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El señor XYZ, como Abogado en ejercicio que es, se encuentra incluido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, por lo que, de conformidad con la disposición transitoria quinta 3, podrá solicitar, a partir del 10 de noviembre de 2000, la afiliación o el alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, adquiriendo desde entonces el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Quinta. La solicitud de don XYZ deberá tramitarse como un derecho de petición, al amparo de la Ley de 22 de diciembre de 1960.

CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN 4. CONTRATACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Inclusión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el ámbito de aplicación subjetiva de la LCAP. Ilegalidad de la cláusula del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de suministros que prevé la posibilidad de adjudicar el contrato «a uno o varios licitadores», sin haberse dividido previamente en lotes el objeto del contrato 1.

ANTECEDENTES 1. La cláusula 11.ª, punto 1, del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de suministros por concurso público y procedimiento abierto (concursos 5 a 9/2000) de la UNED establece lo siguiente: «La Mesa de Contratación propondrá la adjudicación del concurso a uno o varios licitadores, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 10.ª, o bien, podrá proponer que se declare desierto el con- Asimismo, la Mesa de Contratación podrá proponer que la adjudicación recaiga en la proporción (en algunos pliegos dice proposición) correspondiente sin superar el tipo de licitación». 2.

En las propuestas de adjudicación de los contratos de suministros 5, 8 y 9/2000 la Mesa de Contratación propuso la adjudicación a dos licitadores, al amparo de la citada cláusula. En los restantes se adjudicó a un único licitador. 3.

La Abogada del Estado adscrita a la Asesoría Jurídica de la UNED manifestó su disconformidad con la propuesta de adjudicación de los contratos correspondientes a los concursos públicos 5, 8 y 9/2000 porque, a su juicio, la adjudicación debía recaer en un único licitador y se * Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de 10 de abril de 2000 (ref. : A.G. Entes Públicos 5/00). Ponentes: Marta Pastor López y José Luis Llorente Bragulat.

4comprometió a solicitar informe a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, dado que el pliego de cláusulas administrativas particulares más arriba reseñado había sido informado favorablemente en su día (17 de julio de 1997) por la propia Asesoría Jurídica. 4. En cumplimiento del aludido compromiso, la Abogada del Estado adscrita a la Asesoría Jurídica de la UNED solicita de esta Dirección que emita dictamen «acerca de si la cláusula del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación de suministros que prevé que la adjudicación pueda recaer en uno o varios licitadores en la proporción correspondiente sin superar el tipo de licitación se acomoda a las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que disponen que el objeto del contrato ha de ser determinado y que si admite fraccionamiento podrá proveerse el mismo mediante su división en lotes, y de no ser así, si el resultado pretendido por la UNED puede ser adecuadamente obtenido aplicando otra fórmula que tenga perfecto encaje en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».

Se acompañan al referido escrito de consulta los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigieron la contratación de los suministros de material de oficina (5/2000), de papel de fotocopiadora (6/2000), de material impreso de oficina (7/2000), de sobres impresos (8/2000) y de material informático consumible (9/2000); asimismo, se han aportado copias de las actas de las sesiones de la Mesa de Contratación referentes a los citados contratos de suministros y un escrito elaborado por la Jefe del Servicio de Infraestructura de la UNED donde se exponen los criterios por los que dicha Universidad considera que la forma de adjudicación de los contratos que viene aplicando es la «más acorde con las necesidades de gestión». FUNDAMENTOS JURÍDICOS I. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares que acompañan al escrito de consulta establecen en la cláusula 1.ª1 lo siguiente: «1.ª RÉGIMEN JURÍDICO 1.1 El presente contrato de suministros se regirá: – Por las cláusulas contenidas en este pliego de bases y por lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas.

– Por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. – Y por las demás disposiciones que sean de general aplicación». A la vista de la citada cláusula, el examen de la cuestión consultada exige determinar, ante todo, si la UNED está o no sometida a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi- cas (LCAP), en virtud de sus propios preceptos, y no sólo por la remisión que a la misma hace la cláusula en cuestión.

Es importante esta precisión, porque si se considerase que la aplicación de la LCAP deriva solamente de la aludida remisión, cabría asimismo entender que, en caso de divergencia entre el pliego y la LCAP, prevalecería aquél (designado en primer lugar en la reiterada cláusula) sobre la propia Ley (mencionada en segundo término). Por consiguiente, la prevalencia de la LCAP sobre el reiterado pliego (al existir divergencia entre ambos, como después se verá) dependerá de que aquélla sea de aplicación directa a la UNED en virtud de los preceptos de la propia Ley. Partiendo de este planteamiento, debe acudirse al artículo 1 de la LCAP que, bajo el rótulo «ámbito de aplicación subjetiva», dispone lo siguiente: «1.

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se ajustarán a las prescripciones de la presente Ley. 2. Se entiende por Administraciones Públicas a los efectos de esta Ley: a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las entidades que integran la Administración Local. 3.

Deberán asimismo ajustar su actividad contractual a la presente Ley los organismos autónomos, en todo caso, y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, siempre que en aquéllas se den los siguientes requisitos: a) Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por las Administraciones Públicas y otras entidades de derecho público. 4.

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera». Dado que la UNED no se encuentra incluida en ninguno de los supuestos que enumera el apartado 2 del artículo transcrito, será necesario determinar si es susceptible de ser encuadrada en el apartado 3 del mismo artículo. La primera cuestión que debe examinarse a este respecto es la de si la UNED es –como requiere el primer párrafo del artículo 1.3 de la LCAP– 4una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculada o dependiente de una Administración Pública y, más concretamente, de la Administración General del Estado.

Esta cuestión fue ya abordada por esta Dirección en un informe de 12 de abril de 1999 (ref. : AEH Intervención General 1/99) en el que se formularon las siguientes consideraciones sobre el particular: «El artículo 1 de los Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, dispone que “la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una institución de Derecho Público, dotada de personalidad y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley”. Si el carácter de entidad de Derecho Público que ostenta la UNED no plantea especial cuestión, a la vista del precepto que acaba de transcribirse, su posible configuración como entidad vinculada o dependiente de la Administración del Estado suscita cierta reflexión.

El artículo 27.10 de la Constitución sanciona la autonomía de las Universidades, lo que tiene por consecuencia, según el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LORU), que corresponda a las respectivas Universidades la elaboración de sus Estatutos, la elección y remoción de sus órganos de gobierno, la elaboración y aprobación de sus presupuestos, la elaboración y aprobación de los planes de estudio y la expedición de sus títulos o diplomas. El principio de autonomía de las Universidades y las consecuencias a que, según el artículo 3.2 de la LORU, da lugar permitirían entender, “prima facie”, que la UNED no es una entidad vinculada o dependiente de la Administración del Estado, pues las facultades que el citado precepto legal atribuye a las Universidades no se compadecen bien con el concepto de entidad pública vinculada o dependiente de la mencionada Administración. Ahora bien, debe reconocerse, con carácter general, que la autonomía de las Universidades, aun siendo intensa, no puede considerarse como absoluta, como lo prueba la circunstancia de que correspondan a la respectiva Administración educativa de cobertura (Estado o Comunidades Autónomas) importantes facultades en relación con las Universidades, como son las relativas a la creación y reconocimiento de Universidades, creación y supresión de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias, aprobación de los Estatutos y adscripción de centros privados, a lo que en el caso específico de la UNED debe añadirse, por razón de sus peculiares características –ámbito y forma en que imparte la enseñanza–, su vinculación a la Administración del Estado, que expresamente reconoce la disposición adicional primera de la LORU, según la cual “respecto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en atención a sus especiales características, las Cortes Generales y el Gobierno asumen las competencias que la presente Ley atribuye respectivamente a la asamblea legislativa y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas”.

A todo lo anterior puede añadirse, en el aspecto económico-financiero, el importante dato de que los presupuestos anuales de la UNED incluyen siempre una partida de ingresos constituida por la “subvención global fijada anualmente por el Estado” [cfr. art. 110.a) de los Estatutos de la UNED]».

En virtud de las consideraciones transcritas se dijo en el informe citado –y se reitera en el presente– que, en opinión de este Centro, cabe entender que la UNED es una entidad de derecho público vinculada a la Administración del Estado. En relación con el requisito exigido en la letra a) del artículo 1.3 de la LCAP (que alude a las entidades «que no hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil»), es indudable que concurre en la UNED, dado que esta entidad no fue creada para satisfacer necesidades de carácter industrial o mercantil, sino de carácter educativo y social, como lo es fundamentalmente, y entre otras funciones que pueden considerarse complementarias, la de «facilitar preferentemente el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas que, estando capacitadas para seguir estudios superiores, no pueden frecuentar las aulas universitarias por razones laborales, económicas, de residencia o cualquiera otras de similar consideración» [cfr. art.

