hay que imponer a los Estados miembros la legislación en vigor, especialmente la que rige la protección contra la contaminación, el control de los criterios de formación y las cualificaciones de las gentes del mar, así como las condiciones de trabajo a bordo. 
Con este fin, deben concederse dotaciones en cuanto al número y a la calidad de los controles y de los controladores, pero también en cuanto al grado de responsabilidad financiera de todos los actores: armadores, fletadores, transportistas y sociedades de clasificación. 
Para reducir la impunidad y la complacencia reinantes en el transporte marítimo, he votado a favor de este informe. 
Informe Nicholson (A5-0042/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, me apellido Fatuzzo y no podía dejar de hablar del merluzzo. 
Dejo aquí tiempo a los intérpretes para que traduzcan a las demás lenguas esta importante y profunda motivación. 
Hoy es 13 de febrero, señor Presidente, y mañana es el Día de los Enamorados. 
¿Acaso es posible no valorar la tempestividad del Parlamento Europeo que, el día antes de la fiesta de los enamorados, se preocupa por los bacalaos que hacen el amor en el Mar de Irlanda y que con una directiva establece que a partir de mañana, 14 de febrero, día de San Valentín, y hasta el 30 de abril, no se pueden capturar bacalaos, precisamente para permitir su reproducción? 
Creo que, en lo que al respeto a los peces y a los bacalaos se refiere, el Parlamento Europeo ha obrado bien. 
¡Viva San Valentín y vivan los enamorados! 
¡Y los bacalaos! 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.36 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Reestructuración y fusiones en el sector de la industria (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la pregunta oral (B5-0008/2001) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a la Comisión, sobre las iniciativas comunitarias relacionadas con las repercusiones sociales de la reestructuración y las fusiones en el sector industrial. 
Señor Presidente, señor representante de la Comisión, con la Carta de Derechos Fundamentales se ha dado el gran paso hacia la reconstrucción de la Europa de los ciudadanos; así gusta repetirlo nuestro colega Méndez de Vigo; así se lo he escuchado, en reiteradas ocasiones, al profesor Rodríguez Bereijo, representante designado por el Presidente del Gobierno español, José María Aznar, en la convención redactora de la Carta. 
Y creo que esto es del agrado de los europeos. 
Construir, en este largo proceso, una Europa social me parece el gran reto y la gran ocasión que no deben desaprovecharse. 
Pero esta construcción se hace en un momento concreto, en unas circunstancias económicas, sociales y políticas determinadas. 
La Cumbre de Lisboa decidió liberalizar los mercados de telecomunicaciones, gas, electricidad y transporte. 
Vivimos un proceso de globalización general y de cambio de concepto de la sociedad industrial y del mercado de trabajo. 
¿Y el factor humano? , nos podemos preguntar. 
Tanto Niza como la agenda social, acordada en esa reunión, resaltan la necesidad de contar con los trabajadores en los cambios de gestión y de combinar la seguridad y flexibilidad del crecimiento económico con las relaciones laborales y las repercusiones en el ambiente social. 
Y de ahí que, dentro de la dimensión globalizadora, no pueda olvidarse la importancia de algunas empresas en ciertas regiones y áreas, por ejemplo las periféricas, como Galicia, de donde yo mismo vengo, donde son la fuente de empleo única o la más importante y en donde la amenaza globalizadora sin garantías crearía preocupación e intranquilidad a las familias. 
En segundo lugar, competitividad económica y sociedad saludable no deben ser términos antitéticos, sino armonizarse. 
En tercer lugar, la reestructuración industrial, tomada la expresión en un sentido amplio, aceptable e inevitable quizá desde una perspectiva económica, no puede desconocer las consecuencias sociales de estas reestructuraciones, que deben prevenirse, porque las políticas y medidas económicas comunitarias han de tener el objetivo de un alto nivel de empleo. 
En cuarto y último lugar, las ayudas comunitarias nacionales, incentivos fiscales, etc. deberían condicionarse a compromisos de vinculación temporal larga en materia de empleo y de desarrollo local o regional. 
Son estas cuatro apreciaciones sólo algunas de las consideraciones o reflexiones que Comisión y Consejo han de tener en cuenta ante el fenómeno de la reestructuración industrial. 
Por supuesto, se prevé la participación del comité de empresa, de los representantes de los trabajadores. 
La globalización, señor Presidente, reduce las distancias económicas. 
Debemos comprometernos para que no aumente las diferencias sociales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, las reestructuraciones industriales más traumáticas, por su imprevisibilidad, son las dictadas por comportamientos concentracionarios y agresivos de mercado. 
Se han mencionado exhaustivamente el desajuste tecnológico y las tendencias de mercado, pero nunca se han calibrado en sus consecuencias sociales. 
¿Acaso sabemos cuánto contribuyeron al empobrecimiento de las personas y las regiones? 
¿Cómo se recuperan de la depresión las que lo hacen y a qué precio? 
¿Cómo y cuánto contribuyen al desempleo de larga duración de personas con más de cuarenta años? 
¿Cómo y cuánto contribuyen a que la edad real de la jubilación sea en la Unión Europea entre los cincuenta y cinco y los cincuenta y siete años? 
Las resoluciones de Lisboa pretendían dar respuesta a esos aspectos con la prioridad concedida al empleo, el relieve público de la protección social, la lucha contra la exclusión social y también con la prevención de los cambios en la economía. 
No sabemos cuánto contribuyen a aumentar el esfuerzo de la seguridad social ni cuántas personas pasan a depender más de los sistemas de protección social. 
¿Quién paga al final las reestructuraciones sociales? 
¿El mercado o el contribuyente y el trabajador? 
La prevención y el cambio justo y equilibrado es imposible, los interlocutores sociales dicen que no e incluso acaban de firmar un documento de preacuerdo con vistas a aplicar la Directiva relativa a la sociedad europea en lo relativo a la información y la consulta. 
Señora Comisaria, también hemos oído ya decir que el mercado no tiene leyes naturales y que las fuerzas políticas deben intervenir con legislación, mediante la acción institucional y el diálogo social. 
La inseguridad social y el aumento de la delincuencia se instalan en la sociedad postindustrial y afectan tanto a los sectores tradicionales como a la llamada nueva economía. 
Las Presidencias portuguesa, francesa y, ahora, sueca, ampliaron las perspectivas, al impulsar dossiers hasta aquí desatendidos. 
Pero su ejecución no se vislumbra en el programa de la Comisión para 2001. 
Señor Presidente, no hay nada que justifique que grandes empresas, con el pretexto de una fusión o de una reestructuración, pongan en la calle a una parte de sus trabajadores, cuando un pequeño porcentaje de los beneficios que obtienen sería suficiente para salvaguardar los empleos suprimidos. 
El desprecio total de Danone, Michelin, Aventis, Bull, Alstom, Moulinex y similares, tanto por sus trabajadores a los que condenan al desempleo, como por las regiones a las que el cierre de una fábrica puede condenar a una muerte lenta, demuestra el carácter perjudicial de estas empresas para la sociedad. 
Nos alzamos contra las corrientes políticas que, en este hemiciclo o fuera de él, justifican estas actuaciones criminales. 
Sólo con esto demuestran que no representan en modo alguno los intereses de la sociedad, sino únicamente los de los grupos industriales y financieros que dominan la economía y los de los propietarios y accionistas de estos grupos. 
Pero también nos alzamos contra los que ponen cara de lamentar las consecuencias sociales de las reestructuraciones, sin proponer la más mínima medida obligatoria para impedirlas. 
Fuera de la prohibición de suprimir ningún empleo en las grandes empresas que obtienen beneficios, el resto no es más que palabrería. 
Nos solidarizamos con los trabajadores de estas empresas que luchan para defenderse de los golpes que reciben. 
Han elegido la única vía eficaz en esta economía en la que reina la ley de la jungla. 
Señor Presidente, esta mañana, al intervenir en el Pleno, la Sra. Plooij-van Gorsel mostraba su sorpresa y su preocupación por la frecuencia con que abordamos esta cuestión en el Pleno y se preguntaba por qué lo seguimos haciendo. También a mí me sorprende. 
Nos preocupamos de que las reestructuraciones industriales y las fusiones de empresas- de las que demasiado a menudo los trabajadores se enteran cuando ya son un hecho y ya se han tomado todas las decisiones- tienen dramáticas repercusiones en los niveles de empleo, en las condiciones de trabajo, en la propia competitividad entre las empresas comunitarias y en la cohesión económica. Apelamos a la responsabilidad y manifestamos nuestra solidaridad, pero luego no actuamos. 
Tenemos una legislación comunitaria insuficiente que, en muchos casos, se incumple o se aplica con poco rigor. 
Podríamos hacer, como la han hecho muchos de mis colegas, una larga lista de los casos que se refieren al tema en cuestión y a los que hemos dedicado tiempo y atención a lo largo de estos años. 
El Consejo de Lisboa se propuso como objetivo un nivel de empleo alto y de calidad. 
¿Cómo alcanzar el objetivo de una Europa competitiva pero que logre un nivel de empleo alto y de calidad? 
Ciertamente se podrá lograr a través de una coordinación y de un equilibrio mejores entre las distintas políticas de la Unión, pero no cabe duda de que la legislación sobre esta materia debe ser más eficaz y más rigurosa. 
Por lo tanto, ya no podemos esperar- y en este sentido la Comisión debe asumir su responsabilidad- una revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos, sobre los despidos colectivos, sobre la deslocalización de empresas, que no contemple ante todo un procedimiento sancionador eficaz en el caso de incumplimiento. 
Pero lo que realmente me escandaliza- y aquí me refiero al Consejo en especial- es que el Parlamento ya se pronunció hace dos años en primera lectura sobre el único instrumento que nos puede permitir afrontar estos problemas de manera eficaz, o sea, la Directiva en materia de información y consulta. Pues bien, en dos años, a pesar del consenso general sobre el hecho de que el diálogo es la mejor forma de hacer frente a los problemas, el Consejo aún no ha tenido el valor ni la fuerza de adoptar una posición al respecto. 
Este Parlamento ya no puede tolerar una actitud de este tipo. 
Señor Presidente, tal como han dicho los Sres. diputados, está claro que algunas de las directivas fueron aprobadas en épocas en las que había empleo a jornada completa y los cambios tenían unos ritmos mucho más lentos. 
Así, pues, hacen falta modificaciones y cambios en determinados puntos del marco legislativo. 
Pero diría que deberá reconocérsele a la Comisión el esfuerzo por el equilibrio entre la competitividad y la cohesión social. 
Realmente, muchas veces son dramáticas las consecuencias de las reestructuraciones, de las fusiones o de las adquisiciones. 
Muy recientemente hemos visto perderse, en sólo un mes, más de 5000 puestos de trabajo a causa de las adquisiciones. 
Pero, mirado en su conjunto, el ambiente competitivo, el ambiente en el que se mueven las empresas europeas, deberemos pensar en las consecuencias tan negativas que tendríamos de no haber tenido lugar las reorganizaciones; la reestructuración, de no haber participado activamente las empresas europeas en el acontecer empresarial. 
Y siempre deberemos calcular los puestos de trabajo que se mantienen, porque si algunos ramos no acceden a las reestructuraciones, corren el peligro de desaparecer completamente en el futuro. 
En este ambiente, excepcionalmente difícil, nuestro esfuerzo por combinar la competitividad y la cohesión social tiene cuatro ejes. 
El primero es la previsión. 
Se ha analizado en la intervención de esta mañana cómo, mediante el instituto de Dublín, intentamos estudiar, prever, preparar los cambios. 
El segundo es el marco legislativo e institucional. 
Ustedes saben que este año ha habido una evolución rapidísima en el marco legislativo tanto en lo que respecta al estatuto europeo de las empresas, como en las cinco directivas que sigan y que completen el marco legislativo sobre el estatuto europeo, y saben que la directiva sobre la información y la consulta, tras años de debates entre el Parlamento y la Comisión, por fin ha ido al Consejo, y en cuatro meses hemos conseguido la mayoría. 
Consideramos que, con el compromiso de la Presidencia sueca, y después de la belga, va a haber cambios significativos en el marco legislativo. 
En este punto debemos decir que no basta con la legislación, sino que hemos realizado un gran esfuerzo por intensificar los controles y, en colaboración con el Sr. Comisario Monti, estamos intentando controlar la fiel aplicación de las directivas que atañen a la información de los trabajadores en todos los casos de fusiones y adquisiciones. 
Igualmente, en este marco legislativo, se ha formado recientemente un comité, que uno de sus temas básicos es el diálogo social, el papel del diálogo social en el desarrollo más normal de las fusiones y de las reestructuraciones. 
El tercer eje son las políticas concretas. 
La estrategia para el empleo y la posibilidad de que financiaciones de los Fondos Comunitarios den la posibilidad de afrontar los problemas de los despidos masivos a nivel nacional, con la nueva formación de los trabajadores, o con estructuras especiales que apoyen su reinserción en el mercado laboral, o apoyándoles en la creación de empresas. 
Finalmente, el cuarto eje es el papel de las empresas, la responsabilidad social de las empresas. 
Es uno de los elementos básicos nuevos de la agenda social; pedimos a los trabajadores que cambien, que acepten la flexibilidad en el nuevo ambiente, que se formen, que muestren movilidad en los sectores y en los ámbitos. 
Pero no podemos pedir sólo a los trabajadores un cambio de comportamiento. 
Por eso las empresas desempeñan un papel muy importante en este nuevo paisaje. 
Intentamos de una forma muy concreta determinar la responsabilidad social de las empresas- y el segundo paso es verlo también legislativamente- su responsabilidad después de las reestructuraciones, y también sus responsabilidades en el lugar, en la sociedad en la que se mueven. 
Es por esta razón por la que, tal como hemos mencionado por la mañana, va a haber una comunicación de la Comisión a finales de junio. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Derechos de autor en la sociedad de la información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0043/2001) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (9512/1/2000- C5-0520/2000- 1997/0359 (COD) ) (Ponente: Sr. Boselli). 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, esta directiva regula la protección de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información. 
Se trata de una directiva importante, muy trabajada. 
Estamos en la segunda lectura y el Parlamento está llamado a expresarse sobre la posición del Consejo que, como sus Señorías recordarán, nos fue remitida dieciocho meses después de la aprobación de la primera lectura. 
La razón estriba en que se ha tratado de un difícil y delicado compromiso entre todos los intereses implicados en la directiva. 
Considero este difícil y delicado compromiso un paso adelante, ya que ha recogido muchos de los puntos que el Parlamento propuso en la primera lectura. 
Sin embargo, había algunos aspectos que se debían mejorar y esto es lo que he intentado hacer. 
A pesar de la aprobación de algunas enmiendas de transacción en la Comisión de Asuntos Jurídicos, siguen existiendo opiniones encontradas sobre todo acerca del artículo relativo a la copia técnica, o sea, el llamado caching, así como acerca del artículo relativo a la copia privada. 
Hay muchas enmiendas que se refieren a este punto que no comparto. 
El motivo por el cual las enmiendas de transacción aprobadas por la comisión han representado una importante novedad en apoyo de los autores reside en que las mismas establecen que la copia privada- cito textualmente- "no debe tener ni fines comerciales, siquiera indirectos, debe realizarse por una persona física para su uso privado y debe reportar a los titulares de los derechos una compensación equitativa". 
Esta enmienda introduce un nuevo principio en la legislación comunitaria, ya que restringe el concepto de copia privada en beneficio de los autores y protege al tiempo los intereses legítimos de los consumidores. 
Con esta enmienda, aprobada por la comisión, se ha puesto fin a la proliferación de intercambios de copias no autorizadas entre los usuarios de sitios, como Napster, y con esta enmienda ya no será posible calificar el intercambio de obras no autorizadas entre los usuarios de Napster como copia privada. 
Creo que éste es un avance respecto al texto de la posición común. 
En cuanto al otro aspecto, el que se refiere a la copia técnica, considero que el equilibrio alcanzado en la posición común es más que suficiente para proteger, por una parte, a los titulares de los derechos y, por otra, a los consumidores. 
Todas las enmiendas presentadas en relación con este tema- el apartado 1 del artículo 5- pese al loable intento de proporcionar una protección reforzada al derecho de autor, no pueden ser aceptadas, dado que, entre otras cosas, se refieren a la esfera aplicativa y no a la reglamentaria que es propia de esta directiva. 
Asimismo, estas enmiendas están orientadas a introducir un sistema de doble autorización de la obras por Internet, una para el hosting y una para el caching, gravando seriamente la gestión de las redes. 
Por lo tanto, en definitiva, con la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos comprobado que es posible llegar a un amplio consenso, aprobar la directiva y mejorar la posición común de manera tal que no nos haga correr el riesgo de una larga y agotadora conciliación. Todo esto tras tres años de debate, de polémica y de confrontación. 
Pienso que ésta es una ocasión que el Parlamento Europeo debe aprovechar: si mañana respaldará el acuerdo alcanzado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y aprobará las enmiendas que son fruto de un largo compromiso entre muchos Grupos políticos, podremos aprobar por fin esta directiva. 
Esto será útil no solo para la Unión Europea que espera desde hace tiempo una legislación en la materia, sino que será útil también y muy en especial para los titulares de los derechos. 
En efecto, con la directiva aprobada, no solo entrarán en vigor las excepciones aún controvertidas, sino también y sobre todo la norma que establece el artículo 2 que, en cuanto al principio de uso de una obra en los nuevos entornos digitales, prevé la autorización de los titulares de los derechos. 
Por todas estas razones, pienso y espero que mañana será posible aprobar al fin el texto de la directiva. 
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención he de reconocer un doble interés mío en este tema. 
Por un lado, soy titular de propiedad intelectual, en cuanto autor de algunos libros y publicaciones, y, por otro lado, soy miembro de la Fundación Internet, que tiene varios apoyos en este Parlamento. 
Este día coincide con un acontecimiento importante desde el punto de vista de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, que es la sentencia de apelación del Tribunal de San Francisco en el caso Napster, que nos acerca al momento en el que se resuelva definitivamente la enojosa cuestión de la utilización de la red para violar los derechos de propiedad intelectual. 
La sentencia del Tribunal de apelación de San Francisco consagra el derecho de la propiedad intelectual y establece una especie de medidas de protección de la propiedad intelectual en Estados Unidos. 
El reto que tenemos delante de nosotros es conseguir que también Europa establezca un sistema en virtud del cual se garantice la propiedad intelectual, porque si no podría ocurrir que, a través de instalaciones en Europa, se violaran las medidas eficaces de protección que en este momento se están adoptando en Estados Unidos, en virtud de la Ley del milenio, que lleva ya algo más de dos años de vigencia. 
Estamos retrasados con respecto a Estados Unidos y, en ese aspecto, estoy de acuerdo con el señor ponente en el sentido de que conviene que saquemos adelante pronto esta directiva. 
Ahora bien, al hacerlo, el Grupo socialista tiene la preocupación de que no se tire al niño con el agua del baño. 
Hemos presentado dos enmiendas que consideramos muy importantes. 
En primer lugar, la enmienda relativa a lo que se llama la copia privada. 
La copia privada, que era un derecho tradicional de toda persona que obtenía una obra intelectual, una propiedad intelectual, en este momento, en la sociedad de la información, tiene que estar sometida a requisitos muy estrictos, por la enorme facilidad para la reproducción. 
Esta enmienda propugna que la copia privada se destine al uso personal de quien la hace, porque de lo contrario corremos el peligro de que, con la facilidad de reproducción, se puedan sacar muchas copias para el uso privado de personas distintas de la que hace la reproducción. 
Y, en segundo lugar, otra enmienda bastante importante es la relativa al carácter accesorio y transitorio de la reproducción. 
Si, como consecuencia de los procesos que establece la sociedad de la información, es necesario efectuar una copia de carácter transitorio y accesorio, ésta debería estar abocada a ser de carácter efectivamente transitorio. 
Lo que no puede ser es que creemos grandes bibliotecas de propiedad intelectual para que, en un momento determinado, la persona que ha estado utilizando esta propiedad pueda disponer de ella a su manera. 
Creemos que la acumulación de los requisitos de transitoriedad y accesoriedad es una condición esencial para el mantenimiento de la propiedad intelectual. 
Yo espero que en las votaciones de mañana los diferentes Grupos políticos puedan ponerse de acuerdo para ofrecer unas alternativas que garanticen efectivamente la protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, pues probablemente, dentro de unos años, no haya otra propiedad intelectual que la que transite a través de las grandes redes de comunicación. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar al señor Boselli por el modo en que ha enfocado esta cuestión. 
Esta labor le ha obligado a hacer malabarismos y considero que sus enmiendas de compromiso han logrado mejorar el equilibrio. 
También opino, y quizás debamos considerar esta cuestión como Parlamento, que se trata seguramente del asunto sobre el que más influencia han ejercido los lobbies en el breve período transcurrido desde que soy parlamentario. 
Si además me entero de que este informe cuenta con 300 losbistas, esto supone la presencia de medio lobista por parlamentario, lo que quizás debiera plantear algún interrogante. 
Convendría aprobar mañana una postura común que incorpore las enmiendas de compromiso propuestas por el Sr. Boselli. 
Esto supone la existencia de diferencias significativas para los liberales, aunque creo que todos nos mostramos de acuerdo, lo cual no deja de ser positivo. 
A continuación quisiera destacar algunas cuestiones mencionadas por el Sr. Boselli y por el Sr. Medina. 
Aún debo comprobar si la enmienda de compromiso referida a las copias para uso particular es suficiente, ya que todavía no he terminado de leerla- y tengo experiencia en el tema de la propiedad intelectual gracias a los años que ejercí de abogado- porque quiero ver si de este modo se evita que un estudiante pueda hacer una copia para sus compañeros que éstos puedan utilizar con carácter particular. 
Tengo mis dudas al respecto porque considero que, de este modo, se seguirán realizando numerosas copias ilegales. 
Por lo tanto, se puede decir que soy partidario de limitar el uso particular. 
También tengo mis dudas acerca de las medidas técnicas que puedan introducir los Estados Miembros. 
Me temo que provocarán una distorsión del mercado interno y que, al final, será el Tribunal de Justicia el que deba regular esta cuestión en virtud de los principios que rigen el mercado interno. 
Tengo algunas objeciones con respecto al sistema actual de cobros. 
Opino que esta cuestión sólo guarda relación con la directiva sobre comercio electrónico, por lo que espero que el comisario vuelva a analizar el asunto. 
Por último, quisiera hacer una observación y en cualquier caso espero en nombre del Grupo Liberal que se llegue a un equilibrio adecuado y justo en lo que respecta a esta directiva para el mercado y todas partes implicadas, y pienso que las copias digitales deben considerarse como una oportunidad y no como una amenaza. 
Señor Presidente, mi agradecimiento a todos los colegas que han participado de un modo constructivo, ante todo a la Comisión y al ponente, el Sr. Roselli. 
Hay otros muchos problemas, muchos conflictos de intereses que siguen sin solucionar. 
Las tradiciones culturales no se pueden armonizar tan sencillamente. 
Un compromiso no va a hacer feliz realmente a nadie y el Parlamento Europeo tampoco es un prestidigitador. 
Se habla de una posición común equilibrada. 
Equilibrio ¿entre quién? : entre los autores y el interés público. 
En primer lugar- esta es mi opinión y la de los Verdes- el autor debe fortalecerse en la Ley sobre los derechos de autor. 
Esta ley tiene que serle de utilidad. 
Se tiene que fortalecer su posición para las futuras negociaciones de contratos. 
Como política especializada en temas culturales, mi responsabilidad es en primer lugar hacer posible y asegurar esta base existencial de los autores y, en segundo lugar- no quiero que se dé importancia al orden sino que se consideren equivalentes- garantizar a la opinión pública no sólo un free access sino también hay que ocuparse de que la opinión pública disponga de unos contenidos cualitativos elevados en toda su diversidad. 
Estamos en contra de una prolongación de la lista de excepciones y eventualmente podemos encontrar quizás una solución entre los partidos para algunos puntos que aún están controvertidos, pues también estamos interesados en encontrar una solución feliz con la que estemos todos satisfechos. 
Quiero llamarles la atención sobre el hecho de que los Verdes se han limitado a enmiendas que se ocupan y preocupan exclusivamente de los autores- son las dos enmiendas nº 34 y 36- aunque quizás me digan que se trate de una anticipación a futuros contratos. 
Me permito rebatir ya ahora tal suposición: hay muchas anticipaciones de este tipo en el texto de los considerandos que no radican en interés de los autores sino de las otras partes interesadas. 
Y como se ha mencionado el caso Napster, Europa debería considerar si desea tener un formato pequeño, un Napster europeo o no y entonces sería adecuado mantener un debate ante una mesa redonda entre los "provider", los productores, autores y consumidores. 
Pero no quiero que Napster se introduzca, se cuele sencillamente en Europa debido a unos derechos de autor debilitados o unas formulaciones imprecisas. 
Esta es también una posibilidad sobre la que debemos debatir. 
En el futuro, deberemos asimismo hablar conjuntamente sobre las sociedades explotadoras- lo que espero ocurra pronto- y tratar también conjuntamente sobre una posibilidad para contratos sobre derecho de propiedad intelectual. 
Señor Presidente, Señorías, a fuerza de reflexionar sobre esta cuestión de la directiva relativa a los derechos de autor y de una armonización que pasa primeramente por una lista de excepciones, me digo que simplemente se ha aceptado permanecer en la confusión para tener tiempo de reflexionar sobre esta cuestión. 
La confusión se debe al hecho de que existen tres polos de interés en esta directiva: el de los autores y creadores, el de los consumidores, que son también usuarios y el de los productores y gestores. 
Productores y gestores tratan de situarse entre los dos, y tengo la sensación de que la directiva, por lo que a ella respecta, está ahí con su lista de excepciones, a las que la Comisión de Asuntos Jurídicos acaba de añadir una- que plantea numerosos problemas- en relación con la radiodifusión. 
Tengo la impresión de que se prima el punto de vista del consumidor. 
Pero, para que consuma ¿qué?. 
Les pregunto qué es lo que vamos a consumir, dentro de poco tiempo, si no protegemos y no defendemos la creación. 
Esta es la cuestión que podemos plantearnos. 
Ocurre que, fuera de mi cargo de diputado, soy tanto autor de libros como usuario de bibliotecas y lugares de investigación. 
Ahora bien, en ambos casos, necesitamos un cierto número de protecciones, así como seguridad y no inseguridad, para poder producir. 
Si me coloco en el punto de vista del consumidor, me sorprende que nuestro Parlamento, que defiende la Europa de los mercados, defienda finalmente sumamente mal la producción de ese mismo mercado, porque con esta lista de excepciones, se rehusa pagar la mercancía, se quiere que la mercancía sea gratuita. 
Reconocerán que esto es extraño. 
No nos preguntamos tampoco por las condiciones de producción de esta mercancía; ahora bien, para producir mercancía, hacen falta creadores, hacen falta autores. 
Cuando ya no tengan ni creadores ni autores, no sé lo que ustedes venderán, no sé lo que consumirán, pero en cualquier caso la Europa de los mercados ya no estallará. 
Esto es lo que a mercados se refiere. 
Ahora, si se entra en el detalle de la directiva, se da uno cuenta de que si se dice, por ejemplo: "Los archivos existen desde hace poco, desde hace una hora", eso significa que cosas que han pasado por televisión son archivos. 
Cuando se es un poco historiador, uno se extraña un poco de oír hablar de archivos de esta forma. 
¿Qué es lo que vamos a hacer si los archivos son esto, si la copia privada es múltiple, qué es lo que vamos a hacer para que la cultura, que es diversidad cultural, no sea únicamente patrimonio, museos, no solamente una lista que se puede encontrar en los lugares que proceden efectivamente de los archivos y de la museografía, sino para que sea creación viviente? 
Para ello es necesario- se quiera o no- ayudar a la creación. 
Y, para ayudar a la creación, hay que apoyar los derechos de autor y no criticarlos y atacarlos. 
Esto es lo que mi Grupo tratará de defender con el voto de mañana. 
Señor Presidente, el informe que se nos presenta sobre los derechos de autor en la sociedad de la información, la supuesta sociedad de la información, es un ejemplo de la creciente perversidad de un sistema comunitario cuyo único motor, en realidad, es la realización de un mercado en el que ningún producto, ningún bien, ningún servicio pueda estar exento. 
Cuando los daños que este sistema provoca son patentes, porque la armonización protege menos que las anteriores protecciones que garantizaban los Estados, así, pues, cuando estos daños son patentes- no daré ejemplos -, ahora la Comisión y el Consejo nos proponen transformar en mercancías el conjunto de servicios culturales, tal como acaba de decirlo bastante bien la Sra. Fraisse. 
Con el pretexto de esta sociedad de la información, que los propios mercados financieros, además, están relativizando- desde hace tres años ha llovido mucho en esta sociedad de la información- es al conjunto de la creación europea, todo tipo de creadores mezclados, al que esta directiva y la posición común que la Comisión de Asuntos Jurídicos nos propone adoptar quieren hacer pasar por el aro del comercio internacional de la Organización Mundial del Comercio especialmente, rebautizada por la circunspecta OMPI. 
Es totalmente paradójico que las instituciones de esta Unión Europea se estén convirtiendo, en el fondo, en el calzador complaciente de una mundialización sin comedimiento y sin conciencia. 
Por eso creo que, en numerosos filas de esta Asamblea, trataremos de hacer fracasar esta aceleración de un proceso que deja vacía la propia idea europea de cualquier contenido y de cualquier sentido. 
Rechazaremos, así lo espero, las enmiendas procedentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos porque rompen- la Sra. Fraisse acaba de decirlo con bastante exactitud- con la tradición de este Parlamento que hasta ahora había defendido la diversidad de la producción cultural europea y el papel especial, excepcional en efecto, de los creadores, de los escritores y de los artistas en la civilización europea. 
La sociedad de la información no es más que una engañifa, complacientemente utilizada aquí para tratar de confiscar la más antigua y la más bella de las propiedades, la propiedad intelectual 
Señor Presidente, todo derecho de autor radica en la ponderación de dos intereses, por un lado, los intereses de los artistas, de los productores y de los sistemas de producción, por otro lado, los intereses de los usuarios. 
Podría decirse que los intereses de los usuarios son reflejo de un interés social por que tanto el conocimiento como las muestras artísticas se difundan antes que se vean sometidas y subordinadas a los intereses financieros. 
Naturalmente, debe y hay que garantizar a los creadores y a los artistas una ganancia económica razonable, pero puedo decir que en mi opinión y en la del Movimiento Popular al que represento, en esta cuestión hay dos puntos fundamentales. 
El primero es garantizar los intereses de los usuarios y del público en general por poder emplear tanto el conocimiento como la cultura. 
En Dinamarca, país del que procedo, mantenemos una tradición muy bien desarrollada de enseñanza popular que no puede ser perturbada. 
El segundo punto es que los sistemas de coerción y vigilancia desarrollados y practicados en las diversas culturas judiciales de los diversos países tampoco han de ser perturbados. 
En nuestro país tenemos un sistema especial y tampoco creo que sea perturbado de manera esencial. 
Puedo decir que pocas veces me he visto expuesto a un cabildismo tan intenso como me ha sucedido con esta propuesta y no es raro. 
Se mueven miles de millones de coronas y de euros en un sector que por parte de los productores está dominado sobre todo por la industria del entretenimiento norteamericana, pero no es por ésta por la que más debemos interesarnos. 
A esto puedo añadir que los derechos de autor se cuentan entre las partes más complicadas del mundo jurídico y dentro de los derechos de autor, el mundo digital resulta casi incomprensible. 
Me imagino que como mucho sólo unos pocos de los miembros de esta Asamblea tienen alguna idea del alcance y calado de estos problemas. 
Con este trasfondo es verdaderamente interesante y notable que la propuesta haya resultado tan equilibrada que recomendaré a mi Grupo que vote a favor. 
Señor Presidente, como primer orador de mi Grupo, quisiera rendir homenaje al ponente en nombre de todos mis colegas que trabajan en estrecha colaboración con él. 
Acogemos con satisfacción la energía con la que ha defendido el equilibrio de esta directiva. 
Como ha dicho antes el ponente, con las enmiendas de transacción- el conjunto de enmiendas aprobadas por nuestra comisión- estoy seguro de que tenemos la directiva adecuada en el momento oportuno. 
Nadie dice que sea perfecta. 
Es importante subrayarlo. 
Ha habido considerables dificultades para conciliar las tradiciones y excepciones nacionales. 
Hay países que aplican gravámenes, por ejemplo, a los medios de grabación. 
Hemos apoyado el objetivo de esta directiva porque, por encima de todo, queremos alentar a nuevos artistas creativos para que aprovechen esa nueva tecnología. 
Ésta es una directiva habilitadora y liberadora. 
Les garantiza que podrán crear nuevas obras y obtener recompensas justas. 
Igualmente, para equilibrar la balanza, los consumidores esperan que se salvaguarden su derecho actual a hacer copias privadas, a utilizar los servicios de las bibliotecas, a tener acceso, si tienen una situación desfavorecida, si son ciegos o están discapacitados, a nuevas formas de medios de comunicación. 
El otro aspecto, Señorías, es el de que en la Comisión de Asuntos Jurídicos no somos lo bastante arrogantes para dar a entender que esta directiva vaya a ser eterna. 
Hemos propuesto y recomendamos muy encarecidamente a sus Señorías que se la examine al cabo de 18 meses. 
En un mundo que evoluciona muy rápidamente, debemos responsabilizarnos de nuestro trabajo, pero también estar dispuestos a modificarlo conforme a lo que está sucediendo en un mundo totalmente nuevo. 
Se trata de una disposición muy importante. 
Hemos fortalecido las disposiciones relativas al examen. 
Proponemos un cambio muy rápido, lo que demuestra que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha adoptado una actitud muy responsable para con esta directiva. 
Ahora queremos que se transponga lo antes posible. 
¿Por qué queremos que se transponga lo antes posible? 
Porque un elemento decisivo en esa rápida transposición es el de que la Unión Europea podrá adherirse al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con lo que todos los artistas interesados contarán con un importante grado de protección mundial. 
Se trata de un premio que vale la pena tener y lo antes posible. 
Señor Presidente, muchas gracias por haberme concedido la palabra a pesar de que aún no he escrito ningún libro y no he leído demasiados. 
La protección de la propiedad intelectual ha sido siempre un tema importante para la Unión Europea y el Parlamento Europeo, pues sabemos que sólo esta protección garantiza que tengamos cultura, que la cultura florezca y que tenga lugar la producción económica. 
Pero no lo es. 
Somos testigos por primera vez de que se debilita la protección de la propiedad intelectual. 
¡Y con el apoyo del Parlamento Europeo! 
Estamos viendo que el Parlamento Europeo solamente tiene un objetivo: no mediar. 
Tras 18 meses de deliberaciones en el Consejo se nos dice que ahora tiene que hacerse todo muy rápidamente. ¡Tras 18 meses de deliberaciones en el Consejo! 
Y el Consejo dice entonces "unánimemente" a pesar de que habría podido decidir con mayoría y entonces ahí está el equilibrio del que se habla con tanta frecuencia. 
Y entonces se exige al Parlamento que no cambie nada, con lo que el Parlamento es algo superfluo. 
No había visto nunca cómo los diputados se han visto sometidos a tamaña presión por sus Gobiernos o partidos. 
Pero si a ambos lados del Consejo se encuentran los Gobiernos, en el Consejo y en el Parlamento, entonces no necesitamos el Parlamento. 
El Parlamento tiene su propia responsabilidad y tiene que hacer justicia a la misma. 
La posición común ha debilitado dramáticamente los derechos de los autores. 
Me encuentro del lado de los autores y ruego al Parlamento que restablezca estos derechos al menos en cierta medida. 
Distinguido señor Presidente, señor Comisario, creo que muchos se pusieron nerviosos cuando el Sr. Harbour aludía a una revisión de la directiva dentro de 18 meses. 
¿Queremos realmente volver a todo ese conjunto de presiones? 
Me parece que es demasiado pronto. 
Queridos amigos, se ha dicho todo lo que se puede decir sobre esta directiva. 
Por eso resulta un tanto difícil hacer uso de la palabra. 
Sin embargo, quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestro maravilloso ponente. 
También me gustaría decir que la línea oficial del Grupo Liberal en la primera lectura fue más equilibrado que el de la mayoría del Parlamento. 
Por esa razón opinamos que una parte considerable de la postura común debe modificarse. 
En la primera lectura nos preocupábamos de que la mayoría del Parlamento ponía en riesgo las funciones de Internet, que se crearía un sistema que, además, haría poco atractivo tener material en la red en Europa. 
Hoy se publican en la red- en las revistas Nature y Science- los resultados del Human Genom Project. 
Cualquier persona puede acceder a ellos a través de Nature, pero para hacerlo por medio de Science hay que pagar 3 millones de coronas. 
Esto es una protección del derecho de autor. 
Pero, ¿es ésta la forma de fomentar la divulgación de la ciencia y el conocimiento? 
¿Dónde está el punto de equilibrio? 
Creo que tenemos que pensar en estas cosas antes de decidir sobre la directiva. 
Además, quiero destacar una vez más que la postura oficial de nuestro Grupo es que exista el mínimo de enmiendas. 
La postura común es tan frágil que no debe tocarse, ya que quizás no sea posible firmar el Acuerdo OMPI, que es lo más importante. 
Señor Presidente, es un gran privilegio participar en este importante debate. 
Me entristece un poco que el tono del debate haya sido en parte negativo y cauto. 
Debemos recordar que los nuevos medios de comunicación han liberado, de hecho, la interacción entre las personas y las ideas y entre las personas y las personas. 
Naturalmente, eso propicia ciertas preocupaciones razonables sobre la protección de intereses legítimos protegidos con el derecho de autor en esta época. 
Para atender esas preocupaciones, no se debe obstaculizar el acceso y la utilización por parte de las personas comunes y corrientes, los estudiosos o los científicos a materiales sujetos al derecho de autor. 
En este debate se ha subrayado el equilibrio entre el interés del productor y el del consumidor y se trata de un equilibrio que debemos intentar conseguir. 
Si no consiguiéramos en la Unión el equilibrio adecuado, quedaría gravemente inhibida la apertura democrática del debate que la red Internet y medios conexos facilitan. 
Si, por ejemplo, se ponen limitaciones desproporcionadas a las bibliotecas, quienes sufrirán las consecuencias serán los estudiantes, los estudiosos y los científicos. 
El sistema de préstamos entre bibliotecas podría ser una víctima accidental del cambio. 
El proyecto de directiva que tenemos ante nosotros se refiere críticamente en el apartado 5 del artículo 5 a las limitaciones ya asentadas en materia de procedimientos equitativos y consagradas en el Convenio de Berna. 
Con arreglo a éste, los Estados miembros podrán fijar límites reglamentados a los intereses protegidos por el derecho de autor en pro de las personas discapacitadas, los consumidores privados, las bibliotecas y los museos y demás. Eso es permisible. 
Los Estados miembros no estarán en ningún caso obligados a hacerlo. 
Será un asunto que dependerá de la apreciación local guiada por la subsidiariedad. 
Como autor que soy yo mismo, no cedo ante nadie a la hora de mantener los derechos de los autores y los intérpretes- añado "intérpretes" deliberadamente- a un reconocimiento y una recompensa equitativos, pero, si se recurre a esos valores como fundamento para obstaculizar las limitaciones razonables de "los intereses comerciales" protegidos por el derecho de autor y- lo subrayo- "los intereses comerciales" que debemos diferenciar del derecho moral del autor, que queda expresamente excluido de esta directiva, constituirá una aplicación inadecuada de dichos valores. 
Como otros, me ha encantado la labor del Sr. Boselli y espero que la aprobemos con relativamente pocos cambios. 
Señor Presidente, por supuesto antes de que llegue mi país la sociedad de la información, ya hay una tradición terrible en la transgresión y en la falta de protección de la propiedad intelectual. 
Mucho más ahora, con las nuevas tecnologías, los artistas ven el futuro mirando hacia la Unión Europea, para afrontar en común la cuestión. 
Ciertamente hay muchos puntos contradictorios, múltiples presiones, opiniones encontradas; nosotros mismos hemos conocido, aparte de las presiones por parte de los lobby, una nueva óptica de los creadores, una nueva óptica de los consumidores de estas obras; y en este sentido, creo que es una obra de malabarismo lo que han emprendido el Sr. Boselli y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Creo que han avanzado en la mejora sustancial de la posición común del Consejo, que era insuficiente en la protección de los derechos de autor. 
Es importante delimitar especialmente las excepciones y creo que es bastante cuidadosa, aunque podría fomentarse más, la enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
También debemos prestar atención a las bibliotecas y a los archivos, para no avanzar con distintas enmiendas hacia una transgresión del respeto a la propiedad intelectual. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente por tener la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job y la tenacidad de mí mismo. 
En particular, esta cuestión, que es difícil y ha sido una tarea muy ardua para todos nosotros en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ha provocado varios conflictos, uno de los cuales, mencionado con más frecuencia en este Asamblea, es el que opone a los titulares de derechos de autor y a los consumidores. 
Muchos consideran que no se pueden conciliar los intereses de esos dos grupos diferentes. 
Yo creo que en el presente texto tenemos la oportunidad de conciliar los intereses de esas dos partes y establecer varios principios fundamentales que se podrían copiar en otras partes del mundo. 
Dichos principios comprenden, en primer lugar, la remuneración para quienes tienen derecho a ella por obras creativas y por nuevas ideas. En segundo lugar, el derecho de acceso a dichas obras; en tercer lugar, los derechos de las bibliotecas y otras instituciones, las educativas en particular, a utilizar dichas obras para fines de investigación; y, en cuarto lugar, la introducción de varias excepciones a la legislación relativa al derecho de autor para velar por que las personas con discapacidades no sean injustamente discriminadas y por que las instituciones educativas puedan continuar con su labor. 
No se trata de una tarea fácil. 
Cada uno de nosotros tiene el derecho y, de hecho, la obligación de velar por que podamos mantener el mejor equilibrio posible para todos con arreglo a los principios fundamentales de los derechos y la protección de los consumidores y la remuneración de los artistas. 
Señor Presidente, yo también, naturalmente, tengo que felicitar en primer lugar al ponente por su voluntad de llegar a un equilibrio en un texto sobre el se lleva discutiendo pronto hará tres años. 
Su tarea era aún mucho más difícil por cuanto el Consejo no ha recogido totalmente las enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura. 
Ya se ha dicho que el objetivo de la nueva directiva es adaptar la legislación actual a las nuevas tecnologías, respetando al mismo tiempo los tratados internacionales adoptados en 1996. 
Existe un vacío legal en lo referente a la protección de los derechos de autor en la era de lo numérico. 
Internet es un magnífico instrumento, pero no debe constituir una zona sin ley. 
Las expectativas culturales y económicas son importantes y como Internet se desarrolla a una velocidad impresionante, hay que encontrar un marco jurídico en Europa, como ya lo hizo Estados Unidos hace dos años. 
Por tanto, hay urgencia, por cuanto esta directiva es un elemento determinante en la lucha contra la piratería (lucha por la que particularmente tengo gran interés) y esta piratería constituye un verdadero azote para la sociedad de la información, lo cual es mucho más patente en el aspecto numérico ya que las copias son y resultan de una calidad equivalente a la del original. 
La copia privada es un derecho reconocido al consumidor. 
Es normal que como contrapartida los derechohabientes reciban una justa compensación, siendo todo una cuestión de equilibrio. 
Para que la copia sea realmente privada, es necesario que el legislador se exprese de forma suficientemente restrictiva y que no exista ambigüedad alguna en la redacción de la definición. 
Por tanto, estoy a favor de una definición restrictiva de copia privada. 
Para proteger las obras contra las copias ilegales, los derechohabientes deben tener la posibilidad de utilizar protecciones técnicas. 
Por eso hay que combatir a los que se ha dado en llamar "hackers", sancionando la oferta que hacen al público de medios para neutralizar las medidas de protección, incitando así a la piratería de obras protegidas. 
Este nuevo marco en mutación constante suscita muchos interrogantes e inquietudes. 
La directiva debe buscar el equilibrio entre los intereses de los consumidores y los derechohabientes. 
Trata de responder a estas preguntas, de forma forzosamente imperfecta y lo más rápidamente posible. 
La adaptación de esta directiva, dentro de dos años, nos permitirá determinar sus lagunas y sus puntos débiles frente a la espectacular evolución de la sociedad de la información. 
Señor Presidente, "hasta que se lavan los cestos no acaba la vendimia" se acostumbra a decir en mi país, lo que quiere decir que queda la esperanza, para los autores y los artistas, de que un sobresalto de conciencia pase por este Parlamento hoy o mañana. 
Es que creemos, señor Presidente, que es posible encontrar el punto de equilibrio entre la democratización del conocimiento que ofrecen las nuevas tecnologías y pone a nuestro alcance la red Internet con el clic de una tecla y la continuidad del acto creativo que se extinguirá por inanición con la mengua del pago y la retribución justa de su valor. 
Por eso, en este verdadero debate de sociedad no son tolerables contradicciones virtuales que ocultan posiciones demagógicas e intereses pecuniarios. 
No seamos ingenuos, señor Presidente. 
La creación y la divulgación son valores económicos, siempre lo han sido y a eso se debe el fundamento de la propiedad intelectual y de los derechos de los transmisores. 
Por desgracia, la propuesta de la Comisión y la posición común del Consejo presentan un grado criticable de leviandad. 
En nombre de la libertad de consumir se opone el consumo del arte a la creación artística, del mismo modo que se acepta suponer que la libertad creativa es una traba para el conocimiento y el enriquecimiento cultural de los ciudadanos. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación no son adversarias de los intelectuales y los autores, pero no se puede pretender que, en el mundo cibernético en que vivimos, proteger la parte más débil, es decir, proteger al autor, signifique defender el monopolio. 
No sacrifiquemos, en nombre de los derechos de los consumidores, las prerrogativas de los autores y, por encima de todo, no aceptemos el pecado original del texto en debate: que la creación desconfíe de la tecnología. 
Señor Presidente, a pesar de los muchos esfuerzos y algunos avances debidos a la actitud de nuestro ponente, al que felicito efusivamente, aún no hay un texto que armonice tres libertades fundamentales del acto cultural: las de crear, comunicar y consumir. 
Si no lo conseguimos rápidamente, Europa quedará huérfana de algunos de sus valores esenciales. 
Y, si en el altar de la tecnología quedan simplemente las cenizas de la identidad que singulariza a cualquier europeo ante el mundo, nuestras lenguas, señor Presidente, serán muy poca cosa como instrumento. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar a las gracias a los colegas de los distintos grupos por ofrecer las 32 firmas necesarias que me han permitido presentar una serie de enmiendas en la sesión plenaria. 
Estoy efectivamente convencido de que, en una serie de aspectos claves, debemos tratar de regresar a la postura del Parlamento Europeo durante la primera lectura, celebrada hace justo dos años y aprobada en su momento por una amplia mayoría. 
Se trata principalmente de imponer unas limitaciones a la realización de copias para uso particular, de establecer una normativa clara referida al almacenamiento on-line de datos de modo que la responsabilidad de los proveedores de Internet se describa mejor en relación con la directiva sobre comercio electrónico y a la posibilidad de que los Estados Miembros introduzcan medias de protección tecnológicas sin que el mercado interno se vea afectado. 
En primer lugar, por motivos de principios. 
¿Hay algo más importante que la protección de la propiedad privada? 
¿Existe algo más personal que el producto del talento humano, que la creación de algo novedoso? 
El Parlamento Europeo siempre ha sido defensor del patrimonio cultural europeo y esta situación debe mantenerse así, también en la era digital. 
Si no ponemos freno a las copias indiscriminadas, mañana no quedará nada por copiar. 
Además, la falta de protección significa también que no se estimula la creatividad y la innovación artística. 
Sin embargo, este debate va más allá de los meros principios. 
La realización de copias también afecta negativamente al empleo. 
En este momento se calcula que la copia de compact discs en la Unión Europea supone la pérdida de cien mil puestos de trabajo. 
Las administraciones también pierden ingresos. 
Sólo en el estado belga, el cual conozco bien, se perderían mil millones de francos en concepto de IVA, lo que se puede aplicar a todos los erarios públicos. 
Tenemos que tener bien presente lo que arriesgamos. 
Respaldo totalmente lo dicho por el Sr. Rothney. 
Por lo tanto, considero que existen suficientes razones para apoyar las enmiendas presentadas por mí con el apoyo de numerosos colegas, lo que les agradezco de antemano. 
Señor Presidente, Señorías, esta directiva tiene gran importancia para el crecimiento y la competitividad en Europa, pero se necesita que la redacción de la directiva no dificulte ni encarezca el uso de Internet. 
Si imponemos mayores costos al comercio electrónico y a las conexiones, Europa no llegará a ser la economía con mayor competitividad dentro de diez años; ésta es la meta que se fijó en Lisboa. 
Si queremos fortalecer nuestra credibilidad como legisladores europeos, las leyes deben ser sistematizadas; la directiva sobre comercio electrónico y la actual directiva tienen que estar en la misma línea. 
Por ese motivo no hay que cambiar el artículo 5.1 ni la justificación 33; como consecuencia de las nuevas técnicas, el derecho de autor no debe transformarse en un derecho de patente. 
Nuestra buena voluntad con los titulares de derechos de autor no debe implicar la creación de unas normas que limiten la libertad de expresión o que impidan el libre flujo de la información. 
Habrá que poner el listón muy alto para cerrar un servidor ajeno. 
Si se pretende controlar cada bit que pase por el servidor cada segundo, habremos perdido el fundamento que ha hecho a Internet tan exitoso y que ha elevado la productividad de los países con gran cantidad de abonados a la red, esto es, que todos puedan participar y compartir los conocimientos. 
Por esta razón, les pido que respalden la enmienda 4. 
Nuestra ley de derechos de autor debe girar en torno a la obra y al artista y no a las formas técnicas. 
Los canales de televisión tienen que elegir cómo ofrecer sus programas y la música que quieran tocar. 
Las emisiones radiales, destinadas al almacenamiento en la red necesitan un derecho a reproducción, ya que, de lo contrario, serán los gigantes de los sellos discográficos los que lleguen a dominar la oferta de las radios y de los canales de televisión. 
¡Apoyen por eso las enmiendas 31 y 32! 
El derecho de autor no es absoluto, se necesitan excepciones. 
Espero que el Parlamento considere las excepciones para las bibliotecas y para los discapacitados, de modo que nadie quede al margen de la información, ya que esto debilitaría la democracia. 
Finalmente, hay que defender una posición OMPI y tenemos que votar consecuentemente. 
Espero que la decisión sea positiva, ya que así habremos asumido nuestra responsabilidad internacional 
Señor Presidente, si ya en la segunda lectura sobre los derechos de propiedad intelectual tenemos que pugnar aquí y allá por mejoras de la posición común, no deberíamos perder de vista que con independencia del resultado de la votación de mañana o del resultado del tan necesario procedimiento de conciliación, hemos logrado por un lado muy poco pero por otro mucho. 
Poco porque el grado de armonización del derecho de propiedad intelectual en la Unión Europea no va a ser muy elevado, sensiblemente menor al logrado en otros campos de mucha menor importancia. 
Las tradiciones nacionales son sencillamente demasiado diferentes y demasiado diversos y contradictorios los intereses de todos los afectados. 
Pero ante esta situación de partida se ha logrado también mucho cuando pueda entrar en vigor pronto la directiva en la versión de la posición común mejorada con las enmiendas que mañana aprobaremos. 
Ahora tenemos al menos algunos conceptos centrales que se van a definir unitariamente. 
Ya no se van a cruzar en el camino del pleno desarrollo de la sociedad de la información las grandes inseguridades sobre las condiciones marco jurídicas y los autores y sus representantes disponen ahora de instrumentos para proteger sus intereses. 
Sobre todo, las posibilidades técnicas de protección se desarrollan con gran rapidez. 
Pero al mismo tiempo, precisamente en interés de la diversidad cultural, debemos garantizar el acceso de la amplia opinión pública. 
Aquí se incluye sin duda que no se criminalice al consumidor o que no se le cobre varias veces. 
Y también que el acervo cultural que, por ejemplo, está almacenado en archivos de televisión, se pueda abrir y que las bibliotecas puedan cumplir también en el mundo "online" sus valiosas tareas. 
Veo también como otras y otros colegas que el resultado de la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos ha desplazado algo el tan cacareado equilibrio a favor de las excepciones, por lo que espero que se aprueben al menos algunas de las enmiendas que ha presentado mi Grupo político. 
Señor Presidente, como autor y socio de la Sociedad Portuguesa de Autores, tengo interés personal en un asunto en el que también está en juego la propia vertiente cultural de la construcción europea. 
No tiene sentido que Europa proclame el valor esencial de su pluralismo cultural y lingüístico y, al mismo tiempo, lo vacíe de sentido. 
No conozco un solo autor en Europa que esté de acuerdo con las enmiendas de transacción relativas a la copia privada. 
Eso significa algo. 
Y quiero decir también que era mucho mejor que la directiva diera ahora satisfacción a los autores y dentro de dieciocho meses se volviese a examinarla. 
La mayor parte de las excepciones previstas en cuanto al derecho de autor abren un proceso de tipo canceroso y originan la proliferación descontrolada y salvaje de las utilizaciones abusivas. 
Cuantas más sean las excepciones previstas, más se debilitará el derecho a regular; cuantas más sean las excepciones facultativas, más se menoscabará la uniformización y la coordinación de las organizaciones nacionales al respecto. 
Reviste suma importancia la limitación del alcance de las excepciones. 
No basta con eliminar la posibilidad de utilización de copias para fines directa o indirectamente comerciales. 
Se las utiliza innumerables veces para fines atípicos: el cambio, el comodato, la oferta, son otras tantas causas de la proliferación descontrolada de otras copias con gravísimos perjuicios para los autores y los editores. 
Si el concepto de uso privado no obliga a la coincidencia con la esfera doméstica o a la autorización de la copia sólo por su autor, la directiva, en vez de resolver los principales problemas, seguirá constituyendo un estímulo a la piratería más desvergonzada. 
Termino citando un fragmento del mensaje que a este respecto he recibido de varios autores portugueses, entre ellos el premio Nobel José Saramago: " Como artistas, nos preocupa particularmente que la copia en masa no autorizada pueda minar de forma decisiva el medio de vida de todos cuantos integran la comunidad creativa. 
Quienes nada tienen que ver con el proceso creativo consumirían el fruto del trabajo ajeno sin reinversión productiva, a menos que se mantenga efectivamente el estatuto de la copia privada como tal ". 
Señor Presidente, es necesario que tengamos claro lo que estamos intentando lograr con este directiva. 
Esta directiva, como instrumento legislativo sobre la propiedad intelectual, debe intentar incluir estructuras para recompensar a las industrias creativas, que tan sólo en mi Estado miembro aportan 60.000 millones de libras esterlinas a nuestra economía nacional y 8.000 millones de libras esterlinas de exportaciones. 
Además, dan trabajo a 1.400.000 personas. 
Al mismo tiempo no debemos coartar ni limitar la libertad de acceso a los usuarios legítimos. 
Todo eso cuadra con el plan de acción de la UE y la próxima cumbre de Estocolmo. 
El caso es que el genio de Internet ha salido de la botella. 
No podemos parar la tecnología, pero tampoco podemos permitir que acabe con el derecho de autor o que se abuse de él como un refugio para la piratería, los parásitos y la copia ilegal en masa. 
Ayer la resolución relativa a Napster reveló claramente que se debe aplicar el derecho de autor al ciberespacio. 
No debemos alentar a la gente para que viole el derecho de autor. 
La composición de las enmiendas de transacción presentadas por el ponente ha mantenido eficazmente ese equilibrio entre titulares de derechos y usuarios. 
Las excepciones que existen actualmente en el artículo 5 significan que las generosas disposiciones sobre excepciones que tenemos en el Reino Unido seguirán ayudando a los usuarios vulnerables y velando por que las escuelas, las bibliotecas y las instituciones de investigación y educación puedan beneficiarse de las copias privadas. 
En el Reino Unido también grabamos programas para poder verlos en el momento y el lugar que elijamos y, naturalmente, ese derecho debe permanecer intacto. 
Sin embargo, es lamentable que se hayan colado en la última fase en comisión ciertas enmiendas innecesarias y contraproducentes. 
Me refiero a la enmienda nº 11, encaminada a conceder una exención a las emisoras de radio y televisión de la que nadie más goza y que reduciría los derechos de los intérpretes y los artistas y violaría el Tratado de la OMPI, a la enmienda nº 4, que, en su segunda parte, introduce una limitación, innecesaria e injustificada, en la UE de la libertad de los tribunales nacionales para decidir en materia de requerimientos, en particular los relativos a la piratería, y a las enmiendas sobre gravámenes. 
Aunque es bien intencionado, no podemos apoyar ese criterio, porque se podría interpretar en sentido ambiguo, en el de que, cuando no haya una protección técnica en vigor, se deban introducir siempre gravámenes. 
En el Reino Unido no existe un sistema de gravámenes y no queremos que se lo introduzca por la puerta trasera. 
Por último, como con cualquier otro instrumento legislativo sobre la red Internet que se nos presenta en esta Asamblea, debemos utilizar las disposiciones de la directiva, la cláusula de revisión que figura en el artículo 12 y el papel del Comité de Contacto para prevenir el uso indebido de las copias privadas y cualquier abuso o limitación del uso justo. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, yo también quiero adherirme al agradecimiento expresado al ponente. 
Es admirable ver con qué tranquilidad y serenidad se ha movido en esta ruidosa barahúnda de los intereses existentes. 
Aquí se ha hablado del lobby. 
Creo que se ha tratado de un debate duro pero en general honesto. 
Muchas gracias también por ello. 
Se ha hablado mucho de un equilibrio. 
Me temo que en la posición común no se ha encontrado aún el equilibrio que necesitamos. 
La directiva repercute en parte negativamente sobre el mercado interior, sobre el consumidor y sobre las innovaciones. 
Repercute negativamente sobre el mercado interior porque en el fondo sólo se realiza una armonización cosmética pues los Estados miembros defienden con uñas y dientes sus sistemas de remuneración adquiridos que en el fondo ya no encajan en el mundo digital de hoy. 
Queremos impedir esto proponiendo al menos en la enmienda nº 12 que los Estados miembros presenten a la Comisión unos nuevos sistemas de remuneraciones para lograr de este modo una recomendación. 
La directiva es negativa también para el consumidor pues no se excluye que pague dos veces cuando compra un CD, un DVD, cobrándosele una tasa. 
Pero si quiere realmente realizar una copia, puede ser que el correspondiente fichero esté protegido frente a copias y los Estados miembros se comprometen a proceder de nuevo contra tales sistemas de copias. 
Y la posición común es perjudicial para las innovaciones pues intenta por todos los medios salvar los sistemas globales de pagos en el futuro digital, a pesar de que la nueva tecnología hace en el fondo superfluos los sistemas globales de pagos ya que con la protección frente a copias es posible pagar por copias directamente al autor y esta es sin duda la más justa de todas las posibilidades. 
Esta es una directiva para una Europa de los ciudadanos. 
Les ofrece seguridad y unas libertades equitativas en el mundo digital. 
Señor Presidente, me encanta que la Comisión de Asuntos Jurídicos y el ponente hayan reconocido que era desaconsejable volver a plantear gran número de cuestiones en este sector y que gran parte de lo logrado en la posición común refleja un equilibrio sobre este complicado problema. 
Espero que la Asamblea limite también el número de enmiendas que se aprueben y no altere en gran medida la posición común. 
Es una directiva que los conservadores británicos y yo acogemos con beneplácito, porque reviste importancia decisiva que se conceda a los ciudadanos europeos una protección apropiada de sus derechos creativos y obras creativas en la era digital y esta directiva lo hará. 
Es algo esencial, porque no sólo existe una enorme industria musical y una industria cinematográfica, no debemos olvidar la industria de los juegos para ordenador, que tanto éxito ha tenido y está produciendo gran cantidad de ingresos en el Reino Unido y en varios otros países de la UE. 
Pero los conservadores británicos también defienden firmemente los derechos de quienes se aprovechan de las excepciones de interés público. 
Grupos tales como los discapacitados, incluidos los ciegos que necesitan copias en braille para acceder a la red Internet, grupos como los investigadores, las universidades y las bibliotecas: esas excepciones a la exclusividad de los derechos son decisivas para fomentar la investigación, que tan importante es para nuestra salud económica. 
Una excepción menos destacada y económicamente importante es el derecho a ingeniería inversa de programas informáticos. 
Rechazaríamos totalmente las enmiendas encaminadas a inhibir la utilización de esas excepciones de interés público. 
Así, pues, aceptamos la necesidad de hacer más rigurosa la redacción del apartado 4 del artículo 6 para aclarar su papel y limitarlo a servicios interactivos verdaderamente a la carta. 
Ahora bien, hay otra excepción que es más polémica: la copia privada normal. 
A todos nos complace que se hayan hecho más rigurosas las normas para impedir que se haga un uso indebido de ellas y se utilicen como vía libre para la piratería; eso es algo que también apoyaríamos. 
Por último, quisiera expresar algunas reservas sobre la enmienda nº 11. 
Si se aprueba esa enmienda, temo que las emisoras de radio y televisión tengan ventaja. Consiguen algo por nada. 
Creo que se trata de cierta tergiversación de la posición común y, a no ser que alguien me convenza de lo contrario, abrigaría grandes reservas sobre la enmienda nº 11. 
Tenemos una posición atinada y equilibrada y temo que la enmienda nº 11 incline la balanza indebidamente. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, la posición común con las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior intenta establecer un equilibrio justo entre los intereses de los artistas, autores y titulares de derechos jurídicos y los intereses de los consumidores. 
La posición común regula cuándo terceros pueden copiar obras protegidas por derechos de autor, como textos, gráficos, música o películas. 
Los Estados miembros están asimismo obligados a proteger jurídicamente las medidas destinadas a la protección de las copias. 
Desde el punto de vista del consumidor es decisivo que estén permitidas en el futuro las copias privadas. 
Existen diversas opiniones sobre lo que se debe entender bajo una copia privada. Hoy se ha tocado este tema en diversas ocasiones. 
En mi opinión, hay que incluir también en la definición el entorno familiar. 
Es decir, la propuesta de formulación que ha realizado la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior goza de mi pleno apoyo. 
Finalmente, desde una perspectiva del consumidor es importante que solamente se puedan introducir nuevos sistemas de remuneración, es decir, tasas por aparatos o soportes de datos, si de este modo se logra en toda Europa el mismo nivel de cargas. 
Una actuación de un país por su cuenta, por ejemplo, la llamada pc levy, sobre la que se discute continuamente en los Estados miembros, lograría solamente encarecer aún más los aparatos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior ha presentado al respecto las correspondientes propuestas que ruego apoye el Pleno mañana. 
Finalmente, en la directiva se regula si en el futuro los centros de radiodifusión pueden ofrecer a demanda en la red sus producciones de archivo o si primero tienen que adquirir contractualmente estos derechos por ese uso sobre todo a los titulares de los derechos participantes en las producciones de TV. 
Estos derechos, los archivos de los centros de radiodifusión son de un inconmensurable valor cultural e histórico. 
Por este motivo, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que estos archivos sean accesibles en un uso online. 
Ruego expresamente que apoyen el artículo 11 en lo que no coincido tampoco con mi colega, la Sra. Villiers. 
Creo que aquí está justificado ofrecer una regulación especial para la radiodifusión pública. 
Señor Presidente, pido disculpas, en primer lugar, por haber llegado tarde a este debate: estaba en otra reunión y por esta razón tomo la palabra en último lugar, pese a que tengo el honor de haber sido responsable de este expediente para el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, mis primeras palabras son palabras de agradecimiento, y puedo añadir también de agradecimiento como presidenta de la comisión, a la labor realizada por el ponente. 
No es retórica. 
Creo que no es fácil encontrar un expediente más complejo, donde se han desatado- y empleo el verbo desatarse en todo el sentido que en español denota- las presiones de todos los grupos de interés, que legítimamente han pugnado por lograr que sus posiciones fueran adoptadas por los distintos Grupos políticos. 
Creo que en pocos expedientes hemos recibido, no voy a decir toneladas, pero desde luego tantos metros lineales de faxes y de correos electrónicos como en éste. 
El ponente ha sabido navegar con maestría en estas aguas turbulentas; ha recordado, en todo momento, que un ponente es ponente de una comisión, no es ponente de ningún grupo ni de ninguna posición: es ponente de una comisión y, por tanto, se debe a lo que es la postura mayoritaria de esa comisión. 
Tengo la satisfacción de que las enmiendas planteadas por el ponente fueron respaldadas por una amplísima mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Ahora, señor Presidente, permítame unas observaciones, que van a ser repetición lo que ya se ha dicho, porque realmente a estas alturas del debate se ha dicho ya todo. 
Se critica mucho esta directiva, y es una directiva criticable; pero se trata de un caso, como tantas veces sucede en la construcción europea, en el que lo mejor es enemigo de lo factible. 
Partimos, como ya se ha dicho, de una situación de divergencia absoluta entre los Derechos de los distintos Estados miembros, donde realmente el concepto de derecho de autor, el haz de obligaciones y derechos que ese concepto traduce en nuestros Derechos, no es ni tan siquiera parecido. 
No es que no coincida, sino que ni tan siquiera es parecido. 
Intentar armonizarlo es una proeza. 
Esta directiva es un primer paso, pero el Parlamento aceptó ese juego en primera lectura y, por lo tanto, tiene que ser consecuente con ello y, en segunda lectura, seguir esta tendencia. 
En primera lectura podríamos haber hechos unos planteamientos rompedores; no fue la idea de este Parlamento, que aceptó una directiva llena de excepciones. 
En este momento, las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sumadas a alguna otra enmienda destacable y que merece ser votada, mejoran esta directiva en algunos puntos sustanciales, como la copia privada. 
Me remito a lo que se ha dicho. 
Y la mejoran haciendo de ella, en resumen, un primer paso en una armonización que tendrá que llevarse a cabo con el tiempo, un primer paso que además nos permite cumplir nuestros compromisos internacionales, ya que hasta que esta directiva no vea la luz los dos tratados OMPI no podrán entrar en vigor. Eso también es una responsabilidad importante en estos momentos en que hablamos tanto de globalización. 
Quisiera comenzar diciendo que el examen de este asunto ha ocupado mucho tiempo, como el Sr. Boselli ha indicado antes: tres años, creo que ha dicho. 
Eso indica la importancia de esta propuesta y también su carácter polémico. 
Después de largos debates, en los que este Parlamento ha desempeñado un papel muy constructivo, hoy nos hemos reunido para examinar una transacción que será- espero- equilibrada. 
Ahora debemos acordar lo antes posible un conjunto de normas sobre derecho de autor y derechos conexos en la sociedad de la información en el nivel europeo para aumentar la competitividad de la Comunidad y cumplir con nuestras obligaciones en el nivel internacional. 
Esta directiva será una piedra angular para el establecimiento de un marco jurídico armonizado sobre el derecho de autor, en particular en un entorno digital. 
Como tal, corresponde a esas medidas para las que la Cumbre de Lisboa nos fijó un plazo claro al final del año pasado. 
La Comunidad necesita dicho marco para no quedarse rezagada respecto de sus interlocutores comerciales importantes y, como se ha observado esta tarde, ya vamos rezagados respecto de los Estados Unidos. 
Además, sin ese marco en vigor, los titulares de derechos y los usuarios no pueden afrontar los imperativos planteados por la tecnología en el mercado. 
La aprobación y aplicación de esta directiva es también una condición previa para que la Unión Europea ratifique rápidamente los dos tratados de la OMPI aprobados en 1996. 
A ese respecto tenemos una importante responsabilidad, pues la entrada en vigor de los tratados de la OMPI depende en gran medida de esta directiva y, por tanto, de nosotros. 
La decisión oficial de ratificar los tratados fue adoptada por el Consejo el 16 de marzo de 2000. 
El Parlamento ya ha ratificado esa decisión, pero sin esta directiva ni nosotros ni los Estados miembros podríamos pasar a la ratificación de esos tratados. 
A lo largo de todo el proceso legislativo, el Parlamento ha desempeñado un papel importante. 
Los importantes cambios introducidos en esta directiva tras la primera lectura reflejan claramente las influencias de este Parlamento. 
Acogemos con beneplácito el planteamiento constructivo del ponente, Sr. Boselli, y de la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Sra. Palacio- y constituye un placer particular volver a verla hoy -, y también a los miembros de la comisión que la Sra. Palacio preside. 
Han demostrado apreciar con agudeza las cuestiones que están en juego en este directiva, al reducir el número de enmiendas a 15. 
La mayoría de ellas eran, de hecho, enmiendas de transacción, también sobre cuestiones decisivas. 
La Comisión agradece las gestiones hechas por el ponente sobre la copia privada y por la Comisión de Asuntos Jurídicos cuando votó en el sentido de no modificar la excepción sobre las copias técnicas. 
La Comisión está en condiciones de aceptar todas las enmiendas de transacción. 
Sin embargo, nos preocupan algunas de las otras enmiendas que se han votado. 
Ahora voy a referirme, aunque muy brevemente, a cada una de dichas enmiendas. 
En primer lugar, la enmienda nº 2. 
Versa sobre los planes de remuneración y los productos a los que se aplican, aun cuando dichos planes queden fuera del ámbito de aplicación de la directiva. 
Esta directiva exige una compensación justa para cierto tipo de excepciones, una de las cuales es la copia privada. 
El sistema de compensación justa prevé la flexibilidad para los Estados miembros, los titulares de derechos y los usuarios para establecer la base sobre la que se deben aplicar dichas excepciones. 
La enmienda nº 4 no respeta el principio de proporcionalidad, porque va encaminada a establecer condiciones para la solicitud de requerimientos judiciales. 
Pero la directiva ya aborda adecuadamente la cuestión de las sanciones. 
La enmienda nº 11, sobre la que hablaré al responder a algunas observaciones formuladas antes, añade otra excepción para las emisoras de radio y televisión, formulada en términos que el propio Parlamento rechazó ya en primera lectura. 
La excepción propuesta va demasiado lejos y podría entrañar una violación por parte de la Comunidad de sus obligaciones internacionales con arreglo a los tratados de la OMPI, para cuya ratificación esta directiva es el instrumento. 
La enmienda nº 12, en su redacción actual, podría socavar los propios poderes de la Comisión para actuar cuando los Estados miembros adopten medidas que afecten al funcionamiento del Mercado Interior. 
Por esa razón la Comisión no ve forma de poder aceptarla. 
La enmienda nº 13 nada añade al texto del apartado 4 del artículo 6, que ya establece una compensación justa por las copias privadas. 
A la luz de lo que acabo de decir, apoyamos las enmiendas de transacción del ponente y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero no las enmiendas núms. 
2, 4, 11, 12 y 13. Además, también se han presentado en Pleno otras diversas enmiendas, a saber, las núms. 
16 a 45. La mayoría de ellas han sido rechazadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Sin embargo, tres enmiendas- a saber, las enmiendas núms. 26, 27 y 28- son nuevas. 
No obstante, en todos los casos se han examinado detenidamente las cuestiones planteadas por esas enmiendas no sólo durante esta segunda lectura, sino durante toda la historia de esta directiva: por mis servicios, pero también por los Estados miembros. 
Ninguna de esas enmiendas suplementarias es aceptable para la Comisión. 
Ahora quisiera abordar más concretamente algunas de las preguntas y observaciones formuladas esta tarde. 
En primer lugar, las preguntas y las observaciones formuladas por el Sr. Medina Ortega, el Sr. Manders y el Sr. Echerer sobre las copias privadas y sobre la utilización de las palabras "para uso privado". 
La pregunta es la de si debe apoyar la Comisión o no la enmienda nº 5 y, en caso afirmativo, por qué. 
Para responder a esa pregunta, quisiera decir que la Comisión opina que la enmienda nº 5 establece una mayor seguridad para los titulares de derechos, al tiempo que permite la copia privada legítima de modo aplicable por los Estados miembros y los titulares de derechos y aclara lo que es comercial incluyendo fines que son a un tiempo directos e indirectos. 
Esta directiva comprende varias salvaguardias que hacen salvedades sobre el grado en que se pueden hacer copias privadas y presentan carácter disuasorio para la piratería. 
Así es en particular en relación con la protección de las medidas tecnológicas. 
La Comisión opina que la referencia al "uso privado" es una formulación demasiado estricta y originaría dificultades para su aplicación, en particular en la esfera privada. 
Además, la pregunta y la observación formuladas por el Sr. Manders sobre el artículo 5 y en particular las palabras "pasajero" e "incidental". 
A ese respecto, el apartado 1 del artículo 5 ha sido el centro de atención de todas las instituciones. 
Ha habido muchas enmiendas presentadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos y también aquí, en el Pleno, que proponen que se cambie el texto de la posición común. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó muy atinadamente todas esas enmiendas, cuando votó el 6 de febrero de 2001, y la Comisión aceptó el texto de la posición común en el que se declara que los actos de copia, para estar exentos, deben ser pasajeros e incidentales y deben formar parte esencial de un proceso tecnológico. 
La Comisión prefiere "o" a "y" en este marco, porque, al hacer que las condiciones sean acumulativas con la adición de "y", se puede dar un carácter demasiado restrictivo y menos operativo a esa excepción en conjunto. 
Además, incluir la palabra "esencial" parece tener sentido, pues sería difícil justificar por qué debería la excepción dar preferencia a actos de reproducción que no sean una parte "esencial" de un proceso tecnológico. 
El texto actual del apartado 1 del artículo 5, junto con la orientación interpretativa del considerando 33, garantiza- en opinión de la Comisión- un equilibrio satisfactorio entre los derechos de los titulares de derechos y los intereses legítimos de otras partes interesadas, tales como empresas concesionarias de telecomunicaciones, usuarios, consumidores y otros. 
Junto con el artículo 8, relativo a los recursos y las sanciones, el apartado 1 del artículo 5 contribuirá a prestar protección eficaz del derecho de autor contra la piratería y al tiempo fomentar el funcionamiento sin problemas de las redes. 
En particular, brinda a los prestadores de servicios y de acceso la necesaria certeza jurídica para sus actividades en las redes. 
Para responder a las observaciones formuladas por la Sra. Fraisse, la Sra. Villiers y otros sobre la enmienda nº 11, permítaseme decir lo siguiente. 
Ya hay una excepción para las emisoras de radio y televisión basada en una enmienda aprobada por este Parlamento en primera lectura. 
Introdujo una nueva excepción para las emisoras de radio y televisión en relación con las llamadas reproducciones efímeras. 
Introducir una nueva excepción no sólo sería perturbar el equilibrio de derechos logrado, sino que, además, podría propiciar una violación de las obligaciones internacionales de los Estados miembros. 
En relación con la enmienda nº 11, permítaseme decir lo siguiente. 
La Comisión no podía aceptar esa enmienda, pues perturbaba el equilibrio entre las partes interesadas y podría haber causado considerables perjuicios a los autores, los artistas del espectáculo u otros titulares de los derechos de que se trata. 
La Comisión conviene con la Sra. Fraisse, la Sra. Villiers y casi todos los oradores en rechazar esa enmienda. 
Deseo agradecer a la Sra. Palacio su apoyo a lo largo de toda la historia de esta propuesta. 
Si no hubiera sido por su dirección y orientación en la Comisión de Asuntos Jurídicos, no habría sido posible avanzar por la primera lectura y ahora la segunda lectura y la Comisión le está, como es lógico, muy agradecida. 
La Comisión quisiera agradecer también al ponente y al Parlamento en general la excelente labor que han llevado a cabo. 
La posición común representa las opiniones de todos los intereses divergentes: las comunidades creativa y artística, las comunidades académica, educativa y científica y también los grupos y organismos de consumidores que representan a usuarios socialmente desfavorecidos. 
No obstante, pese a la complejidad de los grupos cuyos intereses se deben tener en cuenta, la directiva garantiza un grado suficientemente alto de armonización del derecho de autor y ha de ser posible llegar a un acuerdo final. 
Hemos recorrido un gran trecho para tener en cuenta las preocupaciones de todos, por lo que- como ya ha dicho el Sr. Boselli esta tarde- espero que mañana se apruebe esta propuesta y con los menos cambios que sea posible. 
Liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0032/2001) del señor Bowe, en nombre de la Delegación del Parlamento en el comité de conciliación, en relación con el borrador conjunto aprobado por el comité de conciliación para la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la introducción intencionada de organismos manipulados genéticamente en el medio ambiente y sobre la derogación de la directiva 90/220/CEE (C5-0685/2000- 1998/0072 (COD) ). 
Señor Presidente, ahora estamos acercándonos al final de un proceso de tres años de reforma de la legislación para el control y la utilización en la Unión Europea de organismos genéticamente modificados como productos. 
Ahora hemos concluido el proceso de conciliación y tenemos un texto para su aprobación final. 
El texto que tenemos ante nosotros satisface muchas de las peticiones del Parlamento en la primera y la segunda lecturas. 
Hemos reafirmado el principio cautelar. 
Tenemos una evaluación de riesgos más estricta de todas las liberaciones de OGM. 
Tenemos planes para supervisar la rastreabilidad que garantizarán una evaluación continua de todas las liberaciones a lo largo de todo el período de diez años. 
Tenemos un proceso claro y transparente y un calendario claro para las aprobaciones que garantizan la consulta vinculante al público y los registros públicos de las localizaciones de los OGM cultivados y utilizados. 
También se han adoptado medidas en relación con las cuestiones de responsabilidad, rastreabilidad y etiquetado. 
Sin embargo, el Parlamento sólo podrá sentirse satisfecho respecto de esas cuestiones, cuando veamos la legislación suplementaria y las medidas acompañantes que, según tengo entendido, están ahora en preparación en la Comisión. 
En una palabra, tenemos ante nosotros hoy para que la aprobemos la legislación más estricta del mundo en materia de OGM, tan estricta, de hecho, que algunos alimentos naturales de uso común hoy no contarían con la aprobación mediante este procedimiento. 
Si mañana aprobáramos esta legislación, sería el comienzo del fin de la presente "moratoria" de aprobaciones comerciales de OGM. 
Sin embargo, ciertos Miembros del Consejo ya han dicho con claridad que analizarán detenidamente las solicitudes particulares de aprobación y puede que no permitan la comercialización hasta que esté en vigor la legislación sobre rastreabilidad y etiquetado, cosa que acojo con beneplácito. 
Se trata de una salvaguardia final para la reanudación de un proceso de aprobación que llevamos mucho tiempo esperando, pero no puede ser una razón para oponerse a la aprobación final de la nueva legislación 90/220 que tenemos ante nosotros ahora. 
Esta legislación es un componente básico y un fundamento esencial para el éxito de esas medidas aún por venir. 
Así, pues, recomiendo esta importante legislación a la Asamblea. 
Es esencial para garantizar la utilización inocua e idónea de los productos con OGM en la Unión Europea. 
Es esencial para garantizar la creación de confianza pública en esos productos, es esencial para velar por que esta nueva tecnología, que tanto promete, nos ofrezca al final lo que buscamos. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, al comienzo de cada intervención en el Parlamento Europeo se felicita con frecuencia al ponente. 
Hoy también quiero hacerlo y no se trata realmente de un adorno. 
David Bowe ha realizado un excelente trabajo y ha llevado a término un dossier muy difícil. 
También quiero expresarle mis felicitaciones a usted, señora Comisaria Wallström, y al presidente del Comité de Conciliación, el Sr. Ingo Friedrich. 
Ambos han contribuido con un gran compromiso a un acuerdo; lamentablemente, esto no se puede decir de todos los demás participantes en el procedimiento de conciliación. 
Hemos logrado unos buenos compromisos. 
Mediante la nueva regulación se ha establecido en Europa un elevado nivel de protección de la salud, del consumidor y del medio ambiente. 
Las cuestionadas resistencias a los antibióticos ya no van a ser legales en el futuro en Europa. 
Se ha prescrito un monitoring exacto para peligros potenciales del medio ambiente. 
Se mejora el etiquetado de organismos modificados genéticamente si bien esperamos aún otras medidas de la Comisión. 
No hemos acordado ninguna regulación que imposibilite la aplicación de la biotecnología verde y el Grupo del PPE se felicita por ello. 
El Grupo del PPE está a favor de la biotecnología si se garantiza que se respetan las normas para la protección del medio ambiente y de la salud humana. 
Ayer científicos e investigadores de todo el mundo han anunciado la decodificación completa del genoma humano. 
La euforia que ha desatado este anuncio en todo el mundo está en una extraña contradicción con el enérgico rechazo que ha desatado la liberación intencional en el medio ambiente de plantas modificadas genéticamente, sobre todo en Europa. 
Creo que ni la euforia en el proyecto del genoma humano ni el rechazo total de plantas modificadas genéticamente están justificados. 
En ambos campos hay grandes oportunidades pero también peligros que deben ser amortiguados por la legislación adecuada. 
La aplicación de la ingeniería genética en la medicina no está ausente en modo alguno de peligro; en la investigación de la terapia genética en los EE.UU se han producido ya casos de muerte debido a una defectuosa aplicación de las reglas. 
La así denominada clonación de personas no se trata en absoluto de una quimera absurda sino que es perseguida seriamente por algunos científicos. 
Esto se ha visto de nuevo claramente en los últimos días. 
La separación artificial entre la clonación de embriones humanos para investigar las células madre, por un lado, y la llamada clonación reproductiva, por otro, no se va a poder mantener a la larga. 
Probablemente, creo que nacerá el primer bebé clonado antes de que se hagan realidad las aparentes autorizaciones para pacientes con parkinson o alzheimer. 
Así como la ingeniería genética roja no va unida en absoluto sólo a oportunidades, la tecnología genética verde no va tampoco en absoluto exclusivamente unida a peligros. 
Existe la oportunidad real de que debido a las plantas modificadas genéticamente en el sector de las materias primas regenerables se logren unos grandes avances. 
Mediante plantas modificadas de un modo dirigido, quizás pronto se puedan producir medicamentos de un modo económico y seguro. 
Debemos pues hacer uso de las oportunidades en ambos campos y limitar los peligros mediante la legislación adecuada. 
La evolución que se deriva de la investigación del genoma humano- para lo que apenas tenemos normas en Europa- en la liberación intencional en el medio ambiente de plantas modificadas genéticamente, conducirá con la aprobación del informe previo a una adecuada estructura normativa para todos los Estados miembros en la Unión Europea, por lo que deberíamos aprobar esta solicitud. 
El Grupo del PPE va a dar su voto favorable al informe Bowe. 
Señor Presidente, después de tres largos años, la revisión de la Directiva 90/220/CEE entra por fin en su recta final. 
Quien como yo ha seguido paso a paso la llegada a esta meta, no puede no estar de acuerdo con una constatación: estamos dotando a la Unión Europea de una legislación en materia de organismos modificados genéticamente que no solo mejora la actual, sino que nos sitúa a la vanguardia en el plano internacional. 
Baste pensar en las modalidades de concesión de las autorizaciones, sobre todo en términos de transparencia y de accesibilidad del público, condición imprescindible para que la investigación pueda avanzar en las experimentaciones necesarias en un clima favorable; o pensemos en la evaluación y en el seguimiento y control de los efectos acumulativos en el medio ambiente, así como en la eliminación gradual de los marcadores resistentes a los antibióticos. 
El mérito principal de este avance ha de reconocerse a nuestro ponente, Sr. David Bowe, que ha sabido conjugar decisión y flexibilidad. No cabe duda de que no es suya sino de la Comisión la responsabilidad de una zona gris, esto es, la imposibilidad, por el momento, de completar el marco de las certezas que hay que proporcionar a los consumidores, mediante la adopción de una normativa tanto en materia de seguimiento como de etiquetado de los organismos modificados genéticamente y de sus derivados puestos en venta. 
El compromiso de la Comisión, reiterado ayer en una carta dirigida a los miembros de la delegación parlamentaria, es políticamente importante, pero no recupera del todo el retraso acumulado a la hora de arbitrar una propuesta clara y concreta. 
Por estos motivos, estoy convencido de que se podrán respaldar las conclusiones de la conciliación, pero con una reserva explícita: la moratoria a la comercialización deberá continuar mientras no se llene esta laguna. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estimada Sra. Comisaria, la nueva directiva es una gigantesca mejora de la antigua. Todos coincidimos en ello. 
Para nosotros, los Verdes, el registro público era uno de los aspectos esenciales y centrales. 
Se ha introducido el monitoreo y también la comprobación de las repercusiones a largo plazo. Saludamos expresamente todo esto. 
Sin embargo, vamos a abstenernos justificadamente pues se ha dejado pasar la oportunidad de aclarar todos los puntos centrales de la directiva. 
Existe un tremendo confusionismo en el campo de la ingeniería genética a nivel europeo y faltan medidas para etiquetar los derivados, los organismos modificados genéticamente y su seguimiento hasta su origen. 
No hemos explicado la cuestión de la exportación de organismos modificados genéticamente en Estados no miembros. 
Creo que tenemos aquí una responsabilidad moral de aplicar a terceros Estados los mismos baremos que nos aplicamos a nosotros mismos y, sobre todo, no hemos explicado la responsabilidad como elemento central. 
Aunque la Comisión de la UE va realizar propuestas al respecto, sin embargo no las conocemos. 
Tengo la sensación de que actuamos a ciegas. 
Precisamente la crisis de la EEB debería ser una lección y advertencia para nosotros. 
No puede ser que cuando se producen daños, se le cobre al contribuyente, es decir, que se socialicen los riesgos y que los beneficios recaigan exclusivamente en las empresas dedicadas a la ingeniería genética. 
Por ello, espero que no se realice ninguna nueva autorización de organismos modificados genéticamente hasta que la cuestión de la responsabilidad quede anclada en la ley. 
Hasta ahora, solamente se ha realizado una declaración de intenciones pero no se regula la responsabilidad de las empresas. 
No puede ser que cualquiera que quiera dar de alta a un coche tenga que presentar un certificado de seguro pero que no tenga que hacerlo alguien que trabaja con organismos peligrosos cuyas consecuencias, riesgos y peligros a largo plazo no conocemos aún en parte. 
Por ello, no hay ningún motivo para países miembros como Alemania o Francia para suspender sus moratorias de facto. 
Creo que padecemos una gran crisis de confianza en la protección del consumidor y sin etiquetado de los derivados, es decir, sin transparencia y sin responsabilidad, sin que se pueda recoger la responsabilidad.... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, el Grupo de la Izquierda Unitaria desea mantener la moratoria que rige para las semillas modificadas genéticamente destinadas a cultivos comerciales. 
Esta postura no se altera por las notorias mejoras que se introducen en la directiva 90/220 que estamos discutiendo. 
En la conciliación, el Grupo GUE, junto con los Verdes, ha defendido las mejoras. 
Se trata de eliminar los genes marcadores resistentes a los antibióticos, de alcanzar una mayor apertura y de que se hagan mejores estudios de riesgos. 
También hemos alcanzado una victoria parcial en materia de registros públicos de cultivos, pero en esta materia hay todavía gran incertidumbre sobre la voluntad de los países miembros para comprometerse a registrar públicamente todos sus cultivos comerciales. 
Aquí se necesita una aclaración del Consejo de Ministros y de la Comisión. 
No es aconsejable aprobar leyes que desde su nacimiento aceptan interpretaciones diversas. 
Aún no hemos visto las nuevas normas que regirán el etiquetado, la reseña del origen y la responsabilidad que nos ha prometido la Comisión. 
Antes de saber cómo serán y cómo se aplicarán, no podemos pensar en suspender la moratoria. 
Opinamos que aún cuando ésta haya sido levantada, no se podrá obligar a un país miembro a cultivar mieses modificadas genéticamente. 
La estrategia presentada por la Comisión, esto es, aprobar las nuevas mieses antes de que estas normas entren en vigor, es, en nuestra opinión, deplorable y atenta contra el principio de la cautela. 
También resulta extraño intentar adelantarse de esta manera a la tramitación en el Parlamento y en el Consejo de Ministros. 
Actualmente en Europa no hay demanda de alimentos modificados genéticamente. 
Cada vez hay más regiones en el mundo que abandonan los OMG. 
Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre los riesgos de estos organismos. 
Hablamos de riesgos tanto de dispersión hacia otras especies como de posibles efectos para la salud humana. 
En una situación como la actual resulta estúpido obligar a realizar nuevos cultivos, y esto puede dar origen a muchas controversias. 
Los escándalos y problemas relacionados con la política de alimentos este último tiempo nos deberían haber enseñado a avanzar con cautela. 
Los intereses de los consumidores y el principio de la cautela tienen que anteponerse a los intereses comerciales de las grandes empresas. 
Señor Presidente, queremos mantener la moratoria para los cultivos comerciales. 
Se corre el riesgo de que la revisión de esta directiva dé a la Comisión oportunidad para aprobar nuevos OMG. 
No nos podemos prestar a esto. 
A pesar de que nuestro Grupo ha abogado por el mayor endurecimiento posible de esas normas en la conciliación, no votamos a favor del resultado final. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Bowe por su labor en este sector. 
El Libro Blanco del Comisario Byrne sobre la seguridad alimentaria establece las normas y los parámetros básicos dentro de los cuales la aplicación práctica de la investigación genética repercute en la salud humana y el medio ambiente y no me cabe duda de que la vigilancia del Parlamento es una salvaguardia suplementaria. 
Si bien he sido siempre partidario de la aplicación al sector agropecuario de la investigación genética inocua y sometida a prueba, su aplicación práctica en el futuro habrá de adaptarse también a los cambios inevitables en los métodos agropecuarios resultantes de las consecuencias independientes, pero no por ello menos devastadoras para los agricultores y ganaderos y los consumidores, de la EEB. 
Se debe intensificar la vigilancia que estamos ejerciendo atinadamente en la liberación de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente y la seguridad alimentaria en relación con la investigación en el sector, éticamente delicado, de la tecnología de los genes y sus repercusiones y consecuencias para la Humanidad. 
Existe una aversión silenciosa para con algunas de esas investigaciones por parte de ciudadanos que esperan de nosotros que reflejemos sus preocupaciones en este Parlamento. 
Como dije en una ocasión anterior, no debemos jugar a ser Dios con la investigación. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, en nombre de los diputados radicales de la Lista Bonino, expreso mi convencido apoyo a la directiva sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
Han hecho falta tres años- demasiados- desde que la Comisión Santer, gracias al impulso de Emma Bonino y de Ritt Bjerregaard, entonces Comisarias de los consumidores y de medio ambiente, presentó la propuesta de modificación de la antigua Directiva 90/220/CEE, una propuesta que luego desembocó en el texto que hoy nos ocupa y que mañana vamos a votar. 
Votaremos a favor, porque consideramos que la propuesta de directiva garantiza un marco jurídico riguroso de cara a la autorización de organismos modificados genéticamente y para proteger a los consumidores, a los operadores económicos y a los investigadores. 
Se ha hecho referencia a los elementos de innovación importante, a la evaluación del riesgo medioambiental y al control y seguimiento del riesgo. La nueva legislación incorpora asimismo el principio de precaución, cuya aplicación ideológica y extensiva, que se nos propone con demasiada frecuencia, produciría otra parte el paradójico efecto de paralizar no solo la investigación y la innovación en materia agroalimentaria, sino también los aspectos comúnmente aceptados por nuestra manera de vivir, como señaló hace unos días el ministro italiano de Sanidad, Umberto Veronesi, científico antes que ministro. 
Se han mejorado el etiquetado y el seguimiento y se ha previsto un mecanismo de información al público. 
Más en general, creo que esta directiva representa un paso adelante en la renuncia al enfoque prohibicionista frente a las novedades científicas. 
Señor Presidente, con razón se presta expresamente atención a la seguridad en la directiva, además de considerar los aspectos económicos. 
En los anteriores debates ya planteé varias veces la necesidad de prestar atención a los aspectos éticos en una cuestión tan delicada. 
La manipulación genética de los organismos constituye una intervención en las características de los mismos. 
Partiendo de mi creencia de que todos estos organismos han sido creados por Dios, apelo a que procedamos con suma cautela. Resulta primordial considerar los últimos avances en este sector bajo un prisma ético. 
La consideración de los aspectos éticos que rodean a la genética humana demuestra que la biotecnología puede tener consecuencias imprevisibles. En este caso resulta imprescindible fijar unos límites inequívocos. 
Me complace que finalmente se haya recogido la mayoría de las enmiendas en el texto conjunto del Consejo y del Parlamento. 
El hecho de que la directiva recoge ahora los aspectos ecológicos es digno de elogio. 
Asimismo, resulta importante eliminar a medio plazo los marcadores de resistencia de los antibióticos. 
El Consejo deberá aprobar el Protocolo de Cartagena lo antes posible. 
Otro aspecto importante es que la exportación a terceros países se realice de forma responsable. 
El argumento que afirma que el desarrollo de organismos manipulados genéticamente contribuye a solucionar el problema de la alimentación mundial debe demostrarse en la práctica. 
Los rumores acerca del llamado gen-terminator que bloquea el crecimiento de los descendientes son extremadamente preocupantes. 
Espero que el cumplimiento adecuado del Protocolo permita evitar el abuso y las prácticas inadecuadas. 
Señor Presidente, el texto conjunto cuenta con mi aprobación en términos generales. 
Señor Presidente, después de años de trabajo, hemos llegado con este informe a lo que espero que sea la decisión final del Parlamento. 
En gran medida, tenemos que agradecérselo al Sr. Bowe. 
El ponente ha hecho un excelente trabajo. 
Quiero felicitarlo por este informe. 
Recordemos solamente que la técnica genética ofrece insospechadas posibilidades a la humanidad. 
No obstante, como siempre ha sido, los nuevos conocimientos implican también nuevos riesgos y mayor responsabilidad. 
Es importante que seamos conscientes de los riesgos y que asumamos nuestras responsabilidades. 
Se trata de los asuntos medioambientales y de las consideraciones éticas. 
Asimismo, es importante dejar en claro que a la hora de mejorar la salud de las personas y de garantizar una producción sostenida de alimentos para la creciente población del mundo, no se puede excluir ninguna ciencia. 
Por el contrario, hay que utilizarlas. 
Por eso quisiera solamente pedir que votemos a favor de la propuesta que tenemos frente a nosotros. 
Señor Presidente, rechazamos aprobar el proyecto de directiva que establece el procedimiento de autorización de organismos genéticamente modificados, por razones de fondo que expondré en mi explicación de voto, pero también por una razón de estrategia muy simple. 
Hela aquí: se nos ha dicho que hay que aprobar el establecimiento de este procedimiento de autorización, aunque imperfecto, y al mismo tiempo se nos da a entender que la moratoria sobre las autorizaciones, acordada por los gobiernos en junio de 1999, se prorrogará a la espera de los complementos necesarios. 
En estas condiciones decimos que sería mucho más prudente por parte del Parlamento esperar al establecimiento efectivo de todas las garantías complementarias que la Comisión le promete para mañana, por ejemplo, un futuro texto sobre la responsabilidad y la obligación de asegurar- insisto en ello- diseminadores de organismos modificados genéticamente, o incluso una futura mejora de las disposiciones sobre el etiquetado y la localización. 
En cambio, si aprobamos hoy el procedimiento de autorización, corremos mucho peligro de volvernos a encontrar estafados si, mañana, se levanta la moratoria a la chita callando, cosa que la Comisión se muere de ganas de hacer. 
El debate queda interrumpido. 
El debate se reanudará esta noche a las 21.00 horas. 
Propuestas para la reforma del mercado de la carne de bovino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión acerca de las propuestas para la reforma del mercado de la carne de vacuno. 
Tiene la palabra el comisario Fischler. 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por concederme la oportunidad de presentar el plan de siete puntos que acaba de aprobar la Comisión para la reforma en la producción de la carne de bovino. 
Todos sabemos que el mercado de la carne de bovino se encuentra en una grave crisis; el consumo de la Unión Europea ha retrocedido masivamente, los precios de los novillos han caído en Alemania en aproximadamente un 39,2 % y de las vacas en un 41,8 %. 
Estos mínimos históricos han activado ya la red de seguridad de intervención en Alemania y en los Países Bajos. 
Además, lamentablemente nuestras exportaciones se han hundido. 
Es pues necesario actuar con gran rapidez. 
Almacenar sólo la carne no es sin duda suficiente. 
Se crearía una montaña de carne de vacuno imposible de controlar, independiente de las consecuencias fatales para el contribuyente, el consumidor y los agricultores. 
Por ello, tenemos que intervenir adicionalmente con la mayor rapidez. 
El plan de siete puntos de la Comisión es una especie de paquete de urgencia que pretende evitar en los próximos años un exceso de producción, dar un paso adicional en dirección a la producción extensiva, a la sostenibilidad y a una agricultura orgánica. 
Pero este plan no es tampoco una revolución en el sistema por una razón muy sencilla: tenemos que dar primero una oportunidad a la reforma que acaba de comenzar. 
La reforma de la Agenda 2000 se ha aplicado sólo en una pequeña parte. 
Sólo hemos dado el primer paso para una reducción total del 20% de los precios de intervención y este año y el próximo se realizará una reducción del 7,1 % respectivamente. 
Por el contrario, los superiores pagos directos así como la multiplicación por tres de las primas por cultivos extensivos no han entrado en gran medida aún en vigor: la plena aplicación de la Agenda 2000 en el año 2000 va a contribuir ya por si misma a una ganadería más extensiva y a impulsar más intensamente una actividad más desligada de la producción. 
Hoy hablamos del paquete de crisis como consecuencia de la EEB que ni se anticipa ni sustituye mid-term review de la Agenda 2000. 
Insisto: el año 2002- es decir, el año próximo- la política agrícola se va a colocar en su totalidad en el banco de pruebas, tal como se exigió en Berlín. 
La Comisión va a utilizar el año 2001 para realizar unos análisis a fondo de los diversos sectores y poder presentar entonces un concepto de futuro global bien recapacitado. 
Debemos tomarnos este tiempo para no caer en un accionismo político precipitado. 
El plan de siete puntos tampoco representa un hurto a los agricultores europeos. 
Es la única oportunidad de suavizar al menos a medio plazo las pérdidas de ingresos de los agricultores. 
Con sus posibilidades financieras, la Comisión no está desgraciadamente en situación de compensar totalmente las pérdidas de ingresos. 
Una carne de vacuno invendible, la desconfianza del consumidor y unos costes que se desbordan son una amalgama altamente explosiva que puede ocasionar unos daños enormes a los ganaderos de vacas y a la política agraria. 
Nuestro plan de siete puntos pretende quitar el detonante a esta bomba de relojería. 
Pero nuestro plan quiere también garantizar que la carne de vacuno sea más segura que nunca para el consumidor y que éste pueda recuperar de nuevo la confianza en la carne de vacuno. 
Permítanme que esboce brevemente estos siete puntos. 
Primero: proponemos reducir la densidad de pastoreo permitida para la prima especial para terneros y vacas que amamantan al propio ternero de 2 a 1,8 unidades de ganado mayor. 
Segundo: queremos que los Estados miembros respeten sin excepción el así llamado límite de 90 animales, es decir, que una explotación solamente pueda percibir la prima especial de ganado vacuno por un máximo de 90 animales. 
Ambas medidas elevarán el aliciente para una producción extensiva. 
Tercero: para configurar de un modo más atractivo la agricultura orgánica, proponemos que los agricultores que trabajan de modo biológico puedan cultivar también en superficies retiradas de la producción plantas forrajeras como el trébol. 
Cuarto: la Comisión quiere además determinar el número de derechos para la prima especial para terneros de modo individual por explotación. 
Esta medida reducirá también el aliciente para una producción intensiva. 
Quinto: en nuestro paquete se prevé también que un porcentaje superior- al menos el 20% pero como máximo el 40%- de los animales con derecho a prima, es decir, vacas que amamantan al propio ternero, tienen que ser novillas. 
De este modo, se debería lograr asimismo reducir la producción de carne de vacuno pues ésta depende en gran medida del número de vacas que amamantan al propio ternero. 
Sexto: finalmente, queremos suspender el límite superior existente para la intervención fuera de la red de seguridad de 350.000 toneladas para el 2001 y el 2002, para poder evitar así que los precios sigan cayendo y que en otros países o a largo plazo se tenga que recurrir a la red de seguridad. 
Señorías, permítanme decir que las medidas que la Comisión propone hoy surtirán efectos no antes de uno o dos años. 
No es posible de otro modo. 
La producción de carne de vacuno no se puede comparar con una fábrica de bombillas y el Comisario de Agricultura tampoco se puede comparar con el maestro de turno que aprieta un botón deteniendo todas las ruedas. 
A corto plazo, tenemos que recapacitar cómo debemos proceder con las enormes cantidades de carne de vacuno invendible. 
A pesar de toda la comprensión por los debates éticos y de toda la simpatía por aquellos que dicen que la eliminación de los animales es una tragedia, no nos debemos hacer ilusiones. 
Cientos de miles de vacas se acumulan desde hace meses en los establos de Europa y los agricultores no encuentran ningún comprador para sus vacas mayores. 
En dos Estados miembros la red de seguridad ya ha comenzado a funcionar. 
A pesar de ello, esto no es suficiente. 
De este modo, llego al último punto del paquete de medidas. 
Tan pronto como en todos los Estados miembros las pruebas de la EEB se introduzcan como obligatorias para los animales mayores de 30 meses, sustituiremos el programa de una eliminación inocua por un nuevo programa especial de compras. 
Después, los Estados miembros podrán decidir si prefieren almacenar la carne soportando los costes o si quieren retirarla inmediatamente del mercado. 
En cualquier caso, resarciremos a los agricultores junto con los Estados miembros el valor del animal según la clave del 30% por el Estado miembro y el 70% por la UE. 
Esta medida no es más que una medida de emergencia provisional que debe durar como máximo hasta finales de este año. 
A medio plazo sólo hay un camino hacia delante: actuar hoy para reducir la producción de carne de vacuno, promover unos métodos de producción menos intensivos y favorecer la agricultura biológica. 
Por este motivo, les ruego que emitan su dictamen lo más rápidamente posible sobre esta propuesta de hoy. 
Muchas gracias por su atención. 
Doy las gracias al comisario por su comunicación. 
Señor Presidente, señor Comisario, muy bien, esto suena estupendo, hay mucha cosmética en este asunto. 
¿Porqué no realiza realmente el cambio y se aparta de las eternas regulaciones de cuotas, límites, densidades máximas y mínimas de pastoreo permitidas, primas por sacrificio y por cría? 
¿Porqué no entrega a los agricultores el dinero como pago directo y les dice que decidan ellos mismos si sacrifican a sus terneros ahora con un mayor o menor peso de cría o si abandonan la producción? 
¿No habría sido razonable hacer esto? 
Le pregunto además: ¿aplica la guillotina como norma en explotaciones que tienen más de 90 animales no concediéndoles ninguna ayuda? 
Señor Presidente, en cualquier caso quiero felicitar al comisario por la claridad de su explicación. 
Quisiera responder especialmente en calidad de ponente para los presupuestos de 2001. 
Mi primera pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser el coste adicional de estas medidas en términos de primas por animal, también en lo que respecta a un período de cuatro a cinco años? 
Los cálculos provisionales indican que este año estaremos hablando de 157 millones de euros y que, en los años posteriores, esta cifra ascenderá a la friolera de 1.750 millones de euros, refiriéndonos a las primas por animal. 
Mi segunda pregunta es la siguiente: ¿la EEB guarda alguna relación con el tamaño de las explotaciones? 
Creo que no. 
Considero que esta medida no se corresponde con un buen programa de erradicación de la EEB. 
Tampoco he oído nada acerca del número de animales por hectárea; ¿puede decirnos algo al respecto? 
Ha renunciado al límite de intervención de 350.000 toneladas, lo que en principio es una decisión acertada. 
Pero, ¿podría decir algo acerca de las previsiones para el año próximo en relación con las consecuencias financieras para la Unión Europea? 
Señor Presidente, muchas felicidades señor Comisario Fischler. 
Las medidas apuntan en la dirección correcta. 
Siguen en el sistema con lo que existe la necesidad de revisarlas para la siguiente reforma y dar unos pasos mayores. 
Pero la dirección general es la correcta. 
Sin embargo, hay que objetar una cosa: ¿porqué no divide las primas por los bovinos machos durante un período transitorio? 
La mitad se podría dedicar al sacrificio de terneros, es decir, para su aprovechamiento y ya no se trataría de la prima de Herodes y la otra mitad la podría dedicar más intensamente al sector de prados y pastizales para llegar a la ganadería extensiva y lograr con esta prima salir de la producción de carne en masa y llegar a un sector de producción medio. 
Por lo demás, constato que esta cifra de 90 animales es aplicable a todas las explotaciones; no es así pues que las explotaciones con más animales queden fuera de la norma, lo que figuraba erróneamente en el periódico. 
Señor Presidente, Señorías, les prometo que voy a ser breve. 
Respecto a las preguntas de la Sra. Roth-Behrendt que también han mencionados otros, debemos tener clara una cosa: lo que hoy proponemos aquí no es ninguna nueva reforma agraria. 
Ya lo he dicho. 
Además, tampoco tenemos la posibilidad de hacerlo. 
Me parecería erróneo si ahora solamente contemplásemos una reforma para el sector del vacuno. 
Si hablamos sobre la reforma agraria- y lo vamos a hacer a tiempo, pueden estar seguros de ello, ya oirán de nosotros -, entonces debemos incluir por ejemplo la cuestión del maíz ensilado, la de la cuota láctea y sobre cómo se debe proseguir con las vacas de leche y de carne. 
A este respecto no se puede realizar realmente nada con esta brevedad de tiempo si se quiere preparar algo cuidadosamente. 
Lo que hoy tenemos sobre la mesa no es más pero tampoco menos que un concepto claro sobre cómo podemos salir de la crisis actual. 
Respecto a la segunda pregunta de la Sra. Roth-Behrendt, sobre si no se debería pasar de las cuotas a un pago directo. 
Según el sistema actual no hay cuotas para los criadores individuales de ganado vacuno. 
Ahora, primero tenemos que introducir cuotas para los diversos criadores de ganado vacuno; me parece que lo que usted ha querido decir es que todo se libere y se meta en el desarrollo rural. 
Pero esta es precisamente una cuestión que solamente se puede solucionar en relación con un debate general sobre la reforma agraria. 
Estoy en contra de la guillotina, lo digo abiertamente. 
Estoy en contra de herramientas de asesinar y por ello también en contra de la guillotina. 
Por ello, estoy a favor de que este límite de los 90 animales se vea como una franchise, es decir, que cada uno obtenga ayudas hasta por 90 animales. 
El Sr. Maat ha dicho que se trata de una contradicción porque en relación con los casos de la EEB no supone ninguna diferencia si se trata de una explotación grande o pequeña. 
Creo que tiene toda la razón. 
El límite de los 90 animales no es tampoco una medida de lucha contra la EEB sino una medida para generar incentivos para que la agricultura sea en el futuro más extensiva en la producción de ganado bovino. 
Hemos examinado los que ha dicho el Sr. Graefe zu Baringdorf respecto a la prima de comercialización adelantada. 
La cuestión es la siguiente: en 1996 y en los años siguientes teníamos una prima de este tipo. 
Hemos calculado que sólo esta prima ha costado 200.000 millones de euros. 
El efecto logrado es más bien cuestionable pues en cualquier caso el 40% de las terneras se sacrifican con un peso menor. 
Es decir, pagaríamos una prima aproximadamente a la mitad de los ganaderos con un efecto cero. 
Por ello nos hemos distanciado de esta medida, tanto más en vista de los escasos créditos disponibles. 
Señor Presidente, señor Comisario, si los Verdes obtienen por fin su forraje de trébol ¿no es entonces correcto en toda esta compleja estructura de primas ir por el camino mucho más sencillo de una prima por prados y pastizales relacionada con el clima y olvidar todo lo demás? 
En segundo lugar, señor Comisario, quiero indicar que hay un punto que precisa de una aclaración adicional pues creo que el mercado interior de lo contrario se diluirá. 
Si es evidente que en los Estados miembros no se aclara de modo unitario quien debe soportar los costes por la eliminación de las harinas animales y los materiales de animales que son sacrificados sino que en parte son absorbidos por tasas estatales y transmitidos también parcialmente a los agricultores a través de los precios, ¿cómo quiere solucionar este problema? 
De lo contrario, no retendremos el mercado interior europeo. 
Señor Comisario Franz Fischler, estoy de acuerdo con usted cuando habla de la extensificación, pero no estoy de acuerdo con las medidas que propone, porque no permiten, a fin de cuentas, la extensificación. 
Si está a favor de ella, ¿por qué no hace una cosa: acabar con los subsidios a la producción y después pagar proporcionalmente al menor número de animales que haya por hectárea? 
Y entonces sí que estará haciendo la extensificación del sector, porque, de lo contrario, manteniendo las ayudas a la producción, el Comisario está elaborando una política contradictoria: por un lado fomenta, por otro paga. 
¡Ese sistema no es creíble! 
La segunda pregunta que quisiera hacerle es la siguiente: estando como está este sector inmerso en una profunda crisis y habiendo como hay un FEOGA-Garantía, la mitad de cuyos fondos van destinados, en la práctica, a una sola producción, quisiera preguntar al Comisario Franz Fischler si no es el momento de obligar... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
En segundo lugar, en relación con los terneros ¿qué hace usted o que piensa usted hacer en relación con la cría de terneros por la madre pues, en el momento actual, la leche tal como se da a los terneros en batería plantea también problemas que usted no ha considerado. 
Por último, tercera pregunta: ¿qué va hacer usted para evitar medidas que amenazan con penalizar a los pequeños agricultores solamente y no a los grandes? 
Señor Presidente, me voy a referir primero a la pregunta sobre prados y pastizales, si la prima sobre prados y pastizales permite de un modo general el empleo de superficies retiradas de la producción. Creo que aquí hay que ser algo precavido. 
No se debe olvidar que las explotaciones biológicas tienen ya de por si unos rendimientos sensiblemente inferiores, por lo que con el sistema de la agricultura biológica se incorpora automáticamente un freno a la producción. 
Si en el sistema de producción de cereales renunciamos de modo general a un freno a la producción, entonces ya no cumpliremos las condiciones previas para una medida Bluebox. 
Por ello, creo que aquí hay que ser precavido. 
En lo que se refiere a la introducción de una prima general por prados y pastizales en lugar de una prima por terneros, hemos mantenido este debate con motivo de la Agenda 2000. 
No tengo que plantear aquí objeciones de principio sino que aquí nos encontramos ante un problema de factibilidad, pues deberán reconocer una cosa: un prado en Schleswig-Holstein no se puede tratar del mismo modo que una hectárea de prado en el norte de Finlandia ni como un prado en el sur de Portugal. 
Desde el punto de vista de los rendimientos, de la calidad y de las condiciones previas existen enormes diferencias. 
Pero en Europa no existe ningún sistema con el que se puedan evaluar estas diferencias. 
Por ello, tenemos que seguir recapacitando sobre esta cuestión. 
Pero tal como he dicho, no veo un problema de principio sino un problema de factibilidad. 
En lo que se refiere a la cuestión de los costes de eliminación, lo que ocurre es que realmente por el momento se aplican unos sistemas muy diferentes. 
En algunos Estados miembros se realiza mediante medidas fiscales y en otros es el Presupuesto el que se hace cargo sencillamente de los costes y, a su vez, en otros Estados miembros todo queda en manos de los agricultores en lo que se refiere al menos al sector agrícola. 
Como se trata de medidas nacionales, se deben aplicar las normas nacionales para las ayudas. 
Esto es lo que hacemos y lo hemos prometido. 
Sin embargo, ni mucho menos todos los Estados miembros nos han comunicado aún las respuestas que les hemos exigido. 
Sin embargo, espero que hasta el próximo Consejo estemos en situación de obtener una visión exacta de conjunto. 
En cualquier caso, la situación es así, debo subrayarlo, que en el marco de las ayudas estatales no se puede prohibir según el derecho comunitario una cierta autodiscriminación de los Estados miembros. 
Esta es una realidad. 
Pero coincido con ustedes en que no se puede ir demasiado lejos pues, de lo contrario, crearemos realmente dos especies de explotaciones agrarias o de agricultores en Europa. 
La pregunta relativa a los productos certificados: la certificación de productos está en primer lugar determinada en las disposiciones que hicimos entrar en vigor el 1 de septiembre del año pasado. 
Se acordó con la anuencia del Parlamento que se realizase en dos fases. 
La primera fase está ya en vigor y la segunda comenzará el 1 de enero próximo. 
Pero esta segunda fase se tiene que cumplir ya ahora para aquella carne que se almacena. 
Pues si no lo exigimos ya ahora, después del 1 de enero del 2002 no podremos sacar esta carne de los almacenes pues ya no cumplirá las condiciones para el labelling. 
Además están los certificados nacionales. 
Para estos certificados que, por ejemplo, en Alemania los extiende la CHA o en Francia la SOPEXA, existe una necesidad de notificación. 
Es decir, estas notificaciones están notificadas. 
Además están las certificaciones privadas. 
En estas certificaciones solamente es aplicable el principio de verdad. 
Es decir, que aquí no se puede mentir sobre lo que figura escrito fuera sobre un producto. 
En los productos en los que están en juego las ayudas estatales se deben respetar determinadas reglas. 
Estamos actualmente reformando este sistema pues somos claramente de la opinión de que la calidad no existe automáticamente porque un producto venga de una región determinada sino que la calidad debe definirse en si misma. 
Sólo si la calidad es la adecuada y sólo si se comprueba, entonces podremos hablar de una etiqueta de calidad correcta. 
Pero aquí tenemos dificultades- lo reconozco abiertamente- con las combinaciones de calidad y origen cuando se sugiere que la calidad aumenta automáticamente si un producto determinado proviene de una región determinada. 
En lo que se refiere a la leche de terneras- aquí creo que se refieren en primera línea a los sucedáneos de leche- están en preparación las correspondientes adaptaciones. 
Sin embargo, caen dentro del ámbito de competencias de mi colega Byrne. 
En relación con la aplicación del Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos recibirán también las correspondientes propuestas. 
Señor Presidente, tres preguntas breves para el señor Fischler. 
Una de las preguntas que se me suele plantear es la siguiente: si en un rebaño de vacas lecheras aparece un caso de EEB, ¿por qué se tiene que sacrificar todo el rebaño? 
Existen sistemas diferentes en los países europeos. 
¿Cuál es la opinión de la Comisión al respecto? 
¿Se trata de algo necesario o sólo es una medida de precaución? 
El coste de los tests se sufraga de forma diferente en cada país. 
¿Afecta esta situación a la unidad del mercado? y, en caso negativo, ¿tiene la Comisión intención de hacer algo al respecto? 
Tercera pregunta: importamos a gran escala carne de vacuno procedente de fuera de Europa. 
¿Cómo garantiza la Comisión que no se alimente a dicho ganado vacuno con piensos animales y que ese control resulta adecuado? 
Señor Presidente, señor Comisario, usted se refirió, en una de sus propuestas, a la posibilidad del cultivo del trébol en las tierras de barbecho, pero usted comprenderá que en los países del Sur eso no es siempre posible y a veces es muy difícil. 
Le pregunto, señor Comisario, si no podría adaptar esa buena propuesta a los países del Sur, de modo que se hiciera atractivo o se permitiera la viabilidad, por ejemplo, del cultivo de leguminosas de grano en estas condiciones. 
La segunda pregunta, señor Comisario, ¿cómo explicar la diferencia de primas de sacrificio que existe en estos momentos? 
Hay países cuya prima de sacrificio en estos momentos es el doble que la de otros. 
Me gustaría, señor Comisario, que usted me explicara cómo se calcula esa cuestión, para evitar esas enormes diferencias que existen: a veces el doble en un sitio que en otro. 
Señor Presidente, quisiera formular tres preguntas al Comisario. 
¿Cuánto cree que se tardará en superar el límite máximo de 350.000 en materia de carne de bovino destinada a la intervención y hasta dónde espera que llegue? 
¿Acaso no es mejor incinerar animales de más de 30 meses de edad en lugar de empezar a destinar demasiada de esa carne de bovino mayor a la intervención? 
Por último, no entiendo el límite de 90 animales, pues no cabe duda de que la extensificación, la orientación verde de la política agropecuaria, es el camino por el que se debe avanzar. 
Puedo llevar al Comisario a muchas granjas del Reino Unido en las que se están criando más de 90 cabezas de ganado en régimen extensivo y a granjas más pequeñas en las que se produce ganado intensivamente. 
Conque no cabe duda de que lo que se debe modificar es el pago correspondiente a la extensificación y no ese límite máximo de 90 animales. 
Señor Presidente, Señorías, respecto a la pregunta del Sr. Mulder sobre el sacrificio de rebaños, no existe ninguna norma comunitaria que prescriba que si en un rebaño surge un caso de EEB haya que llevar a cabo en cualquier caso el sacrificio de todo el rebaño. 
Aquí se han creado diversas posibilidades y en el futuro será posible también una derogación. 
Para la Comisión lo importante es que exista un plan sobre cómo se debe actuar en caso de presentarse un caso de EEB. 
Este plan se debe presentar a la Comisión que es analizado por los comités científicos de la Comisión; si a la postre se encuentra este plan como aceptable, es aprobado automáticamente por la Comisión. 
Al menos, hasta ahora ha funcionado así sin ninguna queja. 
En lo que se refiere a los costes de las pruebas, me permito recordar de nuevo lo que he dicho antes en relación con la pregunta del Sr. Böge. 
Respecto a las importaciones masivas de carne a Europa desearía relativizar algo el concepto de "masivas" pues en la Unión Europea se importa relativamente poca carne de vacuno. 
Las cuestiones sobre la eliminación de los materiales de riesgo y sobre todo la de si esta carne proviene de animales que se han sometido a control, o si en este país no se ha dado a estos animales con total garantía piensos que contengan harinas cárnicas o de huesos son claras y deben llevarse a la práctica del modo correspondiente. 
A este respecto, la Comisión está elaborando actualmente las correspondientes propuestas y mi colega Byrne trabaja en ello. 
No sé como el Sr. Jové Peres puede decir que en el sur las primas por sacrificio son el doble o triple de elevadas. 
Esto es nuevo para mí. 
Las primas por sacrificio son las mismas en todos sitios. 
Respecto a la pregunta del Sr. Jové Peres: no queremos incinerar arbitrariamente carne sino que queremos almacenar esta carne siempre que se trata de una carne con valor. 
En este esquema de eliminación de lo que se trata es que consideramos la carne que no se puede almacenar en absoluto, que no es susceptible de intervención, pues susceptible de intervención es sólo la carne de terneros y no de vacas viejas. 
Aquí se han producido muchas críticas. 
Habíamos propuesto eliminar la carne de vacas viejas pero queremos tener en consideración esta crítica por lo que ahora ofrecemos dos posibilidades: o en un país miembro se procede como en Gran Bretaña en los cinco últimos años- lo que ha funcionado también sin quejas en algunos otros Estados miembros- o bien un Estado miembro tiene la posibilidad de comprar estos animales viejos. Si cree que puede elaborar con ellos los correspondientes productos, éstos no pueden en cualquier caso comercializarse pues no podemos pagar primero la totalidad del valor del animal y después se haga competencia con esta carne comercializada normalmente. 
Esto no es admisible, pero si existen posibilidades de aprovechamiento adicional y si algunos Estados miembros las ven, pueden hacer uso de ellas. 
El límite de los 90 animales no se refiere a las vacas sino sólo a las ayudas según la prima especial por animales y aquí se proporcionan ayudas por año sólo a cabañas de hasta 90 animales y no más. Esta es la razón. 
Por lo demás, esta propuesta ya la hemos realizado en relación con la Agenda 2000. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por el punto 7, el relativo al programa especial de compras. 
Lo quiero destacar pues aporta claridad. 
Primero someter a control, luego almacenar y sobre todo cada país miembro puede decidir. 
Muchas gracias por ello. 
Esto crea un nivel de debate con el que podemos estar muy de acuerdo. 
Tengo una pregunta en lo que se refiere a la densidad de pastoreo. ¿Superficie de piensos para cereales, es decir, de 2,0 a 1,8- con lo que elevo automáticamente la superficie básica para que los agricultores tengan la posibilidad de mejorar su manutención mediante los cereales? 
Segunda pregunta- y ahora saludo al Sr. Graefe zu Baringdorf con la pajarita, quizás sea la referencia de que ahora tiene trébol, si bien también podemos suponer alfalfa pues es exactamente igual de buena: ¿porqué no tomamos en estas superficies la leguminosas que necesitamos urgentemente como sustitutivo para las harinas animales y porqué todo tiene que ser sólo biológico? 
Señor Comisario, usted ha dicho que la Unión Europea no estaba en condiciones de compensar las pérdidas a los productores. 
No quiero pensar que la Unión se dispusiera a abandonarlos a su triste suerte. 
Entonces, ¿por qué solución se inclina usted? 
Segunda pregunta: usted nos ha propuesto un plan de liberalización y reequilibrado del mercado. ¿Sobre qué estimaciones de consumo lo ha basado usted? 
Tercer aspecto, las plantas proteaginosos en tierras de barbecho: ¿qué impacto espera usted en materia de reducción de nuestro déficit y de nuestras importaciones? 
Señor Presidente, quisiera preguntar al Comisario si puede hacer algo la Comisión para fomentar la eliminación de los animales de más edad de la cabaña nacional. 
De las pruebas que se han hecho resulta evidente, al menos en mi país, que ninguno de los animales más jóvenes y los de más de 30 meses analizados está reaccionando positivamente a las pruebas. Por eso, es importante eliminar los animales mayores. 
¿Puede la Comisión alentar la eliminación de esos animales mayores? 
Señor Presidente, ya he indicado porqué sólo se tienen en cuenta a las explotaciones biológicas para la posibilidad de cultivar trébol- por cierto, la alfalfa se incluye también, no veo aquí ningún problema. 
Es muy importante tener en cuenta que con esta medida no debemos socavar los compromisos contraídos en la OMC, pues de lo contrario, toda esta historia se volverá contra nosotros y alcanzaremos lo contrario de lo que queríamos, pues entonces no podremos ayudar a los agricultores sino que les perjudicaremos. 
En lo que se refiere al cultivo de piensos proteínicos en forma de habas comunes y guisantes forrajeros, etc., nos hemos propuesto estudiar este asunto exactamente tanto desde el lado de la demanda como de la oferta. 
Este estudio está ya en marcha. 
Para el actual año de cultivos es ya demasiado tarde pues en cualquier caso es necesaria una modificación de la regulación actual del mercado y desde una perspectiva puramente técnica ya no es posible antes del cultivo de estas plantas ricas en proteínas. 
Esto significa que solamente entra en consideración el próximo año de cultivos. 
Por ello, tenemos tiempo para realizar el correspondiente estudio. 
En lo que se refiere a las importaciones es cierto que actualmente importamos fundamentalmente de Sudamérica cada año 30 millones de toneladas de soja y de otros forrajes proteínicos. 
La merma que se deriva ahora de los dos millones y medio de toneladas de harinas de carne y de huesos es inferior al 10% de esa suma. 
Por lo demás, hay que comprobar- aquí no se ha adoptado aún ninguna decisión definitiva- si se prosigue con esta prohibición de alimentar a los cerdos y aves con harinas de carne y huesos o si se va a transformar esta prohibición. 
En este contexto, mi colega Byrne está realizando inspecciones en los 15 países miembros para que se vea si aquí hay modelos que funcionan o si en todos los lugares hay problemas de control. 
Por ello, no se puede dar aún ninguna respuesta definitiva. 
Respecto a la pregunta del Sr. Hyland relativa a los controles digo con toda claridad que el primer objetivo debe ser siempre la seguridad para los consumidores. 
Tenemos por ello un gran interés en que sometan a control todos los animales mayores de 30 meses aunque haya que eliminar a algunos animales. 
¿Porqué? 
Porque, de lo contrario, nos arriesgamos- si lo dejamos totalmente al albedrío de los Estados miembros o del sector- que se realice una especie de selección previa entre aquellos animales que se quieren controlar y aquellos que no se quieren controlar. 
Podría existir un riesgo y queremos excluir este riesgo a cualquier precio. 
Nuestro objetivo es adelantar la fecha del 1 de julio y que a más tardar a partir del 1 de abril se sometan a control en todos los Estados miembros a todos los animales mayores de 30 meses. 
Entonces se podrá ejecutar también esta alternativa que les he expuesto. 
Muchas gracias, señor comisario, por sus respuestas a todas estas preguntas. 
Con ello se cierra esta consulta. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0007/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Tiene la palabra el Sr. Izquierdo Collado para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, como usted sabe, en el turno de preguntas de hoy hay una pregunta mía en relación con el fraude generalizado en el sector del lino, con miles de millones de euros cobrados fraudulentamente. 
