Datasets:

Ramitha

/

spanish-legal-data

like 0

A estos efectos, es necesario referirse a los fines y funciones de SEPES, definidos 6concretamente en el artículo 4 de su actual Estatuto, que dispone lo siguiente: «1. Constituyen el objeto de la entidad: 1.o Promoción, adquisición y preparación del suelo para asentamientos industriales, residenciales, terciarios y de servicios, así como su correspondiente equipamiento. 2.º Adquisición, por cualquier título, de terrenos destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad análoga.

3.o Ejecución de planes y proyectos de urbanización, creación y ejecución de infraestructuras urbanísticas y las actuaciones protegidas en materia de vivienda que le encomienden las Administraciones Públicas. 4.o Realización de las actuaciones que, en materia de su objeto social, le encomienden las Administraciones Públicas de cualquier tipo, incluso las que conviniere con la iniciativa privada. 5.o Cualquier otra actividad relacionada con las expresadas en los apartados anteriores, incluso la constitución, arrendamiento y enajenación de edificaciones de cualquier uso.

6.o Participación en negocios, sociedades y empresas a los fines recogidos en los apartados anteriores.» A la vista del precepto transcrito, similar en lo que interesa al artículo 4 de los anteriores Estatutos de SEPES, puede concluirse que dicha entidad, constituida inicialmente como sociedad estatal y actualmente configurada como entidad pública empresarial, es una entidad de derecho público creada con la finalidad de realizar una serie de actuaciones sobre el suelo que son de naturaleza comercial o mercantil (adquisición y promoción del suelo) y de carácter industrial o de transformación (preparación de suelo para asentamientos de diversa índole, equipamiento de suelo, ejecución de infraestructuras urbanísticas), actuaciones todas ellas que indudablemente satisfacen necesidades de interés general, pero que por su propia naturaleza tienen precisamente el señalado carácter industrial o mercantil, y que, además, se desarrollan por SEPES con sujeción al derecho privado, directa o indirectamente, y en concurrencia con sociedades y empresas privadas, tanto cuando se las encomiendan las Administraciones Públicas como cuando se convienen con personas o entidades privadas. El artículo 6 del vigente Estatuto de SEPES confirma esta conclusión, disponiendo que «Para el cumplimiento de sus funciones, la entidad podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y mercantil. Asimismo, podrá realizar cuantas actividades comerciales o industriales estén relacionadas con dichas funciones, incluso mediante la promoción o constitución de sociedades o empresas o mediante la participación en ellas.» La circunstancia, señalada en el informe adjunto a la consulta, de que los Tribunales Económico-Administrativos Regionales siguen el criterio de admitir, según el aludido informe, «la legalidad de la adscripción de SEPES a las Cámaras de Comercio Provinciales por su actuación en régimen de empresa mercantil con sujeción al derecho privado en libre concurrencia con otras empresas urbanizadoras de carácter privado», apoyaría las consideraciones precedentes.

En el mismo sentido, esta Dirección considera oportuno citar una sentencia del Tribunal Supremo que, aun siendo anterior a la entrada en vigor de la LCAP y del Estatuto actual de SEPES, tiene interés por señalar con gran claridad el régimen jurídico y la naturaleza de las actividades de la referida entidad, que, como se ha indicado en este informe y con las salvedades formuladas en el mismo, no han variado en lo sustancial desde la creación de aquélla en 1981. En efecto, la sentencia de la Sala 3.ª del citado Tribunal, de 5 de noviembre de 1994 (Ar. 8669), después de decir que SEPES «no es un organismo autónomo en régimen de derecho público, sino (entonces) una sociedad estatal en régimen de derecho privado», añade: «En consecuencia SEPES actúa en régimen de empresa mercantil, con sujeción al derecho privado, incluso en las adquisiciones, disposiciones y contratación, consistiendo su actividad en la promoción, preparación y desarrollo del suelo para fines residenciales, industriales y de servicios, en régimen de libre concurrencia con otras empresas urbanizadoras de carácter privado (...)».

Es indudable que los párrafos transcritos no pueden admitirse en su total literalidad a la vista de la legislación vigente, dado que, por una parte, ha cambiado la tipología de los entes públicos estatales (SEPES ya no es «una sociedad estatal», sino una «entidad pública estatal») y, por otra parte y sobre todo, que la aplicación del derecho privado a la entidad en cuestión está condicionada o limitada por el artículo 2.1 de la LCAP; sin embargo, la sentencia citada, constituye otro dato revelador del carácter industrial y mercantil de las necesidades para cuya satisfacción fue creada SEPES y de las actividades que ha venido realizando y realiza dicha entidad. Estas circunstancias, que resultan del conjunto de las consideraciones precedentes, determinan, a juicio de esta Dirección, que SEPES no cumple el requisito previsto en la letra a) del artículo 1.3 de la LCAP, lo que, a su vez, excluye a aquella entidad del ámbito de aplicación definido en dicho precepto, sin necesidad de examinar si concurren o no alguno de los requisitos contemplados alternativamente en la letra b) del mismo artículo y apartado. Ahora bien, esta exclusión del artículo 1.3 de la LCAP no significa que la contratación de SEPES quede sujeta de modo absoluto e incondi- 6cionado al derecho privado, ya que la reiterada entidad está incursa en el segundo (y menos intenso) grado de sometimiento a la LCAP, que es el determinado por su artículo 2.1, conforme al cual «las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito definido en el artículo anterior quedarían sujetas a las prescripciones de esta Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación respecto de los contratos en los que concurran los siguientes requisitos: ...» (los que a continuación enuncia el precepto y que han sido reproducidos en la página 4 de este informe).

En los demás casos, la contratación de SEPES se regirá por el derecho privado (sin perjuicio de la posibilidad de incluir facultativamente en los respectivos contratos o en sus pliegos de cláusulas remisiones más o menos amplias a los preceptos de la LCAP). IV. La conclusión alcanzada en el fundamento jurídico precedente refleja la opinión de este centro directivo en relación con la primera cuestión consultada, pero no resuelve ni permite soslayar el problema que se ha planteado a SEPES a la vista del criterio sostenido por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización relativo al sector público estatal correspondiente al año 1995 (publicado en suplemento del «BOE» de 1 de julio de 1999), al incluir a SEPES entre las «Entidades que reúnen los requisitos del artículo 1.3 de la LCAP y que, por consiguiente, están plenamente dentro de su ámbito de aplicación» (cfr.

pág. 187 del citado suplemento del «BOE»). Habría sido deseable que al evacuar SEPES el trámite de audiencia que, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se le debió conceder en el curso del correspondiente procedimiento de fiscalización, aquella entidad hubiese formulado alegaciones dirigidas a demostrar que no está incluida en el ámbito del artículo 1.3, sino en el del artículo 2.1 de la LCAP, intentando que el citado Tribunal reconsiderase su criterio al respecto.

Al no constar que se hiciesen tales alegaciones ni que el Tribunal de Cuentas haya rectificado su aludido criterio, se sugiere la posibilidad y conveniencia de postular tal rectificación en el trámite de audiencia de los procedimientos de fiscalización de las cuentas de SEPES de los sucesivos ejercicios, a cuyo efecto podría adjuntarse a los correspondientes escritos de alegaciones copia del presente informe. Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que, teniendo atribuido el Tribunal de Cuentas «el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos» [artículo 2.b) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, reguladora de dicho Tribunal] y siendo la jurisdicción contable «necesaria e improrrogable, exclusiva y plena» (artículo 17.1 de la citada Ley Orgánica 2/1982), se aconseja que, en tanto no se produzca la reconsideración o rectificación antes aludidas, las personas que tengan a su cargo en SEPES el manejo de caudales o efectos públicos se atengan, en evitación de una posible responsabilidad contable, al criterio del Tribunal de Cuentas, dado que, obviamente, la opinión sostenida en este informe no puede prevalecer sobre aquel criterio en el ámbito propio de la competencia del reiterado Tribunal. Al margen de la posibilidad de formular las alegaciones a que se ha hecho referencia en los futuros procedimientos de fiscalización de las cuentas de SEPES, esta Dirección estima asimismo conveniente que dicha entidad promueva, a través del Ministerio de Fomento al que está adscrita, una modificación del Estatuto de aquélla mediante un Real Decreto en el que se aclare expresamente la cuestión de que se trata en el sentido que se sostiene en el presente dictamen.