3.ºa) de los Estatutos de la UNED]. Por lo que respecta a los requisitos previstos en la letra b) del artículo 1.3 de la LCAP con carácter alternativo (basta con que se dé uno de ellos para entender cumplido este apartado, como claramente resulta de la redacción del mismo), conviene examinarlos sucesivamente: 1) Que la actividad de la entidad de que se trate esté «mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas u otras entidades de derecho público». En el presupuesto de ingresos de la UNED para 2000 figuran subvenciones de la Administración del Estado (se prescinde de las de otras Administraciones Públicas por su escasa importancia) que ascienden a 6.739.959.000 ptas., cantidad inferior a la mitad de los ingresos totales de aquella entidad.

Sin embargo, debe advertirse que un sector autorizado de la doctrina considera que en la financiación pública debe entenderse comprendida también, a efectos del artículo 1.3.b) LCAP, la «procedente de la gestión de tasas y precios públicos». Aplicando este criterio, basado en evidentes razones de analogía, a la UNED resulta que la suma de la subvención estatal antes citada y la cantidad presupuestada por el concepto de precios públicos (10.721.000.000 de ptas.) arroja la cifra de 17.460.959.000 ptas., muy superior al 50 por 100 del presupuesto total de ingresos de la reiterada Universidad (21.677.290.000 ptas.).

En consecuencia, puede afirmarse que la UNED reúne el requisito de financiación mayoritariamente pública exigida por el precepto y apartado en cuestión. 2) Que se trate de entidades «cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas» (Administraciones Públicas u otras entidades de derecho público). En un sentido amplio cabe entender comprendidos en el concepto de control de la gestión los actos de intervención de la Administración 4Pública competente en cada caso (la del Estado en el caso de la UNED, conforme resulta de la más arriba transcrita disposición adicional primera –apartado 1– de la LORU) en diversos e importantes aspectos de las actividades de las Universidades Públicas, entre las que figura la UNED.

En este sentido pueden citarse, a título de ejemplo, los supuestos de intervención de las Administraciones Públicas territoriales contemplados en los siguientes artículos de la LORU (las competencias que en algunos de ellos se atribuyen al Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma corresponden, en el caso de la UNED, al Gobierno de la Nación, según resulta de la reiterada disposición adicional primera): – Artículo 5, apartados 3 y 4: Determinación por el Gobierno de las exigencias materiales y de personal mínimos para la ampliación del número de centros universitarios en las Universidades ya existentes. – Artículo 8.4: Creación, modificación y supresión de Departamentos de acuerdo con las normas básicas aprobadas por el Gobierno. – Artículo 9.2: Creación y supresión de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias (competencia del Gobierno en el caso de la UNED).

– Artículo 12.1: Aprobación (por el Gobierno, en el caso de la UNED) de los Estatutos elaborados por la Universidad. – Artículo 26.1: Establecimiento por el Gobierno de los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios. – Artículo 28.1: Establecimiento por el Gobierno de los títulos oficiales, así como de directrices generales los planes de estudio que deban cursarse para su obtención y homologación.

–Artículo 46.1: Fijación por el Gobierno del régimen retributivo del profesorado universitario, que tendrá carácter uniforme en todas las Universidades. – Artículo 54.3.b): Fijación de las tasas académicas de los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales. – Artículo 54.4: Autorización (por el Gobierno, en el caso de la UNED) de los costes del personal docente y no docente.

3) Nombramiento por las Administraciones Públicas u otras entidades de derecho público de la mayoría de los miembros de los órganos de administración, de dirección o de vigilancia de la entidad en cuestión. Este requisito no se cumple en la UNED, dado que el Rector de la misma es nombrado por el Claustro (art. 34 de los Estatutos) y ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno de la UNED es designado por el Gobierno u otro órgano de una Administración Pública.

Sin embargo, como se advertía anteriormente, basta con que se dé alguno de los requisi- tos alternativos que recoge el artículo 1.3.b) (junto al resto de los requisitos del indicado precepto) para que la UNED quede comprendida en el ámbito de la LCAP. Como resumen de lo expuesto hasta el momento puede afirmarse que la UNED es encuadrable en el artículo 1.3 de la LCAP y se halla sometida, por tanto, a los preceptos de dicha Ley, al ser una entidad de derecho público vinculada a la Administración del Estado, que cumple el requisito previsto en la letra a) de aquel precepto y cabe entender que reúne los dos primeros requisitos de los señalados alternativamente bajo la letra b) del mismo precepto. Debe añadirse que existen otros argumentos que confirman la conclusión anterior, y que serían de aplicación no solamente a la UNED, sino a todas las Universidades públicas.

Dichos argumentos son los siguientes: a) La disposición adicional 12 de la LCAP (introducida por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre) al establecer, bajo el rótulo «clasificación exigible por las Universidades públicas», lo siguiente: «A efectos del apartado 3 del artículo 29, para los contratos que celebren las Universidades públicas que tengan su sede en territorio de una Comunidad Autónoma surtirán efecto los acuerdos de clasificación y revisión de clasificaciones adoptados por los correspondientes órganos de la Comunidad Autónoma respectiva». Es evidente que al establecer esta regla, aplicable –sin distinguir clases ni cuantías– a los contratos que celebren las Universidades públicas, el legislador ha partido del supuesto de que dichas entidades están plenamente sometidas a la LCAP. b) La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 1/96, de 7 de marzo, estima que la LCAP es aplicable a las Universidades públicas.

Aunque el citado informe se refiere específicamente a la Universidad de las Islas Baleares, en el punto 2 de las «Consideraciones» parte de la afirmación general de que «las Universidades Públicas, como organismos de derecho público que no tienen carácter mercantil e industrial, han quedado sujetas a todos los preceptos de la Ley 13/1995, … por prescripción expresa de su artículo 1, que no hace sino incorporar en este punto la normativa comunitaria sobre contratación pública a la que igualmente deben entenderse sujetas, como poderes adjudicadores, las Universidades públicas». c) En relación con el Derecho comunitario, se estima pertinente citar la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 18 de marzo de 1992 (Asunto C-24/91), que declaró que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva 71/305/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (y, en especial, de sus arts. 9 y 12 al 15), al haber decidido el Rectorado de la Universidad Com- 4plutense de Madrid adjudicar por contratación directa ciertas obras.

Prescindiendo de la norma comunitaria concretamente aplicada en el caso y de la naturaleza del contrato a que el mismo se refería, es indudable que la sentencia citada constituye un argumento significativo en favor del sometimiento de las Universidades públicas españolas (y, por tanto, de la UNED, que tiene tal carácter) al Derecho comunitario europeo sobre contratación pública que, a su vez ha sido incorporado a nuestro ordenamiento por la LCAP. Todas las consideraciones precedentes conducen a concluir que la UNED se encuentra sometida a la LCAP por virtud de los mismos preceptos de ésta, y, en consecuencia, sus disposiciones deben prevalecer, en caso de divergencia, sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares. II.

Establecida la anterior conclusión, y antes de entrar a examinar la cláusula del pliego de cláusulas administrativas particulares a que se refiere la consulta, se considera oportuno advertir que, dados los términos de la misma, se entiende que interesa conocer el criterio de este centro a efectos de la futura contratación de suministros por la UNED, sin que se pretenda revisar los contratos de suministros ya celebrados y en fase actualmente de ejecución. Hecha la anterior advertencia, procede examinar, en primer lugar, si el objeto de un contrato administrativo puede ser fraccionado y, en su caso, qué procedimiento debería utilizar la Administración a tal efecto. Una vez que se examine esta cuestión en la vigente LCAP, se determinará si la cláusula 11.ª del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que rigen los suministros de la UNED se acomoda o no a aquel texto legal.

La regla general en la contratación administrativa es que a cada contrato le debe preceder un expediente y que cada expediente debe abarcar la totalidad del objeto del contrato. El artículo 69 de la LCAP, modificado en su apartado 3 por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, dispone lo siguiente: «1. El expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello.

2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda. 3.

Cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente en el expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto». Del artículo transcrito se desprende que aunque la regla general es que el contrato debe abarcar la totalidad de su objeto, será posible su fraccionamiento, siempre que éste no tenga por finalidad eludir los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación y que se justifique debidamente en el expediente. Por otra parte, para que el fraccionamiento sea admisible, las partes del objeto del contrato (dividido en lotes) deberán ser susceptibles de utilización o aprovechamiento separado.

Cabe añadir que en relación con el contrato de obras, la división por lotes está regulada concretamente en el artículo 136 de la LCAP. Ahora bien, esta posibilidad de fraccionamiento del objeto del contrato está sujeta, como se ha visto, a ciertas reglas y, por ello, no implica que el órgano de contratación pueda dividir la prestación del contrato a su libre albedrío y en el momento que tenga por conveniente. A este respecto conviene destacar que en el sistema de la LCAP el presupuesto del contrato determina extremos tan importantes como si es necesaria o no la clasificación del contratista (en los supuestos del art.