En la pregunta pido la opinión del Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, sobre la responsabilidad política de la Sra. Loyola de Palacio tras el informe del fiscal español que constata ese fraude. 
Señor Presidente, esta cuestión de orden es para pedirle amparo expreso sobre lo que le voy a decir: Además de resultarme incomprensible que esta pregunta no haya sido considerada prioritaria para contestación oral, quiero referirle que, aunque está reservada para contestación escrita, yo ya tengo en mis manos esa contestación escrita, porque un periódico, concretamente de mi país, ya dice: " En su respuesta escrita a la pregunta presentada por el eurodiputado socialista Juan de Dios Izquierdo, Prodi señala que, sobre la base de los documentos de los que dispone la Comisión, no puede por menos que reafirmar su plena confianza ante Palacio. 
Asimismo, en respuesta a otra pregunta socialista sobre la eventualidad de que el caso pueda desestabilizar a todo el ejecutivo, etc. " 
Señor Presidente, yo no he recibido todavía, como es lógico, la contestación por escrito, pero ya la tengo aquí. 
Creo que no es necesario tener mucha imaginación para saber qué grupo ha estado detrás presionando para que mi pregunta no tenga respuesta oral en el Pleno y para que este diario conozca ya precisamente la respuesta de Prodi. 
Le pido, señor Presidente, que investigue la situación y que dé amparo a los diputados, porque éste no es el ejemplo de transparencia que el Sr. Prodi nos ofrecía en el inicio de su mandato. 
Señor Izquierdo, yo soy Presidente de sesión, como usted sabe, no soy el Presidente del Parlamento. 
Tampoco es previsible que yo llegue a ser Presidente del Parlamento. 
Trasladaré a la Sra. Presidenta su intervención, y le puedo decir que la Sra. Presidenta ha recibido una carta suya y otra del Sr. Berenguer. 
Me parece que ustedes habrán recibido una contestación de la Sra. Presidenta, que les ha sido enviada por fax probablemente. 
Y en ella la Sra. Presidenta- que es, según el artículo 43 del Reglamento, auxiliada por su Gabinete, quien tiene la capacidad para admitir y ordenar las preguntas- creo que les contesta- tengo a la vista la contestación- indicando los criterios que ha utilizado para ordenar las preguntas. 
Puedo resumirle que la Sra. Presidenta y los servicios opinaban que la pregunta iba dirigida al Sr. Prodi, y no estaba previsto que el Sr. Prodi acudiese al Pleno. 
El Sr. Presidente de la Comisión no suele venir a este turno de preguntas. Hay una serie de Comisarios, entre ellos los Sres. 
Kinnock y Byrne, de los que se sabe con antelación que van a contestar preguntas. Ello se comunica a los diputados y, por eso, se hacen preguntas específicas. 
Por otra parte, la Presidenta del Parlamento ha decidido, además de considerar el orden cronológico, escoger las cinco preguntas que, a su juicio, resultan prioritarias y urgentes, que son las cinco que comprende la primera parte y que vamos a tratar ahora. 
Esa es la explicación que les puedo dar, con total transparencia. 
De todas formas, tomo nota de sus palabras, que además constarán en acta, y lamento que un periódico de cualquier país pueda hacer afirmaciones sobre respuestas por escrito u orales que no se han producido todavía. 
Tiene la palabra para una cuestión de orden el Sr. Berenguer. 
Le pido la mayor capacidad de síntesis. 
Señor Presidente, puesto que he sido mencionado por la Presidencia, quiero manifestar que, efectivamente, yo he recibido una respuesta, cuyo contenido no comparto, con la interpretación que la Presidencia hace de las preguntas realizadas por los diputados. 
Y no la comparto porque me parece que de esta interpretación se deduce una forma de cercenar las iniciativas legítimas de los diputados para controlar a la Comisión. 
Mi pregunta, en concreto, se refería a si la Comisión- no el Presidente, sino la Comisión- se siente amenazada por unas palabras pronunciadas por un diputado español, miembro del Partido Popular, en las que manifestaba que, si los socialistas criticaban a la Sra. de Palacio por su intervención en el escándalo del lino habido en España cuando era Ministra de Agricultura, amenazaban con hacer caer a la Comisión. 
Si esto no es considerado prioritario por la Presidencia, si ésta no es una pregunta que, de no ser considerada prioritaria, no pudiera contestar, por ejemplo, el Vicepresidente Kinnock, pues que venga el cielo y lo vea. 
De todas formas, y manifestando mi disconformidad, no es eso lo que quería plantear. 
Quería plantear, al igual que mi compañero Sr. Izquierdo, solicitando amparo a la Presidencia, la irregularidad que supone que las respuestas dirigidas a los diputados salgan publicadas en un periódico gubernamental en España, antes de que los diputados tengan conocimiento de esa respuesta. 
Y con mi más rotunda protesta por esa anomalía, quiero decir, señor Presidente, que consideren mi pregunta retirada. 
No quiero que la Comisión le conteste al diario ABC antes que a este diputado. 
Y como no quiero que la Comisión pase por la vergüenza de tener que notificar a la prensa española sus respuestas antes que a los diputados a que éstas se dirigen, no voy a colaborar con esa actuación y retiro mi pregunta. 
Muchas gracias, señor Berenguer. 
No le doy las gracias por haber retirado su pregunta, naturalmente, sino porque ha terminado su intervención. 
Yo no puedo hacer ningún juicio de valor, dado que, además, comparto nacionalidad y circunscripción electoral con los que hacen la pregunta sobre, los temas que se plantean. 
Estoy actuando como Presidente de sesión del Parlamento Europeo y el amparo que le puedo dar al Sr. Izquierdo Collado es, desde luego, trasladar a la Sra. Presidenta del Parlamento sus argumentaciones para que las conozca directamente. 
Además, el Sr. Izquierdo Collado tiene abiertas las vías y los caminos que considere oportunos para plantear esta protesta, digámoslo de esta manera. 
Primera parte 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0014/01): 
Asunto: Repercusiones de las bombas de uranio en Kosovo Los casos de leucemia detectados en soldados de las fuerzas multinacionales que prestaron servicio en Bosnia y Kosovo y atribuidos a las bombas de uranio empobrecido han provocado en Europa una gran inquietud. 
La Comisión, en respuesta a una anterior pregunta de este diputado (H-0429/99) , afirmó entre otras cosas que: a) el informe del Centro Regional del Medio Ambiente sobre Europa Central y Oriental fue transmitido a los Ministros de Medio Ambiente de los Estados miembros en junio de 1999, y que b) todavía no se han especificado los detalles analíticos relativos a la financiación de las operaciones de recuperación ambiental. 
Dado que en el Pleno de enero no hubo respuestas a esta cuestión concreta y que, sin embargo, la Comisaria hizo referencia al encuentro de un grupo de expertos independientes, ¿considera la Comisión que del informe mencionado no se desprenden datos inquietantes sobre la salud de los habitantes y los soldados? ¿Quién se encargará de realizar un programa de revisiones médicas a los habitantes de las zonas afectadas por las bombas de uranio? 
La Comisión remite a su Señoría a la declaración formulada por la Comisaria Wallström ante el Pleno de esta Asamblea celebrado el 17 de enero. 
Desde entonces la Comisión ha convocado una reunión del grupo de expertos creado con arreglo al artículo 31 del Tratado Euratom a fin de que emita un dictamen sobre las posibles consecuencias para la salud de la utilización de uranio empobrecido. 
El informe de dicho grupo estará listo dentro de unas semanas. 
La Organización Mundial de la Salud publicará también un informe sobre ese asunto en un futuro próximo. 
Entonces la Comisión examinará las posibles medidas apropiadas que se deban adoptar a la luz de las pruebas científicas aportadas por esas actividades. 
En respuesta a las preguntas particulares de Su señoría, he de decir que los Estados miembros de la Unión no han informado a la Comisión de las medidas que han adoptado tras recibir el informe del Centro Medioambiental Regional. 
La Comisión no proyecta iniciar programas de exámenes médicos. 
Como ha de saber su Señoría, resulta lamentable que la población de esa región afronte diversas amenazas para la salud de varias procedencias y algunas de ellas son, evidentemente, de origen medioambiental. 
Con los medios de que dispone, la Comisión está trabajando con la misión de las Naciones Unidas en Kosovo- Unmik- por mediación de la Agencia Europea para la Reconstrucción con vistas a eliminar dichas amenazas, conforme a las prioridades para la intervención. 
Doy las gracias al Sr. Comisario por su respuesta. 
Aunque la respuesta ha sido bastante general, yo quisiera preguntar: ¿se pueden concretar temporalmente más esas pocas semanas que vamos a esperar las conclusiones del estudio de ese comité independiente? 
Y también para romper un poco esa tendencia a la generalidad en su respuesta: en la forma de afrontar las consecuencias medioambientales tan graves para la población de la región, ¿se puede cuantificar y concretar más esas intervenciones en cuanto a su carácter? 
Señor Presidente, en respuesta a la primera pregunta del Sr. Alavanos, se me ha informado de que el informe del comité de expertos cuya reunión se ha convocado con arreglo al Tratado Euratom será publicado dentro de unas semanas, y no meses, por lo que será en un futuro relativamente próximo. 
Por lo que se refiere a la detallada respuesta necesaria a la pregunta sobre los problemas de salud, hay mucho material en la Comisión y desde luego, yo o, de hecho, mis colegas encargados tendríamos mucho gusto en ofrecer todos los detalles a su Señoría sobre todo lo que tenemos a nuestra disposición. Sería bastante más útil que un intento por mi parte de recitarlos en el limitado tiempo disponible en esta Asamblea. 
Señor Presidente, Señor Comisario, ayer en la reunión de las Comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Exteriores, justamente hemos oído al Sr. Haavisto que ha hecho su informe sobre los resultados de los expertos. 
En cambio aunque ha hablado del uranio empobrecido, no ha hablado en absoluto del anuncio que ha hecho la OTAN el 18 de enero, en el que reconocía que además del uranio empobrecido, también se había utilizado el plutonio. 
¿Prevé usted hacer prospecciones de plutonio en estas zonas y cuenta usted con disponer de fondos europeos para la descontaminación? 
Señor Presidente, como he indicado en mi primera respuesta, hay ciertas limitaciones presupuestarias que tienen como consecuencia la limitación de las acciones que llevamos a cabo en esa región no sólo como Comisión, sino también en nuestras actividades cooperativas con otras organizaciones. 
Estoy seguro de que su Señoría reconoce la naturaleza de esas limitaciones. 
Así, pues, en algunas ocasiones es muy probable que las actividades para garantizar la descontaminación y la protección de la salud pública no sean todo lo amplias que nos gustaría, idealmente. 
Sin embargo, no por ello deja de ser la Comisión, que actúa en nombre de la Unión, probablemente la organización principal en todas las actividades encaminadas a mejorar las condiciones de salud pública y facilitar la descontaminación y protección medioambiental. 
Por lo que se refiere a la declaración de la OTAN del mes pasado sobre el plutonio, no estoy en condiciones de dar una respuesta completa en este momento. 
Estoy seguro de que, si su Señoría tuviera a bien escribir explícitamente sobre la declaración de la OTAN y la posibilidad de la utilización de plutonio y sus consecuencias indirectas en esa región, durante las acciones bélicas o en otro momento, mis colegas de la Comisión estarían más que dispuestos a facilitar una respuesta completa. 
Pido a su Señoría que me escriba directamente a ese respecto- y, desde luego, me ocuparé de que llegue a las instancias idóneas- o que lo plantee directamente en la comisión de que es miembro o concretamente a uno de mis colegas de la Comisión. 
Pregunta nº 46 formulada por (H-0055/01): 
Asunto: Contaminación radiactiva en los mares Egeo y Jónico Según noticias aparecidas tanto en la prensa griega como en la turca, tal como ha publicado el periódico "Le Journal du Dimanche", las marinas de guerra griega y turca han utilizado proyectiles de uranio empobrecido en las maniobras que han realizado durante los últimos diez años tanto en el Mar Egeo como en el Mar Jónico. 
Esta cuestión ha provocado temores ante una posible contaminación radiactiva entre los habitantes de las islas y zonas costeras de los dos mares citados así como entre la ciudadanía de países limítrofes, pues las corrientes marinas extienden la radiactividad más allá de la región en la que se lanzaron los proyectiles. 
¿Piensa crear la Comisión un comité independiente que investigue la cuestión e informe sobre la situación real tanto a los habitantes de las regiones afectadas como a los ciudadanos europeos en general, antes de que se origine un "síndrome del Egeo" con o sin justificación? 
Señor Presidente, ya en 1993 se señaló a la atención de la Comisión la utilización de uranio empobrecido en los proyectiles perforantes. 
En aquel momento, la respuesta de la Comisión al Parlamento se refería a la cuestión concreta de los disparos de pruebas de proyectiles en las aguas costeras y opinó que semejante acción no tendría repercusiones importantes en el medio ambiente. 
La Comisión sigue sosteniendo esa opinión basándose en el dato de que, en el medio ambiente marino, la única forma de exposición es la lenta disolución del uranio. 
Es importante observar que la cantidad de uranio que se podría disolver es muy pequeña en comparación con la abundancia natural de uranio en todas las aguas marinas. 
Así, pues, el traslado del uranio desde el emplazamiento de los disparos de prueba por las corrientes y las mareas no se podría distinguir de las concentraciones naturales de fondo. 
La Comisión entiende la preocupación pública por la utilización de materiales con uranio empobrecido para fines militares. 
Sin embargo, la Comisión señala a la atención de sus Señorías que la utilización de proyectiles de penetración con uranio a objetivos terrestres tiene consecuencias diferentes de las de los disparos en el medio ambiente marino, porque su utilización en la tierra puede tener como consecuencia la dispersión de óxidos de uranio que después pueden ser inhalados, mientras que no es así- resulta evidente- en el medio ambiente marino. 
Señor Comisario, por lo que he entendido en su respuesta, concluyo que la Comisión cree que no hay por qué preocuparse y que no piensa estudiar este caso. 
¿He entendido bien? 
¿Es esto lo que quiere decir? Que se trata de algo que no debe intranquilizar a los ciudadanos y que no hay uranio en cantidades peligrosas es estos mares? 
Señor Presidente, no se trata en modo alguno de que la Comisión sea complaciente políticamente- porque es responsable ante el público- o, de hecho, científicamente. 
Las observaciones que formulé en mi respuesta anterior se referían a las concentraciones naturales de uranio en el agua del mar de todo tipo y en todos los emplazamientos. 
A partir de esa realidad científica la opinión de la Comisión y de todos los demás órganos y personas científicamente informados es la de que existen tantas pruebas de la existencia de depósitos de uranio en el agua del mar, que el disparo de proyectiles a objetivos en el medio ambiente marino no aumentan en gran medida las concentraciones de uranio. 
La Comisión adopta esta opinión basándose en esas pruebas científicas ampliamente aceptadas y bien documentadas. 
Además, en mi primera respuesta señalé a la atención de sus Señorías la marcada distinción que se debe hacer entre las posibles consecuencias de la utilización de material y municiones con uranio empobrecido y municiones en un medio terrestre, en el que se pueden inhalar los óxidos, y en un medio marino, en el que las consecuencias de la utilización de uranio empobrecido no son las mismas, pues, evidentemente, no puede haber inhalación. 
Señor Presidente, me impresiona la respuesta de la Comisión y mucho me temo que se va a desmentir rápidamente, tal como se han desmentido constataciones semejantes en ocasiones anteriores. 
Se han utilizado decenas de miles de estos proyectiles en maniobras militares y ha habido explosiones de proyectiles en el aire y no siempre en el agua. 
Esto quiere decir que ha habido gases que se han desplazado también hasta las islas habitadas o a las costas habitadas de Turquía. 
Así pues, me impresiona que venga la Comisión con tal, permítanme, ligereza, y nos asegure que estos proyectiles de uranio empobrecido no causan problema alguno pues han caído en el mar. 
Señor Presidente, sinceramente, no sé cómo explicar estas declaraciones. 
Lo siento muchísimo. 
Lo único que puedo hacer es denunciar un intento más por encubrir un crimen que no ha tenido lugar sólo en Yugoslavia, sino también en las maniobras de la OTAN. 
¡Por Dios! 
Permítaseme señalar a la atención de su Señoría el título de la pregunta que formuló en una ocasión anterior. 
Era el siguiente: "Contaminación radiactiva de los mares Egeo y Jónico". 
Se ha dado una respuesta, no sólo ahora, sino en época tan lejana como 1993, basada en pruebas científicas sólidas. su Señoría tiene pruebas para fundamentar la afirmación de que ha habido daños a consecuencia de los ejercicios de tiro en las costas de Grecia o, de hecho, en Turquía o en islas de los mares Egeo y Jónico, sé que, como diputado concienzudo que es, deseará formular preguntas o elevar protestas a partir de esa base concreta. 
Si así lo hace y cuando lo haga- y con esto respondo a la pregunta -, le facilitaré el fundamento de una opinión científica sobre las consecuencias de la utilización de uranio empobrecido en esas circunstancias. 
Sin embargo, sin el anuncio de dicha pregunta, no estoy, como comprenderá, en condiciones de ofrecerle los detalles que desearía sobre las cuestiones medioambientales concretas que plantea. 
Estoy seguro de que, como diputado responsable al Parlamento Europeo que es, no desearía impugnar un dictamen científico serio ni, de hecho, adoptar una actitud alarmista que afectaría a los ciudadanos de su circunscripción. 
Pregunta nº 47 formulada por (H-0037/01): 
Asunto: Serbia y la política exterior y de seguridad común Recientemente, el Parlamento de la República Federal de Yugoslavia ha aprobado una ley de amnistía para los objetores que se niegan a cumplir el servicio militar en el ejército popular y para los presos condenados por haber cometido delitos contra el ejército o por "actividades hostiles al Estado". 
Según las declaraciones realizadas el 9 de enero pasado por el Ministro yugoslavo de Justicia, Moncilo Grubac, esta ley de amnistía no es aplicable a los condenados por terrorismo. Esto significa que los aproximadamente 700 presos albanokosovares no se van a beneficiar de la amnistía, dado que fueron condenados por "terrorismo". 
¿Cómo reacciona la Comisión ante la negativa de Yugoslavia a poner en libertad a los presos albaneses? 
¿Qué medidas va a tomar la Comisión para que Yugoslavia cumpla su promesa oficial (véanse las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Goran Svilanovic, en Washington y las promesas del Presidente Kostunica ante la UE) y para que se ponga en libertad a todos los presos políticos albaneses? 
Su Señoría está en lo cierto al declarar que la propuesta ley de amnistía, que aún es sólo una propuesta al Parlamento serbio y al Parlamento de la República Federativa de Yugoslavia, no incluirá a ningún culpable de delitos considerados actos de terrorismo. 
La Unión Europea ha pedido repetidas veces la liberación de todos los presos albaneses de Kosovo. 
La troika ministerial de la UE, que visitó Belgrado el 8 de febrero, expresó también su interés en que la propuesta ley de amnistía no incluya a ninguno de los culpables de delitos políticos perpetrados por el régimen de Milosevic. 
La Comisión ha participado plenamente en esas iniciativas y la delegación especial del Parlamento Europeo, que visitó ese país del 8 al 10 de febrero, planteó también esa cuestión a las instancias pertinentes. 
Las autoridades serbias y federales han indicado su intención de reexaminar urgentemente los casos de quienes no serán incluidos en la ley, en particular para determinar si las condenas son correctas o no. 
A día de hoy, aún no han sido liberados, lamentablemente, los presos. 
La UE mantendrá las presiones para velar por que así sea. 
Le doy las gracias al comisario por la respuesta y por las palabras de aliento, pero debemos ser conscientes de que nos encontramos en una fase de transición; la fase de transición para convertir la ayuda de emergencia que la Unión Europea proporciona a Serbia en ayuda estructural. 
Creo que ha llegado el momento de poner los puntos sobre las íes. 
El escepticismo que existe en Kosovo por parte de los albaneses ante el régimen de Kostunica es muy grande. 
La gente está algo desconcertada. 
Se han producido huelgas de hambre. 
Las personas quieren empezar a ver avances. 
Tengo entendido que la Comisión dispone de un asesor en el entorno inmediato del señor Kostunica, un hombre que también se ha ganado la confianza del entorno del presidente de Montenegro. 
Aún así, quisiera pedirle a la Comisión que haga uso de la actual fase de transición concretamente para decir: miren ustedes, no seguiremos prestando ayuda si no se da una solución a este grave problema. 
Desde luego, entiendo la intuición y las razones ofrecidas por el Sr. Staes y no por primera vez. 
Puedo asegurarle que se están empleando todas las influencias y todos los medios de la forma más enérgica para intentar lograr el resultado que la Comisión, la Unión en general y los diputados a esta Asamblea- incluso el Sr. Staes- desean y que sería compatible con un trato humano y justo. 
Sin embargo, en este momento la Comisión no está dispuesta, desde luego, a examinar la posibilidad de aplicar sanciones de diversos tipos, incluidas las propuestas por su Señoría, simplemente porque la Comisión está haciendo su contribución en nombre de la Unión con pleno conocimiento de las graves necesidades de la población y las organizaciones en esa zona. 
Abrigamos muchas esperanzas de que utilizando los medios que se están empleando actualmente logremos, sin gran demora, los resultados que servirán a los intereses de la Humanidad y sean coherentes con las opiniones continuamente expresadas por la Unión, la Comisión y este Parlamento. 
Señor Presidente, pienso que la base jurídica sobre la que trabaja la Comisión es totalmente inadecuada. 
El Sr. Hækkerup ha sido muy preciso: no hay ninguna necesidad de una ley de amnistía por parte de las autoridades de Belgrado, en la medida en que, según el Sr. Hækkerup, sólo la ONU puede decidir la necesidad de encarcelar, de juzgar, de mantener detenidas a estas personas. 
La única cuestión que se plantea es la de su salida inmediata de las prisiones serbias y su entrega a la Misión de la ONU en Kosovo. 
La Comisión no tiene, por tanto, que insistir ante el Sr. Kostunica para que promulgue una ley de amnistía, no tiene que entrar en un juego que, en derecho internacional, es absolutamente ilegal. 
La Comisión y el Consejo deben obligar al Sr. Kostunica y al Sr. Djinjic a cumplir la orden de la comunidad internacional, que exige que estos setecientos rehenes sean entregados a las autoridades de Naciones Unidas. 
Quisiera saber qué es lo que la Comisión piensa hacer a este respecto. 
Si bien carezco de razón alguna para poner en duda la cifra dada por su Señoría, existen cálculos diferentes. 
El cálculo oficial del número de presos afectados en ese sector y ese caso concreto es 300 y no 700. 
Lo que continuamente intentamos transmitir en nuestras protestas es que, independientemente de las cifras exactas, existe un principio de humanidad al que atenerse y queremos que se aplique sin más demora. 
Sin embargo, aunque entiendo la argumentación sobre el fundamento jurídico, si intentáramos actuar de forma perentoria o aconsejar a otros- incluidas las Naciones Unidas- que lo hagan, complicaríamos aún más una situación ya delicada. 
Evidentemente, hay menos paciencia ahora que ayer y había menos ayer que la semana pasada. 
Se está transmitiendo esa opinión en las instancias pertinentes. 
Pero sería irresponsable y engañoso por mi parte indicar que vayamos a desviarnos en gran medida del rumbo que hemos seguido y tenemos todas las razones para creer que puede propiciar una conclusión lograda y humana. 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0069/01): 
Asunto: Encarcelamiento de menores en Turquía Según ha denunciado la Unión de Derechos Humanos, en Turquía, concretamente en la ciudad de Diyarbakir, han sido recientemente detenidos y encarcelados 29 menores de edades comprendidas entre 9 y 16 años, acusados de formar parte de una organización terrorista. 
La Unión de Derechos Humanos denuncia el hecho de que los menores fueron tratados con brutalidad y por tanto requieren una asistencia psicológica inmediata. 
Estos menores corren el riesgo de ser juzgados y condenados a largos años de cárcel. 
¿Cómo piensa actuar la Comisión, en el marco de las conversaciones sobre la adhesión de Turquía, para que se ponga inmediatamente en libertad a estos menores y persuadir a Turquía de que respete los compromisos que ha asumido ante la UE a favor de la democratización de la vida social y política? 
Señor Presidente, la Comisión conoce la detención de 28 niños y jóvenes en Turquía, como la Sra. diputada expone en su pregunta. 
Según informaciones de que disponemos, el 9 de enero 28 niños y jóvenes fueron detenidos por la policía en una pequeña localidad del sudeste de Turquía. 
Las fuerzas de seguridad locales afirmaron que estos niños habían participado en una manifestación ilegal, que habían gritado consignas en apoyo del PKK y protestado contra la presencia de militares turcos en el norte del Irak. 
Se detuvo a jóvenes de edades comprendidas entre los 9 y 16 años y fueron llevados a una prisión a Diyarbakir. 
Según indicaciones de la Fundación Turca de Derechos Humanos se ha maltratado también a niños en la cárcel. 
Tras las protestas de los padres y de la Sociedad Turca de Derechos Humanos, entretanto se ha dejado de nuevo en libertad a 22 niños y jóvenes y 6 jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 17 años siguen por el momento en prisión. 
La Comisión ha planteado esta cuestión con gran insistencia ante las autoridades turcas. 
La Comisión exige una aclaración total y sin demora de los hechos. 
Este incidente es desde nuestro punto de vista motivo de gran preocupación. 
La Comisión quiere subrayar que con independencia de lo que se impute a los niños, dichas imputaciones no pueden justificar de ningún modo encarcelar a niños y arrojarlos a una cárcel muy lejos de las casas de sus padres y detenerlos allí durante varios días. 
Un proceder de este tipo no es compatible bajo ninguna circunstancia con los estándares de derechos humanos que se aplican en la Unión Europea. 
La Comisión espera que el Gobierno turco se ocupe sin demora de este caso que muestra que en Turquía son urgentemente necesarias reformas políticas para que este país se aproxime a la Unión Europea y a los valores en los que se sustenta ésta. 
La Comisión recuerda que una protección total de los derechos humanos se incluye entre los criterios políticos que debe cumplir un país candidato para poder iniciar negociaciones de adhesión con la Unión Europea. 
Esto se refleja asimismo en las prioridades de la asociación para la adhesión con Turquía que la Comisión presentó el pasado noviembre. 
Muchísmas gracias, señor Comisario. 
Su respuesta ha sido muy satisfactoria. 
Pero como el Sr. fiscal remite al tribunal pidiendo la condena de estos seis niños a penas de reclusión de hasta cinco años, dependiendo de las acusaciones, quisiera saber si aún podemos hacer algo y cuál es el plazo hasta la sentencia que adquiera firmeza. 
Señora diputada, lamentablemente no le puedo confirmar que el proceso ya haya comenzado y que en el proceso se hayan solicitado penas. 
Sé que el Gobierno turco se ha puesto en contacto directo con las autoridades que persiguen los hechos punibles pero no conocemos el resultado de este contacto entre el Gobierno turco y las autoridades locales. 
Estoy gustosamente dispuesto a intervenir de nuevo en este asunto a cualquier nivel que usted, señora diputada, considere correcto. 
Creo que además será útil pues cuanto más intensa sea la presión internacional y un fuerte interés internacional, en tales casos es lo único que realmente ayuda. 
Felicito al Comisario por su respuesta. 
Sin embargo, habla de valores y normas de la UE. 
En respuesta a las preguntas que formulé sobre la continuación de los bombardeos y las sanciones al Irak, la Comisión no se mostró preocupada por que de 5.000 a 6.000 niños hayan muerto a causa de las sanciones en el Irak. 
Conque, cuando oigo a la Comisión hablar de valores y normas de la UE, en vista de su apoyo a las sanciones al Irak, me pregunto hasta qué punto es sincera en relación con los niños de Turquía. 
Señor Presidente, siento no poder reconocer la relación existente en esta cuestión entre las sanciones de las Naciones Unidas contra el Irak y el encarcelamiento de 28 niños en Turquía. 
Pregunta nº 49 formulada por (H-0085/01): 
Asunto: Seguridad de los productos infantiles La legislación comunitaria es objeto de críticas, especialmente en Suecia, en lo que respecta a la seguridad de los productos infantiles. 
La influencia de los consumidores en el proceso de normalización es mucho menor que la de la industria. 
Diversos productos con los que los niños están en contacto no son lo suficientemente seguros. 
El objetivo debería ser que los productos fueran seguros en sí mismos, sin necesidad de que los padres estuvieran constantemente vigilando. 
¿Qué piensa la Comisión del actual proceso de normalización y de la relación de fuerzas entre los consumidores y la industria, y podemos esperar que se respete y se lleve a la práctica la intención de las disposiciones sobre productos infantiles y otras disposiciones en el marco de la directiva sobre la seguridad de los productos? 
Preguntas dirigidas al Sr. Kinnock 
La Comisión es plenamente consciente de la importancia de la participación de los representantes de los consumidores en la normalización de la labor. En varias resoluciones y comunicaciones se ha reconocido la importancia de la participación de todas las partes interesadas en el proceso. 
La Comisión lo apoya activamente mediante diferentes iniciativas. En particular, la Comisión presta importante apoyo financiero anual, que en 2001 asciende a 830.000 euros, a la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Consumidores en la Normalización: la organización conocida como ANEC. 
También es importante que las organizaciones de consumidores concedan prioridad a este asunto para asignar los recursos necesarios. 
La Comisión alienta también a los Estados miembros y a los organismos encargados de la normalización a que faciliten la participación de los consumidores en el proceso de normalización, también en el nivel nacional. 
La Directiva relativa a la seguridad general de los productos, encaminada a velar por que los productos colocados en el mercado sean seguros, concede un papel concreto a las normas europeas. 
En la nueva versión que el Consejo y el Parlamento Europeo están a punto de aprobar se fortalece dicho papel. 
Para elaborar esas normas, la Comisión encomendará a los organismos europeos de normalización mandatos en los que se especificará el nivel de seguridad por alcanzar. 
Se consultará a las organizaciones de consumidores sobre el contenido de los mandatos. 
Antes de la publicación de las referencias de las normas en el Diario Oficial, la Comisión verificará el cumplimiento en ellas de las prescripciones de la directiva y de los mandatos en lo relativo a los aspectos relacionados con la seguridad y la participación de los consumidores,. 
La Comisión verificará detenidamente la ejecución satisfactoria de todos los mandatos de normalización conforme a la directiva, en particular los relativos a los productos para niños. 
Cuestiones como ésta siempre están en examen. 
Como sabe su Señoría, la Directiva relativa a la seguridad general de los productos es la legislación marco global relativa a esta cuestión. 
Mis servicios y yo vigilamos muy estrictamente la aplicación de la legislación en toda la Unión Europea para velar por que los consumidores- y los niños en particular- estén protegidos contra los productos peligrosos. 
Su Señoría ha de saber que en la Directiva relativa a la seguridad general de los productos figura una medida de seguridad; fue la que se utilizó el año pasado cuando presentamos una medida de seguridad relativa a los ftalatos en los juguetes para niños. 
Ésa es una de las medidas que se pueden utilizar como medida de emergencia para proteger a los niños. 
Permítaseme preguntar brevemente al Comisario si puede ser preciso ahora a propósito de una cuestión que muchos de nosotros, incluida la Sra. Hulthén, le hemos planteado en ocasiones anteriores, es decir, los posibles peligros de los plásticos incomestibles que no son un alimento y que se regalan junto con dulces y otros artículos. 
Son un plástico, pero no van designados, en realidad, como una cosa o la otra. 
¿Está seguro de que esas substancias son de verdad inocuas para los niños? 
Señor Whitehead, sé que se trata de una cuestión en la que su Señoría tiene un interés particular y sobre la que su Señoría y mis servicios llevan cierto tiempo consultando. 
Pero la están abordando la DG de la Empresa y mi colega el Sr. Liikanen. 
Recientemente se ha preguntado a la Comisión por la seguridad de productos asociados, que en muchos casos consisten en un juguete que acompaña al producto alimenticio en un envoltorio separado. 
A la luz de la información recogida por la Comisión en cooperación con las autoridades nacionales, el Comité de Emergencia de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos llegó el 16 de mayo de 2000 a la conclusión de que no se ha advertido peligro específico alguno relacionado con el producto asociado. 
Los artículos no alimentarios, en particular los pequeños juguetes, o los juguetes compuestos de partes pequeñas no están libres de riesgos. 
Sin embargo, el riesgo dependería de las características del propio artículo no alimentario. 
La existencia de un posible riesgo ha convencido al Comité de Emergencia para examinar la necesidad de fortalecer los instrumentos vigentes, en particular la protección ofrecida por la Directiva 88/378 relativa a la seguridad de los juguetes y la norma conexa EN 71/1. 
Los servicios competentes de la Comisión están trabajando actualmente en posibles mejoras. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 50, 51 y 52 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 50 formulada por (H-0057/01): 
Asunto: Supuesta tentativa del comisario Kinnock de hacer callar a la antigua comisaria Gradin Según información publicada en la prensa sueca el 23.1.2001, el comisario Kinnock habría escrito a la antigua comisaria Gradin y a su antiguo jefe de gabinete, Christer Asp, pidiéndoles explicaciones por sus declaraciones a la prensa sobre deficiencias en la administración de la Comisión. 
Tras la dimisión de la Comisión Santer y el asunto van Buitenen, se podía pensar que la Comisión había comprendido lo que significa la transparencia democrática y que había dejado de recurrir a métodos totalitarios para hacer callar a sus empleados y, por lo que se ve, también a sus antiguos empleados. 
Así pues, ¿puede indicar la Comisión si es verdad que el comisario Kinnock ha escrito dichas cartas, y cuáles son las medidas que la Comisión se propone adoptar para evitar que se vuelvan a dar estos pasos en falso en el futuro? 
Pregunta nº 51 formulada por (H-0081/01): 
Asunto: Actuación de la Comisión en materia de la libertad de expresión En una carta de la Comisión se ha criticado a la antigua Comisaria Anita Gradin y al que fuera su jefe de gabinete, Christer Asp, por haber contribuido, en entrevistas públicas, a intentar aclarar la desaparición de varios millones de euros de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) que estaban destinados a la ayuda en Bosnia. 
En la entrevista, Anita Gradin declaró que acata las decisiones adoptadas por la Comisión. 
Una de las principales tareas de la actual Comisión es clarificar los hechos que ocurrieron con la anterior Comisión e introducir cambios para que algo así no vuelva a ocurrir. 
En esta tarea, la transparencia tiene una gran importancia. 
¿Cómo cree la Comisión que la carta a Anita Gradin contribuye a una mayor transparencia y a aumentar la confianza en la Comisión por parte de los ciudadanos? 
Pregunta nº 52 formulada por (H-0122/01): 
Asunto: Medidas adoptadas por la Comisión en relación con las críticas expresadas por una antigua Comisaria El llamado escándalo ECHO de 1997, relacionado con la desaparición de importantes sumas de dinero destinadas a ayudas de la UE como consecuencia de irregularidades y con la posterior desaparición de documentos relacionados con este asunto de los archivos de la Comisión, ha sido seguido con gran atención en Suecia y Dinamarca. 
Con motivo de un programa de televisión emitido en estos dos países, tanto la antigua Comisaria Anita Gradin como su Jefe de Gabinete criticaron el modo en que la Comisión ha tratado este asunto. 
A raíz de estas declaraciones, el Comisario Neil Kinnock remitió un escrito a estas dos personas indicándoles que no tenían derecho a criticar a la Comisión como institución. 
Si, contrariamente a lo que cabe esperar, existiese algún tipo de disposición en virtud de la cual estas personas no tienen derecho a formular críticas, se trataría de un gravísimo paso atrás para la libertad de expresión en la UE. 
¿En qué fundamento jurídico se basa la Comisión para afirmar que una antigua Comisaria y un antiguo Jefe de Gabinete no tienen derecho a formular este tipo de críticas a la Comisión? 
Señor Presidente, agradezco profundamente a sus Señorías sus preguntas sobre mi correspondencia con mi amiga y antigua colega la Sra. Anita Gradin y su antiguo Jefe de Gabinete el Sr. Christer Asp. 
Esas preguntas me permiten informar pública y plenamente a esta Asamblea sobre una cuestión que ha despertado- lo sé- interés particular en Suecia. 
El 13 de noviembre de 2000 la TV danesa emitió un documental en el que se atribuían declaraciones a la Sra. Gradin y al Sr. Asp que parecían referirse a un empleado de la Comisión unánimemente absuelto de cargos concretos por la última Comisión después de que se siguiera el debido proceso disciplinario. 
A consecuencia de esa emisión, y como Comisario encargado de Personal y Administración, me vi obligado a escribir el 22 de noviembre a la Sra. Gradin y al Sr. Asp para solicitarles la confirmación y la aclaración de las observaciones transmitidas a fin de que la Comisión pudiera determinar si aquellas observaciones requerían o no una acción por parte de la Comisión. 
Ése fue el único objeto de la carta. Ni en el tono ni en el contenido se pedían en ella explicaciones ni se formulaban críticas ni se intentaba amordazar a nadie ni dar a entender en modo alguno que la Sra. Gradin, como antigua Comisaria, o el Sr. Asp, como antiguo funcionario, no tuvieran derecho a criticar a la Comisión como institución. 
Para que quede absolutamente claro, facilitaré con mucho gusto a sus Señorías copias de esa carta y de toda la demás correspondencia pertinente tan pronto como tenga confirmación de la Sra. Gradin de que no pone objeciones a esa acción. 
La Sra. Gradin ha indicado por una vía indirecta que no tenía inconveniente en que se publicara esa correspondencia, pero, naturalmente, como cortesía para con ella, prefiero tener una confirmación directa de su asentimiento. 
La Sra. Gradin respondió el 29 de diciembre a mi carta del 22 de noviembre y yo le escribí otra carta el 25 de enero de 2001. 
Como señalé en dicha carta a la Sra. Gradin, y como ha de saber la Asamblea, el Estatuto de los Funcionarios aplicable a todas las instituciones de la UE dispone claramente que la Comisión, como institución y como empleadora, está obligada jurídicamente a asistir a los empleados para que se defiendan de los ataques. 
Esa obligación significa también defender a una persona absuelta cuando se ponga en tela de juicio su inocencia de los cargos de los que fue absuelta. 
Así, pues, mis cartas del 22 de noviembre a la Sra. Gradin y al Sr. Asp se referían enteramente a dichas obligaciones y consideraciones jurídicas y a nada, absolutamente nada, más. 
Como dije con claridad en mi carta del 25 de enero a la Sra. Gradin, si bien todas las libertades de expresión son preciosas y se deben respetar, la expresión de ciertas opiniones- por ejemplo, las que se pueden considerar difamatorias de otras personas- pueden tener consecuencias legales en todas las sociedades democráticas y tienen consecuencias concretas para la Comisión como institución europea empleadora. 
En aquella carta dije con toda claridad que mi carta del 22 de noviembre en modo alguno era un intento de limitar la libertad de comentario o de impedir las críticas a la Comisión por parte de la Sra. Gradin o, de hecho, del Sr. Asp o de cualquier otra persona. 
Todo ello resultará evidente a sus Señorías cuando tengan la oportunidad de leer el intercambio de correspondencia, cosa que- espero- harán, lo que les permitirá también ver que la base para la consideración de las acciones de antiguos comisarios y antiguos funcionarios es el Tratado y el Estatuto de los Funcionarios. 
La Sra. Gradin, como persona responsable y acreditada que es, siempre se ha tomado en serio, evidentemente, el deber de discreción que le prescribe el Tratado. Estoy seguro de que así seguirá siendo. 
¡Cuántas cosas tendremos que escuchar en esta vida! 
Estamos en presencia de una de las disculpas más ridículas que he escuchado en mucho tiempo. 
El Sr. Kinnock dice que sabríamos lo que ponía en la carta si la hubiésemos tenido en nuestro poder; sería bueno que se nos proporcionase después del debate. 
Me he dirigido a la oficina del Sr. Kinnock para pedir una copia de la carta antes del debate, pero se me dijo que posiblemente me la podrían dar después. 
Esto demuestra solamente que el Sr. Kinnock no ha entendido en absoluto el significado real de la apertura. 
Parece que el Sr. Kinnock no ha aprendido nada de la los escándalos de la Comisión a la que él pertenecía- la Comisión Santer- que cayó por no entender la relación entre apertura, corrupción y fraude. 
Si el Sr. Kinnock hubiese aprendido algo de la anterior Comisión, habría entendido. 
Me refiero, por tanto, a ese tipo de cartas amenazadoras, que él aparentemente ha escrito, y que la Sra. Gradin así ha entendido, según sus declaraciones a la prensa sueca. 
La Sra. Gradin tiene que haber leído la carta antes de hacer declaraciones. 
Asimismo, el Sr. Asp tiene que haber leído la carta antes de hacer sus declaraciones. 
En cualquier caso, conocían el contenido de la carta y lo consideraron una amenaza. 
Es una ofensa a esta Asamblea esconder la cola entre las piernas de esta manera y esquivar las responsabilidades, como hace el Sr. Kinnock, y una vergüenza para el Parlamento. 
Ruego a los señores diputados que tomen conciencia de que pueden hacer preguntas complementarias. 
No se trata de darle la lección correspondiente al Sr. Comisario en la contestación, sino de hacer las preguntas que consideren oportunas. 
Yo no puedo saber previamente si ustedes van a hacer una pregunta, pero les ruego que se atengan al Reglamento. 
Agradezco la respuesta del Sr. Comisario. 
Quisiera formular una pregunta: ¿hacia dónde piensa el Sr. Comisario que hay que dirigir las críticas? 
¿Deben dirigirse hacia el hecho de que ha desaparecido una cantidad de millones que debieron destinarse a ayudas al desarrollo y a que se ha dilapidado el dinero de los contribuyentes o debe dirigirse contra las personas que expresan su decepción porque no se han logrado aclarar estos asuntos? 
Creo que la respuesta debería ser simple y que los ciudadanos europeos también opinan que la respuesta es obvia. 
Mi segunda pregunta es: si la Comisión dirigió una carta a la ex Comisaria Anita Gradin es porque han pensado que ella, de alguna manera, ha atacado a alguna persona. 
He visto el programa de televisión y puedo decirle que no lo ha hecho. 
Ella fue absolutamente leal con las resoluciones adoptadas en la Comisión ¿cómo pudo usted creer que la ex Comisaria Gradin había dirigido una crítica en contra de alguna persona? 
Usted tiene que haberlo creído, ya que fue usted quien escribió la carta. 
Gracias por la respuesta. 
El Sr. Kinnock se remite a la carta dirigida a la Sra. Gradin y al Sr. Asp. 
No la hemos leído, pero una copia de la carta dirigida al Sr. Asp ha sido publicada por la prensa sueca. En ella se dice, refiriéndose al programa de televisión- confío en que la cita es correcta- que el Sr. Kinnock ha escrito al Sr. Asp: Como seguramente sabes, esta declaración ha sido interpretada, justa o injustamente, como una crítica a la Comisión como institución. 
Puesto que tú has sido funcionario de la Comisión, tu declaración despierta la curiosidad de saber cuáles son tus obligaciones ya que tú, como empleado, debes atenerte a las condiciones y normas de tu contrato de trabajo. 
Esta claro que esto no puede interpretarse de otro modo que como una insinuación de que el Sr. Asp ha hecho algo indebido y que, incluso, podría merecer una reprimenda. 
Por eso, mi pregunta es: ¿Cuál es el fundamento jurídico de esta carta? 
¿Qué normas jurídicas prescriben que como ex jefe de gabinete o comisario no se tiene derecho a criticar a la Comisión como institución e, incluso, a que se haga referencia a las condiciones y normas del contrato de trabajo? 
Señor Presidente, ante todo quisiera decir al Sr. Färm que, si examina el Estatuto de los Funcionarios, al que el Sr. Asp está sujeto, verá el fundamento de la carta que le envió el organismo que lo empleaba y que lo que se decía en dicha carta está enteramente en consonancia con el reglamento y los requisitos de la comunicación: ni más ni menos. 
El Sr. Andersson puede tener su opinión sobre el caso al que se hizo referencia en el documental televisivo. 
No es sobre eso sobre lo que versa esta pregunta y mi carta, pero, como demócrata que es, entenderá. 
En Suecia, como en cualquier otro Estado miembro, o sociedad democrática, se debe tener cautela a la hora de hacer sobre una persona absuelta de un cargo particular una declaración que podría entrañar difamación de esa persona. 
Ésa es una normal general que entienden y respetan los demócratas en todas partes, pero en el caso de la Comisión, como institución empleadora, se da, como he señalado antes, la particularidad suplementaria de que, si un funcionario de la Comisión es atacado y se trata de un funcionario de la Comisión absuelto tras el debido proceso de un cargo, éste puede reclamar a la Comisión, de conformidad con el artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios y, por tanto, con dinero de los contribuyentes para que lo defienda de la supuesta difamación. 
La observación que formulé a la Sra. Gradin y que ésta entiende- estoy seguro- perfectamente, en particular porque la expliqué detalladamente en mi carta más reciente, se refería simplemente a esa realidad jurídica y al desempeño idóneo de las funciones de la Comisión como organización legalmente constituida con obligaciones establecidas jurídicamente en la forma del Estatuto de los Funcionarios. 
El Sr. Andersson puede tener sus opiniones sobre los casos particulares a los que se hacía referencia en el documento televisivo. 
Tiene derecho a sostener esas opiniones, ya sean acertadas, equivocadas, fundamentadas o no, pero ha de entender- no me cabe duda- que todas las acciones adoptadas en relación con personas nombradas en ese documental televisivo, y una en particular, se refieren a las cuestiones jurídicas- como subrayé en mi carta a la Sra. Gradin y en mi respuesta anterior- y no a juicios más amplios que pueden ser asuntos enteramente de opinión y conciencia del Sr. Andersson. 
En ningún momento voy a decir ni hacer nada que pudiera tener como consecuencia acusaciones injustas e injustificadas a la Comisión y la Unión Europea y con cargo al dinero de los contribuyentes, cuando hay otros medios de velar por que se respete la ley en lo relativo a las personas. 
He de decir al Sr. Gahrton que en este caso no se trata de un problema de transparencia, sino de deficiencias de su oído o su entendimiento. 
Lo que dije no era ridículo. 
Le enviaré una copia de mi respuesta y, cuando cuente con el asentimiento de la Sra. Gradin para hacer públicas las cartas que intercambiamos, incluida la carta personal que le envié el 25 de enero, escrita en mi calidad oficial, lo verá. 
Pero estoy seguro de que, como persona que observa las cortesías y reconoce la base sobre la que se escribe una carta personal, entenderá que no me corresponde a mí hacer pública una carta que escribí a la Sra. Gradin. 
Si la Sra. Gradin quiere hacerla pública o me da permiso para hacerlo, me parecerá muy bien y, como he dicho, ha indicado por una vía indirecta que no tendría inconveniente al respecto. 
No me sorprende- conozco a Anita Gradin muy bien -, pero hasta que tenga la confirmación formal no puedo hacer pública la carta. 
En modo alguno es un secreto. 
Simplemente espero que la capacidad de comprensión del Sr. Gahrton haya avanzado en gran medida cuando lea la carta, porque durante su intervención no ha dado muestras de tener algo más que el entendimiento más rudimentario. 
Tengo una pregunta complementaria respecto a la Oficina de Informaciones de la Comisión en Estocolmo y a su anterior jefa Linda Steneberg 
Como seguramente sabe el Sr. Comisario, la oficina de la Comisión en Estocolmo está siendo investigada judicialmente por presuntos delitos relacionados con anormalidades de carácter económico. 
La policía sueca ha interrogado a numerosos funcionarios y quiere interrogar a la Sra. Steneberg, que ha sido ascendida y trabaja en la Comisión en Bruselas. 
La Sra. Steneberg se niega a colaborar con la policía sueca y a viajar a Estocolmo para ser interrogada. 
¿No es razonable que ustedes, como responsables, insten a sus empleados, o incluso les ordenen, a someterse a interrogatorios para aclarar delitos económicos que se han cometido en el seno de la Comisión? 
. (EN) Esta cuestión no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión en el orden del día. 
La voy a responder, no obstante, en aras a la transparencia. 
La persona nombrada por su señoría, que es funcionario de la Comisión, ha manifestado su total disposición a responder a todas las preguntas del fiscal sueco. 
Eso tendrá lugar a su debido tiempo. 
. 
(EN) La Comisión es muy consciente de la necesidad de aumentar la proporción de mujeres en los niveles A1 y A2. 
Por este motivo, desde 1995, se establecen objetivos anuales de nombramiento de mujeres para estos y otros puestos de dirección. 
El objetivo global de la Comisión, según se anunció al principio de nuestro mandato en 1999, es doblar el número de mujeres en estos dos niveles a lo largo de este mandato, incrementando, así, el número de mujeres en puestos A1 y A2 a 44, es decir, alrededor del 20%, para el año 2005. 
Con este fin se fijan los objetivos anuales atendiendo al grado de renovación previsto cada año en esos niveles. 
En 2000, el objetivo de nombramientos de mujeres para el nivel A1 fue de dos y el objetivo para A2 fue de cinco nombramientos. 
Estos objetivos fueron superados, nombrándose a tres mujeres para el nivel A1 y a siete para el nivel A2. 
De resultas de esto, actualmente hay cuatro mujeres en el nivel A1 sobre un total de 54 y el número de mujeres en el nivel A2 es de 21 sobre un total de 178. 
La Comisión pretende continuar con la práctica de establecer objetivos anuales porque es evidente que ha contribuido a la mejora en el equilibrio entre géneros, aunque sea manifiestamente insuficiente. 
La Comisión aprobará el próximo mes el objetivo anual para 2001. 
Además de la política de fijación de objetivos, se recuerda a los miembros de los tribunales de selección que tengan en cuenta los principios de igualdad de oportunidades a la hora de seleccionar a los candidatos. 
La Comisión intenta cubrir los puestos con los candidatos más adecuados y, cuando los méritos para un puesto concreto son iguales, dar prioridad a la candidata. 
El resultado debe surgir de una evaluación objetiva por la autoridad competente de cada situación individual y no es, por tanto, automático para personas de ninguno de los géneros. 
En el caso al que se refiere su señoría, el comité asesor sobre nombramientos preseleccionó a una candidata con unas buenas cualificaciones. La Comisión consideró que el candidato elegido tenía un perfil que se ajustaba más a las funciones del puesto en cuestión. 
Gracias señor Comisario. Desgraciadamente, las mujeres tenemos un techo de cristal incluso en las instituciones comunitarias. 
Agradezco y celebro el plan de acción con objetivos concretos que usted ha presentado, pero se requiere también un calendario. 
Es muy satisfactorio que usted esté dispuesto a trabajar contra la discriminación. 
Sin embargo, puesto que la Comisión una vez más ha designado a un hombre en un puesto de Director General- esta vez la Dirección General de Desarrollo- me pregunto si las metas de la Comisión no son sino palabras. 
Los ocho hombres del Comité Consultivo de Calificaciones podían elegir entre una mujer con gran experiencia política y administrativa de alto rango y con experiencia internacional y un hombre sin antecedentes políticos, con poca experiencia administrativa y sin experiencia internacional. 
Sólo puedo llegar a la conclusión de que se ha elegido al candidato masculino por reparto de cuotas. 
En Suecia se apela al Tribunal del Mercado Laboral y se obtienen sentencias favorables en casos de discriminación mucho menos flagrantes que éste. 
¿Está dispuesta la Comisión a enmendar su decisión y a designar al candidato más cualificado o es necesario llevar el caso hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? 
¿Está dispuesta la Comisión a que en el futuro los Comités Consultivos de Calificaciones estén integrados al menos por un 50 por ciento de mujeres, en lugar de un 100 por cien de hombres? 
. 
(EN) Como señala su señoría, el sistema que estamos intentando desarrollar en la Comisión Europea no puede todavía ni compararse con las disposiciones que existen en Suecia, y en algunos otros Estados miembros, desde hace años. 
En las circunstancias en que nos encontramos no podemos hacer otra cosa que no sea seguir luchando por llegar a los niveles más elevados, los cuales recomendamos encarecidamente a los demás en toda la Unión Europea. 
Estos son los niveles que yo, y mis colegas en la actual Comisión, deseamos sinceramente alcanzar. 
Quisiera responder a las cuestiones específicas planteadas por su señoría. No existe suficiente representación de mujeres en ningún nivel, incluyendo los de rango directivo, en ninguna de las instituciones de la Unión Europea. 
Estamos, como ha tenido la bondad de reconocer su señoría, haciendo un serio esfuerzo para mejorar en este aspecto dentro de la Unión Europea. 
Pero en el Parlamento Europeo, por ejemplo, creo que estoy en lo cierto si digo que entre los diez directores sólo hay una mujer. 
Por tanto, en cada una de las instituciones, incluyendo otras como el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, existe una necesidad manifiesta de mejoras muy importantes y me complace tener la oportunidad en este Turno de Preguntas parlamentarias de subrayarlo con mucha firmeza una vez más. 
Creo que alcanzaremos los objetivos en 2005. No son objetivos excesivamente ambiciosos. 
De hecho, algunos de nosotros en la actual Comisión diríamos que son excesivamente modestos. 
Sin embargo, sí son realistas teniendo en cuenta el punto de partida. 
Esperamos que al lograr que al menos el 20% de los cargos directivos estén en manos de mujeres cuando el mandato de esta Comisión llegue a su término, la Comisión entrante parta de una base mucho más firme y más elevada para trabajar hacia un verdadero equilibrio de género en toda la Comisión, especialmente en las funciones de dirección. 
Quisiera referirme a la cuestión planteada por su señoría sobre el hecho de que el tribunal de selección esté compuesto por personas de un solo sexo. 
No se trata, en realidad, de un tribunal de selección. Es un comité asesor sobre nombramientos. 
De la selección definitiva de los candidatos se encargan el Comisario correspondiente, en este caso, yo mismo, en tanto que Comisario encargado de la Administración del Personal, y el Presidente. 
El fundamento de la selección, como dije antes, no supuso crítica alguna ni falta de respeto hacia la gran preparación de la candidata que se nos presentó; tuvo que ver con el hecho, según he señalado ya, de que el candidato elegido tenía un perfil que se ajustaba más específicamente a las funciones del puesto en cuestión. 
No se mostró preferencia alguna hacia un hombre por motivos de género. 
Señor Presidente, siguiendo con la conversación, ¿quisiera el Sr. Kinnock confirmar a la Cámara que una carrera profesional basada en el rendimiento y el mérito va a constituir el fundamento de las reformas que aprobamos en esta Cámara el año pasado? 
¿Podría también aprovechar la ocasión para exponernos los progresos que está haciendo para introducir una evaluación estructurada del rendimiento en toda la Comisión y los pasos que está dando hacia una estructura de carrera lineal? 
. 
(EN) Señor Presidente, esta pregunta, como sabrá el Sr. Harbour, está directamente relacionada con la cuestión planteada por la Sra. Theorin porque creemos que, entre muchas otras justificaciones para efectuar cambios en la evaluación y avanzar hacia una estructura de carrera más lineal, estaría la de dar a las funcionarias un trato más justo, y hacer que la Comisión resulte más atractiva como empleo para las mujeres, en especial para mujeres con cargas familiares. 
En cuanto a los progresos, el 28 de febrero de 2001, la Comisión analizará un conjunto de ocho borradores de propuestas detalladas que se someterán después a consultas entre todo el personal y a negociaciones formales con los representantes del personal, así como dos documentos de orientación, uno relativo al salario y las pensiones y otro sobre un sistema de carrera más lineal. 
Nos encontramos, por tanto, en el punto- en cuanto al sistema de carrera lineal, la evaluación sistemática y muchas actividades complementarias- de hacer propuestas formales y de iniciar consultas detalladas sobre las mismas. 
Todo ello con vistas de compilar, antes de las vacaciones de verano, propuestas definitivas bien para decisiones de la Comisión- que tengan fuerza de ley- o propuestas a esta Cámara y al Consejo cuando se requieran enmiendas a los Reglamentos sobre Personal. 
El apoyo y el interés de esta Cámara son de incalculable valor en todas estas actividades de reforma, tanto en aquéllas relativas a la mejora en la cuestión del equilibrio de géneros, y, de modo mucho más amplio, en aquéllas que pretendan mejoras en la eficacia del personal de la Comisión y en el apoyo profesional al mismo. 
Espero que este apoyo y comprensión se mantengan. 
Señor Presidente, señor Comisario, me interesa saber si el país de origen es un criterio para la selección de mujeres. 
Pregunta nº 54 formulada por (H-0011/01): 
Asunto: Decisiones relativas a la EEB ¿Puede la Comisión informar de la situación en los diferentes Estados miembros como consecuencia de las decisiones relativas a la lucha contra la EEB adoptadas en diciembre de 2000? 
¿Puede la Comisión indicar cómo se han aplicado las decisiones en los diferentes países y cómo verifica su correcto cumplimiento? 
¿Qué medidas de control se han puesto en marcha? 
¿Cómo controla la Comisión que en un Estado miembro los piensos no contengan carne ni harinas de huesos? 
¿Disponen todos los países de suficiente capacidad para residuos y de un registro completo de su ganado, de manera que se pueda seguir el rastro de posibles contagios? 
¿Cuántos animales hay acumulados en los diferentes países? 
¿Qué cantidad de desperdicios de matadero hay acumulada para destrucción y cómo está almacenada? 
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(EN) La Comisión ha recibido recientemente información de los Estados miembros acerca de la aplicación que están haciendo de las medidas de control de la EEB y, en particular, acerca de las nuevas medidas sobre alimentación animal y pruebas de la EEB a los animales. 
La información fue facilitada respondiendo a un cuestionario enviado a los Estados miembros el 5 de enero de 2001. 
Este cuestionario ha permitido a la Comisión tener una imagen razonablemente completa de cómo se están aplicando las medidas y esto parece, en líneas generales, satisfactorio. 
En el Consejo de Agricultura de 29 de enero se analizó también un documento de trabajo que resume las respuestas de los Estados miembros a este cuestionario. 
Los Estados miembros son responsables de la aplicación de estas medidas. 
En el caso de la prohibición relativa a la alimentación, tal aplicación incluye el examen microscópico periódico de los piensos y la inspección de las fábricas de piensos. 
Esto, a su vez, es auditado por el personal de la Oficina de Alimentación y Veterinaria que con este fin ya ha visitado diversos Estados miembros desde diciembre de 2000 y tiene intención de visitar el resto en los primeros meses de 2001. 
Los informes de estas visitas de inspección se pondrán a disposición del Parlamento y se publicarán en internet del modo habitual. 
La legislación sobre la identificación y el registro de los animales bovinos establece que cada Estado miembro debe crear una base de datos de animales bovinos y que las bases de datos informatizadas deberían estar plenamente operativas a más tardar el 31 de diciembre de 1999. 
La Comisión ha comprobado el estado plenamente operativo de las bases de datos nacionales de animales bovinos en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido respecto de Irlanda del Norte. 
Portugal, Francia y Alemania han solicitado que se reconozca el estado plenamente operativo de sus bases de datos nacionales y la Comisión está actualmente analizando estas solicitudes. 
La Comisión no dispone de cifras exactas acerca de la cantidad de proteína animal procesada que se ha acumulado en los Estados miembros. 
Es consciente de que la eliminación de este material plantea un problema para algunos Estados miembros y que estos Estados están buscando activamente una solución. 
Gracias por su respuesta, señor Comisario. 
Estoy muy satisfecho de que se nos informe del resultado del cuestionario en la próxima reunión de la Comisión de Agricultura. 
No obstante, percibo en cualquier caso por su respuesta que existe una diferencia muy grande entre la situación de cada Estado miembro, lo que también sabíamos que sucedía antes del 1 de diciembre. 
Por supuesto que es un tiempo muy breve el que ha transcurrido desde entonces. 
Considerando la situación sanitaria, no debe transcurrir mucho tiempo tanto por consideración a los consumidores como a los agricultores. 
También porque ahora mismo se está produciendo una distorsión de la competencia entre los agricultores de cada país miembro, puesto que las indemnizaciones son muy diferentes. 
Espero, señor Comisario, que no sean los países más lentos, sino los países más rápidos quienes marquen el ritmo, pues estoy plenamente convencido de que llegaremos a un resultado positivo cuando los quince países que actualmente forman la UE hayan implementado estas decisiones relativas a la lucha contra la EBB. 
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(EN) Me preocupa mucho garantizar que contamos con medidas comunitarias en relación con todos estos asuntos y que los Estados miembros aplican la legislación comunitaria de igual modo. 
Esto no siempre fue así a principios y a finales del pasado año, pero yo veo algunos indicios de que podría conseguirse después de las medidas comunitarias que se han presentado ahora. 
Tengo muchas esperanzas en que las diferencias entre los Estados miembros sean pronto una cosa del pasado. 
Pregunta nº 55 formulada por (H-0019/01): 
Asunto: Enfermedad de las vacas locas ¿Qué seguimiento se ha dado en la Comisión y en los diferentes Estados miembros al Informe del Parlamento Europeo de 1997 sobre la enfermedad llamada de "las vacas locas" y qué medidas está tomando la Comisión para conseguir el cumplimiento de la vigente normativa comunitaria sobre la prevención de la enfermedad de los diferentes Estados miembros? 
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(EN) La Comisión respondió en su informe consolidado final al informe del Parlamento sobre la EEB de 1997 estableciendo un ambicioso programa de trabajo. 
En otros dos informes bianuales de seguimiento dirigidos al Parlamento presentó una visión general de las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la EEB, para aumentar la seguridad de la alimentación animal y para aplicar el nuevo enfoque en materia de asesoramiento científico, análisis de riesgo e inspección. 
Desde entonces, los servicios de la Comisión han sido reestructurados con el fin de garantizar la independencia y la transparencia de los comités científicos, de reforzar la inspección y de separar la protección del consumidor de los mercados. 
Se ha establecido un sólido cuerpo de medidas legislativas sobre el que la Comisión ha informado periódicamente al Parlamento. 
Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo, el requisito de retirar y eliminar materiales específicos de riesgo, de cocer en olla a presión los residuos animales y de buscar en las poblaciones de animales la presencia de encefalopatías espongiformes transmisibles. 
La Comisión también ha hecho uso de la nueva disposición jurídica recogida en el Tratado de Amsterdam para proponer reglamentos sometidos al procedimiento de co-decisión sobre prevención y control de encefalopatías espongiformes transmisibles y sobre procesado de los subproductos derivados de los animales. 
Estos reglamentos reunirán en un único texto jurídico sustantivo una gran variedad de medidas que se basan actualmente en disposiciones de salvaguarda de la legislación comunitaria en materia de veterinaria. 
Si las negociaciones siguen el curso esperado, el reglamento sobre encefalopatías espongiformes transmisibles debería adoptarse el próximo mes. 
Se espera que el reglamento propuesto sobre subproductos derivados de los animales se vote en el Parlamento en breve. 
Mientras tanto, la Comisión sigue haciendo un seguimiento de la situación sobre el terreno, solicitando asesoramiento científico y adoptando medidas jurídicas siempre que es necesario. 
Las pruebas procedentes de las visitas que con mucha periodicidad realiza la Oficina de Alimentación y Veterinaria y las opiniones científicas del Comité Científico Director han convertido en la base de la política de protección al consumidor de la Comisión. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario su respuesta y tomo nota de que, en efecto, desde el punto de vista legislativo, la Comisión ha avanzado bastante desde 1997. 
Yo quisiera hacer una pregunta complementaria, a consecuencia de la perplejidad que muestran mis electores ante los tremendos errores y contradicciones de las autoridades españolas. 
Concretamente, un ministro regional de Agricultura ha ordenado que se depositen las vacas muertas en una mina abierta. 
En Alemania, por lo menos, ha habido unas dimisiones de ministros. 
Mi pregunta es: aparte de las medidas legislativas, ¿piensa la Comisión tomar medidas ejecutivas con respecto a los Estados? 
¿Se puede notar una presencia mayor de la Comisión en nuestros Estados para dar garantías a los ciudadanos? 
¿Ha pensado la Comisión, en algún momento, en utilizar el procedimiento de infracción, mediante la carta de infracción, para que los ciudadanos comunitarios se den cuenta de que la Comisión está efectivamente velando por su seguridad y su salud? 
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(EN) La aplicación por parte de los Estados miembros de medidas de seguridad establecidas a escala comunitaria es de crucial importancia. 
De poco sirve que se apruebe legislación en el ámbito comunitario si después los Estados miembros no la aplican plena y rigurosamente. 
La Comisión dispone de una serie de respuestas para el supuesto de que exista una ausencia persistente de aplicación adecuada de estas normas de seguridad en un Estado miembro. 
Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo, el inicio de procedimientos de infracción contra ese Estado miembro o, alternativamente, la adopción de medidas comunitarias que pueda entenderse que establecen medidas de seguridad que impedirían al Estado miembro en cuestión exportar sus productos. 
En este caso, supongo que cuando habla usted de estas cuestiones se refiere a la carne de vacuno. 
Se trata, sin duda, de medidas de mucha fuerza. 
Es necesario hacerlas efectivas cuando los Estados miembros no apliquen las disposiciones sobre seguridad. 
Sin embargo, sólo es adecuado poner en marcha estas medidas en circunstancias en que el incumplimiento haya sido persistente. 
Tiene que existir un patrón de comportamiento del Estado miembro que suponga hacer caso omiso de la ley. 
Uno o dos incidentes no desencadenarían los procedimientos de infracción ni requerirían la adopción de medidas comunitarias. 
Es un tema que mis servicios y yo supervisamos constantemente con el fin de garantizar que existe un cumplimiento pleno y que los consumidores están total y adecuadamente protegidos, tanto por las normas como por la aplicación de las normas. 
Señor Presidente, yo no voy a ocupar ni a perder parte del tiempo en responder ni en criticar a ninguno de los Estados miembros que cumplan o no cumplan la legislación, sino que quiero hacerle una serie de preguntas concretas al Comisario sobre el tema de la armonización. 
Si se exige a los Estados miembros, y yo estoy de acuerdo con ello, Sr. Comisario, que cumplan las normativas que desde aquí se dictan, estas normativas deben ser claras y las mismas para todos. 
¿Qué grado de cumplimiento se puede exigir cuando estamos hablando de la aplicación de las pruebas? 
A los Estados miembros se les imponen y acuerdan 30 meses y, sin embargo, hay unos Estados miembros que ya aplican 24 meses. 
¿Qué garantías se ofrecen al consumidor? 
¿No cree usted que este tema provoca una alarma y una inseguridad importante entre los consumidores? 
Lo mismo le podría decir sobre el tema de la eliminación de la columna vertebral, en el tema de los materiales de riesgo. 
Se está hablando de la eliminación de la columna vertebral solamente para dos Estados miembros y animales de más de 30 meses; hay unas derogaciones para algunas Estados miembros, pero ¿cuáles? , ¿por qué estas derogaciones? , ¿por qué el día 7 de febrero de este año el Comité Veterinario Permanente ha realizado la evaluación para eliminar la columna vertebral en animales de más de 12 meses? 
¿Dónde está la armonización? 
Es muy difícil, señor Comisario, que se dé garantía de seguridad al consumidor en la carne de vacuno cuando hay estas disfunciones legislativas. 
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(EN) Es importante saber de qué estamos hablando. 
Entiendo que su señoría me está preguntando por la medida establecida la semana pasada en el Comité Veterinario Permanente de retirada de la columna vertebral, que es distinta de la médula espinal. 
La médula espinal hace mucho tiempo que se definió como un material específico de riesgo y hace mucho tiempo que ha sido retirada como tal en muchos Estados miembros; ahora ha sido retirada por ley en la Unión Europea por todos los Estados miembros desde el 1 de octubre de 2000. 
Si se refiere usted a la columna vertebral, respondería a ese aspecto de su pregunta diciendo que la propuesta que presenté al Comité Veterinario Permanente antes de su decisión de la semana pasada se basaba en el asesoramiento del Comité Científico Director. 
La situación es que algo más del 95% de la infección se localiza en al material específico de riesgo del animal infectado. 
Los científicos consideran que la retirada de la columna vertebral puede suponer otros dos puntos porcentuales de tal forma que, en el conjunto de la cuestión de la retirada de materiales específicos de riesgo, se trata de una medida ultra-preventiva. 
A la hora de aconsejar sobre si debía tomarse esta medida, el Comité Científico Director examinó las pruebas disponibles procedentes de los Estados miembros y llegó a la conclusión de que era apropiado retirar la columna vertebral en circunstancias en las que los Estados miembros no tuvieran un régimen sustancialmente libre de EEB o no dispusieran de medidas de control que fueran equivalentes a una muy baja incidencia de EEB. 
Teniendo en cuenta este consejo, se llegó a la conclusión de que era adecuado conceder exenciones a cinco Estados miembros a los que usted se refiere, dos de ellos porque tenían medidas de control muy rigurosas y los otros tres porque se encontraban en la categoría 2 de la evaluación geográfica de riesgo que fue publicada el pasado mes de julio, y, por tanto, estaban calificados como de muy bajo riesgo. 
En consecuencia, se concedieron las exenciones en esas circunstancias. 
Se trata de una medida a escala comunitaria. Se aplica a todos los Estados miembros. 
Sin embargo, en aquellas circunstancias en las que es apropiado, en las circunstancias particulares de un Estado miembro concreto, y atendiendo estrictamente al consejo de los científicos que me asesoraron, se consideró adecuado permitir excepciones. 
El asesoramiento en que se basó esa decisión no provino sólo el Comité Científico Director, sino que el Comité Veterinario Permanente llegó a la misma conclusión, al igual que la Comisión. 
Esta fue una respuesta justificable. 
Hay muchos Estados miembros que opinan que fui demasiado lejos. Hay otros Estados miembros que opinan que no he ido lo bastante lejos. 
En estos casos, intentamos lograr respuestas proporcionadas. 
En cuanto a los 24 meses, supongo que se refiere usted al hecho de que se exija hacer pruebas a los animales de más de 30 meses. 
Hay un Estado miembro que ha reducido, para su propio territorio, esa edad hasta los 24 meses, pero eso no tiene absolutamente ninguna implicación para el comercio entre ese Estado y los demás Estados miembros; ese Estado miembro ha llegado probablemente a la conclusión de que valdría la pena bajar hasta los 24 meses teniendo en cuenta el perfil de edad de un par de casos positivos que se habían detectado. 
Estoy sustancialmente de acuerdo con el fundamento de su pregunta, es decir, que es mejor disponer de medidas comunitarias generales que de medidas individuales, pero a veces puede estar justificada una medida particular distinta en cierto modo de la medida comunitaria cuando se dé una situación exclusiva particular de un Estado miembro. 
Pregunta nº 56 formulada por (H-0021/01): 
Asunto: EEB, consumo de huesos de vacuno La ministra española de Sanidad ha provocado la preocupación de los consumidores españoles al aconsejar a "las amas de casa" que no compren "carne de ganga" y que no echen huesos de vaca en el caldo. 
¿Considera la Comisión que existe algún vínculo entre el precio de la carne en el mercado y las garantías que ésta ofrece al consumidor? 
¿Piensa la Comisión que los huesos de vacuno presentan riesgos, de manera que haya que prohibirlos? 
¿Existe algún Estado miembro en el que esté prohibida su venta? 
De ser así, ¿se trata de una prohibición indiscriminada o sólo afecta a un determinado tipo de huesos? 
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(EN) La legislación comunitaria en materia de higiene se aplica a todas las carnes o productos derivados de la carne con independencia de su precio, garantizando el mismo nivel de protección al consumidor. 
No es aceptable que la carne barata sea menos segura que la carne más cara. 
La Comisión sigue muy de cerca todas las cuestiones relacionadas con materias que pudieran suponer riesgos en cuanto a las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
En este sentido, transmitió al Comité Científico Director el importante mandato de revisar la actual lista de los llamados materiales específicos de riesgo en el caso de que se dispongan de nuevas pruebas científicas en este campo. 
En junio de 2000, la Comisión adoptó la Decisión 2000/418/CE que exige la retirada de los alimentos y de la cadena alimentaria de una serie de tejidos bovinos, ovinos y caprinos. 
En concreto, establece que los huesos del cráneo del ganado de más de 12 meses de edad han de ser prohibidos en todos los Estados miembros. 
Además, amplía la lista de materiales específicos de riesgo con el fin de incluir también la columna vertebral de los animales bovinos de más de 30 meses de edad en el Reino Unido y Portugal. 
A raíz de posteriores opiniones del Comité Científico Director, la Comisión presentó una propuesta en la reunión del Comité Veterinario Permanente de 7 de febrero, que señalaba a la columna vertebral como un material específico de riesgo que ha de retirarse y eliminarse en el ganado de más de 12 meses. 
Esta propuesta fue aceptada por el Comité Permanente Veterinario y, cuando se adopte formalmente, se exigirá a los Estados miembros que garanticen la retirada de la columna vertebral. 
Esto puede llevarse a cabo en el punto de venta, esto es, en las carnicerías, desde el 31 de marzo de 2001. 
La propuesta preveía excepciones a la obligación de retirar la columna vertebral, sobre la base de las opiniones del Comité Científico, para cinco Estados miembros- Austria, Finlandia, Portugal, Suecia y Reino Unido. 
Esta excepción está condicionada a que se continúe y se mejore el control de presencia de EEB en esos Estados miembros, exigiéndose un aumento de las pruebas a determinadas categorías de animales. 
Las excepciones se revisarán, en caso de ser necesario, a la luz de los resultados de estas pruebas y de posteriores consejos científicos. 
Señor Presidente, yo creo que la Sra. Redondo lo ha expresado muy bien en su intervención y que, efectivamente, en esto de la crisis de la EEB hay Estados miembros que son los alumnos aventajados, que preparan los exámenes con meses de anticipación, y otros, como el nuestro, como el Gobierno de mi país, que son los últimos de la clase, que preparan los exámenes cinco minutos antes y que cuando los suspenden echan la culpa al profesor. 
Y el profesor es usted, señor Comisario. 
El Gobierno español conoció el primer caso de EEB en octubre, aunque lo ocultó hasta diciembre. 
La falta de transparencia y la improvisación con que el Gobierno de mi país está actuando frente a esta crisis se hallan, a mi juicio, en el origen de la enorme caída del consumo en España, que está pagando el sector ganadero, y sobre todo el de mi región, Galicia, donde las vacas son un elemento de cohesión social y, más que eso, son- como dice un escritor conocido y admirado- un tótem. 
Por eso le pregunto: ¿puede el señor Comisario dar garantías a los consumidores de que en España se cumplen ahora plenamente las medidas adoptadas por la Unión Europea? 
¿Hay alguna medida futura para la que tendríamos que irnos preparando? 
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(EN) Como decía en respuesta a una pregunta anterior, yo creo firmemente que la aplicación de las medidas de seguridad es de importancia capital y que esta aplicación debe realizarse de modo riguroso en todos los Estados miembros. 
He escrito a los Estados miembros, estoy periódicamente en contacto con los Estados miembros, trato este asunto en el Consejo de Agricultura con bastante frecuencia, y los ministros de agricultura y los gobiernos de los Estados miembros son plenamente conscientes de la importancia de la aplicación de las normas. 
Estoy de acuerdo con usted en que en caso de fallos en la aplicación de las normas que hemos establecido, se puede producir una pérdida de confianza por parte del consumidor. 
Si los consumidores tienen la sensación de que las leyes que hemos establecido en su beneficio no se aplican plenamente pueden considerar que se encuentran en riesgo. 
Creo que todos los Estados miembros entienden ahora totalmente la importancia que tiene esto. 
Pudo haber en el pasado alguna laxitud en algunos Estados miembros pero estoy bastante convencido ahora, tras observar la situación y escuchar las observaciones, en especial, de los ministros de agricultura y sanidad en los diversos Consejos, que se percibe completamente la necesidad de aplicación plena de la legislación. 
Hay esfuerzos renovados por lograrlo en todos los Estados miembros en beneficio de la salud del consumidor. 
Señor Comisario, ¿sabe usted, y está de acuerdo con ello, que en España la Guardia Civil es la nueva autoridad encargada de velar por la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos, que es ella la encargada de garantizar la seguridad alimentaria en materia de EEB? 
¿Sabe usted que la Guardia Civil no informa de la personalidad de algunos de los detenidos por fraude de harinas cárnicas? 
¿Está usted de acuerdo? 
¿Sabe usted que esta tarde el Sr. Fischler nos ha dicho, en este hemiciclo, que no es necesario sacrificar todas las reses en una explotación en la que se declara un solo caso? 
¿Y sabe usted que el Ministro de Agricultura español- a la Ministra de Sanidad no la dejan hablar- está diciendo que hay que sacrificar absolutamente todas las reses? 
¿No es esto una contradicción? 
¿Sabe usted que lo que está recibiendo el ciudadano es esta información contradictoria y caótica? 
¿Qué me dice de lo de la Guardia Civil? 
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(EN) Señor Presidente, imagino que la participación de la Guardia Civil en estas circunstancias se refiere probablemente a lo que usted mismo ha señalado: cuando hay un incumplimiento de la ley por alguna instalación cárnica o por alguien que sea responsable de la manipulación de carne, puede muy bien haberse producido un delito y, en tales circunstancias, es probablemente adecuada la investigación penal. 
No dispongo de información detallada sobre los pormenores de la participación de la Guardia Civil en este asunto concreto pero supongo que tal participación obedece a lo que he señalado. 
En respuesta a su pregunta sobre el sacrificio de todas las reses cuando una prueba dé positivo, en la actualidad corresponde al Estado miembro en cuestión determinar si es adecuado sacrificar todas las reses o no. 
Es una cuestión que corresponde decidir al Estado miembro. 
En algunos Estados miembros se hace eso. 
En otros Estados miembros se decide matar a todas las cohortes, lo cual es, evidentemente, una medida de defensa o protección distinta que algunos opinan que es tan buena como la otra o incluso mejor. 
Como he dicho, corresponde a cada Estado miembro decidir cómo responder en estas circunstancias. 
También quisiera llamar su atención sobre el hecho de que el reglamento sobre encefalopatías espongiformes transmisibles se encuentra ahora en el proceso de trámite legislativo, como señalaba en respuesta a una cuestión anterior. 
El reglamento prevé el sacrificio de todas las reses y la matanza de las cohortes y prevé también otras medidas que el Estado miembro notifique a la Comisión y que la Comisión, a través de sus asesores científicos, tenga constancia de que supone al menos el mismo grado de protección para la salud del consumidor. 
Esas otras medidas pueden permitirse en esas circunstancias. 
En respuesta a su pregunta sobre el sacrificio de todas las reses, la decisión al respecto corresponde enteramente a la competencia del Estado miembro. 
Señor Presidente, quisiera preguntarle al Sr. Comisario concretamente: ¿son los huesos para el caldo, que no sean los de las vértebras o los del cráneo, totalmente seguros y aptos para el consumo? 
¿Es apto para el consumo el osso buco, que creo que se hace de la pata del ganado, y es apto para el consumo el rabo de buey, que supongo que, en realidad, es una extensión de las vértebras? 
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(EN) Como he indicado en la parte anterior de mi respuesta, los huesos cuya retirada se exige son los especificados como material de riesgo. 
Cualquier otra parte de un animal que no esté incluida dentro de la definición de material específico de riesgo es apta para el consumo humano. 
Tiene la palabra el Sr. Carnero González para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, intentaré ser preciso y rápido para dejar planteada mi sorpresa porque 8 preguntas, de otros tantos diputados y diputadas, referidas al mismo tema, el Sahara Occidental, se han incluido en el orden de examen dentro del tercer bloque de esta sesión, y de ese modo es imposible que la Comisión pueda responder. 
Me gustaría que la Presidencia del Parlamento explicara cuáles son los criterios utilizados para proceder a tales decisiones. 
Porque, sencillamente, me parecen muy poco comprensibles. 
Señor Carnero, al comenzar el turno de preguntas, he recordado cuáles son los criterios, que figuran en el Reglamento y en las directrices anexas al Reglamento y en las cartas que la Presidencia del Parlamento- no la de sesión- envía a los señores diputados. 
El problema luego es la concreción de los criterios. 
De todas formas, tomo muy buena nota de este tema, que transmitiré, como es natural, a la Presidencia del Parlamento. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 59 a 118 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente Sr. Bowe por el informe y por las posiciones adoptadas que, dada la espinosa cuestión de los organismos modificados genéticamente, es realmente una posición de equilibrio. 
¿Cuál es la conclusión? 
La conclusión es que hacen falta normas y controles. 
Seguramente tendremos que focalizar algún punto- por ejemplo, han quedado sin resolver los problemas del seguimiento y del etiquetado- sin embargo, a la vista de la absoluta necesidad de contar con una regulación, considero que la tarea se ha cumplido con creces. 
Hay que tener en cuenta asimismo que en este complejo tema de los organismos modificados genéticamente están en juego muchos elementos. Además podemos afirmar que, desde muchos puntos de vista, está en juego el propio papel de la Unión Europea en muchos de sus próximos compromisos: baste pensar en la reforma de la Organización Mundial de Comercio, en el programa de investigación que estamos a punto de adoptar, en los programas de desarrollo y de empleo, en las relaciones que surgirán de la construcción de nuevos mercados, en los procesos relacionados con la globalización en la redefinición de los procesos económicos. 
Ahora bien, en cuanto a los organismos modificados genéticamente, no nos debemos olvidar de que existen muchas realidades. 
Menciono algunos países al azar: China, Sudáfrica, Méjico que ya cultivan organismos modificados genéticamente, otros, como Cuba, que sabemos que están a punto de hacerlo, y otros más, como Nigeria, Tailandia y Filipinas, que están muy interesados en las potencialidades de la biotecnología. 
Entonces, la pregunta es: ¿Qué papel pretende desempeñar la Unión en el futuro que ya es presente? 
Considero que la respuesta más adecuada al papel del Parlamento Europeo sólo puede ser la de plantear un camino y una estrategia que reflejen una posición de implicación total. 
Esto no supone ni aceptar, ni renunciar ni mucho menos forzar o dilatar los plazos. 
Significa ante todo dar vida a una especie de green light, un semáforo verde para cualquier estudio, aplicación o patente que guarde relación con la biotecnología. 
Se trata de un resultado que el informe Bowe ha alcanzado con creces. 
Señor Presidente, el resultado de la conciliación que tenemos ante nosotros supone una mejora esencial de las normas para la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
Se endurecen los requisitos para la evaluación de riesgos. 
También deberán examinarse los efectos a largo plazo de las numerosas autorizaciones. 
Conseguimos mejorar la vigilancia y limitar en el tiempo cada autorización. 
Creo que todo esto es una contribución esencial a la protección del medio ambiente y a la protección de la salud pública. 
No obstante, tengo un par de preguntas que hacer a la Comisión sobre algunos puntos que considero importante aclarar hoy, pues siguen existiendo varias carencias en este ámbito. 
En primer lugar, quiero pedirle a la Comisión que hoy nos asegure que nosotros, cuando elaboremos legislación vertical en los diversos ámbitos relacionados con los cultivos de organismos modificados genéticamente, también cuidaremos de que la legislación vertical respete la directiva general para la liberación intencional que ahora aprobamos. 
Mi segunda pregunta toca la cuestión del etiquetado y de la trazabilidad pues realmente me parece preocupante que la Comisión no haya podido presentar una propuesta sobre el etiquetado ya en el momento actual. 
Sin embargo, también me gustaría pedir que se profundizara en la carta que han enviado el señor Comisario Byrne y la señora Comisaria Walström a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y en la que se dice que la información dada a los ciudadanos sobre los organismos modificados genéticamente será mejor. 
Creo que la palabra "mejor" no es suficiente. 
Es importante que la información dada sea completa, que no tengamos un sistema en el que todavía la información dada a los ciudadanos sobre los organismos modificados genéticamente presente un montón de lagunas. 
No nos interesa que nos den el cambiazo. 
Es importante que como consumidores tengamos verdadera posibilidad de elegir y que en este punto no se engañe en la balanza por lo que espero que hoy podamos recibir una explicación a esta cuestión. 
Además, también desearía que la Comisión me asegurara que no se admitirán nuevas autorizaciones, como se ha mencionado, hasta que las nuevas normas hayan entrado en vigor el año 2002. 
Es muy positivo que queramos plantear algunas condiciones que respondan a las nuevas normas en las autorizaciones que pudieran concederse antes de que la ley entre en vigor, pero si la ley no entrara en vigor, entonces no podría velarse por el cumplimiento de estas normas si las empresas que han obtenido la autorización, incumplieran éstas de todas formas. 
De ahí que esté convencido de que deba respetarse la necesidad de que la ley entre en vigor antes de que se comience a conceder autorizaciones según las nuevas normas. 
Es la única manera de la que podemos velar por el cumplimiento de éstas 
Señor Presidente, el ponente Bowe considera que el procedimiento de conciliación en relación con la introducción intencionada de organismos manipulados genéticamente en el medio ambiente ha arrojado un resultado satisfactorio a pesar de todo. 
El Grupo liberal puede mostrarse de acuerdo con esta postura, pero también existen aspectos negativos, por ejemplo, en relación con la protección de la biodiversidad, aunque se trata de cuestiones que debatiremos de nuevo más adelante. 
El objetivo de la nueva directiva sigue siendo salvaguardar en primer lugar la seguridad para el medio ambiente y para la salud pública. 
Lógicamente, de lo anterior se deduce que si bien se puede admitir el uso de OMG, se debe realizar un estudio, sistemático, independiente y adecuado de los posibles riesgos para el medio ambiente y para la salud pública antes de producirse la introducción. 
Un factor importante en este sentido es el control obligatorio que se incluirá una vez efectuada la introducción, así como el hecho de que la primera licencia tiene una validez máxima de diez años. 
De este modo se puede fomentar por un lado la investigación y el uso de OMG a la vez que se mantiene su control. 
Este tipo de información facilita la libertad de elección del consumidor. 
El consumidor debe poder disponer de la más absoluta seguridad acerca de si un producto determinado contiene OMG. Esto sólo se puede lograr a través de un etiquetado que excluya cualquier tipo de ambigüedad. 
Nos congratula saber que la Comisión tiene intención de presentar en breve propuestas al respecto. 
Por último, me complace en gran medida el hecho de que la Comisión haya prometido presentar propuestas en relación con las normas complementarias de responsabilidad por los diversos tipos de daños medioambientales en todas las regiones de la Unión Europea antes de finales de 2001. 
Sigue resultando de vital importancia controlar exhaustivamente todos los riesgos derivados de los daños causados al medio ambiente o a la salud pública y limitarlos con todos los medios a nuestro alcance. 
Señor Presidente, Señor Comisario, la pregunta que se nos plantea hoy es saber si, sí o no, nuestro voto de mañana supondrá el levantamiento de la moratoria sobre las autorizaciones para cultivar y comercializar organismos modificados genéticamente. 
La respuesta es clara, no. 
La moratoria debe mantenerse, pues la revisión de la directiva 90/220 no responde a todas las exigencias que nos habíamos fijado al inicio. 
Reconocemos, sin duda, algunas mejoras, entre otras en lo referente a la vigilancia biológica de las futuras zonas afectadas, a condición de que éstas puedan ser realmente conocidas; ahora bien, esto se dejará a la apreciación de las autoridades competentes. 
El compromiso final sólo responde a las inquietudes de los consumidores, que desean ver garantizada la seguridad alimentaria y evaluar plenamente el riesgo de extensión en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. 
La crisis de la encefalopatía espongiforme bovina podría haberse atajado si se hubieran tomado decisiones más valientes a las primeras señales de alerta. 
No volvamos a caer en este error. 
Que la Comisión nos presente rápidamente propuestas que garanticen la localización total de los organismos modificados genéticamente y el establecimiento de un etiquetado fiable para el conjunto de productos procedentes de organismos modificados genéticamente. 
Sólo entonces se podrá autorizar la liberación en el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente. 
Señor Presidente, tiene razón el ponente, Sr. Bowe, cuando esta tarde dice que no sólo su trabajo sino el trabajo del Parlamento ha hecho avanzar mucho esta directiva, en cuanto a las normas y al uso restrictivo de la misma. 
Sin embargo, quisiera recordar cuáles eran las preocupaciones, en la Comisión de Medio Ambiente y en este Parlamento, en la primera y segunda lecturas. 
Creo que no podemos hablar ahora de todas, con el tiempo que tenemos, pero citaré el uso de los marcadores resistentes a los antibióticos, la necesidad de respetar el compromiso de Cartagena- el convenio internacional -, la cláusula de responsabilidad civil, la prevención para que no haya una extensión de estos cultivos a otras plantas, el registro público de las plantaciones y la localización de los organismos modificados genéticamente y el tema, tan serio, de la exportación con el consentimiento y el acuerdo en primer lugar. 
Efectivamente, algunas de estas preocupaciones se han recogido en el proceso de conciliación, pero hay otras que son todavía un compromiso y algunas otras que requieren, quizá, plazos largos, por ejemplo la desaparición del uso de marcadores resistentes a los antibióticos. 
En nuestra opinión, hoy ya hay problemas de salud pública con el tema de la resistencia a los antibióticos, y hay infecciones, que se curaban con antibióticos comunes, que ya no se curan, no sólo naturalmente, sino por los productos modificados genéticamente, por presencia de otros antibióticos, por ejemplo en el ganado. 
Sin embargo, los plazos son largos y el problema ya está ahí. 
A nosotros nos parece que hay otras promesas, que son sólo promesas, que pueden cumplirse, que quizás cumpla la Comisión; pero creemos que la moratoria debe continuar hasta tanto toda esta legislación no esté vigente, señor Presidente. 
Termino diciendo que esta tarde hubo una intervención del Sr. Fischler en la que hablaba de la catástrofe económica que supone la EEB en Europa. 
No caigamos otra vez en ese error, es decir, no tomemos medidas de forma precipitada, teniendo en cuenta los intereses económicos, si eso puede traer un riesgo para la seguridad alimentaria y puede ser después una catástrofe económica, además de alimentaria. 
Señor Presidente, los últimos años nos han ofrecido un marco absolutamente nuevo: la reconversión de empresas farmacéuticas en empresas de biotecnología, la explosión del número de empresas de desarrollo de organismos genéticamente modificados, la atribución de cada vez más fondos públicos y privados de apoyo a la investigación en la esfera de la genética, la carrera legal en pos de las patentes de simientes OGM y hasta las patentes de manipulación del genoma humano, la fusión y la separación a una velocidad verdaderamente mareante de empresas de biotecnología e incluso el surgimiento de nuevas fronteras políticas y de una nueva actitud en materia de ética, agricultura, salud pública, medio ambiente, hambre y pobreza. 
En resumen, la biotecnología está provocando una auténtica revolución en la ciencia, la economía y la política. 
Una revolución de esperanza, pero también de riesgo. 
Por eso, los fundamentalismos del tipo "sí, porque sí" o "no, porque no" no nos llevan a ninguna parte. 
La respuesta está en el justo equilibrio entre la libertad de investigar y el imperativo de protección de la salud pública y del medio ambiente. 
Considero que este trabajo de revisión de la directiva relativa a la diseminación voluntaria de OGM en el medio ambiente respeta ese equilibrio, porque, por un lado, no limita la investigación y la experimentación y, por otro, establece normas más claras y más restrictivas de la liberación de OMG en el medio ambiente, protegiendo al consumidor y la biodiversidad. 
Ahora bien, la revisión de esta directiva no estará completa hasta que la Comisión presente iniciativas legislativas que apliquen sin margen para dudas los principios ahora enunciados de responsabilización medioambiental y etiquetado y rastreabilidad de los productos que contienen OGM. 
Señor Presidente, en este Parlamento se ha hablado mucho acerca de la manipulación genética. 
Alguno de nosotros cree en un futuro glorioso para la biotecnología. 
Otros se muestran escépticos y apuntan hacia los peligros, los riesgos y la incertidumbre científica. 
En las cuestiones relacionadas con los OMG, el Parlamento Europeo debe cumplir tres funciones. 
La primera tarea del Parlamento consiste en generar un punto de vista. 
Un punto de vista que indique la dirección que se debe seguir y que siente las bases del desarrollo. 
Es precisamente en este punto donde el Parlamento se ha encontrado con muchas dificultades. 
La mayoría parlamentaria oscila entre la postura de las ONG y las empresas generando una polarización que requiere procedimientos de aprobación adecuados, que garanticen la seguridad, protejan al consumidor y al medio ambiente y respeten el principio de la prevención. 
La revisión de la directiva 90/220 es equilibrada. 
Efectivamente, es la mejor del mundo. 
Creo que, junto con el ponente, nos podemos sentir orgullosos del resultado de las negociaciones. 
La segunda tarea consiste en adoptar resoluciones y posibilitar las resoluciones adoptadas. 
Debemos poner fin a la incertidumbre jurídica del sector. 
El sector se ha visto afectado en los últimos años por una situación incómoda. 
Existe una moratoria de facto aunque nunca se haya acordado. 
Debemos acabar con esta situación, aunque sólo se puede conseguir si existen suficientes garantías para los consumidores y si somos capaces de ofrecer a estos mismos consumidores suficiente seguridad jurídica. 
Los consumidores deben tener elección y la Comisión se debe encargar de ofrecer las correspondientes garantías. 
La tercera tarea del Parlamento consiste en asumir la responsabilidad. 
Si mañana votamos afirmativamente, debemos asumir la responsabilidad que ello conlleva. 
Podemos razonar nuestra elección afirmando que la situación anterior era peor y que la nueva situación sigue posibilitando la moratoria. 
Sin embargo, personalmente creo que debemos atrevernos a afirmar que esta directiva recoge suficientes garantías para conceder una oportunidad a la biotecnología en Europa. 
Se debe analizar si todos los productos se ajustan a lo establecido pero aquí no acaba nuestra responsabilidad. 
El Parlamento debe seguir insistiendo para que exista una especie de control social sobre la biotecnología. 
Los criterios no deben limitarse a los aspectos ligados con la seguridad. 
La utilidad social de los avances biotecnológicos debe considerarse a la hora de realizar el análisis por parte de las administraciones y las empresas de forma que vayamos más allá de la seguridad. 
Esto no sólo beneficia a los consumidores de todo el mundo, sino también al propio sector. 
Señor Presidente, quisiera hacer hincapié en una paradoja: las multinacionales de los productos transgénicos vegetales sostienen que ya están listas para sustituir los marcadores resistentes a los antibióticos por medios alternativos. 
Si así fuera, ¿por qué piden prolongar el uso de dichos marcadores hasta el año 2004 y en laboratorio hasta el año 2008? 
¿Acaso el hecho de que planteen sustituirlos no equivale a confesar que, en contra de lo que siempre han sostenido, son peligrosos? 
En consecuencia, hemos de recordar que todas esas plantas transgénicas que se quieren liberar en el medio ambiente y comercializar están dotadas de estos marcadores, motivo por el se configura con doble verdad y las dobles verdades son siempre mentiras. 
No estoy en contra de la ciencia, sino en contra de los científicos imprudentes que a menudo no piensan en el progreso del saber, sino en el Eldorado de las patentes. 
Acordémonos, entre otras cosas, de la EEB. 
Señor Presidente, habrá que esperar mucho tiempo antes de que se demuestre si la manipulación genética supone una bendición o una catástrofe para la humanidad y para el mundo. 
Fue el ser humano el que llevó la plaga de conejos a Australia y trajo las ratas almizcleras americanas que socavaban los diques holandeses. 
A continuación, el ser humano ha llenado el mundo de vertederos de residuos tóxicos y radioactivos. 
En tiempos recientes hemos permitido que se extendiera una epidemia de sida y que surgiera el mal de las vacas locas. 
En todos estos casos se trató de una combinación de ignorancia, impaciencia, afán de comodidad y de rentabilidad. 
Si entonces hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, habríamos actuado de otro modo. 
Si en el futuro, las personas empiezan a enfermar inesperadamente como consecuencia del consumo de nuevos productos, si las plantas y los animales existentes son desplazados por otros y si desaparece la resistencia de los seres vivos existentes ante nuevas enfermedades, sabremos que hemos cometido de nuevo un grave error. 
Por este motivo se justifica que, de momento, nos limitemos a la investigación científica y que aislemos todos los productos nuevos que se creen. 
Lamentablemente, estamos cediendo ante las presiones de las empresas que exigen que se permita la aplicación comercial. 
Se trata indudablemente de algo muy lucrativo para las empresas, aunque hipoteca al conjunto de la sociedad a largo plazo. 
La elección en relación con la manipulación parece debatirse entre el mantenimiento de la antigua normativa, que no es buena pero que contempla una moratoria, y la adopción de una nueva normativa que sea mejor pero que levante la moratoria. 
Constato que no se puede realizar una elección efectiva a partir de este documento. 
Señor Presidente, la presencia de organismos modificados genéticamente en nuestra alimentación, la incertidumbre que reina sobre sus consecuencias para el hombre y su medio ambiente son ya muchas de las preguntas de dominio público, y eso es tanto mejor. 
En Francia, la prensa se ha hecho eco ampliamente de la votación del Parlamento Europeo en segunda lectura sobre esta directiva. 
Los ciudadanos franceses, europeos, esperan una actitud clara de aquéllos a los que han elegido: los dramas de la sangre contaminada y de las vacas locas deberían, si fuera necesario, darles derecho a ello. 
Creo como algunos otros que los resultados obtenidos en el Comité de Conciliación están muy por debajo de las preocupaciones y de las inquietudes que se expresan en nuestras sociedades. 
La notoria insuficiencia de la obligación de la localización sería una provocación frente a todas aquéllas y a todos aquéllos que quieren ser informados de forma legítima. 
Sin embargo, el derecho a la información no se reconoce siempre. 
Las propuestas de reglamentación deberían garantizar un verdadero etiquetado y una localización de los organismos modificados genéticamente y de los productos derivados. 
Después, la responsabilidad de los que producen y extienden organismos modificados genéticamente debe reseñarse. 
El "lobby" de ciertos laboratorios sin escrúpulos y las multinacionales que los representan deben ser denunciados. 
Finalmente, con motivo de la última lectura de la directiva, debo subrayar la responsabilidad del Consejo, que no ha recogido todas las enmiendas que iban en este sentido desde después de la primera lectura y que hubieran permitido poner a punto otro texto. 
La adopción final corre peligro de que caduque la moratoria de hecho obtenida en 1999, cuando el principio de precaución debería, sin embargo, primar la vida y la salud de los hombres y de las mujeres frente a cualquier otra consideración, más aún cuando se trata de consideraciones financieras. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera, en primer lugar dar las gracias al ponente, el Sr. Bowe, y a los miembros de la comisión por su excelente y flexible cooperación durante la conciliación de este elemento legislativo tan complejo. 
Nos acercamos ahora al final de un largo debate que se remonta a diciembre de 1996 cuando la Comisión presentó el informe acerca de la revisión de la Directiva 90/220 sobre OGMs. 
Durante este período el público europeo ha ido conociendo cada vez más la aplicación de las nuevas tecnologías y ha planteado preocupaciones auténticas y legítimas, en especial, respecto de los distintos modos en que la biotecnología puede afectar a la vida diaria. 
A la Comisión no le cabe ninguna duda de que esta legislación responde a estas preocupaciones de una manera transparente y responsable y constituye una primera e importante piedra para la recuperación de la confianza del público y del mercado. 
A lo largo del debate varios miembros del Parlamento han recordado a la Comisión su intención de presentar propuestas adecuadas en relación con la localización y el etiquetado de los OGMs y de los productos derivados de los mismos. 
El proceso ya ha comenzado y puedo confirmar que ayer se iniciaron las consultas con los distintos servicios dentro de la Comisión acerca de un borrador de propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo en materia de localización y etiquetado de OGMs sobre el que la Comisión adoptará una decisión a principios de marzo. 
Entre otras cosas, esta propuesta garantizará que todo producto destinado al consumidor que contenga un OGM esté marcado como tal en la etiqueta. 
Garantizará también que los OGMs puedan ser identificados en todas las etapas de la cadena de producción. 
Preverá medidas de control para la retirada de productos del mercado en caso de acontecimientos imprevistos posteriores a su lanzamiento y etiquetado apropiado. 
En junio de 2001, la Comisión presentará propuestas de etiquetado dirigidas a ofrecer al consumidor más información acerca de los alimentos derivados de OGMs. 
Estamos, en concreto, considerando abandonar el criterio actual de proteína ADN. 
Este planteamiento dará a los consumidores la máxima capacidad de elección entre los productos convencionales y los genéticamente modificados. 
Estas propuestas incluirán en los sistemas de etiquetado a los alimentos procesados. 
Por último, quisiera reafirmar una vez más la intención de la Comisión de presentar antes de final del año una propuesta de directiva sobre responsabilidad medioambiental que incluirá a los OGMs. 
Como he señalado antes, nos acercamos ahora al final de un largo debate acerca de la revisión de la Directiva 90/220. 
Este texto ya incluye obligaciones jurídicas generales sobre localización y etiquetado. 
Establecerá las normas básicas para un marco legislativo global en materia de biotecnología. 
Por tanto, la adopción en este momento de la presente directiva reviste la mayor importancia para allanar el camino hacia un sistema estricto, transparente, eficiente y predecible de autorización de OGMs. 
. 
(EN) Señor Presidente, tras tres años de trabajo en este informe, es difícil no sentirse un poco emocionado. 
Después de haber oído lo que han dicho mis colegas esta noche, quisiera, antes de nada, expresar lo mucho que aprecio las amables palabras sobre mi trabajo de los últimos tres años y cuánto me complace el resultado final: un conjunto de legislación que reunirá las normas sobre OGMs más estrictas de todo el mundo. 
No hay duda de que esta Cámara y el resto de las instituciones europeas van a tomarse en serio las responsabilidades que tienen con los europeos cuando aprueben mañana esta legislación. 
Hay un punto de confusión que quisiera aclarar. 
Muchos oradores han hablado del problema de una moratoria. 
Esto es lo que se ha llamado un pacto informal de caballeros entre la Comisión y el Consejo. 
La aprobación mañana de nuestra legislación no hará nada por levantar esta moratoria ni cambiará la situación en relación con tal moratoria. 
Esa decisión tienen que tomarla los Estados miembros y la Comisión. 
Lo que hagan ellos, y no lo que hagamos nosotros mañana, determinará lo que ocurre con la moratoria. 
Lo que debemos hacer mañana es apoyar esta legislación porque sin ella no avanzaremos, sino que retrocederemos. 
Sin ella, no avanzaremos hacia un régimen de control legislativo, retrocederemos a la antigua directiva, la directiva desacreditada, que no tiene ninguna utilidad para nosotros. 
Esa directiva ha obligado a la Comisión y al Consejo a dejar en suspenso la aprobación de OGMs y ha obligado a este Parlamento a trabajar durante casi tres años para remplazarla. 
Sabemos muy bien que este es sólo el primer paso del proceso. 
Hay más legislación en curso. 
Tuvimos el privilegio- y se lo agradezco a la Comisión- de ver el borrador de esa legislación, el reglamento que a día de hoy ya está siendo sometido a consultas dentro de la Comisión. 
A primera vista, este documento parece ser un paso muy importante y muy bueno en la dirección adecuada y estoy seguro que se va a sumar a la directiva revisada 92/20 dentro de algunos meses como parte del marco legislativo para controlar los OGMs. 
Sólo puedo decir a la Cámara que debemos asumir nuestras responsabilidades. 
Debemos hacer lo que tenemos que hacer por la gente de Europa y eso es apoyar mañana esta legislación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (SGAM) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0033/2001) de la Sra. García-Orcoyen Tormo, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0661- 1998/0303 (COD) ) por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (SGAM). 
, ponente. Señor Presidente, se han cumplido casi ocho años desde la aparición, en junio de 1993, del Reglamento comunitario que permite a empresas del sector industrial adherirse, con carácter voluntario, a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 
Este Reglamento, conocido por sus siglas EMAS, inauguraba la utilización de mecanismos de mercado para que las organizaciones se comprometan, de forma voluntaria, a adoptar un enfoque más proactivo en la mejora de su comportamiento ambiental. 
De su éxito dependía en gran parte que prosperase el concepto de que el medio ambiente puede y debe integrarse en la estrategia empresarial como un factor más que proporciona, además de seguridad medioambiental, valor añadido al propio negocio. 
Supone un importante cambio de mentalidad para el mundo de los negocios el considerar el respeto al medio ambiente como un factor más de competitividad y progreso, en lugar de como una molesta obligación legal, en muchos casos de gravoso coste económico y con una dudosa apreciación del esfuerzo por parte del consumidor. 
Este Reglamento, revisado y actualizado, supone una importante aportación a una política medioambiental moderna, acorde con los principios del desarrollo sostenible, importante para la mejora real del comportamiento ambiental de las empresas y también para el reconocimiento de esta mejora por terceros, especialmente por el consumidor. 
Durante estos ocho años de aplicación práctica, hemos aprendido varias lecciones. 
La primera de todas ellas es su utilidad como instrumento de mercado. 
Son casi 3.100 instalaciones industriales en toda Europa las que se han adherido a este sistema, que crece en número a un ritmo muy cercano al 50% anual. 
A pesar de este importante desarrollo, todavía hay potencial de avance. 
Por ello, el nuevo reglamento incorpora numerosas consideraciones que facilitan la participación de las empresas europeas en este sistema de mejora ambiental. 
Cabría destacar la ampliación del ámbito de aplicación a todo tipo de organizaciones, incluido el sector servicios, y la posibilidad de incorporación de la propia administración pública, el establecimiento de incentivos y la consideración especial, por parte de las administraciones públicas hacia las empresas certificadas a la hora de la concesión de contratos públicos, la promoción de la participación de las pequeñas y medianas empresas, la coordinación entre el sistema europeo y otros sistemas internacionales de certificación ambiental. 
En este último aspecto se ha realizado una importante simplificación y unificación de la nomenclatura y los requerimientos, que clarificará de forma notable el papel que debe desempeñar EMAS en el contexto europeo. 
Otra de las lecciones bien aprendidas ha sido la necesidad de mantener e incluso intensificar la credibilidad del sistema. 
En este texto se han intensificado las medidas que aseguran su calidad y credibilidad, así como el acceso del público a la información. 
El papel de la declaración medioambiental se ve potenciado, así como el trabajo de los verificadores ambientales, quienes han de constatar que las organizaciones cumplen con los requisitos correspondientes del presente Reglamento. 
Estos requisitos han sido, asimismo, reforzados con las enmiendas del Parlamento, entre las que destacan: la obligación de cumplir la legislación ambiental por parte de las empresas adheridas; el establecimiento de estándares de mayor exigencia en la cualificación y formación de los verificadores ambientales que acreditan a las empresas; la realización de informes públicos de comportamiento ambiental de las empresas, dotados de absoluta credibilidad frente a terceros; una mayor implicación de las partes interesadas en el proceso de control y seguimiento del comportamiento ambiental de las empresas y, en especial, de los trabajadores y usuarios; una ampliación de la responsabilidad ambiental, que va más allá de las instalaciones de la empresa, al incluir indicadores de comportamiento de productos y servicios, en línea con el enfoque de las nuevas directivas ambientales; y también un incremento del papel de los órganos de coordinación con objeto de facilitar la aplicación del sistema de forma homogénea en los diferentes Estados miembros. 
Para llegar a estos resultados que acabo de mencionar, he de decir que el proceso de conciliación ha sido extremadamente positivo e interesante. 
Llegamos al mismo con 24 enmiendas, de las cuales sólo 4 fueron aceptadas sin modificación y 3 retiradas en el curso de la negociación. 
Las enmiendas aceptadas mediante fórmulas de transacción fueron 20, lo cual da idea de la intensidad y del éxito de la negociación. 
Quiero, por tanto, agradecer el trabajo que han desarrollado durante este período los técnicos del Parlamento, los de la Comisión y los del Consejo, así como los componentes del Comité de conciliación, por su disposición a reforzar de forma decidida esta Directiva. 
Creo que el Parlamento Europeo puede considerar muy satisfactorio el resultado final de la conciliación, puesto que la gran mayoría de sus enmiendas han sido incorporadas íntegramente o en forma revisada al texto conjunto, y propongo, por tanto, que se apruebe mañana en sesión plenaria en tercera lectura. 
Señor Presidente, la ponente ya ha dicho que el Parlamento Europeo ha contribuido a regular más estrictamente EMAS II, tal como se llama, y a no dejar que se agüe demasiado y el comité de conciliación no se ha dejado doblegar ni se ha apartado de las exigencias esenciales de este sistema voluntario de auditoría ecológica. 
Precisamente porque se trata de un sistema voluntario de auditoría ecológica tenemos que proporcionar credibilidad a este sistema, lo que hemos logrado imponer con éxito frente al Consejo. 
Creo que ha sido una exigencia mínima que en EMAS II se respetase la legislación actual de medio ambiente. 
Habría sido una vergüenza si en la tercera lectura hubiese fracasado. 
Hemos logrado mayor transparencia, es decir, una mejor información de la opinión pública llegando a los círculos interesados. 
Para mi organización ha sido también muy importante que se llegase a una participación activa de los trabajadores y de su representación en la organización. 
Se ha discutido mucho sobre esta exigencia y por lo visto esta formulación algo complicada, tal como figura actualmente en el texto, satisface a las y los representantes del Consejo más que una exigencia muy clara, tal como formuló el Parlamento Europeo al principio. 
A pesar de ello, para mi Grupo político está bien y quiero subrayar de nuevo en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos que en EMAS tanto la legal compliance como la participación de los trabajadores y su representación son importantes y espero la evaluación por parte de la Comisión con gran interés. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente de este informe porque el resultado final ha sido bueno para el Parlamento. 
Yo también considero que es de suma importancia el hecho de que se haya partido de la base de que lo primero es reconocer la legislación vigente y, como complemento, se podrán contraer estos acuerdos voluntarios. 
En efecto, a partir de esta base podemos pensar que también en el futuro se puedan contraer nuevos acuerdos con las empresas. 
Hay que definir con claridad los ámbitos en los que, dentro del marco de la legislación, se intentan alcanzar con más rapidez, y tal vez con más eficiencia también, los objetivos importantes desde el punto de vista medioambiental. 
Esta propuesta amplía ahora el sistema existente desde el año 1993, acogiendo también a diferentes organizaciones con implicaciones medioambientales. 
Ya no hablamos sólo de empresas del ramo industrial, lo cual es positivo. 
La actividad en las cuestiones medioambientales es importante, además de para el medio ambiente, también para las propias empresas. 
El consumidor actual sopesa cada vez más el impacto medioambiental de los productos a la hora de decidirse a comprar. 
Se ha dicho, con toda la razón, que la aplicación eficiente de este sistema presupone el compromiso del personal con los valores comunes. 
Esto implica, a su vez, proporcionar información a los trabajadores, pero dándoles también la oportunidad de aportar sus propias iniciativas en el desarrollo de las actividades respetuosas con el medio ambiente. 
Es requisito indispensable para adherirse al Sistema de gestión y auditoría medioambiental que los solicitantes se comprometan a redactar y a publicar periódicamente declaraciones medioambientales acreditadas por verificadores ambientales cualificados e independientes 
. 
(EN) Creo que a todos nos complace el que el reglamento SCGAM que la Comisión propuso en octubre de1998 entre ahora en la fase final de adopción. 
El reglamento SCGAM que están ustedes analizando creará un sistema de gestión medioambiental sólido que pueda hacer posible que organizaciones de muchos sectores de actividad mejoren su actuación medioambiental. 
Proporcionará una respuesta adecuada a la necesidad de concienciar tanto a los sectores públicos como privados de sus responsabilidades respecto a nuestro medioambiente en el que sus actividades repercuten. 
Por último, y no por ello menos importante, el reglamento SCGAM dará lugar a la difusión de información medioambiental fiable y facilitará la interacción entre distintos grupos de interés. 
Esto supondrá un paso importante que contribuya a tender puentes entre agentes económicos y autoridades públicas, por un lado, y ciudadanos, por el otro. 
Por consiguiente, acojo con gran placer el acuerdo sobre un texto conjunto alcanzado el 22 de noviembre de 2000 por el comité de conciliación. 
Me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. García-Orcoyen Tormo, así como a los miembros de la delegación parlamentaria y al comité de conciliación. 
Permítanme también expresar mi deseo de que las instituciones europeas den ejemplo de contribución al desarrollo del SCGAM aplicándolo ellas mismas. 
Esto será bueno para el medioambiente y beneficioso para la credibilidad de las instituciones europeas. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Complementos alimenticios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0025/2001) de la Sra. Emilia Franziska Müller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 222- C5-0234/2000- 2000/0080 (COD) ) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios. 
Señor Presidente, me gustaría pedir la palabra para una cuestión de orden. 
La propuesta de directiva a cuyo debate se va a proceder debe ser desestimada en virtud del artículo 143 del Reglamento que establece que al abrirse el debate sobre un punto del orden del día, se podrá presentar una solicitud cuyo objeto sea rechazar el debate sobre este punto por razón de inadmisibilidad. 
Presento esta solicitud y la razón por la que pienso que la propuesta de directiva debe ser desestimada es que, en mi opinión, ésta choca con el Tratado. 
Choca con el artículo 152 del Tratado que atañe a la salud pública y no cabe ninguna duda de que esta propuesta de directiva está enteramente motivada por la intención de garantizar la salud de la población. 
En el artículo 152 queda establecida la posibilidad de aprobar medidas de incentivación, pero sin que éstas supongan forma alguna de armonización de las leyes y de las disposiciones administrativas de los Estados miembros. 
La propuesta actual contiene una armonización especialmente intensiva de las leyes y de las disposiciones administrativas de los Estados miembros y choca por ello con el artículo 152. 
He buscado inútilmente una reflexión sobre esta cuestión relativa al fundamento jurídico en la propuesta de la Comisión y en el informe de la Sra. Müller. 
Creo que el debate de esta propuesta debe ser rechazado hasta que se haya clarificado si hay o no problemas con el fundamento jurídico de la propuesta y solicito una votación. 
¿Hay algún orador a favor de esta propuesta? 
Señor Presidente, me gustaría hablar en favor de la propuesta, pues es obvio que el Parlamento debe ceñirse a la base que fija el Tratado. 
Si hay la más mínima sospecha de que el Parlamento atraviesa los límites de la base del Tratado, debemos detener el debate hasta que esta cuestión haya sido dilucidada. 
¿Hay algún orador en contra de la propuesta de considerar inadmisible el informe? 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, si la Comisión nos presenta una propuesta de directiva, parto del hecho de que esto jurídicamente es también correcto. 
Por este motivo se me ha nombrado también ponente. 
Soy asimismo de la opinión de que debemos votar aquí muy claramente sobre esta directiva. 
Hemos escuchado una intervención a favor y otra en contra. 
Para que no quede ninguna duda: quien vota a favor considera inadmisible este informe; por el contrario, quien vota en contra lo considera admisible y, en consecuencia, vamos a proseguir el debate. 
Señor Presidente, ante un asunto de esta importancia, es necesario que les señalemos a aquéllos que todavía están en estas instalaciones que se va a llevar a cabo una votación. 
Es muy rara que se convoque una votación cuando están presentes alrededor de 12 miembros en la Cámara. 
Muchos otros en el exterior no tienen en absoluto conocimiento- como lo tenemos los que estamos aquí porque se da la circunstancia de que deseamos intervenir en este debate- de que se está tratando este asunto. 
Si hay alguna forma de poder avisar a los que están en las instalaciones del Parlamento de que se va a celebrar una votación y aplazarla hasta que estén presentes, quizás obtengamos un resultado más representativo. 
Señor Whitehead, no me posible informar a los diputados que están presentes en el edificio. 
Quien desea estar en el Pleno sigue los trabajos. 
Se procede a la votación de la propuesta. 
Señor Presidente, no es habitual ver como la gente se comporta de manera tan poco democrática, criticando durante la votación, pero aun así hemos votado. 
Lo que debe hacer, señor Presidente, es dar a conocer el resultado de la votación para que podamos continuar con el debate con normalidad. 
Creo que es la única y la mejor forma de tratar un tema del que ya hemos hablado en tantas ocasiones. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
Señor Presidente, hoy debatimos una directiva importante. 
El mercado de los complementos alimenticios crece con rapidez. Esto guarda relación con el estilo de vida y con las costumbres alimenticias. 
También guarda relación con la incertidumbre del consumidor con respecto a su propia salud. 
La salud de uno mismo es lo más importante. 
Los complementos alimenticios pueden contribuir a mejorar la salud, de modo que quien se lo puede permitir, compra salud. Sin embargo, también debemos constatar que quien se siente inseguro se suele dejar embaucar a la hora de comprar salud y que la calidad no siempre está garantizada. 
Por este motivo, debemos separar el grano de la paja. 
El consumidor tiene derecho a disponer de productos seguros y a recibir una información adecuada. 
No existe un mercado interno pero sí numerosas normas nacionales. 
Esto resulta incómodo pero el grupo PSE considera que se debe anteponer la protección al consumidor. 
Las diferentes normas nacionales, la incertidumbre acerca de la seguridad de los productos, y un mercado en plena expansión son indicios de que se requiere urgentemente una directiva europea que regule los complementos alimenticios. 
Por este motivo tiene tanta importancia la propuesta de la Comisión. 
Ésta ha sentado claramente las bases para determinar la cantidad máxima y segura de vitaminas y minerales. 
Quisiera felicitar a la Sra. Müller por su enfoque consecuente, experto y serio. 
En nombre del Grupo PSE mencionaré tres cuestiones. 
En primer lugar, el alcance de la propuesta. 
La Comisión propone que sólo se sometan al ámbito de aplicación de la propuesta las vitaminas y los minerales. Esta postura resulta comprensible pero no se ajusta a la situación creada. 
Los complementos alimenticios también incorporan extractos de especias, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. 
En lo que a mí respecta, creo que es importante definir un ámbito de aplicación lo más amplio posible. Se trata de incluir sustancias que desempeñen una función tanto nutritiva como fisiológica. 
La ventaja de una definición tan amplia es la seguridad jurídica que supone para los productores y la amplia selección de productos seguros que se ofrece a los consumidores. 
El segundo punto que deseo tratar es la necesidad de realizar pruebas científicas. 
El aspecto más importante de la propuesta es, sin duda, el que establece que sólo se permitirán aquellos ingredientes que hayan superado pruebas científicas. 
Las cantidades máximas permitidas se establecerán en virtud de los criterios fijados en el artículo 5. 
Esta es la base sobre la que asentar la confianza de los consumidores. 
Obviamente, cada país podrá decidir por sí mismo si permite el uso de ingredientes que no hayan sido probados. 
Esta directiva no va a modificar este aspecto. 
Sin embargo, considero que no pueden comercializarse así como así en el mercado interno. 
Para ello se deberá realizar primero una investigación científica y el correspondiente visto bueno. 
Por último, quisiera decir algo acerca del etiquetado. 
Es fundamental que la información sea correcta y que se avise acerca de los riesgos de excederse en la dosificación. 
Una alimentación correcta es clave y contribuye a una buena salud. 
Ningún consumidor debe realizar ningún desembolso como consecuencia de la desinformación y ningún consumidor debe sentirse obligado a comprar salud. 
Mi conclusión es que se trata de una propuesta magnífica. 
De nuevo quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la ponente. 
Apoyamos encantados este informe siempre que se garantice que los ingredientes han sido sometidos a pruebas científicas. 
Señor Presidente, más de mil seiscientos millones de euros, esta es la cifra de ventas realizadas en 1999 en la Unión, solo en vitaminas y en substancias minerales, sin hablar de los demás complementos alimenticios. 
Esto significa, en resumidas cuentas, que se han convertido en un verdadero fenómeno de moda, lo cual es bastante natural. 
Tener y mantener una buena salud es probablemente el deseo más ampliamente compartido. 
Cada día, por tanto, millones de ciudadanos europeos consumen millones de cápsulas, de sobres o de ampollas. 
Esto significa también que era urgente y necesario reglamentar en Europa este mercado en plena expansión, pero poco transparente y sobre todo, ya se ha dicho, muy diferente de un Estado miembro a otro. 
Se trata de variaciones a veces muy importantes, que afectan a la composición del producto, a su dosificación, a los criterios de pureza, al etiquetado o incluso a los procedimientos de autorización. 
Por tanto, había que cubrir estas lagunas con el fin de proteger y de informar mejor y lo más exactamente posible al consumidor, permitiendo al mismo tiempo la libre circulación de las mercancías dentro de la Unión. 
Todo el mundo estará de acuerdo en ello. 
En el momento de la votación sobre el excelente informe de la Sra. Muller, a la que nosotros también felicitamos, la Comisión de Medio Ambiente ha incluido en la definición de complementos alimenticios no solamente las vitaminas y minerales, sino también otras substancias que figuran en los anexos. 
Nuestro objetivo era procurar que en el plazo previsto la directiva pudiera cubrir todos los complementos alimenticios ya presentes en el mercado europeo, con el fin de que los consumidores europeos se beneficien de la misma garantía de seguridad. 
Con este mismo espíritu nuestro Grupo ha presentado tres enmiendas suplementarias, las enmiendas 33, 34 y 35, igualmente presentadas, con otros números, por los socialistas, y que proponen incluir en el campo de la directiva las substancias con funciones fisiológicas, es decir substancias no nutricionales, pero esenciales para el bienestar de cada uno. 
Las fibras, conocidas por tener efectos beneficiosos para la digestión, al igual que los extractos de plantas, forman parte de ellas. 
Esta propuesta, lo resalto, ya figuraba en el texto de la presidencia francesa y se encuentra actualmente en el de la presidencia sueca. 
Si nos hemos reunido hoy, es para crear un marco jurídico con el fin de armonizar la comercialización de estos complementos alimenticios. 
No debemos crear un vacío jurídico en torno a los ingredientes con funciones fisiológicas. 
Millones de consumidores no lo entenderían. 
Señor Presidente, acojo muy favorablemente los principios rectores de esta directiva, es decir, la seguridad del consumidor y el mercado único. 
La norma básica que subyace a la legislación sobre seguridad alimentaria es que la seguridad debería basarse en una evaluación científica del riesgo y que los consumidores deberían poder comprar aquellos productos de su elección siempre que sean seguros. 
Es importante que los requisitos de seguridad constituyan la base de la directiva, y no cantidades diarias recomendadas arbitrarias que serían innecesariamente restrictivas y no tendrían relación con la seguridad. 
En el R.U. y en Irlanda tenemos, de hecho, un régimen liberal y los consumidores no quieren que se restrinjan sus derechos. 
La mayoría de las vitaminas y de los minerales tienen una función nutritiva evidente; otros ingredientes que se incluyen en los complementos no son nutrientes y, por tanto, no tienen una función nutritiva pero tienen una función fisiológica. 
La definición de complemento alimenticio de la directiva debería reflejar todos los complementos. 
Si se excluyen ahora algunos productos de la definición general, existe el peligro de que dichos productos se encuentren en el futuro fuera del ámbito de aplicación de la legislación y sigan sin estar regulados. 
Les recomiendo encarecidamente que tengan en cuenta la función fisiológica que, por desgracia, la ponente- y yo no estoy de acuerdo con ella- pidió que se excluyera del informe. 
Señor Presidente, a raíz del debate por el Parlamento de la propuesta de directiva relativa a la aproximación de las normas en materia de complementos alimenticios he recibido cientos de peticiones en forma de aproximadamente 500 firmas de protesta y una larga serie de extensas cartas y correos electrónicos de daneses normales y corrientes preocupados y de profesionales nerviosos por que se limite su acceso a los complementos alimenticios. 
Supongo que no sólo son los consumidores daneses quienes muestran este gran interés por la directiva. 
El hilo conductor de todas las solicitudes es que una serie de expertos han puesto seriamente en duda los exámenes que muestran cómo especialmente las vitaminas C, E y A pueden ser perjudiciales en altas dosis y que experiencias concretas de tratamientos alternativos parecen demostrar que las dosis elevadas de estas vitaminas han tenido un efecto positivo y libre de efectos secundarios. 
Una afirmación se opone a la otra. 
Puesto que la necesidad de vitaminas depende de una larga serie de factores que son diferentes en cada país miembro tales como qué clima hace y qué vitaminas aparecen en la dieta tradicional, la cuestión es si este ámbito es adecuado para ser objeto de armonización por la UE. 
Ole Krarup manifestó asimismo dudas sobre la base jurídica. 
Cuando se consideran estas diferencias y se toman en serio los grandes intereses de los consumidores, mi conclusión es que hay que votar no a la propuesta de directiva. 
Las normas para los complementos alimenticios deben ser establecidas en el plano nacional, donde tanto cada consumidor como las organizaciones de intereses tienen mayores posibilidades de ver oídos y dilucidados sus puntos de vista y donde los legisladores también tienen por ello más posibilidades de valorar las diversas posturas. 
Señor Presidente, siento que la mayoría de los que intentaron detener este debate no se hayan tomado la molestia de quedarse a escucharlo. 
Felicito a la ponente por su informe y por todo el trabajo que ha dedicado al mismo. 