Mientras no se promulgue tal modificación normativa (o el Tribunal de Cuentas reconsidere su criterio) la prudencia aconseja que SEPES acomode su contratación a las previsiones de la LCAP en todo caso, y no sólo respecto de los contratos a que se refiere el artículo 2.1 de dicha Ley. V. Finalmente, debe abordarse la segunda cuestión planteada en el escrito de consulta, que se refiere a cuál sea el orden jurisdiccional competente en caso de litigio suscitado en relación con los contratos que celebre SEPES. A estos efectos es preciso distinguir dos clases de cuestiones o controversias posibles, cuyo enjuiciamiento corresponde, respectivamente, a órdenes jurisdiccionales diferentes.

En primer lugar, debe señalarse que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente para conocer de todas la cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos comprendidos en el artículo 2.1 de la LCAP, que, a tenor del mismo, están sujetos a las prescripciones de aquella Ley referentes a capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, constituyendo actos separables, a los efectos de que se trata, los que se adopten sobre las referidas cuestiones. Así resulta de la consideración conjunta de lo dispuesto en el artículo 9.3, inciso segundo, de la LCAP («No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo») y en el artículo 2.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [«El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con ... b) los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas»]. En segundo lugar, ha de indicarse que el orden jurisdiccional civil será competente para conocer de las cuestiones que se susciten en relación con los contratos a que se refiere el artículo 2.1 de la LCAP, pero en aspec- 6tos no contemplados en dicho precepto, como son los relativos a los efectos y extinción del contrato.

Y será igualmente competente para conocer de todas las cuestiones que se susciten en relación con el resto de los contratos celebrados por SEPES (no comprendidos, por tanto, en el art. 2.1 de la LCAP). En virtud de todo lo expuesto, este centro directivo formula las siguientes CONCLUSIONES Primera.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) es una entidad de derecho público que fue creada para satisfacer específicamente necesidades de interés general de carácter industrial y mercantil, por lo que no concurre en ella el requisito exigido en la letra a) del artículo 1.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), determinando esta circunstancia la no inclusión de la referida entidad en el ámbito de aplicación subjetiva de aquella Ley definido en el precepto citado. Segunda. Los contratos celebrados por SEPES que reúnan los requisitos previstos en el artículo 2.1 de la LCAP están sujetos a las prescripciones de dicha Ley relativos a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.

Los restantes contratos que celebre la mencionada entidad estarán sujetos al derecho privado (sin perjuicio de que en los respectivos contratos o en sus pliegos de cláusulas se puedan incluir potestativamente remisiones más o menos amplias a los preceptos de la reiterada Ley). Tercera. No obstante la opinión de este centro directivo expresada en las conclusiones precedentes, ante el hecho de que el Tribunal de Cuentas ha manifestado el criterio favorable a la plena aplicación de la LCAP a SEPES, por considerar que esta entidad reúne los requisitos del artículo 1.3 de dicha Ley, razones de prudencia aconsejan que en tanto aquel Tribunal no modifique su criterio o se produzca la modificación normativa a que se alude en el fundamento jurídico IV de este informe, la reiterada entidad pública acomode su contratación a las previsiones de aquella Ley, siguiendo el criterio del mencionado Tribunal.

Cuarta. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente para conocer de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, respecto de los contratos celebrados por SEPES que estén comprendidos en el artículo 2.1 de la LCAP. El orden jurisdiccional civil conocerá de todas las demás cuestiones que se planteen en relación con contratos celebrados por aquella entidad.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 7. NATURALEZA DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. EFICACIA DE LA DELEGACIÓN ACORDADA POR ÓRGANOS EXTINGUIDOS Delegación de competencias.

Naturaleza. Eficacia de las delegaciones acordadas por órganos extinguidos. Validez de una orden de delegación que remite a otra adoptada por órgano extinguido.

Competencias en materia de modificaciones presupuestarias. Actos viciados de incompetencia material. Requisitos para su nulidad.

Convalidación de actos anulables dictados por órgano incompetente 1. Se ha recibido en esta Asesoría Jurídica petición de informe sobre la validez de la delegación contenida en la Orden de 8 de junio de 2000, del Ministerio de Economía, y del acto de autorización de ampliación de crédito adoptado por la Directora general del Tesoro y Política Financiera, el 7 de junio de 2000, cuyos antecedentes se remiten, y con relación a la misma se formula el siguiente informe. I.

La petición de informe se refiere a la validez de la delegación contenida en la Orden de 8 de junio de 2000 de delegación de competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Economía, a la vista de la distribución de competencias llevada a cabo por el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos Ministeriales, que ha suprimido el Ministerio de Economía y Hacienda y ha creado, entre otros, dos Departamentos, los Ministerios de Hacienda y de Economía, que han asumido las competencias del extinto Departamento de Economía y Hacienda. En particular la cuestión planteada se refiere a las competencias que la Orden de 8 de junio de 2000 delega en el Director general del Tesoro y Política Financiera. La citada Orden de 8 de junio de 2000, en su punto segundo, letra a, delega en el Director general del Tesoro y Política Financiera las competen- 1 Informe elaborado el 24 de julio de 2000 por don Antonio Panizo García, Abogado del Estado-Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

7cias delegadas por el Ministro de Economía y Hacienda en el apartado 7.o de la Orden de 25 de enero de 2000, por la que se dispone la creación de deuda del Estado durante el año 2000 y enero de 2001 y se delegan determinadas facultades en el Director general del Tesoro y Política Finan- El apartado 7.o, número 2, de la Orden de 25 de enero de 2000, por la que se dispone la creación de deuda del Estado durante el año 2000 y enero de 2001 y se delegan determinadas facultades en el Director general del Tesoro y Política Financiera, delega en el Director general del Tesoro y Política Financiera las siguientes competencias: «Las facultades concedidas al Ministro de Economía y Hacienda por los números 3, 4, 4 bis, 5, 6 y 8 del artículo 104 de la Ley 11/1977, General Presupuestaria, en el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, así como la concedida por la letra g), del número 2 del artículo 68 de la citada Ley en relación con los créditos a los que se refiere el anexo II, primero, uno, letra c) de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, en cuanto se refiera a la deuda pública en sus distintas modalidades emitidas o asumidas por el Estado y las previstas en la letra b) del número 2 del artículo 68 y en la letra a) del número 1 del artículo 69, ambos de la citada Ley General Presupuestaria, cuando la transferencia de créditos se efectúe créditos de la Sección 06 “Deuda pública”, según prevé la regla cuarta del número uno del artículo 8 de la Ley de Presupuesto Generales del Estado para el año 2000.» Así mismo se prevé que se dará cuenta a la Dirección General de Presupuestos de las habilitaciones y modificaciones de crédito autorizadas en uso de la delegación. Como señala la Dirección General de Presupuestos en su petición de informe, el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000 incluye facultades sobre modificaciones presupuestarias que, de acuerdo con el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, (en adelante TRLGP), le correspondían en forma específica al Ministro de Economía y Hacienda [así las previstas en el art. 68.2, b) y g) del texto refundido] junto con otras que le correspondían al Ministro de Economía y Hacienda en tanto titular de un Departamento ministerial en igualdad de condiciones con los titulares de los demás Departamentos Ministeriales [las trasferencias de créditos reguladas en el artículo 69.1 a) de la Ley General Presupuestaria].

La cuestión que se suscita es que, si el referido apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000, incluye competencias que en la actualidad corresponden al Ministro de Hacienda y no al Ministro de Economía, la Orden de 8 de junio de 2000, del Ministerio de Economía, carecería de eficacia en lo que a las competencias de titularidad del Ministro de Hacienda se refiere y, en consecuencia, estarían viciados de incompetencias los actos que siendo atribución del Ministro de Hacienda, hubiere dictado el Director general del Tesoro y Política Financiera en virtud de tal delegación. II. Para resolver la cuestión planteada ha de tenerse en cuenta la naturaleza de la institución de la delegación de competencias, así como la titularidad de las competencias delegadas en el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000 a la luz tanto de los Reales Decretos de estructura y organización que establecen las competencias de los nuevos Ministerios de Hacienda y de Economía como del TRLGP.