25 de la LCAP), el importe de las garantías a prestar (cfr. arts. 36 y 37), el régimen de publicidad (cfr.

arts. 135, 136, 140.2, 178, 182.2, 204 y 210.2) y el procedimiento de adjudicación [cfr. arts.

141.g), 160.d) y 183.i)]. El presupuesto de cada contrato condiciona, pues, el contenido y los trámites del expediente de contratación. Por ello, en las denominadas actuaciones preparatorias del contrato debe conocerse el objeto del contrato y el presupuesto de que se dispone para su celebración.

Si la Administración que va a contratar estima que procede la división del objeto del contrato en lotes que serían susceptibles de adjudicación por separado, no sólo deberá justificar aquel criterio, sino que deberá hacerlo constar al inicio del expediente administrativo para poder determinar el importe de las garantías, la clasificación (en su caso), la publicidad y procedimiento de adjudicación y las obligaciones de las partes contratantes. Cada lote constituirá un contrato aunque, por razones de economía y eficacia, se tramiten simultáneamente los expedientes de varios contratos. En la redacción de la LCAP anterior a la Ley 53/1999 incluso se preveía, en el segundo párrafo del artículo 69.3, que «si el contenido de las diferentes partes fuera sustancialmente idéntico, podrá celebrarse un solo contrato para la adjudicación de las mismas».

Dicho párrafo (que no era muy afortunado al emplear el término «contrato») permitía, por tanto, que en un solo documento se formalizase la adjudicación de los diversos lotes. Pues bien, aparte de que el párrafo transcrito ha sido suprimido por la Ley 53/1999, el fraccionamiento del objeto del contrato debía y debe venir determinada desde el inicio del contrato. Buena prueba de ello es que el artículo 69 de la LCAP, relativo precisamente al fraccionamiento del objeto de los contratos, se encuadra en el capítulo dedicado a las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos.

Debe añadirse que el pliego de cláusulas administrativas particulares debe contener, a tenor del 4artículo 50 de la LCAP, los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que asumirán las partes. El pliego debe concretar, en definitiva, en qué consiste la prestación que deberá realizar el adjudicatario. Esta definición no resulta compatible con la indeterminación de las prestaciones que supone el que en el pliego no se concrete si el objeto del contrato va a dividirse o no.

Difícilmente podrán saber los posibles destinatarios de la licitación el contenido efectivo del contrato si en el pliego que regirá éste no se especifica con claridad si su objeto va a ser dividido o no y, en su caso, en cuántos lotes. Por otra parte, es lógico pensar que los ofertantes necesitan conocer, antes de presentar sus propuestas, el «quantum» aproximado del contrato para poder fijar su oferta en las condiciones que estimen más adecuadas. Además, debe tenerse en cuenta que no es función de la Mesa de Contratación determinar si procede o no el fraccionamiento del objeto del contrato y en cuántas partes debe dividirse, sino que esta función sería propia del órgano de contratación.

III. Admitida la posibilidad de dividir, con determinados requisitos, el objeto de un contrato, debe examinarse si el procedimiento que viene utilizando la UNED en la contratación de suministros se adecua a lo previsto en la LCAP. Como ya se indicó en los antecedentes de este informe, la cláusula 11.ª1 del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de suministros en la UNED dispone lo siguiente: «La Mesa de Contratación propondrá la adjudicación del concurso a uno o varios licitadores, conforme a los criterios establecidos en la cláusula 10.ª, o bien, podrá proponer que se declare desierto el con- Asimismo, la Mesa de Contratación podrá proponer que la adjudicación recaiga en la proposición (en algunos pliegos dice proporción) correspondiente sin superar el tipo de licitación».

Por su parte, la cláusula 10.ª del mismo pliego es del siguiente «Los criterios que la Mesa tendrá en consideración para formular su propuesta serán los siguientes, por orden decreciente de importancia. A. Precio ofertado ................................................. 70 por 100 B. Calidad de los suministros a entregar ............... 20 por 100 C. Plazo de entrega ............................................... 10 por 100 La Mesa de Contratación efectuará su propuesta en favor de aquellas empresas cuya proposición estime más ventajosa en aplicación de los criterios anteriormente indicados». Este centro directivo coincide, en lo sustancial, con el criterio expuesto por la Asesoría Jurídica de la UNED en el sentido de cuestionar el encaje de las citadas cláusulas en el sistema de la LCAP.

Si bien en los pliegos que acompañan al escrito de consulta no se exige a los licitadores la prestación de garantía provisional, al amparo de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36.1 de la LCAP (redactado por la Ley 53/1999), ni clasificación de los ofertantes, por no ser exigible legalmente en estos casos (y, en consecuencia, el presupuesto del contrato no es esencial a efectos de garantías y clasificación), no se considera admisible la forma de fraccionamiento del objeto de los contratos que utiliza la UNED en los supuestos a que se refiere la consulta. El artículo 69.3 de la LCAP contempla, como se ha visto anteriormente, la posibilidad de fraccionar el objeto de los contratos mediante su división en lotes, pero no determina expresamente el momento en que debe acordarse el fraccionamiento. Sin embargo, esta omisión no puede justificar, en opinión de este centro, que se difiera hasta el momento de la adjudicación la decisión de fraccionar o no el objeto del contrato.

Como se ha visto en el fundamento jurídico precedente, la decisión de fraccionar un contrato debería figurar al inicio del expediente, puesto que es una circunstancia que condiciona o puede condicionar diversos aspectos de la contratación (clasificación, garantías, publicidad, procedimiento de adjudicación) y porque es una competencia del órgano de contratación que éste habría de ejercer en la fase preparatoria del contrato. Debe reiterarse que el artículo 69.1 de la LCAP proclama un principio general que consiste en la unidad o totalidad del objeto del contrato y que este principio general admite como excepción el fraccionamiento, siempre que se justifique debidamente y que las partes que constituyan los lotes en que se divida el objeto contractual «sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto» (art. 69.3).

En consecuencia, procederá la división del objeto del contrato por el órgano de contratación cuando éste estime que existen razones para su fraccionamiento (y siempre que aquel objeto admita la divisibilidad), pero lo que no parece posible es que el órgano de contratación admita, al mismo tiempo, la indivisión y la división del objeto del contrato, porque la segunda posibilidad sólo será admisible si está justificada y, en consecuencia, es anómalo que se pretenda justificar la necesidad de fraccionar el contrato dejando para el momento de la adjudicación la decisión sobre su efectivo fraccionamiento. Por otra parte, puede resultar arbitrario que –según indica la reiterada cláusula 11.ª1 del pliego en cuestión– la Mesa de Contratación decida si el contrato se adjudicará a uno o a varios licitadores «conforme a los criterios establecidos en la cláusula 10.ª …», dado que esta última cláusula contiene unos criterios para valorar las proposiciones, pero no para decidir cómo debe dividirse el contrato. En consecuencia, la decisión de la 4Mesa sobre la adjudicación del contrato a uno o a varios licitadores, además de vulnerar el artículo 69.3 de la LCAP, puede conducir a decisiones arbitrarias, en la medida en que la Mesa de Contratación, sin criterio predeterminado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, decide sobre el número de adjudicatarios y sobre la proporción del contrato que corresponda a cada uno de ellos.

La ausencia de un criterio predeterminado para fijar el número de partes en que se va a dividir el objeto del contrato y su importe puede dejar vacía de contenido la cláusula 10.ª, ya que, aunque un licitador ofrezca las condiciones más ventajosas para la UNED, tendrá que compartir el contrato con otro u otros licitadores que han presentado unas proposiciones menos favorables. Los «criterios objetivos que han de servir de base a la adjudicación» y que deben figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (cfr. art.

87.1 de la LCAP) dejan de revestir tal objetividad al ser sustituidos por una decisión discrecional de la Mesa. Además, debe destacarse que en los concursos la adjudicación debe recaer en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos (art. 75.3 de la LCAP).

La aplicación de este criterio legal obliga a la Mesa de Contratación a efectuar la propuesta de adjudicación a favor de la proposición más ventajosa, aplicando los criterios previstos en la repetida cláusula 10.ª de los pliegos de cláusulas administrativas particulares en cuestión, propuesta que necesariamente deberá recaer en una sola oferta (precisamente la más ventajosa). IV. A continuación procede examinar las cuestiones planteadas en la segunda parte de la consulta, relativa a que «si se admite el fraccionamiento podrá proveerse el mismo mediante su división en lotes, y de no ser así, si el resultado pretendido por la UNED puede ser adecuadamente obtenido aplicando otra fórmula que tenga perfecto encaje en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».