Los complementos alimenticios pueden ser un tónico o una ayuda para la salud. 
Sólo en casos raros la naturaleza del complemento o la naturaleza de una persona suponen que una dosis demasiado grande pueda ser perjudicial, y, por ello, durante generaciones, nosotros y otros países hemos establecido límites seguros superiores. 
Con estos y con un etiquetado apropiado, el consumidor puede elegir de manera segura, libre e informada. 
En Gran Bretaña, Irlanda y otros lugares no hemos seguido el camino de algunos otros Estados miembros de asumir las cantidades mínimas diarias recomendadas que fueron establecidas por el gobierno estadounidense en 1943 para evitar que los soldados que servían en Europa padecieran el escorbuto o el beriberi, y tratarlos como la base para la dosis máxima antes de su clasificación como producto farmacéutico. 
Nosotros tememos que ese camino conduzca a costes más elevados para los consumidores o suponga un incentivo para que se utilicen proveedores extranjeros no regulados. 
Creemos que los dos sistemas pueden coexistir. 
Esa es la finalidad de la Enmienda 50, en mi nombre y en el de la Sra. Doyle y otros. 
Permite que la cantidad diaria recomendada se tenga en cuenta cuando se está cerca del límite de seguridad superior. 
Creo que la lista positiva, tal y como está, es demasiado limitada. 
Deberíamos, como mínimo, ampliarla con las enmiendas a tal efecto. 
El etiquetado debe hacer posibles mensajes de salud precisos, como en el caso del ácido fólico. 
Por último, yo apoyo la reincorporación de la palabra "fisiológica" junto a "nutritiva", porque, de otro modo, un número significativo de artículos a la venta que hoy se aceptan pueden correr el riesgo de ser prohibidos. 
Esta palabra fue incluida, creo, a instancias del grupo de trabajo de expertos del Consejo. 
El ácido fólico es un ejemplo. 
Estos puntos de vista no son sólo los míos y de mi delegación. 
Son los puntos de vista del gobierno laborista británico y, lo que es más importante, los de la nueva UK Food Standards Agency (Agencia de Normas sobre Alimentos del R.U.) 
Señor Presidente, me complace intervenir a continuación de alguien que ha respaldado con tanto vigor al gobierno laborista, como acaba de hacerlo el Sr. Bowis. 
También me gustaría felicitar a la ponente después de la travesía a veces procelosa de su informe y de la pequeña emboscada que casi ha sufrido esta noche. 
El R.U. es el mayor fabricante- y, de hecho, el mayor consumidor- de complementos alimenticios de uno u otro tipo: vitaminas y complementos minerales de la dieta. 
Hemos sido rigurosos a la hora de asegurar que no se les atribuían propiedades falsas y por ello en el R.U. nunca se han comercializado como medicinas. 
Pero sí benefician a millones de personas que admiten que se trata de complementos, y no de sustitutos, de una dieta equilibrada. 
Nosotros creemos que los niveles de seguridad superiores son suficientes para establecer con mayor claridad la diferencia entre alimentos y medicinas. 
Evidentemente la situación es distinta en otros Estados miembros y cualquier intento de regular esta cuestión tiene sentido en el contexto general de la legislación alimentaria que está surgiendo. 
Yo respaldo la opinión de la ponente de que todas las sustancias que se hayan estado utilizando válidamente en los Estados miembros, con arreglo a las leyes de esos países, deberían seguir hasta el momento en que puedan ser sometidas a pruebas y pueda, tal vez, descubrirse que son deficientes. 
Tengo bastantes dudas de que muchas lo sean, y no creo que los propios anexos contengan nada que se parezca al número de excepciones que deberíamos ver. 
Cada día que pasa, oímos hablar de otras sustancias que generan preocupación porque pueden ser excluidas. Por ese motivo, la palabra fisiológica- y le rogaría a la ponente que se lo pensara de nuevo, incluso a esta hora tardía- es importante para las personas que sufren de verdad y que obtienen un gran beneficio de estos productos. 
Deberíamos escuchar al Comisario esta noche decir que habrá un avance mesurado hacia un análisis efectivo para el plazo requerido, es decir, 2004 o después. 
El etiquetado eficaz, para que los consumidores puedan elegir tanto el contexto como la periodicidad de lo que están adquiriendo, es la mejor forma de avanzar. 
Eso ayudará a muchos consumidores y no preocupará a ninguno. 
Señor Presidente, quiero apoyar lo que ha dicho la colega Nuala Ahern en el sentido de que también deben incluirse los productos fisiológicos. 
Sin embargo, saludo que las vitaminas y minerales se incluyan entre los alimentos pues creo que es necesario que concedamos también al consumidor informado la posibilidad de recurrir a estos productos. 
Pero también creo que la Comisión debería recapacitar porqué los alimentos pierden tantas vitaminas y porqué, por ejemplo, el brécol ha perdido en los últimos diez años el 80% de sus vitaminas. 
Estoy a favor expresamente de un etiquetado no sólo de los componentes sino también del tipo de producción. 
Hay vitaminas que son más eficaces en su estado natural que si se producen artificialmente. 
Me parece que el consumidor tiene también un derecho a saber si han sido producidas mediante tecnología genética o no. 
Voy a referirme aún a un último punto, en concreto a lo que ha dicho la Sra. Sandbaek. 
Ruego a la Comisión expresamente que no se utilice este informe para apoyar a los alimentos "Functional", pues aquí comparto la opinión de la Sra. Sandbaek de que los alimentos tradicionales no deben ser enriquecidos adicionalmente de modo artificial con vitaminas. 
Pero subrayo que saludamos que el consumidor tenga la posibilidad de abastecerse con vitaminas adicionales. 
Señor Presidente, en el R.U. no existen leyes específicas que controlen la venta de complementos vendidos como alimentos. 
De esta forma, los consumidores británicos gozan de acceso a una variedad relativamente amplia de productos con restricciones mínimas y precios competitivos. 
No se obliga a nadie a comprar estos productos y quienes los compran suelen estar bien informados sobre lo que compran. 
Por tanto, que la Comisión sugiera que aproximemos nuestra legislación sobre complementos alimenticios supone, de hecho, proponer leyes que no existen en la actualidad en el R.U. El motivo por el que el R.U. no las ha establecido es que no han sido necesarias. 
En una gran medida, el mercado se regula a sí mismo y cuando se atribuyen propiedades falsas o se comercializan productos poco seguros o potencialmente peligrosos, las estructuras legales existentes han demostrado ser adecuadas. 
Tampoco en el mercado, donde existe un comercio internacional considerable, se han experimentado especiales dificultades con la circulación de productos y se ha desarrollado un comercio saludable a través de internet, que está creciendo. 
Cabría afirmar según el admirable dicho que: "si no está roto, no lo arregles". 
Salvo la de mantener a los tecnócratas ocupados con una intromisión más en las vidas de otras personas, no existe necesidad alguna de otra ley en este ámbito. 
La Comisión no debería intentar establecerla. 
Estaríamos mejor sin ella. 
Señor Presidente, deseo felicitar sinceramente a la Sra. Müller por el gran equilibrio que ha sabido mostrar en este informe. 
En efecto, como investigador no puedo sino valorar el rigor científico con el que se ha tratado un tema tan delicado, en que se ha notado la presencia de un contexto de abigarradas posiciones a veces contrastantes entre sí. 
Agradezco a la Comisión que haya incorporado mi enmienda referente a la necesidad de seguir una good manufacturing practice en la preparación de los distintos complementos vitamínicos y minerales, ya que esto representa la máxima garantía de calidad de cara a la protección de los consumidores. 
Análogamente, con toda razón, no ha sido aprobada una posición excesivamente permisiva respecto a las dosis empleadas. En efecto, éstas se han mantenido en el ámbito de referencia cotidiano superando de esta forma la idea de que cuanto más se aumenta la dosis mayores serán los efectos. 
Como farmacólogo, debo recordar que tanto por razones farmacocinéticas como por razones farmacodinámicas y toxicológicas, por ejemplo, una dosis excesiva puede producir efectos contrarios a los deseados o, incluso, después de largos períodos de ingesta, puede causar lesiones a órganos y sistemas vitales del organismo, motivo por el cual no existe ninguna necesidad de aumentar las dosis de vitaminas y minerales hasta el máximo nivel tolerado. 
En conclusión, Señor Presidente, estimo que el documento aprobado por la Comisión puede ser definitivamente aprobado por el Pleno. 
Señor Presidente, deseo sumarme a las felicitaciones a la Sra. Emilia Franziska Müller por su excelente trabajo en esta directiva. 
Hay dos principios que presiden la legislación alimentaria comunitaria sobre los que, afortunadamente, se basa también esta directiva: la seguridad del alimento y la garantía de que la etiqueta proporcione una información adecuada y correcta. 
Es imprescindible eliminar cualquier riesgo para la salud del consumidor, provocado por la libre elección, y asegurar que éste pueda hacer su elección fundamentada en una información precisa y clara que no le lleve a confusión o engaño. 
El consumidor debe tener a su alcance unas instrucciones claras con respecto a posología y uso del producto. 
En numerosos casos, ya se ha dicho, se ha constatado que la ingesta de ciertos complementos alimenticios en dosis excesivas acarrea problemas serios para la salud; esto no es admisible y se hace necesario garantizar, desde la legislación comunitaria, una buena información homogénea en todos los Estados miembros. 
Centrándome en el artículo 2, tanto el trabajo de la Sra. Emilia Franziska Müller como el de la Comisión de Medio Ambiente en su conjunto aseguran un concepto jurídico de complemento alimenticio equilibrado. 
El ámbito de aplicación no es demasiado reduccionista ni tampoco tan amplio que permita que productos que no cumplen con lo que en sí es un complemento alimenticio puedan entrar dentro de esta definición. 
En lo que se refiere al Anexo I, creo que, finalmente, la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, que ha sido ampliada sucesivamente con enmiendas de transacción, es acertada y debe obtener la aprobación de este Parlamento. 
Con respecto al artículo 5, que recoge cuáles serán las cantidades máximas de minerales y vitaminas en los complementos alimenticios, en función de las letras a) , b) y c) de su apartado 1, creo necesario mantener estas letras, pues el enfoque que debemos desarrollar desde Europa debe ser estricto, manteniéndose un control del nivel máximo de vitaminas y minerales fundado en los niveles máximos de consumo sin riesgo. 
En este punto, quiero apoyar la idea de que un enfoque europeo debe optar por una mayor defensa del consumidor frente a una opción de mayor desregulación. 
En ese sentido, me alegro de que hayamos sido 16 contra 15. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Sra. Emilia Franziska Müller por su paciencia conmigo que le he hecho el trabajo mucho más difícil de lo que hubiera sido de otra forma. 
Francamente, ha tenido un fuerte eco en mí mucho de lo que ha dicho el Sr. Titford. 
He intentado convencerme de que una directiva como ésta era de verdad necesaria. 
Finalmente, acepto que, por ejemplo, en relación con las vitaminas solubles en aceite hay cosas que decir en cuanto a la seguridad. 
Pero después de hacer un recorrido por la literatura médica y de pedir a colegas que me indicaran las pruebas científicas y médicas, no he podido encontrar ejemplos de personas que hayan experimentado sobredosis o se hayan matado con vitamina C u otras. 
Señor Comisario, siendo uno de los Comisarios más ocupados, me fascina que esta directiva concreta haya surgido de entre el montón, dada la carga de trabajo que tiene usted. 
No puedo entender la prioridad que se le ha dado, pero acepto que haya una necesidad general de armonización sobre los niveles seguros superiores. 
Fundamentalmente, debemos guiarnos por la elección informada del consumidor y por la seguridad. 
Debemos asumir que el cociente de inteligencia del ciudadano medio europeo es razonable. 
Debemos desistir de adoptar la mentalidad del "estado niñera". 
¿Puedo sugerir que la próxima directiva- viendo que está usted en esta moda ahora- sea una directiva sobre ¡las horas de sueño! , sobre cuándo levantarse por la mañana y cuándo acostarse por la noche? 
Parece que hay una necesidad de dirigir nuestras vidas, de reducir los riesgos y de decirnos lo que hacer. 
Por favor, no me tome en serio. Pero estoy realmente frustrada con el modo en que se nos dirige. 
Los puntos relativos a los efectos fisiológicos deberían volverse a incorporar. 
Apelo, a través del Presidente, a mi colega para que lo analice de nuevo. 
Estoy bastante contrariada por el modo en que se ha rechazado la enmienda oral. 
No quiero que me digan que no puedo tomar fibra, ajo, zumo de arándanos o ácido fólico, si resulta que estoy embarazada. 
No quiero que regulen mi vida hasta ese punto. 
Esto desprestigia a la Comisión y al proyecto europeo entre ciudadanos que no son en absoluto euroescépticos. 
Apelo a usted para que consiga este equilibrio. 
Es de la mayor importancia. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero unirme a las felicitaciones a la Sra. ponente, que creo que ha hecho un trabajo excelente, así como al resto de los componentes de la Comisión de Medio Ambiente, que también han trabajado duramente. 
Uno de los objetivos de esta directiva es armonizar, y la directiva se ha elaborado- lo dice la Comisión- para eliminar los obstáculos en el comercio interior. 
Pero no armoniza plenamente, puesto que entre los Estados miembros pueden existir diferencias entre los tratamientos nacionales, por lo que se refiere a las declaraciones relativas a los productos. 
Señorías, el mercado interior no funciona. 
A finales del año 2000 el número de procedimientos de infracción incoados por la Comisión en relación con este problema se elevaba a 27. 
Según la Comisión, esta diversidad normativa ha creado obstáculos al comercio comunitario y el principio de reconocimiento mutuo no ha solucionado los problemas. 
Por lo tanto, es necesario armonizar. 
Me voy a referir en concreto a la enmienda 51, que presentamos un grupo de personas que tenemos una serie de problemas, puesto que la situación de indefinición en la que se encuentran en la actualidad las legislaciones de ocho Estados miembros podría derivar en prohibición de producción y de comercialización de estos complementos alimenticios, no recogidos en esta Directiva, una vez traspuesta la misma. 
A su vez, la legislación nacional de aquellos otros Estados miembros que regulan estos complementos alimenticios permitiría su producción y, como consecuencia de las normas del mercado interior, su comercialización en toda la Unión Europea. 
Comisario, esto no es armonizar. 
Es necesario permitir la producción y la comercialización de tales sustancias en los países donde no exista legislación nacional, siempre que su composición sea idéntica a las sustancias ya comercializadas en uno o en varios Estados miembros, mientras la normativa comunitaria, a través de sus comités científicos, amplía el ámbito de aplicación de la presente Directiva. 
. 
(EN) Señor Presidente, me complace estar aquí esta noche en el estudio de esta propuesta de directiva sobre complementos alimenticios. 
Esta propuesta pretende armonizar normas nacionales muy diversas garantizando que los consumidores van a poder elegir entre productos seguros que lleven un etiquetado adecuado y apropiado. 
Me gustaría dar las gracias a la Sra. Müller por los considerables esfuerzos que ha dedicado a la elaboración de este informe y por su apoyo general a la propuesta. 
Sé que ha tenido una misión muy difícil. 
Esto queda patente por el número de enmiendas que se presentaron en la Comisión de Medio Ambiente y por el número de enmiendas adicionales que se han presentado al pleno. 
La cuestión más delicada, a juzgar por las enmiendas presentadas, parece ser la variedad de ingredientes que pueden estar presentes en los complementos alimenticios. 
El Considerando 6 de la propuesta de la Comisión reconoce que varios nutrientes, como las vitaminas y minerales, y otras sustancias como la fibra o los extractos de plantas o hierbas, pueden ser ingredientes de los complementos alimenticios. 
En una primera fase, se establecen disposiciones específicas únicamente sobre las vitaminas y minerales que son nutrientes, porque eso es todo lo lejos que nos permite ir el conocimiento científico actual. 
La intención es establecer, en una etapa posterior, reglas específicas para otros nutrientes y otros ingredientes a medida que mejore el conocimiento científico. 
Se entiende que, hasta la adopción de disposiciones comunitarias armonizadas y sin perjuicio de las disposiciones del Tratado, las disposiciones nacionales sobre estos y otros nutrientes e ingredientes pueden ser aplicables. 
Estoy de acuerdo con la última frase de la justificación de la Enmienda 1. 
Las reglas específicas sobre vitaminas y minerales establecidas en la futura directiva deberían ser de aplicación a los complementos alimenticios que contengan vitaminas, minerales y otros ingredientes. 
De otro modo, sería muy fácil para un fabricante sin escrúpulos sortear la aplicación de estas normas simplemente añadiendo una pequeña cantidad de otro ingrediente a un producto. 
Puedo, por tanto, aceptar el principio que recoge la Enmienda 1, con los cambios necesarios en la redacción que dependerán de la versión definitiva del Artículo 2. 
Las Enmiendas 29, 37 y 41 añaden al texto de la Enmienda 1 el principio de que deberían elaborarse normas específicas para estos otros nutrientes e ingredientes cuando la ciencia nos permita hacerlo. 
Sin embargo, y en cuanto a la letra, puedo aceptar la Enmienda 37 con algunos cambios en la redacción, pero no puedo aceptar las Enmiendas 29 y 46. 
La Enmienda 5 pretende introducir en la definición del Artículo 2 lo que ya se explica en el Considerando 6. 
Los complementos alimenticios son fuentes concentradas de nutrientes y otras sustancias, o ingredientes según se denominan en el Considerando 6. 
Esto aclararía la definición, que es una parte esencial de la directiva. 
Por consiguiente, puedo aceptar el principio incluido en la Enmienda 5 con los correspondientes cambios en la redacción que garanticen la coherencia del texto. 
Las Enmiendas 33 y 44 tienen la misma finalidad que la Enmienda 5 y clarifican aún más diciendo que estas sustancias tienen una función nutritiva, al igual que las vitaminas, los minerales y los aminoácidos o una función fisiológica, al igual que la tiene la fibra o algunos antioxidantes que se extraen de las plantas. 
Por tanto, puedo aceptar las Enmiendas 33 y 44, siempre que quede muy claro el carácter de las sustancias que entrarían en del ámbito de aplicación de la directiva, tanto en lo que respecta a los criterios que se aplicarían para elaborar listas positivas como en su carácter hasta que estas listas positivas sean aprobadas. 
Las Enmiendas 34 y 46 se refieren también al Artículo 2 y son aceptables porque siguen la misma lógica que la Enmienda 33. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la redacción, el añadido propuesto debería separarse de la disposición del apartado b del Artículo 2; por tanto, puedo aceptarlas con ese cambio en la redacción. 
La Enmienda 45, secundaria a las Enmiendas 34 y 36, está en línea con la Enmienda 5 que yo podría aceptar. 
De nuevo aquí, el añadido propuesto debería separarse de lo dispuesto en el apartado b del Artículo 2. 
Puedo, por tanto, aceptar la Enmienda 45 con el necesario cambio de redacción. 
La Enmienda 6 sobre el mismo asunto es una enmienda secundaria que crea confusión. 
La justificación que se ofrece en el informe de la comisión parecería que está en línea con el Considerando 6 y con el texto propuesto en la Enmienda 5 al reconocer que ingredientes como los aminoácidos, los ácidos grasos y los extractos de hierbas se incluyen en los complementos alimenticios. 
Pero el texto propuesto está en contradicción con esto al limitar tales ingredientes a aquéllos que tienen una función nutritiva. 
No veo la razón para esta limitación y, en consecuencia, no puedo aceptar la Enmienda 6. 
Puedo aceptar la Enmienda 2 al Considerando 7 y también la Enmienda 4 al Considerando 14, que es una corrección técnica al texto de la propuesta. 
La Enmienda 7 se refiere a la definición de forma de dosis. 
Se trata de una cuestión muy técnica. 
Entiendo que muchas personas expresan su preocupación por contar con una definición útil que refleje las prácticas actuales. 
Ése es también nuestro objetivo. 
Puedo aceptar el principio recogido en la Enmienda 7 pero con los cambios necesarios para lograr el objetivo de flexibilidad que se ha señalado. 
La Enmienda 8 añadiría un nuevo párrafo al Artículo 3 con el mismo texto que el que se ha propuesto añadir al Considerando 6. 
Al igual que con la Enmienda 1, no teníamos ningún problema con el principio pero la inclusión del mismo texto en ese artículo no es necesaria. 
Por tanto, yo no aceptaría la Enmienda 8. 
La Enmienda 51 tiene parcialmente fines similares a los de la Enmienda 8 y va más allá estableciendo normas relativas al principio de libre circulación de productos. 
Espero que estén de acuerdo conmigo en que esto no puede hacerse en unas pocas líneas en esta directiva específica y yo no puedo aceptar la Enmienda 51. 
La Enmienda 9 se refiere al Artículo 4 y a los criterios de pureza de las sustancias enumeradas en el Anexo 2. Puedo entender el deseo de ser más concreto en este punto. 
De hecho, desde que se presentó esta propuesta, se ha acordado una redacción adecuada sobre criterios de pureza y se ha incluido en la legislación comunitaria, a saber, en la directiva sobre sustancias nutritivas que pueden utilizarse en la fabricación de alimentos para usos nutritivos concretos. 
Este texto se remite a los criterios de pureza comunitarios que ya han sido adoptados para algunas de las sustancias del Anexo 2 y a los criterios de pureza recomendados por las organizaciones internacionales. 
En atención a la coherencia, el mismo texto debería incluirse en la directiva propuesta. 
Puedo aceptar el espíritu de la Enmienda 9 pero con una redacción que sea acorde con lo ya acordado en los textos comunitarios. 
La Enmienda 3 sobre el Considerando 9 forma parte de una serie de enmiendas relativas a procedimientos y a las reglas operativas para la aplicación de la directiva. 
En relación con la revisión de las listas de los anexos, la Comisión puede responder a una solicitud de un Estado miembro, de un interesado, incluyendo los fabricantes, o tomar la iniciativa de poner en marcha los procedimientos previstos para hacer añadidos a los anexos, o puede rechazar la solicitud del fabricante. 
La Enmienda 3 no es aceptable porque constituye una restricción al poder de iniciativa de la Comisión. 
La Enmienda 10 reduce el procedimiento de modificación de los anexos, que incluye tanto una evaluación científica como la ulterior adopción de una directiva de la Comisión, a un procedimiento de evaluación de la seguridad de las sustancias. 
También pretende que se especifiquen en esta directiva reglas operativas para el Comité Científico de Alimentación. 
Esto no es objeto de legislación. 
Por consiguiente, la Enmienda no es aceptable y, por la misma razón, no puedo aceptar la Enmienda 25 que también establece procedimientos operativos para el Comité Científico de Alimentación. 
La Enmienda 11 plantea el mismo problema que señalaba en relación con la Enmienda 6. 
También plantea problemas desde le punto de vista del procedimiento. 
La Comisión debe proteger su derecho de iniciativa sobre cuándo presentar propuestas. 
Por tanto, no puedo aceptar la Enmienda 11. 
Por las mismas razones institucionales no puedo aceptar las Enmiendas 35 y 47, a pesar de que incluyan referencias a ingredientes con funciones nutritivas o fisiológicas. 
La Enmienda 13, la última relativa a procedimientos, propone que el procedimiento de comitología a que se refiere el apartado 3 del Artículo 5 esté sometido al principio de transparencia. 
Por supuesto, no voy a negarme, pero tengo un problema abordando este asunto en una directiva vertical sobre complementos alimenticios. 
El principio de transparencia es un principio general que se aplica a los procedimientos relacionados con el conjunto de productos. 
En la actualidad, están ustedes estudiando una propuesta nuestra de Acta sobre Alimentos que incluye disposiciones sobre transparencia aplicables a todos las sustancias alimenticias. 
Por tanto, no puedo aceptar la Enmienda 13. 
La Enmienda 12 al apartado 1 del Artículo 5 sostiene válidamente que se tengan en cuenta las necesidades de niños y adultos a la hora de establecer los niveles máximos de vitaminas y minerales. 
Los principios pueden ser ampliados de tal modo que tengan en cuenta, y cito literalmente "las sensibilidades de los distintos grupos de consumidores" y no sólo de los niños y adultos. 
Además, el punto puede incluirse dentro del artículo en un lugar más apropiado que el que se sugiere; por tanto, puedo aceptar el principio recogido en la Enmienda 12, siempre que se hagan cambios en la redacción. 
Paso ahora a una serie de enmiendas que afectan a las disposiciones de la propuesta relativas a etiquetado. 
La Enmienda 14 se refiere al nombre del producto. 
En cuanto al etiquetado, hay muy pocas diferencias significativas entre el nombre del producto y el etiquetado. 
El nombre del producto debe fijarse en la legislación de la UE de un modo distinto al que los Estados miembros pueden hacerlo a escala nacional. 
Esto crearía confusión para los consumidores. 
Por este motivo, no puedo aceptar la Enmienda 14; sin embargo, tomo nota de su solicitud de que el nombre del producto debería incluir las palabras "complemento alimenticio". 
El texto propuesto en las Enmiendas 15 y 28 no expresa un principio diferente del que se recoge en el texto de la propuesta. 
Son enmiendas a la redacción y no estoy convencido de que consigan mayor claridad en este punto, por lo que no aceptaría las Enmiendas 15 y 28. 
Considero que una declaración en el sentido de que los complementos alimenticios no deberían utilizarse como sustitutos de una dieta variada es importante para los consumidores tanto a efectos de información como de educación. 
Por consiguiente, no puedo aceptar la Enmienda 16 que propone suprimir esta disposición. 
Puedo aceptar la Enmienda 17 que propone incluir en la etiqueta un aviso de que los complementos alimenticios deberían guardarse lejos del alcance de los niños. 
La Enmienda 18, aunque estoy seguro de que es bien intencionada, plantea una serie de temas complicados. 
Todo complemento alimenticio destinado a niños de menos de un año sería, a mi juicio, un producto de uso nutritivo concreto y estaría excluido del ámbito de aplicación de esta directiva, según se menciona en el Artículo 1. 
El caso de los complementos para las embarazadas podría dar lugar a un debate similar. 
La Enmienda 18 sería potencialmente contradictoria con el Artículo 1 por lo que no puedo aceptarla. 
Puedo aceptar la Enmienda 19. 
Puedo aceptar también el principio recogido en la Enmienda 20 pero con cambios en la redacción acordes con la justificación de esta enmienda ofrecida en su informe. 
La Enmienda 21 propone añadir dos frases al Artículo 9. 
El principio expresado en la primera frase de que deberían evitarse dosis excesivas ya está contemplado en el Artículo 6. 
La segunda frase trata de la cuestión de los límites de tolerancia a cantidades declaradas de determinados nutrientes que presentan problemas de estabilidad. 
Ésta es una cuestión muy técnica que precisa un estudio por expertos adecuados y, en caso de ser necesario, que se trataría en las medidas técnicas de aplicación. 
Por tanto, no puedo aceptar la Enmienda 21. 
La Enmienda 22 propone adoptar los principios de buenas prácticas en la fabricación mediante medidas jurídicamente vinculantes. 
Éste no es el caso en materia de alimentos y sentaría un precedente. 
Disponemos de normas horizontales sobre higiene y control que son de aplicación a todos los alimentos y que se aplicarán también a los complementos alimenticios. 
Disponemos de requisitos de pureza para muchas de las sustancias que se enumeran en el Anexo II y tenemos intención de adoptar requisitos para el resto. 
Por tanto, no puedo aceptar la Enmienda 22. 
Por supuesto, nada impide que la industria en cuestión adopte voluntariamente buenas prácticas de fabricación específicas para un producto concreto. 
Esto ocurre a menudo en el campo de los alimentos. 
La Enmienda 23 convertiría en obligatorio para los Estados miembros exigir a los fabricantes que notifiquen a las autoridades la comercialización de complementos alimenticios. 
La propuesta de la Comisión permite a los Estados miembros eximir de tal requisito si pueden controlar estos productos de otro modo dentro de su territorio. 
Los Estados miembros se oponen a dicha imposición porque sienten que es una cuestión de subsidiariedad y desean tener las manos libres en cuanto al modo de hacer el seguimiento de estos productos. 
No puedo aceptar la Enmienda 23. 
La Enmienda 24 se refiere también a los procedimientos y pretende imponer límites temporales estrictos para que la Comisión adopte decisiones. 
Estas decisiones pueden depender de asesoramiento facilitado por el Comité Científico de Alimentación, de las posturas de los Estados miembros y de otros factores que escapan al control de la Comisión. 
Por este motivo, no puedo aceptar la Enmienda 24. 
Las Enmiendas 26 y 27 añaden a los Anexos I y II más minerales, vitaminas, preparados y sales minerales. 
Debo ser claro en este tema: no puedo aceptar añadidos si no existe una evaluación de seguridad positiva por parte del Comité Científico de Alimentación. 
No puedo aceptar, pues, las Enmiendas 26 y 27. 
En cambio, las Enmiendas 30, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 48 y 49 pretenden establecer una lista de preparados vitamínicos que deberían recibir prioridad en la evaluación de seguridad e incorporarse, eventualmente, a la lista de sustancias que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios. 
Estoy de acuerdo en que el principio se recoja en un nuevo considerando tal y como proponen las Enmiendas 30, 38 y 42. 
Hay que señalar que el Anexo II incluye sólo preparados vitamínicos y sales minerales. 
No incluye otros ingredientes. 
Debería señalarse también que el procedimiento a que se refiere el Artículo 13 no es aplicable a la evaluación de las sustancias en cuestión. 
Ese procedimiento se refiere a la incorporación de nuevas sustancias a la lista e incluye, como paso previo, su evaluación. 
Por tanto, el nuevo considerando propuesto tendría que redactarse en consecuencia. 
Puedo aceptar las Enmiendas 30, 38 y 42 con los cambios apropiados en la redacción. 
Sin embargo, el artículo correspondiente que proponen las Enmiendas 31, 36 y 48 no es aceptable ni desde el punto de vista de la redacción ni desde el institucional. 
Por tanto, tengo que decir "no" a las Enmiendas 31, 36 y 48. 
No obstante, deberíamos seguir debatiendo esto, posteriormente, con el fin de encontrar una solución satisfactoria para todo el mundo. 
Todas las instituciones implicadas en el proceso podrían estudiar la posibilidad de un artículo, en la línea de este considerando, que hiciera referencia a la prioridad en la evaluación de determinadas sustancias que se enumeren en un anexo separado. 
Las Enmiendas 32, 39 y 49 no pueden aceptarse porque están directamente ligadas a las Enmiendas 31, 36 y 48. 
Esto no debería, sin embargo, considerarse un juicio sobre las sustancias que recogen las mismas. 
Me gustaría agradecer al Parlamento el apoyo que ha brindado a la Comisión al hacer que la evaluación científica del riesgo constituya el criterio básico para establecer los niveles máximos de vitaminas y minerales en los complementos alimenticios. 
El Artículo 5 está bien equilibrado para garantizar el nivel de protección del consumidor requerido. 
Las Enmiendas 40 y 50 romperían este equilibrio y, por tanto, no pueden ser aceptadas. 
Por último, vuelvo a la Enmienda 43. 
No veo cuáles son los procedimientos de ensayo establecidos en esta directiva que deberían cumplir otros ingredientes. 
Por eso no puedo aceptar la Enmienda 43. 
En conclusión, la Comisión puede aceptar las Enmiendas 2, 4, 17, 19, 33 y 44, como tales, y los principios recogidos en las Enmiendas 1, 5, 7, 9 12, 20, 30, 34, 37, 38, 42, 45 y 46, con cambios en la redacción. 
La Comisión no puede aceptar las Enmiendas, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50 y 51. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Vehículos de motor de dos o tres ruedas 
de conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0015/2001) del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 314- C5-0334/2000- 2000/0136 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 97/24/CE relativa a determinados elementos o características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas. 
Señor Presidente, señor Comisario, los vehículos de motor de dos o tres ruedas, es decir las motos y los scooter se emplean en lo esencial en dos sectores. 
Por un lado, para satisfacer la necesidad de movilidad en las áreas urbanas y como aparatos para el tiempo libre, precisamente en zonas rurales sensibles con muchas bonitas curvas. 
En ambos sectores- y lo digo como apasionado conductor de moto que soy- la conductora o el conductor de un vehículo de este tipo tiene una responsabilidad especial pues tanto en las áreas urbanas como en los espacios naturales sensibles, la carga proveniente de los vehículos de dos ruedas no debe ser superior a la que proviene de los coches. 
Por ello, es correcto y necesario que adoptemos las medidas necesarias para que los vehículos de motor de dos o tres ruedas tengan el mismo nivel de emisiones que los coches. 
Con EURO III y EURO IV, el Parlamento Europeo ha elaborado de un modo ejemplar y con gran éxito una legislación que reduce la emisión de los vehículos industriales ligeros y también pesados de modo que la calidad del aire en las ciudades de Europa y en las zonas sensibles pueda mejorar. 
No puede ser que hagamos una excepción con las motos o los scooter. 
De ahí la propuesta de elegir también para las motos y los scooter, un enfoque en dos fases: introducir en el 2003 una reducción y sobre todo- y esto es lo importante- una segunda fase de reducción en el año 2006. 
Naturalmente, la industria necesita tiempo para desarrollar nuevos motores, nuevos sistemas de limpieza de los gases emitidos. 
Tenemos que conceder a la industria este tiempo y de ahí la segunda e importante fase del 2006. 
Lo que la Comisión propone para el 2003 es en el fondo el estado de la técnica. 
Los vehículos que deben respetar estos valores circulan por lo general ya por las carreteras. 
No es casualidad que exista una lista de las cifras de autorizaciones que dice que más del 80% de los vehículos respetan ya los valores del 2003. 
Además queremos una segunda fase vinculante para el 2006 que aplique en ese año a los vehículos a motor de dos ruedas el nivel que los coches respetan en el año 2000 como consecuencia de EURO III. 
Pero queremos para el 2003 aplicar ya lo que hemos introducido para los automóviles y vehículos industriales ligeros y pesados, es decir, un enfoque sobre la conservabilidad de los componentes relevantes para las emisiones. 
No tiene mucho sentido si en el banco de pruebas un vehículo de dos ruedas arroja unos valores de emisiones totalmente excelentes pero en la práctica, ya al cabo de unos pocos miles de kilómetros, estos valores límite caen en la práctica en el olvido. 
Por ello, en el 2003 queremos aplicar ya el principio de conservabilidad a los vehículos a motor de dos ruedas y para el caso de que exista una duda seria de que determinados tipos no respetan a largo plazo estos valores límite, establecer también la posibilidad de que las autoridades lo puedan revisar en el marco de una comprobación de campo, una in use compliance. 
Se me ha dicho que para el 2006 no podemos hacer nada porque aún no disponemos de un ciclo de pruebas de motos, por lo que primero tenemos que desarrollarlo y luego podremos hacer algo. 
No soy de esta opinión. 
De modo similar al caso de los vehículos industriales pesados hemos dicho que sería positivo si dispusiésemos de un ciclo en todo el mundo pero queremos determinar nuestro objetivo. 
Y éste es alcanzar el 2006 el mismo nivel que se aplica a los automóviles para el 2000, proporcionando a las motos un poco más de tiempo, pero entonces tienen que alcanzar también ese nivel. 
Si hasta entonces no existe otro ciclo de pruebas entonces tomaremos sencillamente el que se aplica a los coches. 
El Sr. Goodwill y yo hemos concedido a algunos fabricantes pequeños que tienen unos problemas especiales un poco más de lead time para que realicen el cambio de serie y creo que esto es adecuado y que no perjudica el resultado general. 
Soy de la opinión de que si aprobamos las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y entramos en el proceso de negociaciones con el Consejo, en el futuro las conductoras y conductores de motos podrán hacer uso de su responsabilidad y libertad y éste debe ser nuestro objetivo común. 
Señor Presidente, comisario, la reciente cumbre climática de La Haya trató los avances cosechados en relación con el protocolo de Kioto con los pobres resultados que todos conocen. 
Esto nos enfrenta de cara a cara con la gravedad de la situación en la que se encuentra el sector de transporte motorizado. 
La cuota correspondiente al transporte en la emisión de CO2 y NOx es considerable. 
La mayor parte de estas emisiones del transporte corresponde al transporte por carretera. 
Es cierto que la proporción de vehículos de 2 y 3 ruedas en el conjunto del parque móvil es limitada. Por este motivo llama aún más la atención el hecho de que su cuota en las emisiones sea relativamente elevada. 
Si nos fijamos en las previsiones del Programa Auto Oil II, la proporción seguirá aumentando si no se modifica la política. 
La actual generación de vehículos de 2 y 3 ruedas aún cumple los requisitos que se establecieron para vehículos más antiguos. 
Sin embargo, esas categorías se enfrentan periódicamente a normas de emisiones más estrictas. 
Para que los vehículos de 2 y 3 ruedas funcionen de forma óptima, también conviene aplicar en este caso una adaptación permanente de las normas de emisiones. 
Personalmente me siento satisfecho con la línea propuesta por el ponente. 
Como ponente asesor de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, me complace que el ponente abogue por un período más prolongado, si bien inferior al deseado por nuestra comisión, para los productores más pequeños de vehículos de 2 y 3 ruedas. 
Señor Presidente, en términos generales me muestro satisfecho con el informe de mi colega, el Sr. Lange. Su aplicación supondría un paso hacia un sistema de transporte sostenible y esa es nuestra voluntad como parlamento. 
Señor Presidente, esta enmienda forma parte del proceso de atar cabos sueltos no contemplados por el programa Auto/Oil. 
Estoy impaciente por que lleguen las otras directivas sobre pequeñas embarcaciones de placer y pequeños motores de ignición que completen la historia. 
Las motocicletas suponen un porcentaje muy pequeño del volumen de tráfico. 
Los progresos en la tecnología de motores de coches y camiones unido a un aumento del 6% en el kilometraje de las motocicletas en los años noventa ha significado un aumento de la contaminación procedente de las motos. 
Por tanto, yo acojo favorablemente esta propuesta pero con ciertas reservas. 
Mi principal preocupación es el breve espacio de tiempo entre 2003, cuando las nuevas normas serán de aplicación a los nuevos modelos, y la fecha en que esto se haga extensivo a todas las motocicletas nuevas. 
Esto va a suponer una presión tremenda para los fabricantes europeos más pequeños, como Triumph y CCM en el Reino Unido. 
Aunque estas modificaciones sean técnicamente factibles, las pequeñas compañías no disponen de los recursos para llevarlas a cabo en sólo 12 meses y los costes de desarrollo tendrían que recuperarse de un volumen de vehículos más pequeño. 
Esto situaría a los fabricantes europeos en desventaja competitiva frente a los grandes del Lejano Oriente. 
Me complace, por tanto, que el ponente haya reconocido esto ampliando dos años esta fase de transición. 
Me gustaría también felicitar al ponente por predicar con el ejemplo convirtiendo su propia motocicleta clásica Harley Davidson mediante un convertidor catalítico de ajuste trasero. 
No se trata de decir una cosa y hacer otra en ese lado de la Cámara. 
Tengo algunas reservas sobre el diagnóstico de a bordo y sobre las pruebas en funcionamiento. 
En relación con el diagnóstico de a bordo, las motocicletas son a menudo el primer vehículo que compra un joven con recursos limitados y, por tanto, esto hará que el vehículo sea más caro. 
En segundo lugar, soy bastante escéptico sobre lo que hará el propietario de la moto cuando se encienda la lucecita verde diciendo que el escape no está funcionando según la norma. 
Sospecho que puede tener la tentación de quitar la bombilla. 
Quizás en esta etapa deberíamos dejar en juego estas dos bolas y ver cómo evoluciona el partido hacia la segunda lectura y la posible conciliación. 
Por último, sobre la cuestión de las medidas fiscales. 
Aunque apoyo soluciones de mercado, como los incentivos fiscales, éstos deberían ser aplicados por los Estados miembros según sus criterios nacionales si así lo desean. 
Esta propuesta se adoptará con arreglo al Artículo 95, es decir, voto por mayoría cualificada, y a pesar de los 28 vetos que cedió Tony Blair en Niza, el R.U. todavía no ha cedido su derecho a determinar sus propios impuestos, y, por tanto, esto no debería contemplarse en el ámbito de aplicación de la directiva. 
La subsidiariedad es algo que debería protegerse. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que estamos a punto de votar supone un concreto paso adelante en la voluntad de la Unión de perseguir objetivos ambiciosos en materia de limitación de la contaminación atmosférica. 
Efectivamente, hoy nos encontramos en una situación paradójica: aunque los motociclistas representan del 2% al 3% del volumen total de los transportes, su contribución a las emisiones globales aumenta progresivamente. 
Las enmiendas propuestas por el Sr. Lange, así como prácticamente todas las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, mejoran la propuesta de la Comisión. 
En particular, la insistencia en la definición de ciclos de ensayo específicamente configurados para las motocicletas y los turismos en toda Europa, así como la propuesta de someter la homologación a la confirmación de la capacidad de funcionamiento de los dispositivos anticontaminación, son señales evidentes de la voluntad del Parlamento Europeo de intervenir con firmeza en un sector tan sensible. 
A este propósito, me parece importante subrayar que la inmensa mayoría de estos objetivos son ampliamente compartidos por las empresas del sector. 
Esto significa, por un lado, que el Sr. Lange ha sabido negociar bien con ellas y, por otro, que la concienciación de tener que contribuir a la mejora de nuestras condiciones medioambientales está aumentando también entre los fabricantes. 
Por lo tanto, la decisión de fijar desde ahora no solo la fecha de revisión de los primeros límites establecidos- 2006- sino también los mismos límites de esta segunda fase es el símbolo de la determinación del Parlamento de impulsar cada vez más las empresas. 
Por otra parte, la introducción de la posibilidad de revisar estos mismos límites, ligada al esperado desarrollo tecnológico, es la señal de la voluntad de perseguir, incluso más adelante, el diálogo con los fabricantes. 
Señor Presidente, mi agradecimiento a mi compañero, el Sr. Lange, por presentarnos de nuevo un informe excelente acerca una cuestión importante: la contaminación ambiental y las nubes de ozono. 
Unas doscientas mil motocicletas ocasionan en mi país, los Países Bajos, tanta contaminación como los seis millones y medio de coches juntos. 
Lo que no puede ser es que los coches nuevos deban ser especialmente ecológicos en el año 2005 y que las motocicletas se queden como están. 
Lo que tampoco puede ser es que los camiones nuevos deban ser especialmente ecológicos a partir del año 2007 y que las motocicletas se queden como están. 
Por este motivo espero que todos mis colegas voten mañana a favor de dotar a todas las motocicletas nuevas de un catalizador en el año 2006. 
Por último quiero dirigir una pregunta a la Comisión. 
Considero que ha llegado el momento de eliminar la excepción introducida en 1978 referida a los motores diesel de las locomotoras ferroviarias. 
Los trenes también pueden y deben ser más ecológicos. 
Espero que la Comisión tenga a bien responder a esta cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, es una realidad patente el elevado parque móvil de motocicletas que circulan por las carreteras y ciudades de la Unión, sobre todo en los Estados mediterráneos, que gozan de buen tiempo durante todo el año. 
El informe del Sr. Lange, del cual comparte nuestro Grupo su preocupación medioambiental, compara constantemente los vehículos de 2 y 3 ruedas con los de 4; sin embargo, su facilidad de uso, la fluidez que le dan al tráfico rodado en las ciudades, su simplicidad a la hora de aparcar y el bajo coste de su adquisición y mantenimiento deben ser motivo más que suficiente para que las necesarias medidas anticontaminación no se conviertan en medidas que hagan disminuir su uso. 
La industria europea necesita más tiempo para aplicar las medidas propuestas; solicito, pues, que la Comisión, en colaboración con los fabricantes, evalúe la aplicabilidad y la relación coste-eficacia de estas medidas y fundamentalmente de los períodos propuestos, ya que corremos el riesgo de favorecer, indirectamente, a las grandes empresas del sector, que no son precisamente europeas. 
Necesitamos incentivos fiscales para facilitar la venta y el uso de vehículos menos contaminantes, sencillos de utilizar, que mejoren el tráfico y que estén más integrados en nuestras ciudades. 
Señor Presidente, Señorías, primero quiero expresar mis felicitaciones al ponente Lange pues de nuevo ha dirigido un debate muy importante para el futuro. 
Creo que precisamente los vehículos de motor de dos y tres ruedas están de moda, son modernos, por lo que debemos hacer todo lo posible para que se encuentren en el nivel más avanzado también en lo que se refiere a los estándares de las emisiones de gases. 
La investigación ha logrado aquí unos grandes avances y ahora depende de nosotros aplicar estos avances. 
El inventario de emisiones que ha elaborado la Comisión revela muy bien qué progresos son posibles en las emisiones de Nox: en los vehículos de cuatro tiempos hasta un 80% y en los de dos tiempos hasta el 70%. 
Por ello, yo estoy también a favor de una reducción escalonada que sin duda va a aportar una gran ventaja en el futuro a los conductores de motos y a aquellos que hacen uso de este aparato. 
. (FI) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al Parlamento Europeo y, especialmente, al ponente, Sr. Lange, por la pronta tramitación de este asunto. 
El ponente respalda la propuesta de la Comisión sobre los valores límite que entrarán en vigor a partir del año 2003. 
Sin embargo, el ponente propone una segunda fase, cuyos valores límite serían de cumplimiento obligatorio a partir del año 2006. 
Esta fase estaría basada en un ciclo de ensayo para los turismos. 
La Comisión reconoce la necesidad de esta segunda fase. 
Por lo pronto, haremos una propuesta separada para finales del año 2002. 
La futura propuesta estará fundada en estudios adicionales que evaluarán la eficacia técnica y el rendimiento económico de dispositivos de reducción de emisiones más avanzados. 
En esta próxima fase, las emisiones contaminantes deberán medirse mediante un ciclo de ensayo mejorado. 
De este modo, las mediciones se corresponderán mejor con las condiciones de conducción reales de las motocicletas. 
La Comisión no ha incluido en su propuesta los valores límite vinculantes que se aplicarían a partir del año 2006, puesto que no disponemos aún de datos que apoyen científicamente de modo categórico la adopción del nuevo ciclo de ensayo. 
La Comisión apoya activamente el desarrollo de un ciclo de ensayo para las motocicletas armonizado a escala mundial. 
Los trabajos fueron iniciados en 1999, y en mayo del año 2000 la Comisión Económica para Europa de la ONU dio oficialmente luz verde a estos trabajos con el apoyo de los Estados miembros de la UE, de Japón y de Estados Unidos. 
El plan de trabajos avanza de acuerdo con el calendario. 
Por ello, creemos que el nuevo ciclo de ensayo será adoptado lo suficientemente a tiempo como para que su aplicación pueda ponerse en marcha en el año 2006. 
Este método responde también a la concepción del ponente, Sr. Lange. 
Así pues, la Comisión no puede respaldar las enmiendas que proponen que se decida ahora la puesta en marcha para el año 2006 de la segunda fase de valores vinculantes. 
Este asunto se trata en las enmiendas 3, 5, 10, 11, 23, 24 y 25. 
Pero, por supuesto, la Comisión está dispuesta a contribuir a que se confeccione lo antes posible un acuerdo global interinstitucional. 
El ponente hace mención de varias medidas mediante las cuales podrá garantizarse mejor el funcionamiento eficaz de los dispositivos de reducción de emisiones durante toda la vida útil de los vehículos. 
La Comisión reconoce la importancia de estas medidas a la hora de garantizar la reducción real de las emisiones durante la circulación ordinaria. 
Sin embargo, la motocicleta es un producto muy diferente técnicamente a los turismos. 
La aplicación de estos requisitos a las motocicletas tiene importantes repercusiones que reclaman una evaluación detallada de la viabilidad técnica y de la rentabilidad. 
A la pregunta sobre el transporte ferroviario formulada por el diputado al Parlamento, el Sr. de Roo, puedo contestar que este asunto está siendo objeto de estudio, pero que no existe aún una propuesta sobre el mismo. 
En principio, la Comisión acepta las enmiendas en las que se insta a la Comisión a revisar los puntos de vista antes mencionados. 
No obstante, rechazamos aquellas enmiendas que presentan exigencias sobre las fechas de entrada en vigor de la aplicación vinculante o sobre regulaciones que no toman aún en cuenta los resultados finales de las investigaciones en curso. 
Esto afecta a las enmiendas 6, 13, 14, 15, 20 y 22. 
La Comisión adopta esta misma posición con respecto a las enmiendas 8 y 17, relativas a las emisiones de dióxido de carbono de las motocicletas. 
El informe contiene varias enmiendas que pueden ser apoyadas por la Comisión, como las enmiendas 4 y 12, siempre que se conceda a los Estados miembros la posibilidad de incentivar la instalación con posterioridad de dispositivos de reducción de emisiones y de otros accesorios en los vehículos de motor más viejos. 
Esto también es aplicable a la enmienda 1 y a la parte final de la enmienda 9, en las que se propone la concesión de un año de exención a los modelos especiales de motocicletas trial, así como a la primera parte de la enmienda 9, en la que la aplicación a los actuales tipos de vehículos se prorroga desde enero hasta julio del año 2004. 
Sin embargo, la Comisión rechaza la enmienda 26, en la que se prorroga durante un año entero la aplicación a los actuales tipos de vehículos. 
En principio, la Comisión apoya también las exigencias sobre la no utilización de dispositivos de desconexión u otros sistemas de desactivación presentadas en las enmiendas 7 y 16, y considera que puede incluir dichas exigencias en la actual propuesta. 
Así pues, la Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 9, 12 y 18, así como, en principio, las enmiendas 2, 7, 8, 16 y 21 y, en parte, las enmiendas 1, 4, 19, 20 y 22. 
En cambio, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15 y 17, como tampoco las enmiendas comprendidas entre la 23 y la 26, ambas inclusive. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Vehículos de más de ocho plazas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0039/2001) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, respecto de la posición común del Consejo (9012/1/2000- C5-0456/2000- 1997/0176 (COD) ), con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del conductor y por la que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE (Ponente: Sr. Miller). 
. 
(EN) Señor Presidente, hemos escuchado hoy, en el contexto de la legislación sobre copyright y OGM que el Parlamento ha tardado tres años en alcanzar un punto en el que esté en situación de aprobarla. 
Me permiten que diga que este informe lleva negociándose nueve años y hasta ahora no se había concretado. 
Desde que me hice cargo de la ponencia de este informe he intentado involucrar a todas las partes interesadas, desde los fabricantes hasta los usuarios. 
Del lado de la fabricación, he celebrado varias reuniones con la asociación de constructores europeos y con empresas de autobuses individuales. 
Todas estas organizaciones están satisfechas con la posición común y con las enmiendas. 
De hecho, acogen favorablemente la clarificación que aporta al mercado. 
He escuchado atentamente a los usuarios y he realizado amplias consultas. 
Hasta después de estas consultas no he presentado las enmiendas que tienen ante ustedes esta noche. 
Me gustaría expresar mi reconocimiento a los ponentes en la sombra que han trabajado estrechamente conmigo a lo largo de la elaboración de este informe. 
Por desgracia, no todos ellos pudieron convencer a sus Grupos para que siguieran esta línea. 
Las enmiendas 1, 2, 3 y 5 son enmiendas técnicas específicas y detalladas que pretenden ayudar a los fabricantes y tienen que ver con plataformas de inclinación del 12,5 % en los autobuses de clase I y II. 
Estas enmiendas tienen que considerarse junto con la enmienda 7. 
La enmienda 6 pretendo sustituirla con la enmienda 10 que se refiere a la norma ISO y no a las normas separadas de los Estados miembros que yo había inicialmente puesto en la enmienda 6. 
La Enmienda 4 recoge con más detalle los grupos de usuarios a los que intenta ser útil este informe. 
Esta lista, sin embargo, no es ni exhaustiva ni prescriptiva. 
No pretendió nunca serlo y deja mucho margen para la inclusión de otros grupos. 
La enmienda 8 abre el acceso al transporte público a todos los grupos citados en la enmienda 4 antes mencionada. 
Por primera vez, estamos haciendo que el transporte público sea accesible a todas las personas con movilidad reducida. 
Esto se hará mediante un sistema de arrodillado con un elevador o una rampa pero tiene en cuenta también las mejoras en infraestructuras que se han efectuado. 
Quizás yo debería confesar un interés personal en esta cuestión. 
Un poco antes de Navidad mi madre inesperadamente perdió la vista. 
Como hijo obviamente deseo ayudarla, al igual que deseo ayudar a todas las personas con discapacidad visual de la Unión Europea. 
Para eso me eligieron y estoy seguro de que para eso eligieron a la gran mayoría de las personas de este Parlamento. 
Estos ciudadanos son los mayores usuarios de transporte público y para disponer del adecuado dependen de quienes estamos en el Parlamento Europeo. 
Mañana tenemos la oportunidad de ofrecérselo votando a favor de estas enmiendas. 
Debo, no obstante, mencionar también la Enmienda 9 que fue presentada posteriormente por el Grupo PPE. 
Cuando se planteó a la Comisión de Asuntos Jurídicos fue aprobada unánimemente y, de repente, escuchamos que el Grupo PPE desea rechazar la posición común. 
Lamento que su enmienda rechace la posición común y me siento decepcionado. 
Eso retrasaría en varios años la accesibilidad de esos ciudadanos que acabo de mencionar. 
Yo entiendo que uno de los motivos por los que proponen el rechazo de la posición común es porque atará al sector. 
Atará al sector con trámites burocráticos. 
¿Puedo preguntarles a los que pretenden hablar acerca de esto en el PPE cómo se sentirían si estuvieran atados a una silla de ruedas o a muletas o tuvieran que llevar un perro guía? 
Eso es estar atado y no lo que intentamos hacer con el sector. 
Estaría avergonzado si saliera adelante la Enmienda 9. 
Me avergonzaría de cada uno de los parlamentarios que levantara la mano o apretara un botón para votar a favor de esa enmienda. 
Por tanto, les insto a que voten contra la Enmienda 9 y a que apoyen, en cambio, el resto de las enmiendas. 
Señor Presidente, ha sido, como siempre, un placer trabajar con mi amigo Bill Miller en estas directivas técnicas y creo que habremos hecho una mejora significativa a esta directiva si se aprueba. 
Así que no analizaré una por una las enmiendas. 
Él ha hecho un buen trabajo en ese aspecto. 
Quisiera solamente abordar la cuestión de por qué nosotros hemos elegido proponer una moción de rechazo. 
Tiene que ver con la cuestión general de si el Parlamento debería ocuparse de directivas técnicas. 
Recuerdo que no hace mucho en una intervención ante este Parlamento, el Comisario Liikanen habló de algunos de los problemas a los que se enfrenta en una potencial legislación de protección de los peatones destinada a los automóviles. 
Nos presentó al menos 60 páginas de complejos cálculos matemáticos técnicos y nos desafió: ¿es este el tipo de cosas que este Parlamento tiene que estudiar? 
Esta directiva tiene 150 páginas y tiene una parte de cálculos técnicos, gráficos, cuadros y otras disposiciones técnicas detalladas. 
Ese mismo argumento es válido también ahora. 
Quisiera volver a un punto tratado por Bill Miller. 
Tiene razón retándonos sobre el acceso de personas discapacitadas, pero ha dicho y cito expresamente, "hará que el transporte público sea accesible a todos los usuarios". 
Lamentablemente esto no es así. 
Si fuera así, nosotros lo respaldaríamos. 
Este documento incluye disposiciones para que los autobuses sean más accesibles para los usuarios discapacitados, pero no aborda toda la cuestión de las normas operativas de los sistemas de transporte público en la Unión Europea. 
Los temas que nuestro colega el Sr. Howitt dice, con buen criterio, que deberíamos incluir aquí: cambiar las infraestructuras para que los autobuses sean más accesibles a los usuarios discapacitados. 
¿Qué hemos conseguido en realidad después de nueve años? 
¿Tenemos verdaderamente un reconocimiento mutuo de las normas técnicas entre países? 
¿Hemos, en realidad, conseguido el tipo de avances significativos que queríamos en materia de seguridad? 
Tuve que mirarme estas 150 páginas. 
Puedo estar equivocado- Señor Comisario, usted podrá decírmelo- pero no he encontrado aquí ninguna disposición sobre la adecuación obligatoria de los cinturones de seguridad. 
¿Por qué no aparece esto si de verdad el Consejo nos dice en este documento que ha encontrado una solución viable con un alto nivel de seguridad y de comodidad para el usuario. 
Si realmente lo hemos conseguido deberíamos estar orgullosos de ello. 
Hay, ciertamente, disposiciones relativas a aspectos como la fortaleza de la superestructura, pero lo preocupante- y le pido al Sr. Comisario que lo aborde- es que eso no es todo. 
Al final, hay una lista de cosas que la Comisión y el Consejo quieren volvernos a someter. 
No se trata la cuestión de los autobuses escolares. 
No se trata la última tecnología que se está desarrollando en los autobuses. 
Va a haber nuevas disposiciones en materia de superestructuras. 
¿Cuándo va a acabar esto? 
¿Cuándo vamos a tener medidas realistas y sensatas y el tipo de estructura de comité técnico que este Parlamento le pidió que creara en la primera lectura en 1997 y que aquí sencillamente se descarta? 
Cito como conclusión: "La Comisión no pudo apoyar el planteamiento y, en consecuencia, no modificó su propuesta original". 
Ni una sola explicación. 
Por eso mi Grupo va a recomendar que esto se rechace mañana. 
Señor Presidente, hay muchas cosas en el texto que promueven el acceso a los autobuses de las personas discapacitadas: barandillas para pasajeros, superficies no deslizantes, normas para sillas de ruedas y una amplia definición de la movilidad reducida que permite incluir a todas las personas discapacitadas. 
Sin embargo, la clave para el debate de esta noche es la enmienda 8: una garantía de acceso a nivel a todos los nuevos autobuses en las zonas urbanas para personas con movilidad reducida. 
Lograr esto requiere una plataforma de ayuda, un elevador o una rampa, porque un autobús de piso bajo, por sí solo, no es suficiente. 
El hecho de que no hayamos alcanzado un acuerdo sobre esta parte crucial del texto dejaría a las personas discapacitadas cayéndose literalmente por el hueco, una hueco del que nosotros mismos seríamos responsables. 
El ponente- al que transmito mi más sincero agradecimiento- ha fraguado un equilibrio que intenta repartir la responsabilidad del acceso entre los fabricantes de autobuses, los operadores, las autoridades de planificación y las de transporte. 
Pero mientras negociamos el resultado final, yo le digo al Parlamento y a la Comisión que ni siquiera un bordillo elevado en cada parada de autobuses puede ser la solución total al acceso. 
El estacionamiento indebido o los obstáculos en el pavimento pueden seguir impidiendo la subida a los autobuses, mientras que una simple rampa manual giratoria, incorporada al suelo de cada nuevo autobús, es barata y funcionará una y otra vez. 
No obstante, nueve años después de que esta directiva se estudiara por primera vez, cuando el movimiento de personas con discapacidad lleva una generación situando el acceso al transporte público en el centro de sus demandas, los diputados en el lado opuesto de la Cámara amenazan no ya con votar en contra de la enmienda, sino de destruir toda la directiva. 
¿Lo hacen atendiendo a los costes? 
No. 
El estudio sobre los autobuses accesibles encargado por el gobierno de mi país muestra unos costes operativos bajos que sobrepasan a los costes marginales de capital extra, a la vez que un aumento de pasajeros del 14% produciría unos ingresos adicionales. 
¿Lo hacen a causa de las objeciones de los fabricantes? 
No. 
Una comprobación efectuada hoy, de nuevo en mi propio Estado miembro, muestra que los fabricantes de autobuses británicos y los operarios de autobuses británicos son unánimes en su deseo de que esta directiva salga adelante. 
¿Lo hacen porque haya alguna dificultad real? 
No. 
Porque la comisión parlamentaria que examinó minuciosamente estas propuestas votó a favor de las mismas de modo unánime. 
Señor Presidente, mi única conclusión, como ya hemos oído esta noche, es que los que se oponen lo hacen porque comparten el prejuicio de que el acceso para los discapacitados es un detalle técnico innecesario. 
Se equivocan. 
Para una persona discapacitada significa la libertad de viajar o la restricción de quedarse en casa. 
Esta noche tenemos la oportunidad de garantizar esa libertad votando a favor de un transporte público accesible. 
Debemos hacerlo y lo haremos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante nosotros se ha presentado hoy la directiva unitaria sobre autobuses que ya hemos tratado en primera lectura. 
El ponente fue el Sr. Murphy- creo que el Murphy's law es conocido pero el Sr. Murphy se ha comportado ejemplarmente pues también ha reconocido que con esta directiva queremos lograr que se establezcan unos principios políticos importantes, en concreto, el acceso para las ancianos, niños y minusválidos. 
Aquí estamos totalmente de acuerdo. 
Tenemos que hacer algo a favor de estos grupos: los autobuses y el transporte público tienen que ser accesibles para ellos y con este objetivo vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas. 
Porque la Comisión en la primera lectura había realizado una propuesta de aproximadamente 100 páginas con regulaciones detalladas y todos los Grupos políticos se pusieron de acuerdo en el curso del debate en rechazar esta directiva por consideraciones de principio. 
Ahora vuelven a la carga la Comisión y el Consejo con una posición común que no abarca 100 páginas sino 150. 
En la primera lectura dijimos que nos podemos imaginar como máximo 3 páginas con los principios políticos esenciales; ahora en esta directiva se encuentran algunos elementos que nos parecen realmente extraños. 
Por ejemplo, en la página 17 tenemos la figura 17: allí se trata del estrechamiento permitido en los asientos posteriores de las esquinas, proyección horizontal de la superficie prescrita del asiento- para los dos asientos posteriores de la esquina, ver el anexo I apartado 7.7.844DOTQUANT776.344DOTQUANT774 y allí se prescribe en la construcción del vehículo un radio máximo de 150 mm. Sé que en la Unión Europea ya hemos prescrito el radio de curvatura para el plátano, para el pepino y para no sé aún que más cosas, pero que determinemos además un radio de curvatura para el autobús unitario europeo, va más allá de mi capacidad de comprensión. 
La directiva contiene además una fórmula que incluso debería ser difícil de comprender para los ingenieros. 
Tengo que decir que este documento no es adecuado para una resolución política. 
Además, los constructores, los compradores de autobuses, los protectores del consumidor y también las asociaciones de minusválidos aunque estaban de acuerdo con esta directiva sin embargo todos están muy insatisfechos. 
Todos dicen que queremos alcanzar el objetivo de emplear en Europa autobuses a los que tengan acceso las personas con minusvalías. 
Nosotros, el PPE, queremos en este sector un new approach que consiste muy sencillamente en que nos limitemos a los contenidos políticos esenciales. 
Y estos son, en primer lugar, normas para el acceso de los ancianos, niños y minusválidos. Esto es muy importante y se debe garantizar. 
En segundo lugar, queremos normas para la seguridad del conductor y de sus pasajeros. 
En tercer lugar, queremos que se introduzca el principio del reconocimiento recíproco. 
Este principio es tan importante porque naturalmente un autobús de línea en un pueblo pequeño y pobre de Sicilia, donde hace mucho calor, tiene que tener un aspecto diferente al de un autobús en la rush hour de Londres donde están en camino millones de pasajeros y donde se plantean unos requerimientos y dinámica muy diferentes al autobús, o por ejemplo un autobús en el norte de Finlandia que se emplea para unas temperaturas extremadamente bajas y para grandes distancias y dónde a su vez debe tener un aspecto totalmente diferente. 
Por ello, el PPE va a solicitar la devolución de la posición común y una votación. 
Consideramos importante que no hagamos todo igual en Europa, este igualitarismo lo rechaza además el ciudadano europeo. 
Queremos un reconocimiento recíproco. 
Tengo confianza en los autobuses británicos, franceses y alemanes. 
Y así debe seguir siendo también en el futuro. 
Señor Presidente, en la primera lectura de esta directiva el Parlamento remarcó muy claramente frente al Consejo y a la Comisión su voluntad de reemplazar la legislación de detalles por otra de carácter más general y de entregar las especificaciones a un comité técnico. 
Sin embargo, en su postura común, el Consejo desoye absolutamente al Parlamento. 
El Consejo no ha tomado en cuenta para nada el enérgico rechazo del Parlamento a las normas que abundan en detalles. 
El informe se ocupa de más cosas que de los autobuses. 
Se trata de saber cómo se va a legislar en la UE. 
Obviamente no me opongo a que los discapacitados puedan subirse a los autobuses europeos. 
Me opongo al procedimiento. 
Como político, me resulta completamente imposible decidir las medidas en milímetros de los agarraderos o de los compartimentos para paquetes de los autobuses. 
En mi país se ridiculiza a menudo a la UE por entrometerse y regularlo todo en detalle. 
Los ciudadanos ponen en tela de juicio, con toda razón, a una Unión muy poco flexible y que se preocupa de detalles. 
La credibilidad de los diputados también es puesta en duda si nuestras decisiones versan sobre cosas respecto a las que nada podemos hacer. 
Un ejemplo es el anexo 5 de la postura común del Consejo. 
No me avergüenzo de decir que no entiendo la fórmula para calcular la fuerza de cerrado de las puertas accionadas mecánicamente. 
No quiero contribuir a ridiculizar a la UE ni a nosotros. 
A pesar de que no estuve presente en la primera lectura en 1988, quisiera recordar al Parlamento que por 485 votos contra 1 se eligieron las directrices generales en lugar de los detalles. 
¿Por qué cambia hoy el Parlamento? 
Esta fue una materia importante para los conservadores suecos en la elección de 1999. 
He sido elegido para combatir las intervenciones imprudentes en política. 
Por eso no voto a favor de la postura común del Consejo. 
Insto a todo el Parlamento a votar a favor de la enmienda 9 de mi colega el Sr. Lehne, que rechaza la postura común del Consejo. 
. (FR) Señor Presidente, en primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento al ponente, Sr. Miller, así como a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, cuyo trabajo ha permitido anunciar la conclusión satisfactoria de este dossier. 
Como ustedes sin duda recordarán, esta propuesta de directiva sobre la fabricación de autobuses y de autocares ha dado lugar, en primera lectura, a largas y difíciles discusiones. 
Hace ya tres años que este proyecto está sobre la mesa y desde entonces ha llovido mucho. 
Se vislumbra un consenso entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
Más allá de las instituciones, el consenso se hace necesario también entre las diferentes partes implicadas, los fabricantes de autobuses y autocares, las compañías de transporte público y las asociaciones de usuarios, entre las que están las que representan a personas con movilidad reducida. 
Por esto es por lo que hemos valorado el trabajo del ponente, pues ha conseguido sintetizar intereses a veces divergentes. 
Así, será posible adoptar rápidamente la propuesta, lo que permitirá incrementar la seguridad de los autobuses y de sus pasajeros. 
Las ocho enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior pueden ser aceptadas por la Comisión, bien íntegramente, bien en principio. 
Las enmiendas 1, 7 y 8 son aceptables tal como se presentan. 
Las enmiendas 2, 3 y 5, que se refieren a la pendiente admisible del suelo del autobús son, en principio, aceptables, pero sin duda podrían revisarse en cuanto a su redacción. 
La enmienda 4, que da una lista de personas con movilidad reducida, será probablemente contestada por los Estados miembros, pues corre el riesgo de olvidar ciertos tipos de usuarios. 
¿No habría que atenerse a la definición general, más exhaustiva de este mismo hecho? 
Por último, la enmienda 6, que propone modificar la figura que representa una silla de ruedas, es aceptable en principio, pero no bajo la forma propuesta en el informe. 
La referencia a una norma ISO o a un diagrama acotado, como ha propuesto el ponente en la enmienda 10, sería preferible, sabiendo sin embargo que habría que vigilar que las dimensiones o el peso de la silla de ruedas, con la persona sentada, sean compatibles con las características físicas de los accesos. 
En cambio, la Comisión no desea repetir el debate que hemos tenido en primera lectura sobre el enfoque reglamentario para los vehículos de motor. 
No suscribimos, por tanto, la idea de poner en entredicho la oportunidad de una directiva, me refiero a la enmienda 9. 
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6 y 10 sobre el principio y aceptar las enmiendas 1, 7 y 8. 
Quisiera responder al Sr. Harbour sobre esta cuestión de principios. 
Desde Lisboa, cuando debatimos nuevas propuestas, hemos de considerar alternativas. 
Por ejemplo, estamos en este momento hablando de discapacidades. 
He debatido mucho sobre las normas de diseño para los discapacitados en la sociedad de la información con el fin de intentar encontrar formas de hacer que todas las herramientas de la sociedad de la información estén disponibles a personas con distintos tipos de discapacidad. 
Deberíamos intentar analizar cuándo puede utilizarse una directiva con un nuevo enfoque frente a las directivas con el antiguo enfoque. 
Debemos ver qué tipo de reformas reglamentarias podemos hacer para servir a este fin de un modo más fácil. 
No deseo debatir esto ahora porque queda abierto para una propuesta futura. 
Esta ha progresado tanto que la Comisión propone aceptarla del modo que he expuesto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Medidas comunitarias de incentivación del empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0018/2001) del Sr. Jensen, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 459- C5-0384/2000- 2000/0195 (COD) ) relativa a medidas comunitarias de incentivación del empleo. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a los ponentes alternativos de los demás partidos por su cooperación en este informe. 
Me parece positivo que podamos reunir una amplia mayoría para una propuesta que sigue la estela de anteriores resoluciones de este Parlamento. 
Con la propuesta actual fijamos los marcos de la política de empleo comunitaria durante los próximos cinco años. 
La política de empleo descansa sobre lo que denominamos la cooperación abierta cuya posible aplicación en muchos otros ámbitos políticos fue subrayada por última vez en la Cumbre de Lisboa. 
La coordinación abierta significa que los países pueden emplear caminos diferentes para alcanzar objetivos comunes. 
Y el objetivo común aquí es menos desempleo y más empleo. 
Existen directrices recomendadas para la política de los países. 
Los países deben presentar informes sobre lo que hacen para mejorar la preparación de los parados a la hora de enfrentarse a los desafíos del mercado laboral. 
Se debe procurar fomentar el espíritu emprendedor y promover la flexibilidad del mercado laboral y los países deben trabajar por promover una mejor interacción entre la vida laboral y la vida familiar. 
Esta labor informativa que los países llevan a cabo cada año sirve de punto de partida al informe anual de la Comisión sobre el empleo en la UE que junto a los análisis y a las estadísticas de la Comisión sobre desarrollo forman la base de la Recomendación del Consejo a cada país. 
El proceso es abierto. 
Hay libertad para elegir las políticas y si un país sigue un camino claramente distinto al recomendado, puede recibir críticas, pero nada más. 
¿No está demasiado libre de compromisos? 
Un montón de informes, reuniones, conferencias, un montón de palabras, pero ninguna seguridad de que se alcancen los objetivos. 
Sí, a primera vista quizá sí esté libre de compromisos, pero esta política, en la que los países miden el esfuerzo de cada uno con respecto a los demás e intercambian experiencias, evaluación comparativa (benchmarking) y mejores prácticas (best practices) , como se llama a esto en el lenguaje moderno, supone también exponer ante un público más amplio qué países están haciéndolo bien y cuáles están haciéndolo menos bien. 
La coordinación abierta en gran medida debe tener como efecto que este esfuerzo se convierta en un tema del debate público, del debate nacional sobre la política de empleo. 
En los países en los que el desempleo juvenil es alto, la opinión pública preguntará: ¿Cómo es posible que nuestros políticos no alcancen los mismos buenos resultados que en otros países? 
¿Hay algo que podamos aprender de los esfuerzos realizados en otros países? 
La transparencia entendida como publicidad es de hecho un recurso muy importante en este proceso. 
De esta forma, queremos que se preste más atención a la labor de información al gran público y a la participación de los interlocutores sociales, las autoridades locales y regionales en mucha mayor medida de lo que se plantea en la propuesta de la Comisión. 
El artículo 129 encierra la posibilidad de introducir proyectos pilotos. 
Queremos que haya un intercambio de información sobre las formas de involucrar al ámbito local. 
Podría ser un proyecto piloto. 
No hablamos de nuevos proyectos que copien los proyectos que conocemos bajo los auspicios del Fondo Social. 
Se trataría de acumular análisis, conocimiento e información sobre el método a seguir para conseguir la participación del ámbito local y regional en la política de empleo. 
La Comisión ya ha comenzado este trabajo mediante su comunicación sobre el papel de las autoridades nacionales y regionales. 
Y en lo que respecta al Parlamento, en el presupuesto de este año hemos introducido una nueva línea presupuestaria para acciones preparatorias destinadas a lograr la participación local en la política de empleo. 
Lo hemos hecho precisamente para fomentar un mejor conocimiento de la estrategia europea para el empleo. 
Al incluir en esta propuesta la participación de las autoridades locales y regionales en la política de empleo nos aseguramos una base legal para estos esfuerzos. 
Al pedir a la Comisión que realice más tareas de las que aparecen recogidas en la propia propuesta de la Comisión, naturalmente han de aumentarse las dotaciones de modo que acompañen este aumento de tareas, por ello mi informe propone aumentar las dotaciones hasta los 65 millones de euros frente a la propuesta de la Comisión de 55 millones de euros. 
En resumen, la cooperación abierta debe ser abierta en los dos sentidos. 
Debe ser abierta permitiendo a los países mantener su libertad a la hora de fijar su política. 
Habrá varios caminos para alcanzar los mismos objetivos, pero también debe ser abierta permitiendo la participación del gran público en mucha mayor medida de lo que sucede hoy. 
La política de empleo, el proceso de Luxemburgo es bueno, ¿por qué debe ser tan secreto? 
Señor Presidente, Señorías, esta mañana el Presidente Prodi nos ha informado de que en el último año se han creado en Europa más de un millón de nuevos puestos de trabajo en Europa y que dos tercios afectan a las mujeres. 
Vemos pues que los programas de empleo y el ocuparnos de este tema ha aportado unos efectos muy positivos. 
Creo además que el método elegido por la Comisión, el de la best practice y el benchmark, es el correcto pues de este modo en Europa nos podemos convertir en los mayores oferentes mundiales gracias a una sociedad basada en los conocimientos. 
La Comisión ha actuado además de un modo muy ahorrativo con estos fondos. 
Los pagos han ascendido, al contrario que los compromisos, a sólo un 50%. Así pues, con unos créditos relativamente reducidos se ha logrado mucho. 
Esto es especialmente loable. 
Quizás, en el futuro sería aún posible ahorrar algo más en los gastos administrativos. 
Aquí existe sin duda aún un potencial de ahorro. 
Por otro lado, en el futuro deberíamos mejorar y ampliar con todas nuestras fuerzas este programa. 
La comisión ha realizado al respecto las correspondientes propuestas y el Parlamento Europeo estaría orgulloso si se pudiesen proseguir las repercusiones positivas como en el año pasado. 
Precisamente en el sector de la tecnología de la información, de la information society, no vamos a poder ocupar hasta el año 2004 aproximadamente un millón de puestos de trabajo pues no poseemos la necesaria formación. 
Insistir en estos sectores o también en la biotecnología, donde en la investigación queremos solucionar aún los problemas con la EEB, es decir invertir concretamente en estos nuevos campos, es en mi opinión un bonito desafío para crear puestos de trabajo nuevos, interesantes y buenos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la propuesta de la Comisión tiene por objetivo fundamental fomentar la cooperación entre los Estados miembros por lo que respecta al análisis, a la investigación y al seguimiento de la política de empleo, determinando las mejores prácticas y promoviendo intercambios y transferencias de información y experiencias. 
Así pues, partiendo de la necesidad de apoyar y desarrollar la estrategia europea para el empleo, la Comisión propone una serie de medidas, que incluyen actividades en materia de análisis, investigación y cooperación entre los Estados miembros en el ámbito del empleo y que contribuirán en gran medida a alcanzar el nuevo objetivo estratégico establecido en Lisboa, esto es, convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, con más y mejores empleos y con una mayor cohesión social. 
Por ello, respaldamos ampliamente la propuesta de la Comisión, si bien considero que podría mejorarse en algunos aspectos que, a grandes rasgos, son los siguientes: en primer lugar, y por lo que se refiere a las medidas comunitarias previstas, una de ellas es la que apoya un enfoque más estratégico de la política de empleo en la Unión, mediante análisis y evaluación de los factores que explican las tendencias del empleo, el marco político general, etc. En este punto la propuesta de la Comisión no prevé que el análisis y la evaluación sean realizados de manera específica, para hombres y para mujeres, algo que considero imprescindible si tenemos en cuenta que el paro en Europa es en su mayor parte femenino. 
No resulta desmesurado afirmar que, de no tenerse en cuenta el paro femenino, en muchas regiones de la Unión se darían incluso situaciones de pleno empleo. 
En este sentido, y puesto que las medidas de incentivación del empleo deben constituir uno de los instrumentos clave que sirvan para desarrollar la igualdad de oportunidades, hay que tener en cuenta cuál es la necesidad para el empleo de las mujeres. 
Hay que considerar, por tanto, cuáles son los estudios para hacer una mayor oferta de guarderías infantiles y asistencia social a domicilio. 
En este sentido, es necesario asegurar una oferta suficiente de servicios de calidad, sobre todo cuando se trata también de personas a cargo, que en la mayoría de los casos están a cargo de las mujeres. 
Hay que favorecer, por tanto, la incorporación de la mujer al mercado laboral y su continuidad en el mismo con un reparto equitativo de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta la reinserción de las mujeres y, sin duda alguna, la diferenciación de los estudios por sexo ayudaría a comprender los problemas que esto plantea. 
Señor Presidente, esta noche hemos vuelto al Parlamento Europeo a las 23.40 horas para hablar del documento relativo al plan comunitario para incentivar el empleo, un documento realmente importante que, sin lugar a duda, no solo justifica nuestra presencia, sino también la de la Comisaria Diamantopoulou que de esta forma demuestra cierta sensibilidad a los problemas del empleo. 
En otro orden de cosas, y faltando un cuarto de hora para el 14 de febrero, San Valentín, aprovecho la ocasión para felicitar a todos los enamorados: espero que los haya en este áspero, duro y rudo Parlamento. 
Con respecto al documento en cuestión, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, presenté una enmienda para pedir que en el ámbito de aplicación de la directiva se incluyera un estudio en perspectiva sobre los avances políticos relativos a determinadas categorías de personas, como las personas mayores, los discapacitados y las demás capas vulnerables. 
Este programa, señor Presidente, destina 55 millones de euros durante cinco años, especialmente para estadísticas y preparación de la documentación relativa a la estrategia para el empleo. Se trata ante todo de ayudas a los Estados miembros para realizar dichas estadísticas. 
Una pequeña parte de este importe, que confío en que se aumente, se destina a proyectos piloto dirigidos a identificar nuevas formas de empleo y de trabajo. 
Entre las mismas, en mi opinión, existe seguramente- como señaló la Comisaria Diamantopoulou en su primera presentación- la nueva actividad de asistencia a las personas mayores y a los discapacitados que son cada vez más numerosos, prestada por jóvenes trabajadores que pueden encontrar empleo en este sector y facilitar la vida de las personas mayores. 
Señor Presidente, presenté esta enmienda en comisión, pero, lamentablemente, la parte izquierda de este Parlamento, o sea, los socialistas, votó en contra. 
La vuelvo a presentar en el Pleno y espero que esta vez la solicitud de que en el ámbito de aplicación se incluya también esta actividad sea acogida por la parte que siempre se declara sensible a los problemas de la gente mayor y de los discapacitados, es decir, la parte izquierda, y que el centro de la Sra. Jensen vote a favor de esta enmienda. 
Mañana por la mañana pediré la votación nominal sobre esta enmienda, aunque estoy seguro que no será necesario y que será aprobada por unanimidad. 
Hago votos por que Europa se ocupe por fin también de las personas mayores y de los discapacitados en el ámbito del empleo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, intervengo en nombre de los radicales italianos. 
Considero que, a pesar del excelente trabajo realizado por la Sra. Jensen, este documento es de corto alcance. 
Sé que es preciso hacer lo que la Comisión, a través de su propuesta, y los propios Tratados piden, esto es, llegar a reunir con la máxima urgencia las mejores prácticas, a promover procesos y enfoques innovadores y a evaluar las experiencias realizadas. 
Sin embargo, no considero que para hacerlo sea necesario todavía, en la Europa actual, invertir 55 millones de euros en pocos años para aumentar el detalle del análisis, para hacer esfuerzos de intercambios de experiencias de los Estados, para promover la cooperación- no se entiende qué es en el ámbito del empleo- por parte de los distintos Estados. 
¿Creemos realmente que, hoy, para hacer benchmarking, es nuevamente necesario añadir estudios y distribuir a través de mil cauces, más o menos clientelares- algo a los sindicatos, algo a las distintas patronales, algo a las organizaciones no gubernamentales- polvo de euros para hacer nuevos estudios que acaban y acabarán cubiertos de polvo ocupando espacio en las bibliotecas? 
Señor Presidente, no creo realmente que haga falta. 
Quizá sea necesario coordinar los datos estadísticos o reforzar y adecuar los métodos de comparación de Eurostat- esto sí- pero no creo que sea necesario gastar dinero en más estudios y análisis, en intercambios de información, en proyectos piloto que terminan y terminarán por generar artificialmente puestos de trabajo subvencionados por las haciendas públicas europeas, estatales o locales, pero destinados a no alcanzar ningún resultado práctico. 
Se gana tiempo, se tira humo a los ojos de los parados europeos, pero no se hacen las reformas que sirven realmente y que ya se sabe cuales son. 
Hace unos minutos, se ha hablado en este hemiciclo de las categorías desfavorecidas en lo que respecta al empleo. 
En mi país, Italia, gracias a alguna reforma, absolutamente tímida y obstaculizada por los sindicatos, de liberalización del mercado laboral, durante el año pasado se han creado cientos de miles de puestos de trabajo que han ido preferentemente a las regiones desfavorecidas del Sur, a las mujeres y a los jóvenes, pero con unas medidas estructurales que son las que sirven y no- lo siento- gracias a nuevos y costosísimos estudios. 
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con el orador anterior por lo que, en primer lugar, me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. Jensen, por su exhaustivo informe. 
De hecho, hay muchas cosas de este informe que podemos apoyar, en especial el énfasis que se pone en el enfoque combinado nivel comunitario/nivel local propuesto en materia de política de empleo. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hacemos hincapié en que el análisis y la evaluación de esta actuación en el campo del empleo debería realizarse sobre la base específica del género, puesto que las mujeres están soportando el mayor peso del desempleo en Europa. 
Señora Comisaria, los objetivos de Lisboa de aumentar las tasas de empleo de las mujeres, con un objetivo del 60% para 2010, pueden ya considerarse demasiado ambiciosos. 
En el Reino de España, donde la tasa de empleo de las mujeres es probablemente la más baja de la Unión Europea, apenas alcanza el 30% de la población activa. 
Señor Presidente, tras la fallida cumbre de Niza es bueno recordar un acontecimiento que ha proporcionado a la UE una gran dinámica: la cumbre para el empleo en Luxemburgo. 
Se ha logrado convencer a los Estados miembros para que aporten mucho más a favor del empleo y de la capacidad de adaptación, de un nuevo espíritu empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
Desde entonces, unas medidas ejemplares en los Estados miembros son un elemento central de la estrategia europea de empleo. 
Se debe analizar y evaluar a fondo lo que han logrado. La reentrada en la vida profesional, las actividades para una mayor igualdad de oportunidades, un cambio en las exclusiones sociales, la generación dirigida de un entorno favorable para la nueva creación de pequeñas y medianas empresas. 
¿Es cierta nuestra teoría de que surge una plusvalía europea si las medidas en los Estados miembros se reticulan con iniciativas comunitarias y con programas comunitarios para la formación inicial, profesional y continuada? 
Queremos que los actores locales y regionales participen más intensamente en forma de proyectos piloto, por lo que exigimos que se aumenten los créditos propuestos por la Comisión. 
Me parece que hay que conceder preferencia a una mejor coordinación de la política de empleo y de la económica. 
Son las dos caras de la misma medalla. 
Tengamos por fin más valor para aprovechar mejor nuestras posibilidades y a no ser solamente escuchados en la determinación de las directrices políticas de empleo. Esto no es suficiente. 
Como Parlamento Europeo tenemos que participar con mayor consecuencia en la semana del empleo en noviembre en Bruselas y aquí en Estrasburgo tenemos que tomarnos por fin el tiempo para debatir durante todo un día sobre la creación de puestos de trabajo de futuro y sobre la aplicación de los planes de acción nacionales. 
Aquí hay que conceder una gran importancia a las prestaciones de los interlocutores sociales y a la experiencia de las personas afectadas por el desempleo así como a los trabajadores apoyados por medidas de creación de trabajo. 
Entonces, señor Presidente, ésta sería nuestra aportación a las campañas para la estrategia europea de generación de empleo. 
Señor Presidente, el puesto de trabajo, el trabajo, es el medio más importante para prevenir la exclusión social. 
La Unión Europea tiene pocas posibilidades de intervenir directamente en la situación de empleo. 
El llamado proceso de Luxemburgo, a través de sus informes anuales sobre el empleo, de la adopción de las mejores prácticas y de la propagación de las experiencias ejemplares, es una magnífica tentativa de afianzar la colaboración entre los Estados miembros, así como de incrementar la productividad de las actuaciones y la transparencia de las mismas. 
Un gran paso hacia adelante será el próximo proceso de Luxemburgo, en cuyo marco se fomentarán las nuevas tecnologías, aspirándose con ello a encauzar a Europa por el camino del crecimiento. 
Las medidas de consolidación del empleo deben centrarse en los ámbitos que proporcionen mayor valor añadido, es decir, en la formación, en la investigación y en la adopción de las nuevas tecnologías como instrumento de crecimiento, principalmente como instrumento del crecimiento sostenible. 
Conseguiremos la igualdad de oportunidades si nos ocupamos del funcionamiento de aquellos servicios sociales públicos que permiten la incorporación completa de la mujer al mercado laboral. 
Señor Presidente, comienzo felicitando a la ponente, la Sra. Anne Jensen, por la oportunidad y el mérito de su informe. 
Uno de los objetivos de la Unión es el fomento de un elevado nivel de empleo. 
Así, en el marco del proceso de Luxemburgo, los Estados miembros han venido cooperando ya en materia de política de empleo y siendo los últimos encargados de elegir las medidas concretas para su ejecución, como, por lo demás, no podía ser de otro modo. 
Pero recientemente el Consejo Europeo de Lisboa estableció como objetivo estratégico de la Unión volverla el espacio económico más dinámico y competitivo del planeta, basado en el conocimiento y capaz de garantizar un crecimiento económico sostenible que potencie más y mejores empleos y una mayor cohesión social. 
Este informe va encaminado a ser una contribución para afrontar ese nuevo imperativo nacido en Lisboa, que entraña la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la esfera del empleo, pilar importante en la estrategia europea del empleo. 
Se propone dinamizar la cooperación entre Estados miembros en el análisis, la investigación y el seguimiento de la política de mercado laboral, en el marco de una economía basada en el conocimiento, determinando los mejores procedimientos, promoviendo intercambios y transferencias de experiencias, aparte de una política de información activa, a fin de que el ciudadano europeo se entere fácilmente de cuáles son los objetivos estratégicos en materia de empleo. 
Es necesario garantizar la participación de los interlocutores sociales y de las entidades locales y regionales en ese esfuerzo, que debe ser de todos. 
Por otro lado, es igualmente imprescindible una evaluación de la existencia de infraestructuras que faciliten el acceso y el mantenimiento del trabajo a hombres y mujeres, tales como guarderías y asistencia social a domicilio, como resulta patente en la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
El Parlamento Europeo es ya, en el ámbito del proceso de consulta, un importante participante en la formulación de las orientaciones anuales para el empleo. 
Conviene ahora que participe también en la evaluación cuantitativa y cualitativa de las repercusiones globales de la estrategia europea del empleo. 
Una nota final se debe a la asignación de recursos a las prioridades de los incentivos al empleo. 
Se debe hacer con equilibrio y siempre con mucho rigor la utilización de fondos públicos. 
Así, una dotación presupuestaria en aumento en esa esfera parece algo positivo e indispensable. 
Además, hay que subrayar que la asignación de recursos debe corresponder a las necesidades reales y concretas y tener en cuenta la ejecución presupuestaria de cada rúbrica. 
Señor Presidente, me gustaría también sumarme a mis colegas en el agradecimiento a la Sra. Jensen por su informe y felicitarla por el mismo. 
En el poco tiempo disponible, es importante que, dado que diversos oradores ya han hablado de una serie de grupos desfavorecidos o de grupos a los que no les va tan bien en el campo del empleo, consideremos diversos aspectos, de los cuales los más importantes son los tres siguientes: la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso y la igualdad en la formación. 
La igualdad de oportunidades ha de significar que todos los puestos de trabajo, todas las funciones disponibles, están abiertos a todos por igual. 
La igualdad de acceso significa que no debería haber ningún impedimento físico para que las personas accedan a las oportunidades de empleo y formación existentes. 
La igualdad en la educación significa que las personas deben tener las habilidades necesarias para los puestos de trabajo que van a estar disponibles. 
Hemos pasado de una época en la que había sectores altamente industrializados y de mano de obra intensiva a otra de redes más pequeñas y cooperación a menor escala. 
Es necesario que nos centremos más en proporcionar habilidades y formación a la gente joven, a la gente de edad media, a la gente mayor y a aquéllos que viven en zonas rurales y urbanas para que tengan igualdad de acceso a esa formación y a los nuevos trabajos que existen. 
Los planes nacionales de acción para el empleo, con arreglo al Proceso de Luxemburgo, nos son muy útiles para utilizar el palo y la zanahoria con los Estados miembros. 
Podemos dar más recursos allí donde se estén facilitando buenos puestos de trabajo y cumpliendo con los objetivos y podemos retirarlos cuando no se esté haciendo. 
Señor Presidente, como ya es medianoche, quisiera decirles a usted, Señor Presidente, y a usted, Señora Comisaria, feliz día de San Valentín. 
Este es un informe muy bueno. 
Y ello no me sorprende porque siendo un informe de la Sra. Jensen tenía que ser bueno. 
Sin embargo, era un informe ligeramente superior antes de que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales "lo mejorara". Algunas de las enmiendas que se han presentado no han hecho que fuera un documento mejor. 
Me refiero sólo a dos aspectos. 
El primer aspecto- y me estoy jugando la vida- se refiere a algunas de las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Yo apoyo con firmeza los derechos de la mujer. 
Yo apoyo con firmeza los derechos de los jóvenes, de las personas mayores, de las personas discapacitadas y de muchas otras minorías. 
Pero sólo las mujeres disponen de su propia Comisión para hablar en su nombre. 
A veces, quizás, su voz ahoga, a mi juicio, la de los otros grupos. 
Tomo como ejemplo el punto 1 del apartado 1 del Artículo 3 del texto original que decía: "En la mayor medida posible el análisis será específico por género". 
Estoy de acuerdo con eso. 
Debería ser específico por género en la mayor medida posible. 
Pero la Comisión de Derechos de la Mujer ha suprimido las palabras "en la mayor medida posible". 
Parece ser que la "mayor medida posible" no es suficiente. 
Creo que estaba bien como estaba. 
Pongo este ejemplo, pero sigo apoyando los derechos de la mujer. 
Me he puesto el traje a prueba de tomatazos por si estuvieran pensando en hacer algo. 
El segundo punto se refiere al presupuesto. 
Creo que la Comisión de Presupuestos hizo una referencia al presupuesto aumentando desde 50 millones de euros a 55 millones de euros, pero sobre la base de que debería ser proporcional a la ejecución. 
El presupuesto del año pasado era de 50 millones de euros. 
De esa cantidad sólo se gastaron dos tercios; de estos, el 25% se lo comieron los gastos administrativos. 
Pasar de 55 millones de euros a 65 millones- como se recoge en la última enmienda- es, a mi juicio, desproporcionado. 
Es un reflejo del entusiasmo de la Comisión por este proyecto concreto. 
Con demasiada frecuencia vemos que, a veces, para resaltar la importancia de un tema se le ofrezca más dinero. 
Yo tendría la esperanza de que, cada vez más, los colegas reconocieran que el dinero no es sólo un reflejo de la importancia, y que es posible votar firmemente a favor de un proyecto sin incrementar el dinero. 
Me temo que voy a tener que esperar mucho tiempo para ver esto. 
Dada mi edad avanzada puede que sean mis sucesores los que lo vean por primera vez. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.20 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero referirme a los comentarios realizados en este salón de plenos el lunes por la tarde con respecto a la manifestación antinuclear en la base de submarinos nucleares de Faslane en Escocia. 
Como usted sabe, participé en dicha demostración y quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados que han apoyado mi decisión de participar en el mayor bloqueo de la base jamás realizado, y fue detenida, irónicamente, por perturbar el orden público. 
Sólo quiero decir una palabra a aquellos diputados que han insinuado que mis acciones fueron irresponsables o inadecuadas. 
En primer lugar, las armas nucleares no sólo son inmorales e inhumanas, sino que además son ilegales. 
El Tribunal Internacional de La Haya dictaminó que la posesión de armas nucleares es contraria al Derecho internacional, dictamen que fue reafirmado por un tribunal escocés en 1999. 
Por consiguiente, mi acción del lunes fue en defensa de la ley, y no una infracción. 
En segundo lugar, creo que las armas nucleares representan una amenaza para todos nosotros y que es legítimo e incluso necesario que utilicemos todos los medios pacíficos a nuestro alcance para intentar librar a nuestros países de ellas. 
Naturalmente existen canales parlamentarios que podemos utilizar con este fin, y yo los utilizo, pero también creo que es legítimo y necesario utilizar también los canales extraparlamentarios. 
Tenemos la responsabilidad de utilizarlos. 
Un Estado democrático no es sólo un don y un derecho, también es una responsabilidad. 
Si los ciudadanos no se manifiestan responsablemente en contra de los actos inhumanos que cometen sus gobiernos, los gobiernos se vuelven cada vez más irresponsables y corruptos. 
Por último, cada ciudadano, elegido o no, tiene el derecho y el deber de utilizar todos los medios pacíficos para intentar que se respete el Derecho internacional. 
Mi acción del lunes fue un pequeño paso más en el intento de lograr ese fin. 
Señor Presidente, al tiempo que doy la bienvenida a mi valiente y noble colega la Dra. Lucas, que se reincorpora a la Asamblea, quisiera poner en la atención de mis colegas que hoy también recibiremos la visita del Presidente de la asamblea general de la Iglesia de Escocia, que será recibido por la Presidenta esta noche. 
En este sentido, quisiera reiterar el argumento de la Sra. Lucas de que el lunes se insinuó en esta Asamblea que sólo exaltados irresponsables participaron en la protesta en Faslane. 
Pido a los diputados que tomen nota de que el dirigente de la Iglesia Nacional de Escocia, al que daremos la bienvenida esta noche, también tuvo una participación destacada en dicha protesta. 
Encabezó un servicio ecuménico y llamó la atención sobre el hecho de que la Iglesia, por principio, se opone a que el Estado dependa de armas de destrucción masiva. 
La profunda oposición a las armas nucleares por motivos legales y morales es una posición común entre los dirigentes de opinión responsables, tanto religiosos como no religiosos, en toda Escocia y en toda esta gran Unión. 
Señor Presidente, retomando los argumentos que ha formulado la Sra. Lucas, apoyo los sentimientos que ha manifestado. 
No obstante, me gustaría preguntarle si podría convencer a sus colegas de que desistan de invocar la inmunidad parlamentaria cada vez que es detenida en Faslane. 
Mucho antes de la participación de la Sra. Lucas, yo ya llevaba muchos años participando en Faslane y he sido arrestado allí. 
Ni una sola vez he invocado la inmunidad parlamentaria. 
Pasé mi día en los tribunales y tuve mi juicio. 
No usaré la vía de la inmunidad parlamentaria porque quiero pasar mi día en los tribunales y defender mi reivindicación y no esconderme tras una cortina de humo. 
Señor Presidente, permítame establecer, para el Acta de ayer, una corrección del sentido de mi voto. 
Mi intención era votar "sí" sobre el informe Rübig. 
Señor Presidente, mi observación también guarda relación con el Acta. 
Me pregunto si podría hacerse constar en la página 11 de la versión inglesa del Acta, en el punto 8, donde hablamos sobre el turno de votaciones, que la votación comenzó a las 12.12 horas. 
En las pantallas se anunció que comenzaría a las 12.15 horas, y por ese motivo algunos de nosotros no pudimos participar en las primeras votaciones. 
Señor Presidente, con pesar, hemos conocido que, exactamente un mes después de que un terremoto asolara El Salvador, ayer una conmoción similar volvió a golpear a ese país centroamericano. Estoy seguro de que nuestra Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México pondrá todos los mecanismos en marcha para instar a las autoridades comunitarias, empezando por la Comisión, a que renueven sus esfuerzos de solidaridad con ese país. 
Eso se verificará. 
Si tiene razón, se corregirá el Acta en el sentido que usted señala. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, muy brevemente, como miembro de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central y México, quiero mostrar también nuestra preocupación por que el pueblo de El Salvador vuelva a haber sido castigado por una catástrofe natural y urgir a que las ayudas lleguen cuanto antes y no pase como pasó después del Mitch, pues si tardan en llegar quien lo sufre es la población. 
Gracias, Señoría, creo que esta Asamblea se suma a su deseo. 
Instauración de un acuerdo de adhesión de Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0024/2001) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2000) 0502- C5-0468/2000- 2000/0205 (CNS) ) relativo a la asistencia en favor de Turquía en el marco de una estrategia de preadhesión y, en particular, de la creación de una asociación para la adhesión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, tras un largo tiempo de anuncios y promesas, la Unión Europeo o, para ser más exactos, el Consejo Europeo de Helsinki reconoció oficialmente a Turquía como candidato a la adhesión. 
El tema del debate y la votación de hoy es ahora la aproximación de Turquía a dicha adhesión o, más bien dicho, a la posibilidad de iniciar las negociaciones. 
Si adoptamos el informe- como espero- y el Consejo también adopta una decisión sobre esa base, el balón se encontrará definitivamente en el campo de Turquía y ésta se verá obligada a actuar. 
Habremos dejado atrás el tiempo de las respuestas reactivas- como las que se han dado con demasiada frecuencia en Turquía- y dicho país tendrá que emprender los pasos decisivos. 
En efecto, tiene que quedar claro, estimadas y estimados colegas- incluidos también quienes quizá están siguiendo este debate desde Turquía- que para poder iniciar las negociaciones es preciso que se cumpla el criterio político de Copenhague. 
No hemos negociado con ningún candidato sin que se hayan cumplido los criterios políticos. 
En este sentido, las condiciones que exigimos a Turquía son las mismas que impusimos a todos los demás candidatos. 
Turquía no se encuentra en situación de desventaja ni tampoco goza de ningún privilegio. 
Esta es también la orientación de mi informe y de los párrafos- que ahora al parecer se ponen en entredicho- que persiguen la equiparación de Turquía con los demás candidatos. 
En efecto, tiene poco sentido hablar de igualdad de trato e imponer las mismas exigencias a Turquía si no se le conceden simultáneamente también los mismos derechos. 
Cumplir los criterios va a resultar sin duda muy difícil en Turquía y para Turquía. 
Allí coexisten, como mínimo, tres corrientes principales de opinión: quienes están a favor de Europa porque también defienden la democracia, la transparencia y el respeto de los derechos humanos y de las minorías; quienes están a favor de Europa pero tienen, en cambio, grandes dudas en lo que respecta a la adopción de los valores y derechos fundamentales europeos: y quienes son contrarios a Europa por principio, sobre todo, entre otras cosas, porque también se muestran escépticos en lo que se refiere a la adopción de los valores y derechos fundamentales tal como nosotros los concebimos en nuestro continente. 
A Turquía le corresponde, sin embargo, adoptar las decisiones políticas internas. 
No obstante, aun así yo creo que desde esta Asamblea deberíamos emitir una señal clara de apoyo a las fuerzas que desean recorrer el camino de la aproximación a Europa y hacia una democracia plena en Turquía. 
Esta es también la orientación de mi informe. 
Confiamos, por lo tanto, en que Turquía realice grandes progresos en los próximos años. 
Tenemos la ilusión de que dentro de uno o dos años se puedan iniciar quizá las negociaciones. 
No quisiera desanimar ni decepcionar a nadie, pero desde luego habrá que esperar algunos años. 
No obstante, a mi parecer también debe quedar claro que si pasado un cierto plazo- que yo personalmente creo que debería ser de unos cinco años- todavía no se ha podido empezar a negociar porque no se ha cumplido el criterio político, la Unión Europea y Turquía deberían plantearse otra forma de asociación. 
En efecto, en cualquier caso somos socios de Turquía y debemos mantener una buena colaboración. 
En primer lugar- no pretendo negarlo -, Turquía constituye un factor económico importante. 
Esto es del todo indiscutible. 
En segundo lugar, Europa debería tener el máximo interés en la presencia de un gran país estable en esa región azotada por las crisis. 
En tercer lugar, no tenemos ningún interés en abandonar a Turquía en manos del fundamentalismo islámico, puesto que somos contrarios por principio a cualquier clase de fundamentalismo, religioso o de otro tipo. 
En cuarto lugar, es preciso resolver algunos problemas regionales, como la mejora de las relaciones con Grecia y, sobre todo, la cuestión de Chipre. 
En seguida volveré sobre este tema. Turquía debe saber que exigimos de todo país candidato la voluntad absoluta de mantener buenas relaciones con sus vecinos. 
Es parte integrante de los preparativos para el inicio de las negociaciones con Turquía que ésta resuelva sus relaciones con Grecia mediante un buen acuerdo y que contribuya de manera significativa a la solución del problema de Chipre. 
Un problema difícil, que todas las partes y todos los afectados deben contribuir a resolver, incluidos también, naturalmente, los representantes de la población turca y, en particular, también Turquía. 
Antes de acabar, permítanme que añada dos breves observaciones. 
La primera se refiere al problema kurdo: es evidente que la solución de los problemas con la población kurda de Turquía también es uno de los temas del orden del día. 
Ya manifestamos con toda claridad que el uso de la lengua kurda- también en los medios de comunicación -, al igual que el mantenimiento de la identidad kurda y la posibilidad de expresarla, son también un factor esencial para la modificación de las condiciones políticas en Turquía. 
En cuanto a la cuestión armenia, yo personalmente soy contrario a que los parlamentos extranjeros decidan sobre la valoración histórica de hechos ocurridos un siglo atrás. 
Sin embargo, soy igualmente contrario a que Turquía capitalice políticamente este hecho. 
Sería deseable que se abordase la cuestión armenia con mayor serenidad y sobre todo de manera más activa. 
Si Turquía diese pasos para invitar a historiadores del propio país, armenios y de terceros países a examinar esta cuestión, esto permitiría avanzar hacia un tratamiento razonable del asunto. 
Con este espíritu, yo les pido, estimadas y estimados colegas, que voten afirmativamente mi propuesta, con el fin de ofrecer así a Turquía la oportunidad de demostrar que está dispuesta a recorrer el camino de la aproximación a Europa. 
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de ponente de opinión del Informe Swoboda sobre un acuerdo de adhesión con Turquía, yo apoyo plenamente el documento presentado. 
La Comisión de Asuntos Exteriores ha tomado en consideración los aspectos esenciales de las enmiendas de la Comisión de Presupuestos. 
La Comisión de Presupuestos resaltó los siguientes aspectos. El primer punto podría parecer a primera vista de orden técnico-presupuestario, pero en realidad es de carácter político. 
La Comisión de Presupuestos pidió que la ayuda comunitaria a Turquía no se financie en adelante con cargo a la rúbrica 4- "Relaciones exteriores" -de las Perspectivas Financieras, sino que se tenga en cuenta la condición de candidato a la adhesión de Turquía y los créditos se financien, por lo tanto, con cargo a la rúbrica 7, "Ayuda de preadhesión". 
En otra enmienda, la Comisión dejaba claro que el volumen de la asistencia comunitaria lo fijará cada año la autoridad presupuestaria- o sea, el Consejo y el Parlamento- en el marco del procedimiento presupuestario. 
Otras dos enmiendas se referían a la participación del Parlamento en la cooperación con Turquía, por un lado en el momento de decidir los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones que figurarán en el acuerdo de asociación para la adhesión y, por el otro lado, cuando se deban adoptar las medidas oportunas en el caso de un incumplimiento de los compromisos por parte de Turquía. 
Desde el punto de vista presupuestario, estamos satisfechos, toda vez que la Comisión de Asuntos Exteriores hizo suyas todas las observaciones de la Comisión de Presupuestos. 
De hecho, la Comisión de Asuntos Exteriores fue incluso más lejos en el aspecto financiero, por ejemplo con la enmienda en la que se prevé la participación de Turquía en los demás instrumentos financieros. 
Una última observación final: en los próximos años todos tendremos que presionar para que se ponga efectivamente "dinero nuevo" a disposición de Turquía, que ahora es candidata a la adhesión- pero lo mismo vale para los demás países candidatos -, sin limitarse a incluirla en los programas existentes, pues sin esos nuevos fondos, los candidatos a la adhesión sencillamente no podrán cumplir las exigencias que les planteamos. 
Señor Presidente, en primer lugar, me merece mucho respeto el informe del Sr. Swoboda, quien analiza especialmente bien algunos puntos técnicos relativos a Turquía, pero por supuesto, hay más que sólo lo técnico. 
Todos sabemos que existe una división entre Turquía, en tanto candidato que todavía no puede iniciar las negociaciones de adhesión por no cumplir los criterios políticos de Copenhague, y otros candidatos que sí se encuentran inmersos en el proceso de negociación para su ingreso en la Unión. 
Esta distinción se ha hecho por motivos razonables y políticos. 
Esto también repercutirá en la forma en que negociemos con Turquía las cuestiones financieras, en comparación con otros estados candidatos. 
Así mismo, quisiera decir que, en general, la actitud positiva hacia Turquía que se recoge en el informe agrada ciertamente a nuestro Grupo, pero tenemos la sensación de que va demasiado lejos en un determinado punto. 
Quisiera tener también la opinión de la Comisión especialmente sobre el mismo, es decir, respecto de la enmienda 1, conforme a la cual Turquía debe participar en los instrumentos financieros ISPA y SAPARD a fin de garantizar el mismo trato a todos los estados candidatos. 
Creo que algo semejante no constituye verdaderamente un trato igual. 
Dijimos en su momento que íbamos a tener en cuenta en todos los ámbitos posibles si la política no nos agradaba, si la política no daba la talla; a partir de ahí, trazamos una línea divisoria. 
No importa, entonces, que el país respecto del cual tenemos ciertas objeciones políticas sea grande o pequeño. 
Ayer, conversé largo y tendido sobre estas cuestiones con el excelente embajador turco. 
Se trata de lo que debe cambiar en un país, de cuándo puede convertirse en un estado candidato adulto que también negocie la adhesión. 
Si ya se habla del ISPA y el SAPARD, que hasta ahora no estaban dirigidos a Turquía, la enmienda 1 implicará que se tome dinero de los presupuestos para los estados candidatos que están negociando su entrada. Es decir, que cumplen por tanto, los criterios políticos de Copenhague, por ejemplo. 
Considero que esto tendría un efecto desmoralizador. 
Quisiera que la Comisión me explicara, en particular, hasta qué punto tendría esto consecuencias financieras ¿Qué significa realmente la enmienda 1 para los otros estados candidatos? 
¿Se reduciría, entonces, el presupuesto destinado a los otros estados candidatos, con los que estamos negociando, en beneficio de Turquía? 
¿Cómo se procedería exactamente? 
Si es así, lo considero extraño. 
O, tal vez, puedan ampliarse las perspectivas financieras, de manera que la enmienda 1 pueda llevarse a cabo sin perjudicar a los otros estados candidatos. 
Creo que es muy difícil lograrlo desde la perspectiva de la técnica presupuestaria. 
Me agradaría, por tanto, que la Comisión explicara muy claramente a este respecto cuál es el efecto de la enmienda 1. 
Nuestro Grupo titubea mucho a la hora de aceptar tales efectos negativos, especialmente, de cara a los otros países candidatos con los que estamos negociando bien. 
No nos parece justo. 
Tenemos, entonces, que pensar otra cosa. 
Si queremos hacer algo por Turquía, también tenemos la unión aduanera, que no organizamos muy bien. 
Puedo entender muy bien la irritación al respecto, también en cuanto al aspecto financiero. 
Debemos concluir de forma adecuada semejante cuestión. 
Estoy completamente de acuerdo con ello. 
Si todo puede mejorarse técnicamente uniendo, por ejemplo, los instrumentos, entonces, debe hacerse. 
Sin embargo, la reducción de los presupuestos de los estados candidatos con los que estamos negociando, a favor de un candidato con el que todavía no mantenemos negociaciones de adhesión, me parece una cuestión espinosa. 
Quisiera, en nombre de mi Grupo, que la Comisión explicara exactamente qué sucede al respecto. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señorías, a Turquía se le ha ofecido una relación de asociación y es absolutamente correcto, desde el punto de vista del procedimiento, dotar ahora de fundamento legal a dicha relación de asociación, aun cuando Turquía no haya presentado todavía su programa nacional y no podamos, en consecuencia, juzgar hasta que punto está dispuesta a asimilar las indicaciones que se hacen en el marco de la relación de asociación. 
En todo caso, El informe del Sr. Swoboda no es un informe de procedimento habitual, puesto que el estado que constituye el objeto del informe no es un país candidato habitual. 
Se trata de un país muy grande, y muy diferente a los demás candidatos. 
El ser diferente de Turquía brinda el punto de partida para ciertas observaciones de carácter general. 
La candidatura turca pone decisivamente a prueba no solo a Turquía, sino a la propia Unión Europea. 
No es solo Turquía, señorías, la que se examina para convertirse en miembro. 
En este caso se examina también la Unión Europea, y de muchas materias. 
En primer lugar en materia de tolerancia religiosa. 
El punto de vista dominante, por lo que creo, entre los ciudadanos europeos, es el punto de vista de que la diferencia religiosa no puede constituir un obstáculo para la adhesión de un nuevo miembro. 
En la Europa democrática, nos sentimos orgullosos de nuestra tolerancia religiosa; nunca, sin embargo, se nos había pedido corroborarla en la práctica de manera solemne, como ahora. 
Es una prueba crucial de la sinceridad de nuestra proclamas y no nos está permitido fallar. 
La segunda asignatura de la que nos examinamos es nuestra capacidad de convencer del valor de una aceptación sustantiva de nuestras instituciones democráticas. 
Recalco lo de aceptación sustantiva porque Turquía no se opone a la aceptación formal de la democracia, como no se opone prácticamente nadie en el mundo actual. 
Son muchos, sin embargo, los que creen que el régimen democrático empieza y termina con el multipartidismo y con la celebración regular de elecciones. 
Está claro que esto no es suficiente. 
En este ámbito precisamente, en la aceptación sustantiva de la democracia, la trayectoria de Turquía posterior a Helsinki nos plantea serios interrogantes. 
Turquía da la impresión de que después del gesto del Consejo Europeo de Diciembre de 1999, que fue recibido con alegría por la nación turca, en lugar de aproximarse, se aleja de la aplicación sustantiva de los principios democráticos. 
La ley de amnistía aprobada significó la libertad para muchos presos comunes, pero no para personas condenadas por atreverse a expresar su opinión o a hablar su lengua. 
En la carcel sigue estando Leyla Zana, a pesar de haber sido galardonada con el Premio Sajarov de nuestro Parlamento. 
El estado de excepción sigue en vigor en el sureste de Turquía, y dirigentes del partido kurdo legal ÇADEP se pierden en la zona y son declarados desaparecidos. 
La tragedia provocada en las cárceles por las fuerzas de seguridad con su acción armada ha conmovido a nuestra opinión pública. 
Esperamos pasos adelante, y solo vemos pasos atrás. 
Otra asignatura de la que nos examinamos es nuestra capacidad de convencer del valor de las relaciones pacíficas entre países en otro tiempo enemigos. 
También en este aspecto el comportamiento de Turquía presenta tendencias signos de retroceso. 
Esperamos oír en Chipre la voz del compromiso, y oímos la estampido de las armas. 
Señorías, en la Edad Media Turquía llegó con su poder militar y llamó en Viena a las puertas de Europa. 
Las puertas no se le abrieron entonces. 
Hoy Turquía llama de nuevo a nuestras puertas. 
Llama de manera pacífica, pues en los siglos transcurridos el verdadero poder ha pasado a residir no en los partidarios de la imposición militar, sino a las fuerzas de la libertad, la democracia, la racionalidad y la ciencia; este es el poder de la gran Europa, y quien desee compartir la grandeza de Europa ha de compartir con sinceridad sus principios, porque de otro modo las puertas de Europa no han de abrirse. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Swoboda por su intervención y también por el informe. 
Mi Grupo apoya el reglamento, no sólo por su valor técnico y financiero para Turquía, sino también por el mensaje político que transmite. 
El reglamento es un modo de afianzar la confianza. Demuestra que tratamos la candidatura de adhesión de Turquía a la Unión Europea con el respeto que sin duda merece. 
Equipara la candidatura de Turquía con la de otros Estados, lo que indica que seremos imparciales y francos con Turquía y daremos ejemplo de la coherencia política que esperamos y exigimos a los turcos. 
El reglamento desencadenará un montón de reformas. 
No hay ninguna duda de que la calidad y el ritmo de la reforma en Turquía se verán impulsados por el desarrollo de las relaciones con la Unión Europea. 
El siguiente paso debe ser el plan nacional, que debe ser publicado sin demora y responder por completo al programa de asociación para la adhesión. 
Necesitamos este plan nacional para garantizar que el impulso en favor de la integración europea de Turquía no decae. 
En el Grupo Liberal evaluamos este programa nacional con un talante crítico, pero imparcial. 
Señor Presidente, el reglamento que propone el Consejo es una consecuencia lógica de la decisión de Helsinki. 
Si un país es estado candidato, entonces hay que contar con una estrategia y una financiación claras, lo mismo que para los otros estados candidatos. 
Es una buena propuesta y las enmiendas del Sr. Swoboda suponen una mejora. 
En este momento, resulta mucho más interesante, creo yo, la cuestión política de determinar si la distancia entre Turquía y la Unión Europea ha disminuido desde la decisión de Helsinki. 
En lo que a ello respecta, mi propio grupo se encuentra ante el mismo dilema de siempre. 
Como es sabido hemos criticado mucho, y seguimos haciéndolo, al Gobierno turco en el ámbito de los derechos humanos, de la situación de los kurdos y de la posición dominante del ejército. 
La cuestión crucial es, entonces y ahora, qué puede y debe hacer la Unión para mejorar la situación. 
La respuesta sigue siendo que eso sólo puede conseguirse mediante un diálogo desde la perspectiva de la ampliación y de la pertenencia a la Unión. También porque las fuerzas con las que tenemos contacto, las fuerzas progresistas, consideran el respaldo de Europa como un respaldo para los cambios. 
Ahora, la cuestión es ¿funciona esta estrategia? 
Me temo que es demasiado pronto para evaluarlo, ya que la imagen es muy, muy confusa. 
Pongo por ejemplo la sublevación de presos. 
Por supuesto, proponer que de ahora en adelante no pueda haber más de una treintena de presos en una celda, sino que la ocupen una o varias personas, supuso un avance. 
Naturalmente, se trata de un avance por el que siempre hemos luchado. 
La imagen se ensombrece mucho, sin embargo, por el hecho de que no se ha modificado en absoluto el régimen de las cárceles. 
Y este régimen va acompañado de torturas, que serán mucho más fáciles de cometer en celdas individuales. 
La respuesta de mi Grupo al respecto es que debemos continuar con la estrategia, pero- y el Sr. Swoboda también lo recuerda- el éxito no está asegurado en absoluto. 
El precio que hay que pagar por la adhesión es elevado, elevado para el ejército y para los partidarios de un estado único monolítico ¿Se les puede obligar o, quizá, persuadir de que paguen este precio? 
Formular esta pregunta y atreverse a intentarlo es responsabilidad de la Unión Europea. 
En este sentido, una vez más, el reglamento supone un paso acertado y las enmiendas, una mejora. 
Sin embargo, Turquía es- y creo que debe dejarse claro en este debate- la que debe ver si el acercamiento a la Unión Europea es sincero, ya que el lema de mi Grupo continúa siendo: sin la perspectiva del ingreso, ninguna reforma radical; pero sin reformas radicales, ninguna perspectiva de ingreso. 
Señor Presidente, las propuestas del colega Swoboda sobre el reglamento del Consejo son adecuadas, a mi parecer. 
Yo creo que su incorporación mejoraría el reglamento. 
También quiero agradecerle la exposición de motivos que acaba de ofrecernos y no voy a repetir las observaciones críticas que ya han expuesto hoy los colegas Swoboda, Lagendijk u Oostlander sobre la situación en Turquía. 
Ésta no ha mejorado, sino todo lo contrario, en los últimos meses y semanas. 
Una delegación de nuestro Grupo viajó hace poco a Turquía y regresó con informes desoladores de algunos afectados, que ponemos gustosamente a disposición de la Comisión, de la Presidencia del Consejo y de los colegas. 
No obstante, prefiero no extenderme ahora sobre este tema. 
Colega Swoboda, usted ha dicho que en adelante el balón se encontrará definitivamente en el campo de Turquía y yo me pregunto: ¿cómo debemos interpretar este símil futbolístico austríaco? 
¿Contra qué portería tocará disparar? ¿Contra la propia portería? 
¿Se situará ésta en el campo europeo? Sin duda sería necesario- y posiblemente es a lo que usted se refiere- que el proceso tenga como resultado una democracia, el desarrollo de los derechos humanos y el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. 
Sin embargo, yo creo que el balón, que efectivamente se encuentra en el campo turco, se interpreta allí de un modo muy distinto. 
Yo interpreto lo que ha ocurrido últimamente allí más bien como una provocación, como un intento, no de alcanzar el objetivo de la candidatura a la adhesión a la Unión, sino de entender dicha candidatura como un objetivo en sí misma, como un medio para obtener recursos financieros, para beneficiarse de las preferencias de la Unión aduanera o incluso de una suavización de las críticas contra la situación en Turquía. 
Esto me conduce al problema que en realidad deseaba plantear. 
Además de formular las críticas necesarias y muy contundentes contra la situación en Turquía, ¿no deberíamos examinar también con ojos muy críticos nuestra propia política? 
A mi parecer, desde el Consejo de Helsinki y también durante el mismo, el Consejo y la Comisión quedaron prisioneros de su propia propaganda y ahora se ven obligados a justificar continuamente que se están registrando progresos. 
Colega Verheugen, usted declaró el 14 de noviembre aquí, cito literalmente que "podemos abrigar esperanzas justificadas de que conseguiremos justamente el objetivo previsto, que es apoyar con nuestra política a las fuerzas reformadoras en Turquía, dar un nuevo impulso al proceso de reforma y hacerlo avanzar con vistas a la deseada adhesión a la Unión Europea". 
Yo digo ahora que la realidad contradice esa declaración. 
Comprendo perfectamente que la diplomacia a menudo se ve obligada a actuar con cautela, pero no deberíamos quedar atrapados en nuestra propia propaganda y la propaganda de Turquía, sino fortalecer con lealtad a las fuerzas reformadoras en el marco del enfrentamiento y abrir así el camino para la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, es conocida nuestra posición sobre la inclusión de Turquía en la Unión Europea. 
La expresamos claramente en el Pleno del pasado mes de noviembre de este Parlamento a propósito del debate sobre el informe relativo a los avances logrados por ese país en la preparación para la adhesión. 
Nada nos mueve contra la gran nación turca ni contra su estrecha relación con la Unión Europea, sino todo lo contrario. 
Simplemente observamos que la tradicional reserva con que se consideraba la candidatura de Turquía ha cambiado sin que hubiera ocurrido un debate político coherente que lo justificara. 
¿Acaso han desaparecido o se han diluido las razones que fundamentaron esa posición de reserva? 
Desde luego, el problema geográfico: ¿es que ya no se considera que sólo una pequeña parte del territorio turco forma parte del continente europeo? 
¿Qué doctrina diferente relativa al espacio europeo permite enmarcar ese nuevo concepto de frontera exterior resultante de la inclusión de Turquía en la Unión? 
¿Deberá Europa pasar a tener una nueva frontera, no sólo extraeuropea, sino también frontera de guerra y conflicto? 
Señorías, basta con pensar en la hipótesis de que lleguemos a tener como países vecinos al Irán, al Irak o a Siria... 
¿Y qué decir del conflicto con el modelo democrático común a los europeos planteado por las innumerables restricciones al ejercicio de derechos fundamentales que, por desgracia, siguen observándose en Turquía? 
¿Y cómo conciliar la adhesión de ese país con el contencioso militar que mantiene con Grecia a causa de Chipre? 
¿Y la cuestión kurda, que sigue sin evolucionar? 
¿Y la tutela militar del régimen, que persiste? 
Por último, ¿es que nadie se pregunta por las repercusiones que la dimensión geográfica de Turquía representa para la cohesión económica y social de una Europa ampliada? 
¿Acaso han cambiado o se han atenuado todas esas cuestiones en gran medida? 
Creemos que no. 
Creemos incluso que no somos los únicos en sostener esta opinión. 
Los más optimistas dirán que somos nosotros los que no ponemos de manifiesto los avances positivos entretanto habidos. 
¿Será así? 
Veamos lo que nos dice el último informe de la Comisión sobre la situación turca. 
Es cierto que reconoce avances considerables en materia de estabilización macroeconómica y de atenuación de los desequilibrios más clamorosos de su economía. 
Probablemente sea eso lo que cuente, no seamos ingenuos. 
La importancia económica de Turquía para la Unión Europea es hoy considerable. 
En 2000, por ejemplo, la Unión Europea representó el 52,9 % de las importaciones de Turquía y el 53,1 % de sus exportaciones. 
¿Cómo pasarlo por alto? 
Pero eso no nos impide recomendar vivamente la lectura de ese mismo informe en lo relativo a las libertades de expresión y asociación, que, según afirma la Comisión, se mantienen limitadas, a la situación en materia de derechos económicos, sociales y culturales que, según el documento, no se han modificado respecto de 1999, al sistema judicial, cuyo funcionamiento aún no ha sido modificado, a la corrupción, que se mantiene en niveles preocupantes, a la tutela militar del régimen, a la tortura y a los malos tratos que distan de haber sido erradicados en todos los aspectos y que mueven a la Comisión a concluir que- y cito- "respecto del año anterior" -1999- "la situación en el terreno no ha mejorado entretanto y Turquía no cumple reglamentariamente los criterios políticos de Copenhague". 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento del Consejo que se va a votar mañana crea el marco jurídico que permitirá a Turquía beneficiarse de una estrategia de preadhesión, a semejanza de los demás países candidatos. 
En ella se establece como una cláusula de suspensión, que se accionará, en particular, cuando se compruebe que el cumplimiento de los criterios de Copenhague es insuficiente. 
El Parlamento quiere participar en esa tarea de fiscalización. 
Muy bien. 
Ahora bien, cabe preguntar, ante el marco real trazado por la propia Comisión, si esa cláusula de suspensión no pasará de ser una manifestación de hipocresía política. 
O, si no, habremos de concluir que lo que la Comisión propone a Turquía es dar con una mano la asociación para la adhesión y con la otra suspenderla indefinidamente... 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 reconoció a Turquía la condición de estado candidato a la Unión Europea. Una decisión drástica, dada la relación algo tensa del decenio anterior. 
En cualquier caso, nos parece que este paso fue demasiado lejos. 
El abismo político y cultural existente entre ambas partes es, al fin y al cabo, demasiado grande. 
Las continuas tensiones son prueba de ello. 
Véase por ejemplo el actual conflicto diplomático entre París y Ankara sobre la interpretación histórica del terrible destino de la minoría armenia en el imperio otomano en 1915. 
El reconocimiento de la condición de Turquía como aspirante a Estado miembro sí crea obligaciones europeas. La Comisión, y no menos el ponente, cumplen con las mismas de forma justa en lo que al aspecto financiero se refiere. 
Por consiguiente, respaldamos el informe del Sr. Swoboda. 
Son dos los elementos de la asociación para la adhesión propuesta que refuerzan esta decisión. 
En primer lugar, el refuerzo de la unión aduanera entre la Comunidad Europea y Turquía, ¡nuestra alternativa al inevitable suplicio mutuo de la adhesión turca a la Unión Europea! 
En segundo lugar, el artículo 4 de la propuesta de la Comisión. 
En efecto, si Turquía no avanza en el cumplimiento de los criterios de adhesión de Copenhague, es decir, un Estado democrático de Derecho que funcione, que incluya la protección de las minorías, esperamos que el Consejo y la Comisión tomen, conforme al artículo 4, "medidas adecuadas". 