La delegación de atribuciones no define competencias, sino que afecta sólo a su ejercicio, por lo que permanece invariable la titularidad de las mismas en el órgano legalmente investido, como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia (por todas STS 19 de abril de 1989, RJ 1989/3210 y 12 de junio 1991, RJ 1991/6694). Ahora bien, la delegación de atribuciones es una manifestación de la competencia del órgano administrativo delegante, de modo que el citado órgano sólo puede delegar las competencias de la que es titular y no otras, pues como señala el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJ-PAC), «La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes». Extinguido un órgano administrativo, y con él la titularidad de las competencias que tenía atribuidas, desaparece la eficacia de las delegaciones por él otorgadas, de manera que el nuevo o nuevos órganos que asumen la titularidad de las competencias que tenía atribuidas el desaparecido son los que, en su caso, pueden delegar su ejercicio.

Ahora bien, toda vez que «ninguna autoridad administrativa puede realizar un acto válido en virtud de poderes que ella misma se ha dado» (STS 24 de enero de 1981, RJ 1981/22), el nuevo órgano administrativo que ha asumido la titularidad de las competencias que antes correspondían a otro extinguido, sólo puede delegar las competencias de las que es titular, pues de otro modo tanto la delegación como los actos realizados por el órgano en virtud de aquélla serían inválidos por estar viciados de incompetencia, y así lo expresa literalmente el artículo 13 de la LRJ-PAC al prever la posibilidad de delegar el ejercicio de las competencias atribuidas a un órgano administrativo en otros órganos. III. Llegados a este punto es preciso determinar a que órganos de la Administración General del Estado corresponden las competencias a las que se refiere el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000, del Ministerio de Economía y Hacienda.

7Para ello analizaremos primero la distribución de funciones operada por el Real Decreto de reestructuración de los Departamentos ministeriales, y el Real Decreto que lo modifica, a favor de los Ministerios de nueva creación de Hacienda y Economía, de estructura básica de ambos Departamentos y, en fin, los Reales Decretos de desarrollo de dichas estructuras básicas. El Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos Ministeriales, modificado por el Real Decreto 683/2000, de 11 de mayo, dispone la supresión del Ministerio de Economía y Hacienda, y distribuye las competencias, que dicho Departamento tenía asignadas, entre dos de nueva creación, los Ministerios de Hacienda y de Economía. El artículo 2.1 del Real Decreto 557/2000, modificado por el artículo 3 del Real Decreto 683/2000, establece, en lo que aquí nos importa, que corresponde al Ministerio de Hacienda el ejercicio de las competencias hasta ahora atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de los siguientes órganos: La Secretaría de Estado de Hacienda.

La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. La Dirección General de Patrimonio del Estado. Por su parte el artículo 4.1 del citado Real Decreto 557/2000, modificado por el artículo 3 del Real Decreto 683/2000, preceptúa que corresponden al Ministerio de Economía las siguientes competencias: Las hasta ahora atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de los siguientes órganos: La Secretaría de Estado de Economía.

La Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa. Las competencias hasta ahora atribuidas al Ministerio de Hacienda en materia de Tesoro y Deuda Pública. Las competencias hasta ahora atribuidas al Ministerio de Hacienda en materia de incentivos regionales a través de la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Por su parte el Real Decreto 689/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de Economía y de Hacienda, establece los órganos superiores y directivos de ambos Ministerios, sin describir las competencias atribuidas tanto a los Departamentos respectivos como a los órganos en que se estructuran. Se establece que forman parte de la estructura del Ministerio de Economía, entre otros órganos superiores, la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, y dependiente de ella la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. De otro lado, forma parte de la estructura del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la que depende la Dirección General de Presupuestos.

El Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, establece en su artículo 1.1 que «el Ministerio de Hacienda es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política de Hacienda Pública, de Presupuestos y Gastos y de empresas públicas». El artículo 8.1 del citado Real Decreto 1330/2000, dispone que la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, entre otras funciones, realizará las actuaciones necesarias para la planificación, presupuestación y control del sector público. En fin, el artículo 10.1, letra g) atribuye a la Dirección General de Presupuestos las siguientes funciones «el análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito propuestas; el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación».

Por último, el Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, establece, en su artículo 1.1, que «el Ministerio de Economía es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las medidas generales de la política económica del Gobierno y, en especial, de las relativas a la política comercial, turística, de la pequeña y mediana empresa, energética y minera, así como las que en materia de energía y telecomunicaciones le atribuye el ordenamiento vigente». El artículo 2.1, a), del citado Real Decreto 1371/2000, atribuye a la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, las competencias de «tesorería del Estado y política financiera». De otro lado, el artículo 6 del citado Real Decreto desarrolla las competencias de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en orden a la ejecución de las competencias del Ministerio en materia de tesorería del Estado y política financiera.

Ninguno de los preceptos del Real Decreto 1371/2000, atribuye a los órganos del Ministerio de Economía competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias, en consonancia con la distribución de competencias llevadas a cabo por el Real Decreto de reestructuración de los Departamentos ministeriales, y el Real Decreto por el que se modifica. Así las cosas, a la vista de las disposiciones orgánicas expuestas, es clara la distribución de competencias entre ambos Departamentos de nueva creación en lo que al régimen de la Hacienda Pública regulado por el TRLGP se refiere, correspondiendo al Ministerio de Hacienda la totali- 7dad de las competencias que en esta materia correspondían al extinguido Ministerio de Economía y Hacienda, salvo las referidas al Tesoro Público y operaciones financieras, entendiendo por estas las atinentes a la deuda pública y avales del Estado y de sus organismos autónomos, que corresponden al Ministerio de Economía. IV.

Conforme a lo anterior, de las competencias que el artículo 9 del TRLGP atribuye al Ministro de Economía y Hacienda, corresponden al Ministro de Hacienda todas ellas salvo las que se refieren a la propuesta y ejecución de las medidas generales de política económica del Gobierno, así como las relativas a la tesorería del Estado y política financiera, que son competencia del Ministro de Economía. En concreto, y conforme a lo establecido en la letra e) del citado artículo 9 del texto refundido, compete al Ministro de Hacienda «velar por la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado». Así las cosas, en materia de ejecución del Presupuesto y de modificaciones presupuestarias, el Ministro de Economía no tiene más atribuciones que las que puedan corresponder al titular de un Departamento ministerial distinto del de Hacienda.

Como se expuso al principio, el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000, a la que se remite la Orden de 8 de junio de 2000, del Ministro de Economía, delega en el Director general del Tesoro y Política financiera, las facultades concedidas al desaparecido Ministro de Economía y Hacienda por los números 3, 4, 4 bis, 5, 6 y 8 del artículo 104 del TRLGP, así como la concedida por la letra g), del número 2 del artículo 68 de la citada Ley en relación con los créditos a los que se refiere el anexo II, primero, uno, letra c) de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, en cuanto se refiera a la deuda pública en sus distintas modalidades emitidas o asumidas por el Estado y las previstas en la letra b) del número 2 del artículo 68 y en la letra a) del número 1 del artículo 69, ambos del TRLGP, cuando la transferencia de créditos se efectúe créditos de la Sección 06 «Deuda pública», según prevé la regla cuarta del número uno del artículo 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. Dejando a un lado las competencias incluidas en el artículo 104 del TRLGP que, al referirse a la deuda publica, corresponden sin lugar a dudas al Ministro de Economía, hemos de examinar las facultades que, referidas a modificaciones presupuestarias, contempla el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000. Por lo que se refiere a dichas atribuciones el TRLGP dispone lo siguiente.

El artículo 68, apartado 2, letras b) y g) señala: «Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, además de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de los departamentos ministeriales: (…) 2. Autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias: (…) b) Transferencias de créditos entre programas incluidos en la misma o distinta función, correspondientes a servicios u organismos autónomos de un mismo departamento ministerial. (…) g) Las ampliaciones de crédito incluidas en las Leyes de Presupuestos, excepto aquéllas cuya competencia se atribuya expresamente a los titulares de los departamentos ministeriales.» El artículo 69.