Respecto a la posibilidad de fraccionar el objeto del contrato mediante su división en lotes, tal posibilidad resultará admisible siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 69 de la LCAP y a los que se ha hecho reiterada referencia anteriormente, esto es, que se justifique debidamente en el expediente la posibilidad de fraccionamiento y que las partes en que se divida el objeto contractual sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado. Además, y como se ha razonado igualmente en el fundamento jurídico anterior, será necesario que el fraccionamiento del objeto esté previsto desde el inicio del expediente de contratación y venga determinado en el mismo las partes en que se divide. En un escrito sin fecha ni firma que se acompaña como documento número 7 a la consulta y que, según se indica en una relación de documentos adjunta a la misma, ha sido elaborado por la Jefa del Servicio de Infraestructura de la UNED, se dice que la experiencia de veintiséis años de funcionamiento de la UNED «ha demostrado que la mayoría de su producción impresa y audiovisual se concentra en los meses centrales del año, por lo que una sola imprenta o productora no puede atender la demanda de la UNED con la premura que se requiere por el comienzo del curso académico».

Asimismo, se manifiesta en el citado escrito del Servicio de Infraestructura de la UNED que la opción de adjudicar el contrato por lotes es «casi imposible o al menos de extrema dificultad» en los supuestos de que se trata, ya que en el momento de la convocatoria de los concursos públicos se desconoce la producción a realizar, porque «depende de numerosos factores externos de todo tipo: sociales, económicos, jurídicos …». En relación con esta alegación, y sin que este centro pretenda inmiscuirse en la gestión administrativa de la UNED, parece que podría examinarse por los servicios competentes la posibilidad de programar con la antelación suficiente, y tomando como base la experiencia de años anteriores, cuándo habrían de verificarse los pedidos y las correspondientes entregas, para que las imprentas pudieran programar su trabajo a lo largo del año y no tener que concentrar en una determinada época las tareas de impresión, aunque las entregas continuaran concentrándose en determinadas fechas o épocas del año. Conviene señalar que en el reiterado escrito del Servicio de Infraestructura de la UNED se admite que dicha entidad «conoce el importe aproximado de gasto anual, ya que se repiten cada ejercicio» y destacar, además, que en el sistema de la LCAP no es necesario saber con exactitud de antemano el número de unidades que se pedirán al suministrador para celebrar un contrato de suministro.

En efecto, el artículo 173.1.a) de la LCAP considera expresamente como contratos de suministro «aquéllos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración». Así pues, aunque no se sepa con exactitud, sí que será posible prever aproximadamente el suministro a realizar en base a la experiencia en ejercicios anteriores, y, por tanto, dividir el objeto del contrato en lotes, si se justifica esta necesidad, conforme prevé el tan citado artículo 69 de la LCAP. Por otra parte, la división del objeto del contrato podría hacerse no sólo en función del número de unidades, sino en base a otros factores.

Por ejemplo, en todos los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de los suministros a que se refiere la consulta figuran nueve centros como lugares de entrega de la mercancía suministrada, por lo que quizás podría dividirse el objeto del contrato en lotes en función de tales lugares, fraccionándolo de dos a nueve lotes. Si el contrato comprendiese objetos de diferente especie y calidad podría fraccionarse el contrato agrupando en cada lote los de las mismas características. 4Cabe añadir que, partiendo del supuesto de que una sola imprenta o productora no puede atender la demanda de la UNED, no se entiende por qué en los pliegos se admite la posibilidad de que el contrato se adjudique a un solo licitador, si el órgano de contratación parece saber de antemano que aquél no va a poder efectuar el suministro por sí solo.

Si el órgano de contratación tiene constancia de que no existe en todo el mercado una empresa capaz de atender la demanda de la UNED en el plazo que ésta desea por razón de volumen de aquélla, existirá una causa justificada para fraccionar el objeto del contrato, dividiéndolo desde el principio en lotes en función del factor que se estime más adecuado. Por otra parte, la explicación ofrecida sobre la inexistencia en todo el mercado de «imprenta o productora» para atender las necesidades de la UNED no parece que sea aplicable a aquellos suministros que no requieran una producción o impresión especial para la UNED, por referirse a material genérico o «standard» (gomas, grapadoras, cajas archivadoras, etiquetas, cartuchos, tóner …). Resumiendo las consideraciones expuestas, este centro entiende que el resultado pretendido por la UNED, que es el fraccionamiento del objeto de los contratos a que se refiere la consulta, podría verificarse en la forma que determina el artículo 69.3 de la LCAP siempre que se cumplan las circunstancias que dicho precepto prevé y que éstas y el propio fraccionamiento, mediante división en lotes, se hagan constar con claridad en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que sea admisible diferir al momento de la adjudicación del contrato la decisión de dividir o no el objeto del mismo, para proponer (o acordar) tal adjudicación a favor de varios licitadores.

En virtud de todo lo expuesto, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado formula las siguientes CONCLUSIONES Primera. El pliego de cláusulas administrativas particulares de los contratos administrativos de suministros de la UNED al que se refiere el escrito de consulta no puede disponer que la adjudicación de un contrato recaiga en varios licitadores si previamente no se hubiera dividido el objeto del contrato en lotes y así figurase dividido en el propio pliego, por concurrir las circunstancias y requisitos que para ello exige el artículo 69.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Segunda.

El fraccionamiento de los contratos de suministros que vaya a celebrar la UNED podrá verificarse en la forma y con los requisitos que determina el artículo 69.3 de la Ley 13/1995, sin que las circunstancias invocadas por el Servicio de Infraestructura de aquella Universidad se consideren justificativas de la imposibilidad de proceder de este modo. 5. CONTRATACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ENTE PÚBLICO.

CALIFICACIÓN JURÍDICA: CONTRATO PRIVADO. Posibilidad legal de que el Ente Público RTVE suscriba un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil en que puedan incurrir los miembros de su Consejo de Administración. Las primas del seguro no pueden considerarse como retribuciones atípicas prohibidas al aludido personal.

Régimen fiscal de las primas. Naturaleza del contrato en cuestión y competencia para acordar su celebración 1. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la consulta de V.I.

sobre la posibilidad legal de que el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) suscriba un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil en que pudieran incurrir los miembros del Consejo de Administración de dicha entidad en el ejercicio de sus funciones y, en relación con dicha consulta, tiene el honor de informar cuanto sigue: 1. Aunque en el escrito de consulta no se expresan las razones por las que se han suscitado dudas sobre la «posibilidad legal de suscripción, por parte del Ente Público RTVE, de un contrato de seguro para la cobertura de la responsabilidad civil en que pudieran incurrir los miembros de su Consejo de Administración como consecuencia del ejercicio de las funciones que les están atribuidas», cabe suponer que aquellas dudas derivan (exclusivamente o en parte) de la existencia del especial régimen de Derecho público aplicable a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, regulado por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). Partiendo de este planteamiento es necesario examinar, en primer lugar, si el aludido régimen de Derecho público es aplicable o no a la responsabilidad extracontractual de RTVE y, en el caso de que se responda afirmativamente a esta cuestión, si el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas impide que éstas puedan concertar contratos de seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que, en el ejercicio de sus cometidos, puedan cau- 1 Dictamen de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de 15 de septiembre de 2000 (ref.

: A.G. Entes Públicos 13/00). Ponente: Luciano J. Mas Villarroel. 5sar sus autoridades, funcionarios, empleados o agentes o, dicho en términos más amplios, el personal a su servicio (este concepto amplio es utilizado en varios preceptos legales que se citarán en el apartado 2 de este informe, donde también se comentará su sentido en el caso específico de RTVE).

En relación con la primera de las cuestiones enunciadas, deben distinguirse, prescindiendo del sistema de responsabilidad patrimonial que estableció la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 (LRJAE), actualmente derogada, dos fases o etapas legales separadas por la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la antes citada LRJ-PAC. Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 4/1999, y dado que, según el artículo 1 de la LRJ-PAC, este texto legal regula no sólo las bases del régimen jurídico y el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, sino también el sistema de responsabilidad de las mismas, la resolución de la cuestión de que se trata partía necesariamente de la delimitación del ámbito de aplicación de dicho texto legal. El artículo 2 de la LRJ-PAC, tras señalar en su apartado 1 lo que se entiende por Administraciones Públicas a los efectos de la propia Ley (Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y entidades que integran la Administración Local), dispone en su apartado 2 que «las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán, asimismo, la consideración de Administración Pública.

Estas entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación». A la vista del precepto que acaba de transcribirse, es claro que la aplicación a las aludidas entidades del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, en cuanto parte integrante del régimen jurídico de dichas Administraciones (cfr. art.