Con razón, el ponente Swoboda pide en este caso concreto que se siga el procedimiento de consulta en el que el Parlamento Europeo tiene competencias. 
Señor Presidente, Ankara todavía no se dirige a Europa con una política de reformas que no deje lugar a dudas. 
Sin embargo, el país tiene la posibilidad de entrar en la Unión. 
Esperamos una reacción clara por parte de Turquía y eso exigirá mucha paciencia todavía por parte de Europa. 
No obstante, no podemos dejarnos seducir, y no respetar por ello nuestros criterios de adhesión, que han sido cuidadosamente establecidos. 
Señor Presidente, por principio, nosotros acogemos con satisfacción cualquier intento de mejorar las condiciones existentes en Turquía y aproximarla así a la Unión Europea. 
Sólo falta saber bajo qué condiciones y con qué recursos financieros se va a hacer. 
Hoy se han mencionado repetidamente, con razón, los problemas de los derechos humanos en Turquía, la cuestión kurda y también el tema del reconocimiento del genocidio de los armenios. 
Hace algunos meses, yo mismo fui invitado por un grupo de estudiantes turcos a asistir a un proceso en calidad de observador y les aseguro que no fue una experiencia alentadora. 
En este contexto también resulta interesante observar cómo ha ido modificando, por ejemplo, el ponente- que ha presentado un informe muy interesante- su opinión sobre Turquía con el paso de los años. 
Lo cual, sin embargo, no podemos reprocharle, pues tiene todo el derecho a cambiar de opinión. 
La ayuda financiera a Turquía para apoyar a las fuerzas que desean impulsar la aproximación a Europa y también unas condiciones más democráticas debe ir acompañada, no obstante, de la observación paralela de la situación de los derechos humanos y tampoco puede reducir los recursos financieros disponibles para otros países. 
Por esto creemos que también es interesante la idea del Grupo Técnico de Diputados Independientes de que se crea algún tipo de comité de sabios encargado de examinar de manera permanente la situación de los derechos humanos y que condicione la financiación de determinados proyectos a una mejora de dicha situación. 
Señor Presidente, la asociación para la adhesión establece una serie de prioridades importantes y retadoras que Turquía deberá abordar como parte de sus preparativos para la adhesión a la Unión Europea. 
Ciertamente pondrá a prueba la determinación de Turquía para llevar a cabo las reformas tan necesarias en el ámbito de los derechos humanos. 
Un aspecto urgente de dichas reformas es el relativo a la libertad de expresión, el funcionamiento del sistema judicial y las condiciones de las cárceles turcas. 
Anteriores oradores ya han hecho referencia a ello esta mañana y yo hablé sobre este mismo tema en el transcurso de nuestro debate del mes pasado. 
Tras la aprobación de esta Asamblea de una resolución sobre la situación de las cárceles turcas, remití un escrito a las autoridades de aquel país en el que hacía especial hincapié en la solicitud de que algunos diputados a este Parlamento pudieran visitar cárceles turcas para conocer de primera mano la situación. 
El 5 de febrero recibí una respuesta del Embajador turco en la que me informaba de que el Ministerio de Justicia turco aprueba que una delegación de diputados al PE visite cárceles de tipo F para que conozca algunos de los problemas y las medidas que están siendo adoptadas para superarlos. 
En mi opinión, esto confirma la voluntad de las autoridades turcas de tratar con nosotros de una manera positiva y abierta. 
Asimismo demuestra que una cierta comprensión con la situación turca, un cierto equilibrio, en vez del constante aluvión de reproches por motivos políticos, tiene mayores probabilidades de conducirnos hacia una mejora en dichos ámbitos en los que tenemos motivos justificados de crítica. 
Deberían evitarse las constantes referencias a acontecimientos ocurridos hace generaciones en circunstancias diferentes. 
Éstas sólo sirven para mantener imágenes negativas generalizadas y estereotipadas de Turquía y de la población turca. 
En este contexto, el Parlamento no debería ceder sus instalaciones para exposiciones encaminadas a instigar el odio, y espero que el Presidente transmita este sentimiento a los Cuestores. 
Miremos al frente en vez de rememorar constantemente tiempos pasados. 
Apoyamos el informe Swoboda y las sensatas enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Señor Presidente, cuando viajo a Turquía continuamente oigo decir que el Parlamento Europeo es enemigo del país. 
Hoy hemos dejado claro que ese reproche no responde a la realidad. 
La objetividad con que se ha desarrollado hasta ahora el debate sobre el tema de Turquía, las aportaciones de los oradores y el reglamento, o por lo menos la propuesta de reglamento de la Comisión y el informe del ponente, demuestran, de hecho, que el Parlamento Europeo está muy interesado en ayudar a Turquía y en dejar claro que no le mueve en absoluto la enemistad, sino el deseo de poder celebrar un día junto con la población de Turquía su ingreso en la Unión Europea como un país democrático, y que formula propuesta razonables con este objeto. 
Las y los colegas del Parlamento turco están escuchando ahora mismo nuestras palabras y siguiendo este debate. 
Yo quisiera decirles desde aquí que no nos interesa en absoluto hablar continuamente de lo que va mal en Turquía y de los motivos por los que creemos necesario expresar nuestras criticas, siempre que ellos cumplan su tarea en Turquía. 
Somos políticos y nos preguntamos con razón por la actuación de los políticos. 
Tengo aquí una cita de un periódico turco, no de una publicación de una organización kurda, que quisiera leer con su permiso: " Serdar Tanis, presidente del partido HADEP en Silopi, y Ebubekir Deniz, secretario del mismo, han desaparecido. 
El 25 de enero se presentaron en la gendarmería respondiendo a una citación y desde entonces nadie les ha vuelto a ver. " 
Yo creo que este es el problema que tenemos. 
Si en Turquía se repiten continuamente sucesos como este y no se hace nada para evitarlo, también deben comprender que formulemos nuestras críticas justificadas. Si así sucede, también deben reconocer que está justificado que mantengamos una posición muy crítica con respecto al tema de Turquía. 
Señor Presidente, antes de nada, también yo quiero felicitar al Sr. Swoboda, en nombre del Grupo ELDR, por su excelente informe y sus palabras comedidas en la introducción del mismo. 
Se trata de un paso pequeño, pero muy importante en el largo camino del ingreso de Turquía en la Unión Europea. 
Todavía hay muchos obstáculos en este camino. 
Las reformas políticas y los derechos humanos son, por supuesto, lo que más llama la atención, pero también hay problemas en cuanto a las reformas económicas y debe cumplirse la legislación medioambiental. 
Es más que normal que Europa ayude a ello. 
No obstante, sí esperamos entonces que Turquía se tome en serio nuestra crítica dentro del mismo clima de confianza y colaboración. 
El informe Swoboda es un informe técnico y financiero que emana de forma lógica de las conclusiones de Helsinki. 
No obstante, se subraya un mensaje muy importante entre líneas: Turquía pertenece a Europa. 
El Grupo ELDR respalda plenamente este mensaje fundamental. 
Lamentamos, por tanto, que muchas veces se viertan otras opiniones desde el Parlamento. 
En los bancos de la derecha, principalmente, surge la idea, de vez en cuando, de que Europa debería continuar siendo un club de cristianos en el que no son bienvenidos los musulmanes. 
Europa es una comunidad secular, una comunidad con iguales derechos, con libertad de culto y con transparencia. 
Turquía pertenecerá dentro de un cierto tiempo a esa Europa, a pesar de que falta un largo camino por recorrer, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. 
Señor Presidente, somos contrarios a la adhesión de Turquía a la Unión Europea, porque estamos convencidos de que el pueblo de Turquía no tiene nada bueno que esperar de ella. 
Por el contrario, incluso quienes en Turquía creían que era algo que contribuiría a la democratización del país, constatan lo contrario tras su proclamación como país candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
Y, en cualquier caso, si creyeran ustedes todo lo que no dejan de pregonar sobre la democracia y los derechos humanos, no se gastarían ni un euro del dinero de los contribuyentes de la Unión Europea en apoyar a un régimen militar que viola con crueldad los derechos humanos. 
Las partidas que se asignan al régimen turco, se utilizan, de hecho, para mantener la opresión del pueblo kurdo y la negativa a encontrar una solución política a la cuestión kurda. 
Se utilizan para mantener la ocupación del 38% de Chipre; y la solución del Sr. Swoboda no se encuentra en Grecia o Chipre, sino en el fin de la ocupación y en la aplicación de las resoluciones de la ONU. 
Los dirigentes de Turquía, sin embargo, han vuelto recientemente a declarar que el problema chipriota se resolvió en 1974. 
La financiación que propone el Consejo, y es apoyada en lo fundamental por el informe Swoboda, será empleada, no en el desarrollo económico y social de Turquía, sino en el refuerzo del aparato represivo del régimen turco, de cuyas prestaciones hemos tenido una reciente demostración con el bárbaro asalto a las cárceles y la muerte de decenas de los presos políticos en huelga de hambre contra los que se dirigía la agresión, así como el encarcelamiento y desaparición incluso de niños. 
Los gestos de apertura hacia Turquía y su financiación sin duda animarán al régimen a mantener, corregida y aumentada, su inhumana política. 
Son utilizados por el régimen en el interior del país como reconocimiento por Europa de que Turquía es democrática. 
Por ello, sentimientos de solidaridad y fraternidad para con los pueblos de Turquía, que son los que sufren esa política, nos impulsan a votar en contra de la propuesta del Consejo- una propuesta que pone de manifiesto las dimensiones de la hipocresía de tanta proclama sobre la democracia -, y en contra también del informe Swoboda. 
Señor Presidente, el 8 de noviembre, la Comisión adoptó los informes del año 2000 sobre el progreso realizado hacia la adhesión de cada uno de los 15 países. 
Consideraba que todos ellos, con la sola excepción de Turquía, respetan los criterios políticos establecidos en Copenhague. 
A pesar de eso, quince días más tarde, Turquía asistía por primera vez a la Cuarta conferencia sobre los Fondos sociales de la Unión Europea. 
Durante la Cumbre de Niza, Turquía prometió que las nuevas cárceles de tipo F, en las que se practica la tortura física y psicológica, dejarían de utilizarse. 
Todos deberíamos leer el informe de la misión sobre los derechos humanos que se celebró desde el 26 hasta el 31 de diciembre. 
Este informe ha sido presentado en Bruselas y refleja la situación desesperada en que se encuentran cientos de detenidos en cárceles turcas, en particular, aquéllos de origen kurdo. 
El articulo 4 de la propuesta abordada por el Sr. Swoboda debería aplicarse con carácter inmediato. 
No necesitamos ir más lejos. 
Hay que poner fin a esta situación ahora. 
De lo contrario, ¿es éste el modo adecuado de garantizar el fomento de la identidad kurda? 
Como ha señalado el Sr. Brie, la realidad nos contradice. 
Señor Presidente, señor Comisario Verheugen, señor Danielsson, representante de la Presidencia, Turquía es un país clave para la creación de buenas relaciones entre el mundo cristiano y el musulmán. 
Este hecho no puede ser desconocido, especialmente atendiendo a que Turquía, como estado oficial, es un país secularizado, en tanto que la mayoría de sus ciudadanos son musulmanes. 
Al mismo tiempo, la actual Turquía es el segundo país de la Biblia, donde el apóstol Pablo construyó sus primeros templos cristianos. 
Por eso, mi primera pregunta al Comisario y al Consejo es: ¿de qué manera están ustedes dispuestos a contribuir a fomentar el diálogo religioso entre cristianos y musulmanes? 
Mi segunda pregunta es: ¿qué se hace concretamente para fortalecer la libertad religiosa en Turquía, en Oriente Medio y en el norte de África? 
Muchos nos hacemos estas preguntas, especialmente los millones de egipcios coptos. 
Quisiera ocuparme de un caso concreto en Turquía. 
El 22 de febrero continúa el juicio que comenzó en diciembre del año pasado en el tribunal de seguridad del estado en la ciudad de Diyarbakir, contra el sacerdote cristiano sirio Yusuf Akbulut. 
La acusación se basa en el párrafo 312 de la ley penal que se usa para juzgar a numerosos políticos y escritores, entre los que se cuenta Yasar Kemal. 
En esta disposición se prohiben conductas tales como "agitar y enardecer manifiestamente al pueblo" creando enemistades y odios mediante la revelación de diferencias religiosas, raciales, de clase o regionales. 
El delito de Yusuf Akbulut consiste en haber manifestado en el periódico Huriyet de 3 de octubre de 2000 que celebraba el reconocimiento del congreso americano de la matanza de armenios ocurrida entre 1915 y 1918. 
En el mismo contexto agregó que otros pueblos cristianos, por ejemplos los asirios/sirios, fueron aniquilados. 
Por esas declaraciones puede ser condenado a una larga pena de cárcel. 
El juicio despierta muchas dudas que van desde la irracionalidad del párrafo 312 de la ley penal, difuso y muy problemático desde el punto de vista de la libertad de expresión, hasta los testimonios y los fundamentos de la acusación. 
Mi tercera y última pregunta al Comisario y a la Presidencia sueca es la siguiente: ¿están ustedes dispuestos a seguir minuciosamente el caso de Yusuf Akbulut? 
Señor Presidente, decía el Sr. Lagendijk, y con razón, que en los últimos tiempos, tras Helsinki, la distancia entre la Unión Europea y Turquía se ha acortado; pero el problema es que la distancia entre Turquía y los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional continúa siendo casi igual de larga que siempre. 
Nosotros tenemos que conseguir que haya una relación proporcional entre la reducción de la distancia entre Turquía y la Unión Europea y la que media entre Turquía, la democracia, los derechos humanos y las resoluciones internacionales. 
Y la verdad es que, en los últimos tiempos, las cosas no van bien en ese campo en Turquía, donde se siguen violando los derechos humanos. 
Conocemos, por ejemplo, la carta de Pierre Sané, secretario de Amnistía Internacional, a finales del pasado año, a la Comisión y al Consejo, también las amenazas a Akin Birdal de los últimos días, a la asociación de defensa de los derechos humanos, las persistentes declaraciones de las autoridades turcas sobre la situación del pueblo kurdo, sobre el conflicto de Chipre y otras muchas cosas más. 
Nosotros, por enésima vez, al adoptar el informe Swoboda vamos a mandar un mensaje positivo a Turquía: miren ustedes, desde la Unión Europea, queremos que nuestras relaciones sean cada vez mejores y que ustedes formen parte de nuestra gran familia pero, para eso, es imprescindible que cumplan los principios democráticos. 
Y tenemos que conseguir que ese mensaje sea entendido por Ankara, que, de momento, no lo quiere entender. 
El mensaje es una respuesta afirmativa, pero con estos razonamientos, con estas condiciones, con ese alentar a que efectivamente se tomen pasos comprobables en el futuro inmediato. 
Yo sugiero algunos, como por ejemplo que se libere a nuestra premio Sajarov Leyla Zana, que se tenga una actitud constructiva y comprometida en cuanto a Chipre y al pueblo kurdo y, desde luego, que se adopten las modificaciones legales imprescindibles de unas leyes que proceden aún de una dictadura militar y que siguen sin respetar los derechos humanos 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Swoboda, por su excelente informe, así como a la Comisión de Asuntos Exteriores por su exposición tan oportuna. 
La propuesta de reglamento que nos ocupa está relacionada con la ayuda previa a la adhesión destinada a Turquía. 
Turquía fue aceptado como país candidato a la adhesión en la Cumbre de Helsinki. 
Por esta razón, sería consecuente que dispensáramos el mismo trato a Turquía que al resto de los países candidatos. 
En el marco de las perspectivas financieras de la UE, se reservaron fondos en el Capítulo 7 para la ayuda previa a la adhesión. 
Hay asignados alrededor de tres mil millones de euros anuales, cantidad bastante considerable. 
En las previsiones económicas de la UE, la ayuda previa a la adhesión destinada a Turquía, al igual que la de Chipre y Malta, se ha incluido, sin embargo, en el Capítulo 4, "Acciones externas". 
De este modo, estos países ocupan a efectos prácticos una posición diferente a la de los demás países candidatos. 
Además, una ayuda que persigue los mismos fines, o sea, la adhesión, es financiada ahora por dos capítulos diferentes, lo cual oscurece la transparencia de los presupuestos. 
Los fondos del Capítulo 7, "Ayuda previa a la adhesión", no se utilizan por completo. 
Los fondos de pago merodean muy por detrás de los fondos reservados, con lo cual existe un claro exceso presupuestario concretado en la existencia de recursos no usados que serán devueltos a los Estados miembros. 
En cambio, el Capítulo 4, "Acciones externas", está colapsado. 
Ya durante dos años consecutivos nos hemos visto obligados a recurrir al instrumento de flexibilidad- 200 millones de euros al año- para cubrir su financiación, instrumento que es, en realidad, el activo líquido del Parlamento para hacer frente a situaciones de gasto imprevisibles. 
Así pues, el Parlamento ha asumido más responsabilidades en la Política Exterior de la UE que el Consejo. 
La inclusión en el Capítulo 4 de las ayudas previas a la adhesión de Turquía, Chipre y Malta ha sobrecargado aún más dicho capítulo y ha puesto en peligro la disponibilidad de recursos. 
Por consiguiente, apoyo las propuestas de este informe que plantean la transacción de estos recursos al Capítulo 7. 
Señor Presidente, en mi opinión, Turquía tiene, por razones históricas y geográficas, su sitio en Europa, y nadie puede impedirle venir con su cultura, con su historia, con su religión. 
Esto es un asunto y otro bien distinto es el informe del Sr. Swoboda que examinamos; un informe cuya filosofía es colocar a Turquía, desde el punto de vista de los mecanismos de financiación, en la misma situación que los demás países candidatos a la adhesión. 
Este punto de vista es erróneo por tres razones: 
La primera razón es que en el caso de Turquía no se cumplen todavía los criterios de Copenhague y esto la diferencia de todos los demás países. 
La segunda razón es que no debemos hacer discriminaciones. 
Tanto en el caso de Eslovaquia, como en el de Eslovenia, como el de los países bálticos que no respetaban determinados derechos humanos o tenían algún otro problema, el proceso de adhesión- desde el punto de vista también de la financiación- se interrumpió hasta que se cumplieran los criterios. 
La tercera razón es que en este momento la Unión Europea, si sigue esta política, abre paso a una gran crisis en Turquía, entrega en un cheque blanco que algún día tendrá que pagar. En lugar de una política de pasos estables en la que la Unión Europea puede dar el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, pero en la que se espera que también Turquía dé por fin un paso. 
Ayer mismo hablábamos con el Sr. Verdeguen de los niños de doce años encarcelados por pertenecer al PKK, de Lela Ana, a la que hemos concedido el Premio Sajarov y está en la cárcel. 
Que dé, pues un paso Turquía, en el problema de Chipre, en el problema kurdo, en los derechos humanos, y sigamos después esta política. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, estoy convencido de que cuantos nos encontramos en esta sala queremos una Turquía moderna y progresista. 
Empiezo, sinceramente, a preguntarme si lo quiere la propia Turquía. 
Independientemente, en cualquier caso, de esto, el mensaje que hay que enviar es que la participación de Turquía en la Unión Europea exige que este país se adapte a los parámetros europeos, y no lo contrario, que Europa se adapte a los parámetros de Turquía. 
Francamente, no sé si este mensaje ha sido captado, y me refiero, señor Presidente, al período posterior a la asociación. Señalaré simplemente dos hechos. 
En primer lugar, lo acaecido en las cárceles turcas y condenado por el Parlamento Europeo. 
Y, en segundo lugar, el endurecimiento de la posición del líder turcochipriota Rauf Denktash, que se niega a acudir a las conversaciones intercomunitarias, en una actitud alentada precisamente por Turquía. 
En los dos casos hay compromisos en el texto del acuerdo de asociación que son sencillamente ignorados por Turquía. 
En fin, aun sin tomar en consideración el desprecio por parte de Turquía, siquiera hasta ahora, de los compromisos que resultan de la asociación, no podemos por menos que detenernos en la enmienda 1 a la propuesta de participación de Turquía en los programas ISPA y SAPARD. 
Esta enmienda no puede, en modo alguno, ser aceptada y apunto solo dos razones. 
La primera razón es que el presupuesto de estos programas está cerrado. 
Quedó fijado en el acuerdo de Berlín- el Sr. Verheugen participó personalmente en la conclusión del acuerdo en calidad de Ministro de Asuntos Europeos de Alemania, y conoce bien el tema- y este presupuesto no puede ser aumentado. 
En consecuencia, la única forma sería reducir la parte correspondiente a otros países candidatos de Europa Central y Oriental, como Polonia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, que de este modo recibirían menos dinero. 
La segunda razón, que es muy importante, es que el Parlamento Europeo, cuando aprobamos los programas ISPA y SAPARD, rechazó enmiendas que proponían financiar con ellos la preadhesión de Chipre y Malta, con el argumento de que Chipre y Malta reciben financiación al respecto del programa MEDA. 
Quiero recordar a todos que en el programa MEDA participa también Turquía. 
Me pregunto, pues, con qué lógica dijimos no a Chipre y Malta y nos disponemos a decir sí a Turquía. 
Y todo esto lo digo desde la más alta consideración y estima hacia el ponente Swoboda, cuya labor aquí en el Parlamento Europeo quisiera resaltar. 
Pero ello no me impide estar en desacuerdo con la enmienda en cuestión, por las razones que he expuesto y que son de naturaleza tanto técnica como política. 
Señor Presidente, la propuesta de reglamentación del Consejo relativa a la asistencia a Turquía en el marco de la estrategia de preadhesión y el informe de nuestro colega Swoboda constituyen otro momento importante con vistas a un gran objetivo histórico. 
Por lo demás, ya es grande el grado de interpenetración entre Turquía y la Unión Europea en el nivel económico, puesto que más de la mitad de las importaciones de Turquía procede de la Unión y más de la mitad de sus exportaciones van destinadas a la Unión Europea. 
Por otra parte, Turquía forma parte de la OTAN, en la que existe una tradición de conocimiento mutuo con los países europeos miembros de la misma alianza. 
Además de otros aspectos, en particular de tipo cultural, existen las bases para avanzar con vistas a una futura integración de Turquía en la Unión Europea. 
Ahora esta propuesta de reglamento va a permitir fijar el fundamento jurídico indispensable para la aplicación de una asociación para la adhesión a fin de facilitar la adecuación de Turquía a los criterios de Copenhague. 
No sólo la profundización de la unión aduanera, sino también el fomento del desarrollo económico y social son aspectos ineludibles en una adhesión efectiva. 
Así, apoyamos las propuestas del ponente que completan el espíritu de la iniciativa de la Comisión y, en particular, en el sentido de que Turquía quede comprendida en el apoyo prestado por el instrumento estructural de preadhesión y en el programa especial para la agricultura y el desarrollo rural. 
Con todo, en la estrategia de desarrollo que defendemos, se debe compatibilizar el camino hacia el desarrollo económico y social con el desarrollo político, es decir, el ejercicio de la democracia y de los derechos humanos. 
En ese marco subrayamos y apoyamos el contenido del artículo 4 de la propuesta de reglamento. 
También consideramos que un papel más efectivo del Parlamento Europeo en ese proceso puede constituir una contribución y una garantía. 
Un sueño de una cooperación europea democrática, en la que Turquía también participe en igualdad de condiciones, pues Turquía forma parte de Europa y Turquía tiene mucho que aportar dentro de una cooperación europea. 
Sin embargo, Turquía debe tomar una decisión. 
Decidir entre un pasado caracterizado por la opresión étnica, la tortura, la falta de seguridad jurídica y la pena de muerte, y el futuro. 
La huelga de hambre en las prisiones turcas- yo misma he hablado con presos, con sus familias y sus abogados y con una serie de políticos hace poco tiempo cuando formando parte de una delegación visité Estambul- es reflejo de un conflicto que debería pertenecer al pasado y que sólo se solucionará cuando Turquía ya no combata sino explote el pluralismo cultural, étnico y político como una fuerza positiva en el desarrollo de una democracia turca. 
Me gustaría pedir también a Turquía y a la Comisión que hagan un esfuerzo especial en favor de la reconstrucción de los pueblos destruidos por las autoridades turcas en la Turquía oriental. 
Me gustaría pedir que se haga un esfuerzo por ayudar a la población a que reanude su vida normal en estos pueblos. 
Podría ser, por ejemplo, a través del proyecto que el centro danés para los derechos humanos de los curdos ha desarrollado, por ejemplo, con ayuda de Erik Siesby, y sé que han enviado una copia del proyecto a la Comisión. 
Señor Presidente, tras el reconocimiento en el Consejo de Helsinki del estatuto de candidato a la adhesión de Turquía, bajo los mismos criterios que también se aplican a los demás candidatos a la adhesión a la Unión, es muy lógico que Turquía también se beneficie de una estrategia de aproximación así como de una asociación para la adhesión. 
El Informe Swoboda es una consecuencia de la decisión de Helsinki y, por lo tanto, era necesario. 
Vuelvo a repetirlo: lo que se debate no es "si" se debe establecer una asociación para la adhesión y una estrategia de aproximación, sino "cómo" se deben concretar éstas. 
El Informe Swoboda va mucho más lejos que la propuesta de la Comisión en un aspecto, cuando pide que Turquía también se pueda beneficiar de los instrumentos financieros IEPA y SAPARD. 
Esto tendría dos consecuencias: en primer lugar, obligaría a reducir dichos instrumentos financieros y, en segundo lugar, requeriría la suspensión del acuerdo financiero de Berlín. 
Ambas cosas son difícilmente concebibles. 
En los demás aspectos técnico-presupuestarios, puedo suscribir el Informe Swoboda. 
También a mí me preocupa que no se discrimine a Turquía. 
No obstante, los instrumentos financieros SAPARD e IEPA están diseñados para sociedades de transición, que están realizando el tránsito de una economía comunista planificada a una economía social de mercado, o así lo esperamos. 
Este no es, sin embargo, el caso de Turquía. 
El objetivo de la estrategia de aproximación y de la asociación para la adhesión debe ser promover una convergencia de la situación política, económica y social de Turquía con la de la UE. 
Es fundamental que todos los candidatos a la adhesión reciban el mismo trato. 
Sin embargo, esto no requiere que se concedan créditos adicionales, procedentes de PHARE, IEPA o SAPARD, por ejemplo, sino que se apliquen los mismos procedimientos que se aplican en el reparto de los fondos del programa PHARE. 
En consecuencia, yo vuelvo a propugnar que rechacemos la enmienda 1 del Informe Swoboda. 
Señor Presidente, yo quisiera enlazar con el punto en el que ha dejado el tema la colega Stenzel. 
Nosotros teníamos reparos en contra de que se reconociese el estatuto de candidato a la adhesión, pero ahora que ya se ha reconocido, Turquía tiene, por consiguiente, el derecho a participar en los recursos financieros. 
Lo afirmo sin condicionantes ni peros. 
Yo me congratulo de que el presente reglamento aclare esta cuestión, más aún cuando durante los últimos cinco años, desde que se concluyó el Tratado de Unión Aduanera, la Unión Europea ha dado muy pocos pasos para cumplir efectivamente sus compromisos con Turquía. 
Ahora se adopta un nuevo enfoque, que nosotros apoyamos sin reservas. 
En lo que respecta a los dos programas citados, quiero manifestar que estoy de acuerdo con la colega Stenzel, pero por el otro lado también debo decir que no basta con considerar como importe global los 177 millones ya previstos en el marco de la estrategia de aproximación, sino que se debe poner a disposición de Turquía "dinero nuevo", según la expresión del colega Kuckelkorn, o sea, fondos adicionales de apoyo a la cohesión económica y social. 
Este es nuestro objetivo común y por esto apoyamos globalmente el informe del Sr. Swoboda, no en todos sus detalles, no en lo que respecta a todas las enmiendas, pero sí en cuanto a su orientación general. 
El reglamento incluye un artículo 4 que permite la suspensión de la asistencia en determinadas circunstancias. 
Dicho artículo es necesario y ahora le toca a Turquía responder a todos los interrogantes que venimos planteando desde hace años y demostrar que está realizando progresos en lo que respecta a la estructura democrática fundamental, al papel de los militares dentro del Consejo de Seguridad Nacional, al cumplimiento de los derechos humanos y los derechos de las minorías. 
Yo creo que durante los últimos meses se ha hecho relativamente poco en este aspecto y lo lamentamos mucho; al contrario, tenemos la impresión de que los progresos registrados a principios del segundo semestre de 2000 han quedado anulados y la parte turca, el propio Gobierno turco, ha perdido el valor de impulsar decidida y rápidamente estos pasos. 
Dicho artículo 4 no es un instrumento que se pueda utilizar de manera indiscriminada, sino que está previsto exclusivamente para el caso de deficiencias realmente graves en el proceso de aproximación y yo espero que no se tenga que empezar a aplicar muy pronto. 
En cualquier caso, debe quedar claro que la adhesión de Turquía a la Unión Europea sólo puede tener lugar bajo las condiciones europeas y no exclusivamente bajo las condiciones turcas. 
Hasta ahora, ni las políticas ni el Gobierno han contribuido a disipar este malentendido entre la opinión pública turca. 
Yo también quisiera pedirles a los colegas de la tribuna de invitados que contribuyan a disipar de una vez este malentendido. La adhesión sólo tendrá lugar bajo nuestras condiciones. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo quiero manifestar mi sincero agradecimiento al Sr. Swoboda por su informe y también al conjunto del Parlamento por este debate extraordinariamente constructivo y responsable, que yo creo que ha transmitido a Turquía una señal muy positiva, pero también clara e inequívoca. 
En el momento de cerrar el debate, me parece que podemos constatar que la coincidencia en torno al tema de la política con respecto a Turquía es visiblemente mayor que antes. 
Estamos de acuerdo en que la situación actual de los derechos humanos y la protección de las minorías en Turquía, así como el nivel democrático y constitucional, no responden a nuestras expectativas. 
Lamentablemente, nada ha cambiado en este aspecto. 
No tiene sentido embellecer esta constatación o silenciar ninguna parte de los hechos. 
Justamente porque así son las cosas, porque la situación es tan insatisfactoria, no paramos de debatir sobre las posibilidades políticas a nuestro alcance para modificar dicha situación. 
Lo cual enlaza con el segundo punto de mi intervención. 
También coincidimos en que la vinculación duradera de Turquía a la Unión como un socio estable y fiable no interesa sólo a Turquía, sino también a toda Europa y muy especialmente a la Unión Europea. 
Estoy seguro de que todos los miembros de la Asamblea coincidirán conmigo si afirmo que la estabilidad de un Estado sólo puede estar garantizada a largo plazo, si dicho Estado se fundamenta en los valores que todos compartimos, como la democracia, las garantías constitucionales y la protección de las minorías. 
En tercer lugar, yo creo que también coincidimos en que a lo largo de toda la historia de nuestras sucesivas ampliaciones, la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea ha demostrar ser, por lo menos hasta ahora, el factor más importante para la aceleración de las reformas. 
Si observamos la enorme rapidez con que han impulsado las reformas los países de Europa central y oriental y sus enormes éxitos, debemos constatar que sólo lo han hecho porque tienen a la vista la perspectiva de la adhesión. 
Lo que ahora debemos preguntarnos es si podremos conseguir lo mismo en el caso de Turquía. 
En Helsinki respondimos que sí, que deberíamos intentarlo. 
Ahora ha llegado el momento en que la estrategia que se acordó en Helsinki va a empezar a ser operativa, o sea, que vamos a poder transponerla en la práctica. 
Por lo tanto, tiene muy poco sentido empezar a discutir ya si la estrategia que se decidió en Helsinki ha modificado o no las circunstancias reales en Turquía. 
¡No lo ha hecho! 
Yo jamás afirmaría que las ha modificado, pero los instrumentos de dicha estrategia todavía no están disponibles. 
Por lo tanto, tampoco se puede afirmar que no haya dado frutos. 
Con la propuesta que hoy se ha debatido y que a continuación van a votar, van a sentar ustedes las bases para que pueda entrar en vigor el elemento central de dicha estrategia, a saber, la asociación para la adhesión. 
El acuerdo de asociación para la adhesión concreta nuestras expectativas con respecto a Turquía. 
Establece lo que Turquía debe hacer para poder cumplir como resultado los criterios políticos y todos los demás criterios para la adhesión. 
Tan pronto como dicho documento quede formalmente aprobado- lo cual todavía no ha ocurrido, puesto que todavía está pendiente del dictamen del Parlamento -, esperamos poder recibir sin demora la respuesta de Turquía. 
El documento será seguramente el más importante que se ha suscrito en los últimos decenios en el marco de las relaciones euro-turcas. 
La información de la que dispongo hasta ahora me permite afirmar que nos encontramos posiblemente ante la reforma política de más amplio alcance de la historia de la Turquía moderna. 
Con esto no quiero decir que podamos saber ya de antemano si la respuesta de Turquía va a satisfacer plenamente nuestras expectativas en todos los aspectos. 
En este sentido, el Sr. Swoboda tiene toda la razón cuando afirma que el balón está en el campo de Turquía. 
Ahora le corresponde efectivamente a ella decidir qué pasos va a dar, con cuánta rapidez y de qué calidad, para ponerse manos a la obra con el fin de cumplir los requisitos para poder iniciar las negociaciones con vistas a la adhesión a la Unión Europea. 
Yo quiero resaltar, por lo tanto, lo mismo que ya han señalado muchos oradores. 
Turquía es un país importante. 
Turquía tiene incluso una importancia especial desde el punto de vista estratégico. 
Sin embargo, esto no significa que la Unión Europea pueda modificar sus características intrínsecas debido a la importancia estratégica de Turquía. 
¡Esto es algo que no puede y no va a hacer! 
Es absolutamente cierto afirmar que es Turquía la que desea adherirse a la Unión Europea y no a la inversa, y que por lo tanto deben prevalecer las condiciones para la adhesión que hemos establecido para todos, y que éstas también se deben aplicar, sin ninguna modificación ni limitación, en el caso de Turquía. 
Ésta sólo podrá llegar a ser miembro de la Unión cuando haya cumplido rigurosamente dichas condiciones para la adhesión. 
Yo no sé, ni nadie sabe, si la estrategia que se decidió en Helsinki y que el Parlamento apoya va a surtir los efectos deseados. 
Pero por primera vez ha llegado el momento en que Turquía nos debe presentar un programa vinculante y manifestar qué se propone hacer para modificar la situación. 
Esto nos brindará la oportunidad de influir sobre dicho programa, puesto que éste se decidirá de común acuerdo, lo vamos a cofinanciar y tendremos la posibilidad de participar en su definición y de supervisarlo. 
En cuanto al aspecto financiero y presupuestario, aquí se han formulado algunas preguntas que voy a responder con mucho gusto. 
En primer lugar, tienen toda la razón cuantos afirman que sería lógico incluir también en la línea presupuestaria 7 los créditos de preadhesión destinados a Turquía, Malta y Chipre, puesto que se trata claramente de ayudas de preadhesión. 
La Comisión también desearía hacerlo así. 
Sin embargo, debo dejar claro de entrada que esto no modificaría en absoluto el volumen de los fondos disponibles, puesto que nos limitaríamos a reducir la línea presupuestaria 4 y a incrementar la 7. 
La situación no resulta particularmente halagüeña para Malta, Chipre y Turquía, que naturalmente desean recibir más dinero. 
No quieren que modifiquemos la línea presupuestaria, sino recibir más dinero. 
Sin embargo, no disponemos de ese dinero, ya que los programas quedaron estipulados en las Perspectivas Financieras que se adoptaron en Berlín. 
Tampoco existe ningún remanente presupuestario en este contexto- un diputado lo ha preguntado -; no, no disponemos de ningún remanente presupuestario en el marco de los instrumentos de preadhesión. 
Estos se desembolsan en su totalidad. 
Sólo el instrumento SAPARD se está desembolsando con un cierto retraso. Esto se debe a su reglamento, pero los créditos programados para el año 2000 se van a desembolsar en su totalidad a lo largo de 2001. 
No disponemos de ningún remanente presupuestario en ese contexto. 
Por lo tanto, sólo podríamos responder al deseo- que también manifiesta el ponente y que muchos han declarado compartir- de que se incrementen las ayudas de preadhesión para Turquía, Malta y Chipre, de manera que también se puedan beneficiar de los instrumentos IEPA y SAPARD, si se pusieran a disposición recursos presupuestarios adicionales, con los que en cualquier caso no cuenta la Comisión. 
Esto se tendrá que discutir con el Consejo; es muy posible que se plantee esta necesidad, pero yo no puedo aceptar en este momento la enmienda, pues tengo que reconocer sinceramente que la Comisión no podría transponer dicha decisión, ya que no dispone de los fondos necesarios. 
La Sra. Stenzel ha recordado con toda la razón que evidentemente existe una diferencia entre los países candidatos de Europa central y oriental y Turquía, Malta y Chipre, puesto que los primeros no sólo se tienen que adecuar al acervo comunitario, sino que además deben realizar la transformación del sistema. 
Este es, de hecho, el fundamento político de la situación en la que nos encontramos. 
Antes de acabar, permítanme que añada que, a mi modo de ver, en el año 2000 conseguimos que empezaran a moverse algunas cosas en Turquía. 
Ustedes, en su calidad de políticas y políticos, saben tan bien como yo que los inicios de un movimiento político no se pueden apreciar en un primer momento en forma de transformaciones reales, en las cárceles, en las organizaciones no gubernamentales, en las escuelas o dónde sea, sino que los inicios de un movimiento político se aprecian primero en la forma en que discute una sociedad, en los temas que discute y en los objetivos que se marca a largo plazo. 
En este sentido, podemos observar muy claramente que en Turquía se produjo un movimiento masivo durante el 2000. 
A mi modo de ver, la respuesta adecuada de la Unión Europea ha de ser apoyar dicho movimiento político y ofrecer los instrumentos necesarios para que a continuación también se puedan apreciar resultados concretos en la práctica. 
Finalmente, yo quiero añadir que no vamos a medir los resultados de nuestra estrategia de aproximación con respecto a Turquía por sus promesas, ni tampoco por lo que digan los editoriales de los diarios turcos, sino en función de los cambios concretos para su población, cuya situación bajo las presentes circunstancias es deplorable y tiene que mejorar en cualquier caso. 
Los vamos a medir en función de las transformaciones reales en sus estructuras y en las condiciones de vida de las personas. 
Cuando observemos estas transformaciones, entonces habrá llegado el momento de considerar el siguiente paso, pero no ahora. 
Es una satisfacción para mí haber encontrado un consenso tan amplio en relación con este tema en esta Asamblea. 
Yo creo que es muy útil que Turquía advierta que el Consejo, el Parlamento y la Comisión mantienen una posición común muy firme ante esta cuestión, al menos en los aspectos fundamentales. 
La firmeza en este contexto nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos. 
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(SV) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, para comenzar, quisiera sumarme a los agradecimientos que el Comisario Verheugen dirigió al Sr. Swoboda por su excelente informe sobre las ayudas a la adhesión de Turquía, que se han discutido en esta Asamblea. 
Estoy convencido de que su informe, señor Swoboda, será una importante contribución en la difícil discusión que nos ocupa, esto es, cómo podemos acercar Turquía a la Unión. 
He pedido la palabra para contestar en nombre del Consejo la pregunta formulada por el Sr. Sacrédeus a la Presidencia sobre la libertad de religión y la tolerancia entre las religiones en Turquía. 
Permítanme solamente decir que el Consejo opina que estos temas son extraordinariamente importantes. 
En nuestras conversaciones con Turquía siempre incorporamos el asunto de la libertad religiosa, obviamente fundamentándonos en los criterios de Copenhague y en lo que se ha establecido en el acuerdo de colaboración y cooperación celebrado con Turquía en cuanto al cumplimiento de la exigencia de respeto a los derechos de las minorías. 
El Sr. Sacrédeus destaca el importante tema de cómo estimular el diálogo entre las diferentes religiones en Turquía y en general. 
A nuestro juicio, éste es un elemento importante no sólo del acuerdo de colaboración y cooperación con Turquía sino que, en general, en el conjunto de la colaboración entre Europa y la región mediterránea. 
La Presidencia sueca ha intentado construir sobre sus propias experiencias. 
Ejemplo de ello son el llamado Proyecto Euro-Islam y las conferencias contra la intolerancia que han tenido lugar en Estocolmo hace poco tiempo, y que el Sr. Sacrédeus seguramente conoce. 
Hemos tratado de construir sobre esas experiencias y de incorporar esos criterios en la colaboración con Turquía para subrayar la importancia del respeto a la libertad religiosa. 
El Sr. Sacrédeus también se ocupa del importante tema del juicio contra un sacerdote turco. 
El Consejo sigue muy de cerca este juicio. 
Sabemos que la próxima audiencia es el 22 de febrero. 
El Consejo observará minuciosamente lo que ocurra y reaccionará de la manera que sea conveniente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Lisboa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0034/2001) del Sr. Bullmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la reunión del Consejo Europeo de la primavera 2001: el proceso de Lisboa- el camino a seguir 
la declaración de la Comisión: informe de síntesis sobre los progresos realizados desde Lisboa y acciones futuras, y 
(A5-0020/2001) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el impacto de la liberalización y del proceso de reformas económicas sobre el crecimiento económico en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la Cumbre de Lisboa nos dejó un gran legado, nos encomendó una gran tarea y alumbró una idea alentadora. 
Europa quiere llegar a ser el espacio económico más competitivo del mundo en 2010. 
La Cumbre apostó con ello a la mejor carta que posee Europa. En efecto, proclamó que queremos conseguirlo por la vía del pleno empleo y apoyándonos en la capacidad innovadora de los habitantes de la Unión Europea, en su capacidad de formación inicial y continua, en su capacidad de tomar en sus manos las riendas de su destino y en su capacidad de velar por su propio bienestar y el de sus familias. 
Esta es la mayor fuerza productiva de la que puede disponer Europa. 
Esta idea central tiene como consecuencia un enfoque político que aúna la reforma económica, la participación y la cohesión sociales y el fomento del empleo. 
Todos son componentes interactivos de un único proceso, cuyo éxito requiere que se apoyen mutuamente. No se pueden contraponer unos a otros. 
Para muchos de nosotros, este razonamiento constituye un reto. 
Muchos que han trabajado toda la vida para establecer un mercado común liberalizado, tendrán que hacer un esfuerzo mental para comprender que sólo la cohesión social y una política a favor del empleo permitirán desplegar la productividad social que hará posible que el mercado común sea un éxito. 
Otros, que se han enorgullecido toda la vida de los logros de los Estados miembros, tendrán que hacer un esfuerzo para comprender que el nuevo gran mercado común también requiere esfuerzos comunes y nuevas normas para que el éxito del proceso se pueda materializar también en todas partes. 
La Cumbre de Estocolmo se celebra justamente en este momento decisivo. 
Allí se decidirá si los ambiciosos objetivos de Lisboa se pueden trasladar a la práctica o si los ciudadanos y ciudadanas consideran que nos encontramos ante unas declaraciones bienintencionadas, pero vacías de contenido, que no pueden tener ninguna influencia sobre la realidad política. 
Quien desee que la Cumbre de Estocolmo sea un éxito, tendrá que valorar y sopesar cuánto hemos avanzado hasta ahora en el camino hacia el éxito. Sobre todo, deberá tener el valor de proponer nuevos objetivos ambiciosos que nos permitan continuar avanzando por la ruta del éxito. 
Ahora bien, nos dicen que los objetivos concretos son una tarea difícil. 
Evidentemente que es una tarea difícil alcanzar unos objetivos concretos, pero piensen, por ejemplo, en una cuestión tan difícil como puede ser una tasa de inflación, que depende de que muchos actores descentralizados adopten decisiones inteligentes. 
En este caso, es evidente que como parte del camino que había de conducirnos a la Unión Económica y Monetaria conseguimos poner en marcha un proceso muy fructífero, que permitió cosechar éxitos que sólo unos años antes hubiésemos considerado imposibles. 
Piensen en temas tan complejos como la evolución de los tipos de interés o la reducción del déficit de los Estados. 
Hemos conseguido todos esos objetivos gracias a un esfuerzo común y en todos los casos se trata de circunstancias complejas en las que interviene más de una parte. 
Si pudimos lograr todo eso, también conseguiremos que todos los alumnos y alumnas de la Unión Europea dispongan de una conexión a Internet en las escuelas. 
Podremos crear las condiciones para que todos los alumnos y alumnas no sólo dispongan de dicha conexión a Internet, sino que también puedan realizar progresos decisivos en sus estudios que les permitan disfrutar de las oportunidades necesarias para acceder a un mercado de trabajo europeo. 
Cuando hayamos conseguido todo esto, también podremos ofrecer a todos los empresarios de la Unión Europea una normativa clara, comprensible y sencilla, que funcione tanto en España como en Grecia, Italia o la República Federal de Alemania. 
Cuando hayamos conseguido todo esto, también podremos beneficiarnos de la mayor capacidad productiva europea. 
Podremos ofrecer seriamente a los todavía más de 14 millones de parados de la Unión Europea una oportunidad de participar en dicho proceso exitoso. 
Todavía tenemos una tasa de desempleo superior al 8% y yo quisiera resaltar la circunstancia, que el documento de la Comisión trata de manera demasiado somera a mi parecer, de que tenemos una tasa de desempleo juvenil que duplica dicho 8%. 
Es un gran problema. Justamente en un momento en que declaramos que queremos controlar el cambio demográfico y apostar por la inteligencia e invertir en los cerebros. 
En este contexto se podrían emprender muchas otras acciones concretas para acabar con el paro juvenil e invertir en el futuro de Europa. 
Sin embargo, justamente por esto también es acertado que la Comisión proponga en un documento de preparación del Consejo de Estocolmo que deseamos que éste establezca unos objetivos muy concretos, en lo que respecta al incremento de la tasa de empleo, concretamente hasta el 67% y el 57% para 2005, y sobre todo también a un aumento de la tasa de actividad femenina. 
Son objetivos adecuados y, en nuestra calidad de Parlamento Europeo y de representantes de los ciudadanos de Europa, queremos que dichos objetivos también queden inscritos en el documento final de la Cumbre de Estocolmo. 
Consideramos importante que las imágenes sean elocuentes y la población de Europa tenga noticia de que se han adoptado unos objetivos verdaderamente realizables, con los que se pueda identificar y que también le indiquen que su suerte está unida al éxito del proceso europeo. 
Esto contribuirá a determinar también, y no en último término, el grado de aceptación de la necesaria ampliación de la Unión Europea, que todos deseamos, pero en cuyo contexto tenemos que transmitir la señal de que todos los que aún se encuentran en una situación desfavorecida y todos los que desean poder aportar sus recursos también tendrán su oportunidad. 
Quien desee que esto suceda debe tomar la iniciativa con valor y superar las rivalidades entre las instituciones europeas. 
Los ciudadanos de Europa no comprenden las rivalidades mezquinas en torno al reparto de las tareas. 
Debe quedar claro que el Consejo asume su papel de guía y que el Parlamento también tendrá su lugar, justamente el que por otra parte le corresponde en su calidad de represente directamente elegido de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, señor Bullmann, señor Cocilovo, señor Gasòliba i Böhm, en primer lugar querría agradecerles la posibilidad que nos da el Parlamento de debatir con ustedes la estrategia de Lisboa, el sistema que hemos establecido para controlar lo que allí se decidió y cómo se está poniendo en marcha. 
El pasado año, en Lisboa, la Unión Europea estableció- como reflejaba muy bien el Sr. Bullmann- un objetivo consistente en conseguir en la próxima década la economía más competitiva y dinámica del mundo, basada en el conocimiento y que nos permita un crecimiento económico sostenible con la creación de más empleos y una mayor cohesión social. 
El Sr. Bullmann ha insistido en esta visión global, visión que yo comparto absolutamente, y a la que lógicamente responde el informe de síntesis de la Comisión. 
En este informe de síntesis la Comisión pretende no sólo definir los avances realizados desde Lisboa hasta ahora, sino también cuáles son nuestros próximos objetivos. Y el Sr. Bullmann ha insistido también en este punto. 
En Lisboa se nos decía: fijemos unos indicadores estructurales que nos permitan establecer una mejor comparación de la situación en los diferentes países. 
En Niza definimos 35 indicadores estructurales, que son los que están en la base del informe de síntesis. 
Sin duda alguna son instrumentos útiles para ver los avances que se han producido, los objetivos concretos definidos y los plazos para conseguirlo. 
También son una referencia sobre el progreso que podemos realizar en los años próximos. 
Es verdad que estos indicadores, tal y como nosotros los concebimos, no se destinan única y exclusivamente a ser utilizados en el informe de síntesis; serán utilizados también en otros informes de la Comisión, como por ejemplo en el informe relativo a la aplicación o al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la puesta en marcha de las grandes orientaciones de política económica. 
En el informe- no lo voy a repetir- se han puesto de relieve los avances que consideramos positivos, producidos durante este período. 
Es evidente que hay elementos, como el avance en algunas liberalizaciones, que, sin duda alguna, son claramente positivos. 
Si el éxito se puede centrar, por ejemplo, en la mejora de la reorientación de las orientaciones de política económica, tomando en cuenta los objetivos de Lisboa, o en temas como la aprobación del paquete fiscal, el estatuto sobre la sociedad europea o la adopción de la Agenda social en Niza, es verdad que hay elementos donde vamos más retrasados, como pueden ser la patente comunitaria, el programa Galileo u otros tan significativos como la estrategia de educación permanente o los sistemas tax benefit, que, sin duda alguna, son fundamentales para el crecimiento y el empleo. 
En todo caso, en el informe de síntesis se destaca el buen comportamiento de la economía, el crecimiento del pasado año y el previsto para el próximo año y la creación de 2,5 millones de empleos, punto, sin duda alguna, fundamental. 
En todo caso, el informe de síntesis pretende insistir en que el objetivo de Lisboa es un objetivo global, como el Sr. Bullmann ha destacado. 
No podemos pensar única y exclusivamente en el crecimiento, olvidando los otros aspectos de Lisboa. 
El crecimiento y la estabilidad macroeconómica son, sin duda alguna, elementos fundamentales, pero lo son también el empleo y la cohesión social. 
En el informe de síntesis recogemos, como bien ha dicho el Sr. Bullmann, una serie de propuestas específicas: diez prioridades que la Comisión pretendería que se aprobasen en el Consejo Europeo de Estocolmo, para que nos permitieran avanzar en el reforzamiento de nuestros compromisos con el cambio estructural y social, fundamental para un crecimiento económico sostenible que nos permita una reducción del desempleo y una mejora de la cohesión. 
Como Comisario responsable de Asuntos Económicos y Financieros me gustaría desarrollar algo más tres puntos que me parecen relevantes: en primer lugar, el que se refiere al mantenimiento y al reforzamiento de un marco macroeconómico estable. 
Consideramos importante, además del objetivo antes citado de conseguir esa sociedad basada en el conocimiento y con mejores empleos, conseguir un entorno estable que permita a medio plazo respetar los objetivos de la estabilidad de precios y de unas finanzas públicas sanas. 
En el actual buen contexto económico, a pesar del ralentizamiento del crecimiento americano, creemos que hay que seguir con los procesos de consolidación fiscal y con la mejora de la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, tomando en consideración aspectos tan importantes como, por ejemplo, el envejecimiento de la población. 
Cuando hablamos de calidad estamos hablando sobre todo de una política fiscal más dirigida a conseguir empleo, a apoyar la investigación y la innovación y a aumentar la inversión en capital humano. 
Cuando hablamos de sostenibilidad de finanzas públicas estamos hablando de la capacidad para hacer frente a futuras obligaciones. 
Tenemos que reforzar, y éste es el segundo punto de mi preocupación, el crecimiento potencial de la Unión. 
Es verdad que se ha avanzado mucho en las reformas necesarias para seguir en una pauta de crecimiento permanente. 
Sin embargo, durante este período de bonanza económica, tenemos una oportunidad única para mejorar el mercado interior de los servicios y conseguir mayores aperturas en sectores como la energía, los transportes y otros que beneficien al consumidor. 
Somos conscientes, evidentemente, de que todo proceso de liberalización debe ir acompañado al mismo tiempo de un plan de control de la regulación, que al final permita conseguir efectos positivos sin un impacto negativo en la sociedad. 
Mi último comentario se refiere al incremento del empleo y al aumento de la tasa de actividad: hay que recordar que dos tercios de la diferencia entre los niveles de Producto Interior Bruto de los Estados Unidos y de la Unión Europea se deben precisamente a la diferente utilización del factor trabajo. 
Es, por tanto, absolutamente fundamental poner en marcha todas las reformas necesarias de tipo fiscal y social, incluidos la jubilación anticipada, los planes de pensiones o las reglamentaciones laborales, que nos permitan mejorar esta situación. 
Fundamentales son también elementos como la educación y la formación, los incentivos para las empresas y también la inversión pública, esencial para la calidad del empleo. 
Todo ello debería permitir que los europeos avanzáramos en la línea definida en Lisboa, que queremos todos que se consolide en Estocolmo. 
Los informes de los que tratamos, el informe Bullmann y el informe Gasòliba i Böhm, incluyen gran número de sugerencias que están muy próximas al contenido del informe de síntesis. 
Nuestra idea es tomar en consideración todas estas referencias e indicaciones, algunas de ellas referidas a indicadores específicos, y analizarlas para ver en qué medida podemos integrar en futuros informes parte de los elementos planteados. 
El Parlamento tiene razón cuando señala que, para tener éxito en la estrategia de Lisboa, es absolutamente fundamental el compromiso de todos los actores implicados en el proceso. 
En este sentido, los dos informes que hoy se presentan al Pleno son, sin duda alguna, elementos básicos y expresión clara del compromiso de cooperación del Parlamento en el proceso de Lisboa, que- como decía antes- esperemos que se prosiga y mejore con las decisiones de Estocolmo. 
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Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, señor representante del Consejo, el Consejo Europeo celebrado el pasado año en Lisboa estableció un proceso para que la Unión Europea alcanzase el mismo nivel de competitividad que Estados Unidos, o por lo menos para que en 2010 tuviésemos este nivel. 
Creo que tanto el informe de mi colega Bullmann como el mío contribuyen, positiva y constructivamente, a la reflexión acerca de cómo alcanzar este objetivo y a que, antes del Consejo Europeo de Estocolmo, podamos hacer el balance y el análisis después del año transcurrido. 
La economía de la Unión Europea tiene como objetivo estratégico convertirse en una economía basada en el conocimiento, la más dinámica del mundo, capaz de un crecimiento sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social. 
Todos estos objetivos son muy exigentes. 
La Unión Europea no renuncia a su nivel de cohesión social, a ser una economía basada en el bienestar, que es una de las grandes características de la sociedad europea, alcanzada y consolidada, precisamente, en la segunda mitad del siglo pasado. 
Es, al mismo tiempo, una economía con una dinámica evidente, como lo está demostrando estos últimos años. 
Pero a nadie se le escapa que ser tan exigente en el ámbito social, asegurar el crecimiento sostenible y, además, ser la más competitiva a nivel internacional son tres objetivos muy exigentes y, por lo tanto, para cumplirlos hemos de estar muy por encima de los posibles obstáculos a su consecución. 
Nosotros entendemos que uno de los elementos que pueden poner en peligro la realización conjunta de estos tres objetivos es, precisamente, que no se apliquen con suficiente rigor los elementos básicos que aseguran el nivel de competitividad de la economía europea, que a nuestro juicio son básicamente tres. 
En primer lugar, la existencia de unos mercados que aún no están suficientemente abiertos a la competencia y que, dado su carácter fundamental en nuestra estructura productiva, afectan negativamente a la estructura de costes, incluso a los precios unitarios de bienes y servicios. 
El Comisario Solbes los ha citado: energía, transportes y telecomunicaciones. 
Es obvio que son elementos fundamentales y que si los comparamos con la otra economía líder a nivel internacional, la norteamericana, tenemos aún un desfase que, evidentemente, nos impide acercarnos a este nivel de competitividad, que nos hemos fijado para el 2010. 
En segundo lugar, un tema que nos preocupa mucho y se expresa muy bien tanto en el informe Bullmann como en el mío propio: la ocupación. 
Es obvio que nosotros no podemos renunciar a tener un nivel de empleo más alto, que es uno de los grandes objetivos que se ha fijado la Presidencia sueca. 
Pero es obvio también que, para llegar a este nivel de empleo y, por otra parte, como se cita en los dos informes, con una mayor calidad en el ámbito laboral, hay que encontrar una posibilidad mayor de adaptación, tanto social- hay países, dentro de la Unión Europea, que ofrecen fórmulas muy interesantes en este aspecto- como- y ya se decía en el informe Delors de 1995- en el ámbito de la flexibilidad del mercado laboral. 
Ello es un elemento esencial para que se cumplan dos objetivos, a saber, mayor ocupación y mayor competitividad en el conjunto de la estructura productiva, donde lógicamente el ámbito laboral resulta fundamental. 
Y, por último, la educación. 
No insistiré en ello, el informe Bullmann lo ha citado, el Comisario Solbes también. Este tercer elemento, también esencial, es el de una calidad de educación a todos los niveles, desde la formación profesional hasta los estudios especializados a nivel superior, que siente las bases- y con esto acabo señor Presidente- para lograr lo que necesitamos realmente y que aún no ha conseguido Europa con respecto a Estados Unidos: a pesar de tener un nivel de formación científica y de innovación científica muy alto, aún no hemos acortado nuestra distancia con Estados Unidos ni hemos superado la diferencia existente para llegar a un desarrollo tecnológico que se traduzca en bienes y servicios competitivos. 
Ésta es la tercera recomendación fundamental en este análisis y balance del Consejo Europeo de Lisboa. 
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(SV) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, participo con gran interés en este debate acerca del informe Bullmann, sobre los preparativos para la reunión del Consejo Europeo en Estocolmo, y del informe del Sr. Gasòliba i Böhm, sobre las repercusiones de la liberalización y del proceso de reformas económicas sobre el crecimiento en la Unión. 
He escuchado con especial atención la relación del Sr. Bullmann acerca de la contribución del Parlamento a la reunión de Estocolmo y celebro la visión de conjunto del informe, es decir, que deben realizarse todas las partes de la agenda que se acordaron en Lisboa para que Europa pueda alcanzar las ambiciosas metas que se ha propuesto, esto es, ser dentro de diez años la economía más dinámica, competitiva y con mayor base de conocimientos del mundo, posibilitando un crecimiento económico sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social. 
El pleno empleo será la meta fundamental de la política social y económica de la Unión. 
La estrategia aprobada en Lisboa significa un importante hito en el desarrollo de la Unión. 
En cuanto a los objetivos del empleo en la estrategia de Lisboa, el Consejo comparte la propuesta contenida en el informe Bullmann sobre objetivos intermedios. 
Esperamos que el Consejo pueda adoptar decisiones al respecto en Estocolmo. 
La Europa de hoy está mejor preparada que nunca para ofrecer trabajo a todos los que quieran trabajar. 
Las perspectivas económicas seguirán siendo buenas. 
Las finanzas públicas son sólidas. 
Los precios son estables. 
En toda Europa se han iniciado reformas en los mercados de productos y de capitales. 
Sin embargo, no podemos descansar, ya que todavía hay 14 millones de personas en Europa sin trabajo. 
El desempleo es un derroche gigantesco de recursos económicos y, lo que es peor, de conocimientos y de ambiciones de las personas. 
Tener un empleo implica la posibilidad de valerse por sí mismo y, a la larga, es la mejor manera de conseguir una sociedad en la que todos se sientan partícipes. 
La reunión del Consejo Europeo del 23 y 24 de marzo en Estocolmo será la primera de una serie que se realizará en la primavera de este año encaminada a impulsar el desarrollo de los objetivos estratégicos que se establecieron en Lisboa. 
En Estocolmo habrá que juzgar abiertamente y con autocrítica los avances hechos durante el año pasado. 
Pensamos impulsar estos trabajos con ayuda del Derecho Comunitario y del denominado nuevo método abierto de coordinación. 
Como país que ejerce la Presidencia, Suecia se encargará de que no se desvirtúe la estrategia de Lisboa agregándole demasiados temas nuevos. 
Tampoco necesitamos nuevos procesos. 
La reunión de Estocolmo, por el contrario, debe señalar algunos sectores prioritarios. 
El camino al pleno empleo y a una mayor competitividad pasa por reformas económicas y por mercados abiertos y que funcionen, en combinación con una sana política macroeconómica que estimule el crecimiento y el empleo. 
He leído con atención el informe del Sr. Gasòliba i Böhm sobre reformas económicas y crecimiento y estoy de acuerdo en que las repercusiones de la política de reformas económicas en el crecimiento y el empleo no debe subestimarse. 
No obstante, quiero subrayar que las reformas económicas tienen que realizarse en combinación con inversiones en educación, con una modernización del sistema de protección social y con un mayor bienestar. 
Esto presupone también un clima empresarial que facilite las inversiones y el establecimiento de nuevas empresas. 
Quiero que en Estocolmo tracemos la dirección en la que habrá que seguir caminando en esas materias. 
Permítanme mencionar algunas. 
Confiamos en que en Estocolmo podremos fijar el calendario para la liberalización del mercado eléctrico y del gas. 
Queremos impulsar la reforma del mercado financiero. 
En relación con este último, el importante informe Lamfalussy será la base de las discusiones. 
En Estocolmo, además, necesitamos continuar los trabajos para abrir el mercado de los transportes. 
La apertura de los mercados de productos y de capitales no constituye, sin embargo, un fin en sí mismo, sino que lo hacemos por dos razones: por una parte, porque es una herramienta para el crecimiento y para aumentar el empleo y, por otra, porque es una herramienta para acrecentar los beneficios de los consumidores, esto es, precios más bajos, mayor oferta y mejor calidad de servicios y mercancías. 
En este contexto, también creemos que la política comercial externa tiene un papel importante; esperamos poder discutir este asunto también en Estocolmo. 
Además, la Cumbre de Estocolmo debe hacer hincapié en la importancia de las nuevas tecnologías mediante el desarrollo del plan de acción e-Europe y derribando las barreras para el crecimiento de la biotecnología y de su importancia para la innovación y el crecimiento. 
No obstante, también habrá que tomar en consideración su dimensión moral y ética. 
El desarrollo demográfico constituye un reto. 
Una tasa de natalidad baja y una creciente proporción de gente mayor amenaza con aumentar drásticamente la carga de las personas en edad de trabajar a partir del año 2010. 
El desarrollo demográfico debe afrontarse, desde ahora, en un amplio espectro político. 
Esto requerirá una revisión minuciosa de los sistemas de pensiones, de sanidad y de atención a los ancianos. 
También se necesitarán medidas para aumentar la participación en el mercado de trabajo. 
Habrá que destacar de manera más clara el significado de la mejora de las condiciones de las familias con hijos, de una mayor igualdad de oportunidades y de la formación continua como medios para encarar el reto demográfico. 
En la medida que se creen nuevos puestos de trabajo, se prestará mayor atención a las condiciones de la vida laboral. 
La meta es que en Estocolmo podamos ponernos de acuerdo en una definición del concepto de calidad en el trabajo y de su significado para el crecimiento y el desarrollo. 
También quiero subrayar la gran trascendencia que tiene para la estabilidad y el bienestar en Europa que la Unión Económica y Monetaria se desarrolle con éxito. 
Como país que ejerce la Presidencia, Suecia trabajará enérgicamente para que la introducción de los billetes y las monedas en euros, que se iniciará en la UEM a comienzos de año 2002, tenga gran éxito. 
Nos interesa a todos. 
. (IT) Señor Presidente, no sé si, en estos cuatro minutos, lograré ser convincente. 
Sea como fuere, mi intención es ser claro al menos en ciertos aspectos que han acompañado el compromiso del Parlamento sobre el informe que nos ocupa, reaccionando a la iniciativa de la Comisión y a los compromisos que se anuncian por parte del Consejo. 
Ya algunos colegas han resumido, de un modo eficaz, las novedades más significativas de la Cumbre de Lisboa. 
Hemos propuesto de nuevo a la atención de todos, y para un compromiso común, el objetivo del pleno empleo, que todos sabemos que no se alcanzará mañana, pero, declarándolo alcanzable en determinadas condiciones, poniendo también al día el paquete de los instrumentos operativos que acompañan este esfuerzo, hemos renovado la voluntad de construir en Europa el espacio económico más abierto y competitivo y basado en los principios de la sociedad de la información y el conocimiento. 
Pero, sobre todo, hemos afirmado que estos resultados son alcanzables en la medida en que no se añada un cuarto proceso a los existentes, sino que se garantice una sólida combinación de políticas, es decir un enfoque complementario de políticas económicas, políticas para el empleo, política social, obviamente, dando por hecho que hay una compatibilidad, en el plano de las coherencias interiores, entre las políticas que se quieren asociar y combinar para alcanzar los objetivos. 
Para terminar, en la reunión extraordinaria de primavera del Consejo, una ocasión decisiva para todos para comprobar la marcha, se estableció la aplicación efectiva de los procesos y las decisiones que se toman, la verificación de los posibles éxitos y los posibles retrasos, por el método de la coordinación abierta. 
Querría detenerme brevemente en este tema, puesto que la coordinación abierta es algo diferente sin duda de la superposición de las políticas y las directrices comunitarias sobre las políticas de los Estados nacionales y de las sociedades que operan en este contexto, pero también es algo más que una coordinación vacía; por tanto, la coordinación abierta no puede ser ni una fórmula mágica ni una declamación inerme: tiene que ayudar a implicar a la opinión pública en un proyecto de Europa en el que se garanticen transparencia y eficacia y ocasiones de verificación. 
No es aceptable que el pacto de estabilidad y los parámetros de convergencia sean respaldados por instrumentos y ámbitos de verificación, de medida y, en su caso, de censura. 
Es decir, sean sostenidos por armas y policías, mientras que, muy a menudo, las decisiones de política económica, coherentes con los objetivos que antes recordaba, en apoyo de competencia y crecimiento, de las políticas activas de empleo, de la inversión en el capital humano, de la inversión en la formación permanente a lo largo de toda la vida, de la igualdad de oportunidades y de la recuperación de las desventajas estructurales en base regional, quedan más que nada encomendadas sólo a compromisos tan solemnemente afirmados y proclamados como poco comprobados o poco verificables. 
Esto nos reduciría a predicadores inermes, en lo proféticos, de las virtudes del modelo económico y social europeo. 
Hace falta, en cambio, contar con datos comparables, con un glosario social riguroso, que impida que se pueda continuar usando, como a veces ha ocurrido, las mismas palabras con sentidos diferentes, pero sobre todo- y lo que es peor- usando las mismas palabras y seguir haciendo cosas diferentes. 
De aquí la importancia de la propuesta sobre los indicadores que han de utilizarse para evitar que nosotros sigamos cambiando las políticas para favorecer el fenómeno científico del movimiento perpetuo, que es ese extraño experimento que siempre mantiene en movimiento un proceso, impidiéndole al mismo tiempo alcanzar cualquier objetivo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a Udo Bullmann por haber preparado un informe que consigue mantenerse centrado en el eje fundamental, y contribuye así realmente a dar continuidad a las trascendentales decisiones de Lisboa. 
El ponente propone una combinación dinámica de medidas que se basan en una concepción complementaria de la reforma económica, el empleo y la política social, y consigue poner de manifiesto los beneficios añadidos para cada uno de estos ámbitos. 
No podemos sino desear que los próximos informes de progresos del proceso de Lisboa tengan la misma rectitud de juicio y la misma coherencia política. 
Me voy a detener concretamente en la economía del conocimiento, en la inversión en recursos humanos como factor fundamental de la política europea. 
La educación y formación permanentes constituyen para la economía europea un medio primordial para el desarrollo del imprescindible capital humano requerido por la sociedad del conocimiento. 
Necesitamos más trabajadores instruidos, adecuadamente formados en todos los sectores punteros. 
La educación permanente no es una nueva retórica, sino una seria propuesta política de adaptación y desarrollo de los recursos humanos ante la evolución de las cosas en nuestro siglo. 
Estamos obligados igualmente a garantizar la creación de las redes de información adecuadas en las que puedan participar todos los ciudadanos sin exclusión alguna, sin que las cargas económicas constituyan obstáculo. 
Hay que afrontar y eliminar todos los obstáculos que se interponen hoy en el camino de la educación permanente. 
Se trata de un coste social que tendremos que asumir, desde la convicción de su gran rentabilidad, en beneficio del modelo político y social europeo. 
Otro aspecto importante que quisiera señalar es la libre movilidad de estudiantes y profesores, de formadores e investigadores, a fin de reforzar el papel de la educación en el amanecer de una sociedad europea basada en el conocimiento. 
Hay que adoptar, por otra parte, medidas para sortear el peligro- que se vislumbra- de pobreza de contenido de las redes de información. 
Hay que garantizar que la flexibilidad del mercado de trabajo no conduzca a nuevas formas de inseguridad y marginación de los trabajadores. 
En la actual época de la globalización y de los grandes cambios tecnológicos que se incorporan a la vida cotidiana, debe brindarse a los ciudadanos más oportunidades de adaptación y evolución, nuevas posibilidades culturales. 
Se trata de reforzar la realidad cultural europea en toda su expresión, el entorno cultural tan directamente relacionado con la realidad económica y social. 
Señor Presidente, Señorías, vivimos en la era de la globalización, de la digitalización, y hablamos de la sociedad del conocimiento. 
El conjunto de nuestra sociedad, toda nuestra vida económica deben hacer frente a grandes transformaciones estructurales. 
Lo conocido está desapareciendo, se está transformando. 
La política está, por lo tanto, más obligada que nunca a crear un marco adecuado. 
La Unión Europea se ha propuesto el ambicioso objetivo de llegar a ser el espacio económico más dinámico del mundo en 2010. 
Para ello es preciso cumplir ciertos requisitos y completar algunas tareas. 
Ya se ha mencionado repetidamente la política educativa. 
El recurso que posee Europa es el saber. 
Esto significa que tenemos que invertir sobre todo en nuestros jóvenes. 
Esto significa nuevas tecnologías, como Internet. Pero también significa que debemos fomentar una nueva manera de pensar. 
Mi generación y la generación anterior contemplaron en muy pocos casos la posibilidad del trabajo autónomo o la actividad empresarial. 
Yo creo que en el futuro deberíamos familiarizar a la gente con esta idea ya desde la escuela, de manera que lleguen a considerar como algo natural el desarrollo de una actividad autónoma. 
También tenemos que debatir, no obstante, sobre la flexibilidad de los mercados de trabajo. 
Yo estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Bullmann cuando habla objetivos, pero en estos momentos estamos constatando justamente la escasa sintonía que existe entre los objetivos y las acciones concretas. 
Todos coincidimos en el objetivo de la flexibilidad laboral. 
Sin embargo, si observamos la situación en Alemania, si consideramos la nueva ley de comités de empresa, podemos constatar que no siempre se actúa en consonancia con los objetivos. 
De ahí que resulte particularmente difícil orientar la política exclusivamente en función de unos objetivos. 
Por otra parte, también tenemos que intensificar los esfuerzos en el ámbito de la alta tecnología. 
También es necesario adoptar un enfoque más ofensivo y optimista en relación con otras nuevas tecnologías como la biotécnica. 
Sin embargo, no debemos concentrarnos sólo en la alta tecnología. Tenemos que reflexionar asimismo sobre cómo podemos aproximar la nueva economía a la llamada vieja economía. 
En general, yo rechazo esta diferenciación. 
En Baviera hay un carpintero que ya realiza el 70% de su volumen de operaciones a través de Internet. 
Yo quisiera preguntarles a los expertos aquí presentes: ¿ese carpintero forma parte de la vieja economía o de la nueva? 
Yo creo que forma parte de la economía. 
Tenemos que unir ambos aspectos y conseguir que sean productivos. 
Pero, además- y quiero felicitar muy sinceramente al Sr. Gasòliba i Böhm por su informe sobre la liberalización -, también tenemos que ser competitivos, es decir, que debemos reformar nuestras estructuras para hacerlas competitivas. 
Ya contamos con experiencias positivas en los sectores del transporte aéreo, las telecomunicaciones y la energía, y otros mercados, como los del transporte, el gas, los servicios postales o el sector financiero, aguardan su turno. 
En última instancia, nuestro objetivo ha de ser, empero, que la competencia sólo se imponga cuando beneficie al consumidor. 
En consecuencia, yo quisiera abogar- con una cierta insistencia incluso- a favor de que no se liberalicen sin más todos los sectores únicamente debido a una visión positiva de la competencia. 
Un ejemplo sería el del agua. 
Ésta es un recurso limitado. 
Desde luego, no podemos abandonar de improviso a la competencia con relativa rapidez el mercado europeo del agua con su alto nivel de calidad, ya sea con un enfoque sectorial o incluso caso a caso. 
Esto enlaza con el tema de los límites de la competencia y la limitación del Derecho comunitario de la competencia para preservar los medios de vida locales y regionales. 
Las estructuras sociales, las estructuras ya arraigadas también son un capital de Europa. 
Una buena educación, un buen sistema sanitario, la paz social. 
En este contexto no deberíamos limitarnos a mantener las estructuras por un mero afán de conservación, sino continuar desarrollándolas. 
Es decir, que podríamos incorporar elementos de competencia en estos sectores. Podemos mejorar su eficacia y desarrollarlos en un sentido positivo. 
Pero no debemos suprimir la responsabilidad política en estos ámbitos. 
Es preciso mantener un difícil equilibrio en el filo de la navaja. 
Tendremos que volver a ocuparnos de este tema en los siguientes debates sobre la liberalización que vamos a desarrollar en esta Asamblea este año. 
Sin embargo, yo pienso que tiene que ser posible combinar la competencia y la subsidiariedad, la responsabilidad política localizada. 
Yo creo que por esta vía Europa mejorará su competitividad sin dejar de mantenerse unida. 
Señor Presidente, a veces se dice en mi país que la UE no se puede cambiar, pero creo que la agenda política que estamos discutiendo demuestra lo contrario. 
El año 1995, cuando era nuevo en el Parlamento, se discutía casi exclusivamente la política de estabilización. 
Ésta todavía existe, pero ha sido complementada con materias relacionadas con el crecimiento, el empleo y el bienestar social. 
Esto ha sido posible gracias a una nueva realidad, pero también se han señalado nuevas prioridades. 
Esto se ha hecho a través de Amsterdam, de Lisboa y continúa ahora en Estocolmo. 
A veces se dice que los asuntos que nos ocupan- el empleo y el bienestar social- son de carácter nacional. 
Sí, en gran medida son asuntos locales, regionales o nacionales. 
Pero una política europea nos permitirá encarar mejor los retos comunes en el futuro. 
Esto se logra, por una parte, a través de la legislación, por ejemplo, en materias de ambiente y derecho laborales, y por otra, gracias al método abierto de coordinación, que implica que fijamos objetivos comunes para diferentes asuntos. 
El proceso de la UEM y los objetivos para la inflación, los tipos de interés y los déficit presupuestarios han demostrado que éste es un camino viable. 
Ahora hacemos lo mismo con el empleo, la exclusión y los temas demográficos. 
El proceso de Lisboa comprende tres partes: política económica, política de empleo y política social/cohesión social. 
Es importante que exista un equilibrio entre esos tres sectores, todos igualmente relevantes en el proceso. 
Agradezco al ponente Bullmann la mención que hace en su informe a este equilibrio y a la importancia de mantenerlo. 
Quiero destacar dos cosas: la política educacional en la sociedad de la información, que es extraordinariamente importante, y, como ya se ha dicho, el valor de que, desde ahora, encaremos los retos derivados del desarrollo demográfico. 
En Estocolmo habrá que concentrarse, ya que no podemos hacerlo todo a la vez. 
¡Concentrémonos, por tanto, en algunas materias para echar a andar el proceso! 
Los indicadores no son un objetivo, sino solamente un medio para alcanzar los objetivos propuestos. 
Quisiera hacer hincapié en el papel del Parlamento. 
Tenemos un papel en el trabajo legislativo, pero nuestra tarea no es clara en relación con el método abierto de coordinación. 
Ahora que este método se hace cada vez más importante, tendríamos que alcanzar un acuerdo institucional que fortalezca la función del Parlamento. 
Sin embargo, aquí falta un ingrediente- lo mencionamos en nuestro informe y espero que la Cumbre de Gotemburgo se ocupe de él- esto es, que a este proceso y a estas materias hay que añadirles los aspectos ecológicos. 
Señor Presidente, la reunión de Lisboa contenía una claro mensaje para los habitantes de Europa: Europa llegará a ser la economía más competitiva del mundo. 
Éste es un anhelo del que se hará un eficaz seguimiento en Estocolmo. 
No obstante, no debe ocurrir, como en tantos otros documentos comunitarios, que sean sólo palabras sin resultados concretos. 
¡Ahora se necesitan propuestas concretas! 
Los 14 millones de desempleados están cansados de las resoluciones grandilocuentes. 
Tengo que reconocer que los liberales tenemos una posición algo expectante, hasta que veamos los resultados de la reunión de Estocolmo. 
Con todo, quiero subrayar que el Sr. Bullmann ha realizado un buen trabajo, pero el informe es demasiado amplio y la cantidad de materias que contiene hace que se pierda el centro de la atención. 
Habríamos preferido más concentración y una clara lista de prioridades. 
Respaldamos plenamente las críticas de la Comisión a la lentitud de las reformas en Europa. 
En este contexto, merece críticas especialmente el Consejo, pero también el Parlamento. 
Permítanme destacar algunas medidas importantes para darle velocidad a Europa: se necesitan aún más liberalizaciones en el mercado energético y en el sector de correos y de las telecomunicaciones, sector en el que el Sr. Danielsson puede exhibir sus mejores capacidades. 
Además, hay que reducir los impuestos, especialmente al trabajo, hay que mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas y hay que dar flexibilidad al mercado laboral. 
Además, será necesario crear un mercado financiero común, en esto hay mucho por hacer, y conectar toda Europa a la red. 
También hay que estimular la biotecnología. 
Una Europa más liberal significa una Europa más cohesionada y con mayor protección social, lo que a su vez implica que la gente se atreva a asumir riesgos y a hacer cosas nuevas. 
Europa necesita una política en la que se creen nuevos empleos y en la que los ciudadanos puedan elegir su futuro. 
Esta bien que se fijen objetivos y se hagan continuas evaluaciones con indicadores estadísticos relevantes, pero todo esto jamás podrá reemplazar a las propuestas concretas. 
Espero, como sueco, que en la reunión de Estocolmo veamos el viraje decisivo, que allí se adopten las decisiones que asfalten el camino para una Europa más competitiva y liberal. 
Finalmente quiero decir al Sr. Danielsson que una Europa dinámica requiere una moneda común. 
¡No lo olvide! 
Cada vez hay más gente que se pregunta cuándo va a cumplir Suecia sus compromisos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, mi intervención tratará ante todo sobre el documento de la Comisión en previsión del Consejo europeo de Lisboa. 
Creo que se trata de un documento interesante y las observaciones que voy a formular pretenden sugerir a la Comisión una serie de mejoras. 
Es lo que se llama hacer crítica constructiva. 
Primer punto: con respecto al contenido del documento, me sorprende que no haya ninguna referencia a las grandes diferencias entre países y regiones de la Comunidad en el plano de la sociedad de la información. 
La realidad de la Unión Europea es su partición en subconjuntos geográficos muy diferentes unos de otros. 
Los países escandinavos y los del Sur no comparten exactamente la misma realidad; sería necesario tener esto en cuenta para perfilar el diagnóstico. 
En segundo lugar, la Comisión habla, con toda razón, de una estrategia integrada. 
Quisiera presentar sugerencias en tres grandes sectores con el fin de mejorar esta integración. 
La primera, el desarrollo duradero: es importante que la Comisión reconozca que al proceso de Lisboa le falta una dimensión ambiental. 
Será necesario velar para que el documento de Göteborg reorganice el orden de las prioridades de Lisboa. 
Por dar un ejemplo concreto, no basta con decir en materia de energía y transporte que la liberalización permite reducir los precios y, por tanto, ofrecer un mejor acceso al consumidor y a las empresas; es necesario también disponer de indicadores en cuanto a la multiplicación de los transportes colectivos o al aumento del transporte multimodal. 
Se planteará el problema de los indicadores y ésta es la razón por la cuál hemos introducido una serie de enmiendas al informe Bullmann. 
Igualmente, la Comisión no puede conformarse con decir que ha planteado una comunicación sobre los servicios de interés general. 
El Parlamento está reflexionando sobre ello. 
Habrán de tomarse algunas iniciativas para encuadrar los movimientos de entrada a la competencia de los diferentes sectores. 
En segundo lugar, el papel de la educación y de la formación. 
Parte de una constatación fundamental, el déficit de información. 
La Comisión debería examinar dos cuestiones más de cerca. 
Por una parte, la organización de la alternancia de los tiempos de vida, de trabajo y de formación. 
¿Por qué no una directiva-marco o, al menos, una recomendación de la Comisión para permitir a los trabajadores y a los ciudadanos en general que aprovechen los ritmos alternos de formación de trabajo y de tiempo de vida? 
Por otra parte, el problema de la financiación pública y privada de esta formación, el de la responsabilidad de las empresas hasta incluso en la formación de sus trabajadores, lo que plantea la cuestión de la calidad del gasto público. 
En tercer lugar, creo que la Comisión haría bien en seguir en su documento el ejemplo del informe sobre la cohesión económica y social, en el cual el Sr. Barnier anticipó la ampliación de la Unión Europea. 
Está claro que una gran parte de las prioridades mencionadas en el documento de la Comisión deberían reformularse de otra forma, en el marco de la Unión ampliada: mercado del trabajo, en el que los temas de la salud y de la seguridad van a ser fundamentales, exclusión social y protección social, que no podrá vincularse a la cuestión del envejecimiento de la población sino sencillamente al establecimiento de una red de seguridad social, al igual que el informe de la BIRD acaba de recordar de nuevo en su última edición. 
Ahí tiene, señor Comisario, una serie de sugerencias que yo desearía se tomaran en consideración en los próximos informes de la Comisión, y más especialmente en lo que respecta a la integración, al desarrollo duradero y a la sociedad del conocimiento. 
Señor Presidente, Señorías, ¿Cuál es el camino a seguir después de Lisboa? 
Deseo responder en cuanto al fondo, en lo que respecta a nuestras responsabilidades y en lo que respecta al método. 
En primer lugar, creo que no se puede considerar que se haya fijado la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento duradero, el pleno empleo y una mayor cohesión social. 
El proceso de Lisboa tiene grandes virtudes, objetivos muy ambiciosos y bien fundamentados, refleja un planteamiento global y abierto de las coordinaciones y traduce una clara conciencia del desafío que presenta la revolución informática. 
Sin embargo, persisten importantes desviaciones. 
El marco actual de la política monetaria, presupuestaria y financiera favorece la competitividad fiscal y social; las capacidades para llevar a cabo políticas públicas siguen reducidas al nivel nacional y son decididamente obstaculizadas a nivel europeo. 
Diría que se trata de una integración negativa, en el sentido de Tinbergen, y no una integración plenamente positiva. 
Estas desviaciones son visibles en la problemática actual de los indicadores. 
Son unos indicadores nacionales comparables, algo que resulta útil; pero no se encuentran indicadores europeos que permitan situar a Europa en la economía mundial y aplicar políticas comunes. 
Por otra parte, tampoco se examina el impacto de las decisiones operadas por uno o por varios de los países sobre los otros. 
¿Por qué se critica a Irlanda? 
¿Por su política anticooperadora de dumping social o por su política de gasto público a favor del crecimiento? 
Comprendo que el Sr. Bullmann diga que el crecimiento está bien, pero no podemos dormirnos en los laureles. 
En este sentido, resulta especialmente molesto que el Consejo y la Comisión no evalúen el impacto social y económico del gran mercado financiero integrado ni el del lanzamiento del euro. 
Por ello no se debe considerar a Lisboa como un logro, sino como un inicio; conviene trabajar para superar estas contradicciones, y tarde o temprano será necesario revisar esta estrategia para llegar más lejos. 
Hay en este sentido una buena enmienda de los Sres. Goebbels y Bullmann. 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo ha de ser capaz de tomar decisiones claras. 
A mi juicio, los dos informes votados por unanimidad en comisión siguen lógicas contradictorias. 
Doy mi aprobación al informe Bullmann, que propone inversiones públicas, una legislación social. 
Por el contrario, no puedo dar mi aprobación al informe Gasòliba i Böhm. 
No apuesta más que por la desregulación y la flexibilidad. 
Señalo además que, si el objetivo del mercado interior no se ha realizado para servicios esenciales como la energía y los transportes, no es consecuencia de la desregulación, sino por falta de infraestructuras y normativas públicas comunes. 
Deseo de este modo expresar una opinión negativa sobre la bajada continua de las cargas sociales, siempre propuesta, que exime de responsabilidad a las empresas y fabrica trabajadores pobres. 
En tercer lugar- y éste será el último punto -, hemos de ayudar a todos los agentes sociales y cívicos europeos a participar en la decisión de las políticas económicas y sociales. 
Ahora bien, la población no conoce estas coordinaciones. 
No saben en absoluto de qué se trata. 
Por tanto, hemos de interrogarnos acerca de nuestras responsabilidades. 
Permítanme, en este sentido, que recuerde que este Parlamento votó en diciembre de 1996, como consecuencia de un informe que yo había presentado, una resolución en la que afirmaba su intención de poner en marcha una conferencia anual del Parlamento Europeo sobre las decisiones fundamentales de polótica económica y social, precedida de un debate interactivo entre los diferentes entes territoriales nacionales y mediante una concertación pública con los agentes de la sociedad civil. 
Creo que podríamos retomar esta propuesta para conseguir que los ciudadanos nos escuchen. 
- (IT) Señor Presidente, es difícil en su conjunto estar en desacuerdo con las peticiones formuladas por los colegas Bullmann y Gasòliba i Böhm, entre otras cosas porque, al atenderlas, se gana al menos en transparencia. 
Lo que es de difícil comprensión, en cambio, no es el trabajo de los colegas, sino, compartiendo el resultado del Consejo de Lisboa, el por qué la Unión entra a veces en contradicción con los principios que manifiesta. 
No existe- como sabemos- una política económica común a los quince Estados miembros, en cambio, sí un conjunto de directrices, de derechos y de prohibiciones comunitarias. 
Ante el desafío de la globalización, se debe apreciar por lo tanto el esfuerzo de dar a la Unión ejes y políticas comunes, moviendo desde una histórica y común base cultural, como, por lo demás, es de obligación, la asunción de una flexibilidad competitiva de cada uno de los países. 
Sin embargo, no es raro el caso de ver los dos aspectos traducidos a los fines únicos del crecimiento económico y sin incluir los del progreso social. 
La reforma de la administración pública es una necesidad, en algunos casos, pero también lo es, en otros, la atención, a los efectos de la producción de la riqueza, que cada uno de los Estados han de prestar en la reforma de los sectores en desarrollo y en su potenciación, en el conjunto de los criterios básicos, en la política de las infraestructuras, así como hacia la política redistributiva de la riqueza producida. 
Sin embargo, ante la creciente precariedad y pobreza, no parece que quede otra cosa que hacer, en el ámbito nacional y comunitario, que no sea representarlas estadísticamente de la mejor manera posible. 
En todo caso, si la virtud de las cuentas públicas es fundamental, ésta, comparada con la creciente pobreza y precariedad, no puede encontrar sólo sentido en la reducción del gasto social, sin una consideración no estadística sobre el curso demográfico y sobre las justificaciones, estridentes a veces, de las continuas demandas de reducción del coste del trabajo sin un concreto marco participativo. 
También la liberalización entra dentro de estas consideraciones, puesto que, incluso compartiéndola, a los efectos de un beneficio teórico para el usuario final, no lo volvemos a encontrar, prácticamente, en calidad, seguridad o posibilidad de disfrute universal. 
Bienvenidos sean entonces una mayor coordinación de las políticas comunitarios y unos mejores indicadores para certificar su eficacia. Sea como fuere, sería deseable que la Unión no sólo estableciera rápidamente sus ejes de actuación futuros, sino que también hiciera que fueran cada vez más aprovechables, vinculantes y coherentes los principios que repetidamente declara. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor representante del Consejo, tengo que decir que la valoración que hago sobre las resoluciones de Lisboa y, ante todo, sobre el objetivo, varias veces evocado en esta Sala, de hacer de la economía de la Unión europea una economía basada en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo, se resume en esto: es una fórmula vacía, retórica, que poco o nada dice sobre lo que está o no sucediendo, en las economías de los países europeos. 
Alan Greenspan, ayer, explicó que, en el 2001, la economía estadounidense sólo crecerá el 2,5 por ciento y que el paro subirá desde el 0,5 por ciento hasta el 4-4,5 por ciento: éstos son los datos de la economía dinámica y competitiva. 
Para nosotros, éstos serían datos de un período de floreciente crecimiento económico, mientras que consideramos que la economía estadounidense está en recesión. 
Aprecio el trabajo hecho por los colegas Bullmann y Gasòliba i Böhm- en particular, comparto plenamente el informe Gasòliba- pero creo que es demasiado poco, pues es demasiado poco lo que se le brinda a este Parlamento para debatir y proponer. 
En el informe Bullmann, tema también mencionado por el Comisario Solbes, se habla, por ejemplo, de poner al día los regímenes de jubilación. 
Pues bien, yo creo que, si queremos hablar de cosas concretas que han de hacerse y no de objetivos altisonantes que proponer, por ejemplo, sobre el tema de las reformas de las pensiones, el Parlamento debería hacer oír una voz mucho más firme, mucho más decidida, mucho más rigurosa y reclamar con fuerza una reforma que conduzca a sistemas de pensiones sostenibles desde el punto de vista financiero y menos inicuos bajo el perfil del equilibrio entre las generaciones. 
En Europa, estamos consumiendo irresponsablemente el ahorro de previsión de los jóvenes. 
¿Qué se les reconocerá a ellos, dentro de veinte o cuarenta años, por las elevadas aportaciones que hacen hoy? 
Se requieren reformas: o paramétricas con la elevación de la edad mínima de jubilación, o de sistema- como yo creo que sería conveniente- a través del paso a un sistema de capitalización por lo que se refiere a la cotización obligatoria a los sistemas obligatorios de previsión, y no sólo eso- faltaría más- por lo que se refiere a la cotización complementaria. 
En la economía dinámica que rige hoy en el mundo- como es la estadounidense- hay preocupación por los déficit de los sistemas públicos de pensiones que se manifestarán a partir del 2025 y que tan sólo en el 2037 consumirán las reservas patrimoniales acumuladas. 
En Europa y en muchos países- pienso en particular en el mío, Italia- se corre irresponsablemente hacia el desastre de las cuentas de la Seguridad Social. 
En Europa, no se saben vencer las resistencias corporativas de quienes defienden a los pensionistas y a los futuros pensionistas- pienso en primer lugar en las organizaciones sindicales- sobre los hombros de los jóvenes trabajadores, los afortunados, y de los jóvenes parados, a cargo de las cotizaciones a los sistemas públicos de pensiones tan elevados que deprimen el empleo. 
He acogido con entusiasmo la propuesta de Tony Blair de pensar en una Europa que prevea que se pueda trabajar por encima de los sesenta y cinco años, porque vengo de un país donde las personas se jubilan a los cincuenta y cinco años e incluso menos y dónde estas jubilaciones son pagadas con las cotizaciones de los trabajadores más jóvenes. 
En conclusión, señor Presidente: hablemos menos de objetivos sobre los que estamos todos de acuerdo- ¿quién no querría hacer de Europa una economía dinámica? -y hablemos un poco más de decisiones- a lo mejor dolorosas y difíciles- que han de tomarse lo más pronto posible. 
Señor Presidente, ahora que han transcurrido dos años del inicio de la Unión Económica y Monetaria, resulta que, en efecto, existe rebeldía a la hora de lograr una coordinación de las políticas económicas. 
Parece casi imposible agrupar bajo un denominador común doce economías con una situación coyuntural diferente. 
De hecho, los Estados miembros han aceptado a disgusto la Unión Económica y Monetaria, pero ahora no quieren sacrificar todavía más libertad política para lograr la convergencia real necesaria. 
Los indicadores y prestaciones socioeconómicos que propone la Comisión, suponen un intento de establecer una forma de coordinación socioeconómica sin utilizar para ello un procedimiento legislativo plagado de cepos y trampas. 
Dista de ser ideal, pero podría decirse que más vale pan y ensalada que no comer nada. 
Dada esta realidad política, es muy incomprensible que se intente sofocar la rebelión contra el proceso de convergencia proponiendo una maraña de indicadores. 
El sector privado se queja ya ahora de la presión de las encuestas. 
Las oficinas nacionales de estadística no cuentan en absoluto ni con los medios ni con el personal para ello. 
Y encargar esto ahora a Eurostat es poner el carro delante de los bueyes. 
Los 27 indicadores que propone la Comisión, ya son muchos. 
Empecemos con unos diez y, después, con prudencia, donde resulte necesario, aumentémoslos. 
Es lamentable que el informe Bullmann conduzca al caos al incipiente proceso de convergencia. 
Espero que el Comisario explique a continuación de forma clara y específica en qué medida y en qué términos son realizables en la práctica las ambiciosas propuestas que figuran en el proyecto de resolución. 
Además, las cifras no dicen todo. 
Crean una imagen reducida de la realidad ¿No decimos que los Estados Unidos de América son el país más deportista porque es el que gana más medallas en los Juegos Olímpicos? 
Dividamos esas medallas entre la población, entonces, EE.UU. pasa a ocupar puestos bajos en la clasificación mundial, y resulta que la mayor parte de los países europeos cuentan con mejores prestaciones deportivas que ese Estado. 
Y no es que Bélgica se haya convertido desde hace poco en un país de patinadores. 
En resumidas cuentas, los indicadores constituyen un medio para dirigir una política, pero no son un objetivo en sí mismos. 
En cuanto al informe del colega Gasòliba, quiero decir que mi Grupo puede respaldarlo en grandes líneas, aunque desgraciadamente, el informe tiene poco en cuenta las desventajas que lleva aparejada la liberalización. 
Señor Presidente, todos compartimos el importante y ambicioso objetivo de convertir a Europa en el espacio económico más moderno del mundo y el más atractivo para las empresas y los trabajadores. 
Como ocurre muy a menudo, lo que se discute no es el objetivo, sino el camino para alcanzarlo. 
Unos opinan que la total libertad de empresa permitiría hacer realidad dicho objetivo; otros creen poder conseguirlo domeñando y regulando el turbocapitalismo. 
La respuesta acertada consiste, naturalmente, en lograr una combinación inteligente de ambos aspectos. 
El espacio económico más atractivo del mundo debe incorporar la maximización de la eficiencia de nuestra economía y a la vez también la orientación humana, o sea, la economía social de mercado. 
El ponente Bullmann ofrece, por consiguiente, una serie de definiciones de indicadores estructurales importantes, que deberán orientar las acciones adecuadas. 
En la práctica, esto plantea, naturalmente, el problema de la carga que se impone a las empresas de tamaño medio. 
Por esto, nosotros apoyamos la enmienda de los liberales en el sentido de que las nuevas estadísticas no deben suponer una carga para los empresarios medios, sino que se deben basar en el material ya disponible. 
Un exceso de información también comporta, naturalmente, la tentación de un intervencionismo excesivo y esto podría ensombrecer las perspectivas de la economía. 
La problemática cara al futuro consiste, por lo tanto, en actuar de la manera adecuada sobre la base de los datos y la nueva información disponibles. 
Es preciso fomentar, por consiguiente, la competencia entre los sistemas y el compromiso privado. 
Al mismo tiempo, también es preciso contar, evidentemente, con unas normas que regulen la competencia entre los sistemas. 
Una mirada a mi propio país permite apreciar lo que no debemos hacer en este momento. 
Me refiero a la ampliación de la cogestión en Alemania. 
En mi país se afirma que la dinámica de la economía exige la ampliación de los comités de empresa, que en la práctica se deberán establecer también en todas las medianas empresas. 
¡Figúrense, se pretende que se creen nuevos comités de empresa no sólo en las grandes empresas, sino también en las de tamaño medio! 
Con razón, tamaña insensatez no figura ni siquiera en el Informe Bullmann, como he estado a punto de decir, pues allí se menciona todo, desde el fomento de la investigación hasta la regulación de las pensiones, pero gracias a Dios no se habla de una ampliación de la cogestión. 
Con este planteamiento y en relación con esta cuestión, el Gobierno rojiverde de Alemania sigue en este momento un camino equivocado, que los análisis europeos no justifican ni reclaman. 
Es decir, que el país más grande de Europa, o sea, Alemania, está demostrando en este aspecto su incapacidad para responder efectivamente al nuevo reto de llegar a ser el espacio económico más atractivo del mundo. 
No, el Gobierno rojiverde está haciendo en este momento un flaco servicio a dicho reto europeo. 
El asidero que se ofrece a los sindicatos en Alemania, dado que su influencia está disminuyendo, es un regalo envenenado. 
Muchos diputados de nuestro Grupo están preocupados por el exceso de información y análisis detallados incluidos en el informe. 
El mandato básico al que debe mantenerse fiel el mundo globalizado y los europeos dentro del mismo es el siguiente: por encima de todo, es preciso mantener la competitividad de nuestra economía y el presente informe tampoco debe limitarla. 
En cualquier caso, lo que vamos a necesitar además todavía no figura allí; esa será la fase siguiente del análisis. 
Lo que necesitamos para participar en la competencia global requiere son unas reglas del juego suplementarias, también globales. 
Señor Presidente, la nueva estrategia europea de Lisboa a favor de una Europa competitiva, dinámica y basada en el conocimiento ha demostrado su validez en el año 2000 y, por lo tanto, es necesario incorporarla, con el apoyo del informe de síntesis y de las decisiones de Estocolmo, como un elemento esencial de la política económica, que este año debe ser más vinculante que en años anteriores. 
Por fin se ha reducido el paro, aun cuando su elevado nivel continúa siendo, evidentemente, lamentable. 
No obstante, a pesar de todo se crearon 2,6 millones de nuevos empleos y los datos económicos favorables confirman que el desarrollo económico se mantiene, si bien a un ritmo un poco más lento. 
El enfoque estratégico que concede el mismo peso a las políticas en los ámbitos de la reforma y del crecimiento económicos, del pleno empleo y de la inclusión social ha demostrado, por lo tanto, su validez. 
Ahora es preciso continuar desarrollándolo y concretándolo. 
La coyuntura estadounidense sigue teniendo en vilo a Europa. No obstante, parece posible que el aterrizaje sea suave. 
Aun así, Europa debe estar preparada para hacer frente a un deterioro de la demanda en el sector de las exportaciones. 
No existe, por lo tanto, otra alternativa que las reformas estructurales de los mercados de bienes, de servicios, de capitales y de trabajo de la Unión. 
Es de esperar que éstas mejoren el potencial productivo y se traduzcan en un incremento de la producción. 
Señor Friedrich, incluso una ampliación de la cogestión puede contribuir a mejorar la motivación de los asalariados y a aumentar, por lo tanto, la productividad. 
La Unión Europea ha conseguido avanzar en el ámbito de las reformas estructurales; así lo resalta incluso el último informe de situación del FMI sobre la zona euro. 
Así ha sucedido en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también en lo que respecta a los mercados de trabajo. 
Al mismo tiempo, es necesario desarrollar una combinación de políticas que contribuya a contrarrestar mediante un incremento de la demanda interior las repercusiones de un posible impacto negativo de la demanda estadounidense sobre el mercado interior de la UE. 
El Informe Bullmann y el informe de síntesis, que identifica correctamente diez campos de actuación, resaltan con razón que el futuro de Europa depende de la capacidad de reforma de los Estados miembros de la UE, de las ofensivas desarrolladas en el ámbito de la cualificación con el fin de mejorar la tasa de actividad, de la modernización de las infraestructuras, de la ampliación de la sociedad de la información y de la superación de la pobreza y la exclusión social. 
Para alcanzar estos objetivos se deben utilizar plenamente los instrumentos de la privatización y la desregulación. 
Pero también se deberán aplicar nuevos instrumentos cuando sea necesario organizar y, por lo tanto, regular ciertos sectores. 
Es particularmente importante contar con un marco normativo claro en todos los sectores, en particular en lo que respecta a los servicios financieros, que son de una gran importancia para el imprescindible incremento la actividad inversora de la Unión. 
Todo ello en interés del modelo europeo de economía social de mercado. 
También es importante que se mantenga el procedimiento de coordinación abierta como método. 
No obstante, en la práctica es preciso contar con un calendario y unos objetivos cualitativos y cuantitativos, así como con unos objetivos intermedios. 
Este enfoque resultó útil cuando se estableció el mercado común y también en el momento de la introducción de la Unión Económica y Monetaria. 
También en este caso debe contribuir a dar los últimos retoques al mercado interior europeo en interés de la economía y del empleo, y esto también requiere que el Parlamento Europeo tenga un papel y una participación más adecuados en el proceso de coordinación de la política económica. 
La Presidencia sueca del Consejo ha reclamado democracia y transparencia en este ámbito. 
Yo cuento con que también cumplirá esta promesa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión por su informe de síntesis y por seguir presionando al Consejo y a esta Asamblea para que cumplan lo prometido en el marco de la estrategia de Lisboa. 
No obstante, me gustaría referirme a un tema específico en el que la Comisión y también todos nosotros flaqueamos bastante: es el tema de las cargas burocráticas. 
Debemos estar un poco mejor informados sobre el tipo de cargas burocráticas que podríamos estar creando deliberadamente o, lo que es más importante, no deliberadamente, cuando aprobamos legislación. 
En el informe de síntesis de la Comisión no veo más que cuatro o cinco párrafos dedicados a este tema tan importante. 
Las cargas burocráticas y la reducción de las mismas es un tema repleto de retórica y clichés, pero bastante exento de acción y de sentido práctico. 
Esto significa que, como legisladores, en el Parlamento Europeo a menudo legislamos a ciegas. 
A menudo nos ocupamos de propuestas procedentes de la Comisión Europea que llegan desprovistas de la consabida evaluación de las repercusiones. 
Luego presentamos enmiendas sin saber qué consecuencias tendrán dichas enmiendas. 
Está claro que este modo de legislar es inadecuado y tampoco es el modo más eficaz de perseguir el objetivo de la competitividad. 
Por consiguiente, insto a la Comisión a que reflexione muy seriamente sobre este punto y que no lo desestime como un simple aspecto accesorio de la estrategia de Lisboa, sino que lo sitúe en el centro de sus reflexiones y, quizá, piense en nuevos modos institucionales de crear una agencia especializada en estos temas. 
Las propuestas de la Comisión quizá deberían ser sometidas a evaluaciones de las repercusiones propiamente dichas, al igual que las enmiendas presentadas por los diputados al PE, de manera que sepamos realmente lo que hacemos cuando legislamos en la búsqueda de este objetivo global de la competitividad. 
Señor Presidente, parece estupendo que en la UE se pretenda crear la economía más competitiva, dinámica y con mayor base de conocimientos. 
Sin embargo, ¿no habría sido aún mejor si en Europa se hubiese querido crear la economía más ecológica, más sostenible, más justa y más igualitaria? 
Pero parece que no se trata de esto, especialmente en el informe Gasòliba i Böhm, que es un himno a las desregularizaciones, a las privatizaciones y a los recortes sociales, es decir, a todo aquello que crea grandes diferencia y daños ecológicos. 
Por ejemplo Suecia, mi país, ha sido un país muy igualitario. 
Según numerosos informes, después del ingreso a la Unión es el país en el que más rápidamente crecen las diferencias, las desigualdades y las contradicciones. 
Quisiera recomendar a todos los acérrimos partidarios del mercado que lean lo que dice el diario Guardian en su edición de hoy: California and New Zealand that were once keen privatisers are now both turning their backs on deregulation. 
They are ready to renationalize. 
California is turning dramatically left. 
New Zealand's experiment in market fundamentalism has failed. 
A la luz de esto, cabe preguntarse qué piensa hacer la Presidencia sueca. 
El otro día fue elogiada por The Economist por las tradiciones igualitarias en Suecia. 
¿Piensan seguir el camino equivocado de la UE que conduce obstinadamente a las desregularizaciones? 
¿Sería posible que, en cambio, recuperasen algunas tradiciones de solidaridad y tratasen de conducir a la Unión por una camino más ecológico, más sostenible y más solidario? 
Sería interesante que se me contestaran estas preguntas. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Sr. Bullmann cuando subraya que de la reunión de Lisboa se desprenden numerosas señales positivas. 
Pienso, sobre todo, en la exigencia de pleno empleo, pero también en el crecimiento dinámico, en la innovación y en la formación continua. 
Sin embargo, me pregunto cómo se concilia esto con el valor que asigna el modelo de Maastricht a la estabilidad, al control de la inflación, a la política de salarios bajos y a los recortes sociales. 
¿Se ha abolido esta política de austeridad en Lisboa? 
No, es evidente que no. 
La intervención de la Comisión contra Irlanda demuestra que el modelo de Maastricht sigue vigente. 
Irlanda es, en muchos aspectos, un ejemplo de la política de crecimiento del tipo que se quiere fomentar a través de la reunión de Lisboa, pero que ahora castiga la Unión. 
Por eso, mi conclusión es que en la Unión coexisten dos modelos económicos contradictorios: uno, que hasta ahora es realidad política, y otro, que se ocupa de los sueños y los anhelos de lo que vendrá después. 
Hay un "sueño de izquierdas" y un "sueño de derechas", y parece que ambos tienen cabida en el concepto de Lisboa. 
Espero que el gobierno sueco haga hincapié y dé prioridad en la Cumbre de Estocolmo al modelo de izquierdas, que destaca la importancia del pleno empleo y de una política de desarrollo con responsabilidad social y que rechace las tendencias a liberalizar, desregular, y aumentar la flexibilidad, etcétera. 
Pero ya veremos qué sucede cuando lleguemos a Estocolmo. 
Señor Presidente, para comenzar, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al Sr. Gasòliba i Böhm por la preparación y presentación de su informe. 
Deseo aprovechar la ocasión que me brinda el presente debate para abordar el tema del crecimiento económico, en particular, en mi país, Irlanda. 
Permítanme declarar, sin más preámbulos, que apoyo las disposiciones del Tratado de Amsterdam que establecen la necesidad de coordinar grandes orientaciones de las políticas económicas de los distintos Estados miembros que participan en la moneda única europea. 
No obstante, cualquier propuesta en este sentido que se presente, ya sea a través de la Comisión Europea o por otra vía, deberá ser justa y deberá ser equilibrada. 
Irlanda apoya sistemáticamente a la Unión Europea, como demuestran todos los referendos celebrados en mi país, donde- a diferencia de lo que ocurre en otros países- los ciudadanos tienen derecho a expresar sus opiniones con respecto a Europa. 
No creo que las propuestas que presentó el Comisario Europeo, Sr. Solbes, sean especialmente equilibradas con respecto a estas recomendaciones propuestas sobre la marcha de la economía irlandesa en estos momentos. 
Es importante corroborar esto y es importante observar que, durante varios años, el crecimiento económico en mi país ha sido de entre el 10 y el 12% -tasa que contrasta fuertemente con la del final de la década de los años ochenta, cuando el crecimiento era del 0%. 
Las previsiones de crecimiento para este año son de aproximadamente el 8%. 
Las cifras de desempleo son de las que más se acercan al pleno empleo en la Unión de hoy. 
Somos uno de los pocos Estados miembros que hace provisiones masivas para futuras pensiones. 
Estamos orgullosos de que muchos países del mundo intenten desesperadamente mejorar su situación económica y que para ello estén aplicando el modelo irlandés como punto de referencia. 
Y sí, señor Presidente y señor Comisario, nuestra inflación está disminuyendo de manera significativa- y ¿me equivoco cuando afirmo que otros Estados miembros tienen unas tasas de inflación más altas que la nuestra? 
No he oído mencionar este punto últimamente. 
Me parece que el mayor pecado que hemos cometido en nuestro país ha sido compensar a la población con recortes de impuestos y subidas salariales. 
Aquí, la Comisión olvida, oportunamente, que antes del auge económico, a los ciudadanos de mi país se les exigieron grandes sacrificios para alcanzar dicho auge. 
Pero según la Comisión, se descarta la posibilidad de que puedan recoger los frutos. 
¿Debemos ser las víctimas de nuestro propio éxito? 
Por los motivos expuestos, creo que los detractores que expresan preocupación por la marcha de la economía irlandesa exageran. 
La mayor parte de la población de mi país apoya a nuestro Ministro de Economía y los únicos que no lo hacen son los que están en la oposición en mi país y se sirven de la recomendación de la Comisión para lo que consideran una ventaja política a corto plazo. 
Cualquier sugerencia, venga de donde venga, de que Irlanda debe sufrir por el éxito de la economía irlandesa es una amenaza muy grave. 
Señor Presidente, Señorías, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se propusieron como objetivo nuestra transformación, en un plazo de 10 años, en un espacio económico verdaderamente dinámico, competitivo y basado en el conocimiento. 
Esto requerirá un enorme esfuerzo y sólo será posible si conseguimos movilizar en el marco de una economía de mercado abierta las fuerzas que permanecen aletargadas en las empresas europeas, en los centros de investigación europeos y en los centros educativos europeos. 
En este aspecto, avanzamos por buen camino. 
El discurso de ayer del Presidente Prodi me animó en todos los sentidos. 
Pronto se introducirá la moneda única y se creará un espacio monetario óptimo, como resultado de la mejora de la movilidad en la Unión Europea. 
Estamos avanzando en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual. 
También esto es importante si queremos movilizar la investigación. 
Yo creo que la patente europea constituye un paso importante en esa dirección y, si queremos aproximarnos a los citados objetivos, también tenemos que seguir avanzando con mayor rapidez en el ámbito de la liberalización, no sólo del sector de las telecomunicaciones, sino también de la energía y los servicios postales. 
Esto incluye asimismo la definición de la política económica europea sobre la base de unos principios comunes, que a mi parecer sólo pueden ser los de la economía social de mercado. 
Sin embargo, lo que yo me pregunto es: ¿sobre quién recae la responsabilidad de dicha política económica? 
¿O existen, acaso, diversas responsabilidades? 
La Unión Europea tiene asignados claramente algunos ámbitos. 
El ámbito de la competencia, en el que la Unión ejerce las máximas competencias, el ámbito de la estabilidad monetaria, por la que vela el Banco Central Europeo, y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento son los instrumentos fundamentales. 
La Unión Europea es competente en este ámbito. 
Luego existen otros que son claramente responsabilidad de los Estados miembros, como los impuestos, los sistemas de seguridad social y la educación. 
Europa sólo puede participar en estos aspectos a través del diálogo. 
En estos ámbitos no está autorizada a adoptar decisiones. 
En cuanto al tema de la recogida de datos, tal como propone el colega Bullmann, en mi opinión, la Unión Europea se debe ocupar prioritariamente de aquellos ámbitos en los que le corresponde decidir. 
En los demás ámbitos, en los que la Unión Europea contribuye a promover un diálogo, sólo se debe conceder una prioridad secundaria a la obtención de los datos citados. 
¿Cuáles son a mi modo de ver los aspectos prioritarios? 
¿En qué aspectos necesitaremos disponer de mayor información en los próximos tiempos? 
Vamos a necesitar, por ejemplo, datos más inmediatos sobre la evolución del producto interior bruto y sus componentes. 
Vamos a necesitar más datos sobre el desarrollo de los servicios en la Unión Europea. 
En efecto, tenemos mucha información sobre la producción en la Unión Europea, pero muy poca sobre la evolución de los servicios y en estos momentos todavía son muy insuficientes los datos disponibles sobre la balanza de servicios en la zona euro, que son un fundamento esencial para la toma de decisiones, por ejemplo para el Banco Central Europeo a la hora de decidir los tipos de interés. 
Los demás datos tienen como finalidad principal promover un diálogo. 
Deben sentar las bases para la definición de modelos de referencia. 
Yo debo decir con toda claridad que en el caso de estos datos me parece nefasto que una vez obtenidos se utilicen de manera abusiva para realizar intervenciones propias de una economía planificada en la vida económica de la Unión Europea, y debemos incorporar las garantías previas adecuadas con el fin de evitarlo. 
Estos datos, que necesitamos- y en esto coincido con el colega Bullmann -, se tienen que utilizar para favorecer la competencia entre los países miembros. 
Debido a que contamos con unas fronteras exteriores comunes y unas fronteras interiores abiertas, así como con la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, en la Unión Europea no sólo existe una competencia entre empresas, sino que también hemos generado una competencia entre los Estados. 
Ésta se centra en la oferta a los ciudadanos de los servicios que esperan del Estado bajo condiciones mejores y más favorables, y yo creo que los datos que se enumeran en el Informe Bullmann se tendrían que aplicar con este fin. 
Tiene la palabra el Sr. Rack para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, usted ha logrado varios milagros en los últimos días. 
Por ejemplo, consiguió que Air France transportara puntualmente a los diputados de la Asamblea hasta aquí. 
Quizás podría lograr un nuevo milagro. 
En la octava planta ya estaba repleto; no se podía respirar, pero aun así se ha detenido en cada piso. 
Hemos conseguido llegar, pero quizá podría ordenarle al ascensor que vaya más rápido. 
VOTACIONES 
Doy las gracias al señor Comisario Solbes y cedo la palabra al Sr. Cashman para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, quisiera informar al Pleno de que, como poseedor de derechos sustanciales en el sector audiovisual, tengo un interés económico directo en el tema que nos ocupa y, en consecuencia, me abstendré de participar en toda la votación. 
Sr. Cashman, le doy las gracias por esta información. 
Señora Presidenta, al igual que el Sr. Cashman, yo también quiero comunicar a la Asamblea que me encuentro en una circunstancia análoga. 
Yo creo que muchos de los presentes nos vemos afectados en nuestra calidad de autores. 
Sin embargo, la enmienda 33 me afecta realmente de pleno y desde luego prefiero no participar en su votación. 
Muchas gracias por su transparencia. 
Señora Presidenta, yo quiero comunicar mi interés económico en el tema y anunciar que no voy a participar en la votación por este motivo. 
Señora Presidenta, sin duda serán muchos los diputados que tengan algún interés directo o indirecto en este asunto, en la mayoría de los casos, en una proporción relativamente pequeña. 
El Reglamento del Parlamento establece, sin embargo, que los diputados deberán declarar sus intereses económicos directos en el caso de que hagan uso de la palabra durante el debate. 
Me refiero al artículo 1 del Anexo I de nuestro Reglamento. 
El Reglamento no exige que declaremos dicho interés antes de votar. 
Si cada diputado que tiene un interés se va a poner en pie ahora para declararlo antes de votar, la votación no comenzará hasta las 13.00 horas. 
Dichos intereses constan en la declaración de intereses que los diputados presentan por escrito, por tanto, todo el mundo puede verlos; además, dicha declaración estará próximamente también en Internet, a raíz del resultado de la votación celebrada en la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada. 
Habida cuenta de que las cosas están muy claras, creo que podríamos estar de acuerdo en que todos los diputados que se encuentran en esta situación no votan. 
No es necesario declararlo antes de la votación: si están de acuerdo, podemos proceder de esta forma. 
Si no, podemos continuar; tengo una larga lista de diputados que han pedido la palabra. 
Espero únicamente que nos queden algunos para votar. 
Señora Presidenta, como ya he dicho a otras personas, pensé que lo justo era declarar al Pleno que me abstendré por motivo de los intereses pecuniarios. 
Señora Presidenta, yo también me encuentro en el mismo caso como editor internacional importante y por pertenecer a una empresa de radiodifusión. 
Me abstendré. 
Señora Presidenta, yo seguiría con mucho gusto la recomendación del colega Corbett. Pero, puesto que todos los demás lo anuncian, en mi caso los intereses financieros son manifiestos y voy a abstenerme. 
Señora Presidenta, también me gustaría advertir que tengo intereses personales en el tema de los derechos de autor debido a mis vínculos con la Radio Nacional de Dinamarca y por ello me abstendré en la votación. 
Señora Presidenta, yo también me encuentro en el mismo caso. 
Por cierto, a mí me interesaría saber si se ha establecido algún limite al respecto y hasta qué punto el beneficio que uno percibe es tal, que merezca la pena abstenerse en una votación tan importante. 
Ahora que hemos comenzado, considero normal que los diputados que deseen señalarlo de forma explícita puedan hacerlo, excepto si renuncian. 
Señora Presidenta, tras la cuestión de orden expuesta por el Sr. Corbett, en la que hacía referencia acertadamente a lo establecido en nuestro Reglamento, quisiera poner en la atención del Pleno que si en la anterior votación sobre el informe Bowe, todo aquel que tiene un interés en empresas farmacéuticas, por la posesión de acciones, lo hubiera declarado, probablemente no habríamos obtenido la mayoría cualificada necesaria. 
Por ello es importante que los diputados no se abstengan en la votación. 
Únicamente deben hacer una declaración de interés, en comisión o en el Pleno, si hacen uso de la palabra durante el debate en cuestión. 
De lo contrario, descubriremos que no alcanzamos la mayoría cualificada en varias votaciones sobre asuntos en los que algunos diputados tienen intereses legítimos. 
Los Sres. Blak, Nogueira, Turchi, Speroni y Blockland se encuentran en la misma situación. 
Por tanto vamos a poder iniciar la votación. 
Antes de la votación de la enmienda 11 
Señora Presidenta, Señorías, yo quisiera presentar una enmienda oral. 
Tengo aquí el texto inglés y después de la parte que dice "their own past archive productions produced or commissioned", habría que añadir: "no later than december 1996"; luego seguiría diciendo "by them under their own editorial control". 
Sr. Lehne, su intervención es muy clara, se trata de una propuesta de enmienda oral. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo socialista, quiero decir que estamos en contra de la presentación de esta enmienda oral 
En esas condiciones, Sr. Medina Ortega, considero que no es necesario que yo pida a once diputados que se levanten, imagino que serán ustedes al menos doce. 
En todo caso, vamos a comprobarlo, ya que el Reglamento así lo prevé. 
(La Presidenta constata que se levantan más de doce diputados para oponerse a la admisión de la enmienda oral) 
Tras la votación de la enmienda 32 
Señora Presidenta, se trata de la enmienda 32, en la que se dice en inglés "may use works" y en sueco "acceso a". 
No es lo mismo, de modo que pido que se corrija en todas las versiones. 
Habría sido importante decir esto antes de la votación. 
Creo que tiene usted razón, es necesario tener cuidado antes de la votación. 
Pero, en este caso, la enmienda 32 ha sido rechazada y el problema está resuelto, si se puede decir así. 
Antes de la votación de la enmienda 38. 
Señora Presidenta, la versión neerlandesa de la enmienda 38 no está correctamente formulada. 
Debe coincidir con la versión inglesa, donde se dice a natural person for his or her private use. 
En neerlandés faltan las palabras zijn of haar. La versión neerlandesa debe acomodarse al texto inglés. 
Muy bien, Sr. De Clercq, eso es lo que haremos si se aprueban las enmiendas. 
Antes de la votación de la enmienda 35 
Señora Presidenta, como anunció mi colega, el Sr. Liikanen, en el debate que tuvo lugar ayer, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 7 y 8, y también puede aceptar, en principio, las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6 y 10. 
La enmienda que la Comisión no puede aceptar es la 9. 
Señora Presidenta, el motivo por el que he pedido la palabra es que el Grupo EDD solicita en virtud del artículo 144 del Reglamento que este asunto sea devuelto a comisión. 
La razón de esta solicitud es doctrinal y de peso, puesto que se indica que la propuesta de directiva será promulgada en virtud del artículo 95, es decir, una directiva de mercado interior, mientras que la directiva atiende primordialmente a la política sanitaria, por lo que la base de la propuesta legalmente está situada en otro lugar del Tratado, en el artículo 152. 
Ésta es una cuestión no carente de significación puesto que el artículo 152 establece que no puede producirse armonización dentro del ámbito sanitario. 
En cambio, pueden aprobarse otras medidas. 
Lo que es significativo y motiva la solicitud del grupo para que sea devuelto a comisión es que esta muy importante cuestión de la base jurídica no ha sido dilucidada en ningún sitio, ni en la propuesta de la Comisión ni en el informe presentado por la Sra. Müller y me remito a una larga serie de decisiones del Tribunal de Justicia que tocan esta demarcación. 
Lo mínimo que debemos exigir es que se examine esta cuestión y por ello solicitamos su devolución a comisión. 
El Sr. Karup acaba de presentarnos, en nombre de su Grupo, una petición de devolución a comisión. 
De acuerdo con el Reglamento, voy a consultar a la Asamblea. 
¿Hay algún orador que desee pronunciarse en apoyo de esta petición? 
Señora Presidenta, estimados colegas, el Sr. Krarup ya trató de bloquear y devolver a comisión la presente propuesta de la Comisión, la directiva y el informe durante el Pleno de anoche. 
Lo lamento profundamente porque el Grupo EDD no ha contribuido demasiado a la elaboración del informe, ni en la comisión ni a través de la presentación de enmiendas. 
Esto por una parte. 
Por otra, quisiera dejar muy claro que este tema no está relacionado con el artículo 152- referido a la salud- sino con el artículo 153, que se refiere a la protección del consumidor. 
En virtud de ello les solicito que votemos este informe hoy y que no lo devolvamos a comisión. 
La señora ponente está por tanto en contra de la devolución a comisión. 
¿Hay un orador a favor? 
Señora Presidenta, me gustaría hablar en favor de la propuesta pues pienso que si existe la más mínima sospecha de que dañamos la base jurídica de nuestro trabajo, tenemos un problema en un parlamento al que le gusta trabajar en los temas de manera seria. 
Pienso que mientras este asunto no haya sido examinado a fondo, no es inteligente adoptar una decisión definitiva y por ello quiero apoyar calurosamente que este asunto sea devuelto a comisión. 
Quise evitar que las cosas se complicaran de esta manera, pero quizá deberíamos atenernos al fondo de la cuestión y al sistema jurídico de la Unión Europea. 
En el marco del mercado interior estamos obligados a elaborar una legislación armonizadora, por supuesto también en el ámbito de la protección del consumidor. 
Es lo que estamos haciendo con la presente legislación, para la cual ha sido designada ponente la Sra. Müller. 
Pretendemos aproximar las legislaciones existentes de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios. Obviamente, uno de los objetivos de este procedimiento consiste en proteger a los consumidores. 
No se trata de rebasar las competencias del Parlamento Europeo, sino que nos limitamos a hacer lo que hacemos en otros muchos ámbitos. 
Contaremos siempre con el beneplácito del Tribunal de Justicia. 
Quien hoy intente postergar el informe, trata de apartarlo del orden del día, amparándose en unos argumentos falsos. 
Antes de pasar a la votación de esta solicitud de devolución a comisión, el Sr. Corbett me plantea una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, me pregunto si se ha comprobado la admisibilidad de la enmienda 3, porque es completamente discriminatoria por motivo de religión. 
Veremos qué dice el Sr. Swoboda. Creo que esta enmienda es admisible. 
Señora Presidenta, no veo dónde está la discriminación. 
La enmienda ha sido adoptada prácticamente por unanimidad en comisión, en presencia de la Baronesa Nicholson. 
No entiendo dónde está el problema. Es la primera vez que sucede algo parecido. 
También era ésa mi posición, pero le doy las gracias, Sr. Swoboda, por haberse pronunciado. 
Señora Presidenta, le pido disculpas. 
La enmienda 9, en mi opinión, es discriminatoria por motivos de religión. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
. (EN) El Parlamento Europeo ha recibido la solicitud de emitir su dictamen conforme al presente acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales. 
Como ponente del Parlamento Europeo he dado mi apoyo a este acuerdo porque este tipo de cooperación es fundamental en la sociedad global de hoy. 
Creo que ambas partes podemos ganar mucho con este acuerdo. 
Los conocimientos europeos en negocios y tecnología pueden verse potenciados aprendiendo de profesores estadounidenses y con estudiantes estadounidenses. 
El mismo modelo podría invertirse para ayudar a los estadounidenses a mejorar sus conocimientos de métodos de enseñanza de idiomas y del trabajo en contextos multiculturales. 
Así lo confirma el propio acuerdo, que fue concebido en los Estados Unidos fruto de la observación y la admiración que despertó el programa ERASMUS. 
Estoy seguro de que el Parlamento Europeo acogería favorablemente una mayor participación en las negociaciones sobre dicho acuerdo, y espero que se consulte a los diputados al PE en una fase más temprana de los procedimientos que en el caso de esta tanda de negociaciones. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte fue notificada del acuerdo apenas pocas semanas antes del inicio de las negociaciones con las autoridades estadounidenses. 
El acuerdo recibirá una dotación de 8,6 millones de euros para su duración de cinco años. 
Quisiera proponer que, a partir del año próximo, se estudie la posibilidad de recurrir a la financiación privada para complementar dicha cifra. 