1.a) del TRLGP, declara: «Los titulares de los Departamentos ministeriales podrán autorizar, previo informe favorable de la Intervención Delegada competente en cada departamento u organismo, las siguientes modificaciones presupuestarias: a) Transferencia entre créditos de un mismo programa correspondientes a un mismo o diferente servicio u organismo autónomo del departamento, cualquiera que sea el capítulo en que estén incluidos los créditos, siempre que no afecten a créditos de personal, atenciones protocolarias y representativas, gastos reservados o a subvenciones nominativas, ni supongan desviaciones en la consecución de los objetivos del programa respectivo. El Ministro de Defensa podrá autorizar además transferencias entre créditos de varios programas de una misma función, correspondiente a un mismo o diferente servicio u organismo autónomo de su departamento, cuando se refieran a gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones reales.» De la simple lectura de los preceptos se infiere una clara contraposición en la atribución de competencias por uno y otro. Así, la atribución de competencias que realiza el artículo 68 del TRLGP, se hacen expresamente al Ministro de Economía y Hacienda además de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de departamentos ministeriales en materia de modificaciones presupuestarias, competencias genéricas que son las establecidas en el artículo 69.1 del texto refundido.

En suma las competencias que el artículo 68 del TRLGP atribuye al Ministro de Economía y Hacienda, lo son en virtud de las que el artículo 9 del mismo texto legal le atribuye en la ejecución del Presupuesto. En suma, correspondiendo dichas competencias en lo que a la ejecución del Presupuesto se refiere al nuevo Ministerio de Hacienda, de acuerdo al Real Decreto 557/2000, de Reestructuración de los Departamentos Ministeriales; el Real Decreto 683/2000, que lo modifica, y a los Reales Decretos 689/2000, 1330/2000 y 1371/2000, que lo desarrollan, las atribución de competencia que el artículo 68 del texto refundido hace 7al Ministro de Economía y Hacienda debe entenderse producida a favor del actual Ministro de Hacienda. V. Llegados a este punto hemos de concluir, como corolario lógico, que si la titularidad de las competencias a las que se refiere el artículo 68 del TRLGP corresponde al Ministro de Hacienda, mal puede el Ministro de Economía, que no es su titular, delegar su ejercicio.

En efecto, desaparecido el Ministerio de Economía y Hacienda, quedó sin efecto la delegación de competencias contenida en la Orden de 25 de enero de 2000, por la que se dispone la creación de deuda del Estado durante el año 2000 y enero de 2001 y se delegan determinadas facultades en el Director general del Tesoro y Política Financiera. Creado el nuevo Ministerio de Economía, su titular, por la Orden de 8 de junio de 2000, procedió a delegar competencias en los órganos superiores y directivos del departamento. Para ello se empleó una mala técnica administrativa, la determinación de las competencias delegadas por remisión a las Órdenes de delegación del Ministro de Economía y Hacienda, que habían quedado sin efecto al desaparecer aquel departamento.

En cualquier caso, dicha remisión sólo puede entenderse hecha a aquellas competencias previstas en las antiguas Órdenes de delegación cuyo titular sea el órgano delegante, es decir el Ministro de Economía, pero en modo alguno a aquellas competencias de la que no es titular dicho órgano delegante, que no puede por tanto disponer de ellas (ex artículos 12 y 13 de la LRJ-PAC). Ese es el modo lógico y sistemático en el que ha de interpretarse la Orden de 8 de junio de 2000, del Ministro de Economía. En consecuencia no es inválida la Orden de 8 de junio de 2000, del Ministro de Economía, de delegación de competencias, sin perjuicio de que la misma ha de entenderse, en lo que a su punto segundo a) se refiere, en el sentido que delega las competencias expresadas en el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000, con exclusión de las facultades contempladas en el artículo 68.2, b) y g), al haber quedado dicha delegación sin efecto, y no ser el Ministro de Economía el titular de dichas competencias.

En todo caso, como se verá más adelante, el concreto acto que ha dado lugar a la petición de informe no se produjo al amparo de la Orden de 8 de junio de 2000, pues es anterior a la fecha en que aquella se adoptó. VI. En fecha 8 de junio de 2000, se recibió por la Dirección General de Presupuestos, un expediente de ampliación de crédito en la Sección 06 «Deuda Pública», por un total de … pesetas, para atender gastos financieros y reembolso de capital en la amortización anticipada, mediante canje de determinadas emisiones de Deuda del Estado.

Dicho expediente de modificación de crédito, junto con la correspondiente certificación de la Intervención Delegada, fue remitido a la Dirección General de Presupuestos, para su instrumentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.4 del TRLGP. Dicha ampliación de crédito, fue autorizada por la Directora general del Tesoro y Política Financiera mediante resolución de 7 de junio de 2000, invocando la aplicación de la delegación contenida en el apartado 7.2 de la Orden de 25 de enero de 2000. La referida ampliación de crédito se encuentra subsumida en el supuesto de hecho previsto en el artículo 68.2.g) del TRLGP.

El acto de autorización se produce el 7 de junio de 2000, es decir, después de la publicación, el 28 de abril, Real Decreto 557/2000, de 27 de mayo, de Reestructuración de los Departamentos Ministeriales, cuya disposición final primera suprime el Ministerio de Economía y Hacienda, así como de la publicación, el 12 de mayo, del Real Decreto 683/2000, de 11 de mayo, cuyo articulo 3 modifica los artículos 2 y 4 del Real Decreto 557/2000, atribuyendo al Ministerio de Economía las competencias en materia de Tesoro y Deuda Pública. Asimismo el acto de autorización se produce con anterioridad tanto a la adopción, como a la publicación, el 10 de junio, de la Orden de 8 de junio, del Ministerio de Economía, delegando competencias a favor de diversos órganos del departamento. En consecuencia, el acto administrativo en cuestión se adoptó por la Directora general del Tesoro y Política Financiera, una vez perdida su eficacia la Orden de 25 de enero de 2000, de delegación de competencias, al haber desaparecido el órgano que la dictó, el Ministro de Economía y Hacienda, y antes de dictarse la Orden de 8 de junio, del Ministro de Economía, que delega en la citada Dirección las competencias a las que se refiere el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000.

Además, en aquella fecha, ya existía un nuevo órgano administrativo, el Ministro de Hacienda, que había asumido las competencias del extinto Ministro de Economía y Hacienda para autorizar la modificación presupuestaria objeto de la resolución cuestionada; órgano del que no dependía jerárquicamente la Dirección del Tesoro y Política Financiera. Por ello el acto de la Directora general del Tesoro y Política Financiera se adoptó en un momento, el 7 de junio de 2000, en que dicho órgano carecía de atribuciones para producirlo, habiendo quedado sin efecto la delegación en que se amparaba por la desaparición del órgano delegante, el Ministro de Economía y Hacienda, y dictándose en una materia sobre la que la atribución correspondía al titular de un Ministerio distinto de aquél en que el citado órgano directivo se encontraba encuadrado. 7Así las cosas la resolución de 7 de junio de 2000 de la Directora general del Tesoro y Política Financiera, esta viciado de incompetencia.

Determinado el vicio de incompetencia de que adolece el acto administrativo en cuestión, es preciso determinar la consecuencia jurídica del mismo, en particular si el referido acto es nulo o simplemente anulable. El artículo 62.1, b), de la LRJ-PAC establece que son nulos los actos «dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio» A la vista de lo hasta aquí expuesto, ha de inferirse que la incompetencia de la que adolece el acto es material y no jerárquica. Al tiempo de dictarse la resolución había desaparecido el Ministro de Economía y Hacienda, quedando sin efecto la delegación contenida en el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000.

Ahora bien, la incompetencia de la Directora general del Tesoro y Política Financiera para dictar el acto viciado, no deriva de la ineficacia de la delegación en el momento que el mismo se dicta, sino de que las competencias sobre las que la misma versaba, en lo que al contenido del acto viciado se refería (autorización de las modificaciones presupuestarias previstas en el artículo 68 del TRLGP), habían pasado a la esfera de atribuciones de un departamento, el Ministerio de Hacienda, en el que no estaba integrado el centro directivo del que era titular. Dicho en otras palabras, que un órgano del Ministerio de Economía había invadido las competencias del Ministerio de Hacienda. Esto no obstante, que el acto en cuestión esté viciado de incompetencia material no lo hace acreedor de la sanción de la nulidad ex radice, para ello es además preciso que órgano que lo dictó sea manifiestamente incompetente, tal y como exige el artículo 62.1, b), de la LRJ-PAC.

Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia para que la incompetencia pueda ser calificada de manifiesta resulta preciso que sea notoria, ostensible, evidente y grave (SSTS 26 de enero de 1961, 28 de octubre 1963, RJ 1963/4427, 2 de julio 1964, RJ 1964/3562, 14 de febrero de 1997, RJ 1997/1500), de modo que «manifiestamente» significa notorio, patente, inequívoco, evidente e indiscutible normalmente sin necesidad de especiales deducciones o interpretaciones jurídicas (SSTS 19 de septiembre de 1981, RJ 1981/3513, 24 de febrero de 1989 RJ 1989/1707), en términos tales que no sea necesario ningún esfuerzo interpretativo para apreciar el vicio (STS 27 de enero de 1993, RJ 1993/420) y que necesitaría de un precepto expreso de la norma que otorgara la competencia a órgano concreto, para un acto concreto (STS 22 de mayo de 1980, RJ 1980/2831). En el caso que nos ocupa, el carácter manifiesto de la incompetencia no reúne los requisitos de notoriedad, evidencia y rotundidad que la jurisprudencia exige. En efecto el acto se dicta al amparo de una Orden ministerial que formal y expresamente no ha sido revocada, y a cuya ineficacia sobrevenida, como consecuencia de la desaparición del órgano que la dictó, se llega tras una interpretación sobre la naturaleza del instituto delegatorio.

El acto se dicta en un momento en que, si bien las competencias del extinguido Ministerio de Economía y Hacienda se habían ya distribuido entre dos departamentos nuevos, Economía y Hacienda, la atribución de competencias a los órganos de uno y otro no se había realizado de una forma expresa, clara e inequívoca –aún no se habían dictado los Reales Decreto de desarrollo de las estructuras básicas-, limitándose el Real Decreto 557/2000, de 27 de mayo, de Reestructuración de los Departamentos Ministeriales, a señalar que cada uno de los departamentos asumía las competencias hasta ahora atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de los órganos que se especificaban. En fin, el artículo 68 del TRLGP no atribuye en forma expresa la competencia para autorizar determinadas modificaciones presupuestarias al Ministro de Hacienda, sino que lo hace a un órgano extinguido, el Ministro de Economía y Hacienda, por lo que la atribución al nuevo Ministro de Hacienda de dicha competencia no surge de una norma que otorgue la competencia a órgano concreto, para un acto concreto sino, antes bien, hace necesario una labor interpretativa que se contiene en este informe, de modo que la incompetencia no se infiere de modo notorio, patente, inequívoco, evidente e indiscutible. Toda vez que el vicio de incompetencia apreciado, aunque se refiera a una incompetencia material, no es, sin embargo, manifiesto, ha de señalarse que el acto en cuestión no es nulo sino simplemente anulable, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 63.1 de la LRJ-PAC.

VII. Como tal acto anulable el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la LRJ-PAC, puede convalidarse subsanando los vicios de que adolezca. El vicio del acto en cuestión es la incompetencia.

Para el vicio de incompetencia no determinante de nulidad el artículo 67.3 de la Ley 30/1992, dispone que «la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dicto en acto viciado» En este caso es lo cierto que el Ministro de Hacienda, órgano competente para dictar el acto en cuestión, no es superior jerárquico del que dicto el acto viciado, la Directora general del Tesoro y Política Financiera. El apartado 3 del artículo 67 de la LRJ-PAC plantea una cierta antinomia tanto con el apartado 1 del mismo artículo, como con el artículo 62, apartado 1, letra b), de la citada Ley 30/1992. En efecto, toda vez que es posible una incompetencia material o territorial que, al no ser manifiesta, no merece ser sancionada con nulidad 7radical sino con mera anulabilidad, debe ser posible su convalidación sanando el vicio de que adolece, aun cuando el órgano competente no sea jerárquicamente superior del que incurrió en incompetencia.

En el caso que nos ocupa ha de tenerse en cuenta, además, las siguientes circunstancias: El acto objeto de informe es una autorización, de modo que, aunque en hipótesis resultase nulo de pleno derecho el acto autorizante, y se tuviese por no producido, conservaría no obstante su validez el resto de actuaciones producidas con anterioridad al acto autorizante, así como los simultaneos o posteriores que fuesen independientes de él (artículos 64 y 66 de la LRJ-PAC), debiéndose proceder en tal caso a acordar la reposición del procedimiento al momento en que se produjo el vicio, dictando un nuevo acto de autorización, en este caso por el órgano competente, el Ministro de Hacienda. No parece –al menos no resulta contradicho por la petición de informe–, que reiterado el acto de autorización, el resultado de la reiteración fuese distinto del producido por el acto viciado. De otro lado el acto en cuestión no tiene por sí eficacia respecto de los administrados, no tratándose de un acto favorable, no afecta a derechos subjetivos o intereses legítimos, constituyendo un mero vicio formal del que no deriva indefensión de ninguna especie.

Con relación a todo ello, la jurisprudencia ha señalado reiteradamente la improcedencia de declarar la nulidad cuando el acto o resolución que se dicte, una vez subsanado el posible defecto formal, haya de ser idéntico en sentido material al anterior, y todo ello por aplicación del principio de economía procesal que preside el procedimiento administrativo, tanto más cuando no se origina indefensión (entre otras, SSTS de 6 de noviembre de 1963, 27 de marzo de 1985, RJ 1985/1666, 31 de diciembre de 1985, RJ 1986/1552, 8 de mayo de 1986, RJ 1986/2355, 28 de julio de 1986, RJ 1986/6896, y 30 de noviembre de 1993, RJ 1994/1230). Particular interés tiene la aplicación de la doctrina legal citada en un caso similar al que nos ocupa. Ante un supuesto de incompetencia territorial que, por no ser manifiesta, no era acreedora del reproche de nulidad sino de simple anulabilidad, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en Sentencia de 12 de junio de 1985, RJ 1985/3216, declaró: «(…) La incompetencia del inferior es convalidable –puede serlo– con la intervención del superior competente, tal y como viene permitido en la propia Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 53-1.o (hoy art.

67 de la LRJ-PAC), aunque haya que forzar en parte la exigencia de lo dispuesto en el número 2 del mismo artículo guiados de un espíritu de economía procesal, y ante la evidencia de que no por repro- ducir actuaciones los datos podrían variar de los disponibles en este momento (…)» Por último, como argumento adicional, se ha de señalar que el apartado 4 del artículo 67 de la LRJ-PAC, dispone que si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Así las cosas, sería contrario a la lógica del precepto, a la mens legis, una interpretación que pueda llevar a pensar que es posible subsanar la falta de un acto de autorización mediante su otorgamiento por el órgano competente, y que ese mismo órgano no pueda subsanar el vicio cuando, no faltando el acto de autorización, aquel se hubiera dictado por un órgano incompetente no dependiente jerárquicamente del competente para dictar la autorización. En suma, atendiendo a una interpretación teleológica de los artículos 62.1.b), 64, 66 y 67.1,3 y 4 de la LRJ-PAC y al principio de economía procesal, podría, a juicio de esta Asesoría, el Ministro de Hacienda convalidar el acto dictado subsanando el vicio de incompetencia del que adolece.

VIII. Habida cuenta de que tanto la resolución de 7 de junio de 2000, de la Directora general del Tesoro y Política Financiera, como la Orden de 8 de junio de 2000 del Ministerio de Economía, han sido dictadas por órganos de otro departamento ministerial, las actuaciones procedentes, tanto para la convalidación de la citada resolución como para que la Orden de 8 de junio de 2000, de Delegación de Competencias, se aplique respetando las competencias que corresponden al Ministerio de Hacienda, han de llevarse a cabo a través del Subsecretario de Hacienda como órgano de relación con los demás departamentos. Asimismo, y toda vez que afecta a las relaciones con otro departamento ministerial, sería conveniente, como actuación previa, solicitar el parecer sobre la cuestión de la Secretaria general Técnica del Departa- Por lo expuesto, ofrezco como CONCLUSIONES Primera.