1), dependía de la circunstancia de que las reiteradas entidades ejerciesen potestades administrativas; dicho de otro modo, la aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual establecido en los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC a las entidades a que se refiere el artículo 2.2 de dicha Ley tenía como presupuesto, en la etapa que ahora se considera, que la entidad pública de que se tratase estuviese incluida en el ámbito de aplicación de la propia LRJ-PAC, circunstancia que se produciría cuando esa entidad ejerciese potestades administrativas. A partir de la anterior premisa, este centro directivo, en un dictamen de 17 de marzo de 1993 (Ref. : A.G. Varios 1/93), emitido también a petición de RTVE, entendió que dicho ente público no ejerce, con la excepción que más adelante se indicará, potestades administrativas.

Las consideraciones en que se fundamentó esta conclusión son, muy resumidamente expuestas, las siguientes: 1) Si, por su misma esencia, las potestades administrativas no pueden ser ejercitadas por personas privadas, la gestión de un servicio público mediante el régimen de concesión no puede considerarse en sí misma como una potestad administrativa. Pues bien, encomendada a RTVE la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión (arts. 1.2 y 5.1 del Estatuto de Radiodifusión y Televisión, aprobado por Ley 40/1980, de 10 de enero), la gestión de esos servicios no es actualmente exclusiva de RTVE, ya que la Ley 10/1988, de 13 de mayo, de Televisión Privada, prevé la gestión indirecta del servicio público mediante su concesión a entidades privadas, sin perjuicio de que la gestión directa de los reiterados servicios se siga ejerciendo a través del Ente público RTVE (art.

5.1 del Estatuto antes citado, en la redacción dada por la mencionada Ley 10/1988). 2) En el desarrollo de las funciones propias de la gestión directa del servicio público de radiodifusión y televisión no se dan las notas que caracterizan las potestades administrativas, sino más bien las propias de la gestión empresarial, como lo confirman los preceptos del Estatuto de RTVE que establecen las atribuciones de los dos órganos de alta dirección más importantes de RTVE –el Consejo de Administración y el Director general–, en ninguno de los cuales aparecen (con las excepciones que después se indicarán) poderes exorbitantes del derecho común. 3) Los principios rectores del régimen jurídico en el que actúa RTVE, reflejados en la exposición de motivos de la ley que aprueba el antes citado Estatuto y recogidos en el articulado del mismo (artículos 2, 5.2, 16 y 35.1), así como el régimen de las relaciones existentes entre el repetido ente público y las sociedades estatales dependientes del mismo, que está regulado básicamente por los artículos 8, 11 y 17 a 20 del Estatuto, evidencian que RTVE no ejercita (con la salvedad que se dirá) potestades administrativas.

Por las razones expuestas, este centro directivo entendió, en el dictamen a que se ha hecho referencia, que RTVE no ejerce potestades administrativas, pero exceptuó de esta conclusión la función que el artículo 8.1.j) del Estatuto atribuye al Consejo de Administración de RTVE –«dictar normas reguladoras respecto a la emisión de publicidad en RTVE, atendidos el control de calidad de la misma, el contenido de los mensajes publicitarios y la adecuación del tiempo de publicidad a la programación y a las necesidades de los medios»–, así como, teniendo en cuenta la conceptuación legal del patrimonio de RTVE (y del patrimonio de las sociedades de capital íntegramente estatal dependientes de RTVE) como dominio público (art. 34.1 del Estatuto), la facultad de recuperación posesoria de oficio de los bienes integrantes de dichos patrimonios. Lo primero, por cuanto que la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de mayo de 1987, afirmó que las normas sobre emisión de publicidad antes aludidas 5tienen la condición de disposiciones de carácter general emanadas de un órgano público sujeto en este punto al derecho administrativo, circunstancia que permite entender que se está en presencia del ejercicio de una potestad administrativa (potestad normativa o reglamentaria); lo segundo, en razón de que la recuperación posesoria de oficio es una manifestación específica de otra potestad de las Administraciones Públicas, cual es la potestad de autotutela administrativa.

Las consideraciones expuestas permiten, pues, concluir que RTVE no ejerce potestades administrativas, salvo en lo relativo a la función de dictar normas reguladoras de la emisión de publicidad y a la facultad de recuperación posesoria de oficio de los bienes integrantes de los patrimonios a que se ha hecho referencia. Así las cosas, y partiendo de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la LRJ-PAC, ha de entenderse que, en la etapa históricolegislativa que se considera, es decir, desde la entrada en vigor de dicho texto legal hasta su reforma por la Ley 4/1999, RTVE no estaba sometida –por no ejercer potestades administrativas– al régimen de responsabilidad extracontractual de derecho administrativo establecido en los artículos 139 y siguientes de la propia LRJ-PAC por razón de los daños y perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones, salvo que dichos daños se hubiesen ocasionado como consecuencia del ejercicio de la función encomendada a dicho ente público por el artículo 8.1.j) de su Estatuto –dictar normas reguladoras de la emisión de publicidad– y de la potestad de recuperación posesoria de oficio de los bienes integrantes de su patrimonio, al entrañar una y otra función, como ya se ha reiterado, el ejercicio de potestades administrativas. La anterior conclusión no puede, sin embargo, mantenerse, a juicio de esta Dirección, tras la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), de la promulgación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y de la reforma de la LRJ-PAC operada por la ya citada Ley 4/1999, de 13 de enero, debiendo destacarse especialmente a este respecto el artículo 144 de la LRJ-PAC (en la redacción dada por la Ley 4/1999), según el cual «cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.

La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley». Para determinar el preciso sentido y alcance de la nueva redacción dada al artículo 144 de la LRJ-PAC ha de tenerse en cuenta, por una parte, la modificación del artículo 9.4 de la LOPJ efectuada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, y, por otra parte, lo dispuesto por el artículo 2.e) de la LJCA. En su nueva redacción, el artículo 9.4 de la LOPJ dispone que «conocerán (se refiere a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccio- nal contencioso-administrativo), asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive.

Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional»; por su parte, el artículo 2.e) de la LJCA atribuye al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con «la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social». Los preceptos que acaban de transcribirse superan definitivamente el sistema de dualidad de jurisdicciones que implantó la LRJAE en materia de responsabilidad de las Administraciones Públicas (competencia de la jurisdicción civil para conocer de la responsabilidad extracontractual de las referidas Administraciones en sus relaciones de derecho privado y competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de dicha responsabilidad en sus relaciones de derecho público) y resuelven las dudas que sobre la unidad jurisdiccional se habían suscitado a raíz del artículo 144 de la LRJ-PAC en su redacción originaria, de la abrogación expresa del artículo 41 de la LRJ-PAC por la disposición derogatoria 2.a) de la LRJ-PAC, y de la derogación del artículo 1903, párrafo quinto, del Código Civil, por la Ley 1/1991, de 7 de enero. Resulta muy clara, a la vista de la normativa legal vigente antes citada, la voluntad del legislador de atribuir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones relativas a responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y ello con independencia de cuál sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que dicha responsabilidad se derive y aunque en la producción del daño concurran particulares.

Dada la amplitud de la fórmula empleada por el artículo 9.4 de la LOPJ y el artículo 2.e) de la LJCA –«cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación»– parece indudable que la atribución de competencia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento de dichas cuestiones lo es no sólo por referencia a una concreta y determinada relación, sea ésta de derecho público o de derecho privado, sino también por referencia a la actividad, término este último que denota la idea de funciones o cometidos de la Administración Pública de que se trate, tanto si esas funciones o cometidos se rigen por el derecho público o por el derecho privado. Sobre la anterior base –atribución del conocimiento de dichas cuestiones al orden jurisdiccional contencioso-administrativo realizada por normas procesales–, el artículo 144 de la LRJ-PAC, en la redacción dada por la repetida Ley 4/1999, añade a la unificación jurisdiccional la unificación del régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, sin distinguir su actuación en régimen de 5derecho público o en régimen de derecho privado. Así, mientras el artículo 144 de la LRJ-PAC, en su redacción originaria, se remitía a los artículos 142 y 143 del propio texto legal, preceptos estos últimos que, no habiendo sido modificados por la Ley 4/1999, llevan por rúbrica «procedimientos de responsabilidad patrimonial» y «procedimiento abreviado», respectivamente, el propio artículo 144 de la LRJ-PAC, en su nueva redacción, se remite a los artículos 139 y siguientes, siendo así que los artículos 139, 140 y 141 son precisamente los que establecen el régimen jurídico sustantivo o material de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas como régimen de derecho público.