De las conversaciones con la Comisión y las autoridades estadounidenses se desprende que esta idea despierta entusiasmo, y espero que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Administración estadounidense cooperen en este sentido. 
Como explico en mi exposición de motivos, también sería ventajoso que se diera al programa un nombre que contribuya a elevar su perfil entre los estudiantes, las universidades y el público en general. 
Parte del razonamiento que sustenta el programa es que debe simbolizar la cooperación transatlántica y por ello su difusión debe ser lo más amplia posible. 
También en este sentido he obtenido una respuesta positiva de las otras partes interesadas, y confío en que podamos tratar sobre este aspecto con mayor detenimiento para el próximo acuerdo en 2005. 
Personalmente, pienso que deberíamos barajar los nombres de los siguientes estadistas vinculados a las relaciones entre los Estados Unidos y Europa: Churchill, Eisenhower o Lafayette, cualquiera de los cuales sería, en mi opinión, un nombre idóneo para el presente programa. 
Informe Bowe (A5-0032/2001) 
Señora Presidenta, los eurodiputados de la Lista Bonino han votado a favor de esta directiva sobre la diseminación voluntaria en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados. 
Es sin lugar a dudas un voto importante porque esta directiva toma en consideración el principio de precaución pero no lo confunde con la prohibición y, después de tres años de este trabajo, creemos haber cumplido una etapa importante. 
Pero permítanme los colegas que desee que este Parlamento se muestre tan abierto a la investigación sobre las biotecnologías en el campo médico y sanitario. 
Cuando se habla de bioingeniería se habla exactamente de un gran sector que se abre, no solamente en el campo alimenticio, sino en el campo de la investigación médica, y espero que este Parlamento quiera volver a plantearse la decisión de impedir la investigación o la clonación terapéutica. 
Éste es el sentido del voto de hoy. 
Espero que se superen así vetos y prohibiciones pero, sobre todo, espero que no se quede en el campo del agronegocio, sino que también se refiera, lo más pronto posible, al campo de la investigación médica y no se deje oscurecer, precisamente, por vetos de tipo clerical o religioso. 
Señora Presidenta, el Partido de los pensionistas y jubilados ha votado a favor de la apertura de la actividad de producción y comercialización de los OGM, objeto del informe del eurodiputado Bowe. 
Porque los jubilados esperan el vino que rejuvenezca; los jubilados esperan el vino que no emborrache; los jubilados esperan el vino que no dañe al hígado, el vino que hace a los hombres fascinantes, pero también el champán que volverá guapísimas a las mujeres, incluidas las suegras. 
Y para terminar, los italianos esperan que los OGM hagan que el bistec a la florentina no tenga peligro alguno, para poder consumir con toda tranquilidad esta excelente exquisitez italiana y de toda Europa. 
. (EN) La prohibición se mantendrá porque la aprobación de nuevos OMG no es aceptable hasta que se haya completado un marco comunitario sobre bioseguridad y éste se haya aplicado en todos los Estados miembros. 
Dicha aprobación supondría, en realidad, una contravención del principio cautelar al que hace referencia explícita la nueva directiva y representaría un riesgo para el medio ambiente y para la salud de los consumidores. 
Los Estados miembros deberían oponerse a cualquier intento de levantar la moratoria de facto concertada con las empresas de biotecnología mediante un "acuerdo entre caballeros". 
Debido a los esfuerzos de los Verdes, la nueva directiva también exigirá que se inscriban en un registro público todos los emplazamientos en los que se liberen OMG. 
Asimismo garantizará nuevas normas de seguridad más estrictas para la protección del medio ambiente y de la salud humana. La directiva está basada en un estudio más amplio de los riesgos e introduce nuevos conceptos de rastreabilidad y vigilancia, que podrían contribuir a identificar y remediar los efectos adversos de los OMG en una fase más temprana. 
No obstante, algunos elementos de este marco, la rastreabilidad y el etiquetado de los OMG y sus derivados, la responsabilidad por los daños ocasionados por los OMG y la aplicación del Protocolo de Cartagena aún están pendiente de solución mediante legislación. 
Votar a favor de la directiva equivaldría a votar a ciegas. 
El pasado año se sembraron más de 6.000 hectáreas de tierras de labranza en cuatro Estados miembros de la Unión Europea con variedades de semillas oleaginosas de colza contaminadas por plantas modificadas genéticamente. 
En virtud de la directiva, los Estados miembros deberán poner fin a estas liberalizaciones no autorizadas. 
. (EN) La nueva directiva contiene muchos aspectos que merecen ser acogidos favorablemente si la comparamos con la versión anterior. 
Acojo con especial satisfacción el reconocimiento de los posibles efectos y riesgos directos e indirectos más amplios de la liberalización en el medio ambiente de OMG. 
Me complace la creación de un registro público de los emplazamientos de los OMG, tanto si son liberados deliberadamente o comercializados. 
El requisito de poner fin a las liberalizaciones no autorizadas también aclara la necesidad de hallar una respuesta coherente. 
No obstante, lamento que se retrase la prohibición de marcadores de resistencia a los antibióticos y la calificación intrínseca a esta prohibición, la agilización y el establecimiento de plazos más cortos para los procedimientos de autorización y una serie de otros factores en este resultado final. 
En consecuencia, me he abstenido en la votación. 
Todo el paquete normativo sigue sin estar claro: por ejemplo, en relación con la responsabilidad y la exportación a Estados que no admiten los OMG. 
Tampoco estoy convencido de que la actual capacidad de investigación permita evaluar plenamente los factores contenidos en la directiva. 
Las necesidades de nuestro medio ambiente y la biodiversidad deberían ser primordiales en este ámbito. 
No creo que ésa sea actualmente la posición del Consejo. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos votamos a favor de la propuesta aprobada por el Comité de Conciliación. 
Esto no es una toma de posiciones a favor o en contra de los productos modificados genéticamente, sino una manera de estructurar la realidad en la que vivimos. 
Como políticos, somos responsables de que se regule esta materia. 
El resultado de no aprobar este texto habría sido la continuación de la legislación antigua, que no está actualizada. 
Tenemos que confiar en que la Comisión presentará, como lo ha prometido, una propuesta clara sobre etiquetado y declaración de origen de los productos. 
Los consumidores tienen que poder elegir si compran o no productos modificados genéticamente. 
Pensamos que es importante que existan normas claras en esta materia. 
Al igual que durante las dos primeras lecturas en el Parlamento Europeo, el 11 de febrero de 1999 y el 12 de abril de 2000, he rechazado aprobar el proyecto de directiva relativo a la liberación intencional de organismos modificados genéticamente, tal como resulta ahora de los trabajos del "comité de conciliación" Consejo-Parlamento Europeo. 
Independientemente de la razón de orden estratégico que ya he expuesto, en el transcurso del debate principal (corremos el riesgo de vernos engañados si aceptamos la aplicación de un procedimiento de autorización y que, en el futuro, se levante la moratoria sin otras garantías) , el actual texto nos parece aún, en cuanto al fondo, muy insatisfactorio. 
Se constatan sin duda algunos avances, por ejemplo en el calendario de eliminación de los marcadores de resistencia a los antibióticos. 
Pero quedan aún zonas inquietantes de sombra. 
En primer lugar, no hay nada sobre la responsabilidad y sobre una posible obligación en cuanto a seguros de aquellos que liberen OGM. 
La Comisión solamente ha prometido de forma bastante vaga "hacer propuestas", pero eso no será sin duda con la obligación del seguro, que ésta no quiere (y los productores de OGM tampoco). 
Por otra parte, las autorizaciones de comercialización hacen referencia a una duración demasiado larga (diez años) , por culpa del Parlamento Europeo, que se dejó engañar por los grupos de presión. 
La cláusula de salvaguarda nacional del artículo 23 no es aún suficientemente fuerte, ya que un Estado miembro puede ver cómo se le impone una autorización de comercialización que sería válida en todo el territorio de la Comunidad. 
Finalmente, entre las disposiciones más tristes, se señalan aquellas que conciernen a la información al público: los lugares de cultivo de plantas OGM con fines comerciales deberán notificarse las autoridades competentes y "comunicarse al público de forma apropiada por parte de estas últimas". 
Dicho de otra forma, en ese caso, no habrá obligación de informar de forma abierta y transparente. 
Este método de minimización de la información nos recuerda al que la Comisión utilizó ya al inicio de los años 90, en el momento en el que se desarrollaba la epidemia de las "vacas locas". 
Decididamente, las autoridades europeas son reincidentes. 
Al votar en contra de este informe, no lo hemos hecho ni contra la investigación en el ámbito agrícola ni contra los científicos que realizan investigaciones en ese ámbito. 
Pero los resultados de estas investigaciones son inevitablemente utilizados por los grupos de sociedades del sector agroalimentario, con lo que refuerzan además el dominio sobre la agricultura, ya que los agricultores deberán, cada vez con más frecuencia, acudir a estos grupos para obtener las semillas, etc.. 
Nosotros no confiamos en absoluto en esos grupos de empresas agroalimentarias, cuya acción está exclusivamente motivada por la búsqueda del máximo beneficio, aunque ello vaya en detrimento de la salud de los consumidores y del equilibrio ecológico. 
Ahora bien, nada en la propuesta de directiva permite pensar que la liberación de los OGM, y sobre todo su comercialización se sometan a controles draconianos, que incluyan una prohibición total si ése es el interés de la sociedad, con el riesgo de chocar contra los intereses de los grupos de empresas del sector agroalimentario. 
El hecho de que estos grupos hayan continuado vendiendo harinas de origen animal, una vez demostrado su carácter nocivo y el laxismo, por no decir complicidad, de los Estados y de las instituciones europeas a su cargo, constituyen ya una advertencia grave y que se pagará sin duda cara en el futuro. 
Votaremos en contra del informe presentado por David Bowe en nombre del comité de conciliación, ya que los objetivos esperados de la revisión de la directiva 90/220 sobre la liberación intencional de OGM no se han alcanzado; ahora bien, al tratarse de una cuestión tan fundamental para nuestros ciudadanos, el Parlamento Europeo debería haber conseguido un acuerdo sobre la totalidad de los problemas planteados y la simultaneidad de la aplicación de todas las medidas que garantizan el principio de precaución. 
Sin duda, en comparación con la antigua directiva (exclusión de los productos farmacéuticos y renovación de las autorizaciones) se han alcanzado algunos progresos, pero no podría aceptarse una directiva que no garantizase la rastreabilidad, el etiquetado o la responsabilidad de los productores. 
¿Cómo considerar liberaciones de OGM sin la responsabilidad formal de los industriales, sin una directiva que regule el problema de la rastreabilidad y etiquetado de los OGM? 
La Comisión anuncia su intención de presentar proyectos de directiva pero, ¿cuándo serán aprobadas? 
¿Cuál será su contenido? 
No se puede votar sobre la liberación sin estas garantías. 
No debemos olvidar las consecuencias de la crisis de la EEB, el principio de precaución, los principios de seguridad alimentaria y los peligros más que ciertos de transmisión a los demás cultivos, a riesgo de olvidar las repercusiones sobre la salud humana. 
En cualquier caso, cinco Estados miembros han anunciado ya su voluntad de mantener una moratoria estricta contra cualquier nueva comercialización de OGM, aunque la revisión de la directiva debería ser aprobada, y los felicito por ello. 
Este proyecto de directiva es más peligroso por sus omisiones que por su contenido. 
El Parlamento Europeo ha insistido sin embargo mucho, durante el procedimiento de conciliación, en reglas de etiquetado y rastreabilidad claras para los OGM, al ser estas reglas esenciales para los consumidores que no pueden decidir sobre la compra posible de productos que contengan OGM más que si estos últimos están etiquetados de forma adecuada. 
Se trata en este caso de un engaño. 
Es más importante que el principio de precaución pueda más que los intereses comerciales de algunas multinacionales y que sólo se tome en consideración la protección de los consumidores europeos. 
La nueva directiva sobre liberación intencional de OGM pretendía "incluir todos los aspectos ecológicos directos o indirectos". 
Es obligado constatar que el resultado sigue lejos de las ambiciones manifestadas y que los temas que preocupaban se han apartado. 
Así, la cuestión de la responsabilidad ambiental que cubre los daños causados por los OGM se aplaza para más tarde, al igual que la consideración de los posibles efectos acumulados a largo plazo vinculados a la interacción de varios OGM. 
En definitiva, se autoriza la liberación de OGM en la agricultura sin saber realmente cuáles son los riesgos y sin saber tampoco quién será jurídicamente responsable de los daños ocasionados. 
Las incertidumbres declaradas por los redactores de la directiva muestran de nuevo que es indispensable imponer una moratoria a la producción de OGM por razones vinculadas a la ecología y a la salud pública. 
Al conformarse con encuadrar de forma imperfecta su liberación, la directiva se opone a la exigencia de la moratoria, y es ésa la primera razón por la cual voto en contra del informe. 
Además, las implicaciones sociales y democráticas de la expansión de los OGM son perfectamente conocidas: esa expansión refuerza aún más la dominación de la agroindustria sobre los productores y los consumidores. 
La directiva dedica aquí la mayor parte a los grandes industriales, y es ésa la segunda razón por la cual voto en contra del informe. 
La elección en cuanto a la manipulación genética parece situarse ahora entre el mantenimiento de una reglamentación vieja, que si bien es cierto resulta insuficiente, no constituye ningún peligro gracias a una moratoria, y una reglamentación nueva que es algo mejor, pero no garantiza la supervivencia de la moratoria. 
Ya señalé el martes, en el debate sobre esta cuestión, que la verdadera elección es otra. 
Una posibilidad es autorizar su aplicación comercial, aceptar que se produzcan cambios incontrolados en la naturaleza y favorecer la venta de productos nuevos que conllevan un riesgo todavía desconocido para los consumidores legos. 
La otra posibilidad es que la moratoria de la aplicación comercial continúe y, mientras tanto, solamente se efectúen investigaciones científicas. 
Investigaciones científicas que requerirán todavía mucho tiempo para determinar cuáles serán a largo plazo las posibles consecuencias positivas y negativas de la manipulación genética. 
Me inclino por esta última posibilidad, pero desgraciadamente, no es está la predisposición que reina hoy aquí. 
En mi opinión, la falta de decisión de la mayoría tanto del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea como del Grupo de los Verdes, crea un desconcierto que provoca que ahora haya una abstención de voto. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, no considera que esto sea una solución. Voto, por ello, en contra. 
. (EL) La formulación final de la nueva directiva sobre los organismos modificados genéticamente (OMG) contiene, sin duda, algunos elementos positivos, como son la mejora de los controles, los registros públicos, la progresiva erradicación de los genes resistentes a los antibióticos, etcétera. 
No obstante contempla la concesión permisos para cultivos a escala masiva, y en mi opinión no aplica consecuentemente el principio de prevención. 
Durante el debate se han puesto de manifiesto los importantes peligros procedentes de los OMG sin que hayamos escuchado ninguna respuesta o argumento convincente. 
Nos referimos a los peligros para la salud pública (alergias, aumento de la resistencia a los antibióticos, eventual toxicidad) , así como, más en general, para los ecosistemas en los que se liberan los OMG (amenazas para la biodiversidad... ). 
Hay que añadir igualmente el hecho de que, tal y como reconoce todo el mundo, los conocimientos actuales sobre los OMG son aún insuficientes, puesto que carecemos de conocimiento sistemático y comprobado sobre las modalidades de actuación y evolución del conjunto del material genético que se introduce en el gen. 
De hecho, se han registrado "accidentes" y "sorpresas" en el caso de determinadas intervenciones genéticas de esta naturaleza en los Estados Unidos, en Australia, y en otros lugares. 
La propia posición común del Consejo fue adoptada a pesar de que países miembros como Francia, Italia y Dinamarca manifestaron que consideraban necesaria una nueva moratoria de cinco años. 
Todo esto refuerza nuestras reservas y nuestra convicción de que, más allá de la necesidad de redoblar las medidas de control e inspección, no es el momento oportuno de legalizar la interesada liberación de OMG en el medio ambiente. 
Además, no estamos en absoluto convencidos de la contribución de los OMG a la productividad agrícola y al desarrollo; ni siquiera- y es algo que están revelando diferentes investigaciones norteamericanas en un gran número de zonas en las que hay cultivos con OMG- de su contribución a cierta reducción de determinados pesticidas. 
Es evidente que una razón fundamental de la insistencia en la propagación de los OMG es la posibilidad, tal y como recientemente ha señalado en la prensa italiana el Ministro italiano de Agricultura, que se les brinda a determinadas empresas de que se les reconozcan patentes y derechos exclusivos de explotación de variedades concretas de OMG. 
Por todas estas razones, no podemos votar a favor de la posición común configurada en torno a la nueva directiva sobre los OMG. 
Informe García-Orcoyen Tormo (A5-0033/2001) 
Señora Presidenta, hemos votado a favor del informe porque estamos ante un instrumento importante que nos permite premiar aquellas empresas que van más allá de las demás. EMAS ha de convertirse en un aliciente. 
Sin embargo, nos decepciona que el informe no tenga en cuenta las BAT, las mejores técnicas disponibles. 
Lamentamos profundamente que los grandes Grupos políticos no hayan respaldado esta propuesta, puesto que al incorporar dichas técnicas habríamos creado otro incentivo más para que las empresas acaben aplicando realmente la mejor técnica disponible. 
En todo caso, es de esperar que gracias a la presente iniciativa las empresas se animen a adherirse a EMAS, lo cual ha de considerarse un logro considerable, tanto más cuanto que en este momento el registro se ha estancado debido a la competencia del sistema ISO 1400. 
Esperemos que la presente decisión rectifique esta situación, ya que EMAS funciona manifiestamente mejor que ISO. EMAS premia a los mejores en tanto que ISO solamente premia a quien obtenga mejores resultados que antes, sin que se defina y se indique claramente qué hubo antes. 
Es por eso por lo que hemos respaldado el presente informe. Esperamos que produzca un aumento del número de organizaciones registradas en EMAS, especialmente en Alemania, donde el registro en EMAS ya es muy habitual. 
Confiamos en que el sistema se convierta en un aliciente para que las empresas mejoren sus instrumentos medioambientales y actúen en favor del medio ambiente. 
Señora Presidenta, he votado contra el informe relativo al reglamento sobre la adhesión voluntaria al programa EMAS. 
He votado en contra porque soy contrario a la palabra "voluntariamente" que figura en el título. 
Va siendo hora de que, en la actividad legislativa europea en el campo del medio ambiente, se actuara realmente en serio. 
Los daños causados por la ligereza de los pasados años y por la ausencia de voluntad de los gobiernos de respetar el medio ambiente nos han llevado a la terrible y pésima situación en la que nos encontramos. 
Creo que las directivas y los reglamentos que ordenan respetar el medio ambiente tienen que ser obligatorios y no se puede confiar a la voluntariedad y a la buena voluntad de las empresas que respeten estas reglas. 
¿Quién evalúa el grado de respeto del medio ambiente de las empresas? 
En el informe del comité de conciliación, se menciona el resultado final de la conciliación con particular satisfacción. 
Ello se debe al compromiso con que se han aceptado y rechazado las enmiendas. 
En cuanto a las enmiendas aceptadas, figura, entre otras, el deseo manifestado en lecturas anteriores por el Parlamento de permitir que no solamente las grandes instituciones de verificación, sino también las auditoras independientes y las auditoras medioambientales puedan participar en el sistema comunitario de gestión medioambiental y de auditorías medioambientales, y en la expedición de certificados. 
En Alemania sí existe esta posibilidad, pero en los Países Bajos y en Dinamarca, las grandes instituciones intentan oponerse a ello. 
Recuerdo la enmienda de la entonces diputada Van Putten, del Grupo del PSE, cuyo objetivo era impedir que algunos países continuaran excluyendo a las auditoras independientes. 
Constato que este deseo no ha contado con la atención necesaria durante la conciliación. 
Con ello, el problema se reenvía a los dos Estados miembros afectados. No se consigue nada con ello, ya que el grupo excluido de interesados continuará invocando la existencia de un reglamento europeo. 
Preveo que en el futuro habrá diferencias de interpretación sobre este problema que no se ha resuelto ahora, y pediré dentro de poco una aclaración a la Comisión Europea. 
Señora Presidenta, sobre el informe relativo a la salvaguardia del derecho de autor, he votado a favor. 
Soy favorable a una reglamentación europea de este importante sector, pero tengo que decir que, después de haber votado, me ha venido una duda, que espero en el futuro pueda ser resuelta. 
Antes de entrar en la Sala, me he encontrado con un joven, Marcello, de Pescara. Me ha dicho- usted no se lo creerá, señora Presidenta- que toma mis declaraciones de voto y las pega en la pared de su despacho. 
¡No, no me lo he inventado, es verdad! 
Evidentemente, las considera interesantes y dignas de ser puestas a la vista. 
Ahora bien, he aquí mi pregunta y mi duda: ¿esta directiva también protege el derecho de autor del Sr. Fatuzzo cuando presenta sus declaraciones de voto? 
Si fuera así, me sentiré aún más feliz de haber votado a favor. 
Señora Presidenta, siempre resulta difícil llegar a un equilibrio justo entre la protección necesaria de los derechos de autor y la protección del derecho al conocimiento y al saber de todas las personas. 
Mi amigo, Jacques Poos, y yo mismo hemos votado prácticamente en contra de todas las enmiendas presentadas por la comisión de este Parlamento y por los diputados, porque hemos considerado que la posición común inicial era muy equilibrada. 
Observo además con gusto que después de esta batalla de enmiendas y después de todas las presiones de grupos de todo tipo, la posición común prácticamente no ha cambiado. 
Creo que ofrece a este Parlamento y al Consejo una buena base para poner solución a este difícil problema. 
Señora Presidenta, yo también acojo con satisfacción la votación de hoy sobre los derechos de autor en la sociedad de la información. 
Éste ha sido un ámbito muy polémico y difícil de legislar, pero hoy hemos conseguido que prevalezca el sentido común. 
Podemos estar tranquilos de que con nuestra votación estamos proporcionando- por ejemplo, con la enmienda 5- protección a los titulares de los derechos de autor contra la posible piratería en Internet, y también hemos descartado algunas enmiendas presentadas por el Grupo PPE que habrían sido muy perjudiciales para los titulares de los derechos de autor. 
Al mismo tiempo, no estamos negando el acceso de los ciudadanos y, en particular, de los usuarios y las comunidades más desfavorecidos al mundo feliz de la sociedad de la información. 
La votación de hoy significa que ya podemos suscribir el Tratado de la OMPI y podemos ofrecer a nuestras empresas creativas protección internacional de sus derechos de autor. 
El sector de los juegos de ordenador de mi región representa la tercera parte del mercado mundial de este tipo de juegos. 
Debemos proteger a estas empresas que crean puestos de trabajo e impulsan nuestra economía- no sólo a nivel local, sino en el ámbito europeo. 
Ahora podemos esperar que futuras revisiones de la legislación y la labor del comité de contacto garanticen que no se producen violaciones ni abusos de los derechos de autor en Internet, así como ninguna limitación de un uso realmente privado o justo. 
. (EN) Las grandes estrellas irlandesas Boyzone y The Corrs han pedido al Parlamento Europeo que proteja su música en la era de Internet. 
Para la música y las casas de discos de Irlanda es muy importante que se pueda tener acceso legalmente a la música a través de Internet. 
Es especialmente importante que el éxito de las jóvenes promesas de la música no se vea amenazado por la piratería. 
La industria de la música se desmoronaría sin la debida protección contra la piratería en Internet. 
Los derechos de autor y de las personas creativas de todo tipo son una prioridad, aunque la directiva contempla asimismo la posibilidad de que las bibliotecas sigan haciendo copias para uso particular. 
No obstante, las bibliotecas han reconocido que los derechos de autor son una prioridad. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en la segunda lectura de la propuesta por la que se modifica la directiva relativa a los derechos de autor en la sociedad de la información a favor de asegurar el necesario equilibrio que debe existir entre los intereses absolutamente legítimos de los propietarios de los derechos por proteger sus derechos con respecto a las nuevas posibilidades que proporciona Internet, por un lado, y la atención al interés del público por utilizar las posibilidades de Internet en beneficio del intercambio de información, condición necesaria para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, por otro lado. 
En la votación hemos votado a favor de las enmiendas destinadas a posibilitar a los servidores de servicios públicos ("public service-stationer") el intercambio de los llamados servicios a petición ("on demand-services"). 
Hemos actuado así porque nos parece importante que no se pongan obstáculos innecesarios a los servidores de servicios públicos ("public service-stationer") para que sigan formando parte del conjunto global de medios. 
Hemos hecho especial hincapié en la obligación de que los servidores de servicios públicos ("public service-stationer") pagen naturalmente por el uso del material de los que otros tienen los derechos. 
En la votación también hemos hecho hincapié en que no se planteen restricciones innecesarias a la enseñanza, la investigación y a las bibliotecas, dos de los pilares de una democracia moderna. 
. (EN) En la era digital es importante que los problemas de derechos de autor y propiedad intelectual no impidan a las cadenas de radiodifusión hacer uso de sus archivos. 
En el Reino Unido no tenemos este problema, pero entiendo que en otros lugares puede ser difícil. 
En base a la experiencia en el Reino Unido, no vemos ningún motivo por el que las cosas tengan que ser así, y por ello los Conservadores británicos votaremos ahora en contra de la enmienda 11. 
No obstante, si esta cuestión no puede ser solucionada satisfactoriamente sin legislación, creemos que debería ser revisada como parte de la revisión de la directiva que se llevará a cabo dentro de 18 meses. 
Evidentemente, estamos a favor del derecho de autores, artistas, compositores, intérpretes, escritores, periodistas, etc., a vivir dignamente de su trabajo. 
Por ello, apoyamos sus reivindicaciones relativas a la defensa de los derechos de autor. 
Pero, con mucha frecuencia, aquellos que esgrimen los derechos de autor para enmascarar sus propios intereses son las grandes discográficas, las grandes editoriales, las grandes empresas de edición de CD-rom, los dueños de los medios de comunicación y de Internet, que obtienen sus beneficios precisamente de los autores y en detrimento de los consumidores, quedando estos últimos con mucha frecuencia excluidos de la cultura, aunque sólo sea por el coste de los libros, de los CD, etc. Para estas grandes empresas, los derechos de autor no significan más que su propio derecho a conseguir el máximo beneficio a costa de los autores y del público así como de las organizaciones, por ejemplo de las bibliotecas de préstamo, que intentan poner a disposición del público obras a las cuales sin ello nunca habría acceso. 
Nos hemos abstenido en muchas enmiendas al texto, que intenta conciliar los intereses de los capitalistas de la información y los de los autores así como los del público, votando aquellas que protegen realmente los intereses de los autores y el derecho del público. 
. (EN) Declaro un interés en la cuestión de los derechos de autor. 
Un asesor jurídico me ha dicho que, no obstante, tengo derecho a participar en la votación en mi calidad de autor individual. 
No soy ningún miembro a sueldo de un grupo de interés. 
. (EN) Al igual que otros diputados que intervinieron al inicio de este debate, me he abstenido en la votación porque soy titular de derechos de autor en el ámbito de documentales de televisión y libros. 
Ninguno de dichos intereses guarda ninguna relación directa con posibles beneficios financieros para mí en el supuesto de que se aprueben las enmiendas, y en cualquier caso- al igual que el ponente, Sr. Boselli- me opongo a muchas de ellas. 
No obstante, la actitud más sensata es abstenerme y felicitar al Sr. Boselli por haber negociado con éxito un informe que se acerca tanto a la posición común y por haber logrado el equilibrio. 
Con ocasión de la votación del informe Bosselli, deseo decir con claridad que con este informe y el gran debate que ha provocado, lo que se ha planteado es la cuestión del futuro cultural de Europa, estrechamente vinculado a los medios concedidos a sus creadores. 
El mundo cultural y los creadores no se han engañado, y se han movilizado con gran energía. 
Me he reunido con muchos de sus representantes, he leído sus documentos y creo, al igual que muchos aquí en este hemiciclo, que tienen razón. 
Por supuesto, cada cual tiene interés en que las obras se difundan ampliamente, y en especial a través de los nuevos medios de comunicación. 
Pero ello no ha de conducir a un pillaje salvaje. 
De ahí la necesidad absoluta de dirigir bien el proceso y, en especial, conservar la confidencialidad de un estatuto realmente privado. 
Tras las votaciones de hoy, la batalla esta aún lejos de ganarse. 
Ésta es una razón de más para continuar el combate ciudadano por una Europa que no sea simplemente un "monstruo" económico y financiero, frío y sin corazón. 
No se puede considerar como simple mercancía la producción creativa de los escritores y artistas en general, por lo que es esencial encontrar soluciones técnicas que garanticen y fomenten la creación literaria y artística y, simultáneamente, divulguen las obras producidas. 
Incluso con la utilización de las nuevas tecnologías es importante tener en cuenta esos aspectos. 
La propia defensa de los intereses de los usuarios entraña la existencia de buenas obras, el fomento de la creatividad y, naturalmente, el apoyo a su divulgación. 
Por eso lamentamos que no se hayan aprobado algunas propuestas presentadas por el Grupo GUE/NGL, del que somos miembros, encaminadas a fortalecer los derechos de los autores. 
Pero, en cualquier caso, pese a sus limitaciones, reconecemos cierta evolución positiva en la posición final y esperamos que los Estados miembros presten atención particular a ese aspecto de la creación artística y literaria y al fomento de su divulgación, respetando los derechos de los autores. 
Quiero felicitar ahora al ponente y al Comisario por el resultado logrado en este importante informe, que es casi en el que más han actuado los grupos de presión ¿Por qué tanto grupo de presión? 
Porque de este informe resulta legislación que tiene un enorme impacto en la sociedad, de la que los grupos de presión deben ser portavoces. 
Finalmente, yo mismo estoy muy satisfecho con el resultado alcanzado, que logra un equilibrio adecuado entre los intereses de los consumidores, de la industria y de los titulares de los derechos. 
Aunque he aconsejado al grupo liberal que siga las líneas de la posición común, incluyendo las enmiendas de compromiso del ponente, y que rechace las restantes enmiendas con vistas a la toma de posición en el grupo, yo mismo he permitido que se vote de forma diferente en cuanto a esto último. 
Considero que el derecho de autor tiene como objetivo proteger a los autores titulares de derechos y, opino, que podría haberse hecho mejor de lo que ahora se ha aceptado en el informe. 
Me preocupa la cantidad de excepciones posibles por Estado miembro en lo que a las posibilidades de copia respecta, y la posibilidad de poder intervenir con medidas técnicas, ya que opino que con ellas puede verse obstaculizados los principios del mercado interior. 
En el caso de las excepciones impuestas por la Administración, deberá abonarse siempre una compensación razonable, no importa quién la pague, puesto que considero inaceptable que los titulares de derechos deban cederlos de forma gratuita. 
En lo que a la enmienda 2 se refiere, creo que hay que evitar que se produzca un pago doble. 
Me gusta el objetivo de la enmienda 11, pero me parece que en este caso su formulación va demasiado lejos. 
Por supuesto, es deseable que las grabaciones antiguas también se puedan escuchar o ver a través de la autopista digital, pero abonando una compensación a los titulares de los derechos, y si se demuestra que éstos son difíciles de hallar, entonces, debe funcionar un sistema de licencia colectiva como red de protección. 
En lo que a la "memoria tampón" (caching) se refiere, hubiera deseado que este informe estuviera más cerca de la directiva sobre comercio electrónico. 
Las técnicas digitales funcionarán finalmente mediante la autorregulación y no veo esto como una amenaza, sino como una posibilidad para un desarrollo mayor de nuestra sociedad. 
En conjunto, estoy muy satisfecho con el resultado y opino que Europa contará con una legislación más equilibrada que la americana, aplaudida por muchos. 
La protección de los derechos de autor y de los derechos afines, factor de creación, es ya en sí un problema difícil. 
Su importancia aumenta en la nueva sociedad llamada, falsamente por cierto, de la información. 
Efectivamente, las nuevas técnicas, de las cuales el símbolo es Internet, parecen permitir una libertad total que favorece al consumidor pero impide al creador y a la industria obtener la totalidad de los beneficios de las obras y reproducciones. 
De ahí la difícil conciliación de intereses triangulares entre consumidores, industrias e interesados. 
¿De qué forma proteger el beneficio de la industria llamada cultural sin poner fin al libre "derecho de recogida" de todas las obras que se encuentran navegando por Internet? 
Para la industria que rentabiliza las técnicas de la información, llamadas con ampulosidad, tecnologías, la propuesta de directiva de Bruselas sobre los derechos de autor constituye un buen compromiso. 
Para los autores y compositores, este compromiso debilita la protección de los derechos de autor. 
Efectivamente quedarían excluidos del perímetro de protección los archivos de los radiodifusores, las obras consultadas mediante biblioteca o mediateca, las reproducciones efímeras, etc. 
Los autores exigen legítimamente compensaciones equitativas para las pérdidas que sufren por los supuestos de excepción. 
Para ellos, debe ser por vía contractual como ha de asumirse el compromiso entre los intereses en liza. 
Estas excepciones a la protección serían, de hecho, expropiaciones para las cuales debe haber indemnización. 
En vano, tantos grupos de presión han enviado su opinión sobre la votación relativa a las enmiendas sobre los derechos de autor. 
Los creadores tiene un interés distinto del de los consumidores y, juntos, tienen otros intereses que los de los comerciantes de música, manuscritos y representaciones. 
Los artistas obtienen sus ingresos de sus obras. 
La sociedad les exime de otro trabajo al pagarles sus productos. 
Si este pago desaparece, tienen que buscar otro trabajo. 
Los consumidores, por el contrario, querrían disponer gratuitamente de estos productos. 
Se acepta que haya que pagar por un libro o por una representación teatral, y que un museo sea financiado con el dinero de la Administración o a través del pago de una entrada. 
Sin embargo, muchas cosas han cambiado por el desarrollo de las fotocopiadoras, de los videos, de los discos compactos vírgenes y de la "carga" desde el ordenador. 
Uno paga al fabricante del aparato, pero prefiere no pagar a la persona de cuyo trabajo disfruta. 
Además, hay empresas que utilizan los productos artísticos para ganar dinero en el comercio intermedio o como cebo para atraer clientes. 
Estoy a favor de los productores y de los consumidores en la votación sobre los derechos de autor, y no a favor del comercio, sigo así los deseos de los sindicatos y de las asociaciones de artistas. 
Señora Presidenta, agradezco la oportunidad de intervenir en nombre de mi Grupo. 
Ayer en el debate, la falta de tiempo impidió que participara alguno de nosotros, pero se trata de una propuesta que hemos respaldado incondicionalmente en comisión y que hemos respaldado incondicionalmente hoy. 
Me ha alegrado, en particular, que la enmienda 9 haya sido rechazada y que hayamos sacado adelante la directiva, en buena medida, en el estado en que salió de la Comisión de Asuntos Jurídicos bajo la hábil orientación del ponente, Sr. Miller. 
Es una directiva muy esperada y sumamente importante para las personas con discapacidad. 
Nuestro Intergrupo sobre personas con discapacidades ha estado haciendo campaña en favor de la directiva durante mucho tiempo, al igual que el Foro Europeo de Personas Minusválidas. 
Han sido necesarios nueve años para llegar hasta aquí. 
Lo que estamos consiguiendo es garantizar unas normas mínimas de seguridad relativas al diseño de los autobuses que circulen en Europa y unos requisitos básicos que garanticen la accesibilidad para las personas con discapacidad y aquéllas con movilidad reducida, entre las que se incluyen las personas de edad- sin duda, el Sr. Fatuzzo, entre otros- y los padres con niños pequeños que utilizan los autobuses urbanos. 
Esto es realmente importante. 
Mi Grupo desea declarar su solidaridad con todos aquellos que se verán favorecidos por esta iniciativa. 
Una de las señales de la civilización avanzada en la época que me ha tocado vivir es prestar mayor atención en lugares públicos y actividades públicas para garantizar que nuestros conciudadanos que tienen la enorme desgracia de padecer algún tipo de discapacidad o minusvalía puedan participar plenamente de la vida pública de nuestras sociedades. 
Podemos sentirnos orgullosos de eso y felices de que se haya aprobado esta directiva. 
Señora Presidenta, la primera vez que se presentó la posición común, en 1998, fue rechazada por el Parlamento. 
Entonces hubo una amplia mayoría en torno a que de esta manera la Comisión estaría obligada a disminuir muy seriamente las regularizaciones en Europa. 
Me sorprende que el Parlamento no tenga hoy la misma postura respecto a esta muy complicada, muy técnica y detallada propuesta. 
Considero que no es decoroso que el Parlamento se dedique a discutir si la inclinación del suelo debe ser de 12 o de 12,5 por ciento. 
Por eso, justamente, opino que es importante que mantengamos la línea que sostuvo el parlamento en 1998. 
Me preocupa que haya quienes cambien de opinión tan rápidamente. 
La Comisión debería ocuparse de esto, para conseguir mejores maneras de legislar en Europa. 
Señora Presidenta, he votado con gusto a favor de este informe que permite entre otras cosas, además de regular la forma y otras características técnicas de los autocares con más que ocho plazas, también la posibilidad para ancianos, discapacitados, etc., de acceder a estos medios. 
También he votado contra la enmienda 9 que pedía que no se debatiera este documento. 
Quizás sea verdad que a veces el Parlamento europeo legisla demasiado sobre aspectos técnicos, por ejemplo cuando debatimos sobre curvatura de los plátanos y los pepinos, como dijo ayer el Presidente Prodi, pero ciertamente no cuando debatimos si dejar por fin que suban también a los autocares los afectados por alguna discapacidad. 
Señora Presidenta, estimados colegas, les comunico en nombre de mi Grupo que nos hemos sumado al punto de vista del Sr. Rübig, tal y como quedó expuesto antes de la votación, porque el asunto nos parecería francamente absurdo si no fuera al mismo tiempo un tanto cómico. 
Creo que este Parlamento no está llamado a hacer de experto de normalización en materia de problemas técnicos. 
Así por ejemplo, según este informe los padres con hijos que se desplacen en un coche deportivo han de considerarse personas con movilidad reducida. 
A raíz de eso yo me pregunto si la niñera o el tío o el abuelo que algún día cuiden de esos niños también son o no son personas con movilidad reducida. 
Bromas aparte, considero que los ciudadanos europeos que siguen este debate se preguntan con razón si en el Parlamento no tenemos nada más importante que hacer. Por ello, hemos de dejar las cosas en su sitio. 
La subsidiariedad no debe ser una palabra vana, sino un principio que se lleve a la práctica. 
. (EN) Hoy este Parlamento puede sentirse orgulloso de haber votado a favor de mejorar los derechos de las personas con discapacidad. 
En particular, el presente informe es una victoria para los usuarios con discapacidad de los transportes públicos. 
Hemos tardado nueve años en conseguir esta legislación. 
Las nuevas especificaciones técnicas que hemos aprobado garantizarán el acceso en silla de ruedas a los medios de transporte públicos. 
Crea unas normas de seguridad mínimas y establece unos requisitos de accesibilidad que favorecerán a las personas de edad con movilidad reducida y a los padres con cochecitos que suben a los autobuses urbanos. 
Es lamentable que el PPE haya intentado, por razones técnicas, eliminar esta legislación con la enmienda 9. 
El Foro Europeo de Personas Minusválidas y el Intergrupo del Parlamento sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han hecho campaña con tesón durante mucho tiempo en favor de este tema. 
Es una manipulación política cínica jugar con los derechos de las personas con discapacidad. 
Con la aprobación de esta legislación, podemos decir que, como Parlamento, legislamos para todos los ciudadanos en favor de la igualdad de accesibilidad e igualdad de derechos. 
. (EN) Deseo felicitar de todo corazón a mi colega Laborista Sr. Miller por su informe que mejora la accesibilidad de los vehículos de más de ocho plazas. 
Apoyo plenamente las medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida a los autobuses urbanos con la introducción de autobuses equipados con rampa o elevador y piso rebajado. 
Esa directiva cambiará la vida de las personas de edad, de las personas con discapacidad y de los padres con niños pequeños que viven en las ciudades de todo el Noroeste y que ahora podrán utilizar los autobuses locales con la misma facilidad que cualquier otra persona. 
Por otra parte, esta directiva no sólo beneficia a las personas de edad, la personas con discapacidad- incluidos los invidentes- y los padres con niños pequeños. 
Estamos intentando ampliar la definición de "persona con movilidad reducida" de manera que incluya a todos aquellos que tengan dificultad para utilizar el transporte colectivo, como las personas con equipajes pesados, las mujeres embarazadas y las personas con carritos y bolsas de la compra. 
Todos hemos subido alguna vez a un autobús cargados con bolsas procedentes del supermercado más próximo y, en lo que a mí respecta, ciertamente espero que la vuelta a casa en autobús me resulte lo más fácil y lo menos estresante posible. 
Se trata sencillamente de medidas sensatas que facilitarán mucho la vida de personas de toda Europa, en particular, en Gran Bretaña, donde los autobuses constituyen un medio de desplazamiento imprescindible en las ciudades. 
La Directiva sobre autobuses y autocares garantizará unas normas mínimas de seguridad en el diseño de los autobuses que circulen en Europa y unos requisitos básicos que garanticen el acceso de personas con movilidad reducida, tales como que se sigan fabricando los actuales autobuses de piso rebajado, y mejores dispositivos para los pasajeros con problemas de movilidad, especialmente los usuarios de sillas de ruedas y los padres con sillitas para niños. 
Doy luz verde a estas medidas y espero poder disfrutar de un trayecto en autobús más agradable cuando regrese a casa desde el centro de Bolton, después de pasar la tarde del sábado haciendo compras. 
. (SV) Opinamos que el Parlamento Europeo carece de competencia suficiente para adoptar decisiones respecto a detalles técnicos de naturaleza tan específica como éstos, aunque en principio respaldamos las normas de la propuesta de directiva. 
Por ese motivo, respaldamos la enmienda que promueve el rechazo de la postura común. 
Informe Müller (A5-0025/2001) 
Señora Presidenta, he seguido con atención el informe presentado por la diputada Emilia Franziska Müller, también en el seno de la comisión de medio ambiente. 
He votado a favor de esta regulación relativa a los complementos alimenticios, puesto que es adecuado que sean regulados. 
Veo a muchas, muchísimas mujeres que toman estas paramedicinas para adelgazar, para ser más bellas, para ser más esbeltas, para ser más ágiles, y a veces no saben que gustan más si tienen un poco más de peso. 
Se ponen en los alimentos unas sustancias que los vuelven afrodisíacos; se venden sustancias como el Viagra. 
Los jubilados del Partido al que represento no tienen necesidad de estos aditivos y complementos alimenticios. 
Así pues, piden- y que bien venga- su regulación. 
. (SV) Hemos votado en contra del informe Müller sobre complementos alimenticios. 
Opinamos que los fundamentos jurídicos son erróneos y que la Unión carece de competencia para legislar y armonizar esta materia. 
Éste es un asunto que concierne a la salud pública y que tendría que regirse, total o parcialmente, por el artículo 152 del Tratado, siendo, por tanto, imposible de armonizar. 
- (DE) El informe sobre la propuesta relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de complementos alimenticios significa un paso en la buena dirección, ya que contribuye a la detección de ingredientes que por naturaleza no pertenecen a los productos alimenticios. 
Ahora bien, lo que importa es la calidad, no la cantidad. 
Los complementos alimenticios deben darse a conocer abiertamente, sin miramiento alguno, han de someterse a un control oficial y no pueden ser añadidos a los alimentos mientras no hayan sido notificados a las autoridades competentes. 
La lista recogida en el anexo es muy apropiada para ello. 
No existe, por tanto, motivo alguno para que la obligación de notificación no se introduzca con la misma velocidad en todos los Estados miembros. 
Mi Grupo es ferviente partidario de que el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria se aplique de una forma más radical, no sólo con objeto de prevenir posibles distorsiones del mercado, sino también para transponer sin falta el concepto general del Libro Blanco. 
Debido a la falta de control, las restricciones impuestas al comercio interior por la legislación vigente no se respetan como es debido. 
Por eso, ha llegado la hora de que por fin se adopten las medidas necesarias para la puesta en marcha de la ya aprobada Autoridad Alimentaria. 
Después de la EEB y otras crisis similares es necesario restablecer la confianza del consumidor a través de una mayor transparencia de la cadena alimentaria, mayor seguridad y un etiquetado adecuado mucho más abierto. 
Llegada a este punto, me permito la observación de que no puedo suscribir el discurso que ayer pronunció el Comisario Fischler. 
La política agrícola europea quedó reducida al mínimo denominador común. Europa no puede declinar su responsabilidad de esta manera. 
Estoy plenamente convencida de que el debate público no ha hecho más que comenzar. 
Señora Presidenta, acerca de la directiva que regula las características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, he votado a favor, y puedo declararlo con serenidad, con convicción y con satisfacción: primero, porque todavía tengo en las narices la peste que estos ciclomotores difunden en el aire de nuestras bonitas ciudades y, luego, porque un jubilado, en el aeropuerto de Bérgamo, antes de que yo partiera para Estrasburgo, sabiendo que íbamos que votar esta directiva, me exhortó a que votara a favor, subrayando además que deberían ser también regulados los ruidos de estos ciclomotores. 
Los jubilados aprecian el silencio, las bicicletas y los ciclomotores silenciosos. 
Una vez no hace hábito, estamos de acuerdo con una propuesta de directiva de la Comisión. 
No es tanto que veamos con buenos ojos una intervención por su parte- saben ustedes lo que pensamos de la construcción europea en su conjunto y de esta institución en particular -, pero es necesario reconocer que por una vez la Comisión ha hecho esfuerzos: consulta previa a los usuarios e industriales, estudio de costes-ventajas, esfuerzos de realismo económico y técnico... ésta es una actuación que no se ha repetido muchas veces en la enorme cantidad de expedientes que tratamos aquí. 
Por el contrario, no seguiremos al ponente, del cual no se sabe muy bien si hace todo lo posible por resultar demagogo o si está pagado por nuestros competidores para destruir a los constructores europeos. 
En el punto en el que se encuentran podría también pedir a los motociclistas que dejaran de respirar para no lanzar a la atmósfera CO2. 
Por tanto, sí a unas motos más limpias, sí a nuevos protocolos de pruebas más de acuerdo con el uso real de los vehículos, sí al calendario que los industriales han considerado realista. 
Pero no a unas normas de emisión irreales, no a unos dispositivos suplementarios que no exigen otros modos de transporte, no, en una palabra, a las enmiendas del Sr. Lange. 
Informe Jensen (A5-0018/2001) 
Señora Presidenta, he votado contra este informe sobre las medidas comunitarias de incentivación en el sector del empleo. 
Se gastan 55 millones de euros, señora Presidenta, para no crear ni siquiera un puesto de trabajo. 
Se gastan 55 millones de euros para pagar la publicación, la impresión de folletos, de estadísticas, para hablar, hablar, hablar de como aumentar el empleo. 
¡Yo creo que la Unión Europea tiene que pasar de las palabras a los hechos! 
. (EN) Apoyo plenamente las propuestas para incentivar el empleo en toda la Unión Europea. 
Sólo podemos luchar contra la lacra del desempleo si existe colaboración entre los 15 Estados miembros. 
Empleo, empleo, empleo. De eso es de lo que se trata. 
Es la campaña lanzada por el Gobierno Laborista y es por lo que Europa está trabajando. 
Es nuestra principal prioridad y debemos remover cielo y tierra hasta conseguirlo. 
Los objetivos establecidos en la Cumbre de Lisboa el pasado año supusieron un paso decisivo hacia la creación de las condiciones idóneas para alcanzar el pleno empleo, con lo que los Jefes de Estado y de Gobierno se propusieron convertir a la UE en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de acompañar un crecimiento económico sostenible de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social. 
El próximo Consejo de Estocolmo, que se celebrará en mayo, continuará desarrollando la agenda europea en favor de una economía flexible, la liberalización de los mercados del gas y la electricidad, la liberalización de los servicios postales, la reforma del sector de los servicios financieros, propuestas en el ámbito de las telecomunicaciones y el comercio electrónico, medidas para crear un entorno favorable para las PYME, así como objetivos para que las tasas de empleo beneficien a todos nuestros ciudadanos en la Unión Europea. 
La cooperación en toda la Unión es fundamental para intercambiar información y las mejores prácticas de manera que proporcionen análisis comparativos, además de fomentar enfoques innovadores y evaluar las experiencias. 
En Gran Bretaña, nuestro Gobierno Laborista está abriendo camino hacia la creación de puestos de trabajo y el pleno empleo. 
Con los Laboristas, no sólo se ha reducido a la mitad el desempleo entre los jóvenes, sino que además el Gobierno está introduciendo ahora la formación profesional para que nuestros jóvenes se beneficien de los nuevos conocimientos en altas tecnología y de un mercado laboral en plena evolución. 
Lo que se pretende es crear una población activa flexible y altamente cualificada en Gran Bretaña. 
Señora Presidenta, respaldo plenamente el presente informe que es otra técnica más de comparación a medida que avanzamos hacia el pleno empleo en una economía dinámica basada en el conocimiento. 
En sí, el título de este informe no da confianza, ya que en general cuando se trata de incentivos en materia de empleo, se trata de conceder ayudas, desgravaciones o ventajas fiscales a los patronos con el pretexto de crear empleos- que éstos no crean. 
Por supuesto, el texto apenas resulta explícito en este sentido y las intenciones de fondo están disfrazadas con consideraciones generales, de las cuales algunas son pertinentes, principalmente la falta de igualdad entre hombres y mujeres en materia de empleo. 
Pero las buenas intenciones de palabra no hacen política o, más exactamente, pueden enmascarar una política que no resuelve en absoluto el problema del desempleo. 
Para resolver este problema sería necesario adoptar medidas vinculantes con respecto a todos aquellos que disponen de las claves del problema, es decir, con respecto a los grandes grupos industriales y financieros. 
Pero esperar esto de las instituciones europeas es pedirles algo imposible. 
. 
(FR) El informe que hemos votado hoy versa sobre una propuesta de la Comisión relativa a la adopción de medidas comunitarias de incentivación del empleo ("MIE"). 
Con esta propuesta se persigue aplicar lo dispuesto en el artículo 129 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (base jurídica para los gastos en materia de empleo) y desarrollar las actividades que ya resaltara el Consejo Europeo de Lisboa en el marco de la estrategia europea para el empleo. 
El objetivo es favorecer la cooperación entre los Estados miembros y apoyar su actuación en el ámbito del empleo. 
Las medidas se financiarán con cargo al presupuesto comunitario a razón de 55 millones de euros para el período 2001-2005 (es decir, 10 millones de euros al año, con un importe inicial de 15 millones de euros en 2001). 
Las medidas contemplan esencialmente el desarrollo, la programación, la supervisión, el seguimiento y la evaluación de la estrategia europea para el empleo, favoreciendo el aspecto prospectivo. 
Se trata, concretamente, de cubrir las actividades siguientes: 
1) análisis y evaluación de las tendencias del empleo, de las condiciones políticas generales, de las opciones políticas y de la repercusión de las políticas comunitarias; 
2) evaluación de los planes de acción nacionales; 
3) recogida e intercambio de experiencias nacionales, tal como se definen en las directrices anuales para el empleo dirigidas a los Estados miembros; 
4) acciones técnicas y científicas necesarias para la elaboración de indicadores comunes, para la mejora de las estadísticas y su complemento, para la comparación de los resultados y para el intercambio de información sobre las mejores prácticas. 
Aparte de la aplicación de todas estas medidas, es importante que la Comisión tenga en cuenta los datos estadísticos y los estudios y acciones procedentes de organizaciones internacionales como la OCDE o la Organización Internacional del Trabajo. 
Por otra parte, me parece primordial favorecer la más amplia difusión posible de los resultados de las acciones realizadas. 
El Parlamento recomienda asimismo a la Comisión que vele por garantizar la coherencia y la complementariedad de todas las actividades previstas con los demás programas e iniciativas comunitarios. 
Por otra parte, las actividades contempladas estarán abiertas a la participación de los países del EEE y de los PECO candidatos, de acuerdo con las modalidades, en particular financieras, que se convengan con los mismos. 
Abogo también por que nuestros socios mediterráneos participen en ellas. 
El Parlamento Europeo espera de la Comisión un informe provisional y un informe definitivo, respectivamente, para el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2006. 
Cuando todos tenemos en mente la preparación del Consejo extraordinario sobre el empleo que se celebrará en Estocolmo el próximo mes de marzo, he votado con convicción por estas nuevas medidas en favor del empleo. 
- (FR) La propuesta de decisión del Parlamento Europeo relativa a medidas comunitarias de incentivación del empleo se inscribe en la lógica del compromiso de Luxemburgo (1997) , que instauraba un proceso de evaluación y comparación de "buenas prácticas" de los Estados miembros. 
En este marco, las enmiendas encaminadas a informar mejor a los ciudadanos europeos, a actuar en cooperación con los interlocutores sociales y las autoridades locales o regionales, o las que tienen por objeto favorecer una toma de conciencia sobre la situación de la mujer y sobre la igualdad profesional mediante análisis sobre las causas de la interrupción de la actividad profesional, el permiso parental y el trabajo a tiempo parcial, son positivas, y las votaré. 
Pero nos oponemos a un método que se dirige a someter el empleo, y los derechos sociales en general, a las grandes orientaciones de la política económica (GOPE) y a los planes de estabilidad. 
Rechazamos la lógica que entrañan los cuatro pilares de Luxemburgo (inserción profesional, espíritu de empresa, adaptación de las empresas, igualdad de oportunidades) , que se utilizan como criterios de evaluación entre Estados miembros y apoyan la construcción de un mercado europeo del trabajo sometido a la economía liberal. 
. (IT) El objeto de la propuesta de resolución presentada por la Comisión europea es la aplicación de las disposiciones del nuevo artículo 129 del Tratado CE, introducido en el Tratado de Amsterdam con la intención de intensificar la cooperación entre los Estados miembros en fase de análisis, estudio y verificación de la política del mercado de trabajo contextualmente al desarrollo de una economía basada en los conocimientos, en la identificación de mejores prácticas, en la promoción del intercambio y en la cesión de las experiencias y aplicando una política de información activa en dicho sector. 
Ha sido importante subrayar la necesidad de una estrategia europea que sea accesible y transparente. 
En este informe, además, se pide una valoración cuantitativa y cualitativa de los efectos de esta estrategia, además de un análisis de las necesidades, de modo que se prepare un plan a medida que tenga en cuenta la política económica general. 
Se subraya, por lo tanto, la posibilidad de utilizar la estrategia como método a aplicar en otras áreas y preparar un análisis de los factores por su naturaleza que ponga en evidencia la tendencia del empleo. 
Con el fin de consolidar la estrategia para el empleo en el ámbito local y regional, la ponente sugiere que se utilice una parte de las asignaciones de un modo claro, para promover la cooperación, mejorar el conocimiento y el intercambio de información y buenas prácticas, además de para valorar los resultados de la aplicación de los programas nacionales en beneficio del empleo a escala local y regional. 
El texto, aprobado en la comisión para el empleo y los asuntos sociales por unanimidad, también pone en evidencia la necesidad de garantizar la consistencia y la complementariedad con otras medidas e iniciativas comunitarias. 
Además, estoy de acuerdo en la mayor asignación de fondos para la realización de las actividades, previendo una cifra total de 65 millones de euros frente a los 55 establecidos por la Comisión. 
Reactivar el empleo es un "deber" de todos nosotros, los parlamentarios, por el bien de nuestros países y de Europa en general, para devolver la esperanza a las nuevas generaciones; por eso, el grupo UEN ha apoyado este informe. 
Informe Swoboda (A5-0024/2001) 
Señora Presidenta, he votado a favor de este informe que pone en práctica el paso siguiente al de situación de candidato de Turquía. 
Soy favorable a que Turquía entre en la Unión Europea, pero pido a los muchos que se interesan por ello que se añada una cláusula al acuerdo entre Italia y Turquía. 
Espero que se pida a Turquía que obligue a sus habitantes a renunciar a su pésima costumbre de secuestrar a las bonitas mujeres griegas, una cosa que hacen desde los tiempos de la guerra de Troya. 
Su entrada en la Unión Europea será acogida con mayor satisfacción. 
Señora Presidenta, he votado contra este informe no porque sea hostil al pueblo turco, sino porque soy contrario al sistema institucional que no permite una verdadera democracia. 
Hasta que Turquía no sea realmente un Estado democrático, no respete a las minorías, no respete a los presos, comunes y políticos, creo inoportuna esta adhesión. 
Sabemos, además, que Turquía es hostil a algunos Estados de la Unión que tienen el único defecto de haber reconocido el genocidio de los armenios, que es un hecho histórico. 
He aquí por qué pedí, con una enmienda, que se indagara- como ya se ha hecho con Austria- sobre la democracia de Turquía. 
Si queremos que alguien se venga con nosotros, éste debe estar democráticamente en su sitio, y Turquía no lo está; no lo está ni siquiera, en algunos aspectos, tampoco Italia, como lo demuestran los recientes procesos de Verona contra mi partido. 
Señora Presidenta, he votado en contra de esta propuesta debido a la profunda contradicción que se desprende del hecho de que esta mañana todos los diputados que han hecho uso de la palabra en relación con la propuesta contenida en el informe del Sr. Swoboda han reconocido, directa o indirectamente, que Turquía no cumple los criterios de Copenhague. 
El artículo 4 de la presente propuesta incluye un tipo de cláusula de suspensión, en caso de que el progreso hacia el cumplimiento de los criterios de Copenhague sea insuficiente. 
Ahora que esta propuesta ha sido aprobada, pido que se aplique el artículo 4 y que se ponga fin a la concesión de ayuda a Turquía hasta que este país cumpla los criterios de Copenhague. 
Señora Presidenta, nuestra preocupación acerca de este Estado continúa. 
Más allá de todo lo que se ha dicho, quiero recordar sobre todo al Kurdistán y el continuo sufrimiento que el pueblo kurdo padece a nivel de mafia: un verdadero genocidio y la constricción de emigrar a otros países, de abandonar su tierra. 
Y a esto Turquía, como Estado, no ha puesto nunca freno, más bien, según lo que sabemos, está incentivándolo. 
Más allá por tanto de lo que puede ser el pasado, más allá de lo que represento en cuanto heredero de la República Serena que sirvió de barrera en aquellos años contra los turcos, la preocupación es muy fuerte, y quiero pedirle a usted, señora Presidenta, que se llegue hasta el final en las indagaciones, para que no se tenga una serpiente en su seno en un próximo futuro. 
. (EN) Aunque he votado a favor del informe Swoboda sobre la asistencia financiera a Turquía para la estrategia de preadhesión, creo que la UE debería utilizar un tono más severo cuando hable con el Gobierno turco sobre los abusos de los derechos humanos con respecto a los kurdos. 
Asimismo, debería supervisar la distribución justa de los fondos. 
En vista de la renovada represión militar en la región kurda sudoriental- con el probable objetivo de provocar al PKK- y de las recientes detenciones y desapariciones de activistas de HADEP (un partido político legal) , parece que Turquía retrocede, en vez de avanzar, con respecto a los criterios de Copenhague. 
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(FR) He votado en contra del informe Swoboda, en el que se pide que la ayuda financiera de la Unión Europea a Turquía (cerca de 200 millones de euros al año) pase a clasificarse en la rúbrica 7 de las Perspectivas Financieras "Ayuda de preadhesión", donde se agruparía con la ayuda concedida a los países candidatos de la Europa central y oriental, así como, próximamente, a Chipre y Malta. 
Esta nueva clasificación me parece inoportuna, porque si bien el Consejo Europeo de Helsinki de 13 de diciembre de 1999 reconoció a Turquía el estatuto de candidato a la adhesión (lo que discuto) , especificó que no se iniciarían las negociaciones propiamente dichas con ese país mientras no cumpliese los criterios de Copenhague y, en particular, los relativos a la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Pues bien, Turquía no los satisface en la actualidad; todo el mundo en Europa lo reconoce. 
En tales condiciones, no es más que una especie de candidato virtual, ni siquiera para sus partidarios es un candidato efectivo y real. 
¿Por qué, pues, habría que reconocerle un estatuto financiero que no se corresponde con su estatuto real? 
Nuestra preocupación aumenta por la provocadora actitud adoptada por este país tras el reciente reconocimiento por la Asamblea Nacional francesa del genocidio armenio. 
No sólo Turquía no ha reconocido su culpa (suficientemente antigua, en teoría, para no manchar el régimen actual) , sino que ha negado la evidencia, e incluso ha adoptado medidas de represalia injustificables contra empresas francesas. 
Estas presiones, este chantaje permanente, no son admisibles en un país que quiere ser admitido en el club europeo. 
No comprendemos, por tanto, por qué el informe Swoboda nos propone hoy tomar una medida con la que se respaldan estas disposiciones erróneas. 
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(FR) Somos favorables a que Turquía se beneficie, del mismo modo que los demás países candidatos, de los instrumentos y ayudas financieros existentes, proporcionalmente a su tamaño y sus necesidades y, en particular, para la reestructuración de la agricultura, el aprovechamiento del espacio rural y la protección del medio ambiente. 
Cualquier trato discriminatorio en este plano no castigaría a los responsables del régimen autoritario turco, sino a los trabajadores del país, y no reforzaría en nada, todo lo contrario, las condiciones de la lucha necesaria para imponer el respeto de los derechos democráticos elementales. 
El mejor medio para la Unión Europea de obligar al Gobierno turco a mantener sus "compromisos", un medio libre de hipocresía y que no sirva de pretexto para nuevas presiones liberales- que sólo sirven al librecambio europeo -, sería sostener y apoyar la oposición democrática. 
En efecto, las iniciativas de los militantes de los derechos humanos, sindicalistas y políticos pueden permitir, si se les dan los medios, movilizar a la opinión pública para detener a un régimen que asesina a los kurdos, hace que desparezcan presos políticos, reprime los movimientos de presos, tortura a los demócratas o deja que Ocalan se pudra en los corredores de la muerte. 
Si Turquía se convirtiera en Estado miembro de la Unión Europea, habría muchos motivos para suspender a ese país como miembro. 
Formalmente, ese país es una democracia parlamentaria parecida a lo que es común en los Estados miembros, pero para las grandes minorías de población, esa comparación no existe. 
Los habitantes de ese país no disfrutan todavía, desgraciadamente, de un trato igualitario por tener una opinión política distinta o por hablar otra lengua. 
Los numerosos prisioneros políticos, la prohibición de organizaciones, la censura de prensa, la guerra civil entre el ejército y la población de habla kurda, la negación de los asesinatos masivos de armenios y la eliminación todavía no completa de la pena de muerte ponen de manifiesto que Turquía es actualmente una clase de país muy diferente de lo que una gran mayoría de personas en los actuales Estados miembros considera deseable. 
En estas circunstancias, no existe ni un solo motivo para estrechar los lazos, y permitir que Turquía se beneficie de las contribuciones de los fondos de preadhesión tales como el ISPA y el SAPARD. 
La adjudicación de semejantes recursos tan sólo serviría para dar lugar al malentendido de que Turquía va por buen camino, y que el ingreso de ese país está tan próximo como el de Chequia, Eslovenia o Malta. 
No se lograrán cambios en Turquía por el hecho de dar dinero al Gobierno. 
Sólo se lograrán con la lucha de la oposición interna de ese país y el apoyo a los exiliados en los Estados miembros de la Unión Europea. 
(La sesión interrumpida a las 13.21 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Seguimiento del informe anual del BEI 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0023/2001) del Sr. Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el seguimiento del Informe anual del Banco Europeo de Inversiones (2000/2173 (INI) ). 
. 
(FR) Señor Presidente, el ejercicio que se me ha propuesto ha sido para mí extraordinariamente instructivo y, debo decirlo, un auténtico placer. 
Tenía que manejar tres requerimientos: las dudas o preguntas de mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios; las críticas procedentes de la sociedad civil, en especial a través del CEE Bankwatch Network; y, por último, las respuestas o argumentos que opone a estos dos tipos de preguntas o de críticas el Banco Europeo de Inversiones. 
Quiero dar las gracias muy especialmente a mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por la pertinencia de las cuestiones que, de algún modo, me encargaron que planteara al Banco Europeo de Inversiones. 
Quiero dar las gracias a los voluntarios de la sociedad civil por su competencia en la vigilancia de un banco que, a fin de cuentas, representa el 5 % de la formación de capital fijo de la Unión Europea, lo que le convierte en el principal inversor de la Unión. 
Por último, sin ningún ánimo adulador, debo dar las gracias al Presidente del Banco Europeo de Inversiones y a sus colegas por la amabilidad y la buena voluntad, incluso el calor, con los cuales tuvieron a bien entrevistarse conmigo, tener en cuenta esas críticas y responder a ellas, unas veces convenciéndome de que tenían razón y otras aceptándolas y esbozando conmigo las respuestas que debían darse a las mismas. 
Llegamos así a un informe que ha obtenido casi la unanimidad. 
Como han podido observar, las enmiendas se refieren a cuestiones de detalle, con respecto a las cuales intervendré en los dos últimos minutos de mi exposición. 
A grandes rasgos, ha habido unanimidad en torno a unas propuestas de inflexión que se dirigen al menos igual que al Banco Europeo de Inversiones a los demás órganos de la Unión Europea, incluso a los Estados. 
Compartimos absolutamente y aprobamos las prioridades que se ha fijado el Banco Europeo de Inversiones y los pilares que fundamentan su política. 
No obstante, debemos insistir sobre el hecho de que las cosas están cambiando. 
Europa se abre al Este. 
Cada vez adquiere más responsabilidades con respecto a los Balcanes, que todavía no han iniciado el proceso de adhesión. 
Por otra parte, Europa ha suscrito el Convenio de Kioto, que le exige reducir en un 8 % su producción de gas carbónico y otros gases de efecto invernadero de aquí al año 2010 en promedio. 
En otras palabras, este acuerdo internacional será vinculante en 7 años. 
Además, Europa, desde Lisboa, se ha fijado el objetivo de convertirse en una potencia mundial de excelencia basada en el conocimiento y en las nuevas tecnologías. 
Por último, ha dado prioridad al desarrollo de las PYME. 
Por tanto, Europa no pretende obtener esa situación de excelencia a través de una Europa Incorporated con grandes paladines megapolísticos, sino más bien apoyándose en las PYME. 
Tres nuevos objetivos, pues, también con respecto al informe de 1999 que examinamos formalmente hoy. 
Pero, por supuesto, al hacerlo, lo que examinamos es el conjunto de las orientaciones del BEI: la adhesión, Kioto, el desarrollo de las PYME hacia la excelencia. 
Con respecto a estos tres objetivos, que quizás no estaban tan claros cuando el BEI adoptó sus prioridades o redactó su informe sobre el año 1999, hemos querido pedir a los órganos constitucionales de la Unión Europea y al propio BEI que modifiquen su política. 
Los primeros apartados del informe que se les presenta son absolutamente unánimes y se dirigen esencialmente a ampliar o hacer más fáciles los préstamos en esas tres direcciones. 
Por decir simplemente algunas palabras sobre lo que no ha encontrado unanimidad entre nosotros, se trata de la importancia oficial de las ONG en la preparación de las decisiones del Banco Europeo de Inversiones, de la afirmación del objetivo de Kioto como verdaderamente predominante y, por último, de las modalidades de control prudencial del BEI. 
Sobre estos tres puntos, me encomiendo a la justicia de la Asamblea. 
Señor Presidente, antes de nada, mi felicitación al ponente por su excelente informe sobre el informe anual de 1999 del Banco Europeo de Inversiones y, naturalmente, felicitaciones al banco por su propio informe. 
Es la primera vez que el Parlamento Europeo da su opinión sobre el informe anual. 
Esta opinión es, por supuesto, de carácter político y constituye una señal de crítica hacia la institución. 
Así, el informe examina entre otras cuestiones, las prioridades y el control interno y externo de los recursos utilizados por este banco. 
El BEI es el banco e inversor de las instituciones europeas y, de ahí que en este informe se analicen cuáles son las prioridades del BEI, y si estas prioridades se adecuan a las prioridades de la Unión Europea. 
En los casos en que existían diferencias significativas, el ponente ha analizado qué cuestiones debería tener una mayor o menor prioridad para el BEI. 
En este informe, se pide al BEI, por ejemplo, que preste más atención a las inversiones que permitirán a la Unión Europea cumplir los criterios de Kioto. 
El hecho de que se deba conceder una mayor prioridad a este asunto, no significa, en nuestra opinión, que cuestiones tales como las redes transeuropeas deban contar con menos prioridad, tal como propone el ponente en una de sus enmiendas. 
Se dirige la atención al control interno del BEI. 
El ponente considera que el BEI debería tener una mejor idea del objetivo del dinero prestado. Para ello, el BEI debería conceder más atención a la evaluación de los proyectos en los ámbitos, por ejemplo, regional y de las inversiones medioambientales. 
En este momento, existe muy poca conciencia en el BEI en cuanto a la efectividad del dinero prestado. 
En un proceso normal de explotación de empresas, una empresa también toma en consideración el rendimiento de la inversión. 
El BEI debería examinar más la efectividad y el rendimiento de las inversiones. 
Una última cuestión importante es que los recursos comunitarios del BEI estarán bajo el control del Tribunal de Cuentas Europeo. 
El Tribunal de Cuentas Europeo debe controlar la finalidad y legitimidad de las inversiones efectuadas con los recursos que la Unión Europea pone a disposición del BEI. 
Hemos presentado una enmienda que permite un control del BEI, suficiente y similar al de cualquier banco comercial, en los asuntos en que actúa como un banco. 
El ponente propone que alguien del Banco Central Europeo participe en el Comité de Vigilancia, pero este comité está más cerca de efectuar una función contable que de realizar una verdadera supervisión bancaria. 
Deben realizarse ambas. 
Sin embargo, mi Grupo considera que el Banco Central Europeo no cuenta con los medios para poder efectuar una verdadera supervisión bancaria. 
Ésta debe efectuarse de otra forma, por ejemplo, a través del Banco Central de Luxemburgo. 
Mis otras dos enmiendas, señor Presidente, constituyen una corrección a fin de eliminar un par pequeñas imperfecciones que figuran en el texto. 
Así, reconocemos el importante papel del BEI en el clima inversor europeo y consideramos también que el BEI debe tener más en cuenta en su control interno la efectividad de los recursos europeos destinados al medio ambiente. 
Bastante lamentablemente, no estamos de acuerdo con la mayoría de las enmiendas del ponente, ya que pretende con las mismas subrayar una posición radical y única. 
También nosotros reconocemos, por supuesto, la importancia del medio ambiente y de las ONGs, pero otras prioridades deben ser, así mismo, reconocidas. 
Además, el grupo socialista ha presentado dos enmiendas más, una de las cuales, tiene que ver con una promesa efectuada por el Presidente del BEI. Ésta consiste en la contratación de más mujeres, de manera que el BEI cuente con casi el mismo número de mujeres que de hombres o, al menos, se esfuerce por ello. 
Ésa también es una de las prioridades de la Unión Europea. 
Pedimos al banco que empiece a llevarla a la práctica. Espero que el BEI adopte plenamente el dictamen del Parlamento, sobre todo, en lo que al control de los recursos europeos se refiere. 
De ahí que respaldemos completamente este informe. 
Señor Presidente, también yo quiero empezar dando cordialmente la bienvenida al Sr. Maystadt en esta sala casi vacía, pero puedo decirle que tampoco todos los parlamentarios están presentes cuando acude aquí el Presidente del Banco Central Europeo. 
Por tanto, no se debe a usted. 
Primero y antes de nada, quiero proponer que esto se convierta en una costumbre, tal como hacemos con los debates que celebramos con el Banco Central Europeo, con Wim Duisenberg. 
Creo que es bueno establecer la costumbre de que este Parlamento también preste atención al Banco Europeo de Inversiones, y espero que el interés sea más elevado de lo que es hoy el caso. 
Hace algunos días que usted ha emitido su comunicado anual de prensa, en el que ha presentado los resultados relativos a 2000. 
No es una primicia lo que tenemos en esta sala. 
Sí es algo que ha acontecido casi al mismo tiempo. 
Creo que tal vez podamos hacerlo el año que viene, pero en cualquier caso, quisiera proponer que coloquemos cuanto antes el informe de 2000 en la agenda del Parlamento, y que hagamos al menos unos preparativos tan profundos como los que hemos realizado con este informe anual. 
Antes de que pase a efectuar alguna observación en cuanto al contenido, quisiera felicitar al ponente. 
A juzgar por el comunicado de prensa de la semana pasada, ha efectuado un buen trabajo. 
Creo que ese comunicado de prensa también puso de relieve que la política del banco presta mucha atención a los grupos medioambientales y al medio ambiente en general, y creo que sus actividades han contribuido a ello. 
Yo misma me he concentrado, en nombre de mi Grupo, en algunos puntos principales que, por otra parte, son paralelos a los señalados por el PPE. 
El primero es fomentar el empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en los sectores sociales, y el segundo es la transparencia y el control de las actividades del BEI. 
En primer lugar, la cuestión del empleo. 
Este objetivo del empleo, que también constituye una de las prioridades de la Unión Europea- creo que Lisboa lo ha vuelto a confirmar- me parece que está presente en sus planes e informes de forma demasiado implícita y muy poco visible y manifiesta. 
Parece que el argumento que impera es el de que el crecimiento económico genera por sí mismo empleo y que, por tanto, no es necesario prestarle una atención específica, por no hablar de prestar atención a la calidad y durabilidad de ese empleo. 
Usted se ha sumado enérgicamente a las apuestas políticas de los Consejos Europeos, en este informe anual volvemos a encontrar el impulso que supuso la cumbre de Luxemburgo y el programa especial de acción que se prometió en Amsterdam. 
Además, usted se ha sumado con toda razón a las iniciativas de la cumbre de Lisboa del año pasado y, sobre todo, ha lanzado nuevas iniciativas para la economía del conocimiento y las nuevas tecnologías, la innovadora iniciativa 2000. 
Por el momento, quisiera mencionarle el reto de sumarse el año que viene con nuevas iniciativas a la cumbre de Estocolmo que se celebrará el mes que viene. 
La Presidencia sueca continuará con la línea de Lisboa y ojalá se logre convertir estas reuniones primaverales sobre el ámbito socioeconómico en una costumbre anual. 
Los suecos no tienen la intención de adoptar realmente muchos procedimientos y procesos nuevos. 
Sí que han añadido algo muy importante, en mi opinión, a la política acordada en Lisboa, es decir, prestar atención a los aspectos cualitativos del empleo. 
La calidad del trabajo es una condición importante para poder funcionar realmente en la economía, en una economía que se basa cada vez más en el conocimiento y en la creatividad. 
Así mismo, solicito que se preste atención a la suficiente participación en el mercado de trabajo. 
Son cuestiones muy importantes de las que nos deberemos ocupar en el futuro. 
Quizá, pueda usted enfrentar el desafío a fin de recoger esta inversión en la calidad en una iniciativa futura con motivo de Estocolmo. 
En cuanto al punto de las PYMEs, veo que casi ha duplicado sus esfuerzos en 2000, llegando a los 6.200 millones de euros. 
Creo que es positivo, pero quisiera pedir que se prestara una atención especial a las PYMEs que tienen dificultades para encontrar capital de riesgo por la vía normal. 
Se trata a menudo de empresas muy innovadoras, que no pertenecen a esos sectores de la economía que precisamente atraen capital de la bolsa o capital de riesgo, y de ahí que quiera pedir que se conceda atención a estas empresas peculiares, que se pueden ocupar de la calidad del trabajo. 
De ahí que solicite atención para la economía social y para el desarrollo de lo que en francés suena tan bien: service de proximité. 
La última observación. Tal vez deba omitir esta observación, ya que creo que me puedo sumar a lo que la Sra. Peijs ha dicho al respecto, excepto en lo relativo al papel del BCE. 
Desde nuestro Grupo, sí querríamos continuar con la discusión relativa al posible papel de este banco central, también en cuanto al control de las reglas prudenciales y a la vigilancia bancaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del BEI, Señorías, antes que nada quisiera facilitar al ponente, Sr. Lipietz, por su magnífico informe. 
El Banco Europeo de Inversiones es una entidad sin fines de lucro porque así lo decidieron los Gobiernos de los Estados miembros, ya que su misión no era la de obtener beneficios económicos sino la de contribuir al desarrollo equilibrado de la Comunidad Europea, a base de conceder créditos y garantías a medio y largo plazo para proyectos de inversiones en las regiones más pobres, promoviendo la cohesión económica y social. 
Ahora bien, si examinamos cuál es la orientación preferente de la financiación del BEI, ¿a dónde han ido a parar los préstamos concedidos en 1999? 
Vemos que, en su mayoría, se han aplicado a cofinanciar inversiones en los cuatro Estados miembros más ricos (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) , quienes recibieron más del 60 % de los recursos BEI complementarios de los fondos estructurales comunitarios, en tanto que los denominados países de la cohesión, es decir, los más pobres y más necesitados (Grecia, Portugal, España e Irlanda) , apenas recibieron el 26%. 
Aunque se me diga que esa misma desigualdad se da en cuanto a la población de dichos Estados, yo creo que es necesario reflexionar sobre este aspecto, ya que el desarrollo equilibrado no se conseguirá con proporcionalidades sino con solidaridad. 
Esto será más necesario a medida que profundicemos en la ampliación a nuevos Estados miembros. 
Y no se diga que lo que ocurre es que los menos ricos no presentan proyectos para poderlos financiar; habrá que desarrollar una mejor política de información, de transparencia, de ayuda y de acompañamiento. 
Y para ello, bien se podría empezar por facilitar la comunicación con los posibles solicitantes, propiciando la utilización de todos los idiomas de la Unión Europea, incluso los regionales y minoritarios, para que todo el mundo pueda tener acceso al Banco Europeo de Inversiones. 
Señor Presidente, el Sr. Lipietz ha redactado un excelente informe. 
En él se destacan dos de las verdaderas deficiencias del Banco Europeo de Inversiones. 
En primer lugar, la política de información del Banco ha sido muy mala y, además, no ha existido suficiente transparencia en sus decisiones y trabajos. 
En segundo lugar, en mi opinión, su trabajo medioambiental ha sido muy malo. 
Existen numerosos ejemplos de subvenciones otorgadas a proyectos comunitarios y a países candidatos que, en realidad, no han sido tolerables desde un punto de vista medioambiental. 
Si atendemos a los análisis de consecuencias medioambientales, es evidente que, por ejemplo, el Banco Mundial de Desarrollo ha sido más eficiente para publicar esos análisis antes de tomar sus decisiones. 
En todo caso, el último tiempo hemos visto un cambio de actitud en el Banco Europeo de Inversiones. 
Se habla más de diálogo, de apertura, de consideraciones medioambientales y de cambios. 
Esperamos que todo esto conduzca a que se cambien las formas de trabajo del Banco- algo que todos celebraríamos- y a que se aplique plenamente la Convención de Aarhus sobre transparencia en asuntos medioambientales. 
Con estas palabras quiero decir que apoyamos este buen informe y las enmiendas del Grupo de los Verdes 
Señor Presidente, estimados colegas, antes que nada quisiera manifestar mi gratitud hacia el ponente por su excelente informe y hacia el BEI por la gran transparencia con la que se ha venido desarrollando el diálogo en los últimos meses. 
El debate que estamos celebrando hoy demuestra que por lo general el trabajo del Banco Central Europeo se valora muy positivamente, lo cual es motivo de satisfacción para usted, señor Presidente Maystadt. 
El Banco Central Europeo desempeña un papel fundamental a la hora de mejorar las estructuras en las regiones menos desarrolladas de la Comunidad Europea. 
Dos terceras partes de sus recursos se emplean en este objetivo. 
Sin embargo, quiero destacar asimismo la importancia de las redes transeuropeas en general y de los medios de transporte organizados según criterios europeos en particular. 
Estamos asistiendo a la creación de un espacio económico europeo común, pero al mismo tiempo las condiciones del tráfico continúan aferradas a las viejas fronteras y a las prioridades de los siglos pasados. 
En mi opinión, el desarrollo de la infraestructura, incluida la infraestructura de transportes, es un requisito imprescindible para el buen funcionamiento del mercado común europeo, del mercado interior y del espacio monetario. 
Todas las acciones llevadas a cabo en esta materia revisten una importancia especial. 
Considero, además, que el Banco Central Europeo realiza actividades importantes en otros muchos ámbitos, especialmente en lo que a las pequeñas y medianas empresas se refiere. 
Las necesidades de estas empresas- sobre todo si se trata de organizaciones innovadoras que no tienen reparos en asumir cierto riesgo- suelen ir más allá de los créditos. Es preciso asegurar la disponibilidad de capital riesgo. 
A este respecto el BEI ha venido desarrollando en los años anteriores iniciativas importantes que en mi opinión son muy loables. 
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme en primer lugar, dar las gracias a la Presidenta y a la Mesa de su Asamblea por haber sugerido, por vez primera, invitar al presidente del Banco Europeo de Inversiones a dirigirse al pleno con ocasión del debate sobre el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios relativo a la actividad del BEI. 
Créanme que lo considero un honor, pero también una señal de la voluntad del Parlamento Europeo de interesarse por las actividades de todas las instituciones europeas, para que en ellas pueda oírse mejor la voz de los ciudadanos a los que representa. 
Permítanme repetir, en el pleno, lo que ya tuve ocasión de destacar a la comisión, y que es cuánto valoro el constructivo diálogo que se ha establecido con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios bajo el impulso de su presidenta, Sra. Randzio-Plath. 
En cuanto al informe del Sr. Lipietz, lo he encontrado estimulante a la par que útil, y puedo decir a su Asamblea que varias de las recomendaciones formuladas en el proyecto de resolución han empezado ya a aplicarse. 
Si les parece bien, abordaré conjuntamente las recomendaciones del informe y las preguntas formuladas por sus Señorías en el orden siguiente: en primer lugar, las prioridades operativas del Banco, después los métodos de evaluación y, por último, el control externo y la política de transparencia. 
Antes de nada, las prioridades operativas del Banco. 
Quisiera indicar que el nuevo Plan de Operaciones del Banco, que abarca el período 2001-2003, redefine nuestras prioridades en el sentido preconizado en las recomendaciones 3 y 5. 
En efecto, hemos incluido entre las cinco prioridades definidas por nuestro Consejo de Administración, y cito, "el estímulo a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible, en particular en la aplicación del protocolo de Kioto". 
En realidad, esta orientación ya estaba presente, puesto que el año pasado, el importe de las financiaciones de proyectos que contribuyen directamente a la mejora del medio ambiente ascendió a 6.400 millones de euros en la Unión Europea, lo que representa un incremento del 39 % con respecto al año anterior, y a 740 millones de euros en los países candidatos. 
Además, hemos reorganizado nuestra Dirección de proyectos para garantizar una evaluación sistemática del impacto sobre el medio ambiente de los proyectos para los que se solicita nuestra financiación. 
En lo que se refiere más concretamente a nuestra contribución a la aplicación del protocolo de Kioto, en el mes de mayo próximo se presentará una nota de política general a nuestro Consejo de Administración. 
Dicho esto, como tan oportunamente indicó la Sra. Peijs, la importancia concedida al medio ambiente no debe hacernos olvidar las demás prioridades, que me permitiré recodar muy brevemente. 
Desarrollo regional: estimamos que al menos dos terceras partes de las financiaciones en la Unión Europea deben destinarse a proyectos situados en las regiones asistidas. 
Apoyo a la estrategia de Lisboa: en los próximos tres años, tenemos la intención de financiar proyectos por un importe de 12.000 a 15.000 millones de euros en los ámbitos considerados prioritarios por el Consejo Europeo de Lisboa y por supuesto, como la Sra. van den Burg ha sugerido, tendremos que tener en cuenta las conclusiones de la Cumbre de Estocolmo. 
Preparación de los países candidatos a la adhesión: en los próximos tres años, tenemos previsto asignar entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales a proyectos destinados a ayudar a los países candidatos a cumplir las condiciones para la adhesión, en particular en el ámbito de las infraestructuras de transporte, sobre el cual ha insistido el Sr. von Wogau, y con razón. 
Por último, mencionaré, como última prioridad, el apoyo a la política comunitaria de cooperación, en particular en el marco del reciente Acuerdo de Cotonou. 
Paso ahora a la evaluación de la repercusión real de los proyectos que el BEI financia, porque varios oradores han insistido acertadamente en este aspecto. 
En concreto, en la recomendación 4 se pide al BEI que examine más detenidamente la contribución real de las inversiones destinadas al desarrollo regional. 
En primer lugar, quisiera recordar que, desde 1995, el BEI cuenta con una Unidad independiente de evaluación a posteriori de los proyectos, una unidad cuyos informes son remitidos tal cual al Consejo de Administración, sin que puedan ser modificados por la jerarquía o por el Comité de Dirección. 
Después, esos informes se ponen a disposición del público; por lo demás, en el informe del Sr. Lipietz se hace alusión a algunos de ellos. 
Los primeros informes fueron, naturalmente, bastante críticos. 
¿Por qué? 
Porque habíamos pedido a esta unidad de reciente creación que se centrase primeramente en los casos que nos parecían más problemáticos. 
Hoy, disponemos de informes relativos a un número mayor de proyectos, y los resultados de evaluación son claramente más alentadores. 
Así, un informe reciente sobre un conjunto de proyectos en el norte de Portugal y el sur de Italia demuestra que, en su gran mayoría, han tenido una repercusión positiva, y en algunos casos, muy positiva, sobre el desarrollo de las regiones consideradas. 
Sin embargo, en el mismo informe se destaca el interés de afinar más la metodología, en particular para definir criterios más diversificados y precisos que permitan seleccionar mejor a priori los proyectos más prometedores para el desarrollo regional. 
Por esta razón, y en estrecha cooperación con los servicios de la DG Regiones de la Comisión, estamos trabajando actualmente en la elaboración de una serie de indicadores de rendimiento en materia de préstamos de finalidad regional. 
He de añadir que el mismo trabajo de evaluación se está realizando con respecto a los préstamos globales, es decir, los préstamos que concedemos a bancos intermediarios, que a su vez se encargan de prestar ya sea a PYME ya sea a corporaciones locales. 
También aquí nos esforzamos por mejorar los medios de controlar que esos préstamos se empleen efectivamente en beneficio de las PYME y que sus ventajosas condiciones repercutan sobre los beneficiarios finales de dichos préstamos. 
En cuanto al control externo del Banco, no puedo sino suscribir sin reservas la recomendación 10. 
Debo confirmar ante ustedes que el acuerdo celebrado en 1999 entre el Tribunal de Cuentas, la Comisión y el BEI en lo relativo a las actividades del Banco sobre la base de los recursos comunitarios se ha ejecutado a satisfacción de todas las partes y que, por supuesto, el BEI seguirá respetando sus obligaciones para con el Tribunal de Cuentas derivadas de dicho acuerdo. 
Quiero confirmar también que estamos negociando un acuerdo similar con el Tribunal de Cuentas en lo concerniente al control del Fondo Europeo de Inversiones, que se ha convertido en una filial del BEI. 
Añadiré, por último, que estamos abiertos a cualquier fórmula practicable de supervisión bancaria. 
Es una cuestión que ha sido debatida por su comisión. 
Estamos totalmente abiertos en este aspecto. 
En cualquier caso, a corto plazo, nos parece que la vía quizás más practicable es, sin duda, la consistente en reforzar el Comité de Control velando por designar para el mismo miembros con competencia y experiencia en el ámbito de la supervisión bancaria. 
Por último, en lo concerniente a la política de transparencia, estamos dispuestos a seguir las orientaciones marcadas en la recomendación 11. 
No obstante, debemos subrayar que, a diferencia de las instituciones citadas en el texto de su ponente, la mayoría de los clientes del BEI son sociedades comerciales privadas y éstas no desean que la confidencialidad, que es de rigor en materia de negociaciones comerciales, no se respete en las relaciones con el BEI. 
Pero, con esta reserva, hemos decidido evolucionar hacia una mayor transparencia. 
Así, puedo anunciarles que vamos a publicar en nuestro sitio de Internet la lista de todos los proyectos en curso de examen, antes incluso de que sean sometidos al Consejo de Administración, salvo, por supuesto, si el promotor, por razones justificadas de confidencialidad, se opone a ello. 
Con esta única reserva, todos los proyectos serán anunciados en nuestra página Web. 
Señor Presidente, señoras, señores, como saben, el Banco Europeo de Inversiones no es un banco como los demás. 
Ha sido creado para servir los objetivos de la Unión Europea. 
Por tanto, es normal que se le invite a explicarse ante el Parlamento Europeo. 
Les doy las gracias por haberme dado la ocasión de hacerlo hoy, y me alegraré de poder continuar este diálogo en el futuro, como tan amablemente ha sugerido la Sra. van den Burg. 
Gracias, señor Maystadt, por la contribución que hacen usted y su banco. 
Señor Presidente, en primer lugar, desearía felicitar al Parlamento y al Sr. Lipietz por el análisis que han presentado sobre el informe anual del Banco Europeo de Inversiones. 
Comparto la tesis a la que ha hecho referencia el Presidente, y que se incluye en el informe, de que el Banco Europeo de Inversiones es un instrumento de las políticas de la Unión Europea, pero no debemos olvidar tampoco que el BEI tiene la obligación de hacer una utilización óptima de los recursos de que dispone. 
La Comisión comparte en gran medida los puntos de vista contenidos en el informe, pero me gustaría hacer algunos comentarios sobre dos o tres temas que me parecen de especial relevancia respecto a la petición que se hace para que la Comisión y el Consejo pongan en marcha de forma rápida una extensión del mecanismo de subsidiariedad de tipos de interés en los préstamos concedidos por el Banco y, en especial, en lo que se refiere a préstamos, tanto externos como internos. 
Éste es un tema difícil sobre el que el Tribunal de Cuentas se ha manifestado de forma claramente contraria, planteando claras reservas sobre su efectividad. 
Desde el punto de vista de la Comisión, es verdad que tenemos que hacer lo máximo para conseguir la efectividad de los instrumentos de que disponemos para facilitar las inversiones, pero no es menos cierto que hay acciones, como en el campo del medio ambiente o de los países candidatos a la adhesión, que, dados los niveles de tipo de interés con los que estamos trabajando actualmente, podrían ser resueltas mediante sistemas de cofinanciación, por ejemplo a través de algunos de los programas actuales, de forma más eficiente. 
Esta eficiencia sería aún mucho mayor en un momento posterior, cuando dichos países fueran miembros de la Unión Europea. 
El informe también solicita del Banco que asegure una actuación adecuada en capital-riesgo y que haga los esfuerzos necesarios para conseguir atraer capital-riesgo vía mercado, especialmente en aquellos sectores con problemas. 
El Presidente del Banco ha hecho ya alguna referencia a los esfuerzos realizados. 
La Comisión, por su parte, ha apoyado las ideas del Banco de llegar a una mejor distribución de funciones entre el anterior Fondo Europeo de Inversiones y el Banco. 
Pensamos que el modelo actual, en el cual el Fondo se ha convertido en el brazo del Banco para llevar a cabo estos proyectos de inversión en capital-riesgo, es un buen modelo y que la actual disponibilidad de mayores recursos es, sin duda alguna, un elemento claramente positivo comparado con la situación anterior. 
Permítanme un comentario sobre la mayor importancia que debe prestarse a las pequeñas y medianas empresas. 
Es cierto que las pequeñas y medianas empresas van a poder disponer de esta posibilidad de acceso al capital-riesgo, pero también van a ser los grandes beneficiarios en el Programa de innovación 2000 del Banco, especialmente en el apoyo a las inversiones de información y a la economía basada en el conocimiento. 
Con todo ello se apoya lo propuesto en Lisboa, pero se apoya también esta posibilidad de actuación respecto a pequeñas y medianas empresas. 
Un tema que nos parece especialmente digno de destacar son los préstamos globales, planteados también en términos relevantes para las pequeñas y medianas empresas y que, sin duda alguna, nos van a permitir resolver dos problemas a los que algunas de sus Señorías han hecho referencia. 
En primer lugar, hacer una distribución más eficiente de los recursos. 
No olvidemos que estos préstamos globales, en este momento, son prácticamente un tercio de los nuevos préstamos del Banco. 
Y también es importante la idea de una mayor consistencia de las actuaciones del Banco con las políticas comunitarias. 
Creo que todo ello va a redundar en beneficio de las actuaciones del Banco y también de las políticas definidas. 
Un último comentario: en la página 18 del informe se pide a la Comisión que lleve a cabo una actuación de seguimiento, especialmente en lo que se refiere al capital-riesgo y en lo que se refiere al control y a la gestión de tipos de interés. 
Sobre este tema en particular, les puedo señalar que los colegas responsables de estas áreas, especialmente en lo que se refiere a asistencia externa, están analizando el tema para, de acuerdo con los criterios y comentarios que anteriormente he planteado, intentar llegar a la mejor solución posible para utilizar los fondos del Banco de la manera más eficiente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lisboa (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0034/2001) del Sr. Bullmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la reunión del Consejo Europeo de la primavera 2001: El Proceso de Lisboa y el camino que se ha de seguir (2000/2280 (INI) ), 
de la Comisión sobre el progreso desde Lisboa y futuras medidas, y 
(A5-0020/2001) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las repercusiones de la liberalización y del proceso de reformas económicas sobre el crecimiento económico en la Unión (2000/2172 (INI)) 
Señor Presidente, estimados colegas, un nuevo comienzo, estamos ante un informe importante y acertado, enhorabuena, señor Bullmann. Quisiera destacar dos puntos. 
Siempre estamos discutiendo sobre qué es lo que distingue a Europa y por qué cabe la posibilidad y la esperanza de que en el futuro podamos servir de modelo para el resto del mundo, pero necesitamos estadísticas para demostrar que realmente vamos por buen camino. 
Disponemos de instrumentos muy tradicionales como el producto nacional bruto o la tasa de desempleo, que según el último estudio del instituto IFO de Munich ha bajado del 8,1 % al 7,6 %. 
También tenemos a nuestra disposición el valor externo del euro, pero hay otros muchos indicadores que hasta la fecha no se han tenido en cuenta. 
Por eso deseo manifestar mi expreso apoyo a los puntos 24 a 29 del presente informe en los que se establece una nueva definición de la calidad de vida y de empleo. 
Dichas consideraciones redundarían sin duda en beneficio de nuestro debate. 
Las enmiendas 13 a 17 han suplido la laguna que aún quedaba por colmar, a saber, el medio ambiente, un ámbito que también parece constituir uno de los objetivos prioritarios de la Presidencia sueca y en el que todavía queda mucho por hacer. 
En respuesta al Sr. Friedrich, que ha dicho en este debate que corremos el riesgo de acumular demasiados conocimientos, yo diría que nos acecha más bien el peligro de saber demasiado poco. 
Con ello me refiero sobre todo al Parlamento, lo cual me lleva al segundo punto: el acceso a la información en el marco de los debates iniciados a raíz del Consejo de Lisboa. 
Es indigno que los documentos preparatorios de las cumbres lleguen al Parlamento a duras penas y con muchos rodeos e incluso después de que hayan sido puestos a disposición de la prensa. 
Esto no se llama colaborar sino contrariar. 
Amparándose en este escudo, precisamente cuando se trata de la participación del Parlamento, el Consejo se hace un flaco servicio. 
De este modo fomenta la deslegitimación de los dignatarios. 
Dejen que se encargue la Comisión de Asuntos Económicos, de Asuntos Sociales o de Industria. Den una oportunidad a uno de los presidentes de nuestras comisiones, por ejemplo a la Sra. Randzio-Plath. 
Señor Presidente, señores diputados, el objetivo estratégico del pleno empleo, definido por el Consejo de Lisboa, se ha alcanzado en algunas partes de la Unión Europea, mientras que aún está lejano en muchas otras. 
Esto no sólo plantea un problema de cohesión- ya que no se trata solamente de compensar a estas partes menos favorecidas- sino también el problema de administrar el desarrollo europeo en los próximos años, de modo que se promueva la difusión del desarrollo, y por lo tanto del empleo, desde las zonas más favorecidas a las menos favorecidas. 
Desde este punto de vista, invito a la Comisión a poner en común sus perspectivas económicas con la de la definición articulada de los bienes territoriales que el esquema de desarrollo espacial europeo puede permitir y dar. 
Yo animo a la Comisión y a la Unión a perseguir este pleno empleo "bueno" que queremos encontrar para Europa- "bueno" en el sentido de ser capaz de respetar los compromisos medioambientales y sociales- siguiendo el método hasta ahora utilizado de forzar la formación del mercado único, tanto entendiendo válida, en esta perspectiva, la ampliación, que ha de ser considerada no solamente un coste suplementario por la Unión, sino una oportunidad para crear mercados más amplios, en los que se pueda desarrollar mejor el método seguido hasta ahora, como liberalizando progresivamente los viejos mercados- acojo con entusiasmo la invitación, que creo deberíamos dirigirnos a nosotros mismos y al Parlamento, de aprobar pronto nuevas directivas sobre las licitaciones públicas, por ejemplo, para abrir un gran mercado hoy cerrado a la competencia europea- como impidiendo que los nuevos mercados creen una nueva situación monopolística, como, en su caso, por parte de las telecomunicaciones. 
A tal fin, tanto para liberalizar los viejos mercados, como para impedir que se creen situaciones de monopolio en los nuevos mercados, la información puede ser muy importante y una estrategia muy forzada, que ayude a los ciudadanos a participar en este proceso, sin duda puede ayudar en este sentido. 
Señor Presidente, una palabra sobre el desarrollo sostenible y el Proceso de Lisboa. 
Algunos diputados del Grupo de los Verdes ya han hecho referencia a ello esta mañana. 
Lo que convendría hacer en la Cumbre de Estocolmo es aprovechar la presencia allí de los Gobiernos para otorgar a la Comisión el mandato de que tome los resultados de la Cumbre de Gotemburgo y prepare técnicas de comparación y objetivos concretos para el Consejo Europeo de la primavera 2002 durante la Presidencia española. 
Únicamente podremos avanzar si en las técnicas de comparación el desarrollo sostenible adquiere la misma importancia que los valores económicos y sociales. 
Aprovecharé la ocasión para tratar sobre el aspecto de la liberalización, sobre el que hasta ahora no se ha reflexionado mucho en Europa. 
Necesitamos un nuevo control de las fusiones y una nueva política de competencia. 
Hemos suprimido los monopolios, pero tendremos a los mismos operadores que aparecerán como oligopolios en Europa, en caso de que no estemos dispuestos a cambiar el control de las fusiones y la política de competencia. 
Necesitamos la biodiversidad de muchos agentes pequeños y medianos y no un 'monocultivo' de ocho o diez grandes empresas eléctricas que recurrirán al chantaje de los responsables políticos como ya hicieran anteriormente en las estructuras monopolísticas. 
Señor Presidente, Señorías, una evaluación cuidadosa del seguimiento dado a la llamada estrategia de Lisboa revela claramente que aquella Cumbre, que pretendió presentarse como defensora del empleo, fue, de hecho, un fuerte impulso a la aceleración del proceso de liberalización de sectores fundamentales de la economía, y ahora la Comisión pone de relieve en su informe los que considera "buenos resultados" conseguidos respecto de la liberalización de la red de telecomunicaciones, la creación de un marco legislativo para el comercio electrónico y la formulación del estatuto de la sociedad europea y, simultáneamente, lamenta los que considera retrasos en lo relativo a la reglamentación de los contratos públicos, la liberalización de los mercados del gas, la electricidad, los transportes y los servicios postales. 
Es decir, que la Comisión insiste en la necesidad de avanzar aún más rápidamente en la liberalización completa de los más diversos sectores, incluidos los servicios públicos, y en un avance más acelerado en el mercado de capitales, incluida la reglamentación de los servicios financieros, con el objetivo de incentivar los fondos de pensiones y de otra índole, a costa de mayores ataques a la seguridad social pública y a otros servicios públicos esenciales, en particular en los sectores de la salud y la educación y las comunicaciones. 
Entretanto, en la esfera social, a pesar de las declaraciones de intenciones, se aplazan decisiones fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores, como ayer, sin ir más lejos, se debatió aquí a propósito de las reestructuraciones industriales. 
Simultáneamente, se reiteran declaraciones sobre la necesidad de creación de un mercado laboral más flexible, con mayor movilidad y adaptabilidad- entiéndase: empleo más precario -, con menos derechos para los trabajadores, aunque se reconozca que el desempleo es aún demasiado elevado y que es inaceptable la persistencia de la pobreza y la exclusión social al comienzo del nuevo milenio. 
Así, pues, es necesario, señor Presidente, Señorías y señor Comisario, modificar estas políticas y no dar meras pinceladas, más o menos rosadas o verdosas, sino cambiar la política de fondo en esa esfera. 
Señor Presidente, sólo cabe comprobar que la presidencia sueca, que dijo dar prioridad al empleo, opta por dedicarse a otras cosas y no participar en este importante debate sobre los temas que se discutirán en la Cumbre de Estocolmo, pero me alegra que la Comisión esté representada. 
La Presidencia me informa de que no podrá llegar antes de las 16.00 horas porque- aunque parezca mentira- está reunida con el grupo de contacto para tratar sobre el Estatuto de los diputados, lo cual es comprensible teniendo en cuenta las circunstancias y el tiempo que pasan en Estrasburgo. 
Por lo tanto, no está presente, pero se unirá a nosotros lo antes posible. 
Señor Presidente, permítame añadir, en ese caso, que me alegra enormemente haber planteado la cuestión, porque le ha dado la oportunidad de ofrecer una buena excusa en nombre de la Presidencia sueca. 
Creo que es un error que se redacten documentos tan largos, amplios y contradictorios como el informe Bullmann, que corren el riesgo de no ser tomados en serio. 
También creo que es un error reducir asuntos tales como el empleo, el crecimiento y la competitividad a meras operaciones estadísticas. 
Está claro que se necesitan indicadores para evaluar y comparar, pero exagerar de esta manera nos recuerda a "Gosplan". 
Colegas, representante ausente del Consejo, Comisarios, no es necesario ser político para ver cómo crecen la impotencia y las desigualdades en nuestras sociedades. 
Existen enormes grupos de trabajadores pobres, todavía hay desempleados de larga duración que dependen de subvenciones e individuos y familias marginales en Europa. 
Simultáneamente, la UE todavía no puede compararse con EE.UU. en la creación de puestos de trabajo, en la investigación, en el desarrollo y en el crecimiento demográfico. 
Creo que ir a la caza de indicadores y seguir hablando de empleo sólo retrasan la renovación y liberalización que necesitan los mercados europeos. 
El proceso de Lisboa presupone que se pase de las palabras a los hechos. 
Ya ha pasado un año de los diez. 
Por eso, hoy pido a la Presidencia que en la Cumbre de Estocolmo presente objetivos concretos. 
Ya no se trata de marcar rumbos o calendarios, como se dijo esta mañana. 
¿Qué decisiones necesitan ustedes para aumentar la competitividad en Europa? 
Creo que Suecia tiene una magnífica oportunidad para demostrar su liderato. 
Aunque con algunas dudas, el gobierno socialdemócrata ha continuado la exitosa línea de liberalizaciones comenzada por el gobierno conservador a comienzos de la década de los noventa. 
Gracias a una política progresista, entre otras cosas abriendo los mercados, el empresariado sueco puede demostrar hoy considerables éxitos, tanto en la antigua como en la nueva economía. 
Con ayuda de esto, la Presidencia podría fijar una agenda moderna para que la UE pueda cumplir con sus nobles objetivos. 
Tanto el Consejo como la Comisión se han ocupado hoy del desarrollo demográfico en la Unión. 
Por este motivo, me pregunto si la Comisión va a tomar iniciativas para estimular la inmigración de mano de obra a los países comunitarios. 
Ayer escuché a la Sra. Ekström, Secretaria de Estado responsable de la Cumbre de Estocolmo. 
Ella añadía importantes elementos al debate sobre el crecimiento, entre otros, el significado del comercio. 
Esto es excelente, ya que éste es primordial, tanto para el crecimiento como para la solidaridad. 
Por ese motivo me pregunto si la Comisión y el Consejo podrían decir cómo hacer para que progresen los trabajos para aumentar el comercio y disminuir las trabas aduaneras durante la Presidencia sueca. 
En este contexto también sería interesante escuchar si el Consejo todavía piensa que el impuesto Tobin es de carácter nacional y que no debe discutirse en esta Asamblea. 
En su comunicación, la Comisión menciona la necesidad de simplificar las reglas en la Unión. 
Pensando en la votación del espantoso informe Miller y en la antigua directiva sobre autobuses, espero que sea la última vez que tengamos que enfrentarnos a este tipo de cosas. 
Está bien que se escriba que las normas deben simplificarse, pero entonces la Comisión también tiene que demostrar que puede hacerlo. 
Finalmente quisiera decir que el crecimiento económico está relacionado con el empleo y con la protección social. 
Una buena economía es la condición del bienestar. 
Sin embargo, los políticos y las estadísticas no crean protección social. 
Con una buena economía y con empresas con buenos resultados, la Unión podrá crear cohesión y protección social en una nueva era. 
Señor Presidente, debemos repensar ya la futura política de cohesión con vistas a los retos derivados de la ampliación a los países de Europa Central y Oriental. 
La ampliación se traducirá en un fuerte aumento de población y de extensión geográfica, pero también en un peligroso incremento de las disparidades territoriales. 
Porque las estadísticas son engañosas y una región que ahora presenta una renta per cápita del 70% de la media comunitaria no habrá mejorado su situación cuando, tras la ampliación, ese porcentaje suba 10 ó 15 puntos. 
La renta es un elemento definitorio del desarrollo de las regiones pero no debe ser el único. 
Para un nuevo período de programación debemos contar con nuevos indicadores que reflejen la complejidad creciente de nuestras sociedades y de la economía de nuestras regiones: el índice de paro, especialmente el referido a mujeres jóvenes y a parados de larga duración; la dependencia de las regiones respecto a sectores en crisis, como la siderurgia o la pesca; la baja cualificación de los trabajadores; la poca formación profesional o educación; la limitada diversificación económica; la realidad demográfica; la poca presencia de las nuevas tecnologías o la poca integración de las mujeres en la sociedad de las regiones menos desarrolladas, que es una causa de su retraso. 
La cohesión no ha de limitarse a los Fondos estructurales. 
Todas las políticas de la Unión tienen que responder a esta finalidad, contribuyendo a mejorar la competitividad en las regiones más atrasadas y contribuyendo a crear más puestos de trabajo y más cualificados. 
La Unión tendrá que incidir en aquellas áreas en donde sea preciso un estímulo que no constituya un fuerte desembolso. 
Un estímulo que suponga una regeneración y un aumento de la competitividad y de la productividad. 
La Comisión deberá tener más capacidad de intervención y una visión de conjunto, y las iniciativas comunitarias deberán estar mejor dotadas, en mi opinión, en el próximo período. 
Igualmente- en mi opinión, también- deberíamos repensarnos su número. 
Señor Presidente, Señorías, mi intervención se refiere a los puntos 9 a 12 del informe de nuestro colega Sr. Gasoliba I Böhm. 
Mi propósito es precisar nuestro enfoque del concepto de servicio universal. 
El servicio universal debe definirse en relación con el nuevo entorno tecnológico. 
La evolución actual- en particular de las tecnologías de la información y de la comunicación, todas las cuales convergen en la tecnología digital- constituye un catalizador ineludible. 
Corresponde al poder público superar el desafío permitiendo a cada ciudadano, independientemente de su situación, beneficiarse de forma equitativa y en función de sus necesidades de una calidad de servicio idéntica. 
Ahí reside la ventaja del servicio universal. 
De hecho, los desarrollos tecnológicos permiten pensar el servicio universal de forma ofensiva y voluntarista, y no concebirlo de forma defensiva y desapegada, como un conjunto restringido de servicios públicos, a menudo mediocres, a los cuales se evita cuidadosamente recurrir, salvo si no queda más remedio. 
Así, las perspectivas que ofrecerá a medio plazo la generalización en el espacio europeo de los nuevos documentos de identidad de tipo "smart card", conducen a una redefinición y un reajuste del servicio universal, polarizado en dos vectores de cambio: un servicio level agreement y un content riche. 
Lo que deseamos es que se evolucione efectivamente en este sentido, para que el servicio universal pueda contribuir a la realización equilibrada de lo que se fijó como objetivo estratégico en el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa en marzo de 2000. 
Señor Presidente, sobre el informe del impacto de la liberalización y del proceso de reformas económicas, nuestra opinión no puede ser sino muy crítica. 
Y no es porque no compartamos ideas generales sobre los grandes objetivos de política económica, sino porque aquí, so pretexto de liberalización, se nos pretende encaminar por vías que, en lugar de aumentar el bienestar de nuestras sociedades, van haciendo más profundas las desigualdades sociales en sociedades pretendidamente más avanzadas. 
En el informe que comentamos hay suficientes referencias genéricas al modelo de los Estados Unidos y frases que se han convertido en tabla de ley de la derecha económica que no pueden ser aceptadas de forma acrítica por aquellos que pretendemos mantener un balance entre los grandes objetivos económicos y la construcción de sociedades más justas. 
Y esta postura progresista es inconciliable con afirmaciones que se hacen en este informe. 
No solamente con éstas a que acabo de referirme, sino con otras como pueden ser la afirmación que se hace respecto de la reforma del mercado laboral, cuando se dice textualmente "acometer una reforma del mercado laboral que promueva la movilidad y haga que a los desempleados les merezca la pena aceptar las ofertas de empleo". 
Esto es tratar- y lo digo con todo el respeto al Sr. Gasòliba i Böhm- a los desempleados como si fueran unos parásitos. 
La clave para alcanzar el equilibrio entre objetivos económicos, competitividad y cohesión y justicia social no está en esa pretendida liberalización, sino en diseñar y poner en práctica políticas que hagan más eficaces nuestros sistemas económicos, extraer de otras economías- copiarlo si es preciso- aquello que nos pueda hacer avanzar en esta doble dirección. 
No queremos modelos como el de los Estados Unidos, que nos lleven a mayores desequilibrios e injusticias sociales o a rotundos desastres, como el de la liberalización del sector eléctrico en California. 
¿Por qué no copian ustedes, de paso, las políticas del Tesoro americano y abandonan el modelo de actuación del Banco Central Europeo, que tanto daño nos ha hecho en el pasado? 
El ponente ha hecho referencia, de pasada, esta mañana a la existencia de países europeos con modelos interesantes. 
¡Claro que los hay! , pero, ¿por qué no se pone énfasis en ello? 
Porque no interesa o, mejor dicho, no les interesa a aquellos que hablan de la liberalización a ultranza sin reparar en las consecuencias. 
Señor Presidente, quiero mencionar tres cuestiones de cara a la cumbre de Estocolmo. 
En primer lugar, considero que no es responsable que esta discusión sea seguida aquí, a iniciativa del Parlamento, sin que exista en este momento un documento de la Comisión. 
Si se convoca una cumbre en Estocolmo sobre los problemas socioeconómicos, y se repite cada año, supongo que- y espero que la Presidencia sueca tome una decisión al respecto- contemos cada año con un documento de la Comisión sobre el que pueda celebrarse primero un debate en este Parlamento. 
Lo hemos hecho ahora, pero por iniciativa propia. 
Por ello, se pide un acuerdo interinstitucional al respecto en el informe que debatimos. 
La segunda cuestión se refiere a la protección social. 
Ya lo han dicho aquí algunos colegas, el tema de la protección social es nuevo. Ha tardado diez años en pasar a formar parte definitivamente del ámbito político. 
Ha sucedido ahora. No obstante, se trata de un comienzo muy tímido. 
Empezar por establecer indicadores es un buen comienzo, pero no puede ser, por supuesto, el paso definitivo. 
Éste debería consistir en un proceso similar al que hemos seguido para el empleo. 
Es decir, también deberíamos poder llegar a adoptar directrices. Espero que Estocolmo también suponga un paso más en este sentido. 
La última cuestión es la relativa al empleo. 
Efectivamente, hay muchos desempleados en Europa y siempre me sorprende que se diga que tenemos una necesidad absoluta de inmigrantes. 
Algunos dicen que son necesarios para las funciones cualitativamente más elevadas y otros piensan que para las menos cualificadas. 
En primer lugar, deberíamos formar a nuestros propios parados y las funciones menos cualificadas deberían revaluarse, de tal forma que nuestros propios ciudadanos sean, al menos, los primeros en aceptar este trabajo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, el informe Bullmann, del que comparto la línea política y todas las propuestas, y el mismo informe Gasòliba i Böhm, han destacado algunos de los objetivos cualitativos que deberían encontrar en el Consejo Europeo de primavera una salida en términos de decisiones vinculantes. 
Entre éstos, querría señalar la importancia de algunas iniciativas que se refieren a los sectores que estaban en el centro de las indicaciones de los Consejos de Lisboa y de Feira, pero en los que registramos todavía grandes retrasos, como reconocía el Presidente Prodi en su exposición de ayer: ante todo, la coordinación de las políticas de investigación y desarrollo. 
Mientras la Comisión europea ha preparado en este sector algunas iniciativas y proyectos europeos de gran importancia, falta todavía una coordinación efectiva de los programas nacionales y los proyectos públicos y privados que se establecen en cada país. 
Se produce así una situación en la que los muy limitados recursos financieros nacionales a menudo son utilizados para financiar duplicidades o inversiones dispersivas y en la que falta la adopción de algunas prioridades compartidas. 
Querría preguntar a la Comisión si no pretende dar un impulso efectivo a la aplicación del instrumento de las coordinaciones abiertas, adoptado por el Consejo de Lisboa. 
Esto es posible si la Comisión, sobre la base de sus conocimientos de los programas y los proyectos nacionales existentes, se constituye en promotora y monitora de formas de cooperación abierta entre algunos de los Estados miembros, en torno a precisos objetivos prioritarios, poniendo así a prueba la voluntad de cooperación y convergencia de los gobiernos nacionales en la construcción de un espacio europeo de la investigación. 
En segundo lugar, la puesta en marcha en la Unión- también en este caso sobre la base de algunos experimentos de coordinación abierta- de un sistema de formación y adiestramiento a lo largo de toda la vida. 
Justamente reivindicamos, también en el informe del Sr. Bullmann, una combinación entre flexibilidad, movilidad y seguridad en las políticas de empleo, de modo que se eviten nuevas formas de precariedad y exclusión, tanto entre los jóvenes y las mujeres como entre los trabajadores más antiguos. 
Ahora, no conozco otra forma de seguridad, que pueda aplicarse en un mercado laboral marcado por la flexibilidad y por la movilidad, si no es la que proviene de una posibilidad de empleo garantizado por un proceso permanente de formación y adiestramiento. 
Poner en marcha un sistema como éste a favor del mayor número posible de trabajadoras y trabajadores vencería las resistencias que se manifestaran en muchos sectores, puesto que el carácter provisional de un empleo- éste es el dato de muchas realidades de nuestro mercado de trabajo- induce a las empresas a no invertir en el capital humano. 
Todo eso quiere decir movilizar recursos imponentes y fuertes voluntades subjetivas, que solamente se pueden encontrar si se construye una cooperación efectiva entre la Unión europea y los Estados nacionales, por un lado y las empresas y los trabajadores, por el otro. 
También de este modo será posible establecer las condiciones para que el Consejo de primavera se convierta en un momento importante... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, me alegra que haya llegado la Presidencia sueca. 
Espero que realice un buen trabajo respecto del estatuto de los diputados, ya que nos morimos por él. 
Primero, mi felicitación al colega Gasòliba i Böhm por su magnífico informe. En él recapitula muy claramente todas nuestras ambiciones. 
Queremos convertirnos en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, dijeron nuestros dirigentes en Lisboa. 
Después, se fueron a casa, bebieron algo, fueron al baño y todo está como hace un año. 
Siempre tengo curiosidad por ver cómo lo traducen. 
Todavía tenemos una burocracia asfixiante. 
Los intentos de liberalizar e introducir reglas más simples para las PYMEs fracasan una y otra vez por los intereses nacionales cortos de miras ¡Ay, señor Presidente! 
Sí sueño por la noche con ello, pero me despierto siempre con los gritos. 
A fin de racionalizar la legislación, no sólo debemos examinar lo que hacemos aquí, sino también cómo queda una directiva tras los procesos nacionales de transposición. 
Una ley aduanera única y clara parece convertirse de repente en una reglamentación de tres tomos gruesos. 
Por otra parte, considero que la fiche d ' impact debe recobrar un nuevo impulso. 
No debe seguir siendo una estimación superficial, sino una verdadera prueba para las empresas. Una prueba de cómo afectará una determinada ley al sector privado. 
El problema de Europa, señor Presidente, debo decirlo alguna vez después de llevar once años en este Parlamento, es que siempre me impresiona lo que se dice aquí, pero nunca me impresionan los hechos. 
Menciono el ejemplo de la liberalización del correo. 
No sólo el Parlamento, también el Consejo, que celebró explícitamente en Lisboa la liberalización, retroceden un paso antes de darlo. 
Si comparamos la situación de Europa con la de Estados Unidos, resulta que la cuestión está todavía estancada en Europa en algunos ámbitos. 
Falta todavía mucho tiempo antes de que Europa pueda encabezar la economía mundial ahora que parece que el liderazgo de los EE.UU. se ha paralizado por el momento. 
Los países centrales de Europa: Francia, Alemania e Italia han disfrutado de las ventajas de un euro barato y no han efectuado ningún cambio estructural ni en sus mercados de trabajo ni en sus economías. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señorías, la política económica en Europa ha cosechado un gran éxito y un gran fracaso. 
El éxito, claro está, es la moneda única; el fracaso es nuestra incapacidad hasta hoy de absorber el paro, de lograr el pleno empleo. 
Y nos preguntamos por qué si hemos sido capaces de conseguir lo uno, no somos capaces de conseguir lo otro. 
Desde esta perspectiva, quisiera felicitar a nuestro ponente, el Sr. Bullmann, tanto por la profesionalidad de su trabajo, como por su entusiasmo ante las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa, que se proponen tender un puente de nuestro éxito en el ámbito monetario a un éxito similar en el ámbito de lo tangible y material, en el ámbito de la economía real. 
Si definimos, señor Presidente, Europa no con fronteras políticas, sino con la lógica de sus fronteras económicas; si incluimos de este modo a Europa Oriental, Rusia y África del Norte, observamos que disponemos del mayor mercado del mundo, con la mayor renta per capita y con la mayor concentración de trabajadores educados. 
Ni en América Latina, ni en Asia, ni en el conjunto de América se dan cita estos tres elementos. 
Con estas bases podemos hacer maravillas, y desde esta perspectiva los objetivos de Lisboa se encuentran a la altura de nuestras posibilidades. 
La cuestión es si las políticas para alcanzar esos objetivos se encuentran a la misma altura. 
Tengo la sensación, señor Presidente, de que en el asunto de la aplicación estamos exageradamente impresionados por el gran éxito del proceso de convergencia nominal. 
Pero, no estoy seguro de que estemos trasladando correctamente la experiencia a la economía real. 
La vigilancia mutua, la célebre peer pressure (presión de grupo) , que queremos ahora trasladar a la economía real, no era el único elemento. 
No debemos olvidar los otros elementos, es decir, el objetivo simple y puro, cuantitativamente definido, bajar la inflación. 
No debemos olvidar que en el caso del euro había en el horizonte una ratificación bien precisa, fijada en el tiempo: o subías al tren, o el tren se iba sin ti. 
No debemos olvidar que el objetivo de la reducción de la inflación había cobrado prioridad absoluta, y funcionaba, de acuerdo, claro está, con mi estimación personal, en perjuicio incluso del empleo. 
Si queremos un verdadero traslado a la economía real del método entonces seguido, deberíamos aplicar la sabiduría del objetivo cuantitativo simple y del instrumento simple. 
No se requiere gran sabiduría para definirlo. 
El objetivo es el pleno empleo; el medio, el aumento de la cantidad y la calidad de las inversiones. 
Este par tiene la virtud añadida de ser capaz de resolver indirectamente, en passant, como se dice en ajedrez, el segundo gran propósito, el progreso tecnológico. 
Deberíamos, sin embargo estar decididos a conceder a estos objetivos la misma prioridad absoluta que concedimos a la estabilidad legal. 
No estoy seguro de que estemos decididos a hacerlo. 
La cuantificación de los indicadores constituye, sin duda, cierto avance, pero, incluso ahí es significativo el hecho de que no haya indicadores analíticos detallados; la Comisión, señor Comisario, no propone indicadores analíticos de las inversiones, públicas, privadas, de infraestructura, tantas cosas que querríamos impulsar. 
Y, a pesar de los loables esfuerzos del ponente, quisiera recalcar que la multiplicación de indicadores cuantitativos no es la salida, pues podríamos encontrarnos ante el caso de la frase del Evangelio; alguien podría decirle un día a la Comisión: Ìarta, Ìarta, te afanas y te inquietas por atender a muchas cosas, cuando... 
(El orador es interrumpido por el Presidente) 
Señor Presidente, señores diputados, he querido tomar hoy la palabra para expresar una preocupación, que también nosotros tenemos, en relación con los resultados que podemos obtener como consecuencia de las decisiones de Lisboa. 
Sobre todo, con vistas a la cumbre por el empleo prevista en Estocolmo, creo que es necesario formular algunas valoraciones que puedan, de algún modo, ayudar a encauzar mejor la valoración de los objetivos que se van alcanzando poco a poco, además de subrayar la exigencia de intervenir con fuerza y con rapidez cuando estos objetivos no sean alcanzados. 
Es verdad- muchos colegas lo han afirmado- que, en Lisboa, se ha planteado un objetivo muy importante: el de tener una Europa competitiva y dinámica y, sobre todo, una sociedad europea basada en el conocimiento. 
De alguna forma, también se ha decidido poner en confrontación nuestros éxitos y también, si queremos, nuestros defectos, con otra gran economía, como es la estadounidense. 
Hoy por hoy, los datos de los Estados Unidos son para nosotros un objetivo por alcanzar, tanto en el campo del empleo como, de algún modo, en el campo del desarrollo y el crecimiento económico, teniendo en cuenta sin duda que nosotros tenemos una sociedad y una comunidad absoluta y completamente diferentes, cosa que no debe ser olvidada. 
También yo creo que los objetivos del pleno empleo, del respeto a una economía social de mercado y la exigencia de mirar y de ir con rapidez hacia la liberalización en muchos sectores es un objetivo que debemos y podemos ponernos. 
Pero también creo que, en Europa, se han de tener en cuenta dos cosas: la primera es que existen realidades completamente diferentes las unas de las otras, donde los problemas que nosotros nos proponemos solucionar ya han sido solucionados y que afrontar realidades diferentes con reglas iguales no parece... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, comprendo las virtudes del benchmarking en nuestra reflexión económica. 
Sin embargo, pido a nuestros colegas Peijs, Carlsson y a todos los que sin cesar nos ponen como ejemplo el modelo norteamericano que pregunten a los californianos qué piensan de las virtudes de la liberalización y de la interrupción de un servicio público tan esencial como el suministro eléctrico en una economía moderna del siglo XXI. 
Me parece que los informes que examinamos hoy, si se dirigen a consolidar el crecimiento en nuestro continente, son buenos informes. 
Parten de la idea de que el crecimiento debe apoyarse con reformas estructurales. 
Compartimos ese punto de vista, siempre que dichas reformas estructurales se adecuen a un objetivo que es también nuestro objetivo esencial y que ha recordado la presidenta de nuestra comisión, Sra. Christa Randzio-Plath: la reforma social debe conducir a una mayor integración social. 
No hay política económica sin este objetivo. 
Esperamos que Estocolomo sea también una cita para recordar que la estrategia del pleno empleo es quizás, por fin, una estrategia posible en Europa. 
Desde este punto de vista, el informe de nuestro compañero Sr. Gasòliba i Böhm refleja en ocasiones, a nuestro entender, un enfoque muy liberal. 
Sin embargo, la liberalización sólo puede ser progresiva, debe ir necesariamente acompañada de procesos de regulación. 
Tampoco podrá efectuarse sin daños si no se mantienen los objetivos de la Unión Europea en materia de cohesión social y territorial. 
Desde este punto de vista, deseamos que se realicen progresos significativos para la redacción de una directiva marco sobre los servicios de interés general. 
Pedimos a quienes defienden una liberalización excesiva y un calendario acelerado para la liberalización del sector de la electricidad y el gas que presten mucha atención cuando se trate del sector postal o del ferrocarril, sobre los cuales descansa también la cohesión social y territorial de nuestros países. 
Señor Presidente, me alegro de que el Presidente en ejercicio del Consejo se encuentre de nuevo en la sala. 