Las atribución de competencia que el artículo 68 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, hace al Ministro de Economía y Hacienda debe entenderse producida a favor del actual Ministro de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 557/2000, de Reestructuración de los Departamentos Ministeriales, el Real Decreto 683/2000 que lo modifica, y a los Reales Decretos 689/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de Economía y 7Hacienda, 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía. Segunda. La Orden de 8 de junio de 2000, del Ministro de Economía, de delegación de competencias, no está viciada de invalidez, sin perjuicio de que la misma ha de entenderse, en lo que a su punto segundo.a) se refiere, en el sentido que delega las competencias expresadas en el apartado 7.o 2 de la Orden de 25 de enero de 2000, con exclusión de las facultadas contempladas en el artículo 68.2, b) y g) texto refundido de la Ley General Presupuestaria, al haber quedado dicha delegación sin efecto, y no ser el Ministro de Economía el titular de dichas competencias.

Tercera. La resolución de 7 de junio de 2000, de la Directora general de Presupuestos, autorizando una ampliación de crédito en la Sección 06 «Deuda Pública», por un total de … pesetas, para atender gastos financieros y reembolso de capital en la amortización anticipada, mediante canje de determinadas emisiones de Deuda del Estado, está viciado de incompetencia, al haberse adoptado en un momento, el 7 de junio de 2000, en que dicho órgano carecía de atribuciones para producirlo, habiendo quedado sin efecto la delegación en que se amparaba por la desaparición del órgano delegante, el Ministro de Economía y Hacienda, y distándose en una materia sobre la que la atribución correspondía al titular de un Ministerio distinto de aquél en que el citado órgano directivo se encontraba encuadrado, el Ministerio de Hacienda. Cuarta.

Que la citada resolución no es nula de pleno derecho, al no ser la incompetencia manifiesta, sino anulable. Esta Asesoría estima que, atendiendo a una interpretación teleológica de los artículos 62.1.b), 64, 66 y 67.1, 3 y 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y al principio de economía procesal, podría el Ministro de Hacienda convalidar el acto dictado subsanando el vicio de incompetencia del que adolece. Quinta.

Habida cuenta que tanto la resolución de 7 de junio de 2000, de la Directora general del Tesoro y Política Financiera, como la Orden de 8 de junio de 2000, del Ministerio de Economía, han sido dictadas por órganos de otro departamento ministerial, las actuaciones procedentes tanto para la convalidación de la citada resolución como para que la Orden de 8 de junio de 2000, de delegación de competencias, se aplique respetando las competencias que corresponden al Ministerio de Hacienda, han de llevarse a cabo a través del Subsecretario de Hacienda como órgano de relación con los demás departamentos. A tal efecto, se estima oportuno, como actuación previa, solicitar el parecer sobre la cuestión de la Secretaria general Técnica del Departamento. DEPORTES 8.

FEDERACIONES DEPORTIVAS. NATURALEZA. POSIBILIDAD DE QUE CONSTITUYAN SOCIEDADES MERCANTILES Federaciones deportivas: Naturaleza jurídica y derecho aplicable.

Régimen jurídico de la creación de sociedades mercantiles por parte de las federaciones deportivas. Propuestas de lege ferenda al respecto 1. 1.

CONSULTA FORMULADA Con fecha 26 de abril de 2000 se ha recibido en esta Dirección del Servicio Jurídico del Estado consulta de V.E. sobre el régimen jurídico de la creación de sociedades mercantiles por parte de las federaciones deportivas así como sobre las propuestas que se pudieran considerar necesarias o convenientes con rango legal o reglamentario para la perfección de dicho régimen normativo. 2.

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS A) NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA Y DESEMPEÑO DE FUNCIONES PÚBLICAS Con carácter previo a otras consideraciones procede analizar la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas, por cuanto que dicha naturaleza determinará el régimen jurídico aplicable a las mismas. La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, regula las federaciones deportivas españolas en el capítulo III del Título III, dedicado a «Las Asociaciones deportivas». Conforme al artículo 30.1 de la Ley 10/1990, «Las federaciones deportivas españolas son entidades privadas, con personalidad jurídica 1 Informe elaborado por don José Manuel Gutiérrez Delgado, Subdirector General-Jefe del Gabinete de Estudios de la Abogacía General del Estado.

8propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte», añadiendo el párrafo segundo que «Las federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración Pública». Del precepto transcrito pueden extraerse tres notas configuradoras de la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas españolas: 1. Se trata de entidades jurídico-privadas.

Como tales, se encuentran sujetas al ordenamiento jurídico privado. 2. Se trata de entidades de base asociativa, por cuanto que están integradas por un conjunto de sujetos, personas físicas o jurídicas de diversa índole, que tiene en común la práctica, promoción o contribución al desarrollo del deporte, en la modalidad deportiva propia de la respectiva federación deportiva.

3. Ejercen, sin perjuicio de su naturaleza jurídico-privada, determinadas funciones públicas de carácter administrativo, actuando en tales casos como agentes colaboradores de las Administraciones Públicas. En esta última nota reside la singularidad de las federaciones deportivas españolas, en la medida en que, siendo, como son, entidades jurídicoprivadas, por expresa atribución legal les está encomendado el ejercicio de determinadas funciones públicas de carácter administrativo, atribución que ha de conllevar, necesariamente, la existencia de correlativos controles por parte de las Administraciones Públicas por cuya cuenta ejercen funciones públicas en calidad de agentes, controles ajenos al resto de entidades jurídico privadas a las que el ordenamiento jurídico no confía el ejercicio de función pública alguna.

La exposición de motivos del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de las federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, recalca esta singular configuración legal de las federaciones deportivas, concebidas como «Asociaciones de naturaleza jurídico-privada a las que al tiempo, y explícitamente, se atribuye el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, dimensión esta última en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la Administración del Estado puede ejercer sobre ellas, y que la Ley establece en el capítulo III del Título III, con absoluto respeto de los principios de autoorganización que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos en juego». En este sentido, «además de sus actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades deportivas», el artículo 3.2 del Real Decreto 1835/1991, desarrollando el artículo 33 de la Ley 10/1990, enumera del siguiente modo las funciones que las federaciones deportivas españolas ejercerán, «bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes» : «a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales y de ámbito estatal. A estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa federativa correspondiente.

b) Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonómico para la promoción general de su modalidad deportiva en todo el territorio nacional. c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en su respectiva modalidad deportiva, así como participar en la elaboración de las listas anuales de los mismos. d) Colaborar con la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos, y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos de farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

e) Organizar o tutelar las competiciones de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado. f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la Ley del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus Estatutos y reglamentos. g) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las asociaciones y entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes.

h) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva. 4. Las federaciones deportivas españolas desempeñarán, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión que les reconoce el ordenamiento jurídico deportivo.

5. Los actos realizados por las federaciones deportivas españolas en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo son susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa.» 8B) RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Sin perjuicio de lo anterior, de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y del reglamento de las federaciones deportivas españolas, de 20 de diciembre de 1991, se pueden extraer otras notas configuradoras de su régimen jurídico: 1. Vinculación de cada federación a una modalidad deportiva: Sólo podrá existir una federación deportiva por cada modalidad deportiva, salvo las polideportivas para personas con minusvalía a que se refiere el artículo 40 de la Ley (art.

34.1 de la Ley). 2. Exigencia de estructura interna y régimen de funcionamiento democráticos: Las federaciones deportivas regularán su estructura interna y funcionamiento a través de sus estatutos, de acuerdo con principios democráticos y representativos (art.

31.1 de la Ley). Los capítulos III y IV del Real Decreto 1835/1991 regulan el contenido de sus estatutos y el régimen de sus órganos de gobierno y representación ( condición ésta que recae, necesariamente, en la Asamblea General y en el Presidente, sin perjuicio de otros órganos complementarios de gobierno y representación que puedan establecer sus estatutos). 3.

Autorización administrativa para su constitución, inscripción, y aprobación de sus estatutos: Conforme al artículo 8 del Real Decreto 1835/1991, es preciso acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes autorizando la constitución e inscripción de la federación, y aprobando sus estatutos. Todas las federaciones deportivas españolas deben estar inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas. La inscripción deberá ser autorizada por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes y tendrá carácter provisional durante el plazo de dos años (art.