La afirmación de que la reforma del artículo 144 de la LRJ-PAC ha operado la unificación del régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial de las reiteradas Administraciones queda confirmada por el dictamen emitido por el Consejo de Estado en relación con el anteproyecto de ley de modificación de la LRJ-PAC, en el que se dice que «la remisión (se refiere a la remisión a los artículos 139 y siguientes) se hace, así, a todo el régimen jurídico de la responsabilidad de la Administración con la finalidad de reconocer mediante un pronunciamiento legal expreso que la unificación producida alcanza a la jurisdicción competente (art. 142.6), como señala el Auto de 7 de julio de 1994, de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, o al procedimiento (art. 144), pero también al régimen jurídico sustantivo …» (dictamen núm.

5356/97, de 22 de enero de 1998). La aludida afirmación queda también confirmada por la exposición de motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo apartado VI se dice que «se opta, con la nueva redacción del artículo 144, por la modificación del régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración sin discriminar su actuación en régimen de derecho público o privado en concordancia con la unidad de fuero». Pues bien, si, con arreglo a los artículos 9.4 de la LOPJ y 2.e) de la LJCA, la jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para conocer las cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas «cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación» de que derive esa responsabilidad, y el artículo 144 de la LRJ-PAC, en su redacción vigente, establece, en correspondencia con la unidad de fuero, la unificación del régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad patrimonial de las aludidas Administraciones, sin diferenciar si su actuación es régimen de derecho público o privado, como dice la exposición de motivos de la Ley 4/1999, cabe concluir que la responsabilidad extracontractual de RTVE queda enteramente sometida al régimen de derecho administrativo que establecen los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC, ya que, siendo indudable que la responsabilidad extracontractual en que pueda incurrir RTVE en el ejercicio de las potestades administrativas antes indicadas, es decir, en el ejercicio de actividad regida por el derecho público sigue el régimen de los citados preceptos, ha de entenderse que ese mismo régimen es también aplicable actualmente a la responsabilidad extracontractual en que el tan citado ente público pueda incurrir en aquella parte de su actividad sometida al derecho privado, pues en otro caso se desconocerían y quedarían sin aplicación las previsiones de los artículos 9.4 de la LOPJ, 2.e) de la LJCA y 144 de la LRJ-PAC que vienen a modificar en este punto la previsión del inciso final del artículo 2.2 del texto legal últimamente citado y de los que claramente se desprende el designio del legislador de optar por el sistema de unidad jurisdiccional (en favor de la jurisdicción contencioso-administrativa) y por el sistema de unidad de régimen jurídico sustantivo (en favor del régimen de derecho administrativo), y ello con abstracción de que la actividad de la que derive la responsabilidad extracontractual se rija por el derecho público o por el derecho privado –«cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive», según la fórmula empleada por el artículo 9.4 de la LOPJ y por el artículo 2.e) de la LJCA, o, en palabras de la exposición de motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, «sin discriminar su actuación en régimen de derecho público o privado»–, circunstancia que, por tanto, no es tomada en consideración.

2. Alcanzada la anterior conclusión, procede examinar a continuación, como se indicó al comienzo del presente informe, si el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que establece la LRJ-PAC permite o no concertar contratos de seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que, en el ejercicio de sus funciones, pudiera causar el personal al servicio de aquéllas. Debe advertirse que, a los efectos de que se trata, la expresión «personal» se emplea en su sentido amplio que comprende, en el caso del Ente Público RTVE, no sólo a quienes estén vinculados o adscritos al mismo en virtud de una relación de carácter laboral o administrativo de las contempladas en el artículo 35 del Estatuto de Radiodifusión y Televisión, sino también a las personas que desempeñan las funciones de administración general y alta dirección a que se refiere el artículo 6.º del propio Estatuto y, por lo tanto, a los miembros del Consejo de Administración, que es uno de los órganos citados en dicho precepto (cabría añadir que el sentido amplio de la expresión antes mencionada es también el que preside el capítulo I del Título X de la LRJ-PAC al regular la «responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio»).

Este centro directivo examinó, con referencia al régimen de responsabilidad patrimonial que establecía la hoy derogada LRJAE, si dicho régimen impedía o no la celebración de los aludidos contratos de seguro en dos informes, de 21 de agosto de 1985 (ref. A.H. Intervención 9/85), y 8 de noviembre de 1988 (ref. A.H. Presupuestos 1/88), referido el primero a la posibilidad de que el antiguo organismo autónomo Junta del Puerto de Gijón contratase un seguro que cubriese la responsabilidad civil del propio organismo y de sus directivos y empleados por razón del ejercicio de sus funciones y el segundo a la procedencia de que el entonces Ministerio de Educación y Ciencia contratase un seguro de responsabilidad civil del personal docente y no docente destinado en centros públicos.

5En ambos informes, tras exponerse el régimen de responsabilidad extracontractual de la Administración del Estado entonces vigente (artículos 40 y 41 de la LRJAE) y, más particularmente, las distintas vías o procedimientos por los que podían optar los terceros perjudicados, se concluyó que no existía, por razón de dicho régimen, ningún obstáculo que impidiese que el citado organismo autónomo y la Administración del Estado (a través del entonces Ministerio de Educación y Ciencia), respectivamente, concertasen los seguros de responsabilidad civil en cuestión. En dichos informes tan sólo se hacía la salvedad de que en las correspondientes pólizas debería excluirse la responsabilidad por razón de daños imputables a dolo o culpa grave del personal al servicio de las Administraciones contratantes. Dicha exclusión se justificaba en razón de que si bien la Administración del Estado tenía que indemnizar a los terceros perjudicados por los daños que se les hubiesen irrogado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (art.

40.1), y que cuando aquella Administración actuase en relaciones de derecho privado, respondía directamente de los daños y perjuicios causados por sus autoridades, funcionarios y agentes (art. 41), el artículo 42.1 de la LRJAE disponía que «sin perjuicio de que el Estado indemnice a los terceros lesionados en los casos a que se refiere el capítulo anterior, podrá la Administración exigir de sus autoridades, funcionarios y agentes la responsabilidad en que hubiesen incurrido por culpa o negligencia graves …»; pues bien, si, según se decía en los aludidos informes, en estos supuestos de culpa o negligencia grave (y, con mayor motivo, dolo) la obligación de resarcimiento debía recaer, en definitiva, sobre el funcionario o agente causante del daño, tal obligación no podía quedar eliminada mediante la suscripción de un contrato de seguro que cubriese los supuestos de dolo, culpa o negligencia grave del funcionario, empleado o agente, ya que no cabía derogar o dejar sin efecto mediante un contrato un precepto legal. La conclusión a que llegaron los informes a que se viene haciendo referencia (reiterada en un tercer dictamen de 8 de agosto de 1989 –ref.

: A.G. Educación y Ciencia 1/89–, referido a los pliegos de condiciones para la contratación de determinados seguros de responsabilidad civil del personal al servicio de organismos autónomos del entonces Ministerio de Educación y Ciencia) es, a juicio de esta Dirección, perfectamente aplicable al supuesto a que se refiere el presente informe, dado que el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que regula la LRJ-PAC no difiere sustancialmente, en lo que aquí interesa, del que estableció la LRJAE. Es también plenamente aplicable al supuesto que ahora se examina la salvedad que se hacía en los reiterados informes en el sentido de que no podían incluirse en las pólizas de los respectivos contratos de seguro de responsabilidad civil los daños imputables a dolo o culpa grave, ya que, subsiste la razón determinante de la improcedencia de incluir en los aludidos contratos tales supuestos, toda vez que el artícu- lo 145.2 de la LRJ-PAC (en la redacción dada por la Ley 4/1999) dispone –utilizando, a diferencia de lo que acontecía en su anterior redacción («podrá exigir»), una fórmula imperativa– que «la Administración correspondiente, cuando hubiese indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubiesen incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca». Si, según lo dicho, no existe, por razón del régimen de responsabilidad extracontractual (régimen de derecho administrativo) a que está sometida RTVE, ningún impedimento jurídico para que dicho ente público pueda concertar un seguro que cubra la responsabilidad civil en que puedan incurrir los miembros del Consejo de Administración, este criterio queda confirmado por la disposición adicional sexta de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Dicho precepto establece lo siguiente: «Se podrán concertar seguros que cubran la responsabilidad civil profesional del personal al servicio de la Administración del Estado, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social en los que concurran circunstancias que hagan necesaria dicha cobertura. La determinación de las funciones y contingencias concretas que se consideran incluidas en el ámbito del párrafo anterior corresponderá al titular del departamento, organismo, entidad o servicio correspondiente». La posibilidad de concertar contratos de seguro de responsabilidad civil que reconoce la disposición adicional transcrita supone el reconocimiento legal de la compatibilidad entre dichos contratos y el sistema o régimen de responsabilidad extracontractual de derecho público al que están sometidas la Administración del Estado y sus organismos autónomos.