Con todo mi respeto por su persona habría, no obstante, preferido que a la vista de la manifiesta preocupación sueca por la igualdad de oportunidades hubiera estado con nosotros la Secretaria de Estado Ekström. 
Ayer asistió a la sesión común de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Paso ahora a comentar el informe BULLMANN. En Lisboa el Consejo decidió convertir a la UE en la potencia económica más competitiva del mundo en el año 2010. 
¿Fue eso una mera fanfarronería? 
Sea como fuere, los augurios son buenos ya que se han creado cuatro millones de puestos de trabajo nuevos en cuatro años, sobre todo para personas altamente cualificadas y expertos en tecnologías de la información y de la comunicación. 
Ha nacido una nueva dinámica gracias a los mercados laborales flexibles, pero aún no todo el mundo se ha subido al tren. 
Existen grandes diferencias entre regiones: unas se caracterizan por elevadas tasas de empleo y amplios márgenes de acción para las empresas y otras sufren un creciente desempleo con la consecuencia de que sus habitantes están obligados a abandonar su tierra por razones económicas. 
Nosotros queremos, sin embargo, que la Comunidad se fundamente en la cohesión económica y social y en unas medidas activas en el ámbito del mercado de trabajo. 
Éstas quedan reflejadas en los cuatro pilares del proceso de Luxemburgo. 
Está claro cuál ha de ser la prioridad: fomentar las PYME innovadoras. 
Disponemos de los instrumentos necesarios para abrir nuevas perspectivas y crear puestos de trabajo, pero para ello necesitamos eliminar los impedimentos burocráticos, jurídicos y fiscales y facilitar el acceso al capital riesgo. 
Al transponer las orientaciones en los planes nacionales de acción la tasa de empleo en la UE podrá alcanzar el 70%. 
Es necesario que se produzcan saltos cuánticos en materia de escolarización y formación. 
Desde este punto de vista hemos de conceder especial atención a la revalorización de la formación profesional, la aplicación de nuestro concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, la mejora de las condiciones generales que rigen las actividades transfronterizas y el fomento de la movilidad a través de un sistema de formación común para nuestros hijos y el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en toda Europa. 
De conformidad con el procedimiento Hughes, las consideraciones del informe BULLMANN han sido reunidas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las del informe COCILOVO en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Aunque no acatemos todos los detalles, el presente informe final merece nuestro apoyo. 
Los principios contenidos en el informe del Sr. Bullmann corresponden a las ideas fundamentales de Lisboa que se concretizarán en la Cumbre de Estocolmo en la primavera. 
Esos principios, para que Europa alcance su anhelo de ser líder mundial en desarrollo económico y crecimiento, son tan necesarios como el desarrollo de la dimensión social; ésta es, por decirlo de algún modo, la esencia del asunto. 
El equilibrio es decisivo para que logremos realizar nuestras estrategias y para que la UE goce de mayor arraigo y comprensión popular, especialmente a la hora de la ampliación. 
Por una parte, los liberales de derechas dicen que la Unión es necesaria para desregular y abrir los mercados, para crear libre comercio, etcétera. 
Por el contrario, la lucha contra el desempleo y el desarrollo del bienestar social serían materias nacionales. 
Implícitamente dicen entonces que se podrían vaciar de contenido el derecho laboral y la injerencia de los trabajadores y que sería posible desarmar la política de bienestar sin que la UE se entrometa en el asunto. 
Por otra parte, algunos políticos del Grupo GUE intervienen para atacar el informe Bullmann diciendo que habla demasiado de liberalización y de competencia. 
Por esa razón, celebro que hayamos alcanzado una amplia mayoría- excluyendo los extremos de la derecha y de la izquierda- entre los que opinan que es necesario el desarrollo de una dimensión social en una política económica exitosa. 
Pero esto no implica necesariamente que la Unión absorba la facultad legislativa de los Estados miembros, aunque el método abierto de coordinación obviamente no lo excluye. 
Lo más importante es que desarrollemos los mismos objetivos. 
Esos objetivos tienen que cubrir tanto las liberalizaciones como los objetivos comunes para resolver los problemas de desempleo y de exclusión social. 
Pero no olvidemos la importancia de esto en la ampliación, donde el informe Bullmann resulta aún más decisivo. 
Los nuevos países miembros necesitan un desarrollo paralelo del crecimiento, del bienestar, de los derechos sociales y de la participación de los ciudadanos y los trabajadores. 
Señor Presidente, en la Cumbre de Lisboa el pleno empleo quedó definido como el principal objetivo político. 
El informe del Sr. Bullmann, del que hablaré a continuación, merece mi expreso apoyo al afirmar que las orientaciones en materia de política de empleo formuladas por primera vez en la Conferencia de Empleo de Luxemburgo en 1997 sientan las bases para dicha meta. 
Felicito al ponente por su excelente trabajo. 
Es cierto que en el futuro tendremos que establecer más indicadores cualitativos a fin de tener en cuenta factores como la diversidad de los puestos de trabajo, el derecho mínimo del trabajador a participar en la configuración de los mismos y la utilización de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales exige con razón que este método se aplique asimismo en la lucha contra el desempleo juvenil, como ha formulado acertadamente el ponente de opinión, el Sr. Cocilovo. 
Es importante que los objetivos perseguidos en el ámbito de la política de empleo se ajusten a la realidad económica. 
Nosotros, los miembros del Grupo del PPE, no perseguiremos quimeras. 
Cada día estamos más cerca de la sociedad de servicios y del conocimiento. 
Por eso mismo, todas las iniciativas destinadas a promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la reforma de los sistemas educativos se encaminan en la buena dirección. 
Es algo que usted ha expresado muy bien esta mañana, señor Bullmann. 
Solemos evocar nuestras metas en materia de empleo en discursos solemnes. 
Se recogen en numerosos documentos, en orientaciones europeas, en planes nacionales de acción, y siempre están maravillosamente formuladas, pero es importante que no se queden en papel mojado. 
Ahora se trata de llevarlas a la práctica. 
El PPE juzgará al Consejo Europeo de primavera por su contribución al objetivo de lograr la aplicación práctica de las propuestas formuladas. 
Una cumbre dedicada a la retórica no nos sirve de nada. 
De todas formas, estoy convencido de que el Consejo de Estocolmo irá más allá de las palabras bonitas, ¡puesto que no necesitamos declaraciones de intenciones sino acción! 
. 
Señor Presidente, en primer lugar, querría agradecer a los ponentes y a los múltiples intervinientes sus aportaciones al debate. 
Voy a intentar hacer algunos comentarios. 
El debate ha sido muy rico en ideas, muy variado y en él se han planteado múltiples aspectos. 
En primer lugar, insistiría en un punto que me parece fundamental y es que, obviamente, Lisboa no ha cambiado sus objetivos, a saber, el pleno empleo y la modernización de nuestra sociedad, sin olvidar el respeto de nuestro sistema social y una alta cohesión. 
Cuando analizamos las cifras de empleo, queda claro cuáles son los resultados conseguidos. 
Podemos hablar de inversión pública, como algunos de ustedes han hecho. 
Pero para nosotros lo relevante es la estrategia global. 
Cuando analizamos la estrategia global, y ése es el contenido del informe de síntesis, se insiste en la necesidad de avanzar simultáneamente en las distintas áreas, para conseguir los objetivos que hemos previsto en Lisboa. 
Por ejemplo, las grandes orientaciones de política económica del año 2000 modifican ya, de forma sustancial, su estructura histórica, para incluir, en las diversas políticas, aquellas medidas que son consecuencia de la estrategia definida en Lisboa. 
Evidentemente, Lisboa se basa en la idea que todos o muchos de ustedes han destacado de una sociedad con una economía dinámica y cohesionada a la que yo acabo de hacer referencia. 
Y eso implica avances en innovación, en educación, en formación, en liberalización, también en una regulación adecuada y, desde luego, en todo el sistema de protección social. 
Ni estos instrumentos ni estas políticas tienen vida por sí mismas; existe una interrelación entre todas ellas. 
No es un equilibrio entre las distintas políticas, es más bien una sinergia entre distintas políticas que al final nos debe permitir llegar a los resultados deseados. 
Si analizamos el informe, se expone con claridad que hemos avanzado desde entonces. 
Creo que no se puede ser tan negativo, como lo han sido algunos de ustedes, diciendo: "nada se ha hecho". 
Creo que se han hecho bastantes cosas, hablemos de liberalización o hablemos de resultados económicos. 
También es cierto que no se han hecho muchas otras y por ello, en nuestro informe, definimos unas prioridades que consideramos fundamentales para un futuro inmediato. 
Hay un punto que me parece interesante. 
Se ha suscitado, a lo largo del debate y especialmente en la primera parte de la mañana, y es el papel de los indicadores en relación con los objetivos que pretendemos. 
Es cierto que los indicadores no deben ser considerados como una especie de inventario de tomas de posiciones en políticas concretas. 
Es cierto que los indicadores no son objetivos en sí mismos, son instrumentos que nos deben permitir avanzar e interpretar la realidad de forma más global y más correcta. 
Contrariamente a lo que algunos de ustedes han indicado, es importante tener indicadores que por sí mismos nos dan una realidad de nuestra propia situación. 
Sin duda alguna, la comparación con otros modelos es útil. 
Qué duda cabe de que comparar, por ejemplo, algunas tasas de penetración tecnológica en la Unión Europea y en Estados Unidos nos va a dar una medida de dónde estamos, respecto al país más avanzado en estos temas. 
Hacer una comparación parcial, sólo en algunas cosas y no en todo el modelo, entre ambas economías puede dar lugar a interpretaciones no siempre correctas. 
En todo caso, cuando estamos hablando de indicadores comparativos siempre hay una dificultad y es que, en muchas ocasiones, no disponemos de indicadores suficientemente homogéneos para que las realidades que estamos comparando puedan ser conocidas a través de estas cifras. 
Ustedes han debatido también, a lo largo de la mañana, si el número de indicadores resultaba excesivo. 
Es verdad que una reducción del número de indicadores daría más visibilidad al informe; permitiría, en términos de opinión pública, enviar mensajes más claros y más directos. 
Pero también es cierto que un número menor de indicadores haría mucho más difícil la interpretación de la realidad que pretendemos conocer. 
La existencia de 28 indicadores, clasificados en los cuatro objetivos fundamentales de Lisboa, pensamos que es el mínimo necesario para un buen conocimiento de dónde nos encontramos en el momento actual. 
Es verdad, sin embargo, que concebimos los indicadores, como he dicho antes, como un instrumento de trabajo. 
No es un instrumento que necesariamente tenga que ser permanente, pues la realidad y un mejor conocimiento de la misma nos van a imponer una revisión de los indicadores de forma continua, posiblemente cambiando algunos de ellos a lo largo del proceso que hemos iniciado con Lisboa. 
Un tema que me parece interesante, y que ha sido suscitado por algunos de ustedes, es en qué medida se puede conseguir una mayor participación del Parlamento en todo este debate mediante un acuerdo institucional. 
Creo que en estos momentos disponemos ya de suficientes instrumentos, para las relaciones entre la Comisión y el Parlamento por lo menos, para poder avanzar en nuestro trabajo común. 
En todo caso, el acuerdo institucional debería incluir también el Consejo. 
Me gustaría destacar un punto: la participación tanto del Parlamento como de las opiniones públicas, en el debate europeo, está siempre abierta. 
Por parte de la Comisión se ha tomado la iniciativa por ejemplo de las entrevistas económicas, que se mantienen una vez al año y cuyo objetivo fundamental es realizar un análisis de la situación económica europea, precisamente en un mundo global y en una comparación con el contexto de aquellos países de referencia para nuestra situación. 
Este tema siempre está abierto al Parlamento y, lógicamente, esperamos su cooperación en este año como la tuvimos en el pasado. 
Otro punto que me parece también interesante es el del ámbito del informe de síntesis. 
He visto, como mínimo, dos referencias que me parecen de interés: ¿por qué no hablamos de desarrollo sostenible? , ¿qué sucede con la ampliación de la Unión Europea? 
¿No convendría hacer una referencia a ambos temas? 
Por su parte, el desarrollo sostenible será el objetivo de Gotemburgo; por lo tanto, únicamente hay una referencia clara en el actual informe, que indica que las dimensiones económicas y sociales de Lisboa tendrán que completarse mediante la integración de la dimensión medioambiental, que contribuirá a una estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. 
Estamos, pues, hablando de una posibilidad abierta después de Gotemburgo y que, sin duda alguna, se plasmará en la realidad de los debates futuros. 
Un problema distinto es el problema de la ampliación, donde hay también una referencia clara: la economía de la Unión Europea no sólo debe tomar en cuenta este elemento esencial, sino que todo nuestro diseño debe partir de la consideración de que la Unión se ampliará en un plazo de tiempo relativamente corto. 
La Unión Europea debe tomar este elemento como referencia, pero también los países candidatos deberían implicarse en la estrategia de Lisboa, asumiendo, en la medida de lo posible, sus objetivos. Este texto, prácticamente casi con las mismas palabras que acabo de pronunciar, está incluido en nuestro informe de síntesis. 
Cuando hablamos de Lisboa hablamos también del nuevo método de coordinación, el método de coordinación abierto. 
Es verdad que este método es interesante, que permite identificar buenas prácticas y desarrollar progresivamente un enfoque común sobre temas de interés; sin embargo, el método no debería sustituir a los instrumentos comunitarios ya existentes, de carácter normativo o cuasinormativo, o a las líneas directrices que ya existen en ámbitos como la política económica o el empleo. 
Un punto que me gustaría destacar es el de las reformas estructurales. 
Sin duda alguna, incluimos algunas referencias específicas a las reformas estructurales. 
Consideramos que éstas tienen un contenido muy variado y entre ellas figura el concepto de liberalización de nuestras economías. 
Sin duda alguna, esto nos debe permitir una mayor competitividad y va a beneficiar a los usuarios y permitir la mejora de la calidad de los servicios de interés general. Pero es evidente que un proceso de liberalización sólo será eficiente y no planteará problemas en la medida en que se realice en un marco legislativo y de control adecuado en cuanto a la regulación. 
No podemos pensar en procesos de liberalización que no encajen en un marco global. 
Este proceso regulatorio, sin duda alguna, será un tema fundamental en los debates próximos y en ese marco se inscriben las referencias a los servicios de interés público que se han hecho esta tarde. 
Un punto que me parece también interesante, en el debate que se ha suscitado hoy, es en qué medida un exceso de cargas burocráticas está teniendo un impacto negativo en el proceso de desarrollo europeo. 
Señalaré únicamente que es un punto que preocupa a la Comisión; incluso, en algunos momentos, se ha trabajado ya sobre un indicador referido a la carga burocrática. 
Evidentemente es un tema difícil, que está siendo pilotado por Eurostat, donde un grupo de trabajo pretende definir precisamente elementos de esta naturaleza que nos permitan conocer con más detalle si este sentimiento que hoy existe en una parte de nuestra sociedad, sobre ese exceso de cargas burocráticas, responde o no a una situación real. 
Para ir terminando ya con mis comentarios, les diré que, en este momento, podría ser interesante insistir en que el proceso del informe de síntesis es un proceso global que exige una coherencia entre la estabilidad macroeconómica, tema que consideramos fundamental, el empleo, las reformas y la cohesión social. 
Y dentro del concepto de cohesión social, debemos tener un planteamiento y una visión amplios, que no debe única y exclusivamente limitarse a temas individuales, sino que debe abarcar también temas regionales, como algunos de ustedes han planteado. 
Es fácil poner de relieve los avances que se han producido en términos generales, pero es algo más complejo destacar cómo esos avances en cada uno de nuestros países, o en cada una de nuestras regiones, pueden ser comparables con los demás. 
En todo caso, y este punto me parece fundamental, las reformas que estamos poniendo en marcha tendrán sentido en la medida en que seamos capaces de aumentar la productividad y la eficiencia económicas. 
La introducción de elementos de nueva economía en la Unión Europea va a ser la clave de nuestro desarrollo futuro. 
Crecimiento sí, crecimiento con cohesión social, crecimiento que nos permita afrontar el futuro en términos de reto tecnológico; al fin y al cabo, ésos son los objetivos de Lisboa y ésos son los objetivos que pretendemos recoger en nuestro informe. 
Muchas gracias por sus aportaciones y por su participación en este debate. 
Intentaremos tomar en consideración todos aquellos elementos que hoy se han suscitado y que, sin duda alguna, serán útiles para nuestro debate de Estocolmo. 
Libre circulación de las personas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
la pregunta oral (B5-0005/2001) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, al Consejo, sobre el Reglamento nº 1408/71/CEE sobre la libre circulación de las personas- Fundamento jurídico; 
el informe (A5-0026/2001) del Sr. Lambert, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 (COM (2000) 186- C5-0217/2000- 2000/0070 (COD) ). 
Señor Presidente, cuando la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales decidió formular la presente pregunta al Consejo, deseaba centrarse en dos aspectos concretos, por lo demás ligados entre sí: la libre circulación de los nacionales de terceros países tras las decisiones del Consejo Europeo de Tampere, por una parte, y el fundamento jurídico previsible a tal fin, por otra. 
En aquel momento, nuestra pregunta estaba relacionada también, como es natural, con los trabajos preparatorios de la Cumbre de Niza, puesto que esperábamos elementos que favorecieran la política social y la libre circulación. 
Después, y en especial en el período precedente al Consejo Europeo anteriormente citado, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales tuvo ocasión de examinar la cuestión de la libre circulación de un modo más general. 
Esta reflexión más general nos fue útil: en efecto, antes de ampliar la libre circulación a los nacionales de terceros países, hay que asegurarse obviamente de que funciona correctamente para los ciudadanos de la Unión. 
Pero nos vimos obligados a reconocer con preocupación que el Reglamento nº 1408/71/CEE resultaba cada vez más inadecuado y que su modernización y simplificación eran aplazadas uno y otro mes. 
Esta situación es grave, ya que la libre circulación es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. 
Es la que permite a los ciudadanos de la Unión circular, establecerse y trabajar sin barreras. 
Es la razón por la cual el Reglamento nº 1408/71/CEE- que fue concebido para coordinar los sistemas nacionales de seguridad social- es una de las piezas maestras de la Europa de los ciudadanos y cualquier obstáculo o cualquier retraso que afecten a su modernización es grave. 
Permítame, pues, señor Presidente, abordar estos tres puntos sucesivamente. 
Vamos, antes de nada, con el texto de nuestra pregunta. 
En primer lugar, con respecto a la ampliación del Reglamento nº 1408/71/CEE a los nacionales de terceros países ¿qué observamos? 
Por fuerza hemos de constatar que, a día de hoy, la actuación del Consejo no refleja todavía, o mejor sigue sin reflejar- el matiz no es el mismo la voluntad política del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 de crear en la Unión, y cito las actas del Consejo, "un espacio de libertad, seguridad y justicia, un espacio en que el estatuto jurídico de los nacionales de los terceros países que residan legalmente en un Estado miembro debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros". 
Ahora bien, les recuerdo que el Parlamento ya se había pronunciado en este sentido en octubre de 1998, puesto que la propuesta entonces presentada por la Comisión fue adoptada, sin enmiendas, por éste. 
En otras palabras, la Comisión había tomado la iniciativa, el Parlamento había apoyado la propuesta con un voto favorable claramente expresado y el Consejo Europeo, al más alto nivel, en Tampere, legitimó esta orientación un año más tarde; ahora bien, el Consejo todavía no ha adoptado una posición común en 2001 para que podamos continuar el procedimiento. 
¿Cuál es la razón de este retraso inadmisible y esta negación de la voluntad política de los Jefes de Estado y de Gobierno cuando, por una vez, las tres instituciones están perfectamente de acuerdo, lo que no siempre ocurre? 
Al parecer, es la cuestión del fundamento jurídico de este texto la que opone al Consejo a la posición del Parlamento Europeo y la Comisión. 
Pero permítame formular esta controversia jurídica en términos accesibles al gran público. 
¿Qué pretende el Consejo al oponerse a esta base jurídica? 
Quiere descartar (nos dirá que podría hacerlo) al Parlamento Europeo del procedimiento de codecisión. 
Eso es lo que está en juego. 
Entonces, ¡nada de cabeceos! 
Ustedes nos niegan la codecisión. 
No es sólo un asunto que concierne estrictamente al papel del Parlamento Europeo. 
Se trata, de hecho, de una cuestión directamente política y ciudadana. 
La ampliación del Reglamento nº 1408/71/CEE a los ciudadanos de terceros países es una cuestión tan sensible que los ciudadanos de la Unión deben participar plenamente en ella a través del Parlamento Europeo, que los representa. 
Por ello, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo no puede aceptar la referencia a otras bases jurídicas distintas de las previstas en la propuesta de la Comisión y desea recordar que el Reglamento nº 1408/71/CEE sólo puede modificarse mediante el procedimiento de codecisión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, lo que discutimos en los trabajos del Consejo es, en realidad, una sola cosa, ya se trate de los ciudadanos comunitarios o de los ciudadanos de terceros países. 
Tanto en un caso como en el otro, la lentitud de los trabajos del Consejo está bloqueando el desarrollo de la libre circulación. 
El Consejo no puede eludir sus responsabilidades. 
Debe aplicar las decisiones del Consejo Europeo, aplicarlas con toda transparencia frente a la opinión pública y dentro del pleno respeto de las normas democráticas y del papel de nuestro Parlamento. 
No seguir esta vía, señor Presidente, conduciría sin duda alguna a los diputados europeos a reaccionar enérgicamente- con el apoyo de la opinión pública, no lo dudamos- contra el mantenimiento de estos obstáculos a la libre circulación. 
He de añadir que mi protesta no va dirigida, por supuesto, contra la Presidencia sueca como tal, sino contra el Consejo. 
Creo incluso que la Presidencia sueca, por sus tradiciones, podría contribuir en mucho a resolver este problema. 
Por último, quisiera concluir con una última cuestión, que se refiere al futuro próximo de la Unión, es decir, a la ampliación. 
La Comisión de Empleo considera indispensable que los países afectados por la próxima ampliación sean informados de las distintas propuestas pendientes sobre la reforma del artículo en cuestión del Reglamento nº 1408/71/CEE. 
El tema de la libre circulación es, como sabemos muy bien, uno de los puntos delicados de las negociaciones de adhesión. 
¿Qué proyectos tiene el Consejo a este respecto? 
Señor Presidente, Señorías, la pregunta del estimado diputado Rocard es muy importante. 
La Presidencia celebra la oportunidad de debatir este tema y, obviamente, escuchará atentamente los análisis de todos los diputados que participen en el debate. 
Tal como dice el Sr. Rocard en su pregunta, las conclusiones del Consejo Europeo en Tampere prescriben un tratamiento igualitario para los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en la Unión o en países del EEE, entre otras cosas, mediante la concesión de derechos y obligaciones similares a los de los ciudadanos de la Unión. 
Por eso parece necesario adaptar la amplitud del Reglamento (CEE) 1408/71 en relación con la coordinación de la protección social. 
Las reglas sobre coordinación contenidas en este Reglamento son una condición para la libre circulación de las personas. 
Si se considera a los ciudadanos de terceros países, éstos también podrán gozar de garantías respecto a los denominados derechos adquiridos. A diferencia de la actual situación, en la que la coordinación sólo es regulada a través de acuerdos bilaterales, en la medida que estos existan. 
Antes de la reunión del Consejo Europeo en Tampere, éste recibió, en 1998, una propuesta de la Comisión para ampliar el Reglamento 1408/71, de modo que contemplase a los ciudadanos de terceros países. 
El Consejo tramitó esta propuesta en noviembre de 1999. 
No obstante, el Consejo aún no ha decidido nada sobre la propuesta, puesto que, desgraciadamente, no hay acuerdo en torno a ella ni a sus fundamentos jurídicos. 
Paralelamente con esto, el Consejo tramita actualmente la propuesta de la Comisión sobre simplificación del Reglamento 1408/71. 
Según esta propuesta, el Reglamento también debe ampliarse para que cubra a ciudadanos de terceros países. 
Esta propuesta está actualmente en el primer trámite del Consejo. 
Somos muy conscientes de las críticas que se hacen al Consejo por los retrasos en esta materia. 
Sin embargo, hay que recordar que estamos tratando una materia muy compleja. 
El estudio técnico que se está realizando nos ayuda a entender las dificultades a que daría origen una eventual ampliación del Reglamento 1408/71. 
Las negociaciones políticas necesarias para concluir las reformas van a verse beneficiadas, sin lugar a dudas, por este minucioso estudio técnico. 
En relación con la tercera pregunta del Sr. Rocard, sobre consultas con los países candidatos, no se realizan actualmente consultas oficiales con los países candidatos ni con los países del EEE. 
. (EN) Señor Presidente, debo reconocer que me siento algo molesta por la falta de respuesta a algunas cuestiones, pero volveré sobre ello dentro de un momento. 
Mi informe trata sobre el presente Reglamento que, como se ha dicho, es relativo a un dispositivo clave para poner en práctica el objetivo de la Unión Europea de garantizar la libre circulación de las personas en lo que se refiere a la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Ciertamente no pretende una armonización de los mismos. 
El debate de hoy tiene tres aspectos. 
Ya hemos oído sobre los nacionales de terceros países y el fundamento jurídico que debería aplicarse para incluirlos en el ámbito del Reglamento; la relativa falta de progreso en la inclusión en el proceso de coordinación de los países candidatos a la adhesión; y la actualización del Reglamento, que es sobre lo que trata mi informe, para adaptarlo a las modificaciones efectuadas en los regímenes de seguridad social de determinados Estados miembros. 
Profundizaré en este aspecto, aunque también tocaré los otros dos temas. 
Como se ha puesto de relieve, un factor crucial intrínseco a todos estos elementos es la necesidad de avanzar de manera rápida y positiva sobre la base de la propuesta de la Comisión de simplificación y modernización de todo el Reglamento (CEE) 1408/71. 
Es fundamental que el Consejo sepa que en el Parlamento existe consenso y determinación sobre este punto, con independencia de las diferencias que puedan surgir en otros círculos sobre la estrategia idónea. 
Tenemos nuestra mirada puesta en el Consejo para que dé una respuesta positiva al ritmo de dicha reforma global. 
El apartado 4 de la resolución presentada por cuatro Grupos políticos deja claro que el Parlamento ya no está dispuesto a continuar con la introducción poco sistemática de enmiendas y actualizaciones técnicas- de las que mi informe es el ejemplo más reciente y, creemos, que el último. 
Ahora debemos pasar cuanto antes a la introducción de cambios integrados globales que son necesarios para resolver la mayoría de los problemas que se derivan actualmente de este Reglamento. 
Es el motivo por el que las enmiendas presentadas y apoyadas en comisión son enmiendas técnicas. 
En términos generales, preferimos no aceptar las enmiendas relativas al ámbito del Reglamento, las prestaciones que cubre, los cambios de la autoridad competente, etcétera. 
Nuestro objetivo es tratar el presente informe con la máxima rapidez posible de manera que no le demos al Consejo ningún pretexto para no avanzar rápidamente hacia la conclusión de su debate inicial sobre la simplificación general- una vez más, una cuestión que se plantea en la resolución común. 
Es, además, la razón principal por la que no he aceptado las enmiendas presentadas en nombre del PPE, aunque también tengo dificultades con el contenido de algunas de ellas. 
La enmienda 8, por ejemplo, trata sobre los regímenes profesionales de jubilación que no son prestaciones proporcionadas por el Estado y que, por lo tanto, quedan actualmente fuera del ámbito del Reglamento. 
Asimismo considero que la enmienda 10 podría suponer un retroceso en algunos Estados miembros, ya que propone una condición general por la que se rija el derecho a percibir prestaciones por desempleo. 
Reconozco que algunas de las enmiendas presentadas tocan algunos temas importantes y así lo reconoció el Parlamento el mes pasado en su votación sobre el informe relativo a los trabajadores transfronterizos- una vez más, como se recuerda en la resolución común. 
Dichos trabajadores representan un problema para los países candidatos a la adhesión. 
Somos conscientes de que la libre circulación hacia y desde dichos países depende en cierto modo del éxito de la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Buena parte del debate sobre la libre circulación tiende a pasar por alto el hecho de que algunas personas de los actuales Estados miembros desean trabajar y establecerse dentro de las fronteras de los países candidatos, y de ahí nuestro interés por la marcha de dichas negociaciones. 
Personalmente, apoyo firmemente las propuestas de la Comisión de incluir en el Reglamento a los ciudadanos de terceros países y de hacerlo sobre la base del fundamento jurídico propuesto. 
El Parlamento debería participar en la codecisión sobre este asunto, como hace actualmente en asuntos relativos a la coordinación de los regímenes de seguridad social en general. 
A mi entender, la inclusión de los nacionales de terceros países es el reconocimiento del principio de igualdad de trato de aquellos que contribuyen a la vida económica y social de la Unión. 
La resolución común recuerda la Cumbre de Tampere, en la que los Gobiernos de los Estados miembros declararon que convendría aproximar la situación jurídica de los nacionales de terceros países a aquélla de los nacionales de los Estados miembros. 
Poco después de que se hiciera dicha declaración, asistí, en representación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a una conferencia del Foro de Emigrantes de la Unión Europea. 
La declaración fue acogida con satisfacción como un fuerte indicio del deseo de la Unión de que sus acciones no fueran discriminatorias. 
Lamento que el Consejo aún no pueda confirmar el fundamento jurídico propuesto y que no esté a la altura de las esperanzas que despertó entre el denominado "16º Estado miembro" de la UE, el que forman los nacionales de terceros países, y entre aquellos de nosotros que deseamos que éstos reciban un trato justo y equitativo. 
Resumiendo, quisiera instar al Parlamento a que pase a la rápida conclusión sobre mi informe de manera que podamos dirigir toda nuestra atención a la tan necesaria simplificación y modernización del Reglamento (CEE) 1408/71 en su totalidad para hacerlo más integrador y eficaz para todos aquellos que están cubiertos por un régimen de seguridad social. 
Señor Presidente, el expediente que examinamos hoy divide a esta Casa y provoca emociones, especialmente en la ponente, aunque las expone impasiblemente. También provoca emociones entre mis colegas del grupo socialista, en el que se suele llegar rápidamente a un acuerdo cuando hablo sobre trabajo fronterizo. 
Me pregunto si se trata de miedo a estorbar a los propios Ministros de Asuntos Sociales o si, señora Lambert, se trata de una diferencia clara en cuanto a la estrategia política. 
Cada año, recibimos un informe sobre el reglamento 1408, que intenta coordinar la seguridad social de los trabajadores migrantes, elaborado por la comisión competente y en el que se recogen propuestas de modificación para actualizar el mencionado reglamento. 
Durante años hemos aprovechado esta oportunidad, en tanto Parlamento, para manifestar deseos más ambiciosos, sin que se haya producido una división de opiniones en nuestra institución. 
Desgraciadamente, señor Presidente, a pesar de todas las resoluciones, el Consejo de Ministros jamás se ha tomado la molestia de ni siquiera examinar lo que proponía el Parlamento. 
También debo dirigir hoy esta queja a la Comisión Europea. 
Esa institución, que cuenta con poder iniciativa y es la guardiana del Tratado europeo, efectuó ya en 1998 una propuesta magnífica para modernizar, adecuar y ampliar el reglamento. 
Sin embargo, la Comisión, desgraciadamente, juega con el Consejo al mismo juego. 
La propuesta de la Comisión se ha discutido y se sigue discutiendo, pero la Comisión Europea lleva ya tres años a la espera de un resultado concreto ¿No es ése un motivo, pregunto al Comisario Solbes Mira, para jugar ahora con nosotros y no esperar pacientemente a que el Consejo decida algo en su gran sabiduría? 
He escuchado muy bien al Presidente Rocard, a quien estimo mucho. 
He escuchado el ferviente alegato en cuanto a que ha solicitado al Consejo que reconozca los derechos del Parlamento Europeo y permita que el Parlamento desempeñe su papel. 
No necesitaba un alegato. 
El PE debe jugar un papel en este procedimiento. 
Somos colegisladores, señor Presidente, tenemos ese papel, por tanto. 
¿Puedo decir que, por ello, estoy increíblemente decepcionada con lo que el Ministro Danielsson acaba de decir? 
No ha dado ninguna respuesta a lo que el Presidente Rocard a dicho ¡Nada! 
Claro, debaten, quieren modificar, quieren ampliar. 
Cómo, por qué, cuál es el calendario ¡Ni una sola respuesta! 
Entonces, me pregunto si nosotros realmente podemos contar en esta Casa con esa promesa. 
Me planteo, por tanto, si nosotros, Comisión y Parlamento, no deberíamos hacer ahora uso de nuestras competencias y sentarnos con ese Consejo en la mesa para estudiar qué podemos hacer con las propuestas que hemos introducido, en beneficio de toda esa gente que cada día se enfrenta a los problemas que derivan de trabajar en un país distinto del de residencia. 
Y, señora Lambert, no hay realmente nada loco en ello. 
La Comisión vuelve con una propuesta en materia de pensiones. 
El paro, los gastos por enfermedad figuran, señor Presidente, en las propuestas de la Comisión Europea, a petición también del Parlamento. 
Por tanto, no hay nada extraño en ello, señora Lambert, vuelva a examinar su expediente y verá que es mejor jugar con nosotros y procurar que nos sentemos con ese Consejo en la mesa. 
Estaba dispuesta a decir mañana a mi Grupo que habíamos efectuado bellas promesas, que se han quedado en nada y, para mí, ése constituye un motivo para realizar de nuevo un llamamiento urgente a todos: procuremos sentarnos ahora en la mesa, y espero que se reconozca otra vez ese ruego del Parlamento en la respuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera comentar dos cosas. 
Comenzaré por el sensato y pragmático informe de la Sra. Lambert que trata de las necesarias modificaciones a la luz de las actualizaciones anuales. 
Estamos ante un informe de índole técnica y el Grupo Socialista considera oportuno que haya sido separado de nuestras declaraciones políticas. 
Dado que se ha mantenido esta separación, querida señora Oomen-Ruijten, no entiendo a qué viene tanta excitación. 
A mi modo de ver, está montando un escándalo a raíz de este informe sin que haya necesidad de ello. 
Todo lo contrario, probablemente esta actitud retrase la adaptación legislativa. 
Obviamente, seguimos adoptando el punto de vista que durante los últimos seis años e incluso antes hemos defendido siempre en nuestra comisión. Es decir, somos partidarios de garantizar cuanto antes y a la mayor escala posible el derecho a la libre circulación, los derechos de los trabajadores fronterizos y los derechos de los nacionales de países terceros y sus familias. 
Por eso mismo, considero que la postura del Consejo se queda corta. 
Ahora bien, la propuesta de resolución que presentamos hoy junto con los izquierdistas de este Parlamento, a la que me referiré más en adelante, recoge naturalmente un llamamiento unívoco y, en mi opinión, a la vez urgente al Consejo, instándole a que entregue las directivas, el reglamento y la modificación del reglamento a más tardar a finales del año en curso. 
A la vista de lo que he escuchado aquí, estoy convencida de que la Presidencia belga accederá a esta petición. 
Señora Oomen-Ruijten, lamento profundamente su zigzagueo porque ni en nuestras enmiendas ni en las suyas se refleja lo que usted acaba de manifestar. 
¿Por qué ha retirado, por ejemplo, la seguridad social de la letra a) de la enmienda 1? 
Todos queremos que la seguridad social continúe siendo uno de los componentes básicos a fin de reducir el peso de los intereses económicos. 
En el apartado 1 de la enmienda 4 ha eliminado a los nacionales de países terceros, lo cual constituye un gran problema, puesto que siempre nos hemos preocupado por incluir no solamente a los ciudadanos de la UE, sino también a los trabajadores y ciudadanos procedentes de otros Estados que residen legalmente en nuestro territorio. 
Esperamos, por tanto, que usted incorpore asimismo a este grupo de personas. 
Le aseguro que el problema se nos planteará de lleno el día que la enorme falta de mano de obra cualificada que comienza a vislumbrarse en los 15 Estados miembros se ponga en evidencia, y eso sucederá a más tardar en el momento de la ampliación, aunque es probable que el problema estalle antes. 
Por otra parte, sería inaceptable que sólo los trabajadores tuvieran derecho a legalizar su situación. Obviamente, hemos de incluir también a sus familiares. 
Señor Presidente, todos sabemos, por supuesto, que el informe de la Sra. Lambert no llega en el momento adecuado, ya que se trata de una adaptación técnica. 
Lo sabemos. 
Lo sabe todo el mundo. 
Sin embargo, como el Consejo tarda tantísimo en tener coraje, y la Comisión también, para evaluar este reglamento y colocarlo en la agenda; francamente, hay un cri de coeur por parte de las personas que consideran que realmente debería introducirse en la agenda a fin de poder seguir una amplio debate político apoyado en buenos argumentos. 
La Sra. Lambert dice que debe evitarse la discriminación. 
Estoy completamente de acuerdo con ello y todos debemos respaldarlo. 
Sin embargo, -y la Sra. Oomen ya lo ha señalado- los trabajadores fronterizos todavía se ven discriminados, y la izquierda, los socialistas, no quieren hacer nada al respecto. 
Por qué, no lo comprendo. 
Solicito que se haga algo más, ya que estas personas todavía se ven discriminadas. 
Ése es el primer punto. 
Nos ocupamos de una directiva que, por lo visto, discrimina especialmente a los trabajadores fronterizos. 
Debe hacerse algo al respecto. 
Hay otra cuestión que, quizá, sea todavía más importante, es decir, el futuro de la Unión. 
En este momento, regulamos a nivel europeo la renta y la economía central desde Bruselas. 
Es positivo. 
Lo que todavía no está regulado es la movilidad laboral, ya que cada Estado miembro tiene sus propias pretensiones y leyes. Esto se convertirá dentro de un tiempo en una amenaza para la economía europea. 
Debe haber movilidad laboral. 
En lo que a los trabajadores fronterizos y las personas destinadas en otro Estado miembro se refiere, opino que deberían tener elección. 
Cuando veo cómo los periodistas que han estado durante cinco años destinados en Bruselas, deben volver a su país de origen, ya que en caso contrario pierden sus pensiones, pienso que la Unión Europea se comporta de forma escandalosa respecto de su legislación. Especialmente cuando este término se reduce a doce meses. 
Creo, por tanto, que los trabajadores deben tener mucha más libertad para elegir, por lo que la movilidad de los trabajadores debe ampliarse y mejorarse. 
Considero que es positivo: a) que no discriminemos más en ningún ámbito y b) que beneficia a la economía europea. 
Señor Presidente, la adaptación anual de la directiva 1408/71, que examinamos ahora, es un asunto técnico. 
Por tanto, no es el momento oportuno para llevar a cabo cambios fundamentales, pero las modificaciones son- lo sabe muy bien todo el mundo- indispensables. 
Mi Grupo aboga aquí por una resolución que se ha presentado conjuntamente, se acaba de señalar, con el PSE, el ELDR y la GUE. 
Antes de nada, es necesario que el Consejo siga la propuesta de la Comisión para la ampliación de la directiva a fin de que permita su ampliación a los súbditos de terceros países que residen legalmente en la UE. 
Está claro que actualmente se les otorga un trato desigual. 
Esto es contrario a la Carta de Derechos Humanos y al artículo 12 del Tratado, y choca con el concepto de la Europa de los ciudadanos. 
Cuando hablamos de la Europa de los ciudadanos no nos referimos exclusivamente a los ciudadanos europeos, sino a los ciudadanos que viven en Europa. 
Espero que el Consejo apueste por un planteamiento incluyente, tal como así se llama. 
Una segunda cuestión importante se refiere, y ya se ha hablado aquí sobre la misma, a los trabajadores fronterizos. 
La Sra. Oomen-Ruijten y también antes de ella, la Sra. Van Lancker y otros, los han defendido ampliamente. 
Una y otra vez, el Parlamento ha pedido al Consejo y a la Comisión que eliminen los obstáculos en el ámbito de la fiscalidad y de la seguridad social, sin consecuencias decisivas por el momento. 
Ya es hora de que se adopte legislación en ese campo. 
No obstante hay un momento y un lugar para todo. 
El lugar sí es el Parlamento, pero el momento, señora Oomen, no es ahora. 
Intentar mejorar la posición de los trabajadores fronterizos o de los súbditos de terceros países en la actual revisión carece de perspectiva. 
No sólo daría lugar a un retraso de la tramitación de este reglamento, sino a un retraso también de las reformas a gran escala tan deseadas por todos nosotros. 
No busquemos una estrategia que propicie una derrota, sino dirijamos nuestra energía a una mejora efectiva. 
Señor Presidente, sólo se puede estar a favor de que toda persona que goce en principio del derecho a la libre circulación dentro la Unión Europea esté protegida por un régimen de seguridad social, independientemente de que esa persona tenga un empleo o se encuentre en el paro. 
Sí, la Unión Europea debe garantizar un trato equitativo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros, de conformidad con las conclusiones de Tampere. 
Pero también debe conceder los mismos derechos a quienes, condenados por una lógica cada vez más restrictiva en materia de papeles, visados o derecho de asilo, se ven obligados a trabajar en unas condiciones inaceptables, sin protección social. 
En un momento en que 700 "sin papeles" españoles están en huelga de hambre, es necesaria una política de regularización en toda Europa. 
En el informe se menciona la libertad de circulación, pero la instauración de una auténtica libertad de circulación exigiría poner fin a la obligación de declaración de entrada en el territorio y que se suprimiera el sistema de información de Schengen y el sistema Eurodac. 
Por último, un verdadero trato equitativo requeriría la igualdad de acceso a los cargos públicos, salarios y derechos equivalentes, así como una ciudadanía europea basada en la residencia y no en la nacionalidad y, por tanto el derecho de sufragio activo y pasivo para los inmigrantes nacionales de terceros países. 
Señor Presidente, acudo al debate de hoy con muchas reservas debido a algunos comentarios realizados por otros oradores en un debate anterior. 
En particular, cuando hablamos sobre la libre circulación de los trabajadores, como se ha señalado en los dos debates anteriores sobre Lisboa y sobre el informe Lipietz, los problemas no se limitan a las barreras internas. 
No se trata únicamente de la falta de protección de seguridad social. 
También se trata de la falta de reconocimiento y de los obstáculos que existen a nivel nacional, que es la causa de que no se haya completado el mercado interior. 
Se trata de la falta de reconocimiento de las cualificaciones. 
Se trata de la falta de oportunidades de formación y también de la falta de oportunidades para conocer las oportunidades y los derechos que tienen las personas. 
Por tanto, cuando hablamos de la libre circulación de los trabajadores y cuando hablamos sobre la actualización de los reglamentos, deberíamos ser más claros a la hora de abordar dos puntos, a saber, en primer lugar, que los Gobiernos decidieron en Niza que esta cuestión debía resolverse por unanimidad, no mediante votación por mayoría cualificada, y en segundo lugar, que no debería existir ninguna discriminación- ni positiva ni negativa- contra ningún trabajador que resida legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea. 
Mi Grupo, por consiguiente, apoyará la resolución presentada por el Grupo PPE-DE. 
Señor Presidente, quiero agradecer de todo corazón al Sr. Rocard su pregunta y su inspirado discurso. 
En cuanto a la ponente, quiero decir que en lo que a la defensa de los intereses del Parlamento se refiere, tal vez hubiera sido más adecuado que interviniera en el marco del Consejo en lugar de en el Parlamento. 
La libre circulación de personas está todavía muy mal regulada en Europa. 
Si uno lee el folleto, todo parece muy bonito, pero la realidad es muy negativa. 
Las personas que hacen uso de la libre circulación, se llevan un chasco. 
Los periodistas de Bruselas, por ejemplo, pueden hablar al respecto. 
Ahora están incluidos en la seguridad social belga pero pierden todos sus derechos en otros países. 
Sólo les resta elegir entre pagar doble o partir, a no ser que la Administración belga se apiade de ellos. 
Los periodistas, por supuesto, constituyen un grupo que, de todas formas, puede ocuparse de sí mismo, otras personas se encuentran en una situación mucho peor. 
Pongo el ejemplo de una señora sueca que vive en los Países Bajos, está asegurada en este último país, vuelve a Suecia, pero ahí no puede recibir asistencia sanitaria porque los Países Bajos rechazan notificar los llamados pacientes privados según el reglamento. 
Este tipo de cosas suceden cada dos por tres. La gente que se enfrenta a esto se encuentra, con razón, en una especie de situación kafkiana ¿Quiénes son los artífices de este sistema? 
Se encuentran en el Consejo y quieren que se mantenga como está. 
Eso también se deduce de las respuestas. 
La pregunta ahora es: ¿vamos a cambiarlo o no? 
Hasta ahora hemos tenido particularmente pocas posibilidades al respecto, ya que el único derecho que tenía el Parlamento consistía en el derecho a emitir un dictamen. 
La única posibilidad cuando los cambios eran muy negativos consistía en retener el dictamen de manera que el asunto no pudiera ser tramitado por el Consejo. 
Ahora tenemos otro derecho: el derecho de codecisión. 
De ahí que nuestro Grupo considere que debemos utilizar este derecho para forzar un diálogo con el Consejo. 
Eso es precisamente a lo que la ponente ha intentado oponerse con todas sus fuerzas, todos los medios y el apoyo del representante del Reino Unido. 
Eso es, creo yo, erróneo. 
Ésa es la cuestión de hoy. 
De ahí que tengamos un conflicto, y no tanto en cuanto a los objetivos. 
Siempre hay, por supuesto, diferencias entre la forma en que se redactan una y otra enmienda, pero coinciden en el fondo. 
Resulta extraordinariamente extraño que si hay una cuestión que tiene que ver con legislación, queramos al mismo tiempo expresar nuestros intereses reales mediante una resolución. 
Si hiciéramos esto con otros asuntos sometidos a la codecisión, no llegaríamos muy lejos. 
Esta mañana hemos cerrado con éxito un cierto número de asuntos sometidos a la codecisión, y no he visto que haya ninguna resolución en la que tengamos que repetir nuestra verdadera opinión. 
Eso sí prueba cuán extraño es el procedimiento de hoy. 
Eso sí prueba también que vamos por mal camino. 
Oigo ahora que tal vez sea la última vez. 
Espero que efectivamente sea así. 
Espero que eso lo veamos dentro de un año. 
Si eso es así, Consejo, deben tener cuidado porque la buena vida que se han llevado hasta ahora no continuará. 
Realmente deberían pensar en la gente corriente se ve continuamente afectada por sus limitaciones. 
Tienen que tener algo menos en cuenta los intereses de los burócratas, a los que los partidos de izquierdas atribuyen más valor hasta el momento que a los intereses del electorado y de las personas a las que representan. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, permítanme empezar diciendo que puedo entender muy bien el enfado e incluso las frustraciones de muchos de mis colegas, también del PPE y que, además, lo comparto, señor Presidente del Consejo. 
Llevamos años juntos intentando abrir el expediente de la libre circulación de personas y también, por tanto, el de los trabajadores fronterizos. 
Es una verdadera vergüenza que la propuesta de la Comisión Europea relativa a la coordinación y la ampliación continúe sobre la mesa del Consejo después de tantos años, señor Presidente del Consejo. 
Francamente, Ministro Danielsson, esperaba en el fondo que usted, en nombre de la Presidencia sueca, pudiera comprometerse firmemente a tomar por fin una decisión, a presentarnos al menos un calendario que indique cuándo se decidirá sobre este importante reglamento. 
Sé que la Presidencia belga está muy dispuesta a lograr un acuerdo político sobre el contenido de este expediente y sobre los plazos. 
Señor Danielsson, creo que lo necesitamos, pero para ello también necesitamos, por supuesto, un compromiso sueco sumamente firme. 
Nuestro Grupo también opina que hay que presionar más. 
No obstante, nuestro Grupo no considera que la adaptación técnica anual, señor Pronk, constituya una buena estrategia para lograrlo. 
No supone avanzar ni un milímetro en el expediente de los trabajadores fronterizos, a pesar incluso de la codecisión del Parlamento. Lo saben muy bien. 
Al contrario, algunas adaptaciones muy necesarias, que son también importantes, por ejemplo, para los trabajadores fronterizos belgas que deberían poder disfrutar de pensiones francesas complementarias, señor Pronk, corren riesgo con este expediente. 
Considero que lo mejor es apostar por la solución de estos expedientes, y que no debemos utilizar esta directiva para definir a un partido político de forma barata a costa de los trabajadores fronterizos. 
De ahí que no sigamos esa estrategia. 
No obstante, considero, señor Presidente del Consejo, que las Presidencias belga y sueca deben llegar con rapidez a un punto de inflexión en este expediente. 
La discusión final en el seno del Consejo debería, además, poder coincidir con la perspectiva de una conferencia sobre el trabajo transfronterizo que la Comisión Europa nos ha prometido. 
Espero que esto convenza, al menos, a los Estados miembros reacios y que se clarifique finalmente la situación de este expediente a finales de año. 
Señorías, estoy convencida de que es mejor que no presentemos una batalla dividida ante el Consejo, puesto que queda feo. 
Lo que me alarma mucho, señor Presidente del Consejo, es que su institución tiene, por lo visto, la intención de no ampliar la aplicación del reglamento sobre la seguridad social a los súbditos de terceros países. 
Ésa es al menos mi conclusión sobre toda la disputa en torno a la base jurídica. 
Debo decirle francamente- repito una vez más lo que el Sr. Rocard ha dicho- que esto se opone diametralmente a las conclusiones de Tampere, en donde se decidió que los súbditos de terceros países deberían recibir el mismo trato, y está claro que este Parlamento no tolerará esa discriminación inaceptable. 
No obstante, si puedo formularle una pregunta, quisiera saber cómo Suecia, no sólo en tanto Presidencia sino también en tanto Estado miembro de la Unión Europea, pretende desbloquear este expediente y cuál es su postura respecto de la ampliación a los súbditos de terceros países. 
Señor Presidente, también quiero destacar la posibilidad de que los ciudadanos se desplacen libremente a otro país comunitario y trabajen en otro país como uno de los grandes logros de la cooperación comunitaria y creo que todos vemos razonable y correcto que un ciudadano que consiga trabajo en otro país comunitario pueda conservar sus derechos sociales. 
El marco del que disponemos, el Reglamento 1408/71, para los acuerdos mutuos entre países destinados a garantizar que la gente también disfrute en la práctica de estos derechos se ha vuelto a lo largo de los años cada vez más complejo y esto unido a la burocracia habitual hace que a menudo no resulte nada sencillo trasladarse de un país a otro. 
Debemos cambiar esto y por ello me parece también acertado pedir más avances en el trabajo destinado a simplificar el reglamento tal como fue propuesto por la Comisión a finales de 1998. 
Luego está la cuestión de si nosotros, más allá de la simplificación y la mejora para los ciudadanos comunitarios, también debemos garantizar que los ciudadanos de terceros países en activo que residen en los países comunitarios puedan quedar cubiertos por el Reglamento. 
Varios países, entre ellos Dinamarca, se han mostrado contrarios a la propuesta de la Comisión remitiéndose a la base jurídica, el artículo 42, que sólo cubre a los ciudadanos comunitarios. 
En la Cumbre de Niza Dinamarca luchó arduamente en contra de una modificación del artículo 42 y en contra de las decisiones por mayoría en todo lo relativo al artículo 42. 
Tengo entendido que se ha trabajado por buscar otra base jurídica, por ejemplo, bajo la cooperación judicial. 
Me gustaría hacer un llamamiento para que todo este proceso no acabe en los problemas jurídicos y en los problemas relativos a la base jurídica, pues también los empresarios daneses están interesados en que se halle una solución a este problema para que, por ejemplo, los expertos extranjeros que residen legalmente en Dinamarca puedan trasladarse temporalmente a otro país comunitario y conservar sus derechos sociales y para que también podamos recibir en Dinamarca a expertos de otros países comunitarios. 
Señor Presidente, a propósito de la aplicación de los regímenes de seguridad social, quisiera plantear un asunto que ha inquietado a los trabajadores de mi país, y a los trabajadores de todos los países. Se trata del futuro de la seguridad social. 
El gran capital y la Unión Europea, en el marco de su ofensiva frontal contra todo cuanto la clase obrera ha conquistado con luchas y sangre, han puesto en el punto de mira el sistema de seguridad social. 
Con argumentos insostenibles, como, por ejemplo, el aumento de la longevidad y los supuestamente exagerados costes laborales, ponen en marcha reformas como el aumento de la edad de jubilación, la disminución de las contribuciones patronales, la sustitución de los fondos públicos de la seguridad social por empresas privadas de carácter lucrativo. 
Todo esto, junto con la privatización progresiva del sistema de salud, supondrá nuevas cargas para los trabajadores, caída de su nivel de vida, así como enormes ganancias para los monopolios. 
Frente a esta ofensiva, el movimiento obrero de clase del país, ya está movilizado. 
Hace a un lado a las direcciones sindicales vendidas que se arrastran por el camino del supuesto diálogo social con supuestos interlocutores sociales, organiza la resistencia y la contraofensiva. 
Desde esta tribuna el Partido Comunista de Grecia declara que estará, con todas sus fuerzas, al lado de ese movimiento. 
. 
El Consejo entiende muy bien la frustración que denotan muchas de las intervenciones. 
Entiendo que ustedes opinen que la revisión del Reglamento 1408/71, que se está realizando desde la Presidencia finlandesa de 1999, ha tardado mucho. 
Con todo, quisiera volver a lo que mencioné en mi intervención anterior. 
Es una materia técnicamente complicada y ha sido necesario tener tranquilidad para sentir las reacciones del Consejo y para dar, tanto al Consejo como a la Comisión, posibilidad de analizar, pensar e informarse ante las futuras negociaciones. 
Sin embargo, desde el punto de vista sueco, confiamos en que la Presidencia podrá concluir los trabajos técnicos durante el primer semestre de este año. 
Si lo conseguimos, creo que podremos hacerlo, daremos la posibilidad a la próxima Presidencia belga de abocarse a una discusión estratégica sobre la propuesta de simplificación y modernización del Reglamento 1408/71. 
Tanto la presidencia sueca como la futura belga quieren acabar con el círculo vicioso en que se ha encontrado el Consejo. 
Creemos que esto es algo muy importante. 
Esperamos que nos pondremos de acuerdo en un calendario para la continuación de estos trabajos. 
El Consejo y la Comisión tal vez necesiten un mandato en el que claramente se señale el método de trabajo y la forma de encarar los problemas; si la propuesta admite división, si pueden excluirse algunos capítulos, si debemos ocuparnos de simplificar la propuesta aún más y cómo hacerlo, etcétera. 
Tengo confianza, por tanto, en que no debatiremos este tema muchas veces más y en que el Consejo podrá entregarles mejores noticias que éstas. 
Finalmente, como respuesta a la pregunta de la Sra. Lancker sobre qué piensa hacer la Presidencia sueca para terminar con los problemas derivados de la discriminación, permítanme decir lo siguiente. 
Me saco el sombrero del Consejo y me pongo el nacional. 
Muy brevemente compruebo que la única posibilidad de resolver esos problemas a largo plazo es que lleguemos a un acuerdo sobre mayoría calificada en relación con el artículo 42. 
No lo logramos en Niza, pero no nos daremos por vencidos. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía agradecer al Sr. Rocard su apoyo a la propuesta de la Comisión para ampliar a los nacionales de terceros países el Reglamento (CEE) nº 1408/71. 
La Comisión también agradece su apoyo a los artículos 42 y 308 del Tratado como fundamentos jurídicos idóneos para este objetivo. 
Una ampliación de esta índole, en nuestra opinión, está totalmente en consonancia con la política comunitaria, en particular si se tienen en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere sobre la situación de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros. 
Por eso, la Comisión lamenta que el Consejo no haya sido capaz hasta ahora de apoyar ésta y otras propuestas de la Comisión para modificar el Reglamento y, en particular, la propuesta global de simplificar y modernizar. 
Nos felicitamos por lo que acabamos de oír del Ministro Danielsson en este sentido, y esperamos que sus deseos lleguen a buen fin a lo largo de los próximos meses. 
La Comisión insiste en que el Consejo intensifique los debates sobre las mencionadas propuestas y agradece el apoyo al Parlamento sobre este tema. 
Ello me lleva al informe de la Sra. Lambert, a la que expreso mi más sincero agradecimiento por su contribución muy constructiva a la propuesta de la Comisión. 
Nuestra propuesta es una propuesta técnica, con intención de subsanar, como ustedes saben bien, lagunas jurídicas debidas a los cambios legislativos de las normas nacionales sobre seguridad social. 
Para garantizar el adecuado funcionamiento de la coordinación comunitaria de los regímenes nacionales de seguridad social, lo que es un medio para fomentar la libre circulación de los trabajadores, las modificaciones de la legislación nacional exigen también la modificación del Reglamento (CEE) nº 1408/71: de esto es de lo que se trata fundamentalmente. 
Las propuestas de la Sra. Lambert, cuyo apoyo agradecemos, son muy útiles, ya que aclaran y concretan la propuesta original de la Comisión. 
Puedo estar totalmente de acuerdo con las propuestas contenidas en las enmiendas 1 a 7 del informe. 
También estoy de acuerdo con la idea general que subyace en las dos enmiendas adicionales que se han presentado en el Pleno, la 9 y la 10. 
Su objetivo es ampliar el derecho a las prestaciones por enfermedad para los trabajadores fronterizos y, si he entendido correctamente, ampliar el Reglamento a las prestaciones por jubilación anticipada. 
En realidad la Comisión incluyó las mismas disposiciones en su propuesta de 1998 de simplificación y modernización del Reglamento (CEE) nº 1408/71. 
Sin embargo, las enmiendas que ahora nos ocupan proponen una modificación sustancial del Reglamento y rebasan claramente el carácter técnico de la actualización propuesta por la Comisión y, a nuestro juicio, el debate sobre la actualización técnica no debería confundirse con un debate sobre las enmiendas sustanciales. 
Por esa razón, la Comisión no podrá aceptar las demás enmiendas adicionales sobre las pensiones complementarias. 
Respecto a la enmienda 8, desearía subrayar, simplemente, que la Comisión se ha comprometido a presentar a lo largo de este año una propuesta sobre su transferibilidad. 
Por lo tanto, y resumiendo, podemos aceptar las enmiendas 1 a 7, pero no podemos aceptar las enmiendas 8, 9, 10, 12 y 13. 
Les agradezco a todos, y especialmente a la Sra. Lambert, su apoyo general a la propuesta de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido tres propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0007/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Previamente, y por una cuestión de orden, tiene la palabra el Sr. Alavanos. 
Señor Presidente, se trata de una intervención sobre el procedimiento fundamentada en el Anexo II del Reglamento. 
He formulado, para el turno de preguntas de febrero, de acuerdo con el artículo 43 de la Reglamento, una pregunta dirigida al Consejo sobre el asunto "Las responsabilidades del Sr. Solana y el síndrome de los Balcanes". 
He recibido una carta del Sr. Correa de la Division des activitÝs des deputés, el cual me dice que "el Presidente me ha encargado informarle de que no inscribe su pregunta número tal en el turno de preguntas, porque las preguntas son aceptadas bajo la condición de que no incluyan ni constataciones ni juicios". 
En el Anexo II del Reglamento se encuentra verdaderamente la formulación, las preguntas no deben contener ni constataciones ni juicios. 
Veo, sin embargo aquí, por ejemplo, que en la muy interesante pregunta 3, del Sr. Gahrton se afirma: "Lamentablemente, las Presidencias finlandesa, portuguesa y francesa optaron por ignorar la recomendación del Parlamento Europeo". 
Y veo también en la pregunta 7 Del Sr. Nogueira Román: "¿ Qué iniciativas ha tomado el Consejo frente a la grave y condenable inercia de las autoridades del Estado español, para evitar las trágicas muertes de inmigrantes... ?". 
Así pues, no solo juicio; juicio y responsabilidad de autoridades, responsabilidad de un gobierno de la Unión Europea en la muerte de inmigrantes. 
En este sentido, considero inadmisible la intervención que ha tenido lugar, y el hecho de que se haya eliminado la pregunta referida al Sr. Solana, y solicito a la Presidencia que estudie de nuevo colegiadamente su inscripción en el próximo orden del día. 
No incluye más juicios u opiniones de los habituales en las preguntas de todos los diputados. 
Tengo que decirle, estimado colega, que, como usted ya sabe, yo soy Presidente de la sesión y que, antes de la sesión, según el artículo 43 del Reglamento, es la Presidencia del Parlamento, en este caso la Presidenta, quien tiene competencias para admitir o no admitir una pregunta. 
Usted nos ha leído unos criterios; luego los criterios se aplican y es ahí donde puede haber, a veces, disconformidad. 
Trasladaré su punto de vista a la Presidenta del Parlamento porque yo no soy un tribunal que pueda juzgar hoy ni siquiera sus argumentos de agravio comparativo. 
He escuchado con mucha atención su argumentación jurídico-política sobre el tema y la trasladaré. 
Y usted, como sabe, también puede utilizar los mecanismos que crea convenientes para que haya la mayor transparencia y se interpreten de la forma más clara y más extensa posible los criterios. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 1 y 2 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0015/01): 
Asunto: Gestión de crisis ¿Puede el Consejo aclarar un aspecto de la nueva política de defensa de la UE que el debate público sueco no ha esclarecido, a saber: para que la futura fuerza de intervención de la UE lleve a cabo una intervención militar, se requerirá necesariamente un mandato de las Naciones Unidas? 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0022/01): 
Asunto: Mandato de las Naciones Unidas para las operaciones de pacificación El Ministro de Defensa de Suecia, Björn von Sydow, escribe en el periódico Sydsvenska Dagbladet de 7 de enero de 2001 que Suecia participará en intervenciones humanitarias y civiles tales como las operaciones de fomento y mantenimiento de la paz. 
En la UE estamos de acuerdo en que nuestras acciones deberán adecuarse a los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, lo cual significa que se requiere un mandato de las Naciones Unidas para realizar operaciones de pacificación. 
¿En qué documento aprobado por la Unión Europea figura de manera inequívoca que las operaciones de pacificación llevadas a cabo por la UE requieren un mandato de las Naciones Unidas? 
. 
(SV) Cuando la Unión desarrolla su política exterior y de defensa común, de la cual la política europea común de seguridad y defensa es una parte importante, la Unión se compromete a conservar la paz y a fortalecer la seguridad internacional en conformidad con los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, con los principios del Tratado de Helsinki y con los objetivos del Reglamento de París. 
Esta obligación emana del artículo 11.1 del Tratado de la Unión. 
Ha sido confirmada por el Consejo, cuando éste fijó el marco para el fortalecimiento de la política común de seguridad y defensa, en relación con la reunión del Consejo Europeo en Colonia en junio de 1999, cuando se echó andar este proceso. 
Además, se hizo hincapié tanto en las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo en Helsinki como, hace poco, en la denominada aclaración de compromisos sobre recursos militares que se publicó después de la conferencia que tuvo lugar en Francia en noviembre de 2000 y que acompañaba el informe de la Presidencia a la Cumbre de Niza, en la que se señala que "la Unión reconoce que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la responsabilidad principal en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional". 
Gracias por su respuesta, pero mi pregunta versaba sobre un mandato de Naciones Unidas. 
El Sr. Danielsson no dijo una sola palabra sobre esto. 
En cambio, nos informó que la UE debe actuar de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Pero, ¿qué hay del mandato? 
¿Se necesita un mandato? 
Se nos tiene que dar una respuesta inequívoca. 
¿Necesita la UE un mandato de la ONU, es decir, una decisión positiva de ese organismo, para actuar con su proyectada fuerza de intervención? 
Ésta es mi pregunta. 
Creo que es muy difícil ser más claro que el Consejo Europeo en sus conclusiones de Niza. 
Me remito una vez más a la denominada declaración de capacidad. 
Creo que no se puede ser más claro que lo que se es allí. 
Se prescribe que todo lo que se haga en materia de política europea de seguridad y defensa deberá estar de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Además, permítanme subrayar que, como le consta al Sr. Schmid, todas las medidas que se toman en el marco de la política europea de seguridad y defensa constituyen un tipo de colaboración entre estados, lo que implica, en primer lugar, que debe existir unidad entre los Estados miembros. 
Significa también, en segundo lugar, que los países pueden decidir si quieren participar en una operación. 
Sabemos, al mismo tiempo, que hay algunos países miembros, dependiendo un poco de sus tradiciones nacionales, que requieren diferentes formas de referencia a la Carta de las Naciones Unidas para participar en una acción. 
Por tanto, en esta materia hay para todos los gustos. 
Creo que podemos dormir tranquilos. 
El manejo de las crisis en Europa se hará de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Creo que el Sr. Danielsson hace una figura denominada Dinkelspiel, es decir, parece que responde una pregunta pero, en realidad, no lo hace. 
Hemos formulado una pregunta muy clara, esto es, si se necesita un mandato para actuar militarmente. 
No se trata de principios generales. 
No hablamos de espíritus o de otros altos valores. 
Sólo se trata del hecho concreto de saber si se necesita un mandato expreso de la ONU para actuar militarmente. 
Esa pregunta puede contestarse de dos maneras: no, no se necesita un mandato, aunque sería deseable, o, sí, se necesita un mandato. 
Desearía que se nos respondiera sí o no. 
en mi opinión, las normas que rigen la política europea de seguridad y defensa implican una garantía plena de que las medidas que se adopten en el marco de esta política deberán estar en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Esto es suficiente para el gobierno sueco, y, al parecer, también lo es para todos los demás gobiernos que participan en el Consejo. 
Sin embargo, me doy cuenta de que esto no es suficiente para los Sres. Sjöstedt y Schmid, cosa que lamento. 
No obstante, creo que podemos estar seguros de que todas las medidas que necesitemos tomar en el marco de la política europea de seguridad y defensa estarán en concordancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, no olvidarlo, de los principios de la OSCE. 
Creo que debería ser suficiente. 
Señor Presidente, escuché decir a Lars Danielsson que era difícil ser más claro de lo que ha sido en sus respuestas. 
Quiero decirle que entonces es difícil ser presidente sueco del Consejo pues como dijo mi compañero Sjöstedt tan claramente: hay dos respuestas posibles a la cuestión planteada y son o sí o no. 
Y en vez de esto, Lars Danielsson sale con una larga explicación para decirnos que éstas se llevan a cabo de acuerdo con el mandato de Naciones Unidas. 
Nunca he escuchado a ningún líder estatal o a ningún representante de una organización internacional afirmar que lo que se hace choca con el mandato de Naciones Unidas. 
Siempre se afirma que está de acuerdo con éste, pero es muy interesante que tras buscar una respuesta clara en cuatro ocasiones a la pregunta planteada no podamos obtener una respuesta clara. 
Seguramente haya alguien que saca la conclusión de que no es preciso ningún mandato de Naciones Unidas. 
Y esto es un escándalo. 
Escándalo o no, sólo cabe comprobar que aquí estamos frente a una enorme diferencia de criterios. 
En Europa existe la idea generalizada de que se necesitan mejores instrumentos para prevenir y manejar las crisis que se puedan producir en Europa y en sus cercanías. 
Esto hay que hacerlo en consonancia con el espíritu y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
También hay que hacerlo de acuerdo a los principios de la OSCE. 
Este criterio tiene un enorme respaldo. 
Después hay un grupo pequeño, del cual hemos escuchado hoy a algunos representantes, que por todos los medios intenta oponerse a la creación de una paz y una seguridad más sólidas y estables en nuestro continente y en sus inmediaciones. 
Sólo me cabe lamentar que no nos pongamos de acuerdo en esta materia. 
Me siento seguro, con la confianza de saber que todo lo que se haga en el marco de la política europea de seguridad y defensa será plenamente compatible con los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0031/01): 
Asunto: Recomendación del Parlamento Europeo relativa a un Cuerpo civil de pacificación El 17 de enero de 2001, en relación con una propuesta para la creación del denominado Dispositivo de Reacción Rápida de la Unión Europea, el Parlamento Europeo manifestó que, en su opinión, se debe dar prioridad a las medidas no militares de gestión de crisis, y citó, como ejemplo de tales medidas, su recomendación al Consejo sobre la creación de un Cuerpo civil de pacificación, que fue presentada en la primavera de 1999. 
Lamentablemente, las Presidencias finlandesa, portuguesa y francesa optaron por ignorar la recomendación del Parlamento Europeo. 
¿Qué medidas va a adoptar la Presidencia sueca de conformidad con la recomendación unánime del Parlamento? 
La prevención de conflictos y el manejo de las crisis mediante el uso de todos los recursos civiles y, en caso de necesidad, de los instrumentos militares, es un asunto muy prioritario para la UE. 
Esto se ha reflejado en las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo, hasta la reunión de Niza. 
La Presidencia sueca continúa trabajando en las tareas asignadas por el Consejo Europeo en Niza. 
Es un trabajo complicado, tanto en el plano civil como en el militar, puesto que la Unión crea nuevos recursos y estructuras. 
En el terreno civil, los trabajos se concentran en alcanzar los objetivos concretos fijados en la Cumbre de Feira, esto es, que en 2001 se podrán destinar 5.000 policías a misiones internacionales en toda la escala de operaciones de prevención de conflictos y de manejo de crisis. 
Se podrá disponer de mil policías en un plazo de 30 días. 
Continúan los trabajos en el otro campo prioritario fijado en Feira, especialmente el fortalecimiento de los principios del estado de derecho y también los servicios de rescate y la administración civil. 
Además, y ya que el manejo civil de las crisis continúa desarrollándose, la Presidencia sueca ha dejado en claro que es idóneo fijar otros campos en el marco del manejo civil de las crisis en los que los recursos comunitarios podrían desarrollarse o aplicarse más eficazmente. 
Algunos de esos campos podrían ser, por ejemplo, instrucción sobre democracia y derechos humanos además de controles y observaciones de diferentes tipos. 
También van a destacarse en el programa europeo para la prevención de conflictos, que esperamos que el Consejo Europeo apruebe en Gotemburgo, los mecanismos para mejorar la colaboración con las organizaciones de voluntariado que participan en acciones destinadas a la prevención de conflictos y a la creación de la paz después de una disputa, igual que los instrumentos diplomáticos comunitarios para prevenir conflictos 
Simultáneamente, la Unión ha reformado y concentrado el trabajo de sus misiones de vigilancia y las ha puesto bajo el control del Secretario General. 
Por cierto, estas misiones de vigilancia demostraron su valor hace poco tiempo en el valle de Presevo. 
Todos estos trabajos tienen la misma orientación y los mismos objetivos que la recomendación del Parlamento Europeo sobre la creación de un Cuerpo civil de pacificación. 
El Consejo prefiere concluir los trabajos ya mencionados, es decir, crear una fuerza operativa en el terreno antes de fin de año, con los objetivos y plazos fijados por el Consejo Europeo. 
Después, el Consejo tendrá mejores posibilidades de juzgar qué nuevas iniciativas pueden ser idóneas o necesarias. 
Parece que Lars Danielsson busca dar vida a un antigua y conocida expresión sueca que se usa en la jerga comunitaria, creo que se puede hacer una traducción realmente buena de "goddag yxskaft", "¿ sí, claro, pero no ?" 
La respuesta de Lars Danielsson a esta pregunta es "sí, claro pero no" 
Mi pregunta también es del tipo que se puede contestar con un sí o un no. 
No he preguntado sobre los policías ni sobre otras muchas medidas más o menos agradables o simpáticas en relación con el manejo civil de las crisis. 
Formulé una pregunta acerca de una recomendación que este Parlamento ha aprobado y enviado al Consejo y que implica que éste tome iniciativas para realizar un estudio piloto acerca de un posible Cuerpo civil de pacificación. 
¿Piensa hacer algo el Consejo en relación con esta recomendación? 
¿Sí o no? 
Es muy fácil contestar que sí o que no. 
Pero tal vez deba interpretar la respuesta como un no, igual que lo que ocurrió con la pregunta anterior, que realmente era un no. 
En ese caso, este Parlamento, que unánimemente ha aprobado esta recomendación, debe sacar sus conclusiones sobre la manera en que el Consejo quiere colaborar con él. 
Comprendo que mi extensa respuesta resultase demasiado amplia para Per Gahrton. 
Permítanme resumirla en las siguientes palabras: 
Ahora, no. 
Después, posiblemente, sí. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0018/01): 
Asunto: Turquía y la gestión militar de crisis ¿Considera el Consejo que es adecuado incluir a Turquía en la cooperación para la gestión militar de crisis, habida cuenta de que Turquía viola los derechos humanos en su propio territorio, ocupa la parte norte de Chipre y libra una guerra de agresión en el norte del Iraq? 
Turquía fue reconocida como país candidato en la reunión del Consejo Europeo en Helsinki, en diciembre de 1999. 
Por ese motivo, los derechos humanos en Turquía y el asunto de Chipre son tratados en el marco del acuerdo de colaboración y cooperación con Turquía, respecto al cual el Consejo alcanzó un acuerdo político en su reunión del 4 de diciembre de 2000. 
Como todos saben, Turquía también es miembro de la OTAN. 
En el informe de la Presidencia sobre la política europea de seguridad y defensa que aprobó el Consejo Europeo en Niza, se confirma que el proyecto de la UE es de carácter abierto. 
Contiene estructuras que permiten, en relación con el manejo militar de las crisis, consultar y participar con países miembros de la OTAN, y no de la comunidad, y con países candidatos a la Unión. 
Es obvio que en esta apertura habrá que velar por el principio de la independencia de las decisiones de la Unión Europea. 
Además, en las conclusiones del Consejo Europeo en Niza, la Unión recuerda el valor de acudir en caso de necesidad a los recursos de la OTAN, en concordancia con el comunicado de la Cumbre de Washington. 
En esas situaciones, para tener acceso a la capacidad de planificación y a los recursos previamente identificados de la OTAN, es de vital importancia asegurar la aprobación de todos los países miembros de esa organización. 
A diferencia de mis colegas suecos que han intervenido, interpreto esta respuesta como un sí. 
Es, por tanto, adecuado contemplar a Turquía, en tanto que los demás aspectos que mencioné en mi pregunta habrá que discutirlos en otro sitio. 
Opino que ha sido interesante escuchar al representante del Consejo referirse a la estrecha cooperación existente entre la OTAN y la colaboración militar para el manejo de las crisis de la Unión. 
No es tan común- al menos en Suecia- que se haga tan patente esta relación entre la UE y la OTAN. 
A veces tampoco tratándose de la colaboración militar. 
Quisiera también aprovechar la oportunidad para expresar mi gran enfado por las respuestas que se han dado a mis colegas de la izquierda sueca, esto es, que sería un pequeño grupo el que discute el mandato de Naciones Unidas, la neutralidad, la no alineación y la participación turca en el manejo de las crisis. 
Quisiera afirmar que la mayoría del pueblo sueco no constituye un pequeño grupo. 
Me consta que estos temas también se discuten en todos los países miembros. 
Tengo una pregunta complementaria que se refiere los integrantes de los cuerpos armados de la Unión. 
Es un hecho que, entre otras, las fuerzas británicas poseen armas con uranio empobrecido y que esas armas también podrían ser usadas por las fuerzas de la Unión encargadas de las crisis. 
¿Qué piensa la Presidencia acerca de la conveniencia de esto? 
Creo que discutimos este tema la última vez que tuve el honor de participar en el turno de preguntas de esta Asamblea. 
Creo, también, que contesté esta pregunta en esa ocasión. 
A grandes rasgos, todos sabemos el valor que no sólo el Parlamento, sino que también el Consejo, da a que tan pronto como sea posible se aclaren completamente los problemas medioambientales y de otra naturaleza que puedan aparecer a causa del uranio empobrecido. 
El Sr. Sjöstedt debe responder por sus propias afirmaciones. 
No me es posible verificarlas. 
Es obvio que cada país miembro puede decidir con qué equipos participará en una situación de manejo de crisis. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0023/01): 
Asunto: Dilatados procedimientos de liquidación en lo referente a accidentes de tráfico en terceros países En respuesta a la pregunta E-2656/99, el Consejo comunica que "las instituciones de la UE, reconociendo el problema que plantean los dilatados procedimientos de liquidación en lo referente a accidentes de tráfico en terceros países, cuidaron de tratarlo mediante la propuesta de cuarta Directiva sobre seguro de vehículos de motor". 
Sin embargo, la cuarta Directiva no ofrece soluciones para los procedimientos de liquidación aún en curso. 
¿Qué iniciativas va a desarrollar el Consejo a fin de elaborar rápidamente "una solución equitativa y razonable" para las víctimas de los dilatados procedimientos de liquidación aún en curso a raíz de accidentes de tráfico en terceros países, concretamente en Suiza? 
. 
Como correctamente señala su Señoría, la cuarta Directiva sobre seguros de vehículos no puede resolver litigios pendientes, entre otras cosas, debido a que se ha establecido un período de aplicación. 
En ausencia de propuestas de la Comisión, el Consejo, desgraciadamente, no puede hacer nada respecto de los litigios pendientes. 
Agradezco, por supuesto, al Sr. Danielsson su breve respuesta, que realmente no me ha ayudado. 
Señor Danielsson, usted debe entender bien que se trata realmente de un asunto esencial. 
Sé que la cuarta directiva marco no puede incidir directamente, pero cierto voluntarismo por parte del Consejo resultaría indicativo. 
Se trata de cientos de ciudadanos que no han sido compensados, que sufren muchos daños, y cierto voluntarismo sería, creo yo, adecuado. Recuerdo algunas acciones anteriores. 
El Presidente francés, el Sr. Chirac, ha volado alguna vez a Berna a fin de proteger la exportación de 50.000 botellas de champán y forzar al Gobierno suizo a actuar. 
Recuerdo un asunto igual, en el que Bélgica actuó para proteger a los ciudadanos belgas. 
También el Ministro belga de Asuntos Exteriores, el Sr. Michel, intervino aquí. 
Agradecería realmente, por tanto, que el Consejo desarrolle alguna actividad en este asunto y se ocupe de que los ciudadanos de los estados europeos, que son realmente las víctimas de la mala tramitación de los asuntos entre la Unión Europea, las compañías de seguros y las compañías suizas de seguros, reciban alguna ayuda. 
Le digo que, en realidad, se trata de gente que ha sufrido por ello. 
Me he encontrado personalmente con gente que lleva más de dieciocho años luchando. 
Lo considero inaceptable. 
Soy el primero en reconocer que los problemas a que alude el diputado Staes son reales y graves. 
Con todo, resulta que el Consejo, en esta materia que destaca el Sr. Staes, sólo puede actuar a propuesta de la Comisión. 
Esperamos, por tanto, una propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, puedo prometer, en mi propio nombre, que haré referencia a este debate cuando el presidente suizo visite Estocolmo el viernes y le haré presente que este problema ha despertado evidente interés en el Parlamento Europeo. 
Esto lo haré por mi cuenta, no como Consejo. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0026/01): 
Asunto: Las normas de la Presidencia sueca relativas al acceso del público a los documentos administrativos ¿Podrá el Consejo asegurar que Suecia mantendrá íntegramente sus normas relativas al acceso del público a los documentos administrativos y a la libertad de divulgar información ("meddelarfrihet") incluso cuando ejerza la Presidencia de la UE? 
. 
(SV) En el Derecho Comunitario no se armonizan las leyes nacionales que se aplican a los documentos de los Estados miembros. 
Como seguramente sabe el Sr. Bonde, el Parlamento Europeo y el Consejo tramitan actualmente una propuesta que se fundamenta en el artículo 255.2 del Tratado CE sobre el acceso de los ciudadanos a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Esta propuesta fue presentada por la Comisión el 21 de febrero de 2000. 
Señor Presidente, precisamente esta propuesta supone que cuando un documento haya sido entregado por Suecia a la Comisión ya no sea Suecia quien decida que éste puede hacerse público, sino las nuevas normas las que decidan que puede mantenerse en secreto, quedando así prohibido el ejercicio del derecho recogido en la constitución sueca a la libertad de expresión y al acceso del público a los documentos administrativos en lo que a este documento se refiere. 
Y tendremos una primera prueba real de este tipo de conflictos potenciales el 6 de marzo cuando el caso de Bernard Connelly sea tramitado en el Tribunal de Justicia. 
En él se fallará si prima la interpretación del Consejo de Europa, Suecia, Dinamarca y de otro par de países del derecho de los funcionarios a expresarse o si es la interpretación restrictiva del Abogado General del derecho de los funcionarios a expresarse. 
Este conflicto será dilucidado precisamente allí y es por ello que me gustaría que la presidencia sueca me asegurara que bajo ninguna circunstancia se aceptará que el derecho de los funcionarios a expresarse o el derecho de acceso a los documentos administrativos que existen hoy en día puedan verse cercenados por cualquier reglamento o instancia. 
Como le consta al estimado diputado Bonde, se discute intensamente el tema de la publicidad de los documentos en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión. 
El Sr. Bonde conoce perfectamente el plazo que se ha fijado para estos trabajos. 
Nos esforzamos para que el 1 de mayo hayamos alcanzado un acuerdo que esté en concordancia con lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam. 
Estoy plenamente convencido de que el resultado final de este proceso será que aumente la transparencia en las instituciones de la Unión, debido, en gran parte, al enérgico trabajo que este Parlamento ha realizado en favor de la transparencia. 
Por ese motivo, como Presidencia, espero con ilusión las difíciles pero muy importantes discusiones sobre estos temas. 
Me conmueve, y agradezco, los conceptos del Sr. Bonde sobre la legislación sueca. 
Puedo asegurarle que el gobierno sueco no aceptará ninguna modificación al reglamento sueco que regula la libertad de expresión. 
Les ruego a los señores diputados que procuren formular una pregunta, aunque naturalmente la argumenten, pero que no hagan solamente una declaración o expongan una doctrina ante el Consejo, sino que hagan una pregunta, como pide el Reglamento. 
La pregunta del Sr. Bonde es interesante. 
Creo que la respuesta debe ser inequívoca y que tal vez haya que ayudar un poco al Sr. Danielsson. 
En numerosas entrevistas, el Primer Ministro sueco manifestó en la pasada Navidad que las modificaciones a la constitución sueca, en este caso el Reglamento de 1766que regula la libertad de expresión, crearían crisis en la política interna. 
El Primer Ministro Göran Persson no quiere crisis internas ni que se modifique el Reglamento de libertad de expresión. 
Quisiera que el Sr. Danielsson confirmara si el Primer Ministro está absolutamente convencido de que la constitución sueca no debe modificarse. 
Me parece que fue exactamente eso lo que dije hace un momento, esto es, que el gobierno sueco jamás aceptará modificar el Reglamento de libertad de expresión. 
Por lo demás, opino que en el futuro este debate debería tener lugar en un contexto más internacional. 
Con todo, el Sr. Schmidt puede estar totalmente tranquilo. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0027/01): 
Asunto: Muertes trágicas de inmigrantes africanos de ambos sexos en las costas del Sur de España ¿Qué iniciativas ha tomado el Consejo frente a la grave y condenable inercia de las autoridades del Estado español, para evitar las trágicas muertes de inmigrantes que tienen lugar todas las semanas en las costas de Andalucía, cuando tratan de entrar en España en busca de trabajo en Europa? 
. 
(SV) La pregunta de su Señoría se refiere tanto al control de las fronteras marítimas externas por parte de los Estados miembros como a las medidas que se podrían adoptar en el país de origen para impedir la inmigración ilegal y las actividades de los contrabandistas de personas. 
Las medidas para hacer más eficaz el control del espacio aéreo y de las fronteras marítimas externas por parte de los Estados miembros han sido redactadas principalmente en el marco de la colaboración de Schengen y, después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, forman parte de la legislación comunitaria. 
Los Estados miembros aplican esas medidas, pero el Consejo controla los aspectos prácticos por medio de sus organismos competentes. 
Por ejemplo, se aplican medidas prácticas en la colaboración con ciertas naciones africanas con el objeto de impedir la inmigración ilegal, por aire o por mar, fundamentándose en la decisión del Comité Ejecutivo de Schengen del 18 de diciembre de 1998 sobre acciones conjuntas de los consejeros. 
Además, este mismo Comité Ejecutivo aprobó el 28 de abril de 1999 un plan para el destacamento de personal encargado de dar consejos y apoyo cuando las tareas de seguridad y control deban realizarse en las fronteras exteriores. 
Uno de los asuntos que más preocupa al Consejo, además de los asuntos relacionados con la normativa de Schengen, es la inmigración ilegal, lo que se deduce de las conclusiones de numerosas reuniones del Consejo Europeo- en Tampere, en Feira y en Niza- sólo para mencionar algunas. 
Como su Señoría seguramente sabe, el Consejo Europeo obligó a la Unión a intensificar la colaboración para combatir el comercio con personas después de los trágicos sucesos de Dover el año pasado. 
Después de las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo, en las cuales se hace hincapié en el control de las corrientes migratorias, el Consejo ha discutido tanto medidas prácticas como legislativas para combatir el comercio con personas. 
Así, el Consejo aprobó el 30 de noviembre del año pasado conclusiones que suponían una serie de medidas operativas para combatir la inmigración ilegal, tales como información mutua acerca de las corrientes de migración que se hayan detectado, mejoramiento de los sistemas de detección temprana, traspaso de información, inmigración ilegal y contrabando de personas y coordinación de las redes de personal de los Estados miembros destacado en los países de origen para combatir la inmigración ilegal. 
En cuanto a las causas de las migraciones desde algunos países africanos, nos remitimos al Plan de Acción sobre Marruecos que aprobó el Consejo el 11 de octubre de 1999 y que el Parlamento Europeo seguramente conoce. 
En el marco de la aplicación del Plan de Acción sobre Marruecos, y puesto que la Unión es consciente de que esto hay que hacerlo mediante un acuerdo de colaboración y cooperación y en colaboración con las autoridades marroquíes, una delegación de la Unión Europea encabezada por la Presidencia realizó una segunda visita a Rabat para iniciar un diálogo con las autoridades de ese país. 
El mensaje que la Presidencia quería entregar en esa visita, que tuvo lugar el 3 de octubre del año pasado, era que el Plan de Acción sobre Marruecos era el resultado de un trabajo que originariamente había sido iniciado por los Estados miembros y por la Comisión y que había llegado el momento de pedir a la parte marroquí su parecer para hacer los ajustes que permitan la aplicación del Plan por ambas partes. 
Las autoridades marroquíes aceptaron este procedimiento y la idea de iniciar un diálogo con la Unión Europea sobre temas de inmigración. 
Este diálogo se desarrollará en el marco del acuerdo de asociación con Marruecos, cuando se cree un grupo de trabajo encargado del estudio de asuntos sociales y de migración. 
Los organismos del Consejo están estudiando una propuesta de la Comisión sobre esta materia. 
Señor Presidente, deseo, efectivamente, reformular la pregunta. 
Señor Danielsson, yo trato esta cuestión como una cuestión política, que lo es; pero muy especialmente como una cuestión humanitaria. 
Usted ha citado ahora la tragedia de Dover, que lamentamos todos los europeos, pero yo le quiero decir- y vivo directamente esa cuestión, a pesar de no habitar en el sur de España -, que allí, en Andalucía y también algunas veces en Canarias, vivimos todas las semanas un Dover. 
Lo que está pasando en el sur de España es mucho más grave que lo de Dover, señor Danielsson, y creo que esto requiere una injerencia, si me permite la expresión. 
En Austria, los Estados europeos realizaron una injerencia ante el peligro de xenofobia. 
Yo creo que esta cuestión es tan grave que requiere una acción especial. 
Le agradezco su contestación, por otra parte extensa e informada, pero creo que se requiere una intervención mucho más grave. 
Todas las semanas hay cientos de detenidos en las costas españolas y todas las semanas muere gente, muchas veces mujeres embarazadas y, como dije el otro día, niños. 
Busque las fotos que aparecen en la prensa española (acabo ya, señor Presidente) , señor Danielsson, y quedará espantado. 
Por lo tanto, yo le pido, más allá de sus aclaraciones, que me diga qué explicaciones les pide a las autoridades españolas y si les va a exigir medidas no sólo políticas, sino también humanitarias. 
Quiero realmente subrayar que el hecho de que yo mencionase la catástrofe que ocurrió en Dover de ninguna manera pretendía restar importancia a los sucesos que desgraciadamente han ocurrido en las costas españolas durante el último tiempo. 
Este problema debe ser encarado en cualquier lugar de la Unión que se presente. 
Los trabajos deben constar de dos elementos. 
Un elemento es combatir la delincuencia que se relaciona con el contrabando de personas y hechos similares. 
Sin embargo, aún más importante es el trabajo de prevención, esto es, proceder como ha querido hacer el Consejo en el caso de Marruecos. 
Tenemos, por decirlo de algún modo, la esencia, la causa de esa clase de corrientes migratorias, y hemos intentado resolver los problemas que pueda haber detrás. 
Éste es un problema importante para la Presidencia sueca. 
Creo que lo será aún más para la próxima Presidencia belga, ya que se evaluarán los temas de asilo y de migración y los resultados de la Cumbre de Tampere. 
Trabajamos arduamente en esta materia. 
Señor Presidente, cuando se pregunta acusando gravemente al Gobierno español de inercia ante la muerte de inmigrantes en el Estrecho, se manifiesta el despropósito y la irresponsabilidad de quien, a costa de una tragedia, pretende desacreditar a su Gobierno en este Pleno. 
Miren ustedes, el Gobierno español, a través de la Guardia Civil, ha interceptado en cinco años 133 barcos de recreo y 2.300 pateras, con el resultado de 203 inmigrantes muertos, más de 200 desaparecidos y 377 rescatados, y subrayo lo de rescatados, todos ellos procedentes de Marruecos. 
El Gobierno español, a través de la Guardia Civil, ha puesto en marcha el sistema de información para prevención de naufragios en el Estrecho, cuyo coste es de 13.600 millones de pesetas, y para el que España ha solicitado financiación a la Unión Europea. 
Y el Gobierno español ha impulsado el Plan de Acción sobre Marruecos, al que ha hecho referencia el representante del Consejo, y que este Parlamento aprobó con una línea presupuestaria de 10 millones de euros. 
Precisamente fui yo el ponente de dicho plan. 
Ahora realizo la pregunta, señor Presidente, ¿cuándo el Consejo va a presentar un balance de ejecución del Plan de Acción sobre Marruecos al que ha hecho referencia? 
Permítanme decir que tengo el mayor respeto por todas las medidas que adopta el gobierno español para resolver este agudo problema. 
No obstante, no corresponde al Presidente del Consejo comentar las actuaciones de los gobiernos de los Estados miembros. 
Como señalé en mi primera respuesta, el Consejo está aplicando el Plan de Acción sobre Marruecos. 
El diálogo a que hice alusión, que hemos iniciado con las autoridades marroquíes mediante visitas, dará sus frutos tan pronto como sea posible. 
La respuesta a la pregunta de su Señoría es, por tanto, que el Consejo ya ha iniciado la ejecución del Plan de Acción. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, se trata de una cuestión que no afecta únicamente a España. Ayer mismo, por ejemplo, me llamó un transportista. 
Me contó que durante la travesía en barco unos inmigrantes se deslizaron desde arriba en su camión tras romper la capota del mismo. La aduana británica detuvo a dichos inmigrantes y el transportista se vio obligado a pagar una multa a pesar de que desconocía por completo que llevase inmigrantes a bordo. 
Así las cosas, quisiera formular la siguiente pregunta complementaria: ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para atajar estas situaciones? 
Como el estimado diputado seguramente entenderá, no me es posible comentar un caso individual, concreto. 
Por eso sólo puedo remitirme a las normas de Schengen, donde existe algo que se llama responsabilidad del transportista. 
Esto implica que el que transporta y esconde personas, con o sin su consentimiento, puede ser acusado y sometido a juicio, de diferentes maneras. 
Quisiera decir, además, que hace unas pocas semanas se discutieron estos asuntos en la reunión informal de los Ministros de Interior y Justicia que tuvo lugar en Estocolmo. 
Aunque en el Consejo no hay unanimidad sobre los métodos que se pueden usar para resolver estos problemas existe, como dije anteriormente, la inequívoca decisión de dar prioridad a los temas de asilo y migración en el futuro, en el marco de la colaboración que contempla el tercer pilar. 
Señor Nogueira, le voy a conceder la palabra, pero escúcheme a mí primero como Presidente de esta sesión: no se trata de que se produzcan debates parlamentarios entre los diputados que preguntan con toda legitimidad y que, naturalmente, argumentan su pregunta, cada uno según su leal saber y entender, incluso según sus opiniones e intereses. 
Por eso, le ruego que plantee usted una cuestión de orden. 
Perdone que haga un juicio de intenciones pero me imagino que podemos entrar en unas reflexiones cruzadas que no son objeto de este debate. 
Tiene la palabra el Sr. Nogueira. 
Señor Presidente, considero que está usted en su papel y, por lo tanto, procuraré seguir sus instrucciones. 
Yo simplemente quiero recordar aquí, señor Presidente, que la Presidencia en ejercicio en este momento le corresponde a Suecia y no a representantes del Gobierno español en esta Asamblea, que deberían limitarse a hablar como diputados y no como representantes de ese Gobierno. 
En todo caso, dado que el Gobierno español presidirá, según creo, la Unión Europea dentro de un año, espero que de aquí a entonces, tome las medidas humanitarias que son exigibles ante el problema de Andalucía y ante los miles y miles de inmigrantes que padecen la xenofobia que practica, en este momento, el Gobierno español a través de la Ley de Extranjería. 
Señores diputados, considero que no debe haber en esta sala ningún representante del Gobierno español ni de las diversas oposiciones al Gobierno español. 
Ruego que no se hagan afirmaciones, ya que ni siquiera está previsto que las pueda haber y se rechazan en la propia formulación de la pregunta inicial. 
Podemos dar por superado este incidente, como es natural. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, el Sr. Hernández Mollar. 
Señor Presidente, una cuestión de orden para decir simplemente que yo no represento a un partido, ni siquiera represento a un Gobierno: represento a España. 
Y como representante de España, al hacerse en esta pregunta referencia a las autoridades del Estado español, estoy en mi derecho legítimo de defender a mi país, cosa que otros no hacen. 
Están ustedes todos amparados en sus derechos legítimos. 
No voy a conceder ninguna cuestión de orden más. 
No se va a producir un debate. 
Y me consta que, tanto el Sr. Nogueira como usted, según la ley, son representantes del pueblo español. 
Así lo dicen los Tratados y todos lo sabemos. 
Ustedes no son representantes ni del Estado ni del Gobierno, sino de la circunscripción electoral que les ha elegido y que coincide con el Reino de España, ésta es su denominación oficial. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 8 y 9 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0032/01): 
Asunto: Mujer y fundamentalismo de los talibanes ¿Qué medidas políticas ofrece la Unión Europea a las mujeres que soportan el cruel régimen de los talibanes? 
De acuerdo con los datos que obran en su poder, ¿cuántas mujeres soportan este régimen fundamentalista? 
¿Hará el Consejo un llamamiento a los países vecinos de Afganistán para dejar abiertas sus fronteras a las refugiadas afganas? 
Y en consecuencia, ¿concederá la Unión Europea ayuda financiera a los países receptores de refugiadas? 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0052/01): 
Asunto: Derechos humanos: opresión de las mujeres en Afganistán ¿Qué nuevas medidas tiene intención de adoptar el Consejo para aliviar la tremenda opresión que sufren las mujeres en Afganistán bajo el régimen de los talibán, que les deniega tan brutalmente sus derechos humanos fundamentales? 
. 
(SV) El Consejo comparte plenamente el interés de su Señoría por el sufrimiento de las mujeres afganas bajo el régimen talibán. 
El Consejo lamenta que la trágica realidad de Afganistán demuestre que los talibanes hasta ahora no han escuchado las razones ni las presiones externas, a pesar de los esfuerzos de la Unión y de la comunidad internacional. 
Ambas partes del conflicto continúan con sus operaciones militares y no parece posible una solución política. 
Existe una acuciante necesidad de mejorar la indignante situación de los derechos humanos, pero, desgraciadamente, en la actual situación no parece que se puedan conseguir muchas mejoras. 
Los talibanes controlan aproximadamente el 90 por ciento del territorio afgano. 
Puesto que la situación militar cambia constantemente en el país, el Consejo carece de datos precisos sobre el número de mujeres que en un determinado momento están sometidas al régimen de Kabul. 
Además, la catastrófica situación humanitaria y de derechos humanos que impera en el país ha dado origen a un éxodo masivo de refugiados a los países vecinos, especialmente a Irán y Pakistán, lo que dificulta aún más el análisis de la situación demográfica en Afganistán. 
El Consejo ha discutido a menudo la crítica situación de los refugiados afganos con los países que les acogen en la región, y seguirá haciéndolo. 
La Unión y muchos Estados miembros seguirán enviando ayuda humanitaria a los afganos cuando las circunstancias lo permitan. 
La mayor parte de estas ayudas están destinadas a las mujeres. 
La recientemente actualizada postura común del 25 de enero de 2001 constituye el fundamento de la política de la Unión respecto a Afganistán. 
Continuaremos haciendo esfuerzos para conseguir una paz duradera, para acabar con las intervenciones foráneas y para alentar a las partes a dialogar. 
La Unión subraya especialmente la importancia de fomentar el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y de los niños. 
Por esa razón, la Unión seguirá instando a las partes a reconocer, proteger y fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de respetar la Declaración de Derechos Humanos que ha suscrito Afganistán. 
Continuaremos alentando a las distintas fracciones para que abandonen su política discriminatoria y reconozcan, protejan y fomenten la igualdad de derechos y de dignidad entre hombres y mujeres, incluyendo el acceso a la educación y la salud, al empleo, a la seguridad personal y la ausencia de atropellos, subrayando los efectos negativos de la política discriminatoria en la futura concesión de ayudas. 
La Unión seguirá respaldando la propuesta del Secretario General de Naciones Unidas sobre observadores civiles de los derechos humanos y continuará asimismo dando apoyo a los programas de ayuda a Afganistán que comprenden temas de igualdad de oportunidades y fomento de la participación igualitaria de hombres y mujeres. 
Finalmente, también concederemos especial importancia a los derechos humanos a la hora de coordinar internacionalmente las ayudas humanitarias a Afganistán. 
El Consejo confía en que las últimas sanciones, fundamentalmente la resolución 13033 del Consejo de Seguridad, que actualmente estudia el Consejo para aprobar tan pronto como sea posible una postura común congruente, contribuirán a disminuir la injerencia extranjera y coadyuvarán a una solución negociada del conflicto afgano. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, aprecio su respuesta, pero resulta insuficiente. 
¿Recomendará usted la adopción de medidas de emergencia eficaces que sirvan para combatir la situación actual: de azote de hambre, de azote de frío, de azote de enfermedades? 
Se lo puedo decir de manera tan brutal como en los medios de comunicación de hoy: 120 niños mueren de frío, descalzos, a quince grados bajo cero; más de 10 millones, cerca de 11 millones de mujeres sobreviven sin derecho a un servicio sanitario, sin derecho a educación, sin derecho a trabajo, en condiciones infrahumanas. 
Necesitamos algo más que comprensión, como usted entenderá. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no recomendará usted que se adopte alguna medida de emergencia? 
¿Cuántos niños más tienen que morir de frío? 
¿Cuántos millones de mujeres tienen que seguir sin derechos y sin libertades? 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Como dije, el Consejo tuvo oportunidad de discutir la postura común sobre Afganistán en su reunión de fines de enero. 
Puedo asegurarles que cuando se discute la situación en Afganistán el Consejo también es consciente de los espantosos testimonios a que alude la estimada diputada. 
Puedo ver tres caminos que pueden seguir el Consejo y la Comisión. En primer lugar, hay que continuar con la generosa ayuda humanitaria para limitar el sufrimiento, especialmente de las mujeres y los niños. 
En segundo lugar, tenemos que seguir presionando al régimen talibán para que acabe con los sistemáticos atropellos a los derechos humanos. 
En tercer lugar, hay que dar más recursos y ayudas a los países vecinos de Afganistán para que sean capaces de acoger de mejor manera a los refugiados, especialmente mujeres y niños, que se ven obligados a abandonar su país. 
Señor Presidente, gracias por permitirme formular una pregunta complementaria en nombre de mi colega, Sr. MacCormick, que se encuentra acompañando al Presidente de la asamblea general de la Iglesia de Escocia en su visita oficial de hoy al Parlamento. 
Señor Presidente en ejercicio, ¿está dispuesto a reconocer que éste es un nuevo ejemplo, profundamente opresivo, de la subordinación a que están sometidas las mujeres y de su reclusión en la vida privada? 
Durante muchos años, las mujeres de Afganistán han disfrutado de una existencia completamente pública, han formado parte de las profesiones y del mundo laboral y se han vestido de manera adecuada. 
A veces se dice que los llamamientos en defensa de los derechos humanos incluyen la imposición de los valores occidentales sobre las culturas no occidentales. 
Eso es falso, y este caso concreto de Afganistán así lo demuestra. 
¿Está dispuesto a reconocer el Consejo que lo que hace falta es la restitución de los derechos humanos de las mujeres y del respeto fundamental que se merecen? 
No hay duda de que hace falta algo más que lo que hemos oído en la declaración de hoy. 
Desgraciadamente, el estimado diputado tiene razón en su descripción de que la situación en Afganistán ha empeorado visiblemente en el último tiempo. 
Estamos ante una situación de sufrimiento inhumano de mujeres y niños. 
Como ya he dicho, el Consejo hizo un análisis de la situación a fines de enero, a la luz de los antecedentes que existían en ese momento. 
Si los acontecimientos siguen evolucionando en la dirección equivocada, el Consejo tendrá que evaluar constantemente sus acciones. 
Confiamos en que los mensajes claros que se han enviado- entre ellos mediante la recientemente aprobada resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU- y los esfuerzos internacionales, que, como sabemos, no sólo provienen de la Unión, sino que también de una gran parte de la comunidad internacional, darán sus frutos. 
Puedo asegurar a su Señoría que el Consejo prestará mucha atención a este asunto, de manera que podamos tomar las medidas que sean pertinentes. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0040/01): 
Asunto: Transporte e integración ¿Qué planes tiene el Consejo de Transportes para desarrollar indicadores y para controlar, aplicar y crear un calendario para nuevas medidas en relación con la estrategia de integración de la dimensión medioambiental en sus políticas, tal como se estipula en las conclusiones de Helsinki? 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0041/01): 
Asunto: Energía e integración ¿Qué planes tiene el Consejo de Energía para desarrollar indicadores y controlar, aplicar y crear un calendario para las medidas que se han de tomar con vistas a su estrategia para la integración de la dimensión ambiental en sus políticas, tal y como lo exigen las conclusiones de Helsinki? 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0042/01): 
Asunto: El Consejo de Asuntos Generales y la integración ¿Qué planes tiene el Consejo de Asuntos Generales para desarrollar una estrategia global con vistas a la integración de la dimensión ambiental en sus políticas, con un conjunto de indicadores, un calendario de nuevas medidas y el seguimiento y el control exigidos en las conclusiones de Helsinki? 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0043/01): 
Asunto: ECOFIN e integración ¿Qué planes tiene el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda para desarrollar una estrategia global para integrar la dimensión medioambiental en sus políticas, con un grupo de indicadores, un calendario de medidas ulteriores y un seguimiento y control, tal como se estipula en las Conclusiones de Helsinki? 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0044/01): 
Asunto: El Parlamento y el proceso de integración ¿De qué manera se consultará al Parlamento sobre las estrategias de conjunto que están desarrollando nueve Consejos para integrar la dimensión medioambiental en sus políticas, tal como estipulan las Conclusiones de Helsinki? 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0045/01): 
Asunto: Coherencia de los planes de integración ¿De qué manera vela el Consejo por que exista coherencia entre las diversas estrategias de conjunto que están desarrollando nueve Consejos para integrar la dimensión medioambiental en sus políticas? 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0046/01): 
Asunto: El Consejo de Industria y la integración ¿Qué planes tiene el Consejo de Industria para desarrollar una estrategia global con vistas a la integración de la dimensión ambiental en sus políticas, con un conjunto de indicadores, un calendario para las medidas que se han de tomar, y el seguimiento y el control exigidos en las conclusiones de Helsinki? 
. 
(SV) La gran cantidad de preguntas hará que la respuesta también sea larga o, al menos, tan completa como sea posible. 
El Consejo tiene la satisfacción de informar a sus Señorías que las exigencias medioambientales contenidas en el artículo 6 del Tratado CE se integrarán en la política y en las actividades comunitarias, en su diseño y aplicación, especialmente con miras a fomentar un desarrollo sostenible. 
En la reunión del Consejo Europeo en Gotemburgo, en junio de este año, se fijarán las estrategias para incorporar los aspectos medioambientales en las actividades del Consejo. 
Por eso es un poco temprano para referirme a los detalles de esas estrategias. 
La Presidencia y la Comisión están trabajando intensamente en estos temas en los distintos órganos del Consejo. 
En diciembre de 1999, en Helsinki, el Consejo fijó el calendario para la reunión del Consejo Europeo en Gotemburgo e instó a que se concluyan los trabajos para incorporar los aspectos medioambientales en todas sus actividades, mediante estrategias amplias, preferentemente seguidas de medidas y de plazos, y de una serie de indicadores para los distintos sectores. 
Esas estrategias deben contribuir al cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto, a complementar medidas en el ámbito nacional y regional y, además, a hacer hincapié en la necesidad de una cooperación más estrecha entre los distintos campos de la política sectorial. 
Así se entiende, probablemente de forma clara, el papel que tendrán esas estrategias en la consecución de un desarrollo sostenible. 
La ejecución y el seguimiento de estos trabajos han sido encargados a la Comisión y al Consejo. 
En cuanto al Consejo, éste ha ordenado internamente a sus distintos órganos que preparan negociaciones para que en las distintas etapas de los procesos de decisión tradicionales se asegure una buena coordinación que permita cumplir, de la mejor manera posible, la petición del Consejo Europeo. 
La participación del Parlamento se asegurará en conformidad con las disposiciones del Tratado. 
Quiero subrayar que el Consejo comparte la opinión de sus Señorías y está dispuesto, junto con los representantes de intereses políticos y económicos en esta materia, a asegurar el éxito mediante unos procedimientos generales sobre aspectos medioambientales que se apliquen en todos los sectores políticos. 
En cuanto a la integración de los aspectos medioambientales y del desarrollo sostenible en todos los sectores políticos hay mucho que decir sobre la aplicación que hace el Consejo del artículo 6 del Tratado. 
Sin pretender profundizar en este tema- sería imposible, ya que es un campo muy extenso- quisiera hacer hincapié en algunos de los aspectos más relevantes de la situación en que nos encontramos. 
En primer lugar, la política energética, que el Consejo considera como una de las materias prioritarias. 
El Consejo trabaja enérgicamente en torno a los tres objetivos a que alude el programa de la Presidencia sueca para este semestre. 
En esto, el Consejo se remite a sus conclusiones de diciembre de 1999, que contienen una serie de detallados indicadores preliminares que cubren la mayor parte del sector energético, incluso las consecuencias medioambientales, el mercado energético y la eficacia de la energía. 
La aplicación de esas conclusiones y los indicadores serán evaluados cada dos años. 
Además, se espera durante este año una resolución definitiva sobre la directiva de fomento de electricidad de fuentes renovables. 
Para preparar el camino de la reunión del Consejo Europeo de junio en Gotemburgo, el Consejo tramitará una comunicación sobre integración de los aspectos medioambientales y del desarrollo sostenible en la política energética y la propuesta de un sexto plan de acción comunitario para el desarrollo sostenible. 
Ambos documentos serán presentados por la Comisión en las próximas semanas. 
Se iniciará una serie de medidas en el marco del plan de acción sobre aumento de la eficacia energética, fundamentándose en las prioridades que fijó el Consejo en su reunión del 5 de diciembre de 2000. 
En relación con la parte industrial de esta estrategia general, el Consejo se remite al informe del Consejo Europeo en Helsinki en el que se subrayó que se necesita una fuerte contribución del sector industrial para fortalecer el desarrollo sostenible en el campo económico. 
Asimismo, se reiteró el papel clave de este sector para el mejoramiento de la competitividad de las industrias europeas y de la capacidad de innovación para fomentar el empleo en la industria y sectores afines. 
El carácter horizontal de este asunto requiere una mejor cooperación e intercambio de información entre las partes involucradas y los órganos de decisión. 
Reitero: posiblemente las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo en Gotemburgo serán muy interesantes. 
Para demostrar con una medida concreta en qué medida piensa aplicar la estrategia integrada sobre aspectos medioambientales, el Consejo tiene la intención de redactar algunas conclusiones en la reunión de mayo que permitan congregar a los ministros de energía e industria con el objeto de que continúen con estos trabajos. 
Para terminar, en relación con los asuntos económicos y financieros, el Consejo quiere informar a los estimados diputados que el Consejo entregó al Consejo Europeo en su reunión de Niza un primer informe sobre la integración de las consideraciones medioambientales en la Unión y en la política económica de los Estados miembros. 
La Cumbre de Gotemburgo hará también un seguimiento de este informe y estudiará especialmente la formulación de una estrategia europea para el desarrollo sostenible en el que se tomen en consideración los aspectos medioambientales. 
Indudablemente se instará al Consejo de Ecofin para que aplique una estrategia de esta naturaleza en terrenos de su competencia, tan pronto como el Consejo Europeo haya aceptado esta estrategia. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su amplia respuesta a siete preguntas. 
Quisiera retomar brevemente el hilo de un aspecto que creo que usted no ha tocado. 
¿Cuáles son sus ideas y propuestas para mantener durante las siguientes Presidencias de la UE el proceso de integración? 
Habida cuenta del impulso del Proceso de Cardiff y del hecho de que todo esto está comenzando a producirse ahora, será un proceso bastante largo y no se producirá de la noche a la mañana. 
Me interesaría conocer qué medidas está adoptando la Presidencia de cara al futuro. 
La pregunta del estimado diputado es muy relevante. 
Como ya he señalado, la primera Presidencia sueca está preparando, en estrecha colaboración con la Comisión, las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de junio en Gotemburgo. 
En esa oportunidad espero que podamos contestar las preguntas de su Señoría. 
El denominado proceso de Cardiff constituye una forma nueva de trabajo para la Unión. 
Tenemos experiencias acumuladas en muchos campos en los que actúa el Consejo. 
Hay quienes han realizado un excelente trabajo, mientras que otros tal vez han tenido menos éxito. 
Estamos intentando reunir todas esas experiencias para formular la estrategia y las ideas y propuestas a que alude el diputado. 
Calculo que antes de la reunión del Consejo Europeo de junio de este año podré volver a esta Asamblea para informar más concretamente sobre las ideas del Consejo y para escuchar los puntos de vista del Parlamento y de sus miembros. 
En consecuencia, pido excusas y solicito que se me dé la oportunidad de volver al Parlamento para debatir este asunto, que atañe a una de las tres prioridades de la Presidencia sueca, esto es, el environment. 
Señor Presidente en ejercicio, gracias por esa respuesta tan amplia. 
Lamentablemente, uno de los problemas de las respuestas amplias y de las limitaciones de tiempo es que se tocan muchos temas, pero no se profundiza en ninguno, y yo quisiera solicitar información más detallada. 
Me parece asombroso que usted diga que es demasiado pronto para entrar en los detalles de algunos de estos planes, habida cuenta de que no falta tanto para el Consejo de Gotemburgo. 
Quería centrarme, en particular, en el Consejo de Asuntos Generales. 
Como usted sabrá, éste es el único Consejo que no ha presentado ningún documento de acuerdo con las solicitudes del Consejo, por ello me gustaría conocer ¿cuándo podríamos tener más detalles sobre este asunto en particular? 
¿Veremos un proyecto antes de Gotemburgo? 
Si no obtenemos información detallada sobre el plan del Consejo de Asuntos Generales, podría decirnos, al menos, qué tipo de estructura y qué forma tendrá, qué indicadores utilizará y cuál será el seguimiento y la vigilancia? 
El estimado diputado destaca un campo de acción del Consejo en el que quizás es difícil encontrar la concreción que requieren los trabajos sobre desarrollo sostenible. 
No creo que sea una casualidad que justamente el trabajo en el Consejo (asuntos generales) sea el que más demora. 
Es la explicación de que todavía haya tanto por documentar. 
Su Señoría opina que queda poco tiempo para la reunión de Gotemburgo. 
Sin embargo, a mí me parece como si faltase una eternidad. 
Estoy absolutamente convencido de que más adelante podremos ser más concretos en cuanto a las posibilidades del Consejo General para integrar los aspectos medioambientales y los principios del desarrollo sostenible en sus trabajos. 
Con todo, confío en que comprendamos que justamente en relación con las actividades del Consejo General es donde, quizás, es más difícil encontrar la concreción que creo que todos anhelamos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta. 
Sin embargo, quiero sumarme a esa preocupación y creo que no queda tanto tiempo para la Conferencia de Goteburgo si consideramos la envergadura de los preparativos que se pusieron en marcha tras las conclusiones de la Cumbre de Helsinki sobre la integración de las cuestiones medioambientales en los diferentes ámbitos políticos. 
En realidad, estoy muy preocupada por el rumbo de este proceso. 
En opinión de algunos de los que se han hecho eco del desarrollo sostenible, el objetivo parece ser supeditar la dimensión medioambiental a ir la zaga, en cierto modo, del desarrollo económico. 
Quisiera que el Presidente en ejercicio del Consejo expusiera sus objetivos en esta cuestión. 
Y es que en estos momentos el Parlamento está elaborando el Sexto Plan de Acción del Medio Ambiente, el cual debería ser el pilar ecológico de este plan de desarrollo sostenible. 
¿Piensa usted exigir que esto sea realmente así, o es este planteamiento ecológico mera palabrería? 
El plan de acción sobre desarrollo sostenible será presentado por la Comisión. 
La pregunta debería haber sido formulada, en primer lugar, a los miembros de la Comisión. 
Pero puesto que este asunto es una parte tan importante del programa de la Presidencia sueca, no puedo dejar de expresar los criterios de esta Presidencia sobre los componentes que debe contener la estrategia de desarrollo sostenible. 
Creo que es extraordinariamente importante que en la estrategia que presumiblemente aprobemos en Gotemburgo, se incorporen con toda claridad tres elementos que deben formar parte del concepto de desarrollo sostenible. 
Me refiero al elemento ecológico, al elemento económico y al elemento social. 
Así, podemos comprobar que dos de esos elementos, el desarrollo social sostenible y el desarrollo económico sostenible, van a ser discutidos en la Cumbre de Estocolmo. 
Nuestra idea es complementar la discusión en Estocolmo sobre esos dos elementos con el elemento del desarrollo ecológico sostenible y después transformar esto en una estrategia común que pueda ser aprobada en la Cumbre de Gotemburgo. 
Con todo, quisiera señalar una vez más que la Comisión es la encargada de la redacción. 
Tenemos plena confianza en su capacidad para producir una estrategia para el desarrollo sostenible que haga a Europa aún más verde. 
Como coautor, con mi colega el Sr. Watts, de las enmiendas que se presentaron hace al menos cuatro años relativas a un estudio estratégico del impacto medioambiental, encuentro muy sorprendente que se diga que es demasiado pronto para hablar de una estrategia global en este ámbito en particular. 
Si es demasiado pronto para hacerlo, sin duda el Consejo podrá ofrecernos alguna información sobre cómo coordinará debidamente esta estrategia global- cuando vea la luz- entre los distintos Consejos. 
Me parece que ya he contestado parcialmente estas preguntas. 
Es evidente que estos trabajos se harán en todos los campos de acción del Consejo. 
En la solicitud que se presentó en relación con la reunión del Consejo Europeo en Cardiff se mencionan numerosos factores que deben considerase en todos los campos de acción del Consejo y que después se agruparán. 
Como ya he señalado, este marco de normas será la estrategia que presente la Comisión. 
Hablamos, por tanto, de agrupar las diferentes estrategias del Consejo, dependiendo del campo de acción de que se trate. 
Esas estrategias se han diseñado de acuerdo al modelo solicitado en Cardiff y, lo que resta, es el trabajo de la Comisión. 
Por razones obvias no puedo precisar cómo presentará la Comisión su estrategia, sino que le pido que formule esta pregunta al representante de la Comisión. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta. 
Me refiero al Consejo de Transportes y, en particular, al último informe sobre la aplicación concreta de la estrategia, que pone de manifiesto una clara falta de progreso en muchos frentes del ámbito del transporte. 
La estrategia despierta serias preocupaciones acerca de las repercusiones que tendrá la ampliación sobre el transporte, pero el informe no sugiere gran cosa en lo que se refiere a medidas concretas. 
¿Qué medidas concretas propone la Presidencia? 
Estas medidas son fundamentales si se quiere tener plenamente en cuenta el transporte en el proceso de ampliación que, como cabe esperar, traerá consigo políticas sostenibles en materia de medio ambiente. 
No solamente la E de Environment es prioritaria para la Presidencia sueca, sino que también, como seguramente le consta a su Señoría, la E de Enlargement. 
En el marco de las negociaciones con los países candidatos, el capítulo de los transportes es uno de los más importantes. 
Esas negociaciones se fundamentan en primer lugar en la legislación comunitaria vigente, pero también nos permiten destacar frente a los países candidatos los importantes asuntos relacionados con el desarrollo sostenible que está discutiendo el Consejo, en este caso en el sector de los transportes. 
Estos principios, por tanto, son discutidos en relación con las negociaciones en el capítulo de los transportes con los respectivos países candidatos. 
Señor Presidente, esta cuestión de la sostenibilidad es realmente de gran interés y acogemos con satisfacción la prioridad de la Presidencia sueca. 
Pero lo que nuestros ciudadanos quieren saber es ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para garantizar la divulgación de los resultados de la estrategia de Cardiff para darlos a conocer a todos los ciudadanos y gobiernos de los Estados miembros y a los países candidatos? 
No creo que el Consejo haya estado especialmente activo en el pasado. 
Sé que la Presidencia sueca quiere cambiar eso e involucrar en mayor medida a los ciudadanos y ser más transparente. 
Quiero información sobre eso y, específicamente, sobre el Consejo de Industria. 
El Consejo se ha comprometido a adoptar una verdadera estrategia antes de 2004. 
¿Qué objetivos o acciones e indicadores serán necesarios a corto plazo para garantizar su pleno desarrollo? 
¿Cómo se evaluarán las repercusiones externas de la estrategia sobre la industria? 
Usted se ha referido detenidamente también a la energía. 
La eficiencia energética es una prioridad importante. 
Tenemos un informe que está a punto de ser presentado ante esta Asamblea en Bruselas. 
¿Tiene intención de tomar alguna medida sobre el plan de acción en favor de la eficacia energética? 
Intentaré contestarlas de la forma más breve posible. 
Es perfectamente correcto lo que señala su Señoría, esto es, que la Comisión y el Consejo necesitan dedicar más energía a divulgar los resultados de este trabajo. 
En el marco del interés general de la Presidencia sueca por aumentar la apertura, existen planes para divulgar ampliamente los resultados de la Cumbre de Gotemburgo por medio de Internet, intentando que las decisiones que se tomen sean de naturaleza tal que puedan ser entendidas por los ciudadanos. 
Sé, a través de los buenos contactos que tenemos con la Comisión, que ésta también tiene ambiciosos planes en esta materia. 
En cuanto a los indicadores concretos en el sector de los transportes, quisiera pedir a su Señoría que espere hasta que el Consejo en su reunión de abril haya aprobado una resolución sobre integración en esta materia. 
Hay numerosos planes concretos, pero el Consejo aún no ha tenido oportunidad de discutirlos. 
Por esa razón quisiera que se me permita volver más adelante para dar información más concreta. 
Damos por sentado que el Consejo (transporte) se reunirá a comienzos de abril de este año. 
Después tendremos respuesta a las preguntas de la diputada. 
En cuanto al Plan de Acción para aumentar la eficiencia de la energía, la Presidencia espera que podamos actuar durante el semestre. 
No me atrevo a ser más preciso en esta materia. 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0050/01): 
Asunto: Control deficiente de la protección de los animales en Europa Una vez más, los medios de comunicación describen la penosa situación de los animales en los Estados miembros. 
Una vez más, los ciudadanos europeos se indignan ante esta barbarie incomprensible. 
Y una vez más, los Ministros de Agricultura responden que se le pondrá fin. 
En su informe de 6 de diciembre de 2000 sobre la situación en el ámbito de la protección de los animales (COM (2000) 0809/final) , la Comisión mostraba, con una claridad aterradora, cómo en varios Estados miembros los animales se ven sometidos a un sufrimiento inhumano, y cómo las autoridades competentes fracasan repetidamente en su labor de control. 
A la vista de todo ello, ¿cuándo va a proponer la Presidencia un incremento sustancial de los recursos destinados al control de la observancia de la actual normativa en materia de protección de los animales, así como sanciones razonables, pero importantes, en caso de violación de dichas normas? 
. 
(SV) El informe de la Comisión a que alude la estimada diputada Paulsen versa fundamentalmente sobre el transporte de animales. 
La Presidencia aplaude este informe, que de una manera meritoria identifica numerosos problemas en los países miembros y propone también medidas. 
El informe se presentó el 6 de diciembre del año pasado y, después de haber sido tratado tanto en el ámbito del grupo de trabajo como en una reunión con los jefes de veterinaria, ha sido discutido por los ministros correspondientes. 
Ahora le corresponde a la Comisión presentar propuestas de medidas concretas, tal como lo ha prometido en su informe. 
Después de que éstas hayan sido presentadas, la Presidencia, tan pronto como sea posible, iniciará los trabajos en el grupo de trabajo del Consejo. 
Soy plenamente consciente de que la Presidencia no determina la agenda. Sin embargo, es posible tomar iniciativas sobre trabajos que se están ejecutando. 
También podría presionarse a la Comisión para que presente sus propuestas con más celeridad y eficacia. 
En este contexto, quisiera que estudiásemos la política agrícola como tal. 
Las subvenciones a las exportaciones hacen que los peores transportes sean lucrativos. 
Hay muchos otros sistemas de subvenciones que fomentan el despilfarro de recursos y el maltrato a los animales. 
Me consta que la legislación es deficiente, pero es mejor procurar la supervivencia de las leyes vigentes que esperar nuevas leyes. 
- (SV) Estoy plenamente de acuerdo con lo que señala la diputada. 
El hecho que estemos esperando medidas concretas de la Comisión no debe hacernos creer que no se necesita hacer nada más que esperar esas medidas. 
Puedo asegurar que la Presidencia concede a esta materia la más alta prioridad. 
Sin el ánimo de criticar las limitaciones del Tratado, nos apoyamos fuertemente en la Comisión para intentar conseguir mejores mecanismos para el cumplimiento de las leyes vigentes. 
Ante todo, se necesitan avances. 
En este punto creo que estamos totalmente de acuerdo. 
La situación en este campo es, en muchos casos, espantosa. 
El Consejo y el Parlamento tienen que continuar demandando la presentación de propuestas por parte de la Comisión, propuestas que estoy convencido de que serán presentadas en el más breve plazo posible. 
Pregunta nº 18 formulada por (H-0054/01): 
Asunto: Contaminación radiactiva en los mares Egeo y Jónico Según noticias aparecidas tanto en la prensa griega como en la turca, tal como ha publicado el periódico "Le Journal du Dimanche", las marinas de guerra griega y turca han utilizado proyectiles de uranio empobrecido en las maniobras que han realizado durante los últimos diez años tanto en el Mar Egeo como en el Mar Jónico. 
Esta cuestión ha provocado temores ante una posible contaminación radiactiva entre los habitantes de las islas y zonas costeras de los dos mares citados así como entre la ciudadanía de países limítrofes, pues las corrientes marinas extienden la radiactividad más allá de la región en la que se lanzaron los proyectiles. 
¿Piensa crear el Consejo un comité independiente que investigue la cuestión e informe sobre la situación real tanto a los habitantes de las regiones afectadas como a los ciudadanos europeos en general, antes de que se origine un "síndrome del Egeo" con o sin justificación? 
. 
(SV) Para comenzar, permítame señalar que el Consejo no asume posiciones frente a documentos, incluidos artículos de prensa, que se presentan al Consejo fuera del marco institucional. 
El Consejo sostiene que tratándose de situaciones de emergencia relacionadas con la radiactividad, los Estados miembros, de acuerdo con la legislación comunitaria, deben adoptar las medias necesarias para colaborar con otros Estados miembros afectados y para informar a la Comisión y a los demás Estados miembros que sufren daños o corren riesgo de sufrirlos. 
En esta situación, el Consejo informa a su Señoría que la Comisión tiene competencia para decidir si en este caso los Estados miembros deben aplicar el Derecho Comunitario, por ejemplo, la Directiva 89/618/Euratom sobre información a la opinión pública de las medidas de protección sanitaria y de reglas de conducta en caso de una situación de emergencia que implique riesgo de radiactividad y la Directiva 96/29/Euratom, que establece normas básicas de seguridad. 