34.2 de la Ley), trascurrido el cual, la Comisión Directiva autorizará la constitución e inscripción definitiva o revocará, motivadamente, la autorización (artículo 8.2 f) del Real Decreto 1835/1991). 4. Régimen patrimonial: El patrimonio de las federaciones deportivas españolas estará integrado por los bienes cuya titularidad les corresponda, enumerando el artículo 35 de la Ley, sin carácter exhaustivo, los recursos de las federaciones del siguiente modo: «a) Subvenciones que las entidades públicas puedan concederles.

b) Las donaciones, herencias, legados y premios que les sean otorgados. c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que organicen, así como los derivados de los contratos que realicen. d) Los frutos de su patrimonio.

e) Los préstamos o créditos que obtengan. f) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal o en virtud de convenio.» 5. Gestión patrimonial y presupuestaria: De especial relevancia, a los efectos del presente informe, resulta el artículo 36 de la Ley, que regula el régimen de gestión patrimonial y presupuestario de las federaciones deportivas que se transcribe más adelante.

Para concluir en este punto, ha de hacerse referencia a las funciones que el ordenamiento jurídico encomienda al Consejo Superior de Deportes en relación a las federaciones deportivas españolas, funciones que, en ocasiones, entrañan un auténtico control sobre las federaciones deportivas que se justifica, no obstante su naturaleza jurídico privada, en la relación de tutela derivada de la atribución a las federaciones de las aludidas funciones públicas de carácter administrativo . El artículo 8 de la Ley 10/1990, en la redacción dada por el artículo 109 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, enumera entre las competencias del Consejo Superior de Deportes, en lo que aquí interesa, las siguientes: «a) Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas espa- c) Acordar, con las federaciones deportivas españolas, sus objetivos, programas deportivos, en especial los del deporte de alto nivel, presupuestos y estructuras orgánicas y funcional de aquéllas suscribiendo al efecto los correspondientes convenios. Tales convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa.

d) Conceder las subvenciones económicas que procedan a las federaciones deportivas y demás entidades y asociaciones deportivas, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley. m) Autorizar los gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas en los supuestos reglamentariamente previstos, determinar el destino del patrimonio neto de aquéllas en caso de disolución, controlar las subvenciones que les hubieran otorgado y autorizar el gravamen y enajenación de sus bienes inmuebles, cuando estos hayan sido financiados total y parcialmente con fondos públicos del Estado. p) Autorizar la inscripción de las federaciones deportivas españolas en las correspondientes federaciones deportivas de carácter internacional.

8q) Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con otros organismos públicos con competencias en ello y con las federaciones, especialmente relacionadas con aquéllos. r) Velar por la efectiva aplicación de la Ley y demás normas que la desarrollan ejercitando al efecto las acciones que procedan así como cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados en la presente norma». 3.

POSIBILIDAD DE QUE UNA FEDERACIÓN DEPORTIVA CREE UNA SOCIEDAD MERCANTIL Ya hemos visto que las federaciones deportivas tienen una naturaleza jurídica privada, sin perjuicio de que desarrollen determinadas funciones públicas. Debido a esta naturaleza no se verían sometidas a las limitaciones que la LOFAGE (Ley 6/1997, de 14 de abril) establece para la creación de las sociedades estatales por parte de la Administración. Tendrían, por tanto, libertad, en principio y sin perjuicio de las limitaciones que luego se dirá, las federaciones deportivas para crear sociedades mercantiles en general.

Esta constitución se ajustaría a las normas generales del ordenamiento mercantil. Ahora bien, siempre debería tenerse en cuenta la limitación que establece la disposición adicional duodécima de la LOGAFE que prohíbe atribuir facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública a las sociedades mercantiles estatales. Prohibición que, entendemos, es perfectamente trasladable con mayor motivo aún, a aquellas sociedades mercantiles que no sólo no son estatales sino que pertenecen a una entidad privada, como son las federaciones deportivas que ejercen determinadas funciones públicas.

De ello se deduce que, como también trataremos con más extensión más adelante, en ningún caso podrán atribuirse a estas sociedades actividades o funciones de las que las federaciones deportivas realicen por atribución de la norma. 4. LIMITACIONES EN LA CREACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES POR PARTE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS A) EL ÁMBITO DE FUNCIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NO ES ILIMITADO Ya hemos analizado la posibilidad genérica de que las federaciones deportivas creen sociedades anónimas mercantiles.

Pero ahora nos toca estudiar las limitaciones que se derivan de la Ley del Deporte para la creación de dichas sociedades. En primer lugar, las federaciones deportivas no disponen de un ámbito de funciones absolutamente abierto sino que éste viene delimitado con claridad en el artículo 33 de la Ley del Deporte (art. desarrollado por el art.

3 del Real Decreto de Federaciones Deportivas y Registro de Asociaciones Deportivas), que dice lo siguiente: «1. Las federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones: a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal. b) Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonómico para la promoción general de su modalidad deportiva en todo el territorio nacional.

c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en su respectiva modalidad deportiva. d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos, y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte. e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado.

f) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las asociaciones y entidades deportivas en la forma que reglamentariamente se determine. 2. Las federaciones deportivas españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional.

A estos efectos será competencia de cada federación la elección de los deportistas que han de integrar las selecciones nacionales.» B) LÍMITES ESPECÍFICOS EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD Junto a estas funciones que se delimitan específicamente en la Ley del Deporte para las federaciones deportivas, al regular su régimen de administración y gestión de su presupuesto y patrimonio, se establecen también unas reglas específicas que deben cumplirse en todo caso, y así el artículo 36 de la Ley del Deporte se expresa de la siguiente forma: «1. Las federaciones deportivas españolas no podrán aprobar presupuestos deficitarios. Excepcionalmente el Consejo Superior de Deportes podrá autorizar el carácter deficitario de tales presupuestos.

2. Las federaciones deportivas españolas tienen su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y patrimonio, siéndoles de aplicación, en todo caso, las siguientes reglas: 8a) Pueden promover y organizar actividades y competiciones deportivas dirigidas al público, debiendo aplicar los beneficios económicos, si los hubiere, al desarrollo de su objeto social. b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que dichos negocios jurídicos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la entidad o su objeto social.

c) Pueden ejercer, complementariamente, actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios y destinar sus bienes y recursos a los mismos objetivos deportivos, pero en ningún caso podrán repartir beneficios entre sus miembros. d) No podrán comprometer gastos de carácter plurianual sin autorización del Consejo Superior de Deportes, cuando la naturaleza del gasto, o el porcentaje del mismo en relación con su presupuesto, vulnere los criterios establecidos reglamentariamente. e) Deberán someterse anualmente a auditorías financieras y, en su caso, de gestión, así como a informes de revisión limitada, sobre la totalidad de los gastos.

Estas actuaciones podrán ser encargadas y sufragadas por el Consejo Superior de Deportes». De este artículo 36 interesa destacar su aparado c) que es el que habilita a las federaciones deportivas a realizar actividades distintas a las que serían las propias y específicas a sus características. Así, este apartado habilita para realizar actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios.

Estas actividades podrán desempeñarse a través de una de las formas características, por no decir la más característica, para desempeñar las actividades mercantiles que es la creación de sociedades, tal y como hemos visto anteriormente. Antes de comenzar a analizar los límites que la Ley impone a la creación de sociedades para desempeñar actividades, deberá deslindarse un concepto previo. Hay que distinguir el supuesto en el que una federación participa en una sociedad de manera que a través de ella esté ejerciendo una actividad, de aquellos otros en los cuales una federación participa en una sociedad pero a mero título de inversión financiera, sin que pueda entenderse que está desarrollando una actividad a través de ella.

La respuesta a este deslinde tendrá que venir dada por criterios tales como el porcentaje de participación en el capital social, la participación de la federación en los órganos de gobierno de las sociedades o incluso el tamaño de la propia sociedad (el 15 por 100 del capital de una gran sociedad que cotiza en bolsa puede ser bastante para controlarla mientras que este porcentaje puede ser claramente insuficiente para este fin si se trata de una pequeña sociedad con dos o tres socios). La Ley del Deporte no nos proporciona una respuesta exacta a esta cuestión y, por ello, en el apartado dedicado a las propuestas normativas se sugiere alguna fórmula para desarrollar reglamentariamente este aspecto. A falta de dicho desarrollo no quedará otra solución más que acudir a criterios de analogía aplicando de esta forma las normas sobre la consideración de grupos de sociedades, consolidación de balances o toma del control de sociedades que pertenecieron al sector público.