Aunque la mencionada disposición adicional se refiere únicamente, además de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, a la Administración del Estado y sus organismos autónomos, sin aludir, por tanto, a las demás entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración del Estado, no se aprecia ninguna razón objetiva que justifique suficientemente que estas últimas entidades no pueden concertar los referidos seguros, ya que, por una parte, el supuesto fáctico-jurídico a que responden dichos contratos –causación de un daño a un tercero– es común a la Administración del Estado (y sus organismos autónomos) y a las referidas entidades y, por otra parte, éstas ostentan personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de su fines, siendo así que la celebración de los contratos de seguro de continua referencia han de conceptuarse como actos jurídicos instrumentales para el cumplimiento de los fines que les están encomendados. En 5realidad, el hecho de que la disposición adicional sexta de la Ley 31/1990 aluda solamente a la Administración del Estado, sus organismos autónomos y a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social puede explicarse lógicamente porque, rigiéndose las entidades de derecho público a que se refería el artículo 6.1.b) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (LGP), por el Derecho privado, según disponía dicho precepto –actualmente derogado por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE)–, y rigiéndose también la gran mayoría de las entidades públicas a que se refería el artículo 6.5 de la LGP –precepto igualmente derogado por la LOFAGE– por el derecho privado, la aplicación del ordenamiento jurídico privado a unas y otras entidades permitía, sin duda, la celebración de los contratos de seguro de que aquí se trata, circunstancia que probablemente determinó que el legislador no considerase necesario mencionarlas en la disposición adicional sexta de la Ley 31/1990. No apreciándose, por las consideraciones expuestas, ningún obstáculo jurídico que impida a RTVE la celebración del contrato de seguro en cuestión por razón del régimen de responsabilidad extracontractual aplicable al citado ente, este centro estima oportuno añadir que, a su juicio, la circunstancia de que la celebración de dicho contrato constituya o pueda constituir una retribución atípica para los asegurados, tampoco constituiría un obstáculo para concertar el repetido contrato, aun teniendo en cuenta la prohibición de retribuciones atípicas (en el sentido de no previstas en el sistema legal de retribuciones) al personal al servicio de las Administraciones Públicas que, encontrando su origen en las previsiones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública sobre retribuciones, se estableció por el artículo 21 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985 y se viene reiterando en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

En efecto, aun admitiendo que la referida prohibición fuese aplicable a los miembros del Consejo de Administración de RTVE, debe entenderse que la propia previsión de la disposición adicional sexta de la Ley 31/1990 excepciona o deroga, en relación con los contratos de seguro de responsabilidad civil, dicha prohibición de retribuciones atípicas porque si la citada disposición permite, como se ha visto, la celebración de los referidos contratos, difícilmente podrían concertarse éstos si, en relación con los mismos, no se entendiese excepcionada o derogada la repetida prohibición; no puede explicarse de forma distinta a la indicada, so pena de llegar a una antinomia irresoluble, que la propia Ley 31/1990 proclame en su artículo 29 la prohibición de ingresos atípicos y en su disposición adicional sexta prevea la celebración de contratos de seguro que cubran la responsabilidad civil del personal del que se predica la aludida prohibición. Debiendo, pues, entenderse que la regla de prohibición de las reiteradas retribuciones no impide celebrar los contratos de que aquí se trata, se estima conveniente advertir que, a efectos fiscales, las primas del seguro que, de celebrarse por RTVE el contrato a que se refiere el presente informe, satisfaga dicho ente público a la entidad aseguradora no tendrían, en opinión de este centro, la consideración de retribuciones o rendimientos del trabajo en especie a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, toda vez que el artículo 43.1 de la Ley reguladora de aquel impuesto, tras disponer que «constituye rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal del mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda», establece en su apartado 2 que «no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie: … e) Las primas o cuotas satisfechas por las empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador». 3.

A fin de completar el examen de la cuestión consultada, y prescindiendo de cualquier valoración sobre la oportunidad o la conveniencia –económica o de otro tipo– de concertar el contrato de seguro de que se trata, por no ser la consideración de aquellos aspectos competencia de esta Dirección, debe hacerse referencia a la naturaleza del contrato y a los órganos de RTVE que habrían de acordar la celebración de aquél y efectuar su formalización. En relación con lo primero, el contrato de seguro de responsabilidad civil que, en su caso, suscribiese RTVE habría de calificarse como contrato privado, y ello en razón de que el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP), excluye, en su apartado 2.a), de la calificación como contratos administrativos a «los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios...» y el apartado 3 de dicho precepto dispone que «los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento …, así como los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguro...». Calificado, pues, como contrato privado, deberían tenerse en cuenta, sin embargo, las previsiones del artículo 9 del TRLCAP sobre preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas y, más particularmente, lo dispuesto en el apartado 2 de dicho precepto.

En relación con la segunda de las cuestiones antes enunciadas, es razonable pensar que, si el párrafo segundo de la disposición adicional sexta de la Ley 31/1990 atribuye al titular del departamento, organismo, entidad o servicio correspondiente, es decir, al máximo órgano del 5Departamento o Entidad, la determinación de las funciones y contingencias que se estimen adecuadas para ser cubiertas mediante un contrato de seguro de responsabilidad civil, en el caso de RTVE la competencia para acordar la celebración de dicho contrato, fijando las contingencias y riesgos, ha de corresponder también a su máximo órgano, es decir, al Consejo de Administración del propio ente público. Ahora bien, una vez acordada por dicho Consejo, en su caso, la celebración del contrato, la adjudicación del mismo y su formalización en la correspondiente póliza correspondería al Director general de RTVE, ya que, según el artículo 11 del Estatuto por el que se rige el ente público, corresponde a su Director general «cumplir y hacer cumplir … los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración» [letra a) del citado precepto] y «actuar como órgano de contratación de RTVE y de sus sociedades» [letra d)]. En virtud de todo lo expuesto, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado formula las siguientes CONCLUSIONES Primera.

No se aprecia ningún obstáculo jurídico que impida al Ente Público Radiotelevisión Española contratar un seguro que cubra la responsabilidad civil en que puedan incurrir los miembros del Consejo de Administración de dicha entidad como consecuencia del ejercicio de las funciones que les están atribuidas. Esta conclusión no implica ningún juicio sobre la oportunidad o conveniencia de celebrar el aludido contrato, por exceder de la competencia de este centro cualquier valoración sobre aquellos aspectos de la cuestión. Segunda.

Del referido contrato deberían excluirse, por las razones indicadas en el apartado 2 del presente informe, los supuestos en que el daño se produjese interviniendo dolo o culpa grave de los miembros del Consejo de Administración del mencionado Ente público. Tercera. El repetido contrato merecería la calificación de contrato privado, si bien habrían de tenerse en cuenta en su preparación y adjudicación las previsiones del artículo 9 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Cuarta. Correspondería al Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española acordar, en su caso, la celebración del contrato, determinando las contingencias que se pretendan asegurar, y al Director general de la reiterada entidad la adjudicación del propio contrato, así como su formalización en la correspondiente póliza. 6.

SUJECIÓN DE SEPES A LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Consulta sobre el régimen jurídico aplicable a la contratación de la Entidad Pública Empresarial del Suelo SEPES. Naturaleza y fines de esta entidad, creada para satisfacer necesidades de interés general de carácter industrial o mercantil y, por ello, no incluida en el artículo 1.3 de la Ley 13/1995 por no cumplir el requisito previsto en la letra a) del mismo. No sujeción a la LCAP salvo en los supuesto del artículo 2.1.

Órdenes jurisdiccionales competentes para conocer de las cuestiones derivadas de la contratación de SEPES, según los casos 1. La Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la consulta formulada por el Director general de la «Entidad Pública Empresarial de Suelo» (SEPES) en relación con el régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por dicha entidad, solicitando en particular que se especifique el grado de sometimiento de la misma a los preceptos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y el orden jurisdiccional competente en caso de litigio. En relación con dicha consulta, este Centro emite el siguiente informe: I.

En cumplimiento de la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), el Real Decreto 370/1999, de 5 de marzo, llevó a cabo la adaptación de varias entidades de derecho público a las previsiones de aquella Ley. En todos los casos se trataba de entidades creadas al amparo del artículo 6.1.b) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria (LGP), aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuya adaptación no exigía modificar su régimen jurídico (según se indica en el preámbulo del propio Real Decreto 370/1999). Entre tales entidades, el anexo I del mencionado Real Decreto incluía a la «Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo», a la que se atribuye la condición de entidad pública empresarial (cfr.

art. 1.1 del reite- 1 Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado de 30 de marzo de 2000 (ref. : A.G. Entes Públicos 8/00).