Además, no se han presentado al Consejo propuestas que signifiquen la aplicación de medidas de prevención diferentes de las contempladas en el Derecho Comunitario. 
Señor Presidente en ejercicio, quisiera preguntarle como ve usted la cooperación en este asunto del país miembro con los órganos institucionales, y qué se le ocurre que podría hacer la Comisión Europea. 
Creo que también usted, como la opinión pública europea, está sensibilizado después del «síndrome de los Balcanes» en el sentido de que debemos investigar a tiempo y prever las cosas para que no acaben surgiendo otros síndromes. 
Si no hay ningún peligro, que lo sepa la opinión pública, porque las islas del Egeo y del Jónico están inquietas por los eventuales efectos, no sólo en la salud de los habitantes, sino también en el movimiento turístico. 
Como mencioné en mi respuesta anterior, el asunto de las normas que los Estados miembros aplican en este caso es de competencia de la Comisión. 
Por ese motivo el Consejo no puede comentar esta pregunta. 
Sin embargo, permítanme subrayar de manera general que es importante que los temas relacionados con el uranio empobrecido sean tratados con el máximo celo y cuidado y en concordancia con el principio de la cautela a que aludía su Señoría. 
Quisiera remitirme al importante debate sobre esta materia que tuvo lugar en esta Asamblea hace aproximadamente un mes. 
Esperamos los resultados de los estudios que se discutieron en esa oportunidad para continuar el debate. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas que no han recibido respuesta, la recibirán por escrito, a excepción de las preguntas 28, 30, 40, 42, 43 y 44, presentadas fuera de plazo según el Consejo, y de la pregunta 32, retirada por su autor. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Saneamiento y liquidación de las compañías de seguros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0019/2001) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la posición común (8975/3/00- C5-0521/2000- 1986/0080 (COD) ) adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros (Ponente: Sra. Peijs). 
Comisario Nielson, muchas gracias por sustituir a su colega Bolkestein. 
Se trata de una propuesta un poco complicada. 
No le formularé ninguna pregunta difícil esta tarde. No está mal, creo yo. 
El 23 de diciembre de 1986, se presentó en el Parlamento la propuesta de la Comisión relativa a una directiva en el ámbito de la liquidación y reorganización de las empresas aseguradoras, y fue adoptada. 
El 14 de marzo de 1989 siguió la aprobación en primera lectura por el Parlamento. La directiva estuvo durante los once años siguientes en el Consejo de Ministros. 
Eso tuvo que ver principalmente con dos obstáculos: en primer lugar, la cuestión de Gibraltar y las consecuencias territoriales que de ella derivan y, en segundo lugar, la conexión entre los artículos 10 y 11. 
Este último asunto se refería principalmente a la relación entre un fondo de garantía para el tenedor del seguro y su eventual situación preferencial dentro del derecho en materia de quiebra. 
Este último asunto surgió de nuevo durante la última lectura, pero afortunadamente, la comisión que se encargó de esta cuestión en el Parlamento pudo sortearlo. 
Y ahora nos encontramos formalmente en la segunda lectura en esta institución. 
Esta directiva persigue el mismo objetivo que la propuesta sobre liquidación y reorganización de las instituciones de crédito, es decir, el reconocimiento mutuo de la legislación. 
Esta directiva garantiza que las compañías de seguros se liquiden y reorganicen conforme a los principios de unity and universality. 
Esto significa que la compañía de seguros debe ser liquidada conforme a la legislación del país en el que se encuentra su domicilio social. Y por la autoridad competente en él, el llamado "principio de unidad". 
Esta autoridad competente debe implicar a todos los establecimientos y oficinas de la Unión Europea en la tramitación del proceso de liquidación, independientemente del Estado miembro en que estén establecidos. Ése es el universality principle. 
La directiva debe ocuparse de que exista igualad de trato entre los acreedores. 
Las reclamaciones siempre se tramitarán en el país del domicilio social, independientemente del país en que se presenten. 
De ahí que los acreedores tengan absolutamente los mismos derechos y no dependan más de la voluntad del país en el que se ha presentado la reclamación. 
Opino, al contrario de lo que sucede en la segunda lectura de la reorganización y liquidación de las instituciones de crédito, que esta directiva es más consistente y está bien construida. 
Recomiendo a mis colegas que adopten la posición común del Consejo sin introducir enmiendas. 
Y en este día de San Valentín, me parece que es un postura buena y unánime para el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, en primer lugar deseo manifestar mi más sincera gratitud hacia la ponente por su trabajo y por su minuciosa exposición, en la que nos ha aclarado una vez más en qué consiste la presente directiva. 
Con su permiso quisiera añadir que la directiva se centra en el marco general de la creación de un mercado interior para servicios financieros. Ya sólo por esta razón merece nuestro aplauso, puesto que nos queda un largo camino por recorrer en el que debemos reforzar, mejorar y desarrollar el mercado interior financiero y eliminar los obstáculos existentes. 
La posición común logra conciliar convenientemente los derechos de las compañías de seguros con los intereses legítimos de los acreedores. 
Estamos ante una propuesta equilibrada que, además, es el resultado de una transacción duramente negociada durante mucho tiempo. 
El Consejo ha dejado pasar once años. 
Dado que el procedimiento se está alargando demasiado redundaría en beneficio de los acreedores y las compañías de seguros que la directiva se aprobase sin mayor dilación. 
Permítanme que concluya mi intervención con un último comentario a fin de despejar posibles malentendidos. 
En Europa las quiebras de compañías de seguros son más bien excepcionales puesto que dichas empresas están sujetas a unas medidas de control muy estrictas y suelen caracterizarse por una buena gestión y unas relaciones satisfactorias entre los clientes y el equipo de gestión. 
Ello no obstante, la ausencia de un marco jurídico comunitario supone un riesgo que en determinados casos pudiera ocasionar serios problemas. 
Por eso mismo, la idea y la necesidad de elaborar una directiva están plenamente justificadas y hemos de felicitarnos por el resultado obtenido. 
. (EN) Señor Presidente, la Directiva sobre el saneamiento y la liquidación de las compañías de seguros viene a subsanar una laguna importante en la legislación de la Unión Europea sobre servicios financieros. 
Es una prioridad de primer orden para la creación de un mercado plenamente integrado de servicios financieros, como señaló el Consejo Europeo de Lisboa. 
Garantizará el reconocimiento mutuo de las legislaciones y los procedimientos, así como un grado de protección adecuado de los asegurados. 
Evitará conflictos de jurisdicción y la desigualdad de trato de los acreedores de seguros. 
El resultado será procedimientos más rápidos y mayor protección de los asegurados. 
La posición común del Consejo, presentada para examen al Parlamento, es completamente coherente con los objetivos fundamentales que se persiguen en la propuesta original y en la propuesta modificada de la Comisión. 
Asimismo, es coherente con otros instrumentos jurídicos sobre liquidación e insolvencia, acordados en el marco del mercado interior. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y, en especial, a la ponente Sra. Peijs por la sensatez y la eficiencia con que ha tratado este dossier. 
La comisión y la ponente recomiendan que se mantenga el texto de la posición común tal como está, sin ninguna enmienda. 
Consideran que los objetivos que se persiguen en este ámbito quedan debidamente protegidos a través de la posición común. 
Entienden que no debería ponerse en peligro el difícil equilibrio alcanzado, después de tantos años de negociaciones, sobre este texto que reviste una gran complejidad técnica. 
La Comisión invita al Pleno a que siga las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a que apruebe el texto íntegro de la posición común sin enmiendas. 
Esta directiva simboliza la cooperación europea y, en mi opinión, la tranquilidad que reina en estos momentos en el salón de plenos no refleja la magnitud de lo que realmente está sucediendo aquí. 
Es evidente que hace falta mucho tiempo y que en ocasiones parece muy complicado, pero al final, nuestra cooperación crea soluciones a problemas que únicamente pueden ser resueltos a través de la cooperación sistemática. 
Por lo tanto, el sistema funciona. 
El debate queda cerrado. 
Estoy seguro de que la actitud serena se debe a la calma de la ponente. 
La votación, si la hubiera, tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La Unión y Macao después del año 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0017/2001) del Sr. Soares, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: La Unión Europea y Macao: Más allá del año 2000 (COM (1999) 484- C5-0169/2000- 2000/2099 (COS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que subscribo sobre la Unión Europea-Macao fue examinado en dos ocasiones en la Comisión de Asuntos Exteriores y después aprobado por unanimidad en dicha comisión. 
Por lo demás, antes se le habían añadido algunas conclusiones de la opinión elaborada por la Comisión de Industria. 
Desde diciembre de 1999, hace poco más de un año, por tanto, Macao dejó de ser un territorio especial administrado por Portugal, pacífica y consensualmente, por lo demás, durante 450 años, para ser hoy una región administrativa especial integrada en la República Popular de China, conforme a la norma china "un país, dos sistemas". 
Aprovecho para decir que en el párrafo 9 de la exposición de motivos del informe hay un error grave, cuando se dice, al referirse a esa norma, "un sistema, dos países". 
Ahora bien, lo que los chinos quieren decir es exactamente lo contrario: "un país, dos sistemas". 
Es un error que también es necesario corregir. 
Como portugués y por haber tenido la responsabilidad constitucional directa sobre Macao, debe atestiguar aquí que el paso de Macao de la administración portuguesa a la china se hizo consensualmente y con enorme cordialidad, de conformidad con la declaración conjunta luso-china de 1987, que aún hoy sigue en vigor y que va a estarlo aún durante 50 años. 
El año transcurrido ha sido igualmente pacífico y consensual, según los testimonios que tengo de diversas fuentes y, en particular, de los portugueses y los macaenses que siguen viviendo y trabajando en aquel territorio. 
Ya he informado de ello a la Comisión de Asuntos Exteriores. 
La política de la República Popular de China en relación con Hong-Kong y ahora en relación con Macao va encaminada, como se sabe, a la aproximación y la futura integración de Taiwán a China. 
Y, a pesar de que ha habido y hay pequeños e inevitables problemas de integración en lo relativo a Hong Kong, territorio mucho mayor, mucho más populoso y mucho más rico que Macao, con un pasado histórico, en cambio, mucho más reciente, es de conocimiento general que la transición de los dos territorios- Hong Kong y Macao- ha transcurrido en general bien. 
Como ha subrayado, Macao nunca fue una colonia, fue un territorio bajo administración portuguesa por acuerdo entre Portugal y China. 
Después de la "Revolución de los claveles", cuando llegué a las Naciones Unidas por primera vez en 1974 como Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Asuntos Exteriores de China dijo: "Atención, no descolonicen Macao, porque no es una colonia ni nunca lo ha sido". 
En 1949, cuando tomó el poder, Mao Tse Tung dijo: "Portugal ha permanecido 400 años en Macao sin haber hecho la guerra nunca con China". 
Y eso fue- y es- para Macao un punto importante. 
Aunque Macao sea menos rico que Hong Kong, en el último decenio se ha desarrollado de forma extraordinaria en muchas esferas. 
Antiguamente era sólo el imperio del juego; hoy es una región en la que hay una producción intensa de carácter turístico y también de juguetes y de objetos diversos y muchas otras industrias, entre ellas la textil. 
Las relaciones entre Hong Kong y Macao siempre han sido y son excelentes. 
Pero conviene tener en cuenta y recordarlo a este Parlamento que cada territorio tiene sus peculiaridades. 
Son diferentes y, por eso, la Unión Europea debe verlos como cuestiones distintas, aunque correlacionadas; no se deben tratar en común, en particular en relación con la representación de la Unión Europea en aquel territorio. 
Portugal mantiene excelentes relaciones tradicionales con la China Popular, que siguen intensificándose en diversos niveles- este año ha habido incluso varias visitas de ministros chinos a Portugal y de ministros portugueses a China -, y también siguen siendo muy intensas de relaciones entre Portugal y Macao. 
El Gobernador actual de Macao, Sr. Edmondho, ya nombrado por el Gobierno chino, ha visitado este año oficialmente Portugal. 
Por lo demás, ha sido la primera visita que ha hecho al extranjero. 
De conformidad con la declaración conjunta luso-china, la República Popular de China se comprometió a respetar en los próximos 50 años el sistema económico y el orden jurídico político instituido por Portugal al crear la región administrativa especial de Macao. 
Macao, miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio, firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Tiene como una delegación- digo "como", porque la Unión Europea no lo admite- económica y comercial ante la Unión Europea- Macao Economic and Trade Office -, porque la competencia para las relaciones exteriores y de defensa corresponde a Pekín. 
Y, en principio, la Unión Europea debe nombrar a un representante permanente en Macao. 
Es importante que lo haga, creo que incluso ya lo ha hecho. 
Portugal dejó en Macao todo un ordenamiento jurídico de tipo democrático occidental, con instituciones políticas que funcionan bien, con un jefe del ejecutivo nombrado por Pekín, que substituyó al antiguo gobernador portugués, una Asamblea Legislativa de 23 miembros, tribunales independientes y un tribunal de última instancia, así como un cuerpo de policía eficiente. 
La declaración conjunta luso-china establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que se han venido respetando. 
En el territorio no hay pena de muerte. 
Portugal mantiene excelentes relaciones con la República Popular de China, como he dicho, y sigue teniendo una presencia muy relevante en Macao, en el nivel de inversores, empresas, funcionarios y profesiones liberales. 
Hay un colegio portugués en Macao, que funciona bien, donde se sigue enseñando el portugués. 
Para la Unión Europea, Macao puede y debe tener una gran importancia como centro de negocios e inversiones, no sólo en el territorio, sino también en virtud de transacciones que allí se hacen tradicionalmente con China y con los otros países de Asia. 
Por tratarse de una región administrativa especial, con una identidad cultural propia y una población mezclada, aunque con gran predominio chino, la presencia de la Unión Europea en Macao sólo puede tener ventajas en los dos sentidos. 
Por eso, insisto en el envío de un representante permanente de la Unión Europea a Macao y en la intensificación de las relaciones económicas, políticas y culturales entre la Unión Europea y Macao. 
Es preciso que la Unión Europea no se desinterese de Macao, porque lo que va a suceder en los 50 próximos años en el territorio con una jurisdicción especial depende en parte de la vigilancia que la Unión Europea ejerza sobre Macao. 
Señor Presidente, con el conocimiento especial que tiene de Macao y la atención que viene prestando a la evolución de la Región Administrativa Especial allí creada, el Sr. Mário Soares aporta a esta Asamblea un documento de gran importancia y oportunidad. 
En él se parte de un análisis del marco institucional y normativo consagrado para la región y de las posibilidades de estructuración democrática moderna que de él se desprenden, sin dejar de tener presente la especificidad cultural, los particulares lazos históricos, sociales y económicos en que se basa la relación de Macao con Portugal y con Europa, por un lado, y con la República Popular de China, por otro. 
Así queda trazado el horizonte y la perspectiva de que llegue a confirmarse la evolución francamente positiva de la Región Administrativa Especial, si bien sabemos que aún no se pueden tener en cuenta todos los datos concretos deseables sobre cómo han transcurrido efectivamente esos primeros doce meses, tiempo, por lo demás, muy corto. 
Si, como se espera y ya se indica en el informe Soares, se confirman ampliamente esos aspectos positivos, no se puede dejar de ver en ello el resultado no sólo de la cuidada preparación de la transferencia de soberanía por parte de Portugal y de China, sino también del empeño especial de las autoridades actuales de Macao y también- y conviene recordarlo- de la acción extraordinariamente relevante del último gobernador portugués de Macao, Vasco Rocha Vieira, sobre cuyos méritos el Parlamento, en Pleno, tuvo oportunidad de escuchar la declaración particularmente autorizada del Comisario Christopher Patten en diciembre de 1999. 
Esa actuación en el terreno tuvo el mérito de garantizar de forma duradera, entre otras cosas, el respeto de los derechos fundamentales y fue una forma de lucha serena y convencida por parte de éstos, sin el dramatismo que caracterizó la lucha de los que han sido galardonados con el Premio Sajarov, pero con eficacia y repercusión semejantes. 
Ahora bien, los muy positivos aspectos indicados no deben incitar a las autoridades de la Unión Europea a seguir la evolución posterior con más atención. 
Algunos puntos, tal vez explicables por la diferencia de mentalidades, lo justifican. 
Se sabe que entretanto ha habido una modificación del código de sociedades comerciales que podría llegar a colidir con las normas de la transparencia en materia de concursos públicos y también que la lengua portuguesa se está utilizando menos, tanto en el plano oficial como en el de la comunicación social y en el escolar. 
También parece haber indicios de modificaciones en la ley electoral, en ciertos aspectos relativos a la administración pública y a la clasificación de los funcionarios, al sistema de salud y a la enseñanza superior. 
Se espera que se trate de aspectos superficiales que no acaben plasmándose en un alejamiento de la Unión Europea y el empobrecimiento de la autonomía de Macao en beneficio de los usos vigentes en otros países de la zona o de una dilución menos aceptable en la propia China. 
No obstante, en el informe Soares se reitera la necesidad de respeto total del estatuto y del marco jurídico adoptados para Macao, en lo relativo tanto a los derechos fundamentales como a los demás derechos y principios de la legalidad democrática que se desprenden de la declaración conjunta chino-portuguesa de 1987 y de la ley básica de 1993, y se recapitula cuyo articulado, cosa que resulta muy útil. 
Se insiste también en la necesidad de incentivar la cooperación entre Europa y Macao en todas las vertientes y resulta más que evidente la conveniencia del rápido nombramiento de un representante de la Unión Europea para aquella Región Administrativa Especial. 
Por todo ello, y reiterando mi felicitación al Sr. Mário Soares, deseo expresar, en conclusión, mi concordancia y mi aplauso para su informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hago uso de la palabra por dos razones esenciales. 
La primera, para felicitar al ponente, nuestro colega Mário Soares, por el excelente informe que brinda a esta Asamblea y destacar tres de sus aspectos. 
En primer lugar, la necesidad de que Europa mantenga la vigilancia sobre la autonomía y la especificidad de la Región Administrativa Especial de Macao, en segundo lugar, la necesidad de que la Unión Europea tenga una presencia física con un representante y, en tercer lugar, la necesidad de fortalecimiento y diálogo con aquel territorio, como ha dicho muy atinadamente nuestro colega Mário Soares. 
En cuanto a la segunda razón, señor Presidente y Señorías, mi intervención va destinada a señalar un momento importante del debate de este informe, porque quien lo firma, además de ser un diputado a esta Asamblea, es un ex presidente de la República de uno de los Estados miembros de la Unión Europea con una trayectoria que nos honra a todos: no sólo a sus compañeros de partido y a sus conciudadanos portugueses, sino a todos los europeos. 
Y este informe, con su marca y firma, da crédito al Parlamento Europeo. 
Y, de hecho, conviene señalar no sólo la contribución que hace en este documento, sino también la forma activa y persistente con que siempre ha luchado y sigue luchando en esta Asamblea por la defensa de los valores más caros al proyecto europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Macao es un caso singular, un caso culturalmente específico y sobresaliente en la relación histórica entre Europa y China por mediación de Portugal. 
Preservar y valorizar esos trazos en el nuevo marco iniciado en diciembre de 1999 constituye para nosotros un propósito relevante. 
La Unión Europea es el segundo socio comercial y el tercer inversor en Macao y existe un acuerdo de comercio y cooperación que data ya de 1993, así como otros acuerdos concretos entre la Unión Europeo y Macao en otras diversas esferas. 
Por último, la administración portuguesa hizo un gran esfuerzo, sobre todo en los últimos decenios, para modernizar el territorio y sus infraestucturas y en las negociaciones con China consiguió el establecimiento en Macao de un marco jurídico institucional del mayor interés para una perspectiva europea y para la mirada particular que lanzamos a Asia y al Pacífico y para nuestras relaciones con la gran nación china. 
El primer mérito de este informe y de la propuesta de resolución que debatimos es el de que cumple el calendario, con rigor y oportunidad, y no ha dejado que Macao cayera en el olvido. 
Con ello no disminuyo la importancia del informe; al contrario, le atribuyo la mayor relevancia precisamente para que nuestros documentos al respecto no queden limitados a un cementerio de buenas intenciones y no acaban en el cajón o, peor aún, en el cesto de los papeles. 
Por el aspecto de la sala, parece que éste sea un debate portugués, pero lo que queremos reafirmar es que la transición de 1999 indica también que Macao ha pasado a ser una cuestión europea de primera magnitud. 
La puntualidad de esta labor parlamentaria de nuestro colega Mário Soares revela la principal fragilidad de la Comisión, la de no haber hecho lo mismo, lo que merece una crítica clara. 
Primero, está mal que haya pasado un año sin que la Comisión publicara el prometido y debido informe anual sobre las relaciones entre la Unión Europea y China. 
Y, segundo, también está mal, según sabemos, que aún no haya designado para Macao el encargado de la cooperación bilateral, al contrario de lo anunciado hace más de un año en la comunicación hecha por la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Las razones por las que debemos mantener y profundizar la cooperación bilateral con la nueva Región Administrativa Especial son de sobra conocidas. 
No vale la pena insistir aquí al respecto. 
Queremos felicitar al Dr. Mário Soares por su excelente trabajo. 
Esperamos que la Comisión sepa ahora recuperar el tiempo perdido, que intensifique y organice mejor la cooperación con Macao, que corresponda más activamente a los imperativos que se nos plantean, que relea y cumpla puntualmente su propia comunicación de 1999. 
Señor Presidente, quisiera elogiar al ponente por su excelente informe. 
Como ponente del Parlamento sobre Hong Kong, la actual situación de la Región Administrativa Especial de Macao me interesa por razones obvias, y he tenido la suerte de visitar la región en dos ocasiones durante el pasado año. 
Sobre el aspecto positivo, la economía de Macao ha mejorado de manera significativa desde la transferencia de soberanía y, durante el año 2000, el PIB alcanzó una tasa de crecimiento del 4%. 
Otro acontecimiento positivo es que Edmond Ho Hau-Wah ha declarado que se propone desmantelar el monopolio de los casinos y que intentará crear el equivalente asiático de Atlantic City. 
Acojo con satisfacción el hecho de que, además, la tasa de delincuencia en Macao haya descendido. 
Las estadísticas demuestran que la caída global de la delincuencia se sitúa en torno al 5% y que la policía ha reducido considerablemente los actos delictivos de las bandas que operan en el sector del juego. 
En cuanto al lado negativo, la tasa de desempleo ha alcanzado el 7%, lo que ha provocado malestar entre los trabajadores, que han visto agravados sus temores e incertidumbres porque creen que los inmigrantes representan una amenaza para el futuro del empleo. 
Macao se jacta de tener un sistema de enseñanza sólido, pero su dependencia económica del juego y de los textiles, y su incapacidad de atraer a empresas de alta tecnología no auguran nada bueno respecto a las futuras perspectivas de empleo entre la población joven. 
Otros acontecimientos preocupantes son las denuncias de la violencia que utiliza la policía contra los seguidores de Falangong, a los que se les negó la entrada en Macao durante la visita del Presidente Jiang y también se les negó el derecho a manifestarse en protesta por la represión del Gobierno contra el grupo. 
Por otra parte, el ruego del Presidente Jiang al Gobierno de Macao de no permitir críticas a Pekín plantea interrogantes fundamentales sobre el compromiso del Gobierno chino de permitir la libertad de expresión, que es un requisito fundamental para el éxito del principio "un país, dos sistemas". 
En términos generales, se han hecho progresos desde la transferencia de la soberanía y dichos progresos pueden calificarse de satisfactorios. 
No obstante, es imprescindible, al igual que en el caso de Hong Kong, mantener la vigilancia para garantizar que no se menoscaban la democracia, los derechos humanos y las libertades. 
Puedo asegurar al último orador que éste no es un asunto que interese únicamente a los portugueses. 
Es un asunto que interesa no sólo a la Unión Europea, sino a todo el mundo y a todos aquellos que quieren el progreso para Macao y Hong Kong, de manera que las libertades fundamentales estén garantizadas y no se vean reducidas por el país al que se ha transferido la soberanía de ambos territorios. 
Señor Presidente, a decir verdad, yo pensaba que hablaba después del Comisario y por eso venía ahora para acá. 
Sólo quería decirle que he leído el presente texto con mucho interés. 
Considero que la Unión Europea no debe bajo ningún concepto infravalorar esta cuestión. 
No olvidemos que, nosotros, como Unión Europea, vivimos en el continente euroasiático y que una buena parte de la humanidad se concentra en Asia. 
Por eso mismo, las relaciones que Europa logra establecer con sus socios asiáticos revisten para nosotros un valor estratégico. 
Desde esta perspectiva, Macao ocupa un lugar primordial como punto de encuentro entre la tradición cultural europea y la tradición asiática. En este espacio han echado raíces numerosas ideas fundamentadas en los derechos humanos y la libertad. 
Es por eso por lo que Macao está llamado a desempeñar un importante papel de intermediario a pesar de sus dimensiones más bien reducidas. 
Por todo lo anterior, estimo que nosotros, los europeos, no podemos de ninguna manera abandonar a Macao. Hemos de admitir que somos en parte responsables del destino pasado y posiblemente también futuro de muchas personas que viven allí. 
Tenemos una obligación que va mucho más allá de lo que ha asumido Portugal, cosa que, por otra parte, es de agradecer. 
Me alegro de que mi colega Cushnahan y yo hayamos tomado la palabra en este debate puesto que ello es un claro indicio de que no se trata únicamente de una herencia del antiguo imperio colonial portugués, sino de un objetivo europeo. Es muy sencillo. 
Nosotros como europeos sólo hemos de reconocer que Asia es nuestro socio más importante desde el punto de vista estratégico y que, por tanto, todo lo que aproxime el ideario europeo al ideario asiático y viceversa, todo lo que consagre los conceptos de democracia y Estado de derecho en el continente asiático, no sólo redunda en beneficio de la gente de allí sino que también beneficia a la Unión Europea. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión Europea acoge favorablemente el informe del Sr. Soares sobre la Comunicación de la Comisión: "La Unión Europea y Macao: más allá del año 2000" y también acogemos con satisfacción el proyecto de propuesta de resolución. 
Me complace observar que el Parlamento y la Comisión han llegado a conclusiones generales similares sobre cómo abordar el futuro de Macao. 
Acojo con satisfacción los avances positivos que se han producido en la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao durante el pasado año, desde el traspaso de poder. 
Atribuimos una gran importancia a que la población de Macao siga viviendo sus vidas con los mismos derechos y libertades de los que ha disfrutado durante tanto tiempo. 
Compartimos el punto de vista del Parlamento respecto a la importancia de la Declaración Conjunta de 1987 y la Ley Básica de 1993, como los principales instrumentos que definen la situación de la Región Administrativa Especial de Macao. 
Por ello, la Comisión se ha comprometido a seguir muy de cerca el proceso de transición y a contribuir a la ejecución sin sobresaltos y al mantenimiento del principio "un país, dos sistemas". 
Cuando se cumple el primer año del traspaso de poder, Macao ha establecido las instituciones administrativas necesarias y se ha adaptado a la nueva situación. 
El Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han realizado todos ellos esfuerzos impresionantes para adaptarse a la nueva situación. 
Macao también se ha mantenido activo a nivel internacional por derecho propio en ámbitos tales como las telecomunicaciones, la aviación civil y la protección de las inversiones, reafirmando así su individualidad y autonomía en ámbitos cubiertos por la Ley Básica. 
Al igual que el Parlamento, nosotros también acogemos con satisfacción el hecho de que Macao haya sido dotado de un sistema judicial moderno, que incluye, en el código penal, la prohibición expresa de aplicar la pena de muerte. 
Un sistema judicial renovado será de gran ventaja a la hora de aplicar la Ley Básica en virtud del principio "un país, dos sistemas". 
Por nuestra parte, apoyaremos, en la medida de lo posible, su fiel aplicación, entre otros medios, a través de nuestro programa de cooperación y, en particular, nuestro proyecto de cooperación jurídica. 
Compartimos el punto de vista de que es importante que el Acuerdo de Cooperación y Comercio entre la Unión Europea y Macao de 1993 siga en vigor para reforzar las relaciones. 
Consideramos que el acuerdo es fundamental para las relaciones entre la UE y Macao y un requisito básico para el desarrollo de una mayor cooperación comercial, especialmente, de las relaciones entre empresas. 
Asimismo, es la base para una mejor cooperación en aquellos ámbitos en que Macao ha conservado su autonomía. 
Nos proponemos desarrollar cuanto podamos nuestro comercio, y la situación está mejorando. 
Apoyaremos los esfuerzos encaminados a mejorar la situación de la UE en Macao fomentando un aumento de la inversión por parte de empresas europeas y ayudando a Macao a diversificar su base económica llegado el momento. 
Nos complace que el pasado año haya sido bueno para la economía de Macao. 
El crecimiento económico fue positivo y alcanzó el 4%, por primera vez desde 1996. 
El informe del Parlamento Europeo y la resolución piden un enfoque dinámico en las actividades de la Comisión mixta UE-Macao. 
Puedo informar que las relaciones entre la UE y Macao siguen siendo excelentes. 
La Comisión mixta celebró su reunión anual en Bruselas el 30 de junio de 2000. 
Esta reunión proporcionó un excelente foro para un intercambio franco, entre ambas partes, de puntos de vista y de información detallada sobre la marcha de los trabajos que están transformando Macao en una Región Administrativa Especial. 
También se trató sobre posibles modos de mejorar y reforzar las relaciones bilaterales, incluida la cooperación y el comercio y las relaciones económicas, tomando como base las recomendaciones de la comunicación de la Comisión. 
Con respecto a la cooperación, la resolución hace un llamamiento a la Comisión para que resuelva sin pérdida de tiempo la cuestión del nombramiento de un agente responsable de la cooperación técnica para Macao. 
En este sentido, me hubiera gustado poder comunicarles que el agente responsable de la cooperación técnica ha sido designado en noviembre, según lo previsto. 
Lamentablemente, el candidato seleccionado se retiró en la fase final, tras un procedimiento de selección que duró varios meses. 
Seguimos considerando muy importante el nombramiento de un agente responsable de la cooperación técnica. 
En general, la situación en Macao ha sido positiva. 
La Comisión está finalizando su primer informe anual sobre Macao y espera presentarlo en breve al Consejo y al Parlamento. 
El propio informe del Parlamento es oportuno, y sus observaciones y recomendaciones proporcionarán una nueva fuente de asesoramiento a la que recurrir para ultimar el primer informe anual de la Comisión. 
Como ya he mencionado, atribuimos gran importancia al mantenimiento de los derechos, las libertades y los principios democráticos de Macao y de su población. 
El informe de la Comisión estudiará detenidamente la totalidad de los aspectos que han caracterizado la vida diaria en Macao durante el primer año de existencia de la RAE. 
Por último, me complace informar que el Jefe del Ejecutivo de Macao, Sr. Edmond Ho, visitará Bruselas el 7 de mayo de 2001. 
Sé que la Comisión estará muy interesada en tratar con él sobre los últimos acontecimientos en Macao. 
Espero que algunas de sus Señorías tengan también la oportunidad de reunirse con él. 
Puedo asegurar al Parlamento que la Comisión mantendrá una vigilancia activa sobre los acontecimientos en Macao, especialmente aquéllos relativos a los principios democráticos y a los derechos humanos. 
La Comisión mantiene su compromiso de prestar, siempre que sea posible, su asistencia a Macao y de ayudarle a desarrollar y realizar todo su potencial. 
Asimismo mantenemos nuestro pleno compromiso de mantener al Parlamento informado sobre el progreso durante el proceso de transición de Macao. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdo CE/México (asociación económica, coordinación política y cooperación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0036/2001) de la Sra. Lucas, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición comunitaria en el Consejo mixto CE-México con vistas a la adopción de una Decisión por la que se aplican los artículos 6, 9, la letra b) del apartado 2 del artículo 12 y el artículo 50 del Acuerdo de Asociación económica, coordinación y cooperación política (COM (2000) 739- C5-0698/2000- 2000/0296 (CNS) ). 
Señor Presidente, antes de empezar mi intervención en relación con este informe quisiera pedirle que constara en acta que, de acuerdo con el artículo 161 del Reglamento, la exposición de motivos del informe que estamos discutiendo es responsabilidad exclusiva de la ponente y sólo refleja su opinión personal, no la opinión de la Comisión de Industria. 
Los ciudadanos no tienen por qué conocer nuestro Reglamento y determinadas manifestaciones pueden prestarse a confusión y dar lugar a malentendidos. 
Gracias, Presidente, y doy inicio ahora a mi intervención. 
Con el proyecto de decisión que contiene la propuesta de la Comisión, objeto del informe cuyo debate iniciamos, culmina un largo proceso que comenzó en el año 1995 con la firma de una declaración conjunta entre la Comunidad Europea y México, que fijaba unos objetivos que debían plasmarse en un acuerdo que sustituyera el Acuerdo de Cooperación, suscrito en el año 1991, para así fortalecer y potenciar las relaciones políticas, económicas y comerciales entre la Unión Europea y México. 
El Acuerdo sobre Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, llamado también Acuerdo Global, fue firmado en diciembre de 1997. 
Por ello, la propuesta de la Comisión, sobre la que el Parlamento ha sido llamado a pronunciarse, debe contemplarse en el contexto del Acuerdo Global suscrito entre la Unión Europea y México, el acuerdo más importante que la Unión Europea haya firmado jamás- creo que es bueno recordarlo-. 
El mismo contexto en el que se sitúa el acuerdo interino que trata de los aspectos económicos y comerciales del Acuerdo Global, cuyo objeto era permitir que pudieran comenzar cuanto antes las negociaciones para la liberalización de los aspectos comerciales de competencia comunitaria que figuran en el Acuerdo Global. 
Por lo que respecta al proyecto de decisión que nos ocupa y los acuerdos que el mismo contempla, mi Grupo los valora muy positivamente porque refuerzan las posibilidades de actuación en ámbitos especialmente interesantes para los operadores comunitarios, al garantizarles el acceso al mercado mexicano en condiciones iguales e incluso mejores que las de los países NAFTA en materia de servicios, inversiones, pagos y respeto a la propiedad intelectual, con los consiguientes beneficios y garantía jurídica que ello puede conllevar para la Unión Europea. 
Estas consideraciones justificarían, por sí mismas y sin ningún tipo de reserva, la aprobación del proyecto de decisión por mi Grupo y espero que también por este Parlamento. 
Además, más allá de las ventajas económicas, mi Grupo tiene muy presentes las ventajas políticas que conlleva la adopción de este proyecto de decisión y la necesidad, por tanto, de que el Consejo conjunto Unión Europea-México, que se reunirá a finales de este mes, pueda adoptarlo, porque sólo una vez adoptado podrán entrar en vigor las disposiciones relativas al diálogo político y a la cooperación en materia de educación, lucha contra la pobreza, temas sociales y medio ambiente; cuestiones todas ellas a las que mi Grupo, en particular, y este Parlamento, en general, se han mostrado siempre muy sensibles, porque son la garantía de que los beneficios económicos, que derivarán sin duda del acuerdo en su conjunto, contribuirán a promover un sistema político más democrático y respetuoso de los derechos humanos y más acorde con la justicia social. 
Señor Presidente, como presidente de la delegación para las relaciones con los países de la América Central y México, quisiera felicitar a los participantes por la conclusión de la última etapa de uno de los acuerdos más ambiciosos hasta hoy subscritos por la Unión Europea. 
Y permítame, señor Presidente, que, aprovechando la presencia del embajador de México ante la Unión Europea, el diplomático Jaime Zabludovsky, le dirija también a él esta felicitación por su activa intervención en este acuerdo. 
Este acuerdo establece las bases para un estrechamiento de las relaciones entre la Unión Europea y México. 
A ese respecto, quisiera destacar que esta vez no sólo hemos conseguido declaraciones institucionales, sino que, además, hemos creado un cuerpo jurídico que permitirá la aproximación entre dos pueblos que comparten muchos valores comunes en la medida en que ambas partes sean capaces de desarrollar todas las posibilidades del citado acuerdo. 
En esa medida quisiera recalcar que, aparte de los mecanismos establecidos en asuntos de concertación política y comercio, se ha creado también un instrumento que permitirá el impulso y el desarrollo de la cooperación en más de treinta esferas distintas. 
Han pasado casi tres años desde que este Parlamento emitió el dictamen conforme al acuerdo interino entre la Unión Europea y México. 
Un año después, se manifestó también a favor del acuerdo global, posteriormente ratificado por los quince Estados miembros de la Unión. 
Durante todo ese período hemos sido testigos de los importantes cambios que se han producido en la sociedad mexicana y han culminado en el que se puede designar como una verdadera celebración de la democracia: las elecciones del pasado mes de julio. 
A ese respecto quisiera aprovechar la ocasión para rendir homenaje público al Presidente Ernesto Zedillo por el compromiso que asumió respecto de las reformas democráticas. 
Quisiera también transmitir a los nuevos dirigentes de la administración mexicana mi más sincero deseo de que continúen por el camino iniciado y sean portadores de la esperanza que el pueblo mexicano ha depositado en ellos. 
Para terminar, señor Presidente y Señorías, creo que sería importante hacer dos llamamientos: el primero, pedir a la Comisión, en la persona de su Comisario Poul Nielson, que por mediación de la delegación de la Unión Europea en México haga una evaluación en el terreno para comprobar las posibilidades del acuerdo en sus aspectos comerciales y de cooperación y que sus resultados sean distribuidos posteriormente a los diferentes interesados; segundo, hacer un llamamiento una vez más a las partes implicadas en el conflicto de Chiapas para que intensifiquen los esfuerzos en la vía del diálogo basado en el respeto de los principios democráticos, para que pongan término a una situación anacrónica e impropia de nuestra civilización. 
Señor Presidente, permítame que exprese también nuestra solidaridad para con el pueblo de El Salvador, que una vez más ha sido víctima de una catástrofe natural. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, como bien señala el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el mapa político de América Latina puede ser interpretado, hoy en día, a través de relieves diversos y muy contrastados. 
Uno de ellos, podría ser el "efecto tequila", que irradia desde México tras las últimas elecciones presidenciales, auténtico ejemplo de civismo y que- confiamos- tendrá consecuencias benéficas para ayudar a moldear el nuevo mapa político de los Estados Unidos Mexicanos, donde esperamos constatar la separación de poderes y las garantías de alternancia política y donde estamos seguros de que, cada vez más, se verá prosperar la necesaria interrelación entre modernización económica y modernización política. 
Está claro que México es un país lleno de luces y de sombras, como cualquier país de la Unión Europea. 
Por eso me llama la atención el tono excesivamente crítico sobre la situación socioeconómica de esta república latinoamericana que utiliza la ponente en la exposición de motivos de este informe. 
Creo que debemos ser cuidadosos con nuestras manifestaciones y me sorprenden las dudas de la ponente en cuestiones de competencias constitucionales mexicanas al tratar del comercio de servicios. 
En cuanto a las inversiones, no me parecen oportunas las valoraciones que se hacen, ya que el grado de internacionalización de la economía mexicana es muy notable en los últimos años, hasta el punto de que México es el país que más ha utilizado el instrumento financiero comunitario llamado ECIP, lo que se refleja de manera clara en el crecimiento de las inversiones de empresas extranjeras y en los acuerdos de libre comercio, tanto el firmado con Estados Unidos y Canadá como el reciente con la Unión Europea. 
En este último caso, México ha realizado un esfuerzo estratégico para diversificar sus relaciones, tan concentradas en Estados Unidos y ello permitirá, además, un trato arancelario a las mercancías europeas similar al que tiene Estados Unidos, especialmente en lo referente a productos industriales. 
Obviamente, vamos a votar a favor. 
Señor Presidente, en el corto espacio de tiempo de que dispongo debo decir que la propuesta de decisión del Consejo que hoy debatimos la consideramos globalmente positiva, porque ya en su día, nos congratulamos de la firma y posterior ratificación del acuerdo con México, porque entendemos que supone un paso importante- y yo diría incluso inaudito- en la relación de la Unión Europea con un país latinoamericano. 
Pero este acuerdo, como todo en esta vida, es mejorable. 
Entendemos, lógicamente, que el acuerdo sea una cuestión mercantil, pero echamos de menos medidas concretas sobre el desarrollo de México, país hermano. 
Asimismo, no encontramos por ningún lado, dentro de las funciones del comité conjunto (artículo 44) la previsión de un estudio sobre las consecuencias de la puesta en práctica del acuerdo de asociación, lo cual nos parece francamente imprescindible. 
También lamentamos que ni siquiera se mencione el medio ambiente en este acuerdo; ni siquiera, tal y como señala mi compañera Caroline Lucas, haciendo referencia al Protocolo sobre bioseguridad dentro de los apartados de propiedad intelectual. 
Por último, debo señalar el profundo contrasentido que supone que, mientras en México el acuerdo lo han ratificado las instituciones elegidas por el pueblo, en la Unión Europea, que pretende ser un ejemplo de democracia, este acuerdo no pase directamente a ser aprobado por este Parlamento, elegido directamente por el pueblo europeo, sino que solamente se le consulte. 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya y aprecia el informe de la Sra. Lucas como una positiva aportación a la propuesta que se hace desde el Consejo en relación con la celebración del Consejo conjunto y su desarrollo. 
Precisamente, las observaciones y recomendaciones relativas a la transparencia democrática en materias tan delicadas como servicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias van encaminadas al respeto del Parlamento, de la población mexicana y de la Constitución de dicho país, así como, también, a que no se produzcan efectos perjudiciales en la sociedad mexicana. 
La Unión Europea está obligada a que nuestra relación y acuerdo con México no dé lugar a un aumento de los problemas, como ha ocurrido con la intervención norteamericana de siempre y, más en concreto, con el agravamiento de la situación en Chiapas, al ser objeto esa zona de intereses de multinacionales; de ahí que sea importante el éxito de este acuerdo, puesto que ello supondría un tipo de relación distinta de la Unión Europea con América Latina, por ejemplo para los próximos acuerdos con Mercosur y con Chile, y sería una esperanza importante para el continente. 
Señor Presidente, este Acuerdo UE-México me brinda la oportunidad de decir que supone un bonito cambio que el Parlamento Europeo trate sobre el libre comercio, algo sobre lo que generalmente sólo habla de boquilla. 
No obstante, cuando se celebró el presente Acuerdo, mi primer pensamiento fue que México había tenido suerte. 
He aquí un país que puede celebrar un acuerdo con la UE sin tener que ingresar en el club, sin tener que pagar la cuota de socio ni tener que adoptar miles de directivas y reglamentos cada año. 
¿Por qué el Reino Unido no puede hacer lo mismo? , pensé. 
A otro nivel, debo poner de relieve las observaciones de la ponente de que cada vez es mayor la susceptibilidad entre los diputados sobre quién toma las decisiones en materia de comercio: si es el Consejo o la Comisión. 
En realidad, dicha susceptibilidad no se limita a este Parlamento. 
Muchos de los miembros y electores de mi partido comparten esa susceptibilidad y se sienten alarmados ante los acontecimientos de Niza, que parecen poner demasiado poder en manos de funcionarios de la Comisión que no han sido elegidos. 
Esto quiere decir que no me satisfaría nada que se confieran poderes a otras instituciones de la UE, porque el principal motivo de nuestra susceptibilidad es que a nosotros, como país, nos llegan acuerdos comerciales que afectan al Reino Unido y que son negociados y ultimados por terceros, acuerdos que pueden o no ser del todo beneficiosos para nuestros intereses nacionales. 
Por otra parte, en cuanto a los procedimientos de solución de controversias basados, como están, en el modelo de la OMC, ya hemos conocido la guerra del plátano, en la que empresas británicas inocentes han sido penalizadas por asuntos que nada tienen que ver con ellas y sobre los que no tienen el menor control. 
En definitiva, nos alegra que la UE y México hayan alcanzado un acuerdo, pero no creemos que el Reino Unido deba sentirse obligado por el mismo. 
Preferiríamos mucho más celebrar nuestros propios acuerdos según nuestras propias condiciones. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción por la conclusión del Acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea, en cuya elaboración muchos de los presentes estamos participando activamente desde hace ya algunos años. 
Respecto al informe que nos ocupa, me gustaría llamar la atención sobre dos aspectos que considero importantes y cuyo tratamiento es sorprendente. 
Por una parte, en este texto se invoca la constitución mexicana al menos ocho veces, esgrimiendo una supuesta violación de la Carta Magna de este país al firmar el Acuerdo con la Unión Europea. 
A este respecto, simplemente quiero recordar que el 20 de mayo de 2000 el Parlamento mexicano aprobó esta cooperación por 89 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. 
Las mismas cifras son válidas para la aprobación de las decisiones comerciales del Consejo conjunto del Acuerdo interino, así como las del Consejo conjunto del Acuerdo global. 
Ningún Grupo parlamentario interpuso recurso alguno de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia de la nación, órgano habilitado para dirimir estas cuestiones. 
En otro orden de cosas, en lo referente a los derechos humanos, cabe recordar que México ha firmado más de 50 Tratados internacionales en materia de derechos humanos y laborales, incluidos muchos de los que menciona el informe que hoy nos ocupa. 
Asimismo, reconoce la jurisdicción obligatoria del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos en esta materia. 
Parece pues, que en México hay un verdadero Estado de Derecho. 
Por otro lado, la actual administración ha suscrito un Acuerdo con las Naciones Unidas y ha establecido una Embajada especial ante el citado organismo internacional para los derechos humanos y la democracia. 
También quiero recordar que, en el año 1999, se incluyó la cláusula democrática en este Acuerdo. 
Y, por último, creo que la mejor garantía para poder ejercer los derechos y libertades individuales es la prosperidad económica, y, como todos saben y se ha demostrado en múltiples ocasiones, los Acuerdos de libre comercio suponen, a medio plazo, una sólida base para conseguirla. 
Señor Presidente, ya se ha dicho que nuestro Grupo respaldará la propuesta del Consejo. 
México es un país importante. 
Es el mayor país hispanohablante. 
Desde esta perspectiva, el presente acuerdo reviste una enorme importancia política. 
Por otra parte, quisiera subrayar que nuestro visto bueno se basa en otro argumento de peso, y ahora miro en dirección al Comisario competente para la política exterior. El acuerdo constituye una prueba de la política exterior común de la Unión Europa. 
A este respecto discrepo de mi colega británico, que hubiera preferido que los Estados miembros suscribiesen acuerdos individuales. 
Para mí es un logro que la Unión Europea haya afrontado esta cuestión en común. 
En nuestra opinión, el Acuerdo UE-México ocupa un lugar primordial. 
Es, además, el primero de una serie de acuerdos en el marco de los cuales también se están llevando a cabo negociaciones con el Mercosur y con Chile. 
Por eso mismo, la aplicación del acuerdo con México desempeña una función piloto. 
En lo que a nuestra política comercial se refiere el acuerdo pretende mejorar nuestra situación comercial en México. 
Desde el punto de vista comercial, la presencia europea en México ha quedado reducida a un nivel francamente irrisorio. 
Hemos de incrementar nuestra presencia. Por otra parte, creo que México sale ganando con una política exterior equilibrada que no dependa exclusivamente del comercio con los EEU y en la que también esté presente Europa. 
Me parece una perogrullada. 
En eso el acuerdo beneficia tanto a los europeos como a los mexicanos. 
Aparte de todo ello, nuestra aprobación ha de considerarse asimismo como una recompensa por el cariz que están tomando las cosas en México. 
Con la elección del Presidente Fox se ha producido por primera vez desde la Revolución Mexicana un cambio de poder. 
Gracias a ello, México entra a formar parte del grupo de Estados en los que los cambios de poder democráticos se conciben como algo normal. 
Además, todos los indicios apuntan a que puede haber una solución pacífica para el conflicto que se vive en el sur del país, en Chiapas. 
México no sólo se ha abierto a los EEUU, sino que también está dispuesto a abrirse a Europa. 
Por eso consideraría por ejemplo muy positivo que el recién elegido Presidente mexicano se desplazara en breve a Europa- e incluso pronunciara un discurso en el Parlamento- y que los jefes de Estado europeos visitaran México. 
Eso es siempre así. Ahí entra la libertad de la ponente de expresar su opinión. 
Sin embargo, en este contexto quisiera dejar claro que la colaboración con México y con cualquier país con el que mantengamos relaciones amistosas se basa asimismo en una actitud crítica que, por otra parte, se manifiesta en ambas direcciones. 
Nosotros queremos tener la libertad de poder decir lo que no nos gusta de otros países al tiempo que animamos a nuestros amigos a que nos digan lo que no les convence a ellos. 
El mejor ejemplo es el de los EEUU: la UE critica a menudo a los EEUU- y viceversa -, pero ello no afecta para nada a nuestra cooperación y mutua confianza. 
Señor Presidente, mi Grupo es plenamente consciente de la importancia que para ambas partes tiene el Acuerdo de Asociación de libre comercio entre la UE y México, y respalda la iniciativa de la ponente en la mayoría de sus puntos. 
México es el socio comercial más importante de la Unión Europea en América Latina después de Brasil, y me enorgullece especialmente que Europa haya alcanzado un resultado que va más allá de los privilegios del TLCAN en varios ámbitos, un resultado que es bueno para Europa, pero también bueno para México. 
Consideramos que el presente Acuerdo marca un hito para las futuras relaciones con los países de América Latina. 
En el contexto del debate de hoy, los Liberales europeos desearíamos hacer especial hincapié en la importancia de la cláusula estándar de los derechos humanos en el presente Acuerdo, especialmente con respecto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales. 
Nos gustaría subrayar la importancia fundamental de vigilar la situación de los derechos humanos en México, que he tenido ocasión de ver con mis propios ojos. 
En este contexto, considero acertada la propuesta de la ponente de proceder a una modificación de los artículos 39 y 59 del Acuerdo Global. 
Habría que prever la celebración de un acuerdo secundario sobre cooperación en materia de derechos humanos. 
Nuestra principal esperanza es que la apertura de la economía mexicana contribuya al desarrollo económico y social de Chiapas. 
Declaramos nuestra disposición a iniciar este proceso y espero que la marcha de Marcos hacia Ciudad de México signifique un gran avance en la consecución de la paz. 
Ahora le toca al Presidente Fox cumplir lo que prometió durante su campaña a la delegación del Parlamento Europeo. 
Seguiré de cerca los acontecimientos. 
Señor Presidente, concedemos el beneficio de la duda al acuerdo entre la Unión Europea y México. 
Pedimos a la vez que el Consejo y la Comisión continúen informando al Parlamento Europeo de la forma más completa posible sobre los efectos recíprocos de este acuerdo. 
Esta petición explícita está estrechamente relacionada con las iniciativas esperanzadoras que actualmente ha adoptado el nuevo Presidente mexicano, Vicente Fox. 
Esfuerzos que están claramente dirigidos a los grupos de población más retrasados, en primer lugar, a la comunidad indígena, muy amplia, a fin de ayudarles mediante inversiones y una considerable autonomía regional. 
Una aspiración valiente dada la gran oposición política y social. 
Para la Unión Europea y los Estados Unidos, se trata de una bonita tarea conjunta de desarrollo. 
A fin de cuentas, no deseamos ni en Bruselas ni en Estrasburgo que se nos conozca en todo el mundo como comerciantes fríos y calculadores. 
En resumen, un mayor acceso a los mercados y una mejora de la posición mexicana en la economía mundial exige un planteamiento más humanitario, además de una liberalización unidimensional. 
Nos identificamos ciertamente con la perspectiva social de la ponente, la Sra. Lucas, en cuanto a las necesidades de la población mexicana. 
En su explicación sobre el acuerdo, señala varias veces la corrosión de la constitución mexicana. 
Sin embargo, ése es un asunto primordialmente interior, en nuestra opinión. 
Por otra parte, deseamos que el compromiso de nuestra ponente se transmita al Consejo y a la Comisión de cara a los contactos con los socios mejicanos. 
Señor Presidente, estimados colegas aún presentes, tenemos delante de nosotros un documento interesante. 
Me da la impresión de que ha sido elaborado por un- no se me ocurre ningún equivalente en alemán- sharp mind. 
En mi opinión, la ponente ha logrado magistralmente realzar los puntos débiles del acuerdo y al leer la exposición de motivos, señora Lucas, uno no puedo por menos de tener la sensación de que pueda abrir el camino a un imperialismo europeo. Quisiera formular dos observaciones concretas. 
La primera se refiere a las deficiencias democráticas y políticas que se mencionan una y otra vez en la exposición de motivos. En realidad las ventajas que concedemos a México son las que se puede permitir el más fuerte de cara al más débil. 
La necesidad de que México adapte su Constitución para cumplir con este acuerdo me da que pensar. 
Me recuerda los déficits que tiene la Unión Europea para con sus propios ciudadanos como consecuencia de la deficiente legitimación democrática. 
El segundo punto que, a mi modo de ver, no se debe perder de vista es que México no es solamente un importante socio comercial de la Unión Europea sino que, además, vivió a mediados de los años 90 lo que el entonces Presidente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, caracterizó como la primera crisis financiera del siglo XXI. 
Por todo ello considero muy loable que se haga especial hincapié en los problemas sufridos por países como México, y en este momento sobre todo Argentina, como consecuencia de su estrecha vinculación al dólar americano. Lamentablemente, la Comisión no suscribe la opinión generalizada de que es preciso tener cuidado. 
Desde mi punto de vista personal optaría más bien por algo así como el sistema Bretton-Wood. Faltan las precauciones necesarias y faltan asimismo medidas de ayuda positivas en beneficio de México. 
Ésa es quizá la única crítica que me inspira el informe. Es inaceptable que en nuestras recomendaciones no insistamos en la necesidad de prestar ayuda en momentos de crisis financiera. 
Señor Presidente, es cierto que el Acuerdo con México marca un hito en las relaciones con los países latinoamericanos. 
Tiene un mayor ámbito de aplicación que cualquier otro acuerdo celebrado hasta la fecha entre la Unión Europea y un país tercero. 
Personalmente siempre he adoptado una actitud muy crítica pero a la vez solidaria hacia este acuerdo puesto que, a diferencia de algunos miembros de este Parlamento, nos hemos preocupado en todo momento por defender no sólo los intereses de la Unión Europea, sino también los de México y la población mexicana; tanto más cuanto que la mayor parte de sus habitantes vive en la pobreza. 
El acuerdo sólo marcará un hito si mejora las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos. 
A este respecto también será decisiva la aplicación concreta de la cláusula de los derechos democráticos y humanos. 
Además de por sus logros económicos, el Gobierno del Sr. Fox habrá de ser juzgado por este otro tipo de medidas. 
En el futuro conviene prestar especial atención al comercio de servicios y a las inversiones directas, porque es inaceptable que México sea considerado como un mero banco de trabajo. Es importante que las inversiones contribuyan al desarrollo regional y se guíen por unos criterios sociales y ecológicos claros que no sólo deben comprobarse, sino también respetarse. 
Nosotros como Parlamento Europeo y el Gobierno mexicano tenemos el deber de garantizar junto con la población mexicana que este acuerdo aporte los mayores beneficios posibles. 
Concedemos asimismo una gran importancia a la forma en que el Consejo mixto llevará a cabo sus tareas de cara al futuro desarrollo del acuerdo e implicará en este proceso al Parlamento mexicano y a la Unión Europea. 
Y como no hay nada que no sea susceptible de mejora espero que México y la Unión Europea logren eliminar como socios, en pie de igualdad y con los mismos derechos, las anomalías y los errores que sin duda subsisten en el acuerdo. 
Lo digo como vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México. 
Respaldo el presente acuerdo y si estos puntos, muchos de los cuales ha abordado la Sra. Lucas, llegan a ponerse en práctica, nada podrá impedir el éxito del mismo. En ese caso realmente marcaría un hito en la historia de los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y un país latinoamericano. 
. 
(EN) Señor Presidente, el Sr. Seguro se ha referido, al final de su intervención, a la terrible situación de El Salvador. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para informar al Parlamento de que hoy he decidido desbloquear otra ayuda por un valor de entre 5 y 8 millones de euros para el pueblo de El Salvador. 
Es una ayuda bastante considerable. 
Volviendo sobre la cuestión que nos ocupa, México ha pasado por un proceso de modernización radical durante la pasada década. 
El TLCAN ha tenido un papel decisivo en esta transformación y sus efectos han sido un importante incremento del comercio y de la inversión entre los Estados Unidos y México y también con el Canadá. 
Ni la UE ni México querían que el TLCAN debilitara las relaciones entre la UE y México. 
Ambas partes asumimos el reto y decidimos adaptar nuestras relaciones. 
El resultado fue la entrada en vigor, el pasado octubre, de nuestro Acuerdo de Asociación económica, coordinación y cooperación política, más conocido como el Acuerdo Global. 
Este Acuerdo, que incluye disposiciones sobre el libre comercio, el diálogo político y la cooperación, viene a reforzar las actuales relaciones de México con Europa. 
Debido a la compleja distribución de las competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros, el Acuerdo sobre libre comercio está compuesto de dos textos jurídicos separados. 
El primero, la Decisión 2/2000, cubre los ámbitos de competencia comunitaria y fue aprobado por el Consejo mixto en Lisboa el 23 de marzo de 2000, después de que el Parlamento emitiera su dictamen el 16 de marzo de 2000, y entró en vigor el 1 de julio de 2000. 
El segundo texto cubre los ámbitos restantes- servicios, inversión y propiedad intelectual- y su adopción por parte del Consejo mixto está prevista para el 27 de febrero de 2001. 
Este último texto, sobre el que hoy debatimos, liberalizará los servicios en dos fases. 
En primer lugar, a través de la inclusión de una cláusula de moratoria que impide a ambas partes introducir nuevas medidas discriminatorias o reforzar las ya existentes. 
Esta cláusula es aplicable únicamente a las medidas discriminatorias y, por consiguiente, no excluye la posibilidad de adoptar nuevas normas restrictivas y no discriminatorias, por ejemplo, con vistas a una mejor protección del medio ambiente. 
En segundo lugar, esta decisión prevé la eliminación, en un plazo máximo de diez años, de la práctica totalidad de la discriminación aún existente entre las partes. 
Esta decisión será conforme con el Reglamento del GATS- principalmente, con la obligación de no excluir a ningún sector del proceso de liberalización. 
Asimismo, el texto incluye medidas relativas a las inversiones y pagos relacionados, que completan los compromisos ya asumidos por ambas partes en el marco de la OCDE y a través de los acuerdos bilaterales suscritos entre México y la mayor parte de los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo ha sido invitado a emitir su opinión sobre esta segunda decisión. 
Una vez que esta decisión sea adoptada por el Consejo mixto el 27 de febrero de 2001, el Acuerdo de libre comercio entrará plenamente en vigor. 
Pero esta decisión tiene además repercusiones más amplias. 
El Acuerdo Global se aplicará en su totalidad y, por consiguiente, el diálogo político y los pilares de cooperación entrarán en vigor. 
México es uno de los socios comerciales tradicionales más importantes de la UE en América Latina, con un potencial de crecimiento considerable, y la UE es el segundo socio comercial de México después de los Estados Unidos. 
La realización del acuerdo de libre comercio proporcionará a los operadores de la CE un acceso al mercado mexicano similar al que garantiza el TLCAN. 
Cabe esperar que nuestras relaciones comerciales, que durante estos últimos años han disminuido, mejoren considerablemente ahora que estaremos en condiciones de competir en igualdad de condiciones con los productos y servicios estadounidenses y canadienses. 
Deberíamos sentirnos satisfechos por lo que hemos alcanzado en este ámbito. 
El Acuerdo de asociación económica entre la UE y México es el primero de este tipo que suscribe la UE con un país de América Latina. 
Aparte del comercio, deberíamos aprovechar plenamente el Acuerdo Global para seguir profundizando en las ya excelentes relaciones bilaterales con México. 
El diálogo político institucionalizado de alto nivel proporcionará una buena herramienta para acordar posiciones comunes sobre temas de mutuo interés, como, por ejemplo, la reforma de las Naciones Unidas, los esfuerzos para lanzar una nueva ronda de la OMC y la situación de los derechos humanos de ambas partes. 
El Acuerdo nos proporcionará nuevas posibilidades de cooperación sobre la base de las orientaciones establecidas para el período 2000-2006, ya se trate del fortalecimiento del Estado de derecho, la reforma judicial, la lucha contra la pobreza o la inversión en recursos humanos. 
Es un nuevo comienzo muy ambicioso. 
Comparto los puntos de vista expresados por la mayor parte de sus Señorías en el presente debate, y nos alegrará mucho ver florecer este acuerdo en los próximos años. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Solicité al Sr. Comisario una información específica. 
Me refiero al orden del día de la reunión que el Consejo mixto celebrará el 27 de febrero. 
¿Podría decirnos, señor Comisario, si y cuándo tendremos acceso a dicho orden del día, qué incluirá y qué tipo de informe podemos esperar de dicha reunión? 
. 
(EN) El modo en que está organizada la división de los trabajos significará que, naturalmente, informaremos al Parlamento sobre los resultados de dicha reunión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Definición de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0315/2000) del Sr. Ceyhun, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (10675/2000- C5-0427/2000- 2000/0821 (CNS) ), y de la Decisión marco del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada y a la estancia irregulares (10676/2000- C5-0426/2000- 2000/0820 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la antigua Presidencia francesa propuso en agosto de 2000 dos iniciativas para luchar contra las redes criminales de inmigración ilegal y poder aplicar medidas preventivas. 
Pero para ello muchos refugiados tuvieron que perder la vida como víctimas de estas redes. 
Y desafortunadamente, los refugiados continúan perdiendo la vida. 
Cada semana leemos al menos dos noticias referidas a estos trágicos sucesos. 
Es por eso por lo que la Unión Europea ha de actuar sin mayor demora. 
La Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada y a la estancia irregulares define un marco jurídico que tiene por objeto impedir la entrada ilegal con la ayuda de redes criminales de inmigración ilegal. 
La segunda iniciativa consiste en una decisión marco del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada y a la estancia irregulares que tiene por objeto impedir la explotación de los refugiados. 
Debo reconocer que, en realidad, ambos documentos podrían presentarse como una sola iniciativa. 
Podrían reunirse en el primer pilar en una única propuesta basada en el mismo fundamento jurídico. 
Desgraciadamente, no he logrado convencer al Ministerio de Interior francés. 
Me alegro de que mis enmiendas hayan contado con el apoyo de la Comisión de Libertades, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Ya no disponemos de dos propuestas restrictivas, sino de dos propuestas que confieren un trato diferenciado a los diferentes grupos destinatarios. 
En tanto que las redes criminales de inmigración ilegal deben ser penalizadas, no se mide con el mismo rasero a las ONG, las iglesias y otras organizaciones similares que prestan ayuda humanitaria a las personas perseguidas. 
No podemos ignorar que, desafortunadamente, hoy día decenas de miles de personas se siguen viendo obligadas a huir de diversos tipos de persecución y conflictos bélicos. 
Les pregunto, estimados colegas, si ha de considerarse un delito el que se brinde ayuda a una persona perseguida que se halla en dicha situación. 
A decir verdad, me felicito de que haya gente valiente que ayuda a los refugiados. 
Por eso mismo, resultó imprescindible que se incluyera una definición exacta de la ayuda y los cooperantes honestos. 
El texto de la iniciativa francesa no hacía ninguna distinción entre ayuda individual y ayuda organizada, ni tampoco entre ayuda económica y ayuda moral. 
Así que se imponía una rectificación. 
No pretendo negar que en la actualidad el tráfico de seres humanos se ha convertido en un lucrativo negocio de criminales, pero sería un grave error creer que este problema puede solventarse con medidas restrictivas. 
Las acciones policiales y jurídicas han de ir acompañadas de una política común europea en materia de asilo e inmigración. 
Habría sido fácil rechazar las propuestas del Gobierno francés, también criticadas por mí, mientras no se accediera a nuestra petición de aplicar una política de asilo y de inmigración común. 
Para nosotros habría sido sin duda mucho más cómodo tramitar y archivar este tema en cinco minutos, pero de este modo hubiéramos cometido una enorme irresponsabilidad habida cuenta del destino de las víctimas. 
Por eso, me alegro de que en mi informe la Comisión de Libertades, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y yo hayamos logrado desarrollar dichas iniciativas de tal modo que se tengan en cuenta criterios humanitarios y penales. 
Lamento profundamente que el Grupo del PPE no esté dispuesto a respaldar este informe en concreto. 
Por otra parte, me felicito por la participación del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos y le agradezco sus interesantes enmiendas complementarias. 
Espero que los miembros del Grupo de los Socialistas Europeos, el Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos, el Grupo Verdes/Alianza Libre Europa y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica podamos demostrar con este informe que el Parlamento Europeo es capaz de formular propuestas orientadoras al Consejo en un tema tan complejo como éste, no solamente desde el punto de vista político, sino también en el ámbito humano. 
Señor Presidente, disculpe, pero me había despistado con la hora. 
En primer lugar quiero felicitar al colega Ceyhun por el trabajo que ha realizado y los esfuerzos por recoger todas las sensibilidades que existían en torno a estas dos iniciativas. 
En segundo lugar, he de insistir ante esta Asamblea en algo que es absolutamente prioritario para el futuro de la Unión Europea, de nuestra sociedad y del proyecto político que desde aquí estamos construyendo. 
Se trata de la necesidad de una política comunitaria de inmigración y asilo, algo que no podremos conseguir si no es con el compromiso, esfuerzo y trabajo de las instituciones políticas de la Unión Europea. 
Me gustaría reiterar una serie de cuestiones que esta Asamblea y el Consejo tienen que tener en cuenta de manera clara a la hora de tomar futuras decisiones. 
Es indispensable diferenciar entre la ayuda desinteresada y humanitaria a la inmigración clandestina y la actividad de las redes delictivas, según se precisa en el artículo 27 del Convenio de Schengen. 
Es importante, igualmente, distinguir claramente entre los beneficiarios de la inmigración clandestina de manera directa y activa, como lo son los organizadores del transporte de inmigrantes clandestinos y los que en él participan, y, por otro lado, los beneficiarios pasivos e indirectos, que son aquellos que se lucran de la actividad laboral de los mismos. 
Hay que recalcar también que el beneficio económico, igualmente, puede ser un beneficio directo o indirecto, dependiendo de la naturaleza de la propia acción que se lleve a cabo. 
Por otro lado, entiendo que los transportistas no pueden tener una responsabilidad por el traslado de personas que inmediatamente después de la llegada al territorio de un Estado miembro soliciten asilo político. 
Los transportistas no tienen ni capacidad, ni autoridad para valorar la idoneidad de una solicitud de asilo y, por lo tanto, entiendo que en ningún caso, directa o indirectamente, se les puede persuadir a través de estos instrumentos para valorar dicha idoneidad. 
Las sanciones deben ser proporcionadas y equilibradas, hay que buscar esa proporcionalidad entre sanción e infracción. 
Las medidas y sus fines deben respetar escrupulosamente las obligaciones asumidas por los Estados signatarios de la Convención de Ginebra de 1951, respecto a los solicitantes de asilo que entran en un Estado de la Unión Europea. 
Estas medidas nunca pueden tener, como finalidad, disuadir a los solicitantes de asilo de ejercer su legítimo derecho a acogerse a la protección de un Estado signatario, ya que ello supondría un incumplimiento de la referida Convención de Ginebra. 
Por último, quiero llamar la atención sobre la necesidad de que los Estados miembros sean conscientes de que algunas zonas de la Unión Europea están afectadas especialmente por la inmigración clandestina y que, por motivos de su situación geográfica, están asumiendo una gran parte del peso de las políticas de inmigración, por lo que se deben desarrollar líneas presupuestarias que permitan pagos compensatorios, lo que generará un incremento de la solidaridad dentro de la Unión Europea en esta materia. 
Hace poco veíamos gente ahogada que flotaba en aguas de la costa española. 
Estas tragedias ocurren todos los días en Europa, aunque no siempre con connotaciones tan espectaculares. 
Las organizaciones clandestinas que se enriquecen abusando del dolor ajeno y transportan subrepticiamente a seres humanos en condiciones horribles deben ser castigadas. 
Estamos frente a una actividad inhumana. 
Se necesitan esfuerzos mancomunados en el ámbito de la Unión. 
Pero, señor Presidente, la iniciativa presentada por Francia sólo se ocupa de una pequeña parte de esta complejísima materia que atañe a los refugiados y a las migraciones. 
A pesar de las hermosas declaraciones sobre responsabilidad global, los Estados miembros de la Unión Europea no han podido ponerse de acuerdo sobre una política común de asilo y migración. 
En lo único que parece haber consenso es en las medidas represivas. 
Los traficantes de personas deben ser castigados y las compañías aéreas que embarcan a personas sin documentos válidos deben ser multadas. 
No es razonable delegar en las azafatas de aerolíneas la valoración de la necesidad de protección de las personas. 
También hay que preguntarse por qué hay personas que gastan todo lo que tienen para dejarse transportar ilegalmente, en condiciones de inseguridad, hacia un país extraño. 
¿Es posible realmente ingresar en la Unión legalmente cuando exigimos visados a 130 países? 
No lo creo. 
Europa se está transformando en una fortaleza. 
El Grupo Liberal desearía más programas amplios en torno a las migraciones. 
En esta materia se necesita una política común. 
El informe que ha redactado el ponente implica una importante modificación a la propuesta francesa, puesto que considera los matices. 
Sin duda que las organizaciones clandestinas deben ser castigadas, pero hay personas que sin ánimo de lucro esconden a refugiados, ya que están convencidos de que éstos corren graves riesgos si son enviados de vuelta a sus países. 
Parientes, amigos y organizaciones de ayuda no deben ser castigadas por esto. 
Hay que hacer una distinción. 
También es importante subrayar que el objetivo de esta propuesta de directiva no es dificultar aún más las solicitudes de asilo o la inmigración a la Unión Europea. 
Con las enmiendas presentadas por el Grupo Liberal apoyamos la propuesta del Sr. Ceyhun, en la confianza de que el Consejo recapacite y se ponga de acuerdo sobre una estrategia de asilo y de migración común. 
Señor Presidente, Señorías, hoy, la cuestión de la inmigración atraviesa todos los ámbitos de nuestras sociedades europeas, desde la situación de los legales a la de los ilegales, desde el derecho de asilo al derecho a circular libremente, desde los derechos socioeconómicos y culturales a los derechos políticos. 
En la mayoría de los Estados de la Unión, las cifras relativas a la concesión del estatuto de refugiado y a los canales de inmigración clásica no cesan de disminuir. 
En cambio, las cifras de la inmigración global se han mantenido estables en los últimos años. 
Ello nos demuestra que las políticas represivas en materia de inmigración y de política de visados no han conducido sino a aumentar el número de ilegales. 
A diario, hombres, mujeres y niños perecen intentando entrar ilegalmente en una Europa que se ha convertido en una auténtica fortaleza. 
Son víctimas la mayoría de las veces de pasadores o traficantes. 
Por desgracia, su calvario continúa en nuestros Estados, donde, convertidos en ilegales, pueden ser explotados a merced y soportan unas condiciones de vida inaceptables. 
Recordemos que algunos legales se han visto llevados a la clandestinidad por unas leyes restrictivas. 
Algunos de ellos viven en nuestros países desde hace más de 20 años. 
No son ni expulsables ni regularizables. 
¿Qué medios tienen para vivir o mantener a sus familias? 
Las soluciones previstas en las iniciativas propuestas reproducen estas medidas represivas o de exclusión. 
Generan tragedias, como las de Douvres o Gibraltar, o incluso la de los ilegales que, en España, Bélgica o Francia, están en huelga de hambre para obtener su reconocimiento. 
¿Quiénes son los verdaderos responsables? 
Estas propuestas no sólo no responden a ninguna de estas exigencias, sino que incluso llegan a poner en peligro el derecho de asilo o el derecho a vivir en familia. 
Si está claro que hay que luchar enérgicamente contra las redes organizadas de trata de seres humanos, es injusto incriminar a las personas físicas o jurídicas que, de buena fe, prestan ayuda a todos aquellos que han venido a buscar asilo para huir de los conflictos, las hambrunas y los horrores causados por déficit económicos y democráticos. 
Ahora bien, estas iniciativas mantienen amalgamas inadmisibles y peligrosas. 
Si bien las enmiendas limitan los daños, rechazamos las iniciativas y no podemos sino aconsejar encarecidamente a sus redactores que revisen por completo su trabajo. 
La lucha contra la inmigración clandestina sólo puede emprenderse en el marco de una política comunitaria global, clara y respetuosa de la dignidad de los seres humanos, basada en un verdadero respeto de los derechos fundamentales y en una nueva relación Norte-Sur. 
Por último, recordemos que la mejor arma para combatir la discriminación y la explotación humana es el reconocimiento de los derechos y, por tanto, la obtención de regularizaciones. 
Señor Presidente, la política que muchos Estados miembros y en cada vez mayor medida también la UE lleva a cabo en este ámbito nos hacen a todos corresponsables directos de los cadáveres de Dover y de los cadáveres que arrastra el mar hasta la costa española. 
Lo que hacemos es tratar los síntomas. 
No actuamos sobre la verdadera enfermedad. 
La enfermedad es que hay veinte millones de refugiados en el mundo. 
El proyecto actual conducirá a que tengamos menos humanistas y más mafiosos involucrados en el contrabando de personas y en la ayuda al transporte de refugiados. 
Se dice que el contrabando de personas es lucrativo, y yo afirmo que con proyectos como éste será todavía más lucrativo. 
El precio aumentará, la mafia repercutirá las sanciones en el precio. 
Esto significa más dinero de personas desesperadas a los bolsillos de la mafia. 
Habrá menos oferta y cada vez más demanda. 
Esto significa precios más altos. 
Significará más agentes sin escrúpulos y con ello más accidentes al estilo de Dover. 
El señor ponente ha hecho todo lo que estaba en su mano por suavizar la propuesta. 
He de reconocerlo. 
Realmente se ha esforzado, pero no obstante, sigue siendo un tratamiento de los síntomas. 
No tratamos la enfermedad. 
Naturalmente, los miembros de nuestro Grupo apoyaremos las enmiendas presentadas por el señor ponente y por el Grupo Liberal. 
Sobre todo respaldaremos las propuestas que rechazan totalmente esta iniciativa y mi Grupo votará de forma muy diferente en la votación definitva del informe. 
Señor Presidente, los diputados radicales de la Lista Bonino votarán contra la propuesta de iniciativa del Consejo y, por lo tanto, incluso votando a favor de algunas de las enmiendas de mejora propuestas por el ponente, también votarán contra el informe en su totalidad. 
El primero es un motivo de fondo, que se refiere a éstas y a todas las demás iniciativas que tocan el marco de la legislación penal en la Unión. 
Como federalista europeo, por lo tanto, no como euroescéptico, considero una monstruosidad el hecho de que se adopten y se pongan en vigor unas directivas en materia de derecho penal sin ninguna aprobación por parte de un Parlamento legítima y democráticamente elegido y, por lo tanto, legitimado para hacerlo; sobre éste, como sobre otros temas, encuentro monstruoso el camino que la Unión Europea está recorriendo. 
El derecho penal no puede sustraerse a un debate parlamentario; precisamente por lo delicado de la materia, éste no puede sustraerse a las consideraciones más generales que conciernen a la sociedad, a los riesgos, los pesos y contrapesos, las causas de fondo, las causas económicas y sociales. 
La única vía sobre la que la política de integración europea avanza rápida es la vía de la represión, porque eso es fácil. 
Las resoluciones son preparadas por grupos de funcionarios de los Ministerios de Asuntos Interiores y Justicia, cuya única preocupación es la de la eficiencia de los mecanismos de represión, sin ninguna otra consideración- no es su culpa, es su oficio, su profesionalidad- sin alguna preocupación por las cuestiones de sociedad, de economía, de trabajo, de políticas internacionales, de desarrollo. 
Sobre la vía de la represión vamos veloces mientras sobre las otras vías, las de las garantías del derecho de asilo y las garantías del derecho de protección, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Comisión europea y el Consejo no saben moverse. 
Éste es, por tanto, el primer motivo por el que no podemos aceptar las propuestas del Consejo, como no podemos aceptar un informe que no las rechaza con claridad y totalmente, porque, también en esto, el Parlamento Europeo- como de costumbre- es consultado, sin contar con poderes reales. 
Por lo que se refiere al contenido del tema- las colegas Boumediene-Thiery y Frahm ya lo han dicho- es una ilusión ignorar el hecho de que la consolidación del prohibicionismo acerca de la inmigración no produce otra cosa que la consolidación de la inmigración clandestina, de la fuerza de la ilegalidad que nos desborda. 
Nuestras fronteras se ven desbordadas por la ilegalidad que nuestras leyes prohibicionistas producen; ésta es la realidad de los hechos. 
No nos ilusionemos con solucionar el problema endureciendo, un poco por aquí un poco por allá, y sin consulta democrática, las penas contra las mafias de la inmigración clandestina. 
Si acaso- esperemos que no sea así- sólo lograremos agravarlo. 
Al mismo tiempo, no se afrontan las causas económicas de fondo. 
A la Comisión europea, le fue presentada por el Comisario Lamy una propuesta atrevida de liberalización unilateral de los intercambios de entrada desde los países más pobres: éste es un modo de atajar las causas de fondo, no yendo a llevar la caridad, la limosna y la asistencia, sino abriendo nuestros mercados a los productos agrícolas y manufactureros básicos. 
Everything but arms, éste era el nombre de la propuesta, que fue echada abajo por los grupos de presión en la Unión Europea y, por lo tanto, la presión migratoria es cada vez más fuerte. 
Así pues, se echa abajo la propuesta Lamy y, al mismo tiempo, se nos ilusiona con poder solucionar el problema aumentando unos meses las penas contra quien ejerce una profesión que nosotros le hemos regalado, para obtener unos beneficios que nosotros, con nuestras leyes, hacemos posibles. 
Sin embargo, no podemos hacernos ilusiones- se lo digo al diputado Ceyhun y a los diputados de la izquierda- de que la mejora parcial de este marco represivo- estamos a favor de algunas enmiendas- pueda dar la vuelta a la situación. 
No pensamos que la distinción, que sin embargo apoyaremos como un mal menor, entre el beneficio económico de la inmigración y la inmigración con fines humanitarios solucione el problema, porque nos lo enseñáis precisamente vosotros, los de la izquierda, cuando afirmáis que las causas económicas son el origen de la inmigración. 
¿Entonces, cómo es posible que sostengáis que las causas económicas son la base, adoptando al mismo tiempo posiciones muy duras contra los empresarios y contra quién se aprovecha de la inmigración clandestina? 
El prohibicionismo no solamente se refiere a la inmigración, sino también al mercado del trabajo, a las nuevas formas de trabajo, a los contratos a tiempo parcial, por tiempo limitado, a los contratos temporales, los contratos de temporada, y es un prohibicionismo del que la izquierda, y también los sindicados en gran medida, son responsables en Europa. 
Así pues, no creemos que podamos limpiar nuestra conciencia atacando a los empresarios y a quién explota la mano de obra, porque, a los ojos de quien es explotado, de quien es condenado a muerte en su país por hambre y falta absoluta de medios de sustento, probablemente, el empresario-explotador europeo es la única posibilidad de desarrollo y salvación para él y para su familia. 
Concluyo por lo tanto, señor Presidente, confirmando el voto contrario de los diputados radicales de la Lista Bonino. 
Señor Presidente, las dos iniciativas de la República Francesa dirigidas a definir mejor e incrementar las sanciones penales contra quienes prestan ayuda a la entrada irregular de extranjeros en el territorio de los países europeos me parecen especialmente bienvenidas. 
En efecto, la inmigración clandestina, en rápido crecimiento, se ha convertido en un problema capital para nuestros países. 
Un buen indicador de ello es el aumento de las demandas de asilo, que en tres años casi se han duplicado en los principales países de Europa, y ello a pesar de que alrededor de las tres cuartas partes son rechazadas por infundadas, lo que alimenta en mucho el número de estancias irregulares. 
Hoy, Europol estima que cada año entran 500.000 clandestinos en la Unión. 
Este aflujo de personas marginadas se presta a todo tipo de delitos y explotaciones. 
Según la Organización de las Naciones Unidas, en Europa mismo, medio millón de personas procedentes de este vivero clandestino están reducidas a la esclavitud, en gran parte mujeres y niños, víctimas de una explotación sexual o económica. 
Esta situación es una vergüenza para Europa y debo decir que me sorprendió, cuando leí la comunicación de la Comisión del pasado 22 de noviembre sobre la política comunitaria de inmigración, no encontrar más que un pequeño apartado, y bastante vago, sobre la inmigración clandestina. 
Me chocó también ver que la primera propuesta concreta de la Comisión formulada en aplicación de esta política se refiere a un proyecto de directiva especialmente laxista sobre el reagrupamiento familiar. 
Una vez más, tenemos la impresión de que existe un desfase entre las preocupaciones de la Comisión y las de los Estados miembros, que son quienes plantean los verdaderos problemas concretos. 
Después de la Presidencia francesa, que hizo de la lucha contra la inmigración clandestina una de sus prioridades, hoy son el Primer Ministro británico, Tony Blair, y su homólogo italiano, Giuliano Amato, quienes dan la voz de alarma y piden un plan de acción para luchar contra este tráfico. 
Por ello, estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Kirkhope en decir que las enmiendas de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos son totalmente inoportunas, pues debilitan el texto francés. 
Estoy plenamente de acuerdo también en decir que esos textos llegan en el momento adecuado. 
Contrariamente a lo que se afirma en algunas enmiendas de la comisión, no hay necesidad de esperar por una política general de inmigración para tomar medidas de inmediato en el ámbito concreto de la inmigración clandestina. 
Estas medidas son urgentes, se imponen por sí mismas. 
Por otra parte, el Tratado de Amsterdam nos las impone, porque en el apartado 3 de su artículo 63 nos pide que adoptemos prioritariamente, en el plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor, medidas contra, y cito: "la inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales". 
Las iniciativas de la República Francesa sobre la inmigración clandestina deben, pues, aprobarse, proseguirse y reforzarse. 
Por otra parte, hay que felicitarse, de paso, por el apartado 1 del artículo 67 del Tratado de Amsterdam que, en medio de disposiciones más desafortunadas, ha tenido el acierto de mantener el derecho de iniciativa de los Estados miembros paralelamente al de la Comisión, incluso en la parte de las políticas de inmigración que comunitariza. 
Esta yuxtaposición excepcional, que resulta totalmente positiva en este caso, podría ser, por desgracia, sólo provisional, pues está prevista únicamente para un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado. 
Expira el 30 de abril de 2004. 
Ahora bien, justo a comienzos de 2004, se celebrará una Conferencia Intergubernamental que debe estudiar, en particular, el reparto de las competencias entre la Unión y los Estados miembros. 
Creo que la prolongación y la ampliación del derecho de iniciativa de los Estados miembros sería una buena propuesta que inscribir en su orden del día. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nuestra posición de partida se basa en la necesidad de que luchemos contra la inmigración clandestina y, en particular, contra las formas de explotación de ella resultantes. 
Es una situación que ha venido agravándose no sólo porque ha resultado muy lucrativa y menos arriesgada que otros tipos de tráfico, como, por ejemplo, el tráfico de droga, sino también porque esa actividad acaba resultando favorecida por las insuficiencias legislativas y operativas de los Estados miembros y por todo lo que permite a los clandestinos entrar y mantenerse en esos territorios. 
La propuesta que tenemos ante nosotros, encaminada a fortalecer la lucha contra la entrada y la permanencia de inmigrantes en situación ilegal, debe prestar atención particular a dos aspectos: la cuestión de la responsabilidad de los empleadores y las consecuencias que pueden resultar de la utilización de mano de obra clandestina- debemos observar las situaciones existentes en nuestros propios Estados miembros en lo relativo al mercado de trabajo clandestino- y la cuestión del tráfico de seres humanos, contra el que se deberá luchar ferozmente, con atención especial al tráfico de niños y mujeres para fines de explotación sexual, uno de los aspectos más odiosos de ese tipo de tráfico. 
Situaciones dramáticas como la que se produjo en Dover en junio del año pasado o como las que se hicieron públicas a raíz de la lograda operación policial Cathedral son situaciones que ninguna sociedad democrática puede tolerar. 
Sí que hay que luchar contra la ayuda a la inmigración clandestina. 
Es esencial que todos los Estados miembros adopten las medidas necesarias para velar por que quien facilite intencionadamente la entrada, la circulación y/o la permanencia ilegal de emigrantes sea considerado autor de una infracción penada con sanciones efectivas proporcionales y disuasorias. 
La Unión Europea afronta nuevos imperativos planteados por las corrientes migratorias que se producen actualmente en el nivel mundial y deberá haberlo de forma global y sin exclusiones. 
Debería existir una política común en los Estados miembros en materia de inmigración y asilo adecuada a los requisitos demográficos, económicos y humanitarios de los Estados miembros. 
Señor Presidente, quiero felicitar a mi colega Sr. Ceyhun por abordar un tema muy difícil y delicado. 
En referencia a lo que ha dicho el Sr. Kirkhope, es una cuestión de gran importancia y no podría estar más de acuerdo con él. 
Estoy seguro de que también él coincidirá conmigo en que es muy triste que cuando tratamos sobre un tema como éste, que cubre páginas de muchos de nuestros periódicos, no esté presente- por lo que a mí me consta- ningún representante de la prensa para cubrir el debate. 
Debo reconocer asimismo que el presente informe no es más que una pieza de un rompecabezas. 
Es un rompecabezas muy difícil que estamos intentando resolver. 
Necesitamos un sistema adecuado de inmigración y asilo que satisfaga las necesidades de Europa en el mundo moderno. 
Quiero decir a la Sra. Frahm y al Sr. Cappato que eso es lo que pretendemos, y no creo que la retórica que acaban de utilizar hace un momento aporte nada útil a una situación tan difícil. 
Respecto a algunos puntos concretos, el Sr. Kirkhope se ha referido a sus temores respecto a los apartados 11 y 12, y conozco sus argumentos en este sentido. 
Pero la referencia que se hace es a organizaciones legalmente reconocidas, ONG con las que todos estamos familiarizados. 
Debemos preguntarnos ¿es un delincuente alguien o una organización que ayuda a eludir la acción de la justicia a personas que se encuentran en una situación desesperada? 
¿Son éstas las organizaciones contra las que deberíamos legislar? 
Yo diría que no. 
Sabemos, y otros lo han dicho, que los que escapan de estas situaciones son personas desesperadas que huyen de conflictos, de guerras y de circunstancias de este tipo. 
Es el motivo por el que necesitamos estas medidas. 
Debemos hacer más. 
Debemos hacer más para ayudar a esos países en desarrollo y ayudar a los países azotados por las guerras y que tienen regímenes que a nosotros no nos gustan. 
Pero no podemos hacerlo de la noche a la mañana. 
No creo que ayudemos a esas personas que intentan escapar si permanecemos de brazos cruzados y dejamos que la situación siga como está; por ello se ven obligados a esconderse en los remolques de camiones y asfixiares y soportar la tortura y el sufrimiento. 
Debemos asegurarnos de que disponemos de un sistema adecuado de asilo que no se vea distorsionado por una exageración de la inmigración ilegal. 
Nuestro trabajo en los próximos meses, como Parlamento, será informar sobre las opiniones de la Comisión de manera que recuerde a todos los Estados miembros que sus intereses nacionales no deben anular nuestras obligaciones humanitarias en todo el mundo. 
Señor Presidente, en la República Federal Alemana comparece hoy en juicio un hombre que en su día pasó alemanes del Este a Alemania Occidental. 
Está plenamente justificado que comparezca ante el juez, no porque introdujera a estas personas, sino porque los delató a los servicios de seguridad del Estado. 
En mi opinión, hoy también debería existir la posibilidad de que las personas que denuncien a los refugiados o a los traficantes ante la policía sean procesadas. 
¿Por qué? 
Tanto la propuesta de la Comisión como el informe reconocen que la entrada ilegal puede dar lugar a que sea concedido asilo político. 
En realidad, con ello se admite- aunque probablemente de forma involuntaria- que la mayoría de la gente ya no tiene la posibilidad de entrar legalmente en la UE y se demuestra sin querer que las críticas de ACNUR a la UE y a su política de cerrarse herméticamente ante los refugiados están justificadas. 
Por esa misma razón, no sirve de nada la promesa de que no se penalizará a los refugiados aceptados como solicitantes de asilo, puesto que de este modo los obligamos a que delaten a quienes les hayan ayudado a conseguir la solicitud de asilo. 
En resumen, la distinción entre la ayuda con fines comerciales y la ayuda prestada a los refugiados por razones humanitarias no lleva a ninguna parte porque los impedimentos se hacen cada vez más infranqueables y la ayuda a los refugiados resulta cada vez más cara. 
Si no logramos ponernos de acuerdo para desmantelar la fortaleza Europa, al menos debemos rechazar el presente informe y continuar fomentando la ayuda a los refugiados, tanto desde el punto de vista humanitario como desde una perspectiva económica. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, se trata de un sector muy pequeño, ya que estamos discutiendo sobre la lucha contra las redes de inmigración ilegal, es decir, la ayuda a la entrada ilegal. 
Es muy positivo que queramos emprender acciones en este ámbito, sobre todo habida cuenta de que todos los años medio millón de personas entra ilegalmente en la Unión y que la mitad de ellas cae en manos de redes criminales. Dicho de otro modo, el crimen organizado ha convertido el tráfico de seres humanos en un negocio lucrativo y relativamente poco arriesgado. 
Por todo ello, la idea en sí es muy loable, pero, desafortunadamente, no se sitúa en un contexto global. 
Fijándome en el informe del Sr. Ceyhun, debo señalar que, a pesar de las buenas intenciones- conociendo al Sr. Ceyhun no cabe ninguna duda al respecto- y el expreso deseo de querer ayudar realmente a los refugiados, las medidas propuestas no son nada apropiadas para combatir a los traficantes de seres humanos. Tanto yo como los demás miembros de mi Grupo tenemos más bien la impresión de que las presentes propuestas contribuirán a la propagación del tráfico de seres humanos que, por tanto, continuará siendo un negocio sin riesgos para los delincuentes. 
Según estas propuestas, de entrada se exime de responsabilidad a aquellas personas y grupos que ayudan a los inmigrantes ilegales a cruzar las fronteras por razones humanitarias y sin cobrar dinero. 
¿Han pensado alguna vez en las consecuencias? ¿Han pensado cuánto tiempo tardarán las organizaciones criminales en aprovecharse de esta fórmula jurídica? 
Desde esta perspectiva, la iniciativa no sólo deja de ser útil, sino que, además, se vuelve contraproducente. 
Amén de eso, su propuesta gira en una dirección en la que se da la vuelta a nuestro concepto y nuestro sistema jurídicos, puesto que introduce la subjetividad en el Derecho penal. De acuerdo con el informe, ya no son los tribunales, sino determinadas personas o grupos jurídicos los que deciden si un delito, a saber, el tráfico de seres humanos, de hecho es o no es un delito. 
Ello invierte nuestro sistema jurídico y, en consecuencia, no puede surtir el efecto deseado. 
Señor Ceyhun, para concluir quisiera subrayar una vez más que como ponente sin duda ha actuado con la mejor intención- de ello estoy convencido -, pero el instrumento propuesto por usted no es apropiado, ni de iure ni de facto, para llevar a la práctica estos buenos propósitos. 
Necesitamos un sistema global que, creo, estamos elaborando en común. Estoy convencido de que a lo largo de este año obtendremos resultados satisfactorios en colaboración con la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, es un hecho y puede que las políticas que se proponían la inmigración cero terminaran con la inmigración legal en Europa; al mismo tiempo, sin embargo, aumentaron significativamente el número de solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales, y al mismo tiempo también subieron significativamente los honorarios de quienes se dedican al transporte de emigrantes. 
Está cada vez más claro que la conversión de Europa en una fortaleza, mediante el reforzamiento de sus fronteras y la intensificación de los medios represivos, no va a reducir las presiones migratorias, en la medida en que no deja de aumentar la diferencia de nivel de prosperidad entre la Unión Europea y sus vecinos. 
Por lo que respecta a quienes organizan los traslados, y como ya defendí en mi informe sobre Albania, creo que concentrar en ellos nuestra atención, como si constituyeran la causa generadora de la emigración, no ayuda, por supuesto, a comprender y a gestionar correctamente el fenómeno. 
El hecho de que frecuentemente estas personas- lo han dicho ya otros colegas- salven vidas humanas de la persecución de regímenes totalitarios, de que ofrezcan diversos servicios a refugiados protegidos por la Convención de Ginebra y a personas desesperadas para las que todos los demás caminos están cerrados, es algo que habitualmente se silencia. 
Por ello, considero que es imprescindible distinguir entre la ayuda humanitaria desinteresada a los inmigrantes ilegales y la que protagonizan los miembros de círculos criminales de carácter lucrativo; distinción que, por otra parte, propone igualmente nuestro ponente el Sr. Ozan Ceyhun, al que felicito por las muchas mejoras que ha incorporado a la iniciativa francesa. 
Finalmente, quisiera decir que cualquier iniciativa como las de la República Francesa deberían lo antes posible integrarse en una política europea de inmigración común, que prevea canales legales y, sobre todo, que garantice la legalización y la integración social de cuantos ya residen en la Unión Europea. 
Pero, no vemos, señor Comisario, que nada parecido esté avanzando a buen ritmo; por el contrario, constatamos que por parte del Consejo hay mucha prisa en adoptar principalmente medidas represivas y fragmentarias, y no en avanzar, como pide el Parlamento Europeo, hacia una política integral para la inmigración. 
Señor Presidente, uno de los objetivos señalados por las recientes Cumbres de Tampere, Feira y Niza, por resoluciones de este Parlamento y por el propio Foro Euromediterráneo, que acabamos de celebrar precisamente en Bruselas la semana pasada, es la lucha contra las mafias que trafican con los inmigrantes. 
Despreciable tráfico, que causa mucho daño, incluso tragedias, entre los propios inmigrantes y una enorme preocupación en el seno de la Unión Europea, preocupación a veces superior a la de algunos de los países de origen de esos inmigrantes, aunque sea duro decirlo. 
Por ello, debemos recibir con satisfacción las dos iniciativas francesas. 
Pero el informe del colega Ceyhun adolece de falta de rigor jurídico, que si no se rectifica hace imposible el voto a favor- y créanme que lo siento -, que se produce especialmente en el punto al que me voy a referir a continuación. 
Conozco personalmente la magnífica labor que hacen algunas ONG en este terreno, la atención humanitaria que prestan muchas de ellas excede de sus propios medios; pero de ahí a generalizar como excepción de responsabilidad el que cualquier asociación pudiera incurrir en el tipo penal de prestar asistencia organizada a la entrada, estancia o circulación de inmigrantes irregulares es excesivo, porque el lucro o beneficio económico, como ocurre por ejemplo en la legislación penal española, es una circunstancia agravante pero no es el componente esencial de la figura delictiva del tráfico ilegal de seres humanos. 
Ello no quiere decir que no haya aspectos del informe que puedan ser asumidos y que aplaudo, como es la compensación a las regiones que más sufren las presiones migratorias o la persecución de los empresarios que usan y abusan ilegalmente de esa mano de obra. 
Finalmente, en cualquier caso, me parece que en esta batalla contra la inmigración ilegal es absolutamente necesaria la cooperación de los países de origen, ya que sin ello cualquier intento de dar la batalla a estas mafias sería un fracaso. 
La Unión Europea, por sí sola, no puede ordenar el fenómeno migratorio si no cuenta con la colaboración esencial de los países que originan la inmigración. 
Señor Presidente, el Consejo ha pedido en Estocolmo, la semana pasada, que se revitalice la agenda de Tampere. 
Yo, realmente, no entiendo nada. 
No entiendo por qué no la han podido revitalizar y cumplir durante todos estos meses. 
Lo que veo es que, con iniciativas como ésta, no sólo no la van a revitalizar, sino que la van a bombardear. 
A estas alturas de la noche y viniendo de una velada hispano-portuguesa en la que hemos participado la Sra. Cerdeira y yo, estoy tentada de caer rendida ante los encantos oratorios del Sr. Cappato y darle toda la razón, porque, efectivamente, lo único que puedo entender es que, de un lado, se reúnen los ministros y, de otro lado, hay unas maquinarias que apuntan hacia otros objetivos. 
No entiendo por qué el Consejo no sigue unas propuestas políticas coherentes, que vayan una detrás de la otra y que persigan objetivos claros de crear una política de inmigración y una política de asilo común, coherente y global en la Unión Europea, e insiste en avanzar a pedacitos en temas absolutamente concretos y parciales, que desequilibran esta política y que hacen cada vez más difícil avanzar en la agenda de Tampere. 
Mi Grupo, de todas formas, visto que en el Consejo los ministros han decidido- para mí paradójicamente- apoyar también esta propuesta francesa y que se discuta inmediatamente o que se avance en ella, va a intentar lanzarles el mensaje claro de que no podemos confundir en la Unión Europea la compasión, el trabajo de unas personas que están en primera línea ayudando a los inmigrantes, con el tráfico de personas. 
Intentaremos hacerlo apoyando las enmiendas que tan bien ha trabajado el Sr. Ceyhun y también las enmiendas que ha aportado al informe la Sra. Cerdeira. 
Si lo conseguimos, vamos a votar a favor de este informe y vamos a intentar enviar este mensaje al Consejo. 
Si no, vamos a ver mañana mismo qué es lo que hacemos con él: probablemente tendremos alguna dificultad. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera agradecer al Sr. Ozan Ceyhun su informe y recordar, como ha hecho él, que el tráfico de seres humanos, sobre todo el tráfico de mujeres y niños, es, en sí mismo, un fenómeno repugnante y cada vez más preocupante, porque no es sólo una cuestión de política de inmigración, no es una cuestión de política de seguridad, es esencialmente una cuestión de violación de derechos humanos y dignidad humana. 
Globalmente, decenas de millares de seres humanos son objeto de tráfico anualmente para fines de explotación. 
La importancia de este asunto no significa- y creo que esa crítica es injusta- que al abordarlo estemos obcecados con un proyecto de construcción de una Europa-fortaleza. 
Este asunto, que es complejo y exige gran rigor en los términos utilizados, está hoy en el primer plano de la agenda internacional y yo opino que ha merecido un gran consenso planetario cuando el pasado mes de diciembre las Naciones Unidas promovieron la aprobación de una Convención contra la delincuencia organizada internacional, que incluye dos protocolos adicionales: uno sobre la introducción clandestina de inmigrantes- smuggling, en la expresión inglesa- y otro específicamente sobre el tráfico de personas (trafficking). 
Esos dos protocolos fueron firmados por ochenta y un Estados en la Conferencia de Alto Nivel de Palermo de diciembre del año pasado. 
Entre los firmantes de la Convención de las Naciones Unidas figuran todos los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión. 
Yo mismo tuve ocasión de dirigir un llamamiento a los Estados miembros de la Unión y a los países candidatos para que ratifiquen lo antes posible esa Convención de las Naciones Unidas, que no entrará en vigor hasta el momento en que cuarenta países hayan concluido su proceso de adhesión. 
La Unión Europea puede dar así una señal de su contribución a una lucha mundial contra el tráfico de seres humanos. 
Sus Señorías recordarán que hace poco, a raíz de la tragedia de Dover en junio del año pasado, el Consejo Europeo de Feira pidió que se adoptaran medidas contra la inmigración clandestina y el tráfico de seres humanos. 
Esa iniciativa de la República Francesa responde a esa preocupación y la Comisión no tiene inconveniente en reconocer que merece, en principio, ser apoyada. 
Pero hemos de aclarar bien los términos del debate. 
Hoy he sido acusado, la Comisión ha sido acusada, aquí de prestar poca atención a las cuestiones de la inmigración clandestina y también, por otro lado, de no prestar suficiente atención a la formulación de una política de inmigración comprensible. 
Esperemos que no se tomen a mal que no refute detalladamente, a las 11.15 de la noche, todas las acusaciones y que tan sólo les diga, sinceramente, que no me parece que esas críticas tengan fundamento por lo que a la Comisión respecta. 
Por ejemplo, hay un componente de seguridad en la política de inmigración. 
No puede ser dominante ni exclusivo, pero no podemos pasar por alto que hay un problema grave de tráfico de seres humanos que exige también medidas de seguridad. 
Por eso, me sorprende- no diré que me escandalice, que es una palabra muy fuerte, pero me sorprende- que el Sr. Georges Berthu sólo haya descubierto un párrafo sobre inmigración ilegal en una comunicación de la Comisión encaminada a abordar el asunto de la inmigración legal y no haya advertido, por ejemplo, que la Comisión presentó dos propuestas de decisión-marco, una para reprimir el tráfico de seres humanos para fines de explotación sexual, en particular para prohibir la pedopornografía en la red Internet, y otra para reprimir el tráfico de seres humanos con fines de explotación económica, es decir, para fines de fomento del trabajo clandestino. 
Del mismo modo, así como aceptamos examinar la iniciativa francesa, que es una clara iniciativa en materia de seguridad, la Comisión ya ha presentado a examen en el Consejo una propuesta de comunicación sobre un sistema de asilo europeo y una comunicación sobre inmigración legal, es decir, sobre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos de terceros países que son legalmente admitidos en la Unión. 
Procuramos formular una política equilibrada. 
Las críticas contradictorias en esta Asamblea prueban que, si acaso, aún no hemos llegado a nuestra meta, pero no me han convencido de que la Comisión no vaya por buen camino. 
En relación con la propuesta francesa, tenemos dos preocupaciones esenciales que nos distancian del texto de esa propuesta. 
La primera es sobre el fundamento jurídico y no es una cuestión menor. 
Consideramos que, además de la referencia a las circunstancias agravantes, la iniciativa francesa debe basarse en su totalidad en el fundamento jurídico de primer pilar: letra b) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado de la Comunidad Europea. 
De ese artículo se infiere claramente que se concedió a la Comunidad la competencia en relación con la inmigración clandestina. 
Y es evidente que la Comunidad no goza per se de una competencia comunitaria en relación con cuestiones penales. 
Con todo, quisiera recordar en el Parlamento que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, en los casos en que las Comunidades tienen, en el ámbito de una determinada competencia, un poder conferido por los Tratados para reglamentar un comportamiento a fin de alcanzar un objetivo comunitario, tienen también poder para decidir que el incumplimiento de ese comportamiento está sujeto el nivel nacional a sanciones penales, cosa que, a mi juicio, es especialmente aplicable al caso que nos ocupa. 
Tenemos una segunda preocupación, relacionada con el ámbito de aplicación de la letra a) del artículo 1 del proyecto de directiva. 
En la redacción actual, en el día en que estoy hablando, de esa disposición de la propuesta francesa no figura una referencia al objetivo de fines lucrativos. 
La Comisión está dispuesta a estudiar ese planteamiento, es decir, no establecer la exigencia de fines lucrativos, pero eso exigirá, como contrapartida, una cláusula de exención cuidadosamente redactada, cuando la entrada, la circulación y la permanencia irregulares sean objeto de ayuda por razones humanitarias. 
Sólo así será posible distinguir claramente la ayuda humanitaria en el ámbito de los compromisos internacionales, en particular el respeto del Convenio de Ginebra, del tráfico de seres humanos castigado penalmente. 
Quisiera concluir, señor Presidente, diciendo que la Comisión considera que se deben añadir a la propuesta francesa otros elementos: por ejemplo, establecer una obligación de coordinación y cooperación administrativa entre los servicios nacionales competentes, crear un sistema de intercambio de informaciones entre los Estados miembros e imponer la obligación a los Estados miembros de adoptar las medidas apropiadas para prestar asistencia humanitaria a los clandestinos. 
Permítanme una última observación: como establecen las conclusiones de Tampere y el scoreboard de la Comisión, presentamos una propuesta de decisión-marco relativa a la lucha contra el tráfico de seres humanos y, por eso, nos gustaría que del trabajo conjunto del Consejo, del Parlamento y de la Comisión resultara claramente que no hay superposición, sino más bien complementaridad, entre la iniciativa francesa y las dos decisiones-marco que la Comisión presentó. 
Estas decisiones-marco se insertan en una cuestión más vasta que es la de la lucha contra la inmigración clandestina, que requiere una política de inmigración legal proactiva, en los términos propuestos por la Comisión en la comunicación divulgada en noviembre del año pasado y también, naturalmente, por otras políticas complementarias que la Comisión tiene intención de proponer al Consejo en mayo, en particular, en cuanto a la cuestión de la política de regreso y de las condiciones de evolución de los ciudadanos oriundos de terceros países a los países de origen. 
Espero que las conclusiones del Consejo oficioso de Estocolmo de la semana pasada permitan que, en el Consejo Europeo de Lakan, podamos hacer el balance de este debate sobre una política común de inmigración y sobre un sistema europeo de asilo que respeten nuestras obligaciones internacionales y garanticen la estabilidad y la seguridad de los Estados miembros de la Unión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.20 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0052/2001) de la Sra. Plooij-van Gorsel, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Realización del "Espacio europeo de la investigación": orientaciones para las acciones de la Unión en el ámbito de la investigación (2002-2006) (COM (2000) 612- C5-0738/2000- 2000 (COS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nunca he hablado tanto en una sesión plenaria. 
Mientras hablo pueden echarse una siesta porque ocho minutos es realmente mucho tiempo. 
Señor Comisario, hace casi un año que el Consejo Europeo reunido en Lisboa acordó convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva del mundo. Dicho objetivo cuenta con un amplio apoyo en este Parlamento. 
Sin embargo, para conseguir esa meta es fundamental que se invierta más dinero en investigación, desarrollo tecnológico, innovación y enseñanza, tanto por parte de los Estados miembros como por parte de Europa. 
A este fin es imprescindible que se cree un Espacio europeo de la investigación. 
Los resultados de la investigación europea son dignos de elogio, así como los esfuerzos innovadores de las empresas europeas, que en la primera mitad de los años noventa representaron el 33% del volumen de negocio. 
No cabe duda de que los programas marco europeos en materia de investigación y desarrollo tecnológico han contribuido a ello. 
Por eso mismo, es importante que en el futuro se mantengan los puntos positivos de dichos programas. Es algo que deberá quedar claro cuando se abra el debate sobre las propuestas para el Sexto Programa Marco. 
Ahora bien, estimados colegas, en este momento no existe una única política de investigación europea. 
Aunque la Comisión de Industria haya acogido favorablemente las propuestas del Comisario Busquin destinadas a crear una política común en esta materia, nos vemos obligados a completar algunos puntos y formular una serie de reparos. 
Podremos crear un espacio de investigación eficaz a condición de que intensifiquemos la cooperación aumentando el número de objetivos comunes y flexibilizando la utilización de los recursos. 
¡Fuera nacionalismo tecnológico! 
En la actualidad las políticas de investigación de los Estados miembros y de la Unión se llevan a cabo separadamente, sin que se inserten en un conjunto coherente. 
Además, invertimos bastante menos en investigación que los Estados Unidos o Japón. 
Debido a estos dos factores en los últimos años nuestro retraso con respecto a los Estados Unidos no ha hecho más que aumentar. 
Ya insistí en mi primer informe sobre el Espacio europeo de la investigación en que es necesario acabar con el nacionalismo tecnológico. 
Además de una cooperación incrementada entre los Estados miembros, los investigadores y los centros de investigación, hay que propugnar el fomento de la cooperación mutua entre empresas, universidades y centros públicos de investigación. 
Del mismo modo conviene mejorar la coordinación entre los diferentes programas. 
Necesitamos nuevas fórmulas de cooperación europea, concretamente una cooperación intermedia, es decir, entre los centros de investigación nacionales y entre los órganos que subvencionan la investigación en los Estados miembros. 
Pero no olvidemos, estimados colegas, que el éxito de la cooperación europea depende en primer lugar de la calidad de la infraestructura. 
Es, por tanto, imprescindible que la capacidad de la red de investigación transeuropea de alta velocidad pase de diez a cien gigabits en el futuro a fin de ofrecer todas las garantías necesarias para la creación y el óptimo funcionamiento de un Espacio europeo de la investigación. 
Además, es ésta la única manera de desarrollar una cooperación propia de los centros de excelencia. 
Con el proyecto SEAN, que parte de una ampliación de dos gigabits por segundo al año, no alcanzaremos nunca este objetivo. 
Es por eso por lo que insto a los Comisarios Liikanen y Busquin a que muestren una mayor ambición. 
Aparte de crear un Espacio europeo de la investigación hemos de desarrollar asimismo un Espacio europeo de la enseñanza, puesto que la economía dinámica del conocimiento que tanto se reclamaba en Lisboa exige no sólo una enseñanza de alta calidad y unos niveles educativos equivalentes en todos los Estados miembros, sino también una gran movilidad de los investigadores y los estudiantes. 
Este objetivo pasa necesariamente por la armonización de las carreras universitarias, incluida la formación como investigador. 
Quisiera conocer el punto de vista del Comisario al respecto. 
Señor Presidente, a la Comisión de Industria le cuesta aceptar los acuerdos alcanzados en Niza en materia de flexibilidad y geometría variable, o sea, la cooperación entre un número limitado de Estados miembros en el ámbito de la investigación. 
Este elemento ocupa un lugar central en los proyectos del Comisario Busquin. 
La Comisión de Industria alberga serias dudas con respecto a esta cooperación entre Estados miembros, especialmente en lo que a la utilización de los fondos de investigación comunitarios se refiere. 
No olvidemos que la Comisión de Investigación, es decir, este Parlamento, tiene derecho a la codecisión en el ámbito de la investigación a escala europea. 
Pues bien, si la cooperación entre los Estados miembros es financiada por los propios países no hay ningún problema, pero desde el momento en que se inviertan fondos comunitarios en proyectos de investigación de los que solamente se beneficien unos pocos Estados tendrá que mantenerse el procedimiento de codecisión. 
Así lo estipula el Tratado. 
Obviamente, no estamos en contra de una mayor cooperación- por eso he dicho: fuera nacionalismo tecnológico -, pero si se emplean fondos europeos tendrá que aplicarse el procedimiento de codecisión con el Parlamento. 
Otro punto atañe al papel de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la investigación. 
En el Quinto Programa Marco solicitamos que dentro de los programas temáticos se destinara al menos un 10% a las pequeñas y medianas empresas y lo conseguimos. 
Además, ha quedado demostrado que estas empresas reciben más fondos en concepto del Quinto Programa Marco. 
En el informe que he elaborado para la Comisión de Industria hemos establecido de nuevo que al menos el 10% ha de invertirse en las PYME. 
Creo, no obstante, que a la luz de las cifras actuales podríamos ser un poco más ambiciosos, así que propongo que esta cifra se incremente hasta el 15% en el futuro programa marco. 
Por último, señor Presidente, quisiera abordar otra cuestión que suscita serias dudas en el Parlamento. Me refiero a la investigación en el ámbito de la fusión nuclear. 
En realidad, el Parlamento apenas opina al respecto, aunque sí nos corresponde asignar el presupuesto. 
Por eso, nos ha sorprendido que usted haya consultado al Consejo sobre este tema incluso antes de formular una comunicación y enviarla simultáneamente al Consejo y al Parlamento, como es habitual en estos casos. Me parece que se ha invertido un poco el procedimiento. 
Por tanto, esperamos que también nos pida nuestra opinión y que nos oriente sobre el presupuesto previsto, aunque primero tendremos que aprobarlo. 
En esencia, lo que queremos es colaborar con pleno derecho en el desarrollo de la investigación nuclear y la definición del camino que ha de tomar. 
. 
(EN) Señor Presidente, como ha dicho la Sra. Plooij-van Gorsel, la investigación ha sido sistemáticamente señalada como el factor fundamental de impulso del crecimiento económico, en cuanto que crea nuevos puestos de trabajo y entraña un medio ambiente más limpio y unas mejores condiciones de salud. 
Por ello, no deja de sorprender que todos los países del mundo y todos los Estados miembros de la Unión Europea desperdicien la mitad de su más preciado recurso, la inteligencia de sus ciudadanos. 
Desperdician la inteligencia porque no se concede a las mujeres un lugar adecuado en el campo de la ciencia. 
No se fomenta la participación de la mujer en las escuelas, en sus carreras deben hacer frente a la discriminación, y esto es algo a lo que debemos poner fin en el Espacio europeo de la investigación. 
Felicito a la Sra. Plooij-van Gorsel, la ponente, y al Comisario Busquin, por ser conscientes de la importancia de esta deficiencia. 
Me complace especialmente el hecho de que el Comisario Busquin haya elevado de categoría el trabajo de su dirección general en este asunto hasta el de unidad, que garantice que las estadísticas se están cumpliendo y que las redes que fomentan y apoyan a las científicas reciban la ayuda de la Comisión Europea. 
Ello debe constituir una parte fundamental del Espacio europeo de investigación. 
Necesitamos, como se dice, una investigación por, para mujeres- de modo que se examinen las implicaciones de género de la investigación que llevemos a cabo- y sobre las mujeres. 
Es importante que los aspectos socioeconómicos del programa de investigación se concentren en las cuestiones de género. 
¿Por qué casi todos los países del mundo desperdician la inteligencia de la mitad de su población por no fomentar su contribución? 
Doy las gracias a la Sra. Plooij-van Gorsel por el apoyo prestado a la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer y espero que el punto de vista de género constituya un aspecto relevante del Espacio europeo de investigación. 
, ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. (FR) Señor Presidente, Señorías, me alegro de hablar después de la Sra. McNally, ya que yo misma soy investigadora y trabajo sobre el tema de las mujeres (no se trata solamente de que se realicen trabajos por y para las mujeres, sino también sobre ellas). 
Me alegra que este informe tenga en consideración estos temas. 
Hoy, intervengo en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que votó unánimemente un informe que figura en parte en el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía; es en relación con estas palabras, "en parte", que quisiera detenerme. 
Ante todo, me alegra que las ciencias humanas y sociales sean consideradas de ahora en adelante no solamente como un medio, sino también como un fin de la investigación. 
El tema de las mujeres forma parte de esta perspectiva, pero naturalmente el día de hoy se trata de algo mucho más amplio. 
El que las ciencias humanas y sociales se conviertan en uno de los fines de la investigación, es un viraje decisivo que se produce en la investigación en Europa; me parece preciso destacarlo. 
Quizás así podamos reflexionar en la construcción política y cultural de Europa, ya que la investigación forma parte de esta construcción política y cultural. 
Asimismo, me llamó la atención hasta qué punto hemos puesto de relieve las nuevas tecnologías, tan importantes hoy día- hablamos de ellas ayer, a propósito de los derechos de autor -, son las aliadas de la diversidad cultural, a través del tema de las lenguas. 
También a este respecto, insisto en el hecho de que éste es un punto que nos parece, en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, de suma importancia. 
En lo que atañe al Sexto Programa Marco, me alegra ver que en el informe aprobado por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, se aceptó la investigación sobre la identidad cultural que propusimos. 
Espero que la Comisión pueda, a su vez, tenerla en cuenta. 
La posibilidad de trabajar sobre la identidad cultural me parece importante, así como reanudar algunas acciones clave del Quinto Programa Marco, tales como las que conciernen los contenidos y las herramientas multimedios o la ciudad del mañana y el patrimonio cultural. 
Lamento un poco, no obstante, que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía no haya admitido nuestra opinión sobre el coste de Internet. 
Efectuar investigaciones sobre el coste de Internet habría podido permitir reducirlo y hacerlo finalmente más democrático. 
En lo relativo a las redes de excelencia, están muy bien, pero también podemos, en el seno de la investigación europea, crear redes que no sean solamente redes de excelencia, lo que igualmente necesitamos para la movilidad, pero también para la propia investigación. 
Por último, está naturalmente el tema de la propiedad intelectual. 
Llevar a cabo investigaciones sobre los medios técnicos en materia de propiedad intelectual también podría ser de gran ayuda para que Europa asegure su identidad cultural y la democracia. 
Señor Presidente, de entrada quisiera dar las gracias a la señora Plooij-van Gorsel por su excelente disponibilidad y receptividad a las aportaciones de nuestro Grupo y reiterarle que, una vez más, ha sido un placer trabajar con ella en estas cuestiones. 
Asimismo, expreso nuestro reconocimiento más sincero al Comisario Busquin por su permanente atención a nuestras aportaciones, porque su puerta siempre está abierta y porque multiplica los contactos con los grupos, con una conducta que, sin exageración, yo me atrevo a calificar de ejemplar en cuanto a trabajo con el Parlamento y que nos permite augurarnos lo mejor para el Sexto Programa Marco. 
Señor Presidente, la Unión Europea no es el producto de un racionalismo constructivista, de élites despóticamente ilustradas que se imponen sobre la ciudadanía, sino que nace de la idea, enormemente fértil, de hacer cosas juntos; y si hay un campo donde la Unión Europea necesitaba un decidido impulso para integrar las políticas, para ampliar el espacio de cooperación, de coordinación y de sinergias ése es el de la investigación, del desarrollo y de la innovación tecnológica. 
Por eso, la iniciativa del Espacio europeo de la investigación destaca como uno de los ejes del actual Colegio de Comisarios y hay que poner en el haber del Comisario Busquin la promoción y el impulso de esta idea tan ambiciosa. 
El Espacio europeo de la investigación introduce, en efecto, instrumentos nuevos potencialmente muy beneficiosos, como son la cooperación y coordinación entre las políticas de investigación de los Estados miembros, la concentración en unas pocas y potentes prioridades, la explotación a fondo del concepto de valor añadido europeo, la idea de proyectos de gran volumen y la de redes de excelencia. 
Todos ellos, sin duda alguna, bien aplicados contribuirán a mejorar la calidad y la competitividad de nuestro sistema de investigación, desarrollo e innovación. 
Nuestras enmiendas, señor Presidente, han estado motivadas por algunas preocupaciones: el impulso a la movilidad de los investigadores, que consideramos esencial, la apertura y permeabilidad de los sistemas de investigación de los Estados miembros, la potenciación de la investigación básica y el establecimiento claro de los criterios que nos permitirán marcar las prioridades. 
El Espacio europeo de la investigación abre nuevas expectativas, es una fuente de gran ilusión para todos. señor Comisario, le deseamos éxito, porque su éxito en este campo será el del Parlamento y el de la Unión Europea. 
No dude de que, en todo momento, en la línea que usted ha lanzado tan positivamente, nos encontrará a su lado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando la Comisión Europea, por el intermediario del señor Comisario Philippe Busquin presentó su primera comunicación sobre el Espacio europeo de la investigación, nos preguntamos si era un artilugio más, uno de esos efectos que la Comisión tiene a veces tendencia a hacer, o si se trataba verdaderamente de una reorientación, de un hito en el desarrollo de la investigación europea, dicho de otro modo, si se tenía en cuenta el hecho de que la investigación estrictamente comunitaria representa solamente un débil porcentaje del esfuerzo de investigación global en la Unión Europea. 
Hoy, después de la primera comunicación y, sobre todo después de ésta, en la que se definen mejor los instrumentos, sabemos que nos encontramos efectivamente ante un cambio importante- que no voy a ir hasta calificar de revolución copernicana- en la orientación de la investigación. 
Hasta ahora, la finalidad de la investigación y de su principal instrumento, el Programa Marco, era asegurar la competitividad en la industria europea. 
Hoy, sin descuidar manifiestamente este objetivo fundamental, se siente que la ambición tiene otro alcance, otra dimensión. 
Queda de manifiesto que, para alcanzar este Espacio europeo de la investigación, que corresponde a una verdadera política comunitaria, la cooperación con los Estados miembros es absolutamente esencial. 
No comparto, sobre ese punto, la opinión de la Sra. Plooij-van Gorsel, incluso si me alegro de la excelencia de su informe. 
Creo que no hay que mostrarse tímidos. 
No fue por distracción que los jefes de Estado inscribieron esta cooperación en el Tratado de Maastricht, en 1992. 
Es preciso darle fuerza y vigor, y yo creo que es un elemento esencial que deberá fundamentar la reflexión y las propuestas del Sexto Programa Marco. 
Es preciso, pues, comenzar de manera decidida esta cooperación, pero sin olvidar que no basta por sí misma para crear un Espacio europeo. 
Será preciso integrar este Espacio europeo a través de nuevos esfuerzos en favor de la movilidad de los investigadores, como muy bien lo dijo el Sr. Vidal-Quadras Roca. 
Será necesario integrarlo también mediante esfuerzos comunes en materia de grandes infraestructuras. 
Asimismo, será preciso integrarlo, naturalmente, mediante la introducción de redes de centros de investigación, ya sean de excelencia o no, pero es verdad que tenemos centros de excelencia que será preciso habituar a trabajar juntos. 
Se encuentra usted ante una temible elección, señor Comisario, la que implica establecer esta cartografía de centros de excelencia. 
Puede decirse actualmente que no cabe duda de que se recurrirá al benchmarking o banco de pruebas. 
Decirlo es una cosa, hacerlo será, evidentemente, otra más difícil. 
Pero, a fin de cuentas, tiene nuestra confianza a este respecto. 
Quisiera, para terminar esta intervención, decir que más allá del Espacio europeo de la investigación, que será un elemento estructurante, a mi juicio, del próximo Programa Marco, también será preciso establecer vínculos entre los espacios de investigación y el conjunto del ámbito de la enseñanza universitaria. 
Esa es otra dimensión, pero es de esencial importancia. 
Señora Presidenta, la concepción y el establecimiento del Espacio europeo de la investigación forman una idea verdaderamente innovadora que el señor Comisario Busquin nos propone aplicar en el transcurso de los próximos años. 
Le estamos reconocido por ello y le felicito personalmente, al igual que felicito a la Sra. Plooij por haber establecido un excelente informe sobre este tema. 
No podemos, naturalmente, sino aprobar esta idea, precisando los puntos fuertes a los que el Grupo Verdes/Alianza Libre Europea concede especial importancia. 
Primeramente, es necesario evolucionar hacia una mejor integración europea de la investigación. 
Deseamos una mayor apertura de los programas nacionales a nivel europeo. 
En segundo lugar, este Espacio europeo de la investigación debe abarcar esencialmente una investigación con una base fuerte estableciéndola a nivel público, al que debe asociarse un Espacio europeo de la innovación que vaya a la par con las empresas, ya sean grandes, pequeñas o medianas. 
En tercer lugar, también tenemos que reflexionar sobre la introducción de nuevos instrumentos. 
Es evidente que el Sexto Programa Marco en el que empezamos a trabajar, es el más importante. 
Es preciso renovarlo y darle mejor accesibilidad, mayor flexibilidad y mayor legibilidad. 
Se debe tener en consideración la idea de programas integrados, de redes de excelencia, sin por ello dejar de lado las entidades más pequeñas, capaces de ser fuente de descubrimiento e innovación. 
En cuarto lugar, somos sensibles al desarrollo de los medios que permitan los intercambios, tales como las becas, la inversión en favor de los jóvenes y el equilibrio, con más tiempo para la investigación. 
En quinto lugar, en lo relativo a la ciencia pura, es preciso continuar el desarrollo. 
Deseamos tener más en cuenta el tema de las ciencias y de la sociedad, con un apoyo más importante a las ciencias humanas y sociales. 
En sexto lugar, el Espacio europeo de investigación debe dar mayor importancia al desarrollo sostenible, elaborando proyectos de investigación muy concretos, tales como los proyectos relativos a la ecología y a las energías renovables. 
No somos favorables, sin embargo, a que se tengan en cuenta las investigaciones militares o las investigaciones en el campo de la defensa. 
Por último, en séptimo lugar, estamos muy atentos al ámbito internacional, que no consiste solamente en la competencia con los Estados Unidos o Japón y que debe tener en cuenta a los países candidatos a la adhesión y los programas de cooperación con los países en desarrollo y los del Espacio mediterráneo. 
Señor Presidente, señor Comisario, la UE va a adoptar una moneda común y, en consecuencia, se va a convertir en una zona de divisa unificada. 
También existe la intención de hacer de la UE un espacio común de investigación y convertirla, a través de ello, en una superpotencia de la ciencia. 
La UE es ya una superpotencia de la ciencia en muchos campos. 
Sin embargo, no todos los resultados ni todos los métodos están a disposición de todos, ya que muchos países grandes se dedican a salvaguardar sus intereses nacionales, comerciales y militares. 
Dichos países deberían dar más cabida a los demás en sus proyectos. 
Si esto no ocurre, la UE no será un verdadero Espacio europeo de investigación, y los fondos de la UE sólo financiarán las migajas y los desperdicios que no encuentren suficiente financiación nacional debido a la falta de relevancia general de los estudios en cuestión. 
Con él nos referimos a investigaciones cuyos resultados nadie necesita, usa, critica o continúa. 
El Espacio europeo de investigación no debe ser un espacio de investigación cero, ni el dinero de la UE debe usarse para financiar investigaciones cero. 
Es de temer que la relación costes-beneficios sea deficitaria desde el punto de vista científico. 
Es posible que el Centro de investigación común represente más a la burocracia que a la ciencia. 