El primer límite claro que introduce este artículo 36 al desempeño de estas actividades es el de que tengan el carácter de «complementarias». No cabe, por tanto, que las federaciones deportivas desarrollen actividades mercantiles que no tengan el carácter de complementarias a las que son sus funciones típicas y características. Y, por tanto, tampoco podrán constituir sociedades mercantiles que tengan por objeto social actividades que no tengan este carácter de complementarias a los objetivos básicos marcados por la Ley a una federación deportiva; pues estas sociedades no son más que instrumentos para el desarrollo de las actividades complementarias que la legislación permite.

El diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, entiende por complementar «dar complemento a una cosa», definiendo complemento, en las acepciones que aquí nos interesan como «cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra cosa para hacerla íntegra o perfecta», «integridad, perfección, plenitud a que llega alguna cosa». Por tanto, estas actividades deben moverse en el campo de perfeccionar las que son funciones principales de las federaciones deportivas pero sin abordar nuevos campos de funciones o nuevas actividades. Debe haber, por tanto, siempre una relación o vinculación entre las funciones propias de la federación deportiva y las actividades mercantiles que pretendan desarrollarse; deben trabajar en la misma línea y completar o perfeccionar las segundas a las primeras sin que puedan tener una vida o finalidad autónoma y diferenciada.

Del propio apartado 2.c) que analizamos se desprende otra clara limitación. Así las actividades que realicen las federaciones deportivas a través de sociedades mercantiles, si reportaran beneficios, deberán reinvertirse en las propias finalidades de las federaciones dado que dicho apartado impide el reparto de beneficios entre los miembros de la federación. Pero además, la Ley del Deporte impone otras limitaciones en el artículo 36 que acabamos de transcribir, que no se refieren sólo a la finalidad pero que deben ser tenidas igualmente en cuenta a la hora de valorar la conformidad al ordenamiento de esas posibles actividades que desplieguen las federaciones deportivas a través de sociedades mercantiles.

Así, el apartado 1 no permite a las federaciones aprobar presupuestos deficitarios. De ello se deduce que tampoco podrían mantenerse unos presupuestos equilibrados a costa de trasvasar ese déficit a sociedades mercantiles pues no sería más que una manera de burlar la norma con un cumplimiento meramente formal o literal. 8Igualmente les afectará la limitación prevista en el apartado 2.b) del artículo 36 respecto a las posibilidades de disposición de sus bienes inmuebles y a las posibilidades de tomar dinero a préstamo y emitir deuda que no quedarán soslayadas por el hecho de se hagan a través de una sociedad mercantil instrumental.

Tampoco podrán, a través de la creación de sociedades mercantiles, comprometer gastos de carácter plurianual sin autorización del Consejo Superior de Deportes, según los criterios establecidos reglamentariamente, pues ello vaciaría la limitación puesta en el apartado 2.d). Por último, y en lo que se refiere a la limitación prevista en el apartado 2.e) del artículo 36, será la federación la que según este artículo deba someterse anualmente a auditoría financiera y, en su caso, de gestión, debiendo incluirse en ella, como es lógico, los datos derivados de la existencia de una sociedad mercantil pues de lo contrario quedaría esta parte del patrimonio «opaca» a la supervisión administrativa. Ahora bien, a la hora de ponderar estos límites que se deducen de los apartados 1, 2.b, 2.d y 2.e, del artículo 36 de la Ley del Deporte, no puede olvidarse que en la Ley estos se encuentran referidos a las federaciones y que serán casi directamente traspasables a las sociedades que estas creen si lo son al 100 por 100 de su propiedad, debiendo introducirse una mayor ponderación a medida que el porcentaje de propiedad de la federación en la sociedad se reduzca.

Lo que no puede aceptarse, en ningún caso, sería que la creación de una sociedad instrumental fuera la manera de evitar todas las limitaciones patrimoniales y presupuestarias que la Ley del Deporte impone a las federaciones, pues ello sería tanto como consagrar el fraude de ley. Como cierre al apartado que aquí nos ocupa, debe decirse, como apuntábamos en el apartado anterior, que en ningún caso esas sociedades mercantiles podrán desempeñar las funciones de naturaleza administrativa que se atribuyen a las federaciones deportivas (en este sentido art. 1.1 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre) y que tienen su desarrollo exhaustivo en el artículo 33 de la Ley del Deporte y en el artículo 3.1 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas (modificado por Real Decreto 1252/1999, de 16 de julio).

5. CONSECUENCIAS DE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DE LAS REFERIDAS LIMITACIONES A LA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS POR LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS Procede, a continuación, examinar qué consecuencias jurídicas llevaría aparejado un hipotético incumplimiento, por parte de las federaciones deportivas españolas, de los límites a la libre constitución de sociedades anónimas a los que se ha aludido en el apartado anterior de este informe. Con carácter general conviene recordar que el artículo 8.r) de la Ley 10/1990, en la redacción dada por el artículo 109 de la Ley 50/1998, atribuye al Consejo Superior de Deportes la competencia de «velar por la efectiva aplicación de esta Ley y de las demás normas que la desarrollen ejercitando al efecto las acciones que procedan así como cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados en la presente norma».

En ejercicio de dicha competencia, pueden considerarse, desde un punto de vista teórico, las siguientes actuaciones: A) EJERCICIO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE UNA ACCIÓN DECLARATIVA CIVIL, TENDENTE A LA OBTENCIÓN DE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INCUMPLIMIENTO POR LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA LEY 10/1990 Y EN SUS NORMAS DE DESARROLLO, EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CORRESPONDIENTE SOCIEDAD MERCANTIL. Esta opción resulta claramente incierta tanto en cuanto a su planteamiento como en cuanto a su resultado. Efectivamente, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, y conforme a lo ya expresado en el presente informe, que en principio asiste a las federaciones deportivas un legítimo derecho a constituir sociedades anónimas, sin que sean admisibles genéricas prohibiciones al respecto por parte de la Administración Pública; y, en segundo lugar, que como entidades jurídico-privadas, las federaciones deportivas se habrían de ajustar, en orden a la constitución de sociedades mercantiles, a las normas generales de derecho privado, concretamente a la normativa general en materia de sociedades anónimas del derecho mercantil.

Respetando esta normativa, difícilmente puede obtenerse un pronunciamiento judicial, ante la jurisdicción civil, declarativo del incumplimiento de unos requisitos especiales, establecidos en la normativa sectorial en materia de deportes, y derivados de la relación de tutela que la atribución de funciones públicas en favor de la federaciones deportivas hace nacer en favor de la Administración Pública. Es más, resulta, incluso, discutible, desde el punto de vista competencial, que la jurisdicción civil entrase a valorar supuestos incumplimientos de exigencias o requisitos derivados de una relación administrativa de tutela. Pero además, y aun en el hipotético caso de que el incumplimiento llegase a ser acreditado en vía judicial civil, la consecuencia no podría ser 8la desaparición de la sociedad mercantil a la que se refiriesen los incumplimientos en cuestión, es decir, que no cabe razonablemente esperar un fallo judicial que ordenase la extinción de la sociedad mercantil en cuestión, pues, a lo sumo, la consecuencia de la declaración del incumplimiento sería la obligación de la sociedad de ajustar su comportamiento a derecho en la concreta ocasión sometida a consideración del juez.

Por todo lo anterior, la opción de ejercicio de acciones declarativas civiles, debe, a juicio de esta Dirección del Servicio Jurídico del Estado, descartarse. B) EJERCICIO DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA Esta opción se considera más plausible que la anterior, si bien procede analizar si la normativa vigente ofrece en el presente momento mecanismos que permitan sancionar estos hipotéticos incumplimientos por parte de las federaciones deportivas, en la constitución o funcionamiento de sociedades anónimas dedicadas a actividades distintas a las deportivas, o si, por el contrario, dicha normativa resulta insuficiente a estos efectos, siendo necesaria, de lege ferenda, una modificación del régimen sancionador para dar cabida en él a estos supuestos. El Título XI de la Ley 10/1990 tiene por objeto la regulación de « La disciplina deportiva».

Su artículo 73 distingue entre infracciones de reglas de juego o competición e infracciones a las normas generales deportivas reguladas en la propia Ley, en sus disposiciones de desarrollo, y en las estatutarias y reglamentarias de clubes deportivos, ligas profesionales y federaciones deportivas españolas. En orden a la competencia sancionadora, corresponde al Comité Español de Disciplina Deportiva el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los clubes, federaciones deportivas españolas, ligas profesionales y sus directivos o administradores [art. 74.2.e)].