Ponente: M.a Jesús Prieto Jiménez. 6rado Real Decreto) de las previstas en el artículo 43.1.b) de la LOFAGE adscrita al Ministerio de Fomento, habiéndose aprobado su nuevo Estatuto por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre, en el que ya se le da la denominación de «Entidad Pública Empresarial de Suelo» (SEPES). El artículo 27 del referido Estatuto se refiere al «Régimen de contratación» de la entidad en cuestión, disponiendo que «La contratación de SEPES se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 y 5 del presente Estatuto».

El mencionado artículo 2, relativo al «Régimen jurídico» de SEPES, establece que «Los actos de la Entidad se rigen por el derecho privado, excepto en lo relativo a la formación de la voluntad de sus órganos y en los aspectos específicamente regulados para las entidades públicas empresariales en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), en la legislación presupuestaria en vigor y en este Estatuto». Por su parte, el también citado artículo 5 del Estatuto de SEPES dispone, bajo la rúbrica «Autonomía de gestión», que «La entidad ejercerá sus funciones con autonomía de gestión, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el presente Estatuto; a tales efectos, la entidad sujetará su actuación al derecho privado y a los buenos usos comerciales, sin más excepciones que las que resulten de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor». De los preceptos transcritos resulta que el régimen de contratación de SEPES debe determinarse mediante la interpretación de los preceptos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante LCAP), a la que se remite expresamente el artículo 27 del Estatuto de la entidad, y sin que esta remisión se vea afectada por salvedad alguna que pudiera derivarse de lo dispuesto en los artículos 2 y 5 del mismo Estatuto, no sólo por la insuficiencia de rango de éste (aprobado, como queda dicho, por Real Decreto) para oponerse a la LCAP, sino también porque los propios artículos 2 y 5 del Estatuto dejan a salvo la aplicación de ciertas normas de Derecho público, entre las que se alude a los aspectos específicamente regulados en la LOFAGE (art.

2) o en las disposiciones legales en vigor (art. 5). Y el artículo 57.1 de la LOFAGE (al que se remite, en cuanto a la contratación, el art.

2.1 del Real Decreto 370/1999) establece que «La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas». II. La cuestión planteada se centra, pues, en el alcance de la sujeción de SEPES a las previsiones de la LCAP.

Conviene, por ello, recordar el ámbito subjetivo de esta última norma, para poder determinar en qué medida queda incluido en él la reiterada entidad. La LCAP regula su «ámbito de aplicación subjetiva» en el artículo 1, cuyo apartado 3 dispone lo siguiente: «Deberán asimismo ajustar su actividad contractual a la presente Ley los organismos autónomos en todo caso y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, siempre que en aquéllas se den los siguientes requisitos: a) Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por las Administraciones Públicas y otras entidades de derecho público».

El precepto transcrito debe ser complementado, a efectos de delimitar el grado de aplicación de la LCAP que sea procedente, con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la misma (redactado por Ley 53/1999, de 28 de diciembre), a cuyo tenor: «Las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito definido en el artículo anterior quedarán sujetas a las prescripciones de esta Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimiento de licitación y formas de adjudicación, respecto de los contratos en los que concurran los siguientes requisitos: a) Que se trate de contratos de obras y de contratos de consultoría y asistencia y de servicios relacionados con los primeros, siempre que su importe, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 836.621.683 pesetas, si se trata de contratos de obras o a 33.464.867 pesetas si se trata de cualquier otro contrato de los mencionados. b) Que la principal fuente de financiación de los contratos proceda de transferencias o aportaciones de capital provenientes directa o indirectamente de las Administraciones Públicas». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, conforme a la disposición adicional sexta de la LCAP, «las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas o de sus organismos autónomos, o entidades de derecho público, se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios».

La LCAP se aplica, por consiguiente, en los términos examinados y en la medida que resulte de sus artículos 1 y 2, según los casos, a los orga- 6nismos autónomos y a las demás entidades de derecho público, en tanto que aquella Ley prevé la aplicación de ciertos principios de la misma a las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación pública. Habiendo sido configurada originariamente SEPES como una sociedad estatal de las contempladas en el artículo 6.1.b) LGP, y teniendo en la actualidad el carácter de entidad pública empresarial de las previstas en el artículo 43.1.b) de la LOFAGE, el problema consiste ahora en determinar si ha de subsumirse en la tipología de entes a que se refiere el artículo 1.3 de la LCAP o, por el contrario, queda fuera de la misma y se ha de regir por las previsiones del artículo 2.1, sin que sea aplicable a la referida entidad el régimen previsto para las sociedades mercantiles, por no tener evidentemente este carácter. III.

Como resulta de lo ya expuesto, para que las entidades de derecho público queden sometidas íntegramente en su actividad contractual a las prescripciones de LCAP es necesario, por una parte, que se cumpla el requisito previsto bajo la letra a) de su artículo 1.3 y, por otra, que se cumpla cualquiera de las tres circunstancias relacionadas bajo la letra b) de dicho precepto, sin que sea preciso que concurran todos ellos, dada la redacción del precepto que utiliza la conjunción disyuntiva «o» para enlazar las aludidas circunstancias. Partiendo de este planteamiento, debe examinarse seguidamente si se cumple o no en SEPES la exigencia establecida en la letra a) del artículo 1.3 de la LCAP, es decir, que la entidad haya sido creada «para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil». La primera observación que cabe formular a este respecto es de carácter histórico y hace referencia al «régimen de empresa mercantil» al que se ajustaba la actividad de SEPES desde su constitución por Real Decreto 2672/1981, de 30 de enero.

Así lo indicaban el artículo 1.3 del citado Real Decreto y el artículo 3 de los anteriores Estatutos de la entidad (que figuraban como anexo del citado Real Decreto), conforme a los cuales SEPES actuaba «en régimen de empresa mercantil con sujeción al derecho privado y a los buenos usos comerciales incluso en (...) contratación», por lo que con anterioridad a la aprobación de la LCAP la entonces sociedad estatal en cuestión no estaba sujeta a la hoy derogada Ley de Contratos del Estado (LCE), cuyo texto articulado fue aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, salvo a sus principios en materia de contratación de obras y suministros (disposición transitoria segunda del Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1965, de 25 de noviembre). A este marco normativo se refería el dictamen de este centro directivo de 10 de diciembre de 1996 (ref. A.G. Entes públicos 16/96) citado en el informe de la Asesoría Jurídica de SEPES adjunto al escrito de consulta, que versaba sobre una cuestión suscitada en relación con contratos adjudicados antes de la entrada en vigor de la LCAP a los que no se aplicaba dicha Ley, sino la normativa anterior, conforme a la disposición transitoria primera de aquélla interpretada en el indicado sentido por otro dictamen de esta Dirección de 16 de junio de 1995 (ref.

AEH-Secretaría de Estado de Hacienda 1/95). Ahora bien, la LCAP introduce novedades a este respecto, al establecer en su artículo 1.3 un ámbito de aplicación subjetiva más amplio que el que tenía la anterior LCE. Efectivamente, como ya ha señalado en ocasiones anteriores este centro al examinar la sujeción de ciertas entidades públicas a la LCAP, debe destacarse que dicha Ley tiene un claro propósito de incluir bajo su ámbito a la inmensa mayoría de los entes jurídicopúblicos, cualquiera que sea su forma, denominación y actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en las Directivas Comunitarias.

Y es preciso recordar que el reiterado artículo 1.3 de la LCAP es reproducción de dos preceptos iguales de las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, que definen el concepto de organismo público, a los efectos de la contratación pública, como todo aquél «creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil» (además de exigir otros requisitos que no vienen al caso). Se trata, con ello, de excluir de la contratación pública a ciertos entes públicos que actúan en el tráfico mercantil o realizan actividades industriales, por la peculiar naturaleza de sus funciones. Poniendo en conexión estos supuestos especiales con el propósito general de sujeción de las entidades públicas a la LCAP, cabe afirmar que cualquier causa que pueda ser considerada como de exclusión de aquella Ley habrá de ser interpretada restrictivamente, por contrariar el espíritu general de la normativa comunitaria en esta materia.

Así las cosas, es posible también entender que la disposición del artículo 5 del actual Estatuto de SEPES, a cuyo tenor (similar al del art. 1.3 de sus anteriores Estatutos) «la entidad sujetará su actuación al derecho privado y a los buenos usos comerciales, sin más excepciones que las que resulten de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor» no presupone por sí solo, de acuerdo con lo expuesto, la naturaleza mercantil o industrial de los fines perseguidos con tal actuación, por lo que sería insuficiente invocar este precepto para justificar la no inclusión de SEPES en el ámbito definido por el artículo 1.3 de la LCAP. En opinión de este centro, y como consecuencia de las consideraciones precedentes, formuladas a partir del tenor del tan citado artículo 1.3 de la LCAP, debe atenderse fundamentalmente a la naturaleza de las necesidades para cuya satisfacción se creó la entidad pública en cuestión, y no tanto al régimen con arreglo al cual desarrolla su actividad.