Por consiguiente, hay que exigir que el Espacio europeo de investigación sea desarrollado bajo criterios científicos. 
Doy las gracias a la señora Plooij-van Gorsel por su meticuloso trabajo en el seno de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Como error cosmético del informe, figura la exigencia ahí presentada sobre la necesidad de alianza entre la ciencia y la industria de armamento. 
Señor Presidente, estimados colegas, la coordinación o, más bien, la unificación de las acciones europeas en el ámbito de la investigación no debe suponer una desaparición de la competencia entre los diversos centros de investigación. 
La coordinación y la unificación están bien, pero no al precio de una igualación enemiga de toda competencia. 
Por ello, no hay que perder de vista los límites que el principio de subsidiariedad impone a la política comunitaria. 
La amplia mirada de los responsables nacionales de política científica será decisiva para la realización de los ambiciosos planes de la Comisión. Pero deben desprenderse de la idea de querer subvencionar la propia economía nacional con la concesión de programas de investigación. 
La máxima prioridad debe ser la más rápida consecución posible de los objetivos en beneficio de todo el espacio económico europeo. 
En la Unión tenemos, probablemente, uno de los mejores sistemas educativos del mundo, sólo que, desgraciadamente, muy a menudo nuestros científicos emigran tras su formación a otros países más atractivos como los EEUU. 
Debemos poner todos los medios para retenerlos en Europa, por lo que estamos obligados a crear las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad investigadora de modo que crezca el atractivo de Europa para el desarrollo de la investigación avanzada. 
Señor Presidente, mi más sincera enhorabuena al Comisario Busquin por los extraordinarios informes que ha sabido elaborar con el Parlamento, por la mordacidaz y la inteligencia con que está llevando adelante la realización del espacio europeo de la investigación científica y el sexto programa marco. 
Él apunta decididamente a una alta calidad de la investigación, a dar mayor prestigio a la figura de los investigadores y a la libertad de investigación. 
La creación de redes de excelencia, el incremento de la movilidad de los investigadores, la selección de prioridad en el sector de las neurociencias- vean, por ejemplo, la dramática situación de la EEB, de la enfermedad de Alzheimer y también de la terapia génica para el control de enfermedades todavía incurables- representan líneas muy cualificadoras del proyecto. 
Espero que la ponente- que ha hecho un óptimo trabajo, aunque los tiempos y el deadline para las enmiendas han sido una "tocata y fuga" -quiera, junto a los diputados y al Comisario Busquin, aceptar una petición mía, dirigida precisamente a evitar la fuga de los mejores cerebros de Europa hacia los Estados Unidos de América y otros países competitivos. 
Estoy convencido de que solamente con incentivos económicos y sociales, haciendo que las carreras sean más competitivas en relación con las de los investigadores de los Estados Unidos y enganchándolas, como sucede en Italia, a la alta dirección, como en relación con los magistrados, por fin podemos atraer a los jóvenes y ofrecerles una perspectiva, precisamente para el futuro y para un respeto profundo a su dignidad y el papel de los investigadores en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de entrada quiero expresar el juicio tan positivo que me inspira la comunicación de la Comisión y las propuestas del Comisario Busquin a propósito del Espacio europeo de la investigación. 
Asimismo, quiero decir a la Sra. Plooij que la felicito por su trabajo, incluso si lamento- ella lo sabe- que, por razones, a mi juicio, a menudo ideológicas, ella haya rechazado, sin discutirlas, todas las enmiendas que yo había presentado y que trataban de mejorarlo. 
Quiero decirle que yo seré personalmente más liberal que ella en la preparación colectiva del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
Con su texto, la Comisión Europea nos ha propuesto, en efecto, orientaciones para las futuras acciones de apoyo a la investigación antes del debate sobre el Programa Marco para 2002-2006. 
Entre las ideas muy interesantes, he retenido una que es y será uno de los hilos conductores de nuestros debates. 
Se trata de la necesidad de concentrar más los esfuerzos de investigación europeos en un número limitado de prioridades. 
La noción clave es, aquí, la del valor añadido europeo. 
Sé que la definición de estas prioridades no será sencilla, pero creo que con ello la investigación europea tiene todas las de ganar. 
En el mismo orden de ideas, las novedades que marcarán el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo son las redes de excelencia y los proyectos integrados, conceptos que tampoco dejarán de suscitar numerosos debates. 
El texto aborda también la problemática de la movilidad de los estudiantes, los investigadores y los científicos. 
Estos aspectos formarán parte de los ejes del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo y yo sé que la Presidencia belga tiene la intención de organizar una conferencia sobre ese tema. 
Me alegro de ello. 
El papel de las PYME se ha tenido en cuenta, lo que es bueno. 
Apruebo la invitación que se hace de introducir las ciencias humanas y sociales en el Sexto Programa Marco de Investigación. 
El debate sobre ciencias y sociedad es de vital importancia al iniciarse este tercer milenio. 
En resumen, Señorías, la comunicación de la Comisión y el informe de la Sra. Plooij constituyen elementos sólidos para el trabajo importante que vamos a hacer colectivamente, en la transparencia, incluida la fusión termonuclear controlada. 
Ya desde ahora, estoy, en mi calidad de ponente, a disposición de todos los compañeros que deseen acompañarme desde ahora en ese trabajo sobre el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, a pesar de las contradicciones y de las repeticiones incluidas en el informe tal y como quedó finalmente configurado en la Comisión de Industria, se puede distinguir una línea directriz que pretende poner la investigación al servicio de los monopolios. 
Las claras referencias al refuerzo de la competitividad, la propuesta de preparación de una lista de prioridades, la recomendación de reducir el número de prioridades, de suerte que los esfuerzos se concentren en unos pocos objetos de investigación, el agobiante control de toda actividad investigadora... de ser adoptados por el Consejo y la Comisión conducirán a un aparato de pesadilla que ahogará la investigación y a los investigadores, hará desaparecer toda traza de libertad en la búsqueda de nuevos conocimientos y cambiará radicalmente el carácter de proceso de producción de nuevo conocimiento, y de fuerza productiva, propio de la investigación. 
Más aún en el caso de países como Grecia, donde casi la totalidad de la actividad investigadora se mueve en torno a las subvenciones europeas. 
Por otra parte, la vinculación del espacio europeo de la investigación con la política de defensa y seguridad- parágrafo 28- induce a una peligrosísima militarización de dicho espacio. 
Además, la referencia que se hace a los países candidatos- parágrafo 35- es inequívocamente despreciativa, aun cuando la mayoría de ellos cuentan con una rica tradición en el ámbito de la investigación. 
Quiero creer que el Comisario Busquin tendrá la sensatez de ignorar la mayor parte de la recomendación del Parlamento Europeo. 
De otro modo, y tal y como acabo de decir, en el ámbito de la investigación, en lugar de un espacio europeo de la investigación, tendremos un aparato de pesadilla. 
Huelga decir, claro está, que el Partido Comunista de Grecia rechazará el informe. 
(Aplausos en la tribuna) 
Señor Presidente, señoras y señores, felicito al Comisario Busquin por la presentación del informe. 
Creo que sobre el Comisario Busquin recae en estos momentos la mayor responsabilidad de Europa. 
La crisis de la EEB nos obliga a recuperar la confianza de los consumidores, confianza que sólo podremos ganarnos mediante investigaciones objetivas, mediante pruebas científicas de que los alimentos que ingerimos son absolutamente inocuos. 
Por eso creo que todo el ámbito que implica la EEB, esto es, la biotecnología y la genómica, es un punto central importante, y como miembro de la Comisión de Presupuestos estoy a favor inclusive de que inmediatamente aprobemos una dotación especial destinada a la investigación en ese ámbito, porque creo que la ciencia es nuestra única verdadera contribución para solucionar ese problema y volver a poner las cosas en su sitio. 
En segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas son para mí un gran objetivo, y sólo puedo apoyar a la ponente en que deberíamos pasar de 10 a 15% y que deberíamos comprometer recursos para empresas con menos de 250 empleados; que quizás, también, deberíamos crear un segundo threshold para la colaboración entre grandes y pequeñas empresas, centros de investigación e institutos universitarios. 
Deberíamos presionar para que el conocimiento de las grandes empresas y los resultados de la investigación de los centros e instituciones lleguen a la universidad y que de ahí también vuelva a las empresas, de manera que las incubadoras tecnológicas sirvan para crear nuevos empleos y nuevas empresas. 
Sabemos que las pequeñas y medianas empresas innovadoras, bien orientadas al mercado, son las que, precisamente, más solicitadas están por la demanda de mercado. 
También deberíamos cuidar el desarrollo a escala nacional, porque, naturalmente, se trata también de dividir grandes proyectos y hacerlos también accesibles a las empresas más pequeñas. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el informe y felicito a la ponente. 
Me parece también que el término "espacio de la investigación" está logrado. 
Creo que es una buena iniciativa de la Comisión. 
Quisiera decir algo sobre las observaciones del Sr. Alyssandrakis que me ha dado el leit motiv para las mías. 
Si Grecia gastase más dinero en investigación sería menos dependiente de Bruselas. 
Éste es un problema de muchos países de la Unión Europea. 
Han reducido sus recursos destinados a la investigación, sea para grandes o pequeños proyectos. 
La investigación europea no puede rellenar esa laguna. 
Si queremos tener un espacio europeo de la investigación deben colaborar los dos participantes, la UE y los Estados miembros, sino la situación se deteriorará hasta el punto de que no podamos hacernos con ella. 
Además, la administración de esos proyectos de investigación es una tarea ingente, especialmente si ampliamos la Unión Europea. 
A la larga, esto tampoco podrá ser administrado desde Bruselas. 
Por esta razón deberíamos, junto a la Comisión de Control Presupuestario y al Tribunal de Cuentas, intentar desarrollar procedimientos para reducir las cargas administrativas. 
La investigación, por lo demás, no puede desempeñarse con espíritu contable. 
La investigación implica riesgos, también financieros. 
Lo decisivo es lo que sale de ahí. 
El resultado es decisivo y no necesariamente la factura. 
Prefiero un proyecto que logre resultados, aunque se pierda dinero, que un proyecto con un buen balance económico pero del que no haya salido nada. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, tratándose de temas científicos puede aprobarse casi todo lo que se ha dicho. 
Pero puede que en la práctica no sea sencillo realizar todo ello. 
La base de nuestra política científica futura es la concentración, es decir, el establecimiento de prioridades, la flexibilidad y la coordinación. 
Necesariamente, esto debe ir en paralelo con resoluciones democráticas tomadas en un Parlamento y un Consejo plural. señor Comisario, debo decirle sinceramente que le felicito si usted logra su propósito. 
Intentaremos apoyarle en ello. 
El espacio europeo de la investigación es, en cualquier caso, un paso correcto en la buena dirección. También será parte del VI Programa Marco. 
Pero en cuanto se trata de ver cómo se va a concretar, surgen las dudas. 
Y no sólo por la dificultad práctica de toda implementación. 
Con otras palabras: Usted quiere concentración de objetivos, todos nosotros queremos también prioridades. 
¿Según qué criterios transparentes, señor Comisario, fijará esas prioridades? 
¡Que le resulte entretenido! 
Los criterios no han sido nunca formulados totalmente de forma correcta, y el término "valor añadido europeo", señor Caudron, lo estamos usando usted y yo desde hace 10 años, ¿o no? 
Hasta ahora no lo hemos definido o no hemos podido hacerlo. 
La coordinación es parte necesaria del espacio europeo de la investigación como articulación entre el plano europeo de la Unión y el de la investigación nacional. Ahí veo yo diferencias políticas entre los partidos. 
¿Hasta dónde queremos centralizar la coordinación, la planificación y la selección de objetivos? 
¿Cuánto debe venir desde abajo en el marco de la subsidiariedad? 
Será un debate emocionante, promovido por los partidos políticos, y nos gustaría participar en él. 
Felicitaciones a la ponente, seguiremos colaborando. 
Señor Presidente, doy las gracias a la ponente, Sra. Plooij-van Gorsel, por su trabajo tan bien acertado. 
Asimismo, doy las gracias al Sr. Comisario por la exposición tan detallada que ha hecho. 
La información es, sin lugar a dudas, el factor más importante en la producción, y el producto elaborado de la información es el conocimiento, el cual debe responder a ciertas exigencias de contenido. 
He aquí, pues, la diferencia entre información y conocimiento. 
Los inventos técnicos y la atracción por la tecnología están haciéndose a un lado en la sociedad a medida que el contenido va adquiriendo importancia, arrastrando consigo a la industria de contenidos. 
Presumiblemente, estamos pasando de una sociedad informático-técnica a una sociedad civilizada y de valores, y en este marco se ha empezado a hablar en serio del Espacio europeo de investigación. 
Creo que es lo acertado, y se dice que esto mejorará las estructuras. 
Puesto que esto es así, propongo un par de cosas. 
Ya sólo por la propia transformación que está en marcha, habría que crear un conjunto de proyectos en el marco del Espacio europeo de investigación que contribuyan al desarrollo de los contenidos y de la producción de contenidos. 
En este punto, Europa tiene mucho trabajo. 
Otra rama de proyectos se destinaría a la mejora de las estructuras, más específicamente en el campo de la globalización del comercio y de la comunicación. 
Este campo constituye un importante factor de cambio en la actualidad y es un enorme reto para la investigación. 
Es un campo que hay que investigar, dado que influye en todos nosotros. 
Necesitamos conocimiento porque, en términos globales, tanto el comercio como la comunicación han tomado el lugar de la política. 
Por esta razón, señor Comisario, desearía que fuera posible aumentar la proporción de la investigación social.. 
Para terminar, una pregunta: ¿qué piensa usted hacer para impulsar e incrementar la investigación en el campo de la globalización, y los políticos contemos así con más instrumentos para reflexionar sobre este asunto?. 
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente la elaboración de este excelente informe, un informe que proporciona un marco para el marco. 
La a menudo citada Cumbre de Lisboa establece el objetivo general de "convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo". 
La industria biotecnológica puede prestar una importante contribución en la consecución de este objetivo. 
Por ello, es fundamental que en el Espacio europeo de la investigación se conceda a las ciencias de la vida la más alta prioridad. 
En la actualidad cunde el desánimo, incluso la desesperación, en ciertas áreas de investigación. 
Se están produciendo demoras en los ensayos con cultivos y en la aprobación de nuevos productos, daños deliberados a los cultivos de prueba, retrasos en la adaptación de los diversos Derechos nacionales a una normativa comunitaria esencial, ataques verbales e incluso físicos a investigadores en materia de atención sanitaria, historias medioambientales de terror que carecen de fundamento y sustancia, acosos a investigadores (incluso amenazas de muerte de extremistas de la liberación de los animales) , y el uso de términos cargados de emotividad e inapropiados tales como "alimentos Frankenstein" por voceros hostiles y medios de comunicación. 
Todas estas presiones, a veces agravadas por la debilidad de la respuesta de los Gobiernos y organismos públicos, pueden impedir que Europa sea consciente del gran potencial que la biotecnología nos ofrece. 
Es cierto que es necesario contar con un marco regulador razonable, pero éste debe estar dirigido a fomentar el progreso, no a frenarlo. 
Sólo en el marco de un entorno positivo será posible tener conciencia de este potencial y ser competitivos en las industrias del futuro, en la agricultura del futuro, en los niveles más altos de atención sanitaria, en nuestra contribución al desarrollo del Tercer Mundo y en la eliminación del hambre y las enfermedades. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quisiera aunarme a mi vez a los agradecimientos dirigidos a la Sra. Plooij-van Gorsel por su excelente informe. 
Asimismo, quisiera decir cuán alentadoras son para mi las relaciones que puedo entablar con todos los diputados que se preocupan fundamentalmente por este problema y que, gracias a sus contribuciones y su experiencia, me aportan sus consejos para construir este Espacio europeo de la investigación que, a mi juicio, se reconoce ampliamente como un objetivo político indispensable para Europa. 
Asimismo, quisiera agradecer a las representantes de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte así como a los de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, la Sra. Fraisse y la Sra. McNally, por su contribución. 
El apoyo que el Parlamento puede aportar a este Espacio europeo de la investigación es evidentemente de esencial importancia para hacer avanzar el proceso. 
El principio del Espacio europeo de la investigación fue aceptado en la Cumbre de Lisboa. 
Se ha convertido en un hecho político. 
Sin embargo, es verdad que para concretarlo, y ustedes lo demuestran suficientemente, todavía hay mucho por hacer. 
A este respecto, las propuestas del Parlamento constituyen un elemento esencial para crear una dinámica en el plano europeo. 
Por otra parte, próximamente tendremos, en la Cumbre de Estocolmo, un informe sobre los progresos de este concepto de Espacio europeo de investigación. 
Asimismo, está inscrito en el orden del día de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Estocolmo como uno de los puntos que hay que desarrollar para responder precisamente a esta idea de hacer de Europa una economía dinámica. 
En relación con los diferentes elementos puestos de manifiesto por el informe de la Sra. Plooij-van Gorsel y las intervenciones de los diputados, quisiera hacer algunos comentarios que van en gran parte, naturalmente, en el mismo sentido de lo que se ha dicho, pero quizás para aportar algunas precisiones. 
Queda totalmente claro que el Espacio europeo de la investigación se construirá, por una parte, gracias al Programa Marco, cuya naturaleza es facilitar este Espacio europeo de la investigación, pero sobre todo gracias a una coordinación abierta entre los Estados miembros y los agentes de la investigación. 
Por tanto, si el Programa Marco es un instrumento, es preciso adaptarlo para que ayude a estructurar el Espacio europeo de la investigación. 
Eso es lo que encontrarán en el nuevo Programa Marco: elementos que contribuyen ampliamente a estructurar un Espacio europeo de la investigación. 
Por lo demás, esta necesidad de modificar el Programa Marco era muy visible en el informe quinquenal de evaluación que ponía claramente de manifiesto la necesidad de este proceso. 
En relación con la coordinación abierta, nuestro papel, que está por definir, estoy de acuerdo en ello, y cuyos criterios deben ser claramente adaptados, es un papel de mediador e incitador de una coordinación abierta de los Estados miembros. 
¿Cómo vamos a promover, facilitar esta coordinación? 
Es por ello que queda de manifiesto que se trata de un trabajo a largo plazo, es un trabajo que exigirá una asociación entre la Comisión y los Estados miembros, con el apoyo del Parlamento Europeo y el apoyo, señor Alyssandrakis, de toda la comunidad científica. 
Se trata, en efecto, de un proyecto que concierne a todos los científicos europeos. 
No hay distinción, hay elementos de subsidiariedad, naturalmente, hay investigaciones que se hacen en los Estados miembros y hay investigaciones con valor añadido. 
Por tanto, estamos lejos, estamos a años luz de este concepto monopolístico al que acaba usted de hacer alusión y que ciertamente no está en el ánimo de ninguno de los miembros de esta Asamblea. 
Para ello, nos es preciso adaptar fórmulas de intervención nuevas y a este respecto algunos diputados, como la Sra. Fraisse y el Sr. Desama, hablaron del problema de la relación con la educación. 
Esta cuestión de la relación ciencia-educación es muy pertinente y, por lo demás, se inscribirá en el orden del día de la reunión de Ministros de Ciencia y Educación en Upsala. 
Vamos a celebrar una reunión común, un consejo informal, los días 2 y 3 de marzo, en Suecia, entre los Ministros de Educación y Ciencia sobre el tema "Ciencia, sociedad y educación a la ciencia" y tendremos también un primer debate sobre el futuro Programa Marco entre los Ministros de la Investigación. 
Respecto a los nuevos instrumentos, quisiera felicitarme de su apoyo, y el Sr. Vidal-Quadras Roca puso de manifiesto de manera particularmente clara la importancia de estos nuevos instrumentos. 
En efecto, gracias a ellos podremos aumentar la eficacia a la par de, como lo dijo el Sr. Linkhor, una simplificación de los procedimientos de gestión y, por ende, incrementar la eficacia para evitar el doble empleo. 
Por tanto, este es el ánimo en el que se han definido los instrumentos que propone la Comisión. 
Sin embargo, comprendo también sus preocupaciones sobre la necesidad de velar porque esos instrumentos brinden oportunidades iguales para todos. 
Estos instrumentos no deberían aparecer como reservados a una u otra categoría, a uno u otro grupo, con un efecto de talla, por tanto, este es el ánimo con el que será preciso definir mejor los nuevos instrumentos. 
En relación con las redes de excelencia, creo que queda totalmente claro que es un punto de esencial importancia, pero también me doy cuenta de que es preciso entenderse bien sobre la definición de redes con una capacidad de excelencia. 
En efecto, es más conveniente emplear esta expresión más que centros mamut. 
No se trata de macrocentros de excelencia. 
Son redes con una capacidad de excelencia, según el tema y según el campo de investigación. 
El objetivo es, pues, la creación de centros de excelencia virtuales que integren la capacidad de excelencia en los ámbitos prioritarios. 
De ello se deriva que no se trata ciertamente de un instrumento, entre otros, para las pequeñas y medianas empresas y los países menos avanzados en materia de investigación. 
Hay centros de excelencia en todos los países europeos, cuyo criterio, del que vamos a hablar, es: ¿dónde está el valor añadido europeo para el programa? 
Esta es, evidentemente, una de las preguntas que darán pauta a los debates. 
De paso, señalo también, en relación con la petición de la Sra. Plooij-van Gosel para las infraestructuras, que tiene usted totalmente razón. 
Sabe usted que ya hemos tratado, con el programa GEANT, de crear una infraestructura, de conciliar las infraestructuras de todos los países europeos con una ambición de 10 Gigabits. 
Pero, como usted lo destaca, será preciso llegar a 100 Gigabits, de modo que en el programa de infraestructura, el apoyo a la coordinación de los Estados miembros, puesto que los Estados miembros deben hacer el esfuerzo en su propio territorio, será una prioridad que tendremos ocasión de abordar con motivo del nuevo Programa Marco. 
La geometría variable, o las cooperaciones denominadas reforzadas, es evidentemente uno de los temas que plantean mayores interrogaciones, puesto que el artículo 169 del Tratado lo preveía y hasta ahora nunca había podido ponerse en práctica. 
Es por ello que hay un debate muy importante sobre esta cuestión, ya que se refiere a la eficacia, aunque es también institucional. 
Por tanto, pensamos que son los Estados miembros los que deben tomar la iniciativa. 
Nosotros sólo podemos hacer propuestas de participación de la Unión si hay una verdadera participación europea. 
Sin embargo, comparto su preocupación de que este instrumento no sea discriminatorio para ningún Estado miembro y que el Parlamento participe plenamente en las decisiones importantes en este ámbito. 
Tendremos ocasión de hablar de ello más detalladamente en el marco del examen de la propuesta del Programa Marco. 
Este será un tema muy importante de este debate. 
Por último, en relación con las prioridades y los criterios, creo que hemos esbozado los criterios generales para ilustrar las prioridades mencionadas a titulo indicativo. 
Por otra parte, son criterios que reflejan las respuestas obtenidas en el marco de una gran concertación de todos los agentes de la investigación que habíamos iniciado en Internet en el curso del año 2000. 
Hubo una concertación muy amplia de las comunidades científicas, de las comunidades industriales, a través de Internet sobre estos asuntos. 
En relación con ello, es evidente que hay tres grandes temas que poseen con toda seguridad un valor añadido. Se trata de todo lo que es post-genómico, la sociedad de la información, así como el coste de Internet, que es un factor indispensable de democratización, y también el problema de las nanotecnologías en los materiales, en los procesos avanzados. 
Son tres temas importantes, sin olvidar las cuestiones de seguridad alimentaria, que evidentemente está muy presentes actualmente en Europa, de calidad de vida y de desarrollo sostenible. Por otra parte, va a tratarse en la comunicación que la Comisión va a elaborar para la preparación de la Cumbre de Göteborg. 
Se tratará del desarrollo sostenible como uno de los temas a la cabeza de la investigación en los ámbitos del medio ambiente, la energía, los transportes. 
En relación con las pequeñas y medianas empresas, es evidente que tienen ustedes razón en destacar la importancia. 
Se había dicho que era preciso dedicarles por lo menos el 10% de los créditos del Quinto Programa Marco. 
Parece que evolucionamos hacia un objetivo más ambicioso: quizás pueda defenderse un 15% en el próximo Programa Marco. 
Terminaré diciendo al Sr. Caudron que el valor añadido europeo es evidentemente el elemento clave. 
¿Cómo va a definirse? 
Pienso que es en función de los proyectos de investigación. 
El concepto de valor añadido europeo no es global. 
Se define según el tema de investigación en el que se ve que es preciso estar por lo menos a nivel europeo para estar al nivel de la competencia en el plano mundial. 
Por último, en relación con lo nuclear, no me plantea ningún problema, por el contrario, que el Parlamento participe ampliamente en el debate. 
Mencionaron la reunión sobre la fusión. 
Señalo que no era en modo alguno una reunión formal, se trataba sencillamente de tener una opinión general sobre un documento, por otra parte accesible, que mostraba las cuatro opciones posibles en relación con el problema de la fusión. 
Creo que no puede evitarse un debate sobre este tema. Por lo demás, ya tuvo lugar durante los debates anteriores sobre los Programas Marcos precedentes. 
Yo personalmente estoy a favor de un debate abierto sobre esta cuestión, porque es un problema de sociedad fundamental, una interrogante totalmente legítima. 
Mujeres y sociedad, jóvenes y sociedad, es evidentemente el tema de las repercusiones del grupo de Helsinki que creamos en relación con el lugar de las mujeres en las ciencias, tanto en el ámbito público como en el privado. 
También está, evidentemente, la cooperación internacional. 
Hay esta dimensión: el papel que Europa desempeña en el mundo en relación con la investigación, en relación con enfermedades graves como el sida, la tuberculosis y otras. 
Hemos preparado una comunicación con mi compañero el Sr. Nielson sobre el desarrollo que estará en el orden del día de la Comisión la próxima semana. 
Esta dimensión internacional no puede estar ausente del debate. 
Señor Presidente, Señorías, quizás me alargué mucho, pero era la ocasión de empezar ya un poco el debate sobre el próximo Programa Marco que probablemente será aprobado en las próximas semanas, incluso la semana próxima, lo que me permitiría venir a presentar dentro de quince días las grandes líneas del Programa Marco, en la continuidad del informe de la Sra. Plooij. 
Quisiera terminar dándole de nuevo las gracias, así como a todos los diputados por su contribución. 
señor Comisario, le agradecemos mucho su intervención, que no nos ha resultado larga. Nos ha resultado muy pertinente y muy apreciada. 
Señor Presidente, se me había olvidado dar las gracias a todos mis colegas por la grata colaboración, pero el Comisario Busquin también ha olvidado algo. 
La Sra. Quisthoudt-Rowohl ha preguntado claramente cuáles son los criterios que se manejan a la hora de establecer las prioridades. 
No es la primera vez que lo preguntamos. 
Hicimos la misma pregunta en las dos últimas sesiones de la Comisión de Industria. 
No nos satisface la respuesta de que se trata de criterios generales. 
Hemos solicitado una minuciosa descripción de los criterios manejados para confeccionar la lista de prioridades en materia de investigación. Nuestra comisión tiene mucho interés en obtener una respuesta a esta pregunta. 
Señor Presidente, pienso que pronto se le dará satisfacción, puesto que va a llegar el Sexto Programa Marco de proyectos. 
Todo quedará todavía mejor definido. 
Tendremos, naturalmente, la ocasión de hablar de ello durante la preparación de este nuevo programa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Algodón 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0022/2001) del Sr. Korakas, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre: 
I. la propuesta de reglamento del Consejo por el que se adapta por sexta vez el régimen de ayuda para el algodón, establecido por el Protocolo nº 4 anejo al Acta de adhesión de Grecia (COM (1999) 492- C5-0049/2000- 1999/0202 (CNS) ); 
II. la propuesta de reglamento del Consejo sobre la ayuda a la producción de algodón (COM (1999) 492- C5-0049/2000- 1999/0202 (CNS) ). 
. (EL) Señor presidente, como es bien sabido, el sector del algodón tiene una gran importancia socioeconómica para España y, principalmente, para Grecia. 
En Grecia, de hecho, el algodón adquiere dimensiones de producto nacional, ya que ofrece empleo a más de 300.000 familias, que producen alrededor de 1.350.000 toneladas de algodón en zonas del objetivo 1 con un índice de desempleo muy superior a la media comunitaria y con una superficie por unidad de producción muy inferior a la media comunitaria. 
Las necesidades de la Unión Europea alcanzan los 45 millones de toneladas de algodón sin desmontar. Y se trata de un producto del que la Unión Europea es especialmente deficitaria, puesto que la producción comunitaria cubre solamente el 35% de sus necesidades. 
Las cantidades nacionales garantizadas son siempre exasperantemente inferiores a la producción real, con el resultado de que los productores ven disminuidas sus rentas a causa de las elevadas penalizaciones por corresponsabilidad, mientras que paradójicamente las partidas del presupuesto comunitario son menores cuanto mayor es el exceso de producción. 
Esta inaceptable situación ha provocado la justificada indignación de nuestros productores, que han protagonizado decididas movilizaciones masivas, como las que se produjeron hace dos años, ayer mismo en todo el campo griego. 
Sin embargo, en lugar de mejorar el Reglamento vigente, como con toda justicia vienen pidiendo nuestros productores de algodón, con la adaptación de las cantidades garantizadas a los niveles reales de producción actual, y, en lugar de actualizar, aun parcialmente los precios institucionales, congelados desde 1992, llega la Comisión Europea y no solo propone mantener del actual régimen de ayudas en los mismos niveles, sino que aumenta las penalizaciones por corresponsabilidad en un 20%. 
El propósito de la Comisión de reducir drásticamente el cultivo de algodón es injustificable, puesto que se refiere a un producto en el que la tasa de autoabastecimiento apenas alcanza el 30-35%. 
Es injusto porque castiga a los productores de algodón por las bajadas de los precios internacionales de algodón registrados los últimos tres años, sin que ellos tengan responsabilidad alguna, mientras que la propia Comisión, por su parte, no ha hecho nada para invertir esta situación. 
Y en este punto hemos de señalar que la Comisión Europea, para fundamentar su inaceptable propuesta, la formuló en el momento en que los precios internacionales eran los más bajos de la última década, es decir, en diciembre de 1999. 
Desde entonces, los precios se han duplicado. 
Además, Comisión Europea propone limitar las ayudas al cultivo de algodón justo cuando son más necesarias, es decir, cuando los Estados Unidos de América apoyan sin cesar, con cantidades cada vez más elevadas, a sus propios productores de algodón, con lo que les brindan la posibilidad de aumentar su producción y de reducir los precios del mercado internacional. 
La invocación de coartadas medioambientales no se sostiene, desde el momento en que está científicamente demostrado que el cultivo del algodón es mucho menos perjudicial para el medio ambiente que otros cultivos similares subvencionados abandonados en un momento determinado por sus productores para dedicarse al cultivo del algodón. 
La Comisión tampoco tomó en absoluto en consideración el Protocolo 4 del Acta de adhesión de Grecia, en el que se consagra el régimen del algodón, con el propósito de apoyar la producción en aquellas zonas de la Comunidad en las que se considere importante para la economía agrícola. 
Los productores de algodón piden que rija también para el algodón la preferencia comunitaria, dado precisamente que la Comunidad es deficitaria en este producto. 
El algodón, producto natural y saludable, frente a las fibras sintéticas, es la principal fibra vegetal para elaborar tejidos. Brinda la posibilidad de garantizar empleo a cientos de miles de campesinos, y puede atraer a jóvenes campesinos a quedarse en el campo, en un campo que se está quedando desierto. 
A pesar de todo, dado que por diferentes razones presupuestarias se impone definir ciertos límites, estos límites deberán ajustarse a la verdadera producción actual de nuestros algodoneros. 
Mantener el sistema de ayudas. Ajustar los precios institucionales del algodón de acuerdo con los datos oficiales de la inflación media comunitaria durante el período 1995- 2000. 
Entregar las ayudas directamente a los productores de algodón- tras el estudio del procedimiento adecuado -, a través de sus asociaciones de productores, sin la intermediación de los particulares dedicados al desgranado. Incluir en el nuevo Reglamento el Anexo II Reglamento que fija los aumentos por la reducción del precio mínimo del productor en razón de los datos de calidad. 
Consideramos, pues, imprescindible que el Parlamento Europeo apoye la petición de ayuda de los productores algodoneros. 
Nosotros, precisamente desde este espíritu, hemos propuesto las siguientes cantidades máximas: 1.500.000 de toneladas para Grecia, 450.000 toneladas para España. 
La Comisión de Agricultura había decidido 1.200.000 para Grecia y 350.000 para España. 
Queremos pedir al Parlamento que se ponga del lado de los campesinos, para que nuestro campo siga poblado; y, en última instancia, para que ellos, nuestros campesinos, puedan sobrevivir. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para empezar debemos decir que estamos hablando de un producto que es deficitario en la Unión Europea, puesto que su tasa de aprovisionamiento entre 1995 y 1999 ha sido solamente del 42%. 
Además, hay que añadir que, como muy bien ha dicho el Sr. Korakas, al que quiero felicitar por su informe, es un cultivo localizado en regiones especialmente desfavorecidas de España y Grecia y que su producción absorbe una gran cantidad de mano de obra. 
Por un lado, esto significa que su mantenimiento es fundamental para el tejido socioeconómico de dichas zonas y, por otro, justifica las dos peticiones fundamentales de este Parlamento: que no aumente la penalización por exceso de producción del 50 al 60% y que se aproximen las cantidades máximas garantizadas a la realidad productiva; hablo de aproximación, no de igualación. 
Cuando la Comisión formuló su propuesta, estaba alarmada por unos precios mundiales excesivamente bajos, los más bajos de los últimos diez años, y, en consecuencia, por un incremento del gasto de ayuda, de acuerdo con el sistema de ayudas del algodón. 
Pero, señor Comisario, las circunstancias han cambiado: el precio ha subido a niveles casi históricos, se ha reducido el presupuesto dedicado a pagar a los agricultores y la propuesta de reglamento ha dejado de estar justificada, al tiempo que sí están justificadas las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Agricultura. 
Un incremento de las penalizaciones ocasionaría la desaparición de muchas de las explotaciones más pequeñas, con los efectos sociales derivados. 
El desfase existente entre las producciones reales y las cantidades máximas garantizadas, actualmente origina las tremendas penalizaciones que están soportando los agricultores. 
Como bien ha dicho el Sr. Korakas, también podríamos invocar el Protocolo 4 del Acta de adhesión de Grecia, en el que se pide el mantenimiento de la producción de algodón en aquellas zonas donde ésta se considere importante para la economía agrícola, y que se permita a los agricultores percibir una renta justa, que estabilice el mercado mediante mejoras en las infraestructuras agrícolas. 
Con las enmiendas que ha presentado, la Comisión de Agricultura pide que se impulse la puesta en marcha de acciones medioambientales colectivas, a través de las asociaciones de productores que pretendemos impulsar y favorecer en este sector. 
Esperamos que la Comisión tenga en cuenta estas enmiendas y argumentos y acepte modificar esta propuesta. 
Señor Presidente, el ponente, Sr. Korakas, ha realizado un trabajo muy importante estos últimos meses, le agradezco mucho que haya estado abierto, desde el principio, a todo tipo de propuestas, al diálogo, con gran receptividad. 
Si a ello sumamos el trabajo realizado por la Comisión de Agricultura, podemos comprender que estemos ante un magnífico informe del Parlamento Europeo. 
Si la Comisión aceptara las enmiendas que le proponemos en este informe del Sr. Korakas, tendríamos un régimen del algodón con importantes mejoras, en el ajuste de las cantidades nacionales garantizadas, en el régimen de las ayudas y una nueva implantación de un sistema permanente que reconoce las agrupaciones de productores. 
Además, estas propuestas de enmiendas del Parlamento fomentan la adopción de medidas que son mucho más respetuosas con el medio ambiente, que permiten el ahorro de agua, la disminución del uso de plaguicidas y que prevén una correcta gestión de los residuos de plástico. 
Sin embargo, a mi entender, la propuesta que nos hace la Comisión es demasiado minimalista, sólo está obsesionada con el ahorro de dinero y es incoherente con lo que se dice que es la primera prioridad de la Unión Europea, la defensa del empleo. 
Le falta coherencia porque a la hora de decidir entre una y otra opción no es suficientemente sensible hacia el mantenimiento o el fomento de empleos. 
Por eso, justamente, recomiendo a sus Señorías que voten y apoyen la enmienda nº 20, presentada por el Sr. Garot y por mí misma, en nombre del Grupo Socialista, porque en ella se propone algo muy importante. 
Nosotros pedimos a los Estados miembros que tengan en cuenta el factor empleo cuando adopten las medidas para ajustar las superficies que puedan optar a las ayudas. En ese momento debe tenerse en cuenta cuántos puestos de trabajo dependen de esa superficie. 
Asimismo, proponemos que se considere la situación de los cultivos sustitutorios y si existen o no alternativas. 
En definitiva, Señor Presidente, esto se llama sensibilidad social y económica. 
Espero, por tanto, que apoyen nuestra enmienda y felicito nuevamente al ponente por este magnífico informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena a la Comisión de Agricultura y al Sr. ponente por el informe presentado y el trabajo realizado, que viene a reflejar la inquietud de un sector muy destacado de la agricultura europea y, en concreto, de territorios muy importantes de Grecia y Andalucía, zonas productoras por excelencia. 
El algodón es un cultivo tradicional que supone el principal sustento económico para las rentas de miles de familias europeas, con escasísimas alternativas. 
Se trata de un producto muy deficitario en la Unión, que sólo es capaz de producir el 40% de su demanda, y sigue siendo la mejor fibra natural para elaborar tejidos frente a las fibras sintéticas. 
De igual manera, ha desplazado a otros cultivos intensivos más contaminantes y excedentarios. Es cierto que, a pesar de las mejoras, aún presenta problemas medioambientales que debemos solucionar. 
señor Comisario, apoyamos la propuesta de la Comisión de preservar el actual sistema de ayudas a la producción basadas en el sistema de pagos compensatorios, pero no compartimos que un endurecimiento de las penalizaciones sea el método adecuado para contener el gasto absorbido por el sector. 
Es una simpleza que se hable de contener el gasto y que sólo se tengan argumentos presupuestarios para reformar un sistema de ayudas, cuando lo que realmente ocurre es que los agricultores ven disminuidas sus rentas, paralelamente a que observan un aumento de las importaciones extracomunitarias. 
Esto es un cambio estructural, ya que el gasto ha dependido más de la evolución de los precios internacionales que de un aumento real de la superficie cultivada. 
El aumento de las penalizaciones nos traería, sin duda, una mayor concentración del sector, que pasaría a muy pocas manos, y no el pretendido abandono de este cultivo, comprometiendo gravemente la viabilidad de las explotaciones familiares. 
Consideramos, pues, que son las organizaciones de productores los instrumentos más adecuados para mejorar la eficacia de las necesarias medidas de autorregulación en la producción y de protección medioambiental. 
No quiero finalizar sin recordar que la Comisión debe tender a reconocer paulatinamente la realidad productiva de estos territorios, acercando las cantidades nacionales garantizadas a la producción real de este producto comunitario deficitario. 
Señor Presidente, partimos de una propuesta de la Comisión, que aprovechó una situación coyuntural, con unos mínimos históricos, para justificar una propuesta restrictiva injustificable. 
Un año después, los precios del mercado mundial se han incrementado en un 90%, ha desaparecido el peligro de unos gastos desmesurados y nos hallamos más bien en un nivel mínimo. 
Habría que preguntarse, por tanto, en primer lugar, por qué la Comisión no retiró una propuesta que se ha visto privada de su motivación. 
Hace dos años que China decidió exportar las existencias que tenía acumuladas y provocó una caída histórica en los precios mundiales. 
Espero que la Comisión no pretenda mantener una propuesta sobre el régimen del algodón aprovechando una decisión del Gobierno chino, con efectos meramente coyunturales. 
Si lo único que pretende la Comisión es realizar una reducción del apoyo a la producción fundamental para las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea, sería mejor que lo declarase. 
En una política agrícola común cada vez más desequilibrada, estas propuestas son negativas por todos los efectos, incluso en términos sociales, que han explicado compañeros que antes han intervenido. 
En mi opinión, el informe del Sr. Korakas tiene la virtud de corregir la propuesta de la Comisión y además realiza propuestas muy interesantes que realizan un ajuste teniendo en cuenta ciertas peculiaridades del algodón. 
En primer lugar, aproxima las cantidades nacionales garantizadas a la producción real. 
De esta forma se puede prevenir un comportamiento anómalo de este régimen de ayudas, en el que, cuando la producción desciende, los gastos aumentan. 
En segundo lugar- y no puedo entretenerme en otras cosas -, el informe del Sr. Korakas desarrolla un esquema para el fomento de las organizaciones de productores y, sobre todo, un sistema para la ejecución de acciones para la reducción del impacto ambiental del cultivo del algodón. 
Porque la Comisión se extiende sobre eventuales problemas ambientales del cultivo del algodón, pero no propone soluciones. 
Espero, señor Comisario, que la Comisión y el Consejo finalicen el procedimiento legislativo incluyendo las enmiendas que aprobó por unanimidad la Comisión de Agricultura, tal como han pedido los anteriores oradores. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, el algodón, sobre el que hoy debatimos, se produce fundamentalmente en dos países de la Unión Europea, Grecia y España, pero es algo que atañe a toda la Unión, puesto que en todos los países de la Unión puede haber industrias de elaboración del algodón y de producción de hilos y tejidos de algodón. 
Así pues, cuando examinamos la producción de algodón debemos tomar en consideración estos dos parámetros. 
Otro aspecto digno de la mayor atención en el asunto que tratamos es el hecho de que la producción comunitaria de algodón está muy por debajo de las necesidades reales de la Unión; la producción apenas cubre el 35% de las necesidades. 
Y algo más, los productores algodoneros europeos son pequeños y medianos campesinos, cuyas explotaciones, al menos en lo que respecta a Grecia, no sobrepasan por término medio las 4,2 hectáreas. 
La producción, por consiguiente, está determinada decisivamente por esta pequeña extensión de las explotaciones y por las condiciones edáficas que corresponden a las exigencias de este cultivo. 
A causa de estos condicionantes objetivos, a lo largo de los años se ha consolidado una situación que el ámbito de la producción presenta la siguiente imagen: el volumen anual medio de producción de algodón en Grecia es de 1.200.000 toneladas; en España, de 350.000 toneladas. 
En el informe estos datos se analizan y explican ampliamente, y su propuesta de compromiso, de manera sensata, moderada y realista, pide a la Comisión el reconocimiento de esta realidad con la consagración de una cantidad máxima garantizada de algodón no desgranado equivalente a 1.200.000 toneladas para Grecia, 350.000 toneladas para España y 1.500 para cada uno de los demás países miembros. 
Señor Presidente, señorías, creo que este enfoque responsable y realista del informe deberá ser aceptado, tal cual, por la Comisión, y posteriormente deberá afianzarse en las próximas negociaciones con la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera primeramente felicitar al ponente, el Sr. Korakas, y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por el informe y el detallado estudio que han dedicado a la propuesta de la Comisión. 
Las ayudas por hectárea que recibe el algodón- esto ha de ser tenido en cuenta en la presente discusión- son de tres a cuatro veces más elevadas que para el resto de cultivos. 
Según el criterio de la Comisión, este esfuerzo especial de la Comunidad, sobre todo el esfuerzo económico, sólo es justificable considerando la importancia económica y, sobre todo, social, que tiene el algodón en algunas regiones de la Comunidad. 
Sin embargo, en los últimos años han crecido notablemente las extensiones cultivadas y la cosecha por hectárea ha descendido gravemente. 
Esto genera riesgos para el presupuesto por un lado, y por otro, para el medio ambiente, pues no debemos olvidar que el algodón es una forma muy intensiva de cultivo que precisa de una gran cantidad de fertilizantes y de pesticidas. 
La propuesta de la Comisión, por tanto, apunta a recortar más que hasta ahora el precio mínimo que nosotros calculamos en caso de un desproporcionado crecimiento de la producción algodonera. 
Las enmiendas que ha presentado la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural nos conducirían, de seguir por la senda que marcan, a un aumento grande del presupuesto para el sector algodonero. 
Esto significaría a su vez que los estímulos a la producción no descenderían, sino al revés, y que desaparecería la tasa de medio ambiente. 
Por decirlo con más claridad. Las enmiendas de la Comisión significarían en conjunto- aún suponiendo que las cosechas no aumentasen cada año y tomando un precio de mercado promedio- unos costes añadidos del orden de 650 millones de Euros por año. 
Esto se correspondería con un aumento del 85% del presupuesto. 
Considerando la situación presupuestaria actual me resulta del todo imposible satisfacer una petición semejante. 
Entrando en el detalle: las enmiendas 1, 3, 4 y 9 hasta 13 pretenden un aumento de los precios de un 10% y de la cantidad máxima garantizada de un 50%. 
Junto a la explosión de costes que se produciría, podría significar esto un aumento de la producción del 60%, esto es, de alrededor de 900.000 toneladas, con las consecuencias que he descrito anteriormente. 
Las enmiendas 5 y 14 proponen una indexación del precio mínimo dependiente de la calidad del algodón no desgranado, precio que deberá ser autorizado por los Estados miembros cuando las organizaciones profesionales no se pongan de acuerdo. 
En el pasado ya hicimos experiencias significativas con ideas semejantes. Y se ha puesto de manifiesto pura y sencillamente que no es posible de ninguna manera crear un sistema central de ese tipo y además administrarlo centralizadamente, porque, simplemente, hay demasiados factores que influyen en la calidad del algodón. 
Por eso seguimos pensando que estas cuestiones las sigan decidiendo las partes implicadas, los compradores y los vendedores de algodón.. 
Proponemos, no obstante, la introducción de un criterio, el índice de precios en el mercado mundial de fibra de algodón. 
Con ello definimos un marco de referencia que facilitará las negociaciones de próximos acuerdos. 
Las enmiendas 7, 8 y de la 16 a la 19 se refieren a la elaboración de una normativa oficial para las comunidades de productores así como para las actividades que deben ser subvencionadas mediante ayudas a la comunidad. Esto va dirigido muy especialmente a medidas medioambientales. 
Debo recordarles que ya hay una regulación de este tipo, concretamente el Reglamento CEE 389/1982. 
La constitución de estas comunidades de productores, por lo demás, lleva siendo financiada por la Comunidad desde hace diez años. 
Como es práctica común en otros sectores, las comunidades empresariales han de recurrir a los medios previstos en la organización de mercado y a las ayudas para temas medioambientales para cubrir sus costos empresariales. 
Las mencionadas enmiendas no pueden ser aceptadas porque, además, darían lugar a que hubiera dos Reglamentos distintos y dos formas de financiación para las organizaciones de productores. 
Si se considera nuevamente el crecimiento de la producción que se produciría si se aceptase la elevación de la cantidad máxima garantizada que proponen, sólo esto generaría unos costes de 80 millones de euros al año. 
Por lo que concierne al medio ambiente, ustedes piden en la enmiendas 6, 15 y 20 que se dé a los Estados miembros amplias posibilidades de modificar las condiciones de la organización común del mercado no sólo por razones medioambientales, sino también y sobre todo por razones económicas y sociales. 
Realmente, esto es inaceptable, porque cuestionaría completamente la tasa medioambiental. 
Falta la enmienda 2, que en principio tiene por objetivo corregir una errata en el texto español. 
No se trata en realidad de ningún problema de traducción ni de ningún error, pues la expresión precio objetivo se refiere al precio que nos marcamos como objetivo a lograr, no al precio de mercado real. 
Lamento mucho que la Comisión no pueda en este caso aceptar las enmiendas, pero creo haber detallado las razones de esta negativa. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
Se comprueba que todavía no pueden resolverse todos los problemas del sector algodonero. 
Se levanta la sesión. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Financiación de algunos planes de mejora de la calidad y la comercialización 
De conformidad con el orden del día, se procederá al debate sobre el informe (A5-0035/2001) de la Sra. Izquierdo Rojo en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se prorroga por un período máximo de un año la financiación de algunos planes de mejora de la calidad y la comercialización aprobados en virtud del Título II bis del Reglamento (CEE) nº 1035/72. 
. Señor Presidente, esta propuesta se refiere a los frutos de cáscara; es decir, a los también llamados frutos secos y a las algarrobas. 
Nos estamos refiriendo, pues, a nueces, avellanas, almendras, pistachos y castañas; son productos que, en su mayoría acompañan a las otras frutas en la mesa y en los supermercados, pero que, sin embargo, a la hora de las decisiones no son tratados justa y equitativamente con respecto de las demás frutas y hortalizas. 
Señor Presidente, con esta propuesta el Parlamento Europeo se muestra consecuente con sus propios actos, porque ya en dos ocasiones, el 16 de junio de 2000 y el 26 de octubre de 2000, en ambos casos por unanimidad, el Parlamento Europeo fue partidario de mantener estas ayudas y de proponer una prórroga hasta la aprobación de un nuevo régimen de ayudas. 
Además, señor Presidente, a mi juicio, estas ayudas están bien orientadas, porque benefician a los agricultores que las necesitan, porque sirven para compensar un descenso de la renta. 
Y creo que deberían evitarse las ayudas que son excesivamente generosas a situaciones de mercados que son buenas. 
Esto ha ocurrido, por ejemplo, con los cereales, donde la Comisión y el propio Tribunal de Cuentas han insistido en que ha habido una compensación excesiva, porque en este sector de los cereales la Comisión estima que ha habido un exceso de 8.500 millones de euros y el Tribunal de Cuentas habla de 13.100 millones de euros para el período comprendido entre 1993 y 1997 como compensación excesiva. 
Yo no estoy a favor de las ayudas con carácter de lotería. 
Además, señor Presidente, esta propuesta cumple lo previsto en la Agenda 2000, porque, cuando ésta se aprobó el propio Comisario Fischler nos habló continuamente de que el criterio era mantener todas las ayudas. 
El Consejo dio la razón a la posición del Parlamento Europeo y, por ello, el 17 de julio de 2000 invitó a la Comisión a que se prorrogaran estas ayudas. 
La propuesta que hace la Comisión está bien, porque corrige el error anterior de pretender cortar estas ayudas. 
Está bien que lo corrija, pero eso no basta para mantener el porvenir del sector; ni siquiera cubre el pago de los proyectos que están en ejecución este año, debido a que el presupuesto ya tiene que estar preparado en junio y, por tanto, los programas que se refieren a plantaciones de la primera parte no entrarían en él. 
La Unión Europea es claramente deficitaria en estos productos e importa nueces de Estados Unidos. señor Comisario, le puedo decir que en las pasadas Navidades en unos grandes almacenes de mi país (El Corte Inglés) , había nueces de California en todas partes, pero las de Extremadura y las europeas estaban relegadas. 
Importamos este tipo de productos en detrimento de los agricultores que estoy defendiendo. 
señor Comisario, debería usted escucharme porque esto es un precedente. 
Nosotros somos defensores de la apertura de mercados y de que se celebren acuerdos bilaterales, con Turquía, y multilaterales. 
Somos muy solidarios. 
Pero la Comisión no puede permitir que la agricultura europea tenga que abandonar estos cultivos como consecuencia de esos acuerdos comerciales que están hundiendo a un sector tan significativo. 
¿Va a dejar la Comisión que se corten estas ayudas europeas en el sector agrícola? 
Y ¿quiere esto decir que va a dejar caer también la preferencia hacia la agricultura europea? 
Señor Presidente, estoy defendiendo un sector que diversifica la agricultura, que tiene un gran potencial real de desarrollo económico. 
El Sr. Fischler desconoce mucho el área mediterránea, pero no debería desconocer los beneficios de este sector, que es muy importante para la industria de transformación, que tiene efectos beneficiosos sobre el medio ambiente y que frena la desertificación. señor Comisario, debería usted también corregir su posición y respetar el espíritu del acuerdo del Consejo. 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señora ponente, nuevamente se ha excedido un minuto. 
Tenemos aún un poco de tiempo, por lo que no estoy siendo muy rígido. 
Pero deberíamos ajustarnos al tiempo marcado. 
Del Comisario hacia arriba, señora ponente, un funcionario puede hacer dos cosas a la vez. 
Señor Presidente, señor Comisario, voy a tratar de compensar el exceso de tiempo de que ha hecho uso la diputada que me ha precedido, no agotando el tiempo que se me concede. 
La posición de nuestro Grupo parlamentario es apoyar el informe presentado por la Sra. Izquierdo Rojo, felicitando también a la Comisión en la medida en que simplifica el procedimiento. 
Esta simplificación, tantas veces anunciada y tan pocas veces conseguida, es importante que se tenga en cuenta. 
Yo creo que esta vez se va a conseguir algo, porque también se hace eco de una necesidad que ha sido reiteradamente expresada en este Parlamento, aprobada casi por unanimidad, y también recogida por el Consejo. 
Por no citar otras, las resoluciones del 16 de junio o las del 26 octubre van en este sentido. 
Nosotros ahora proponemos la prolongación de los planes de mejoras- que no solamente lo sean por un año, sino que se tengan en cuenta las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Agricultura, en las que pedimos que sea por dos años- y esperamos que la Comisión y el Comisario sean sensibles a estas propuestas, puesto que son necesarias y el Sr. Comisario sabe perfectamente que en un solo año no va a ser posible ni evaluar el informe que nos tiene que presentar respecto a cómo va a evolucionar la OCM de frutas, ni encontrar la solución definitiva para el sector de los frutos de cáscara, que debe ser su inclusión con un tratamiento diferenciado dentro de la OCM de frutas y hortalizas. 
Yo sé que estoy hablando de temas que suponen algunos euros y que, en este momento, el dinero es poco para el gran problema que tenemos, pero no podemos dejar que sectores tan importantes desde el punto de vista regional se nos vayan al tacho por los acuerdos que antes hemos firmado, donde la preferencia comunitaria ha hecho que sea muy difícil su supervivencia, por no mencionar otra serie de detalles ya contemplados en función de su importancia, tanto desde el punto de vista medioambiental como social. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar voy a felicitar a la Sra. ponente y a la Comisión de Agricultura por la unanimidad que ha existido a la hora de elaborar y votar este informe, recogiendo en él las principales preocupaciones del sector de los frutos secos. 
La Resolución del Parlamento Europeo de 16 de junio recoge una reivindicación permanente de búsqueda de una solución que prevea la concesión de ayudas directas a la renta de los agricultores, que permita el mantenimiento del cultivo y evite la despoblación de territorios muy desfavorecidos. 
Quiero recordar el aspecto de protección medioambiental que estos cultivos desempeñan en los territorios más desérticos de la Unión, en el caso de la almendra y la avellana por ejemplo, o como ocurre con la castaña, que se produce en los bosques más autóctonos de la Comunidad y que son preservados por ello. 
La Comisión debe, pues, presentar propuestas de apoyo claro al sector, que introduzcan una ayuda a tanto alzado por hectárea, a través de las organizaciones de productores, que vengan a solventar la crisis estructural del sector. 
Para finalizar, la prórroga de la situación actual se hace necesaria hasta que entren en vigor las medidas de apoyo definitivas a estos productos de interés regional, con un alto nivel de seguridad alimentaria, que proporcionan un aporte energético a la dieta mediterránea y con un efecto protector medioambiental patente. 
Señor Presidente, señor Comisario, los frutos secos, a los que sería justo sumar también la algarroba, constituyen una de las producciones más típicas de la Europa meridional. 
Las únicas ayudas específicas de que gozaban, y de que gozan, se limitan a la cofinanciación de los planes de mejora de la calidad y de la comercialización, cuya vigencia terminaría al final del año pasado y que la Comisión se propone ahora prolongar por más de un año. 
Esta propuesta de la Comisión se debe al reconocimiento, que ella misma hace en el preámbulo de la propuesta, de que las otras medidas, a las que también puede acogerse el sector, no eran adecuadas ni inmediatamente aplicables a los frutos secos y la promesa de presentar nuevas propuestas en el ámbito de un informe que publicaría al final del año 2000, a más tardar, cosa que aún no ha hecho. 
Ahora bien, carece de sentido prolongar por un año más las medidas vigentes, ya de por sí escasas, y no decir nada más sobre el futuro de este sector, tanto más cuanto que se encuentra particularmente en crisis por la fortísima competencia procedente de terceros países. 
Lo que sí que tiene sentido es que los frutos secos sean tratados como un sector de cuerpo entero, en el ámbito de la Organización Común del Mercado de frutas y hortalizas. 
Por lo demás, en ese sentido fue en el que, con ocasión de la propuesta relativa a la nueva OCM de frutas y hortalizas, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda en la que se solicitaba a la Comisión que presentara propuestas que garantizasen al sector de los frutos secos medidas y apoyos permanentes, como los que existen para otros sectores agrícolas. 
Y eso es lo que propone la ponente y lo que esperamos que la Comisión corrija. 
Y, de inmediato, mientras no se hayan adoptado esas medidas futuras, es de elemental prudencia, dados los retrasos en cadena, prolongar las ayudas vigentes no por un año, sino por dos, como pretende la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señoras y señores, antes de nada quisiera felicitarle por su informe, señora Izquierdo Rojo, y hacer extensiva la felicitación a los otros que han trabajado en él por el esfuerzo que se ha invertido en estas 22 enmiendas. 
Antes de entrar en ellas, me van a permitir que diga algo sobre los principios básicos de la propuesta. 
El Reglamento actual para frutos de cáscara está en vigor desde hace 10 años, y los primeros planes de calidad se extinguieron ya en el año 2000. 
Durante estos diez años, 92 organizaciones de productores recibieron recursos de la Comunidad por valor de 750 millones de euros para la mejora de la producción y la comercialización en el sector de frutos de cáscara. 
Se hicieron algunas exitosas modernizaciones y aumentó la competitividad. 
El resultado es que ahora están en una posición más fuerte que antes para asegurar mercados y competir con productores de terceros países. 
Otros 250 millones de euros han sido previstos nuevamente para los contratos y las medidas todavía en curso. 
Según criterio de la Comisión, el programa de estos últimos diez años ha bastado en principio para conseguir el objetivo que nos propusimos al inicio: crear una base estable para las organizadores de productores económicamente rentables. 
No obstante, el Consejo pidió a la Comisión que propusiera una prórroga de estas ayudas a los productores de frutos de cáscara con cargo al presupuesto del año 2001. 
Sobre esta base se formuló la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas presentadas ponen de manifiesto que a ustedes esta propuesta les parece todavía insuficiente. 
Las enmiendas en las cuales algunos mencionan las resoluciones del Parlamento Europeo de junio y octubre del año pasado, se refieren a tres ámbitos principalmente. 
Un primer grupo de enmiendas, el formado por la 14, 15, 17 y 20, apuntan a que las subvenciones para la mejora de calidad y la comercialización continúen más allá del año 2001, y que todos los gastos de los trabajos realizados hasta final de 2002 se consideren subvencionables. 
En las enmiendas 10 y 11 se señala la- como ahí mismo dice- modesta cifra de los recursos que se necesitarían para ello. 
El segundo grupo de enmiendas, en el que están la 8 y la 18, tiene como objetivo conservar las ayudas especiales a la avellana hasta finales de 2002. 
Ambos grupos de enmiendas se basa al menos en parte en la creencia de que hay que defender a los productores de la UE de las importaciones. Sobre esto hay que hacer la siguiente observación. 
En primer lugar, el marco de esta propuesta se limita a la financiación de programas sin salirse del presupuesto del 2001. No debería extenderse al presupuesto de 2002, porque entonces se generarían costes añadidos por valor de 82 millones de euros. 
En segundo lugar, una subvención especial a la avellana no está contemplada. 
Esta enmienda significaría gastos añadidos por valor de 110 millones de euros más allá de los 24 de la propuesta. 
La enmienda 16, referida a castañas, no cae dentro del ámbito de aplicación del Reglamento que estamos debatiendo. 
Con el tercer grupo de enmiendas, donde están la 6, 7, 12, 13, 21 y 22, se pretende asegurar a largo plazo el sector de los frutos de cáscara mediante otras medidas de apoyo. 
Para ello se propone en las enmiendas 9 y 19 que continúe el apoyo en el marco de la OCM y en el Reglamento 2200/96. 
En relación a este tercer grupo déjenme decirles cómo ve la Comisión el futuro del sector y de las subvenciones al mismo. 
Si se contempla el cultivo actual de frutos de cáscara, vemos organizaciones de productores muy competitivas y rentables que en cierto modo son el distintivo de los productores de la UE, que introducen además nuevas variedades y que utilizan procedimientos de producción y de mercado modernos. 
Estos productores han invertido con provecho el dinero que les hemos dado en estos diez años, y muchos de ellos podrán seguir haciéndolo con la prórroga para este año. 
Pero por otro lado, hay productores y organizaciones de productores que, desgraciadamente, deben trabajar en condiciones extremadamente graves, en regiones no aptas, a menudo en remotas regiones montañosas, y además, incluso, careciendo de agua. 
Así hay miles de familias dependiendo en todo o en parte de la producción de frutos de cáscara. 
A causa de estas desventajas naturales y de las desventajas todas que se derivan de su mala ubicación, los productores tendrán siempre problemas para competir con las importaciones de terceros países. 
Por ello, según nuestra opinión, es mucho más sensato- éste fue el objetivo que nos fijamos ya en 1999- que este segundo grupo de productores que constituyen una cuestión de naturaleza social, sean subvencionados en el marco del desarrollo rural. 
Siguiendo el principio de subsidiariedad, la responsabilidad ahora se desplaza a los Estados miembros. 
Estos deben incluir medidas de desarrollo rural en sus programas y darles la prioridad adecuada, y así poder decidir independientemente sobre proyectos de desarrollo de este tipo. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
Se levanta la sesión. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
(Se levantó la sesión a las 11.47 y se reanudó a las 12.00 horas.) 
VOTACIONES 
. 
(EN) Señor Presidente, estamos ante una situación en la que, de conformidad con los artículos 67 y 68 podemos elegir qué hacer con esta iniciativa. 
Con arreglo al artículo 68, en principio solicitaríamos al Consejo que retirase la propuesta. 
No obstante, he consultado con el ponente y con otras personas, y la comisión no desea especialmente que se presente esta propuesta una vez más. 
Nos decantamos por utilizar el precedente que establecimos en el caso de los productos de doble uso, para votar ahora en el sentido de rechazar la propuesta del Consejo. 
Es posible que los diputados estén interesados en saber que, con el objeto de desestimar la propuesta, tenemos que votar a favor del proyecto de resolución legislativa. 
Ello se debe a que, al desestimar la propuesta modificada, los servicios cambian automáticamente el texto, de modo que el texto reza "el Consejo rechaza". 
Pedimos al Parlamento que vote ahora a favor de la resolución legislativa que rechaza el texto del Consejo. 
Señor Watson, lo ha explicado muy bien. 
Tenemos esta posibilidad y existe un precedente. 
Puedo confirmar sus palabras tal y como me dicen los servicios. 
Podemos actuar conforme al procedimiento que usted propone. 
Tiene la palabra el Sr. Poettering. 
Señor Presidente, usted ha preguntado con razón: ¿dónde está el Consejo? 
Debería dar su opinión. 
Me parece imposible que el Consejo no haga acto de presencia, y deberíamos expresarle nuestra protesta. 
Señor Poettering, le doy toda la razón. 
Pediré a la Presidenta, la Sra. Fontaine, que transmita nuestro desacuerdo al Consejo. 
Me sumo al caluroso aplauso con el que se han recibido las palabras del Sr. Poettering. 
A continuación se procede a la votación de la resolución legislativa modificada conforme a la comunicación del Sr. Watson en la que se rechaza la iniciativa modificada de la República Francesa en el artículo 1. 
Señor Presidente, quiero que el Parlamento tenga claro qué está votando en este caso. 
Solicito al Parlamento que actúe en el sentido en que actuamos antes: votar a favor de ésta con el objeto de rechazar la propuesta del Consejo. 
Señor Watson, por un momento se ha confundido y tal vez no haya sido el único. 
La votación es muy clara. 
Si desea rechazar el texto ha de votar a favor. 
Tiene la palabra el ponente. 
Señor Presidente, creo que es importante que el ponente se pronuncie brevemente al respecto. 
Lamento que no hayamos conseguido actuar en este Parlamento con responsabilidad. 
Pero ahora tiene razón el Sr. Watson y deberíamos apoyarle. 
A cada uno de ustedes le pido su apoyo, porque de otro modo nos ponemos en ridículo como Parlamento. 
Señor Presidente, yo era el ponente en la sombra de mi Grupo, y, de hecho, hemos cooperado muy bien. 
Pero un punto muy importante para nosotros del artículo 4 ha sido rechazado, por lo que ahora tendré que recomendar a mi Grupo que, en contra del acuerdo existente hasta el momento, dé un voto negativo a este informe. 
Señor Presidente, quiero protestar en nombre de mi Grupo por la inaceptable conducta del Vicepresidente, Sr. Friedrich, que tendría que dar ejemplo de respeto al Reglamento y ha hecho todo lo contrario en este caso. 
(Aplausos y protestas) 
Señor Presidente, ahora no quiero referirme a ello. 
Pero ningún miembro de esta Asamblea está autorizado para discriminar a otro mediante una observación semejante. 
Señor Presidente, es importante de verdad que este Pleno haya llegado a un punto común y a una cierta línea para preparar Estocolmo tras un debate en el que se veía predisposición al acuerdo. 
Lo que el PPE ha rechazado no es sino un matiz. 
De ningún modo se trata de una parte constitutiva de la resolución. 
Lamento mucho que este Parlamento que unánimemente quiere pedir más derechos para sí, no tenga la competencia y el coraje de realizar una contribución común para Estocolmo. 
(Aplausos vivos y prolongados) 
Señor Presidente, he de decir que algunas declaraciones de voto fueron preparadas por mí, en su formulación, ayer, día de San Valentín y, por lo tanto, se resentirán un poco del espíritu de este día. 
Por lo que se refiere a este documento, preparado por el diputado Peijs y relativo a una norma sobre el saneamiento y la liquidación de las compañías de seguros, debo decir que el diputado Peijs está sin duda- como siempre- atento a los problemas financieros. 
Espero que, en las próximas ocasiones en que se debata este tema- sobre el que he votado a favor- también se acuerde de mi petición, a favor de los jubilados de toda Europa, de favorecer la liquidación de las pólizas de seguros que incluyen la jubilación cada vez que se liquide una aseguradora en quiebra. 
Informe Lambert (A5-0026/2001) 
- (IT) Señor Presidente, sobre el informe Lambert, tengo que expresar mi desacuerdo, debido al hecho de que el Consejo de la Unión Europea no quiere verdaderamente regular la importante materia de la circulación de los trabajadores que necesitan no perder nada de su pensión. 
En Italia, por ejemplo, se niega el pago de la pensión social y de invalidez a los ciudadanos de la Unión Europea que se desplazan a otros Estados de la Unión. 
Por el contrario, a los extracomunitarios que van a Italia se les concede cobrar las pensiones de jubilación cuando se van, tras lo cual, pueden volver y cobrar esas mismas pensiones sociales, de invalidez y complementarias que se les niegan a los ciudadanos italianos que van a los demás Estados de la Unión Europea. 
Ya es hora de que se trate de una forma adecuada el tema de las pensiones de los ciudadanos europeos. 
Las propias instituciones europeas acaban por verse entorpecidas por una legislación social comunitaria mínima, elaborada con elementos tomados de aquí y de allá y que se cuida de no hacer mella en las prerrogativas patronales trátese del país de que se trate. 
El hecho de que sea necesario, todos los años, tomar medidas suplementarias para armonizar los derechos de los trabajadores por cuenta ajena que se desplazan en el interior de la Unión significa que, treinta años después de las primeras directivas, no hay más armonización que derechos comunitarios que puedan oponerse a los empresarios. 
Armonizar la situación de los trabajadores de la Unión Europea debería implicar la obligación para los empresarios y los Estados alinear los salarios en el conjunto de la Unión de acuerdo con los salarios de los países donde son más elevados e imponer en toda la Unión los mismos derechos sociales, a partir de aquellos que son más favorables a los trabajadores en caso de enfermedad, de paro y para la jubilación. 
Sin embargo, la única armonización que interesa a la Unión Europea, es la de las normas de competencia entre grupos industriales y financieros. 
El desplazamiento de los trabajadores sólo se aborda en la medida en que participa en la circulación de las mercancías y los capitales. 
Si no votamos en contra de este informe, se debió únicamente a que no queríamos obstaculizar las pocas y menores consecuencias que pueden desprenderse para algunas categorías de trabajadores. 
Sin embargo, habida cuenta de que estamos totalmente opuestos al espíritu que anima el proceso, tampoco votamos en favor. 
, por escrito. 
(EN) Los conservadores del Reino Unido estamos muy satisfechos con el original informe Lambert, que con respecto a su contenido inicial suprimió con buen criterio algunas cuestiones técnicas. 
No obstante, hemos votado en particular contra las enmiendas 8 y siguientes. 
Dichas enmiendas habrían ampliado de forma sustancial el ámbito material de aplicación del reglamento; esta no debe ser la función de un conjunto de enmiendas de diversa naturaleza. 
Ha de tenerse en cuenta, en particular, que las pensiones complementarias NO son prestaciones de Seguridad Social a cargo de los Estados, y, por tanto, no pueden estar comprendidas en el ámbito material de aplicación del Reglamento 1408/71. 
De modo análogo, una de las enmiendas pretende extender el ámbito de aplicación del reglamento a los impuestos. Esto es simplemente inaceptable. 
Los diputados conservadores seguirán oponiéndose en todo momento a cualquier enmienda a cualquier informe que pretenda invadir de una forma similar las competencias de los Estados miembros. 
Libre circulación de personas 
Hemos votado a favor de la resolución puesto que pensamos que el Consejo debe promover el trabajo de simplificación del Reglamento 1408/71 y de ampliación de éste para que también cubra a los ciudadanos de terceros países en activo con residencia legal. 
Hemos votado en contra del punto 1 de la resolución que establece el artículo 42 del Tratado de Amsterdam como base jurídica para la garantía de los derechos sociales de los ciudadanos de terceros países. 
No estamos de acuerdo en esto. 
El Consejo debe encontrar otra base jurídica, por ejemplo, el artículo 63 del Tratado de Amsterdam para que pueda alcanzarse el objetivo planteado. 
Si votamos en favor de esta resolución, se debe únicamente a que propone una reestructuración global de las normas comunitarias en materia de libre circulación de los trabajadores en el interior de la Unión Europea y la preservación de sus derechos de un país a otro. 
Sin embargo, la nueva reglamentación, cuando se realice, deberá alinearse, en todos los ámbitos, con la del país en donde sea más favorable a los trabajadores. 
De no ser así, votaremos en contra. 
. (EN) Creo que este debate nunca debería haber tenido lugar en el Parlamento Europeo. 
Por tanto, voto en contra de la resolución en su conjunto. 
Los socialdemócratas daneses nos hemos abstenido hoy en la votación definitiva de esta resolución presentada a raíz de una pregunta oral sobre la libre circulación de las personas en relación con el Reglamento 1408/71. 
No estamos de acuerdo en que la base jurídica que permite a los ciudadanos de terceros países ser cubiertos por el Reglamento 1408/71 sean los artículos 42 y 308, sino que pensamos que debe ser el apartado 4 del artículo 63. 
No apoyamos que se trate así de burlar el tratado cuando existe base jurídica suficiente en otro lugar del tratado, simplemente porque se refieren a otras normas de procedimiento relativas a la participación del Parlamento Europeo. 
Si se quiere otra base jurídica, el tratado en nuestra opinión ha de ser modificado. 
Nos gustaría subrayar que somos partidarios de llevar a cabo una reforma general del Reglamento 1408. 
Sin embargo, pensamos que ampliar el ámbito de aplicación complicaría tal reforma. 
Queremos dejar constancia asimismo de nuestra preocupación por que también los trabajadores de terceros países que residen legalmente en la UE tengan posibilidad de conseguir empleo en la UE. 
. (EN) El EPLP ha votado a favor de la propuesta de resolución sobre la libre circulación de personas, pero ha formulado una importante reserva. 
El EPLP apoya las conclusiones de Tampere, por las que la UE debe garantizar un tratamiento justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en su territorio y reconocer la necesidad de una resolución sobre la el Reglamento 1408/71/CEE, en cuanto que éste no comprende a los nacionales de terceros países. 
Sin embargo, el EPLP no apoya la opinión de que el fundamento jurídico para ello deben ser los artículos 42 y 308. 
El EPLP apoya al Consejo y a los diversos Estados miembros que desean que el fundamento jurídico siga siendo el artículo 63. 
Informe Lucas (A5-0036/2001) 
Señor Presidente, el Partido de los Jubilados, al que yo represento con gusto en esta Asamblea, es favorable a todos los documentos, a todas las iniciativas, a todas las actividades con que la Unión Europea interviene a favor de Estados que, en todas las partes del mundo, necesitan o tienen necesidad de mejorar su cooperación con los Estados de la Unión Europea. 
A mi juicio, Europa existe- tiene derecho a existir- sobre todo cada vez que junta las fuerzas de los quince Estados que la componen para presentarse más fuerte, más capaz y, en estos casos, más generosa en la cooperación con los Estados que se encuentran en situaciones de necesidad. 
Éste es el espíritu del informe Lucas, en el que se acuerda una asistencia, una cooperación, una asociación económica con México, Estado de gran tradición cultural y siempre atento a realizar con los Estados de la Unión Europea cooperaciones económicas, cooperaciones que espero también sirvan para mejorar la situación social de los ancianos y los jubilados del país. 
Este informe habla de asociación económica, pero se trata sencillamente de favorecer a las grandes empresas europeas en el mercado mexicano, frente a la competencia estadounidense. 
Todo el pasado muestra que este tipo de asociación procura buenos beneficios a los grupos industriales y no hace sino empobrecer aún más a los habitantes del país afectado. 
Más de la mitad de los 95 millones de habitantes de México viven ya en la pobreza, sin contar a los que se ven obligados a emigrar debido precisamente a este tipo de asociación fundado precisamente en la explotación. 
Informe Ceyhun (A5-0315/2000) 
Señor Presidente, he votado a favor, porque era contrario, como, en su mayoría, los demás diputados del Parlamento Europeo. 
" ¡Al lobo! 
¡Al lobo! " gritó un pastorcillo que quiso divertirse un poco a costa de sus amigos. 
En efecto, a su grito " ¡Al lobo! 
¡Al lobo! ", vinieron todos los habitantes de la aldea y dijeron": "¿ Dónde está el lobo ?" 
Y el pastorcillo: " ¡Ja, ja! 
Os he gastado una broma. 
El lobo no está! " 
Tres días después volvió a gritar: " ¡Al lobo! 
Al lobo! " 
Llegaron todos los habitantes de la aldea: "¿ Dónde está el lobo ?" 
Y el pastorcillo: " ¡Ja, ja! 
Os he gastado una broma. 
¡El lobo no está! " 
Pasada una semana, el lobo viene realmente y empieza a devorar a las ovejas. 
" ¡Al lobo! 
¡Al lobo! ", grita el pastorcillo, pero nadie de la aldea interviene. 
El lobo se comió todas las ovejitas. 
¿Por qué he dicho ésto? 
¡Porque, en la política de la inmigración, tenemos que darnos cuenta de que hace falta hacer algo concreto, y no solamente hablar y gritar: " ¡Al lobo! 
¡Al lobo! " 
Señor Presidente, después de la incomprensible diatriba de nuestro colega de allí, quiero prestar una seria contribución al asunto, si bien la situación con la recomendación que se rechaza es en cierto modo diferente. 
Junto a mis colegas laboristas británicos del PSE, he votado a favor de los principios e ideas que sostienen el informe Ceyhun. 
Al actuar así, hemos reconocido que las propuestas no eran ni mucho menos perfectas, pero al menos intentaban abordar la situación actual. 
La Unión Europea y cada uno de los países deben hacer más por afrontar los problemas y la situación en los países de origen que llevan a la gente a buscar refugio en la Unión Europea. 
No se pueden hacer progresos en esta materia de la noche a la mañana; entretanto, los intereses de la gente desesperada que huye, como es lógico, de los conflictos, de las persecuciones o de las penurias no estarán adecuadamente atendidos si la dejamos en manos de individuos sin escrúpulos que buscan hacer dinero con el tráfico de personas humanas. 
La situación de las organizaciones que ayudan a los solicitantes de asilo y refugiados ha sido presentada como un asunto polémico, pero en el informe se afirma que son éstas organizaciones legalmente reconocidas, ONG responsables y asentadas, muchas de las cuales gozan de una sólida e intachable trayectoria de apoyo a la gente que el presente informe pretende ayudar. 
Al votar el informe Ceyhun, asumimos la complejidad de este asunto y continuaremos trabajando por un régimen de asilo completo y común para la Unión Europea que sitúe en su centro la humanidad y el interés de los más vulnerables. 
Las dos iniciativas francesas destinadas a luchar mejor en contra de la inmigración clandestina fueron, en una primera etapa, desfiguradas por las enmiendas del Parlamento Europeo destinadas a limitar su alcance. 
Luego, en una segunda etapa, acaban de ser rechazadas por la Asamblea en pleno, con el apoyo de mi voto negativo y el de la delegación MPF. 
Naturalmente, este voto negativo significa que rechazamos las enmiendas, pero que en cambio aprobamos la iniciativa francesa original, cuya continuación deseamos. 
En efecto, la votación del Parlamento Europeo era solamente, en relación con ese tema, de consulta, de conformidad con la aplicación del apartado 2 del artículo 67 del Tratado CE. 
Las enmiendas votadas en una primera etapa por el Parlamento Europeo son especialmente lamentables. 
Buena parte de ellas, como expliqué en el curso del debate ayer por la tarde, tendían a dejar para el día del juicio final la definición de medidas en contra de la inmigración clandestina, dando como motivo que antes era preciso introducir un montón de otras políticas en todos los ámbitos. 
Era una posición totalmente errónea y no me ocuparé de ella de nuevo. 
Una segunda categoría de enmiendas tendía a debilitar el texto exonerando de toda sanción a diversas categorías de contraventores, por ejemplo, los propios inmigrantes ilegales, o las personas que les ayuden por motivos llamados humanitarios. 
En particular, los agentes dichos humanitarios no deben quedar exonerados de sanciones. 
Ante todo, porque todas las mafias que organizan la entrada irregular a cambio de una remuneración invocarían de ahora en adelante motivos humanitarios. 
Luego, porque incluso los inmigrantes clandestinos ayudados por personas caritativas suelen acabar la mayor parte de las veces en canales de explotación, ya que su situación les conduce necesariamente a ella. 
Por último, porque las personas posiblemente desinteresadas que ayudan a los inmigrantes clandestinos hacen sin duda alguna la desgracia de estos últimos, pero con toda seguridad la de sus conciudadanos, a quienes infligen un problema que será casi insoluble durante generaciones. 
Denunciamos la iniciativa de la Presidencia francesa, centrada totalmente en la represión de lo que ella llama la inmigración ilegal. 
Para los que han cometido esta infamia, no se trata únicamente de palabras, ya que la policía del Primer Ministro socialista Jospin acaba de expulsar, de la misma manera brutal en que lo hizo hace cuatro años su predecesor de derechas, Juppé, a las personas indocumentadas refugiadas en la misma parroquia, Saint Bernard. 
En lo que respecta a las causas que empujan a cientos de miles de personas pobres a abandonar su país de origen para sobrevivir en otro lugar, la Unión Europea se contenta con discursos. 
Para acabar con la pobreza en esos países, sería preciso que las instituciones europeas se vuelvan contra los que pillan estos países y los explotan. 
Incapaz de curar el mal, se elige reprimir a las víctimas. 
Al mismo tiempo que la Presidencia francesa anuncia una caza en el plano europeo de estos "condenados de la tierra", señala con el índice a los sórdidos traficantes de esclavos de los tiempos modernos. 
Sin embargo, lo hace para mejor ocultar a los agentes reclutadores: la gran industria, los gigantes de la construcción y numerosos empresarios de menor envergadura, que se benefician de este modo de una mano de obra inmigrante que la ley, al privarla de un mínimo de protección, libra a la voluntad de los empresarios y de la policía. 
Este informe se contenta con limar los aspectos que juzga más indignantes de las iniciativas francesas. 
Votamos en contra del conjunto del informe, votando al mismo tiempo en favor de las enmiendas que pueden atenuar o suprimir el carácter odiosamente represivo de las propuestas francesas. 
- (NL) Quisiera aprovechar esta ocasión para explicar mi voto sobre el informe CEYHUN, también en nombre de mis colegas Belder y Van Dam. 
He votado contra el informe y contra buena parte de las enmiendas presentadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Habida cuenta de la sensibilidad del tema- la ayuda a la inmigración ilegal, un asunto que desata siempre muchas emociones- desearía aclarar mis motivos. 
Vaya por delante que estoy plenamente de acuerdo con la acogida de refugiados reconocidos tal y como se define en el Convenio de Ginebra. 
Estas personas han de ser acogidas en todos los Estados miembros y tienen derecho a asilo. 
Desafortunadamente, en este informe la aplicación indiscriminada del término refugiado a todo el que busque amparo en la Unión crea confusión. 
¿Qué se entiende por refugiado ilegal? 
Si esta persona solicita asilo al entrar en la Unión, no se trata de un refugiado ilegal. 
El uso de los conceptos extranjeros, refugiados, inmigrantes ilegales, solicitantes de asilo y nociones afines carece de coherencia. 
Es inadmisible que un texto legislativo cuya misión consiste precisamente en formular definiciones y establecer un marco penal se caracterice por tal falta de precisión terminológica. 
Reconozco que en numerosas ocasiones los solicitantes de asilo expulsados viven situaciones penosas. 
La ayuda humanitaria brindada por iglesias y organizaciones intenta colmar el vacío creado por la incapacidad de los Estados miembros y la comunidad internacional de llegar a una solución satisfactoria. 
Por eso, simpatizo con la propuesta de no imponer sanciones a estas organizaciones por su ayuda a los ilegales. 
Sin embargo, conviene matizarla. 
Cuando el juicio de los jueces independientes debe ceder permanentemente ante el juicio subjetivo de los cooperantes en virtud de la legislación se plantea un serio problema. 
Además, ¿cómo se define la ayuda humanitaria? 
¿Se aplicaría asimismo a una organización sin ánimo de lucro que se disponga por ejemplo a ayudar a entrar ilegalmente en un Estado miembro al mayor número posible de rusos pobres? 
Las dramáticas circunstancias de la inmigración ilegal son inhumanas. 
Por eso, necesitamos una legislación penal estricta y armonizada relativa a los traficantes de seres humanos, así como una política de asilo complementaria severa pero justa que emita una clara señal disuasoria hacia los inmigrantes ilegales. 
Por tanto, respaldo las iniciativas del Gobierno francés. 
La iniciativa francesa, a través de las propuestas de directiva y de decisión marco, no aporta sino una solución represiva a la cuestión de la inmigración irregular. 
Al proponer reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada y la estancia irregulares, se instaura un verdadero delito de solidaridad. 
Con toda razón, las enmiendas propuestas distinguen entre la ayuda prestada con fines lucrativos y la ayuda por solidaridad, por razones humanitarias. 
Sin embargo, no es convirtiendo en criminales a las personas u organizaciones que luchan en contra de la Europa-fortaleza que se combatirá eficazmente a los canales clandestinos y los mafiosos. 
Eso es en contra de lo que hay que luchar; es esta política más restrictiva en materia de visados y de derecho de asilo lo que obliga a las personas a entrar ilegalmente en el territorio de la Unión. 
Eso es en contra de lo que hay que luchar; son estas políticas de ajuste estructural y de imposición del acervo comunitario lo que incrementa el paro en los países candidatos a la adhesión, es la lógica de estas ayudas al desarrollo para los países del Sur que son totalmente insuficientes y propician la desigualdad. 
Una política equitativa de anulación de la deuda y de ayuda al desarrollo sería un primer paso, necesario, hacia otra política europea de la inmigración. 
Convertir en crimen la inmigración es una lógica que combatimos. 
Esa es la razón por la que voté en contra del proyecto de iniciativa francés, incluso enmendado. 
Habríamos podido creer que finalmente éste era un texto que establecería aunque sólo fuera un esbozo de un principio del comienzo de lucha contra la inmigración clandestina en Europa. 
Pues bien, ¡no! 
Al contrario, este informe, que responde a una iniciativa de la República Francesa que es, no obstante, es preciso subrayarlo, relativamente aceptable, no es sino una engañifa. 
Peor, es una incitación a la criminalidad, a la clandestinidad, a la ilegalidad y a la violencia. 
El ponente quiere sancionar únicamente a los mafiosos y a los organizadores de canales de inmigración clandestina. 
¿Los extranjeros que entren de manera irregular en el territorio de un Estado miembro no cometerían pues ningún delito (enmienda 9 del artículo 2)? 
¿Cómo no indignarse por ello? 
Ya que eso permitiría pensar que se considera a los clandestinos como las víctimas de un sistema del que son en realidad protagonistas. 
Si la represión debe, en primer lugar, ejercerse en contra de los que organizan la inmigración clandestina, también es preciso sancionar severamente a los propios clandestinos, especialmente devolviéndoles a sus países de origen, para responsabilizarles y disuadirles de reincidir. 
Asimismo, el informe quiere exonerar de toda sanción penal a las asociaciones humanitarias que ayudan a los inmigrantes clandestinos (enmienda 11 del artículo 4). 
¡La inmigración clandestina no puede en ningún caso ser alentada de una manera u otra! 
El combate que deben librar nuestros dirigentes en contra de la inmigración ilegal debe ser radical, ya que es también un combate contra la inseguridad, contra la criminalidad organizada (tráfico de drogas, lavado de capitales ,... ) , o incluso contra la prostitución obligada de jóvenes mujeres procedentes de Europa del Este o de América Latina, en su mayor parte, y que han sido introducidas ilegalmente en un país de la Unión, un El Dorado desgraciadamente quimérico. 
Nuestros gobiernos nacionales deben desconfiar, ya que no hay lugar para la indulgencia y los buenos sentimientos en este asunto. 
No pueden conducir más que al laxismo y la irresponsabilidad. 
A fuerza de aplicar políticas "derechohumanistas", practicando una política de regularización sistemática de los indocumentados y clandestinos e imponiéndonos la integración y la asimilación de estas poblaciones extraeuropeas, es todo el equilibrio social, demográfico e identitario de las naciones afectadas el que se encuentra en peligro. 
. (SV) La propuesta de directiva del Consejo sobre la entrada, la circulación y la permanencia ilegales es una más de la serie de propuestas restrictivas en materia jurídica. 
A pesar de que los Estados miembros han acordado fijar una política de asilo y de migraciones común, se reiteran los esfuerzos para aprobar propuestas que solamente sirven para dificultar la entrada a la Unión de refugiados o de personas que buscan trabajo. 
Muchos europeos optan por esconder a personas extrañas que han pagado a organizaciones clandestinas para entrar en la UE o que por sus propios medios han logrado traspasar las fronteras. 
Esas personas, que sin ánimo de lucro ayudan a las personas que temen por su vida, no deben ser castigadas. 
Este tipo de ayuda humanitaria es actualmente completamente legal, por ejemplo en Suecia, y no debe ser penalizado. 
Europa necesita una política de asilo y de migración común impregnada de humanismo. 
Tenemos la obligación de ayudar a las personas que llegan hasta nosotros buscando asilo, sin importar si se trata de refugiados que provienen de regiones azotadas por las guerras o de personas que huyen de la represión política. 
Además, Europa tiene que cambiar su actitud hacia la inmigración legal y abrir sus fronteras a los ciudadanos de terceros países que quieran trabajar en la Unión. 
La norma debe ser que las personas puedan entrar libremente al territorio de la Unión sin ser obstaculizados por una política restrictiva de visados y de permisos de trabajo. 
A través de una política que reconozca tanto a los refugiados como a los inmigrantes podremos encarar la delincuencia organizada y las tragedias humanas causadas por los traficantes de personas. 
- (NL) Mientras en el mundo continúen existiendo grandes diferencias económicas, la gente seguirá abandonando los países pobres en dirección a los países ricos. 
En el pasado las autoridades incluso llegaron a fomentar este movimiento migratorio porque las empresas necesitaban mano de obra, y todos los indicios apuntan a que este esquema volverá a repetirse. 
Sin embargo, con ello no se resuelve el problema fundamental, a saber, el reparto desigual de la riqueza entre la humanidad. 
También hay personas que acuden por propia iniciativa porque se ven obligadas a salir de su país de origen. 
Una vez fuera no pueden regresar sin riesgo porque el régimen imperante las amenaza con penas de prisión o incluso con la pena de muerte. 
Desafortunadamente, aún se da el caso de que a estas personas se les niega la entrada en la frontera o se decide devolverlas a su país. 
Como las fronteras exteriores de la fortaleza Europa se han vuelto infranqueables, cada vez más refugiados caen en manos de los traficantes de seres humanos sin escrúpulos que quieren ganar mucho dinero y abandonan a estas personas a su suerte antes de alcanzar el puerto o el río fronterizo. 
Está bien que se trate con mano dura a la mafia, pero es absurdo que se pretenda penalizar la solidaridad de los grupos de acción y las iglesias con los refugiados políticos y los trabajadores indocumentados que llevan trabajando mucho tiempo en los Estados miembros de la UE. 
Aunque el informe CEYHUN procure remediar este problema, aún se queda corto. 
La inmigración clandestina tiene en su origen varias razones, pero creemos que las principales radicarán, por un lado, en una huida de las difíciles situaciones que se viven en muchos países y en la búsqueda de mejores condiciones de vida y, por otro lado, en la construcción de una Europa-fortaleza que dificulta cada vez más el acceso de ciudadanos de terceros países al territorio de los Estados miembros. 
Ahora bien, consideramos, como el ponente, que en el caso de la inmigración clandestina los principales infractores son quienes obtienen de ella beneficios económicos y pecuniarios y, siendo así, no podemos dejar de concordar con el establecimiento de un marco punitivo, suficientemente disuasor, que castigue no sólo a los pasadores y traficantes de seres humanos, sino también a los empleadores que se aprovechen de esa situación. 
Ahora bien, la aprobación de esas medidas deberá ir acompañada de una efectiva fiscalización en el terreno y de medidas encaminadas a una integración efectiva de los trabajadores, garantizándoles derechos y condiciones sociales y no, como viene sucediendo cada vez más, la expulsión expeditiva de los ciudadanos descubiertos en situación irregular. 
. (SV) Puesto que respaldamos una política de asilo en el ámbito comunitario, damos también nuestro apoyo al anhelo de que existan disposiciones comunes para combatir el tráfico con personas, en el bien entendido de que esto de ninguna manera implique penalizar las acciones humanitarias. 
Sin embargo, opinamos que hay que mejorar la decisión marco que regula las sanciones comunes. 
Informe Korakas (A5-0022/2001) 
Señor Presidente, esta noche he tenido un sueño, algo influenciado ayer por el día de San Valentín. 
He soñado que estaba en Grecia, en Creta, en la ciudad de Agios Nikolaos, de las aguas de cuyo lago- cuenta la leyenda- habría surgido Venus. 
He soñado precisamente que Venus, salía de las aguas hermosísimas de Creta y dijo, dirigiéndose hacia mí: "¡ Fatuzzo! , ¡Fatuzzo !" 
Y ella: " Sé que mañana, en el Parlamento Europeo, tendréis que votar un documento sobre el algodón que se cultiva en Grecia. 
Pues bien, estoy cansada de salir de las aguas del mar desnuda. 
¡Tengo frío, mucho frío! 
¡También yo querría tener un vestido de algodón, así que, mañana, vota a favor del informe Korakas, para que haya más algodón en Grecia! " 
El sueño se ha desvanecido, pero yo he respetado lo que se me dijo en el sueño y he votado a favor del informe Korakas. 
. (EL) Las propuestas de la Comisión sobre el algodón son inaceptables, y ello por: 
la Unión Europea es deficitaria en la producción de algodón; 
el principio de preferencia comunitaria es violentamente quebrantado; 
en torno a la producción de algodón se concentra la actividad de cientos de miles de explotaciones agrícolas familiares; 
el cultivo de algodón, con todos sus problemas, puede resultar menos contaminante que otros cultivos industriales; 
hay una importante distancia entre las cantidades máximas garantizadas y la producción real; 
Así pues, es necesario: 
aumentar la cantidad máxima garantizada, de modo que corresponda a la producción real; las propuestas de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo se mueven, aunque con vacilaciones, en la dirección adecuada; 
calcular la inflación de los últimos años en los precios del algodón; 
eximir a los pequeños productores de las penalizaciones· 
dar la palabra a las organizaciones profesionales en lo que respecta a la estimación cualitativa del producto; 
adoptar medidas especiales de apoyo de los pequeños productores. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos opinamos que las subvenciones agrícolas comunitarias deben disminuir drásticamente y, por ese motivo, nos oponemos a algunas de las demandas del informe Korakas. 
Celebramos la propuesta de la Comisión para subir las multas a la sobreproducción, pero nos oponemos a los requerimientos de la Comisión de Agricultura para que se mantengan los porcentajes en concepto de indemnización (enmienda 12). 
Además, rechazamos la demanda de que se cree una nueva ayuda comunitaria para las organizaciones de productores, como señalan las enmiendas 18 y 19. 
. 
(EN) Hemos votado contra el informe Korakas sobre la ayuda a la producción del algodón. 
El informe reclama un incremento de las cuotas y precios fijos del algodón; asimismo, pretende regular el papel de las asociaciones de productores de algodón. 
De igual modo, hemos rechazado el informe Izquierdo Rojo, que reclama un incremento de la ayuda a la producción de frutos de cáscara y las algarrobas. 
Ambos informes exigen la adopción de medidas de protección tales como la preservación del régimen de preferencia comunitaria. 
No es razonable que la mitad del presupuesto de la Unión se destine a subsidiar la producción y exportación de productos agrícolas. 
A nuestro juicio, los fondos de la UE deberían emplearse en objetivos en los que se necesite la colaboración transfronteriza. 
La protección medioambiental, la ayuda a la reconstrucción y la cooperación al desarrollo son ámbitos en que el aumento de los fondos resulta fundamental, en particular a la vista de la próxima ampliación de la Unión. 
La Política Agrícola Común no sólo resulta muy costosa para los ciudadanos europeos, sino que también contribuye a un mayor nivel de precios al consumidor y a una menor calidad. 
Los consumidores expresan su preocupación por la producción alimentaria europea y han comenzado a cuestionarse en serio las actuales políticas agrícolas. 
Las ayudas a la exportación, que conducen al dumping de los excedentes alimentarios de la UE en el mercado mundial, son la razón que hay detrás de las serias dificultades en la producción de alimentos en muchos países desarrollados. 
La PAC se estableció con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos después de la segunda guerra mundial, no con el de subvencionar los cultivos de productos no rentables empleados en la fabricación de tejidos. 
La Política Agrícola Común de hoy ha perdido su legitimación política y debe reformarse por completo. 
Deben suprimirse todas las ayudas a la exportación y a la producción. 
La agricultura debe adaptarse a las reglas de mercado con el objeto de introducir la competencia. 
Ello incrementará la eficiencia y la calidad en beneficio de productores y consumidores. 
La Unión consume más de cuatro millones de toneladas de algodón. 
Por tanto, tenemos que importar la diferencia. 
Aparentemente, no hay nada que llame la atención en ello puesto que, después de todo, ya importamos coches, frutas, hortalizas... 
Entonces, ¿por qué no el algodón? 
Pero resulta que nadie imaginaría que, careciendo de algodón, la Comisión Europea impida producirlo. 
Pues bien, ¡sí! 
Cuotas y multas ponen un tope a nuestra producción a un millón de toneladas aproximadamente, en lugar del millón y medio que podemos producir. 
A España y Grecia, con cientos de pequeñas explotaciones en Andalucía, Tracia, Valencia, se les impide producir. 
Peor aún, la multa, denominada de corresponsabilidad, se ve todavía agravada más allá de la penalización del 50% del rebasamiento de la cuota que existe actualmente. 
Y todo ello en beneficio de los Estados Unidos y de Australia. 
Esta vez, como en el caso del azúcar o el arroz, no se trata ya de sacrificar a los nuestros para ayudar a los pobres- por ejemplo- de Sudán, país que por otra parte extermina a los cristianos del Sur. 
¡No! 
Aquí, en relación con el algodón, no hay ninguna excusa. 
No hay una sobreproducción, como para la leche, que justifica las cuotas, no hay ayuda a los cuarenta y ocho PMA que justifique nuestros sacrificios. 
Europa se impide producir únicamente en beneficio de los Estados Unidos y Australia. 
Eso ya ocurrió con las oleaginosas y las proteginosas que, sin embargo, necesitamos para reemplazar a las harinas animales. 
Ya ocurrió con las almendras de California. 
Ya ocurrió con los plátanos. 
Acaba de añadirse el algodón. 
¿Para qué puede servir entonces la Europa de la defensa, el euro, la Constitución europea y otras fanfarrias sobre la Europa necesaria? , si es precisamente ella la que nos prohíbe incluso producir modestamente el algodón que necesitamos, para no disgustar a los Estados Unidos, al que también se autoriza a escucharnos día y noche con la red Echelon. 
- (NL) La economía griega depende más de las pequeñas empresas del sector agrícola que los otros Estados miembros. 
Esta dependencia se manifiesta sobre todo en cultivos como el algodón y el tabaco, que en Europa sólo pueden sembrarse en la franja meridional. 
Ambos cultivos presentan una serie de desventajas. 
El tabaco perjudica a la salud pública y, aunque el algodón es un producto útil, el cultivo de esta planta requiere la utilización de grandes cantidades de sustancias tóxicas que van a parar a la escasa agua o acaban contaminando las áridas tierras. 
En Egipto y Uzbekistán, cuya dependencia del cultivo de algodón es muy superior a la de Grecia, dicha situación ha creado serios problemas medioambientales. 
Esta consideración podría ser para mí un motivo para no apoyar el informe de mi correligionario, el Sr. Korakas. 
Evidentemente, desde una perspectiva griega y concretamente desde el punto de vista de los pequeños agricultores de ese país, el informe está plenamente justificado. 
Se centra en la protección y el aumento de la producción y en la creación de las condiciones financieras correspondientes. 
Sin embargo, a largo plazo habría que contraponer estos argumentos fundamentados en una política de rentas a los intereses medioambientales, las circunstancias en las que se cultiva el algodón de importación y el volumen de los fondos comunitarios necesarios para financiar la política agrícola. 
Mientras no se entre de lleno en estas cuestiones puedo suscribir la propuesta del Sr. Korakas. 
. (EN) Los diputados conservadores británicos del PPE-DE hemos votado contra este informe porque, a nuestro juicio, se aleja demasiado de la intención original de la Comisión de endurecer el mecanismo de control presupuestario. 
Además, al tiempo que somos conscientes de la función socio-económica del cultivo de algodón en ciertas regiones, rechazamos de plano la opinión del ponente de que el cultivo del algodón es menos peligroso desde un punto de vista medioambiental que otros cultivos. 
Es bien sabido que en el cultivo de algodón se emplea una gran variedad de productos químicos; por tanto, apoyamos el objetivo de la Comisión de que los Estados miembros determinen y adopten las medidas medioambientales apropiadas para regular el uso de las tierras de cultivo destinadas a la producción de algodón. 
Los conservadores británicos acogen con gran satisfacción la insistencia en que los Estados miembros recuerden a los productores la necesidad de ajustarse a la normativa en materia medioambiental. 
Informe Izquierdo Rojo (A5-0035/2001) 
Señor Presidente, no he tenido ningún sueño en relación con el documento Izquierdo Rojo que prevé una ayuda al cultivo de algunos productos agrícolas, entre ellos las avellanas. 
Tiene que saber, señor Presidente, que mi hija Elisabetta tiene un pequeñísimo animal doméstico, un conejillo de Indias, por lo tanto, un roedor que se llama Schumi. 
Siendo un roedor, come avellanas, y entonces he creído que podía preguntarle a él como experto, qué piensa de este informe. 
"En Europa se cultivan demasiadas pocas avellanas; se tiene que aumentar la producción agrícola de las avellanas", ha sentenciado. 
Creo pues que un consejo dado por tan interesado usuario, beneficiario y degustador de estos frutos no puede dejar de ser seguido y, por tanto, he votado a favor del desarrollo del cultivo de las avellanas en Europa. 
. (EL) La producción de frutos de cáscara- como avellanas, nueces, cacahuetes, almendras, algarrobos- puede asegurar trabajo a miles de productores y contribuir a evitar el despoblamiento de muchas zonas, especialmente del Mediterráneo. 
La Comisión tiene serias responsabilidades, porque las medidas restrictivas de apoyo de 1989, no empezaron sustancialmente a aplicarse hasta 1996, con algunas excepciones en el caso de programas que habían empezado anteriormente. 
La nueva propuesta de la Comisión prorroga un año los programas que han continuado. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que estos programas deben continuar al menos durante dos años y, principalmente, en que la Comisión debe presentar una propuesta global para el desbloqueo y ampliación de los mecanismos de apoyo a la producción de frutos de cáscara. 
De lo contrario, todo el sector acabará de rodillas ante las importaciones de los Estados Unidos y de los países asiáticos. 
-Los socialdemócratas suecos opinamos que las subvenciones agrícolas comunitarias deben disminuir drásticamente y, por ese motivo, rechazamos algunos puntos del informe Izquierdo Rojo. 
No apoyamos las demandas de la Comisión de Agricultura para continuar ayudando a mejorar la calidad y las ventas durante dos años más (enmiendas 14, 15 y 17). 
Además, nos oponemos a que se establezcan ayudas permanentes al sector de la carne de vacuno mediante la implantación de una nueva subvención por hectárea para mantener los ingresos de los productores, como lo señala la enmienda 22. 
Hemos votado a favor, porque la ponente propugna la prórroga de las ayudas para un sector importante que se encuentra en crisis, como, por lo demás, ya habíamos hecho anteriormente, mediante la aprobación de una propuesta vinculada en el informe Jové sobre la OCM de frutas y hortalizas. 
Concordamos también con la posición de la ponente de aumentar la prórroga a dos años a fin de dar tiempo a la Comisión para preparar un nuevo régimen de ayudas para los frutos secos, así como con la introducción de la ayuda a la avellana. 
En cualquier caso, se debe mantener la prórroga hasta la entrada en vigor del nuevo régimen, que debe ser incluido en la OCM de frutas y hortalizas. 
Es fundamental que en ese nuevo régimen la Comisión tenga en cuenta la enorme importancia socioeconómica de esos frutos en los países del Sur, así como su capacidad medioambiental en la lucha contra la desertización. 
Si no se aumentaran las ayudas, el sector estaría en peligro, dada la competencia que ha de afrontar, por el aumento sobre todo de las importaciones, a bajo precio, de terceros países. 
Reestructuraciones y fusiones industriales 
Esta resolución parte del principio de que no solamente son necesarias las reestructuraciones industriales, sino que éstas implican despidos cuyas consecuencias hay que limar. 
No estando a favor de la economía de mercado, ni por la competencia ni la competitividad, no discutimos la cuestión de saber si la competitividad exige reestructuraciones o no. 
Sin embargo, ¿por qué entonces la competitividad ha darse a costa de los trabajadores? 
¿Por qué las economías basadas en la disminución de la masa salarial no podrían ser reemplazadas por una economía del mismo importe, pero deducida de los propietarios y los accionistas? 
La resolución parte del principio de que se ha elegido favorecer a los ingresos de los accionistas en lugar de proteger los salarios de los obreros. 
En esas condiciones, a pesar de algunas frases destinadas a hacer creer en la buena voluntad social del autor, votamos en contra de la resolución. 
El actual nivel de desempleo en Europa es demasiado alto. 
Ello es una consecuencia directa de la arraigada rigidez del mercado de trabajo y de las barreras administrativas a la actividad empresarial que suponen los altos costes y una regulación excesiva. 
Una reestructuración industrial permanente es fundamental para la salud de la economía y para la sustitución de los trabajos innecesarios de ayer por los nuevos trabajos necesarios para el futuro. 
Una mayor regulación no es la solución, sino el problema. 
Dado que nuestro deseo no es, ni más ni menos, que la creación de más puestos de trabajo, los conservadores del Reino Unido hemos votado contra esta resolución.. 
En Portugal, como en diversos países de la Unión Europea, la reestructuración industrial ha ido acompañada de despidos de millares de trabajadores, aumento de la precarización del empleo e innumerables costos económicos y sociales, en particular para los países y las zonas directamente afectadas, lo que ha puesto en peligro su cohesión económica y social. 
En Portugal, tan sólo en los últimos meses han sido amenazados con despido y prejubilación o presionados para rescindir amigablemente sus contratos laborales millares de trabajadores de diversas empresas de la metalurgia, la industria naval, las industrias eléctricas, el calzado, el textil y las prendas de vestir, en particular de empresas del grupo Siderurgia Nacional, del grupo ABB, de la Renault, Setenave y Lisnave, Indelma/Siemens, J.C.Clark y Vesticom. 
Esa situación extremadamente grave exige una atención especial, de los Gobiernos de los Estados miembros y de los órganos comunitarios, en el sentido de modificar sus políticas para conceder prioridad especial al respeto de los derechos de los trabajadores, al empleo de calidad y a la cohesión económica y social de las zonas en que están instaladas las empresas que quieren cerrar y/o trasladar sus unidades industriales. 
También exigimos que se avance con urgencia en la modificación de las directivas vigentes en ese sector con el objetivo de volver obligatoria y vinculante la posición de los representantes de los trabajadores respecto de los despidos colectivos en defensa de los derechos de los trabajadores, en particular en todos los procesos de reestructuración, fusión y traslado de empresas industriales, así como en la necesidad de subordinar las ayudas comunitarias y nacionales a compromisos a largo plazo desde el punto de vista del empleo y del desarrollo local y nacional. 
. (FR) Al igual que Danone, las grandes empresas europeas obtienen actualmente beneficios colosales. 
En su competencia con las de América o las de Japón, pretenden alcanzar una rentabilidad equivalente a la de la Bolsa. 
Los sectores cuyos beneficios anuales no superan el 7 o el 8% se reestructuran despiadadamente: reducción de los costes salariales y, sobre todo, despidos generalizados. 
Nada justifica que algunos asalariados/as sigan trabajando 35, 40, 45 horas a un ritmo infernal, mientras que sus compañeros son despedidos al tiempo que los beneficios se incrementan. 
Debemos impedir las decenas de miles de supresiones de puestos de trabajo que se producen por culpa de los intereses de algunas decenas de accionistas. 
La democracia exige que la vida de millones de personas no esté sometida a los dictados de algunos magnates de la industria: por tanto, hay que prohibir todos estos despidos. 
Cuando se puede producir lo mismo, incluso más, reduciendo los esfuerzos y el tiempo de trabajo necesario, no hay razón alguna para que los beneficios de estas modernizaciones sean acaparados por los patrones arrojando al paro a millones de personas. 
Por consiguiente, hay que invertir la lógica, repartir de otro modo estos millones de horas generadas: ¡reducción generalizada e inmediata de la jornada laboral a 32 horas, sin pérdida de salario ni de flexibilidad, con las correspondientes contrataciones, financiadas con los beneficios! 
. (EN) El EPLP ha votado a favor de la propuesta de resolución sobre las consecuencias sociales de la reestructuración porque creemos en el diálogo en el centro de trabajo. 
Sin embargo, formulamos reservas a la resolución en sí. 
El EPLP reconoce que es necesario prestar atención a las consecuencias sociales de la reestructuración y ha votado a favor de esta resolución en cuanto que no tiene carácter legislativo. 
No obstante, hay ciertos aspectos que no compartimos. 
El EPLP no apoya el apartado 6. 
El EPLP sigue teniendo serias reservas, en el sentido en que se expresaron en la primera lectura en la Directiva- marco sobre información y consulta a los trabajadores. 
En enero, Stephen Byers, Ministro de Comercio e Industria del Reino Unido, anunció que se convocaría a empresarios y sindicatos para examinar y revisar la actual normativa del Reino Unido en materia de consulta. 
Sin embargo, el Ministro afirmó que el Gobierno del Reino Unido sigue siendo contrario a la normativa europea en materia de información y consulta. 
El Sr. Byers declaró que para el Reino Unido " todo nuestro sistema de estructura empresarial es muy diferente del existente en Europa. 
Sin embargo, en muchos aspectos, la directiva refleja el sistema continental de gobierno de las sociedades, no el del Reino Unido. 
La directiva no es apropiada por diversas razones, pero el asunto es importante y debemos abordarlo en nuestro marco nacional " (Commons Hansard Debates, 18 de enero de 2001). 
El EPLP apoya la opinión del Ministro en el sentido de que no es adecuado que exista una normativa europea en materia de información y consulta. 
Informe Lipietz (A5-0023/2001) 
Señor Presidente, el Partido de los Jubilados, al que yo represento, y los jubilados de Europa esperan mucho del Banco Europeo de Inversiones. 
El BEI debería, a mi juicio, interesarse no solamente de lo que ya hace perfectamente cuando presta su dinero a las industrias que lo necesitan, sino también comprometerse más para que se realice un fondo europeo de pensiones para pagar las jubilaciones en Europa. 
Creo que nosotros realmente lograremos que los ancianos de los quince Estados miembros estén mejor cuando haya un único fondo europeo de pensiones que, precisamente por eso, tendrá más fuerza y capacidad de resistir a las oscilaciones de mercado, haciendo así las pensiones más grandes y la vida de los ancianos más tranquila. 
. (EN) El BEI se halla bien lejos de instituciones más conocidas como el Banco Mundial en cuanto a transparencia, responsabilidad y el modo en que aborda las cuestiones medioambientales y sociales en el cumplimiento de sus funciones. 
Fundado en 1958 en virtud del Tratado de Roma, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución oficial de financiación de la Unión Europea. 
Sin embargo, parece que la opinión pública sabe poco de la existencia y de las actividades del Banco, aunque se trata de una institución pública que presta cada año más dinero que, por ejemplo, el más conocido Banco Mundial. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el desarrollo sostenible ha pasado a ser uno de los objetivos fundamentales de la cooperación en el marco de la UE. 
De conformidad con el nuevo artículo 6 del Tratado CE, las exigencias de protección medioambiental deben ser integradas en otras políticas de la UE. 
Informe Bullmann (A5-0034/2001) 
Señor Presidente, he votado contra el informe Bullmann, porque no creo que las iniciativas que han sido preparadas de este modo logren llevar a cabo esa función que nosotros, los del Partido de los Jubilados, y yo en particular, querríamos que Europa consiguiera. 
Europa para los ciudadanos europeos, todos indistintamente, pero, en particular, para los jubilados que así se la imaginan, debería ser una Europa que ponga dinero contante en los bolsillos de todos nosotros, que nos haga estar económicamente mucho pero mucho mejor, de modo que el euro sea algo visto con placer por los ciudadanos, que sea considerado como un progreso. 
¡Pero esto se consigue con más hechos y menos palabras! 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal quisiera explicar las razones por las que hemos votado en contra del informe Bullmann en la votación final. 
Me complace decir que el Sr. Bullmann y yo hemos colaborado bien durante los trabajos de preparación del informe. 
Sin embargo, ha habido algunos puntos fundamentales para el Grupo Liberal que apuntaban a que en la reunión de Estocolmo se tendrán que tratar importantes reformas en favor de la competitividad en Europa. 
Se trata de que hay que liberalizar más, mejorar el clima de los negocios y mejorar la educación y la formación continua. 
Esa parte desapareció, fue rechazada, y con ella desapareció toda la justificación E. Por este motivo, el Grupo Liberal optó por votar en contra de la propuesta en su conjunto. 
Quisiera agregar, señor Presidente, que como soy nuevo, es posible que en un año y medio no haya aprendido todas las costumbres parlamentarias. 
Quizá he cometido el error de no informar cabalmente al Grupo Socialista sobre nuestras actividades. 
Pido perdón, y esta excusa se la expresaré directamente al Sr. Bullmann. 
. (FR) El informe Bullmann sobre la preparación del próximo Consejo Europeo de Estocolmo acaba de ser rechazado, con razón, por el pleno de la Asamblea. 
Efectivamente, considero que tanto las propuestas de la Comisión Europea como los trabajos preparatorios desarrollados en el seno de la Comisión Económica y Monetaria del Parlamento reflejan una perspectiva dirigista y planificadora, contraria el espíritu de Lisboa. 
Tras el Consejo de Lisboa, en marzo de 2000, aprobé el nuevo método de trabajo sugerido por el Consejo, denominado de "coordinación abierta", porque pensaba que podría contribuir a reducir el número de reglamentaciones europeas, por definición centralizadas y autoritarias, en favor de concertaciones "entre pares" menos apremiantes y susceptibles de adaptarse con flexibilidad a las necesidades de cada uno respetando su capacidad de decisión. 
Sin embargo, para medir los resultados relativos de los Estados miembros, la Comisión propone hoy la aplicación de una batería de veintiocho indicadores estructurales, además de siete indicadores económicos generales. 
Al informe Bullmann le ha faltado tiempo para adoptar esta línea y proponer la adopción de otros muchos indicadores, en los ámbitos de la orientación del gasto público, de su calidad, del medio ambiente, de la productividad, del empleo, del paro juvenil, de la exclusión social, de la pobreza por edades y por sexos, y muchos más. 
Esta iniciativa sería quizás interesante si no se tratara más que de conocernos mejor mutuamente. 
Pero, ostensiblemente, según el informe Bullmann, estos indicadores estaban destinados a proporcionar la base de nuevas reglamentaciones europeas que habrían dado cuerpo al "marco legislativo social de la Unión". 
Siempre según este informe, esta estrategia reglamentarista debía culminar en un "acuerdo interinstitucional" que permitiera vincular estrechamente el Parlamento Europeo. 
Ya durante el Consejo de Lisboa, manifesté mi oposición a la connotación dirigista de algunas conclusiones, como por ejemplo de las que decidían, en lugar de la sociedad, que habría que aumentar la tasa de empleo femenino. 
Pero las propuestas del informe Bullmann habrían podido intensificar este rumbo. 
Tras el rechazo de este informe, esperamos que, el próximo mes de marzo, el Consejo de Estocolmo retome las riendas de la Comisión. 
No debemos deslizarnos de la coordinación abierta a la planificación cerrada. 
. (SV) He votado en contra del informe Bullmann, puesto que hay que ser claro para que las opiniones del Parlamento puedan a llegar a tener algún valor. 
No se puede estar a favor de una cantidad de nuevos indicadores y de más estadísticas y simultáneamente afirmar que las estadísticas no resuelven problemas, sino que, por el contrario, los crean. 
Cuando se opina que la Comisión debe conducir el desarrollo económico por medio de indicadores sociales y económicos, aparecen nítidamente los rasgos de las economías planificadas. 
Por el contrario, quisiera que la reunión de Estocolmo se concentrase en las liberalizaciones y en las desregulaciones, fuentes de dinamismo. 
Es importante dejar constancia de que los políticos no crean fuentes de trabajo. 
A lo más, pueden contribuir a mejorar el clima empresarial. 
. (FR) Con el "proceso de Lisboa", la UE insiste y persiste en la vía del liberalismo a ultranza. 
A imagen y semejanza del Foro de Davos, que aglutina a las élites de las clases dominantes, la UE estableció, con ocasión de la Cumbre de Lisboa, el objetivo de convertirse en "la economía más competitiva y más dinámica del mundo". 
Tras el lanzamiento del Mercado Único en 1985, y posteriormente del euro en 1997, se trata, de hecho, de un paso más en la construcción de una Europa que no satisface más que los intereses de los capitales. 
Porque los discursos engañosos sobre el "pleno empleo", la formación profesional o la multiplicación de las nuevas tecnologías no bastan para enmascarar los ataques concretos contra el mundo laboral que propone la resolución. 
Privatizaciones y liberalizaciones generalizadas de nuevos servicios públicos, mercantilización de la informática en los colegios y en las administraciones, proliferación de los fondos de pensiones, desmantelamiento del sistema actual de pensiones, flexibilidad laboral, todas estas medidas dicen mucho de la política antisocial de Lisboa. 
Ésta se ve confirmada por el reciente Tratado de Niza, y se agravará con una coordinación reforzada de los gobiernos en torno a los nuevos criterios de convergencia. 
Por nuestra parte, oponemos al "proceso de Lisboa" la armonización europea por lo alto, conquistas sociales, pensiones, servicios públicos, salarios o empleo. 
Informe Gasòliba i Böhm (A5-0020/2001) 
Señor Presidente, sobre este informe, sobre el impacto de la liberalización, el proceso de reformas económicas y el crecimiento económico de la unión europea, en la página 6, punto 6, aparece escrito: "el ponente cree que, dado el envejecimiento de la población, será necesario encontrar nuevos modos para aumentar la participación en el mercado de trabajo, sobre todo por lo que concierne a las mujeres y a los trabajadores ancianos." 
No estoy de acuerdo, Señor Presidente- y tampoco lo está el Partido de los Jubilados- en que se puedan solucionar el problema de los ancianos y de las pensiones haciendo trabajar más tiempo a los ancianos. 
Yo creo que el problema de los ancianos y los problemas de las pensiones se solucionan administrando los fondos de pensiones de nuestros Estados de un modo mejor y más cuidadoso de lo que, por desgracia, se ha hecho hasta hoy. 
. (EL) Con un cinismo que llama la atención, el ponente propone la total liberalización del mercado y la desregulación. 
Propone además la aceleración del ritmo de las privatizaciones, reducción del gasto público, aumento de la flexibilidad del mercado de trabajo, así como la liberalización de los mercados financieros y el levantamiento de las disposiciones de carácter reglamentario y administrativo; para la mejora todo ello, se supone, de la competitividad de la economía europea. 
La Comisión Europea sigue con las presiones para la liquidación de la riqueza pública y la entrega absoluta de los sectores del transporte, los servicios postales, y las telecomunicaciones, al sector privado. 
En nombre, se supone, de la creación de empleo, las relaciones laborales son desmanteladas, el régimen actual de la seguridad social es amenazado, las más amplias capas populares son condenadas a la nueva pobreza y a la exclusión social. 
El propio ponente acepta que la intensificación y refuerzo de las políticas monetaristas neoliberales son responsables de la adversa situación actual con el elevado número de parados 
El resultado de la reforma económica para los trabajadores será un nivel de pobreza garantizado, no un mínimo nivel de prosperidad, y se promueve la concepción de que el estado social contemporáneo debe garantizar solo ciertas cosas mínimas a los pueblos, a modo de caridad. 
La prosperidad se destina, claro está, al gran capital, que cada vez goza de mayor inmunidad. 
Es una contradicción; es ironía, hipocresía; es una provocación a los trabajadores proponer, como medidas para hacer frente al paro, el refuerzo de la competitividad de las empresas a través de la reducción de los costes laborales, a través de la total liberalización y flexibilización del mercado de trabajo, a través del apoyo a las formas irregulares de empleo. 
Elementos fundamentales de nuestra política deberían ser el apoyo al sector público, el empleo pleno y estable, la protección y mejora del sistema de seguridad social y, más en general, del sistema de protección social. 
Nosotros aspiramos a un desarrollo económico estable, basado en la dinamización de la demanda interna, con la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, y centrado en sectores cruciales, como son la creación y mantenimiento de infraestructuras, la educación, la sanidad, la investigación, la aplicación de políticas económicas de desarrollo que contribuyan al aumento del empleo mediante la creación de puestos de trabajo fijos. 
Esto contribuirá sustancialmente al objetivo del empleo pleno y estable, al fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y la mejora de la calidad del empleo, al objetivo de la formación y de las destrezas laborales, al de la reducción del horario de trabajo sin reducción del sueldo. 
Por las razones expuestas los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
. (FR) En un primer análisis, el informe Gasoliba i Böhm, relativo al impacto de la liberalización y de las reformas económicas sobre el crecimiento, podría contar con mi respaldo: siempre que se mantengan los servicios públicos operacionales, una mayor liberalización debe efectivamente favorecer procesos de producción más eficaces, una mejor distribución de los recursos, y consecuentemente un crecimiento más activo. 
Sin embargo, tras la lectura de la exposición de motivos, se descubren afirmaciones inadmisibles, como por ejemplo que "el contexto económico ya no permite el mismo nivel de protección social para el trabajador europeo: por desgracia, esta protección está directamente relacionada con la distancia que nos separa del pleno empleo". 
¿Se trata de una torpe redacción, o de la involuntaria revelación de una convicción profunda? 
En todo caso, es el momento de reafirmar que, en nuestra opinión, la liberalización debe realizarse manteniendo inalterada la protección social. 
El reto consiste en fijar nuevos procedimientos que se basen al mismo tiempo en gestiones privadas y en normas de orden público, que permitan ofrecer los mismos servicios a un coste menor, e incluso servicios mejores, porque una mayor adaptabilidad de la oferta permite satisfacer mejor a los usuarios. 
En Francia, estos principios deben inspirar la reforma del sistema de protección social y del sistema educativo. 
En ambos casos, hay que poner en pie de igualdad a la oferta pública y a la oferta privada, para que compitan limpiamente en el marco de normas de orden público y de servicios mínimos fijados por la ley. 
Así, la competencia se ejercerá a la baja con relación a los costes de gestión y al alza en cuanto a la calidad del servicio. 
Y los países europeos podrán definir una liberalización compatible con sus patrones culturales y con su deseo de solidaridad. 
. 
(FR) Este informe reafirma el credo de los paladines de Europa, de los capitalistas y de los banqueros, según el cual bastaría con facilitarle la vida a la patronal abaratando la creación de empresas, con acelerar la privatización de los servicios públicos y con incrementar la flexibilidad laboral, para ver cómo se dispara el crecimiento económico y cómo de este modo desaparece el desempleo. 
El hecho de que la privatización del servicio de correos o del ferrocarril haya mostrado, en los países europeos en los que ya se ha producido, que las primeras víctimas son los trabajadores del sector público y los usuarios- porque los operadores privados están dispuestos a sacrificar cualquier cosa, salvo sus beneficios -, no impide que el ponente se atreva a garantizar para el ferrocarril "el nivel actual de seguridad", ignorando la realidad. 
El ponente silencia el hecho de que la mayoría de los empleos creados son precarios y mal remunerados, y anuncia que "el envejecimiento de la población exigirá (... ) incrementar la participación en el mercado laboral particularmente (... ) de los trabajadores menos jóvenes". 
¿Dónde está el progreso social prometido? 
El formidable incremento de la productividad permitiría asegurar con creces un nivel de vida y de jubilación mejores para toda la población si una minoría de potentados no tuviese la voluntad de acaparar sus frutos para su exclusivo provecho. 
Por ello, el objetivo enunciado aquí de convertir "a la economía europea (... ) en la más competitiva y la más dinámica del mundo" no puede materializarse más que a costa de los trabajadores, que soportarán todo el peso del crecimiento de los beneficios de los grandes grupos capitalistas con el agravamiento de sus condiciones laborales y de vida. 
. 
(FR) Esta resolución es una especie de carta social-liberal que alimenta una ilusión fundamental en cuanto a la capacidad de combinar liberalización y regulación. 
En el fondo, el programa neo-liberal duro se ve reafirmado en torno a dos grandes ejes. 
El primero de ellos es la prosecución de las privatizaciones, que se considera "indispensable", empezando por los servicios postales, les cajas de ahorros y los servicios financieros en general, así como por el ferrocarril. 
El segundo es la continuación de las reformas del mercado laboral, cuya ampliación incluso se propone. 
Orientaciones como éstas suponen un verdadero retroceso para la civilización, que aspira, ni más ni menos, a transformar en una mercancía y a someter a la lógica del beneficio la satisfacción de todas las necesidades sociales. 
Al parecer, se trata de un proceso prudente: las víctimas del accidente ferroviario de Paddington lo apreciarán. 
En cuanto a las reformas del mercado laboral, siempre son del mismo tipo: tienden a la flexibilidad y a la inseguridad social elevadas al rango de ideal económico. 
Este informe, prisionero del pensamiento único liberal, ilustra el cinismo de los más favorecidos y el patético alineamiento de las políticas reformistas. 
Por ello, he votado sin dudar en su contra. 
Informe Soares (A5-0017/2001) 
Señor Presidente, en el informe del diputado Soares, relativo a la situación de las relaciones entre la Unión Uuropea y Macao, en la página 7, punto 17, se lee: "se invita a las empresas europeas a que desarrollen actividades en Macao, a ejercerlas en el respeto de las normas fundamentales sobre el trabajo, establecidas por la Organización Internacional del Trabajo". 
Éste es un hecho positivo, y también por eso he votado a favor del informe, pero me sentiría muy feliz si, en el futuro, también se pidiera el respeto de los derechos a la jubilación de los trabajadores que, cuando envejecen, también en Macao necesitan ser tutelados.